DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 4 de noviembre de 2005	Sesión No. 22

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Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 396 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 11:34 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con todo gusto, señor Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Viernes 4 de noviembre de 2005.

Sesión solemne para otorgar un reconocimiento a los integrantes y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Futbol Sub-17 por haber ganado el campeonato mundial de la especialidad.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Guerrero, Hidalgo, estado de México y Quintana Roo.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

- Por el que se exhorta al contador público Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a desistirse del amparo interpuesto contra la aplicación de diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales. (Votación)

- Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del presupuesto de 2006 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, financiada con disponibilidades financieras, afectando las reservas del Fovissste previstas al efecto para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE. (Votación)

- Por el que se modifica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere 5 mil millones de pesos a los estados afectados por los huracanes Stan y Wilma. (Votación)

Oficios de los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

Oficios de los Congresos de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

Oficios de los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite informes trimestrales sobre la ejecución del Presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2005; los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre del presente año; recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, correspondiente al mes de septiembre de 2004; la metodología utilizada para el pago de los excedentes petroleros, el volumen de la producción y el precio promedio a que hace referencia el artículo sexto transitorio del PEF y los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia ambiental, a cargo de la diputada Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47, 48, 51 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julián Angulo Góngora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Yolanda Valladares Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Programa del Partido Liberal Mexicano'', a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Orlando Pérez Moguel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de Vivienda, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona dos fracciones al artículo 70 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación, para promover la salud mental, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4, 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 420 del Código Penal Federal, y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo, Adriana González Furlong y Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro civil, alimentos y violencia familiar, cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 79 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acumulación de penas, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el inciso d) del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Álvarez, Miguel Ángel Solares Escalante, Claudia Glenda Hernández Nava y Alejandro Machorro García para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal cumplir con el compromiso de construir el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora, adquirido el pasado 4 de junio de 2004 en el marco de la inauguración de la Planta Termoeléctrica Ciclo-Combinado Naco-Nogales y colocación del Arete Electrónico para el ganado, en la Ciudad de Agua Prieta, Sonora, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que oficialmente solicite al Gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país devolver a la Nación Mexicana el penacho de Moctezuma, con la finalidad de ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial de Seguimiento del Voto en el Extranjero, que vigile y supervise la correcta aplicación de la Ley en materia electoral en el extranjero, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa para que a la brevedad se revisen los instrumentos normativos Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993 y NOM-009-PESC-1993 con el objeto de regular de manera equilibrada la actividad de captura de camarón y que de esta manera se evite cualquier confrontación social, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Legislativo Federal, a las Legislaturas Estatales, al Ejecutivo federal y a los Gobiernos de los Estados, promover acciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la SHCP, mantengan las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé terminados, así como cualquier componente importado y que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex informe sobre los fondos y recursos que se pretenden destinar a la construcción del Centro Hospitalario en el Municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía sobre las medidas que se toman para la oportuna detección de padecimientos de enfermedades reumatoides que afectan a la población mexicana, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a través de la CFE, Semarnat y Profepa, indemnice a las comunidades Cantiles, El Ciruelo y a la familia Hernández Fletes, afectada por la construcción de la Presa Hidroeléctrica El Cajón, situada en el estado de Nayarit, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que al dictaminar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2006, considere la inclusión de un estímulo fiscal a los pequeños contribuyentes en materia del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Francisco Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a la nueva dirección del IMSS, proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y el abasto de medicamentos y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la misma para su inclusión en el Presupuesto de Egresos 2006, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión, apoye las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos para encabezar organismos y acciones internacionales en mecanismos multilaterales globales, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP, instruya a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, integre una subcomisión que estudie las condiciones, recursos y viabilidad para emprender un programa de expansión del Sistema de Educación Superior, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que a partir del año 2006, se fije un incremento real del 2% en el salario mínimo, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y a los gobiernos de los estados de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a implementar un programa permanente de verificación vehicular, a cargo del diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat destine mayores recursos a los santuarios de tortuga marina ubicados en las playas de Michoacán y que éstos sean considerados dentro de los programas de conservación y manejo, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Transportes integre una subcomisión o grupo especial de trabajo que se encargue de verificar las condiciones en las que actualmente opera el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, establezcan las acciones necesarias para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP, suspenda la ``Convocatoria Pública para Obtener Títulos de Autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', a cargo del diputado Javier Villacaña Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integre una subcomisión que tenga como finalidad emprender los estudios necesarios para analizar la viabilidad de emprender el Sistema Nacional de Banca y Crédito Regional, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua en coordinación con la CFE, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, implementen un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y protección de especies en categoría de riesgo, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas aplicadas para la distribución de los recursos federales a los estados y municipios, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, procure a las naciones involucradas suscriban el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Social, integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la forma de dar certidumbre a los Fondos de Pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integre una subcomisión para el estudio de la posibilidad de establecer una Ley del Trabajo Doméstico, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Transportes, integre una subcomisión para estudiar la posibilidad de homologar los precios de las tarifas de transporte público en las zonas metropolitanas del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP por conducto del titular del SAT, precise las disposiciones que se indican en relación con el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, considere el Punto de Acuerdo presentado con fecha 10 de agosto del presente año ante la Comisión Permanente, con la finalidad de que se abstengan de ejercer las multas que se pretenden aplicar de manera injusta a los desarrolladores de vivienda, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el problema de los ex braceros, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos federales y estatales, implementen e instalen los equipos técnicos necesarios para inhibir las señales de telefonía celular en el interior de los centros de readaptación social que se encuentren sujetos a su administración, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados manifieste su respaldo y solidaridad a las familias afectadas por las recientes lluvias y solicite respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal instrumente medidas inmediatas y apoye económicamente al Gobierno de Michoacán para resolver la problemática de todos aquellos que se vieron afectados, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento de un convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Estatales Electorales, a seguir fomentando la participación Infantil, suscrita por las diputadas Angélica Ramírez Luna, Adriana González Furlong y María del Rocío Jaspeado Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Secretario de Salud del gobierno federal, informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de la propia Secretaría, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT informe sobre las acciones realizadas o proyectadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales, que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general evitando medidas represivas innecesarias, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República, actualizar el decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria, a cargo de la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al ejido San Rafael, municipio de Contepec, Michoacán, a cargo del diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, implemente acciones conducentes para acelerar el proceso de reconstrucción en todos los sectores del estado de Chiapas, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las secretarías de educación de las entidades federativas, establezcan de manera coordinada las acciones necesarias que posibiliten a los connacionales, que por efecto del huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio, a cargo de la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad, actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios del Estado de Michoacán, con el objeto de reclasificar la tarifa de consumo aplicada a ellos, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se difunda y publicite el reconocimiento de la Matrícula Consular como identificación oficial, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, estudie la factibilidad de habilitar módulos en los muelles para la venta de permisos individuales de pesca deportiva-recreativa, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir de inmediato la ejecución de la obra carretera libre a Zapotlanejo, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, prohíban la comercialización, distribución y venta de la formula láctea infantil Enfamil, que produce el laboratorio Bristol Mayers Squibb, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a no disminuir el Arancel de las Importaciones de Productos de Acero, a cargo del diputado Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se considere una reducción en los impuestos a los combustibles para automotores que adquieran los transportistas en el próximo ejercicio fiscal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al Gobierno Federal y al gobierno y municipios del estado de Michoacán, para frenar la ola de violencia que impera en ese estado, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP, devolver el ISR indebidamente retenido en el pago de pensiones al personal del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que fue víctima del desvío del fondo constituido para su retiro, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se suspenda de forma definitiva la construcción de las regasificadoras en la zona del noroeste de la República Mexicana, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol, remita a los Municipios de los Estados y Delegaciones del Distrito Federal participantes, los resultados de las evaluaciones que sobre los programas de desarrollo social se han venido aplicando por dicha Secretaría, a cargo del diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, investigue el acuerdo que firmó el Gobierno Federal, por el que cede a la empresa Estadounidense Kansas City Southern, un paquete accionario del 20 por ciento de la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que a través del INEA, instrumente un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo, en donde pueda convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de este programa, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Petróleos Mexicanos, a erogar los recursos del Programa de Seguridad Industrial y Mantenimiento de Infraestructura, a las instalaciones de la paraestatal en los estados del Golfo de México, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa otorgue recursos extraordinarios a los productores de manzana, a fin de resarcir las pérdidas que por granizada sufrieron los municipios de Guerrero, Bachiniva, Cuauhtémoc, Rubio, La Junta y Basuchil del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Jorge Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de los Derechos de Autor, realicen una investigación y, en su caso, soliciten una auditoría sobre la recaudación, administración y rendición de cuentas de los recursos que maneja la Sociedad de Autores y Compositores de México, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se envía un atento exhorto al Congreso de los Estados Unidos de América, para que por su conducto le haga llegar al gobierno del Presidente George W. Bush algunas consideraciones, respecto a la oferta hecha por el gobierno de Cuba para proporcionar apoyo médico a los ciudadanos damnificados por los huracanes Katrina y Rita, en la ciudad de Nueva Orleans y zonas aledañas, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Programa del Seguro Popular a los Infantes y Adolescentes de la República Mexicana que padecen de Cáncer en sus diferentes características, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Salud, a establecer una Norma Oficial Mexicana que determine el límite máximo permisible de ácido sulfhídrico (H2S) en el medio ambiente, producido por la extracción de vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para combatir las importaciones irregulares por contrabando y triangulaciones de chile seco, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, para que rinda un informe acerca de la política que el Gobierno Federal asume respecto a la construcción del proyecto Chevron Texaco en las Islas Coronado del estado de Baja California, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Secretario de Energía y al titular de la Comisión Reguladora de Energía, para que suspendan de inmediato la firma de contratos pendientes, la celebración de nuevas licitaciones y el otorgamiento de cualquier permiso adicional a los ya otorgados bajo la figura de productor independiente de energía eléctrica y de manera gradual se vayan liquidando los contratos hechos por el Gobierno Federal y los productores independientes, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, adoptar las medidas necesarias para facilitar el traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras a un reclusorio del Distrito Federal, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a suspender los efectos de cualquier permiso otorgado relacionado con explosivos, en tanto no exista claridad en torno al resto de las regulaciones necesarias que debe de cumplir una explotación de este tipo y sobre todo, mientras no se llegue a un proceso de concertación entre los pobladores que permita evitar un conflicto social y jurídico, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, canalizar recursos necesarios al Estado de San Luis Potosí, para la implementación de programas preventivos de la lucha contra el dengue, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a formular y expedir, o en su caso actualizar las normas oficiales mexicanas, necesarias para garantizar las condiciones y características de habitabilidad, calidad y seguridad para los diferentes tipos de viviendas y de sus etapas de construcción, así como vigilar el estricto cumplimiento de las mismas, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, a la SRE, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país, suscribir en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio la ratificación a la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, recuperar el mural Fraternidad, del pintor mexicano Rufino Tamayo, que se encuentra en el edificio central de la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer las políticas de aumento a la producción y productividad del sorgo, impulsando políticas de asistencia técnica e investigación y elaborando programas que incentiven a los productores, canalizando mayores recursos a subsidios y el otorgamiento de créditos blandos a esta industria, a cargo del diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta sus condolencias a la familia del licenciado Rogelio Zarazúa Ortega, asesinado el pasado 16 de septiembre, en Morelia, Michoacán. Asimismo se exhorta al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de discusión sobre el marco conceptual y las estrategias que sustentan la lucha del Estado Mexicano contra la delincuencia organizada en particular el narcotráfico, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, para establecer los rubros sobre los cuales se realizará una inversión destinada al control interno y vigilancia de Centros Penitenciarios, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, evalúe si los beneficios del Programa Oportunidades son compatibles y complementarios con el programa Liconsa, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, modifique el acuerdo sobre la elaboración del Orden del Día de las Sesiones, Discusiones de los Dictámenes y Operación del Sistema Electrónico de Votación, con el objeto de agotar todos los apartados establecidos en el orden del día, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se sume a la iniciativa de diversos ciudadanos de todo el país que solicitan que la medalla Belisario Domínguez 2005, sea otorgada post mórtem al periodista Francisco Huerta, fallecido el pasado 27 de enero del presente año, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la PGJDF agilice la investigación de los hechos denunciados en el caso de la C. Nadia Ernestina Zepeda Molina y finquen responsabilidades en contra de los funcionarios que incurrieron en violaciones y se repare el daño adecuadamente, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a la ciudadanía que la reforma energética, no está aún en esta soberanía; además aclare que los integrantes de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados no han detenido y/o rechazado dicha reforma, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, publicar los planes y programas, así como los resultados y grado de avance que presenta la problemática de deterioro ecológico de la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero y a la SEP, entablar una mesa de diálogo con los egresados normalistas de dicha entidad, suscrita por los diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del IMSS, a establecer con carácter de urgente, mesas de diálogo con los productores agropecuarios de cada una de las regiones productivas del país, a fin de que se analicen a fondo las reformas recientes a la ley de dicho instituto, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla, informe sobre el destino final de los recursos e insumos recibidos del Fonden para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias del pasado 30 de agosto en las Sierras Norte, Nororiental y la Sierra Negra del estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, cancele la concesión otorgada a la Empresa Genesee & Wyoming para operar el tren Chiapas-Mayab en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, a ejercer los recursos de la partida del Ramo 33 aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, para hacer efectivo el socorro de ley a las entidades federativas que tengan en sus centros penitenciarios internos del fuero federal, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el permiso a los trabajos de explotación de la Minera San Javier en el cerro de San Pedro, Pueblo del Siglo XVI, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, privilegien el diálogo y la conciliación para reanudar las obras de construcción de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP active el sistema escalafonario de los profesores transferidos que laboran en escuelas consideradas tradicionalmente del sistema estatal en la entidad de Tlaxcala, a cargo del diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, para que analicen, dictaminen y en su caso resuelvan a favor del equilibrio ecológico y las reservas de agua en el municipio de Jiquipilco, estado de México, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la LIX Legislatura, aporten el equivalente a un día de salario neto para beneficiar a los damnificados de los municipios de Huixtla, Mapastepec, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla, Villacomaltitlán, Mazatan y Acacoyagua del estado de Chiapas, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del SAE, donar al municipio de Pénjamo o bien al Gobierno del estado de Guanajuato, los restos de las bodegas y terreno ubicado en la ex hacienda de Corralejo, de la estación ferrocarrilera Corralejo II, del municipio de Pénjamo Guanajuato, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, y a la Secretaría de Administración y de Finanzas, se abstengan de invitar a participar al C. Susumo Azano Moritani o a la empresa Diseños e Impresos de Seguridad, SA de CV, en las licitaciones públicas o concursos para la elaboración de matriculas metálicas vehiculares, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a todo el proceso de selección del Servicio Profesional de Carrera y se constituya una subcomisión de legisladores para realizar una visita de inspección al área responsable de ejecutar dicho servicio en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que integre en los libros de texto gratuitos la parte relativa a educación cívica, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT, haga público el grado de avance físico y el ejercicio de los recursos presupuestados para este año, a través del proyecto de prestación de servicios para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, en Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Veracruz, legislar sobre el tema de participación ciudadana, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a los Institutos Estatales Electorales, implementen programas y proyectos para la población juvenil, enfocados a incrementar la participación ciudadana en las elecciones, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa para que el Servicio Nacional de Registro Agropecuario se apegue a la aplicación precisa de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, emita el decreto que exente a las Pyme del pago de impuesto al activo del ejercicio fiscal 2005, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LXII Legislatura del estado de Chiapas, elabore las adecuaciones correspondientes en su Constitución estatal, respecto de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 1999, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SHCP aplique la tarifa 1-F para el suministro y venta de energía eléctrica en los municipios de Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, adicione a las reglas de operación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, un texto en apoyo a los particulares dedicados a la crianza de ganado bovino, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación, suspenda el otorgamiento de toda autorización que permita el inicio de operaciones de los permisos ya otorgados para Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números, hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional 97/2004, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a seguir fomentando la participación ciudadana, a cargo del diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales para que recomienden a las universidades e instituciones de educación superior integren en sus planes de estudio el tema de educación cívica, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Finanzas libere la asignación de los recursos financieros para el cumplimiento séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos se dirijan con respeto y dignidad en sus campañas políticas, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los desastres ocasionados por las lluvias en los estados de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar y deslindar responsabilidades respecto a la violación a la Ley Federal para Prevenir y evitar la Discriminación, a cargo del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, revalide los estudios en medicina de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de los Estados, realicen el trámite constitucional de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial y a la Secretaría de Turismo, realicen el Plan Maestro, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, para que dentro de sus facultades, pueda homologar su Código Civil al de otras entidades federativas en materia de derecho familiar, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal, a depositar ante la ONU el instrumento de ratificación del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los gobiernos de los estados con comunidades en estado de desastre y a la Profeco, a implementar acciones para evitar y castigar las prácticas de comercio abusivas en dichas zonas de desastre y las zonas cercanas a ellas, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al Gobierno del Distrito Federal, a dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales de las entidades federativas de la República Mexicana, para que en sus Presupuestos de Egresos para el año fiscal 2006, aprueben un mayor presupuesto para los programas pesqueros, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, tome las medidas necesarias para reabrir el caso de la Isla de la Pasión o Isla de Clipperton, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, redoble esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, redoble esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ, al Tribunal Superior de Justicia y a la SSP del estado de Baja California, investiguen a fondo el homicidio de Paulina Baeza Sauceda, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, agilice la asignación de los recursos del ramo 33, relativos al Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, especialmente al municipio de San Nicolás de los Garza, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador y al Secretario de Seguridad Publica del estado de Nuevo León, expliquen el incremento de la violencia y el presunto involucramiento de jefes policíacos en los recientes acontecimientos de secuestro y delincuencia organizada en la entidad, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de que reconsidere el monto económico impuesto por concepto de compensación ambiental en el cambio de uso de suelo de terrenos forestales de zonas áridas del estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del ISSSTE, abstenerse de retener el pago de pensiones a jubilados y pensionados que no hayan presentado la CURP, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al IMSS, conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la Sagarpa y la Ssa, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Segob, y al Instituto Nacional de Migración, informen sobre las condiciones de operación de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, a cargo de la diputada Regina Vázquez Saut, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, reconsidere su postura frente al apoyo económico que ofreció el gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta Stan, a cargo del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, efectúe las auditorias necesarias al sistema Metrobús del Gobierno del Distrito Federal y a los funcionarios responsables de dichos sistemas, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Plural de diputados que realice una Auditoria Técnica Jurídica y Administrativa a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión de Presupuesto de esta soberanía, participen en las acciones de prevención de la pandemia de gripe producida por el virus de la influenza aviar, suscrito por los diputados Emilio Serrano Jiménez, Rafael García Tinajero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Pablo Anaya Rivera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Guillermo Velasco Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE, ejerza un mayor presupuesto en la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, suscrito por los diputados Eliana García Laguna, Juan José García Ochoa y Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, programe y ejecute la repavimentación de 45 kilómetros de carretera con destino a la Bocana, municipio de Mulegé, Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía, contemple en el Proyecto de Ley de Ingresos 2006, la participación de los municipios en los Ingresos Provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentren en sus jurisdicciones, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, atienda el punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el mes de agosto del presente año, sobre abstenerse de ejercer las multas que se pretenden aplicar de manera injusta a los desarrolladores de vivienda, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, intervenga en el conflicto entre la Cooperativa de refrescos Pascual y los dueños de dos predios que ocupa ésta; asimismo se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, destine una partida para apoyar a estos cooperativistas en el pago de los predios, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP y al director de la Conade, impulsen la creación de una coordinación encargada de vigilar el fomento a la Educación y Cultura Física en las escuelas de educación básica, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a favor del fortalecimiento de la ONU en conmemoración de su Sexagésimo Aniversario, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Blanca Gámez Gutiérrez y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Semarnat, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomen las medidas necesarias para la próxima temporada de caza, por el riesgo que implica el contagio de la gripe aviar, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que los integrantes de la Comisión Especial del Café hacen un exhorto al Ejecutivo federal, para que aplique los excedentes del programa Fondo de la Cafeticultura del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos de los últimos días, a cargo del diputado Jorge B. Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, vigilen que los concesionarios de telefonía celular realicen y mantengan actualizada una base de datos de los usuarios de telefonía celular de prepago, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la jefa delegacional en Tláhuac, intercedan a favor de la escuela primaria Narciso Reyes Galicia, evitando que siga siendo afectada en sus instalaciones, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite la gestión financiera del 2004 de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, programen los celulares desde fábrica para que aparezca el cronómetro en minutos y segundos de las llamadas realizadas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emitan la regulación correspondiente para evitar el cobro de tarifa por redondeo, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instalación de una base terminal del monitoreo de la mesa central de servicios del programa Enciclomedia a la cual tengan acceso directo la Cámara de Diputados y la Auditoria Superior de la Federación, a cargo del diputado José Adolfo Murat Macias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar celeridad al proceso de declaratoria de zona federal de monumentos arqueológicos del Cerro de la Estrella, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se establezca una partida presupuestal destinada al mejoramiento y la ampliación de la red de caminos rurales y alimentadores del estado de Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante las Secretarías de Salud, de Gobernación, y de Economía, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a intensificar las labores de inspección y vigilancia de los establecimientos y de las personas que realizan tratamientos y cirugías estéticos, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos destinados a la construcción del relleno sanitario intermunicipal en Tepeaca, Puebla, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos destinados a educación superior, a cargo del diputado Israel Raymundo Gallardo Sevilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial destinada al fortalecimiento académico e institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida presupuestaria destinada a la construcción del hospital de especialidades del niño y la mujer de San Luis Potosí, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Defensa Nacional, y de Marina, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de noviembre de dos mil cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las once horas del jueves tres de noviembre de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Guerrero, con acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que interceda ante las autoridades federales correspondientes, para que inicien los procedimientos administrativos contra los servidores públicos que han sido omisos en la aplicación de las disposiciones legales para detener la invasión de bienes de la nación en la isla Montosa del municipio de Coyuca de Benítez. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Morelos, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se considere una partida para que el gobierno de esa entidad federativa pueda aportar recursos para los trabajadores mexicanos ex braceros. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Querétaro, con acuerdo por el que se pronuncia a favor de fortalecer los programas de apoyo al ingreso objetivo, para su ejercicio en los estados productores de trigo. Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Relativa a la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Especial de la Función Pública. Se aprueba en votación económica.

Relativa a la integración de la Comisión Especial de la Función Pública. De enterado.

Con la que informa de cambios en la integración del Grupo de Amistad México -- Brasil. De enterado.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se considere un incremento de los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento de las escuelas públicas del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría de Energía remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, presenta Informe Sustantivo de Actividades del periodo comprendido del catorce de abril de dos mil cuatro al catorce de abril de dos mil cinco. De enterado.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Uno, por el que solicita permiso para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Cámara de Senadores remite:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se consideren recursos suficientes para la creación de nuevas plazas para profesores de educación básica en el estado de Guerrero. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Minuta proyecto de declaratoria que reforma el único párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo cuarenta y seis; se deroga la fracción cuarta del artículo setenta y tres; se adicionan las fracciones décima y undécima pasando la actual fracción décima a ser fracción duodécima del artículo setenta y seis, y se reforma la fracción primera del artículo ciento cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría da lectura a la minuta de referencia, realiza el escrutinio y cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas locales, dando fe de la recepción de la mayoría necesaria de votos aprobatorios, y el Presidente, en consecuencia, hace la declaratoria correspondiente. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Minuta proyecto de decreto que concede permiso a nueve ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuatrocientos veinticuatro quáter al Código Penal Federal. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Es de primera lectura.

A las once horas con veintidós minutos la Secretaría informa del registro de trescientos noventa y dos diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo tercero y el párrafo tercero del artículo quinto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y seis votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que deroga las fracciones quinta y sexta del artículo ciento catorce de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y siete votos en pro, uno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta y ocho y adiciona un segundo párrafo al artículo cincuenta y seis de la Ley de Seguridad Nacional. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y tres votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento trece de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y cuatro votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo doscientos once bis uno, y los artículos doscientos once bis ocho y doscientos once bis nueve al Código Penal Federal. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y cinco votos en pro, uno en contra y seis abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos quince, párrafo segundo, y diecinueve, párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y un votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica se dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y tres votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona una fracción decimacuarta bis al artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y tres votos en pro y ninguno en contra. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y siete votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Es de segunda lectura. Hablan en contra en lo general los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa que se reservan para la discusión en lo particular los artículos catorce, último párrafo; diecisiete, último párrafo; dieciocho, fracción undécima; veinte; y sexto transitorio del proyecto de Ley, y la adición de una fracción séptima al artículo catorce, de un artículo treinta y cuatro y de un Capítulo Sexto. La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por doscientos setenta y cuatro votos en pro, setenta en contra y doce abstenciones.

El diputado Pablo Anaya Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere al artículo catorce reservado y propone la adición de una fracción séptima.

El diputado Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, se refiere a los artículos reservados catorce, último párrafo; diecisiete, último párrafo; dieciocho, fracción undécima; y veinte; y propone modificaciones, así como la adición de un artículo treinta y cuatro.

En votación económica la Asamblea admite a discusión la adición de una fracción séptima al artículo catorce, y habla en contra el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría da lectura a la adición propuesta y recoge votación nominal, a solicitud del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, apoyada por otros diputados, y por ciento sesenta votos en pro, ciento ochenta y ocho en contra y tres abstenciones se desecha.

La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas para los artículos reservados catorce, último párrafo; diecisiete, último párrafo; dieciocho, fracción undécima; y veinte; y a la adición de un artículo treinta y cuatro, mismas que se desechan en sendas votaciones económicas.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, propone la adición de un Capítulo Sexto al proyecto de Ley, que la Asamblea desecha en votación económica.

Habla sobre el artículo sexto transitorio el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, y propone modificaciones que la Asamblea desecha en votación económica.

Se aprueban los artículos reservados catorce, último párrafo; diecisiete, último párrafo; dieciocho, fracción undécima; veinte; y sexto transitorio del proyecto de Ley, en los términos del dictamen, por doscientos setenta y dos votos en pro, ochenta y dos en contra y dos abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dos dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos con puntos de acuerdo: para convocar a un concurso de dibujo infantil y juvenil en el país, para el fortalecimiento de la cultura de cuidado del agua; y para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a que realice la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el Lago de Chapala, e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado. Se aprueban en votación económica. Comuníquense.

Dictámenes con puntos de acuerdo por los que no se aprueban las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

De la Comisión de Marina, que adiciona la fracción tercera al artículo cuarenta y uno de la Ley de Ascensos de la Armada de México, presentada el veintiocho de abril de dos mil cinco.

De la Comisión de Gobernación, que reforma los artículos quinto y doce de la Ley de Seguridad Nacional, presentada el veintiocho de abril de dos mil cinco.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que reforma el artículo mil novecientos dieciséis bis del Código Civil Federal, presentada el veinticinco de mayo de dos mil cinco.

De la Comisión de Salud, cinco, que reforma los artículos setenta y cinco y setenta y seis de la Ley General de Salud, presentada el ocho de junio de dos mil cinco; que adiciona una fracción sexta al artículo ciento noventa y ocho de la Ley General de Salud, presentada el veinticinco de mayo de dos mil cinco; que reforma el primer párrafo del artículo veinte de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada el veinticuatro de agosto de dos mil cinco; que reforma el artículo doscientos cuarenta y cinco de la Ley General de Salud, presentada el treinta y uno de marzo de dos mil cinco; y que adiciona una fracción quinta al artículo noventa y una fracción sexta al artículo ciento once de la Ley General de Salud, presentada el catorce de abril de dos mil cinco.

De la Comisión de Desarrollo Social, que adiciona una fracción décima al artículo tercero de la Ley de Desarrollo Social, presentada el diez de marzo de dos mil cinco.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, que reforma el artículo diez de la Ley de Aguas Nacionales, presentada el nueve de diciembre de dos mil cuatro.

Se aprueban los diez dictámenes anteriores en votación económica. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis:

Graciela Larios Rivas, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, no se autorice ninguna afectación negativa al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social y se considere a éste en la participación de los recursos extraordinarios provenientes de los excedentes por la venta de petróleo.

Graciela Larios Rivas, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, se contemplen recursos económicos con carácter de subsidio como compensación de los efectos negativos que genera el comercio exterior en el Puerto de Manzanillo y las dos generadoras de electricidad, así como por los ingresos tributarios que se generan con estas actividades económicas en el estado de Colima.

Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para dirimir el problema de agua potable que se ha generado en las comunidades del sur -- sureste afectadas por los Huracanes Stan y Wilma.

María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, se considere una ampliación al presupuesto del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Francisco Chavarría Valdeolivar, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para la construcción de dos caminos rurales en el estado de Guerrero.

Integrantes de la Comisión de Marina, se considere una partida especial a la Secretaría de Marina, para que subsane su déficit presupuestario.

Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, se destinen recursos para el desarrollo de la zona arqueológica Tehuacán el Viejo, Puebla.

Evelia Sandoval Urbán, del Partido Revolucionario Institucional, se establezca una partida presupuestal para atender los aspectos preventivos y de combate al cáncer infantil.

María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, se contemple una ampliación al presupuesto del Fondo Nacional de Innovación para el Desarrollo Tecnológico.

Tomás Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, se contemplen recursos para elaborar y conocer la disponibilidad del agua de todo el territorio nacional, así como realizar estudios para identificar y vigilar las riberas o zonas federales.

Evelia Sandoval Urbán, del Partido Revolucionario Institucional, se establezca una partida presupuestal destinada al abastecimiento de un cuadro básico de medicamentos para adultos mayores, que se distribuyan de manera gratuita por medio del seguro popular en toda la República Mexicana.

Tomás Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para la homologación de los salarios de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano respecto al salario mínimo burocrático.

María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, se considere una ampliación al presupuesto del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos suficientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que pueda cumplir a nivel nacional con la tarifa única de energía eléctrica para uso agropecuario.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren diversas partidas al estado de Puebla. Tomás Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, se contemplen recursos para la modernización y mantenimiento del acervo histórico del Instituto Mexicano de la Radio.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo quince del Código Penal Federal, que se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; que adiciona el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo, que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social; y que reforma el artículo ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Javier Alejandro Galván Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo cuarenta y uno de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Inelvo Moreno Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para inscribir con Letras de Oro en los Muros de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda A los Constituyentes de Apatzingán de mil ochocientos catorce. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos ochenta y ocho, doscientos noventa y dos y trescientos once del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos veinte, cuarenta y cinco y sesenta y siete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo cuarenta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que reforma y adiciona el artículo catorce de la Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Rafael Flores Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos sesenta y tres de la Ley Federal de Derechos y adiciona el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que reforma el artículo veintisiete de la Ley de Aeropuertos. La Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Transportes.

Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos ciento tres, ciento cinco y ciento nueve del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cincuenta y tres de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a la integración de la Mesa Directiva del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Se aprueba en votación económica.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las dieciséis horas con tres minutos, citando a la Sesión Solemne que tendrá lugar el viernes cuatro de noviembre de dos mil cinco a las diez horas, y al término de la misma, a sesión ordinaria.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.

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ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Congreso del estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo transitorio, el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión destinen mayores recursos financieros para resolver la problemática educativa referente al reconocimiento de la plantilla real de trabajadores de la Secretaría de Educación de Guerrero y se adhiere a la gestoría del Ejecutivo estatal relativa a la propuesta de asignación de un presupuesto adicional para el sector educativo, aprobado en sesión celebrada el lunes 17 de octubre del año en curso.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lunes 17 de octubre de 2005.--- Lic. Saez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

La Comisión Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2005, los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones de Gobierno, y de Educación presentaron una propuesta de punto de acuerdo, bajo los siguientes términos:

``Que el 18 de mayo de 1992, el Gobierno Federal, los gobiernos de cada uno de los estados integrantes de la Federación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por el cual se transfirieron a las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, los establecimientos educativos con que la Secretaría de Educación Pública ha venido prestando en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial.

Que si bien con la federalización educativa algunos estados fortalecieron y desplegaron sus sistemas educativos, en la mayoría de las entidades federativas han prevalecido la baja eficacia y el desorden en los servicios educativos, incluyéndose en este grupo el estado de Guerrero.

En el país tenemos en el nivel de primaria en promedio 1 maestro por cada 20 alumnos. En Guerrero este promedio es de 1 maestro por cada 18 alumnos, mientras que la UNESCO recomienda 1 maestro por cada 35 alumnos. Ese desorden nacional llevó a la Secretaría de Educación Pública a no autorizar nuevas plazas para Guerrero desde 1998, por lo cual la demanda de trabajo de los egresados de las normales rebasó en los últimos siete años el número de plazas disponibles, lo que ha creado conflictos en el Estado por parte de los egresados de las normales públicas.

Nuestros problemas educativos se ven aumentados por la mala distribución de los servicios magisteriales y el mal aprovechamiento de la capacidad instalada de nuestro sistema educativo. Lo hemos dicho varias veces: lo paradójico es que nos sobran maestros y, al mismo tiempo, nos faltan.

En Guerrero, esto se ve agravado por los fenómenos de corrupción que imperan en el sistema educativo. Un dato ilustra esta aseveración: de un promedio de 450 maestros contratados en 2003, 200 no llegaron nunca a las escuelas que les fueron asignadas. El influyentismo y la corrupción posibilitaron su reubicación en escuelas urbanas, en lugar de las escuelas rurales a que habían sido asignados. También son cientos los mentores que abandonan las escuelas rurales y se cambian sin control de las autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero a las zonas urbanas; o los que abren su módulo de bajareque donde mejor les conviene y luego solicitan y obtienen que se les autorice una escuelita de nueva creación aunque sea incompleta, sin importar que en la zona y en el sector escolar existan escuelas donde se requieren sus servicios.

Ante la carencia de plazas federales de nueva creación en 2004, el estado de Guerrero dispuso de presupuesto para ofertar 110 plazas con recursos estatales, que fueron sometidas a concurso y asignadas a quienes aprobaron la evaluación.

No obstante el desacuerdo de los egresados de las normales públicas, el sábado 25 de septiembre de 2004 se llevó a cabo el concurso para ingresar en el servicio docente, habiendo concurrido 96 aspirantes, de los que 44 fueron aprobados: 28 de primaria, 14 de preescolar y 2 de educación especial. A todos ellos se ponderó el resultado del examen con el promedio de aprovechamiento con que egresaron de sus escuelas.

Las vacantes no cubiertas en ese examen se sometieron a un nuevo concurso el 23 de octubre del mismo año, en el que participaron los normalistas que no concurrieron al primer examen.

La Comisión de Educación de esta LVII Legislatura, a través de los diputados Félix Bautista Matías y David Tapia Bravo, participó en la Comisión de Transparencia y Legalidad del Proceso de Incorporación de Profesores al Servicio Educativo mediante Examen de Ingreso, para dar certidumbre y confianza a este examen, y el cual se desarrolló conforme a derecho, sin ninguna irregularidad.

Que posteriormente a los exámenes de oposición en mención, por la necesidad de docentes en la entidad se contrató a los participantes en el examen que quedaron registrados en la bolsa de trabajo, así como a los que por acuerdos entre la SEG y la Organización de Estudiantes Normalistas Egresados de Guerrero --compuesta por egresados de normales públicas de la generación 2000-2004-- obtuvieron su plaza.

Que la Secretaría de Educación Pública, en función del crecimiento de la matrícula escolar y de las necesidades específicas de cada entidad federativa, asignó para el ciclo escolar 2005-2006 al estado de Guerrero 325 plazas, incluyendo horas de educación física, que posteriormente se incrementaron a 355, asignación que está por debajo del número de egresados de las normales del estado y que no ayuda a abatir el déficit financiero, de 2 mil millones de pesos, que actualmente la Secretaría de Educación de Guerrero presenta, recursos destinados principalmente al pago de servicios personales derivados de la autorización sin techo presupuestal de más de 6 mil 200 plazas, 21 mil horas y mil 700 plazas directivas escalafonarias.

Que la utilización de recursos estatales para el otorgamiento de plazas sin techo financiero resulta a todas luces insostenible, por lo que se hace necesaria la convergencia de esfuerzos de la Federación y del estado para dar solución a la problemática social, toda vez que hay profesores guerrerenses que desde hace más de ocho meses se encuentran frente a grupo creando derechos y no han recibido remuneración alguna, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para asegurarles su salario, prestaciones y demás derechos que por ley les corresponden, exigiendo a su vez profesionalismo en su labor educativa.''

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 17 de octubre de 2005, la Comisión Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de punto de acuerdo presentado por los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones de Gobierno, y de Educación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el honorable Congreso del estado de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en pleno respeto del Pacto Federal, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que gire instrucciones al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la gestoría realizada por la Secretaría de Educación Guerrero, reconozca la plantilla real de trabajadores docentes de la Secretaría de Educación de Guerrero.

Segundo. De igual forma, respetuosamente se exhorta al honorable Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadano Vicente Fox Quesada, para que, en el ámbito de sus competencias, destinen al gobierno del estado de Guerrero mayores recursos financieros, con objeto de tener posibilidades reales de enfrentar los problemas del sector educativo del estado.

Tercero. La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado exhorta al gobernador constitucional del estado, contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo; al secretario de Finanzas y Administración, contador público Carlos Álvarez Reyes; y al secretario de Educación de Guerrero, licenciado José Luis González de la Vega Otero, para que atiendan y resuelvan la solicitud de pago de salarios de los mentores que se encuentran laborando frente a grupo, contratados a finales del año próximo pasado y a principios del que transcurre.

Cuarto. La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado se adhiere a la gestión realizada ante la Federación por el contador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional del estado, relativa a la propuesta del otorgamiento de un paquete de presupuesto adicional para el financiamiento de las 7 mil 418 plazas y 25 mil 529 horas, pagadas hasta ahora con recursos propios.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión, al gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al secretario de Educación Pública, al secretario de Educación de Guerrero, y al secretario de Finanzas y Administración del estado, para los efectos en el acuerdo contenidos.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil cinco.--- Diputados: Raúl Salgado Leyva (rúbrica), Presidente Modesto Carranza Catalán (rúbrica), secretario; Jesús Ramírez Ramírez (rúbrica), secretario..»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, de la Quincuagésima Novena Legislatura, emitieron acuerdo económico relativo al planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz, en la sesión ordinaria de fecha 7 de junio del año en curso, con el tema ``libertad de expresión'', mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Pachuca, Hgo., a 13 de septiembre de 2005.--- Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado de Hidalgo.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

Honorable Asamblea:

A los ciudadanos diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, de conformidad con lo que establecen los artículos 76, 78, fracción II, 80 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo nos fue turnado para su estudio y dictamen, el planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz, con el tema ``libertad de expresión'', por lo que se procedió al estudio del mismo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero.- En la sesión ordinaria de fecha 7 de junio del año en curso por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso del estado, nos fue turnado para su estudio y dictamen el planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz con el tema ``libertad de expresión''.

Segundo.- El asunto en comento se registró en el libro de gobierno respectivo, con el número 011/2005; y

Considerando

Primero: Que el artículo 86 de la Ley Orgánica faculta a las comisiones a estudiar y analizar y dictaminar los asuntos que le sean turnados por la Directiva, por lo que la Comisión que suscribe es competente para conocer del planteamiento en comento.

Segundo: Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ``la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado''.

Tercero.- Que el artículo 7 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa que ``es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias, para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, ``papeleros'', operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos''.

Cuarto: Que el planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz hace hincapié en la celebración de nuestro país del Día de la Libertad de Expresión, reflexionando que ``la libertad de prensa resulta esencial para que una sociedad en evolución como la nuestra, se fortalezca y se consolide, puesto que son los medios de comunicación los que deben dar a conocer información puntual y objetiva de los acontecimientos de interés general. Evidentemente, una prensa libre e independiente, contribuye al fortalecimiento de los valores democráticos, tales como la transparencia y la tolerancia, amén de fungir como una especie de control de gobierno y los gobernantes, mediante la crítica de su actuación y la denuncia de la corrupción, los excesos a sus abusos. Podemos sostener, que hoy en día una prensa libre es sinónimo de una sociedad mejor informada y con más elementos para discernir en la toma de decisiones''. Agregando ``que como diputados estamos comprometidos para legislar en lo que tenga que ver en forma directa o no, con la garantía de informar y el derecho de los receptores de conocer de manera objetiva, veraz y oportuna, de las cosas que sean del interés público, haciendo propia la inquietud de la Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo, por cuanto a contar con una ley que garantice el secreto profesional''.

Quinto: Que coincidimos en que el derecho a la Libre Expresión, es uno de los más fundamentales, ya que es esencial en la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos, todo ello sin rebasar el acotamiento que se precisa en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege el honor y la dignidad de las personas, no dando lugar a la calumnia ni a la difamación.

Sexto.- Que en el estado de Hidalgo se avanza de manera firme en la política de transparencia y de acceso a la información pública, dando lugar a un foro abierto para la discusión y análisis de la iniciativa de ley, que habrá de someterse en un plazo inmediato, a la consideración de esta soberanía.

Séptimo.- Que el ordenamiento jurídico reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un capítulo pendiente de actualización, toda vez que la Ley de Imprenta vigente data del mes de abril de 1917, impulsándose esta modernización en el marco del debate sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación, en la transición democrática del país, sobre todo respecto a los equilibrios y contrapesos que los medios han de enfrentar, a partir del derecho y de la autorregulación ética.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además, en lo dispuesto por los artículos 140, 141, 142 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente

Acuerdo Económico

Primero.- Los ciudadanos diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura, nos manifestamos en el propósito de actualizar el marco jurídico reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que hace a la Ley de Imprenta, para lo cual exhortamos al honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se legisle al respecto.

Segundo.- Gírense oficios a las Cámaras de Diputados, y de Senadores del H. Congreso de la Unión, anexando copia de este documento, para los efectos citados con anterioridad.

Tercero.- Envíense oficios a las Legislaturas de los estados, anexando copia de este documento, solicitando la adhesión, en su caso, a esta propuesta.

Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil cinco.--- Por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputados: Julio Menchaca Salazar (rúbrica), Juan Ortiz Simón (rúbrica), Reyna Hinojosa Villalva (rúbrica), Araceli Velázquez Ramírez (rúbrica), Irma Beatriz Chávez Ríos (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado de México.--- LV Legislatura.

Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal.--- Presente.

Por este conducto, nos permitimos comunicar a usted, que en sesión celebrada en esta fecha, la LV Legislatura del estado de México, tuvo a bien aprobar el Acuerdo siguiente:

``La H. LV Legislatura en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se exhorta, al Congreso de la Unión y al Presidente de la República para crear en el ejercicio fiscal de 2006 una partida especial para la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma.

Segundo.- Se exhorta a que esta partida, una vez superada la acción de reconstrucción de las zonas afectadas, sea establecida como un fondo permanente de atención de contingencias para las zonas turísticas del país, en virtud de la importancia que el sector tiene en la generación de divisas y absorción de empleos, y en consideración a que el sector turístico mexicano es particularmente vulnerable a los embates de este tipo de fenómenos naturales.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, Centro Comunitario de Ecatepec ``Casa de Morelos'', en la cabecera municipal de Ecatepec de Morelos, México, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil cinco.''

Se anexa el acuerdo respectivo.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes.

``2005. Año de Vasco de Quiroga: Humanista Universal.''

Atentamente.

Ecatepec de Morelos, México, a 27 de octubre del 2005.--- Dip. Pablo César Vives Chavarría (rúbrica), Secretario; Dip. León González Rojas (rúbrica), Secretario; Dip. Felipe Valdez Portocarrero (rúbrica), Secretario.»

«C. Diputados Secretarios de la Directiva de la H. LV Legislatura del Estado de México.--- Presentes.

Diputado Armando Enríquez Romo, en mi carácter de integrante de la LV Legislatura del estado de México y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción IV, y 83 de la Ley Orgánica, y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del estado de México, acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de acuerdo, que debido a la importancia del tema, solicito se le dé trámite de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La efectividad de los sistemas de protección civil en México, que consideran tanto recursos materiales como logísticos, humanos y monetarios, ha sido reconocida por organismos internacionales, como es el caso del reciente señalamiento hecho por el director de la Secretaría General de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU, Salvano Briceño. El señalamiento de la ONU, se enfoca en el mejoramiento del marco legislativo institucional, referente a la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), al igual que por la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha evolucionado hacia un enfoque más preventivo.

En este mismo sentido, México también ha mostrado una mejor capacidad de respuesta por la creación de herramientas financieras como el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como por el proyecto en desarrollo del Atlas de Riesgos en el Plano de la Identificación del Riesgo.

No obstante lo anterior, los recientes fenómenos naturales que han golpeado el territorio mexicano han mostrado una nueva dimensión del problema en el ámbito de la protección civil. La escala de los acontecimientos meteorológicos se ha elevado más rápido que nuestras mejoras institucionales y la creación de herramientas financieras de contingencia.

El riesgo de la naturaleza esta impactando a través del incremento en la recurrencia de los fenómenos y por el escalamiento de sus efectos. Por ejemplo, los últimos huracanes se han ubicado en las categorías más altas de las mediciones conocidas.

Esta escalada de los fenómenos naturales, ha sido consecuencia de la devastación irracional del hombre con su entorno. La aparición de fenómenos naturales desmesurados o descomunales, anuncia el principio de una nueva era de complejos eventos para los cuales no tenemos experiencia ni técnica para enfrentarlos. Nuestros sistemas de protección civil fueron creados para un contexto natural que ha sido superado. La naturaleza ha cambiado a grados más agresivos, nuestras instituciones se han mantenido en un nivel de eficiencia que amerita el establecimiento de medidas más apremiantes y contundentes.

No obstante, los mexicanos contamos con ejemplos de comunidades, caso de Nuevo San Juan Parangaricutiro, que con la hospitalidad basada en nuestros usos y costumbres ha hecho de las calamidades naturales, verdaderas oportunidades de desarrollo sustentable y sostenido, lo que les ha permitido superar la pobreza y restablecer el equilibrio con la naturaleza. De igual manera ante las desgracias del huracán Katrina, que devastara Nuevo Orleáns, vimos las mejores expresiones de nuestra cultura ya en la misión humanitaria del Ejército Mexicano, como de familias mexicano-norteamericanas residentes en Estados Unidos, habitantes que brindaron su hospitalidad sin importar la condición de damnificados.

En mi carácter de diputado de la LV Legislatura y como presidente del Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en Materia Turística (Conletur) he realizado numerosos llamados a la reconsideración de los medios con los que contamos para hacer frente a fenómenos naturales de dimensiones más amplias y de efectos mucho más agresivos. Desde la aparición del tsunami, quedó de manifiesto que nuestras categorías de medición de los fenómenos naturales ameritaba una reconsideración hacia el límite máximo. La naturaleza golpea con más fuerza y nuestros mecanismos de contención no han respondido con la misma celeridad. He mencionado con reiteración la necesidad de crear nuevos paradigmas institucionales y financieros de protección civil. Si continuamos con los esquemas establecidos, las consecuencias inmediatas serán desastrosas en amplias zonas del país. De continuar el crecimiento en la escala, duración y agresividad de los meteoros, la sustentabilidad económica, política y social del país puede ponerse en riesgo. Requerimos mecanismos que, aparte de enfocarse en la prevención, se activen con rapidez y focalización a las zonas afectadas.

Debemos considerar que urge restablecer la actividad económica y social en las zonas del país que han sido recientemente afectadas por los huracanes Stan y Wilma. Estos fenómenos trastocaron la vida de cientos de miles de mexicanos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. La medida de los efectos no ha sido cuantificada con exactitud pero es predecible que el encauzamiento a la normalidad en estos estados puede tardar meses si no se actúa con prontitud.

Es urgente la creación de una partida especial para solventar las necesidades de la reconstrucción de la infraestructura en estos estados, pero también es necesario prevenir en toda la República Mexicana. La atención debe fluir con prontitud y sin dilación a los estados con mayores necesidades y a las zonas mas marginadas. Las consecuencias de los meteoros, siempre ciegan a la opinión pública de los efectos más devastadores, que son los que emergen en el mediano y largo plazo. De no atenderse las zonas afectadas, el crecimiento de la población crónicamente pobre puede incrementarse y alternativamente los flujos de migración pueden engrosarse, lo que traería como consecuencia problemas en el resto del país. El combate a la pobreza debe pasar por la consideración de los mecanismos de protección civil.

Más pobres pueden caer más hondo en la pobreza si nuestros mecanismos de prevención y resolución de los meteoros no son reforzados. La pobreza moderada puede devenir en pobreza crónica ante un evento como Stan o Wilma y en ausencia de nuevos mecanismos de restauración de las redes económicas y sociales.

En tanto exista dilación, la desesperación de la gente se incrementa en forma directa y la expectativa de moverse a otros lugares se hace más plausible. Los sistemas de protección civil deben prevenir, solventar las crisis y reubicar a los núcleos de población afectados y en riesgo. Esos deben ser los ejes rectores de la cultura de protección civil del país.

En esta línea de ideas, los esfuerzos en este momento deben concentrarse en solventar la crisis a través de la restitución de la normalidad económica y social de las áreas afectadas. Existe una enorme necesidad por atender la crisis de las zonas marginadas pero también por reactivar los motores de una de las industrias más dinámicas del país, que es la turística.

El turismo es la tercera fuente generadora de divisas del país. Este sector aporta más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye con más del 9 por ciento de los empleos directos e indirectos. Durante el año 2000 se captaron alrededor de 20 millones 600 mil visitantes internacionales --excluyendo los excursionistas-- quienes dejaron una derrama al país de 8 mil 300 millones de dólares. En el ámbito mundial México ocupa el séptimo sitio en captación de turistas internacionales y el undécimo en captación de divisas. En 2004, la captación de divisas por turismo fue de 10 mil 600 millones de dólares.

Por la importancia que el sector turístico representa y por su elevado grado de vulnerabilidad, se requiere una política de estado que disminuya los riesgos a los que se enfrenta esta industria en el contexto de las amenazas de la naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la asamblea, el siguiente proyecto de acuerdo para que, de estimarlo correcto y conveniente, se apruebe en sus términos; y tomando en consideración la importancia y trascendencia del tema, sea considerada la dispensa del trámite por urgente y obvia resolución.

Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Congreso de la Unión y al Presidente de la República a crear en el ejercicio fiscal de 2006 una partida especial para la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma.

Segundo.- Se exhorta a que esta partida, una vez superada la acción de reconstrucción de las zonas afectadas, sea establecida como un fondo permanente de atención de contingencias para las zonas turísticas del país, en virtud de la importancia que el sector tiene en la generación de divisas y absorción de empleos, y en consideración a que el sector turístico mexicano es particularmente vulnerable a los embates de este tipo de fenómenos naturales.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los 27 días del mes de octubre de 2005.--- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Juan Rodolfo Sánchez Gómez (rúbrica), coordinador; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Gonzalo Alarcón Bárcena (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Germán Castañeda Rodríguez (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), María Elena Lourdes Chávez Palacios (rúbrica), León González Rojas (rúbrica), Armando Javier Enríquez Romo (rúbrica), Ángel Flores Guadarrama (rúbrica), Bertha Ma. del Carmen García Ramírez (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares(rúbrica), Jorge Ernesto Inzunza Armas (rúbrica), Roberto Liceaga García (rúbrica), Luis Maya Doro (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), José Antonio Medina Vega (rúbrica), Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Mario Sandoval Silvera (rúbrica), Víctor Javier Sosa Muñiz (rúbrica), Víctor Hugo Sondón Saavedra (rúbrica), Gonzalo Urbina Montes de Oca (rúbrica), Leticia Zepeda Martínez (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE QUINTANA ROO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de octubre del año en curso, la XI Legislatura tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Primero.- La honorable XI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que legislen en materia penal, a fin de que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas, que se dé en forma desmedida, irracional e ilegal, sea considerada como delito grave dentro del Código Penal Federal.

Segundo.- La reforma que al efecto realice el Congreso de la Unión deberá considerar varios aspectos, entre los que se encuentran los volúmenes permisibles de captura, la regulación sobre los instrumentos que se utilizan para efectuar la captura de especies acuáticas diversas, la época, talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura y las normas que regulen su manejo, conservación y traslado. Asimismo, será importante definir cuál es la mayor cantidad de pescadores y embarcaciones susceptibles de emplearse en cada instante o grupo de especies por banco, área o región.

Tercero.- Remítase el presente acuerdo a las demás Legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para que, de así considerarlo, se adhieran al mismo.

Lo anterior, lo hacemos de su conocimiento para los efectos conducentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, octubre 6 de 2005.--- Dip. Juan Manuel Chang Medina (rúbrica), Presidente; Dip. Flor de M. Palomeque barrios (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Quintana Roo.--- XI Legislatura.

Honorable Pleno Legislativo:

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros de la H. XI Legislatura del estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 38 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos someter el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que legislen en materia penal, a fin de que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas, que se dé en forma desmedida, irracional e ilegal, sea considerada como delito grave dentro del Código Penal Federal, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante las últimas décadas, una intensiva presión de pesca ha llevado a una declinación de las poblaciones marinas, colapso de planteles y a la consiguiente clausura total o temporal de la pesquería en varios países o territorios dependientes, por ejemplo en Bermudas, Cuba, Colombia, Florida (US), México, las Antillas Neerlandesas (NL), las Islas Vírgenes y Venezuela.

La sobrepesca para el comercio nacional e internacional es el principal factor de las poblaciones, aunque también puede ser un factor la degradación de1 hábitat, sobre todo con respecto a la pérdida de importantes hábitat de cría, como prados de pastos marinos, de aguas someras cerca de la orilla. Debido a la reducción de los planteles de aguas poco profundas, los esfuerzos de pesca se han desplazado de áreas costeras a áreas más alejadas de la costa principalmente en los países de Colombia, República Dominicana y México. El uso de equipos de buceo con apoyo respiratorio (scuba y buceo con compresor) se ha extendido, y a medida que las áreas costeras son cada vez más sobreexplotadas, los antiguos refugios de aguas profundas también han sido objeto de una intensa explotación.

En varios países, la condición local de las poblaciones del caracol Reina del Caribe es pobremente conocido o no se la conoce en absoluto, incluyendo países exportadores importantes como Haití y Honduras. Además, se reportan bajas densidades de caracoles adultos en las áreas de pesca de algunos de los países exportadores más importantes, por ejemplo, México, Belice y la República Dominicana.

El caracol Reina del Caribe (Strombus gigas), está distribuido a lo largo del Caribe, desde Florida (US) hasta la costa norte de América Latina, y la especie se encuentra en las aguas territoriales de por lo menos 36 países y territorios dependientes. Esta especie se encuentra principalmente en los fondos marinos arenosos en aguas limpias, poco profundas, pero también ocurren en profundidades de hasta 100 metros.

En México, el caracol Reina del Caribe, ha sido pescado tradicionalmente en la península de Yucatán, desde Ciudad del Carmen, Campeche hasta Chetumal, Quintana Roo. Las declinaciones de los moluscos (incluyendo el caracol Reina del Caribe) han llevado a la clausura de la pesquería aguas afuera de la Península de Yucatán, incluso en el arrecife Alacranes y en 1988 se estableció una prohibición pesquera permanente para todas las áreas de la península de Yucatán. La costa de Quintana Roo fue dividida en tres áreas pesqueras principales (zona norte, central y sur). Las zonas más productivas fueron las del norte central y sur. En la zona sur, el caracol Reina del Caribe se encontraba generalmente en aguas someras que permitían un fácil acceso sin equipo de buceo. La profundidad promedio en las zonas norte y central era de 20-30 metros, y por consiguiente el uso de equipos de buceo (scuba) o similares era frecuente. Actualmente, el caracol Reina del Caribe se encuentra a profundidades de 30 metros o más, excepto en el Banco Chinchorro.

A pesar de las prohibiciones de pesca instituidas se reporta que los planteles no se han estado recuperando como se esperaba. No está claro si esta lenta recuperación de la población se debe a que la densidad de la población ha caído debajo de un punto crítico pero a partir del cual la recuperación todavía es posible o si es resultado de los altos niveles de furtivismo reportados.

Como se ha planteado con antelación, la principal amenaza a las poblaciones de caracol Reina del Caribe en sentido amplio, es la sobrepesca, seguida de la degradación del hábitat. El caracol Reina del Caribe representa un símbolo económico y cultural del Caribe y por tanto de nuestro país y, desde luego, de nuestra entidad. El caracol Reina ha sido valorado como una fuente de proteína en muchas de las dietas nativas y se ha explotado como una fuente de alimento por centenares de años. El valor económico total del caracol Reina del Caribe extraído de la región caribeña, se ha estimado a mediados de la década de los años noventa en 60 millones de dólares; sin embargo, este valor sería considerablemente más alto si se tomara en cuenta el empleo generado.

Lamentablemente, muchas comunidades de las zonas pesqueras incluyendo las contenidas dentro del territorio de nuestra entidad, se encuentran vulnerables a la sobrepesca, debido a su crecimiento lento, a que se lo encuentra en aguas poco profundas, a su maduración tardía y a la tendencia a agregarse en aguas someras para desovar.

La sobrepesca, es indudablemente la principal causa de la declinación del caracol Reina del Caribe aunque la degradación del hábitat debido a la colmatación a otras formas de contaminación, y al uso de dinamita y otros aparejos destructivos de redes de fondo, juegan sin duda, un importante papel en la declinación de las poblaciones del caracol. Esto es especialmente cierto para el caracol Reina del Caribe juvenil, que requiere sitios de cría tranquilos donde puedan desarrollarse. Muchos de estos sitios están cerca de la Costa y son afectados por actividades humanas como la urbanización y la polución. Es probable que dichas perturbaciones causen mortalidad y reduzcan el reclutamiento de caracoles juveniles, lo que a su vez reduce el crecimiento de la población global.

Uno de los factores fundamentales que refiere la importancia de que el caracol persista dentro de la región del Caribe, es sin duda, el papel ecológico que juega dentro de las comunidades marinas bentónicas, alimentándose principalmente de los restos y de los detritos del pasto marino muerto, o de epifitas de pastos marinos, y de microalgas, así como de cantidades significativas de arena. Por consiguiente la desaparición o disminución sustancial del caracol Reina del Caribe probablemente produzca cambios significativos en la comunidad y una cascada trófica que afectará negativamente la productividad y el reclutamiento futuro de la especie así como la de otros recursos pesqueros ecológica y económicamente importantes.

La pesquería mexicana de moluscos no tiene como objetivo de pesca solo a S. gigas sino también a unas 20 especies diferentes de moluscos. Algunas de las áreas de pesca históricamente importantes para el caracol Reina del Caribe han sido clausuradas debido al agotamiento de los planteles y a la sobrepesca.

Actualmente la cosecha legal de caracol Reina del Caribe está restringida a Banco Chinchorro y Cozumel. Se ha propuesto recientemente una clausura indefinida de la pesquería de esa especie de caracol para todo el estado de Quintana Roo, en base a las inquietudes manifestadas por los pescadores locales.

A nivel nacional, desde la década de los años ochenta, varios estados del área de distribución del caracol Reina del Caribe comenzaron a imponer regulaciones específicas por especie y medidas de manejo para la pesquería del caracol, y la mayor parte de los estados del área de distribución han implementado ahora alguna forma de manejo de esa pesquería. Las medidas de manejo incluyen diferentes restricciones de tallas mínimas, clausuras temporales o geográficas de la pesquería, restricciones a los equipos y a las embarcaciones, restricciones a la cosecha a granel y medidas de entradas limitadas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende principalmente del conocimiento adecuado de la condición del plantel (tamaño, distribución, abundancia, etcétera), otros criterios biológicos y morfométricos (situación de los sitios de cría y desove, periodo de desove, crecimiento de la caracola y madurez, etcétera) y características de cada país.

Las vedas temporales para proteger el plantel durante los meses reproductivamente más activos se han instrumentado en varios estados del área de distribución. Sin embargo, estas vedas no siempre se conciertan a nivel regional o subregional, lo que puede minar su fiscalización, ya que caracoles de la especie Reina del Caribe extraídos en un país de forma ilegal durante una temporada de veda podrían desembarcarse legalmente en un país vecino. En varios estados, vedas temporales de la cosecha son complementadas con una prohibición temporal del procesamiento, del comercio, y de las exportaciones de carne de caracol Reina del Caribe durante la temporada de veda, lo que facilita la fiscalización de las temporadas de veda.

Por lo anterior, es importante que la legislación federal que regula la actividad pesquera tanto del caracol Reina del Caribe, como de otras especies en peligro de extinción, sancione de forma considerable a las personas que se dedican a su captura ilegal, considerando que esta situación se agrava aún más cuando esa captura se da sobre especies acuáticas, que se encuentran declaradas en veda y en áreas protegidas.

Debido a la problemática que impera en nuestras costas, es indispensable que se tomen las medidas pertinentes, que se realicen las reformas a los instrumentos legales respectivos, a fin de evitar un menoscabo mayor de la producción natural del caracol Reina del Caribe y de otras especies acuáticas, por ello, es importante mencionar que, aunque su captura es parte importante de la actividad pesquera de nuestra entidad, cierto es también que es posible llevarla a cabo de forma ordenada, de forma legal, tomando en consideración que sólo de esa manera, se podrá mantener por más décadas la producción sostenible del molusco.

Por todo lo expuesto con antelación, los suscritos nos permitimos someter a la consideración de ese alto Pleno Legislativo, los siguientes puntos de

Acuerdo

Primero.- La honorable XI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que legislen en materia penal, a fin de que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas, que se dé en forma desmedida, irracional e ilegal, sea considerada como delito grave dentro del Código Penal Federal.

Segundo.- La reforma que al efecto realice el Congreso de la Unión, deberá considerar varios aspectos, entre los que se encuentran, los volúmenes permisibles de captura, la regulación sobre los instrumentos que se utilizan para efectuar la captura de especies acuáticas diversas, la época, talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura y las normas que regulen su manejo, conservación y traslado. Asimismo, será importante definir cuál es la mayor cantidad de pescadores y embarcaciones susceptibles de emplearse en cada instante o grupo de especies por banco, área o región.

Tercero.- Remítase el presente acuerdo a las demás Legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para que, de así considerarlo, se adhieran al mismo.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- La Comisión de Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, diputados: Julio Rodríguez Herrera (rúbrica), Otto Ventura Osorio (rúbrica), Gilberto Ávalos Galué (rúbrica), Mario Félix Rivero Leal (rúbrica), Manuel Delfín Gil.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

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FERROCARRILES NACIONALES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al contador público Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a desistirse del amparo interpuesto en contra de la aplicación de diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, cuyo original se anexa, suscrita por el diputado Tomás Cruz Martínez del grupo parlamentario del PRD, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: Se exhorta al contador público Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, para que se desista del amparo interpuesto en contra de la aplicación de diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales.

Segundo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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FOVISSSTE

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del presupuesto de 2006 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, financiada con disponibilidades financieras, afectando las reservas del Fovissste previstas para el efecto para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, cuyo original se anexa, presentada a este órgano de gobierno por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del presupuesto 2006 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, financiada con disponibilidades financieras, afectando las reservas del Fovissste previstas para el efecto, para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

Segundo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere 5 mil millones de pesos a los estados afectados por los huracanes Stan y Wilma

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, incisos a) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en alcance al oficio número JCP/AMF/0508/261005, mediante el cual, en su punto 3 da cuenta del envío de la proposición con punto de acuerdo mediante la cual la Junta de Coordinación Política exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere 5 mil millones de pesos a los estados afectados por los huracanes Stan y Wilma, me permito señalar lo siguiente:

Que en el punto primero del mencionado acuerdo, se incluya el estado de Nuevo León, como una de las entidades que fue afectada por los fenómenos meteorológicos de las últimas semanas.

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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SEQUIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 34, inciso a), la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativos al Orden del Día de los Dictámenes, Iniciativas y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, este órgano de gobierno solicita la inclusión en el Orden del Día de la presente Sesión, para que se agende en el primer turno que sea posible, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que reasigne, de acuerdo a la urgencia, recursos suficientes a los programas de empleo temporal y desarrollo rural aplicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y otros estados que padezcan la sequía.

Sin más por el momento, quedamos de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (rúbrica); Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que reasigne, de acuerdo con la urgencia, recursos suficientes a los programas de empleo temporal y desarrollo rural aplicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y otros que padezcan el estiaje

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, que diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron a este órgano de gobierno.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que reasigne recursos suficientes a los programas de empleo temporal y desarrollo rural aplicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y otros estados que padezcan la sequía.

Segundo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (rúbrica); Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.. Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a 50 presidentes municipales del estado de Jalisco, distrito uno, invitados del diputado Hugo Rodríguez Díaz; sean bienvenidos. Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

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REGISTRO DE ASISTENCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Los ciudadanos diputados que no lo hayan hecho tienen hasta 15 minutos para hacerlo por cédula. Diputado Presidente, le informo que existen 398 diputados registrados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Continúe la Secretaría.

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ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficios de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas por los que se comunica la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. *

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondientes, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Señor Presidente, del escrutinio y cómputo se informa que se recibieron 19 votos aprobatorios, correspondientes a los estados mencionados, de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Dé fe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Del escrutinio y cómputo se informa que se recibieron 19 votos aprobatorios, correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 19 votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria: ``El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República, y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara adicionado un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos''. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia quiere saludar y dar la bienvenida al excelentísimo señor Reynaldo Eduardo Huerta Ortega, embajador de la República de Ecuador en México; al diputado Alfredo Serrano, Presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional del Congreso Nacional de Ecuador; al diputado Alejandro Zepeda, de la misma Comisión del Congreso Nacional de Ecuador; al diputado Rolo Cléber San Martín, de la misma Comisión del Congreso Nacional de Ecuador; y al doctor Augusto Lara, secretario de la Comisión, quienes son invitados por el diputado Jacobo Sánchez López, del Grupo de Amistad México-Ecuador. Señor embajador, señores diputados, sean todos ustedes bienvenidos; están en su casa. Continúe la Secretaría.

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ARTICULOS 14 Y 22 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficios de los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.*

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondientes, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: del escrutinio y cómputo, se informa que se recibieron 18 votos aprobatorios, correspondientes a las Legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez que se ha realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria: ``El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se recibieron de los Congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz oficios por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.*

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondientes, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Del escrutinio y cómputo, se informa que se recibieron 17 votos aprobatorios, correspondientes a las Legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. En consecuencia esta Secretaría da fe de la recepción de 17 votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria: ``El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declarara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 (PEF); 24, 25 y 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 (LIF); y 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2005. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, fracción I, de la LIF, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre del presente año. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2004.

Igualmente, se da a conocer la metodología utilizada para el cálculo de los excedentes petroleros, el volumen de la producción y el precio promedio a que hace referencia el artículo sexto transitorio del PEF.

Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 28 de octubre de 2005.--- Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica), secretario de Hacienda y Crédito Público.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Hago referencia a su oficio no. D.G.P.L. 59-II-3-1686 del 13 de septiembre de 2005 mediante el cual hace del conocimiento a esta Procuraduría, el punto de acuerdo aprobado en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su sesión del mismo día, por el que se exhorta a la Profepa a llevar a cabo acciones necesarias para el desalojo de los asentamientos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA), así como a investigar el saqueo de biodiversidad por empresas nacionales y/o extranjeras, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

Sobre el particular, me permito informarle que en cuanto a la biopiratería, la cual se refiere al saqueo de flora, se tienen las siguientes acciones:

1. En 1998, esta Procuraduría suscribió un convenio de colaboración con representantes de la Comunidad Lacandona, el cual se ha ratificado cada año desde entonces, con el objeto de fortalecer las actividades de vigilancia para evitar la tala, tráfico ilegal de madera y de vida silvestre. Asimismo, se ha brindado apoyo económico a los vigilantes nombrados mediante asamblea comunitaria. Cabe señalar que el año pasado se incrementó el número de vigilantes de 15 a 18.

2. Para combatir el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en la reserva, se implementaron doce sellamientos preventivos que consistieron en la instalación de puntos de revisión vehicular en las casetas Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua; Chancalá, municipio de Palenque; Lagos de Montebello, municipio de La Trinitaria y Boca Lacantún, municipio de Ocosingo. Se revisaron cuatrocientos veinticuatro vehículos de carga y transporte público y se aseguró un vehículo, dos personas y mil doscientos setenta y cinco kilogramos de palma Xate, por no acreditar su legal procedencia.

3. Se realizaron cuatro operativos coordinados con autoridades federales y estatales, en los que se obtuvo como resultado el aseguramiento de dos aeronaves tipo Cessna por no amparar la legal procedencia de setecientos setenta y un rollos de palma Xate durante su transporte en las mismas.

4. Se inspeccionaron dos centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, resultando en la clausura temporal de ambos centros por no contar con su inscripción en el Registro Forestal Nacional y se aseguraron siete metros cúbicos de madera motoaserrada por no amparar su legal procedencia.

5. Se realizaron dos visitas de inspección a desmontes ubicados en los parajes San Isidro y San Francisco El Caracol, municipio de Ocosingo, afectando principalmente selva alta perennifolia.

6. Se realizaron seis inspecciones a UMA's que circundan la RBMA, tres dedicadas al aprovechamiento de mariposas, una de palma Xate, una de guacamayas y venados y una de tepezcuintle, obteniendo como resultado la suspensión de cinco de ellas por irregularidades en la ejecución de su autorización, asimismo, se aseguraron siete guacamayas por no acreditar su legal procedencia.

7. Se han realizado en total doscientos cincuenta recorridos de vigilancia vía terrestre y fluvial, principalmente por el río Lacantún, para detectar la extracción de flora y fauna y de productos forestales maderables sin autorización.

8. Se han levantado doce actas e instaurado igual número de procedimientos administrativos pero en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicha información es clasificada como reservada.

Cabe señalar, que el punto de acuerdo menciona que se exhorta a la Profepa, en coordinación con la PGR, a investigar el saqueo de vida silvestre en la Selva Lacandona, sin embargo, esta Procuraduría solamente tiene conferidas atribuciones de inspección, por lo que la investigación deberá ser realizada por la PGR, acción en la que la Profepa coadyuvará siempre que se le requiera.

En cuanto a llevar a cabo acciones necesarias para el desalojo de los asentamientos irregulares, me permito informarle que, durante la presente administración, las reubicaciones en que la Profepa ha participado, han sido totalmente por medio del diálogo con las comunidades, sin que en ningún momento se les presione para desocupar las áreas de la reserva.

En este sentido, le informo sobre diversas acciones que esta Procuraduría ha realizado desde 2002 a la fecha.

El 19 de diciembre de 2002, los pobladores del asentamiento Arroyo San Pablo, integrado por familias de la etnia Chol, ubicado al sur de la reserva, salieron de ese lugar voluntariamente. La Profepa, en coordinación con el Gobierno del estado de Chiapas, obtuvo alimentación, asistencia médica y hospedaje para los integrantes del grupo reubicado durante un periodo de 5 meses, con la coadyuvancia del Instituto de Desarrollo Humano del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Se gestionó la adquisición de un terreno de 90 hectáreas para reubicar a los integrantes de Arroyo San Pablo, con un costo de un millón 200 mil pesos, los cuales fueron proporcionados por el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El 27 de junio de 2003, se suscribió el Convenio de Concertación en materia de vigilancia de los recursos naturales, entre la Comunidad Lacandona, la Profepa, la Conanp y la Organización No Gubernamental denominada Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC (Endesu), para la conservación de la reserva, mismo que se encuentra vigente. Con base en dicho convenio, se instrumentó el Programa de Inspección y Vigilancia para la Protección de los Recursos Naturales, del cual derivó la vigilancia realizada en un tramo de 60 kilómetros por la ribera del río Lacantún, con el apoyo de la Armada de México.

El 21 de enero de 2004, los habitantes del poblado Nuevo San Rafael aceptaron salir voluntariamente y regresar a su lugar de origen en el poblado El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas.

El 7 de julio de 2004, fueron reubicados voluntariamente los habitantes de San Francisco El Caracol, antiguos pobladores de Montes Azules. Con base en el Convenio de Concertación, inspectores de la Profepa en compañía de vigilantes sociales de la Comunidad Lacandona, con apoyo económico de esta Procuraduría, vigilaron los terrenos desocupados de dicho paraje.

El 5 y 6 de noviembre de 2004, las familias que integran el asentamiento San Isidro y Sol Paraíso, fueron reubicadas en el nuevo centro de población Nueva Magdalena, municipio Benemérito de las Américas.

El 5 de enero de 2005, integrantes de 3 familias procedentes de Nuevo Magdalena y El Desempeño, pretendieron reinvadir los terrenos desocupados de San Isidro. Personal de la Profepa en Chiapas se trasladó al lugar para reforzar la vigilancia. No se logró la reinvasión.

El 9 de febrero de 2005 se realizó el desalojo de 15 personas del paraje Sol Paraíso (anteriormente reinvadido), de los que 3 adultos quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común por el delito de despojo. En el operativo participaron 4 helicópteros, los ministerios públicos federales y del estado, PFP, AFI, agentes estatales de Investigación, Policía Sectorial del estado, Secretaría de Gobierno del estado, la Conanp y la Profepa.

El pasado 12 de septiembre habitantes de la subcomunidad Frontera Corozal iniciaron actividades de parcelamiento en terrenos desocupados de la Comunidad Lacandona. Lo anterior derivado de los acuerdos tomados en asamblea general extraordinaria el 7 de septiembre en la subcomunidad mencionada, en la que se acordó tomar posesión de algunos parajes de las reservas de Montes Azules y Lacantún. Para el 13 de septiembre se encontraban realizando los trabajos 265 comuneros. El mismo día se sobrevoló la zona, en donde no se detectó derribo de arbolado ni daño ambiental. Personal de la Profepa y de la Conanp se encuentran monitoreando la zona.

Asimismo, como parte de las Metas Secretariales y Presidenciales 2005 de la Profepa, se cuenta con programas para dar atención a zonas críticas y áreas naturales protegidas del país, entre las que se encuentra la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

1 . Programa de Combate a la Tala Clandestina. Se combate el aprovechamiento ilegal de los productos forestales, a través de la sinergia institucional, aplicando tanto acciones punitivas como de fomento y restauración.

Resultados 2004-2005

Acciones punitivas

Acciones de fomento

2. Programa de Inspección y Vigilancia. Se elabora año con año desde el 2002 en el que la Conamp, la Conafor y la Semarnat, conjuntamente con esta Procuraduría, se coordinan y comprometen acciones para atender las principales problemáticas de las ANP.

Resultados 2005

Recorridos de vigilancia 13

Operativos 1

Inspecciones 5

Sin otro particular, reciba mi cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 31 de octubre de 2005.--- Ing. Héctor González Reza (rúbrica), subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con el acuerdo aprobado en la sesión del 13 de octubre, proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados de las proposiciones relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se establezca una partida destinada al mejoramiento y la ampliación de la red de caminos rurales y alimentadores de Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Roger David Alcocer García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Cabe mencionar la situación actual de la infraestructura carretera en el Estado de Yucatán, actualmente cuenta con una red caminera integrada por 12,335.14 kilómetros de los cuales 154.52 kilómetros son de autopista de cuota, 1,257.48 kilómetros de la red federal, 1,726.79 kilómetros de caminos alimentadores, y 9, 101.00 kilómetros de caminos rurales entre los cuales se encuentran 3,668.96 kilómetros de brechas.

Esta red de caminos ha sido parte importante en el desarrollo socioeconómico del estado, sin embargo debido a su desarrollo y crecimiento, es necesario mejorar la infraestructura carretera en el estado de Yucatán, sobre todo a los caminos rurales y alimentadores que han sido rezagados principalmente en su conservación y modernización; la cual es considerada indispensable para el desarrollo socioeconómico de nuestro estado.

Al realizar una conservación adecuada y la modernización mínima requerida, se dará el primer paso para el desarrollo de todos los sectores productivos, ya que se actualizaría la red que une las zonas maiceras, apícolas y hortícola del centro, las zonas agrícolas del sur, las pesqueras del litoral, así como las turísticas, artesanales y arqueológicas, con el centro de consumo y de servicios, que facilitaría y optimizaría la comercialización de los productos que se generan en las zonas antes mencionadas. De ahí la urgencia de atender las demandas del estado, instando en primer plano a la conservación y modernización.

Es indispensable destacar la importancia de la infraestructura alimentadora y rural en el desarrollo del estado de Yucatán y la diferencia que existe entre ambas.

Los caminos rurales son un instrumento vital para la integración geográfica de las pequeñas comunidades y se constituyen como el detonante básico del desarrollo regional, su finalidad primordial es la de ligar numerosas comunidades campesinas y localidades indígenas propiciando con ello un mejor nivel de vida en el medio rural, tanto por la obra en sí como por el rescate del aislamiento y la marginación de éstos núcleos de población, a quienes de ésta manera les es permitido alcanzar nuevas oportunidades de trabajo; les facilita la adquisición y distribución de bienes de consumo, materias primas, educación, salud y en general les proporcionan acceso a diversos servicios que favorecen la salida de los productos y fomentan las actividades económicas locales y regionales.Los caminos alimentadores, en cambio, son obras de impulso económico y social que tienen la función de impulsar el desarrollo regional en diferentes zonas del país, intercomunicar a ciudades medias y facilitar el acceso de éstas a los corredores de la red troncal. En el Estado son vías necesarias entre los polos de concentración de la producción y los centros de consumo, tienen un papel preponderante en la comunicación a zonas turísticas y comerciales de importancia local y regional. Dada la importancia de los caminos alimentadores y rurales, su conservación y modernización son prioritarias a fin de que dichos caminos se encuentren en buenas condiciones de transitabilidad en todas las épocas del año, ya que permiten una comunicación vital y una integración permanente, redundante en el desarrollo económico del estado.

Consideraciones

El estado de Yucatán cuenta con una red carretera alimentadora de 1,821 kilómetros, con una superficie de rodamiento pavimentados a 100 por ciento; el tránsito promedio anual registrado es de 450 vehículos. Esta red es conservada en su totalidad por el gobierno del estado, su estado físico en general es bueno en un 35 por ciento, regular en un 30 por ciento y malo en un 35 por ciento; Yucatán presenta un porcentaje de caminos alimentadores en buen estado, sin embargo, es necesario abatir el porcentaje de caminos en mal estado, con lo cual el porcentaje de caminos buenos sería mayor; todo ello se puede lograr mediante un buen programa de reconstrucción conservación y la modernización de los tramos que por su demanda presenten niveles de tránsito que justifiquen la ampliación de la sección o la rectificación del trazo del camino. Los volúmenes de tránsito están por encima de las condiciones para los cuales fueron proyectados y construidos. Por otro lado, el cambio tecnológico de los vehículos con mayor capacidad de carga y tracción provocan un gradual deterioro de las carreteras, generando con ello un problema de conservaron, reconstrucción y modernización.

La red rural de caminos del estado de Yucatán de 9121.00 kilómetros representa el 73.8 por ciento de la infraestructura carretera total en la entidad. De esta extensa red, 2,849.50 kilómetros que representa el 31.3 por ciento tiene una superficie de rodamiento asfaltada, 2,592.5 kilómetros son caminos de terracerías con superficie de rodamiento revestida y representan el 28.4 por ciento y finalmente 3,668.96 kilómetros, son brechas mejoradas representado el 40.3 por ciento de la red rural; el tránsito promedio diario anual es de 100 vehículos. Anualmente, con el Programa de Empleo Temporal (PET) que tiene a su cargo la SCT únicamente se puede atender por los escasos recursos que se le autoriza, el 17 por ciento de esta importante red de integración social de comunidades marginadas.

En consecuencia, su estado físico se traduce en el 60 por ciento en malas condiciones, el 22 por ciento en regulares condiciones y el 18 por ciento en buen estado. Durante los últimos 10 años a la red de caminos rurales únicamente se le han efectuado trabajos de conservación con el PET y sólo en algunos tramos aislados se han realizado trabajos de Reconstrucción, por lo que es necesario hacer un trabajo fuerte de conservación y modernización para abatir los porcentajes de caminos en mal estado. La responsabilidad de la atención de la red carretera alimentadora y rural nacional, con excepción del estado de Chiapas son los gobiernos estatales, sin embargo la SCT desde 1995 coadyuva en la conservación de los caminos rurales con el programa de empleos temporales.

En los 11 años del Programa de Empleo Temporal que aplica la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en la entidad, del periodo de 1995 al año 2005 la atención de la extensa red rural de caminos en el Estado cuya longitud asciende a 9,101.0 kilómetros, ha sido únicamente con el Programa de Empleos Temporales para la Conservación y Reconstrucción.La inversión aplicada en este programa en el periodo 1995-2000 fue en forma ascendente, ya que se inició con 10 millones de pesos y concluyó con 40 millones de pesos, situación que se debió a la gran demanda y enormes beneficios por la derrama económica en la población marginada y desempleada y a la buena aplicación del programa en caminos que son indispensables para ayudarlos en su precaria situación económica, ya que se pudieron generar 5, 038,745 jornales que equivalen a 57,259 empleos temporales. Por lo que respecta al periodo 2001-2005, la inversión fue en forma descendente, ya que inició con 40 millones de pesos y concluyó con 36 millones; situación que ocasiono menos empleos generados, menor longitud de red atendida y mayor demande de atención de parte de las autoridades municipales y ejidales y de los usuarios de los caminos. En este periodo, se generaron 3, 500,134 jornales que equivalen a 39,774 empleos temporales.

La red de carreteras alimentadoras con que cuenta actualmente el estado resulta obsoleta, debido a que la mayoría de los caminos tienen una antigüedad de mas de 30 años y por tanto, presentan una serie de problemas y desventajas como lo son

Anchos de corona muy reducidos que lo hacen inoperantes y propician accidentes.

Curvas, entronques y cruceros con diseño geométrico muy limitado.

Superficie de rodamiento con deformaciones generalizadas.

Carencia de libramientos en poblados de población numerosa.Estos aspectos presentan una serie de inconvenientes que no son acordes con los avances tecnológicos del autotransporte; a este respecto, los vehículos actuales son mucho mas veloces voluminosos y pesados que transitan en carreteras del pasado, lo cual aumenta las posibilidades de mayor numero de accidentes de transito con cuantiosas pérdidas económicas y lo que es mas doloroso aun, con lamentables pérdidas humanas. Todo esto, debido al vencimiento de su vida útil y a lo angosto de la corona del camino que ya fueron rebasados en su geometría por la modernidad de las unidades que por ella transitan.

La conformación y el crecimiento de la infraestructura del transporte carretero resulta un factor estratégico y básico para el desarrollo económico y eficiente del estado.

Por lo que resulta necesario disponer de una infraestructura capaz de responder a los propósitos nacionales, de crecimiento y estabilidad económica, integración y desarrollo regional, promoción del empleo, competitividad en el comercio exterior y fomento agropecuario industrial y turístico.

De ser acordada esta propuesta se conseguirá además de la derrama económica que duplicara la generación de empleos, con un camino en buen estado, se estará propiciando el desarrollo de la comunidad ya que podrán transportar con menores costos sus excedentes de producción hacia los mercados de consumo, transportando con la misma facilidad y beneficios a sus enfermos, así como a sus hijos a mejores opciones de educación.

Por lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en consideración que la extensa red de caminos rurales es de 9,101 kilómetros, que la asignación 2005 para el programa de empleos temporales es de 36 millones de pesos con los cuales únicamente se podrán generar 6,480 empleos temporales y únicamente se podrán atender 1,361 kilómetros de caminos se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Considerar para el ejercicio 2006 duplicar la asignación a 72 millones de pesos con adecuaciones en ejercicios posteriores para que en el término de tres años se cuente con una red de caminos rurales transitables en toda época del año y una comunidad en mejores condiciones de subsistencia.

Segundo. Modernizar los ejes carreteros siguientes:

Eje sur-oriente: Peto-Tiholop-Chikindzonot-Tekom-Valladolid.

Eje sur-norte: Tekax-Cantamayec-Sotuta Holca-Izamal-Temax Dzilam Bravo.

Eje arqueológico: Chichen Itzá-Yaxuna-Yaxcaba-Teabo-Loltun-Sayil-Xlapac-Labna-Kabah-Uxmal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica).»«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos destinados a la construcción del relleno sanitario intermunicipal en Tepeaca, Puebla, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Jesús Morales Flores, coordinador de los diputados del sector agrario del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El municipio de Tepeaca ubicado en el estado de Puebla guarda una profunda y larga tradición comercial entre los productores agropecuarios de las más diversas regiones del país.

Desde hace siglos este lugar ha sido punto de encuentro para realizar lo que hoy es considerado el tianguis más importante de América Latina.

Debido a que cada semana se concentran en este lugar más de 10 mil productores, hace que se generen, resultado de la intensa actividad comercial 70 toneladas de basura, sin que las autoridades locales y municipales cuenten con un tiradero con las especificaciones técnicas que exigen las instituciones encargadas de vigilar el cuidado del medio ambiente.

La falta de recursos económicos de los municipios que integran la región de Tepeaca impide la construcción de una obra que resuelva el grave problema de la contaminación ocasionada por la basura que genera dicho tianguis.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar: una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos por la cantidad de 20 millones de pesos, para la construcción del relleno sanitario intermunicipal, obra que habrá de realizarse en el municipio de Tepeaca, Puebla y que beneficiará a más de 378 mil habitantes de los municipios de Hueyotlipan, Huitziltepec, Tepatlaxco, Tepeyahualco, Cuahutinchan, Tlanepantla, Tzicatlacoyan, Cuapiaxtla, Tepeaca, Acajete, Tochtepec, Tecali de Herrera, Amozoc, Acatzingo, Atoyatempan, Mixtla, Los Reyes de Juárez y Huixcolotla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2005.--- Dip. Jesús Morales Flores (rúbrica).»«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos destinados a educación superior, a cargo del diputado Israel Raymundo Gallardo Sevilla, del grupo parlamentario del PAN

El sucrito licenciado Israel Raymundo Gallardo Sevilla, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conocer las características educativas de las poblaciones, nos permite identificar los avances y las necesidades que existen en la materia; además de saber el nivel de cultura media, para estar en condiciones de actuar.

Por lo que al realizar la investigación y recopilación de datos que comprende este punto de acuerdo, se llegó a la conclusión de la gran necesidad, que tiene el Municipio de Coacalco estado de México, de la construcción de escuelas debido a la sobre población estudiantil y muestra de ello es lo siguiente:

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En el ciclo escolar 98-99 del Sistema de capacitación para el trabajo en el estado de México se inscribieron 84 mil 300 alumnos, y en el municipio de Coacalco de Berriozabal fueron 762. En el sistema particular en la entidad hubo 37 mil 747 alumnos y en el Municipio de Coacalco de Berriozabal fueron los mismos 762 de estos. La existencia de alumnos fue de 38 mil 283 en el estado de México y en el municipio de Coacalco de Berriozabal 741 (97.2 % de estudiantes); los alumnos aprobados fueron en la entidad el 80.9% y en el municipio el 94.3%, lo que nos indica que los alumnos del municipio de Coacalco de Berriozabal tienen un buen nivel académico e incluso superior al del total del estado de México, pero que al concluir con la educación básica sus oportunidades de continuar estudiando se reducen de manera importante, esto debido a la falta de oportunidades económicas y a que la mayoría de preparatorias y el total de las universidades que existen en Coacalco de Berriozabal son privadas, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:

En este año y para este tipo de sistema, había en el estado 303 escuelas y en el municipio de Coacalco de Berriozabal sólo seis, todas de tipo particular.

Hecho que imposibilita a la población estudiantil, el continuar con sus estudios debido a la falta de recursos económicos; y los estudiantes que a base de un gran esfuerzo deciden continuar con sus estudios se ven en la necesidad de trasportarse por más de tres horas al día sin dejar de pensar en que tienen que realizar un gasto elevado en transportación y alimentos, lo cual los lleva en la mayoría de los casos a dejar truncas sus licenciaturas.

No obstante lo anterior, tenemos que el municipio de Coacalco está ubicado en un punto estratégico, entre dos grandes municipios que es el de Tultitlán y el Municipio de Ecatepec, con lo cual tenemos que al realizar una Universidad dentro del municipio de Coacalco de Berriozabal, se estará beneficiando a una gran cantidad de población estudiantil de nivel superior.

Localización

Así tenemos que al destinar un recurso para la construcción de una Universidad en el municipio de Coacalco de Berriozabal evidentemente estaremos en la posibilidad de disminuir en un 40% los índices de delincuencia en los municipios de Coacalco, Tultitlán y Ecatepec. Así como los índices de desempleo, ya que al brindarles la posibilidad a los jóvenes de estos municipios de poder continuar con sus estudios estarán en condiciones de poderse enfrentar a un país globalizado.

De igual forma, me permito destacar que he tenido platicas previas con las autoridades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), estas consideran necesario la realización de un estudio de viabilidad para la construcción de un plantel dentro del municipio de Coacalco de Berriozabal, el cual tiene un costo aproximado de $ 1 000 000.00 (un millón de pesos 00/100 mn), con lo cual se estará en la posibilidad de rendir un informe detallado sobre el tiempo estimado de construcción y operación de dicha universidad.

¿Por qué la Universidad Autónoma Metropolitana?

Breve historia

El modelo de desarrollo establecido en el país a partir de la década de los cuarenta trajo, como consecuencia del fenómeno educativo la expansión de la matrícula escolar en todos los niveles, que alcanzó a principios de la década de los setenta a la educación superior.

Causando para finales de este periodo un desajuste entre la demanda y la oferta de posibilidades educativas. Ante esta situación, la reforma del sistema educativo surge como una necesidad inaplazable, quedando así plasmada en la nueva Ley Federal de Educación en 1973, por lo que el entonces Presidente de la República solicitó a la ANUIES un estudio sobre la educación media superior, así como sus propuestas de solución, y en mayo de 1973 dicha Asociación propuso la creación de la ``Universidad Autónoma Metropolitana''. Finalmente el Congreso de la Unión emite el decreto de creación de esta nueva casa de estudios el 17 de diciembre del mismo año.

Semblanza general

La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución pública y autónoma, cuyo modelo educativo está sustentado en el modelo departamental y su figura de profesor-investigador. Imparte 59 licenciaturas y 60 postgrados a nivel nacional y siete internacionales, en las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. El periodo escolar está estructurado en forma trimestral para ambos niveles.

Es por ello que me permito destacar que el municipio de Coacalco de Berriozabal si cuenta con terrenos adecuados para la construcción de la universidad. De igual forma dentro de las pláticas previas con las autoridades se contempló el tipo de construcción que podría ser en un solo plantel para lo cual se requiere de una superficie de veinte hectáreas, o en su defecto se optaría por un, modelo de construcción denominado Archipiélago, y en ambos casos Coacalco cuenta con los terrenos suficientes para cualquiera de los dos tipos de construcción. Es decir, que está contemplada la posibilidad de la expansión de la Universidad de acuerdo a las necesidades académicas de dicho municipio.

Por lo expuesto es de suma importancia recalcar la gran necesidad que tiene el municipio de Coacalco, estado de México de la construcción de una Universidad y me permito recordarles a ustedes, compañeros diputados, el gran compromiso que tenemos ante la sociedad mexicana y sobretodo ante los jóvenes.

La educación en cualquiera de sus niveles es la mayor arma con que contamos para luchar en contra de la impunidad, de la corrupción, de la delincuencia, de la violencia, y en general de todos aquellos males que atacan a nuestra sociedad en la actualidad.

Sueño o realidad; de nosotros depende

Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de está H. Comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Resolutivos

Primero: Esta H. Cámara de Diputados exhorta a la honorable Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que consideren la cantidad de $150 000 000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 MN.) que deberá quedar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, en el rubro de Educación Superior, los cuales se destinarán para la construcción de una Universidad Autónoma Metropolitana, en el municipio de Coacalco de Berriozabal, estado de México.

Segundo: Se considera de obvia y urgente resolución

Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica).»«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial destinada al fortalecimiento académico e institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Sara Rocha Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Compañeros diputados y compañeras diputadas:

La Universidad Autónoma Potosina institución que se ha convertido en un punto de referencia y vinculación con la sociedad potosina, actualmente atiende una demanda de 18,200 alumnos de licenciatura y 1,300 de posgrado en 12 facultades, dos escuelas, dos unidades académicas multidisciplinarias, una coordinación con nuevas licenciaturas y la Escuela Preparatoria, en ellas laboran 2,100 profesores y 1,800 administrativos. Se realiza investigación a través de 15 centros e institutos y se imparten 46 carreras de nivel licenciatura y 62 programas de posgrado.

La Secretaría de Educación Pública, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, han reconocido la calidad de la enseñanza, de sus labores administrativas y el servicio que presta a la sociedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del ``Premio SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional'', el cual ha sido fruto del trabajo y dedicación de cada uno de los profesores, estudiantes y personal administrativo, que a lo largo de la historia institucional se han comprometido con la misión social y las funciones académicas de nuestra Universidad.

Para participar en la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma Potosina, documentó sus logros ante la SEP y ANUIES a través del informe ``Fortalecimiento Institucional de la UASLP 2001-2004''. Este informe contiene indicadores precisos en cada uno de los cuatro aspectos planteados por la convocatoria a saber:

Capacidad Académica, Competitividad Académica, Gestión Institucional, Planeación y evaluación.

Cada uno de los logros que la UASLP demostró a través de indicadores precisos, representa no solo la voluntad, el ahínco y la dedicación de su personal, no, también significa desplegar un abanico de acciones que van desde la decisiones de personas en lo individual, ya sea como autoridades, profesores o estudiantes, hasta la formulación y puesta en práctica de políticas públicas en los más altos niveles de la planeación de nuestro país. Por esa razón también representa una gran contribución a la concreción de los grandes fines, objetivos y metas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Ahora bien, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha demostrado que es una institución responsable, abierta a la rendición de cuentas y que garantiza resultados académicos. En reciprocidad espera también mayores apoyos, que le permitan demostrar que la calidad y la equidad siguen siendo principios fundamentales de las universidades públicas en México.

Honorable Asamblea, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio 2005, se asignó una partida de $719,393,000.00 (setecientos diez y nueve millones trescientos noventa y tres mil pesos), los cuales son insuficientes para los desafíos de la consolidación de la calidad académica, por ello y ante las urgentes necesidades de educación superior de calidad de nuestra población, es urgente y necesario que se incluya además en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2006, una partida especial de $120,000,000.00 (ciento veinte millones de pesos) como incentivo y apoyo al fortalecimiento académico e institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2006, asigne una partida especial presupuestaria de $120,000,000.00 (ciento veinte millones de pesos) para el fortalecimiento académico e institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como estímulo por haber recibido el reconocimiento nacional de calidad que por primera vez otorgó la SEP a las mejores universidades del país en 2004, así como el premio nacional SEP-ANUIES, en su primera edición.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica).»«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida presupuestaria destinada a la construcción del hospital de especialidades del niño y la mujer de San Luis Potosí, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Sara Rocha Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Compañeros diputados y compañeras diputadas:

Un México fuerte en salud, en el que todos los mexicanos estemos protegidos ante una enfermedad, accidente o emergencia, es el México que todos deseamos.

La educación y el desarrollo de los mexicanos depende de la salud que posean. La salud ha sido uno de los pilares en el desarrollo de México.

Las urgentes necesidades de salud de nuestra población, generan la obligación por parte de las autoridades de salud, de construir equipar y ubicar estratégicamente nuevas alternativas para satisfacer la demanda y poder así dar cumplimiento a la garantía constitucional de protección a la salud cuya finalidad es hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de enfermedades.

Por ello, hoy, honorable asamblea, solicito de ustedes su apoyo para lograr con ello incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2006, una partida de $154,000,000.00 (ciento cincuenta y cuatro millones de pesos), para la construcción del hospital de especialidades del niño y la mujer de San Luis Potosí.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006, asigne una partida presupuestaria de $154,000,000.00 (ciento cincuenta y cuatro millones de pesos) para la construcción del hospital de especialidades del niño y la mujer de San Luis Potosí.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ARTICULO 55 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado Presidente. En virtud de que la presente iniciativa ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, solamente solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

La democracia es el régimen político por excelencia, que provee de libertades e igualdad a los ciudadanos. A partir de las enseñanzas del gran filósofo italiano Norberto Bobbio podemos afirmar que las democracias existen para garantizar los siguientes elementos: inicialmente, la participación política del mayor número de gente interesada en colaborar en la vida política. En segundo lugar, asegurar la regla de la mayoría; es decir, tomar como el criterio central para las decisiones políticas la opinión de las mayorías. Y, finalmente, la protección permanente de la esfera pública. En otras palabras, la democracia es el sistema que protege al individuo como unidad y antepone la sociedad como un todo por privilegiar. La democracia nos incluye a todos porque surge de la voluntad de la mayoría, y una de sus premisas básicas es que debe garantizar la participación efectiva de sus ciudadanos para retroalimentarse y fortalecerse.

Este sistema por principio no puede ser discriminatorio; debe ser representativo de la voluntad popular. La conquista de este tema político es fruto de una larga lucha en el mundo, de siglos de enfrentamiento, tanto teórico como práctico entre los ideales democráticos y los gobiernos despóticos, logrando finalmente el afán democrático permear un importante número de países, siendo la democracia incluso un pilar en la construcción de los Estados a partir del siglo XVIII. Nuestra nación ha ido consolidando su democracia en un camino que no ha sido fácil de recorrer, pero que nos coloca actualmente como un país que incluso puede compartir con otros su experiencia democrática. Sin embargo, en estos momentos para los ciudadanos en México no es efectiva ni excluyente porque hay un sector importante de la ciudadanía que, a pesar de cumplir los requisitos para ser ciudadano por ley, no puede serlo cabalmente. Este sector es la juventud que se encuentra en el rango de 18 a 21 años de edad.

Los mexicanos en esta categoría de edad son ya por ley ciudadanos, son mayores de edad, con todas las de la ley, con derechos y con obligaciones, con la posibilidad de votar pero, extrañamente, sin poder ser electos, lo cual definitivamente los excluye, atenta contra un derecho democrático imprescindible y afecta la igualdad política y la inclusión, que son valores inalienables de una democracia moderna y vanguardista.

Esa situación, arbitraria e injusta, se vuelve inadmisible desde todo punto de vista en un momento en que no se puede tolerar la discriminación y no se debe vulnerar un principio de igualdad tan importante y que da sustento a la legitimidad de nuestro sistema político. La Declaración de los Derechos Civiles y Políticos de 1968, derechos humanos catalogados de primera generación, que son preponderantes en el derecho internacional y que México ha ratificado, establece la libertad de todos los ciudadanos para gozar de derechos políticos y para participar en la vida política del país donde se vive.

Podemos decir que México cumple ese instrumento jurídico internacional, en el sentido de que hay libertad política, libertad de asociación, de expresión y de sufragio, lo cual sin duda ayuda a la formación de un Estado democrático. Sin embargo, debemos vigorizar y mejorar nuestra democracia, ampliando la posibilidad de ser elegidos por el pueblo para participar en el gobierno a los jóvenes ciudadanos que se encuentran en el rango de 18 a 21 años de edad. Las razones para permitir a los jóvenes participar activamente en política a partir de los 18 años, concretamente dotándolos de la facultad constitucional para ser electos diputados, giran además en torno de otras consideraciones, que tienen que ver no sólo con cuestiones teóricas sobre la democracia sino, primordialmente, con la realidad del mundo de hoy en lo general y de México actual en particular.

Existe una tendencia mundial que, producto --entre otras cosas-- de la globalización, va produciendo ciudadanos más activos y reflexivos que nunca. México no escapa a los procesos mundiales que repercuten en cuestiones internas; es un hecho que la apertura política de los últimos tiempos en nuestro país ha generado mayor interés en las cuestiones políticas por parte de los jóvenes, lo que ha dado paso a un mucho mayor activismo en estos asuntos. En reconocimiento implícito de lo anterior, los estatutos prácticamente de todos los partidos políticos permiten militar entre sus filas a los ciudadanos a partir de los 18 años e incluso menores, con todo lo que la militancia implica en cuestión de obligaciones, pero no, desafortunadamente, en el rubro de los derechos, como sería el hecho de ser postulado para un cargo de diputado, por ejemplo.

Otra de las consideraciones en favor de la idea que hoy les presento tiene que ver con lo que parecen ser características inherentes a los jóvenes mexicanos de estos tiempos. No podemos negar que nuestros jóvenes tienen hoy mayor conciencia en el medio ambiente que en generaciones pasadas, que creen de manera más firme en la observancia de los derechos humanos porque han crecido en una sociedad que ha avanzado en estos aspectos, que son más vanguardistas en cuestiones científico-tecnológicas y de ciencias aplicadas y rechazan las prácticas de corrupción con mayor énfasis que muchos adultos, que están más conscientes de la negativa que es la discriminación para las construcción de una sociedad igualitaria.

Y lo anterior, sólo por mencionar algunas conductas y pensamientos que caractericen a los jóvenes mexicanos. Cada vez son más numerosos los eventos nacionales y extranjeros organizados por jóvenes que desean que su voz se escuche, que sus demandas sean recogidas y materializadas. Los jóvenes, en sus intentos de fomentar la cultura democrática, tienen que ser los que han buscado organizarse para participar en la vida política del país. Algunos de esos eventos han sido organizados por la Cámara, como ha sido el caso del reciente Parlamento Red Universitaria de Legisladores por México, el pasado 30 de septiembre, con la intención de que los jóvenes participaran en un ejercicio de simulación del trabajo parlamentario y del quehacer legislativo.

Cada vez es más frecuente ver en la Cámara de Diputados, en universidades, en foros diversos ejercicios de este tipo, a los que acuden los jóvenes en mayores cantidades y con mayor interés. Una de las demostraciones más palpables del inusitado interés en la política, que no tienen no solamente los jóvenes o incluso los niños, lo vivimos aquí, en la propia Cámara de Diputados, en el Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México. La propuesta que hoy someto a esta soberanía, de disminuir la edad mínima constitucional para ser diputado, de 21 años a 18 años, es una innovación en nuestro continente, pero no así en el mundo.

Existen países como Holanda, España, Italia, incluso las instituciones de Europa comunitaria, como el Europarlamento, que permiten que la energía, las ideas enriquezcan de manera formal los procesos gubernamentales. En el momento en que una persona es reconocida como ciudadana, adquiere los derechos y las obligaciones que la ciudadanía confiere, y nadie, absolutamente nadie puede quitarle esos derechos. La juventud es un sector mayoritario en México: tenemos más de 7 millones de jóvenes de entre 18 y 21 años de edad, que merecen ser tomados en cuenta para la política de este país. Debemos lograr que el derecho de todos sea reconocido y respetado para construir una sociedad más justa y equitativa, donde podamos progresar todos juntos como nación y donde, efectivamente, la mayoría, palabra clave en la democracia, participe en la construcción estatal.

En razón de lo expuesto, presento el siguiente decreto:

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se establece:

Artículo 55. Fracción II. Tener 18 años cumplidos al día de la elección.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchísimas gracias. En nuestras manos está el futuro de nuestros jóvenes; esperamos incluirlos realmente en la vida activa política de este país. Muchas gracias, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia es el régimen político por excelencia que provee de libertades e igualdad a los ciudadanos. A partir de las enseñanzas del gran filósofo italiano Norberto Bobbio podemos afirmar que las democracias existen para garantizar los siguientes elementos: inicialmente, la participación política del mayor número de gente interesada en colaborar en la vida política; en segundo lugar, asegurar la regla de la mayoría, es decir, tomar como el criterio central para las decisiones políticas la opinión de las mayorías y, finalmente, la protección permanente de la esfera pública.1

En otras palabras, la democracia es el sistema que protege al individuo como unidad y antepone a la sociedad como un todo a privilegiar. La democracia nos incluye a todos porque surge de la voluntad de la mayoría y una de sus premisas básicas es que debe garantizar la participación efectiva de sus ciudadanos para retroalimentarse y fortalecerse. Este sistema por principio NO puede ser discriminatorio, debe ser representativo de la voluntad popular.

La conquista de este sistema político es fruto de una larga lucha en el mundo, de siglos de enfrentamiento tanto teórico como práctico entre los ideales democráticos y los gobiernos despóticos, logrando finalmente el afán democrático permear un importante número de países, siendo la democracia incluso un pilar en la construcción de los Estados a partir del siglo XVIII.

Nuestra nación ha ido consolidando su democracia en un camino que no ha sido fácil de recorrer pero que nos coloca actualmente como un país que incluso puede compartir con otros su experiencia democrática.

Sin embargo, en estos momentos la participación de todos los ciudadanos en México no es efectiva ni incluyente, porque hay un sector importante de la ciudadanía que a pesar de cumplir con los requisitos para ser ciudadano, por ley no puede serlo cabalmente. Este sector es la juventud que se encuentra dentro del rango de 18 a 21 años de edad.

Los mexicanos en esta categoría de edad son ya por ley ciudadanos, son mayores de edad con todas las de la ley, con derechos y obligaciones, con la posibilidad de votar, pero extrañamente sin poder ser electos, lo cual definitivamente los excluye, atenta contra un derecho democrático imprescindible y afecta la igualdad política y la inclusión, que son valores inalienables de una democracia moderna y vanguardista. Esta situación arbitraria e injusta se vuelve inadmisible desde todo punto de vista en un momento en que no se puede tolerar la discriminación y no se debe vulnerar un principio de igualdad tan importante y que da sustento a la legitimidad de nuestro sistema político.

La Declaración de los Derechos Civiles y Políticos de 1968 -derechos humanos catalogados de primera generación que son preponderantes en el derecho internacional y que México ha ratificado-, establece la libertad de todos los ciudadanos para gozar de derechos políticos y para participar en la vida política del país donde se vive. Podemos decir que México cumple con este instrumento jurídico internacional en el sentido de que hay libertad política, libertad de asociación, de expresión, y de sufragio, lo cual sin lugar a dudas ayuda a la conformación de un Estado democrático; sin embargo debemos vigorizar y mejorar nuestra democracia, ampliando la posibilidad de ser elegidos por el pueblo para participar en el gobierno a los jóvenes ciudadanos que se encuentran dentro del rango de 18 a 21 años de edad.

Las razones para permitirles a los jóvenes participar activamente en política a partir de los 18 años, concretamente dotándolos de la facultad constitucional para ser electos diputados, giran además en torno a otras consideraciones que tienen que ver, no sólo con cuestiones teóricas sobre la democracia, sino primordialmente con la realidad del mundo de hoy en lo general y del México actual en particular.

Existe una tendencia mundial que, producto, entre otras cosas, de la globalización va produciendo ``ciudadanos más activos y reflexivos que nunca''.2 México no escapa a los procesos mundiales que repercuten en cuestiones internas. Es un hecho que la apertura política de los últimos tiempos en nuestro país ha generado un mayor interés en las cuestiones políticas por parte de los jóvenes y que ha dado paso a un mucho mayor activismo en estos asuntos. En reconocimiento implícito a lo anterior, los estatutos de prácticamente todos los partidos políticos mexicanos permiten militar entre sus filas a los ciudadanos a partir de los 18 años, e incluso menores, con todo lo que la militancia implica en cuestión de obligaciones, pero no desafortunadamente en el rubro de los derechos, como sería el hecho de ser postulado para un cargo de diputado por ejemplo.

Otra de las consideraciones a favor de la idea que hoy les presento tiene que ver con lo que parecen ser características inherentes a los jóvenes mexicanos de estos tiempos: no podemos negar que nuestros jóvenes tienen hoy mayor conciencia medio ambiental que en generaciones pasadas, que creen de manera más firme en la observancia de los derechos humanos porque han crecido en una sociedad que ha avanzado en estos aspectos, que son más vanguardistas en cuestiones científico tecnológicas y de ciencias aplicadas, que rechazan las prácticas de corrupción con mayor énfasis que muchos adultos, que están más conscientes de lo negativa que es la discriminación para la construcción de una sociedad igualitaria, y lo anterior sólo por mencionar algunas de las conductas y pensamientos que caracterizan a los jóvenes mexicanos.

Cada vez son más numerosos los eventos nacionales y extranjeros organizados por jóvenes que desean que su voz se escuche, que sus demandas sean recogidas y materializadas por los que nos encargamos de integrar el gobierno, quien dicho sea de paso, ha sido rebasado por los jóvenes en sus intentos de fomentar la cultura democrática, teniendo que ser ellos los que han buscado organizarse para participar en la vida política del país. Permitirles participar directamente en nuestra democracia les abriría la posibilidad de hacerse escuchar de viva voz, de participar en la creación del México en el que desean vivir, un México donde existan para ellos mejores posibilidades de empleo, de acceso a la educación, de servicios de salud, de espacios culturales y deportivos, de desarrollo sustentable, etcétera.

Algunos de estos eventos han sido co-organizados por la Cámara como es el caso del reciente Parlamento de la Red Universitaria ``Legisladores por México'' efectuado el pasado 30 de septiembre con la intención de que los jóvenes participaran en un ejercicio de simulación del trabajo parlamentario y el quehacer legislativo. Cada vez es más frecuente ver en la Cámara de Diputados, en universidades y foros diversos, ejercicios de este tipo, a los que acuden los jóvenes en mayores cantidades y con más interés.

Una de las demostraciones más palpables del inusitado interés en la política que tienen no sólo los jóvenes sino incluso los niños lo vivimos aquí, en la propia Cámara de Diputados con el pasado Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México celebrado en el mes de mayo. El proceso de elección para los diputados infantiles registró un importante aumento con relación a los dos ejercicios anteriores y finalmente 300 niñas y niños vinieron aquí a exigirnos a los adultos velar por su seguridad y el efectivo cumplimiento de sus derechos y nos demostraron que están al pendiente del trabajo que realizamos, de los aciertos y errores que cometemos y de las omisiones en las que incurrimos, en un ejemplo claro de la conciencia que se va adquiriendo cada vez desde edad más temprana de los sucesos que se generan en la vida política del país y que obviamente repercuten en el diario devenir de las personas.

La propuesta que hoy someto a esta soberanía, de disminuir la edad mínima constitucional para ser diputado de 21 años a 18, es una innovación en nuestro continente pero no así en el mundo. Existen países como Holanda, España, Italia e incluso las instituciones de la Europa comunitaria, como el Europarlamento, que permiten que la energía y las ideas de los jóvenes enriquezcan de manera formal los procesos gubernamentales.

Estoy consciente de que éste es un tema controvertido pero que abrirá el espacio para debatir estas ideas, tal y como sucedió en los países que nos han antecedido, en los cuales la experiencia ha sido positiva, y como seguirá sucediendo a medida de que el mundo se vaya dando cuenta de que la democracia debe dar nuevos pasos para mantenerse vigente y seguir siendo el sistema político que garantice la participación y la igualdad de quienes la integramos, coincidiendo con el gran teórico de la democracia, Giovanni Sartori, cuando escribe que la democracia representativa, con todos sus defectos, es hoy por hoy la única viable.3

En el momento en el que una persona es reconocida como ciudadano o ciudadana adquiere los derechos y las obligaciones que la ciudadanía confiere y nadie, absolutamente nadie puede quitarle esos derechos. No podemos seguir marginando a la juventud, sector mayoritario en México, de la toma de decisiones. Así como un día se luchó por conquistar el derecho de votar de las mujeres, hoy debemos tomar como bandera la creación de una democracia incluyente que cuente con un máximo ordenamiento jurídico que le de sustento y que sea congruente. En este caso, este ordenamiento sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce como ciudadano mexicano a todo aquel que haya cumplido los 18 años, pero al mismo tiempo le restringe la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y civiles plenamente. Debemos lograr que el derecho de todos sea reconocido y respetado para construir una sociedad más justa y equitativa, donde podamos progresar todos juntos como nación y donde efectivamente la mayoría, palabra clave en la democracia, participe en la construcción estatal.

En razón de lo anteriormente expuesto, presento el siguiente

Decreto

Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como a continuación se establece:

Artículo 55.- ...

I. ...

II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Norberto Bobbio. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

2 Anthony Giddens. ``Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas''. Madrid, Taurus, 2000.

3 Giovanni Sartori. Teoría de la democracia, Alianza Editorial, México, 1ª edición, 1989.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2005--- Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como ha solicitado señora diputada, se ordena insertar el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates; y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los artículos 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación.El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los artículos 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En materia fiscal federal existe un procedimiento económico coactivo, mejor conocido como ``procedimiento administrativo de ejecución'', el cual tiene como razón de ser permitir a las autoridades fiscales federales cobrar de forma unilateral y coactiva a los contribuyentes que no han pagado en tiempo y forma sus impuestos. Dicho procedimiento consiste en una serie de actos secuenciales que van encaminados a exigir de los contribuyentes el pago del tributo debido. Ahora bien, el procedimiento administrativo de ejecución, en términos generales, se compone por tres grandes etapas procesales: 1. El requerimiento de pago, diligencia donde el personal ejecutor del fisco se constituye en el domicilio del deudor y le pide que compruebe el pago de los impuestos o contribuciones pendientes de cubrir; 2. El embargo, que consiste en el secuestro de bienes cuando el deudor del fisco federal no demuestra haber pagado los conceptos tributarios adeudados; y 3. El remate, que implica la subasta pública al mejor postor de los bienes embargados por el fisco para cubrir la deuda tributaria o crédito fiscal con el producto de lo pagado por dicho postor por la adquisición de los bienes del deudor.

Entonces, el procedimiento denominado ``requerimiento de pago'' y ``embargo'' culmina con la adjudicación de los bienes del deudor a un tercero, llamado ``mejor postor'', aplicándose lo pagado por éste a la deuda del particular ejecutado; o bien, adjudicado a la propia autoridad. Es importante destacar que cada actuación de las autoridades hacendarias federales en el procedimiento administrativo de ejecución, invariablemente, debe sujetarse a requisitos constitucionales a fin de que sus actos sean válidos, pues se trata de actos administrativos que se erigen con la finalidad de afectar la esfera patrimonial de los contribuyentes morosos, al privárseles de la posesión de sus bienes y, más tarde, de su propiedad.

Entonces, por mandato expreso en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, así como de los artículos 38, 68, 145 y 152 del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de ejecución lleva implícita la ejecución de legalidad y será legítimo en la medida en que las autoridades fiscales, al momento de practicarlo, respeten los derechos subjetivos de los gobernados ejecutados. El hecho de que los gobernados hayan sido morosos en el pago de sus contribuciones federales no les resta derechos. Cuando hablo de ``autoridad fiscal federal'' no sólo me refiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sino, también, al Servicio de Administración Tributaria, a las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas que prevé la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa que también ejercen atribuciones de autoridad fiscal federal, según el artículo 14 de dicho cuerpo normativo y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social que, conforme a los artículos 5, 5 A, fracción II, y 291 de la ley que lo instituye y regula, tiene carácter de organismo fiscal autónomo, igual que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, conforme al artículo 30, párrafo segundo, de su propia legislación.

El 2 de septiembre del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis número 76/2005-SS, que en sesión privada estableció la jurisprudencia número 109/2005, que a la letra reza: ``Si el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos secuenciales, entonces adquiere definitividad hasta que se realice el acto que lo culmine para efectos de la procedencia del juicio de nulidad fiscal'', pues en los términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el medio de defensa procederá contra actos fiscales o administrativos del orden federal que sean definitivos.

Lo anterior resulta un criterio violario de los derechos subjetivos de los ciudadanos, toda vez que el hecho de que por virtud de la jurisprudencia citada no se les permita ocurrir en juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en las etapas procesales previas al remate y la adjudicación equivale a denegación de justicia, lo cual --como representantes populares-- no podemos permitir, máxime que el razonamiento de la Segunda Sala del alto tribunal, cuya resolución es violatoria de garantías individuales, se apoya en la Ley Orgánica de dicho tribunal.

Por lo mismo, les pido respetuosamente, compañeros diputados, considerar urgente la interpretación auténtica de la ley; en este caso, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que si bien debe prevalecer la definitividad como requisito para la procedencia de los juicios de nulidad que se ventilen ante el citado tribunal, en el caso de estudio debe darse la excepción de la regla general cuando se trate de actos del procedimiento administrativo de ejecución pues, de otro modo, los contribuyentes sólo podrán defenderse una vez que sus bienes hayan sido adjudicados a un tercero o postor, sin que tenga materia ni caso dicho juicio, pues estaríamos ante la presencia de actos consumados.

Sirve de ejemplo el embargo de maquinaria, aun cuando está exceptuado por el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación. No hay duda: es necesario que, firme y decididamente, aprobemos esta reforma para proteger el derecho de los contribuyentes a interponer el medio ordinario de defensa denominado ``juicio de nulidad fiscal federal'' cuando el procedimiento administrativo de ejecución que en contra de ellos se diligencie no se encuentre apegado a derecho.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los artículos 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado 25 de octubre.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre del año 2005. Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

XS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los Artículos 141, 145, 164, 191, y 208-Bis del Código Fiscal de la Federación, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El mes pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Contradicción de Tesis No. 76/2005-SS, en sesión privada del día dos de septiembre del año en curso, estableciendo la Jurisprudencia 2ª./J.109/2005.

Dicha resolución establece el siguiente silogismo: ``sí el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos secuénciales, entonces adquiere definitividad hasta que se realice el acto que lo culmine, para efectos de la procedencia del juicio de nulidad fiscal, pues en los términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho medio ordinario de defensa sólo procederá contra aquellos actos fiscales o administrativos del orden federal que sean ``definitivos''.

Para mejor precisión cito el contenido de dicha Jurisprudencia 2a./J.109/2005:

``Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Procede exclusivamente contra la resolución que concluye el procedimiento administrativo de ejecución.-

En términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procede el juicio de nulidad exclusivamente contra las resoluciones definitivas, es decir, aquellas que no Admiten recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa, por lo que debe entenderse como resolución definitiva aquella con la que culmine el procedimiento. Ahora bien, si acorde con los artículos del 145 al 196-B del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de Ejecución se integra por una serie de actos concatenados Que concluyen con la resolución que aprueba o Desaprueba el remate de los bienes embargados, es Inconcuso que el juicio de nulidad procede única y Exclusivamente contra tal resolución, con la aclaración de que al momento de efectuarse su impugnación podrá hacerse la reclamación de las violaciones cometidas en las etapas intermedias del procedimiento, ya que de lo contrario quedarían intocadas por no poderse impugnar en otra etapa lo que provocaría la indefensión del contribuyente. Conforme a lo anterior, es improcedente el juicio de nulidad contra las diligencias de requerimiento de pago, embargo de bienes, y acta de descripción de los bienes embargados, suscitadas en el procedimiento administrativo de ejecución, por constituir etapas intermedias que carecen de definitividad, por lo que los vicios cometidos en ellas no podrán ser impugnados sino hasta que combata la resolución con la que culmine el procedimiento, pues de otro modo se permitiría la tramitación de un juicio de nulidad por cada etapa intermedia del procedimiento, lo cual sería contrario al principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que oponga a la anterior conclusión el hecho de que los artículos 117, fracción II, y 27 del Código Fiscal de la Federación otorguen el carácter de optativo al recurso de revocación contra los actos seguidos dentro de tal procedimiento, ya que tales disposiciones deben interpretarse en forma conjunta y armónica con el mencionado artículo 11, que prevé en forma expresa que el juicio de nulidad procederá exclusivamente contra las resoluciones definitivas en él enunciadas.

Contradicción de Tesis 76/2005-SS.- Entre las sustancias Por los tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito.- 24 de agosto de 2005.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario Arnulfo Moreno Flores.

Lo anterior trae como consecuencia inmediata el de secamiento de los juicios de nulidad enderezados por los particulares en contra de actos relativos al procedimiento de ejecución de marras, por estimar que éste no es sujeto a las formalidades prescritas por la ley de la materia.

Como una consecuencia inmediata, pero no es grave, se corrompe el derecho de los gobernados de acceder a la justicia fiscal que imparte el Tribunal en comento al negárseles el derecho al ``libre acceso a la justicia'' que consagra la Carta Magna.

No hay duda, los contribuyentes en virtud del criterio judicial de marras, se ven coartados en sus garantías individuales, al negárseles la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio de nulidad fiscal, respecto de la inconformidad de los ejecutados, cuando precisamente dicha ejecución no se ajuste a la Ley, medio ordinario de defensa que debe ponerse al servicio de los particulares y en aras de velar por el respeto al libre acceso a la justicia antes apuntada.

Es importante resaltar que, del análisis efectuado a los artículos 145 al 196-B del Código Fiscal de la Federación, se desprende que, efectivamente, el Procedimiento Administrativo de Ejecución es una serie de actos secuénciales, tal y como lo afirma la Jurisprudencia de mérito.

Sin embargo, es menester de una correcta hermenéutica jurídica, precisar que se trata de ``actos administrativos'', los cuales encuentran su regulación en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento supremo que entre otros requisitos, exige de aquellos:1) que estén escritos, 2) fundados, 3) motivados, 4) signados por autoridad competente, entre otros particulares.

No obstante lo anterior, el propio numeral 38 del antes invocado Código Federal Tributario, reitera estas exigencias, deslizándolas de la constitucionalidad a la legalidad, al establecer a lo largo de sus fracciones IV fracciones, lo siguiente: I) que consten por escrito, II) que señalen la autoridad que los emite, III) que estén fundados y motivados y IV) que ostente la firma autógrafa del funcionario competente.

Como vemos existe una clara reproducción del texto Constitucional en la legislación ordinaria, es decir, la Compilación Tributaria Federal antes comentada, razón para estimar que cualquier acto administrativo, sin importar si es secuencial o no, debe satisfacer las exigencias técno-jurídicas antes enumeradas, ante el incumplimiento de la autoridad ejecutora, ya sea fiscal ó parafiscal de los requisitos en comento, se generan graves perjuicios a la esfera jurídica de los particulares, entonces el derecho de estos a defenderse de tales actos administrativos que incumplan con lo ya referido, es una garantía individual de los contribuyentes, por lo que garantizar a través de la leyes ordinarias, ese derecho subjetivo, es preocupación del suscrito.

Es prudente precisar que el artículo 152 del Código Fiscal Federal enumera los requisitos del primero de los actos secuénciales del Procedimiento Administrativo de Ejecución, es decir, el nombramiento del arábigo 151, fracción l, del mismo ordenamiento legal como: ``Requerimiento de Pago''.

Dicha requisición, es sin duda un acto administrativo, tanto por su propia naturaleza de ser un acto de molestia y antecedente de uno de probación como lo es el ``Embargo'' y secuestro de bienes del deudor fiscal, así como por que el numeral en primer orden establece, entre otras formalidades jurídicas que debe reunir dicho acto primigenio de la ejecución, que cumpla con los requisitos del artículo 38 de la Codificación en cita, mismo que como ya hemos dicho, se ocupa de enumerar los requisitos de validez de los actos administrativos, insisto, sin discriminar si se trata de secuénciales o no.

Visto lo anterior, ¿hay razón lógica o jurídica para que el Procedimiento Administrativo de Ejecución, al ser un conjunto de actos administrativos secuenciales, quede al margen de ser combatido a través de los medios ordinarios de defensa fiscal federal?

Como este honorable Pleno de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión podrá notar, el mismo criterio jurisprudencial que motiva la presente iniciativa, es claro al concebir al Procedimiento Administrativo de Ejecución como un conjunto de actos secuénciales, actos de autoridad desde luego más particularmente administrativos.

Por lo que, no hay razón alguna para negarle a los gobernados el derecho a interponer el medio ordinario de defensa denominado ``juicio de nulidad fiscal'', consagrado tanto en el Título VI del Código Fiscal de la Federación, como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni ningún otro.

Para dejar muy claro mi propuesta sobre el particular, vale la pena precisar que, los términos de la jurisprudencia que se comenta, los contribuyentes no pueden dolerse, en medio ordinario de defensa como lo es el pluri de nulidad fiscal, de las ilegalidades cometidas por la autoridad hacendaría ejecutora, sino hasta que dicho procedimiento económico coactivo concluya, es decir, cuando materialmente se consume la ``aplicación del producto'', en términos del numeral 194 del Código Fiscal de la Federación en vigor.

Para llegar a la aplicación del producto, necesariamente tuvo que pasarse por las siguientes etapas secuénciales: requerimiento de pago y secuestro de bienes, el avalúo de dichos bienes para fijar la base para remate (la asignación de valor de los bienes para subastarlos), la publicación de convocatorias para el remate, la celebración de la primera o en su caso segunda almonedas, la calificación de las posturas legales, la adjudicación al mejor postor de los bienes subastados previo pago de lo ofrecido por ellos en la postura relativa, para finalmente llegar a la aplicación de lo pagado por el postor respecto de los bienes enajenados, a la deuda del contribuyente ejecutado, y en su caso devolver a éste el remate a su favor que haya sobrado, o en su caso continuar con la ``aplicación de embargo'', a que se refiere el numeral 154 de la Legislación Fiscal, caso en el cual el círculo aún no se cierra y el procedimiento de ejecución aún no se ha concluido.

Ahora, ello sin contar que, conforme a los dispuesto por el actual artículo 191 de dicho Código Tributario Federal, si transcurre la segunda almoneda y no existen posturas legales, la autoridad exactora puede o no auto adjudicarse los bienes a razón del 50% sobre el avalúo inicial, sin embargo, si decide hacerlo y al no hacerlo regular la Ley los supuestos de adjudicación o rechazo se establece un estado de incertidumbre jurídica perpetua, el cual trae aparejado el hecho de que, entonces técnicamente el procedimiento administrativo de ejecución nunca concluye, por lo tanto nunca nace la posibilidad del ejecutado de interponer juicio de nulidad en contra de las irregularidades que pudieron haberse suscitado en el desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución, aún cuando sea evidente su falta de sujeción a la norma adjetiva, cabe decir que lo aquí expuesto en relación a las etapas procesales del remate fiscal federal, saltan del análisis de los artículos del 175 al 196-B del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, la determinación del ``acto que concluye el procedimiento de ejecución'', es de por si, sumamente ambigua y difícil de determinar de forma general, empero partiendo de la base que el procedimiento económico coactivo tuviese un transito ``sin desventuras'', llegamos a la conclusión que: si el acto que culmina el procedimiento administrativo de ejecución, en aquellos casos que así se logra, es la ``aplicación del producto del remate a la deuda fiscal del contribuyente, entonces, ¿contra que acto procederá el juicio de nulidad fiscal?, máxime que la contradicción de tesis en estudio lo procesa.

El suscrito advierte pues la gravedad de las circunstancias en razón de que los particulares deberán soportar , no solo que se les requiera de pago sin que la autoridad fiscal federal deba preocuparse por cumplir con la norma fiscal, que se le traben y secuestren bienes de su propiedad y que estos sean subastados y adjudicados a un tercero (postor), y todo ante la inerte e impotente expectación de ejecutado, que no tendrá más que esperar a que todo ello transcurra a fin de poder interponer el medio ordinario de defensa, que en la especie resulta ser el juicio de nulidad, cuya procedencia es negada por el Poder Judicial de la Federación a través del criterio jurisprudencial que hoy se estudia. ¿Qué eficacia tiene interponer el juicio de nulidad ante la aplicación del producto de remate, en su caso, cuando el daño ya es de difícil o quizás imposible reparación, aún para el juicio de amparo?

No hay duda, como representantes populares debemos cuidar los intereses del pueblo, en este caso su interés jurídico para que el juicio de nulidad enderezado en contra de cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo de ejecución sea procedente el medio ordinario de defensa, garantizando así el libre acceso a la justicia a que tienen derecho por mandato expreso del numeral 17 Constitucional.

Además es importante establecer la congruencia que debe prevalecer entre los dos medios ordinarios de defensa fiscal que dicta el Código Fiscal de la Federación.

Por un lado el juicio de nulidad ya mencionado, por el otro la instancia de reacercamiento administrativa, a saber: ``Recurso de revocación'', mismo que en la parte que nos interesa dispone el artículo 117, lo siguiente:

``El recurso de revocación procederá contra:

l...

ll. Los actos de autoridades fiscales federales que:

a)...

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley.

A su vez el artículo 127 de la ley en comento, establece:

``Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas ante el remate podrán hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables de actos de imposible reparación material o de lo previsto por el artículo 129, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.''

De lo antes expuesto se tiene que, en lo que es recurso de revocación es claro en establecer como materia de dicha instancia, el que los gobernados se puedan defender en contra de las ilegalidades y faltas a la Ley cometidas dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, estableciéndose incluso, un plazo excepcional e indefinido para su interposición, cuando la matera de la litis sea únicamente incumplimiento a las formalidades de la ejecución, por el otro tenemos un actual juicio de nulidad que no es congruente con dicho recurso administrativo.

Se estima pues, que debe prevalecer una congruencia entre el recurso administrativo de revocación y el juicio de nulidad, respecto de los actos de las autoridades fiscales federales que por virtud de aquellos, el contribuyente puede impugnar.

Lo anterior deriva de dar una verdadera eficacia a la ``optatividad'' a que refiere el arábigo 120 del multicitado Código Federal Tributario, en elación a que la elección de medio de defensa que el gobernado deseé intentar en contra de algún acto de autoridad fiscal federal que estime lesivo a su esfera jurídica, sea plenamente libre y no por que alguno esté menos amañado que el otro.

Es importante destacar el hecho de que, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos de las autoridades fiscales ``se presumen legales'', lo que entonces genera la elucubración de que la instauración del procedimiento administrativo de ejecución se materializará apegado a derecho, sin embargo dicho texto legal también establece dicha ``presunción de legalidad de los actos fiscales'' como una presunción ``juris tantum'', es decir, que admite prueba en contrario, máxime cuando los hechos en que se apoyó la autoridad ejecutora sean negados de forma lisa y llana por los particulares, caso en el cual, la propia exactota deberá probar la veracidad de tales hechos.

Sin embargo, ¿cómo probar estas cuestiones que atañen meramente a la legalidad de los actos de ejecución?, si actualmente se encuentra coartado el derecho de los gobernados para interponer el medio de defensa ordinario conocido como juicio de nulidad fiscal por disposición de la Jurisprudencia 2ª./J109/2005.

La gran paradoja que a juicio del suscrito genera la cuestión hoy analizada, es el grave estado de indefensión en que pone a los gobernados el criterio judicial hoy referido.

Atendiendo pues a que, una las competencias naturales de un medio ordinario de defensa, es precisamente el dilucidar las cuestiones inherentes a la legalidad de los actos, ya que su constitucionalidad será materia exclusiva del juicio de amparo, lo que les ubica en planos contextuales distintos, si bien el particular tiene expedito su derecho para interponer el juicio de amparo, no menos verdad es que dicho juicio solo atañe a cuestiones de constitucionalidad, más no de legalidad, lo cual es como ya dijimos , materia del medio ordinario de defensa, el cual precisamente, hoy se les niega a los particulares.

Finalmente, propongo una serie de modificaciones paralelas que tienen como fin que la justicia fiscal y administrativa en materia de ejecución forzosa sea más efectiva. Tal es el caso de sugerir de una vez, la modificación al artículo 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, a efecto que las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resuelvan sobre la suspensión provisional de la ejecución del acto impugnado, así como el procedimiento administrativo de ejecución, en plazo prudente seguido a la solicitud de la concesión de dicha medida cautelar.

Lo anterior toda vez que actualmente no existe regulación a lo antes comentado, lo que genera una justicia fiscal retardada, afectando a una de sus medidas cautelares más importantes como lo es la referida suspensión de la ejecución, tema internamente relacionado al hoy abordado.

Por todo lo que es conveniente urgir una reforma legal que permita a los particulares interponer el juicio de nulidad en contra de todos los actos que componen el procedimiento administrativo de ejecución, los de intervención a negociaciones inclusive, desde el momento de su realización, y no tener que esperar hasta la culminación de tal coacción, máxime que como hemos visto, puede haber casos en los que literalmente la ejecución nunca termina

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa

Con proyecto de decreto que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los artículos 141, 145, 164, 191, y 208-Bis del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

(Se reforma el primer párrafo)

Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan en contra, tanto de los actos secuénciales que componen el procedimiento administrativo de ejecución, como de las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Las que causen agravio en materia fiscal distinto a los que se refieren las fracciones anteriores, así como los relativos al procedimiento administrativo de ejecución, cuando no se ajuste a la Ley en cualquiera de sus etapas.

...

(Se reforma el segundo párrafo)

Para los efectos del primer párrafo de ese artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. También se considerarán como resoluciones definitivas las que se dicten dentro del procedimiento administrativo de ejecución cuando no se ajusten a la Ley, o su improcedencia derive de la anulación del adeudo tributario que dio origen a la coacción.

...

(Adición del penúltimo párrafo)

Será competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de los juicios que se interpongan en contra del procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ajustó a la Ley en cualquiera de sus etapas. Asimismo, cuando la instauración de intervenciones a negociaciones no se ajuste a las disposiciones legales o reglamentarias de la materia, también procederá el juicio de nulidad fiscal.

...

Código Fiscal de la Federación

(Se reforma el cuarto párrafo)

Artículo141. ...

En ningún caso las autoridades fiscales federales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal, salvo lo dispuesto en el artículo 164 de ese mismo Código.

...

(Se adiciona el último párrafo)

Artículo 145. ...

Cuando el procedimiento administrativo de ejecución no se ajuste a la Ley o a los Reglamentos, los deudores podrán interponer los medios de defensa que establezca este Código, incluyendo los que deriven de la designación de depositarios, asignación de honorarios a estos o a los interventores al embargo de bienes o derechos legalmente excluidos, los de intervención a negociaciones, y los del remate.

(Se adiciona un último párrafo)

Artículo164. ...

También, cuando la intervención de negociaciones o la designación de los interventores, incluyendo la asignación de sus honorarios, no se ajuste a lo dispuesto por las Leyes y sus Reglamentos, los contribuyentes podrán interponer los medios de defensa establecidos en este Código. En tal caso, se considerará que el interés fiscal se encuentra debidamente garantizado con el embargo de la negociación.

(Se reforman los párrafos tercero y cuarto)

Artículo 191. ...

En casos en los que no se finque el remate en la segunda almoneda, la autoridad deberá considerar que el bien de que se trate fue enajenado en un 50% de su valor inicial de avalúo, y se tomará como aceptado en dación en pago para efecto de que la exactora pueda adjudicarlo. Lo anterior libera al deudor de toda obligación fiscal por la parte de la deuda que alcanzó por ser cubierta. El retraso en la formalización de la adjudicación suspende provisionalmente los actos tendientes al cobro coactivo en el caso de que la deuda no haya sido cubierta suficiente, en tanto se concluye con la adjudicación de que se trate. Hecha la adjudicación el bien podrá ser donado para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia.

Si tampoco se fincare en la segunda almoneda, la autoridad podrá enajenar el bien fuera de remate directamente o encomendar dicha enajenación a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, siendo necesario que previamente la autoridad se haya adjudicado los bienes de que se trate y haya entregado al ejecutado una constancia de liberación total o parcial de adeudo, según el caso. Asimismo, se hayan reintegrado los remates al ejecutado que procedieran conforme al artículo 196 de este Código.

(Se adiciona un penúltimo)

Artículo 208 Bis. ...

El acuerdo mediante el cual se confiera o niegue la suspensión provisional de la ejecución de acto impugnado deberá dictarse por el magistrado instructor a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente. En tales casos, se concederá dicha suspensión si se demuestra, que el interés fiscal se encuentra garantizado, la Ley no exija otorgamiento de garantía alguna por los conceptos que se impugnen, o en su caso, la leyes establezcan causa de dispensa para garantizar el interés fiscal.

(Se adiciona último párrafo)

Cuando las autoridades fiscales federales violen la suspensión provisional de la ejecución, la Sala que corresponda dejará de plano sin efectos los actos emitidos y diligenciados en contravención a dicha suspensión, previniendo a la ejecutora para que se abstengan de repetir los actos. Si las autoridades persistieran en reponer el procedimiento administrativo de ejecución, la Sala girará oficio al Ministerio Público Federal para que manifieste lo que a la representación social corresponda.

Transitorio

Articulo Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como solicita el señor diputado, se ordena que se inserte esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates; y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia ambiental.La diputada Guadalupe García Velasco: Gracias. Con su venia, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Guadalupe García Velasco, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

El objetivo de esta iniciativa es establecer las modificaciones necesarias en la Ley de Impuesto sobre la Renta, para hacerla consistente con las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que permitan la inversión en empresas dedicadas a realizar el reciclaje de residuos sólidos, peligrosos y biológico infecciosos, a la vez que se impulsa un uso más eficiente de los recursos naturales.

La necesidad de una reforma fiscal ambiental, como parte de una política sustentable de Estado es indispensable para prevenir y revertir el deterioro y agotamiento de los recursos naturales en México. Desgraciadamente, no se ha podido avanzar más allá del enfoque tradicional de permisos, inspecciones y sanciones, esquema regulatorio, y no se han instrumentado de manera relevante la aplicación de instrumentos económicos, sin los cuales no será posible ejecutar los objetivos de política ambiental nacional. La adopción de los instrumentos económicos de forma integral con el resto de los instrumentos de la política ambiental permitiría una mejor distribución de los costos y beneficios asociados al aprovechamiento de los recursos naturales.

Antecedentes

Esta iniciativa pretende formar parte de una nueva política ambiental que tiene además fundamento en el capítulo 8 de la Agenda 21 aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, durante la Cumbre de Río de 1992, en la que se establece la necesidad de llevar a cabo planes económicos eficientes, socialmente justos y responsables y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas ambientales y de desarrollo, las que servirán como una estructura de planeación económica e igualdad en los mercados.

Un desarrollo sano y equilibrado, como parte integral del desarrollo sustentable, requiere el uso más eficiente de los recursos. La ``ecoeficiencia'' sólo es viable dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos en los cuales los precios reflejen tanto los costos del medio ambiente, como los de otros recursos. Existen tres mecanismos que pueden ser utilizados para motivar al sector empresarial a internalizar los costos ambientales o limitar el daño al medio ambiente a través de otros medios como: las normas y controles, la autorregulación y los instrumentos económicos.

Estos últimos tienen que ver con la intervención del gobierno en el mercado mediante mecanismos como impuestos y cargas a la contaminación, permisos de contaminación comercializables, sistemas de depósito para devolución, bonos de rendimiento, créditos para el ahorro de recursos, precios diferenciales y provisiones especiales para amortizaciones.

Para hacer efectivo el cumplimiento de los principios perseguidos en la legislación ambiental nacional relativos a que las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección al medio ambiente, así como el que establece que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique, es condición necesaria incentivar a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales a través de estímulos o compensaciones.

La iniciativa que hoy se presenta sería complementaria de los instrumentos de regulación directa o también llamados de comando y control, a fin impulsar la aparición de industrias dedicadas a lograr una mayor eficiencia energética, realizar inversiones necesarias en equipo, cambios de tecnología y nuevos procesos que les permitan llevar a cabo un uso más eficiente del agua, reciclar desechos industriales y reducir o evitar emisiones a la atmósfera y de residuos sólidos y peligrosos, así como adoptar tecnologías más limpias para la generación de energía eléctrica por medio de fuentes alternativas.

Teniendo en cuenta los compromisos ambientales internacionales adoptados por nuestro país al haber firmado y ratificado entre otros: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Basilea sobre manejo de desechos peligrosos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta iniciativa pretende dar los incentivos para una mayor participación del sector privado en la tarea ambiental.

La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996 incorpora los instrumentos económicos dentro del Capítulo de Instrumentos de Política Ambiental. La presente iniciativa no pretende abarcar todos los instrumentos económicos posibles previstos en la Ley, y se circunscribe exclusivamente a los incentivos fiscales. Sobre esta materia la Ley establece:

``Artículo 21. ...

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.''

Con excepción de la depreciación acelerada de equipos anticontaminantes establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, debemos reconocer que no se han adoptado por parte de la Federación iniciativas específicas con este propósito, es decir, no se han diseñado y aplicado instrumentos económicos de carácter fiscal que incentiven la participación privada en materia de tratamiento de aguas residuales, reciclaje de residuos peligrosos y municipales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas, entre otros.

Los datos más recientes sobre la situación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contienen información verdaderamente preocupante en áreas críticas para la salud humana y la conservación de los recursos naturales, entre ellos, la calidad del agua urbana en general ha descendido, la deforestación continúa ocurriendo a una tasa anual superior al 1% y la intensidad de consumo energético en la producción ha aumentado en lugar de haber descendido.

Esta iniciativa se encamina a promover las inversiones en la prevención, control y reversión de los efectos ambientales adversos, así como evitar el agotamiento de los recursos naturales. A continuación hacemos un breve diagnóstico del estado que guarda el deterioro ambiental en diferentes medios que justifican las medidas propuestas en esta iniciativa.

Suelos

Manejo y disposición de residuos sólidos municipales

De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología la generación de residuos sólidos municipales para el año 2000 era de aproximadamente 34 millones de toneladas, de las cuales 11 millones se localizan en ciudades de más de 100,000 habitantes.

En 1996 se manejaron 8,573 toneladas por día en 31 sitios controlados; es decir únicamente el 10% del total de residuos municipales ha tenido un tratamiento primario. Es lamentable la poca conciencia ambiental de la población y de las autoridades, no solamente respecto de los riesgos para la salud derivados del manejo deficiente de la ``basura'' sino además el desconocimiento de las posibilidades económicas para que cuando menos éste manejo sea autofinanciable.

Residuos industriales peligrosos

La generación de residuos peligrosos asciende aproximadamente a 8 millones de toneladas anuales provenientes de instalaciones industriales, de las cuales únicamente se encuentran manifestadas por los generadores alrededor de 3.18 millones de toneladas, según información proporcionada por el INE, lo cual representa menos del 40%, es decir, están fuera de control cerca de 5 millones de toneladas al año cuyo destino se desconoce y con los enormes riesgos asociados a lixiviación y posterior infiltración de substancias tóxicas en los acuíferos. La iniciativa permitirá atraer inversiones para procesar, reciclar y dar un destino de escaso impacto ambiental a las disposiciones finales.

Se encuentran registrados a la fecha 63 sitios para el manejo y acopio de estos residuos y no existen a la fecha solicitudes para la instalación de plantas con tecnología moderna como plasma o pirólisis. Asimismo, existe únicamente un solo confinamiento para la disposición final de estos residuos.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona en su artículo 22 Bis, aquellas actividades que merecen ser consideradas como prioritarias para ser beneficiarias por estímulos fiscales.

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

VI. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

A pesar de que la legislación ambiental señala la conveniencia de establecer los estímulos fiscales a las actividades de mejoramiento ambiental, no ha habido respuesta de parte de las autoridades hacendarias, preocupadas fundamentalmente en las políticas recaudatorias.

Hemos considerado que los incentivos deberán otorgarse en forma de exenciones a diez años, las cuales serían reducidas en forma gradual, ya que muchos proyectos ambientales prevén la recuperación de las inversiones a largo plazo.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estima que estas medidas de ser aprobadas no tendrán un impacto significativo en las finanzas públicas, ya que hemos demostrado en la exposición de motivos, que las mismas autoridades reconocen la precaria inversión privada en los sectores aludidos en la legislación ambiental y lejos de disminuir los ingresos fiscales, el impacto económico de las inversiones nuevas generará un efecto multiplicador en varias ramas industriales y de servicios, que a su vez hará posible una mayor recaudación fiscal.

Por las razones expresadas anteriormente, se solicita a la Mesa Directiva sea enviada a la consideración de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único: A partir del primero de enero del año 2006 se exime del pago del impuesto sobre la renta, durante un periodo de 3 años, a las personas físicas o morales que realicen de manera exclusiva o preponderante las actividades siguientes:

a) Acopio de residuos para su reciclado.

b) Reciclado y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

c) Actividades de remediación de suelos. Tratamiento de residuos peligrosos, biológico-infecciosos y/o tóxicos;

d) Todas aquellas consideradas prioritarias contempladas en el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales.

La exención a que se refiere el primer párrafo será del 40% durante el primer año, 40% el segundo año y 20% en el último. Tiempo durante el cual el beneficiario de esta deducción no podrá cambiar de giro o actividad.

En caso de que dicho cambio sea a una actividad no incluida en los incisos anteriores, será acreedora a los créditos y sanciones fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

No se considerará la exención para efectos del cálculo de las utilidades a los trabajadores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Guadalupe García Velasco (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como ha solicitado, señora diputada, se ordena turnar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales la iniciativa presentada por usted.

Esta Presidencia reitera su beneplácito por la visita que nos hacen los presidentes municipales del distrito 1 del estado de Jalisco, invitados por los diputados Benito Chávez y Hugo Rodríguez; bienvenidos, señores presidentes municipales.

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LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Civil, por daños nucleares.El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Compañeras y compañeros legisladores: el Estado, en cualquier economía del mundo, está obligado a garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable, mediante el uso adecuado de instrumentos fiscales, monetarios, financieros y ambientales. En este sentido, la intervención que el Estado tiene en la economía debe ser con fines compensatorios o correctivos. Pero ante la evidente pérdida de actividad económica y el constante deterioro del nivel de vida y del ambiente, el Estado también debe ser promotor y vigilante del perfil del desarrollo; sobre todo ante el bajo nivel de crecimiento de la economía y el creciente deterioro social y ambiental de nuestro territorio. Por lo anterior es necesario robustecer el marco regulatorio de nuestras normas en materia ambiental.

Debemos retomar y fortalecer la responsabilidad constitucional y patrimonial que el Estado tiene para conducir el desarrollo nacional mediante la planeación, promoción, coordinación y orientación de la actividad económica, tomando en cuenta siempre las externalidades negativas que genera en el ambiente. El cuidado del ambiente y todo lo que éste representa para nuestro país, desde el punto de vista social y productivo, debe considerarse prioritario y estratégico, sobre todo si pretendemos alcanzar mejores niveles de desarrollo económico sustentable. El deterioro productivo y ambiental de nuestro país es evidente; paralelamente a este proceso, se observan grandes debilidades productivas, como el poco crecimiento de nuestra economía, derivado del débil apoyo gubernamental y el débil fomento de los procesos productivos que protegen el ambiente.

Por ello necesitamos un nuevo esquema jurídico constitucional que priorice y haga explícita la responsabilidad patrimonial del Estado en el cuidado del ambiente, con el fin de garantizar un desarrollo sustentable. Este objetivo sólo puede lograrse mediante la intervención, conducción y promoción directa del Estado y sus instituciones, bajo un esquema de plena coordinación de todas las instituciones vinculadas a la protección del ambiente.

Para alcanzar un escenario óptimo en el área ambiental, es necesario poner en marcha acciones como esta iniciativa, por medio de la cual se obliga constitucionalmente y se responsabiliza al Estado por daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones en materia ambiental. Por ser del más alto interés nacional contar con un marco jurídico constitucional robusto, que apoye y proteja un esquema de desarrollo sustentable que eleve en consecuencia nuestra calidad de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo económico, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman los artículos 1 y 3, inciso c), de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, mediante el presente decreto. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 1 y 3 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Energía la presente iniciativa que Reforma los Artículos 1 y 3 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado en cualquier economía del mundo esta obligado a garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable, mediante el uso adecuado de instrumentos, fiscales, monetarios, financieros y ambientales.

En este sentido la intervención que el Estado tiene en la economía debe ser con fines, compensatorios o correctivos, pero ante la evidente pérdida de actividad económica y el constante deterioro del nivel de vida y del ambiente el Estado también debe ser promotor y vigilante del perfil del desarrollo, sobre todo ante el bajo nivel de crecimiento de la economía y el creciente deterioro social y ambiental de nuestro territorio.

Por lo anterior es necesario robustecer el marco regulatorio de nuestras normas en materia ambiental, debemos retomar y fortalecer la responsabilidad constitucional y patrimonial que el Estado tiene para conducir el desarrollo nacional, mediante la planeación, promoción, coordinación y orientación de la actividad económica tomando en cuenta siempre las externalidades negativas que genera en el ambiente.

El cuidado del ambiente y todo lo que este representa para nuestro país desde el punto de vista social y productivo, debe considerarse como prioritario y estratégico, sobre todo si pretendemos alcanzar mejores niveles de desarrollo económico sustentable.

El deterioro productivo y ambiental de nuestro país es evidente, paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas como el poco crecimiento de nuestra economía, derivado del débil apoyo gubernamental y el débil fomento a los procesos productivos que protegen el ambiente.

Por ello necesitamos un nuevo esquema jurídico constitucional que priorice y haga explicita la responsabilidad patrimonial del Estado en el cuidado del medio ambiente con el fin de garantizar un desarrollo sustentable.

Este objetivo sólo puede lograrse mediante la intervención, conducción y promoción directa del Estado y sus instituciones, bajo un esquema de plena coordinación de todas las instituciones vinculadas a la protección del ambiente.

Para alcanzar un escenario óptimo en el área ambiental, es necesario poner en marcha acciones como ésta iniciativa, por medio de la cual se obliga constitucionalmente y se responsabiliza al Estado por daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones en materia ambiental.

Por ser del más alto interés nacional contar con un marco jurídico constitucional robusto que apoye y proteja un esquema de desarrollo sustentable que eleve en consecuencia nuestra calidad de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo económico, propongo la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 3, inciso C de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, mediante el presente:

Decreto

Artículo 1

La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad civil por daños materiales y ambientales que puedan causarse por el empleo de reactores nucleares y la utilización de substancias y combustibles nucleares y desechos de estos.

Artículo 3

Para los efectos de la presente ley se entiende:

a). Accidente nuclear. El hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan causado daños nucleares;

b). Combustible nuclear. Las substancias que puedan producir energía mediante un proceso automantenido de fisión nuclear;

c). Daño nuclear. La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales y ambientales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades radioactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radioactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las substancias nucleares peligrosas que se produzcan en ella, emanen de ella, o sea consignadas a ella;

d). Energía atómica. Toda energía que queda en libertad durante los procedimientos nucleares;

e). Operador de una instalación nuclear. La persona designada, reconocida o autorizada por un Estado en cuya jurisdicción se encuentre la instalación nuclear;

f). Por instalación nuclear:

1. El reactor nuclear, salvo el que se utilice como fuente de energía en un medio de transporte;

2. Las fábricas que utilicen combustibles nucleares para producir substancias nucleares peligrosas y la fábrica en que se proceda al tratamiento de éstas, incluidas las instalaciones de regeneración de combustibles nucleares irradiados; y

3. El local de almacenamiento de substancias nucleares peligrosas, salvo cuando las substancias se almacenen provisionalmente con ocasión de su transporte.

Se considera como una sola instalación nuclear a un grupo de instalaciones ubicadas en el mismo lugar;

g). Producto o desecho radioactivo. El material radioactivo, producido durante el proceso de producción o utilización de combustibles nucleares o cuya radioactividad se haya originado por la exposición a las radiaciones inherentes a dicho proceso;

h). Reactor nuclear. El dispositivo que contenga combustibles nucleares, dispuestos de tal modo que, dentro de él, pueda tener lugar un proceso automantenido de fisión nuclear, sin necesidad de una fuente adicional de neutrones;

i). Remesa de substancias nucleares. El envío de aquéllas que sean peligrosas, incluyendo su transporte por vía terrestre, aérea, o acuática, y su almacenamiento provisional con ocasión del transporte; y

j). Sustancia nuclear peligrosa:

1. El combustible nuclear, salvo el uranio natural y el uranio empobrecido, que por sí mismo o en combinación con otras substancias, pueda originar un proceso automantenido de fisión nuclear fuera de un reactor nuclear.

2. Los productos o desechos radioactivos, salvo los radioisótopos elaborados que, se hallen fuera de una instalación nuclear, y se utilicen o vayan a utilizarse con fines médicos, científicos, agrícolas, comerciales o industriales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.El diputado Quintín Vázquez García: Con su permiso, compañero Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El suscrito diputado federal por el distrito 9 electoral con cabecera en Guadalajara, Jalisco, Quintín Vázquez García, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso g) del numeral 2 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de que se prohíba que se financien los partidos políticos y a los candidatos por las empresas que tengan cualquier tipo de negociación con la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El tema del financiamiento de las campañas políticas cobra importancia cada vez que se inicia un proceso electoral, al respecto surgen diversas opiniones sobre las empresas y proveedores privados que otorgan financiamientos a los candidatos o a los partidos políticos; ya que participar en una elección es muy onerosa, y no se puede hacer una campaña electoral con sólo el entusiasmo de una persona, o de un grupo de personas; quienes se deciden a ser candidatos en una contienda electoral deben tener claro que alcanzar los objetivos electorales implicará un costo que debe ser compartido por otros ciudadanos que les permita enfrentar un proceso electoral con éxito.

Es conocido que a título personal o en nombre de empresas u organizaciones, se hacen donativos a los partidos políticos o algún candidato en específico y es por ello que los políticos y los partidos pueden estar tentados a dispensar favores a cambio de recibir contribuciones económicas o en especie, a las empresas que les otorguen este financiamiento, la búsqueda de fondos ha llevado frecuentemente a la corrupción especialmente dentro de la administración pública federal; sobre todo cuando las empresas que están aportando fondos tenga de una u otra forma relación directa o indirectamente, o bien tengan interés de ser proveedores de bienes o servicios de ésta, y es cuando surgen las promesas de beneficios (tales como contratos favorables con el gobierno) recompensas a los donadores, entre otros; esta situación se ha convertido actualmente en uno de los principales focos de corrupción dentro de las esferas del Gobierno Federal.

A los electores se les debe permitir emitir su voto sin sentirse bajo intimidación o bajo obligación de apoyar a un candidato o partido político en particular por los beneficios que se les han prometido.

Es por ello que se debe regular que las empresas involucradas de una u otra forma con el Gobierno Federal deberán abstenerse de otorgar cualqier tipo de financiamiento a los candidatos o partidos políticos. Y con ello erradicar una de las principales formas de corrupción que se da en la Administración Pública Federal.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto:

Único.- Se adiciona el inciso g) del numeral 2 del artículo 49; del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 49. ...

2. ... ...

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil o empresas que mantengan formas de negociación con la Administración Pública Federal.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2005.--- Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal.El diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas: Con el permiso de la Mesa Directiva. El suscrito, Raúl Rogelio Chavarría Salas, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa. Ser diputado federal es un gran honor que se honra con legislar bien. Y por el bien, nuestra misión es legislar en la construcción de marcos jurídicos fuertes, donde los infractores de la ley no puedan escapar, aprovechando las lagunas de la ley. No hay pena más grande para una madre o para un padre que cuando le sustraen lo más preciado que se tiene: su hijo o su hija.

Desafortunadamente, en nuestro país existe gran número de familias que han sufrido la sustracción de sus hijos por bandas de delincuentes bien organizadas, que comercian con personas como si fueran objetos. Los perversos objetivos de la sustracción de niños son diversos, como el comercio de órganos, los sacrificios en ritos, la prostitución y la explotación laboral. La sustracción o, como comúnmente se denomina, ``robo'' de niños es una problemática de seguridad que requiere urgente atención por parte de este cuerpo legislativo. No obstante que es un problema latente la sustracción de menores con los fines señalados, no se encuentra claramente tipificado en nuestro marco legal federal, pese a que los niños siguen sufriendo ser privados de la libertad o sustraídos de sus padres.

Según datos de la Procuraduría General de la República, más de 130 mil niños han desaparecido en los últimos ocho años; es decir, 16 mil niños por año. Se sabe que los estados de la República Mexicana en donde más niños son privados de la libertad son el Distrito federal, el estado de México, Jalisco y Guerrero. Según estudios, Estados Unidos y Canadá son los países destino de los niños sustraídos en nuestro país y por cada infante en esas naciones --se dice-- se pagan hasta 30 mil dólares. Nuestra frontera norte es considerada uno de los mercados más activos de sustracción, traslado y tráfico de menores. Todos sabemos que México es considerado el país de origen para el tránsito de menores con los fines descritos. Este fenómeno en México es complejo y para nadie es un secreto que está estrechamente vinculado con redes y pandillas delictivas organizadas a nivel transnacional.

Para colmo, muchos menores de edad se convierten en víctimas al ser explotados durante su traslado de la frontera sur con Guatemala a la frontera norte, colindante con Estados Unidos de América. Actualmente, en México las víctimas menores de edad privadas de la libertad con los propósitos descritos están en riesgo de una mayor victimización a consecuencia de las insuficiencias en el sistema jurídico actual, donde destaca la falta de protección para las víctimas.

Compañeras y compañeros diputados y diputadas: la sociedad civil organizada nos solicita con urgencia adecuar el marco legal de la realidad que se vive con relación a la sustracción de infantes, que la legislación facilite la investigación y persecución de los delincuentes. En la actualidad, no obstante contar con importantes instrumentos internacionales jurídicos en torno de la protección de los derechos humanos de los niños, sigue en boga el delito. Existen instrumentos internacionales que han permitido que los asuntos de los niños sean temas prioritarios en las acciones de todos los gobiernos del mundo pero, paradójicamente, cada vez es mayor el número de niñas, niños y adolescentes que son abusados y explotados.

Debemos proporcionar instrumentos legales que permitan a las autoridades actuar de forma pronta y expedita, y corresponde a nosotros, los legisladores, otorgar reformas acordes con la realidad, ser vigilantes de que la ley se aplique, se cumpla, y con esto fortalecer nuestro marco normativo. Procuremos que el dolor de una madre y padre del robo de su hijo sea evitable.

Por ello, esta reforma va encaminada a prever en el Código Penal Federal que la privación de la libertad de menores de 16 años que son trasladados fuera del territorio nacional con el propósito de obtener lucro indebido por la venta o entrega del menor, privarlo de la vida en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culto, extraerle órganos, tejidos y sus componentes, explotarlos sexualmente o explotarlos laboralmente, estos hechos serán sancionados con una penalidad de 25 a 50 años y de 4 mil a 8 mil días multa, y en razón de que se sanciona el traslado fuera del territorio nacional, con propósitos diversos, es lo que hace más grave la falta.

De consumarse alguna de las conductas señaladas, se procederá a penalizar; por ello se plantea establecer que la pena de prisión que se merezca sea agravada por la actualización de este tipo penal, pero se aplicará con independencia de las que correspondan por cualquier otro delito consumado contra menores de 16 años.

Además, debe destacarse que dicha propuesta tiene efectiva aplicación en el ámbito federal pues, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en el numeral 50, dicho ilícito es de competencia federal, por lo que, en obvio de las hipótesis planteadas, serán materia federal y, por ende, su adecuada persecución y aplicación estarán a cargo del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.

Por ello, en razón de que la actual legislación penal proporciona una esfera de protección insuficiente y precaria, que coloca a los menores en condiciones de vulnerabilidad a fin de que las normas respondan de forma adecuada a los diversos y complejos delitos que se cometen contra menores de 16 años, se propone reformar y adicionar el numeral 366, en la fracción III, del Código Penal Federal, a efecto de que se sancione el traslado fuera del territorio nacional con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o entrega del menor, privarlo de la vida, en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culto, extraerle órganos, tejidos y sus componentes, explotarlo sexualmente, explotarlo laboralmente con una penalidad de 25 a 50 años y de 4 mil a 8 mil días de multa. Por las consideraciones anteriores, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de protección de las niñas, los niños y los adolescentes, presentamos con todo respeto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa.

Respetuosamente le solicito, diputado Presidente, que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de éste H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 del Código Penal Federal, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Ser diputado federal es un gran honor que se honra con legislar bien y por el bien, nuestra misión es legislar en la construcción de marcos jurídicos fuertes donde los infractores de la ley no pueden escapar, los perversos delincuentes que sustraen lo mas preciado para una madre o para un padre no escapen de la ley, no mas argucias jurídicas para causar el mal.

Desafortunadamente existen un gran número de familias mexicanas que han sufrido la sustracción de sus hijos, por bandas bien organizadas, de delincuentes que comercian con personas como objetos, diversas son las causas, comercio de órganos, sacrificios en ritos, prostitución, y explotación laboral. La sustracción o como comúnmente se denomina ``robo de niños'' es un problema de seguridad que requiere de una urgente atención por parte de este cuerpo legislativo.

La sustracción de los menores con los fines antes señalados no se encuentra tipificado en nuestro marco legal federal, pese a que los niños siguen siendo privados de su libertad o sustraídos a sus padres, se habla de cifras inimaginables, según datos de la Procuraduría General de la República mas de ciento treinta mil niños han desaparecido en México en los últimos ocho años, es decir, veinte mil niños por año.

Se sabe que los estados donde más niños son privados de la libertad y trasladados para su futura venta, explotación tanto laboral como sexual, sacrificio y extracción de órganos son el Distrito Federal, estado de México, Jalisco y Guerrero. Estudios indican que Estados Unidos y Canadá son los países destino de los niños sustraídos en México, ya que por cada infante, en esas naciones, se dice, se paga hasta treinta mil dólares, aunado a que la frontera norte de nuestro país se encuentra considerada como uno de los mercados más activos de sustracción, traslado y tráfico de menores, el destino de los niños varia ya que los mas pequeños muchas veces son entregados para extraerles sus órganos o sacrificarlos en ritos de sectas, los de edad mediana son utilizados para explotarlos laboralmente, y los más grandes son prostituidos u obligados a participar en trabajos de pornografía.

México es considerado un país de origen para el tránsito de menores con fines de explotación sexual, laboral, extracción de órganos, venta, sacrificios. Este fenómeno en México es complejo y está estrechamente vinculado con redes y pandillas delictivas organizadas a nivel transnacional. Muchos menores de edad se convierten en víctimas y son explotados durante su trayecto de la frontera sur con Guatemala hasta la frontera norte colindante con los Estados Unidos de Norteamérica. Además de este problema a nivel fronterizo, México enfrenta igualmente un considerable problema de forma interna en el que miles de niños --en su mayoría mexicanos y centroamericanos-- son víctimas de estos actos inhumanos.

Existe el traslado de menores generalmente hacia los Estados Unidos, bajo falsas pretensiones manejadas por redes del crimen organizado. Se traslada a niñas y niños, llevándolos a los Estados Unidos para someterlos a trabajos forzados, explotación sexual, sacrificios en ritos de sectas, explotación de órganos, venderlos. El número exacto de las víctimas no está inmediatamente disponible, ya que suelen ser difíciles de identificar debido a la naturaleza clandestina.

Actualmente, las víctimas menores de edad privados de la libertad con los propósitos descritos, en México están en riesgo de una mayor victimización a consecuencia de las insuficiencias en el sistema jurídico actual, donde destaca la falta de protección para las víctimas.

En la actualidad contamos con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños, entre los que cabe destacar el Convenio de la Haya sobre la protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños; el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; la Declaración y el Programa de Acción aprobados por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Estos instrumentos internacionales han permitido que los asuntos de los niños sean temas prioritarios en las acciones de todos los gobiernos del mundo, pero paradójicamente, cada vez es mayor el número de niñas, niños y adolescentes abusados y explotados, de allí el reto de diseñar propuestas efectivas para garantizar la observancia de los derechos de la infancia.

Debemos proporcionar los instrumentos legales que permitan a las autoridades actuar de forma pronta y expedita, nos corresponde a nosotros los legisladores otorgar reformas acorde a la realidad, ser vigilantes de que la ley se aplique, se cumpla, con esto fortalecemos nuestro marco normativo, procuremos que el dolor del robo de un hijo a su padre o madre sea una agonía corta, evitemos el dolor evitable.

Es por ello que esta reforma va encaminada a prever en el Código Penal Federal la privación de la libertad de menores de dieciséis años que son trasladados fuera del territorio nacional con el propósito obtener un lucro indebido por la venta o entrega del menor, privarlo de la vida en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culto, extraerle órganos, tejidos y sus componentes, explotarlo sexualmente, explotarlo laboralmente, hechos que serán sancionados con una penalidad de veinticinco a cincuenta años y de cuatro mil a ocho mil días multa y en razón de que se sanciona el traslado fuera del territorio nacional con propósitos diversos que es lo que lo agravan, de consumarse alguna de las conductas, se procederá a realizar las reglas del concurso y por ello se plantea establecer que la pena de prisión que se merezca por la actualización de este tipo penal se aplicará con independencia de las que correspondan por cualquier otro delito consumado en contra de menores de dieciséis años. Además debe destacarse que dicha propuesta tiene efectiva aplicación en el ámbito federal pues de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal en su numeral 50 dicho ilícito es de competencia federal, por lo que en obvio las hipótesis planteadas, serán materia federal, y por ende, su adecuada persecución y aplicación estará a cargo del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.

Por ello en razón de que en la actualidad la legislación penal proporciona una esfera de protección insuficiente y precaria, que coloca a los menores en condiciones de vulnerabilidad, a fin de que las normas respondan de forma adecuada a los diversos y complejos delitos que se cometen en contra de menores de dieciséis años se propone reformar y adicionar el numeral 366 en su fracción III del Código Penal Federal a efecto de que se sancione el trasladado fuera del territorio nacional con el propósito obtener un lucro indebido por la venta o entrega del menor, privarlo de la vida en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culto, extraerle órganos, tejidos y sus componentes, explotarlo sexualmente, explotarlo laboralmente, con una penalidad de veinticinco a cincuenta años y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de protección a las niñas, niños y adolescentes, presentamos con todo respeto a consideración de éste honorable Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción III así como se adicionan los incisos a, b, c, d, y e a la fracción III del artículo 366 del Código Penal Federal

Único.- Se reforma el párrafo primero de la fracción III así como se adicionan los incisos a, b, c, d, y e a la fracción III del artículo 366 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 366 ...

I a II. ...

III.- Se aplicará de veinticinco a cincuenta años y de cuatro mil a ocho mil días multa, cuando la privación de la libertad se efectúa con el fin de trasladar a un menor de dieciséis años fuera del territorio nacional, con el propósito de:

a) Obtener un lucro indebido por la venta o entrega del menor.

b) Privarlo de la vida en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culto.

c) Extraerle órganos, tejidos y sus componentes.

d) Explotarlo sexualmente.

e) Explotarlo laboralmente.

Las sanciones previstas se aplicarán con independencia de las que correspondan por cualquier otro delito cometido en contra de menores de dieciséis años.

...

...

...

...

Tranasitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de octubre de 2005.--- Dip. Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como ha solicitado diputado, se ordena insertar el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates; y se ordena que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Señor Presidente...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputada María de Jesús. modalidad="IDC">La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. En virtud de que la iniciativa que ha presentado nuestro compañero Raúl Rogelio Chavarría Salas tiene mucho que ver con la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, le solicitaría de manera muy atenta que si la pudiera turnar también, para su opinión, a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Gracias.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como ha solicitado, señora diputada, se turna para opinión a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

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LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI, presenta ante esta H. soberanía la siguiente iniciativa, que reforma las fracciones XI y XII, y adiciona la fracción XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Exposición de Motivos

Las actividades relacionadas con los delitos contra la salud se han venido desarrollando a gran escala ya que no sólo es de tráfico, sino de consumo y producción.

La constante aparición de sustancias enervantes al paso del tiempo han dado hincapié a que los países se vieran en la inminente necesidad de legislar al respecto, en algunos casos regulando el consumo o bien, combatiendo toda actividad relacionada con dicha materia que ha venido convirtiéndose en uno de los principales problemas de todos los estados en materia de salubridad y seguridad nacional.

El consumo de drogas continua aumentando, particularmente en los países localizados en las principales vías de tráfico de drogas. Esta tendencia internacional también se observó en México, dejando atrás el estatus de país de paso de drogas, a un país de consumo; esto coincidió con la práctica reiterada de los cárteles sudamericanos, de pagar a los operadores mexicanos en especie, obligándolos a colocar en el mercado doméstico la droga que recibían en pago. El narcotráfico, narcomenudeo, o actividades relacionadas con narcóticos, representa un problema grave de seguridad nacional, trastocando el desarrollo armónico de las comunidades, filtrándose cada vez más y de forma preocupante por las fisuras del tejido social de nuestro país.

Es importante mencionar que tal aumento de 4,428 delitos contra la salud del año 2002 al 2003, el 20% de dichos delitos fueron cometidos en la modalidad de comercio, y pasaron de formar el 4% en el 2001, a un 7.69% en el 2003, lo que quiere decir que las actividades de venta, compra, adquisición o enajenación de narcóticos se duplicaron durante este periodo. (Datos de la Procuraduría General de la Republica.)

El uso de drogas es un fenómeno global. La comisión de todos los delitos contra la salud, tienen su fundamento real en las adicciones por el consumo de narcóticos. El importante aumento en el índice de consumidores que estamos presenciando en el momento actual no es el primero que ocurre en el país. Dichas encuestas y estudios arrojan gran cantidad de datos sobre las adicciones y consumo de drogas en las distintas regiones del país, los cuales no son materia de esta investigación, sin embargo es importante darnos una idea del problema que se nos presenta.

Por ello es motivo adicionar en esta ley los actos relacionados contra la salud ya que no solo conlleva las modalidades de narcóticos, sino además las operaciones económicas transnacionales, flujo de información en contra de las entidades en materia de seguridad pública y del Estado.

De lo anteriormente expuesto presento a esta H. Cámara la siguiente

Iniciativa que reforma las fracciones XI y XII, y adiciona la XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas de seguridad nacional:

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos; y

XIII. Actos tendentes a los delitos contra la salud.

A los 25 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Bazán. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul de la diputada Scherman.

modalidad="IDC">La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Diputada Presidenta, con la atenta solicitud de que pudiese haber verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Perdón?

modalidad="IDC">La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Que pudiese haber verificación de quórum, si es tan amable.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. Señor secretario: favor de instruir que se abra el sistema electrónico de registro de asistencia hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de asistencia por 10 minutos.

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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su permiso, diputada Presidenta. Jaime del Conde Ugarte, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, reformas que se proponen al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Todas las leyes que emanan del Poder Legislativo son leyes que provienen de la voluntad general del pueblo. Son superiores a cualquier otro acto del poder público, ya que la ley, por ser general, se distingue de las otras manifestaciones del poder, las cuales siempre serán concretas, singulares o individuales y estarán subordinadas al mandato legal. Es el principio de legalidad una de las garantías establecidas en nuestra Constitución Política, en sus artículos 14 y 16, garantía que se manifiesta en el sentido de que la actividad estatal sólo puede efectuarse con la autorización que la ley le otorgue, ya que el hombre nace con plena libertad de acción y no es posible someterlo a la autoridad de un poder que limite su libertad natural, excepto cuando esa libertad tenga que restringirse para salvaguardar el interés público y en virtud de que nadie puede ser afectado en el ámbito de sus posesiones, propiedades o derechos sin antes cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y si no es mediante mandato de la autoridad competente, debidamente fundado y motivado.

Así, la voluntad general se plasma en las leyes, las cuales --como manifestación soberana del pueblo-- crean la autoridad y facultan su actuación. Con lo anterior se expresa el principio de que los individuos pueden hacer todo lo que no les esté prohibido, mientras que la autoridad sólo podrá hacer lo que le esté permitido. La ley limita el poder de la autoridad para impedir que abuse del poder; así, sólo podrá actuar cuando la propia ley lo autorice. Es la ley un acto de soberanía, y el poder de la autoridad nace de la ley que la crea y autoriza su actuación condicionada respeto de los mandatos y las prohibiciones que ella misma contiene.

La Administración Pública Federal emite actos administrativos cuando realiza actividades de verificación, actividad que consiste en corroborar el debido cumplimiento de los diferentes ordenamientos legales vigentes por parte del gobernado y que llegan a afectar su esfera jurídica, ocasionando con esto un acto de molestia. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido que esta actividad ha generado abuso por parte de la autoridad, así como un foco de corrupción, toda vez que el ciudadano, por no verse afectado, acepta el pago de alguna extorsión u ofrece una dádiva para que el resultado de la verificación no se traduzca en la imposición de algún tipo de sanción.

Todos esos problemas derivan de una inexacta aplicación de leyes y reglamentos, así como de una falta de claridad en los mismos, ya que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece todos los requisitos que debe contener una orden de visita de verificación, así como lo que debe contener toda acta circunstanciada, que es el documento que se realiza en razón de la verificación practicada, lo que ocasiona falta de seguridad jurídica y legalidad para entidades establecidas en nuestra Carta Magna.

En un Estado que se hace llamar ``de derecho'', es necesario que en la actividad administrativa en la cual los particulares deben enfrentarse a la administración pública y a todo el aparato y poder que ésta posee el ciudadano goce de garantías que le permitan accionar en defensa de sus derechos e intereses en forma efectiva y con el necesario respaldo jurídico a que todos los particulares tenemos derecho. Es menester que la actividad verificadora de la administración pública esté debidamente regulada, a efecto de que el gobernado no vea afectada su esfera jurídica y se encuentre vulnerable ante el poder de la autoridad administrativa. Un paso importante es establecer de manera clara y detallada los requisitos que debe cumplir la orden de visita de verificación; es decir, el lugar y la fecha de expedición de la orden, el número de expediente que le corresponde, domicilio, ubicación o zona en que se desahogará la visita de verificación, y objeto y alcance de la misma.

Asimismo, citar los preceptos legales en que se funde y las circunstancias que lo motive, nombre del verificador, así como su número de credencial, y nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite. La autoridad a que se debe dirigir el visitado para presentar el escrito de observaciones y ofrecimiento de pruebas, requisitos que otorgan al gobernado seguridad jurídica al momento en que la autoridad ejerza su facultad de verificar si el ciudadano cumple los ordenamientos vigentes, ya que la emisión de una orden de visita de verificación es un acto administrativo con el que se inicia el procedimiento administrativo y cuya resolución podría afectar su esfera jurídica.

Asimismo, se busca establecer en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, igualmente de manera clara y detallada, los requisitos que deben cubrir las actas de visita de verificación, como nombre, denominación o razón social del visitado, y hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia, así como la calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentra el lugar en que se practique la visita, el número y fecha del oficio de comisión que lo motivó, el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como el carácter con que se ostenta y la descripción de los documentos con que lo acredite.

Asimismo, se requerirá a la persona con quien se entienda la diligencia para que se allegue de testigos y, ante su negativa, que el verificador los nombre, el nombre de los testigos designados, los datos de identificación y su domicilio. Se requerirá al visitado para que solicite los documentos y permita el acceso a los lugares objeto de la verificación, asentará la descripción de los hechos, objeto, lugares y circunstancias que se observen en relación con el objeto y alcance de la orden de visita. Cuando el objeto de la verificación así lo requiera, la descripción y cantidad de los materiales o sustancias que se hayan tomado como muestra para los análisis respectivos.

Por ello, la presente iniciativa pretende establecer de manera clara y precisa los requisitos que la autoridad administrativa debe cubrir al momento de iniciar su actividad verificadora que proporciona certeza y seguridad jurídica al particular, reformando y adicionando los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, enunciando la obligación que deberá tener la autoridad al momento de emitir el acto administrativo que tenga la intención de verificar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos vigentes, vía orden de verificación y acta de verificación. Por todo lo anterior nace la necesidad de incorporar, de manera clara y precisa en el texto de la ley adjetiva federal, los requisitos que debe cubrir la autoridad administrativa al ejercer su actividad verificadora, por lo que el suscrito, Jaime del Conde Ugarte, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Diputada Presidenta, solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del PAN

Jaime del Conde Ugarte, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; reformas que se proponen al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todas las leyes que emanan del Poder Legislativo, son leyes que provienen de la voluntad general del pueblo, ellas son superiores a cualquier otro acto del poder público, ya que la ley, al ser general, se distingue de las otras manifestaciones del poder, las cuales siempre serán concretas, singulares o individuales y estarán subordinadas al mandato legal.

Es el principio de legalidad una de las garantías establecidas en nuestra Constitución Política en sus artículos 14 y 16, garantía que se manifiesta en el sentido de que la actividad estatal sólo puede efectuarse con la autorización que la ley le otorgue, ya que el hombre nace con plena libertad de acción y no es posible someterlo a la autoridad de un poder que limite su libertad natural, excepto cuando esa libertad tenga que restringirse para salvaguardar el interés público, y en virtud de que nadie puede ser afectado en el ámbito de sus posesiones, propiedades o derechos, sin antes cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, y sino es mediante mandamiento de la autoridad competente debidamente fundado y motivado.

Es así como la voluntad general se plasma en las leyes, las cuales, como manifestación soberana del pueblo crean la autoridad y facultan su actuación, con lo anterior se expresa el principio de que los individuos pueden hacer todo lo que no les esté prohibido, mientras que la autoridad sólo lo podrá hacer lo que le esté permitido.

La ley limita el poder de la autoridad para impedir que abuse del poder, y así sólo podrá actuar cuando la propia ley lo autorice. Es la ley un acto de soberanía y el poder de la autoridad nace de la ley que la crea y autoriza su actuación condicionada al respecto de los mandatos y prohibiciones que ella misma contiene.

La Administración Pública Federal emite actos administrativos, cuando realiza actividades de verificación, actividad que consiste en corroborar el debido cumplimiento de los diferentes ordenamientos legales vigentes, por parte del gobernado, y que llegan a afectar su esfera jurídica, ocasionando con esto un acto de molestia, aunado a lo anterior no pasa desapercibido que esta actividad a generado abuso por parte de la autoridad, así como un foco de corrupción, toda vez que el ciudadano por no verse afectado, acepta el pago de alguna extorsión o ofrece una dadiva, para que el resultado de la verificación no se traduzca en la imposición de algún tipo de sanción.

Todos estos problemas derivan de una inexacta aplicación de leyes y reglamentos, así como de una falta de claridad en los mismos, ya que la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, no establece todos los requisitos que deben contener una orden de visita de verificación, así como lo que debe contener toda acta circunstanciada, que es el documento que se realiza en razón de la verificación practicada, lo que ocasiona falta de seguridad jurídica y legalidad, garantías establecidas en nuestra Carta Magna.

En un Estado que se hace llamar de Derecho, es necesario que en la actividad administrativa, en la cual los particulares deben enfrentarse a la Administración Pública y a todo el aparato y poder que ésta posee, el ciudadano goce de garantías que le permitan accionar en defensa de sus derechos e intereses, en forma efectiva, y con el necesario respaldo jurídico al que todos los particulares tenemos derecho.

Es menester que la actividad verificadora de la Administración Pública deba estar debidamente regulada, a efecto de que el gobernado no vea afectada su esfera jurídica, y se encuentre vulnerable ante el poder de la autoridad administrativa.

Un paso importante es establecer de manera clara y detallada los requisitos que debe cubrir la orden de visita de verificación: es decir el lugar y fecha de expedición de la orden, el número de expediente que le corresponda, domicilio, ubicación o zona en la que se desahogará la visita de verificación, objeto y alcance de la misma, asimismo citar los preceptos legales en que se funde y las circunstancias que lo motive, nombre del verificador, así como su número de credencial, nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite, la autoridad a la que se debe dirigir el visitado para presentar el escrito de observaciones y ofrecimiento de pruebas; requisitos que otorgan al gobernado seguridad jurídica, al momento en que la autoridad ejerza su facultad de verificar que el ciudadano cumple con los ordenamientos vigentes, ya que la emisión de una orden de visita de verificación es un acto administrativo, con el que se inicia el procedimiento administrativo y cuya resolución podría afectar su esfera jurídica.

Asimismo se busca establecer en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo igualmente de manera clara y detallada los requisitos que deben cubrir las actas de visita de verificación, como son nombre, denominación o razón social del visitado, hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia, así como la calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita, el número y fecha del oficio de comisión que la motivó, el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como el carácter con que se ostenta y la descripción de los documentos con los que lo acredite, asimismo se requerirá a la persona con quien se entienda la diligencia, para que designe testigos y, ante su negativa el verificador los nombre, el nombre de los testigos designados, los datos de su identificación y su domicilio, se requerirá al visitado para que exhiba los documentos y permita el acceso a los lugares objeto de la verificación, asentará la descripción de los hechos, objetos, lugares y circunstancias que observen, en relación con el objeto y alcance de la orden de visita, cuando el objeto de verificación así lo requiera, la descripción y cantidad de los materiales o sustancias que se hayan tomado como muestra para los análisis respectivos, en su caso, mención de los instrumentos utilizados para medir, la descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la diligencia y, en su caso, la circunstancia de que se anexa copia de los mismos al acta de visita de verificación, se asentará las particularidades e incidentes que surjan durante la visita de verificación, las declaraciones, observaciones y demás manifestaciones que formule la persona con quien se entienda la diligencia, se la hará saber al visitado que cuenta con el término de cinco días hábiles, para hacer las observaciones que estime pertinentes respecto de la visita de verificación, así como se la hará saber la autoridad ante quien puede formularlas, y el nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo; ya que son estas actas las que contienen los hechos que van a llevar a la autoridad administrativa a determinar, si el particular a cumplido u omitido cumplir con una obligación que se encuentre prevista en las leyes y reglamentos administrativos, y como consecuencia la aplicación de algún tipo de sanción.

Es por lo que la presente iniciativa pretende establecer de manera clara y precisa los requisitos que la autoridad administrativa debe cubrir al momento de iniciar su actividad verificadora y que le proporciona certeza y seguridad jurídica al particular, reformando y adicionando los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, enunciando la obligación que deberá tener la autoridad al momento de emitir el acto administrativo que tenga la intención de verificar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos vigentes, vía orden de verificación y acta de verificación.

Por todo lo anterior nace la necesidad de incorporar de manera clara y precisa dentro del texto de la ley adjetiva federal, los requisitos que debe cubrir la autoridad administrativa al ejercer su actividad verificadora, por lo que el suscrito Jaime Del Conde Ugarte, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Decreto

Articulo Único. Se reforman y adicionan los artículos 63 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 63. Las visitas de verificación solo se podrán realizar mediante orden escrita de la autoridad competente. Esta orden deberá contener lo siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición;

II. Número de expediente que le corresponda;

III. Domicilio, ubicación o zona en el que se desahogará la visita de verificación;

IV. Objeto y alcance de la visita de verificación;

V. Citar las disposiciones legales que la fundamenten y las circunstancias que la motiven;

VI. Nombre del verificador que habrá de realizar la visita y número de su credencial;

VII. Cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que expida la orden de visita de verificación;

VIII. Autoridad a la que se debe dirigir el visitado para presentar el escrito de observaciones y ofrecimiento de pruebas a que se refiere el artículo 68 de esta ley;

IX. Los demás que señalen los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.

Artículo 67. En las actas se hará constar:

I ...

II ...

III ...

IV ...

V. El nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como el carácter con que se ostenta y la descripción de los documentos con los que lo acredite;

VI. El requerimiento a la persona con quien se entienda la diligencia, para que designe testigos y, en su caso, sus sustitutos y que ante su negativa el verificador los nombrará;

VII. El nombre de los testigos designados, los datos de su identificación y su domicilio;

VIII. El requerimiento para que exhiba los documentos y permita el acceso a los lugares objeto de la verificación;

IX. Descripción de los hechos, objetos, lugares y circunstancias que observen, en relación con el objeto de la orden de visita;

X. Cuando el objeto de verificación así lo requiera, la descripción y cantidad de los materiales o sustancias que se hayan tomado como muestra para los análisis respectivos;

XI. En su caso, mención de los instrumentos utilizados para medir;

XII. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la diligencia y, en su caso, la circunstancia de que se anexa copia de los mismos al acta de visita de verificación;

XIII. Las particularidades e incidentes que surjan durante la visita de verificación;

XIV. Las declaraciones, observaciones y demás manifestaciones que formule la persona con quien se entienda la diligencia;

XV. Que el visitado cuenta con cinco días hábiles, para hacer las observaciones que estime pertinentes respecto de la visita de verificación, así como la autoridad ante quien puede formularlas;

XVI. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, al día de su presentación.--- Dip. Jaime del Conde Ugarte (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Del Conde. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

modalidad="PI">El diputado José Antonio Cabello Gil: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: existe en México una fuerte polémica sobre la necesidad de contar con una mejor regulación de nuestro sistema de partidos, toda vez que el régimen político ha ingresado en una plena competitividad electoral. Muchas opiniones señalan que nuestros partidos resultan ser demasiado onerosos y que, de hecho, algunos de ellos son auténticas patentes de corso en beneficio exclusivo de dirigentes irresponsables y cínicos que hacen fabulosos negocios familiares a costa del erario.

Los partidos políticos son las instituciones fundamentales de la democracia moderna, ya que constituyen el medio idóneo para canalizar pacíficamente la participación política de los ciudadanos; son espacios de discusión, participación y debate insustituibles, por lo que su existencia y reconocimiento son necesarios en cualquier régimen democrático.

Como organizaciones de ciudadanos, cumplen funciones sociales e institucionales de gran importancia para el sistema: la socialización y movilización de acciones, de ideas políticas, la representación de intereses diversos, el reclutamiento y la selección de elites, la composición de los principales órganos del Estado y, sobre todo, la legitimación del sistema político a través de su participación en las elecciones.

Desde esa perspectiva, los ciudadanos deben contar con tantas opciones partidarias como deseen, y son ellos los únicos que deben determinar, mediante su voto, cuántos y cuáles son los partidos políticos que tienen derecho a permanecer. Así, la legislación debe considerar mecanismos para que los ciudadanos decidan organizarse, para formar un partido y puedan hacerlo sin mayor dificultad, pero condicionando la duración de su registro a los resultados que obtengan en los procesos electorales. Lo importante es que todos los partidos registrados tengan un número aceptable de simpatizantes que representen a una parte de la ciudadanía. Sin embargo, se debe proponer en la legislación correspondiente, en este caso en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que los partidos políticos estén constantemente cumpliendo las obligaciones que la misma normativa establece.

Una de esas obligaciones, que está parcialmente considerada en la legislación y sólo en el momento de la integración del partido político, es la de que cualquier partido debe contar con una membresía mínima de afiliados para ser considerado como tal. Sin embargo, nuestra legislación no establece la obligación de que los propios partidos deban entregar en forma periódica una lista de afiliados debidamente notariada para que el órgano competente, en este caso el IFE, esté comprobando anualmente el cumplimiento del requisito para ser considerado partido político. Ello permitirá, entre otras cosas, que se pueda quitar el financiamiento a seudopartidos o a los que no cumplan esa obligación, y no se tendrá que esperar a ratificar a partidos políticos con base en resultados electorales.

Además, esto redundará en beneficio de los propios partidos políticos, ya que podrán utilizar información para sus procesos internos. La iniciativa que proponemos consiste en que los partidos políticos estén obligados a llevar un registro general autorizado de todos sus militantes afiliados, ordenados por municipio y entidad. Deberán asimismo proporcionar un duplicado del mismo al IFE y comunicar a dicho Instituto las nuevas militancias y las renovaciones en los estados. La integración de dicho patrón de militantes reforzará los procedimientos para la afiliación libre de los miembros de los partidos, así como fortalecerá los derechos de los mismos.

En particular, la afiliación libre de sus miembros constituye la cristalización de un afán prolongadamente demandado por el PAN, que reiteradamente había criticado la afiliación colectiva y coercitiva, calificándola de corporativa. Incluso, el PAN propuso... de relevancia, hasta el punto... En un desplegado en un diario de circulación nacional, donde enumeró los avances de la reforma electoral que llevó a la expedición del actual Cofipe.

En el mismo artículo se prescribe que dentro de los derechos de que gozan los miembros de los partidos, se incluirá el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, así como el de poder ser integrante de sus órganos directivos. La nueva disposición no únicamente redundaría en la mayor democratización de la vida partidaria sino que tendería, además, a ser más sensibles a los posibles precandidatos respecto de las tendencias existentes en el seno de la base partidista.

Lo anterior no sólo propiciará y fortalecerá la vida interna de los partidos sino que, incluso, tenderá a hacer a los funcionarios de elección popular más conscientes de su imagen y responsabilidad frente a sus propios partidos y a la ciudadanía, entendiendo por esto no exclusivamente la dirigencia sino la membresía. Si nuestra democracia habrá de consolidarse, eso será posible en la medida en que tengamos un sistema de partidos fuerte y representativo, formado por partidos políticos responsables, verdaderas alternativas, y atentos a las necesidades y a los anhelos de la sociedad.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía iniciativa de decreto que reforma la fracción I del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como dice el cuerpo de la presente iniciativa y cuya lectura completa omito. Solicito a la Presidencia que inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.- Se ha desatado en México una fuerte polémica sobre la necesidad de regular mejor al sistema de partidos, una vez que régimen político ha ingresado a la plena competitividad electoral. Muchas opiniones señalan que nuestros partidos resultan ser demasiado onerosos y que, de hecho, algunas organizaciones son auténticas ``patentes de corzo'' en beneficio exclusivo de dirigentes irresponsables y cínicos que hacen fabulosos negocios a costa del erario público.

Aunque hay que reconocer que algunas de las críticas a nuestro actual sistema de partidos tienen muy justificados fundamentos -imposible cerrar los ojos ante los intolerables y groseros negocios familiares que representan para sus dueños algunas organizaciones- es imprescindible saber ponderar opiniones en torno al tema, para evitar promover la demagogia de la ``antipolítica''.

Una norma moderna y eficaz para los partidos políticos en México deberá observar, entre otros, el rubro del prevalecimiento de la democracia interna y la constante legitimación externa de estas instituciones de interés público y estricto cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos en la enorme tarea de la difusión de la cultura democrática en nuestro país.

II.- El concepto de partido político ha sido definido de muy diversas formas. Sin embargo siguiendo a uno de los más conspicuos tratadistas de la materia, como lo es el destacado politólogo francés Maurice Duverger, entendemos por partido político ``...aquellas agrupaciones de tipo más o menos permanente que comparten ciertas ideas políticas comunes y tiene como finalidad alcanzar el poder del Estado''.

En una visión de las funciones prácticas de estas organizaciones, se aprecia que los partidos políticos cumplen una serie de importantes cometidos y objetivos sociales, como son, cuando menos los siguientes:

a) Difundir de la manera más amplia que sea posible sus principios ideológicos y sus programas de acción.

b) Competir en los procesos electorales correspondientes.

c) Articular las demandas políticas, económicas y sociales de la población.

d) Formular y seguir estrategias para el alcance de sus objetivos, electorales y sociales.

e) Atraer al mayor número de militantes o simpatizantes.

f) Reclutar y seleccionar líderes que dirijan sus actividades.

g) Seleccionar de entre sus militantes y simpatizantes a los candidatos que compitan con sus colores en los diversos procesos electorales.

h) Servir de instancia intermedia entre el gobierno y la sociedad, en la definición, integración y aplicación de políticas públicas.

i) Participar en los programas de gobierno, ya sea como ``partido en el poder'' o como ``partido de oposición''.

j) Fomentar la participación y capacitación política de los diversos sectores sociales.

Las democracias modernas, por ende, viven de manera necesaria y cotidiana con los partidos políticos, como lo hacen notar múltiples y prestigiados autores, como el ya citado Duverger o Luciano Galliano, quienes afirman que estas organizaciones de representación de los intereses políticos de la ciudadanía han sido pilares del sistema democrático, y que éste no puede entenderse sin aquéllos.

III.- Los partidos políticos son las instituciones fundamentales de la democracia moderna, ya que constituyen el medio idóneo para canalizar pacíficamente la participación política de los ciudadanos. Son espacios de discusión, participación y debate insustituibles, por lo que su existencia y reconocimiento es un insumo básico en la democracia. Como organizaciones de ciudadanos, cumplen funciones sociales e institucionales de gran importancia para el sistema democrático: la socialización y movilización de acciones e ideas políticas; la representación de intereses diversos; el reclutamiento y selección de élites; la composición de los principales órganos del Estado y, sobre todo, la legitimación del sistema político, a través de su participación en las elecciones.

Desde esta perspectiva, los ciudadanos deben contar con tantas opciones partidarias como lo deseen y son ellos los únicos que deben determinar, mediante su voto, cuántos y cuáles son los partidos políticos que tienen derecho a permanecer. Así, la legislación debe contemplar mecanismos para que los ciudadanos que decidan organizarse para formar un partido puedan hacerlo sin mayores dificultades, pero condicionando la duración de su registro a los resultados que obtengan en los procesos electorales. Lo importante es que todos los partidos registrados tengan un número aceptable de simpatizantes: que representan a ``una parte'' de la ciudadanía. Nuestra legislación, después de la reforma electoral de 1996, contempla reglas para satisfacer estos principios.

Las nueve agrupaciones que pretenden obtener su registro como partidos políticos apenas han iniciado un procedimiento que consta de varias etapas, pero que es plenamente transitable. Una vez realizada la notificación de sus propósitos ante la autoridad electoral, tendrán que celebrar, por lo menos en diez entidades federativas o en 100 distritos electorales, una asamblea en presencia de una autoridad que certifique que la organización cuenta con, al menos, tres mil afiliados en cada una de esas entidades o 300 en los distritos y que dichos afiliados conocen y aprueban los documentos básicos de la organización (estatutos, declaración de principios y programa de acción).

Posteriormente tendrán que realizar una ``Asamblea Nacional Constitutiva'' a la que deberán asistir los delegados de las asambleas estatales o distritales, y en la que se deberá acreditar que dichas asambleas se realizaron con apego a la ley; que se aprobaran los documentos básicos, y que se cuenta con una lista total de, aproximadamente, 68 mil afiliados (al menos 0.13% del padrón electoral utilizado en 1997) debidamente registrados.

Una vez cumplidos esos pasos la organización presentará, ahora sí, su solicitud formal ante la autoridad electoral en enero de 1999. El Consejo General del IFE deberá resolver la procedencia o improcedencia del registro, a más tardar, 120 días después de que conozca la solicitud y, en caso de que sea otorgado, el registro surtirá efectos a partir de agosto de ese mismo año. Como puede verse, se trata de un procedimiento viable que permite la formación de nuevas opciones partidarias pero que busca garantizar que los nuevos partidos políticos (que serán entidades de interés público) cuenten un cierto grado de presencia nacional y con un mínimo de simpatizantes originarios. No debemos olvidar que los partidos tienen derecho a financiamiento público y a otras prerrogativas de ley, por lo que se debe evitar toda clase de simulación y fraude.

Las organizaciones que logren satisfacer los requisitos y obtengan su registro adquirirán el estatus de Partido Político Nacional y enfrentarán en el año 2000 el reto de la permanencia. Para conservar su registro deberán obtener, por lo menos, 2% de la votación en cada una de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores y Presidente. De lo contrario, perderán el registro y con él los derechos y prerrogativas que establece la ley, además de que no podrán solicitar un nuevo registro hasta después de que transcurra otro proceso electoral federal, esto es, hasta después del año 2003. Como debe ser: no es difícil entrar, lo complicado es quedarse.

IV.- Se debe proponer en la legislación correspondiente, en este caso en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los partidos políticos estén constantemente cumpliendo con las obligaciones que la misma normativa establece. Una de estas obligaciones, que está parcialmente contemplada en la legislación, y sólo en el momento del proceso de integración de un partido político, es el de que cualquier partido debe de contar con 68, 000 afiliados para ser considerado como tal; pero nuestra legislación no se establece la obligación de que los propios partidos deban de entregar en forma periódica una lista de afiliados, debidamente notariada, para que el órgano competente (IFE) esté comprobando anualmente el cumplimiento de este requisito para ser considerado como partido político.

Esto permitirá, entre otras cosas, que se pueda quitar el financiamiento a pseudopartidos o a los que no cumplan con esta obligación; y no se tendrá que esperar a ratificar partidos políticos con base en los resultados electorales. Además esto redundará en beneficio de los propios partidos políticos ya que podrán utilizar esta información ``oficial'' para todos sus procesos internos. Además es una de las pocas informaciones que se han hecho públicas, y que creemos se pueden acceder con la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, pues los partidos reciben financiamiento público.

La iniciativa que proponemos es que los partidos políticos están obligados a llevar un registro general actualizado de todos sus militantes afiliados, ordenados por municipios y entidades. Deberán asimismo, proporcionar un duplicado del mismo al IFE para los efectos de su publicidad y comunicar a dicho funcionario las nuevas militancias y las revocaciones de esos estados.

Cada año, a partir de su inscripción, quedará sin efecto el registro de militantes afiliados de un partido. Este deberá, renovar la lista y la presentará al IFE. El Registro constatará el número de adhesiones y la validez de las firmas, anotando al margen de su inscripción, su reorganización. Si el partido no presentare al IFE su reorganización del registro de militantes afiliados, cumplido el año de su fundación, el Tribunal Federal Electoral ordenará la cancelación de su inscripción.

La lista en cuestión contendrá los apellidos, nombres, edad, profesión u ocupación, número del documento de identidad y constancia de registro en el Padrón Nacional Electoral de cada uno de sus militantes.

Las listas de registro de militantes serán impresos bajo responsabilidad del IFE y tendrán las siguientes características:

1. En la carátula constará el nombre del partido, la entidad y municipios de la República al que corresponden y la numeración correlativa.

2. Una acta de apertura, con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados para ello, certificada por Notario Público, especificando el número de folios útiles de la lista, así como el número de hojas que contenga cada una de ellas. El Notario validará cada uno de los folios.

3. Los folios serán numerados progresivamente del primero al último.

4. Cada folio deberá tener un número determinado de hojas para la inscripción de los militantes con los siguientes datos: apellidos y nombres, lugar y fecha de nacimiento, sexo, profesión u ocupación, lugar de residencia y/o domicilio, número de documento de identidad, la declaración de no militar en otro partido, lugar y fecha de inscripción, firma o impresión digital si no supiera escribir.

5. Una acta de cierre con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados para ello, certificada por Notario Público, en la que se dejará constancia del número de hojas de inscripción utilizadas, no utilizadas o anuladas y cualquier otra observación que se juzgara pertinente.

6. Las listas utilizadas por los partidos políticos para el registro de electores en comicios internos no serán reconocidos para efectos del padrón de militantes.

Es decir, estamos planteando en la iniciativa que todo partido político está obligado a presentar un padrón de militantes ante el Instituto Federal Electoral, ir actualizando permanentemente para que la autoridad competente conozca quiénes son, quiénes integran un partido político y quiénes son los que tienen derechos y quiénes son los que tienen obligaciones, de acuerdo a los estatutos que rigen a cada uno de los institutos políticos.

V.- La existencia y vigilancia oficial del padrón de militantes de los partidos políticos en México no se practicará en forma de intervención inquisitorial, ya que estando representados los partidos políticos en el propio Instituto Federal Electoral, no se permitiría ninguna actividad que lesionara los derechos de las organizaciones políticas, aclarando que de lo que se trata es de incrementar las actividades de las mismas para mejorar los caminos de la democracia y no para destruirlos.

Asimismo, la integración de dicho padrón de militantes reforzará los procedimientos para la afiliación libre y práctica de los miembros de los partidos, así como fortalecerá los derechos y obligaciones de los mismos. En particular, la afiliación libre de sus miembros constituye la cristalización de un afán prolongadamente demandado por el PAN, que reiteradamente había criticado la afiliación colectiva y coercitiva, calificándola de corporativista. Incluso el propio PAN puso de relevancia tal punto, en un desplegado publicado en el diario La Jornada, el 17 de julio de 1990, donde enumeró los avances de la reforma electoral que llevó a la expedición del Cofipe. En el mismo artículo, se prescribe que dentro de los derechos de que gozan los miembros, se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, así como el de poder ser integrante de los órganos directivos.

La nueva disposición no únicamente redundaría en la mayor democratización de la vida partidaria y consecuentemente en el atenuamiento de los efectos de la ``ley de hierro'' de la oligarquía, sino que tendería a hacer más sensibles a los posibles precandidatos con respecto de las tendencias existentes en el seno de la base partidista. Lo anterior, no sólo propiciará y fortalecerá la vida interna de los partidos, sino que incluso tenderá a hacer a los funcionarios de elección popular más conscientes de su imagen y responsabilidad frente a sus partidos, entendiendo por esto no exclusivamente a los dirigentes, sino también a sus afiliados.

VI.- La construcción de una gobernabilidad democrática deberá pasar, necesariamente, por la consolidación de un sistema de partidos fuerte y representativo. Aunque en México no hemos llegado aún a los extremos de crisis de representatividad que padecen los partidos políticos en otras naciones latinoamericanas, y que los tienen condenados a un descrédito que se antoja irremediable, si es posible percibir entre los mexicanos, en general, una mala imagen de los partidos. Existe un déficit de representatividad en los partidos mexicanos provocada porque, lamentablemente, aún prevalece en casi todos ellos una visión patrimonialista de la política y el poder.

El patrimonialismo concibe a la política no como un espacio público dedicado a la solución de los problemas colectivos, sino como una extensión del espacio privado. Esto es, que los intereses privados invaden el espacio de la política y los absorben. En el patrimonialismo el poder se explica como un medio para satisfacción de intereses privados y pierde la dimensión pública, esencial en una democracia. El patrimonialismo dificulta la institucionalización de los partidos y representa un pesado fardo en la constitución de un sistema político autónomo y democrático.

La visión patrimonialista de la política está profundamente arraigada en los partidos políticos mexicanos, sobre todo en una de sus manifestaciones más palmarias: el clientelismo. El sistema de partido hegemónico se mantuvo en el poder gracias a que desarrolló intensamente en el país una cultura clientelar. Asimismo, muchos de los partidos de reciente creación no escapan a la lógica patrimonialista y a las prácticas clientelares.

Es por ello que debe recuperarse la idea de lo político como espacio público/colectivo de representatividad social y esfera de negociación y agregación que se diferencie de lo privado. Siguiendo a Touraine, ``debe ponerse a la política en el centro de la sociedad para que ésta pueda fijar sus grandes orientaciones''. Un retorno a la política, que no implica, desde luego, el desprecio de lo político o de lo estatal, ni la irracional exaltación de la sociedad civil o de la antipolítica, como algunos pretenden como magra solución. Para lograrlo, es indispensable que los partidos implementen mecanismos eficaces de rendición de cuentas y reconocer que si pueden arrobarse el derecho de tomar decisiones en nombre de los demás, también tienen la obligación de dar explicaciones puntuales sobre sus acciones.

La tarea refuncionalizadora de los partidos nunca debe perder de vista el imperativo de la representación política. Traducir demandas en políticas concretas implica capacidad de formulación, de diseño, de ejecución, de seguimiento y evaluación. Se trata, en una palabra, de generalizar intereses. La representación política de los partidos debe entenderse cabalmente en ese sentido.

Asimismo, una tarea indispensable será trabajar a fondo en la democratización interna de los partidos, lo que implica, en primer término, respetar escrupulosamente las reglas, asegurar la participación de los adherentes en la vida del partido, descentralizar la toma de decisiones y propiciar métodos para la rendición de cuentas de la dirigencia.

VII.- En México se debe entender de una vez que en las democracias actuales existen criterios escalonados en lo concerniente al registro de los partidos políticos. Es decir, se exigen diferentes condiciones a los protagonistas electorales para participar en elecciones, recibir recursos públicos y acceder a la representación parlamentaria.

La condición que impone el Cofipe de celebrar asambleas estatales o municipales ha tergiversado enormemente la naturaleza de representación ciudadana que deben tener los partidos, ya que en la práctica ha obligado a éstos a depender de grupos y corporaciones que tienen la capacidad de movilización para llenar las asambleas con sus afiliados incondicionales o con sus clientelas, y también ha dado lugar a que auténticos filibusteros logren obtener el registro invirtiendo recursos para reunir a la gente en lamentables ``asambleas'' utilizando los métodos más innobles, tales como efectuar rifas y sorteos, organizar conciertos de música popular o, descaradamente, comprar con despensas o en efectivo la presencia de los electores.

Son numerosas las voces que sostienen que facilitar al máximo el concurso de organizaciones nuevas iría en detrimento de la estabilidad de nuestro sistema de partidos, el cual apenas se encuentra en una etapa de transición, ya que, según esta óptica, allanar el camino a políticos oportunistas fomentaría el personalismo y promovería la atomización política. Se señala que si no logramos consolidar un sistema fuerte y representativo estaremos actuando en contra de la gobernabilidad del país y, eventualmente, se daría lugar a un caos que muy bien podría desembocar en un nuevo autoritarismo. Todo esto amén de la indignación que ha provocado en numerosos sectores de la opinión pública que algunos pillos hagan negocio a costa del erario público creando partidos con escasa representación y fuerza política.

Aspiramos a vivir una democracia verdadera y plena, debemos mantener estrictas restricciones sobre los partidos políticos.

En México es imperativo garantizar la consolidación de un sistema de partidos fuerte y representativo con el propósito de trabajar en favor de la gobernabilidad, pero sin que con ello signifique el cerrar los canales de participación a nuevos actores. Los dos objetivos no están necesariamente reñidos. Hay formas de abrir la competencia y al mismo tiempo evitar la destrucción del sistema de partidos, como lo prueban las experiencias de otros países, donde participar en elecciones es fácil, pero no lo es tanto el mantenerse y acceder a los puestos de representación y al financiamiento público.

En México se debería exigir requisitos constantes, y no sólo en períodos electorales, a los partidos para tener derecho a participar en las elecciones y obtener subsidio público. Una idea sería exigir a los partidos entregar anualmente el registro de militantes en cada una de las entidades federativas para que el partido tenga el derecho de ser considerado como tal. Esto para que un partido conserve sus prerrogativas de ley (reembolso de parte de los gastos de campaña, derecho al financiamiento público anual hasta la celebración de los siguientes comicios federales, acceso gratuito a medios de comunicación, representación ante el IFE, etcétera).

VIII.- La experiencia actual de los partidos por lo que hace a la instrumentación de los mecanismos para lograr los fines democratizadores, se puede agrupar en cuando menos los siguientes sistemas:

a) Elección de dirigentes o candidatos, por votación de delegados en una asamblea del partido.

b) Elección de dirigentes o candidatos por votación de la militancia o membresía.

c) Elección de dirigentes o candidatos utilizando mecanismos de selección de mayor apertura a los militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general.

Cada uno de estos sistemas encuentra desde luego sus pros y sus contras. Se dice, por ejemplo que el mecanismo de mejor control interno para evitar enfrentamientos y divisiones, es el que deposita la designación en una asamblea de delegados. Sin embargo se critica este método al afirmar que puede ser fácilmente manipulable por los grupos directivos de la organización partidista.

A su vez al sistema de selección por voto de la militancia, se le impugna en cuanto que, se afirma, en la práctica ningún partido cuenta actualmente en México con un padrón bien depurado y confiable de sus integrantes, ni ellos tienen una identificación que los acredite como miembros del partido, lo que deriva en posible simulación, con resultados poco confiables y creíbles.

IX.- Así, la democracia también puede ser conceptualizada como un derecho social. Desde esta perspectiva, la democracia es inherente a la condición de ciudadano, y su sentido y ejercicio más profundo, traspasa cualquier frontera, incluso los espacios de las organizaciones políticas. Éstas, que no pueden negar a sus propios miembros esa capacidad de ejercicio del Derecho en su más amplia expresión, recuperan así su sentido primigenio, y revestidas del carácter instrumental que nunca deben abandonar, luchan por hacer acopio de virtudes al servicio de un electorado al que deben servir como cauce tranquilo y expresión clara de la voluntad social.

Si nuestra democracia habrá de consolidarse, sólo será en la medida en la que tengamos un sistema de partidos fuerte y representativo, conformado por organizaciones responsables, verdaderamente alternativas y atentas a las necesidades y anhelos de la sociedad.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma la fracción I del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único.- Se adiciona un inciso a la fracción I del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Capítulo IV.- De las obligaciones

Artículo 38.-

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro, e informar anualmente y por escrito al Instituto Federal Electoral respecto de sus nuevas militancias y revocaciones en las entidades federativas o distritos electorales. Dicho registro de militantes que se entregue al Instituto Federal Electoral será confidencial y únicamente podrá ser utilizado por el propio Instituto.

d) a s) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de octubre de 2005.--- Dip José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Cabello Gil. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.

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VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicitamos a la Secretaría que se instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia e informar a esta Presidencia del número de diputados que están en la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se informa a la Presidencia que existen registrados 344 diputadas y diputados.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Hay quórum; continuamos.

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LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Compañeras diputadas y diputados: a continuación, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales.

modalidad="PI">El diputado Fernando Álvarez Monje: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: la iniciativa que este día presento pretende una reforma de los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de modificar la sanción que se impone al titular de una concesión de aguas nacionales cuando éste omite presentar su solicitud de prórroga en el plazo que la ley señala. El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece: ``Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades del desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo.

En la duración de las concesiones y asignaciones, la autoridad del agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos. Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieran en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga''.

La disposición legal que acabo de leer establece que los concesionarios de un título de aguas nacionales que no presenten solicitud de prórroga al menos seis meses antes de su vencimiento pierden automáticamente su derecho. Esa sanción legal ante la conducta omisa de los concesionarios crea la problemática siguiente: de manera automática, a cada momento concesionarios de todo el país están perdiendo el derecho de la prórroga de sus títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, ocasionando graves pérdidas a los usuarios y a las actividades productivas, especialmente en las áreas de trabajo agrícola, en la producción de energía eléctrica y en la acuacultura, entre otras.

Asimismo, la Comisión del Agua se ve limitada por esta disposición y no puede tomar en consideración las demás condiciones que el artículo 24 establece para otorgar la prórroga, pues de manera automática se desechan las solicitudes para prorrogar títulos de concesión, por lo que consideramos que esta sanción es una pena trascendental y excesiva. De ese modo, las autoridades del agua no pueden tomar en cuenta criterios de oportunidad y conveniencia ni las circunstancias particulares del caso para otorgar prórroga, afectando los derechos de los concesionarios y asignatarios. Esta afectación directa e inmediata a los usuarios y a la producción económica del país crece ininterrumpidamente, pues el solo transcurso del tiempo ocasiona más renuncias tácitas al derecho de prórroga. Como legisladores, tenemos el mandato constitucional de no establecer penas excesivas ni trascendentales, conforme a lo que establecen los artículos 21 y 22 de la Carta Magna.

En efecto, el fundamento constitucional del derecho penal administrativo es el artículo 21, pues considera las sanciones establecidas por faltas y violaciones de las leyes administrativas, aplicándose estas penas a conductas cuya licitud es menos grave o intensa que los delitos. Asimismo, las sanciones que establecemos a la falta e infracciones administrativas deben cumplir lo establecido en el artículo 22 de nuestro máximo ordenamiento, pues por ser conductas de naturaleza semejante, aunque de menor rigor a las sanciones del derecho penal, también deben reunir las características que la Constitución señala a éstas. Por lo mismo, al momento que como legisladores establecemos sanciones a faltas e infracciones administrativas, debemos obedecer el mandato constitucional y no establecer penas trascendentales o excesivas.

De esa manera, consideramos que la sanción del párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales consistente en la renuncia tácita de un derecho por el simple paso del tiempo es una pena excesiva y trascendental, pues el desconocimiento de una obligación por el factor tiempo, amén de la vastedad y falta de difusión de las normas jurídicas, no debe originar la pérdida del derecho de prórroga, pues en ese caso el uso del agua es vital para las actividades productivas e indispensables para la vida humana. En ese orden de ideas, consideramos que es una pena trascendental la pérdida del derecho de prórroga, pues éste no sólo afecta al usuario sino a terceros, como su familia, y el caso de los títulos que no son de uso doméstico afecta a los trabajadores que participan en las actividades productivas, a las empresas que mantienen relaciones comerciales con los titulares de las concesiones y asignaciones e, incluso, a los gobiernos de los estados, municipios y la Federación, por las innumerables aportaciones financieras y técnicas que se otorgan de manera conjunta a los usuarios.

Ante esa problemática, que afecta de manera importante tanto a concesionarios como a las autoridades del agua, proponemos derogar esa sanción y establecer otra que no sea trascendental ni excesiva y sea proporcional a la conducta sancionada para cumplir lo mandatado por nuestra Carta Magna. La sanción que proponemos establecer ante la omisión de solicitar la prórroga en el plazo establecido por descuido o negligencia, ignorancia u olvido del titular de la concesión es proporcional a la sancionada y análoga a conductas similares ya sancionadas adecuadamente por la misma Ley de Aguas Nacionales.

Es necesario destacar que con la reforma propuesta, las autoridades del agua no autorizarían la prórroga de manera automática sino que, simplemente, valorarían las demás condiciones que les señala el propio artículo 24 de la ley, por lo que se seguiría preservando diligentemente el recurso hídrico de México.

Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente decreto:

Artículo Único. Se reforman los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 24. La presentación de la solicitud de prórroga a que se refiere este artículo fuera del plazo establecido será sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de esta ley.

Artículo 119. La autoridad del agua sancionará conforme a lo previsto por esta ley las siguientes faltas:

Fracción XXV. Presentar la solicitud de prórroga del título de concesión o asignación fuera del plazo que establece el artículo 24 de esta ley.

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por la autoridad del agua con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley de Bienes Nacionales y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y sus reglamentos, en las normas oficiales mexicanas, en el Código Penal Federal y en las demás disposiciones aplicables en la materia.

Fracción I. Mil a mil quinientos salarios en el caso de violación de las fracciones XVI, XXIV y XXV.

Por lo anteriormente expuesto, pido a la Mesa Directiva que turne esta iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del PAN

Fernando Álvarez Monje, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa propone una reforma a los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales con el fin de modificar la sanción que se impone al Titular de una Concesión que omite presentar solicitud de prórroga en el plazo establecido.

I. Antecedentes

El 1 de diciembre de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aguas Nacionales que abrogó y sustituyó a la Ley Federal de Aguas de 1972.

El 29 de abril de 2003 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, mismo que pasó al Ejecutivo Federal para efectos del artículo 72 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Poder Ejecutivo federal regresó con observaciones el proyecto de Decreto a la Cámara de Senadores el 2 de septiembre de 2003.

Una vez obtenidas las votaciones que señala el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 12 de diciembre de 2003 las reformas fueron aprobadas en la Cámara de Senadores y el 22 de diciembre del mismo año en la Cámara de Diputados.

Finalmente, el 29 de abril de 2004 el Poder Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la amplia reforma a la Ley de Aguas Nacionales, reformando, adicionando y modificando más de 200 artículos, entre ellos el artículo 24.

El texto original del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales era

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de cincuenta años.

Tales concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22, se prorrogarán por igual término por el que se hubieren otorgado si sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley y lo soliciten dentro de los cinco años previos al término de su vigencia.

En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de concesión o asignación, continuarán en vigor los títulos con respecto a los cuales se formulen.

El texto vigente después de la reforma de 2004 es el siguiente:

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, ``la Autoridad del Agua'' tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.

``La Autoridad del Agua'' está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el artículo 22 de la presente ley y al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.

Los motivos de la reforma de este artículo se encuentran en el dictamen votado en la Cámara de Senadores:

``... Como resultado directo de los diversos foros realizados por la Comisión de Recursos Hidráulicos, se modifican en varios casos y bajo causas plenamente justificadas, las condiciones para obtención de títulos, así como aquellas que deberán considerarse para su transmisión, renovación, revocación, extinción y otras. Las condiciones se modifican bajo una visión social congruente con un país relativamente pobre en materia hídrica, a la vez que manteniendo los principios de brindar certeza jurídica a quienes posean títulos de concesión o de asignación...''

``...Para fortalecer la administración del agua, se precisan los derechos y obligaciones de los concesionarios y asignatarios''.1

Uno de los cambios más importantes en el texto original del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales fue el establecer una sanción a la falta de presentación de la solicitud de prórroga dentro del plazo señalado, estableciendo una renuncia tácita para el concesionario que incurriera en esta conducta de omisión.

Y esto obedeció, como lo señala la motivación del Dictamen citado, a fortalecer la administración del agua a través de precisar las obligaciones de los concesionarios que desearan prorrogar sus títulos y a fijar sanciones en caso del incumplimiento de las obligaciones.

Sin embargo, la entrada en vigencia del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales ocasionó una Problemática que no fue prevista cuando se aprobaron las reformas propuestas y que afecta a miles de mexicanos en nuestro país.

II. Problemática

El derecho positivo mexicano es tan vasto y variado que es difícil conocer con precisión la totalidad de las normas vigentes que lo integran para los que no son profesionales del derecho.

Aunada a este obstáculo general, los 6 meses de vigencia que llevan las reformas de la Ley de Aguas Nacionales dificulta la difusión de las nuevas disposiciones que deben cumplir los concesionarios y asignatarios para prorrogar su título de concesión.

Ante esta situación, son innumerables los concesionarios y asignatarios que por olvido, omisión o ignorancia de la ley, se encuentran en el supuesto del artículo 24, tercer párrafo:

Artículo 24.

...

``La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga''.

...

Por lo que de manera automática a cada momento, miles de mexicanos, están perdiendo el derecho a la prórroga de sus títulos, ocasionando graves pérdidas a los usuarios y a las actividades productivas, especialmente en las áreas de trabajo agrícola, en la producción de energía eléctrica, y en la acuacultura, entre otras.

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua se ve limitada por esta disposición y no puede tomar en consideración las demás condiciones que el propio artículo 24 establece para otorgar la prórroga, pues de manera automática se desechan las solicitudes para prorrogar los títulos de concesión, porque la sanción es categórica e incondicional.

De este modo, las ``Autoridades del Agua'' no pueden tomar en cuenta criterios de oportunidad y conveniencia ni las circunstancias particulares del caso para otorgar la prórroga, afectando los derechos de los concesionarios y asignatarios.

Esta afectación directa e inmediata a los usuarios y a la producción económica del país crece ininterrumpidamente, pues el solo transcurso del tiempo ocasiona más renuncias tácitas al derecho de prórroga.

III. Fundamento constitucional

La Ley de Aguas Nacionales es la ley reglamentaria2 del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues desarrolla este precepto constitucional.

El Título Décimo, Capítulo I, de la Ley de Aguas Nacionales establece las Infracciones y Sanciones Administrativas que deben aplicarse por la comisión de faltas y violaciones a la ley.

El fundamento constitucional de las sanciones establecidas por faltas y violaciones a las leyes administrativas es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la doctrina se le ha llamado derecho penal administrativo y su contenido son las sanciones a aquellas conductas cuya ilicitud es menos grave o intensa que la de los delitos y se clasifican en faltas o infracciones.

``Procede señalar que el derecho penal de orientación humanista entiende que solo deben ser considerados como delitos las conductas que más severamente afectan la vida en comunidad, aquellas que lesionan o ponen en peligro, con gravedad, los bienes jurídicos de mayor jerarquía. A éstos corresponden las penas regularmente aceptadas... La sanción penal viene a ser así el último recurso de control social, no el primero.

Si un comportamiento merece reproche, pero no tiene la entidad antisocial del delito, el orden jurídico acuerda otro género de consecuencias jurídicas: sanciones civiles o administrativas, semejantes en naturaleza a las penas del régimen punitivo ordinario, pero mucho menos rigurosa que éstas. Cuando se trata de faltas --que lo son a las leyes o reglamentos-- nos hallamos, pues, ante el derecho penal administrativo o derecho de las contravenciones.''3

Por tanto, el fundamento constitucional de las sanciones por infracciones y faltas a la Ley de Aguas Nacionales contenido en su título décimo, es el artículo 21 de nuestro máximo ordenamiento, en este orden de ideas, estas sanciones por ser de naturaleza semejante --aunque de menor rigor-- a las sanciones del derecho penal, también deben reunir las características que la Constitución señala a éstas.

Una de las más importantes prohibiciones a las sanciones del derecho penal es la prohibición de las penas trascendentales que establece el artículo 22 de nuestra Constitución.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y transcendentales.

...

Este artículo ha sido interpretado en el ámbito del derecho penal por la doctrina de la ciencia del derecho de la siguiente manera:

``Penas transcendentales son aquellas en que se infringe el carácter eminentemente personal que las penas deben tener, y cuyos efectos gravosos, por tanto, no recaen sólo en el condenado a ellas, sino también en otras personas. Característica entre estas penas sería la confiscación total de bienes y, en general, todas las penas pecuniarias excesivas... La prohibición constitucional de las penas trascendentales debe entenderse, pues en un sentido relativo y, sobre todo, en el sentido programático de propender, a través de los diferentes medios posibles, a reducir un mínimo la repercusión desfavorable que sobre los dependientes del reo tiene la pena''.4

Por aplicación del principio general del derecho idem ratio, idem ius ('donde está la misma razón, está el mismo derecho'), si el Constituyente Permanente decidió que quedaban prohibidas las penas trascendentales haciendo referencia --por el contexto del artículo-- al derecho penal, es lógico interpretar que siendo el derecho penal administrativo de semejante naturaleza pero de menor rigor, también le es aplicable esta prohibición.

Por lo que al momento que como legisladores establecemos sanciones a faltas e infracciones administrativas debemos obedecer el mandato constitucional y no establecer penas trascendentales y/o excesivas.

En este orden de ideas, consideramos que la sanción del párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales consistente en la renuncia tácita de un derecho por el simple paso del tiempo es una pena excesiva y trascendental, pues el desconocimiento de una obligación por el factor tiempo, amén de la vastedad y falta de difusión de las normas jurídicas no debe originar la pérdida del derecho de prórroga, pues en este caso el uso del Agua es vital para las actividades productivas e indispensable para la vida humana.

También, consideramos que es una pena trascendental la pérdida del derecho de prórroga por el simple transcurso del tiempo, pues esta no sólo afecta al usuario, sino a terceros como lo es su familia, y en el caso de los títulos que no son de uso doméstico, afectan a los trabajadores que participan en las actividades agrícolas, a las empresas que mantienen relaciones comerciales con los titulares de las concesiones y asignaciones, e incluso al gobierno de los estados, municipios y de la Federación, por las innumerables aportaciones financieras y técnicas que se otorgan de manera conjunta a los usuarios.

Si bien es cierto que en nuestra legislación existen como sanción a las conductas omisas, la pérdida de Derechos por el simple transcurso del tiempo a través de las figuras jurídicas de la Caducidad y Prescripción, también es cierto que la primera opera durante los procedimientos y procesos jurídicos, lo que permite a las partes en un juicio saber de antemano que su inactividad procesal conllevará pérdida de sus derechos procesales, y en cuanto a la prescripción esta opera en el Derecho en contra de algún destinatario de la norma siempre para beneficio de otro, sin embargo, en este caso no es así, solamente es una sanción ante el descuido, negligencia, ignorancia u olvido del titular, por lo que proponemos derogar esta sanción y establecer otra que no sea trascendental ni excesiva y sea proporcional a la conducta sancionada, para cumplir con lo estipulado por nuestra Carta Magna.

IV. Contenido de la propuesta

a) Características jurídicas

Para explicar la idoneidad de nuestra propuesta, es necesario analizar las sanciones vigentes a infracciones y faltas de la Ley de Aguas Nacionales.

La Ley de Aguas Nacionales establece sanciones a diferentes conductas en su artículo 119, para nuestra propuesta son de importante consideración las conductas sancionadas en las fracciones XVI y XXIV.

Artículo 119. La ``autoridad del agua'' sancionará conforme a lo previsto por esta ley las siguientes faltas:

...

XVI. No solicitar el concesionario o asignatario la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

...

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en artículo 113 y 113 Bis de la presente ley, en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el título de concesión o permiso de carácter provisional respectivo.

Las faltas a estas conductas se sancionan de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por ``la Autoridad del Agua'' con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal sobre Metrología y Normalización y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia:

I. 1,000 a 1,500, en el caso de violación a las fracciones XVI y XXIV;

...

La conducta sancionada en la fracción XVI del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales ya trascrito, tiene las mismas características de la conducta sancionada en el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 24.

...

``La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.''

...

Ya que ambas comparten las mismas características:

- Es una obligación a cargo del titular de la concesión o asignación.

- La obligación consiste en realizar un trámite con el fin de que la Autoridad del Agua tenga mayor control sobre los títulos de concesión o asignación.

De esta manera, consideramos que debe sancionarse de igual manera una conducta similar, casi idéntica a la establecida, por tanto, la sanción será la misma que establece la fracción primera del artículo 120 ya trascrito.

b) Refutación de posible argumento en contrario

Podría señalarse que ante la escasez del recurso hídrico es necesario preservar y establecer normas jurídicas estrictas para salvaguardarlo, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Ley de Aguas Nacionales ya contiene mecanismos idóneos para proteger el uso del Agua y regular la explotación, uso o aprovechamiento.

En efecto, de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, la ``Autoridad del Agua'' no otorga la prórroga del título de concesión o asignación de forma automática sino toma en cuenta las siguientes condiciones:

- Que los titulares no incurran en las causales de terminación previstas en la ley,

- Que disponibilidad media anual del agua de acuerdo a la programación hídrica, contenido en el Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2003,

- El reglamento de la Cuenca Hidrológica que se haya expedido,

- Los Derechos de Explotación, Uso o Aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua,

- La normatividad relativa a zonas reglamentadas, vedas y reservas, entre otras.

Y aún más, si la ``Autoridad del Agua'' lo considera necesario, puede suspender, revocar y restringir las concesiones y asignaciones otorgadas, artículos 29 Bis 2, 29 Bis 3, 29 Bis 4 y 29 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo que resultaría falso que se argumentara que con esta reforma se restringe la facultad de las autoridades para preservar el recurso hídrico, al contrario, como se ha demostrado, la autoridad se encuentra limitada por lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales al no poder ejercitar criterios de oportunidad y conveniencia para otorgar o no prórrogas de los títulos de concesión y asignación que le solicitan los usuarios.

c) Técnica legislativa

Utilizando una adecuada técnica legislativa para evitar confusiones en la interpretación y aplicación de la sanción,5 no proponemos sancionar la falta de presentación de la solicitud de prórroga dentro el plazo establecido, pues es un derecho del titular ejercitar o no su opción a la prórroga.

La propuesta de la conducta a sancionar es la presentación de la solicitud de prórroga fuera del plazo establecido para ello; es decir, de forma extemporánea, ya que esta es la conducta que consideramos que como falta administrativa debe ser sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, ya que esta norma jurídica establece la obligación para el titular de la concesión o asignación para presentar su solicitud de prórroga en el plazo establecido, por lo que en caso de violación a este deber es necesario establecer una sanción.

V. Conclusión

La sanción del párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales consistente en la renuncia tácita del derecho de prórroga por el simple paso del tiempo es una pena excesiva y trascendental, por lo que viola lo dispuesto en el artículo 22 constitucional.

Las sanciones a las infracciones de las leyes administrativas en la individualización de las normas jurídicas6 deben ser proporcionales y análogas, y no deben ser transcendentales, es decir, no deben afectar a terceros en la imposición de la sanción.

Nuestra propuesta modifica la sanción adecuando el Sistema Jurídico Mexicano y resolviendo la problemática expuesta en la fracción III de esta iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, ``la Autoridad del Agua'' tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La presentación de la solicitud de prórroga fuera del plazo establecido, será sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de esta ley.

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.

``La Autoridad del Agua'' está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el artículo 22 de la presente ley y al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.

Artículo 119. ``La Autoridad del Agua'' sancionará conforme a lo previsto por esta ley, las siguientes faltas:

I. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en contravención a lo dispuesto en la presente ley en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o el acuífero;

II. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y en las condiciones particulares establecidas para tal efecto;

III. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados en los títulos respectivos o en las inscripciones realizadas en el Registro Público de Derechos de Agua;

IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y demás bienes a que se refiere el artículo 113 de esta ley, sin el título de concesión;

V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso o aprovechamiento del agua, o su operación, sin el permiso correspondiente;

VI. No acondicionar las obras o instalaciones en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca;

VII. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establecen esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, usados o aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere instalado ``la Autoridad del Agua'';

VIII. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la presente ley, así como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes, cuando sean propiedad nacional, sin permiso respectivo o cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional;

IX. Ejecutar para sí o para un tercero obras para alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas, de veda o reservadas, sin el permiso respectivo así como a quien hubiere ordenado la ejecución de dichas obras;

X. Impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que realice ``la Autoridad del Agua'' en los términos de esta ley y sus reglamentos;

XI. No entregar los datos requeridos por ``la Autoridad del Agua'' o ``la Procuraduría'', según el caso, para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, así como en otros ordenamientos jurídicos;

XII. Usar volúmenes de agua mayores que los que generan las descargas de aguas residuales para diluir y así tratar de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en materia ecológica o las condiciones particulares de descarga;

XIII. Suministrar aguas nacionales para consumo humano que no cumplan con las normas de calidad correspondientes;

XIV. Arrojar o depositar cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo;

XV. No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga;

XVI. No solicitar el concesionario o asignatario la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

XVII. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia;

XVIII. Desperdiciar el agua en contravención a lo dispuesto en la ley y sus reglamentos;

XIX. No ejecutar la destrucción de los pozos que hayan sido objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus equipos de bombeo cuando se transmitan parcialmente los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;

XX. Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente; cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional;

XXI. No informar a ``la Autoridad del Agua'', de cualquier cambio en sus procesos cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieren servido para expedir el permiso de descarga correspondiente;

XXII. Dejar de llevar y presentar los registros cronológicos a que se refiere ``la ley'';

XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los artículos 113 y 113 Bis de esta ley, sin contar con concesión o permiso de carácter provisional respectivo, y

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los artículos 113 y 113 Bis de la presente ley, en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el título de concesión o permiso de carácter provisional respectivo.

XXV. Presentar la solicitud de prórroga del título de concesión o asignación fuera del plazo que establece el artículo 24 de esta ley.

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por ``la Autoridad del Agua'' con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal sobre Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia:

I. 1,000 a 1,500, en el caso de violación a las fracciones XVI, XXIV y XXV;

II. 1,501 a 5,000, en el caso de violaciones a las fracciones VI, X, XVIII y XXI, y

III. 5,001 a 20,000, en el caso de violación a las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXII y XXIII.

En los casos previstos en la fracción IX del artículo anterior, los infractores perderán en favor de la nación las obras de alumbramiento y aprovechamiento de aguas y se retendrá o conservará en depósito o custodia la maquinaria y equipo de perforación, hasta que se reparen los daños ocasionados en los términos de ley, sin menoscabo de otras sanciones administrativas y penales aplicables.

Las multas que imponga ``la Autoridad del Agua'' se deberán cubrir dentro de los plazos que dispone la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos. Cámara de Senadores. LVIII Legislatura. Diario de los Debates, 24 de abril de 2003.

2 TENA Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, Porrúa, México, 2000.

3 GARCÍA Ramírez, Sergio, ``Comentario al artículo 21 constitucional'', en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, Tomo I, p. 399.

4 BUNSTER, Álvaro ``Comentario al artículo 22 constitucional'', en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, Tomo I, p. 412.

5 PEDROZA de la Llave, Susana Thalía, ``La técnica legislativa en México'', en Elementos de técnica legislativa, Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp. 110-115.

6 LARA Chagoyán, Roberto, El concepto de sanción, Doctrina Jurídica Contemporánea, Distribuciones Fontamara, México, DF, p. 301.

Dip. Fernando Álvarez Monje (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, señor diputado. Se turnará a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también será turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, que es específicamente a la que tocan estas tareas. ¿Quiere Comisiones Unidas? Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY DE AVIACION

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación.

modalidad="PI">El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. La presente iniciativa, que reforma la Ley de Aviación Civil, pretende fundamentalmente, primero, actualizar la nomenclatura de las normas enunciadas en esta ley y, segundo, incrementar el monto por indemnización a los usuarios de las aerolíneas por destrucción, avería o pérdida de equipaje. En cuanto al primer punto, cabe hacer mención de que, en diversos párrafos, la ley se refiere a normatividad que ha sido derogada o que bien ha cambiado de nombre. Es el caso de los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la mencionada ley, que hacen referencia al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.

Es decir, la actual redacción de la Ley de Aviación Civil aún nos remite a artículos de leyes que ya no son vigentes, por lo que es necesario actualizar la nomenclatura: tanto el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, como el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Por otro lado, en cuanto al incremento de la indemnización que deben pagar las aerolíneas a los usuarios por la destrucción o pérdida de equipaje, hay que destacar que la Ley de Aviación Civil señala que el contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario, un permisionario y un pasajero, por lo cual el primero se obliga a trasladar al segundo de un punto de origen a un punto de destino contra el pago de un precio; esto es, el derecho que tienen el usuario de transporte aéreo y los concesionarios o permisionarios, que no son otros más que las líneas aéreas que prestan el servicio, y el boleto de avión se convierte así en un contrato de adhesión. Así, al comprar un boleto de avión, el usuario contrata un servicio de tipo de comercial que trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes.

Los pasajeros deben observar distintos aspectos normativos para poder recuperar su equipaje, como los siguientes: todo pasajero debe llevar a bordo hasta dos piezas de equipaje en mano, siempre que por su naturaleza o dimensiones no afecten la seguridad del resto de los pasajeros. También tiene derecho a transportar como mínimo, sin cargo alguno, 25 kilogramos de equipaje cuando el viaje se realice en una aeronave con capacidad para 20 pasajeros y 15 kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad. El número de piezas, las restricciones de volumen y el límite de peso son establecidos por la compañía aérea.

En el caso del equipaje que se documenta se debe expedir un talón por cada pieza, maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte. El talón debe constar de dos partes, una para el pasajero y otra que se adhiere al propio equipaje. El exceso de equipaje podrá transportarse de acuerdo con el espacio disponible de la aeronave; en ese caso, la aerolínea tiene derecho a solicitar un pago adicional. La aerolínea que presta el servicio será responsable del equipaje documentado, desde el momento en que se pide el talón correspondiente hasta que se entregue el equipaje al pasajero en el punto de destino. La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será hasta de 40 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, en la fecha en que ocurran los hechos. Por la pérdida o avería del equipaje facturado, la indemnización que puede reclamar el pasajero será equivalente a la suma de 75 salarios mínimos.

Las empresas de transporte aéreo estarán exentas de responsabilidades por daños causados al equipaje cuando éstos sean provocados por vicios propios de los bienes o inadecuados. Es obligación de las aerolíneas hacer saber a los usuarios los alcances de los seguros contratados y el derecho que tienen de exigir, en su caso, el pago de las indemnizaciones que correspondan. Los seguros de responsabilidad civil que cubran los daños a pasajeros deben incluir cuando menos la cobertura de muerte, gastos funerarios, atención médica a lesionados, incapacidad temporal, parcial, permanente total, pérdida o avería en el equipaje de mano y pérdida o avería del equipaje facturado. Es justamente en lo relativo a las cantidades económicas de la indemnización a los pasajeros en lo que consideramos necesario reformar la ley pues, desde nuestra perspectiva, las actuales indemnizaciones en muy poco reparan el daño que sufren los usuarios por el mal manejo que las aerolíneas dan a su equipaje.

La Ley de Aviación Civil, en el Capítulo VII, habla de la responsabilidad por daños, y en su sección primera se aboca al tema de los daños a pasajeros, equipaje y carga, de tal modo que en el artículo 62 se establece lo siguiente: que para los daños a pasajeros, el derecho a recibir indemnizaciones se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, salvo por lo que se refiere al monto, en que será el triple de lo previsto en dicho artículo. Para la prelación en el pago de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de hasta 40 salarios mínimos; por la pérdida o avería del equipaje facturado, la indemnización será equivalente a la suma de 75 salarios mínimos. En esta ley no se toma en cuenta que en ocasiones el valor del equipaje puede rebasar con mucho la estimación que se hace en la ley, por lo que, además de ajustar el cuerpo legal a la realidad material, como se ha comentado, es indispensable establecer un sustantivo incremento de las indemnizaciones de las aerolíneas, en beneficio de los propios usuarios. Proponer un incremento de las indemnizaciones tiene como fundamento el excesivo número de quejas que la Procuraduría Federal del Consumidor recibe anualmente de ciudadanos contra las aerolíneas por el robo o extravío de equipaje; y, aún más, por la negativa de las aerolíneas al pago de la indemnización correspondiente.

En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación. Se reforman estos artículos, quedando como sigue:

Artículo 3. ... son aplicables a la navegación aérea las disposiciones que sobre nacimientos y defunciones a bordo de un buque con bandera mexicana establece el Código Civil Federal.

Artículo 4o., fracción IV. ... los Códigos de Comercio Civil, Federal y Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 62. ... para los daños a pasajeros, el derecho a percibir indemnización se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1915 del Código Civil Federal, salvo por lo que se refiere al monto, que será el triple de lo previsto en dicho artículo; y para la prelación en el pago de las indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Es responsabilidad del concesionario tomar todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para proteger el equipaje. La indemnización por la destrucción, avería o pérdida del equipaje de mano será de hasta 80 salarios mínimos, y en el caso de equipaje facturado será de 200 salarios mínimos. Si el monto establecido en la factura fuere superior a dicho techo, el concesionario cubrirá 50 por ciento de la diferencia entre el monto establecido en la ley y el valor de la factura.

Cuando el valor del equipaje facturado sea mayor de 200 salarios mínimos, el usuario podrá ser indemnizado por el valor total de su equipaje, para lo cual, antes de abordar su vuelo, el pasajero deberá informar y demostrar fehacientemente al concesionario que el valor de su equipaje es superior a 200 salarios mínimos, exhibiendo así las facturas y los documentos de propiedad que acrediten su dicho, y se documentará de forma suficiente por el concesionario, quien entregará una constancia de registro con la finalidad de acreditar y proteger el equipaje.

Artículo 64. ... en los casos de las indemnizaciones previstas en los artículos 62 y 63 anteriores, el concesionario o permisionario no gozará del beneficio de limitación de responsabilidad y deberá cubrir los daños y perjuicios causados en términos del Código Civil Federal.

Si se comprueba que los daños se debieron a dolo o mala fe del propio concesionario o permisionario o de sus dependientes o empleados o cuando no se expide el billete del pasaje del boleto, el talón de equipaje o la carta de porte o guía de carga aérea, según corresponda.

Para el pago de las indemnizaciones se tomará como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en la fecha en la que ocurrieron los daños.

Artículo 68. ... los daños que sufran las personas o las cargas transportadas en aerovías destinadas al servicio de transporte aéreo privado o comercial se sujetarán a las disposiciones del Código Civil Federal.

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El sucrito, diputado federal Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil para actualizar la nomenclatura de las normas enunciadas en esta ley e incrementar el monto por indemnización a los usuarios de las aerolíneas por la destrucción, avería o pérdida de su equipaje, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Que dado la comunicación es indispensable para la construcción de acciones públicas, la suma de los esfuerzos deben de consolidar el desarrollo del país y a su vez fomentar el rendir cuentas y sugerir responsabilidades compartidas.

La comunicación aérea, terrestre, portuaria y el uso de las tecnologías de la información son fundamentales para apoyar la competitividad en México.

Tomando en cuenta que en la parte de aeropuertos y transporte aéreo, la inversión en aeropuertos es de 3 mil 415 millones de pesos, de los cuales, 2 mil 204 millones corresponden a recursos públicos, y mil 211 de pesos a inversión privadas, teniendo un acumulado, combinado entre 2001 y 2004, de 7 mil 617 millones de pesos, que equiparan favorablemente en un 44 por ciento contra las inversiones realizadas entre 95 y 98.

La infraestructura aeroportuaria en lo que se refiere a el transporte aéreo, el movimiento de pasajeros transportados por vía aérea, durante el servicio regular en el 2004, se estimo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 37.8 millones de pasajeros, mientras que para el periodo 2001-2004, el acumulado es de 140 millones de pasajeros, el cual es a su vez, superior en 25.5 por ciento al volumen transportado entre 1985 y 1988.

Cabe señalar adicionalmente, que si bien aviación nacional recibió los impactos igual que en todo el mundo, impactos adversos de septiembre de 2001, el volumen de la demanda como puede constatarse, se ha recuperado y se encuentra ya con las tendencias exactamente como venían manejándose desde antes.

Que por su parte, el movimiento de carga aérea en 2004 se estimo en 435 mil toneladas, lo que confirma una dinámica significativa y para el cuatrienio 2001-2004, el volumen de carga estimado es de un millón 585 mil toneladas, que resulto ser un 25.8 por ciento, superior al registrado en 95-98.

La Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido en todo el país más de 2000 quejas en contra de aerolíneas. Los principales motivos de reclamación fueron: el cobro indebido, la negativa a la bonificación o devolución de la cantidad, la negativa al pago por pérdida del equipaje, por no respetar los términos del contrato y por servicio deficiente.

En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las Directrices de la ONU para la Protección al Consumidor, ocasión en la que se logró el reconocimiento internacional de los siguientes derechos:

Los siete derechos básicos del consumidor

1. Derecho a la información. La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los productos y servicios que le ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y verdadera, para que pueda elegir sabiendo qué está comprando.

2. Derecho a la educación. Usted puede y debe recibir educación en materia de consumo, conocer sus derechos, y saber de qué forma lo protege la ley, así como organizarse con otros consumidores para tomar cursos o talleres que le enseñen a consumir de manera inteligente.

3. Derecho a elegir. Usted puede escoger los productos y servicios que más le convengan sin que nadie lo presione, le condicione la venta de lo que quiere a cambio de comprar algo que no desea, o le exija pagos o anticipos antes de haber firmado un contrato.

4. Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad; asimismo, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso recomendado de los productos.

5. Derecho a no ser discriminado. Si usted decide adquirir un producto o acceder a un servicio, nadie puede discriminarlo por tener alguna discapacidad, ni tampoco por su sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad o cualquier otro motivo.

6. Derecho a la compensación. Cuando los proveedores de bienes y servicios no cumplan con lo prometido, usted tiene derecho a que se le compense, ya sea devolviéndole su dinero, reduciendo el precio del producto, reparándolo sin costo alguno o lo que proceda según el caso.

7. Derecho a la protección. Si los proveedores no respetan sus derechos, usted puede ser defendido por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes. También tiene derecho a organizarse con otros consumidores para defender intereses comunes.

La Ley de Aviación Civil señala que el contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o un permisionario y un pasajero, por lo cual el primero se obliga a trasladar al segundo de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio, esto es, el derecho que tiene el usuario de transporte aéreo y los concesionarios o permisionarios que no son otros mas que las líneas aéreas que prestan el servicio y el boleto de avión se convierte en un contrato de adhesión.

Así al comprar un boleto de avión el usuario contrata un servicio de tipo comercial que trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes.

La pérdida o daños provocados al equipaje durante la transportación es una de las principales quejas de los usuarios de las líneas aéreas.

Los pasajeros deben de observar distintos aspectos normativos para poder recuperar su equipaje tal como son:

a) Todo pasajero debe llevar a bordo hasta dos piezas de equipaje en mano, esto siempre que por su naturaleza o dimensiones no afecten la seguridad de los demás pasajeros.

b) También tiene derecho a transportar como mínimo, sin cargo alguno, 25 kilogramos de equipaje cuando el viaje se realice en una aeronave con capacidad para 20 pasajeros o más, y 15 kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad. El número de piezas, las restricciones de volumen y el límite de peso son establecidos por la compañía aérea.

c) En el caso del equipaje que se documenta, se debe expedir un talón por cada pieza, maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte. El talón debe constar de dos partes, una para el pasajero y otra que se adhiere al equipaje.

d) El exceso de equipaje podrá transportarse de acuerdo con el espacio disponible de la aeronave; en ese caso la aerolínea tiene derecho a solicitar al usuario un pago adicional.

e) Algo muy importante es que la aerolínea que presta el servicio será responsable del equipaje documentado desde el momento que se pida el talón correspondiente hasta que se entregue el equipaje al pasajero en el punto de destino.

f) La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será hasta 40 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, en la fecha que ocurran los hechos. Por la pérdida o avería del equipaje facturado, la indemnización que puede reclamar el pasajero será equivalente a la suma de 75 salarios mínimos.

g) Las empresas de transporte aéreo estarán exentas de responsabilidades por daños causados al equipaje cuando estos sean provocados por vicios propios de los bienes o embalajes inadecuados.

h) Es obligación de las aerolíneas hacerle saber a los usuarios los alcances de los seguros contratados y el derecho que tiene a exigir, en su caso el pago de las indemnizaciones que correspondan.

i) Los seguros de responsabilidad civil que cubran daños a pasajeros deben incluir, cuando menos, la cobertura de muerte, gastos funerarios, atención médica a lesionados, incapacidad temporal, parcial, permanente total, perdida o avería en el equipaje de mano y pérdida o avería del equipaje facturado.

Pero aquí es en donde se encuentra una laguna legal que perjudica al derecho de los pasajeros ya que de la lectura del la Ley de Aviación Civil en su capitulo XII que habla de la responsabilidad por daños en su sección primera se avoca al tema de los daños a pasajeros, equipaje y carga.

En su numeral 62 se lee:

``Articulo 62.- Para los daños a pasajeros, el derecho a percibir indemnizaciones se sujetara al lo dispuesto por el articulo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la Republica en materia Federal, salvo por lo que se refiere al monto que será el triple de lo previsto en dicho articulo para la prelación en el pago de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de hasta cuarenta salarios mínimos. Por la perdida o avería del equipaje facturado la indemnización será equivalente a la suma de setenta y cinco salarios mínimos.''

Es decir, aún se esta tomando en cuenta lo contenido en el antiguo Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la Republica en materia Federal, por lo que es de imperiosa necesidad ajustar dicho artículo y armonizarlo con el marco jurídico vigente, señalando que actuará apegados a lo señalado en el artículo 1915 del Código Civil Federal y adecuando el párrafo segundo del numeral referido agregando la obligación del concesionario de responder por el total de

En esta Ley no se toma en cuenta que muchas veces el valor del equipaje puede rebasar con mucho la estimación que hace la ley, por lo que hay que ajustar también el cuerpo legal a la realidad material dando oportunidad a ambas partes y concediendo tanto derechos como obligaciones.

El proyecto que se presenta tiene como principal meta actualizar el marco jurídico

Las acciones deben comprobarse en resultados observables, por lo que es indispensable consolidar la competitividad y el crecimiento económico para el desarrollo social del país.

En virtud de lo expresado, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4, 62, 64, y 68 de la Ley de Aviación Civil:

Proyecto de Decreto

Artículo Único: Se reforman los artículos 3, 4, 62, 64, y 68 de la ley de Aviación Civil para quedar como sigue:

``Artículo 3.

...

...

...

Son aplicables a la navegación aérea civil las disposiciones que, sobre nacimientos y defunciones a bordo de un buque con bandera mexicana, establece el Código Civil Federal.

Artículo 4.

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Los códigos de Comercio; Civil Federal; y Federal de Procedimientos Civiles.''

Artículo 62.

Para los daños a pasajeros, el derecho a percibir indemnizaciones se sujetara al lo dispuesto por el articulo 1915 del Código Civil Federal, salvo por lo que se refiere al monto que será el triple de lo previsto en dicho articulo. Para la prelación en el pago de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Es responsabilidad del concesionario tomar todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para proteger el equipaje.

La indemnización por la destrucción, avería o pérdida del equipaje de mano será de hasta ochenta salarios mínimos y en el caso del equipaje facturado será de doscientos salarios mínimos; si el monto establecido en la factura fuere superior a ese techo, el concesionario cubrirá el 50% de la diferencia entre el monto establecido por la ley y el valor de la factura.

Cuando el valor del equipaje facturado sea mayor a 200 salarios mínimos el usuario podrá ser indemnizado por el valor total de su equipaje, para lo cual antes de abordar su vuelo el pasajero deberá informar y demostrar fehacientemente al concesionario que el valor de su equipaje es superior a los 200 salarios mínimos exhibiendo las facturas y documentos de propiedad que acrediten su dicho y se documentará de forma suficiente por el concesionario quien entregará una constancia de registro con la finalidad de acreditar y proteger dicho equipaje.

Artículo 64.

En los casos de las indemnizaciones previstas en los artículos 62 y 63 anteriores, el concesionario o permisionario no gozará del beneficio de limitación de responsabilidad, y deberá cubrir los daños y perjuicios causados en términos del en términos del Código Civil Federal, si se comprueba que los daños se debieron a dolo o mala fe del propio concesionario o permisionario o de sus dependientes o empleados, o cuando no se expida el billete de pasaje o boleto, el talón de equipaje o la carta de porte o guía de carga aérea, según corresponda.

Para el pago de las indemnizaciones se tomará como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que ocurran los daños.''

Artículo 68.

Los daños que sufran las personas o carga trasportadas en aeronaves destinadas al servicio de trasporte aéreo privado comercial se sujetarán a las disposiciones del Código Civil Federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.''

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Triana. Se turna a la Comisión de Transportes la iniciativa presentada.

A petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se pospone la iniciativa que habría de presentar el diputado González Yáñez.

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LEY DE PLANEACION

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La administración pública tiene una función encaminada a definir desde el inicio del sexenio sus acciones gubernamentales fijando objetivos para la ejecución de los programas económicos y sociales. Esta función se denomina planeación, surgida de la necesidad de diseñar las estrategias para una debida atención a los requerimientos sociales, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, promulgada el 5 de enero de 1983. La operatividad de la planeación se consolida a través de los comités estatales dedicados a trabajar para eliminar la práctica de políticas centralistas provocadas por la concentración urbana en el Distrito Federal y su zona metropolitana.

La política de planeación nacional se funda en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentos que rescatan la ideología de Juan Jacobo Rousseau, sobre el acuerdo de voluntades del gobierno con la población, denominado ``contrato social'', con el fin de organizar los sectores de la sociedad y alentar su participación mediante la celebración de convenios coordinados con las entidades federativas y definir la ejecución de los programas que consoliden los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La Ley de Planeación se compone de primicias básicas que encauzan las actividades del Presidente de la República para una adecuada participación democrática de los grupos sociales que coadyuvan con el Gobierno Federal a alcanzar sus metas, mediante la aplicación de los principios de temporalidad, obligatoriedad, publicidad, evaluación, rectificación y observación por el Congreso de la Unión. Ahora bien, conforme a lo establecido en los artículos 11, 18, 29 y 40 de la Ley de Planeación, es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con intervención a la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, regular las políticas de desarrollo del país.

Esta normatividad nos confronta a la realidad de la transformación de las instituciones de la Administración Pública Federal porque, luego de transcurridos 24 años, las normas de esos fundamentos siguen dando vigencia a dependencias desaparecidas, lo cual no debe suceder porque existen dos decretos presidenciales, de 1986 y de 2003, que transformaron y extinguieron las atribuciones de esas Secretarías. Como es sabido, las facultades de la Secretaría de Programación y Presupuesto son asumidas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una subsecretaría del mismo nombre, y la Secretaría de la Función Pública sustituyó la Secretaría de la Contraloría de la Federación. Por ende, el texto de la Ley de Planeación confiere facultades a dependencias inexistentes.

Esa situación es una irregularidad que propicia incertidumbre en la legalidad de las instituciones y genera discontinuidad en la aplicación de los artículos 11, 20, 31, fracción I, y 37, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, situación que debemos corregir con leyes congruentes con la realidad del México del siglo XXI. Para lograr la operatividad de los principios que rigen el Plan Nacional de Desarrollo contenidos en la ley correspondiente, se deben ajustar sus normas a las nuevas potestades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. Por ello, las disposiciones deben ser precisas con el régimen actual de la Administración Pública Federal a fin de otorgar a los gobernados la certeza jurídica de que los fines del Gobierno Federal serán cumplidos con una planeación acertada, orientada por las dependencias legitimadas e idóneas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para quedar como aparecen publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 27 del mes de octubre próximo pasado. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre del año 2005.

Solicito de manera atenta y respetuosa, diputada Presidenta, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La administración pública tiene una función encaminada a definir desde el inicio del sexenio las acciones gubernamentales mediante la fijación de objetivos encaminados a la ejecución de programas económicos y sociales.

Esta función se denomina planeación surgida por la necesidad de delimitar las estrategias que deben adoptarse para la debida atención de las necesidades de la sociedad, sus antecedentes se remontan al 12 de julio de 1930 fecha en que se promulgó la Ley sobre Planeación General de la República de aplicación nula hasta concluir el 5 de enero de 1983 con la publicación de la Ley de Planeación hasta hoy vigente.

Como podemos apreciar la planeación en México, se consolida día con día al establecer a través de Comités Estatales la abolición la práctica de políticas centralistas provocadas por la concentración urbana del Distrito Federal y su zona metropolitana, a fin de evitar las complicaciones derivadas de los intentos de las Secretarías de Estado, por fortalecer el desarrollo integral el país y homogenizar el crecimiento de la sede de los poderes de la unión, con todas las regiones del territorio nacional.

La política de planeación nacional, se funda en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales rescatan la ideología de Juan Jacobo Rosseau sobre el acuerdo de voluntades del gobierno y la población en un Contrato Social, para organizar a la administración pública federal con los sectores de la sociedad y participar mediante la celebración de convenios para coordinar con las entidades federativas, la forma de ejecución de los programas que consoliden los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, atento a los lineamientos que se establecen en la Ley de Planeación.

La Ley de Planeación se compone de primicias básicas que encausan las actividades del Presidente de la República, para lograr una adecuada participación democrática de los grupos sociales que componen a las organizaciones representativas que coadyuvan con el gobierno federal para alcanzar las metas de desarrollo, definidas por la aplicación de los principios que caracterizan al plan nacional de desa-rrollo, consistentes en la temporalidad, la obligatoriedad, la publicidad, la evaluación, la rectificación susceptible observarse por el Congreso de la Unión.

Ahora bien, conforme a lo establecido en los artículos 11, 18, 29, y 40 de la Ley de Planeación es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la intervención a la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de la Contraloría de la Federación regular las políticas del desarrollo regional del país, lo cual nos confronta a la realidad de la transformación de las instituciones de la administración pública federal, porque luego de transcurridos veinticuatro años las normas de los numerales en cita siguen dando vigencia a las dependencias responsables de los programas, cuando ello de ningún modo debe suceder porque dos decretos del Presidente de la República de 1986 y el 2003, transformaron las atribuciones de las secretarias antes referidas.

Como es sabido las facultades atribuidas a la Secretaría de Programación y Presupuesto son asumidas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una subsecretaría y a su vez la Secretaría de la Función Pública es lo que conocimos hace dos décadas como la Secretaría de la Contraloría de la Federación, por ende el texto legal de la Ley de Planeación define facultades a dependencias inexistentes.

Esta situación constituye una irregularidad que solo propician la incertidumbre en el espíritu de la legalidad de las instituciones, porque generan procesos de discontinuidad en el ejercicio de la aplicación de los artículos 11, 20, 31 fracción I y 37 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo cual debemos resolver conforme a derecho a fin de legislar de manera responsable y en congruencia a la realidad del México del siglo XXI.

Estos efectos no solo producen inconsistencias por una simple denominación de una dependencia del gobierno federal, sino que producen efectos contradictorios que hacen necesarias las reformas propuestas en la presente iniciativa y obligan a su actualización, puesto que para lograr la operatividad de los principios que rigen al plan nacional de desarrollo contenidos en la ley correspondiente, deben ajustarse a las nuevas potestades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

Es decir, para cumplir los principios relativos a la evaluación, la rectificación y que el plan nacional de desa- rrollo durante la vigencia del mismo para ser susceptible de observarse por el Congreso de la Unión, es imprescindible brindar las condiciones necesarias para consolidar la armónica aplicación de las disposiciones de la Ley de Planeación con eficiencia adecuando sus normas a la realidad de los textos legales vigentes que no sólo preceptúan programas, sino subprogramas emergentes, por ello las disposiciones deben ser congruentes al régimen vigente de la administración pública federal, lo cual para los días que se promulgó esta ley en 1983, de ningún modo las secretarias responsables de su aplicación estaban dotadas de las facultades que gozan en la actualidad.

Por tales motivos debemos hacer un paréntesis para reflexionar que los diputados federales no solo debemos constreñirnos a desempeñar la encomienda ordenada por la ciudadanía en las urnas con transparencia, responsabilidad, honradez para fungir solo como gestores, sino que debemos fortalecer el ejercicio de la soberanía en un régimen de convivencia garantizado por el desarrollo social de todo el país con la promoción del crecimiento económico, propiciando el desempeño de los órganos del poder público con una planeación acertada para otorgar la certeza a los gobernados de que los fines de la administración pública serán cumplidos, tal como se plantea en la presente iniciativa encaminada a favorecer la equidad social.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 11.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Capítulo II Sistema Nacional de Planeación Democrática

Artículo 18.- La Secretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan, los programas y subprogramas emergentes que determine la Administración Pública Federal.

Artículo 29. ...

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...

...

Capítulo VI Concertación e Inducción

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Gobierno del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta ley.

...

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Sandoval Figueroa. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestra compañera, la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 47, 48, 51 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

modalidad="PI">La diputada Consuelo Camarena Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores; honorable Asamblea:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 47, 48, 51 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 47, 48, 51 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a efecto de respaldar al Instituto Nacional de Antropología e Historia en su tarea de protección a material fósil de interés paleontológico, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Los fósiles son restos de organismos animales ó vegetales, que existieron en épocas geológicas pasadas cuyo estudio se denomina paleontología, que dadas sus características, viene a ser una especie de puente entre la biología y la geología. Los fósiles se suelen encontrar en rocas sedimentarias, porque este tipo de rocas no han sufrido procesos traumáticos, como pueden ser altas temperaturas y fuertes presiones, que habrían provocado la destrucción de los fósiles. Cuando en un lugar determinado encontramos una concentración elevada de fósiles se le considera un yacimiento. Los fósiles más antiguos que se conocen pertenecen a bacterias de ambiente acuático, encontrados en rocas que pueden llegar a tener más de 3.000 millones de años.

Como hemos dicho, la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Podemos concretar más diciendo que una de sus ramas, la tafonomía, es la encargada de estudiar el proceso de la fosilización. También estudia la formación de los yacimientos.

Cuando un organismo, animal o vegetal, muere, su destino normal es descomponerse y desaparecer. Ha de suceder algo especial para que este organismo, o al menos una parte de él, ``se salve'', no se descomponga y se mineralice. Hay muchos factores que van a pugnar por la destrucción de los organismos una vez muertos, factores tanto biológicos (bacterias), como químicos o mecánicos. En esencia lo que ha de suceder es que los restos orgánicos queden protegidos en un área de sedimentación, y que está sedimentación tenga lugar de la forma más rápida posible. Además de la velocidad influirán otros factores, como el tipo de sedimento (los fósiles están más protegidos si el sedimento es de grano fino, como por ejemplo las arcillas), y el tipo de ambiente en que se encuentra ubicada el área de sedimentación (en ambientes acuáticos es menor la presencia de los factores de destrucción).

La fosilización es el proceso por el cual se conservan restos de animales o vegetales en las rocas. También la podemos definir como un proceso de mineralización, en el cual se sustituyen los compuestos orgánicos del organismo muerto por sustancias inorgánicas. Los minerales habitualmente implicados en este proceso son: sílice, carbonato cálcico, pirita, fosfato cálcico y otros fosfatos y sulfatos. Hay diferentes procesos de fosilización, y una manera sencilla de comprenderlos puede ser examinando los tipos de fósiles existentes.

Mediante la estratigrafía, y gracias a los diferentes tipos de fósiles encontrados en las rocas, se determina la edad de éstas, lo que permite establecer el correcto orden de los estratos.

La paleoecología, por su parte, permite reconstruir los ambientes de épocas pasadas basándose también en los fósiles de los organismos que vivieron en cada una de ellas. Podríamos seguir citando más ramas de la paleontología, pero nos conformaremos con mencionar por último que el registro fósil ha sido fundamental para el estudio de la evolución de los organismos.

Todas estas disciplinas nos cuentan cosas del pasado, y todas beben de la misma fuente, del estudio de los fósiles, de ahí que los consideremos verdaderos libros en la roca.

México es una fuente de riqueza en cuanto a fósiles se refiere, sin embargo lo basto de yacimientos a largo y ancho del territorio nacional evita tener la garantía de protección que evite su destrucción o tráfico ilegal, siendo necesario para ello, el que la ley sea clara y dé herramientas y no ambigüedades al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien se encarga de proteger y denunciar cualquier acto ilícito en perjuicio de esta área del patrimonio paleontológico del país.

Una de éstas ambigüedades que se da en la práctica, es que la realiza runa denuncia por alguna violación a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al integrar el Ministerio Público de la Federación la Averiguación Previa correspondiente puede requerir la constancia de la existencia de declaratoria del ejecutivo federal sobre la zona donde fueron encontrados, extraídos o destruidos los bienes jurídicos protegidos para configurar el tipo penal en cuestión, aunado a la inexistencia de una norma clara de que autoridad o instancia es la competente para emitir dictámenes en la materia.

Lo anterior desprende que la gran mayoría de los yacimientos paleontológicos no cuentan con dicha declaratoria, por lo que la ley debe especificar que aún sin esta se comete un delito quien destruye o trafica con material fósil de interés paleontológico, lo cual será competencia del propio Instituto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 51 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, en vestigios o restos fósiles de interés paleontológico, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, o vestigio o restos fósiles de interés paleontológico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico, artístico, o de vestigios o restos fósiles de interés paleontológico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, o vestigios o fósiles de interés paleontológico, sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Transitorio

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 27 de octubre de 2005.--- Dip. Consuelo Camarena Gómez (rúbrica).»

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Camarena Gómez. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY FEDERAL DE TURISMO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Turismo.

El diputado Inelvo Moreno Álvarez: Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Turismo.

El suscrito diputado federal, Inelvo Moreno Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Turismo, misma que se fundamenta y motiva en lo siguiente:

Exposición de Motivos

Expertos afirman que el turismo, durante el siglo XXI, será una de las tres industrias que controlarán la economía.

Para México, el turismo esta considerado como la tercera fuente de divisas de la economía. Además de ser un sector considerado de gran actividad, ya que, aún en crisis económicas como la de 1994, ha logrado mantener la generación de empleos tanto directos como indirectos.

Contrario a estas cifras tan alentadoras, en el marco mundial, el panorama no parece ser tan majestuoso, para nuestro país. Los ingresos de México en materia turística representan solo el 1.5 por ciento del turismo mundial, estando por debajo de Hong Kong, Hungría, Polonia, Malasia, Turquía, Portugal, Holanda, entre otros, ocupando apenas el lugar 19 en cuanto a captación de divisas. Los turistas que vienen a nuestro país en general tienen una estadía menor al promedio mundial.

Peor aún, es que la actividad turística que se desarrolla en nuestro país se ha caracterizado por grandes empresas operadoras. Las de mayores utilidades son de capital extranjero, y al final de la cadena representan salidas de divisas del país.

Es urgente, crear conciencia de lo que representa el turismo en nuestra economía. Debemos dotar del marco legislativo adecuado para que se establezcan políticas públicas convenientes para impulsar este sector, desde una perspectiva nacionalista, para que en el mediano y largo plazo se vean los frutos tanto para la economía nacional como para los pobladores de las zonas turísticas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, del ramo 21, Turismo, en el capítulo 8000 referente a las participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales y Gasto reasignado, existe la partida 8500 que se refiere a Gasto Federal reasignado a las entidades Federativas y Municipios, cuya asignación para el 2005 fue de 105,511,472 pesos.

Dicha partida, se maneja a través de los denominados Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos para la Promoción y Desarrollo Turístico, el cual se firma anualmente entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el gobierno estatal que solicita participar, a través de elaborar una propuesta de proyecto a apoyar para cada ejercicio fiscal.

Sectur analiza e integra los proyectos seleccionados, considerando principalmente aquellos destinos que cuentan con gran potencial turístico, que se encuentren dentro de un circuito turístico y que tengan accesos carreteros razonables.

Los montos que se otorgan a cada entidad federativa están en función del presupuesto que se autorice a la Sectur y de acuerdo con la solicitud estatal.

Hasta hoy día no existe un lineamiento claro de los tiempos para aplicar dicho presupuesto, y por ello, la aplicación en las entidades a veces se da ya muy avanzado el año, y en los primeros meses se tienen proyectos detenidos. El objetivo es que ésta partida contribuya de manera eficiente al desarrollo de sitios potencialmente turísticos, donde la derrama económica que se genere sirva para el desarrollo regional.

A partir de lo anterior, buscamos contribuir desde la Cámara se a eficientizar y generar valor agregado a los municipios con vocación turística independientemente del crecimiento que hasta ahora han tenido.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la Iniciativa por la que se reforman el artículo 17 de la Ley Federal de Turismo para quedar como sigue:

Artículo 17

La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación, a más tardar el último día de febrero de cada año, en los que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, asuman funciones operativas para:

I. a IV. ... Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Dip. Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Moreno Álvarez. Se turna a la Comisión de Turismo.

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CODIGO CIVIL FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra nuestra compañera, la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.

La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con la venia de la Presidencia. Esta iniciativa pretende reformar el Código Civil Federal, en materia de actas de reconocimiento de hijos. El mencionado código, en el artículo 360, define el origen de la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio, estipulando que la afiliación de los mismos --es decir, de los hijos nacidos fuera de matrimonio-- resulta con relación a la madre del solo hecho del nacimiento; respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad. El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio puede constar, de acuerdo con el propio código, en la partida de nacimiento ante el juez del Registro Civil, por acta especial ante el mismo juez, por escritura pública, por testamento, o bien, por confesión judicial directa y expresa.

Lo que para este caso interesa es la normatividad relativa a las actas del Registro Civil que derivan de las acciones en materia de reconocimiento de hijos, contenidas primordialmente en los numerales 78 y 82 del mismo ordenamiento, que disponen que si el nacimiento del hijo natural se hiciere después de haber registrado su nacimiento, se formará acta separada y que en el acta de reconocimiento hecho con posterioridad al acta de nacimiento se hará mención de ésta, poniendo en ella la anotación correspondiente. Llama sobremanera la atención el contenido de los citados artículos, pues no obstante que una vez reconocido legalmente un hijo éste viene a tener respecto de su padre o sus padres los mismos derechos que los demás, se desprende un elemento de estigmatización y discriminación para con el hijo legitimado.

La dignidad del ser humano es inviolable y todas las personas son iguales ante la ley, como establece la Constitución General de la República. Sin embargo, hoy día una lamentable realidad es que las personas que son reconocidas por sus padres en forma posterior al nacimiento cuentan con un acta de nacimiento y otra de reconocimiento, en las que se establece mediante una anotación marginal que se es hijo reconocido en un acto distinto y posterior al nacimiento. Todos ellos, todas esas personas, sin desearlo y en ocasiones hasta con incomodidad, de manera involuntaria dan a conocer pública y forzosamente cuestiones de carácter meramente personal, al realizar cualquier acto en el que se vea involucrada la necesidad de demostrar su condición o estado civil, lo que resulta seriamente estigmatizante.

En principio, toda persona tiene derecho a que se le respete su garantía de igualdad, pero también a conservar y proteger su intimidad, a reservar del conocimiento público su personal situación familiar. Es por tanto indispensable y urgente impedir mediante los mecanismos legales adecuados que ese tipo de situaciones continúen ocurriendo; asimismo, y de alguna manera, enmendar la situación actual en que se encuentran muchas personas por tales motivos. Se trata, pues, de actualizar la legislación civil federal a las concepciones y tendencias sociales de nuestros días, tal como han hecho ya algunos estados de la República; entre ellos podemos citar el Código Civil del estado de Chihuahua.

El interés de la presente iniciativa es muy sencillo, pues se basa en la necesidad de resguardar en lo posible el derecho a la igualdad y la intimidad que todos los seres humanos tenemos, eliminando así toda forma de discriminación, como está sancionado en nuestra Constitución General, promoviendo una más armoniosa y justa convivencia social. Es claramente conveniente adecuar nuestra legislación federal en materia civil, estableciendo en ella que al reconocerse a un hijo se realizará un acta nueva de nacimiento, manteniéndose en la reserva del archivo del Registro Civil el acta original y los demás antecedentes familiares del reconocido. Igualmente, que tal reserva podrá ser excepcionada en los casos en que así lo disponga la ley.

Por lo expuesto, someto ante esta Asamblea el siguiente proyecto con carácter de decreto.

Artículo Único. Se reforma el contenido de los artículos 78 y 82, y se deroga el artículo 79, todos del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 78. Si el reconocimiento del hijo natural se hiciere después de haberse registrado el nacimiento, se asentará un acta distinta, cuyo formato no deberá hacer mención de que se refiere a un acta de reconocimiento.

A continuación se hace mención de los requisitos que deberá contener dicha acta.

Artículo 79. Se deroga.

Artículo 82. El reconocimiento hecho con posterioridad a la expedición del acta de nacimiento obliga a la elaboración de una certificación con características idénticas a las de la que se expide como acta de nacimiento. El acta de nacimiento original se resguardará en el archivo que corresponda a cada oficialía o en el archivo de la Oficina Central del Registro Civil, órganos que se abstendrán de expedir copias certificadas de ésta, salvo que mediara solicitud expresa de parte interesada en la que justifique su petición o por disposición de la ley, por resolución judicial, cuando el reconocido haya adquirido la mayoría de edad, o bien, cuando se trate de una cuestión de orden público.

Transitorios. Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Lo dispuesto en el presente decreto será aplicable a las actas de reconocimiento y nacimiento asentadas con anterioridad a la entrada en vigor de éste, a solicitud del reconocido o de su representante legal, siempre y cuando con ello no se contraríen el interés ni el orden públicos.

Dado en este Salón de Sesiones, a los cuatro días del mes de noviembre del año 2005.

Ésta, señora Presidenta, es una versión resumida del texto original de la iniciativa, por lo cual le solicito respetuosamente que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI

Martha Laguette Lardizábal, en mi carácter de diputada a la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar una iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar los artículos 78 y 82; así como para derogar el artículo 79, todos del Código Civil Federal, todos ellos en materia de actas de reconocimiento de hijos. Lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La familia está reconocida por nuestra legislación federal, particularmente por el Código Civil, como una institución de carácter jurídico, en tanto su regulación se encuentra contenida en dicho ordenamiento y sus disposiciones son obligatorias y oponibles a terceros; asimismo, está revestida de una naturaleza social, ya que las disposiciones que la norman son de relevancia central para el desarrollo adecuado y armonioso de nuestra sociedad.

Así pues, tenemos que el Código Civil Federal, en el Libro correspondiente a las Personas, no sólo impone una específica regulación al matrimonio, como eje de la familia, sino también hace lo mismo con el parentesco, los alimentos, la violencia familiar, la patria potestad, la tutela, entre otros, dentro de los que, en este caso, destacan la paternidad y la filiación. En este sentido, tenemos que la calidad de miembro de la familia depende de la ley y no de la simple voluntad de las personas.

Las definiciones que de dicho ordenamiento derivan en esta materia, doctrinalmente son cobijadas y estudiadas en el que se ha dado a conocer como ``El Derecho de Familia'', el cual está integrado por el conjunto de reglas que norman las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran primordialmente el Derecho Civil.

En el Derecho de Familia, el orden público domina numerosas disposiciones, las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones paterno filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, entre otras.

Cuando la constitución de las relaciones familiares nace de la voluntad de las personas se está frente a auténticos actos jurídicos que son la fuente de relaciones familiares.

El acto jurídico familiar es una especie dentro del género acto jurídico. La teoría general del acto jurídico, esto es, sus presupuestos y condiciones de validez, vicios, entre otros, es aplicable al acto jurídico familiar, aunque el contenido de estas relaciones esté predeterminado por la ley.

Para el efecto de las pretensiones de esta iniciativa, es menester citar que el acto jurídico familiar puede tener por fin inmediato la creación, modificación, conservación e incluso la extinción de relaciones familiares.

Se clasifican en actos de emplazamiento y desplazamiento en el estado de familia. El matrimonio, la adopción, así como el reconocimiento de hijos, emplazan en el estado de cónyuges, de adoptante y adoptado, y de padre o madre e hijo, respectivamente.

Hay actos jurídicos familiares unilaterales y bilaterales. Unilateral es el reconocimiento del hijo, en tanto bilateral es el matrimonio.

Para abordar correctamente la figura jurídica del reconocimiento, es menester definir previamente lo que el Código Civil Federal establece particularmente sobre las normas de paternidad y filiación.

Así pues, en diversos preceptos, el Código dispone lo relativo a los hijos legítimos, es decir, los nacidos dentro del matrimonio, o que por lo menos así se presume; los hijos legitimados, que se refieren a aquellos que adquieren este carácter por el posterior matrimonio de sus padres, o bien, los que sin haberse satisfecho esta condición, son reconocidos como tales por sus padres.

En efecto, el Código Civil Federal en su artículo 360, define el origen de la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio de la siguiente manera:

``Artículo 360.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad.''

Mientras que para la madre el origen de la paternidad en relación a su hijo, por su propia naturaleza, se desprende del sólo hecho del nacimiento, en tanto que es ella quien pare al producto, para el padre, existen dos condiciones de tipo jurídico, y que son el reconocimiento voluntario o que, aún sin esta acción de voluntad, se pronuncie una sentencia que falle sobre dicha paternidad, en los términos de la legislación procesal.

El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio puede constar, de acuerdo al propio Código, en la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil, por acta especial ante el mismo juez, por escritura pública, por testamento, o bien, por confesión judicial directa y expresa.

Al respecto, son algunas las disposiciones que nos permitimos obviar, que regulan el reconocimiento de hijos sobre cuestiones generales, y otras, para distintos casos particulares, como el caso en que un hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento, entre otras.

Lo que para este caso interesa, es la normatividad relativa a las actas del registro civil que derivan de las acciones en materia de reconocimiento de hijos, contenidas primordialmente en los numerales 78 y 82 del mismo ordenamiento.

En efecto, tales numerales disponen lo siguiente:

``Artículo 78.- Si el reconocimiento del hijo natural se hiciere después de haber registrado su nacimiento, se formará acta separada.''

``Artículo 82.- En el acta de reconocimiento hecho con posterioridad al acta de nacimiento, se hará mención de ésta, poniendo en ella la anotación correspondiente.''

Llama de sobremanera la atención el contenido de los citados artículos, particularmente el primero de ellos, pues no obstante que, una vez reconocido legalmente un hijo, éste viene a tener respecto de su padre o sus padres los mismos derechos que los demás, se desprende de dicho numeral un elemento de estigmatización y discriminación para con el hijo legitimado, al momento de elaborar el acta del registro civil respectiva, al deber formar acta separada de reconocimiento respecto de la de nacimiento.

La dignidad del ser humano es inviolable. Además, todas las personas son iguales ante la Ley. Como lo establece la Constitución General de la República en su artículo 1º, ``queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

En la actualidad, sorprende la cantidad de personas que han sido reconocidas por sus padres en forma posterior al nacimiento, lo que sucede por diversos motivos. Como consecuencia de esta situación, y de la regulación actual del Código Civil Federal, tales personas cuentan con un acta de nacimiento y otra de reconocimiento, en las que se establece, mediante una anotación marginal, que la persona es hijo reconocido en un acto distinto y posterior al de su nacimiento.

Todos ellos, sin desearlo y en ocasiones hasta con incomodidad, de manera involuntaria dan a conocer, pública y forzosamente, cuestiones de carácter meramente personal, ante la necesidad de realizar cualquier acto en el que se vea involucrada la necesidad de demostrar su condición o estado civil, mediante las actas respectivas, que revisten un carácter diferente a las de aquél que nació dentro de matrimonio, lo que resulta seriamente estigmatizante para el hijo reconocido.

En principio, toda persona tiene derecho a que se le respete su garantía de igualdad, como ha quedado escrito, pero también, a conservar y proteger su intimidad; a reservar del conocimiento público su personal situación familiar.

Tales hechos, amparados bajo la sombra de la Ley, constituyen hoy en día una lamentable realidad para las personas que actualmente tienen su acta bajo estas circunstancias.

Es por tanto, indispensable y urgente, impedir mediante los mecanismos legales adecuados, que este tipo de situaciones continúen ocurriendo en lo subsecuente; asimismo, y de alguna manera, enmendar la situación actual en la que se encuentran muchas personas por tales motivos. Se trata de actualizar la legislación civil federal a las concepciones y tendencias sociales de nuestros días, tal como lo han hecho algunos estados de la República entre ellos podemos citar el Código Civil del estado de Chihuahua.

El interés de la presente iniciativa es muy sencillo, pues se basa en la necesidad de resguardar en la manera de lo posible, el derecho a la igualdad y a la intimidad que todos los seres humanos tenemos, ya que realmente no es necesario que las actas de nacimiento lleven la anotación de que sus titulares son hijos reconocidos. Por otro lado, independientemente de cómo la población, o bien, su entorno familiar o social les conozca, sea como hijos reconocidos o como legítimos, nuestro deber, es cumplir a cabalidad con ese derecho.

Esta reforma se inscribe en el propósito de eliminar toda forma de discriminación, como está sancionado en nuestra Constitución General promoviendo una más armoniosa y justa convivencia social. Debemos tomar en cuenta, además, que es mayor la cantidad de personas que se encuentran en esta situación jurídica de hijo reconocido, que aquellas que son adoptadas, mientras que en materia de adopción son más las medidas legales que se han previsto para atender a aquellos derechos.

Es pues claramente conveniente adecuar nuestra legislación federal en materia civil, estableciendo en ella que al reconocerse a un hijo se realizará un acta nueva de nacimiento, en la que constarán los apellidos que correspondan, como consecuencia de aquel acto jurídico, manteniéndose en la reserva del Archivo del Registro Civil, el acta original y los demás antecedentes familiares del reconocido.

Igualmente, que tal reserva podrá ser excepcionada en los casos en que así lo disponga la Ley, cuando mediare autorización judicial, o bien, cuando la persona reconocida haya adquirido la mayoría de edad o se trate de una cuestión de orden público.

También en este caso, como lo hicimos con una iniciativa que presentamos previamente, el Código Civil Federal, particularmente la materia del derecho de las personas y de la familia, tiene una aplicación territorial muy limitada desde que, territorios federales preexistentes se transformaron en estados libres y soberanos y que el Distrito Federal, a través de sus órganos de gobierno, ha fortalecido sus atribuciones, entre ellas las de legislar en materia civil. De esa manera, se reducen drásticamente las poblaciones y los espacios territoriales en los que el Poder Legislativo Federal tiene facultad de legislar en materia civil, limitándose su aplicación al territorio insular en los términos previstos en el artículo 48 constitucional, a los buques y embarcaciones nacionales y a las representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero.

Destacamos la importancia que tiene el Código Civil Federal como modelo a seguir por parte de las legislaturas de las entidades federativas y confiamos en que las reformas propuestas en esta Iniciativa, en caso de aprobarse por esta soberanía, motiven reformas similares en los niveles en los distintos estados y en el Distrito Federal.

De tal suerte, la iniciativa en concreto pretende la reforma de los artículos 78 y 82, a efecto de ordenar en el primero de ellos que, una vez efectuado el reconocimiento, se deberá formar un acta distinta que no contendrá la mención de ser de reconocimiento, la cual se ajustará a lo preceptuado por el artículo 58 del propio Código y a los requisitos contenidos en el reformado artículo; debiendo también, asentarse razón en el acta de nacimiento original, con la anotación marginal correspondiente, que señalará los datos y circunstancias relativos a dicho acto.

Por otro lado, es conveniente la derogación del artículo 79 del mismo cuerpo legal, relativo al consentimiento del hijo mayor de edad, dado que el contenido de dicho precepto se encontraría contemplado dentro de los nuevos requisitos señalados en el ordinal 78, inciso A, del Código.

Por último, se debe reformar el artículo 82, a efecto de precisar que cuando se realice el reconocimiento, deberá autorizarse la expedición de una nueva acta, con las mismas características de la que se otorga como de nacimiento.

Se adiciona además un segundo párrafo a dicho numeral, el cual contempla que el acta de nacimiento original, donde constarán todos los datos relativos al reconocimiento, se resguardará en el Archivo de la Oficialía o de la Oficina Central del Registro Civil, debiéndose abstener este órgano de proporcionar cualquier tipo de información, a menos que así lo dispusiere la Ley, mediare autorización judicial; o bien, cuando el adoptado haya adquirido la mayoría de edad o se trate de una cuestión de orden público.

En este sentido, al momento de realizar un reconocimiento, se obliga a la expedición de un acta nueva de nacimiento, por lo que se deberá establecer en la primera registrada, la anotación correspondiente y demás datos relativos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Carta Magna, someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con el carácter de

Decreto

Artículo Único.- Se reforma, el contenido de los artículos 78 y 82; y se deroga el artículo 79, todos del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 78.- Si el reconocimiento del hijo natural se hiciere después de haberse registrado el nacimiento, se asentará un acta distinta, cuyo formato no deberá hacer mención de que se refiere a un acta de reconocimiento. Además de los requisitos señalados por el artículo 58 de este Código, contendrá los siguientes, en sus respectivos casos:

I.- Datos del registro anterior, que se identificará utilizando la clave que para tal efecto precise el Registro Civil;

II.- Datos de los padres, abuelos paternos y abuelos maternos;

III.- Datos de la persona que deba dar su consentimiento:

A).- Consentimiento de quien se pretende reconocer, si éste fuere mayor de catorce años, además de quien ejerza la patria potestad o tutela.

B).- Si el hijo es menor de catorce años, sólo se expresará el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o la tutela.

IV.- Huella digital del reconocido, así como nombre, firma y sello del Oficial del Registro Civil correspondiente.

Asentada el acta de reconocimiento en los términos de este artículo, deberá incluirse en el acta de nacimiento original, la anotación marginal correspondiente con datos y circunstancias relativos.

Artículo 79.- Derogado.

Artículo 82.- El reconocimiento hecho con posterioridad a la expedición del acta de nacimiento, obliga a la elaboración de una certificación con características idénticas a la que se expide como acta de nacimiento.

El acta de nacimiento original se resguardará en el Archivo que corresponda a cada Oficialía o en el Archivo de la Oficina Central del Registro Civil, órganos que se abstendrán de expedir copias certificadas de ésta, salvo que mediara solicitud expresa de parte interesada en la que justifique su petición; por disposición de la Ley; por resolución judicial; cuando el reconocido haya adquirido la mayoría de edad, o cuando se trate de una cuestión de orden público.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Federación.

Artículo Segundo.- Lo dispuesto en el presente decreto será aplicable a las actas de reconocimiento y nacimiento asentadas con anterioridad a la entrada en vigor de éste, a solicitud del reconocido o de su representante legal, siempre y cuando con ello no se contraríe el interés ni el orden público.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Dip. Martha Laguette Lardizábal (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Laguette Lardizábal. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ARTICULO 121 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Julián Angulo Góngora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Julián Angulo Góngora: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: el suscrito, Julián Angulo Góngora, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de motivos: el marco jurídico del artículo 121 de la Constitución tiene estrecha referencia con el sistema jurídico federal, el cual sólo se coincide cuando los estados de la Federación tienen autonomía para la creación de su propio orden jurídico, pero a la vez se encuentran supeditados al principio de supremacía de la Constitución federal, lo que hace indispensable la coordinación de todas las entidades para obtener del Pacto Federal el resultado que de él se busca. En ese sentido, el artículo 121 constitucional considera las disposiciones que perfeccionan el sistema federal estableciendo la obligación de cada una de las entidades federativas de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras y encomendando al Congreso de la Unión la expedición de leyes que prescriban la forma de probar dichas actuaciones.

Existe la posibilidad de que el contenido normativo de la legislación local, así como los hechos, actos y negocios jurídicos que de él deriven, provoque ciertos efectos no sólo en su territorio sino, además, en el de las demás entidades federativas, lo que ha provocado gran preocupación al momento de su regulación en cualquier sistema constitucional, como lo fue en el caso de la Constitución de Estados Unidos de América, antecedente inmediato que adoptó el Constituyente. Uno de los principales objetivos que propone esta reforma es que, a través de la modificación del texto del artículo 121, se garantice constitucionalmente la certeza de la transmisión de la propiedad por medio del testamento, así como la posibilidad de que el Congreso de la Unión legisle en la materia fortaleciendo el federalismo en cuanto al reconocimiento de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales, además de crear una cultura del testamento, ya que la nuestra no es una cultura de la prevención.

Para ejemplificar la problemática que se ha venido resolviendo, primero a través de la creación del Registro Nacional de Testamentos y que ahora se pretende reafirmar por medio de una reforma constitucional, vale citar el siguiente ejemplo: antes de la creación del Registro Nacional de Testamentos, si un hombre fallecía en un estado de la Federación en el que antes de su muerte otorgaba testamento sin que ningún familiar o amigo estuviese presente, al momento de otorgarse el mismo nadie se enteraba de la existencia de ése; por tanto, se iniciaba el juicio sucesorio testamentario con el instrumento previamente otorgado en la entidad del domicilio.

En ese supuesto, aun cuando el juez solicitaba los informes necesarios, obviamente las instituciones que remitían no tenían conocimiento del otorgamiento del último testamento, por lo cual la respuesta podría ser en dos sentidos: que no existe disposición testamentaria alguna en nombre del de cujus, o bien, que existió una disposición otorgada antes de la fecha de la última. Luego entonces, el juez no tenía mayor obligación que la de pedir los informes respectivos en la entidad federativa de su jurisdicción, lo que generaba --y sigue generando-- conflictos habituales. Por lo anterior, se propone adicionar una fracción sexta al artículo 121 constitucional a fin de determinar expresamente la creación de un registro nacional de testamentos, así como este precepto considera de manera específica y muy concreta tanto los actos del Registro Civil como los títulos profesionales.

Por otra parte, aun cuando el artículo 122 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos define que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en virtud de un proceso de reformas que inició en 1987 y que se considera que concluyó en 1996, éste ha modificado su estructura jurídica y política. Cabe mencionar que este nuevo orden jurídico se inició en la formación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para, posteriormente, iniciar una reforma política, con la que se integraron nuevas figuras institucionales, lo que dio un marco más rígido y participativo.

Lo anterior evidencia que la Federación mexicana ha formado un sistema de centralización, traducido en la configuración de estados autónomos, dotados de los elementos que concurren en el ser del Estado, tomando en cuenta sus elementos de formación, población, territorio, gobierno y el poder del imperio que ejerce sobre sí mismo.

En conclusión, estimo conveniente, primero, reformar el párrafo primero del artículo 121 constitucional, a fin de incluir el Distrito Federal en los supuestos del mismo y para aclarar gramaticalmente su texto, por lo que hace a los requisitos y a los procedimientos judiciales. Y, segundo, propongo adicionar una fracción VI al citado artículo 121, a fin de crear el registro nacional de testamentos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Articulo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 121. En cada estado de la Federación y en el Distrito Federal se dará en fe y crédito a los actos públicos, a los registros y a los procedimientos judiciales de los otros.

El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

Fracción VI. Los testamentos expedidos por las autoridades de un estado con sujeción a sus leyes tendrán entera fe y crédito en todos los otros. Para este efecto se creará el registro nacional de testamentos.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo.

Señora Presidenta, solicito que esta iniciativa sea en sus términos publicada e insertada en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julián Angulo Góngora, del grupo parlamentario del PAN

Julián Angulo Góngora, diputado Federal de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de pecreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El marco jurídico del artículo 121 de la Constitución, tiene estrecha referencia con el sistema jurídico federal, el cual sólo se concibe cuando los estados de la Federación tienen autonomía para la creación de su propio orden jurídico, pero a la vez se encuentran supeditados al principio de supremacía de la Constitución Federal, lo que hace indispensable la coordinación de todas las entidades para obtener del Pacto Federal el resultado que de él se busca.

En ese sentido, el artículo 121 constitucional contempla las disposiciones que perfeccionan el sistema federal estableciendo la obligación de cada una de las entidades federativas de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras; y encomendando al Congreso de la Unión, la expedición de leyes que prescriban la forma de probar dichas actuaciones bajo las siguientes bases:

I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir a juicio.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.

De lo anterior, podemos percatarnos de la importancia de fortalecer y reafirmar las disposiciones del artículo en estudio con vistas a obtener un resultado armónico, así como manifestaciones de unidad, garantías de equilibrio, bases de seguridad y facilidad en las relaciones en que varias Entidades Federativas intervienen.

Cabe mencionar, que existe la posibilidad de que el contenido normativo de la legislación local, así como los hechos, actos y negocios jurídicos que de él deriven, provoquen ciertos efectos no sólo en su territorio sino además en el de las demás entidades federativas, lo que ha provocado gran preocupación al momento de su regulación en cualquier sistema constitucional, como lo fue en el caso de la Constitución de los Estados Unidos de América antecedente inmediato que adoptó el Constituyente, no obstante esta legislatura deberá tomar medidas contundentes que fortalezcan y aseguren la permanencia y funcionamiento de nuestro federalismo.

Continuando con el estudio del artículo que hoy se propone modificar, son de mencionarse sus antecedentes sui géneris en las trece colonias independientes asentadas en el territorio que hoy ocupan los Estados Unidos de América, las cuales al momento en que el Parlamento y la Corona Británica impusieron disposiciones de carácter tributario sin su representación, lanzaron las primeras protestas que años después culminaron con la Independencia de los Estados Unidos de América y con la convocatoria del primer Congreso que después de un fallido intento por establecer una confederación, formulara la figura jurídica del federalismo como una forma de distribuir las facultades entre la federación y las entidades federativas, logrando un equilibrio de pulcritud política.

En nuestro caso, al constituirnos como Nación y darnos la primera Constitución en 1824, adoptamos el mismo texto de la Constitución norteamericana que se reflejó en el artículo 145 de la Constitución de Apatzingán; la Constitución Centralista de 1842 empleó el mismo texto, solo adicionando los procedimientos de autoridades distintas a las judiciales; la Constitución de 1857, retomó el contenido de la Constitución de 1824, aunque no textualmente, y finalmente en la Constitución de 1917 se aprobó el texto del artículo 121 como lo conocemos actualmente ya que nunca ha sido modificado.

Uno de los principales objetivos que propone esta reforma es que a través de la modificación del texto del artículo 121, se garantice constitucionalmente la certeza de la transmisión de propiedad por medio del testamento, así como la posibilidad de que el Congreso de la Unión legisle en la materia, fortaleciendo el federalismo en cuanto al reconocimiento de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales además de crear una cultura del testamento ya que la nuestra no es una cultura de la prevención.

Para ejemplificar de forma más explícita la problemática que se ha venido resolviendo, primero a través de la creación del Registro Nacional de Testamentos, y que ahora se pretende reafirmar por medio de una reforma constitucional, vale citar el siguiente ejemplo:

Antes de la creación del Registro Nacional de Testamentos si un hombre fallecía en un Estado de la Federación, en el que antes de su muerte otorgaba testamento, sin que ningún familiar o amigo estuviera presente al momento de otorgarse el mismo, nadie se enteraba de la existencia de éste, por lo tanto se iniciaba el juicio sucesorio testamentario con el instrumento previamente otorgado en la entidad del domicilio. En este supuesto aún cuando el juez solicitaba los informes necesarios, obviamente las instituciones que lo emitían no tenían conocimiento del otorgamiento del último testamento, por lo cual la respuesta podía ser en dos sentidos: Que no existía disposición testamentaria alguna a nombre del de cujus o bien que existía una disposición otorgada antes de la fecha de la última.

Luego entonces el Juez no tenía mayor obligación que la de pedir los informes respectivos en la Entidad Federativa de su jurisdicción, lo que generaba y sigue generando conflictos habituales.

Por lo anterior, se propone adicionar una fracción VI al artículo 121 constitucional, a fin de determinar expresamente la creación de un Registro Nacional de Testamentos, así como este precepto considera de manera específica y muy concreta, tanto los actos del registro civil, como a los títulos profesionales.

Por otra parte aún cuando el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en virtud de un proceso de reformas que inició en el año de 1987 y que se considera que concluyó en 1996, éste ha modificado su estructura jurídica y política.

Cabe mencionar que este nuevo orden jurídico, se inició con la conformación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para posteriormente iniciar una reforma política con la que se integraron nuevas figuras institucionales lo que dio un marco más regidor y participativo.

Lo anterior evidencia que la Federación mexicana ha conformado un sistema de descentralización traducido en la configuración de estados autónomos, dotados de los elementos que concurren en el ser del estado tomando en cuenta sus elementos de formación; población, territorio, gobierno y el poder de imperio que ejerce sobre sí mismo.

En conclusión, estimo conveniente, primero, reformar el párrafo primero del artículo 121 constitucional a fin de incluir al Distrito Federal dentro de los supuestos del mismo y para aclarar gramaticalmente su texto por lo que hace a los registros y a los procedimiento judiciales; y segundo, propongo adicionar una fracción VI al citado artículo 121 a fin de crear el Registro Nacional de Testamentos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 121. En cada Estado de la Federación y en el Distrito Federal se dará entera fe y crédito a los actos públicos, a los registros y a los procedimientos judiciales de los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. a V. ...

VI. Los testamentos expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, tendrán entera fe y crédito en todos los otros, para este efecto se creará el Registro Nacional de Testamentos.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 27 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Julián Angulo Góngora (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Angulo Góngora. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegramente la iniciativa del diputado Angulo Góngora en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señoras y señores diputados, esta Presidencia ha recibido comunicado de la Junta de Coordinación Política; por ello, solicito a la Secretaría dar cuenta de la misma.

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REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO - CUBA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la delegación mexicana que representará a esta Cámara en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005, en Monterrey, Nuevo León.

Considerandos

El pasado 17 de octubre, en sesión de trabajo, este órgano de gobierno aprobó que la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, se realizara en Monterrey, Nuevo León, del 17 al 19 de noviembre de 2005.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.- La delegación mexicana que representará a esta soberanía en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005, en Monterrey, Nuevo León, se integra por las siguientes diputadas y diputados: José Rangel Espinosa, Ricardo Rodríguez Rocha, Alfredo Gómez Sánchez y Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI; Gabriela Ruiz del Rincón, José Sigona Torres y Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN; Jorge Martínez Ramos y Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD; Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT, y Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el Artículo Quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicito a usted atentamente incluir en el Orden del Día, en el primer turno posible, de la presente sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la delegación mexicana que representará a esta Cámara en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005 en Monterrey, Nuevo León.

Sin más por el momento agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

A esta Presidencia ha llegado una serie de proposiciones de diversos compañeros diputadas y diputados. Se instruye a la Secretaría para dar cuenta de ellas. Estas proposiciones han sido a solicitud de las señoras y los señores diputados; han sido exclusivamente para turno. Por ello se instruye a la Secretaría para dar cuenta de las mismas.

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ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir el compromiso de construir el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora, adquirido el 4 de junio de 2004, en el marco de la inauguración de la planta termoeléctrica ciclo-combinado Naco-Nogales y colocación del arete electrónico para el ganado, en la ciudad de Agua Prieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, Fermín Trujillo Fuentes, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Es por todos reconocido el hecho de que el desarrollo, progreso y estabilidad económica del país sólo se darán en la medida en que el sistema carretero nacional sea completo, eficiente y, sobre todo, funcional. Esto ocurre aquí como en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, John F. Kennedy, cuando se refería a la importancia de las carreteras en su país, decía: ``No son nuestras riquezas las que harán nuestras carreteras; son nuestras carreteras las que harán nuestras riquezas''.

Sin duda, la eficiencia de las vías de comunicación denota la eficacia del gobierno.

Al respecto, el 4 de junio de 2004, ante vecinos del municipio de Agua Prieta, Sonora, el titular del Poder Ejecutivo garantizó que antes de concluir su mandato construiría el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora, de 239.20 kilómetros.

En ese sentido, es importante resaltar que el gobierno del estado de Sonora incluyó esta obra entre los proyectos detonadores del programa carretero federal, que nos permitió asignar recursos por 20 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2005, lo cual ha sido reconocido por los sonorenses.

No tengo la menor duda de que el Gobierno Federal responderá y cumplirá su palabra y en el próximo proyecto de Egresos de la Federación se asignen recursos para realizar esta obra.

Como legisladores, es nuestra responsabilidad ser los garantes de los intereses de la ciudadanía y generar beneficios directos desde ésta, la máxima tribuna de la nación.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir el compromiso adquirido el 4 de junio de 2004 en el marco de la inauguración de la planta termoeléctrica ciclo-combinado Naco-Nogales y colocación del arete electrónico para el ganado, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, donde garantizó que antes de concluir su mandato construiría el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora.

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2005.--- Dip. Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Transportes.

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PENACHO DE MOCTEZUMA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar oficialmente al Gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país a devolver al nuestro el penacho de Moctezuma para ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El penacho del emperador Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520), es un Tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro y piedras preciosas, actualmente se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, se supone que fue un signo del poder del emperador azteca, el penacho se encuentra clasificado dentro de la colección del museo: ``Tesoros del México antiguo''.

El penacho de Moctezuma es considerado con mucho, la reliquia más importante de México, que se encuentra fuera del territorio nacional y fuera del dominio de los mexicanos, por ello el gobierno de México ha intentado recuperarlo de manera infructuosa.

Por su parte el gobierno austriaco dice que intentar devolverlo es una empresa compleja, porque se trata de un bien con valor histórico y el Presidente del país no tiene facultades legales para devolverlo o entregarlo en donación, en cualquier caso, se necesita la autorización de diversos organismos de Austria y por lo mismo es aventurado en este momento intentarlo, pues en caso de fracasar, sería prácticamente imposible lograrlo después.

Durante la Segunda Guerra Mundial, alguien, que se considera fue un rico coleccionista, lo entregó al museo para evitar que fuera robado o destruido durante los azares de la guerra, entonces lo denominó ``faldón de una cultura africana'' sin embargo después de concluida la guerra, nunca se presentó a recuperarlo y cuando los especialistas tuvieron que incluirlo dentro de las colecciones del museo, se dieron cuenta que las plumas eran de quetzal, un ave exclusiva del continente americano, de Centroamérica y sin relación con África, así fue como después de comparar el faldón con algunos códices, lo catalogaron como el ``Penacho de Moctezuma''.

Los viajeros mexicanos pronto divulgaron que la corona del imperio azteca se encontraba en el museo y desde entonces han corrido diversas historias sobre como la familia de los Habsburgo la sustrajo de los tesoros de España y la entregó al gobierno austriaco.

Desde luego, algunos historiadores suspicaces consideran que no existió el ``hombre rico'' que entregó al museo de Viena el penacho creyéndolo un faldón y que en realidad, aprovechando este momento de grandes cambios en los museos del mundo, el gobierno austriaco decidió incorporar oficialmente el penacho al museo de etnología de Viena.

Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el penacho es el tema principal de las relaciones entre los gobiernos mexicano y austriaco, debido a que sin importar las dudas que existen sobre la pertenencia del penacho al emperador azteca, es una reliquia con la que los mexicanos de hoy se identifican, en especial por la revaloración del pasado precolombino e incluso por la misma belleza de esta pieza.

Algunos mexicanos en lo particular han organizado diferentes manifestaciones para recuperar lo que consideran la parte más importante de su pasado indígena, de la cultura azteca, se han conseguido firmas de apoyo y se han dirigido cartas a los funcionarios de Austria, hubo quien vestido a la usanza de los sacerdotes aztecas bailó danzas rituales frente al museo solicitando la devolución de la reliquia mexica.

Los directores del Museo Etnológico de Viena han expresado de manera reiterada y unánime que ``el Penacho pertenece a Austria y no lo devolverá bajo ninguna circunstancia''.

El Presidente Vicente Fox Quezada recibió en Palacio Nacional en mayo de este año al doctor Heinz Fischer, Presidente Federal de la República de Austria, quien realizo una vista de Estado a nuestro país.

En el salón de recepciones de Palacio Nacional, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa y ahí se le pregunto al presidente Austriaco sobre la posibilidad de que regrese el penacho de Moctezuma a México y manifestó a los medios de comunicación la declaración siguiente:

``Hay un texto que ya existe y yo no puedo hacer una profecía de cual vaya a ser el desenlace, yo creo que la parte mexicana también está consciente de que esto es un tema que no solo afecta a Austria, sino a la Europa entera y todos los museos de Europa se vean afectados por esta cuestión en el manejo y trato de objetos que provienen de culturas y países extranjeros... es una cuestión que debemos encarar y discutir'' (sic)

La visita de Estado del Presidente Fischer a México es la primera que realiza un mandatario austriaco a Latinoamérica.

En México se puede ver la réplica del penacho en el Museo Nacional de Antropología, durante los debates concernientes al ingreso de Austria a la Comunidad Europea se discutió mucho sobre la identidad austriaca. En este contexto para un país como México el tema de la identidad nacional es todavía aún más complejo, sobretodo después de su ingreso al Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Canadá y los constantes cambios y situaciones especiales causadas por la globalización.

El penacho es una pieza muy importante del Museo de Etnología de Austria, pero no aporta nada a su identidad austriaca, para México en cambio tiene una gran importancia pues es un símbolo de nuestra nación. Así que no hay punto de comparación ya que para los austriacos, me atrevería a decir, que el penacho no es más que un conjunto de bellas plumas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al órgano Ejecutivo federal para que oficialmente haga la solicitud al gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país de devolver a la nación mexicana el penacho de Moctezuma con la finalidad de ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, para crear una comisión especial de seguimiento del voto en el extranjero que vigile y supervise la correcta aplicación de la ley en la materia, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, presento a ésta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo.

La organización de las elecciones federales se realizará a través del Instituto Federal Electoral, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos. El IFE tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, el padrón y la lista de electores, impresión de materiales electorales, la preparación de la jornada electoral, entre otras

El Artículo 278 del Libro Sexto del Cofipe en su numeral 1, establece que el IFE pondrá a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto; y, numeral 2, las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se refiere el párrafo anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

El 30 de agosto del 2005, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, firmaron un convenio de colaboración, que afecta la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad del proceso electoral en el extranjero.

Los compromisos del Instituto son: proporcionar a la Secretaría los formatos; el mobiliario y/o enseres necesarios para poner a disposición de los ciudadanos mexicanos los formatos; en caso de que las partes así lo acuerden, el material de difusión para informar a la ciudadanía residente en el extranjero sobre el acceso a las solicitudes y; en caso necesario, capacitar o proporcionar instructivos a los funcionarios de las sedes diplomáticas de México que defina la Secretaría para brindar una orientación básica a los ciudadanos que lo soliciten sobre el llenado y envío del formato de solicitud. Por último, ambas partes se comprometen a, entre otras cosas, acordar el número de solicitudes de inscripción que se habrán de otorgar a cada una de las sedes diplomáticas y consulares de México en el extranjero.

El IFE no solo renuncia a sus funciones sino que entrega al Ejecutivo Federal la preparación de la jornada electoral en el extranjero, la capacitación y orientación del electorado, distribución de la solicitud de registro que es material electoral y; lo más grave, la definición del universo electoral, al permitir que se acuerde con el IME, el número de solicitudes a otorgar a cada una de las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, de acuerdo al porcentaje de certificados de Matrícula Consular expedida por cada oficina en el año 2004 para los Estados Unidos de Norteamérica, ignorando la movilidad que tienen los ciudadanos credencializados. Además el IFE se compromete a entregar en los almacenes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado en la calle Ricardo Flores Magón sin número, cuatro millones de formatos de solicitud.

La Secretaría a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, podrá modificar el calendario de entregas de los formatos de solicitud, recibirá el mobiliario y/o enseres necesarios, y los formatos de solicitud de inscripción. El titular de cada sede diplomática, o quien designe, previa comunicación a través del IME, abrirá las cajas en las que estén contenidos los formatos. La apertura de las cajas se realizará en presencia de dos funcionarios consulares quienes darán fe y levantarán un Acta y, a través del IME, se enviaran al IFE. Las sedes diplomáticas destruirán o verificarán la destrucción, después del 15 de enero, de los formatos de solicitud que hubiesen quedado, levantando un Acta que será enviada, a través del IME, al IFE.

Todo lo anterior sin la presencia de la autoridad electoral y las representaciones de los partidos políticos nacionales, lo que no garantiza que efectivamente se realicen o se cumpla con transparencia dichas acciones, pulverizando la ciudadanización del órgano electoral, y poniendo en riesgo la elección del 2006.

El IME incorporará en la agenda de trabajo de cada una de sus jornadas informativas, desde la fecha de la firma del Convenio hasta el 30 de junio de 2006, una sesión informativa sobre el voto en el extranjero, en la cual participaran como ponentes los funcionarios del IFE. Además, en la Reunión Anual del Personal del IME se llevará a cabo una sesión en la cual funcionarios del IFE capacitarán al personal del IME en materia del voto en el extranjero. Es decir el Ejecutivo Federal, a través del IME, estará ``informando sobre el voto'' hasta el cierre de las campañas electorales, cuando el voto postal deberá ser enviado desde el 20 de mayo hasta 24 horas antes del cierre de la jornada electoral, dejando sin motivo este periodo informativo, lo que puede ser usado para promover el voto a favor del partido del Gobierno.

De acuerdo al decreto que crea al IME, órgano desconcentrado de la SRE, su objeto es; Promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual encabeza el Presidente Fox.

Por lo anterior expuesto, presento a esta H. soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- De conformidad con los artículos 34, fracción c, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se crea una Comisión Especial de Seguimiento del Voto en el Extranjero, cuyo objeto es la vigilancia, supervisión y contribución a la correcta aplicación de la ley en materia electoral en el extranjero.

Remítase a la Junta de Coordinación Política para lo conducente.

Siendo en el Palacio de San Lázaro a los 6 días del mes de octubre del 2005.--- Dip. Laura E. Martínez Rivera (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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CAMARON

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, a revisar con la mayor brevedad las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-PESC-1993 y NOM-009-PESC-1993 para regular de manera equilibrada la actividad de captura de camarón y evitar de esa manera cualquier confrontación social, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El pasado 13 de septiembre fueron detenidos al menos 17 pescadores por 39 inspectores de la Comisión Nacional de Pesca y 260 efectivos de la Secretaría de Marina debido a que realizaron pesca de camarón desde el día 9. Con prepotencia se les decomisaron 20 embarcaciones y 1.4 toneladas del marisco.

Los pescadores detenidos tradicionalmente trabajan en esteros y bahías, donde la temporada de captura empezó el pasado 3 de septiembre, pero ante la escasa presencia de camarón se trasladaron a alta mar en busca de sustento para sus familias.

La veda para la captura de camarón en alta mar frente a las costas de Sinaloa concluyó el pasado 20 de septiembre. Durante el primer día de captura los efectivos de la Secretaría de Marina dispararon al aire para amedrentar a pescadores ribereños. Además los militares detuvieron a otros tres pescadores, quienes aseguraron que fueron agredidos y arrestados a pesar de tener todos sus documentos en orden ya que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) otorgó permisos a unos 2 mil 500 cooperativistas.

Los pescadores ribereños han insistido en participar en la búsqueda del crustáceo en esa área, para que el apreciado recurso no beneficie sólo a los grandes empresarios del sector, los llamados armadores que cuentan con embarcaciones mayores. Las comunidades Las Aguamitas, Las Arenitas y Dautillos han denunciado los problemas que han tenido para que la Conapesca entregue permisos a los ribereños. También los pescadores ribereños han demandado reiteradamente a los gobiernos estatal y federal para que entreguen recursos para compensar las bajas capturas de camarón.

Desde la semana pasada en Sinaloa el problema de la veda ha provocado un escenario que prevé la posibilidad de un estallido social. El gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla ha negado esta situación, declaraciones que no concuerdan con el operativo instrumentado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Cebreros Murillo, quien reconoció que para responder a la situación, agentes de la policía estatal preventiva se incorporaron a las labores de vigilancia en esteros y bahías.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Zona Centro, Julio César Angulo, previó un estallido social si los gobiernos federal y estatal no atienden la situación y entregan por lo menos los apoyos prometidos, como el subsidio al diesel.

Frente a esta grave situación los legisladores nos preocupa que se encuentren soluciones que apoyen a los que históricamente han sido menos beneficiados, los pequeños pescadores ribereños, quienes cada año enfrentan adeudos, bajas capturas de camarón y problemas con los grandes pescadores de alta mar.

También observamos la urgencia de trabajar sobre el marco jurídico. Como ustedes saben el instrumento normativo específico para la pesquería de camarón, es la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1993 y sus modificaciones y apéndices normativos que datan de 1997 relativos a las redes suriperas, chinchorros de línea y dispositivos excluidores de tortugas. Las medidas reglamentarias actuales consideran la aplicación de vedas, restricción del esfuerzo y la reglamentación de artes de pesca. Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993, publicada en 1994, establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Ambos instrumentos deben han perdido vigencia frente a situaciones que cambian aceleradamente, por ello es urgente revisarlos de acuerdo a las condiciones actuales, con criterios sustentados y sobretodo tomando en cuenta a la población de menos recursos que cada día se ve menos beneficiada por un recurso que nos pertenece a todos los mexicanos.

Esta Cámara, a través de la Comisión de Pesca, ha trabajado intensamente tanto en la legislación como en el presupuesto necesario para apoyar a todos los actores involucrados en la actividad piscícola. Sin embargo, el Ejecutivo poco ha hecho sobre las normas que rigen esta actividad. Cabe recordar que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992) señala en su artículo 48 que ``En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la participación de las demás dependencias competentes, la norma oficial mexicana, misma que ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses''. En la misma, en el artículo 51, se dice ``... Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor''.

Por lo expuesto, con la petición de que sea considerada de obvia y urgente resolución, por la afectación y el estado de emergencia suscitado en Sinaloa, presento a esta honorable soberanía para su aprobación la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, a que se revisen con la mayor brevedad las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-PESC-1993 y NOM-009-PESC-1993 para regular de manera equilibrada la actividad de captura de camarón y evitar de esa manera cualquier confrontación social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2005.--- Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Pesca.

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DERECHOS DE LAS MUJERES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Legislativos y Ejecutivos federales y estatales a promover acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo base en las siguientes

Consideraciones

El 28 de septiembre es, desde 1990 el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina de cada mil mujeres 30 se realizan abortos inseguros cada año, 4.2 millones en total; y de ellas, 5 mil mueren por esta causa, lo que representa el 21% del total de las muertes ligadas a la maternidad.

En México, no se cuenta con cifras precisas y actualizadas sobre el número de abortos inducidos debido a la práctica clandestina de los mismos. Las estimaciones oscilan entre 200 mil (CONAPO) y 600 mil (Instituto Allan Guttmacher, Nueva York) al año. Las complicaciones del aborto representan la cuarta causa de mortalidad en las mujeres.

El artículo cuarto constitucional consagra el derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos y el derecho a la salud por lo tanto el derecho a decidir, es constitucional y no un asunto de mujeres y hombres irresponsables, sino comprometidas y comprometidos con el pleno goce del derecho de los derechos sexuales y reproductivos.

La penalización del aborto no disminuye el número de mujeres que recurren a esta práctica como una decisión difícil y extrema, tampoco provoca la aplicación de las sanciones establecidas, ya que en la mayoría de los casos no se denuncia. Lo que sí se logra con la penalización es la persecución del Estado hacia una decisión que corresponde al ámbito íntimo e individual de las mujeres, la inseguridad e incluso la corrupción de quienes realizan clandestinamente los procedimientos y de quienes persiguen la práctica ilegal. El Estado, lejos de garantizar el precepto constitucional, lo obstaculiza.

La prohibición genera el ``mercado negro'', prohibir el aborto solamente lo vuelve clandestino. La penalización del aborto aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres porque nadie controla las condiciones higiénicas del lugar donde se realiza ni los conocimientos médicos de las personas que lo practican.

Ninguna ley debe poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Cuando la ley afecta la vida de las personas, como la que prohíbe el aborto, la ley se debe modificar.

El aborto es un problema de salud pública y no un problema criminal. La práctica clandestina pone en riesgo la integridad y la vida de miles de mujeres, muertes por abortos mal practicados, esterilidad como secuela, complicaciones graves que consumen la mayor parte de los recursos públicos destinados a la salud sexual y reproductiva, sólo por debajo de los partos atendidos. No existe sin embargo, ninguna contraindicación médica para practicar un aborto durante las primeras 12 semanas de la gestación si se tienen las condiciones adecuadas.

En este sentido, estamos enfrentando un problema de salud pública no con base en los conocimientos de la medicina, sino con base en los dogmas religiosos. La intención de las agrupaciones religiosas es y ha sido siempre la promoción de conductas y decisiones personales acordes con una visión única del bien y del mal. La aceptación o la negación de cada precepto religioso es un asunto de conciencia individual, no una cuestión de Estado. La obligación del Estado es permitir la libertad de conducta y de conciencia y en este caso la de velar por la salud de la población. Permitir el dominio de los dogmas ha conducido siempre al autoritarismo. Por eso este país optó en el siglo XIX por un Estado laico que reivindica el respeto al derecho ajeno como el camino hacia la paz.

En nuestro país el aborto no se castiga en siete circunstancias, atendiendo a razones médicas, legales y sociales: cuando el embarazo es producto de una violación (en 32 estados), cuando implica riesgo de muerte para la mujer (en 27 estados), cuando existen evidencias de malformaciones genéticas graves del producto de la gestación (en 13 estados), cuando existe peligro para la salud de la mujer (en 9 estados), por inseminación artificial no consentida (en 8 estados), por aborto imprudencial (en 29 estados) y por razones socioeconómicas (en un estado). En estas siete causales hemos logrado superar los dogmas que invaden la esfera legislativa. Sin embargo, aún en estos casos, la despenalización no implica de parte del Estado, la garantía para las mujeres de recibir atención médica digna y eficiente. Sólo los ordenamientos del Distrito Federal obligan a los servicios públicos de salud a realizar el procedimiento en tiempo y forma y a respetar la decisión de las mujeres en los casos autorizados por la Ley.

Si bien reconocemos la soberanía de cada estado en materia de legislación penal, las y los legisladores de todo el país estamos obligados a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, y a revisar los ordenamientos penales que impiden la realización de este derecho y que establecen condiciones desiguales para casos similares en la república.

La Plataforma de Acción de Beijing insta a los gobiernos a reconocer y a afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran importancia para la salud pública y recomienda considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.

En la Cumbre Mundial celebrada hace apenas unos días en Nueva York, todos los países integrantes de la ONU, aprobaron por unanimidad en su Declaración final, garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, como continuación del compromiso adquirido en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, realizara en El Cairo, en 1993.

Para quienes desconocen algunos documentos que rigen el actuar de quienes somos católicas y católicos, valdría la pena recordar que el Derecho Canónico reconoce el aborto como un asunto muy complejo que no puede castigarse sólo porque sí, sino que en muchos casos se ha convertido en un recurso de muchas mujeres, quienes por necesidad han recurrido a él para lo que ahí se define como un mal mayor.

El aborto es una decisión difícil y compleja que debe prevenirse pero no prohibirse. Se previene incrementando el acceso de la población a las campañas de salud sexual y a los avances en materia de anticoncepción. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Nadie puede obligar a una mujer a tener o a no tener un hijo o una hija. La libertad de elegir y el ejercicio de la libertad de conciencia, es el fundamento de un estado democrático.

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acuerda promover la revisión de la legislación federal con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de salud en los casos de interrupción legal del embarazo y a destinar recursos suficientes a los programas de atención médica dirigidos a las mujeres y a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Segundo. Exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas a revisar integralmente el marco jurídico penal y sanitario con el objeto de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y a eliminar las acciones punitivas en contra de las mujeres que optan por la interrupción del embarazo en las primeras semanas de la gestación.

Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos a través de programas y políticas públicas que permitan el acceso a todos los métodos anticonceptivos y a promover la educación sexual entre la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2005.--- Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género.

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IMPORTACION DE JUGUETES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a mantener las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos y de plástico, y juguetes y muebles para bebé terminados, así como cualquier componente importado y que se utilice en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretarias de economía y de hacienda mantenga las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebe, terminados. Y aplicar la misma cuota compensatoria a cualquier componente importado que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, ya que introduciendo de manera separada estas partes se evade el pago de este arancel, de acuerdo a los siguientes

Antecedentes

Compañeros legisladores, es por todos conocida la desleal competencia que esta dando con productos de todo tipo introducidos en muchas ocasiones de manera ilegal a nuestro país a ultimas fechas principalmente estos productos son de origen chino, de calidad cuestionable pero a precios muy bajos que dejan en una situación de desventaja para competir a las medianas y pequeñas industrias de nuestro país, en el presente me referiré concretamente a los graves problemas que atraviesan los fabricantes de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé en general.

Estos industriales fabrican juguetes varios como triciclos, patines scooter de dos ruedas, patinetas, montables, zapatines con ruedas, para niños de 1 a 5 años, los materiales usados en la fabricación de estos artículos son: tubo de acero, lamina de acero en diferentes calibres, plástico EVA, plástico prolipeno, plástico nylon, plástico PVC, plástico abc, telas para los que así lo requieran, todos estos insumos de primera calidad lo que garantiza un buen producto al consumidor.

Actualmente, los productos en cuestión que llegan del exterior deberían tener una cuota compensatoria de 351%, pero los exportadores e importadores de estos productos han encontrado una manera muy fácil de evadir el pago de este arancel, introduciendo estos productos en partes por diferentes aduanas del país, por ejemplo por el puerto de manzanillo se introducen la llantas, por el puerto de Veracruz se introducen las piezas de plástico como pedales puños por el puerto de Tampico, de igual manera las estructuras metálicas con diferentes nombres de importador, una vez que todos estos componentes ya se encuentran en el país se conjuntan y obtienen los juguetes completos, limitándose únicamente a empacarlos y hasta le ponen la leyenda ``Hecho en México''.

Esto se convierte en una práctica desleal que afecta gravemente a los jugueteros nacionales, y opera como contrabando impunemente además engaña a los consumidores nacionales, quitando una parte importante del mercado nacional a industriales mexicanos, aniquilando no solamente las posibilidades de crecimiento de esta golpeada industria, sino de subsistencia de las empresas dedicadas a la fabricación de estos productos.

Si se sigue ejercitando el mismo criterio para la aplicación de las cuotas compensatorias únicamente a los productos terminados que aquí nos ocupa y que ingrese al país con un solo pedimento, se pierde el espíritu de la ley para la que fueron creadas estas cuotas compensatorias, y la Secretaría de Hacienda se verá impedida para recuperar los ingresos derivados de estas importaciones y se seguirá poniendo en riesgo la generación de empleos, el crecimiento económico del país, con estas practicas lo único que se esta fomentando es el desarrollo económico de la República Popular China.

Estas prácticas desleales y el contrabando de juguetes que entran desarmados al país originan que en este momento nuestros precios de venta al mayoreo estén un 30 % por arriba de los productos chinos un triciclo que ellos venden a mayoreo en 200 pesos los jugueteros nacionales tienen que venderlo a sus clientes mayoristas en 260 pesos, consideramos que si desaparece la cuota o arancel en cuestión, el triciclo chino que ahora se vende en 200 pesos al mayoreo lo venderían en 45 pesos, este ejemplo deja claro la grave situación de los jugueteros y otros industriales pequeños y medianos de nuestro país con referencia a la importación de productos de la República Popular China.

De no legislar al respecto los jugueteros nacionales no podrán competir contra las importaciones chinas si permitimos desaparezcan las cuotas compensatorias a estos productos esta industria quedaría en una desventaja de venta 480% arriba de los productos chinos esta industria no podrá subsistir únicamente con ventas de menudeo ya que esto significa solo el 30% de su volumen de venta, e indudablemente enfrentarían la inminente quiebra, la situación es grave en 1990 existían 430 empresas jugueteras que generaban aproximadamente 100 mil empleos directos, actualmente sobreviven solamente 70 empresas a nivel nacional.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Para exhortar a la Secretarías de Economía, y de Hacienda mantengan las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé, terminados, y aplicar la misma cuota compensatoria a cualquier componente importado que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, ya que introduciendo de manera separada estas partes se evade el pago de este arancel.

Segundo. Establecer un valor de referencia para determinar el valor real de los juguetes de importación de la República Popular China, ya que en las guías respectivas siempre se subvalúa el precio de introducción de estas mercancías con esto se evade la cuota compensatoria al utilizar bases gravables mucho menores que las reales.

Tercero. Se apliquen las sanciones especificadas en la ley de la materia, respecto al contrabando de juguetes que son introducidos por las distintas aduanas del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

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ESTADO DE TABASCO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a informar sobre los fondos y recursos que se pretende destinar a la construcción del centro hospitalario en Paraíso, Tabasco, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se ha hecho pública la suscripción de un acuerdo de voluntades en el que las partes intervinientes, Universidad Nacional Autónoma de México, por una parte, y Petróleos Mexicanos, por la otra, se comprometen a colaborar para realizar un diseño arquitectónico para una clínica-hospital con el fin de brindarle a doce mil trabajadores un servicio de salud.

Por ello, se constituye como una labor loable y que merece reconocimiento y validez. Sin embargo, se considera que la Dirección Corporativa de Administración de Pemex debe sustentar el gasto de inversión que generará la construcción del citado centro hospitalario, en razón de que existen rubros de seguridad interna en la paraestatal, que no han sido del todo atendidos. Derivado de ello, se han generado accidentes en instalaciones y ductos en estados de la República Mexicana donde se realizan actividades relacionadas con la explotación y exploración de pozos petroleros.

Se han calificado como altamente perfeccionados los servicios de salud que proporcionan las clínicas de la paraestatal, no obstante ello, se estima necesario aclarar la forma en que la construcción del centro hospitalario de Ciudad Paraíso da solución a los problemas relacionados con la negligencia y deficiencia en el mantenimiento y seguridad de las instalaciones de pozos y ductos petroleros.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos a efecto de que informe a esta soberanía sobre los recursos destinados a la construcción de la clínica de ciudad Paraíso, en el estado de Tabasco, derivada del convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dado en Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Energía.

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ENFERMEDADES DE TIPO REUMATOIDE

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a informar a esta soberanía sobre las medidas que se toman para la detección oportuna de padecimientos o enfermedades reumatoides que afectan a la población mexicana, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Coordinación Regional del Programa de Actualización de Desarrollo Académico para Médicos Generales ha hecho público un dato estadístico en relación a que el 10 por ciento de la población mexicana padece de alguna enfermedad reumatoide y lo desconoce.

Dicho desconocimiento hace tardía la atención o el tratamiento aplicable para cada caso, lo cual ocasiona una evolución en la enfermedad y un incremento en los padecimientos.

Igualmente, se ha hecho saber que las personas que se encuentran entre los 20 y los 50 años de edad, son quienes desarrollan en mayor medida estos males y padecimientos, incluso por encima de los adultos mayores.

Se requiere mayor información sobre las medidas que pueden tomarse para prevenir o, desacelerar en su caso, el daño que este tipo de enfermedades degenerativas ocasiona en los seres humanos.

La práctica de deportes de manera adecuada y con la asesoría necesaria puede constituirse como una de las mejores herramientas para el tratamiento de estos males.

Existen posturas encontradas en lo que respecta al origen de las enfermedades reumatoides; por un lado, se ha sostenido que son padecimientos hereditarios que pueden mantenerse como genes recesivos y se hacen presentes en alguna generación. Por otro lado, se ha hecho saber que dichas enfermedades responden a un exceso de trabajo y de factores de tensión en los individuos.

La agresión que implican estas enfermedades es devastadora, sobre todo cuando se presentan en etapas tempranas de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, es de especial preocupación para el grupo parlamentario de Convergencia el rubro de salud pública y estima oportuno que la Secretaría de Salud se haga presente en el tema de enfermedades reumatoides y robustezca sus actividades de investigación, prevención y tratamiento de enfermedades que resultan además costosas y debilitan la economía familiar.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Salud a efecto de que informe a esta soberanía sobre las actividades que lleva a cabo el órgano de la administración pública a su cargo, en relación con la investigación, prevención, detección y tratamiento de enfermedades de tipo reumatoide en la población mexicana.

Dado en Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTADO DE NAYARIT

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a indemnizar mediante la CFE, la Semarnat y la Profepa a las comunidades Cantiles y El Ciruelo, así como a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, en Nayarit, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, Presidente de la Comisión Especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, la Semarnat y la Profepa a que indemnice de una manera integral, completa y suficiente a las comunidades Cantiles, el Ciruelo y a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, situada en el estado de Nayarit, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La construcción de la presa hidroeléctrica el cajón sobre el río Santiago en el estado de Nayarit, fue anunciada por el Gobierno Federal como el proyecto del sexenio para la generación de energía eléctrica, esta obra fue promovida por la comisión federal de electricidad y se ubica en los municipios de Jala, Ixtlan del Río, La Yesca, y Santa María del Oro, en el estado de Nayarit y Hostotipaquillo del Estado de Jalisco, la superficie de construcción es del orden 4,206.9 ha., con un volumen de afectación de 188,626,781.m3 de R.T.A.

El sitio donde se construye el proyecto denominado Proyecto Hidroeléctrico (P.H.) el cajón esta localizado a 60 kilómetros aguas arriba de la central hidroeléctrica agua milpa, sobre el cauce del río Santiago, a 78 kilómetros de la ciudad de Tepic, en terrenos del ejido cantiles, en los municipios de la yesca y santa María del oro, ambos divididos por el río santiago, las coordenadas geográficas de la boquilla de la presa son: 21° 25' 41'' de latitud norte y 104° 27' 14'' de longitud oeste.

Algo importante las comunidades afectadas por la realización de este proyecto nunca fueron consultadas sobre la realización del mismo y en su mayoría desconocen los impactos ambientales, económicos y sociales que este representara para las comunidades en cuyos terrenos pudieran construirse obras asociadas a la presa, con lo anterior concluimos que la autorización emitida por la Dirección de impacto y riesgo ambiental, contenida en el oficio S.G.P.A.-DGIRA-DIA-0857/02, se emitió sin siquiera enterar a las comunidades afectadas del proyecto de construcción de esta mega obra.

La autorización en materia de impacto ambiental emitida a favor de la Comisión Federal de Electricidad, que es quien promovió y realiza la obra, de la construcción de la Presa, contempla el cambio de uso del suelo de terreno forestal a infraestructura hidráulica con una superficie total de 3,590-996 hectáreas y un volumen total de afectación de 156,626-781 m3 de R.T.A., de las cuales 657-83-40 hectáreas de bosques y 29,858.748 M3 forman parte de los bienes agrarios de la comunidad quejosa, cifras citadas en la misma foja 23 de la autorización identificada en el punto anterior.

Adicionalmente en la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental se reconoce que el proyecto de la presa el Cajón afectará gravemente los ecosistemas de la zona, por lo que es evidente que la comunidad quejosa se verá afectada en los derechos a gozar de un ambiente sano en los términos del artículo 4 constitucional y de realizar un aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos naturales propiedad de la comunidad.

Según datos del proyecto aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se desprende que la generación de energía eléctrica será del 18.7 por ciento de la capacidad instalada. Lo anterior tomando en consideración los volúmenes de agua disponible durante los meses de estiaje, en contrapartida entre los impactos ambientales que ocasionará se encuentran: destrucción de los recursos naturales, como es el caso de 3,590 -99-60 hectáreas de bosques tropicales con una cantidad de afectación de 156,626-781 m3 de R.T.A., pérdida de hábitat de flora y fauna, pérdida de biodiversidad, pérdida de recursos hídricos, por mencionar los mas relevantes.

La Comisión Federal de Electricidad, cuando comenzó las obras de la presa, indemnizó de manera autoritaria y unilateral a las comunidades afectadas por la misma, entre quienes se encontraban pequeños propietarios y comunidades agrarias.

Sin embargo, y, ante la notoria injusticia que funcionarios de la CFE estaban cometiendo con las comunidades y particulares afectados, estos ocurrieron en demanda de apoyo jurídico, a efecto de lograr una indemnización justa, completa y suficiente por la pérdida en algunos casos de todo su patrimonio, y, en otros de una gran parte. Entre las comunidades que iniciaron una lucha jurídica se encuentran la Comunidad Indígena de Cantiles o el Pescuezón, el Ciruelo y la familia Hernández Fletes.

Hoy en día el mal llamado proyecto del sexenio foxista, se encuentra suspendido en su construcción por los Jueces de Distrito en materia Administrativa de la ciudad de Nayarit, Jalisco, a través de las siguientes resoluciones:

En el Juicio de Amparo 231/2005 que se promueve ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit por el Núcleo de Población de Cantiles y Pescuezón del Municipio de Santa María del Oro, el Juez mediante auto de fecha uno de marzo del dos mil cinco, admite la demanda de garantías y concede: La suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible privación de la vida de todos los integrantes del Ejido, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, cesen en forma inmediata cualquier actividad tendente a poner en peligro la vida de los integrantes del ejido, así como de que se inunden sus propiedades y posesiones; sin que lo anterior signifique que se suspendan las obras que se realizan para la construcción del P.H. El Cajón. La suspensión de plano de los actos de privación ilegal de la propiedad, la posesión y disfrute de 800-00-00 hectáreas de terreno de uso común, de monte, temporal y agostadero y su substracción del régimen jurídico ejidal que forma parte de los bienes agrarios de su ejido., para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el ejido quejoso no sea desposeído de la superficie de terreno.En el caso de la presa el Cajón, se expropió una superficie de 553-00-00 hectáreas de terreno para el proyecto P: H: el Cajón, del poblado de Cantiles, este tiene la posesión de la mayor parte de esta superficie.

La Secretaría de la Reforma Agraria hizo una ejecución de gabinete de la expropiación anterior. El decreto de expropiación y el acta de ejecución de gabinete fueron presentados como pruebas en el Amparo anterior y el ejido presentó un procedimiento de objeción de falsedad de esos documentos con fundamento en el artículo 153 de la Ley de Amparo, que se encuentra pendiente de acuerdo por que el procedimiento del Amparo se había suspendido por una Queja, la objeción de falsedad tiene implicaciones de responsabilidad penal en contra de los que suscriben el decreto de expropiación , y firman el acta de ejecución, entre ellos el propio Presidente Vicente Fox y el Residente General de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad.

En el Juicio de Amparo 284/2005 promovido ante Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit por los CC. José Reyes Hernández Fletes, Abelina Orozco Arteaga y Víctor Hernández Fletes el Juez Tercero de Distrito del Estado de Nayarit en auto de fecha once de marzo del dos mil cinco admite la demanda de garantías y, concede la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible privación de la vida de los quejosos, para el efecto de que las autoridades cesen en forma inmediata cualquier actividad tendente a poner en peligro la vida, así como de que se inunden sus propiedades, consistente en 375 hectáreas de agostadero, del predio rústico denominado El Tepetate, sin que se suspendan las obras que se realizan para la construcción del PH El Cajón.

En el poblado del Ciruelo, de Jala , Jalisco se promovieron dos Amparos el 788/2004 interpuesto por J. Paz Peña Cortés , tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito y el 785/2005, interpuesto por Silvino Peña y otros, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, en ambos casos se concedió la suspensión provisional para que no sean privados de su propiedad , posesión y disfrute de los terrenos y se concedió la suspensión de plano ,para que no sean inundados los terrenos.

Adicional a las acciones jurídicas anteriores, se inició procedimiento de Conciliación ante la Procuraduría Agraria, desahogándose las audiencias en el estado de Nayarit, y, ante el entrampamiento de las negociaciones y pláticas con personal de la Residencia de Construcción de la C. F. E, en el Cajón los afectados solicitaron al Delegado de la Procuraduría Agraria, se pasara la negociación a la ciudad de México, con personal de primer nivel de la C. F. E. a lo que accedió y acordó esta autoridad Agraria.

Es evidente, que independientemente de los impactos ambientales de este proyecto, los sociales están a flor de piel y, las comunidades afectadas en sus posesiones, y/o propiedades, se han dado a la tarea de exigir una justa indemnización por la expropiación de sus tierras, hecho al que esta soberanía debe de allanarse, ya que los daños e impactos negativos ocasionados por esta obra ya no podemos detenerlos, pero sí podemos incidir de manera efectiva en que los afectados por dicha obra no queden en estado de indefensión.

Compañeras y compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, Semarnat y Profepa a que indemnice de una manera integral, completa y suficiente a las comunidades Cantiles, el Ciruelo y a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica el cajón situada en el estado de Nayarit.

Segundo.- Se realice una estricta vigilancia del cumplimiento de las condicionantes contenidas en la autorización en materia de impacto ambiental a la construcción de la presa el cajón, a la vez que prevean un plan de abandono de la obra y restauración del lugar a la conclusión de dicha obra.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que, al dictaminar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, considere la inclusión de un estímulo fiscal a los pequeños contribuyentes en materia del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Francisco Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Javier Salinas Narváez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A finales de 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el régimen de excepción previsto hasta ese año en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en razón del cual, los Pequeños Contribuyentes se encontraban exentos del Impuesto señalado. Consecuentemente, el 31 de diciembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el cual se Reforman, Adicionan y derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos'', cuyo artículo Primero dispuso la reforma de los artículos 2o.-A, fracción I, inciso i) y 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, previsto en la reforma, supuso eliminar la exención del Impuesto prevista para los sujetos del Régimen de Pequeños Contribuyentes, tributen conforme a estimativas del valor de sus actividades y al coeficiente de valor agregado que para cada actividad señala este artículo, respecto de las actividades por las que estén obligados al pago de este impuesto. Desafortunadamente, dicha reforma resulto infructuosa, en razón de observar diversos problemas jurídicos y administrativos para su implementación. Así, mucho de los Pequeños Contribuyentes obtuvieron amparos, fundamentalmente argumentando por razones inequidad tributaria, al no permitir a los Pequeños Contribuyentes, acreditar el Impuesto al Valor Agregado pagado a su proveedores, así como por razones de falta de proporcionalidad del Impuesto, al determinarse por estimativas, ya que este mecanismo no atiende a la capacidad contributiva del contribuyente.

A fin de atender la problemática planteada por la reforma en cuestión, el 5 de abril de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se mencionan'', expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyos primeros cuatro artículos buscan desenredar la reforma al artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No obstante, el Decreto establece un procedimiento distinto al previsto en el artículo 2-C, además de que no resuelve los vicios de inconstitucionalidad de la reforma, por lo que el problema planteado ha persistido.

Por tal motivo, en el pasado periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una Iniciativa para exentar del IVA a los Pequeños Contribuyentes, cuando sus ingresos anuales no excedan de 760 Mil Pesos anuales, sin embargo, ésta fue rechazada por el Senado de la República, en razón del criterio establecido por la Corte en diciembre de 2003 señalando la inconstitucionalidad de la exención, por lo que el Senado devolvió a esta Cámara una minuta conteniendo una reducción de los coeficientes de valor agregado del 20 al 15% tratándose de enajenación y arrendamiento de bienes y del 50 al 40% en servicios, misma que, por razones de premura, fue aprobada en esta Cámara.

No obstante lo anterior, el problema persiste y las organizaciones de pequeños contribuyentes estiman que la reforma ha tenido un impacto demoledor en la economía de los Repecos, con aumentos que van desde 1500 a 3000 por ciento, dependiendo del giro mercantil, e incluso, a pesar de las últimas reformas, los aumentos continúan siendo muy exagerados. Asimismo, resulta importante destacar que los pequeños contribuyentes tienen baja capacidad administrativa derivada de su baja escolaridad, siendo que se encuentran obligados a llevar registros de ingresos diarios, los cuales, también se han venido complicando.

Por nuestra parte, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estimamos que los ``pequeños contribuyentes'' se caracterizan fundamentalmente por corresponderse con un sector de la población ampliamente depauperado, en condiciones de subsistencia y de autoempleo, el cual, en las actuales condiciones económicas del país requiere un tratamiento fiscal especial para fortalecerlos previamente a su futura incorporación como verdaderos contribuyentes, cuando el ciclo expansivo de la economía nacional y mundial lo permitan.

Atendiendo a esta realidad, proponemos incorporar en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006, un estímulo fiscal para los pequeños contribuyentes, consistente en el derecho a acreditar 45 días de salario mínimo diario del Distrito Federal, acreditable contra el impuesto a pagar, determinado conforme a los procedimientos, periodos y términos dispuestos por el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicha cantidad ha sido estimada en diversas reuniones con pequeños contribuyentes y se deriva de la necesidad de proteger a los pequeños contribuyentes de más bajos ingresos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo y, en consideración a que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 deberá discutirse en los próximos días, solicitamos sea considerado de urgente y obvia resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados recomienda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que, al dictaminar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, considere la siguiente propuesta:

Se adiciona una fracción XV del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 para quedar como sigue:

``Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2006, se estará a lo siguiente:

I. a XIV. ...

XV. Se otorga un estímulo fiscal en el Impuesto al Valor Agregado a las personas físicas que tributen conforme al régimen fiscal de pequeños contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, por un monto equivalente a 45 días de salario mínimo general mensual del Distrito Federal, acreditable contra el impuesto a pagar, determinado conforme a los procedimientos, periodos y términos dispuestos por el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.--- Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la nueva dirección del IMSS a que proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y el abasto de medicamentos, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice la misma para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de 2006, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la nueva dirección del IMSS para que proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y en el abasto de medicamentos, así como mecanismos de control administrativos para prevenir y evitar el dispendio y la falta de abasto de medicamentos en variedad y con oportunidad suficiente en todo él territorio nacional y por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, de una partida especial equivalente a 4% de los ingresos totales del Instituto Mexicano del Seguro Social para la creación del Programa Medicinas para Todos y, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico.

Considerando1. Que el informe del director general del IMSS presentado a la XCV Asamblea General Ordinaria en septiembre de 2005 indica que ``al mes de junio de 2005 el Seguro Social potencialmente atendía a 54,224,903 personas que representan al 51.2% de la población del país'', incluyendo trabajadores y no trabajadores y beneficiarios del programa IMSS-Oportunidades.

2. Que los beneficiarios del resto del sistema de salud pública en nuestro país, incluyendo el ISSSTE y los sistemas estatales de salud, no rebasan los 15 millones de personas.

3. Que, por lo tanto, quienes tienen acceso a los sistemas de salud pública en nuestro país no rebasan los 70 millones de personas y existen, en consecuencia, más de 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social, de los cuales 65%, es decir más de 20 millones de personas, no cuentan con los recursos necesarios para acceder a servicios médicos o a medicamentos.

4. Que la rentabilidad social de las inversiones en salud es, como lo muestran estudios internacionales, muy elevada; sobre todo en los primeros años de vida por la relación que existe entre buena salud y habilidad, inteligencia y, consecuentemente, futuro desempeño escolar y laboral, una de las funciones principales de la inversión en salud es la disminución de las diferencias que existen entre la productividad potencial del individuo y su productividad efectiva. Por lo tanto inversiones fuertes en salud inicial, en salud de los niños, eliminarían uno de los más importantes elementos que actúan en el sentido de perpetuar las diferencias que existen entre las personas más pobres y las más ricas; diferencias que difícilmente pueden ser corregidas con inversiones adicionales en capital humano en el futuro.

5. Como hemos mostrado, en la actualidad existen en México millones de familias que por no tener acceso a los sistemas públicos de salud se ven obligadas a recurrir a sistemas privados de salud, a los popularmente llamados ``médicos particulares'' y, sin embargo, al momento de tener que comprar los medicamentos indicados por dichos médicos, estas familias no pueden hacer frente a esa situación. Crear un programa a través del cual esas familias pudieran canjear sus recetas médicas por medicamentos en las clínicas y hospitales del Seguro Social ayudaría a resolver tal situación. Una inversión equivalente a sólo 4% de los Ingresos actuales del IMSS garantizaría un abasto suficiente para atender, en una primera etapa, la demanda derivada de este programa.

6. Que, de acuerdo con 15 auditorías realizadas a la Cuenta Pública del año 2002 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se detectaron diversas irregularidades que llevan al dispendio y a actos ilícitos en varios procesos, entre ellos el de abasto de medicamentos en el IMSS. Procesos que deben ser adecuadamente regulados.

7. Que dichas auditorías, desarrolladas por la Comisión de Vigilancia de esta soberanía, arrojaron como resultados que en prácticamente todas las delegaciones auditadas del IMSS existe desabasto en numerosas claves de medicamentos, y se detectó la inexistencia de un sistema de bases de datos riguroso que permita monitorear el consumo promedio mensual de medicamentos; lo que se traduce en un elevando nivel de ineficiencia técnica y operativa.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo

Primero: Exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la nueva dirección del IMSS para que proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y en el abasto de medicamentos, así como mecanismos de control administrativos para prevenir y evitar el dispendio y la falta de abasto de medicamentos en variedad y con oportunidad suficiente en todo el territorio nacional.

Segundo: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta propuesta y en el Marco de las posibles modificaciones a la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se incluya una partida equivalente a 4% de los ingresos actuales del IMSS para crear el programa Medicinas para Todos.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ORGANISMOS INTERNACIONALES MULTILATERALES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión a apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos para encabezar organismos y acciones internacionales en mecanismos multilaterales globales, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Por décadas la presencia diplomática de México en el mundo ha marcado huella insoslayable. Un ejemplo lo es don Alfonso García Robles, quien encabezó los esfuerzos por alcanzar el desarme nuclear continental a partir del Tratado de Tlatelolco, lo cual le mereció el Premio Nobel de la Paz en la década de los ochenta. Otro más, el de Jorge Alberto Lozoya quien durante cuatro años al frente de la Secretaría de Cooperación de la Cumbre Iberoamericana garantizó a ese mecanismo la posibilidad de consolidar sus tareas y establecer una nueva estructura de operación, aprobada en el pleno de la Cumbre misma, que es apoyada por la nueva Secretaría General de Cooperación, que ahora encabeza Enrique Iglesias y que fue generada con la participación insustituible de un destacado diplomático mexicano.

Como estas grandes personalidades, muchas otras ayer y hoy han sido propuestas para encabezar tareas e instituciones de carácter internacional, multilateral o regional. Estas postulaciones se realizan mediante mecanismos preestablecidos en los organismos correspondientes y que revisan con detenimiento la carrera, el desempeño responsable y el prestigio de quienes son considerados para altos encargos de esta naturaleza.

Parte fundamental de la consideración que se hace para que las candidaturas tengan éxito es que el gobierno del país del cual son originarias las personalidades aspirantes, les apoye expresamente para considerarles candidaturas nacionales. En muchas naciones, de forma frecuente, instituciones de diversa índole así como organizaciones académicas y de carácter social inician ejercicios de cabildeo dentro y fuera de su país para lograr un nuevo espacio. A esa tarea se suman las fuerzas políticas que, reconociendo la trayectoria de quien es propuesto y considerándola un reconocimiento al país, son parte de las voces que apelan nacional y globalmente a favor de la candidatura nacional en proceso.

Para México, el acontecimiento no es nuevo. Frecuentemente surgen propuestas de destacadas mexicanas y mexicanos que participan y son consideradas para encabezar tareas internacionales de gran envergadura. Las reacciones al interior del país son en la mayoría de los casos inconstantes y generan debate. Otras naciones se suman de inmediato a propuestas sólidas y, con mucha frecuencia, en México se provoca la discusión de la propuesta y los méritos de alcanzarla más allá del valor que internacionalmente pueda representar para México y el esfuerzo que el país entero deba poner en lograrla.

En ocasiones fundamentales como en las recientes candidaturas para la Organización Mundial de la Salud o la Organización de los Estados Americanos, prevaleció el encono a la reflexión frente a la propuesta. Las fuerzas políticas se alinearon contra la consideración sola de que pudiera lograrse un espacio privilegiado internacional. Si bien es cierto que los candidatos no habían realizado un trabajo de promoción adecuado al interior del país, con las diversas fuerzas políticas y, si de confrontación e imposición de sus propuestas, lo cierto es que perdimos dos posibilidades fundamentales de generar espacios de representación de la primera importancia para la reconformación de la arquitectura política global.

Más recientemente, la candidatura para asumir la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es motivo de reflexión en diversos círculos internacionales, y debe comenzar a serlo para México debido a que un experimentado economista mexicano ha sido propuesto para encabezar a este organismo a partir de junio de 2006. La posibilidad de que un mexicano lo encabece debe ser considerada seriamente para mostrar apoyo a la propuesta y comenzar un intenso cabildeo interno y global, que asegure un nuevo espacio destacado de representación internacional para México.

Para ello, es fundamental que el H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores de sus Cámaras esté atento siempre a la generación de propuestas de postulación y, al reconocer sus méritos y capacidades para el desempeño propuesto, iniciar sin cortapisas un intenso trabajo de cabildeo que favorezca la generación de nuevos espacios. Se requiere de un mecanismo de constante revisión de estas propuestas que permita la acción inmediata y el estudio adecuado de las candidaturas por parte de quienes integramos el H. Congreso de la Unión con el afán de dar todo el apoyo que sea posible a este tipo de candidaturas que llenan de prestigio nacional a nuestro país.

La candidatura del economista mexicano José Ángel Gurría Ordóñez para asumir la Secretaría General de la OCDE es significativa, tanto por el papel que puede desempeñar un connacional cuyo talento en las áreas económica y financiera son innegables, así como por el destacado papel que el organismo ha venido desempeñando en el desarrollo internacional de las últimas décadas.

La importancia internacional de la OCDE en la última década es fundamental al representar, en la suma de sus estados integrantes, al 60 por ciento de la producción mundial, al 75 por ciento del comercio internacional, y el 95 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo internacional. La calidad y la productividad de su trabajo le han convertido en protagonista de las relaciones económicas internacionales y referente obligado de muchos gobiernos nacionales.

Apoyar la búsqueda de Gurría Ordóñez del liderazgo de la OCDE es una gran oportunidad que México no debe desaprovechar. Es el momento de poner a prueba la voluntad de los actores nacionales para hacer llegar al mundo un mensaje de solidaridad y unidad sobre la aspiración de una nación de conducir los destinos de un organismo que, en mucho, puede ayudar al desarrollo de la región latinoamericana, uno de los propósitos fundamentales de nuestra política exterior.

Por estas razones, me permito proponer respetuosamente al Pleno de esta Soberanía los siguientes:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a las Comisiones de Relaciones Exteriores del H. Senado de la República y de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a estudiar y apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos, que sean postulados a encabezar acciones o instituciones internacionales, para buscar el cabildeo de ésta soberanía a favor de dichas candidaturas y lograr que sean bien recibidas en el ámbito global y se considere y apoye la candidatura del economista mexicano José Ángel Gurría al cargo de Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), buscando posicionar a México en un espacio de deliberación y decisión fundamental para el desarrollo económico internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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RECAUDACION FISCAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instruir a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas a que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos y proponga medidas para revertir la evasión fiscal en el país y para que proponga a esta soberanía un plan de capacitación sobre competencias fiscales a los administradores municipales de todo el país, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Considerando que1. La fragilidad financiera de los municipios del país tiene como una de sus causas inmediatas la falta de responsabilidad fiscal de los administradores de las haciendas públicas municipales. Esa falta de responsabilidad fiscal es evidente debido a la reducida preocupación que la mayor parte de los municipios tiene por elevar los ingresos tributarios propios y por la elevación del gasto público municipal, sustentado por el estímulo de poder transferir el financiamiento de sus déficit a los gobiernos estatales o bien al conjunto de la Federación. Durante décadas, este comportamiento ha sido fomentado por los gobiernos de los estados, que buscan en la dependencia económica de los gobiernos municipales, apoyos políticos permanentes.

2. La eliminación del desequilibrio fiscal de la Federación, vista como condición imprescindible para enfrentar con éxito los desafíos de distribución y combate a la pobreza, depende del incremento de los ingresos públicos o de la reducción del gasto público. Frente a la imposibilidad de continuar aumentando los impuestos sobre la base tributable actual, es necesario incrementar la base gravable; pero ello no será posible si no se crea una cultura de pago de impuestos desde la célula de la administración pública: el municipio. Sin embargo, en un gran número de casos los receptores de rentas de los más de 2400 municipios del país desconocen sus competencias fiscales.

3. La evidencia empírica muestra que el grado de correspondencia entre contribuyentes y beneficiarios de los servicios públicos proporcionados por cada nivel de gobierno hace necesario que cada nivel de gobierno conozca con toda precisión cuáles son sus competencias fiscales.

4. La evasión fiscal en nuestro país además de que se ha permitido y aún estimulado para que las personas y que pequeñas empresas locales no paguen impuesto predial, derechos y obligaciones ha estado permeada de un nivel muy elevado de ineficiencia técnica. De acuerdo con estudios recientes, todas las entidades federativas y los municipios del país tienen una capacidad de obtención de recursos tributarios superior a la captación que actualmente tienen. El 83% de los municipios del país tiene una recaudación inferior al 30% de lo que deberían tener. Aún si sumamos la recaudación de todos los municipios de un mismo estado, en 21 entidades federativas del país los municipios recaudan menos del 2% de la recaudación tributaría nacional. Como resultado de ello, los gastos públicos municipales tienen una alta dependencia de las transferencias gubernamentales.

5. La falta de recaudación tributaría municipal tiene varias fuentes explicativas, dos de las principales son: a) por una parte, algunos gobiernos locales han fomentado la evasión fiscal; el administrador local evade sus responsabilidades y fomenta el cohecho, con lo que la máquina pública funciona para evadir el pago de las responsabilidades tributarias; b) por otro lado, existe en realidad un desconocimiento técnico. Los gobiernos municipales desconocen su capacidad real de obtención de recursos tributarios: No sabemos qué porcentaje de la ineficiencia fiscal se deba a cada una de estas causas.

6. Es necesario que se investiguen a fondo las causas de los bajos niveles de recaudación que existen en los municipios del país; pues se trata de un problema multifacético; al que probablemente se tengan que dar varías vías de solución de manera simultánea.

Por ello y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas a que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos y proponga medidas para revertir la evasión fiscal en el país y para que proponga a esta soberanía un plan de capacitación sobre competencias fiscales a los administradores municipales de todo el país.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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EDUCACION SUPERIOR

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a integrar una subcomisión que estudie las condiciones, los recursos y la viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que integre una subcomisión que estudie las condiciones, los recursos y la viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Considerando que1. La sustentabilidad del desarrollo económico en nuestros días está directamente asociada a la velocidad y a la continuidad del proceso de expansión educativa. Esa relación directa se establece a partir de dos vías de transmisión distintas. Por un lado, la expansión educativa aumenta la productividad del trabajo, contribuyendo al crecimiento económico, al aumento de los salarios y a la disminución de la pobreza. Por otro lado, la expansión educativa promueve mayor igualdad y movilidad social, en la medida en que la condición de ``activo intransferible'' hace de la educación, para las personas, un activo que permite la acumulación de capital. Además de ello, debemos observar que la educación es un activo que puede ser reproducido y, generalmente, es ofrecido a la población por medio de la esfera pública. Esas dos vías de transmisión, por tanto, tornan transparente que, desde el punto de vista económico, la expansión educativa sea esencial para fomentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad y la pobreza.

2. Como lo muestran los estudios de vanguardia, en la sociedad mexicana contemporánea los rezagos absolutos y relativos en la escolaridad de la población explican de modo significativo la intensa desigualdad en la distribución del ingreso. Específicamente por lo que se refiere al mercado de trabajo, se ha constatado que la heterogeneidad de la escolaridad entre los trabajadores y el valor derivado de los años de escolaridad adicional representa el principal determinante de la desigualdad salarial. De acuerdo con cálculos realizados con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004, tener un alto nivel de escolaridad le proporciona a un trabajador un ingreso adicional de 836% en todo el país y de más de 932.9% en las zonas rurales. Esta brecha se ha ampliado en los últimos 20 años, ya que en 1984 tener un grado elevado de escolaridad proporcionaba a un trabajador 816% más de ingreso, frente a un trabajador con un nivel de baja escolaridad en todo el país; mientras que en el sector rural le proporcionaba un ingreso adicional de 866%. Cada vez es más claro, por tanto, que niveles adicionales de escolaridad constituyen aún factores de movilidad social. Estas constataciones empíricas contrastan con los niveles educativos de la fuerza de trabajo en México. Los cálculos indican que 88.3% de los trabajadores, el año pasado, contaban cuando mucho con escolaridad de preparatoria inconclusa (74% ni siquiera tenía un semestre de preparatoria), mientras que, en el extremo superior, apenas 0.10% de la mano de obra en México tiene altos niveles de escolaridad y rebasa, por tanto, estudios de licenciatura.

3. Como se ha mostrado en los estudios internacionales, además de los realizados con bases de datos de la realidad mexicana, el nivel educativo explica en gran parte la elevada desigualdad en la distribución salarial que existe en México, Por tanto, con fines de política social es deseable reducir simultáneamente el nivel de desigualdad educativa y dar acceso a altos niveles de escolaridad a quienes hoy no tienen ninguna oportunidad y fomentar políticas que permitan que el mercado de trabajo asigne mayor valor social a cada año adicional de escolaridad. La escolaridad no es el único factor que contribuye a la desigual distribución del ingreso. La experiencia en los puestos de trabajo, el sector productivo donde se desempeñan los trabajadores, la posición jerárquica que ocupan en sus puestos de trabajo e incluso discriminaciones de género son hoy día fuentes importantes de la desigual distribución de la riqueza nacional, Sin embargo, la escolaridad es sin duda una variable que, de ser ajustada y de elevarse para una parte importante de la fuerza de trabajo, traería consigo mejoras sustanciales en la distribución salarial de nuestro país. Desde el punto de vista del desarrollo económico nacional, estudios de vanguardia muestran que el beneficio económico fundamental derivado de incrementos en el nivel de escolaridad es el aumento sostenido de la productividad de los trabajadores.

4. De acuerdo con el informe Panorama de la educación 2005 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México el gasto por estudiante de licenciatura es de 4,341 dólares, contra 10,052 dólares del promedio de los países de la OCDE. Una forma en que podemos cubrir el rezago educativo a nivel superior es abrir mayores espacios educativos. Evitar el rechazo de jóvenes que buscan ingresar en universidades públicas es hoy tarea impostergable. Expandir, sin embargo, el sistema de educación superior sin tomar en cuenta las tendencias futuras, las características del mercado de trabajo en el futuro podría llevar al desperdicio de grandes inversiones públicas. Por ello, es necesario estudiar qué carreras y bajo qué modalidades deberán implementarse de tal forma que estemos en condiciones de ofrecer a la nación un sistema de educación superior público que, en el futuro, sea más competitivo de lo que lo es en la actualidad.

5. En los últimos 30 años, el crecimiento del sistema de educación superior en México ha quedado rezagado de las necesidades esenciales que impone la dinámica económica de hoy y del futuro. Buscar generar un programa inmediato y de largo plazo para abatir dicho rezago, precisando el tipo de profesionista que requerirá el México del año 2050, es una tarea que esta soberanía se puede proponer formular.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión de Educación Pública que integre una subcomisión que estudie las condiciones, tipos de carreras y profesiones, los recursos y viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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SALARIO MINIMO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del año 2006 se fije un incremento real de 2% en el salario mínimo, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. Los datos disponibles de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares muestran que entre 1984 y el año 2004 hubo un incremento en la desigualdad de la distribución del ingreso en México. El coeficiente de Gini, medida clásica, muestra que la distribución nacional del ingreso empeoró; al pasar de 0.53 en 1984 a 0.55 el año pasado; el 10% de los hogares más ricos que en 1984 concentraban 34.3% de la riqueza, aumentaron su participación a 36.5% en el año 2004; mientras que el número de pobres que en 1984 era de 30 millones de mexicanos, hoy llega a ser de más de 70 millones de personas.

2. Si consideramos las cifras oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social, legitimadas por el llamado Comité Técnico para la Medición de la Pobreza; en el año 2004 existían en México 48.9 millones de personas con pobreza de patrimonio; 25.6 millones con pobreza de capacidades y 18 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria. De acuerdo con la misma Secretaría de Desarrollo Social, en el campo mexicano existían el año pasado más de 22.5 millones con pobreza de patrimonio, 14.2 millones con pobreza de capacidades y 10.9 millones con pobreza alimentaria; mientras que en el sector urbano los mexicanos en situación de pobreza alimentaria sumaban 7 millones, los pobres de capacidades eran 11.5 millones de personas y había 26.4 millones de mexicanos urbanos en pobreza de patrimonio.

3. Se ha documentado ampliamente que en el curso de los años 80 y 90 la participación salarial en el PIB bajó dramáticamente en México; y esta es una de las razones principales por las que México se ha convertido en una economía exportadora de mano de obra barata. En México los programas de ajuste causaron una contracción considerable de los salarios, no solo como participación en el PIB sino también como porcentaje del valor agregado a las manufacturas. Mientras que en los países desarrollados las ganancias de los trabajadores constituyen aproximadamente el 40% del valor agregado en la manufactura, ese mismo porcentaje en México es hoy de menos de 20%.

4. Los problemas derivados de la desigual distribución de la riqueza nacional y de la pobreza sólo se corregirán en el largo plazo. A pesar de las diferencias de énfasis, una de las principales conclusiones a que han llegado los estudios más rigurosos en México es que la acelerada inflación de la década de los 80 y los programas de ajuste estructural tuvieron un efecto fuertemente regresivo, principalmente para las familias mexicanas más pobres, que viven exclusivamente de los salarios.

5. La pérdida de poder adquisitivo del salario fue la característica central de los mercados laborales en México durante las pasadas dos décadas. En términos reales, el salario mínimo actual equivale a 70% del que se tenía a inicio de 1981. Por ello, no es suficiente reajustar cada año los salarios en función de la inflación del año anterior. Se vuelve urgente, con la finalidad de lograr una disminución sistemática de los niveles de pobreza, implementar medidas correctivas que permitan la recuperación de los salarios reales de los trabajadores. Un aumento anual de 2% en términos reales del salario mínimo permitiría recuperar lo perdido en 13 años y duplicar el poder adquisitivo de los trabajadores en un horizonte de 35 años. Si nuestra Nación emprende hoy medidas correctivas, en el futuro tendremos menos desequilibrios sociales.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Primero: Exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del año 2006 se fije un aumento al salario mínimo general y por áreas geográficas en un porcentaje de 2% real anual.

Segundo: Exhortar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del año 2006 se fije un aumento al salario mínimo general y por áreas geográficas en un porcentaje de 2% real anual.

Tercero: Solicitar a la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos emprendan los estudios necesarios sobre el impacto probable que tendría en la Economía Nacional un aumento del salario mínimo general y por áreas geográficas en un porcentaje de 2% real anual.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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VERIFICACION VEHICULAR

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y a los gobiernos de los estados de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a implementar un programa permanente de verificación vehicular, a cargo del diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán y Guillermo Velasco Rodríguez, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Los contaminantes del aire tienen distinto potencial para producir daño a nuestra salud, lo cual depende de sus propiedades físicas y químicas, de la dosis que inhalamos, del tiempo y frecuencia de exposición, y de las características de la población expuesta. El ozono y las partículas suspendidas son los contaminantes que tienen mayor importancia, tanto por los efectos potenciales en la salud, como por la frecuencia con la que exceden las normas de calidad del aire para la protección a la salud.1

La contaminación del aire está relacionada con serios trastornos a la salud entre los que destacan:

El incremento en la frecuencia de enfermedades respiratorias crónicas y agudas,

El aumento en la frecuencia de muertes asociadas a la contaminación atmosférica,

La disminución de la capacidad respiratoria,

El aumento de ataques de asma,

El incremento de casos de enfermedades cardiacas, y

El aumento en la frecuencia de cánceres pulmonares.

Los síntomas que se asocian con la exposición a contaminantes atmosféricos son comunes para los habitantes de las grandes zonas metropolitanas y de las poblaciones fronterizas. Algunos de ellos son dolor pulmonar, tos, dolor de cabeza, malestar en la garganta, irritación y lagrimeo de los ojos.

El nivel de riesgo individual está determinado por diversos factores que incluyen: la predisposición genética, la edad, estado nutricional, presencia y severidad de condiciones cardiacas y respiratorias, y el uso de medicamentos; así como la actividad y el lugar de trabajo. Por ello, generalmente la población más marginada y menos favorecida es la que tiene los riesgos más elevados.

Recordemos también que dentro de este segmento social, los que tienen el mayor riesgo a la exposición de contaminantes son los niños menores de 5 años y las personas de la tercera edad (mayores de 65 años).

A la fecha, los efectos más estudiados en relación con la exposición aguda a los contaminantes atmosféricos son los cambios en la función pulmonar, el aumento de síntomas respiratorios y la mortalidad. Varias investigaciones describen un incremento en la mortalidad total (no incluye muertes accidentales) asociada con la exposición a partículas, ozono y sulfatos, lo cual ocurre principalmente en individuos con padecimientos cardiovasculares y/o respiratorios. El incremento de la mortalidad en estos grupos ocurre entre uno y cinco días después de una exposición peligrosa.

La morbilidad también está asociada con la exposición aguda a los contaminantes. Las enfermedades del tracto respiratorio superior e inferior, bronquitis, neumonía y enfermedades pulmonares obstructivas, son un ejemplo de la morbilidad asociada a la exposición aguda.

Reflexionemos que de acuerdo a numerosos estudios internacionales se ha demostrado que la contaminación generada por la combustión interna de los vehículos automotores es responsable de al menos el 40 por ciento de la contaminación al ambiente. Donde los vehículos automotores que usan gasolina como combustible generan varios contaminantes, como el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos no quemados (HC). Dichos contaminantes se producen por la deficiente e incompleta combustión alimentada al interior de los cilindros, teniendo su origen en los sistemas mecánicos y eléctricos del motor.

Debido a que la emisión de estos gases produce deterioro en la calidad del aire, es necesario controlar dichas emisiones para no afectar la salud pública de los mexicanos y proteger a la población más sensible.

No obstante lo anterior, y de una manera poco responsable, el 22 de Agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, el cual permite la entrada de vehículos usados del vecino país del norte. El problema radica en que los autos que pretenden legalizar oscilan entre 10 a 15 años de antigüedad, mismos que contaminan hasta 60 por ciento más que los modelos recientes.2 Esto representa ``un paso hacia atrás'' en materia de protección ambiental y en políticas de salud pública. Debido a la publicación de este decreto la calidad del aire de las ciudades en las que circulan dichos automóviles tendría un grave impacto negativo por dicha acción.

Aún cuando el ejecutivo federal no esté interesado en la calidad del aire de los centros urbanos y del país en general, existen esfuerzos locales que buscan controlar la emisión de gases contaminantes generada por vehículos automotores. Un claro ejemplo es el esfuerzo conjunto entre el Distrito Federal y el Estado de México con el cuál se ha establecido un programa de verificación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo anterior en atención a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé que para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, todas las emisiones deberán observar las normas técnicas ecológicas en las que se determinen los niveles máximos permisibles de emisión e inmisión por contaminantes y por fuente de contaminación, a fin de asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

Gracias a este programa se ha podido controlar la contaminación vehicular y prevenir el incremento en el deterioro ambiental en la capital del país. Al contar con un programa permanente de verificación vehicular, se limita la circulación de aquellos vehículos que no cumplen con las normas ambientales vigentes y se protege la salud pública de los habitantes.

Lamentablemente no existen otros Estados de la República en donde se apliquen estos controles de manera permanente, aún cuando tienen pésima calidad de aire y marcados impactos en la salud pública, particularmente en las urbes de Monterrey, Guadalajara, Mexicali y Tijuana. Dicha problemática ambiental se verá agravada aún más con el alto índice de importación y legalización de los viejos autos importados y podrá ocasionar que la anterior lista se agreguen nuevos centro de población, especialmente en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y los Estados de la Frontera Norte.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los gobiernos de los Estados de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología, implementen un programa permanente de verificación vehicular en sus estados.

Notas:

1 NOM-020-SSA1-1993 y NOM-025-SSA1-1993.

2 Dato obtenido de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de noviembre del 2005.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Dip. Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY ADUANERA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender la ``convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', a cargo del diputado Javier Villacaña Jiménez, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Javier Villacaña Jiménez, somete ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la H. Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender la ``convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', expedida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una ``convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ella, se convoca a las personas morales interesadas en obtener un título de autorización para prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías que deberán ser provistos de manera integral por el proveedor de servicios que logre la autorización, suministrando las herramientas, personal calificado y demás recursos necesarios para su ejecución.

Las funciones específicas de las personas morales que podrían ser autorizadas serían:

a) Revisión, dentro de las instalaciones de la Aduana, de mercancías de importación y/o en tránsito, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a comprobar su correcta internación y/o legal estancia en el territorio nacional.

b) Clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a la revisión, de conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

c) Verificación, documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional.

Aclara la convocatoria que la valoración (de las mercancías) deberá efectuarse, en caso de ser necesario, en sitio; es decir, en los lugares o países en los cuales se encuentren las mercancías por lo que dichas personas morales, deberán contar con cobertura mundial.

Lo relevante de la convocatoria que motiva la proposición con punto de acuerdo es debido a las siguientes:

Consideraciones

Primero. Lo grave es que en un asunto de tal envergadura como es la suscripción de una convocatoria por la que se pretende otorgar títulos de autorización para prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías por personas morales, fue suscrito por el Administrador Central de Apoyo Jurídico del SAT ``en suplencia'' del Administrador General de Innovación y Calidad del SAT, quien por su competencia debió haberlo firmado, situación que genera inquietud del porqué no fue suscrito por la persona competente.

Segundo. Para la publicación de la convocatoria, la misma fue suscrita el mismo día de la publicación del Diario Oficial de la Federación, como se acredita el documento publicado, lo cual demuestra que la convocatoria es un asunto de mero trámite y que lo más seguro es que quienes vayan a verse beneficiados con dichas autorizaciones, ya están definidas.

Tercero. Los tiempos definidos por la propia convocatoria establecen que la autorización a las personas morales que realizarían la actividad en suplencia de la autoridad competente, que realizarían las funciones de revisión de las mercancías que entran al país, clasificación arancelaria de la mercancía y verificación documental de los documentos que acrediten la legalidad de la mercancía, estarían listas para ejercer la función en menos de un mes. Es decir que para el próximo 7 de noviembre ya tendríamos empresas particulares, seguramente extranjeras, para realizar dicha actividad dentro y fuera del país, con toda la discrecionalidad que ello implica.

Cuarto. En dicha convocatoria se establece que las personas morales, para la verificación documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional, podrán hacerlo en los lugares donde esté ubicada la mercancía, lo que quiere decir es que dichas empresas podrán realizar verificaciones de mercancías extranjeras en su país de origen, para que al arribo al territorio nacional ingresen sin ningún mecanismo de control o verificación.

Lo anterior sin duda, se advierte como una grave lesión a la soberanía, a la seguridad nacional y a la economía de nuestro país, debido a que un particular autorizado por el SAT, de forma independiente, sin control y con total discreción, podría permitir la entrada del denominado ``contrabando documentado''. Asimismo, se generaría el riesgo de que en cualquier momento pudiera ingresar al país cualquier tipo de mercancía.

El permitir que la figura planteada por el SAT a través de la convocatoria, inicie sus operaciones, promoverá sin duda el incremento desmedido del contrabando en nuestro país. Debemos tomar conciencia del riesgo que ello implica.

Quinto. Abunda la convocatoria que las personas que serán autorizadas deberán acreditar contar con una cobertura mundial, lo cual de inicio, define un mensaje entre líneas, el cual establece que difícilmente podrán competir empresas mexicanas para prestar dicho servicio, lo que implica la contratación inminente de extranjeros o empresas que fueron previamente seleccionadas.

En fin son muchos los aspectos que en la propia convocatoria no están claramente definidos y con ello se mantiene un riesgo muy grave para la soberanía de nuestro país; por lo tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda deberá aclarar y definir puntualmente los términos de la convocatoria publicada, que además deberá ser de forma urgente ya que en menos de un mes estarían autorizadas a las empresas convocadas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado presenta ante esta honorable Asamblea la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- La H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Servicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en términos de sus atribuciones conferidas por la ley, suspenda la denominada ``convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', hasta en tanto se informe y aclare de forma satisfactoria a esta Soberanía, los términos e implicaciones del otorgamiento de los títulos de autorización, a fin de no vulnerar la soberanía de nuestro país y no generar una competencia desleal para el sector aduanero nacional.

Asimismo, informe a esta soberanía, en los términos de sus atribuciones, la situación del contrabando en México y qué impacto tendría esta medida para lograr mejores resultados en el combate al contrabando y a la corrupción en las aduanas de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre del 2005. --- Dip. José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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SISTEMA NACIONAL DE BANCA Y CREDITO REGIONAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que integre una subcomisión encargada de estudiar la viabilidad de emprender el sistema nacional de banca y crédito regional, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que1. El argumento que hoy inspira la salida del Estado mexicano del proceso productivo es el mismo que, en la década de los 70 inspiró su intervención: la necesidad de aumentar la inversión en la economía. Sin embargo, contrario a lo que sucedió en aquella época, debido a los compromisos financieros de deuda, Pidiregas y pagarés del Fobaproa; el Estado no dispone de ahorro suficiente que le permita participar en el financiamiento del desarrollo y atienda todas las demandas de la sociedad. Así, las inversiones necesarias para el crecimiento sostenido y para la consolidación de la estabilidad económica (algo así como 20% del PIB) dependen, básicamente del ahorro privado interno, ya que el ahorro público ha sido negativo y el ahorro externo que ha llegado a México es insuficiente.

2. No obstante, parece no haber poder explicativo de las variables que tradicionalmente influyen en el ahorro de los individuos. De hecho, estudios recientes sobre la evolución del ahorro privado sugieren cierta insensibilidad a por lo menos una de esas variables: las tasas de interés. La incertidumbre de largo plazo sobre el futuro de la economía ha hecho que aunque se ofrezcan atractivas tasas de interés los inversionistas no responden en la forma esperada. Ésta no es una situación privativa de México.

3. Un estudio publicado por el Banco Mundial que incluye estadísticas de dieciocho países de nivel medio de desarrollo, afirma que ``estimaciones de la respuesta del ahorro agregado ante un movimiento de las tasas de interés reales no proporcionan ningún soporte a la asociación positiva entre estas variables''. Además de ello, ``estimaciones de la respuesta de la tasa esperada de crecimiento del consumo agregado a la tasa de interés real esperada indican que la sustitución intertemporal del consumo es muy pequeña, implicando escasa respuesta en las tasas de interés sobre el ahorro''.

4. Todo parece indicar que altas tasas de interés tienen efectos perversos sobre el ahorro gubernamental, derivado del impacto que tienen sobre el servicio de la deuda interna, lo que reduce la capacidad del gobierno para financiar inversiones. Además de ello, dada la complementariedad entre las inversiones públicas y privadas que caracteriza a economías como la nuestra; las empresas retienen sus ganancias en lugar de invertirlas y prefieren recurrir a los bancos para expandir sus inversiones. En suma una política de altas tasas de interés reduce las inversiones privadas.

5. El ahorro privado está determinado por cinco tipos de variables: 1) las reales tales como ingreso y crecimiento económico; 2) monetarias entre las cuales están las tasas de interés y la inflación; 3) variables fiscales, tales como tratamiento tributario favorable a algunos segmentos de la economía; 4) variables institucionales, como el desarrollo del sistema financiero, del sistema de pensiones y grado de libertad financiera, por último; 5) en México una variable muy significativa es la precaución.

6. La conclusión empírica de que las tasas de interés no influyen significativamente sobre el ahorro en México sugiere la necesidad de buscar otras variables explicativas. Aún ante la posibilidad de alteraciones en la política fiscal que afecten positivamente los niveles de ahorro nacional, la relación estadística encontrada por la literatura sugiere que una reforma fiscal integral es insuficiente para liberar recursos que permitan el financiamiento del desarrollo económico regional en nuestro país; por lo que es necesario diseñar una estrategia para que el sistema financiero pueda colocar eficientemente el ahorro privado entre proyectos rentables de carácter regional.

7. Todas las explicaciones aceptadas del crecimiento económico muestran que el desarrollo de los mercados financieros es una de las variables más importantes, junto con el capital humano y las inversiones en infraestructura y tecnología; para explicar las diferencias que existen en el crecimiento del ingreso per capita de las naciones. En otras palabras, países que tengan un sistema financiero sólido, desarrollado regionalmente, son aquellos en los cuáles el incremento de la producción se ha traducido en mejores condiciones de vida para sus poblaciones.

8. El establecimiento de una red nacional de bancos e instituciones de crédito, la consiguiente expansión regional y la proporción de ahorro destinada a las inversiones por parte del sector financiero están seriamente limitados si existe una estructura de regulación restrictiva que impida la mayor competitividad financiera. Donde se desregula de manera adecuada, surge el financiamiento necesario para el desarrollo regional. Por ejemplo, la incidencia de controles macroeconómicos que llevan a excesos en la tributación sobre transacciones financieras, pueden imponer elevados límites de reservas que los bancos no puedan cubrir, generando un desincentivo a la apertura de agencias regionales que fomenten el desarrollo económico regional. Por ello, para evitar prácticas anticompetitivas en el mercado financiero que imposibiliten su expansión, es necesario que la regulación sea formulada con especial atención. La historia del sistema financiero mexicano es devastadora, desde la estatización de la banca en 1982 hasta el quebranto financiero de 1995; sin embargo, los controles prudenciales deben ser formulados teniendo cuidado de no entorpecer el funcionamiento del sistema de financiamiento productivo local.

9. Lo que debemos buscar es que el sistema financiero mexicano cumpla con el papel fundamental de mejorar la productividad social del capital, por medio de una colocación más eficiente de los recursos y con mayores efectos multiplicadores para la economía regional de lo que lo es actualmente.

10. Las disparidades regionales de distribución de las instituciones de crédito en México son preocupantes. El sistema bancario nacional cuenta, aproximadamente, con 6,500 sucursales bancarias. De ellas, aproximadamente 4,100 sucursales se localizan en las tres zonas metropolitanas más importantes del país: la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara y la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey; con un promedio, esas zonas metropolitanas, de 1366 sucursales bancarias cada una. De las 2,400 sucursales de bancos que quedan, aproximadamente 1100 están ubicadas en los 29 municipios que son capitales del resto de las entidades federativas, con un promedio de 38 sucursales bancarias en cada capital de cada estado del país. Así que quedan 1,300 sucursales bancarias; pero como tenemos más de 2,450 municipios del país; ello significa que sólo alrededor de 1,400 municipios de nuestra nación cuentan al menos con una sucursal bancaria y estamos, por lo tanto, ante el evidente problema de que más de 1,000 municipios dentro del territorio nacional no cuentan ni siquiera con una sucursal bancaria. ¿Podemos pensar en un sistema regional de crédito en esas circunstancias? Evidentemente que no.

11. Si queremos fomentar el desarrollo económico regional, por lo tanto, es necesaria la creación de un Sistema Nacional de Banca y Crédito Regional. Los términos, las condiciones y las normas bajo las cuales dicho Sistema Nacional de Crédito Regional tendría que operar, deben empezar a ser diseñados.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la integración de una subcomisión que tenga como finalidad emprender los estudios necesarios para analizar la viabilidad de emprender el sistema nacional de banca y crédito regional.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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RECURSOS FEDERALES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo a integrar una subcomisión con la finalidad de estudiar la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas aplicadas para la distribución de los recursos federales a estados y municipios, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que1. Federalismo es el concepto más amplio que ha sido utilizado para expresar la idea de que la organización política de un país debe basarse en la solidaridad y en la cooperación y no en la obligatoriedad. Históricamente, la lucha por el federalismo ha sido el reflejo de la aspiración profunda de la preservación de identidad de grupos étnicos o culturales con historia propia.

2. En México, la lucha por el federalismo está asociada a las aspiraciones de desarrollo de las diversas regiones que lo conforman. Entre nosotros no existe el problema de choques de nacionalidades o de conflictos culturales asociados a disparidades religiosas, como existen en otras latitudes. El problema fundamental en México es el de la dependencia económica de ciertas regiones y entidades con respecto a otras, de asimetría en las relaciones entre entidades y municipios; entre estados y la federación. En la diversidad de los estados están las raíces de nuestra riqueza cultural. Pero la preservación de la riqueza exige que el desarrollo material se difunda por todo el territorio nacional.

3. Los dos trazos centrales que dan vida, en la práctica, al federalismo mexicano son, por una parte, la conciencia de unidad nacional y, por otro lado, lo irreductible de la identidad estatal.

4. En este contexto, el fortalecimiento del federalismo exige tomar conciencia de la gravedad de los desequilibrios regionales y estatales que han venido produciendo un proceso de desarrollo económico concentrado en tres zonas metropolitanas del territorio nacional. Fruto de esta toma de conciencia debe ser la creación de órganos de desarrollo regional y estatal con la función explícita de introducir elementos compensatorios de la tendencia concentradora que se ha venido generando históricamente.

5. El centralismo de los gobiernos posrevolucionarios se fundó en una visión del país que daba excesivo énfasis a la idea de la seguridad nacional. Surgió una interdependencia estructural que favoreció a la región más urbanizada. Sin embargo, el centralismo es hoy en día una redundancia pues contribuye a agravar los notorios aspectos negativos del centralismo económico. La experiencia ha demostrado que en la construcción de una Federación, la desigualdad inicial entre regiones y estados reproduce la desigualdad de ingreso y riqueza. En una Federación sólo es posible detener las tendencias estructurales al centralismo económico mediante la acción pública.

6. Una de las características más significativas de la Federación mexicana es su enorme diversidad. Históricamente, la convivencia de varios estadios de desarrollo económico en el territorio nacional generó enormes disparidades socioeconómicas entre las regiones. En la actualidad, aunque las disparidades han disminuido, las desigualdades socioeconómicas interregionales, interestatales e intermunicipales continúan siendo un signo característico de la economía mexicana.

7. Evidentemente, la capacidad de obtención de recursos propios no escapa a las características locales asociadas a las disparidades económicas interregionales: la concentración de bases económicas en algunas regiones, unidades federativas y municipios explica la distribución desequilibrada de la recaudación tributaria global y por niveles.

8. Para atenuar los efectos de las disparidades de desarrollo económico entre estados y municipios del país se utilizan actualmente sistemas de transferencias intergubernamentales normados a través de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo propósito es la corrección de los desequilibrios intermunicipales, interestatales e interregionales en el desarrollo económico, social y productivo. Ahora bien, las transferencias intergubernamentales se financian con recursos obtenidos en el nivel superior de gobierno, la federación; es decir, con impuestos federales y se distribuyen a través de fórmulas cuyos criterios son en tesis de carácter redistributivo.

9. La importancia de las transferencias intergubernamentales en la estructura de financiamiento de las unidades receptoras en México no sólo ha sido alta, sino que además ha sido creciente. A pesar de ello, entidades que han recibido enormes cantidades de recursos no han logrado abatir los más elementales problemas sociales. Por otro lado, al considerar elementos normativos en las fórmulas de distribución de los recursos que implican favorecer la pobreza rural, poco se ha podido avanzar en el combate a las manifestaciones de la pobreza urbana. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, uno de los más importantes mecanismos de redistribución de ingresos entre las entidades en nuestro país, sólo considera 5 indicadores fundamentales: ingreso per capita del hogar, nivel educativo promedio del hogar, disponibilidad de espacio en la vivienda, disponibilidad de drenaje y electricidad y tipo de combustible para cocinar. Como se puede apreciar, características y manifestaciones típicas de la pobreza en las grandes ciudades tales como transporte urbano e inseguridad no son incluidas en la fórmula para la distribución de una parte importante de las transferencias federales hacia estados y municipios.

10. Actualmente, las fórmulas de distribución de los recursos federales a través la Ley de Coordinación Fiscal y sus antecedentes llevan 10 años de vigencia y aplicación y podemos hacer un balance de lo hasta aquí se ha logrado.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente punto de acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo integre una subcomisión con la finalidad de estudiar detalladamente la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas aplicadas para la distribución de los recursos federales a estados y municipios.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

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PENSIONADOS Y JUBILADOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión para estudiar detalladamente la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que1. La previsión social es un tema de fundamental importancia en las economías modernas. Esta cuestión puede ser evaluada, en primer lugar, por la magnitud de los presupuestos para pensiones. En los Estados Unidos por ejemplo, el gasto en el sistema de pensiones es el segundo mayor del presupuesto público, sólo superado por el destinado a la defensa; pagando a título de beneficios anuales, más de un billón de dólares, cerca de 15% del Producto Interno Bruto de ese país, a cerca de 43 millones de personas. En el Reino Unido, esos pagos alcanzan los 140 mil millones de dólares, mientras que en Alemania, país en el cuál prevalece la noción más amplia de seguridad social, los gastos totales por año en el programa de pensiones alcanzan cerca de 30% del producto nacional, con un monto absoluto de unos 760 mil millones de dólares.

2. Los gastos en los sistemas de pensiones en las cuentas de los gobiernos es una cuestión que preocupa también a los países en desarrollo. En América Latina, los valores son relativamente elevados, especialmente cuando se toman en cuenta los bajos niveles de cobertura poblacional que dichos sistemas tienen en esta región del mundo. En Argentina, por ejemplo, la seguridad social distribuye pagos en pensiones equivalentes al 13% del PIB, es decir valores superiores a los 15 mil millones de dólares. En Brasil, considerando los pagos en pensiones del sistema oficial más los pagos que se deben hacer a los jubilados del gobierno federal la suma pagada anualmente es superior a los 50 mil millones de dólares.

3. El sistema de pensiones es fundamentalmente un fenómeno de la sociedad industrial. Su precursor fue Bismark que en 1981 implantó en Alemania el primer sistema oficial conocido. Antes de eso, la seguridad social tenía un carácter familiar; esto es, los miembros jóvenes de las familias mantenían a los ancianos. A partir de la urbanización de las sociedades y de la desagregación, de las familias en su sentido amplio, se hizo necesaria la absorción del sistema por parte del Estado. La forma más tradicional de realización de ese proceso fue por medio del sistema de distribución. En él, los trabajadores activos tienen que pagar una cuota y el fondo así creado es distribuido, de acuerdo con determinados criterios, entre los jubilados, generando, por lo tanto, transferencias intergeneracionales de los recursos. Un requisito básico para su implementación es la existencia de un aparato estatal coordinado, capaz de generar intertemporalmente el sistema.

4. Un fenómeno más moderno fue la creación del sistema de retiro por capitalización. De acuerdo con tal sistema, las contribuciones aportadas por los individuos, son acumuladas en cuentas individuales, las cuales los individuos podrán retirar durante su vejez. Este sistema es señalado por muchos como el más adecuado para el sostenimiento de niveles de ahorro más elevados e invulnerable a variaciones en la estructura demográfica. La condición básica para su funcionamiento es la existencia de mercados financieros desarrollados, aptos para acumular y capitalizar los ahorros individuales.

5. En cualquier sistema de pensiones, sin embargo, los objetivos son básicamente los mismos. En ellos, el factor obvio y más importante es el financiamiento de los sistemas de pensiones.

6. Las motivaciones sociales que llevaron a la formación de esquemas de seguridad social y los sistemas de pensiones han sido ya explicadas históricamente con diversos argumentos. Algunos apuntan a la solidaridad para con los ancianos como razón fundamental, mientras que otros encuentran como justificación una falta de previsión individual de los trabajadores sobre el futuro; que los llevaría a ahorrar menos que lo necesario para garantizar su bienestar durante la llamada tercera edad; correspondiéndole al Estado la responsabilidad de la provisión de los recursos necesarios para garantizar el retiro de los trabajadores. Un argumento más técnico es que en ciertas circunstancias los sistemas de pensiones podrían llevar al sistema económico a la eficiencia dinámica.

7. Uno de los aspectos más controvertidos de la discusión actual en torno a los sistemas de pensiones de los trabajadores gubernamentales tiene que ver con la edad para el retiro. De acuerdo con pruebas estadísticas realizadas en América Latina, a partir de una muestra de 5 mil personas, con edades entre 45 y 59 años, se puede mostrar la imperfecta sustentabilidad entre el sistema de pensiones y el de ahorro individual, en el período anterior a la jubilación. Los resultados de esa investigación muestran que la sustentabilidad del sistema es imperfecta cuando se trata de fondos privados de pensión, los cuales serían menos creíbles que la seguridad social oficial y, por lo tanto, inducirían un ahorro individual menor.

8. Otra investigación reciente fue realizada con datos relativos a 16 países industrializados. Partiendo del supuesto de que se atribuye al gobierno el monopolio de las transferencias intergeneracionales por medio de la seguridad social oficial, se puede observar que el punto central de discusión dejaría de ser la relación entre la seguridad social y el ahorro antes de la jubilación pues, en este caso, lo fundamental sería la interacción entre los sistemas de pensiones y el ahorro agregado del sistema: a las naciones les beneficia la existencia de dichos sistemas de pensiones porque el ahorro por ellos generado es una fuente de dinámica para la economía como un todo. Esto es así, según dicha investigación, debido a que aún cuando los ahorros individuales antes de la jubilación disminuyan, la atención que los individuos otorgan al bienestar de sus sucesores, expresada por la aceptación de la reducción de la utilidad de éstos, para garantizar el futuro; llevaría a un aumento del ahorro en período posterior a la jubilación, cuestión que no ha sido tomada en cuenta en las discusiones sobre el mejor sistema de pensiones y la edad de retiro.

9. De cualquier forma, es importante señalar que la adopción de un sistema u otro tiene serias implicaciones para las futuras generaciones y para la formulación de política económica y, en especial, sobre los resultados que esperamos del sistema actual de fondos de pensiones en virtud de la edad de jubilación. Los modelos empíricos y teóricos existentes muestran que la migración del antiguo sistema de pensiones oficiales hacia los fondos de capitalización individual pueden ampliar el monto de recursos disponibles en la economía, pero no necesariamente amplían el bienestar ya que pueden llevar al sistema económico a un estado de ineficiencia dinámica. De cualquier forma, el incremento del ahorro estatal generado por el modelo del actual sistema de ahorro para el retiro no necesariamente garantiza suficiencia financiera a largo plazo, en particular en sectores del Estado en que la edad de jubilación se encuentra considerablemente alejada de las tendencias internacionales por lo que el sistema se encuentra vulnerable. Es necesario por tanto estudiar a fondo la actual situación en lo que se refiere a la edad para el retiro y abrir una discusión fundamentada técnicamente que conduzca a tomar las decisiones adecuadas hoy, para garantizar el futuro de todos los mexicanos.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión con la finalidad de estudiar detalladamente la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y de llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

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LEY DEL TRABAJO DOMESTICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que integre una subcomisión para estudiar la posibilidad de establecer una ley del trabajo doméstico, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que1. La industrialización y la urbanización, con la expansión de la clase media durante las décadas de 1960 y 1970, trajo consigo el surgimiento de la demanda por servicios de trabajo doméstico; teniendo como contraprestación inicial casa y comida, para la población inmigrante de mujeres jóvenes nacidas en el campo mexicano. En México, como en América Latina, cerca de 95% de todos los trabajadores domésticos son mujeres.

2. Es difícil hacer un análisis económico del servicio doméstico remunerado en virtud de que los indicadores económicos no permiten captar las sutilezas ideológicas y culturales que esa cuestión implica. Esas actividades no son organizadas a la forma típica de mercado, porque se realizan en el interior de casas habitación particulares y los patrones o patronas no son empresarios. El contrato de trabajo firmado, sea verbal o por escrito, define que las empleadas contratadas así realizan tareas cuyo producto preparación de alimentos o bienes, lavado de ropas y bajilla, es consumido directamente por la familia receptora del servicio. Esos bienes y servicios no circulan en el mercado y no se moviliza capital alguno para la realización de esas tareas, sino salarios.

3. En México, el carácter especial con que la sociedad enfrenta el trabajo doméstico no tiene una contrapartida directa que se manifieste en la generación de una legislación especial para regular esas funciones. No se debe olvidar que existe toda una heterogeneidad de situaciones dentro del servicio doméstico remunerado. Existen las empleadas domésticas residentes, que viven en el lugar de trabajo, reciben salario mensual, casa y comida. En el otro extremo, existen las empleadas domésticas de diario, categoría que está creciendo cada vez más; se trata de empleadas que no residen en su lugar de trabajo, trabajan en varias casas de diversas familias y reciben un salario diario, semanal o mensual. En la práctica, y dada la falta de regulación del trabajo doméstico, es muy probable que ambas categorías de trabajadoras en México no cuenten con un contrato de trabajo formal.

4. Las relaciones de trabajo del servicio doméstico en México están así inscritas en un contexto práctico de ausencia de contrato de trabajo, ambigüedad en la jornada de trabajo, ausencia de descanso remunerado, de vacaciones y de reglas claras para la fijación de los niveles salariales, ausencia de atención por accidentes de trabajo, enfermedades o embarazo. El trabajo realizado por las empleadas domésticas no constituye solo una relación externa de compra y venta de mano de obra, sino también un modo de vida para cientos de miles de mujeres de nuestro país.

5. Socialmente, el trabajo doméstico ha sido históricamente considerado una responsabilidad de la mujer, culturalmente definida desde el punto de vista social como ama de casa, madre o esposa. Ese trabajo dirigido hacia las actividades de consumo familiar es un servicio personal para el cuál millones de mujeres mexicanas han internalizado la ideología de servir a los otros, maridos e hijos. El trabajo realizado para su propia familia ha sido visto por la sociedad como una situación natural, ya que no tiene remuneración y es condicionado por relaciones afectivas entre la mujer y los demás miembros de la familia, es históricamente gratuito y fuera del mercado. Quizás por eso es que las relaciones laborales de las trabajadoras domésticas no han sido reguladas en México como sí ha ocurrido en otras partes del mundo. Paradójicamente, la contratación de trabajo doméstico ha implicado una posición de estatus social: contratar empleadas domésticas confiere una cierta posición a la mujer ama de casa, independientemente de su ingreso familiar.

6. Los años que van de 1970 a 1980 fueron significativos para las mujeres mexicanas, en cuanto a su participación en el espacio público. El empleo femenino creció 92% y el servicio doméstico remunerado 43%. El avance del proceso de industrialización de la economía mexicana explica la caída relativa del empleo doméstico para las mujeres mexicanas: en 1970 tal empleo representaba 37% y en 1980 aproximadamente 23% de las trabajadoras, nivel que se mantiene hasta nuestros días. Sin embargo, las transformaciones de nuestra sociedad y del servicio de trabajo doméstico de tiempo completo hacia tiempo parcial no han modificado esencialmente la relación patrón o patrona a empleada doméstica y sigue siendo en gran medida una relación personal, con relaciones de parentesco ficticias: ``tu eres de la familia'', se les dice a las trabajadoras domésticas y cuando existe la seguridad social o cualquier tipo de prestación, es tomada como una ``ayuda'' y no como un derecho laboral.

7. Cuando una mujer contrata a una tercera para realizar las tareas domésticas; esto es, para prestar tales servicios a una familia diferente a la suya, ese trabajo doméstico se convierte en ``servicio doméstico remunerado''. Ese trabajo de empleada doméstica hereda socialmente el estigma de desvaloración que acompaña a esas actividades. Patrones o empleadas domésticas en México han creado una relación de identidad de género que es establecida entre las mujeres. Sin embargo, la creación de ese vínculo ha implicado la ausencia de derechos laborales: en el México del siglo XXI las empleadas domésticas no gozan de seguridad social, de días de descanso pagados, vacaciones pagadas u horas extras remuneradas.

8. El servicio doméstico remunerado tiene un papel importante en la absorción de las mujeres de menor escolaridad y sin experiencia profesional en el mercado de trabajo. Las inmigrantes rurales y semiurbanas tienen en las actividades domésticas el camino de socialización en la ciudad, el abrigo, la comida, la casa y la familia; ese trabajo es para ellas una puerta de entrada al mercado de trabajo urbano. La oferta y los bajos salarios pagados a las trabajadoras domésticas han posibilitado que las mujeres de estratos medios y altos se preparen más y/o ingresen al mercado de trabajo en las últimas décadas, ya que las descargan, a bajos costos, de las labores del hogar. Pero como contrapartida la sociedad no ha creado guarderías, escuelas de tiempo completo o medios internados, u otras prestaciones para las trabajadoras domésticas y ni siquiera existe una forma de garantizarles los derechos sociales mínimos. Como las mujeres pobres no tienen voz en el escenario político, no tienen otra vía que inventar soluciones improvisadas para la crianza de sus hijos, sin apoyo del Estado.

9. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, existen en México, 1.8 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado; 30.7% ganan menos de un salario mínimo y 44.3% reciben ingresos de uno a dos salarios mínimos. Ante la ausencia y la imposibilidad de establecer un órgano fiscalizador de las relaciones laborales del trabajo doméstico y ante los resultados de ausencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para garantizar a las trabajadoras domésticas sus derechos laborales mínimos; surge la necesidad de discutir y elaborar, en el Congreso de la Unión, una legislación específica, que permita mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras domésticas.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la integración de una subcomisión para el estudio de la posibilidad de establecimiento de una ley del trabajo doméstico.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Transportes que integre una subcomisión para estudiar la posibilidad de homologar los precios de las tarifas de transporte público en las zonas metropolitanas del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que1. La pobreza es un fenómeno que tiene varias dimensiones. No es sólo insuficiencia de ingresos para que una familia satisfaga sus necesidades básicas como vivienda, vestido y alimentación; sino también la privación del acceso a los servicios esenciales como educación, salud y transporte colectivo y a los derechos sociales básicos tales como el trabajo, vivienda y seguridad social entre otros.

2. La pobreza es una situación en la cuál las personas no están en condiciones de satisfacer sus necesidades en términos de sobrevivencia física y de su desarrollo como persona. En ese sentido, las medidas tradicionales de pobreza, basadas en el ingreso per capita, pueden generar una comprensión parcial del fenómeno; pues no detectan muchos aspectos de las privaciones y carencias.

3. El concepto de exclusión social extiende el concepto de pobreza más allá de la capacidad adquisitiva de bienes y servicios. La exclusión social incluye, además de la insuficiencia de ingreso, la discriminación social, la segregación espacial, la desigualdad y la negación de los derechos sociales. La exclusión social es, de ese modo, una situación de privación no sólo individual, sino colectiva. Una persona en el mercado informal de trabajo, por ejemplo, puede ganar más allá de la línea de pobreza, pero está sometido a la situación de que sus descansos de fin de semana o la ausencia a su trabajo debido a una enfermedad implican necesariamente la renuncia a una parte de sus ingresos, al contrario de lo que ocurre con los trabajadores formales, que pueden hacer uso de su derecho al descanso remunerado y a la seguridad social. La exclusión, por lo tanto, supone la negación de la ciudadanía. Situaciones de exclusión son caracterizadas por la carencia de servicios públicos esenciales, imposibilidad de reivindicación de los derechos sociales básicos, falta de participación política, vivir en condiciones de violencia o bajo precarias condiciones de vida.

4. La exclusión social incluye también la segregación espacial. En el ambiente urbano, el proceso de exclusión social tiene, entre sus principales efectos, los barrios irregulares, los lotes clandestinos y demás formas de informalidad en la ocupación del uso del suelo. La exclusión social crea la situación de ciudades divididas entre un segmento formal, donde la gente vive con infraestructura adecuada, y una proporción de la población viviendo en condiciones adversas, barrios pobres y distantes, caracterizados por la insuficiencia de servicios públicos y la ausencia de infraestructura. El actual proceso de urbanización, caracterizado por el surgimiento de asentamientos humanos en las periferias urbanas de México ha aumentado considerablemente la necesidad de transporte urbano eficiente y barato y servicios básicos adecuados. Como resultado del modelo de vivienda fomentado por la actual administración federal a los más pobres se les ha segregado espacialmente y se les ha limitado en su capacidad de movilidad.

5. Los servicios públicos esenciales son una construcción social que les confiere la condición de derechos fundamentales y universales que se expresan en un contrato social: por excelencia, nuestra Constitución Política. Sin el acceso a esos servicios, las personas estarán seriamente limitadas para desarrollar sus capacidades, ejercer sus derechos, o para equiparar oportunidades. Ese es el caso del transporte colectivo urbano en México.

6. La existencia de un servicio de transporte colectivo accesible, eficiente y de calidad, que garantice la accesibilidad de la población a todo el espacio urbano, puede aumentar considerablemente la disponibilidad de buenos ingresos y tiempo para los más pobres, quienes actualmente tienen que invertir hasta cuatro horas en las Zonas Metropolitanas del país para desplazarse a sus lugares de trabajo. Un buen transporte colectivo puede garantizar a los pobres acceso a servicios sociales básicos como salud y educación y a mejores oportunidades de trabajo. En ese sentido, debemos entender al transporte colectivo como un importante instrumento de combate a la pobreza urbana y de promoción de la inclusión social.

7. De manera general, los impactos del transporte urbano sobre la pobreza pueden ser comprendidos de dos formas, una directa y una indirecta. Los impactos indirectos se refieren a las externalidades del transporte urbano sobre la competitividad de las ciudades y sus efectos sobre la actividad económica. Altos costos de transporte provocados por los severos congestionamientos de tráfico, por ejemplo, limitan las selecciones de las empresas y elevan los costos de producción, lo que afecta los niveles de empleo e ingreso de la población. Los impactos directos, a su vez, implican las limitaciones de acceso a los servicios y a las actividades sociales básicas y a las oportunidades de trabajo de los más pobres. La inexistencia o la precariedad en la oferta de los servicios y las altas tarifas del transporte público, por ejemplo, restringen seriamente las oportunidades de trabajo de los más pobres ya sea en la búsqueda del empleo o en el desplazamiento al lugar de trabajo, condicionan la elección del lugar para vivir y dificultan el acceso a los servicios de salud, educación y esparcimiento.

8. Por otro lado, los costos del transporte urbano tienen impactos significativos sobre el presupuesto de las familias de bajos ingresos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, el transporte urbano es el principal concepto de gasto de las familias en servicios públicos, absorbiendo hasta 30% de dicho gasto, dependiendo del decil de la población. Las familias con ingresos mensuales de hasta dos salarios mínimos que viven en las zonas metropolitanas del país gastaron el año pasado 38% de su presupuesto destinado a servicios públicos de agua y drenaje, energía eléctrica, telefonía y transporte urbano, siendo el ítem más importante de sus gastos el transporte colectivo.

9. La elasticidad ingreso del gasto en transporte urbano de las personas más pobres es inferior a la unidad. En palabras sencillas: los gastos en transporte disminuyen proporcionalmente menos cuando el ingreso familiar de las personas pobres cae: no pueden dejar de transportarse a sus lugares de trabajo o en búsqueda de mejores oportunidades. Esto demuestra la esencialidad del transporte público colectivo y también demuestra que reajustes en los pasajes tienen efectos diferenciados entre las familias, con mayores impactos en las de menores ingresos.

10. Como se sabe, los niveles promedio de ingreso de las familias más pobres del país son hoy inferiores a lo que eran, en términos de poder adquisitivo, en los últimos 20 años. Por ejemplo, de 1984 al año 2004 la caída en el ingreso real del primer decil de la población fue de 32% y la del cuarto decil de 24%. En ese mismo período, las tarifas de los servicios públicos tuvieron varios reajustes en términos reales y, en particular, las tarifas del transporte público subieron más allá de lo que lo hizo el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Como resultado de ello, hoy los gastos en transporte público pesan más en los presupuestos de las familias más pobres de las zonas metropolitanas de todo el país.

11. La inexistencia de una red de transportes socialmente efectiva, esto es, que garantice la accesibilidad de la población a todo el espacio urbano, inflinge considerables gastos de tiempo en los desplazamientos de los más pobres. El tiempo excedente en los traslados podría ser aprovechado para otras actividades remuneradas o bien para la satisfacción de necesidades básicas, como esparcimiento. Además de ello, los largos viajes para desplazarse a sus centros de trabajo, son responsables por reducciones en la productividad del trabajador urbano. Al analizar los efectos de las condiciones de transporte en la productividad del trabajador urbano, estudios internacionales han mostrado que viajes con duración de 40 a 60 minutos, entre 60 y 80 minutos, y arriba de 80 minutos pueden provocar reducciones promedio en la productividad laboral de 14%, 16% y 21%, respectivamente. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México más de 3 millones de personas se desplazan todos los días más de una hora para llegar a sus centros de trabajo.

12. Para los más pobres, los costos de transporte limitan seriamente el acceso a las oportunidades de trabajo, pues buscar empleo incluye gastos en transporte público, llegando a ser prohibitivo para determinados segmentos de la población en las zonas metropolitanas del país. En ese sentido, los pobres de la periferia llevan desventaja en relación a los que viven en las áreas centrales. Vivir lejos significa altos gastos y menor ingreso disponible para atender otras necesidades básicas. Muchas personas también ven limitadas sus oportunidades de trabajo si tienen que pagar más de dos tarifas en transporte público al día.

13. Por último, es incomprensible que por tramos idénticos los pobres tengan que pagar tarifas diferentes, dependiendo de si se encuentran el Distrito Federal o en el estado de México.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente punto de acuerdo:

Único: Solicitar a la Comisión de Transportes integre una subcomisión con la finalidad de estudiar detalladamente la posibilidad de homologar los precios de las tarifas de transporte público en las zonas metropolitanas del país con base en el análisis de costo efectivo por kilómetro recorrido

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Transportes.

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IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a precisar, por conducto del titular del Servicio de Administración Tributaria, las disposiciones que se indican en relación con el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, a cargo de la diputada Nora Elena Yú Hernández, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Nora Elena Yú Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta mediante este acto, proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por conducto del titular del servicio de administración tributaria, para que mediante reglas de carácter general se precisen las disposiciones que se indican en relación con el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados.

Lo anterior, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Ante la problemática que por años se ha atendido mediante soluciones a medias, y que refiere el cúmulo de vehículos usados de procedencia extranjera internados a territorio nacional y cuya estancia en el país es ilegal, era necesaria la intervención de los Legisladores para tomar medidas al respecto. Sin embargo y aún cuando los trabajos eran avanzados, el Ejecutivo federal emitió el denominado ``decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados'', cuya publicación se llevó a cabo el día 22 de agosto del año en curso en el Diario oficial de la Federación.

No obstante la publicación realizada por el Ejecutivo federal de forma anticipada e ignorando los trabajos avanzados por este Órgano Legislativo, se destacó que las disposiciones previstas en el decreto de referencia y publicadas por el Ejecutivo federal, fueron notoriamente insuficientes e imposibles de operar.

De ahí que ante la insistencia tanto por Legisladores como por algunas agrupaciones de que se publicarán las reglas de operación, a cargo del Servicio de Administración Tributaria, éstas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 18 de octubre de los corrientes, mediante la adición de las reglas 2.6.23 y 2.6.24 en la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005 y su anexo 22, casi dos meses después de publicado el decreto.

En este sentido, si bien es cierto mediante la adición y publicación de éstas dos reglas de carácter general, se establecieron las condiciones administrativas y de operación en materia aduanera, que facilitarán la importación de vehículos en definitiva, pero únicamente aquellos que cumplan con las características previstas en el decreto, que como ya en ocasiones anteriores se manifestó, atiende únicamente a vehículos automotores usados de años modelos 1990 a 1995, introducidos bajo el régimen de importación temporal y que sus propietarios o poseedores opten por el cambio a régimen de importación definitiva, siempre que hayan sido ensamblados o fabricados en EUA, Canadá o México.

Conforme a lo anterior, sin duda alguna el universo de vehículos que atienden a dichas características que son susceptibles de ser regularizados es mínimo (25% aproximadamente), siendo que se ha señalado en múltiples ocasiones que existen aproximadamente 2.5 millones de automóviles de procedencia extranjera introducidos de forma irregular a nuestro país.

De ahí la imperiosa necesidad de que mediante la modificación a las reglas publicadas se considere la oportunidad de importar de conformidad con el segundo transitorio, los vehículos que sean procedentes de Estados Unidos, Canadá o México y no solamente considerar que sean originarios o ensamblados toda vez que:

Existe un gran número de vehículos que ya se encuentran en territorio nacional y que seguirían representando un problema sin solucionar, además de implicar esta disposición de regla desigual e inequitativo, cuando el espíritu de las reglas de carácter general de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, será que deriven derechos para los contribuyentes.

Así mismo y a efecto de no perjudicar a la industria automotriz del país, se deberá establecer mediante la modificación a las reglas de carácter general mencionadas como excepción para acogerse a este beneficio, la importación (no regularización) de vehículos que estén amparados con un título del país de procedencia extranjera tipo ``salvage'', así como todo aquél vehículo del cual se prohíba su circulación en el país de procedencia o bien contenga la leyenda de que esta prohibida su venta para circular y su destino sea únicamente para efectos de su desmantelamiento.

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Titular del la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria para que mediante la modificación a las reglas publicadas con fecha 18 de octubre del año en curso ( reglas 2.6.23 y 2.6.24 en la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005 y su anexo 22), se considere la oportunidad de importar de conformidad con el segundo transitorio, los vehículos que sean procedentes de Estados Unidos, Canadá o México y no solamente considerar que sean originarios o ensamblados; así como también establecer como excepción para acogerse a este beneficio, la importación (no regularización) de vehículos que estén amparados con un título del país de procedencia extranjera tipo ``salvage'', así como todo aquél vehículo del cual se prohíba su circulación en el país de procedencia o bien contenga la leyenda de que esta prohibida su venta para circular y su destino sea únicamente para efectos de su desmantelamiento.

Segundo.- Dada la problemática que actualmente se esta presentando a este respecto, se solicita que la presente proposición con punto de acuerdo, se someta a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, para que se gire de inmediato para su atención a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dip. Nora Elena Yu Hernández (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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VIVIENDA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal a considerar el punto de acuerdo presentado el 10 de agosto de 2005 ante la Comisión Permanente para que se abstengan de ejercer las multas que se pretenden aplicar de manera injusta a los desarrolladores de vivienda, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro ante esta soberanía a presentar punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

1. Con fecha 10 de agosto de 2005 el diputado federal Felipe de Jesús Díaz González presento un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a la Sociedad Hipotecaria Federal a efecto de que se abstenga de ejercer las multas de desarrolladores de vivienda, dicho punto de acuerdo fue dictaminado positivamente por los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.

2. El punto de acuerdo que se presenta consiste básicamente a que no se apliquen multas de manera injusta a los desarrolladores de vivienda a través de los intermediarios financieros en base a que, la problemática a la que se enfrentan actualmente los empresarios dedicados al desarrollo de viviendas, han sido las diversas modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda, en las que existen variaciones de las comisiones que se ejecutarían sobre los créditos individuales, no ejercidos, las cuales varían desde el 2%, el 5% y 10%, generándoles prejuicios de manera directa en las multas aplicadas las cuales tuvieron variaciones entre un mes y otro del mismo año.

Otra de las razones primordiales que ha afectado a los desarrolladores de vivienda es que en la última modificación a las reglas de operación de este programa fue la reducción y el condicionamiento de la venta de las viviendas únicamente a las personas que se encuentren dentro de la economía formal, sacando del mercado a todas aquellas personas que no contaran con un salario fijo o dedicadas a la economía informal, siendo entonces una de las razones más poderosas por las que los desarrolladores se han visto afectados en las caídas de las ventas de viviendas.

Por otra parte, la propia Sociedad Hipotecaria Federal, en oficio fechado del 12 de abril de 2004, hacia las instituciones de Banca Múltiple y Sociedades Financieras de Objeto Limitado, informó que las penas pecuniarias no se cobrarían cuando existiera una caída en el mercado de una plaza o las viviendas se vendieran por abajo del precio con el que se estaban vendiendo con el FOVI, lo anterior según lo estipulado en el artículo 1847 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual establece que: ``No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable''.

Según estudios socioeconómicos de los desarrolladores de vivienda del estado de Puebla existió una caída significativa en el mercado de este rubro debido a que sectores vitales de desarrollo económico como la industria textil, las maquiladoras, e incluso la industria automotriz disminuyeron su capacidad de producción, provocando un retroceso dentro de la economía social y disminuyendo el poder adquisitivo de la sociedad poblana.

3. Tal es el caso que a la fecha no se ha emitido ninguna resolución contestando a esta Cámara de Diputados, no conforme con lo anterior la Sociedad Hipotecaria Federal ha emitido el oficio de referencia 58/2005 dirigido a los intermediarios financieros inscritos en el registro de la Sociedad Hipotecaria Federal, en el cual propone nuevamente el pago de multas y no hace en ningún momento mención del punto de acuerdo e impone una fecha límite para el esquema mencionado, es necesario mencionar que una de las consecuencias a las que induciría este oficio es que se estarían provocando el cierre de pequeñas y medianas empresas generando también el despido de varios empleados.

Compañeros y compañeros, no podemos dejar pasar desapercibidas las actuaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal frente a una problemática como la de los desarrolladores de vivienda debido a la gran repercusión que tendría en varias fuentes de empleo, por ello y por lo anteriormente expuesto me permito someter ante este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la H. Cámara de Diputados exhorte al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal a que informe a esta soberanía sobre el resolutivo del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en agosto de este año del diputado Felipe de Jesús Díaz González, el cual refiere a la solicitud de que dicho organismo se abstenga de cobrar multas improcedentes a los desarrolladores de vivienda.

Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Vivienda.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que destine mayores recursos a los santuarios de tortuga marina de las playas michoacanas y que éstos sean considerados en los programas de conservación y manejo, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Guillermo Velasco Rodríguez, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Semarnat destine mayores recursos a los santuarios de tortuga marina ubicados en las playas del estado de Michoacán y que éstos sean considerados dentro de los programas de conservación y manejo, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

En diversas ocasiones se han presentado ante esta H. Cámara de Diputados iniciativas y puntos de acuerdo orientados a salvaguardar las diferentes especies de vida animal y silvestre que habitan en territorio nacional, no obstante estos esfuerzos cuando deben pasar del papel a las acciones concretas se ven minados por varias situaciones, una de estas, son las condiciones que entraña el lugar y la especie que se quiere proteger o preservar, debido a que es diferente el planteamiento teórico que se realiza a la realidad misma, pues en muchos casos el análisis y compilación de la información se lleva a cabo las más de las veces desde un escritorio, que si bien lleva todas las intenciones de coadyuvar a mejorar y preservar la vida de las especies que cohabitan en nuestras playas, selvas, desiertos y demás ecosistemas, no reflejan del todo la problemática del lugar y su modus vivendi, por que inciden factores en su gran mayoría relacionados con el comportamiento humano que impiden que muchas de estas buenas intenciones de ayuda se concreten en acciones específicas y decididas, por tal motivo y ante la inminente acción destructora del ser humano, que toma el lugar de depredador de la biodiversidad, alterando los ritmos naturales de coexistencia animal y vegetal, hoy debemos tomar las decisiones necesarias para evitar que aspectos relacionados con el medio ambiente se conviertan en problemas de orden social.

La biodiversidad en nuestro planeta no es un concepto abstracto en las mentes de los humanos, pero desgraciadamente hacemos todo para destruirla y no lo hemos podido comprender porque en la realidad es parte de la supervivencia de nuestra especie, ya que si no existieran las demás formas de vida que cohabitan con nosotros, nos seria imposible sobrevivir.

El problema de la falta de sensibilidad y concienciación por preservar la vida en el planeta, llega a tomar una relevancia sin precedentes hoy en día, ya que desafortunadamente sabemos que a nivel mundial en cuatrocientos años, mas de 500 especies solo de vertebrados y cientos probablemente miles de invertebrados y plantas se han extinguido; sin embargo, con el paso del tiempo ésta tendencia fue cambiando hasta llegar a generar situaciones caóticas y de crisis, que nos llevaron a que solamente en el último siglo y realizando cálculos conservadores se extinguieron 50 mil especies de todo tipo en el planeta.

En la República Mexicana por desgracia la extinción de especies no es diferente al resto del mundo, ya que se estima que las condiciones de la flora y fauna son sumamente precarias, porque al inicio de éste nuevo siglo, en México dejaron de existir 22 especies de peces, 11 de aves y 11 de mamíferos en su inmensa mayoría por destrucción y modificación de sus hábitat, además de la sobreexplotación y cacería indiscriminada, por lo que actualmente algunas de estas especies solo se les puede apreciar en cautiverio, además según datos de la Semarnat alrededor de 25% de todos los vertebrados del país, es decir cerca de 750 especies, se encuentran en algún grado de riesgo de extinción.

México como país megadiverso al contar con una de cada 10 especies de plantas y animales que existen en el planeta, ocupa el tercer lugar en biodiversidad, después de Indonesia y Brasil, y tiene el primer lugar en reptiles y anfibios con mas de mil 100 especies, es tercero en mamíferos con 559 especies, el cuarto en plantas vasculares con 22 mil especies y el onceavo en aves con mil 50 especies, además cuenta con un elevado porcentaje a nivel mundial de especies endémicas con el 9% en aves, el 30% de mamíferos, el 50% de los reptiles y 64% de los anfibios.

De las especies animales antes mencionadas, habremos de referirnos en especifico a una que habita en aguas nacionales, la cual cuenta con un litoral de 11 mil kilómetros y una superficie marina protegida de 4 millones 28 mil 346 hectáreas, donde por desgracia todavía se viven los estragos del deterioro ambiental y la extinción de las especies por la depredación humana, lo que ha llevado al exterminio a poblaciones de tortugas, nutrias, ballenas, elefantes marinos y la especie de lobos finos de Guadalupe cerca de las costas Baja California Sur precisamente en la Isla Guadalupe, donde se vivió este atropello sin que las autoridades actuaran contra los responsables.

Respecto de las tortugas marinas, les puedo decir como todos ustedes saben que es una especie que existe en el planeta desde hace mas de 180 millones de años y que su principal asesino y enemigo es la mano del hombre, ya que tan solo en nuestro país de manera irracional desde hace casi 60 años se ha incrementado la caza indiscriminada de este quelonio, pues mientras que en los años cuarenta arribaron mas de 40 mil tortugas Lora (Lepidochelys kempi) a las playas de Tamaulipas, 20 años después esta población se vio disminuida a solamente 5 mil ejemplares, lo que casi llevo a la especie al borde del exterminio, destacando que a partir de la veda decretada en 1990 su población actual es de mas de 6 mil, información que debemos analizar y no olvidar para tener en cuenta que la repoblación de este mamífero es lenta y delicada.

Nuestro país por sus condiciones naturales es un lugar privilegiado en el arribo de este reptil, ya que siete de las ocho especies marinas de tortuga que viven en el mundo anidan en nuestras playas, por desgracia es a partir de que se inicia su explotación comercial cuando se convirtieron en valiosas para el ser humano al transformar su piel, carne, aceite, carapacho y huevos en productos de mucha demanda, por tanto las poblaciones de las distintas especies de tortugas como la laúd, la prieta y la golfina se vieron diezmadas y fue así que empezó a decrecer su población de forma significativa, ya que a parte del despojo que se hace en las playas de su hábitat natural, debemos tomar en consideración que su índice de supervivencia es muy pequeño, pues en su camino del nido hasta entrar en el océano están rodeadas de depredadores naturales, resultando que solo 1 de cada 100 crías llega a la edad adulta.

Derivado de la problemática descrita, es que hubo necesidad de tomar acciones para que las áreas donde se presenta el fenómeno de anidación y eclosión de estos animales se protegieran de la depredación humana, publicándose el 29 de octubre de 1986 en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que dicha especie anida y desova, adyacentes a diversas playas ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán; posteriormente por medio de un acuerdo estas áreas se recategorizaron según el Diario Oficial del 16 de julio de 2002 como Áreas Naturales Protegidas, definiéndose como Santuarios de las diversas especies de tortuga marina.

Debemos hacer hincapié que la figura de Áreas Naturales Protegidas es el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad, en virtud de que estas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez mas reconocidos y valorados.

Las actividades que puedan llevarse a cabo en las 154 Áreas Naturales Protegidas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Las cuales se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según las categorías establecidas en la ley.

De ahí que hoy mas que nunca es de suma importancia solicitar a la Semarnat que cumpla con su responsabilidad, para no permitir el desarrollo de acciones que vayan en detrimento de dichos lugares, siendo el turismo y las actividades comerciales, dos elementos que amenazan seriamente la estabilidad y preservación de estas zonas, ya que lo que se busca es conservar de la forma mas silvestre y natural posible los hábitat de referencia, evitando alteraciones que puedan dañarlos, porque ejemplos de lo que no se debe hacer existen muchos como el caso que se vive en los bosques del estado de Michoacán y el estado de México respecto a las mariposas monarca.

En el caso particular de la tortuga laúd si no se hace un esfuerzo importante en este momento por preservarla, en diez años esta especie ya no se encontrara entre nosotros en su hábitat natural, porque desafortunadamente la población de ésta tortuga hoy solo cuenta con un máximo de 6 mil ejemplares en todo el planeta lo cual es terrible, más si tomamos en consideración los tiempos tan prolongados que lleva su recuperación ello siempre que las condiciones sean las optimas, sin embargo las acciones de conservación de las especies de tortuga marina se han concentrado solamente en vedar su explotación y protección en las playas de las hembras anidadoras, así como al traslado de nidos a corrales de incubación ubicados en las mismas playas, lo cual tiene algunas desventajas y riesgos según los expertos, en descargo de las autoridades ambientales tenemos que decir que existen programas exitosos a nivel nacional con probada producción de crías liberadas al mar y reducción de la depredación, pero los mismos han contado con el apoyo de los tres niveles de gobierno para que los resultados se den, como es el caso de los campamentos ubicados en las costas de Jalisco, además el éxito de este proyecto también esta ligado a otra razón fundamental, como es el esmero puesto por los habitantes de la región haciendo suyo el proyecto de las tortugas.

En el plano nacional, debemos señalar que durante el periodo 2001-2004 según datos de la Semarnat se liberaron en playas mexicanas cerca de 130 millones de crías de tortuga, como resultado del esfuerzo que los diferentes sectores gubernamentales y sociales realizan en torno del Programa de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas.

Para lograr estos resultados fue necesaria la conjugación de muchos esfuerzos tanto de la comunidad en general como de los tres niveles de Gobierno, para que las áreas protegidas y que están dentro de la categoría de Santuarios se conserven en esta condición, de tal suerte que el tránsito de personas se encuentre restringido y se respete el lugar durante la época del año en que las tortugas llegan a anidar; a efecto de poder cumplir con lo anterior los campamentos tortugueros solo deberán contar con visitas guiadas que permitan conocer la forma de reproducción del quelonio y participar en la liberación de crías al océano, pero no llegar a más.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 76, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, menciona que ``la Secretaría integrara el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinap), con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país''.

Desgraciadamente al Sinap se han registrado sólo 53 Áreas Naturales Protegidas compuestas por: 31 Reservas de la Biosfera, 13 Parques Nacionales, 8 Áreas de Protección de Flora y Fauna y 1 Monumento Natural, con lo cual nos podemos percatar que no existe ningún santuario registrado.

Vale la pena destacar que la extensión protegida que abarcan los 17 Santuarios a nivel nacional, es de 689 hectáreas, por lo que solo representa al 0.003% del total de ANP de un total de 19 millones 13 mil 492 hectáreas, (tomando en cuenta los últimos dos decretos expedidos en abril de 2005 que incluyen al Laguna Madre y Delta del Rió Bravo, así como la Biosfera Isla Guadalupe) la desproporción entre los mencionados Santuarios y las otras ANP es abismal, por lo que incluirlas en el Sinap cobra un mayor realce y es de vital importancia para el país y el mundo.

Las pequeñas porciones de terreno que como hemos señalado ocupan los santuarios para las tortugas marinas llevan consigo mucho trabajo y empeño para lograr su preservación y de hecho algunos de estos santuarios cobran una mayor relevancia por la especie de tortuga que llega a anidar y por el riesgo en que se encuentran.

Desafortunadamente la atención y cantidad de recursos que se asignan a los diferentes santuarios no es homogénea o equitativa, lo que deriva en que algunos presenten condiciones mas equidistantes como es el caso de los santuarios que se ubican en las playas del Estado de Michoacán, donde a pesar de las condiciones poco favorables que subyacen en la región, año tras año llegan a anidar diferentes especies de tortugas de entre las cuales destacan por encontrarse amenazadas y en peligro de extinción, especies como

La golfina (Lepidochelys olivacea);

La laúd (Dermochelys coriacea); y

La negra o prieta (Chelonia agassizi).

Ésta última (tortuga negra) particularmente desova en las playas de Maruata y Colola (pertenecientes a las comunidades indígenas de Pómaro y de Coire respectivamente), donde encontraron sus principales sitios de anidación a nivel mundial, pero desafortunadamente la misma se encuentra en peligro de extinción debido a la brutal depredación de que han sido objeto sus poblaciones durante los años sesenta y setenta, pues se calcula que en aquel tiempo existían 500 mil ejemplares, mientras en la actualidad su población no rebasa las 10 mil.

Desafortunadamente la ignorancia y el abuso de unos cuantos han puesto a esta especie en serios predicamentos, de ahí que si el hombre se encargo en un corto periodo de tiempo de casi exterminarlas, es él mismo que ahora tiene la tarea de protegerlas para preservarlas, donde el papel ecológico de los indígenas es insustituible en la Zona de Reserva y Sitios de Refugio para Protección, Conservación, Repoblación, Desarrollo y Control de especies de Tortuga; el área protegida abarca 11 kilómetros de playa aproximadamente, en la bahía de Maruata y la playa de Colola; la época que demanda una mayor atención está entre los meses de julio a noviembre por ser ésta la temporada de reproducción de dichas especies, de ahí la imperiosa necesidad de una mayor asignación de recursos a los 13 campamentos tortugueros del municipio de Aquila.

Como podemos percatarnos los procesos para la protección de la tortuga ya se encuentran en marcha, por lo que de acuerdo con la información de la Profepa y de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, durante el 2004 se encontraron en operación un total de 25 campamentos tortugueros en toda la costa de la entidad, con un incremento año con año en el número de crías que han liberado al océano llegando a mas de 1 millón 270 mil, lo que significa aproximadamente el 3.97% con respecto al total nacional. Lo que nos demuestra que si bien es cierto que existe un esfuerzo para preservar las tortugas en el estado de Michoacán, el mismo es mínimo y por tanto hay una gran área de oportunidad para quienes de verdad tenemos un compromiso con la naturaleza y el medio ambiente, por tal motivo, hoy solicito el apoyo de ésta soberanía para exhortar a las autoridades competentes para que redoblen sus esfuerzos en pro de una causa que hoy exige de todos acciones mas decididas y contundentes.

Los avances en las playas de Maruata y Colola las llevan por arriba del promedio estatal con un 85% de eclosión, de hecho cabe resaltar que de las 88 mil 760 crías tan solo de tortuga Negra liberadas en 2003 los campamentos en Colola aportaron 53 mil 58 de estas crías, estos avances fueron logrados con tan solo 65 personas entre asalariadas y voluntarias, que participan en las tareas de los campamentos.

El trabajo y logros descritos anteriormente tienen un costo el cual ascendió entre todos los campamentos del estado de Michoacán dedicados a esta noble labor a 1 millón 817 mil 375 pesos, de los cuales Maruata y Colola utilizaron en 2003 la cantidad de 271 mil 405 pesos, estas cantidades completamente austeras y verdaderamente mínimas han sido insuficientes para las tareas por hacer, ya que actualmente las necesidades de los Centros de Protección y conservación de Tortuga Marina en el Estado de Michoacán, para el próximo ejercicio fiscal suman la cantidad de $7 millones 105 mil 941 pesos compuestos por capacitación $372 mil pesos; apoyo a recolectores de huevo $2 millones 970 mil 440 pesos; $456 mil 500 pesos para compra de materiales de trabajo; $3 millones 145 mil pesos para equipo y combustibles y $162 mil pesos para herramientas, dichas necesidades presupuestales, se distribuyen de conformidad con el número de campamentos que existe en cada municipio, como a continuación se describe:

Campamentos tortugueros en Lázaro Cárdenas: 10

Asignación mínima necesaria para 2006: $2,674,121.00.

Campamentos tortugueros en Aquila: 13

Asignación mínima necesaria para 2006: $3,924,660.00

Campamentos tortugueros en Coahuayana: 2

Asignación mínima necesaria para 2006: $507,160.00

Total: $7,105,941.00

Es oportuno señalar de igual forma que para realizar la inspección y vigilancia en dichos campamentos sólo se cuenta con 2 inspectores de la Profepa, además de que los participantes en los mismos no cuentan con ningún tipo de acreditación en virtud de que ni Semarnat ni el gobierno del estado asume la responsabilidad de otorgarla.

Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a lanzado el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas derivado de un compromiso contraído sobre especies compartidas en el ámbito internacional con América del Norte, éste programa enfoca su esfuerzo a la tortuga Laúd que como ya explicamos solo es una de las especies en serio peligro de extinción, por lo cual no deben focalizarse a una sola especie cuando en las playas mexicanas anidan otras especies con la misma o mas alta prioridad, por que los animales no conocen de fronteras y limites territoriales ellos son habitantes del mundo entero.

El panorama descrito requiere que se tomen decisiones para mejorarlo, por tal motivo los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, hoy sometemos a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para que la Semarnat, integre los Santuarios de las tortugas marinas a los Programas de Conservación y Manejo, y con ello puedan disponer de mayores recursos para su preservación, ya que estos programas determinan las estrategias de conservación y uso de las Áreas Naturales Protegidas como lo señala la LGEEPA en su artículo 65; además este tipo de programas gozan de mayor atención a nivel nacional e internacional, porque desafortunadamente la Semarnat del universo que maneja de ANP, solo 33 cuentan con un programa publicado de este tipo, por lo que hace falta ampliar la cobertura un 79% mas del territorio nacional protegido, circunstancia que nos deja un claro testimonio de que las autoridades no terminan de asumir su compromiso y responsabilidad.

Por otra parte es importante destacar que las ANP independientemente de los fines primordiales de su creación, tienen ingresos propios que en el año de 2004 ascendieron a 35.3 millones de pesos por concepto de pago de derechos que turistas y prestadores de servicios cubrieron por su ingreso a las mismas. Lo que arrojo al erario público un 37.8% mas que en 2003, pero desafortunadamente estos recursos no fueron reinvertidos en su totalidad para dichas ANP, por lo cual se debe pugnar por que estos ingresos en su totalidad sirvan como un complemento para dar mantenimiento y preservar todas las áreas protegidas en el territorio nacional.

Desgraciadamente todos los esfuerzos antes descritos se ven empañados cuando se toman decisiones equivocadas, como las que se arrogo el actual gobierno al crear una figura mas, denominada Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre que en el año 2004 sumaron 612 unidades más, llegando a abarcar 1.32 millones de hectáreas, con lo cual se alcanzo un total acumulado de 6 mil 190 unidades y 22.4 millones de hectáreas que significan el 11.6% de la superficie del territorio nacional, cuyos objetivo de producción permite hacer uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables contenidos en ellas desafortunadamente la pasividad de las autoridades y la irracional e irresponsable conducción de algunos ha generado las condiciones propicias para que muchas de estas unidades hoy se encuentren convertidas en zoológicos privados, ya que los permisos están abiertos a particulares y en lugar de sumar esfuerzos para fortalecer los santuarios y todas las demás áreas protegidas que ya existen, este tipo de iniciativas dividen y diseminan los esfuerzos que a nivel nacional se están llevando a cabo para preservar la vida silvestre y animal, como un equipo organizado y bien orientado hacia objetivos mayores y universales.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Semarnat que destine mayores recursos a los santuarios de tortuga marina ubicados en las playas del estado de Michoacán y que éstos sean considerados dentro de los programas de conservación y manejo, para quedar como sigue:

Primero. Que la Semarnat incremente los recursos económicos necesarios a los campamentos tortugueros debidamente registrados y que se ubican en las Playas del estado de Michoacán, incluyendo la aplicación de recursos del Programa de Empleo Temporal.

Segundo. Que todos los santuarios de las tortugas marinas del país sean incluidos dentro de los Programas de Conservación y Manejo para la Vida Silvestre a efecto de que se vean incrementadas las acciones de eclosión y liberación de crías de tortugas laúd, golfina y negra.

Tercero. Que se restrinja al máximo todas las actividades que no tengan que ver con las labores propias de los campamentos tortugueros en todo el país.

Cuarto. Que la Semarnat solicite al órgano de control la realización de una auditoria para conocer la aplicación de los recursos en todos los campamentos tortugueros, informando los resultados de la misma a esta soberanía.

Quinto. Que la Semarnat realice las gestiones necesarias a efecto de que los ingresos que sean recaudados en los diferentes santuarios y áreas naturales protegidas sean reinvertidos en su totalidad en los mismos.

Sexto. Que la Profepa incremente el número de inspectores asignados a los programas de inspección y vigilancia de todos los santuarios de tortugas marinas en el estado de Michoacán.

Dip. Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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METRO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Transportes integre una subcomisión o grupo especial de trabajo que se encargue de verificar las condiciones en que actualmente opera el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Los suscritos, diputados integrantes de las diversas fracciones parlamentarias que conforman la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión de Transportes lleve a cabo la integración de una subcomisión o grupo especial de trabajo que se encargue de verificar las condiciones en las que actualmente opera el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ciudad de México erigida sobre lo que fuera Tenochtitlán, desde siempre ha sido una de las Metrópolis más pobladas del mundo, hoy en sus mas de 1,500 kilómetros cuadrados, transitan casi 19 millones de personas, lo que genera una demanda de servicios de muy diversa índole y de una cuantía inconmensurable que no es sencillo atender.

Poder ofrecer a la población del área metropolitana del centro del país los servicios que requieren, trae consigo un encadenamiento de problemas muy divergentes, entre los que destacan aquellos relacionados con la emisión de diversos contaminantes al medio ambiente, pues en este rubro, debemos tomar en cuenta que tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), transitan diariamente mas de 3 millones de vehículos automotores y que gracias a las políticas populistas, en los últimos cuatro años se han incorporado un promedio de 200 mil unidades por año.

Es claro entender por qué, en la Zona Metropolitana del Valle de México, las fuentes móviles contribuyen con más de 2 millones de toneladas/año de contaminantes, lo que representa el 84% de las emisiones totales. Estas mismas fuentes son responsables del:

98% de las emisiones de monóxido de carbono (CO),

80% de óxidos de nitrógeno (NOx),

40% de hidrocarburos (HC) y

36% de partículas menores a 10 micras (PM10),

Vale la pena destacar que en la capital de la República, no obstante los graves problemas de contaminación que existen, el Gobierno local ha orientado sus esfuerzos y políticas en el tópico del transporte, por cierto a través de la responsable de la cartera de medio ambiente, hacia la proliferación del uso del automóvil, pues la construcción del segundo nivel del Periférico así como de los distribuidores viales, dan muestra fehaciente de ello, muy a pesar de que la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se opuso a la construcción de los mismos, porque éstas obras sólo benefician al 2.8% de los habitantes de la capital del país y zona conurbada del estado de México, en detrimento del 97.2% restante de esa misma población.

De ahí que hoy nos preguntamos, con qué fin se promueven acciones que castigan el desarrollo de medios de transporte masivo y de alto impacto social, y lo que es peor, la poca infraestructura que existe en el transporte público de pasajeros se mantiene, en muchos casos, por las virtudes de la propia tecnología y el ingenio de los trabajadores, porque el mantenimiento preventivo y correctivo es una palabra que no existe para quienes gobiernan el Distrito Federal.

La falta de visión, formación profesional y la duplicidad de funciones de las autoridades que manejan el transporte en la capital, es preocupante y alarmante, pues los índices de contaminación, la gran cantidad de accidentes y la mala calidad de los servicios del transporte concesionado así lo demuestran, además de que no hay el mínimo interés por atenderlos, pero eso sí, gastan el dinero de los contribuyentes en proyectos faraónicos de alto impacto publicitario pero corto alcance en utilidad para la población.

Cabe remarcar que el Metro es un transporte no contaminante, que al usar trenes con alimentación eléctrica contribuye notablemente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región; además al utilizar espacios confinados, sus tiempos de recorrido son independientes de los trastornos y aglomeraciones del tránsito vehicular.

A pesar de que año con año el gobierno del Distrito Federal justifica su techo de endeudamiento con partidas destinadas al Metro, en los últimos cinco años se ha dejado de atender el mantenimiento de este importante medio de transporte público de pasajeros, y en cambio ha sido objeto de saqueos económicos por parte del mismo gobierno capitalino y se encuentra en el abandono y descuido total.

Hoy no es posible concebir la ZMVM sin el Metro, porque si nos detenemos a pensar qué pasaría si éste medio de transporte detuviera su marcha por un día, resulta evidente que se afectaría la economía de la capital, además de que se perderían millones de horas hombre, y la contaminación ambiental se incrementaría de forma significativa, en una palabra, esto sería un caos.

No obstante las pésimas condiciones y el abandono en que se encuentra el mantenimiento del Metro, hoy es necesario destacar que gracias a la labor desempeñada por los profesionistas y técnicos mexicanos que prestan sus servicios laboralmente, actualmente el Metro sigue ofreciendo el servicio de transportación a millones de usuarios, aunque estos no en las mejores condiciones de calidad y confort.

Las actuales autoridades del gobierno del Distrito Federal se empeñan, de manera aberrante, en no querer aceptar que la crisis del Metro ha sido ocasionada por la omisión en su mantenimiento oportuno y adecuado, y que de continuarse con esa forma de administrar una de las empresas más importantes del gobierno del Distrito Federal, se conducirá al Sistema de Transporte Colectivo que opera el Metro, a una severa crisis financiera y técnica. Y todavía se atreven a decir públicamente que, hoy por hoy, el Metro cumple con los estándares internacionales de los mejores metros del mundo.

Pero no existe una mentira más grande que esa, toda vez que, para que el Metro regrese al nivel que ocupaba al inicio de la década de los '90s el gobierno local debe realizar una fuerte inversión de recursos, puesto que el rezago existente en los programas de mantenimiento por falta de aplicación del presupuesto autorizado y que se requiere, provoca condiciones de riesgo e inseguridad que son cada vez mas recurrentes y graves, conduciendo al organismo a un despeñadero.

El Metro, ha sido afectado por las malas decisiones, tanto del Gobierno del Distrito Federal como de la administración del Organismo, cuyos resultados se han venido denunciado en diversas instancias y foros, puesto que en los más de los casos han significado violaciones diversas normas jurídicas que regulan la operación de esa empresa.

La organización sindical mayoritaria en el Sistema de Transporte Colectivo ha manifestado que ha hecho saber de los diversos problemas que hoy enfrenta el Metro, tanto al gobierno del Distrito Federal como a la administración de la empresa, y que incluso los trabajadores pueden encargarse de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a trenes e instalaciones fijas incluyendo las estructura y la obra civil, lo que no han podido realizar en virtud de que adolecen de las herramientas y refacciones necesarias para tal objetivo.

Sin embargo, por razones aún no comprendidas, desde el año 2000 se dejaron de adquirir tales implementos de trabajo y se comenzó a obligar a los trabajadores a utilizar de la franja de desechos, es decir, de la basura, las refacciones que pudieran aplicarse a los trenes que las requirieran. Esta práctica pone en grave riesgo la integridad física de los trabajadores y los usuarios, innecesariamente, porque las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo dejaron de ejercer su presupuesto anual autorizado o desviaron los recursos para cumplir los caprichos del entonces Jefe de Gobierno, prueba de ello es que en 2002, dos diarios de circulación nacional denunciaron el saqueo que se llevó a cabo en el organismo para la construcción de los segundos pisos, pero eso no mereció la atención de ninguna autoridad u órgano de control interno.

Nuevamente a finales del 2002 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, aprobó para el ejercicio fiscal 2003 un presupuesto adicional para el STC por $1,110 millones de pesos, para ejecutar algunas de las acciones más urgentes de mantenimiento a trenes e instalaciones fijas, sin embargo el Gobierno del Distrito Federal no se lo asignó al organismo, ni éste demandó su entrega oportuna. Otro saqueo se perpetró antes de concluir el 2003, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, autorizó la redistribución de más de $700 millones de pesos del presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo para la construcción de los segundos pisos viales.

Tan cierta es la falta de mantenimiento mayor a las instalaciones y trenes del STC, que ante la presión de la Organización Sindical y al no poder ocultar lo obvio, debido a las fallas como el hundimiento en la terminal Pantitlán en Línea 9 y Línea ``A'' en donde por estas causas se provocó un descarrilamiento, las autoridades del Metro se vieron obligadas a cerrar por más de nueve meses ambas terminales para darles mantenimiento, además de que, las autoridades del gobierno del Distrito Federal y del Metro, suscribieron con fecha 15 de agosto de 2002 un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, para atender las diversas demandas y problemas presentes en la institución, comprometiéndose a cumplirlas en plazos determinados.

Desafortunadamente en la empresa se han seguido a pie juntillas las políticas populistas de la Jefatura de Gobierno, y se ha dejado de invertir en refacciones y herramientas necesarias para el mantenimiento de trenes y de instalaciones fijas del Metro, porque son obras que la ciudadanía no ve y no impactan en los índices de popularidad del gobernante en turno, por lo que se ha optado por autorizar la sobreexplotación del material rodante e instalaciones fijas, aumentando el kilometraje de los trenes, de 300,000 a 500,000, y de este kilometraje a 700,000, por ejemplo, para entrar a mantenimiento mayor y, por acción u omisión, se está acelerando cada vez mas el deterioro del patrimonio del organismo.

En este contexto, durante la gestión de Rosario Robles al frente del Gobierno del Distrito Federal, se denunció la pretensión de abrir al público la Línea B del Metro, porque no estaba concluida la obra para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, más sin embargo, no obstante todas las irregularidades que dicha Línea presentaba, la misma se abrió aunque con ello se pusiera en riesgo la integridad de los trabajadores y de los usuarios, sin descontar que el problema rebasa los límites territoriales del Distrito Federal y que debiera conocerse por una autoridad Federal, toda vez que las quejas que se presentaron ante la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo no merecieron dictaminarse como procedentes, como es el caso de la queja presentada por el Sindicato del Metro por ese concepto, cuya resolución fue absolutoria para la empresa según informó el Contralor Interno del Organismo en su oficio C.I. 1117/04 de fecha 27 de julio del año 2004, y de cierta forma puede sonar lógico son juez y parte.

Asimismo, debemos señalar la problemática que enfrentan los usuarios de la misma Línea ``B'', que con escasos 21 trenes cuando llegan a circular todos, tiene que transportar a más de 300 mil personas por día, siendo que en sus más de 21 kilómetros de vías en servicio es la más extensa de la red, en la que, por lo menos, deben circular 31 trenes, y al no ser así, a los trenes en circulación se les esta exigiendo un sobre esfuerzo durante las mas de 19 horas de servicio.

Por lo que hace a la Línea 6, la administración del STC quería volverla modelo a seguir para toda la red, pero se les olvida que ello no se logra por decreto, menos aun si las palabras no van acompañadas por acciones que busque consolidar dicho objetivo, todo lo contrario hasta hace poco tiempo en ésta Línea circulaban 9 trenes de 9 carros cada uno, con una capacidad de transportación de hasta 13 mil 500 personas si estos fueran llenos, pero la poca visión de los funcionarios del Organismo que, lejos de preocuparse por incrementar la calidad y oferta del servicio además de la captación de usuarios, disminuyeron la capacidad de los trenes y ahora tienen en servicio 11 trenes de 6 carros cada uno, cuando llegan a circular todos, porque generalmente solo circulan 8 o 9 cuya capacidad de transportación es de 8,000 personas, siendo que esta Línea ha llegado a captar en un día en promedio más de 114 mil 459 usuarios, por lo que no se entiende como pretendieron establecerla como una línea modelo o prototipo.

Otro problema que enfrenta el Metro es la amplia lista de incidentes y accidentes que han venido a complicar la circulación normal en la Línea 2, en donde se ha dificultado poner en condiciones de circulación los trenes de reciente adquisición, debido a la falta de capacitación de calidad y veraz que el proveedor no ha proporcionado o porque el STC no ha exigido que se otorgue, lo que repercute en frecuentes fallas e interrupciones de la circulación.

A los anteriores problemas de mantenimiento mayor y menor, se suma una larga lista de incidentes y accidentes que se han estado presentando en toda la red del STC, todos estos con una interrupción parcial o total en el servicio prestado a los mas de 4.5 millones de personas que día con día cuentan con el Metro para trasladarse a sus trabajos, escuelas, servicios de salud, recreativo, etcétera.

Si no, baste solamente compartir con todos ustedes la relación de algunos de los incidentes y accidentes que destacan por su duración y daños al servicio o bien al patrimonio del STC en los últimos tres años, a saber:

23 de septiembre de 2003; en la Línea 9, zona de garaje, se produjo el descarrilamiento de un tren.

17 de octubre de 2003, Línea 9, zona garaje, alcance de trenes.

17 de diciembre de 2004, Línea ``A'', estación Los Reyes se le proporciona socorro de tren a tren por descenso anormal de la presión de aire en todo el tren, ese mismo día aproximadamente a las 19:00 horas en la Terminal Pantitlán se desalojo nuevamente por el mismo problema, estando al 100% de usuarios el andén de salida.

21 de diciembre de 2004, Línea 2 zona de talleres el tren número de motrices 590-591 saliendo del taller 11 se descarrila y se desprende una escobilla negativa en el carro Motriz 0590.

27 de noviembre de 2004, Línea 7, Terminal Barranca del Muerto, se establece servicio provisional Tacubaya-El Rosario hasta las 22:00 horas por el descarrilamiento de tren motrices 271/272.

01 de diciembre de 2004, Línea 8, estación Doctores, Tren sin modos de conducción se le realizo socorro de tren a tren, duración del incidente 1 hora 5 minutos.

31 de enero de 2005, Línea ``A'' al paso del tren motrices 55/56 se desprendió la catenaria y se suspendió el servicio de Guelatao a La Paz, normalizándose hasta el día siguiente.

28 de marzo de 2005, Línea ``A'' en la interestación Los Reyes Santa Marta, se establece velocidad máxima 35 Km./Hr. debido al vado existente en vía en el cadenamiento 21+355.

28 de marzo del 2005, Línea ``A'', en la interestación Acatitla Peñón Viejo, se establece velocidad máxima 50 Km./Hr. por deformaciones en las vías.

28 de marzo de 2005, Línea ``A'', se establece el servicio provisional por rompimiento de catenaria en interestación Peñón Viejo Guelatao.

11 de mayo de 2005, Línea ``A'' interestación Los Reyes Santa Marta, fractura del cajón en el cadenamiento 21+340, implementándose reducción de velocidad a 40 Km./Hr. en ambas vías.

24 de mayo de 2005, Línea ``A'', de la estación Santa Marta a Los Reyes, se presenta hundimiento y torcimiento de vías en el cadenamiento 22+520 al 22+590, se establece servicio provisional de la estación Santa Marta a Pantitlán.

14 de julio de 2005, Línea 1, estación Balderas, desde inicio de servicio los bloks que soportan los aisladores se aflojaron a la entrada de la estación, dañando los trenes, provocando con esto cortes continuos de corrientes en las estaciones Sevilla, Insurgentes Cuauhtémoc y Balderas, estableciéndose el servicio provisional de Pino Suárez a Pantitlán y una reducción de velocidad a 30 Km./h.

9 de septiembre de 2005 en talleres Ticomán, tren motrices 308/309 se descarrila al salir de la vía de lavado.

Desde inicio del 2005 y hasta el mes de agosto, sin poder explotar a toda su capacidad la terminal Politécnico por durmientes podridos a la entrada de dicha estación.

Robos, acoso sexual y otros delitos a usuarios y locatarios, principalmente en Línea 1, 2 y 3.

Miles de vendedores conocidos como vagoneros, en toda la red, quienes pagan una multa risible y regresan a la estación a seguir con su actividad.

Inseguridad en por lo menos 10 paraderos a destacar Indios Verdes, Pantitlán, Cuatro Caminos y Chapultepec.

Venta de estupefacientes y narcomenudeo en varias estaciones de la Red.

Más de 500 delitos in fraganti en 2004 y más de 300 en lo que va de 2005, reportados por la SSP.

39 trenes detenidos por falta de mantenimiento mayor, 17 de estos pertenecen a Línea ``A'', lo que significa un deterioro en el 51% de su parque vehicular.

Desnivelación de vías en las Líneas 1, 4, 5 y ``A''.

Inundaciones recurrentes desde el 22 de febrero de 2005, en Instituto del Petróleo de Línea 6 y en interestación Hangares Terminal Aérea de Línea 5, provocando el establecimiento del servicio provisional.

El enorme retraso en la marcha de los trenes en la Línea 2 en época de lluvias, con los socorros de tren a tren que se han presentado por no poder traccionar debidamente.

Las constantes fallas en el mando centralizado de las Líneas que provocan inusuales fallas a los equipo de control de las mismas, en el Puesto Central de Control.

La falta de un mantenimiento correctivo urgente, en el sistema de cables de alta tensión ante la inminente presencia de una falla mayor en la alimentación del alumbrado de las estaciones, principalmente en la Línea 2, que actualmente tiene a los funcionarios en estado de alerta máxima ante la posibilidad de quedarse a medio alumbrado u oscuridad total en la línea.

Fallas repetitivas y constantes en la utilización automática y manual de los aparatos de vías en Líneas 1, 2 y 3, que ante la necesidad de realizar servicios provisionales en estas Líneas no cumplen con su función de realizar el cambio de vía, por falta de mantenimiento preventivo.

En los últimos cuatro meses del año 2004, se detecta un incremento en las averías de trenes de 1200 a 1500 averías por mes, siendo el promedio anterior de las averías de entre 200 a 250.

Lo anterior son tan solo una pequeña muestra del gran cúmulo de problemas no resueltos que hoy se suscitan en el Metro de la Ciudad de México, lo cual ha redundado en que el servicio sea muy deficiente, pues los intervalos en la marcha de los trenes son más amplios, esto es, los trenes pasan con menor regularidad, las estaciones se encuentran sucias y a media luz, existen constantes paros intempestivos en la marcha de los trenes, escaleras eléctricas fuera de servicio o inexistentes como en el caso de Línea ``B'', etcétera.

No obstante que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo están consideradas como zonas de alta seguridad, según la Ordenanza emitida por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, publicada en enero de 1993, en los últimos cinco años la empresa ha hecho todo lo que está a su alcance para que dicha designación sea cuestionada seriamente, lo cual por supuesto es un absurdo.

Revisando el texto del convenio suscrito entre el sindicato de trabajadores del Metro y las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo, suscrito el 15 de agosto de 2002 para dar solución inmediata a los problemas denunciados por el primero, es importante destacar que desde esa fecha no se ha cumplido lo pactado, convenio del cual destacamos lo siguiente:

Adquisición y entrega de herramientas y refacciones.- Como se ha indicado en líneas anteriores, los trabajadores se han visto obligados a emplear refacciones de reúso, es decir, de las que se encuentran en las franjas de desecho, ante la falta de refacciones nuevas, testimonio de ello recientemente lo mostraron algunos medios electrónicos de comunicación e incluso varios diarios de circulación nacional. Son muchos los pretextos para no surtir estos implementos de trabajo, pero en realidad el problema radica en que el Sistema de Transporte Colectivo no recibe el presupuesto por parte del Gobierno del Distrito Federal para tal efecto, o cuando lo reciben se ha desviado para otros fines muy distintos.

Revisión y actualización del Reglamento de Seguridad e Higiene.- Es urgente actualizar este Reglamento, toda vez que se tienen que identificar y definir las áreas insalubres y peligrosas que existen en el Metro, de manera que se puedan abatir los riesgos de trabajo y se mejoren dichos espacios de trabajo, porque no es posible que en una institución que se dice segura se hayan presentado mas de 3250 reportes de probables riesgos de trabajo en los últimos 5 años.

La lucha por encontrar las mejores condiciones de trabajo y de seguridad para quienes laboran en el Metro y para los usuarios de éste importante servicio de transporte masivo, ha dado lugar a que se hayan presentado diversas denuncias penales, así como sanciones injustificadas para más de 1,300 trabajadores y despidos igualmente injustificados de representantes sindicales.

El Metro es responsabilidad de todos, y no solamente del gobierno del DF, pues su ámbito de operación abarca dos entidades federativas y su zona de influencia contempla por lo menos a cuatro estados de la República, de ahí que la seguridad en este espacio de transportación colectiva debe asumirse como un asunto de seguridad nacional, y por lo mismo, no se puede dejar al arbitrio de un gobierno local la responsabilidad de decidir si se le brinda o no el mantenimiento preventivo y correctivo a este importante medio de transportación masiva de pasajeros, ni se justifica que se soslaye el cumplimiento de obligaciones patronales.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los suscritos Diputados, desde esta tribuna sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión de Transportes lleve a cabo la integración de una Subcomisión o Grupo Especial de trabajo que se encargue de verificar las condiciones en las que actualmente opera el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, al tenor que sigue:

Acuerdo

Primero.- Que la Cámara de Diputados apruebe que la Comisión de Transportes lleve a cabo la integración de una Subcomisión o Grupo especial de trabajo para verificar las condiciones en que se encuentra operando Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Segundo.- Que la subcomisión o grupo a que se refiere el punto anterior, tendrá bajo su encargo como mínimo:

Verificar las condiciones en que se encuentran operando actualmente los equipos instalados del orden mecánico, eléctrico y electrónico así como los propios trenes del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

Confirmar las condiciones en que se encuentran operando las estructuras de obra civil en puntos críticos de las terminales y estaciones de correspondencia.

Realizar una inspección en las áreas insalubres y de probables riesgos laborales en talleres, vías, Puestos de Mando Local, Puestos de Mando de Talleres, Puestos Centrales de Control y Oficinas.

Solicitar al titular del STC presente ante esta soberanía un informe exhaustivo de la adquisición de refacciones y equipos que ha realizado el Organismo para el mantenimiento de las diferentes instalaciones y trenes en los últimos 5 años.

Tercero.- Una vez que se dé cumplimento al punto que antecede, la subcomisión o grupo especial presentará ante el pleno de la Comisión de Transportes y ésta a su vez, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el resultado de las mismas así como las recomendaciones que procedan a efecto de solucionar la problemática detectada.

Cuarto.- Que ésta H. Cámara de Diputados emita un atento exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones programe a través de la Contaduría Mayor de la propia Asamblea, la realización de una auditoria al Sistema de Transporte Colectivo, que contemple por lo menos:

La fiscalización sobre el origen y destino de los recursos autorizados por la misma Asamblea Legislativa para ser aplicados al mantenimiento de las instalaciones y equipos, así como aquellos destinados al mantenimiento y rehabilitación de trenes, en los últimos cinco años.

La fiscalización sobre la aplicación de los recursos que vía endeudamiento autorizó ésta H. Cámara de Diputados al Gobierno del Distrito Federal en los últimos 5 años.

Quinto.- Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal informe a esta soberanía a la brevedad posible sobre los resultados obtenidos como consecuencia del cumplimiento en lo estipulado en el punto anterior.

Dip. Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Transportes.

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HIPERACTIVIDAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, para que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas establezcan las acciones necesarias para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Fernando Espino Arévalo, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Guillermo Velasco Rodríguez, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan las acciones necesarias para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la declaración universal de los derechos del hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por tanto combatirla es una obligación pública, de ahí que, la salud es uno de los ejes sobre el cual deben girar las políticas sociales de cualquier gobierno para asegurarle bienestar a su población, echando mano del prodigioso avance científico y su extensión en el campo de la medicina, sobre todo, ante el aumento de los costos y la complejidad de las enfermedades.

Pero no se puede considerar a la salud solo como un correcto funcionamiento biológico, sino también como un bien psicológico y social, que involucra la participación de la sociedad en general y a los hombres y mujeres en particular, sin olvidar ni soslayar que el garante de la protección a la salud por mandato constitucional es el estado, en sus tres niveles de gobierno.

De ahí que establecer un concepto integral de la salud debe tomar en cuenta un enfoque biopsicosocial del individuo, dentro del cual por supuesto se engloba a la salud mental, ya que la ausencia de ésta, provocaría el desequilibrio del hombre en su conjunto y traería como consecuencia la ruptura de toda posibilidad de poder mantener una convivencia coherente y armónica con el resto de los individuos de nuestra sociedad, de hecho no se podría estructurar la cadena que mueve en el mundo todas las actividades del ser humano ya que a la falla de uno o varios de sus eslabones, estas cadenas: productivas, de servicios, educativas, sociales, etcétera; terminarían por romperse, generando una descomposición social mayúscula, que pondría en serios predicamento a la especie humana.

Poder detectar a tiempo y a temprana edad alguno de los muchos trastornos conductuales y de la mente, cuando se hacen patentes en los individuos, es uno de los elementos que nos permitirá brindar una mejor atención, de a cuerdo a las circunstancias de cada caso, por que de la oportunidad en la aplicación de los tratamientos dependerán los resultados.

Vale la pena destacar que con el paso del tiempo y el avance científico y tecnológico que han tenido las diferentes ramas de la medicina, ha sido posible conocer y tratar de una mejor forma las diferentes patologías que afectan al ser humano, dentro de las que están consideradas las relacionadas con la mente, y es precisamente en este punto donde radica nuestra inquietud, por que de acuerdo con lo señalado en los artículo 72, 73 y 74 de la Ley General de Salud, las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario, para su prevención y atención, en consecuencia de ello y en virtud de que los padecimientos mentales cada vez son mas recurrentes, hoy mas que nunca es urgente que se lleven a cabo acciones para atacarlos y en la medida de lo posible erradicarlos o controlarlos. Uno de estos padecimientos es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/H), el cual se hace presente desde el mismo nacimiento de la persona y con el paso de los años va dejando su huella y causando estragos. Por desgracia aun hoy, después de más de 100 años que se detectaron y diagnosticaron los primeros casos, subsiste el problema de que con mucha facilidad se confunde con otro tipo de trastornos, por lo que desafortunadamente se especifica equivocadamente, lo que nos obliga como sociedad a tomar medidas preventivas para atacarlo, empezando por capacitar a todos aquellos profesionales que de una u otra forma mantienen los primeros contactos con las niñas y niños que enfrentan esta enfermedad en los diferentes espacios donde transcurre su vida, por ser quienes pueden detectar oportunamente en los infantes el TDA/H, para canalizarlos a efecto de que se les practiquen los estudios necesarios para diagnosticar de manera eficaz e integral cada caso, en virtud de que dicho trastorno reviste características multifactoriales, que de no ser atendidas a tiempo, causan daños en el desempeño emocional y social del individuo convirtiéndolo en persona non grata para la sociedad e internamente desvalorizada, lo que en su vida adulta puede repercutir de forma negativa en aspectos laborales y sociales entre otros.

Infortunadamente la falta de atención de las autoridades competentes hacia padecimientos como el TDA/H ha provocado que el mismo se convierta en un problema de salud pública, lo anterior queda de manifiesto en virtud de que el rubro relativo a la salud mental en México es un tópico que ofrece una gama muy variada de problemas, mas aun si observamos el incremento en las cifras que se ha venido dando en los últimos años como lo demuestran las estadísticas de la Secretaría de Salud las que señalan que el 10% de la población en el país padece algún tipo de discapacidad incluyendo las mentales, es decir mas de 10 millones de mexicanos, se encuentran en esta circunstancia.

De forma particular el rubro de la salud mental, de acuerdo con los diferentes grupos de población nos arroja los siguientes datos: de Menos de 15 años el 27.6%; de 15 a 29 años el 33.2%; de 30 a 59 años el 29.0%; de 60 y mas años el 9.4%, lo anterior nos demuestra que la mayor cantidad de personas con problemas de salud mental se concentra en los niños y los jóvenes.

Como es de todos sabido al presentarse un problema de salud mental, la capacidad intelectual de la persona para estudiar y aprender sufre cambios de muy diversa índole, de tal magnitud que puede estar ante la imposibilidad total de comprender lo que se le trata de enseñar, de ello queda constancia en los resultados de la encuesta del INEGI, donde el porcentaje de personas con problemas de salud mental y que además carecen de estudios escolares es de un 54.1%; aquellos con primaria incompleta el 17%; primaria completa el 11.6%; secundaria incompleta el 2.3%; secundaria completa el 5.1%; media superior el 3.4%; superior y posgrado sólo el 1.4%, lo que denota en esta población el gravísimo problema de aprendizaje, tomando en cuenta que no todos los trastorno mentales llevan necesariamente a la inhabilitación del aprendizaje de forma directa.

De lo anterior debemos señalar que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/H), es uno de los factores que contribuyen de manera importante al incremento de las estadísticas, a pesar de que dicho padecimiento no sea en muchos casos diagnosticado correctamente. En tal sentido podemos mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que a nivel mundial existe una prevalencia de TDA/H del 5%; señalando el mismo informe que en Estados Unidos se sitúa entre el 2% y el 18%; sin embargo, en Colombia y en España se ha reportado la existencia de un 14% a 18%. Por lo que se refiere a nuestro país, el problema lo padecen entre el 3 y el 5%, es decir, se extiende a mas de 1 millón 650 mil niños.

Otras cifras que ayudan a entender la dimensión del problema señalan que uno de cada tres niños que solicitan atención en el Hospital ``Juan N. Navarro'' lo hace por TDA/H, siendo necesario precisar que este es el único nosocomio paidopsiquiátrico en la República Mexicana, el cual por supuesto es insuficiente para atender las demandas de los millones de mexicanos que podrían requerir sus servicios.

Más aún, el mismo establecimiento sanitario señala el porcentaje de la población infantil de nuestro país que padece TDA/H, asciende hasta el 6%, según datos del Servicios de Salud Mental (Sersame), en su Programa Específico de Trastornos por Déficit de Atención 2000 -- 2006, de igual forma sobre el mismo trastorno la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional advierte que en México solamente a nivel primaria existen alrededor de 740 mil estudiantes con este padecimiento.

Las cifras anteriores nos hacen suponer que para la atención de tal número de infantes diagnosticados con TDA/H , debe existir una proporción de instituciones y profesionistas que se puedan avocar a atender a estos niños y niñas y como una referencia internacional de ello, tenemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda la existencia de un paidopsiquiatra por cada 10,000 niños, condición que México se encuentra muy lejos de cumplir, ya que solo existe uno de estos especialistas por cada 142,000 niños.

Hay que agregar a lo anterior que nuestro país solo cuenta con 2,700 psiquiatras, 700 neurólogos y que de estos últimos sólo 190 están especializados en neuropediatría y de los primeros solo 300 se especializaron en paidopsiquiatría, además el 41% de los psiquiatras y psicólogos de instituciones que dan atención a la población no asegurada se concentran en el Distrito Federal, y solamente por año egresan 80 psiquiatras, 40 neurólogos, 10 neuropediatras y 5 paidopsiquiatras, según datos de Sersame, Programa Específico de Trastornos por Déficit de Atención 2000-2006.

De manera grafica en la siguiente figura, podemos apreciar la problemática de la infraestructura para la atención de problemas de salud mental en México en los tres diferentes niveles de atención que se proporcionan y su relación en cuanto al número de pacientes con TDA/H contra el número de especialistas que los atienden.

La mitad de los pacientes desarrollan al mismo tiempo otros trastornos, que van desde depresivos hasta de ansiedad.

Los niños sufren más de estos problemas que las niñas, es decir que se estima que de cada 10 personas que cursan con la enfermedad, nueve son varones y una es mujer, sobre todo porque los niños presentan el trastorno de hiperactividad, y en las niñas su problema es de atención; por eso se dice que en los niños el problema es conductual, y en las niñas el problema es cognitivo.

Ahora bien, clínicamente se ha demostrado que pocos padres de familia saben que dentro de los rasgos conductuales del padecimiento, esta la baja tolerancia a la frustración, ya que son niños que frecuentemente hacen berrinche seguido de una desobediencia patológica ``cuando se le prohíbe algo, se le cuestiona sí entendió y sí obedecerá éste afirma que sí, pero al poco rato está haciendo lo contrario'', y se acompaña de conductas temerarias que les provocan frecuentes accidentes ya que no miden el peligro, por ello ``pueden treparse a un árbol y se caen, se atraviesan la calle sin fijarse, brincan de una azotea a otra porque piensa que es muy fácil''.

Desafortunadamente hasta hace relativamente poco tiempo las autoridades de salud en nuestro país afirmaban que el Trastorno por Déficit de Atención era lo mismo que el Trastorno por Hiperactividad, pero ahora lo han reconsiderado y retomaron la clasificación internacional, en tres divisiones:

TDA con predomino al problema de atención,

Con predominio a la hiperactividad e impulsividad, y

El mixto.

Debemos agregar que según resultados de estudios realizados hasta el año 2004, alrededor del 50% de los casos de TDA/H vienen asociados con otro trastorno a saber:

30 ó 40% se asocia al trastorno de aprendizaje,

Alrededor del 20 ó 30% se liga con el trastorno oposicionista infantil,

Entre el 10 y el 20 % se relaciona a trastornos ansiosos y

Alrededor de 5 ó 10 % a trastornos depresivos.

Finalmente y en complemento de todo lo señalado anteriormente les puedo comentar que contamos con datos de la Clínica de la Conducta del Hospital Psiquiátrico Infantil ``Juan N. Navarro'', los cuales indican que el TDA/H es un padecimiento de origen poligenético y de transmisión genética, ya que si el padre tiene TDA/H su hijo tiene el 70% de probabilidad de padecer TDA/H.

Con los argumentos que hemos presentado pretendemos dejar en claro que padecimientos como el TDA/H son hoy un problema de salud pública que ataca principalmente a los infantes y adolescentes mexicanos, por lo que si no emprendemos acciones para su control, estaremos condenando a un importante sector de la población a un pobre desarrollo que a la postre puede degenerar en otros problemas de orden social.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan las acciones necesarias para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para quedar como sigue:

Primero. Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las Secretarías de Salud de las entidades federativas prevean en su presupuesto anual la asignación de los recursos financieros y el capital humano necesarios para la detección y atención de infantes y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Segundo. Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas instrumenten un programa permanente de difusión sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, principalmente dirigido a la población infantil, adolescente así como los padres de los mismos, a efecto de que estén en posibilidades de solicitar el apoyo necesario.

Tercero. Que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ambas instancias del Gobierno Federal, establezcan los mecanismos necesarios para promover entre los médicos egresados de las diferentes escuelas y facultades de medicina del país, las especialidades de neuropediatría y paidopsiquiatría.

Cuarto. Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal elabore y publique la Norma Oficial Mexicana, para el tratamiento y atención del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, en coordinación con la CFE, a la Secretaría de Turismo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a los municipios aledaños al Cañón del Sumidero a implantar un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y la protección de especies en categoría de riesgo, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello Diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero a implementar un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y protección de especies en categoría de riesgo.

Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

La región conocida como Cañón del Sumidero ubicado en el Estado de Chiapas, es uno de los lugares que cuenta con mayor belleza natural en el País, el cual reúne condiciones singulares por su variedad de vegetación, fauna y flora silvestre, clima, topografía y el alto valor geológico que representa encuadrándose por lo mismo dentro de los requisitos que se han considerado necesarios y favorables para el establecimiento de un Parque Nacional.

Este lugar antiguamente fue llamado por los aztecas, Chicoasentepec, nombre cuya equivalencia en español es ``6 cerros''. De profundo significado para los chiapanecos, aparece en el escudo de Chiapas pues fue escenario de la batalla entre españoles y chiapanecas que dio origen a la leyenda que cuenta que los indígenas prefirieron lanzarse a las profundidades del Cañón, antes de ser sometidos por los invasores.

Este majestuoso balcón geológico del Sumidero, cruzado a lo largo de su fondo por el Río Grijalva, con una extensión aproximada de 30 Kilómetros, tuvo su origen en un largo proceso de perturbaciones telúricas, movimientos que permiten observar ahora capas calizas del mesozoico superior, con estratos fósiles de organismos marinos, además de terrazas fluviales que fueron quedando al descender el río de sus antiguos niveles y profundizando su lecho, erosión que dejó simas y cavidades de extravagantes formas, así como enormes peñascos y canales subterráneos que al encontrar rocas permeables, dan origen a fuentes internas de almacenamiento que afloran sobre los muros del cañón en forma de cascadas; todas estas características, además de otras, hacen de este lugar un laboratorio viviente ideal para propiciar actividades científicas, educativas y culturales.

Además, es una formación geológica estrictamente delimitada, contiene vestigios arqueológicos que son parte integrante del patrimonio cultural de la nación.

Este parque se ubica en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Nuevo Usumacinta y San Fernando en el estado de Chiapas. Se decretó parque nacional el 8 de diciembre de 1980. Tiene una extensión de 21,789 hectáreas. Su cañón de paredes abruptas y vegetación selvática alcanzan hasta 1,000 metros de altura permitiendo la presencia de micro ambientes con climas diferentes al de la región.

El Parque es administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyas oficinas regionales se encuentran en la capital Chiapaneca.

Hay bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque de coníferas, bosque de pino y encino y vegetación secundaria como matorrales y pastizales. Guaspo y mujú, pepilla, palo mulato, pino y vegetación secundaria como matorrales y pastizales. En la fauna silvestre destaca el pelícano café, lechuza mono, tucán cuello amarillo, mono araña, tigrillo, murciélago, ardilla gris, hormiguero arborícola, leoncillo, jabalí, venado cola blanca, cocodrilo, garza blanca, gavilán, hocofaisán y zorrillo aristado.

Desde 1980 se construyó al final del Cañón una central hidroeléctrica que lleva el nombre del Ing. Manuel Moreno Torres, quien fue Director General de CFE durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), con ello, la profundidad máxima del río subió a poco más 200 metros. Esta presa tiene una cortina de concreto de 260 metros. Con ella se produce electricidad para Tabasco, México y Centro América, aprovechando el tirante de agua.

Desafortunadamente la región presenta fuertes invasiones de los predios para la fundación de colonias irregulares, extracción de madera para la construcción de vivienda rústica, caza y pesca furtiva e ilegal. Contaminación del río Grijalva por las descargas de residuos sólidos del río Sabinal, etcétera.

Cada año, durante la temporada de lluvias, miles de turistas nacionales y extranjeros contemplan cómo toneladas de basura afean y contaminan este lugar de los más hermosos y emblemáticos de Chiapas. Trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de Turismo de Chiapas extraen diariamente alrededor de 12 toneladas de basura del río Grijalva, que atraviesa el cañón, y aun así no logran limpiar el afluente.

Podemos encontrar troncos, ramas, ripio, lirio acuático, botellas, plásticos diversos y hasta animales muertos formando parte de la basura que arrebata a este sitio bastante de su enorme belleza.

El problema de la basura en el Cañón del Sumidero está íntimamente ligado a la temporada de lluvias. Sin embargo, vale la pena considerar que el río Grijalva, que atraviesa el Cañón del Sumidero, tiene diversos afluentes, y cada año, durante la temporada de lluvias, esos pequeños ríos y arroyos arrastran hacia el cañón la basura de unas 180 comunidades y colonias de 14 municipios del estado, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villacorzo, Acala, San Fernando y Berriozábal.

Consideremos que el río Sabinal, que atraviesa Tuxtla Gutiérrez, es responsable hasta de un 40 o 50 por ciento de la contaminación en el Grijalva, de ahí que ninguna campaña de limpieza sea suficiente para mantener limpio el Cañón del Sumidero.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, en el año 2001 se sacaron del Cañón del Sumidero 4 mil 400 toneladas de madera, 905 toneladas de lirio acuático y 16 mil 500 bolsas con plásticos; y en el 2002 se extrajeron 2 mil 985 toneladas de madera, 246 de lirio acuático, 295 de ripio y 13 mil 726 bolsas con plásticos.

Reflexionemos que durante el mes de agosto del presente año, el Cañón del Sumidero se encontró repleto de basura, ocupando casi un kilómetro; pero sólo cuando el desastre ambiental fue denunciado públicamente por los medios televisivos nacionales, las autoridades de la región se pusieron a trabajar.

El Cañón fue cerrado tres días a la navegación para hacer las maniobras de limpieza. Seiscientos elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y Policía Sectorial trabajaron en el saneamiento, recogiendo 1,200 toneladas de basura y logrando avanzar un 90% del retiro del producto que contaminaba las aguas del Cañón.

Aunado a lo antes mencionado, recordemos los fuertes temporales que afectaron toda la zona sureste del país impactando particularmente al Estado de Chiapas como son los casos del huracán Emily, en julio pasado o los ocurridos por Stan a principios de octubre y Wilma apenas la semana pasada, lo que vuelve necesario tomar acciones de protección y preservación del Cañón del Sumidero donde participen todas las instancias involucradas.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, Chiapas, a implementar un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y protección de especies en categoría de riesgo.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a verificar el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 en el río Grijalva y zonas contiguas al Cañón del Sumidero y, en su caso, sancionar a los presuntos responsables de desechar aguas residuales que superen los límites máximos permisibles de contaminantes previstos por dicho ordenamiento.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 27 de octubre de 2005.--- Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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PROTOCOLO DE KYOTO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a procurar que las naciones involucradas suscriban el Protocolo de Kyoto, suscrita por diputados del grupo parlamentario del PVEM.

Leonardo Álvarez Romo, en nombre de los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a procurar a las naciones involucradas suscriban el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Esa variación se debió a cambios naturales que se han producido en el equilibrio energético entre la energía solar entrante y la energía reemitida por la Tierra hacia el espacio. Entre las causas naturales de esas variaciones se pueden citar las erupciones volcánicas, los cambios de la órbita de traslación de la Tierra, los cambios del ángulo del eje de rotación de la Tierra respecto al plano sobre el que se traslada y las variaciones de la composición de la atmósfera.

Desde la aparición del hombre y en fechas recientes, las causas del calentamiento global han ido cambiando, probablemente sea consecuencia de los más de 7 mil millones de toneladas de bióxido de carbono que estamos liberando y que se suman a los 750 mil millones de toneladas existentes en la atmósfera. Aunque gran parte del bióxido de carbono liberado a la atmósfera entra en los ciclos naturales de este gas, siendo consumido por las plantas o disuelto en las aguas oceánicas, alrededor de 50 por ciento permanece en la atmósfera.

Esto ha conducido a un aumento en este periodo postindustrial de 315 a 350 partes por millón de bióxido de carbono, y todas las previsiones apuntan a un incremento más notable para los próximos 20 años. Las consecuencias de este aumento son difíciles de prever, pero el ritmo actual de ascenso del consumo de combustibles fósiles, la tala de los bosques, el deterioro y la desertificación de los suelos vislumbran que se duplique en los próximos 100 años. Y, considerando la variación de este factor aislado, supone un incremento de la temperatura media anual en 2 a 3.5 grados centígrados, siendo mayor en los polos (arriba de 5 grados centígrados).

Muy a nuestro pesar, provocará cambios en la circulación atmosférica y oceánica, en el nivel de los mares, en la intensidad y distribución de las precipitaciones y en el volumen de los hielos. Dichos cambios seguramente no serán homogéneos en todo el mundo, respondiendo a particularidades regionales y estacionales.

Como sabemos, los océanos cubren 70 por ciento de la superficie terrestre, siendo la principal fuente de vapor de agua en la atmósfera. Asimismo, almacenan calor y lo transportan miles de kilómetros a través de las corrientes marinas. El calentamiento global podrá producir un aumento de la evaporación y, por tanto, un aumento de la nubosidad. Las nubes se comportarán de manera contradictoria respecto del calentamiento global porque enfriarán la Tierra, absorbiendo la energía procedente del Sol y la calentarán, atrapando el calor que emana de su superficie.

Las pruebas muestran una evidente influencia de la acción humana en el clima del planeta según el informe de 1995 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), una red mundial formada por 2 mil 500 científicos y expertos de primera categoría y patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas.

Esos científicos previeron un calentamiento global de entre 1 y 3.5 grados centígrados en el presente siglo. Esto puede no parecer preocupante, pero el hecho es que la temperatura media global no ha subido más de 1 grado centígrado en los últimos 10 mil años.

El nivel del mar, como sabemos, ha ido subiendo y podría ascender de 20 centímetros a más de 1 metro para 2100 si se mantiene la tendencia actual, según el IPCC. Eso provocaría la inundación de áreas bajas y de islas. Un incremento de un metro, por ejemplo, desplazaría a 70 millones de personas en Bangladesh y sumergiría 80 por ciento de las islas Marshall.

También amenazaría el Golfo de México y las costas sudatlánticas de Estados Unidos, además de la zona costera en que se encuentran Tokio, Osaka y Nagoya, en Japón. El agua salada pasaría a los ríos y a las zonas costeras, afectando los suministros de agua potable y la pesca.

El IPCC ha previsto también más sequías, incendios y escasez de agua, junto con más muertes producidas por olas de calor, como la que provocó cientos de víctimas en el suroeste y oeste medio de Estados Unidos en 1995, o los fuertes calores que vivimos en casi todos los estados de la franja fronteriza norte de nuestro país. Las enfermedades tropicales, como la malaria, dengue o virus del Nilo, se extenderían a medida que los mosquitos y otros transmisores alcancen nuevas zonas.

Algunos cambios climáticos, si bien no está demostrado que se deban a la acción humana, se ajustan a las predicciones de los científicos.

Las estadísticas muestran un incremento de 0.3 a 0.6 grados centígrados de la temperatura media planetaria desde 1860 y el nivel del mar ha subido de 10 a 35 centímetros. La década de los noventa fue la más cálida jamás registrada y en 1998 se vieron las temperaturas más elevadas, según el Centro Nacional de Datos sobre el Clima de Estados Unidos.

En las regiones polares ya se ha producido un calentamiento destacado, coincidiendo con las previsiones del IPCC de que en latitudes superiores la temperatura aumentará más que en los trópicos. En la Antártida, la temperatura media ha subido 0.5 grados centígrados por década desde 1947, según los científicos de la Dirección de Investigaciones Antárticas del Reino Unido. Amplias zonas de las barreras de hielo antárticas se han ido desintegrando y, en muchas regiones, los glaciares están reduciéndose.

Los huracanes, como Emily, Katrina, Stan y Wilma, que azotaron Estados Unidos y el sureste mexicano hace pocos días, o las inundaciones y las olas de calor sin precedente de los últimos años han suscitado la alarma al confirmar las predicciones científicas de que cualquier cambio en la media de las condiciones climáticas afectará inevitablemente la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias intensas y olas de calor.

Por su parte, es de esperar que el calentamiento de los océanos tropicales provoque un aumento de la frecuencia y la intensidad de ciclones tropicales, haciéndolos cada día más intensos y frecuentes.

Se han hecho varios intentos por frenar esta problemática en las últimas décadas, como el Convenio Marco sobre los Cambios Climáticos de la ONU, que se abrió a la firma en la Cumbre de la Tierra de 1992 y ha sido ratificado desde entonces por 177 países.

A la fecha, el más contundente ha sido el nombrado Protocolo de Kyoto, que se implantó el 11 de diciembre de 1997, donde los países industrializados se comprometieron en la ciudad de Kyoto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en 5.2 por ciento la media de las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990.

Recordemos que el acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia, el 18 de noviembre de 2004.

El objetivo común que nos plantea este acuerdo es luchar contra los efectos del cambio climático. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1.4 y 5.8 grados centígrados de aquí a 2100, a pesar de que los inviernos --como se ha visto-- son más fríos y violentos; esto, propiamente dicho, se conoce como ``calentamiento global''. Reflexionemos en que estos cambios repercutirán gravemente en los ecosistemas y en nuestras economías, como lo hemos venido comprobando en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz.

Vale la pena señalar que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratifiquen los países industrializados, responsables de al menos 55 por ciento de las emisiones de bióxido de carbono. Con la ratificación de Rusia, en marzo de 2005, después de conseguir que la Unión Europea pague la reconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el Protocolo ha entrado en vigor.

Las reducciones de los tres gases más importantes --dióxido de carbono, metano y óxido nitroso-- se medirán tomando 1990 como año base. Las reducciones de tres gases industriales de larga duración --los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre-- se medirán, o bien, respecto a 1990, o bien, respecto a 1995. Al reducir las emisiones de gas de efecto invernadero 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990, el Protocolo conseguirá que el nivel de emisiones en 2010 sea 20 por ciento más bajo de lo que habría sido sin él.

Muchas industrias que dependen de combustibles fósiles temen que esas medidas para reducir emisiones provocarán una disminución de los beneficios y del crecimiento económico. Pero muchas de las opciones políticas nacionales actualmente debatidas emplearían incentivos para minimizar el impacto económico. Igualmente, mecanismos internacionales como el comercio en créditos aspiran a reducir el coste de cumplir los objetivos.

Algunas de las grandes empresas ven la oportunidad de obtener beneficios creando industrias más competitivas y eficientes en el consumo de energía de largo plazo y también mediante la inversión en el incipiente mercado de energía y tecnologías limpias. Cerca de 70 grandes compañías aseguradoras --que han sufrido graves pérdidas últimamente debido a las tormentas y a las inundaciones-- se han unido para pedir medidas que estabilicen el clima; y, junto a ellas, figuran más de 100 compañías bancarias y financieras.

Reflexionemos en que los países industrializados, con un escaso 20 por ciento de la población mundial, son responsables de 60 por ciento de las emisiones anuales de dióxido de carbono, y el emisor más importante, Estados Unidos, produce --él solo-- más de 20 por ciento. En cuanto a las emisiones acumuladas de bióxido de carbono desde 1950 hasta 1992 --estos gases permanecen en la atmósfera durante años--, los países industrializados son responsables de 74 por ciento y Estados Unidos de 28 por ciento.

Las emisiones de los países en desarrollo, aunque están aumentando rápidamente, no alcanzarán el nivel de los países industrializados hasta 2035, según las previsiones. Aunado a lo anterior, el vecino país del norte continúa sin ser miembro de este Protocolo, lo que crea gran incertidumbre y nos condena a seguir padeciendo de más trastornos debidos al cambio climático.

Sabemos que en los últimos años se han hecho varias invitaciones al gobierno norteamericano a que signe el Protocolo de Kyoto por parte de la comunidad internacional, recibiendo siempre negativas. No obstante, estamos convencidos de que el huracán Katrina sembró bastante conciencia en la población de Nueva Orleans y en el resto del vecino país del norte; y esperamos que en esta ocasión comprendan la urgencia de adoptar acciones de sustentabilidad que nos permitan seguir conviviendo en este planeta.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores procure a Estados Unidos de América y Australia para que ratifiquen el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Segundo. La Cámara de Diputados hace una respetuosa invitación a la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, para integrar con la mayor brevedad una mesa de trabajo interparlamentaria para buscar soluciones a la problemática generada por el cambio climático.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Señoras y señores diputados, esta Presidencia recibió solicitud de excitativas a varias comisiones de estudio de la Cámara.

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TARIFAS ELECTRICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del PRI.

Federico Madrazo Rojas, diputado federal, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia que formule excitativa a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine con relación a la minuta enviada por la Colegisladora con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Antecedentes

En sesión del 10 de abril de 2003, el H. Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, con voto aprobatorio de 62 senadores, 1 en contra y 27 abstenciones.

La minuta fue enviada a esta H. soberanía ese día y, en sesión del 14 de abril de 2003, fue turnada a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Consideraciones

El costo de la energía eléctrica en nuestro país resulta injusto en la mayoría de las entidades federativas, lacerando la economía familiar y restando competitividad a las empresas. Por ello resulta indispensable realizar reformas a las leyes en la materia para adecuarlas a un esquema jurídico que permita establecer tarifas eléctricas justas.

La minuta enviada por la H. Cámara de Senadores a esta soberanía contempla reformas fundamentales de estas leyes, que incorporan factores reales para calcular la tarifa de energía eléctrica apropiada, mismas que, de forma resumida, a continuación se mencionan:

a) Es indispensable considerar niveles salariales y condiciones socioeconómicas;

b) Eliminación de la discrecionalidad del Ejecutivo federal para establecerlas;

c) Posibilidad de cobro mensual del servicio, en lugar del actual, bimensual;

d) Eliminación de la tarifa DAC (``de alto consumo'');

e) Ampliación, de seis a ocho meses, del horario de verano en zonas de clima extremoso;

f) Establecer la tarifa PC (``padrón de consumo'') para beneficio de jubilados y pensionados, también aplicada a zonas indígenas y municipios rurales marginados;

g) No a la aplicación de la tarifa 2 (comercial) en zonas urbanas marginadas donde las familias posean en los hogares algún micro o pequeño negocio; y

h) Reclasificación tarifaria a partir del factor ``índice de calor'', compuesto de la combinación de la temperatura y humedad, presentes principalmente en zonas costeras y estados del sur-sureste de la República.

Es preciso recordar que el decreto presidencial de fecha 7 de febrero de 2002 modificó la política de subsidios a las tarifas de energía eléctrica. Ante esto, las presentes reformas aprobadas por la Colegisladora son una respuesta puntual que revierte la tendencia negativa que provocó el Ejecutivo federal.

Además, abre el camino a la creación de un sistema transparente y actualizado para el cálculo justo de las tarifas eléctricas. En caso de aprobarse por la H. Cámara de Diputados la minuta de referencia, se ha pronosticado que se reducirían las tarifas de energía eléctrica entre 40 y 60 por ciento en su costo, beneficiando por lo menos a 20 estados de nuestro país.

Para ejemplificar en un caso concreto: en el estado de Tabasco, la temperatura promedio es de 28° C, de acuerdo con la zonificación vigente, con un máximo de 44° C y un mínimo de 18° C, lo que equivale a una estación de verano de 12 meses y, según el acuerdo para las tarifas, el subsidio se incrementa en el verano, considerado éste como los seis meses más calurosos del año. La humedad relativa es de 80 por ciento, lo que equivale, en un ambiente seco, a 4.7° C adicionales de temperatura. Por tanto, si tomamos la temperatura promedio de 28° C y le sumamos los 4.7° C generados por el factor humedad, tenemos una temperatura promedio de 32.7° C. Esta medición real podría ser jurídicamente sustentada con las reformas propuestas contenidas en la minuta, que crean el índice de calor mencionado con anterioridad.

Actualmente, la tarifa para esa entidad federativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, es la 1-C. Esta tarifa se aplica a la zona sur, con temperatura media mínima en verano de 30° C, incongruente con el estado de Tabasco, que tiene una temperatura media de 32.7° C si consideramos el factor humedad. Además, durante el presente año se registraron en los meses más calurosos temperaturas de hasta 44° C, manteniéndose así durante el día y la noche.

La preocupación por la búsqueda de tarifas eléctricas justas se extiende a lo largo del país. En esta representación popular se han presentado, sólo durante la LIX legislatura, las siguientes proposiciones:

El 21 de octubre de 2003, diversos diputados de los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, en voz del diputado federal chiapaneco Carlos Pano Becerra, presentaron una proposición con punto de acuerdo;

El 4 de diciembre de ese año, la diputada federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de más de 56 diputados federales, pertenecientes a las seis fracciones parlamentarias que integran esta honorable representación popular, presentó una proposición con punto de acuerdo;

Tan sólo unos días después, el 15 de diciembre, el diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo;

El 23 de marzo de 2004, el diputado Jorge Castillo Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo;

El 1 de abril de ese año, el diputado federal Jorge Castillo Cabrera, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo;

Cuatro días después, el 5 de abril, el diputado federal Juan Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia por la Democracia, apoyado con las firmas de los diputados federales Luis Maldonado Venegas y Jesús González Schmal, presentó una proposición con punto de acuerdo;

El 6 de abril de 2004, la diputada federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de 46 diputados federales y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa;

El 13 de abril de 2004, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo;

El 20 de abril de ese mismo año, la diputada federal Irma Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo; y

El miércoles 19 de mayo de 2004, el diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, a través de su compañero de bancada, el diputado Carlos Flores Rico, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo.

Como puede observarse, todas las fuerzas políticas aquí representadas han pugnado por un cambio tarifario del servicio público de energía eléctrica y, en ningún caso, se ha dado la discusión en el Pleno sobre esas propuestas, con las que podrían ser beneficiados los habitantes de los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, entre otros.

De acuerdo con las prácticas parlamentarias, el paso óptimo sería discutir en el Pleno de esta soberanía las reformas aprobadas por la Cámara de Senadores. Estamos a mitad del proceso parlamentario para que este reclamo social, de dimensión nacional, culmine su tránsito por el Parlamento, en caso de dictaminarse la minuta enviada por la Colegisladora.

En suma, por lo anteriormente fundado y motivado, y habiéndose agotado el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del mismo ordenamiento, solicito a usted respetuosamente, C. Presidente de la Mesa Directiva:

Único. Se sirva excitar y envíe el presente documento a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, minuta con proyecto de decreto enviado por el Senado de la República en materia de tarifas eléctricas, y sean presentadas al Pleno de la honorable Cámara de Diputados en este periodo ordinario de sesiones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al vigésimo noveno día del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Federico Madrazo Rojas (rúbrica).»

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LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, en su calidad de diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El día 29 de septiembre del 2004, el suscrito presentó en esta alta tribuna iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la cual se propone adicionar un párrafo al artículo 13 de esta Ley, para crear dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública una Comisión para el estudio especializado de las incidencias delictivas y publicar mensualmente la estadística nacional respectiva, toda vez que la realidad nos ha demostrado que los índices delictivos en este país no han sido un reflejo confiable de la realidad, no sólo por las mencionadas cifras negras que aluden a la cantidad de delitos que no se denuncian, sino además por la falta de lineamientos, de seriedad y de veracidad de las propias autoridades para emitir informes estadísticos acordes con la realidad que en materia delictiva vive nuestro país. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

Asimismo, el día 23 de noviembre del 2004 presenté iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 41 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 225 del Código Penal Federal, para establecer la creación de una base nacional de datos relativa a órdenes de aprehensión, de consulta inmediata obligatoria para autoridades ministeriales y policiales cuando alguna persona sea puesta a su disposición, así como para las propias instituciones de seguridad pública federal, estatales y municipales, respecto de los elementos que admitan en sus corporaciones.

Una vez consultada esta base de datos, si se encontrare una orden de aprehensión pendiente en contra de la persona puesta a su disposición, el servidor público tendrá la obligación de notificar de manera inmediata y con pleno respeto a los términos constitucionales, lo conducente a las autoridades competentes para proceder a su ejecución. Esta iniciativa también comprende las sanciones correspondientes para quien incumpla la obligación de consultar esta base y para quien habiéndola consultado dejare en libertad a una persona que tuviere una orden de aprehensión en su contra pendiente de cumplimentar, sin notificar oportunamente esta situación a las autoridades competentes. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Consideraciones

Para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y siendo responsables con la ciudadanía que reclama cada vez con más firmeza acciones claras y eficaces en el combate de la delincuencia, resulta impostergable una mejor coordinación de las diversas autoridades competentes dentro del Sistema.

Para poder atender satisfactoriamente el problema que entraña la inseguridad en nuestro país requerimos, en principio, conocer con claridad la realidad que enfrentamos para que, una vez que contemos con información confiable podamos todas las instancias de gobierno diseñar las estrategias y mecanismos más adecuados para el combate a la inseguridad y al crimen.

En materia de persecución de delitos y particularmente en tratándose de alcanzar mejores resultados en la detención de los delincuentes, para cumplir con tales objetivos, es imprescindible integrar una base de datos en la que se registren las órdenes de aprehensión giradas, ejecutadas y pendientes, cuya consulta sea materialmente posible y procesalmente obligatoria para los Ministerios Públicos en los ámbitos federal y local, siempre que se tenga un detenido, con la finalidad de incrementar significativamente la ejecución de órdenes de aprehensión y que por falta de la debida coordinación no se han cumplimentado, lo que implica que esos delincuentes estén libres y muy probablemente cometiendo otros crímenes.

En virtud del legitimo y generalizado reclamo social el Consejo Nacional de Seguridad Pública llevó a cabo su XIX reunión el día 22 de agosto de 2005, reunión en cuyo marco se alcanzó el Acuerdo Nacional por un México Seguro que se suma a otros que ya están en marcha en materia de seguridad para establecer metas de corto, mediano y largo plazos en la materia. Dentro de los acuerdos alcanzados destacan los siguientes:

2º Programar y ejecutar al menos 20 operativos conjuntos de combate a la delincuencia de carácter estatal, regional o municipal, con la participación de fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, basados en diagnósticos criminales.

Con relación a este acuerdo, resulta verdaderamente oportuno y responsable que esta Cámara de Diputados haga lo propio al dictaminar la iniciativa que propone la creación de la Comisión para el Estudio Especializado de las Incidencias Delictivas y publicar mensualmente la estadística nacional respectiva.

4º Se interconectarán las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los Grupos de Coordinación Especializada a todas las policías preventivas e investigadoras del país, para su utilización en las tareas de seguridad.

El objeto de la iniciativa que propone la creación de una base nacional de datos relativa a órdenes de aprehensión, de consulta inmediata obligatoria para autoridades ministeriales y policiales cuando alguna persona sea puesta a su disposición, así como para las propias instituciones de seguridad pública federal, estatales y municipales, respecto de los elementos que admitan en sus corporaciones, coincide con el acuerdo antes citado. Por lo que es necesario excitar a las Comisiones correspondientes a fin de dictaminarla en breve término.

Compañeros legisladores, la seguridad es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, es de imperiosa necesidad que esta Cámara de Diputados se ocupe de realizar lo que le compete, es decir, llevar a cabo las adecuaciones legales pertinentes que permitan que el Ejecutivo lleve a cabo las acciones obligadas y necesariamente eficaces para combatir la situación de inseguridad y delincuencia que vivimos en la actualidad.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente proposición:

Único.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sírvase enviar la presente excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo el procedimiento de análisis y discusión de las iniciativas en comento, con objeto de que los proyectos de dictámenes correspondientes sean presentados a este Pleno, para dar cumplimiento, a la obligación legislativa que nos ha sido conferida en esta materia.

Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2005.--- Dip. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica).»

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas Angélica de la Peña Gómez y Marcela Lagarde y de los Ríos, integrantes del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente le solicitamos que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, a que presenten dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la suscrita diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, y por la diputada Cristina Portillo Ayala, en la sesión de la Cámara de Diputados el día 16 de julio de 2004, así como de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años, presentada por la suscrita diputada Angélica de la Peña Gómez, en la sesión de la Cámara de Diputados el día 28 de septiembre del 2004, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 16 de julio de 2004 se presentó ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral.

Segundo. Que dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sin que a la fecha se haya producido éste.

Tercero. Con fecha 28 de septiembre del 2004 se presentó ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años.

Cuarto. Que dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, sin que a la fecha se haya producido éste.

Consideraciones

Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda.- Hemos estado esperando la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, los tiempos apremian y estas reformas se precisan urgentes, toda vez que los grupos menos favorecidos, en este caso las y los adolescentes y las mujeres que trabajan, particularmente las trabajadoras del hogar, requieren ser protegidas y protegidos, independientemente a la reforma integral.

Es importante destacar que éstas iniciativas, no afectan de manera alguna los temas que se encuentran ``politizados'' en la reforma integral, por lo que sería plausible atender estas demandas sociales.

Tercera.- Es el caso, que el día 16 de julio de 2004 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral.

Esta reforma es de suma importancia, toda vez que deben incluirse en la legislación laboral, los principios de no discriminación, igualdad de derechos, equidad entre los géneros y respeto a la dignidad humana.

Estos principios deben permear nuestra normatividad para lograr que las leyes laborales concurran y garanticen plenamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Requerimos introducirlos transversalmente en la Ley Federal del Trabajo reconociendo las desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, reforzando las políticas incluyentes y las medidas afirmativas reconocidas por los organismos internacionales como uno de los mecanismos que compensan y revierten los efectos de la discriminación laboral a la que se enfrentan las mujeres.

Cuarta.- Es de señalarse que han transcurrido 439 días, es decir, más de catorce meses y la Comisión referida, no ha presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Quinta.- Es el caso, que el día 28 de septiembre del 2004 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años.

Esta reforma es de suma importancia, toda vez que es urgente la necesidad de prohibir el trabajo de personas menores de 18 años en las peores formas de trabajo y de vigilar la correcta observación de las condiciones del trabajo de personas mayores de 14 años y menores de 18 en las labores que por su naturaleza puedan desarrollar.

Sexta.- Respecto de la segunda iniciativa en comento, han transcurrido 364 días, es decir, doce meses y las Comisiones referidas, no han presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta lo siguiente:

Excitativa

Único.- Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables a que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos y Cristina Portillo Ayala, así como a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez en términos del Reglamento, emplazándolas para un día determinado y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre del 2005.--- Diputadas: Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica).»

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ARTICULOS 74 Y 79 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XVI del artículo 21 y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimoquinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se elabore a la brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 25 de noviembre de 2004, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de Federación, con objeto de anticipar las fechas de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Resultados de su revisión y fiscalización, así como eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La iniciativa en comento contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la transparencia en la oportuna rendición de cuentas, que se traduce en una más eficiente y eficaz fiscalización de los recursos públicos, a través de acciones de vigilancia, control y fiscalización que competen a la Cámara de Diputados.

El fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo para el control y vigilancia de la gestión gubernamental, a través de la reforma constitucional que dio origen a la Auditoría Superior de la Federación, dotándola de nuevas facultades para la revisión de la cuenta pública, no han sido suficientes.

Hoy en día se requiere continuar impulsando a través de iniciativas que permitan contar con instrumentos más efectivos para la rendición de cuentas y su fiscalización, consolidando con ello la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y acceso a la información son aspectos que participan en el fortalecimiento del Estado de derecho y de nuestra democracia.

El presupuesto público tiene gran trascendencia en la vida económica y social de una nación ya que los objetivos sociales del Estado se operativizan a través de él; cada acción del gobierno tiene una implicación presupuestaria.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal constituye el complemento de apoyo fundamental al Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que le permite a la Cámara de Diputados analizar si los recursos asignados fueron utilizados debidamente y si en su aplicación se cumplieron los programas de gobierno. Esta actividad analítica la ejerce el Legislativo contando con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo que disponen los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El producto de esta actividad es el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que es entregado por el órgano fiscalizador a la Cámara de Diputados el 31 de marzo del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública Federal, es decir, poco más de 4 meses después de la fecha de aprobación del Presupuesto de Egresos.

Bajo las disposiciones legales vigentes, el Poder Ejecutivo Federal le hace llegar la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados el 10 de junio del año siguiente al del ejercicio presupuestal, iniciándose a partir de esa fecha el proceso de fiscalización.

Una condición necesaria para que los poderes de la Federación que tienen a su cargo la ejecución del presupuesto lo realicen con la más alta calidad y eficiencia, es la articulación y coordinación eficiente de las distintas fases del ciclo presupuestario, toda vez que en la actualidad, al tiempo que se prepara el presupuesto, se ejecuta el del año anterior y se prepara también la Cuenta Pública para su revisión legislativa.

Esta sincronía del ciclo presupuestal tiene como consecuencia que el Legislativo no cuente con los elementos de información presupuestal oportunos más relevantes para fundamentar sus decisiones de asignación y aprobación de los rubros que componen el presupuesto, ni aquellos que le permitan realizar una evaluación rigurosa y oportuna del ejercicio presupuestal, lo que se traduce en el debilitamiento de la calidad de la fiscalización y los principios de rendición de cuentas y de transparencia de los recursos públicos.

La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio pasado, determinó la obligación del Ejecutivo Federal de entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 de septiembre, en tanto que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el día 15 de noviembre.

Sin embargo, no consideró las fechas de entrega de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal y del Informe de Resultados de su revisión, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

La iniciativa presentada por el suscrito propone adelantar la fecha límite que tiene el Ejecutivo Federal para entregar la Cuenta Pública del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente y en consecuencia, adelantar también la fecha límite de entrega de parte de la Auditoría Superior de la Federación, del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública al 31 de octubre del año en que se presenta la misma Cuenta Pública.

La aprobación de esta iniciativa proporcionaría elementos valiosos de información oportuna a la Cámara de Diputados para mejorar sustancialmente la tarea de aprobar con procedimientos técnicos el Presupuesto de Egresos de la Federación; tomando mejores decisiones para atender a las necesidades económicas, sociales y políticas que plantea el país.

También promovería la prontitud y eficacia en la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales, al tiempo que se mejora y fortalece la percepción que tiene la sociedad respecto de la Cámara de Diputados y, en particular, respecto de la transparencia y prontitud en la revisión de cuentas y del destino de los recursos públicos.

Asimismo, al dictaminar la iniciativa en cuestión, se daría trámite y se desahogarían un número considerable de iniciativas pendientes relacionadas con el mismo tema, a saber:

1. Iniciativa de reformas a la fracción IV, párrafo cuarto y sexto, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, el 7 de abril de 1998;

2. Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre fiscalización y presupuesto presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, el 29 de abril de 1999;

3. Iniciativa de reformas al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada por el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del PRD, el 13 de octubre de 2000;

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 73, la fracción IV del artículo 74 y el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Julio Castellanos Ramírez, del grupo parlamentario del PAN, el 18 de octubre de 2000;

5. Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del PRI, el 30 de noviembre de 2001;

6. Iniciativa que reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, el 20 de marzo de 2002;

7. Iniciativa que reforma el artículo 74, fracción IV, párrafo II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Raúl González Villalva, del grupo parlamentario del PRI, el 3 de abril de 2002;

8. Iniciativa de reformas a los artículos 65, 66 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4, numerales 1 y 2; y 6, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José María Núñez Murillo, del grupo parlamentario del PAN, el 25 de abril de 2002;

9. Iniciativa que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, el 25 de octubre de 2002;

10. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga las fracciones I, IV, V, X y XI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma los artículos 8, 17, 18 y 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Víctor Roberto Infante González, del grupo parlamentario del PRI, el 25 de octubre de 2002;

11. Iniciativa que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Jorge Carlos Berlín Montero, del grupo parlamentario del PRI, el 15 de noviembre de 2002;

12. Iniciativa que reforma los artículos 30 y 36 de la LFSF, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, el 11 de diciembre de 2002;

13. Iniciativa que reforma diversas disposiciones jurídicas relacionadas con la Cuenta Pública presentada por el diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del PRD, el 25 de abril de 2003;

14. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, en nombre de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD, el 30 de mayo de 2003;

15. Iniciativa que reforma los artículos 26, 74 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Alejandro Chávez Presa, del grupo parlamentario del PRI, el 29 de agosto de 2003;

16. Iniciativa que deroga los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74; adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 78; reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 79; así como adiciona las fracciones XX y XXV del artículo 89, todas éstas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del PAN, el 9 de diciembre de 2003;

17. Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la senadora Georgina Trujillo Zentella, del grupo parlamentario del PRI, el 24 de febrero de 2005;

18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Raúl José Mejía González, del grupo parlamentario del PRI, el 21 de octubre de 2004;

19. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ángel Augusto Buendía Tirado, del grupo parlamentario del PRI, el 16 de mayo de 2005.

En virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que presenten el dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a fin de que turne a la brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de Federación, con objeto de anticipar las fechas de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Resultados de su revisión y fiscalización, así como eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, presentada el 25 de noviembre de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 6 de octubre de 2005.--- Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica).»

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LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, solicito de manera respetuosa a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Salud, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a las observaciones que el Presidente de la República hace al decreto emitido por el H. Congreso de la Unión durante el primer periodo del primer año de esta LIX Legislatura, por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de noviembre de 2002, mi compañero diputado Federico Granja Ricalde, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud y cuyo propósito es minimizar el riesgo de colocar en el mercado medicamentos que puedan dañar la salud al exigir el requisito de planta a los laboratorios, misma iniciativa que fue aprobada por 384 votos en pro en sesión del martes 25 de marzo de 2003 de esta honorable soberanía.

Fue remitida como minuta a la Colegisladora el 27 de marzo de 2003 y es aprobada en sesión del 12 de diciembre del mismo año por 74 votos a favor, turnándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y legales.

Así las cosas, el 15 de marzo de 2004, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades constitucionales hace llegar a esta soberanía las observaciones por las que según a su juicio considera que hace inviable la publicación del decreto en comento, como sigue:

I.- Se precisa que con esta reforma los fabricantes extranjeros o los importadores de medicamentos forzosamente deben tener una fábrica o laboratorio en territorio nacional, a fin de poder obtener el registro sanitario necesario para la comercialización del medicamento, esto es parcialmente cierto sin embargo cabe hacer la precisión de que este concepto ya está en vigor dentro del numeral 131 del Reglamento de Insumos para Salud y es sólo a través de esta figura como se puede llevar a cabo la importación de medicamentos, sin que haya a la fecha algún caso comprobado de desabasto de medicamentos derivado de esta figura.

II.- Se señala que se tendrían efectos adversos en otros no menos importantes aspectos como el precio, el abasto y el acceso de medicamentos de última generación.

Lo anterior es totalmente falso en virtud de que se cuenta con la capacidad suficiente por parte de la planta establecida en México para abastecer todas y cada una de las necesidades que tiene la población, tanto la que se atiende en el mercado privado como el mercado público, asimismo los precios a los que se adquieren estos productos en particular en el caso de gobierno llegan a ser en la gran mayoría de los casos competitivos a nivel mundial y en virtud de que en el país existe la representación de prácticamente toda la industria farmacéutica que desarrolla investigación con planta establecida en México, generando empleos, impuestos y demás beneficios, y por tanto, el mercado mexicano tiene acceso a las últimas generaciones de medicamentos tal es el caso de los productos que a la fecha se utilizan para el tratamiento de enfermedades como sida y cáncer.

III.- Se menciona que no se cuenta con un diagnóstico preciso que compruebe que las importaciones de medicamentos han representado un riesgo sanitario para nuestro país, esto no se ha dado precisamente por la figura de requisitos de planta que se establece en el reglamento señalado y que a servido para que la Secretaria de Salud garantice la calidad de los productos mediante la representación en México del laboratorio que responde solidariamente por cualquier anomalía que se pudiera presentar en los productos importados.

IV.-Se manifiesta que la Secretaría de Salud ha ejercido un estricto control sanitario a la importación de productos a través del otorgamiento del registro sanitario de productos, esto contiene una cierta falsedad, toda vez que para el otorgamiento del registro sanitario exclusivamente se lleva un proceso documental y sólo se le puede otorgar el mismo a quien ha demostrado mediante la planta que tiene establecida en México que cumple con instalaciones aprobadas según la norma mexicana, por lo tanto, es falso que se diga que se llevan a cabo pruebas al medicamento para determinar el riesgo inherente del producto que se importa.

V.- Se menciona que los fabricantes en México no producen los medicamentos sino que completan el proceso indicando que sólo agregan el aditivo, encapsulan, fabrican la tableta o el comprimido envasan y empacan. Esto no demuestra más que ignorancia en quien emitió este documento destacándose que la Secretaría de Salud conoce perfectamente lo que implica la fabricación de productos farmacéuticos, las normas sanitarias que deben de cumplirse y que estos procesos van mucho más allá que estas líneas que incluso señalan un desprecio en quien lleva a cabo un desarrollo industrial farmacéutico. Asimismo si bien las sales y principios activos en buena medida se importan, esto se debe a que precisamente por medidas como ésta se acabó con la industria fabricante en México de farmoquímicos además de que para el caso de importación de los mismos cada uno de los laboratorios tiene la obligación de hacer pruebas de pureza y estabilidad de la materia prima de forma previa a su liberación para la fabricación del producto terminado.

VI.- Se señala que el hecho de importar medicamentos no garantiza que se haya supervisado su elaboración. Esto es parcialmente cierto, sin embargo, en este caso es donde se configura una responsabilidad de carácter solidario entre el importador y el exportador a fin de que quien tiene establecida una planta en México exclusivamente importa el producto que cumple con los estándares de calidad exigidos en México ya que en caso de que se presente algún problema no va ser tan solo un distribuidor o comerciante quien tenga que responder por las consecuencias que se causen sino que se garantiza prácticamente con el laboratorio las consecuencias del producto importado.

VII.- Se hace mención que la reforma no cumple con sus objetivos ya que los controles sanitarios seguirán siendo los mismos. Consideramos en este caso que el Ejecutivo tiene un planteamiento erróneo, toda vez que omite señalarle al Poder Legislativo que mediante el concepto establecido en el reglamento el día de hoy es requisito el que exista la planta para la importación de los medicamentos.

VIII.- Erróneamente se señala que IMSS, ISSSTE, e ISSFAM entre otros, se verán obligados con esta reforma a adquirir medicamentos únicamente de productores que acrediten tener la licencia sanitaria de fábrica o laboratorio, toda vez que el día de hoy por estar en vigor esta figura dentro del reglamento correspondiente sólo empresas que cumplen con la misma se les puede comprar medicamentos sin que al día de hoy existan casos de desabasto al amparo de este concepto. Es falso, además que se diga que con esta figura disminuirá el padrón de proveedores toda vez que absolutamente todos los proveedores de medicamentos importados en México que abastecen a todo el sector tiene planta establecida en México y garantizan no nada más la calidad del producto sino también empleos y derrama económica por su inversión.

IX.- Se señala que es posible que un laboratorio exterior ofrezca medicamentos a un precio notoriamente inferior. Esto es una realidad si se comprara la industria mexicana con la industria de China, India o Corea las cuales como de sobra se sabe, cuentan con subsidios y fomento para su desarrollo a diferencia de lo que sucede en México, lo cual mantiene al margen a la empresa mexicana.

X.- Es falso que se diga que se puede afectar el abasto oportuno de medicamentos con el argumento de que los laboratorios establecidos en territorio nacional podrían no tener suficiente cantidad y variedad de medicamentos, repito lo que en líneas anteriores, absolutamente todos los fabricantes de medicamentos a nivel mundial tienen planta establecida en México de forma seria generando una competencia equitativa. Lo anterior refleja igualmente una falsedad al señalarse que en Canadá y Estados Unidos de América se canalizan fuertes inversiones de recursos para investigación de nuevos medicamentos y que con esta reforma se impedirá a los mexicanos contar con esos medicamentos.

XI.- Se afirma que esta medida tendría justificación si la Secretaría de Salud no contara con el control sanitario que garantiza la calidad de los productos que se importan, sin embargo como arriba he señalado el único procedimiento que la Secretaría hace para estos procedimientos es meramente documental nunca hace un procedimiento técnico para verificar la efectividad o calidad del producto importado.

XII.- Se indica que con esta reforma se da un cambio total en la forma en que opera el mercado de medicamentos existente en nuestro país debido a que de hecho se acabaría la importación de medicamentos. Esto es falso totalmente, en virtud de que como ya se ha indicado, el Reglamento de la Ley de Insumos para la Salud, permite la importación precisamente con el requisito de planta establecida y la realidad es que hoy tenemos absolutamente todos los medicamentos innovadores que a nivel mundial se ofrecen, la calidad, cantidad y oportunidad que se requiere y de ninguna forma se cambia la forma como opera el mercado, así ha funcionando siempre garantizando la salud de los mexicanos.

Por lo anterior es falso que se diga que se va a concentrar el número de oferentes, será el mismo y aun superior en el momento en el que exista la certidumbre de que solo quien invierte en una planta en México puede comercializar estos productos dentro de territorio nacional.

XIII.- Se señala que solo dos proveedores concentran el 25% del total de las compras del IMSS, y 10 proveedores representan más del 50% de las compras totales, estas cifras lo único que demuestran es la corrupción que priva dentro de dicho instituto toda vez que de ese total de proveedores 7 son distribuidores y solo 3 fabricantes establecidos, distribuidores que al momento de participar dentro de la cadena de abasto lo único que hacen es encarecer los productos sin generar un valor agregado salvo el que se deriva de los intereses de las autoridades de dicho instituto.

XIV.- Es falso que se vayan a disminuir los postores en las licitaciones. Todos los que ofrecen ofertas al proceso de compra tienen planta establecida en el país.

XV.- Asimismo, se señala que con este artículo 222 se violan obligaciones de la OMC y cabe hacer mención que en el TLCAN, en su artículo 904, párrafo 2, se señala ``No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, cada una de las partes podrá fijar los niveles de protección que considere apropiado para lograr sus objetivos legítimos en materia de seguridad o de protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, así como del medio ambiente o de los consumidores, de conformidad con el artículo 907 (2)''. Esto demuestra que en cuestión sanitaria cada una de las partes esta en total libertad de establecer los requisitos que estime convenientes para garantizar la salud de su población, este requisito de planta que forma parte del derecho positivo desde el reglamento señalado forma parte de estos derechos que tienen los países que suscribieron el tratado.

Por último, el sólo hecho de proponer el reconocimiento y certificaciones de calidad de autoridades sanitarias de otros países acaba con el concepto básico de soberanía en materia de salud ya que el hecho de que se reconozca el certificado de otros países de ninguna forma garantiza que otras naciones reconozcan los certificados generados en México, acrecentando la desigualdad que tenemos para acceder a los mercados internacionales.

Por último y en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Salud, con la finalidad de que presente el dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.

En vista de lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:

Único.- En los términos de lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente se excite y envíe el presente documento a la Comisión de Salud, a fin de que turne con la mayor brevedad ante el Pleno de esta soberanía, el dictamen de las observaciones presentadas por el Ejecutivo federal, respecto del decreto que reforma y adiciona el artículo 222 de la Ley General de Salud aprobado por el H. Congreso de la Unión y devuelta el 15 de marzo de 2004 a esta honorable Asamblea en su carácter de Cámara de origen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

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PASTOR ROUAIX MENDEZ

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f ), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca del proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Pastor Rouaix, en razón de los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 21 de octubre de 2004 presenté ante esta soberanía, proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro el nombre de Pastor Rouaix, en los muros del recinto de la Cámara de Diputados.

2. El proyecto fue turnado a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en misma fecha.

Consideraciones

El poblano Pastor Rouaix Méndez, diputado constituyente por su natal Tehuacán de las Granadas, al que correspondía el X distrito electoral de Puebla, fue un mexicano excepcional.

De origen modesto, desde temprana edad se dedicó al estudio y se graduó en la especialidad de Topografía en la Escuela Nacional de Ingenieros.

El ingeniero Rouaix en unión de su colega Carlos Pantoni, levantaron una Carta Geográfica del estado de Durango, que aún es consultada, por la perfección y exactitud de sus medidas y detalles topográficos.

Rouaix escaló desde el inicio el escalafón en el servicio público y llegó a gobernador provisional del estado de Durango por su tenacidad, y realizó obras de gran importancia.

Ya en la revolución, fue destacado y cercano colaborador de don Venustiano Carranza y siendo de filiación agrarista, participó en la creación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, pues tenía la experiencia adquirida cuando el 3 de octubre de 1913, promulgó la primera ley agraria del país.

Descollante fue la actuación del ingeniero Rouaix durante el Congreso Constituyente de Querétaro, en donde intervino en la formación de los artículos 3°, 27 y 123, pilares de nuestra legislación constitucional.

Fundó el Museo de Historia Natural de Chopo (ahora extinto) y como especialista en asuntos agrarios y laborales, en 1923 publicó su obra más conocida titulada Génesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, cuya segunda edición data de 1959.

Como todo verdadero revolucionario, murió pobre porque fue un honrado servidor público.

Será un acto de elemental justicia, patriótica y revolucionaria, que el nombre de Pastor Rouaix figure al lado de los insignes mexicanos que ya están inmortalizados en los muros de honor de la honorable Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, para que formule el dictamen correspondiente al proyecto mencionado.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de octubre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

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LUIS CABRERA LOBATO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f ) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca del proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Luis Cabrera Lobato, en razón de los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 15 de marzo del presente año, presenté ante esta Soberanía, proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro, el nombre de Luis Cabrera Lobato, en los muros del recinto de la Cámara de Diputados.

2. El proyecto fue turnado a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias en fecha 15 de marzo de 2005.

Consideraciones

El proyecto de decreto, destaca la figura de maestro, poeta, escritor, abogado, sociólogo, políglota, político, hacendista, tribuno, legislador y periodista que fue Luis Cabrera Lobato, famoso con su seudónimo de ``Licenciado Blas Urrea'' --acrónimo de su nombre-- con el cual zahería a funcionarios y políticos de su época, haciéndolos blanco de su mordaz crítica periodística.

``Ideólogo de la Revolución'' porque sus ideales permearon el pensamiento del periodo revolucionario y fue cercano consejero de don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y aunque no fue diputado constituyente, sí participó destacadamente en la redacción de nuestra Carta Magna de 1917.

Diputado federal en las XXVI y XXVII Legislaturas, sobresalió en la primera como digno adversario de los diputados reaccionarios componentes del cuadrilátero.

La nómina de los héroes de la revolución de 1910, no estará completa, hasta que figure en los Muros de Honor de este recinto parlamentario, el nombre de Luis Cabrera Lobato.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que formule el dictamen correspondiente al proyecto mencionado.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

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ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

El pasado 11 de mayo de 2005 se presentó una iniciativa de ley para reformar el inciso c del artículo 116 constitucional, que consiste en que los tribunales o salas electorales se constituyan como órganos permanentes, cuyo presupuesto anual no será inferior al del ejercicio anterior durante el que se haya verificado un proceso electoral ordinario, así como también los nombramientos de los magistrados que los integren, y las condiciones del ejercicio de su desempeño, estarán sujetos a los requisitos y gozarán de las condiciones establecidos en los párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto de la fracción III de este artículo para los miembros de los poderes judiciales.

Es importante resaltar que la formación y el funcionamiento de los tribunales electorales no son homogéneos, pues en su diseño influyen factores políticos, económicos y administrativos de las diferentes entidades federativas, y en la actualidad, en algunos estados, existen tribunales electorales que únicamente se integran durante los procesos electorales, y desaparecen, al concluir esos procesos, permaneciendo en funciones, en el mejor de los casos, sólo un Magistrado para realizar funciones administrativas, mientras que el resto retoman su actividad habitual en materias diversas a la electoral, lo que dificulta una verdadera especialización en la materia. También se advierte una gran disparidad en los sueldos de los empleados que integran los órganos jurisdiccionales de las diversas entidades, a pesar de que la responsabilidad que enfrentan es la misma.

Todo lo anterior enfatiza aún más la necesidad de igualar las condiciones necesarias para que los tribunales electorales tengan un desarrollo integral en su actividad.

A casi cinco meses de haberse turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación de la H. Cámara de Diputados dicha iniciativa no se ha dictaminado.

Por lo anteriormente expuesto se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación de la H. Cámara de Diputados a dar celeridad a esta iniciativa, cuya importancia es vital.

A los 27 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del PRI

Excitativa a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos para que dictamine la iniciativa de reforma a la fracción novena del articulo séptimo de la Ley General De Educación, con el propósito de establecer formalmente en la ley, la importancia que para el desarrollo armónico y completo de los educandos, tienen el deporte escolar y la educación física, presentada por la diputada Amalín Yabur Elías en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Consideraciones

Primera.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., párrafo segundo, establece que ``la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano...''; asimismo en su articulo 4o, párrafo sexto, establece que ``los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral'', de esta manera el Constituyente reconoce el derecho de los niños y las niñas a un proceso educativo integral para lograr su desarrollo.

Segunda.- En la Convención de los Derechos del Niño, Tratado Internacional ratificado por el Estado Mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, se señala la obligación del Estado, emanada del artículo 2.2, de tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación, la educación física y el deporte escolar son medios idóneos para erradicar entre ellos, cualquier forma de discriminación y lograr un proceso de reconocimiento y aceptación de sus diferencias.

Tercera.- En la citada Convención de los Derechos del Niño, el Estado reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico mental, espiritual, moral y social; y la educación física y el deporte escolar representan los medios que permiten que el niño alcance tales objetivos. Además existe la obligación del Estado establecida en el artículo 28, en relación de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, así como lograr medidas para velar porque la disciplina escolar se administre de manera compatible con la dignidad humana.

Cuarta.- En el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, promulgado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 1981, el Estado Mexicano reconoció el derecho de toda persona, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, al sano desarrollo de los niños y a la instrumentación de medidas que tiendan a prevenir y tratar las enfermedades endémicas y epidémicas.

Quinta.- Las recomendaciones emanadas de las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el Segundo Informe de México, relativo a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, del 10 de noviembre de 1999, relativas al tema son:

El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte continúe el proceso de reforma legislativa para velar por que la legislación nacional relacionada con los derechos del niño, en los planos tanto federal como estatal, corresponda plenamente a los principios y disposiciones de la convención y refleje su carácter holístico.

El Comité reitera su Recomendación de que esas disposiciones se tomen ``en la máxima medida que permitan los recursos disponibles'' sobre la base de los artículos 2, 3 y 4 de la Convención.

A la luz de los artículos 28 y 29 y de otros artículos pertinentes de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte prosiga su actividad en la especialidad de la Educación, reforzando sus políticas educativas y sus sistemas de enseñanzas para reducir las disparidades regionales en el acceso a la educación

En las anteriores Recomendaciones al Estado Mexicano se establece la urgencia de cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño.

Sexta.- El Programa Nacional de Educación Física para la Educación Básica aprobado por la Secretaría de Educación Pública en julio de 1993; establece a la Educación Física como una asignatura del Plan de Estudios para la Educación Básica y que representa una disciplina pedagógica que contribuye al desarrollo armónico del individuo mediante la práctica sistemática de la actividad física.

Séptima.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte estableció en su artículo 1o., inciso d, que la Educación Física y el Deporte ``deben ser ofrecidos a través de condiciones particulares adaptadas a las necesidades especificas de los jóvenes, de los niños en edad preescolar, de las personas de edad, y de los deficientes, permitiendo el desarrollo integral de sus personalidades''

Octava.- La misma UNESCO, en el documento ``La Función de la Educación Física y los Deportes en la Formación de la Juventud'', establece a la Educación Física como ``el elemento fundamental de la Cultura por lo cual se actúa en la formación integral de niños, jóvenes y adultos en la perspectiva de la Educación permanente''

Novena.- En el Foro Mundial sobre Actividad Física y Deporte, se emitió el documento ``Una Visión Global para la Educación Física en la Escuela'', en el cual quedo asentado que la Educación Física tiene un papel vital en promover una calidad y educación equilibrada para todos los estudiantes del mundo, independientemente de los aspectos de genero, cultura, raza, habilidad, etcétera.

Décima.- La III Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Responsables por la Educación Física y el Deporte en la Declaración de Punta del Este, reitero la importancia de la Educación Física como elemento esencial y parte integrante del proceso de educación permanente y del desarrollo humano y social.

Undécima.- México a fin de fortalecer los preceptos Constitucionales en la materia y con el animo de armonizar su legislación interna con lo señalado en los Tratados Internacionales con los cuales se ha comprometido y a la luz de lo señalado como parámetro internacional de calidad en la educación básica, debe establecer en su legislación secundaria, la necesidad de implementar la practica deportiva desde la edad escolar, a fin de crear la cultura deportiva que tanta falta hace a nuestra sociedad, ya que el deporte y la educación física son elementos indispensables no solo para fortalecer la integración familiar y social, sino que son fundamentales para la salud y su papel es preponderante como disuasivos de la vagancia, la drogadicción y la delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados se sirva excitar a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos para que dictamine sobre la iniciativa presentada por la suscrita y sea presentada al Pleno de la H. Cámara de Diputados en el presente Periodo Ordinario de Sesiones.

Dip. Amalín Yabur Elías (rúbrica).»

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LEY DE FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DEL CONGRESO - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XVI del artículo 21 y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimoquinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que se elabore a la brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 28 de abril de 2005, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de definir el procedimiento para que la Cámara de Diputados concluya con la atribución exclusiva de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las reformas en el año 1999 a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsaron cambios fundamentales en la estrategia de fiscalización superior en el país.

Para dar congruencia a estas reformas, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que sustituyó a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y que entró en vigor a partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2001, como lo establece su artículo Cuarto Transitorio.

Acorde con el marco jurídico actual, el procedimiento para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública es el siguiente:

1) Los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rinden a la Cámara de Diputados, a más tardar el 31 de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, el Informe de Avance de Gestión Financiera por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso.

2) La Cuenta Pública del año anterior debe ser presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara, dentro de los diez primeros días del mes de junio, y por conducto de la Comisión de Vigilancia, es turnada a la Auditoría Superior de la Federación para su revisión y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

3) La Auditoría Superior de la Federación tiene un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente a aquél en que la Cámara reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe del Resultado correspondiente.

Es importante destacar el papel que el legislador le otorga a la entidad de fiscalización como órgano técnico de apoyo de la Cámara de Diputados en el cumplimiento de su atribución exclusiva de revisar la Cuenta Pública; si la Auditoría Superior de la Federación fue creada para ``apoyar'' a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de esa atribución, es necesario precisar la participación de la Cámara de Diputados en dicha revisión.

Al respecto, las atribuciones de la entidad de fiscalización superior se orientan a determinar si el gasto público se ejerció de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los principios de eficiencia y eficacia; y, en el caso de detectar irregularidades, fincar las responsabilidades a que haya lugar y, si se cumplió con lo establecido en el Presupuesto de Egresos, y se lograron los objetivos señalados en los programas de gobierno.

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 81, en relación con el 80, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debe examinar y presentar un dictamen de la Cuenta Pública, dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Los preceptos anteriores obligan, en consecuencia, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a presentar al Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que demuestre que cumplió con la obligación de revisar la Cuenta Pública.

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las comisiones ordinarias cuya materia y competencia se corresponda con los ramos de la Administración Pública Federal, a emitir una opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto de los informes que rinde el Poder Ejecutivo Federal. La opinión tiene por objeto formular aportaciones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas de los correspondientes ramos de la Administración Pública, a efecto de que la comisión los considere en la revisión de la Cuenta Pública.

Atento a lo anterior, es dable concluir que la facultad exclusiva que la Constitución confiere a la Cámara de Diputados para revisar la Cuenta Pública, se lleva a cabo a través de las tareas de fiscalización con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, y del dictamen que contiene el estudio de la Cuenta Pública que elabora la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sometiendo este último a la votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

No debe pasar inadvertido, que actualmente no existe un procedimiento expreso en el que se señale la conclusión de los trabajos de revisión de la Cuenta Pública, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, que permita determinar dos aspectos de vital importancia. Primero, si la Cuenta Pública fue presentada en tiempo y forma de conformidad con la legislación de la materia, y si la información financiera y presupuestal que el Ejecutivo Federal proporciona a la Cámara de Diputados, refleja la situación de la administración pública federal. Segundo, si la información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación, permite conocer los resultados de la gestión financiera, el grado de ajuste a las disposiciones del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de los programas.

Por todo lo anterior, y a efecto de que la Cámara de Diputados cumpla cabalmente con la obligación que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de revisar la Cuenta Pública, es que se propuso en la iniciativa de mérito, cerrar el ciclo que comprende la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, complementándolo con un dictamen que tome en consideración el Informe del Resultado de la Revisión de la misma, con el objetivo de que este dictamen incida en los aspectos de comprobar la veracidad y confiabilidad de la información que rinde el Ejecutivo en la Cuenta Pública, detectar entidades fiscalizadas que requieren mayor atención, y evaluar los resultados rendidos por la Auditoría Superior de la Federación.

Se estima que es la Comisión de Vigilancia la instancia idónea para elaborar el referido dictamen de revisión de la Cuenta Pública, toda vez que, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior, dicha Comisión es la responsable de coordinar las relaciones entre la Cámara y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño de esta última y vigilar el estricto cumplimiento de sus funciones, para lo cual entre otras tareas, profundiza en el estudio y análisis al Informe sobre la revisión de la Cuenta Pública, elemento indispensable para la elaboración del dictamen.

Se sugiere que el dictamen de la Cuenta Pública contenga un análisis que permita conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, aspectos que constituyen el objeto de la revisión de la Cuenta Pública. También se propone incluir un apartado en el que se pueda concluir si el Ejecutivo Federal cumplió con las obligaciones inherentes a la elaboración y presentación de la Cuenta Pública que le impone la ley, así como un análisis del seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, con las recomendaciones que se consideren pertinentes, a la entidad de fiscalización superior de la Federación, para hacer más eficiente su trabajo.

Se propone que este dictamen sea presentado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara, siguiente al año en que la Cuenta Pública sea presentada por el Ejecutivo federal. Este periodo se considera adecuado, tomando en consideración la iniciativa presentada por el que suscribe y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, en fecha 25 de noviembre de 2004, cuyo propósito es recorrer la fecha de presentación de la Cuenta Pública, de los primeros diez días de junio, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente del ejercicio correspondiente; y la fecha de presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, del 31 de marzo del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, al 31 de octubre del mismo año de su presentación.

Para este efecto, en la iniciativa de la cual se solicita se exhorte a su dictamen, se pretende establecer como atribución de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la elaboración del dictamen de revisión de la Cuenta Pública, para su posterior aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Asimismo, en la presente Iniciativa se propone que las Comisiones de la Cámara de Diputados, cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal, realicen opinión fundada de la Cuenta Pública, pero con la obligación de rendirla a la Comisión de Vigilancia, y no sólo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como actualmente se indica. Considerando que dicha opinión sería de gran utilidad a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el análisis tendente a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y a la Comisión de Vigilancia, para la elaboración del dictamen de revisión de la Cuenta Pública.

Se considera pertinente que las comisiones de la Cámara de Diputados intervengan también en el estudio del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, según su competencia correlativa con el ramo de la Administración Pública Federal de que se trate y que envíen a la Comisión de Vigilancia opinión fundada sobre el particular, a más tardar el día de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara, siguiente a que reciban dicha información.

Las opiniones de las comisiones a la Cuenta Pública como al Informe del Resultado de su Revisión, serán de gran utilidad para la Comisión de Vigilancia en la emisión del dictamen de la revisión de la Cuenta, toda vez que enriquecen su contenido, y representan un ejercicio plural y democrático.

De esta manera, para la elaboración del dictamen, la Comisión de Vigilancia contaría con los siguientes elementos:

a) Cuenta Pública presentada por el Ejecutivo federal;

b) Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, rendido por la Auditoría Superior de la Federación;

c) Opinión fundada de las comisiones ordinarias, en términos de lo dispuesto actualmente por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

d) La opinión fundada de las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal, de la parte respectiva del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública; concretamente, el análisis del ejercicio del gasto de las entidades que correspondan al ramo respectivo, así como la situación que guardan las observaciones que, en su caso, les hubiera formulado la Auditoría Superior de la Federación.

De esta manera, de ser aprobada la presente iniciativa, así como la presentada el 25 de noviembre pasado, cuyo propósito es anticipar las fechas de presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe del Resultado de su Revisión y Fiscalización, y eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, el procedimiento para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública quedaría de la siguiente manera:

1. La Cuenta Pública sería presentada a más tardar el 31 de marzo del año siguiente del ejercicio correspondiente (se eliminaría el Informe de Avance de Gestión Financiera);

2. Las comisiones ordinarias rendirían tanto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como a la Comisión de Vigilancia, la opinión fundada a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

3. La Auditoría Superior de la Federación rendiría a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública el 31 de octubre de ese mismo año;

4. Las comisiones ordinarias, cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal, rendirán a la Comisión de Vigilancia opinión fundada respecto de la parte respectiva del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, a más tardar el día de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, siguiente a que lo reciban;

5. La Comisión de Vigilancia deberá presentar el dictamen de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, para su aprobación, al Pleno de la Cámara de Diputados, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara, del año siguiente a aquel en que se haya recibido la Cuenta Pública.

Sin mencionar, que con el dictamen de la iniciativa en cuestión se daría trámite y se desahogarían un número considerable de iniciativas pendientes relacionadas con el tema, a saber:

1. Iniciativa de reformas a los artículos 65, 66 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4, numerales 1 y 2; y 6, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José María Núñez Murillo, del grupo parlamentario del PAN, el 25 de abril de 2002.

2. Iniciativa que reforma diversas disposiciones jurídicas relacionadas con la Cuenta Pública presentada por el diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del PRD, el 25 de abril de 2003.

3. Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la senadora Georgina Trujillo Zentella, del grupo parlamentario del PRI, el 24 de febrero de 2005.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD, el 29 de abril de 2004.

5. Iniciativa de Ley Reglamentaria de los Artículos 25, párrafos primero y segundo, 26, párrafo quinto, 31, fracción IV, 73, fracciones VIII, XI y XXIV, 74, fracción IV, 75; 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de reforma y adición de diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ángel Augusto Buendía Tirado, del grupo parlamentario del PRI, el 22 de febrero de 2005.

6. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ángel Augusto Buendía Tirado, del grupo parlamentario del PRI, el 16 de mayo de 2005.

En virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que presenten el dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a fin de que turne a la brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de definir el procedimiento para que la Cámara de Diputados concluya con la atribución exclusiva de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, presentada el 28 de abril de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 18 de octubre de 2005.--- Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica).»

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ARTICULOS 65 Y 66 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura, solicita a la Presidencia de esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así concluir con el trámite legislativo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes1. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados celebrada el 3 de Febrero de 2005, ciudadanos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Presidencia de ese Cuerpo Colegiado dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente.

ConsiderandosI. El dictamen de la minuta que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen el propósito de implementar un tercer periodo de sesiones con la finalidad de dar cabida con mayor amplitud a los asuntos propios de la Cámara y mostrar a la sociedad el compromiso y la responsabilidad que como legisladores se tiene.

II. De los congresos locales de la Republica Mexicana, el promedio de duración de los periodos de sesiones es seis meses y medio, dividido en dos periodos de sesiones al año, con excepción de los estados de Baja California, Guerrero, Michoacán, Puebla y Yucatán. En promedio los congresos locales sesionan 1.72 veces por semana durante los periodos ordinarios. A partir del segundo periodo de sesiones, del segundo año de la Legislatura LIX, el Congreso Federal igualara en tiempo el promedio de trabajo de los congresos locales. Sin embargo hay muchos congresos locales que no solamente trabajan mas, sino que además sesionan igual o mas veces en la semana durante los periodos ordinarios que el Congreso Federal. Esto es grave si consideramos el número y la complejidad de los asuntos que se tratan en el Poder Legislativo, y que indudablemente afectan la función Legislativa del Congreso en lo que a desahogo de asuntos se refiere.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presenten el dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de Octubre de 2005.--- Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador.»

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LEY PARA REGULAR LAS REMESAS DE DINERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 21, fracciones III y XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, el artículo Décimo Quinto de los Acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la suscrita, Dip. Laura Martínez Rivera, solicita a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.- Presenté una iniciativa que crea la Ley para Regular las Remesas de Dinero, que establece el marco regulatorio de las empresas financieras y comerciales remeseras. Su objeto es: garantizar el pago de las remesas a un tipo de cambio de mejor comportamiento, menos discrecional y más justo; especialmente porque cerca del 70 por ciento de los receptores de las remesas son mujeres, que se convierten en padre y madre a la vez. También se pretende asegurar la fortaleza y formalidad de las empresas que pagan estas remesas, sanciones a aquéllas que no cumplan esta Ley, y aprovechar la fuerza económica de las remesas para crear proyectos sociales y productivos como detonantes del desarrollo regional.

Segundo.- Esta iniciativa la presenté al Pleno de la Cámara de Diputados el día 21 de septiembre de 2004, la ausencia del marco regulatorio para cerca de 20 mil millones de dólares al finalizar este 2005, ha retardado un acto de justicia para millones de mexicanos que trabajan dobles jornadas, sin prestaciones sociales, con salarios menores por ser indocumentados, con tal de que sus familias mejoren su bienestar al que ellos nunca tuvieron acceso, además de ser ejemplo de solidaridad con sus regiones de origen, promoviendo inversión social.

La ausencia de regulación perpetúa las irregularidades de las empresas remeseras, que sin tener entre otros un capital mínimo que respalde la entrega oportuna y segura de las remesas, además de que se obliga a las beneficiarias a la adquisición de bienes obsoletos y caros con menoscabo de los montos enviados.

Tercero.- Esta iniciativa, fue remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sin que a la fecha se haya dictaminado.

Solicitud

Por lo anterior expuesto, solicito a esta Presidencia, se haga una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para que dictaminen la iniciativa en comento a la brevedad y de conformidad con el marco regulatorio de esta H. Cámara de Diputados.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Laura E. Martínez Rivera (rúbrica).»

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ARTICULOS 4o. Y 27 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social

Los suscritos, diputados y diputadas federales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI del Reglamento, le solicitamos que a nombre de la Cámara de Diputados EXCITE a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamine la Minuta de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual expongo los siguientes

Antecedentes

I.- En la sesión del día 15 de diciembre de 2003 en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos, presentaron dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó aprobado en la citada sesión.

II.- En la misma fecha, la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envió a su colegisladora la Minuta mencionada.

III.- En la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003 la H. Cámara de Diputados dio trámite de recibo a la referida Minuta y el Presidente ordenó turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente, la cual conformó una subcomisión que quedó integrada el 27 de enero de 2004.

IV.- El 21 de abril de 2004, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la Subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la Minuta recibida del Senado de la República.

V.- En la sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y fue devuelto a la colegisladora, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.- El 2 de septiembre de 2004, la H. Cámara de Senadores recibió la Minuta devuelta y ordenó su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

VII.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Senadores estimó pertinente modificar y con fecha 14 de diciembre de 2004, devolver la Minuta a la colegisladora, cambiando la redacción que les fue propuesta por la misma.

VIII.- En sesión celebrada el día 10 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la Minuta Proyecto de Decreto que nos ocupa, que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.

IX.- En sesión celebrada el 22 de junio de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación por la H. Cámara de Diputados de la Minuta en comento.

X.- La Comisión de Desarrollo, el 29 de junio, envió a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, la opinión favorable a la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto en los términos propuestos.

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y, si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. Es el caso que el día 10 de febrero de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la Minuta Proyectó de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.

Tercera. Es de señalarse que la Comisión de Desarrollo Social aprobó, en reunión plenaria del 22 de junio del 2005, una opinión favorable a la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto en comento. Dicha opinión fue enviada, el 29 de junio del mismo año, a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

Cuarta. Es de destacarse que han transcurrido más de 8 meses, y la Comisión de Puntos Constitucionales no ha presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor presidente:

Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta la siguiente

Excitativa

Único.- Que EXCITE a nombre de la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictaminen correspondiente de la Minuta de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al articulo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2005.---Suscriben, diputados: Rafael Flores Mendoza, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Ubaldo Aguilar Flores, José López Medina, Martha Palafox Gutiérrez, Gerardo Montenegro Ibarra, María Beatriz Zavala Peniche, José Luis Treviño Rodríguez, Renato Sandoval Franco, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).»

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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta Excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a Usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha uno de abril del 2004, presente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación.

2. La iniciativa tiene como finalidad que las personas que impugnan resoluciones fiscales, a través de los juicios previstos en el Código Fiscal de la Federación no se deban obligar a señalar en sus demanda domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de la ubicación de las Salas Regionales, y solo hagan valer este requisito en la circunscripción territorial.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emitieran el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. Que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias emita el dictamen correspondiente.

2. Que en virtud de la existencia un conflicto de interpretación normativa por los Magistrados integrantes de las Salas Regionales entre el término sede y jurisdicción, motivado por lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual establece que éste se integra por veinte Salas Regionales, que tienen competencia en distintas entidades federativas y lo referente al artículo 24 del propio reglamento que indica que cada una de las Salas Regionales tiene su sede en alguno de los estados, es que estas autoridades obligan a los particulares a presentar sus demandas en el ámbito competencial previsto por la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación; es decir, deben señalar los interesados el domicilio del lugar donde radica la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

3. Que el Diccionario de la Lengua Española Esencial indica que el vocablo ``sede'' significa ``lugar donde tiene su domicilio una entidad, u organización''; el término ``jurisdicción'' ha recibido diversas connotaciones por los tratadistas italianos, cuya escuela inspiró a nuestras leyes procesales entendiéndose en voz de Francesco Carnelutti la jurisdicción como: ``una facultad-deber de un órgano del Estado para administrar la justicia, la cual debe ser expedita, objetiva y gratuita''.

4. En tal sentido, el vocablo ``sede'', tiene lugar como la acepción relativa a la comarca donde radica la Sala Regional competente del citado Tribunal Federal, en tanto la ``jurisdicción'' constituye el territorio donde la Sala Regional competente extiende y ejerce sus funciones, en tal sentido para la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, el requisito del domicilio que debe señalar el demandante en la jurisdicción, no constituye el lugar en que radica la sala regional.

5. Que esta soberanía debe valorar que no puede continuar la legislación fiscal con estas imperfecciones, toda vez que no se le ha concedido importancia al particular, considerándose que de reformarse la fracción I del Artículo 208 del Código Fiscal en la forma propuesta, retardaría la sustanciación de los juicios porque los funcionarios de las Salas Regionales se verían obligados a trasladarse a lugares lejanos a realizar notificaciones.

6. Que esta reforma no entraña el incumplimiento de la interpretación normativa que de carácter estricto rige la materia fiscal, en virtud que el propio Código Fiscal de la Federación en el artículo 253 preceptúa otras formas para que se realicen las notificaciones como el correo certificado con acuse de recibo, transmisión facsimilar o electrónica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de reforma la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación.

Palacio Legislativo Federal,a 3 de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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JUICIO DE AMPARO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes, y en este sentido expongo los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha quince de abril del 2004, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 de la Ley de Amparo.

2. La iniciativa tiene como finalidad de que la finalidad de que las sentencias de amparo se ocupen de los individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja; con excepción de las leyes federales o locales, tratados internacionales o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso tendrá efectos generales.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emitiera el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. Que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emita el dictamen correspondiente.

2. En nuestro sistema jurídico todo acto de autoridad goza de una presunción Juris Tantum de constitucionalidad; es decir, se presume dictado en apego a la Ley Fundamental y, por tanto, las autoridades están obligadas a cumplirlos en términos del artículo 128 del Pacto Federal. El juicio de garantías cumple una doble función, la primera como medio de protección a la Constitución y la segunda como vía de control de actuaciones de las autoridades; sin embargo, este instrumento jurídico está inmerso en una crisis de credibilidad.

3. El juicio de amparo se caracteriza por la peculiaridad de sus sentencias, las cuales sólo tienen efectos relativos, es decir, se limitan sólo a amparar a la persona que invocó la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, conforme a la fracción II del artículo 107 constitucional, la justicia federal concederá el amparo al quejoso o agraviado que haya promovido el juicio de amparo, pero no se anulará la ley en relación con los demás gobernados.

4. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo o fórmula Otero ha sido muy criticado en tratándose del amparo contra leyes, pues se considera que la ley que no se aplique en contra del quejoso que ha obtenido una sentencia favorable, pierde su característica de general, ya que su vigencia y efectos persisten para los demás gobernados. Lo grave e injusto es la desigualdad ante la ley, pues la norma declarada inconstitucional se sigue aplicando a todos aquellos que no promueven el juicio de garantías.

5. El más importante argumento para eliminar de la Constitución el principio de relatividad de las sentencias de amparo en los casos de una ley que haya sido declarada inconstitucional, es que al conservarla se pone en duda el principio de supremacía constitucional, ya que se condiciona la superioridad de la ley fundamental al hecho de promover y ganar un amparo.

6. Es por eso que la iniciativa que propongo posee la ventaja de proyectar que en cada uno de los juicios cuyas sentencias sienten jurisprudencia definida que declare la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, se respete la supremacía constitucional, al declarar su invalidez y, por otra parte, que la fórmula Otero siga teniendo subsistencia, para establecer una solución que termine con la incertidumbre jurídica, la cual se resolvería al conceder efectos generales a la jurisprudencia firme de la Corte, en el caso de que una ley sea declarada inconstitucional.

A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas al artículo 76 de la Ley de Amparo.

Palacio Legislativo Federal,a los 3 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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LEY DE AMPARO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta Excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a Usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha veintidós de abril del 2004, presente una iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

2. La iniciativa tiene como finalidad de que en tratándose de leyes declaradas inconstitucionales, la jurisprudencia sea obligatoria para las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como la que verse sobre interpretación de la constitución, leyes y reglamentos federales.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emitiera el dictamen correspondiente.

Consideraciones:

1. Que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias emita el dictamen correspondiente.

2. Que la iniciativa fundamenta la necesidad legal de que la Jurisprudencia que verse sobre la interpretación de la Constitución, Leyes y reglamentos Federales, locales y Tratados Internacionales celebrados por el Estado mexicano, emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los Tribunales Colegiados de Circuito, su cumplimiento sea también obligatorio para las autoridades administrativas, en estricto acatamiento a la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna.

3. Que la jurisprudencia debe ser obligatoria también para las Autoridades Administrativas, ya que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, y se refiere genéricamente a los órganos jurisdiccionales pero no hace mención a las Autoridades Administrativas.

4. Que es necesario instituir que estas todas las autoridades queden sujetas a su observación y aplicación, para lograr el enlace armónico que se desprende del texto del citado articulo 94 de la propia Constitución, toda vez que la jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad de conformidad con el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito los actos de molestia, es decir deben expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, así como las circunstancias especiales, que hayan tenido en consideración para la emisión del mismo.

5. Por lo que, para fortalecer el Estado de Derecho que garantice el respeto a la Constitución, que prevé las garantías individuales y sociales que hacen posible el desarrollo armónico, social y político, del país, es impostergable la aplicación y aprobación de las presentes reformas en forma propuestas.

A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

Palacio Legislativo Federal,a los 3 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta Excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a Usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha veintiséis de octubre de 2004, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La iniciativa tiene como finalidad de que el principio de presunción de inocencia se incluya expresamente en la Constitución, en atención a su propósito salvaguardar la situación jurídica de la persona, en tanto no existe una prueba capaz de determinar una responsabilidad derivada de una acción o una omisión, porque en México solo se regula por escrito dentro de los tratados.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que emitiera el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. El artículo 8.2 de la Convención Americana reconoce que la prolongación de la prisión preventiva indefinida y continua sobre la persona, constituye una violación del principio de presunción de inocencia, y obliga a los Estados parte como a México.

2. La doctrina mexicana considera que en la estructura actual de nuestra ley suprema el principio de presunción de inocencia se hace efectivo cuando el órgano jurisdiccional cumple con las garantías procesales que el legislador establece en cada una de las fases del procedimiento judicial al momento de aplicarse el artículo 20 de la Carta Magna, situación que es una falsedad.

3. La presunción de inocencia debe incluirse literalmente en la constitución, en virtud de que es parte de una obligación contraída en los pactos internacionales con base al artículo 133 de la ley fundamental, lo que la convierte en una norma suprema para toda la unión sin que se esté dando cumplimiento a este compromiso, que beneficia al sistema de procuración e impartición de justicia federal.

4. Que como antecedente valoramos que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, en su artículo 30 consignó la presunción de inocencia, hasta el 15 de agosto del 2002, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis jurisprudencial número XXXV/2002, en la que se consideró que la presunción de inocencia se contiene de manera implícita en la ley suprema, argumento que resulta vago y no exime al Estado Mexicano de su incumplimiento al contenido de los tratados suscritos por el Poder Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República.

5. Que es de explorado derecho que no puede atenderse como prueba lo que legalmente no tenga carácter de tal, la actividad probatoria ha de realizarse en el acto del juicio que se vincula al derecho del interesado a su defensa con todos los derechos que rigen el proceso jurisdiccional, así mismo el problema de la procuración de justicia es que debe reconocer que el imputado tiene que comparecer libremente ante la autoridad ministerial, porque así se asegura su dignidad de ciudadano presunto inocente y porque así queda en estado de igualdad con quien lo acusa.

6. La situación es clara: todo ciudadano debe gozar en todos los casos de la presunción de inocencia, debiendo sujetar a la fuerza de esa presunción cuando la persona no es un infractor que comete la falta por más de una ocasión, si es un autor de una irregularidad ocasional, reincidente o delincuente de oficio, casos en los que la autoridad deberá justipreciar los hechos con base a los principios de interpretación armónica con el resultado de los elementos de prueba con que se cuente en el momento de determinar una culpabilidad.

A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo Federal, a 3 de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presenté una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha veintiocho de octubre del 2004 presenté iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 13 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.

2. La iniciativa tiene como finalidad definir los conceptos y diferencias entre información reservada e información confidencial, adolece de esos requisitos que propician la negativa de los datos solicitados por los ciudadanos injustamente.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Gobernación, para que emitiera el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. El derecho a la información radica en el principio Pacem in Terris, pronunciado en la encíclica del mismo nombre por el papa Juan XXIII, que inspiró el Programa Básico de Gobierno 1976-1982, periodo en el cual se impulsó la adición al artículo 6o. constitucional de fecha 6 de diciembre de 1977, para establecer a todos los gobernados que: ``...el derecho a la información será garantizado por el Estado.''

2. Al respecto cabe recordar que esta adición se enmarca dentro de un paquete de reformas constitucionales dentro de lo que se denomino la Reforma Política, que tendía a resolver la manera de establecer la representación proporcional para asegurar a las minorías su presencia y acción políticas, por lo que el derecho a la información se pretendió entender como la información que deben de tener los ciudadanos y los partidos políticos para los fines de dicha reforma y a la posibilidad de utilización de los medios de información personales o masivos para las mismas posibilidades.

3. En este tenor el derecho a la información relacionado con el acceso a la información pública surge al vincularse directamente con la publicidad de los actos de gobierno y al principio de transparencia de la administración, entendido como instrumento indispensable para apuntalar el régimen republicano de Gobierno.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, expedida el 11 de junio del 2002, más que fungir como la ley reglamentaria de la última parte del artículo 6o. constitucional, es el mecanismo creado para asegurar el ejercicio del derecho ciudadano a conocer el desarrollo de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda evaluarla, lo cual se justifica en que el desempeño de los servidores públicos no puede ni debe mantenerse en secreto; es decir, el Estado tiene que explicar sus acciones tanto a los individuos en lo particular como a los representantes de los medios sociales.

4. A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 13 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo Federal, a los 3 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en su calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promueve esta excitativa en virtud de que presentó una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente, por lo que se permite acudir a usted para los efectos pertinentes. Y en este sentido, expone:

Antecedentes

1. Con fecha 5 de abril de 2005, presenté iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I y adiciona una fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. La iniciativa propone el impulso de políticas con los sectores públicos y privados para establecer programas de servicios de transporte público urbano gratuito en favor de los adultos mayores.

3. El Presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Consideraciones

1. En la teoría de los estudios constitucionales, el tema de los adultos mayores obliga a reconocerles los derechos sociales, económicos y culturales de los que habían sido desprotegidos hasta los años cuarenta, cuando el Estado mexicano notó un aumento demográfico considerable de estas personas. Entonces, las instituciones cobraron conciencia de la crisis de olvido en que se encontraban.

2. En los años setenta y ochenta, el Gobierno Federal promovió un marco legal que brindó las condiciones sociales necesarias para que el país comprendiera la situación que implica al individuo el proceso natural e irreversible del aumento de edad, que provoca la dependencia de la familia y la comunidad, mediante la creación del Instituto Nacional de la Senectud, con resultados benéficos en un principio hasta convertirse en un órgano dedicado sólo a promover actividades lúdicas y culturales sin una meta de acción que propiciara la participación útil de los adultos mayores.

3. Hasta el presente siglo el país no tomó conciencia del abandono de las personas adultas mayores y surgió el interés por dirigir políticas nacionales concordantes con los acuerdos internacionales vigentes para diseñar estrategias de información y educación en los temas de su competencia conforme al espíritu garante de los artículos 1o. y 4o. de la de la Ley Fundamental.

4. Con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se establece el marco legal que organiza la forma en que deberán operar los programas de trabajo, salud, discapacidad, fomento cultural, participación social y capacitación con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal, lo cual propició la creación de la Dirección General de las Personas Adultas Mayores, órgano encargado de promover, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar la operación de los objetivos trazados por la ley.

5. Sin embargo, las personas adultas mayores y las autoridades federales se enfrentan a un problema de la falta de apoyo concreto por parte de los sectores públicos, así como de los privados en las entidades federativas y en los municipios para concretar los objetivos trazados en su totalidad, toda vez que muchos de ellos posen comunidades que aún sufren la discriminación o la exclusión social de las personas adultas mayores y, a su vez, habitan en la pobreza, extrema.

6. La bondadosa labor de los programas coordinados por esta Dirección General no pueden ser exitosos en tanto el país tenga una conciencia inmadura de lo que el ser humano en edad avanzada afronta en su núcleo social, así como el trato que merece para abatir el subdesarrollo y ganar terreno en la lucha contra la pobreza. Un caso concreto de esta falta de cultura es cuando muchos de los programas que se emiten en su beneficio sólo están orientados en obtener fines electorales y no así un beneficio real para este grupo vulnerable.

7. Para lograr las alternativas del precepto legal invocado debemos ponderar en términos reales que los adultos mayores de ningún modo tienen la prerrogativa de que las empresas privadas podrán participar en los objetivos de los programas destinados al transporte público para poder realizar el esfuerzo con las instituciones públicas para participar activamente en las políticas que establezcan la gratuidad en sus servicios para elevar la calidad de vida de los adultos mayores y que en su mayoría sufren problemas de discapacidad.

8. Por el contrario, hemos visto en los diversos escenarios públicos cómo las políticas sociales fincadas a favorecer a este importante grupo de mexicanos a través de planes orientados a otorgarles transporte público gratuito operando sólo durante un determinado periodo gubernamental y únicamente en ciudades del país de las denominadas ``clave'' en virtud del desarrollo urbano que presentan, dejando en el rezago las comunidades marginadas o que sufren pobreza extrema.

9. Estos fenómenos producen la desigualdad porque no se establece desde una plataforma legislativa concreta y seria la concurrencia de los estados y municipios en este aspecto para alcanzar la meta de que la Federación esté debidamente facultada para entablar acuerdos de voluntades con las redes del transporte local público y concesionado para auxiliar a los adultos mayores a llevar a cabo sus actividades diarias, sin que se vean afectados o mermados al cubrir el importe de sus traslados y viajes, máxime que en muchos de estos casos utilizan el servicio únicamente para acudir a visitas médicas o bien casos similares que por su naturaleza no les merece ningún ingreso el empleo del trasporte público porque son relegados en la sociedad.

10. A mayor abundamiento, debemos instar a que las personas adultas mayores gocen de los años que tienen por vivir con la prerrogativa de que el Estado les demuestre su reconocimiento y respeto mediante la adición de una fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que propicie la facultad concurrente para que la Federación, los estados y los municipios puedan establecer en el marco de la legalidad programas que propicien la prerrogativa de que el transporte público para los adultas mayores será gratuito, además de que esta medida contribuirá a que México dé cumplimiento a lo establecido dentro de las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legitimará las políticas sociales que a nivel local se plantean para asumir una ideología social más justa y equitativa.

A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto decreto que modifica la fracción I y adiciona una fracción III al artículo 14 de la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Palacio Legislativo Federal, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha ocho de febrero del 2005, presenté iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La iniciativa tiene como finalidad que, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, como acto emanado de la Cámara de Diputados, no pueda ser observado, ni vetado.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Consideraciones

1. El tema de las observaciones o veto presidencial en el campo del ejercicio de las atribuciones exclusivas de los órganos del Poder Legislativo, recobra interés ante las actuales manifestaciones de ignorancia por parte el titular del Poder Ejecutivo federal, lo cual en el pasado no aconteció debido a la existencia de un sistema político organizado y serio.

2. Es menester ponderar que el ejercicio de las observaciones o veto presidencial trae como consecuencia inmediata una revisión por parte del Congreso del proyecto o decreto observado para después superarse mediante la atención a las observaciones que no necesariamente deben ser acatadas conforme a la voluntad del Ejecutivo, si no conforme a los puntos expuestos en las observaciones o veto y una vez atendidos se promulgará, en la inteligencia que el Congreso determine, la procedencia de las objeciones materia del veto conforme lo establece el inciso C del propio artículo 72 constitucional.

3. La estricta aplicación de la regla general, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, es como acto emanado de la voluntad colectiva de los diputados, porque éste se compone del resultado de un acto legislativo que se desprende del ejercicio de una facultad exclusiva que establece de manera implícita el artículo 74, fracción IV, de la Constitución General de la República.

4. Formalmente se ha asumido que el Presidente de la República sólo puede hacer observaciones a las leyes o decretos que hayan sido emitidos por ambas Cámaras; por tanto, se asume de manera implícita en el inciso J del citado fundamento legal que no tiene la facultad de realizar observaciones o vetar resoluciones emitidas en ejercicio de las facultades exclusivas de cada una de las Cámaras, facultades de la Comisión Permanente, facultades del Congreso o de alguna de las Cámaras actuando como cuerpo electoral, de jurado o ejercitando acusación, y facultades del Congreso reunido en asamblea única.

A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo Federal, a los 4 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo

Antecedentes

1. Con fecha veintitrés de noviembre del 2004, presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo.

2. La iniciativa tiene como finalidad que se establezca una jornada especial para las personas que padecen algún tipo de discapacidad en extremidades e invidentes.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Consideraciones

1. El artículo 8.2 de la Convención La naturaleza jurídica del derecho del trabajo se ubica en el artículo 123 constitucional que consagra una parte importante de las garantías sociales, las cuales, tienen la característica de no referirse al individuo en lo particular, sino que protegen a la colectividad.

2. El Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo, referente a las Condiciones Generales, como el conjunto de obligaciones y derechos que tienen los sujetos de una relación laboral, nos establecen lo relativo a la jornada, las vacaciones y licencias, empero en lo concerniente al horario, no obstante que se indica una clasificación para la jornada, no regula las hipótesis necesarias para las personas limitadas en sus extremidades inferiores o bien, por poseer debilidad visual irreversible.

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la que México es parte, proclamó las directrices que ordenan a los países miembros a reconocer la dignidad de los derechos inalienables de los integrantes de la familia, en la actualidad en el mundo existen 386 millones de personas con discapacidades en edad productiva, que tienen un potencial para incorporarse a la fuerza de los distintos campos laborales, pero existen empresarios que han descubierto su potencial sin importar que en apariencia carezcan de medios para desplazarse con normalidad.

4. Las personas con discapacidad motriz siendo profesionistas, empleados capacitados y padres de familia se encuentran en las filas del desempleo originado en atención a que un gran variedad de empresarios creen que no son aptas o bien no están preparadas para realizar cualquier trabajo por ello les cierran las puertas de las oportunidades mermando su autoestima, su futuro y violan lo ordenado en el artículo 56 de la ley laboral.

5. Por lo tanto en cumplimiento con las obligaciones contraídas por nuestro país debemos cumplir lo relativo a la Recomendación 168, la cual ha ordenado que los órganos del gobierno federal mexicano recluten en su plantilla de servidores públicos el 1% de sus empelados con la finalidad de dignificar este sector social y demostrar que es una realidad el aprovechamiento de las capacidades de los discapacitados, mandato con el que hemos cumplido desde 1999.

6. Por ello el que suscribe valora que el establecer una jornada laboral diurna para las personas discapacitadas en sus extremidades y los débiles visuales, será el parteaguas que alentará el mercado laboral mediante la dignificación de este sector social que busca hacer valer sus garantías sociales y aprovechar la oportunidad de demostrar su potencial que se ha mermado gracias al desconocimiento del sector patronal del alcance de las normas.

A usted Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo.

Palacio Legislativo Federal a los 4 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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ARTICULOS 12 Y 37 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo

Antecedentes

1. Con fecha diecisiete de marzo del 2005, presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La iniciativa tiene como finalidad que se evite el trámite de la solicitud de licencia o permiso del Congreso o la Comisión Permanente de los títulos que los mexicanos se hagan acreedores a reconocimientos derivados de su notable aportación en las ramas de la ciencia, tecnología y el arte.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Consideraciones

1. El principio de igualdad se ha actualizado en la norma constitucional a través de los artículos 1, 2 y 4 del cual emanaron diversos dispositivos legales en favor de la cultura indígena, el género, la salud, el medio ambiente, la infancia y la adolescencia, por lo anterior la igualdad como primicia de ningún modo opera de manera absoluta, por ello cuando se imparte justicia las normas trascienden en el aspecto legal conforme a cada persona y caso concreto.

2. El Estado Mexicano ha deseado erradicar la posibilidad de someter a un individuo a la potestad de otra, en virtud de que los títulos nobiliarios implican un estatus de supremacía entre los mexicanos que atenta en contra del principio de igualdad.

3. Los títulos de nobleza como mercedes honoríficas otorgadas por el gobierno a los ciudadanos por sus servicios a perpetuidad, y como primera causa de la esclavitud, una vez lograda la Independencia han sido prácticas nulas en el territorio nacional, por lo tanto esta disposición en la actualidad ha funcionado como base sustantiva de la aplicación del segundo aspecto que regula exclusivamente el artículo 12 constitucional, el referente al otorgamiento de distinciones a personas que han contribuido con su esfuerzo y talento al desarrollo del país en materia de aportaciones a la ciencia, la cultura o la tecnología, o en su caso a aquellas personas que reúnen estos requisitos y son servidores públicos en cumplimiento a en el artículo 4 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, los cuales en sentido estricto no deben tener afectación alguna para su aceptación, lo cual en los hechos es falso.

4. El artículo 37 constitucional por este dispositivo en sus fracciones I y III, es atentatorio del principio de igualdad y la garantía de libertad, en virtud de que castiga al connacional sea por nacimiento o por naturalización que acepta alguna condecoración honorífica y que no tiene mayor validez en el territorio mexicano, cuando acepta un reconocimiento por su trayectoria profesional siempre que provenga del extranjero, toda vez que si bien es cierto un premio lo hace distinguirse de otro, éste no implica ningún tipo de sumisión ante un Estado extranjero o bien una condecoración que tenga efectos de supremacía ante terceros, lo cual propicia graves acciones de autoritarismo en contra de los intereses de los gobernados cuando por ser distinguidos con premios de naturaleza similar al Premio Nóbel, mismo que lo otorga un órgano extranjero, situación que esclarece el caso la fracción IV, sin embargo ello trasciende para los efectos del artículo 12 de la Ley Fundamental de manera contradictoria, toda vez que esta fracción solo se refiere al aspecto de la ciudadanía como aquél conjunto de derechos y obligaciones de carácter político que adquieren los mexicanos al cumplir los 18 años de edad.

5. Es de trascendental importancia esclarecer los alcances del artículo 12 constitucional y adaptarlo a las necesidades del México actual a fin de erradicar de nuestro sistema jurídico mexicano las posibilidades de dar lugar a las conductas de abuso de autoridad e interpretaciones legales que solo van en detrimento de nuestras instituciones, es por ello que mi Partido, el Revolucionario Institucional, a través de sus diputados alientan esta iniciativa responsable que brinda certeza a los ciudadanos de que no serán violadas sus garantías individuales y a su vez se dará cumplimiento a los extremos de la norma constitucional.

A usted Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo Federal a los 4 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Defensa Nacional, y de Marina, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha uno de marzo del 2005, presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

2. La iniciativa tiene como finalidad que con la finalidad de dar modernidad a las instituciones de impartición de la justicia castrense.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Defensa Nacional y más tarde se amplió el turno a la Comisión de Marina.

Consideraciones

1. Por mucho tiempo la base jurídica del país se fundó en principios de derecho militar hasta la primera mitad del siglo XX, en nuestros días las leyes castrenses recobran interés social no solo por la necesidad de erradicar la pena de muerte del Código de Justicia Militar; sino porque es menester renovar este ordenamiento que rige esta categoría de ciudadanos a fin de que respondan a la realidad política, económica y social del país, porque esta codificación dispone procedimientos vinculados a la impartición de justicia con órganos de seguridad pública que dependen del Poder Ejecutivo Federal.

2. La administración pública federal tiene entre otras obligaciones, crear un ambiente de paz social en al ámbito externo e interno del país, y conforme a ello las fuerzas armadas están encargadas de velar por la soberanía de México a través de sus instituciones militares, organizadas por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría Marina conforme lo ordenado en los artículos 29 y 30 de la Ley Administración Pública Federal.

3. A mayor abundamiento, la desaparecida Secretaría de Guerra y Marina, dio origen a la creación de la Secretaría de Marina conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1940, con motivo de la separación de los asuntos de la agenda de defensa nacional con los relacionados a las fuerzas armadas en el ámbito marítimo, no obstante que en materia de impartición de justicia las actuales secretarias de referencia continúan sujetas a la aplicación del Código de Justicia Militar.

4. La citada modificación que dio como resultado la formación de dos nuevas secretarías de estado, motivó la desaparición de la Secretaría de Guerra y Marina, cuya existencia tuvo éxito durante la consolidación de la independencia de México y hasta el siglo XIX como órgano regulador de la Guardia Nacional con su participación en diversas acciones.

5. En el México del presente siglo XXI, de ningún modo se debe consentir que sus instituciones se sujeten a satisfacer trámites procesales en materia de justicia militar ante una dependencia que no existe, o bien no es congruente con los supuestos de los artículos 29 y 30 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los cuales establecen las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

A usted Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

Palacio Legislativo Federal a los 4 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

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CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presenté una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:

Antecedentes

1. Con fecha uno de marzo del 2005, presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XII y se recorre con reformas la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal

2. La iniciativa tiene como finalidad que se considere como delito de abuso de autoridad cuando los servidores públicos federales que estando obligado legalmente a administrar o aplicar recursos públicos federales, los modifique o se abstenga de ejercer su destino de manera parcial o total, en los plazos fijados, alterando los objetivos establecidos en las leyes o decretos.

3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Consideraciones

1. La responsabilidad, en nuestro derecho positivo mexicano es la obligación que tiene el servidor público de responder a la sociedad y al Estado por su conducta o actos indebidos o ilícitos, según lo establece la ley secundaria, y se rige por el principio de autonomía, por ello existen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones diferentes para cada materia de responsabilidad en lo particular, toda vez que el objeto de estas normas es que el sujeto conozca y acepte las consecuencias de sus actos realizados de manera consiente.

2. El tipo delictivo de abuso de autoridad que establece el artículo 215 del Código Penal Federal, para actualizarse requiere que se cometa alguna de las doce hipótesis, que no asimilan al servidor público en el momento de realizar las acciones tendientes a trastocar los límites de su competencia en el desempeño de la función pública, respecto a la administración de fondos cuando no son ejercidos en los tiempos y las formas fijados por las normas.

3. Estos planteamientos nos hacen fijar la atención en los sucesos que han ocurrido los últimos cuatro años de gobierno, en los que los servidores públicos se abstienen de cumplir las obligaciones contenidas dentro de los programas que dieron origen.

4. El caso concreto es cuando la Cámara de Diputados aprueba el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación en el que se establecen programas de inversión destinados a un objetivo concreto y el servidor público aun contando con los fondos asignados necesarios, omite la obligación de ejercerlos no solo para los objetivos trazados dentro del periodo del ejercicio fiscal, sino que simplemente no los ejerce en los tiempos fijados.

5. Asimismo, los secretarios de Estado que tienen la obligación de ejercer cierta cantidad de pesos en un objetivo concreto, y en un tiempo determinado por así haberse establecido en Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y simplemente no ejercen.

6. Estas conductas, son practicadas por un servidor público como sujeto activo de las omisiones ante el deber de canalizar recursos financieros del Estado destinados a satisfacer objetivos de un programa económico-social que las normas le obligan a aplicar para obtener un resultado en beneficio de la colectividad, situación que colma los presupuestos para considerarse como un agente responsable de un ilícito, lo cual debe penalizarse porque sus consecuencias perjudican a la sociedad y al estado de derecho.

7. Por lo que es necesario adicionar el tipo penal que señalo al Capítulo III del Código Penal Federal referente al Delito de Abuso de Autoridad, toda vez que afecta, el ejercicio de la libertad política del Estado, el interés general que representa la inversión del capital para el beneficio social de los gobernados que se traducen en programas fallidos, la perdida del tiempo y esfuerzo invertido en destinar una inversión que nunca dará frutos, porque al no ejercerse los fondos en la finalidad que fueron creados o fuera del tiempo programado, independientemente de que las sumas sean reintegradas a la Auditoria Superior de la Federación para su posterior reprogramación en el siguiente año fiscal, subsiste una conducta de omisión que de ningún modo subsana el daño producido con la devolución del capital, toda vez que esa es una obligación ajena al caso, que no exime de la responsabilidad contraída con los mexicanos.

8. Por ello es imperante valorar los elementos de este delito que propongo, se tipifique como tal, así como los alcances de afectación sobre el bien jurídico tutelado, además que es el medio idóneo para castigar a los servidores públicos, que se escudan en discursos falsos para justificar la falta de ejercicio de las partidas que están obligados a ejercer, ante una determinación unilateral que entorpece la sana práctica del ejercicio público para el objetivo que fue legislado.

A usted Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XII y se recorre con reformas la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal

Palacio Legislativo Federal a los 4 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones correspondientes para que emitan los dictámenes que tengan en estudio en sus comisiones.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señores diputados, en este momento ha llegado a la Presidencia de la Mesa Directiva un comunicado de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha el senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores. Presentes.

Los suscritos senadores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con arreglo en la siguiente

Exposición de motivos

El cine nacional es expresión y reflejo de la identidad e idiosincrasia de los mexicanos y vehículo de comunicación artística y educativa.

La industria cinematográfica nacional, por su sentido social, es una actividad cultural de primer orden para los mexicanos y es asimismo una actividad industrial que produce una importante derrama económica al país, así como una fuente significativa generadora de empleos directos e indirectos.

El organismo público descentralizado Instituto Mexicano de Cinematografía, coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el marco de sus posibilidades presupuestales, ha venido realizando esfuerzos para impulsar, fortalecer, promover y coordinar la actividad cinematográfica nacional en el contexto de una realidad económica difícil y de una ardua competencia frente al cine extranjero, que no ha sido favorable para el país.

En particular, el sector producción de la industria cinematográfica nacional, enfrenta en la actualidad una grave crisis de carácter económico, debido entre otros factores, a la insuficiencia de los recursos financieros, a la falta de inversión productiva y a inequidades del mercado, que han propiciado una injusta distribución de los ingresos en taquilla, derivados de esa industria.

En este mismo sentido, el capital privado nacional observa con desaliento un mercado potencialmente rico en oportunidades que no ofrece incentivos fiscales como en las industrias similares en el extranjero.

A pesar del esfuerzo realizado por el Ejecutivo Federal, hasta la fecha, han resultado insuficientes las aportaciones fiscales que se canalizan al sector, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad y del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

No obstante, se tiene registro de que las referidas aportaciones fiscales federales, se recuperan vía pago de contribuciones por parte de los contribuyentes que integran la cadena productiva de la industria cinematográfica.

Aun con tales limitantes, la participación de las películas apoyadas por dichos fondos, en eventos de competencia, ha sido altamente satisfactoria al haber obtenido un sin numero de premios nacionales e internacionales, contribuyendo así al enaltecimiento y difusión de la cultura nacional en todo el orbe.

En términos de la Ley Federal de Cinematografía, corresponde al Poder Ejecutivo Federal promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional.

Asimismo, en términos de dicho ordenamiento legal, las empresas que promuevan la producción de películas nacionales deberán contar con los estímulos e incentivos fiscales, que establezca el honorable Congreso de la Unión.

Ante dicha circunstancia, el H Congreso de la Unión mediante reforma que se publicó en el Diario Oficial de la federación con fecha 1 de diciembre de 2004 incorporó un artículo 226 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, por virtud del cual se otorgaba un estímulo fiscal a los inversionistas en películas cinematográficas, equivalente al 3% del Impuesto sobre la Renta a su cargo.

No obstante que dicha adición a la Ley del impuesto sobre la Renta recogió la voluntad unánime de las cámaras del Congreso y recibió el beneplácito de amplios sectores sociales que vieron en ella un paso fundamental para recuperar el papel del Estado en el fomento de la cultura nacional, el nuevo artículo 226 ha presentado problemas entre la comunidad cinematográfica y los potenciales inversionistas, debido a un alargamiento indebido de sus reglas de operación y luego a una sinuosa interpretación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que hasta la fecha no ha favorecido su aplicación.

Con la finalidad de no hacer nugatorios los fines que perseguía la citada reforma, consistentes básicamente en apoyar e impulsar la producción cinematográfica nacional, se emite el siguiente:

Decreto por el que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas y morales, con independencia de la actividad que desempeñen, que lleven a cabo proyectos de inversión en la producción de películas nacionales, incluyendo a quienes sólo realicen aportaciones de recursos a los productores de dichas películas.

Este estímulo fiscal consiste en acreditar el 10% sobre el Impuesto sobre la Renta que el contribuyente cause en el ejercicio.

Para efectos de determinar el Impuesto sobre la Renta al que se le aplicará el 10%, se tomará como base la utilidad fiscal del ejercicio, es decir, no se considerarán las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que sean disminuidas de la utilidad fiscal.

El importe que se acredite deberá ser invertido en la producción de películas nacionales durante los tres ejercicios siguientes.

En caso de que el contribuyente no efectúe la inversión del importe acreditado, o lo invierta parcialmente, en los ejercicios mencionados en el párrafo inmediato anterior, se deberá enterar a las autoridades fiscales el importe no invertido con sus respectivos recargos y actualizaciones, a más tardar en la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que corresponda.

El monto del estímulo fiscal que se determine, será acreditable contra el Impuesto sobre la Renta que resulte a pagar en la declaración anual del ejercicio.

El importe del estímulo que no pueda acreditarse total o parcialmente al Impuesto sobre la Renta, podrá acreditarse en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarlo.

El importe del estímulo que se acredite no se considerará como ingreso acumulable para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Impuesto sobre la Renta que se determine, después de aplicar el estímulo, será el que se acreditará contra el Impuesto al Activo del mismo ejercicio, y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el Impuesto al Activo, en los términos del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Activo.

El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los contribuyentes aspirantes al mismo será hasta de 500 millones de pesos cada año.

Se considerará como proyectos de inversión en la producción de películas nacionales, los gastos en territorio nacional, destinados específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.

Se entenderá por producción cinematográfica nacional, las películas que hayan sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o de los convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u organismos internacionales.

Corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y en base a sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación, la autorización de los proyectos de inversión productiva para la producción de películas cinematográficas nacionales; así como los requisitos y trámites que deberán cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo fiscal.

Los Comités Técnicos referidos estarán obligados a publicar dentro de los meses de julio y enero de cada año, un informe que contenga los montos destinados durante el primero y segundo semestre del ejercicio fiscal respectivo, así como las personas beneficiadas con el otorgamiento del estímulo fiscal y los proyectos de producción cinematográficas nacional objeto de dicho estímulo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, vigilará la correcta aplicación del estímulo fiscal y el adecuado uso por parte de los beneficiarios del mismo, con base en lo previsto en las reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación de los respectivos fideicomisos.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil cinco.--- Senadores: Manuel Bartlett Díaz, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta, Emilio Gamboa Patrón, David Jiménez González, César Jáuregui Robles, Carlos Chaurand Arzate, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbricas).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Señoras y señores diputados: de acuerdo con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hemos llegado al término de esta sesión. Se solicita a la Secretaría que dé cuenta del orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de noviembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se considere el incremento de los recursos asignados al Consejo Nacional para Prevenir la discriminación. (Turno a Comisión)

Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se otorguen suficientes recursos presupuestales al Instituto Mexicano del Petróleo. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada, para aceptar y usar la ``condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado'', que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro. (Turno a Comisión)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: La última verificación de quórum se tomará como registro final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (a las 14:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de noviembre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:00 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 16 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 396 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 398 diputados.

Verificación de quórum: 344 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 344 diputados.

Declaratoria que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Declaratoria que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Declaratoria que reforma el párrafo cuarto y adiciona los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 33.

Excitativas a comisiones: 24.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 5.

Oradores en tribuna: 16 PRI-6; PAN-8; PRD-1; PVEM-1.

Se recibió:

4 comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Hidalgo, México y Quintana Roo;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

1 oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 iniciativa de senador del PAN;

6 iniciativas del PRI;

8 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

1 iniciativa del PVEM.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguirre Maldonado, María de Jesús (PRI) Artículo 55 constitucional: 73

Aguirre Maldonado, María de Jesús (PRI) Código Penal Federal: 95 desde curul

Álvarez Monje, Fernando (PAN) Ley de Aguas Nacionales: 108

Angulo Góngora, Julián (PAN) Artículo 121 constitucional: 135

Bazán Flores, Omar (PRI) Ley de Seguridad Nacional: 95

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 101

Camarena Gómez, Consuelo (PAN) Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 126

Chavarría Salas, Raúl Rogelio (PAN) Código Penal Federal: 91

Del Conde Ugarte, Jaime (PAN) Ley Federal de Procedimiento Administrativo: 97

García Velasco, María Guadalupe (PAN) Ley del Impuesto sobre la Renta: 85

Laguette Lardizábal, María Martha Celestina Eva (PRI) Código Civil Federal: 129

Moreno Álvarez, Inelvo (PRD) Ley Federal de Turismo: 128

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares: 88

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI) Ley de Planeación: 123

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa - Código Fiscal de la Federación: 77

Scherman Leaño, María Esther de Jesús (PRI) Verificación de quórum: 96 desde curul

Triana Tena, Jorge (PAN) Ley de Aviación: 118

Vázquez García, Quintín (PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael Galván Guerrero Javier Alejandro García Corpus Teofilo Manuel García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez Hernández Aldo Mauricio Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Ortega Ramírez Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez Martha Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramos Salinas Óscar Martín Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vidaña Pérez Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 146 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 28 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 50 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Hernández Martínez Ruth Trinidad Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Jiménez Alonso Adrián Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Llera Bello Miguel Angel López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Flores Ma. del Carmen Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 109 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 15 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 21 Total diputados: 146 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Candelas Salinas Rafael Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Nahle García Arturo Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández Daniel Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Hernández Emiliano Vladimir Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Sánchez Pérez Rocío Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 54 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 26 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 16 Total diputados: 97 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Velasco Coello Manuel Velasco Rodríguez Guillermo Asistencias: 13 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 17 González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala Isidro Clouthier Carrillo Tatiana Total diputados: 3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguirre Rivero Ángel Heladio Alemán Migliolo Gonzalo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Fajardo Muñoz María Concepción Flores Rico Carlos Galván Guerrero Javier Alejandro García Ortiz José Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín Gordillo Reyes Juan Antonio Guzmán Santos José Hernández Pérez David Herrera Solís Belizario Iram Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Lomelí Rosas J. Jesús Madrazo Rojas Federico Montenegro Ibarra Gerardo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos Gustavo Murat Macías José Adolfo Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez Jesús Tolentino Rueda Sánchez Rogelio Humberto Salazar Macías Rómulo Isael Sánchez Vázquez Salvador Soriano López Isaías Tapia Palacios Paulo José Luis Vega Murillo Wintilo Villegas Arreola Alfredo Faltas por grupo: 50 Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Barrio Terrazas Francisco Javier Corrales Macías José Evaristo Flores Fuentes Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Furlong Magdalena Adriana Guzmán De Paz Rocío Landero Gutiérrez José Francisco Javier López Villarreal Manuel Ignacio Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Puelles Espina José Felipe Rangel Ávila Miguel Ángel Ríos Murrieta Homero Torres Ramos Lorena Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vega Casillas Salvador Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Faltas por grupo: 21 Alonso Raya Agustín Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Chávez Castillo César Antonio García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Tinajero Pérez Rafael González Bautista Valentín Guillén Quiroz Ana Lilia Guzmán Cruz Abdallán Luna Hernández J. Miguel Martínez Ramos Jorge Mora Ciprés Francisco Nahle García Arturo Rodríguez Fuentes Agustín Serrano Jiménez Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Faltas por grupo: 16 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Faltas por grupo: 2 CONVERGENCIA Perdomo Bueno Juan Fernando Faltas por grupo: 1 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala Isidro Faltas por grupo: 1

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APENDICE ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

Oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por acuerdo de la Mesa Directiva, me permito notificar que en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio del año 2005, el Congreso del estado de Aguascalientes a través de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo cual comunico, para que proceda en los términos del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para lo cual se anexa al presente oficio copia certificada del dictamen y decreto número 71 expedido por esa legislatura.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

1 de agosto de 2005.--- Lic. Pedro Zaragoza Galván (rúbrica) secretario general.»

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVIII Legislatura.

Dip. federal Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del dictamen No. 99 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria de la H. XVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día 21 de julio del año en curso, mediante el cual se emite voto aprobatorio relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior se remite para los efectos legales conducentes.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, BC, a 22 de julio de 2005.- Diputados: Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Presidente y Gilberto Daniel González Solís (rúbrica), secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Baja California Sur.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la Mesa Directiva y para los efectos conducentes me permito remitir a ustedes copia de los decretos números 1548, 1549 y 1550, que esta soberana aprobó el pasado 26 de julio de los corrientes y publicados en el boletín oficial del Gobierno del estado de Baja California Sur (se anexa boletín), consistente en las siguientes reformas y adiciones:

DECRETO 1548: Reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76; y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO 1549: Reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO 1550: Adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro en particular, reitero a ustedes las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

``2005, Tricentenario de la Fundación de la Heroica Mulege''

``2005, Trigésimo aniversario de la Constitución Política del estado de Baja California Sur''

La Paz, BCS, a 31 de agosto de 2005.--- Lic. Víctor Daniel Madrigal Barbosa (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- LVIII Legislatura.--- H. Congreso del estado de Campeche.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por medio del presente memorial tenemos a bien enviar la documentación correspondiente a la aprobación por este Congreso local, de la minuta proyecto de decreto para ``adicionar un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', en cumplimiento de lo establecido por el numeral 135 de la propia Constitución General de la República.

Sin otro particular, les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, Campeche, Cam., 11 de octubre del 2005.--- Dip. Enrique Celorio Pedrero (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LV Legislatura.--- 2003-2006.

CC. diputados Graciela Larios Rivas y Marcos Morales Torres, secretarios de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con relación a su oficio número DGPL59---II---5---1673 de fecha 28 de junio del presente año y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto nos permitimos enviar a usted el expediente relativo al proceso de aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior lo comunicamos para los efectos todos legales procedentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005, año de la Federación de Estudiantes Colimenses''

Colima, Col., 16 de agosto de 2005.--- Dip. Jessica Lissette Romero Contreras (rúbrica), secretaria; Dip. Fernando Antero Valle (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Durango.--- LXIII Legislatura.

Cámara de Diputados.

La honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó con esta fecha el decreto No. 148, por el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto que contiene adición de un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Adjuntándole al presente copia del decreto y dictamen.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Dgo., a 8 de septiembre de 2005.--- Dip. Rigoberto Flores Ochoa (rúbrica) secretario; Dip. Juan Quiñónez Ruiz (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Guanajuato.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, nos permitimos remitir el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la Quincuagésima Novena Legislatura constitucional del estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Gto., 18 de agosto de 2005.--- Dip. Carlos Alberto Robles Hernández (rúbrica), secretario; Dip. Carlos Ernesto Scheffler Ramos (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, comunico a ustedes que esta representación popular jalisciense aprobó mediante acuerdo legislativo número 1136/05, la minuta proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mtro. Gabriel Gallo Alvarez (rúbrica), secretario general del Congreso.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

CC. diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, se remite la minuta número 15, que contiene la minuta proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2005.--- Dip. Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Presidente; Dip. Citlalli Fernández González (rúbrica), primera secretaria; Dip. Mauricio Montoya Manzo (rúbrica), segundo secretario; Dip. Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.--- Poder Legislativo del estado de Morelos.--- XLIX Legislatura.--- 2003-2006.

CC. diputados secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, me permito remitir en copia certificada a ustedes el decreto número setecientos cuarenta y dos, expedido por este Congreso en sesión de esta misma fecha para los efectos a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Mor., a 14 de julio del 2005.--- Lic. Julio Ernesto Pérez Soria (rúbrica), secretario general de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVIII Legislatura.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Señores legisladores:

Por resolución de la Asamblea Legislativa me permito comunicarles, la aprobación del decreto por el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anterior y de conformidad al artículo segundo transitorio, del referido decreto, remito copia para los efectos previstos en el artículo 135 constitucional,

Sin otro particular reciban ustedes, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, septiembre 28 de 2005.--- Dip. Blanca Yessenia Jiménez Cedano (rúbrica), Presidenta de la Mesa Directiva.»

«Escudo.--- Estado de Nuevo León.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.

C. Lic. Alfredo del Valle Espinosa, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones del ciudadano diputado Gilberto de la Peña Salazar, Presidente del H. Congreso del estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que la LXX Legislatura aprobó, en sesión celebrada del día de hoy, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos señalados en el artículo 135 del mismo precepto constitucional.

En virtud de lo anterior, acompañamos al presente copia del acuerdo No. 252 que contiene la aprobación de la minuta señalada anteriormente.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección.''

Monterrey, NL, a 7 de septiembre del 2005.--- Dip. Daniel Torres Cantú (rúbrica), secretario; Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

C. Lic. Alfredo del Valle Espinosa, secretario de Servicios Parlamentarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Los ciudadanos diputados secretarios de la LIX Legislatura constitucional del estado, me han instruido comunicarle que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, se dio lectura a su oficio número DGPL 59-II-5-1717, en el que remite copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto se le informa que esta iniciativa, se turna para su estudio y dictamen correspondiente, a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El respeto al derecho ajeno es la paz''

``2005. Año de la Universidad Autónoma ``Benito Juárez'' de Oaxaca, Ciencia, Arte, Libertad''

Oaxaca de Juárez, Oax., 7 de julio de 2005.--- Dr. Rogelio M. Chagoya Romero (rúbrica), oficial mayor del H. Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

C. María Elena Sánchez Algarín, directora general de Proceso Legislativo de la H. Cámara de Diputados.

Por acuerdo de la LVI Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobado en sesión pública ordinaria del día de hoy, nos permitimos remitir, para su conocimiento y efectos procedentes, el dictamen con minuta de decreto respecto de la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

``Sufragio Efectivo. No Reelección''.

H. Puebla de Z., julio 14 de 2005.--- Diputados secretarios: Maricela González Juárez (rúbrica) y José Juan Espinosa Torres (rúbrica).»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.--- LIV Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión ordinaria del pleno de la Legislatura celebrada el 14 de julio de 2005, se ordenó remitir a esa Cámara el acuerdo por el que la LIV Legislatura del estado de Querétaro aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el cómputo correspondiente.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente.

Santiago de Querétaro, Qro., 27 de julio de 2005.--- LIV Legislatura del estado de Querétaro, Mesa Directiva: Dip. Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Julio César Orozco Vega (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado libre y soberano de San Luis Potosí.

CC. secretarios de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, les informamos que el día de la fecha, fue aprobada por esta Quincuagésima Séptima Legislatura la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, adjuntamos el expediente referente al proceso legislativo seguido por esta soberanía, el que contiene certificación de los siguientes documentos:

Actas de la sesión de la Diputación Permanente del 6 de julio 2005; y de las sesiones ordinarias de los días 15 y 21 de septiembre de 2005;

Dictamen de las Comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobado en la sesión ordinaria del día de la fecha; y

Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005, año del bicentenario de la imprenta en San Luis''

San Luis Potosí, SLP, 21 de septiembre de 2005.--- Dip. Galdino Martínez Méndez (rúbrica), primer secretario; Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó el día 28 de julio, la adición de un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la minuta proyecto de decreto enviada por esa H. Cámara.

Por lo que le enviamos el acuerdo de referencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán Rosales, Sin., julio 29 de 2005.--- MC José Antonio García Becerra (rúbrica), secretario general del H. Congreso del estado de Sinaloa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el decreto número 291 por el que se aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., septiembre 29 de 2005.--- Dip. Atanasio García Durán (rúbrica), Presidente; Dip. Daniel Alejandro Vázquez Cuevas (rúbrica), secretario.»

«LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

C. Senador Lic. Diego Fernández de Cevallos, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Adjunto nos permitimos remitir a usted, un ejemplar del decreto No. 130 aprobado por la H. Quincuagésima Octava Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en vía de notificación para los efectos legales correspondientes.

Nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., 21 de julio del año 2005.--- La H. LVIII Legislatura del estado: Dip. Juan Francisco Ambriz Valdez (rúbrica), secretario; Dip. Aida Alicia Lugo Dávila (rúbrica), secretaria.»

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ARTICULOS 14 Y 22 CONSTITUCIONALES

Oficios de los congresos de los estados de: Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVIII Legisaltura.

Dip. Fed. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del dictamen No. 97 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria de la H. XVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día veintiuno de julio del año en curso, mediante el cual se emite voto aprobatorio, relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y que deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior se remite para los efectos legales conducentes.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, BC, a veintidós de julio de dos mil cinco.--- Dip. Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Presidente; Dip. Gilberto Daniel González Solís (rúbrica), secretario.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- LVIII Legislatura.--- Campeche.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por medio del presente memorial tenemos a bien enviar la documentación correspondiente a la aprobación, por este Congreso local, de la minuta proyecto de decreto para ``reformar los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y derogar el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', en cumplimiento de lo establecido por el numeral 135 de la propia Constitución General de la República.

Sin otro particular, les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección''.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, Campeche, Cam., a 19 de septiembre de 2005.--- Dip. Marta Irene Novelo Lara (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LIV Legislatura.

CC. diputados Graciela Larios Rivas y Marcos Morales Torres, secretarios de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con relación a su oficio número DGPL59---II-2---1456 de fecha 23 de junio del presente año y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto nos permitimos enviar a usted el expediente relativo al proceso de aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior lo comunicamos para los efectos legales procedentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., 16 de agosto de 2005.--- Diputados: Jessica Lissette Romero Contreras (rúbrica), secretaria y Fernando Antero Valle (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Durango.--- H. LXIII Legislatura.

C. Lic. Carlos M. Abascal Carranza, secretario de Gobernación.--- Presente.

La honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó con esta fecha el decreto No. 147, por el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto que contiene reformas a los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Adjuntándole al presente copia del decreto y dictamen.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005. Año del 180 aniversario de la promulgación de la primera Constitución de Durango''

Victoria de Durango, Dgo., a 8 de septiembre de 2005.--- Dip. Rigoberto Flores Ochoa (rúbrica), secretario; Dip. Juan Quiñónez Ruiz (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Guanajuato.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, nos permitimos remitir el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la Quincuagésima Novena Legislatura constitucional del estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 en su párrafo segundo y 22 en su primer párrafo y se deroga el párrafo cuarto de éste, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Gto., 1o. de agosto de 2005.--- Dip. Carlos Alberto Robles Hernández (rúbrica), secretario; Dip. Carlos Ernesto Scheffler Ramos (rúbrica), secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, D.F.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo transitorio y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto número 584 por el que se aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión celebrada el día martes 11 de octubre del año en curso.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 12 de octubre de 2005.--- Lic. Saez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- Congreso del estado.--- Michoacán de Ocampo.

CC. diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con fundamento a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, se remite la minuta número 14, que contiene la minuta proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2005.--- Dip. Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Presidente; Dip. Citlalli Fernández González (rúbrica), primera secretaria; Dip. Mauricio Montoya Manzo (rúbrica), segundo secretario; Dip. Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica) tercer secretario.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- XLIX Legislatura. 2003-2006.

CC. diputados secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, me permito remitir en copia certificada a ustedes el decreto número setecientos cuarenta, expedido por este Congreso en sesión de esta misma fecha para los efectos a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección''

Cuernavaca, Mor., a 14 de julio del 2005.--- Lic. Julio Ernesto Pérez Soria (rúbrica), secretario general de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del estado de Nayarit.--- XXVIII Legislatura.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Señores legisladores.

Por resolución de la Asamblea Legislativa me permito comunicarles, la aprobación del decreto por el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anterior y de conformidad al artículo segundo transitorio del referido decreto, remito copia para los efectos previstos en el artículo 135 constitucional.

Sin otro particular reciban ustedes, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit. Septiembre 28 de 2005.--- Dip. Blanca Yessenia Jiménez Cedano (rúbrica), Presidenta de la Mesa Directiva.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.

C. Lic. Alfredo del Valle Espinosa, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones del C. Dip. Gilberto de la Peña Salazar, Presidente del H. Congreso del estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que la LXX Legislatura aprobó, en sesión celebrada del día de hoy, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la pena de muerte, en los términos señalados en el artículo 135 del mismo precepto constitucional.

En virtud de lo anterior, acompañamos al presente copia del acuerdo No. 251 que contiene la aprobación de la minuta señalada anteriormente.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección''.

Monterrey, NL, a 6 de septiembre de 2005.--- Dip. Daniel Torres Cantú (rúbrica), secretario; Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. diputados secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente decreto:

``Artículo Único.- Con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LIX Legislatura del Congreso del estado, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto emitida por el honorable Congreso de la Unión, por el que se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: ``Decreto que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ... ... Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ... ... Derogado. Transitorio: Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.'' Transitorio: Único.-Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Para los efectos de ley, comuníquese el presente decreto a las Cámaras de Senadores y Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como a todas las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo tendrá entendido el gobernador del estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del estado de Oaxaca de Juárez, Oax., 28 julio de 2005.- Dinorath Guadalupe Mendoza Cruz, diputada Presidenta.- Rúbrica. Graciela Cruz Arano, diputada secretaria.- Rúbrica. Marcela Merino Garcia, diputada secretaria.- Rúbrica.''

Lo que nos permitimos transcribir a usted, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de julio de 2005.--- Dip. Graciela Cruz Arano (rúbrica) secretaria, Dip. Marcela Merino García (rúbrica) secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, les informamos que el día de la fecha, fue aprobado por esta Quincuagésima Séptima Legislatura la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo; y que deroga el cuarto párrafo del artículo 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, adjuntamos el expediente relativo al proceso legislativo seguido por esta soberanía, el que contiene certificación de los siguientes documentos:

Actas de las sesiones ordinarias, de los días 30 de junio, 15 y 21 de septiembre de 2005;

Dictamen de la Comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobado en la sesión de cuenta; y

Minuta proyecto de decreto enviada por esa honorable Cámara.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005, año del bicentenario de la imprenta en San Luis''

San Luis Potosí, SLP, 21 de septiembre de 2005.--- Dip. Galdino Martínez Méndez (rúbrica), primer secretario; Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó el día veintiocho de julio, la reforma a los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y deroga un cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la minuto proyecto de decreto enviado por esa H. Cámara.

Por lo que le enviamos el acuerdo de referencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán Rosales, Sin., julio 29 de 2005.--- MC José Antonio García Becerra (rúbrica), secretario general del H. Congreso del estado de Sinaloa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo:

Único.- El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia según el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto que reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que remitiera a esta soberanía la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que en su parte conducente es como sigue:

``Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 14.-...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

...

Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

...

...

Derogado.

Artículo Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Lo que comunicamos para conocimiento y demás fines.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, 11 de octubre de 2005.--- Dip. Carlos Galindo Meza (rúbrica) secretario; Dip. Francisco Villanueva Salazar (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.

CC. diputados Secretarios del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, remito a ustedes acuerdo, aprobado en su décima sesión ordinaria pública de esta Quincuagésima Octava Legislatura, celebrada en esta fecha, por el que aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior para los efectos procedentes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección.''

``2005 año del centenario del natalicio de Miguel Nicolás Lira Álvarez''

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 1 de septiembre de 2005.--- Lic. Felipe Nava Lemus (rúbrica), secretario Parlamentario del H. Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el decreto número 289 por el que se aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., septiembre 29 de 2005.--- Dip. Anastasio García Durán (rúbrica) Presidente; Dip. Daniel Alejandro Vázquez Cuevas (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Anexo al presente encontrará dos ejemplares del Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán, de fecha 9 de septiembre del año en curso, en el que fueron publicados los decretos 616 y 617, mediante el cual el H. Congreso del estado de Yucatán aprobó en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto del mismo año, la reforma al artículo 21 y las reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Mérida, Yuc., a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Leandra Moguel Lizama (rúbrica), Presidenta de la Diputación Permanente del H. Congreso del estado; Dip. Jorge Martín Gamboa Wong (rúbrica), secretario; Dip. Eduardo Sobrino Sierra (rúbrica) vocal.»

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ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL

Oficios de los congresos de los estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y adiciona los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVIII Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del dictamen No. 98 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria de la H. XVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día veintiuno de julio del año en curso, mediante el cual se emite voto aprobatorio, relativo a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior se remite para los efectos legales conducentes.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, BC, a 22 de julio de 2005.--- Diputados: Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Presidente y Gilberto Daniel González Solís (rúbrica), secretario.

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Baja California Sur.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones de la Mesa Directiva y para los efectos conducentes, me permito remitir a ustedes copia de los decretos números 1548, 1549 y 1550, que esta soberanía aprobó el pasado 26 de julio de los corrientes y publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur (se anexa Boletín), consistente en las siguientes reformas y adiciones:

Decreto 1548: Reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76; y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto 1549: Reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto 1550: Adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro en particular, reitero a ustedes las consideraciones mas distinguidas.

Atentamente.

La Paz, BCS, a 31 de agosto de 2005.--- Lic. Víctor Daniel Madrigal Barbosa (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Campeche.--- LVIII Legislatura.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por medio del presente memorial tenemos a bien enviar la documentación correspondiente a la aprobación por este Congreso local, de la minuta proyecto de decreto para ``reformar y adicionar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', en cumplimiento de lo establecido por el numeral 135 de la Constitución General de la República.

Sin otro particular, les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo.--- Campeche, Cam., 11 de octubre de 2005.--- Dip. Enrique Celorio Pedrero (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LIV Legislatura.

CC. diputados Marcos Morales Torres y Antonio Morales de la Peña, secretarios de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con relación a su oficio número DGPL 59-II-1-1385 de fecha 28 de junio del presente año y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto nos permitimos enviar a usted el expediente relativo al proceso de aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior lo comunicamos para los efectos todos legales procedentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., 16 de agosto de 2005.--- Dip. Jessica Lissette Romero (rúbrica) secretaria; Dip. Fernando Antero Valle (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Durango.--- LXII Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- México, DF.

La honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó con esta fecha el decreto No. 150, por el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto en el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Adjuntándole al presente copia del decreto y dictamen.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Durango, Dgo., a 8 de septiembre de 2005.--- Dip. Rigoberto Flores Ochoa (rúbrica) secretario; Dip. Juan Quiñónez Ruiz (rúbrica) secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Guanajuato.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, nos permitimos remitir el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la Quincuagésima Novena Legislatura constitucional del estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorren en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Gto., 18 de agosto de 2005.--- Dip. Carlos Alberto Robles Martínez (rúbrica), secretario; Dip. Carlos Ernesto Scheffler Ramos (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, comunico a ustedes que esta representación popular jalisciense aprobó mediante acuerdo legislativo número 1137/05, la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución General de la República.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005, año del adulto mayor en Jalisco''

Guadalajara, Jal., septiembre 5 de 2005.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario general del Congreso.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

CC. diputado integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, se remite la minuta número 16, que contiene la minuta proyecto de decreto, por la que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto y recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán a 25 de agosto de 2005.--- Dip. Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Presidente; Dip. Citlalli Fernández González (rúbrica), primera secretaria; Dip. Mauricio Montoya Manzo (rúbrica), segundo secretario; Dip. Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVIII Legislatura.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por resolución de la Asamblea legislativa me permito comunicarles, la aprobación del decreto por el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el párrafo cuarto y la adición de los párrafos quinto y sexto recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de redefinir los sistemas de justicia que se aplican a los menores infractores.

En virtud de lo anterior, remito copia simple para los efectos previstos en el artículo 135 constitucional.

Sin otro particular reciban ustedes, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección''.

Tepic, Nayarit, octubre 10 de 2005.--- Lic. Manuel Salinas Solís (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.

CC. diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente decreto:

``Artículo Unico.--- Con fundamento en e1 artículo 135 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, la LIX Legislatura del Congreso del estado, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto emitida por el honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: ``Decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 18. La Federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de su respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidas. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo 1a protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Transitorios: Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Los estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto.'' Transitorio: Único. Publíquese e1 presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos de ley. Comuníquese el presente decreto a las honorables Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como a todas las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del estado. Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de julio de 2005.--- Diputados: Dinorath Guadalupe Mendoza Cruz (rúbrica), Presidenta; Héctor César Sánchez Aguilar (rúbrica), secretario y Marcela Merino García (rúbrica) secretaria.''

Lo que nos permitimos transcribir a usted, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El respeto al derecho ajeno es la paz''

Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de julio de 2005.--- Diputados: Héctor César Sánchez Aguilar (rúbrica), secretario y Marcela Merino García (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

C. María Elena Sánchez Algarín, directora general de Proceso Legislativo de la H. Cámara de Diputados.--- México, DF.

Por acuerdo de la LVI Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobado en sesión pública ordinaria del día de hoy, nos permitimos remitir, para su conocimiento y efectos procedentes, el dictamen con minuta de decreto respecto de la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y adiciona los párrafos quinto y sexto recorriéndose en ese orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

H. Puebla de Z., julio 14 de 2005.- Diputados secretarios: Maricela González Juárez (rúbrica) y José Juan Espinosa Torres (rúbrica).»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.--- LIV Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión ordinaria del pleno de la legislatura celebrada el 14 de julio de 2005, se ordenó remitir a esa Cámara el acuerdo por el que la LIV Legislatura del estado de Querétaro aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el cómputo correspondiente.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente.

Santiago de Querétaro, Qro., 27 de julio de 2005.--- LIV Legislatura del estado de Querétaro.--- Mesa Directiva; Dip. Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Julio César Orozco Vega (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, les informamos que el día de la fecha, fue aprobada por esta Quincuagésima Séptima Legislatura la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto; y adiciona los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, adjuntamos el expediente referente al proceso legislativo seguido por esta soberanía, el que contiene certificación de los siguientes documentos:

Actas de la sesión de la Diputación Permanente del 6 de julio de 2005; y de la sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2005;

Dictamen de la Comisiones de Justicia, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobado en la sesión ordinaria del día de la fecha; y

Minuta proyecto de decreto enviada por esa honorable Cámara.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005, año del bicentenario de la imprenta en San Luis''

San Luis Potosí, SLP, a 4 de septiembre de 2005.--- Dip. Galdino Martínez Méndez (rúbrica), primer secretario; Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó el día 28 de julio, la reforma y adición al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la minuta proyecto de decreto enviado por esa H. Cámara.

Por lo que le enviamos el acuerdo de referencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán Rosales, Sin., julio 29 de 2005.--- MC José Antonio García Becerra (rúbrica), secretario general del H. Congreso del estado de Sinaloa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.--- Secretaría.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo:

Único.--- El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que remitiera a esta soberanía la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

``2005, año de la niñez con discapacidad''

Hermosillo, Son., 4 de noviembre de 2005.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.

CC. diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, remito a ustedes acuerdo expedido por esta soberanía, en sesión ordinaria pública, celebrada el día 18 del mes en curso, por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Tlaxcala, aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior para los efectos procedentes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección''

``2005 año del centenario del natalicio de Miguel Nicolás Lira Alvarez''

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 19 de octubre de 2005.--- Lic. Felipe Nava Lemus (rúbrica), secretario Parlamentario del H. Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el decreto número 290 por el que se aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., septiembre 29 de 2005.--- Dip. Atanasio García Durán (rúbrica), Presidente; Dip. Daniel Alejandro Vázquez Cuevas (rúbrica), secretario.»