DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 10 de novimbre 2005	Sesión No. 23

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con todo gusto, señor Presidente: se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 381 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 11:41 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de noviembre de 2005.

Acta de la sesión solemne.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Álvaro Elías Loredo.

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos defina una estrategia y realice las acciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad personal de los candidatos a Presidente de la República, de los distintos partidos políticos. (Votación)

Por el que el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se integra a la delegación mexicana que representará esta Cámara en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005 en Monterrey, Nuevo León. (Votación)

Por el que se prorroga la vigencia de la Comisión de Investigación en relación con las políticas implementadas para la determinación de los precios del petróleo. (Votación)

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:

Por el que se establecen las reglas para la discusión, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. (Votación)

Del Gobierno del Distrito Federal

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o., numeral 6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, remite información relativa a la evolución de los ingresos y egresos del endeudamiento neto del mes de septiembre de 2005 del Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite informe del tercer trimestre de 2005 sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto. (Turno a Comisión)

De la Comisión Reguladora de Energía

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Ocho oficios, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, así como el acuerdo en que manifiesta su anuencia para que, con el acuerdo de la Cámara de Diputados, esta última remita al Ejecutivo de la Unión el decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, únicamente en la parte que ha sido aprobada por ambas Cámaras, para los efectos constitucionales. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se considere el incremento de los recursos asignados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se otorguen suficientes recursos presupuestales al Instituto Mexicano del Petróleo. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que se designe por lo menos 10% de los 80 mil millones de pesos del Presupuesto suspendido en 2005 debido a la controversia constitucional 109/2004 y sea canalizado como apoyo a los damnificados del sureste mexicano. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se considere la cantidad de mil millones de pesos para el subsidio de diesel marino y con ello se apoye de manera más efectiva el sector pesquero nacional. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se considere en el Ramo 36 la programación de 1,863 millones de pesos para el rubro de aportaciones a las entidades federativas. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se considere un aumento significativo al presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se destinen recursos a una partida especial para la contribución de México a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se incluya una partida de 1 millón 500 mil pesos para la elaboración del Plan de Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Ayuquila-Armería, localizada en los estados de Jalisco y Colima, presentada por el senador Salvador Becerra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se incorporen las propuestas de la Comisión de Equidad y Género para que se garanticen los recursos necesarios para atender los problemas fundamentales de las mujeres en nuestro país, presentada por la senadora Araceli Escalante Jasso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se destinen los recursos necesarios a fin de que el monto del apoyo que otorga el Gobierno Federal a las personas adultas mayores en pobreza extrema sea equivalente al que se otorga a las entidades federativas, presentada por la senadora Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se destinen los recursos necesarios a fin de dotar de infraestructura médica al hospital Doctor Norberto Treviño Zapata, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, presentada por la senadora Lydia Madero García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya a la Auditoría Superior de la Federación a fin de llevar a cabo una auditoría integral, por situación de excepción, de los recursos ejercidos del Fondo Nacional de Desastres Naturales durante 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, por los tres órdenes de gobierno. (Turno a Comisión)

Con el que remite comunicación del Congreso de San Luis Potosí para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se considere una partida económica para incluir en el catálogo de servicios esenciales de salud del Seguro Popular las diversas enfermedades. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo para que se dictamine la minuta por la que se reforman los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud para que se dictamine la minuta proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma la fracción X del artículo 7o. y adiciona dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que declara 2006 como Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador Eduardo Granero Bárcenas para aceptar y usar la medalla ``Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, así como la condecoración Estrella de Carabobo y la medalla Teniente Carlos Meyer, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Álvarez, Miguel Ángel Solares Escalante, Claudia Glenda Hernández Nava y Alejandro Machorro García para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Yolanda Valladares Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Programa del Partido Liberal Mexicano'', a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Orlando Pérez Moguel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de Vivienda, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona dos fracciones al artículo 70 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación, para promover la salud mental, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4, 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 420 del Código Penal Federal, y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo, Adriana González Furlong y Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro civil, alimentos y violencia familiar, cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 79 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acumulación de penas, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el inciso d) del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de actualizar la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción III al artículo 64 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de publicidad institucional, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de Asistencia Social; de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; del Instituto Mexicano de la Juventud; del Instituto Nacional de las Mujeres; General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y General de Educación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga el párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Benito Chávez Montenegro y Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

De Ley para Regular el Cabildeo y Gestión de Causas, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución de Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en lo que se refiere a delitos contra los adultos mayores, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley General de Salud, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de mejorar las condiciones de los pensionados y jubilados, a cargo de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jacobo Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento de un convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las secretarías de educación de las entidades federativas, establezcan de manera coordinada las acciones necesarias que posibiliten a los connacionales, que por efecto del huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio, a cargo de la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, estudie la factibilidad de habilitar módulos en los muelles para la venta de permisos individuales de pesca deportiva-recreativa, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, prohíban la comercialización, distribución y venta de la formula láctea infantil Enfamil, que produce el laboratorio Bristol Mayers Squibb, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Salud, a establecer una Norma Oficial Mexicana que determine el límite máximo permisible de ácido sulfhídrico (H---2S) en el medio ambiente, producido por la extracción de vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, formular y expedir, o en su caso actualizar las normas oficiales mexicanas, necesarias para garantizar las condiciones y características de habitabilidad, calidad y seguridad para los diferentes tipos de viviendas y de sus etapas de construcción, así como vigilar el estricto cumplimiento de las mismas, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla, informe sobre el destino final de los recursos e insumos recibidos del Fonden para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias del pasado 30 de agosto en las Sierras Norte, Nororiental y la Sierra Negra del estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, a ejercer los recursos de la partida del Ramo 33 aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, para hacer efectivo el socorro de ley a las entidades federativas que tengan en sus centros penitenciarios internos del fuero federal, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a seguir fomentando la participación ciudadana, a cargo del diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos se dirijan con respeto y dignidad en sus campañas políticas, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales de las entidades federativas de la República Mexicana, para que en sus Presupuestos de Egresos para el año fiscal 2006, aprueben un mayor presupuesto para los programas pesqueros, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, tome las medidas necesarias para reabrir el caso de la Isla de la Pasión o Isla de Clipperton, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, redoble esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, agilice la asignación de los recursos del Ramo 33, relativos al Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, especialmente al municipio de San Nicolás de los Garza, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador y al Secretario de Seguridad Publica del estado de Nuevo León, expliquen el incremento de la violencia y el presunto involucramiento de jefes policíacos en los recientes acontecimientos de secuestro y delincuencia organizada en la entidad, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Semarnat, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomen las medidas necesarias para la próxima temporada de caza, por el riesgo que implica el contagio de la gripe aviar, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la jefa delegacional en Tláhuac, intercedan a favor de la Escuela Primaria Narciso Reyes Galicia, evitando que siga siendo afectada en sus instalaciones, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del SAE, donar al Municipio de Pénjamo o bien al Gobierno del Estado de Guanajuato, los restos de las bodegas y terreno ubicado en la exhacienda de Corralejo, de la estación ferrocarrilera Corralejo II, del Municipio de Pénjamo Guanajuato, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos destinados a diferentes obras de infraestructura carretera, de salud y educativa, y al saneamiento de la cuenca Zahuapan-Atoyac, Tlaxcala, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vivienda integre una subcomisión que analice y cuantifique las diferentes dimensiones del déficit de vivienda en México y emprenda un estudio sobre los mecanismos legales que permitan establecer como Política de Estado un Programa de Vivienda que permita el otorgamiento anual de al menos 500, 000 viviendas para familias de escasos recursos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social integre una subcomisión que analice los mecanismos a través de los cuáles se puede incorporar a la Legislación Laboral, el derecho de los trabajadores a vales de transporte y se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida especial al establecimiento del Programa ``Vales de Transporte'', a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol considere un Programa Especial que garantice ``Alimentos para todos'', a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la reducción en un 50% del sueldo del Presidente de la República y hacer efectiva la restricción de ley que ningún funcionario de la Administración Pública Federal reciba una percepción mayor a la del Presidente de la República, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida especial para iniciar en el país el Programa Albergues escuela para niñas y niños pobres que garantice los derechos de educación y alimentación, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a los Congresos Locales, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y en los presupuestos locales de las entidades federativas, se excluya el pago de servicios médicos particulares a legisladores federales y locales, canalizando los recursos obtenidos al ISSSTE, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Ejecutivo federal y a los Presidentes Municipales del país, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y en los respectivos presupuestos municipales, se excluya el pago de servicios médicos particulares a Funcionarios Públicos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP, detenga el cobro de ``cuotas voluntarias'' en todas las escuelas primarias y secundarias del país e imponga sanciones administrativas a los Directores de las escuelas que incurran en esta práctica, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cancele la partida destinada al pago de las pensiones que reciben los ex presidentes, los ex titulares de la banca de desarrollo y ex directivos de organismos públicos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las comisiones de Gobernación, de Justicia y Derechos Humanos, de Participación Ciudadana y de Puntos Constitucionales, integren una Subcomisión que se encargue de llevar a cabo un estudio para proponer a esta Soberanía, un mecanismo que permita una reforma constitucional que instaure las figuras de Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, estatal y municipal y a las delegaciones políticas del Distrito Federal, impulsen el programa ``Ciudadano vigilante'' que permita la fiscalización social de la Administración Pública, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, emprenda acciones contundentes contra la explotación indiscriminada de bosques del país e implemente a la brevedad la siembra y reforestación de los mismos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a su gabinete a elaborar una estrategia nacional del agua que defina una política integral para su cuidado y uso racional, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa implemente políticas públicas que conviertan el campo mexicano en una gran fuente generadora de riqueza y mejore los niveles de vida de las y los campesinos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, fomente y garantice apoyo al sector pesquero y acuícola del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, establezca un acuerdo con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América, a efecto de no aplicar la libre importación de maíz y fríjol a partir del año 2008, como lo establece el TLCAN, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el problema de los ex braceros, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos federales y estatales, implementen e instalen los equipos técnicos necesarios para inhibir las señales de telefonía celular en el interior de los centros de readaptación social que se encuentren sujetos a su administración, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados manifieste su respaldo y solidaridad a las familias afectadas por las recientes lluvias y solicite respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal instrumente medidas inmediatas y apoye económicamente al Gobierno de Michoacán para resolver la problemática de todos aquellos que se vieron afectados, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Estatales Electorales, a seguir fomentando la participación Infantil, suscrita por las diputadas Angélica Ramírez Luna, Adriana González Furlong y María del Rocío Jaspeado Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Secretario de Salud del gobierno federal, informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de la propia Secretaría, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT informe sobre las acciones realizadas o proyectadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales, que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general evitando medidas represivas innecesarias, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República, actualizar el decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria, a cargo de la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al ejido San Rafael, municipio de Contepec, Michoacán, a cargo del diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, implemente acciones conducentes para acelerar el proceso de reconstrucción en todos los sectores del estado de Chiapas, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad, actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios del Estado de Michoacán, con el objeto de reclasificar la tarifa de consumo aplicada a ellos, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se difunda y publicite el reconocimiento de la matrícula consular como identificación oficial, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruir de inmediato la ejecución de la obra Carretera Libre a Zapotlanejo, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a no disminuir el Arancel de las Importaciones de Productos de Acero, a cargo del diputado Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se considere una reducción en los impuestos a los combustibles para automotores que adquieran los transportistas en el próximo ejercicio fiscal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al Gobierno Federal y al Gobierno y Municipios del Estado de Michoacán, para frenar la ola de violencia que impera en ese Estado, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico la ``Parota'' en el Estado de Guerrero, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP, devolver el ISR indebidamente retenido en el pago de pensiones al personal del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que fue víctima del desvío del fondo constituido para su retiro, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se suspenda de forma definitiva la construcción de las regasificadoras en la zona del noroeste de la República Mexicana, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, investigue el acuerdo que firmó el Gobierno Federal, por el que cede a la empresa Estadounidense Kansas City Southern, un paquete accionario del 20 por ciento de la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que a través del INEA, instrumente un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo, en donde pueda convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de este programa, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Director de Petróleos Mexicanos, a erogar los recursos del Programa de Seguridad Industrial y Mantenimiento de Infraestructura, a las instalaciones de la paraestatal en los estados del Golfo de México, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa otorgue recursos extraordinarios a los productores de manzana, a fin de resarcir las pérdidas que por granizada sufrieron los municipios de Guerrero, Bachiniva, Cuauhtémoc, Rubio, La Junta y Basuchil del Estado de Chihuahua, a cargo del diputado Jorge Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de los Derechos de Autor, realicen una investigación y, en su caso, soliciten una auditoría sobre la recaudación, administración y rendición de cuentas de los recursos que maneja la Sociedad de Autores y Compositores de México, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se envía un atento exhorto al Congreso de Estados Unidos de América, para que por su conducto le haga llegar al gobierno del Presidente George W. Bush algunas consideraciones, respecto a la oferta hecha por el gobierno de Cuba para proporcionar apoyo médico a los ciudadanos damnificados por los huracanes Katrina y Rita, en la ciudad de Nueva Orleans y zonas aledañas, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Programa del Seguro Popular a los Infantes y Adolescentes de la República Mexicana que padecen de Cáncer en sus diferentes características, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para combatir las importaciones irregulares por contrabando y triangulaciones de chile seco, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat para que rinda un informe acerca de la política que el Gobierno Federal asume respecto a la construcción del proyecto Chevron Texaco en las islas Coronado, Baja California, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Secretario de Energía y al titular de la Comisión Reguladora de Energía, para que suspendan de inmediato la firma de contratos pendientes, la celebración de nuevas licitaciones y el otorgamiento de cualquier permiso adicional a los ya otorgados bajo la figura de productor independiente de energía eléctrica y de manera gradual se vayan liquidando los contratos hechos por el Gobierno Federal y los productores independientes, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, adoptar las medidas necesarias para facilitar el traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras a un reclusorio del Distrito Federal, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a suspender los efectos de cualquier permiso otorgado relacionado con explosivos, en tanto no exista claridad en torno al resto de las regulaciones necesarias que debe de cumplir una explotación de este tipo y sobre todo, mientras no se llegue a un proceso de concertación entre los pobladores que permita evitar un conflicto social y jurídico, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, canalizar recursos necesarios al estado de San Luis Potosí, para la implementación de Programas Preventivos de la Lucha contra el Dengue, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, a la SRE, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país, suscribir en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la ratificación a la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, recuperar el mural ``Fraternidad'', del pintor mexicano Rufino Tamayo, que se encuentra en el edificio central de la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía manifiesta sus condolencias a la familia del Lic. Rogelio Zarazúa Ortega, asesinado el pasado 16 de septiembre, en Morelia, Michoacán. Asimismo se exhorta al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de discusión sobre el marco conceptual y las estrategias que sustentan la lucha del Estado Mexicano contra la delincuencia organizada en particular el narcotráfico, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, para establecer los rubros sobre los cuales se realizará una inversión destinada al control interno y vigilancia de Centros Penitenciarios, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, evalúe si los beneficios del Programa Oportunidades son compatibles y complementarios con el programa Liconsa, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, modifique el acuerdo sobre la elaboración del Orden del Día de las Sesiones, Discusiones de los Dictámenes y Operación del Sistema Electrónico de Votación, con el objeto de agotar todos los apartados establecidos en el orden del día, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta Soberanía se sume a la iniciativa de diversos ciudadanos de todo el país que solicitan que la medalla Belisario Domínguez 2005, sea otorgada post mórtem al periodista Francisco Huerta, fallecido el pasado 27 de enero del presente año, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la PGJDF agilice la investigación de los hechos denunciados en el caso de la C. Nadia Ernestina Zepeda Molina y finquen responsabilidades en contra de los funcionarios que incurrieron en violaciones y se repare el daño adecuadamente, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a la ciudadanía que la reforma energética, no está aún en esta Soberanía; además aclare que los integrantes de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados no han detenido y/o rechazado dicha reforma, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, publicar los planes y programas, así como los resultados y grado de avance que presenta la problemática de deterioro ecológico de la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y a la SEP, entablar una mesa de diálogo con los egresados normalistas de dicha entidad, suscrita por los diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del IMSS, a establecer con carácter de urgente, mesas de diálogo con los productores agropecuarios de cada una de las regiones productivas del país, a fin de que se analicen a fondo las reformas recientes a la Ley de dicho Instituto, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, cancele la concesión otorgada a la Empresa Genesee & Wyoming para operar el Tren Chiapas-Mayab en el Estado de Chiapas, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el permiso a los trabajos de explotación de la Minera San Javier en el Cerro de San Pedro, Pueblo del Siglo XVI, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, privilegien el diálogo y la conciliación para reanudar las obras de construcción de la Carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP active el Sistema Escalafonario de los Profesores transferidos que laboran en Escuelas consideradas tradicionalmente del Sistema Estatal en la entidad de Tlaxcala, a cargo del diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, para que analicen, dictaminen y en su caso resuelvan a favor del equilibrio ecológico y las reservas de agua en el Municipio de Jiquipilco, Estado de México, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la LIX Legislatura, aporten el equivalente a un día de salario neto para beneficiar a los damnificados de los municipios de Huixtla, Mapastepec, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla, Villacomaltitlán, Mazatan y Acacoyagua del Estado de Chiapas, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, y a la Secretaría de Administración y de Finanzas, se abstengan de invitar a participar al C. Susumo Azano Moritani y/o a la empresa denominada Diseños e Impresos de Seguridad, SA de CV, en las licitaciones públicas o concursos para la elaboración de matriculas metálicas vehiculares, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a todo el proceso de selección del Servicio Profesional de Carrera y se constituya una subcomisión de legisladores para realizar una visita de inspección al área responsable de ejecutar dicho servicio en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que integre en los libros de texto gratuitos la parte relativa a educación cívica, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT, haga público el grado de avance físico y el ejercicio de los recursos presupuestados para este año, a través del proyecto de prestación de servicios para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos en el Estado de Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Veracruz, legislar sobre el tema de participación ciudadana, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a los Institutos Estatales Electorales, implementen programas y proyectos para la población juvenil, enfocados a incrementar la participación ciudadana en las elecciones, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que el Servicio Nacional de Registro Agropecuario se apegue a la aplicación precisa de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, emita el decreto que exente a las Pyme del pago de Impuesto al Activo del ejercicio fiscal 2005, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LXII Legislatura del estado de Chiapas, elabore las adecuaciones correspondientes en su Constitución Estatal, respecto de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 1999, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SHCP aplique la tarifa 1-F para el suministro y venta de energía eléctrica en los municipios de Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa adicione a las reglas de operación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, un texto en apoyo a los particulares dedicados a la crianza de ganado bovino, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Gobernación, suspenda el otorgamiento de toda autorización que permita el inicio de operaciones de los permisos ya otorgados para Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números, hasta en tanto no se resuelva la Controversia Constitucional 97/2004, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales para que recomienden a las universidades e instituciones de educación superior integren en sus planes de estudio el tema de educación cívica, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Finanzas libere la asignación de los recursos financieros para el cumplimiento séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los desastres ocasionados por las lluvias en los estados de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar y deslindar responsabilidades respecto a la violación a la Ley Federal para Prevenir y evitar la Discriminación, a cargo del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de los Estados, realicen el trámite Constitucional de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial y a la Secretaría de Turismo, realicen el Plan Maestro, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Baja California, para que dentro de sus facultades, pueda homologar su Código Civil al de otras entidades federativas en materia de derecho familiar, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal, a depositar ante la ONU el instrumento de ratificación del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los gobiernos de los estados con comunidades en estado de desastre y a la Profeco, a implementar acciones para evitar y castigar las prácticas de comercio abusivas en dichas zonas de desastre y las zonas cercanas a ellas, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al Gobierno del Distrito Federal, a dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, redoble esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ, al Tribunal Superior de Justicia y a la SSP del estado de Baja California, investiguen a fondo el homicidio de Paulina Baeza Sauceda, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de que reconsidere el monto económico impuesto por concepto de compensación ambiental en el cambio de uso de suelo de terrenos forestales de zonas áridas del Estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del ISSSTE, abstenerse de retener el pago de pensiones a jubilados y pensionados que no hayan presentado la CURP, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al IMSS, conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la Sagarpa y la Ssa, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Segob, y al Instituto Nacional de Migración, informen sobre las condiciones de operación de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, a cargo de la diputada Regina Vázquez Saut, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, reconsidere su postura frente al apoyo económico que ofreció el Gobierno Español a los países Centroamericanos afectados por la tormenta Stan, a cargo del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, efectúe las auditorias necesarias al Sistema Metrobús del Gobierno del Distrito Federal y a los funcionarios responsables de dichos sistemas, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Plural de diputados que realice una Auditoria Técnica Jurídica y Administrativa a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión de Presupuesto de esta Soberanía, participen en las acciones de prevención de la pandemia de gripe producida por el virus de la influenza aviar, suscrito por los diputados Emilio Serrano Jiménez, Rafael García Tinajero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Pablo Anaya Rivera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Guillermo Velasco Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, ejerza un mayor presupuesto en la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, suscrito por los diputados Eliana García Laguna, Juan José García Ochoa y Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, programe y ejecute la repavimentación de 45 kilómetros de carretera con destino a la Bocana, municipio de Mulegé, Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta Soberanía, contemple en el Proyecto de Ley de Ingresos 2006, la participación de los municipios en los Ingresos Provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentren en sus jurisdicciones, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, intervenga en el conflicto entre la Cooperativa de refrescos Pascual y los dueños de dos predios que ocupa ésta; asimismo se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, destine una partida para apoyar a estos cooperativistas en el pago de los predios, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP y al director de la Conade, impulsen la creación de una coordinación encargada de vigilar el fomento a la Educación y Cultura Física en las escuelas de educación básica, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía se pronuncia a favor del fortalecimiento de la ONU en conmemoración de su Sexagésimo Aniversario, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Blanca Gámez Gutiérrez y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que los integrantes de la Comisión Especial del Café hacen un exhorto al Ejecutivo federal, para que aplique los excedentes del Programa ``Fondo de la Cafeticultura'' del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, a las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos de los últimos días, a cargo del diputado Jorge B. Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, vigilen que los concesionarios de telefonía celular realicen y mantengan actualizada una base de datos de los usuarios de telefonía celular de prepago, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite la gestión financiera del 2004 de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, programen los celulares desde fábrica para que aparezca el cronómetro en minutos y segundos de las llamadas realizadas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emitan la regulación correspondiente para evitar el cobro de tarifa por redondeo, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instalación de una base terminal del monitoreo de la Mesa Central de Servicios del Programa Enciclomedia, a la cual tenga acceso directo la Cámara de Diputados, así como la Auditoria Superior de la Federación, a cargo del diputado José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que de celeridad al proceso de Declaratoria de zona federal de monumentos arqueológicos del Cerro de la Estrella, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Salud, de Gobernación y de Economía, así como a los gobiernos de las entidades federativas, intensifiquen las labores de inspección y vigilancia de los establecimientos y personas que realizan tratamientos y cirugías de carácter estéticos, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos adicionales para la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en sus respectivas leyes penales contemplen como delitos las conductas relativas al abandono de personas, o en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades locales de las entidades federativas afectadas por los huracanes Stan y Wilma, apliquen programas de empleo temporal y de becas para desempleados en apoyo a trabajadores eventuales y de la economía informal y adopten medidas para apoyar la planta productiva de las zonas afectadas para detener los despidos masivos que están sufriendo estos trabajadores, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 destinado al IFAI, a efecto de que pueda cumplir debidamente con las funciones que tiene asignadas, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Gobierno de Nuevo León, deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos y exhortar al Trife, analice el juicio de revisión constitucional presentado en contra del Congreso Local por la designación de magistrados electorales, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, actualice los libros de texto gratuitos a efecto de que se incluyan contenidos relacionados con las necesidades especiales y su prevención, en beneficio de las niñas y niños con necesidades especiales, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía expresa su beneplácito por el depósito ante la ONU del Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida especial para emprender el Programa Hospitales de Especialidades en todo el país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 destinado al INEA, a efecto de que se abata el rezago educativo en alfabetización y educación básica, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos destinados a apoyar la importante labor que realizan los Sistemas DIF Municipales, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exenta a las Pyme del pago del Impuesto al Activo del ejercicio fiscal 2005, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE, actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios del estado de Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que el remanente de los recursos provenientes del IFE destinados a financiar el voto de los mexicanos en el extranjero, se destine al Conacyt y proponer que se mantengan las multas del IFE etiquetadas para el ramo 38, suscrito por los diputados Luis Maldonado Venegas y Julio César Córdova Martínez del grupo parlamentario de Convergencia y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en el rubro de Educación, el remozamiento y equipamiento de la Escuela Secundaría Técnica número 8 de Yucalpetén, municipio de Progreso, Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos para la protección y debida atención de las niñas y los niños migrantes repatriados, así como para la creación de un albergue del DIF exclusivo para las niñas, niños y adolescentes de Ojinaga, Chihuahua, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE, actualice los registros de temperaturas medias mensuales de Parácuaro, Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se etiqueten los recursos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que aporten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a los fondos sectoriales del Conacyt, suscrito por los diputados Luis Maldonado Venegas y Julio César Córdova Martínez del grupo parlamentario de Convergencia y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida a fin de proporcionar un estímulo fiscal a los productores de agave tequilana weber azul, a cargo del diputado Benito Chávez Montenegro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos que garanticen la conclusión de la carretera Mazatlán-Durango, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a esta Soberanía, rinda un homenaje al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, a cargo del diputado Emiliano V. Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se destine una porción de los subsidios del ramo general 39, para los fondos mixtos en materia de ciencia y tecnología, suscrito por los diputados Luis Maldonado Venegas y Julio César Córdova Martínez del grupo parlamentario de Convergencia y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida destinada a servicios de agua potable y saneamiento en diferentes comunidades del estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos para continuar con la construcción de la presa Picacho en Sinaloa, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades Federal, Estatal y Municipal, determinen el monto y destino de los recursos que serán ejercidos en la reconstrucción de Quintana Roo, afectado por el huracán Wilma, a cargo del diputado Emiliano V. Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos económicos para fortalecer la operatividad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a cargo de la diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta Soberanía acuerde en sesión solemne un reconocimiento al esfuerzo de la Universidad Pública y en lo particular a la UNAM, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de las diferentes Secretarías involucradas, implementen correctamente el Programa Paisano, a cargo del diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, un incremento al Presupuesto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la diputada Graciela Larios Rivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a esta Soberanía mantener en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la misma cantidad asignada en el Presupuesto de 2005 al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos para la construcción de un segundo piso en el tramo que va de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera y autopista a Puebla, entre límites del DF y el estado de México, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos para la culminación del libramiento inconcluso en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, recursos para la construcción de libramientos en los municipios de San Martín Texmelucan, San Miguel Huejotzingo, Xicotepec de Juárez, Teziutlán y el municipio de Puebla, en el estado de Puebla, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en las partidas correspondientes al Estado de Puebla, la inclusión de tres obras para la construcción de puentes en el municipio de Puebla, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a la SCT y a la SHCP, a fin de que asignen a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos recursos para iniciar los trabajos de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, a cargo del diputado Jorge B. Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida especial para la continuación del pago de compensación económica a los ex trabajadores migratorios mexicanos a través del fideicomiso creado ex profeso el 25 de mayo de 2005, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión solemne...

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado.El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente: con todo respeto, y como en el orden del día no está incluido el análisis del viaje del Presidente de la República a nuestros hermanos países de Latinoamérica donde fue a degradar la política exterior de México, pido a usted con todo respeto que se incluya este punto en el orden del día para que sea motivo de debate.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se toma nota de su planteamiento y, en su caso, se pide a los grupos parlamentarios que hagan una propuesta al respecto que, con mucho gusto, recogerá la Mesa Directiva.

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ACTA DE LA SESION SOLEMNE ANTERIOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Continúe la Secretaría. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión solemne, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión solemne de la Cámara de Diputados del congreso de la Unión, celebrada el viernes cuatro de noviembre de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cuarenta diputadas y diputados, a las diez horas con veintiún minutos del viernes cuatro de noviembre de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la Sesión Solemne.

El Presidente designa una comisión para recibir e introducir al Recinto al cuerpo técnico e integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol Sub diecisiete.

Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la lista de invitados especiales a la presente Sesión Solemne.

A las diez horas con veintinueve minutos el Presidente declara un

RECESO

A las diez horas con treinta y cinco minutos se reanuda la sesión.

La Secretaría da lectura al acuerdo relativo a la realización de la presente Sesión Solemne y acto seguido el Presidente impone las medallas y entrega los reconocimientos correspondientes a jugadores y cuerpo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub -- diecisiete. A nombre de los ausentes, los recibe el ciudadano Decio de María Serrano, Secretario General de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación.

Se concede la palabra a los diputados: Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña; y José Manuel Carrillo Rubio, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.

Habla el seleccionado nacional César Osvaldo Villaluz Martínez y el ciudadano Jesús Ramírez Ruvalcaba, Director Técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub diecisiete, Campeona Mundial de la especialidad.

El Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Heliodoro Díaz Escárraga, dirige un mensaje.

Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional Mexicano.

El Presidente agradece la asistencia de los invitados especiales y solicita a la comisión designada acompañar a los integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol Sub diecisiete cuando deseen retirarse del salón.

A las once horas con trece minutos, el Presidente levanta la Sesión Solemne y solicita a los diputados permanecer en sus lugares para dar inicio a la sesión ordinaria.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes cuatro de noviembre de dos mil cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos noventa y seis diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cuatro minutos del viernes cuatro de noviembre dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Guerrero, con acuerdo por el que solicita mayores recursos financieros para enfrentar los problemas del sector educativo de esa entidad federativa. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Hidalgo, con acuerdo por el que se manifiesta por la actualización del marco jurídico reglamentario de los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la Ley de Imprenta. Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

México, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se considere una partida especial para la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes Stan y Wilma. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Quintana Roo, con acuerdo por el que solicita que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas, que se dé en forma desmedida, irracional e ilegal, sean considerados como delito grave en el Código Penal Federal. Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes proyectos de acuerdo:

Para exhortar al Delegado Fiduciario Especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a que se desista del amparo interpuesto en contra de la aplicación de diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del presupuesto del ejercicio fiscal de dos mil seis del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, financiada con disponibilidades financieras, afectando las reservas del Fondo de la Vivienda de ese Instituto previstas para el efecto, para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por dicho Fondo. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para incluir al estado de Nuevo León en el acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere recursos para los estados afectados por los huracanes Stan y Wilma. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar al Ejecutivo Federal a que reasigne recursos suficientes para los programas de empleo temporal y desarrollo rural aplicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en diversas entidades federativas. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

A las once horas con cuarenta y siete minutos la Secretaría informa del registro de trescientos noventa y ocho diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción de diecinueve votos aprobatorios de la minuta de referencia. El Presidente da lectura al proyecto de declaratoria respectivo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Oficios de los congresos de los estados de: Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos catorce y veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción de dieciocho votos aprobatorios de la minuta de referencia. El Presidente da lectura al proyecto de declaratoria respectivo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Oficios de los congresos de los estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y adiciona los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo dieciocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción de diecisiete votos aprobatorios de la minuta de referencia. El Presidente da lectura al proyecto de declaratoria respectivo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de dos mil cinco; de los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre del presente año; de la recaudación federal participable así como del pago de las mismas, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro; sobre la metodología utilizada para el pago de los excedentes petroleros, el volumen de la producción y el precio promedio a que hace referencia el artículo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación; de los conceptos que integran la intermediación financiera, así como de la relativa a las instituciones de Banca de Desarrollo y la Financiera Rural. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones respectivas, para su conocimiento.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se consideren recursos suficientes para diversos ramos, de los diputados:

Roger David Alcocer García, del Partido Revolucionario Institucional, para el mejoramiento y ampliación de la red de caminos rurales y alimentadores del estado de Yucatán.

Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, para la construcción del relleno sanitario intermunicipal, en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla.

Israel Raymundo Gallardo Sevilla, del Partido Acción Nacional, para la educación superior.

María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, para el fortalecimiento académico e institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, para la construcción del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de San Luis Potosí.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo once de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y diversos artículos del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

María Guadalupe García Velasco, del Partido Acción Nacional, que adiciona diversas disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia ambiental. Se turna a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo tercero de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cuarenta y nueve del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo trescientos sesenta y seis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Gobernación. Desde su curul la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, solicita verificación de quórum y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Jaime del Conde Ugarte, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos sesenta y tres y sesenta y siete de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo treinta y ocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación. La Secretaría informa del registro de trescientos cuarenta y cuatro diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum.

Fernando Álvarez Monje, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veinticuatro, ciento diecinueve y ciento veinte de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos tercero, cuarto, sesenta y dos, sesenta y cuatro y sesenta y ocho de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos once, dieciocho, veintinueve y cuarenta de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta y uno y cincuenta y tres de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Inelvo Moreno Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecisiete de la Ley Federal de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y ocho y ochenta y dos y deroga el artículo setenta y nueve del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Julián Angulo Góngora, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo ciento veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone a la delegación mexicana que representará a la Cámara de Diputados en la octava Reunión Interparlamentaria México -- Cuba. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

La Presidencia informa de la recepción de las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a cumplir con el compromiso de construir un tramo carretero Agua Prieta -- Bavispe, en el estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Transportes.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que oficialmente solicite al gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país, la devolución del penacho de Moctezuma, con la finalidad de ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de seguimiento del voto de mexicanos en el extranjero. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que revise las normas oficiales mexicanas que regulan la actividad de captura de camarón. Se turna a la Comisión de Pesca.

Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Poder Legislativo Federal, a las legislaturas estatales, al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados, a que promuevan acciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a que mantengan las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé terminados, así como de cualquier componente importado y que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para exhortar al titular de Petróleos Mexicanos, a que informe sobre los recursos destinados a la construcción de la clínica de ciudad Paraíso, en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Energía.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para exhortar al Secretario de Salud, a que informe sobre las actividades que lleva a cabo en relación con la investigación, prevención, detección y tratamiento de enfermedades de tipo reumatoide. Se turna a la Comisión de Salud.

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al gobierno federal a que indemnice a las comunidades Cantiles, el Ciruelo y a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, en el estado de Nayarit. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Francisco Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se consideren estímulos fiscales a los pequeños contribuyentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que instruya a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, proponga mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y el abasto de medicamentos, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la misma para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos para encabezar organismos y acciones internacionales en mecanismos multilaterales globales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que instruya a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, integre una subcomisión que estudie las condiciones, recursos y viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal y al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a que a partir del año dos mil seis, se fije un incremento real del dos por ciento en el salario mínimo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Guillermo Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a los gobiernos de los estados de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y de Tamaulipas, a que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, implementen un programa permanente de verificación vehicular. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

José Javier Villacaña Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que suspenda la Convocatoria Pública para Obtener Títulos de Autorización a que se refiere el artículo dieciséis de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integre una subcomisión que tenga como finalidad emprender los estudios necesarios para analizar la viabilidad de emprender el Sistema Nacional de Banca y Crédito Regional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas aplicadas para la distribución de los recursos federales a los estados y municipios. Se turna a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión de Seguridad Social, integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integre una subcomisión para el estudio de la posibilidad de establecer una Ley del Trabajo Doméstico. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión de Transportes, integre una subcomisión para estudiar la posibilidad de homologar los precios de las tarifas de transporte público en las zonas metropolitanas del país. Se turna a la Comisión de Transportes.

Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del titular del Servicio de Administración Tributaria, a que precise las disposiciones del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, a que se abstengan de ejercer las multas que se pretenden aplicar de manera injusta a los desarrolladores de vivienda. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Vivienda.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destine mayores recursos a los santuarios de tortuga marina ubicados en las playas del estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, para integrar una subcomisión o grupo de trabajo que se encargue de verificar las condiciones en las que actualmente opera el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Comisión de Transportes.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, para que los gobiernos federal y de las entidades federativas, establezcan acciones para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se turna a la Comisión de Salud.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, implementen un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y protección de especies en categoría de riesgo. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que promueva entre las naciones involucradas, la suscripción del protocolo de Kyoto. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente informa de la recepción de solicitudes de excitativa de los diputados:

Federico Madrazo Rojas, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, remitida por el Senado el catorce de abril de dos mil tres.

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada el veintinueve de septiembre de dos mil cuatro.

María Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, en relación con las iniciativas con proyectos de decreto que reforman a la Ley General del Trabajo, presentadas el dieciséis de julio y veintiocho de septiembre de dos mil cuatro.

Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada el veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Salud, en relación con las observaciones del Ejecutivo Federal al decreto que reforma el artículo doscientos veintidós de la Ley General de Salud, recibidas el dieciséis de marzo de dos mil cuatro.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, dos, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con las iniciativas con proyectos de decreto para inscribir con Letras de Oro en los Muros de Honor del Palacio Legislativo, los nombres de Pastor Rouaix y de Luis Cabrera Lobato, presentadas el veintiuno de octubre de dos mil cuatro y el quince de marzo de dos mil cinco, respectivamente.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el once de mayo de dos mil cinco.

Amalín Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación, presentada el veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintiocho de abril de dos mil cinco.

Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y cinco y sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el tres de febrero de dos mil cinco.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para Regular las Remesas de Dinero, presentada el veintiuno de septiembre de dos mil cuatro.

Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la minuta proyecto de decreto que adiciona los artículos cuarto y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida el primero de febrero de dos mil cinco.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, once, a diversas comisiones en relación con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto: que reforma el artículo doscientos ocho del Código Fiscal de la Federación, presentada el primero de abril de dos mil cuatro; que reforma el artículo setenta y seis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el quince de abril de dos mil cuatro; que reforma los artículos ciento noventa y dos y cientos noventa y tres de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintidós de abril de dos mil cuatro; que reforma el artículo diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintiséis de octubre de dos mil cuatro; que reforma los artículos trece y dieciocho de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada el veintiocho de octubre de dos mil cuatro; que reforma y adiciona el artículo catorce de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el cinco de abril de dos mil cinco; que reforma el artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el ocho de febrero de dos mil cinco; que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley Federal del Trabajo, presentada el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro; que reforma los artículos doce y treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el diecisiete de marzo de dos mil cinco; que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, presentada el primero de marzo de dos mil cinco; y que reforma el artículo doscientos quince del Código Penal Federal, presentada el primero de marzo de dos mil cinco.

La Presidenta formula las excitativas solicitadas.

La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos veintiséis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta informa que la verificación de quórum servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves diez de noviembre de dos mil cinco a las once horas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.

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DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados--- Presente.

Por este medio me permito informarle que ha concluido la licencia que se me otorgó para separarme temporalmente del cargo de diputado federal, por el Distrito 02 de San Luis Potosí, por lo que, a partir de hoy, me reincorporo a la H. Cámara de Diputados y a las tareas que tengo encomendadas.

Sin otro particular, me es grato saludarlo y reiterarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de noviembre de 2005.--- Dip. Álvaro Elías Loredo (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.

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CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.---

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado Presidente:

Solicitamos atentamente a usted, hacer del conocimiento del honorable Pleno, que esta Comisión Bicamaral resolvió que, a partir del 1º de noviembre del presente año, el Canal del Congreso transmita las 24 horas del día, para cuyos efectos emitió el Acuerdo N° CB/LIX/133, el cual señala que:

``Se aprobó que el Canal del Congreso transmita las 24 horas del día, a partir del 1° de noviembre del presente año.

La programación estará integrada por una selección de las sesiones plenarias, sesiones de comisiones, foros o eventos del Poder Legislativo, y se complementará con series de producción interna o externa...''

Asimismo, aprovechamos este conducto para invitar a nuestros compañeros legisladores para que de existir alguna propuesta u observación sobre la transmisión de 24 horas del Canal del Congreso, nos la hagan llegar a la brevedad posible.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2005.--- La Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral.--- Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Presidente; Sen. Eric L. Rubio Barthell (rúbrica), Secretario; Sen. Javier Corral Jurado (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c) y 44, punto 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD

Que el diputado Francisco Chavarría Valdeolivar cause baja de la Comisión Especial del Café.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de noviembre de 2005.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.

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DIPUTADO INDEPENDIENTE

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en atención a la información recibida por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a que el diputado Roberto Campa Cifrián deja de pertenecer a dicho grupo parlamentario, me permito informarle que en reunión de trabajo de este órgano de gobierno, celebrada el día 7 de noviembre del año en curso, conoció y se dio por enterada de dicha separación.

Lo anterior, para los legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: ¿Falta algún ciudadano diputado o ciudadana diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Quien no haya registrado su asistencia tiene hasta 15 minutos para hacerlo por cédula. Señor Presidente, hay una asistencia de 395 diputados y diputadas.

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CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos defina una estrategia y realice las acciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad personal de los candidatos a Presidente de la República, de los distintos partidos políticos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, cuyo original se anexa, suscrita por el diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: Se solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que, conforme a sus facultades constitucionales, defina una estrategia y realice las acciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad personal de los candidatos a Presidente de la República de los distintos partidos políticos.

Segundo: Esta soberanía solicita al titular del Poder Ejecutivo, ejerza sus facultades constitucionales, a fin de garantizar un cambio de poderes pacífico y ordenado a la altura que el Estado mexicano requiere, proveyendo lo necesario para que los derechos y las libertades fundamentales de los mexicanos sean preservados en nuestro país.

Tercero: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica en contra), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia tiene registrado para hablar en contra al diputado Rafael García Tinajero Pérez. En consecuencia, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rafael García Tinajero Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, diputado Presidente; honorable Asamblea: considero loable la preocupación que tiene no solamente la representación nacional que se encuentra en este recinto sino una gran parte de los mexicanos por la seguridad de los que aspiran a ocupar la Presidencia de la República.

La muerte violenta de Colosio, hace ya 11 años, y un clima político que no es el mejor cuando se aproximan las campañas electorales hacen que esta preocupación sea plenamente justificada. Sin embargo, hay que decirlo: la preocupación no es nueva, ya la han tenido otros en el pasado. Esta preocupación incluso está plasmada en la ley; ya hay previsiones al respecto. Hay que recordar que el artículo 183 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice: ``El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos --y hago énfasis en candidatos-- a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter''.

Ésta es la razón de que estemos en contra. Consideramos que este punto de acuerdo, que es redundante, que ya hay previsiones en la ley y que le estaríamos pidiendo al Ejecutivo que, sin una petición expresa del Presidente del Consejo General del IFE y sin que existan candidatos aún, tome previsiones que no tiene por qué tomar. Y en el punto de acuerdo hablamos de candidatos ``candidatos''. Si quisiésemos realmente aportar algo, si nos estamos preocupando no por los que serán candidatos una vez que sean registrados legalmente como tales, sino por los que hoy participan como precandidatos y que --sin embargo-- son candidatos de facto, pues tendríamos que cambiar algo en el texto del punto de acuerdo. Y además de estar en contra de cómo se plantea actualmente, tendría que plantearse... o vengo a plantear algunas modificaciones. Planteo concretamente que en la parte primera del punto de acuerdo, que sería un agregado, dijera así: ``Se solicita al Presidente del Consejo General del IFE solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los que se ostentan ya como precandidatos a la Presidencia de la República por los diferentes partidos políticos...''

La parte segunda diría: ``Se solicita al Presidente de la República que, una vez recibida la solicitud del IFE, disponga lo necesario para darle cumplimiento dentro del marco de sus atribuciones constitucionales''. Y el segundo párrafo del punto de acuerdo pasaría a ser el tercero, exactamente en los términos en que está planteado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No habiendo más oradores, pregunte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría si se admite la propuesta que hace del punto de acuerdo el diputado Rafael García Tinajero o queda en sus términos, en el entendido de que si la votación mayoritaria es por la afirmativa, se incluye la propuesta del diputado García Tinajero.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la propuesta de adición del diputado Rafael García Tinajero.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

En consecuencia, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo en sus términos.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO - CUBA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se integra a la delegación mexicana que representará esta Cámara en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005 en Monterrey, Nuevo León

Considerandos

El pasado 17 de octubre, en sesión de trabajo, este órgano de gobierno aprobó la realización que la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, en Monterrey, Nuevo León, del 17 al 19 de noviembre de 2005.

Que en sesión del 4 de noviembre, el Pleno de esta Cámara aprobó la delegación participante en dicha reunión.

Que en su sesión de trabajo del 7 de noviembre del presente año, este órgano de gobierno acordó que el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, se integre a la delegación que representará a esta Cámara en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, en Monterrey, Nuevo León.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el inciso c) numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. El diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, se integra a la Delegación que representará a México, en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005 en Monterrey, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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PRECIOS DEL PETROLEO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se prorroga la vigencia de la Comisión de Investigación en relación con las políticas implementadas para la determinación de los precios del petróleo.

ConsideracionesI. Que en sesión celebrada el 15 de marzo de 2005, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó la constitución de la Comisión de Investigación en relación con las Políticas Implementadas para la determinación de los Precios del Petróleo

II. Que de conformidad con el resolutivo cuarto del Acuerdo de constitución, el 30 de septiembre de 2005 concluye el plazo concedido a la Comisión de Investigación, para la ejecución de las tareas que le fueron encomendadas;

III. Que la Junta de Coordinación Política, en su reunión de trabajo del 7 de noviembre del año en curso, consideró necesario extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le han sido encomendadas a la Comisión de Investigación multicitada.

IV. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 en relación con el artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero: Se prorroga la vigencia de la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, hasta el 31 de diciembre de 2005.

La Comisión de Investigación continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución.

Segundo: Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las reglas para la discusión, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006

Con fundamento en el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Acuerdo parlamentario que establece las Reglas para el Debate, Votación y Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

ConsiderandoI.- Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene facultades para establecer las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones.

II.- Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión, y en su caso, modificación del respectivo proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que pueda ejercerse a partir del 1º de enero del año siguiente.

III.- Que siguiendo los principios clásicos del derecho presupuestario, la legislación, doctrina y jurisprudencia mexicanas, han sostenido inveteradamente el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos.

IV.- Que en cumplimiento del mandato constitucional, la Cámara de Diputados debe expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre del año previo a aquel en el que deba ejercerse.

V.- Que en la legislación mexicana vigente, los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Vigésimo Segundo del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión del 9 de octubre de 2003, se reconoce el principio de que el Pleno es el órgano supremo y puede, por tanto, en casos extraordinarios, dispensar los trámites ordinarios a que queda sujeto un dictamen, tanto por lo que se refiere a los tiempos establecidos para la publicación, como a su lectura previa, motivado por la urgente resolución para la discusión de un dictamen.

VI.- Que en consecuencia, es necesario establecer reglas para la expedita discusión y votación del dictamen, con el objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 38 numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Vigésimo Segundo, del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación de la Cámara de Diputados, del 9 de octubre de 2003; se expiden las siguientes:

Reglas para el Debate, Votación y Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006

Primera. Es objeto único del presente Acuerdo determinar la forma y términos en que se discutirá, votará y aprobará, en el Pleno de la Cámara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Segunda. Tanto el Dictamen como el voto particular, si lo hubiere, publicados en cualquier momento, se consideran de urgente resolución y por tanto no requieren de lecturas previas.

Tercera. La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por 10 minutos, un orador por cada grupo parlamentario. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo partidista.

II. Si se registrarán para hablar en contra y en pro del dictamen, se abrirá una ronda de dos oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno.

III. Acto seguido se consultará al Pleno, de conformidad con el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se reservan artículos y/o anexos del dictamen para su discusión en lo particular. En este caso, los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos, o el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos, que reservaren, o bien los artículos que se pretendieran adicionar al proyecto de decreto.

IV. Una vez que la Primera Secretaría de la Mesa Directiva hubiere registrado las reservas que se formularen a los artículos y/o anexos para su discusión en lo particular, se procederá a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos y/o anexos no impugnados del dictamen.

V. Si el dictamen hubiera sido aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos y/o anexos reservados.

Cuarta. La discusión en lo particular se llevara a cabo de la siguiente manera:

I. Primeramente, harán uso de la palabra, hasta por 5 minutos cada uno, los diputados que hubieren reservado artículos y/o anexos sólo para su impugnación (sin propuesta alguna) pudiendo hablar en cada caso, por el mismo tiempo, un orador en pro de los términos del dictamen. La Secretaría recogerá la votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen, de los artículos solamente impugnados. De conformidad con el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior, se podrá solicitar votación nominal por separado de un artículo y/o anexo de los referidos en esta fracción.

II. Enseguida, se desahogaran los artículos y/o anexos reservados contenidos en el proyecto de decreto para presentar propuestas de modificación o adición, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Hará uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado que hubiere reservado el artículo y/o anexo para presentar su propuesta de modificación o adición.

b) Acto seguido, se consultará a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo y/o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. Si la respuesta es afirmativa, podrán hablar hasta por 5 minutos cada uno, un orador en pro y otro en contra de la propuesta.

c) Inmediatamente después, la Secretaría dará lectura a la propuesta de modificación o adición, mencionando el nombre de su autor, y consultará a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba; si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo y/o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto con la modificación o adición admitida.

d) Agotados los artículos y/o anexos reservados para presentar propuestas de modificación o adición, contenidos en el proyecto de decreto, el Presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto en los términos del dictamen y a la lista de los que se votarán en conjunto con la modificación o adición aprobada, y la Secretaría recogerá en cada caso la votación nominal correspondiente. De conformidad con el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior, se podrá solicitar votación nominal por separado de un artículo y/o anexo de los referidos en esta fracción.

III. Todas las propuestas de modificación y adición a artículos y/o anexos considerados en el proyecto de decreto, deberán ser presentadas de conformidad con lo siguiente:a) Deberán entregarse a la Primera Secretaría de la Mesa Directiva en hoja membreteada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora.

b) Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades a modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número de los mismos, el ramo o rubro, así como el programa a que hagan referencia; aunado a lo anterior, si se tratara de una transferencia de recursos, deberá especificarse el origen de la misma.

c) La recepción de las propuestas de modificación o adición, se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de los posicionamientos de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general. De ninguna manera se admitirán proposiciones manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria, así como respecto de artículos o anexos no contemplados en el Dictamen.

Quinta. Se autoriza a la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, de conformidad con los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior, realice las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por la Asamblea.

Transitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno.

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre del año dos mil cinco.--- El Presidente Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica); Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús Emilio Martínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del colegio Citlali, del municipio de Tlalnepantla, invitados por el diputado Francisco Landero; y, asimismo, a alumnos y a profesores del Centro Educativo Patria, de León, Guanajuato, invitados del diputado Tomás Trueba. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes estudiantes.

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Gobierno del Distrito Federal.--- Secretaría de Finanzas.

C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°, numeral 6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, y con fundamento en los artículos 22, 23, numeral 1, incisos f) y l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción VIII, y 30, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y por instrucciones del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente la información relativa a la evolución de los ingresos y egresos del endeudamiento neto del mes de septiembre de 2005 del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Lic. Arturo Herrera Gutiérrez (rúbrica), secretario de Finanzas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del Instituto en acuerdo 200/2002 estableció los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de las inversiones de este organismo y se remita un informe trimestral al honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México.

Por tal motivo, me es grato enviar a usted el ejemplar del 3er. trimestre de 2005, que contiene, entre otros, la posición de los recursos financieros en inversión, su evolución, la estructura del portafolio, rendimientos obtenidos, cumplimiento de metas y medición y control de los riesgos financieros.

Con los resultados alcanzados, se cumple satisfactoriamente con los objetivos y metas fijadas, situación que se ha mantenido durante los últimos ejercicios, debido a la eficiencia en la administración financiera de la inversión de dichos recursos, en la cual se ha contado con las valiosas aportaciones y supervisión de la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto, integrada en forma tripartita por representantes de los sectores obrero y patronal ante el Consejo Técnico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular del Órgano Interno de Control, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionarios del propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo.

México, DF, a 24 de octubre de 2005.--- Lic. Fernando Flores (rúbrica), director general.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Seguridad Social.

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TARIFAS GAS NATURAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Reguladora de Energía.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura; Dip. Patricia Garduño Morales, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L. 59-II-0-2430, remitido a esta Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) por el doctor Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual informan del punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, entre otros aspectos, a la inmediata revisión de la actual fórmula para el precio del gas natural y a revisar y suspender los aumentos de las tarifas de distribución del año 2005. Sobre el particular, nos permitimos comentar lo siguiente:

Esta Comisión está consciente de los efectos adversos que genera el elevado nivel de precios del gas natural que se presenta en la actualidad. Por ello, y de manera adicional a los apoyos instrumentados por el Ejecutivo federal a través de los decretos publicados en el Diario Oficial de Federación el 16 de mayo y el 12 de septiembre de 2005, actualmente nos encontramos analizando, en coordinación con la Secretaría de Energía, diversas alternativas para determinar un precio máximo del gas natural objeto de ventas de primera mano (precio de vpm), que resulten consistentes con los objetivos de política energética y con las disposiciones legales aplicables.

Sin embargo, no omito señalar que la metodología para la determinación del precio de vpm expedida por esta Comisión se sujeta a los preceptos establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Gas Natural (el Reglamento), de acuerdo con lo cual dicho precio debe reflejar su costo de oportunidad, así como las condiciones de competitividad en el mercado internacional y el lugar donde se realice la venta. Asimismo, el Reglamento establece que la importación y la exportación de gas pueden ser efectuadas libremente, en los términos de la Ley de Comercio Exterior, lo cual implica que el precio del gas de origen importado se determina con base en las condiciones de mercado.

En un contexto de apertura comercial y dado el escenario comercial deficitario en que el país cubre parte de la demanda con gas proveniente de Estados Unidos de América, se considera que el costo de oportunidad del gas nacional está dado por el precio del gas de importación.

Por los argumentos planteados, establecer una metodología de precio de vpm que implique menor vinculación con los mercados de referencia relevantes o deje de considerar que México es un importador neto de gas tendría importantes repercusiones, entre las que destacan las siguientes:

Frenaría el proceso de apertura comercial, consolidando Pemex como única fuente de suministro de gas natural y requeriría el establecimiento de medidas no arancelarias para evitar que quienes exporten gas lo hagan con el fin de aprovechar oportunidades de arbitraje.

Modificaría los precios relativos respecto de los energéticos sustitutos y aumentaría la demanda de gas, lo cual elevaría la dependencia del país de las importaciones.

Generaría un trato discriminatorio contra los consumidores que sólo consumen gas natural de origen importado (Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila).

Repercutiría en menores ingresos por la venta del hidrocarburo, lo cual se traduciría no sólo en menores recursos para el Estado sino, principalmente, en menores recursos para que Pemex amplíe la plataforma de exploración, producción y procesamiento de gas natural, que es la mayor necesidad que enfrenta el país en esta materia.

Como consecuencia de lo anterior, el suministro de este energético podría verse afectado negativamente en el mediano y largo plazos, pues no se otorgarían los incentivos económicos necesarios para la producción y el abasto oportuno del gas natural.

Por lo anterior, emplear criterios distintos del aplicado para determinar el precio de vpm requiere modificar la política en materia de gas natural y adecuar el Reglamento y demás disposiciones jurídicas relacionadas, lo cual queda fuera del ámbito de atribuciones de esta Comisión.

Por otro lado, al regular las tarifas de distribución, esta Comisión protege los intereses de los usuarios y propicia una adecuada cobertura nacional, a la vez que atiende a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Específicamente, y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, el proceso de determinación y aprobación de las tarifas de distribución de gas natural se aplica cada cinco años y tiene como objetivo establecer tarifas que, por un lado, reflejen el costo de prestar los distintos tipos de servicios a los diferentes grupos de usuarios; y, por el otro, permitan obtener el ingreso necesario para que las empresas distribuidoras cubran los costos de operación y mantenimiento, los impuestos, la depreciación de los activos y obtengan una rentabilidad razonable sobre el capital invertido. Las tarifas aprobadas son ajustadas anualmente por inflación y por un índice de eficiencia, en los términos de la metodología expedida por esta Comisión.

Al respecto, es preciso señalar que esta Comisión efectúa una revisión sobre cada componente del requerimiento de ingresos presentado por el distribuidor a fin de garantizar que las tarifas reflejen un cobro justo y eficiente. Durante la revisión del requerimiento de ingresos, la Comisión solicita, en su caso, ajustes a la baja cuando detecta que los costos propuestos por el permisionario de distribución están por arriba de las mejores prácticas de la industria, evitando así la aplicación de tarifas indebidamente discriminatorias entre los grupos de usuarios, así como de subsidios cruzados entre las diferentes clases de servicios.

En espera de que la información aquí contenida les sea de utilidad, les enviamos un cordial saludo y reiteramos nuestra disposición para analizar cualquier propuesta que se considere procedente a fin de beneficiar a los consumidores de gas natural en el país.

Atentamente.

México, DF, a 31 de octubre de 2005.--- Francisco J. Valdés López (rúbrica), secretario ejecutivo.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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RAMON MARTIN HUERTA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente; Dip. Patricia Garduño Morales, secretaria de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

En atención a su oficio No. DGPL-59-II-0-2449 del pasado 28 de septiembre dirigido al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza, me permito comunicarles que el pasado 28 de octubre de 2005, la PGR y la SCT, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dan a conocer los avances en la investigación del percance en el que perdió la vida el secretario de Seguridad Pública, licenciado Ramón Martín Huerta, en el que se notifica que el accidente fue producto de un error humano del piloto, quien decidió internarse en una zona sin visibilidad alguna y estrellando el aparato contra la sierra.

Esperamos con esta información cumplimentar su solicitud expresamente mencionada.

México, DF, a 3 de noviembre del 2005.--- Ing. Javier Prieto de la Fuente (rúbrica), coordinador de asesores del C. secretario de Gobernación.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-2500, signado el 4 del presente por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el oficio original No. DCP-2197/05, suscrito el 20 del mes en curso por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al primer Foro Parlamentario Iberoamericano.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 26 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dionisio Meade García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Heliodoro Díaz Escárraga, sobre el punto de acuerdo aprobado el 4 de octubre de 2005, en el que señala:

``Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se solidariza con las conclusiones del primer Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado en Bilbao, Reino de España, los días 30 de septiembre y uno de octubre de 2005.

Segundo.- Se exhorta al C. Presidente de la República a que, en el marco de la decimoquinta Cumbre Iberoamericana, a realizarse los días 14 y 15 de octubre de 2005, en Salamanca, Reino de España, impulse las aportaciones de los legisladores, surgidas del primer Foro Parlamentario Iberoamericano.''

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 20 de octubre de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 4 de octubre de 2005, en el que señala:

``Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se solidariza con las conclusiones del primer Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado en Bilbao, Reino de España, los días 30 de septiembre y uno de octubre de 2005.

Segundo.- Se exhorta al C. Presidente de la República a que, en el marco de la decimoquinta Cumbre Iberoamericana, a realizarse los días 14 y 15 de octubre de 2005, en Salamanca, Reino de España, impulse las aportaciones de los legisladores, surgidas del primer Foro Parlamentario Iberoamericano.''

Al respecto, le informo que:

México ha expresado su beneplácito por la iniciativa española para celebrar este evento, el cual, junto con los Encuentros Empresarial y Cívico, se enmarcan en la estrategia de incorporación de otros destacados actores de nuestras sociedades a la Cumbre Iberoamericana.

Los debates producto de estos eventos otorgarán una visión más amplía del tratamiento que nuestros países brindan a los temas centrales de la Cumbre de Salamanca, al tiempo que marcan el inicio de un proceso de acercamiento de las sociedades con las Cumbres.

Al respecto, me complace informarle que se instruyó a la Delegación mexicana que participa en las reuniones preparatorias de la XV Cumbre Iberoamericana a promover que los jefes de Estado y de Gobierno impulsen las aportaciones del Primer Foro Parlamentario Iberoamericano.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 20 de octubre de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-2360 suscrito el 6 del actual, por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/599/2005 signado el 18 del mes en curso, por el C. Carlos Bayo Martínez, director general del Fondo de Desastres Naturales de esta secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esta dependencia hacer la declaratoria de desastre natural en los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo, así como liberar los recursos del Fonden.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 26 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/ 5346/05 recibido el día 10 del presente mes y año, dirigido a la Lic. María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil, mediante el cual nos informa que los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, informaron los puntos de acuerdo aprobados el 6 de los corrientes y que a continuación se mencionan:

``Primero.- Se solícita a la Secretaría de Gobernación, hacer la declaratoria de desastre natural en los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

''Segundo.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar la liberación de los recursos del Fonden con la urgencia que el caso amerita, para atender adecuadamente la emergencia que se presenta.''

Sobre el particular, me permito informarle las gestiones que a la fecha ha realizado esta Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus atribuciones para atender cada una de las entidades federativas afectadas por el fenómeno natural que nos ocupa:

Es importante mencionar que para la atención del desastre se llevaron a cabo, en cada uno de los estados antes mencionados, las sesiones para instalar el Comité de Evaluación de Daños, el cual tiene por objeto que las instancias involucradas en la reconstrucción de las viviendas e infraestructura dañada, formulen bajo su responsabilidad el diagnóstico de daños y la cuantificación de los recursos, para la presentación de los resultados.

En términos del numeral 29 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, los resultados de la evaluación y cuantificación de daños de cada sector, deberán ser entregados en la sesión de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños (CED) y no será hasta esa fecha cuando se puedan conocer los daños por sector afectado y los montos de apoyo susceptibles a atenderse con cargo al Fonden.

Las fechas en las cuales se llevarán a cabo las sesiones de entrega de resultados son las siguientes:

Es importante comentar que, de conformidad con el numeral 35 de las Reglas de Operación del Fonden, una vez celebradas las sesiones de entrega de resultados, a los 4 días hábiles se publica en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre.

Finalmente, cabe señalar que Tabasco no reportó daños en su infraestructura y viviendas, razón por la cual no consideró necesario activar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de octubre de 2005.--- Carlos Bayo Martínez (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1534, suscrito el 10 de febrero del año en curso por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CGPC/ 1443 /2005, signado el 19 del actual por la licenciada María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil de esta Secretaría, así como un disco compacto, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la investigación y alerta de sismos y tsunamis en las costas de Guerrero.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 26 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. Dionisio Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio número SEL/300/638/05, referente al punto de acuerdo adoptado por la Cámara de Diputadas del H. Congreso de la Unión y remitido a esta Secretaría mediante el oficio D.G.P.L.59-II-0-1534, suscrito por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva, que a continuación me permito transcribir:

``Único. Que los titularse de las dependencias de Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General del Centro General de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, programen y realicen una investigación en las áreas de sismo tectónico, fuente sísmica, programación de ondas, estructura cortical riesgo sísmico, proceso dinámico de ruptura de fallas, en las costas del estado de Guerrero y sobre la factibilidad de colocar en la costa de Guerrero un sistema de alerta y observatorios de sismos, tsunamis y demás, de donde de manera inmediata se den a conocer a las autoridades de las localidades terremotos submarinos capaces de crear olas gigantes y advertir así a las posibles víctimas.''

Del análisis realizado a la solicitud, es importante comentar que la Secretaría de Gobernación ha participado y sigue participando en las acciones señaladas a través de los siguientes medios:

1. El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el cual tiene como finalidad apoyar con recursos federales la realización de acciones tendentes a identificar el riesgo, mitigar o disminuir el mismo, y las que fomenten la cultura de la prevención y la autoprotección ante situaciones de riesgo.

Por ello, el Consejo de Evaluación del Fopreden, mediante los acuerdos CE/2005/4ª Ext/31-05-05/004 y CE/2005/4ª Ext/31-05-05/003 consideró viables para su ejecución los proyectos presentados por el estado de Guerrero y El Colegio de México, para ejecutarse en el ejercicio fiscal de 2006, con recursos del Fopreden, conforme a lo siguiente:

Acuerdo CE/2005/4ª Ext/31-05-05/004: En términos de los artículos 15, fracción primera, y 17, fracción segunda, se determina viable la solicitud presentada por el gobierno del estado de Guerrero para la realización del proyecto ``Dotar a las ciudades de Acapulco y Chilpancingo de servicio de señales de alerta sísmica del SAS del DF'', con las siguientes recomendaciones:

a) Justificar el sistema que sería instalado en Acapulco, ya que tanto el sismo como la sirena estarían dándose al mismo tiempo; y

b) Realizar una intensa campaña de difusión para la población sobre el alcance de dicho sistema y los procedimientos de actuación.

Los montos que se declaran viables al momento de esta determinación, de acuerdo con el esquema de coparticipación señalado en el artículo 5 de las Reglas de Operación del Fopreden, son los siguientes:

Recursos federales: $4,129,300.00

Coparticipación: $1,769,700.00

Total: $5,899,000.00

Acuerdo CE/2005/4ª Ext/31-05-05/003: En términos de los artículos 15, fracción primera, y 17, fracción segunda, se determina viable la solicitud presentada por El Colegio de México para la realización del proyecto ``Riesgo y vulnerabilidad urbana ante tsunamis y sismos en la costa del Pacifico de México'', con las siguientes condiciones y recomendaciones.

Condiciones

1. Que en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación de esta decisión, el solicitante remita al Consejo, a través de la Coordinación:

a. Justificación de los costos y mejor desglose del presupuesto;b. Cambio del título por uno que mejor refleje el proyecto; y

c. Determinación de la segunda ciudad y especificar si están incluidos los huracanes.

2. Recomendaciones

a. Que los resultados del estudio se compartan para su integración al Atlas Nacional de Riesgos (ANR);

b. Se integren atlas urbanos sobre riesgo de tsunamis y éstos formen parte del ANR; y

c. Se especifique de qué manera se integrarían los resultados a los planes y programas de desarrollo urbano.

Los montos que se declaran viables al momento de esta determinación, de acuerdo con el esquema de coparticipación señalado en el artículo 5 de las Reglas del Fopreden, son los siguientes:

Recursos federales: $4,000,000.00

Coparticipación: $4,000,000.00

Total: $8,000,000.00

Por otro lado, existe el Fideicomiso Fonden-Alertamiento Sismológico, el cual tiene como finalidad establecer una red sísmica mexicana, de la cual se desprenden las siguientes acciones:

Ampliar la cobertura del Servicio Sismológico Nacional con nueve estaciones de banda ancha y los sistemas de comunicación satelital.

Instalación de un sistema de información sísmica en tiempo real en todo el país.

Reforzar y modernizar las redes acelerográficas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), así como la instalación de nuevas estaciones para mejorar la cobertura nacional.

Reforzar los sistemas de comunicación de estaciones acelerográficas para contar con información oportuna de las intensidades producidas por un sismo.

Integrar la información generada por las redes sísmicas en una base nacional de datos sobre sismos ocurridos en México.

Como puede advertirse, en este proyecto participan la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de los Institutos de Geofísica e Ingeniería, y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de la Fundación Barros Sierra, AC, teniéndose como finalidad:

a) Mejorar la respuesta ante las emergencias por sismos, a través de la captación de información en tiempo real de la magnitud y localización del epicentro, con objeto de orientar las acciones de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil con información confiable y oportuna;

b) Mitigar el riesgo sísmico, a través de una mayor cantidad de datos registrados y de una mejor calidad de la información que obtenga, con objeto de mejorar el mapa de daños potenciales y riesgo sísmico del país; y

c) Acciones futuras de mitigación a través del perfeccionamiento del conocimiento científico de los sismos, y elevar la calidad y cantidad de información para alimentar las bases de datos que permitan elaborar programas de mitigación de riesgos frente a sismos.

En ese sentido, nos permitimos adjuntar en CD-ROM información relativa a la Red Sísmica Mexicana y en donde se contienen datos que seguramente serán de utilidad de los interesados en el tema de los sismos.

Por otra parte, con objeto de complementar la respuesta a la petición de la Cámara de Diputados, se solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México su opinión, quien según información proporcionada a la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden-Alertamiento Sismológico 2038, señala lo siguiente:

Además de las funciones de localizar y proporcionar magnitudes de eventos sísmicos en la República Mexicana, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registra, procesa y archiva la información de los sismos en documentos analógicos y electrónicos, conocidos como sismogramas. Estos sismogramas son usados por los investigadores del Departamento de Sismología y por otras personas que los solicitan, para determinar:

a) Las regiones sísmicas y la frecuencia con que se presentan los fenómenos sísmicos en el país, principalmente para la evaluación del riesgo sísmico en cada lugar;

b) La fuente sísmica, para determinar la forma característica como se genera un sismo y con esta información determinar el lugar en donde se genera la ruptura y el enfocamiento o direccionalidad que tienen las ondas sísmicas, que puede repercutir en mayores intensidades y, por tanto, mayores daños en direcciones preferenciales de propagación del sismo;

c) El estudio de la propagación de las ondas sísmicas permite entender y conocer si existen regiones que atenúan o que amplifican las ondas sísmicas que viajan del epicentro hasta los diferentes sitios en donde son registradas o sentidas. Esta información es utilizada para conocer y determinar el peligro sísmico producido por diferentes sismos en diversas regiones;

d) El conocimiento de la estructura cortical permite entender el proceso descrito en el párrafo anterior y, por tanto, conocer si hay zonas o regiones en que las ondas sísmicas viajan en forma eficiente o si son absorbidas o deterioradas por medios heterogéneos o deficientes;

e) El riesgo sísmico es a fin de cuentas uno de los problemas principales a que se dedican los estudios antes mencionados y muchos más, que son los temas de estudio de los sismólogos y de los ingenieros sísmicos o estructurales;

f) Es importante mencionar que el fenómeno sísmico se presenta principalmente a todo lo largo de la costa Pacífico mexicana, que comprende los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y, en menor grado, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, y también algunos estados en el interior de la República, como Puebla, estado de México, Veracruz y algunos más;

g) El SSN mantiene una red de 22 observatorios sismológicos de primer nivel con transmisión de datos en tiempo real o cuasi real. También forman la red sísmica otras estaciones no tan modernas, pero a fin de cuenta útiles, que constituyen la red telemétrica, que en algunos casos data de hace 25 años. Las diferentes redes sísmicas son apenas suficientes para detectar la sismicidad, extensa y compleja, que se presenta en México; y

h) La determinación de tsunamis es un proceso que debe involucrar mediciones del nivel del mar en tiempo real y también de la medición de los sismos, ya que este último es el principal fenómeno generador de los tsunamis que podrían afectar nuestro país. La combinación de ambos estudios en forma rápida y eficiente.

Aunque se ha mencionado que de alguna manera los estudios comentados se llevan a cabo en diversos centros de investigación de México, es necesario continuar los estudios, además de ampliar y modernizar los sistemas de detección sísmica, tarea que ha sido identificada como importante por la Secretaría de Gobernación desde hace varios años y para cuya consecución existe el Fideicomiso Fonden-Alertamiento Sismológico 2038, el cual pretende dotar de los requerimientos para las labores adecuadas de la detección de sismos en México.

Respecto a los tsunamis, desde antes de los trágicos sucesos del 26 de diciembre pasado en Indonesia, ya se habían realizado estudios acerca de dicho fenómeno. El estudio de estos eventos se ha tomado con mayor interés y disposición para evitar que puedan afectar las poblaciones costeras de México, razón por la cual la Secretaría de Gobernación, apoyada en muchas organizaciones, ha formado el Grupo Interinstitucional para Tsunamis en México, cuya función es de prevención ante dicho fenómeno.

Con lo anteriormente expuesto se pretende responder en forma condensada al interés manifestado por los estudios referentes a sismos y tsunamis, siendo importante comentar que la labor del estudio del fenómeno sísmico se lleva a cabo en diversos centros de investigación del país, con el propósito de mitigar el efecto de los sismos y también para enfatizar que hace falta mayor investigación y equipamientos para llevar a cabos estos estudios y poder transformarlos en aplicaciones directas y concretas para el beneficio de la población de México.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 19 de octubre de 2005.--- Lic. María del Carmen Segura Rangel (rúbrica), coordinadora general de Protección Civil.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-2530, suscrito el día 13 del actual por los diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio No. 87291 signado el 25 del mes en curso por el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a intensificar sus acciones en los diversos municipios de Chiapas devastados por el huracán Stan, para prevenir el crimen en la zona.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 27 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Defensa Nacional.

C. Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Señor subsecretario:

Es grato dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo e informarle que en relación a su oficio número SEL/300/ 5462/05 de 14 de octubre del 2005, la prevención de los delitos le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades municipales del estado de Chiapas, a los cuales esta Secretaría apoya previa solicitud y siempre que hayan sido rebasadas.

Además, en el marco de la aplicación del Plan DN-III-E y coadyuvando con las autoridades civiles, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos mantienen desplegados efectivos en los municipios que fueron afectados por el huracán Stan, los cuales, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden efectuar la detención de infractores de la ley que sean sorprendidos en flagrancia, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 25 de octubre del 2005.--- Gral. Gerardo Clemente Ricardo Vega García (rúbrica), secretario de la Defensa Nacional.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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ZONA ARQUEOLOGICA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-1509 signado el 13 de septiembre último, por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 1913-C/969, suscrito el 20 del actual por el C. Lic. Xavier Guzmán Urbiola, director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y en su caso al secretario de Educación Pública, a expedir la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado Rancho las Trancas cuente con toda la protección legal que le corresponde, de conformidad con los artículos 5o., 21 y 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 31 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Conaculta.--- Instituto Nacional de Bellas Artes.--- Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble.

C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del licenciado Saúl Juárez, director general del INBA, me permito dar respuesta a su documento referente a la exhortación para que sea expedida la declaratoria para el Rancho las Trancas solicitado por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. Sara Rocha Medina, al respecto me permito comentarle lo siguiente.

Para poder emitir una opinión sobre este asunto, es necesario contar con información gráfica y documental de la construcción referida (fotografías interiores y exteriores, datos de ubicación, año de construcción, autor). Con esta información se podrá verificar si forma parte de la relación del INBA de construcciones con valor artístico, así como su pertinencia.

El siguiente paso sería la valoración de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, que preside el director general del INBA, y en caso de ser favorable la resolución, se procedería a recabar la documentación necesaria para generar el expediente que sustente ante la SEP la solicitud de la declaratoria de monumento artístico.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

México, DF, a 20 de octubre de 2005.--- Lic. Xavier Guzmán Urbiola (rúbrica), director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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ESTADO DE TABASCO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No, D.G.P.L. 59-II-3-1752, suscrito el día 27 de septiembre último por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGGIMAR.710/005831, signado el día 13 del actual por el MC Daniel Chacón Anaya, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al apartado tercero del punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia, en coordinación con la Secretaría de Salud, a realizar las investigaciones y estudios necesarios a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en la Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 31 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia al oficio No. SEL/300/5169/05 de fecha 28 de septiembre de 2005, que cuenta con el número volante de control SGPA051588-01, por medio del cual remite información sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados con el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo siguiente Punto 3:

Tercero. Que la Semarnat, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de una institución académica debidamente acreditada, realicen las investigaciones y estudios necesarios a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en la Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV, ubicada en la ranchería Anacleto Caníbal, Tercera Sección, dentro del corredor industrial Loma de Caballo, Tabasco, donde se presume se encuentran materiales y equipos que contenían bifenilos policlorados (BPC's), y se determine el impacto a las comunidades y al medio ambiente; entregando los resultados de los mismos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sobre el particular respetuosamente le comunico lo siguiente:

I. En cumplimiento con la exhortación antes citada, esta dependencia ha solicitado a la Profepa la programación y ejecución de una visita de inspección, ya que ésta última es la encargada de verificar las autorizaciones con que cuenta la empresa Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV, para el tratamiento de residuos peligrosos recortes de perforación, como para el almacenamiento temporal de BPC's y el cabal cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2000, ``Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados (BPC's)-Especificaciones de Manejo''.

II. Considerando que a partir de la visita de inspección se obtendrán elementos que permitan definir y tomar acciones concretas sobre el particular, nos comprometemos a informarle oportunamente sobre los resultados de la misma.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 13 de octubre de 2005.--- MC Daniel Chacón Anaya (rúbrica), director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59II-1-1474 suscrito el 4 del actual, por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 400.-467 signado el 18 del mes en curso, por el C. Antonio Ruiz García, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a redoblar esfuerzos en la implementación de una estrategia encaminada a promover eficientemente la autoproducción alimentaria de las poblaciones en extrema pobreza e indígenas del país, asegurándoles su derecho a la alimentación.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 26 de octubre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Me refiero a su Oficio No. SEL/300/5296/05 del 4 de octubre de 2005, mediante el cual informa al Lic. Francisco Mayorga Castañeda, secretario del ramo, sobre el comunicado recibido en esa secretaría, signado por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comunicando el siguiente punto de acuerdo aprobado en sesión del 4 de octubre del año en curso:

``Único.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a las Organizaciones de Campesinos e Indígenas, redoblen esfuerzos en la implementación de una estrategia encaminada a promover eficientemente la autoproducción alimentaria de las poblaciones en extrema pobreza e indígenas del país, asegurándoles su derecho a la alimentación.''

Al respecto, la Sagarpa durante los años 2003 y 2004 implementó en coordinación con la FAO la fase piloto del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) en 6 estados del país, con la intención de probar una metodología para la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, orientada a la autoproducción de alimentos frescos e inocuos y, en su caso, a la generación de recursos para acceder a ellos. En el 2005, dados los buenos resultados de la fase piloto que pueden consultarse en la página http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/pesa, se ha instrumentado la expansión de dicho programa a 33 regiones marginadas de 16 estados que decidieron participar en esta estrategia, atendiendo en promedio 30 localidades por región, con planes de desarrollo comunitario a 3 años.

Adelanto esta información sobre una de las acciones que la Sagarpa está instrumentando, como evidencia de la coincidencia de propósitos para promover eficientemente la autoproducción alimentaria de las poblaciones en extrema pobreza e indígenas del país.

Sin otro particular, me es grato manifestarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 18 de octubre de 2005.--- Antonio Ruiz García (rúbrica), subsecretario de Desarrollo Rural.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remito a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Educación y Cultura con el siguiente punto de acuerdo:

``Primero: Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública informe a esta Soberanía de las acciones que realiza para prevenir y sancionar la discriminación en el sistema de educación básica nacional.

Segundo: Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que amplíe las acciones informativas, de prevención y sanción a quienes incurran en los actos discriminatorios que están considerados en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Tercero: Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en el marco del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, considere el incremento de los recursos asignados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de que pueda cumplir con el mandato que le da la ley.

Cuarto: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que se fortalezcan los elementos de apoyo a los profesores para que en su práctica diaria cuenten con los elementos que les permitan mantener la atención a niños con VIH-sida integrando a la comunidad escolar en esta responsabilidad''.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se otorguen los suficientes recursos presupuestales al Instituto Mexicano del Petróleo, con el propósito de que pueda desarrollar de manera adecuada las funciones que le han sido encomendadas.''Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que designe por lo menos un 10% del total de los 80 mil millones de pesos del presupuesto suspendido en el 2005 y que no fue ejercido por el Ejecutivo federal debido a la controversia constitucional 109/2004, y se canalice como apoyo a los damnificados del sureste mexicano.

Lo anterior, de acuerdo con la evaluación del impacto presupuestario establecida en el torcer párrafo del artículo 79 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, y en la circular 307-A-01202 de la Unidad de Política y Control Presupuestario.

Segundo. Se invita a la Asociación Mexicana de Bancos a participar en un programa Peso por Peso, similar a los programas ya realizados en beneficio de determinados sectores de la sociedad. Destinado a un fondo especial para los damnificados de los huracanes Wilma y Stan.''

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Único.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la H. Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, la cantidad de mil millones de pesos para el subsidio de diesel marino y con ello se apoye de manera más efectiva al sector pesquero nacional.''Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Justicia, con el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, considere en el Ramo 36 la programación de 1,863 millones de pesos para el rubro de aportaciones a las entidades federativas; lo anterior, con la finalidad de que se aporten a las entidades 100 pesos diarios por cada reo federal, para el concepto de socorro de ley.''Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Gobernación con el siguiente punto de acuerdo:

``Primero.- El Senado de la República solicita al coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, ingeniero Michel Rosengaus Moshinsk, informe sobre los programas de modernización que requiere este sector; los programas que desarrolla, el estado de la infraestructura actual y de recursos humanos con los que cuenta para poder cumplir eficazmente con su función.

Artículo Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2006, considere un aumento significativo al presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional, a efecto de que éste cumpla eficientemente con las tareas que le son encomendadas''.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con el siguiente Punto de Acuerdo:

``Primero.--- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que confirme las versiones extraoficiales sobre su intención de reducir la cuota anual que México otorga a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte y, en su caso, que informe cuáles son los motivos en que se basa para llevar a cabo lo anterior, y

Segundo.--- Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se destinen recursos a una partida especial para la contribución de México a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADOS DE JALISCO Y COLIMA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Salvador Becerra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos para 2006 incluya una partida para elaborar el plan de manejo y desarrollo integral de la Cuenca del Río Ayuquila---Armería.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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MUJERES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con punto de acuerdo de la senadora Aracely Escalante Jasso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos 2006 incorpore las propuestas de la Comisión de Equidad y Género para que se garanticen los recursos necesarios para atender los problemas fundamentales de las mujeres de nuestro país.

La Presidencia dispuso que se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ADULTOS MAYORES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con el programa propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2006, sobre el otorgamiento de un apoyo a las personas adultas mayores.

La Presidencia dispuso que dicha propuesta se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con punto de acuerdo de la senadora Lydia Madero García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Cámara de Diputados la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 a fin de dotar de infraestructura médica al Hospital doctor Norberto Treviño Zapata de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La Presidencia dispuso que se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia quiere dar la más cordial de las bienvenidas a los siguientes presidentes municipales, que integran la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial: doctor Gerardo de Jesús Félix, presidente municipal de Zacatecas; arquitecto Jesús Ángel Díaz Ortega, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca; contador público Hilario Villegas, presidente municipal de Tlacotalpan; licenciada Ana Lilia Cepeda, directora del Fideicomiso Centro Histórico del Distrito Federal; licenciado Juan Llosa, presidente municipal de Querétaro; licenciado Jorge Alpuche, representante del presidente municipal de Campeche; licenciada Bárbara Jaime, representante de Puebla; y licenciado Jorge Ortega, quien es precisamente el director general de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial. Todos ustedes, señores presidentes municipales, sean bienvenidos. Continúe la Secretaría.

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DESASTRES NATURALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Único.--- El Senado de la República solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que instruya a la Auditoría Superior de la Federación a fin de llevar a cabo una auditoría integral, 'por situación de excepción' de los recursos ejercidos del Fondo Nacional de Desastres Naturales durante los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por los tres órdenes de gobierno''.Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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SEGURO POPULAR

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que se recibió oficio No. 1896 de fecha 26 de octubre de 2005 del Congreso del estado de San Luis Potosí, por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se amplíe el techo financiero en el rubro que corresponda para destinar una partida económica y suficiente para incluir en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud del Seguro Popular, las diversas enfermedades.

La Mesa Directiva dispuso que dicha documentación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«CC. Secretarios de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo de la Comisión de Salud y Asistencia Social, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria celebrada por este honorable Congreso del estado el día de la fecha, que remitimos a ese honorable órgano legislativo para los efectos procedentes, por el que se les exhorta respetuosamente para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2006, se amplíe el techo financiero en el rubro que corresponda, para destinar partida económica y en la cantidad suficiente para incluir en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud del Seguro Popular, las diversas enfermedades que se detallan en el mismo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2005, año del bicentenario de la imprenta en San Luis.''

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Dip. Galdino Martínez Méndez (rúbrica), primer secretario; Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra (rúbrica), segundo secretario.»

«CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del estado.--- Presentes.

A la Comisión de Salud y Asistencia Social fue turnado en sesión ordinaria del 21 de septiembre del año en curso punto de acuerdo presentado por el legislador Pedro Carlos Colunga González, por el que plantea solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión analizar posibilidad de incluir en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud del Seguro Popular, diversos padecimientos como son: cáncer cérvico-uterino, insuficiencia renal aguda y crónica, así como transplantes de riñón y córneas, pues algunas de éstas son de tipo terminal y generalmente afectan a la población más vulnerable.

Derivado de lo anterior, los integrantes de esta Comisión planteamos los siguientes

Considerandos

Primero. Que como resultado del encuentro de trabajo con los titulares de la Secretaría Estatal de Salud y del Programa del Seguro Popular, doctores Fernando Toranzo Fernández y Fidencio Lázaro Hernández, respectivamente, sobre el tópico planteado de la ampliación de la cobertura de este servicio, ambos justificaron la pertinencia e inminente necesidad de su consideración; además, presentaron sus propuestas específicas, con la intención de ser contemplados en el precitado propósito.

Segundo. Que a su vez analizadas las propuestas del sector salud, resulta justificado propugnar por la ampliación del Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, para incluir diversos padecimientos, ya que algunos de éstos se han constituido como principales causas de muerte en el país y en nuestra entidad; algunos de mayor incidencia son los que enseguida se enuncian:

I. Medicina ambulatoria:1. Servicio de atención de diálisis peritoneal y hemodiálisis.

2. Diagnóstico y tratamiento de complicaciones de diabetes mellitus 1 y 2 (retinopatía, nefropatía, neuropatía, gastropatía y pie diabético).

3. Diagnóstico y tratamiento de hepatitis (viral aguda, crónica y medicamentos).

4. Diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia.

5. Diagnóstico y tratamiento de las deslipidemias.

6. Diagnóstico y tratamiento de la migraña.

7. Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia vascular periférica.

II. Urgencias:1. Diagnóstico y tratamiento del paciente politraumatizado.

2. Tratamiento del paciente quemado.

III. Hospitalización:1. Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal aguda y crónica.

2. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular cerebral (EVC).

3. Diagnóstico y tratamiento de choque (cardiogénico, hipovolémico, séptico y anafiláctico).

4. Bacteremia y sepsis.

5. Diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis.

IV. Cirugía:1. Diagnóstico y tratamiento de hemorroides, externas e internas.

2. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico del tumor cerebral.

3. Diagnóstico y tratamiento de la atresia intestinal.

V. Cirugía ginecológica:1. Diagnóstico y tratamiento del quiste de ovario.VI. Cirugía oftalmológica:1. Diagnóstico y tratamiento del glaucoma.VII. Traumatología:1. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de fractura de cadera (material de osteosíntesis).VIII. Transplantes:1. Renal, córneas y corazón.IX. Reumatología:1. Diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis.X. Psiquiatría:1. Diagnóstico y tratamiento de la depresión.

2. Diagnostico y tratamiento de la enfermedad bipolar.

3. Diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia.

XI. Oncología:1. Diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, cérvico-uterino, pulmonar, gástrico y páncreas.XII. Cardiología:1. Diagnóstico y tratamiento de artereoesclerosis.

2. Diagnóstico y tratamiento de cardiopatías incluyendo insuficiencia cardiaca, angina de pecho, infarto del miocardio y arritmias cardiacas.

XIII. Endocrinología:1. Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo.XIV. Urología:1. Diagnóstico y tratamiento del cáncer prostático.

Por lo expuesto, esta Comisión eleva a la consideración de esta honorable asamblea legislativa, el siguiente

Punto de Acuerdo1º. La Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, formula respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2006, se amplíe el techo financiero en el rubro que corresponda, para destinar partida económica debidamente etiquetada y en la cantidad suficiente para incluir en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud del Seguro Popular diversos padecimientos, entre otros: cáncer cérvico-uterino, insuficiencia renal aguda y crónica, así como transplantes de riñón y córneas, además de los que se enuncian con precisión en el Considerando Segundo de este pronunciamiento.

2º Remítase para todos sus efectos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las honorables Cámaras de Senadores y Diputados.

3º Comuníquese a los congresos locales del país, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de estimarlo procedente manifiesten a la brevedad su adhesión a este punto de acuerdo, emitiendo similar resolución y la hagan del conocimiento de las instancias precitadas.

Dado en el Salón de Reuniones del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil cinco.--- Por la Comisión de Salud y Asistencia Social: Dip. Graciela Rojas Palacios (rúbrica), Presidenta; Dip. Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), vicepresidenta; Dip. José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), secretario; Dip. Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica), vocal.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Único: El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a dictaminar la minuta por la que se reforman los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, enviada el 25 de noviembre de 2003 y al mismo tiempo considerar esas modificaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006.''Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

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LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con solicitud del senador Antonio García Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de excitativa a comisiones en relación a la minuta proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales, remitida a esa Colegisladora el 30 de abril de 2002.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones de Gobernación, y de Economía.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año, con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año, con el propósito de realizar una Visita a la ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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LEY ADUANERA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ADUANERA

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo, del inciso b) de la fracción II del artículo 62 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 62. ...

I. ...

II. ...

a) ...

b) ...

En los casos a que se refiere este inciso, la propia Secretaría podrá autorizar la internación temporal del vehículo de que se trate al resto del país, por un plazo máximo hasta de 180 días naturales con entradas y salidas múltiples, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir de la primera internación temporal, siempre que se cumplan los requisitos que establece el reglamento. Los vehículos internados temporalmente no podrán prestar el servicio de autotransporte de carga, pasajeros o turismo y deberán ser conducidos en territorio nacional por el propietario, su cónyuge, sus hijos, padres o hermanos, o por cualquier otra persona, siempre que en este último caso el importador se encuentre en el vehículo; cuando el propietario del vehículo sea una persona moral, deberá ser conducido por una persona que tenga relación laboral con el propietario.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- México, DF, a 4 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X, del artículo 7º y se adicionan dos párrafos al artículo 2º de la Ley General de Educación.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 7o. Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ÚNICO.--- Se reforma fracción X, del artículo 7o. y se adicionan dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.--- ...

...

...

Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

La autoridad educativa estará obligada en todo momento a dotar a las escuelas de la infraestructura física, el personal especializado y todos los elementos necesarios para la atención de esta población, o para canalizarlos a las instituciones adecuadas cuando el caso lo requiera.

Artículo 7o.--- ...

I. ... a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y promover la educación para la salud;

XI. ... a XII. ...

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud en coordinación con las demás dependencias del sector, en un término no mayor a dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y de conformidad con los recursos que para dicho efecto se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, ampliarán la infraestructura necesaria para la atención en las escuelas regulares de los niños con capacidades limitadas y para la atención de los niños portadores de VIH, así como la necesaria para su atención en instituciones especializadas cuando el caso lo amerite.

Artículo Tercero. La Secretaría de Educación Pública determinará los criterios para la distribución de personal, materiales y útiles complementarios para la atención educativa de esta población.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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BENITO JUAREZ GARCIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se declara al año 2006 como ``año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''.

Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA AL AÑO 2006 COMO ``AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL BENÉMERITO DE LAS AMÉRICAS, DON BENITO JUAREZ GARCIA''.

Artículo Primero.--- El honorable Congreso de la Unión declara al año 2006 como ``Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''.

Artículo Segundo.--- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: ``2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

TRANSITORIO

UNICO.--- El presente decreto entrará en vigor el día 10 de enero del año 2006 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 3 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador Eduardo Graneros Bárcenas para que pueda aceptar y usar la medalla ``Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, así como la condecoración Estrella de Carabobo y la medalla Teniente Carlos Meyer, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente.

México, D. F., a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador Eduardo Graneros Bárcenas, para que pueda aceptar y usar la medalla ``Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, así como la condecoración Estrella de Carabobo y la medalla Teniente Carlos Meyer, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Octubre 20 de 2005.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en el inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió Minuta Proyecto de Decreto por el que Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1.- El Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en sesión de fecha 12 de abril de 2005, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para realizar el estudio y dictamen respectivo.

2.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en fecha 28 de abril de 2005, fue aprobada y turnada al Senado de la República, misma que fue remitida a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, el 16 de junio de 2005 para su estudio y dictamen.

3.- En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en fecha 20 de septiembre de 2005, fue aprobado y se devolvió el Dictamen adicionado a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso E) del Artículo 72 Constitucional.

4.- En la sesión de la H. Cámara de Diputados del 22 de septiembre de 2005, recibió y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta del Dictamen adicionado, para su estudio y dictamen correspondiente.

5.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, procedieron al análisis de la Minuta antes enunciada, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estiman procedente puntualizar la Minuta enviada por la Colegisladora que a la letra señala:

``A las Comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el día 16 de junio de 2005, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, proveniente de la honorable Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Con base en las referidas actividades y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas Comisiones someten a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMENI. Análisis de la minuta:

La minuta que nos ocupa corresponde a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, presentada por el Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, el 12 de abril de 2005.

En su parte conducente la minuta señala que conforme al artículo 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el objeto imponible es la enajenación de automóviles nuevos, considerando como tales los que se enajenan por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, por el distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, así como la importación definitiva de los automóviles que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la ley, al año modelo en que se efectúe la importación o a los diez años modelo inmediato anteriores.

Sobre dicho punto la Colegisladora estimó conveniente que tratándose de la importación de vehículos por los fabricantes o por los comerciantes en el ramo de vehículos, el impuesto debe pagarse al momento en que se enajenen al consumidor, y no en el momento de la importación, con lo cual se eliminará la carga financiera con que actualmente cuentan los citados fabricantes y comerciantes que importan vehículos.

Así mismo se establece que se integrarán a la base del impuesto, los gastos y el margen de utilidad de los fabricantes y comerciantes que importen vehículos, permitiendo con ello que la Entidad Federativa en la que se enajenen los vehículos importados en definitiva reciba el monto del impuesto sobre automóviles nuevos.

Se propone, además, reformar el artículo 11 de la Ley de la materia, para precisar que, cuando el impuesto sobre automóviles nuevos se haya pagado con motivo de la importación o cuando el vehículo forme parte del activo fijo de las empresas, no se deberá volver a pagar el citado impuesto, y para establecer que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles, no deberán hacer la separación del impuesto sobre automóviles nuevos en el documento que ampare la enajenación, toda vez que al ser sujetos de este impuesto, los comerciantes en el ramo de vehículos deben cumplir con ese requisito.

II. Consideraciones de las comisiones.

Las Comisiones que dictaminan coinciden con los motivos expresados en la minuta que nos ocupa, toda vez que con las reformas propuestas se dota al ordenamiento jurídico de mayor equidad tributaria puesto que, en el esquema actualmente en vigor, para el pago del impuesto sobre automóviles nuevos, existe un trato desigual entre los vehículos importados por fabricantes o comerciantes en el ramo de vehículos y los de fabricación nacional.

Ello es así, toda vez que los vehículos importados se tiene que pagar el impuesto sobre automóviles nuevos en el momento en que se introducen al país y dicho monto se recuperará hasta el momento en que el vehículo importado sea enajenado al consumidor, mientras que tratándose de vehículos de fabricación nacional, la base del impuesto es el precio de venta al consumidor el cual es mayor al precio que se declara en la aduana por los vehículos importados, ya que éste último no contempla el margen de utilidad al que se enajenan al consumidor.

Asimismo, estas dictaminadoras estiman conveniente que se precise que no se considerarán automóviles nuevos aquéllos por los que ya se hubiera pagado el impuesto establecido en esta Ley, incluyendo los que se devuelvan al enajenante, con lo cual se evita cualquier posibilidad de que el contribuyente tenga que pagar el impuesto de nueva cuenta, y con lo que se garantiza la certeza y seguridad jurídica para los obligados al pago del tributo.

Las que dictaminan consideran conveniente retomar la intención planteada originalmente en la iniciativa, en el sentido de que la exención del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, prevista en el artículo 8º, fracción II, otorga un trato inequitativo respecto de vehículos que pueden tener características similares.

En efecto, la fracción del artículo 8º en mención, establece que no se pagará el impuesto sobre automóviles nuevos cuando se enajenen al público en general automóviles compactos de consumo popular, y para ello considera como tales a aquellos cuya enajenación, incluyendo el impuesto al valor agregado, no exceda de la cantidad de $135,690.00 a valor actualizado, que su motor sea de fabricación nacional y que tengan una capacidad para transportar hasta 5 pasajeros, siendo que en el mercado mexicano existen otros automóviles que tienen las mismas características de precio y tamaño pero que han sido importados o bien, aun siendo ensamblados en México su motor no es de fabricación nacional con lo cual hay un trato inequitativo en el pago del tributo.

Aunado a lo anterior, la condición de que el motor sea de fabricación nacional para que opere la exención del impuesto en carros populares también es contraria a los tratados internacionales que México ha celebrado con otros países como es el caso de los tratados de libre comercio celebrados con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea, y con el ánimo de no afectar a la población que adquiere vehículos considerados populares, estas Comisiones estiman conveniente modificar la minuta que nos ocupa para corregir la inequidad contemplada en el segundo párrafo de la citada fracción II del artículo 8º.

Asimismo, es conveniente mencionar que el 22 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, en el cual se da una solución a la situación de inequidad anteriormente descrita, de ahí que estas dictaminadoras consideran incluir en el texto de Ley la exención prevista en el Decreto citado, por lo que la fracción II del artículo 8º quedaría en los siguientes términos:

Art. 8º.- ...

I. ...

II. En la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuir autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones no exceda de la cantidad de $150,000.00. En el precio mencionado no se considerará el impuesto al valor agregado.

Tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 y hasta $190,000.00, la exención será del cincuenta por ciento del pago del impuesto que establece esta Ley.

...

III. ...

Por las modificaciones anteriores, se adiciona un artículo transitorio en los siguientes términos:

Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción II del artículo 8º de esta Ley, las cantidades a que se refieren los párrafos primero y segundo de la fracción citada se entiende que se encuentran actualizadas al mes de enero de 2006.

Consecuentemente, las Comisiones estiman que la minuta que nos ocupa debe de ser aprobada y, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisiones se permiten someter a la consideración del honorable Senado de la República, el siguiente dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.Artículo Único.- Se reforman los artículos 1o., fracciones I y II; 5o., inciso d); 8o., fracción II, primer y segundo párrafos, y 11, segundo y tercer párrafos; se adiciona el artículo 1o., con un último párrafo, y se deroga el penúltimo párrafo del artículo 2o., de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:

Artículo 1º. ...

I. Enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles importados por los que se cause el impuesto establecido en esta Ley, son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la Ley, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los 10 años modelo inmediato anteriores.

Artículo 2º ...

Penúltimo párrafo. (Se deroga.)

...

Artículo 5º ...

d) Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas y morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o usados.

Art. 8º.- ...

I. ...

II. En la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuir autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones no exceda de la cantidad de $150,000.00. En el precio mencionado no se considerará el impuesto al valor agregado.

Tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 y hasta $190,000.00, la exención será del cincuenta por ciento del pago del impuesto que establece esta Ley.

...

III. ...

Artículo 11. ...

Para los efectos de esta Ley, no se considerarán automóviles nuevos, aquéllos por los que ya se hubiera pagado el impuesto establecido en esta Ley, incluyendo los que se devuelvan al enajenante.

Los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación.

TRANSITORIOArtículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción II del artículo 8º de esta Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, las cantidades a que se refieren los párrafos primero y segundo de la fracción citada se entiende que se encuentran actualizadas al mes de enero de 2006.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los seis días del mes de septiembre de dos mil cinco.''

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con la fracción E) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- El Dictamen versa únicamente sobre las adiciones que realizó el Senado de la República, sin alterar los artículos aprobados de la Minuta que inicialmente envió la Cámara de Diputados conforme la fracción E) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Minuta aprobada por esta H. Cámara de Diputados tuvo fundamentalmente como objeto reformar la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, homologando el tratamiento que actualmente se otorga a la enajenación de automóviles nuevos de fabricación nacional, a los automóviles importados, a fin de que el impuesto se pague en la enajenación al consumidor y no con motivo de su importación, dejando únicamente el pago en la Aduana de dicho impuesto, a la importación definitiva de automóviles, siempre que se realice por personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Por otra parte, de la Minuta remitida por la Colegisladora, se modifica la exención prevista en la fracción II del artículo 8o. de la Ley, a fin de eximir totalmente del pago del impuesto sobre automóviles nuevos, la enajenación de vehículos al consumidor, siempre que no exceda de la cantidad de $150,000.00 y del 50% cuando el precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 y $190,000.00, siendo también aplicable a los vehículos importados. Lo anterior es así, tomando en cuenta que el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 2005, el ``DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS'', en el cual se establece una exención en el pago del impuesto sobre automóviles nuevos, tanto para vehículos importados como de fabricación nacional, teniendo como límite los montos antes mencionados, por lo que, a fin de que exista congruencia entre el Decreto y la Ley de la materia, la que dictamina comparte las medidas propuestas por la Colegisladora.

Además, la Colegisladora determinó conveniente modificar la Minuta, para la exención del impuesto a los automóviles compactos de consumo popular que tenían como condición tener motor de fabricación nacional, la cual es contraria a los tratados internacionales que México ha celebrado con otros países como es el caso de los tratados de libre comercio celebrados con Estados Unidos y Canadá, y con la Unión Europea con lo que la Colegisladora estimó conveniente corregir el trato inequitativo respecto de vehículos que pueden tener características similares, contemplada en la fracción II del artículo 8o. de la Ley.

Asimismo, la Colegisladora consideró que los valores de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior se actualicen hasta el 2007, modificando el Artículo Segundo Transitorio, para establecer que las cantidades a que se refieren los párrafos primero y segundo de la fracción II del artículo 8o. se encuentran actualizados al mes de enero de 2006, considerando la que dictamina, adecuada la reforma realizada por la Colegisladora.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consideran adecuadas las adiciones realizadas por la Colegisladora a las reformas a la Minuta de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1o., fracciones I y II; 5o., inciso d); 8o., fracción II, primer y segundo párrafos, y 11, segundo y tercer párrafos; se adiciona el artículo 1o., con un último párrafo, y se deroga el penúltimo párrafo del artículo 2o., de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. Enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles importados por los que se cause el impuesto establecido en esta Ley, son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la Ley, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los 10 años modelo inmediato anteriores.

Artículo 2o ...

Penúltimo párrafo. (Se deroga.)

...

Artículo 5o ...

d) Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas y morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o usados.

Art. 8o.- ...

I. ...

II. En la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones no exceda de la cantidad de $150,000.00. En el precio mencionado no se considerará el impuesto al valor agregado.

Tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 y hasta $190,000.00, la exención será del cincuenta por ciento del pago del impuesto que establece esta Ley. Lo dispuesto en este párrafo y en el anterior, también se aplicará a la importación de automóviles.

...

III. ...

Artículo 11. ...

Para los efectos de esta Ley, no se considerarán automóviles nuevos, aquéllos por los que ya se hubiera pagado el impuesto establecido en esta Ley, incluyendo los que se devuelvan al enajenante.

Los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción II del artículo 8o. de esta Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, las cantidades a que se refieren los párrafos primero y segundo de la fracción citada se entiende que se encuentran actualizadas al mes de enero de 2006.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 20 de octubre de 2005.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos, José Adolfo Murat Macías, Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán, María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Javier Salinas Narváez, María Esther Scherman Leaño, Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Váldez de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.»

Es de primera lectura.

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LEY DE AMPARO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE DIVERSAS INICIATIVAS QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 123, 124 Y 135 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada, en fecha 27 de abril de 2004, la Diputada Nora Elena Yu Hernández, a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 123 y fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por acuerdo de la Mesa Directiva y mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-3-630, dicha Iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

SEGUNDO.- En sesión celebrada en fecha 5 de noviembre de 2004, el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por Acuerdo de la Mesa Directiva y mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-4-856, fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

TERCERO.- En sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados, con fecha 31 de marzo de 2005, el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó al pleno de esta H. Cámara de Diputados, Iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio número D.G.P.L. 59-II-1-1209, ordenó que se turnara dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

CUARTO.- Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de las Iniciativas aludidas, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las Iniciativas que se discuten, los cuales se exponen en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- La Diputada Nora Elena Yu Hernández, que promueve la Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 123 y fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, expone que nuestro país ha sido dañado por el contrabando, derivado de la corrupción y complicidad de las autoridades, sustentado en el abuso de esquemas legales que van acabando poco a poco con la economía nacional.

Por lo cual, considera que el Poder Legislativo Federal debe ocuparse de este gran problema realizando modificaciones legislativas que pongan freno a estos abusos de contrabando y fraude aduanero.

Pues, el contrabando genera gran cantidad de dinero que va a parar a unas cuantas manos sin el pago de impuestos, lo que ocasiona el cierre de empresas y, como consecuencia, el desempleo, afectándose gravemente a la economía nacional.

En este sentido, según expone la legisladora promovente, la información que ha generado el sector productivo nacional como el del calzado, textil, vestido, de azúcar, alcoholera, etc., muestran que las bandas que operan el contrabando técnico o documentado en México, han encontrado un esquema legal para hacer sus importaciones de manera fraudulenta.

Que en ello media la dolosa utilización del juicio de Amparo que a través de la suspensión del acto reclamado permite introducir mercancías sin pagar los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias o el cumplimiento de los permisos o cupos que establece la autoridad competente para la protección de la economía nacional.

Por tal motivo, la autora de la Iniciativa considera imperativo que se reforme la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en lo concerniente a la suspensión del acto reclamado relativo a los artículos 123 fracción II, en el sentido de no otorgar la suspensión del acto reclamado, cuando con ello se persiga la importación de mercancías sin el pago correspondiente a las contribuciones o cuotas compensatorias o sin cumplir con las medidas, prohibiciones, restricciones o regulaciones arancelarias que establezcan las leyes y acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal.

También propone reformar la fracción II y segundo párrafo del artículo 124, para considerar como un perjuicio al interés social o contravención a disposiciones de orden público la comercialización y venta de mercancías sin acreditar la legal estancia en el territorio nacional.

Segunda.- Por su parte, el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo, que promueve la Iniciativa que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa que tiene por objeto impedir que el Juicio de Amparo se utilice como un medio legal para evadir, en diversas situaciones, el pago de las contribuciones y aprovechamientos o el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, como efecto de la suspensión.

Es importante considerar que la Ley de Amparo prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos judiciales que en su caso suspenden la ejecución o aplicación de aranceles y cuotas compensatorias, o ambos, cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo.

Lo anterior, según expresa el legislador promovente, hace necesario realizar reformas a la Ley de Amparo, a fin de que el fisco federal tenga la posibilidad jurídica de poder exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, así como obligar al cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías.

Para este propósito propone la modificación del texto de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo para adecuarlos a las condiciones de los constantes compromisos de intercambio comercial internacional entre México y otros países. Lo cual, de acuerdo a su exposición, traerá beneficios para la estabilidad y el desarrollo económicos de nuestra nación.

De su exposición de motivos se concluye que ante la apertura económica del mercado nacional a productos provenientes de otros países, una gran cantidad de bienes entran en el territorio nacional sin efectuar el correspondiente pago de contribuciones, cuotas compensatorias o evadiendo el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias mexicanas.

Como resultado de lo anterior se causa una afectación al fisco federal y a los sectores productivos nacionales, así como un trato desigual en la aplicación de la norma.

Esta situación se refleja, principalmente, en la importación de productos como manzana, frijol, azúcar, maíz; alimentos, bebidas y tabaco; asimismo, se encuentran los textiles y prendas de vestir; las industrias del cuero, la madera y sus derivados; sustancias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho, plásticos. También, en las industrias metálicas básicas; carbón, minería; maquinaria y equipo, etc., en este sentido, las propuestas de reforma, respecto a las importaciones de bienes extranjeros es una necesidad urgente.

Tercera.- Una vez analizado el contenido de las Iniciativas anteriormente descritas y considerando que tratan de la misma materia de estudio y plantean el mismo problema, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hemos coincidido en la viabilidad de emitir un sólo dictamen.

Ello también en virtud de que el objeto de las Iniciativas presentadas por la Diputada Nora Elena Yu Hernández y el Dip. Gonzalo Alemán Migliolo, coinciden en dar solución al problema de la importación de mercancías a nuestro país sin llevar a cabo el pago correspondiente de los impuestos o pagos de las regulaciones arancelarias, o aprovechando la obtención de la suspensión provisional en juicios de amparo, con lo cual causan un grave perjuicio a la economía nacional.

Ante lo anterior, es que proponen reformas a los artículos 123, 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta.- Para ubicar el contexto de las modificaciones propuestas, es conveniente señalar que la suspensión procede de oficio, cuando concurran las condiciones especificadas en el artículo 123 de la ley citada.

``Artículo 123.- Procede la suspensión de oficio:

I.-Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

II.-Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.''

En cuanto a este artículo 123 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada Nora Elena Yu Hernández, propone reformarlo en su fracción II para quedar como sigue:

``Artículo123...

I.-...

II.- Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. No se otorgará la suspensión del acto reclamado cuando con ello se persiga la importación de mercancías, sin el pago que corresponda de las contribuciones o cuotas compensatorias, o sin cumplir con las medidas, prohibiciones, restricciones o regulaciones no arancelarias que establezcan las leyes y acuerdos que emita el Ejecutivo Federal de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y siempre y cuando se traten de mercancías consideradas como sensibles, en este caso el concepto sensible se define como aquella mercancía que por su naturaleza sea susceptible de competir en el mercado nacional, bajo condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, subvaluación, triangulación de países, afecten o puedan afectar la planta productiva nacional''

...

...''.

En relación al contenido de este mismo artículo, el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo, propone adicionar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124, para quedar como sigue:

``Artículo 124.-...

I.-...

II. ...

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; se permita el incumplimiento de las órdenes militares; se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; y

III. ...''

Esta Comisión Dictaminadora expresa su acuerdo con los contenidos de ambos proyectos.

Sin embargo. También considera que debe ser el artículo 124 de la la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que debe contener la reforma. Porque de hacerlo en el 123 de la multicitada Ley se estaría tratando de una suspensión de oficio. Veamos lo que dice el último párrafo del artículo 123:

``Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.''

Por su parte, la fracción II a que nos remite, señala:

``II.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.''

Y, los actos objeto del presente proyecto no se ubican en ninguno de los supuestos inmediatamente referidos.

Efectivamente, si bien ambas propuestas, persiguen el mismo fin, esta Comisión Dictaminadora considera adecuado modificar esta parte para no conceder la suspensión a quienes hagan uso del Juicio de Amparo con el ánimo de comercializar la venta de mercancías extranjeras sin haber realizado el pago de los impuestos correspondientes o sin respeto a las leyes nacionales de la materia.

Prácticas que se pretenden erradicar, pues perjudican o dañan a la sociedad, esto es ``al interés social'', pues como es obvio las garantías individuales no son absolutas en la suspensión, pero si se considera que se pudiera perjudicar el interés social no se concederá la suspensión del acto reclamado. La ley enumera aquellos supuestos en que ocurre lo anterior.

En este orden, proponen que se incluyan otros supuestos y, son precisamente los relativos al comercio de mercancías cuya introducción se encuentre prohibida por las leyes mexicanas.

También lo relacionan con el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la restricción y prohibición de las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando se estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país.

Asimismo, proponen agregar aquellos casos en que la suspensión permita el incumplimiento de las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de la misma Ley de Amparo; o se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; o se afecte la producción nacional.

De tal forma que el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; sean incluidos y enumerados en el mismo artículo como actos que siguen un perjuicio al interés social

Quinta.- También, el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo, propone reformar el artículo 135 de la Ley de Amparo, que establece la concesión discrecional de la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones, siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda.

Asimismo, dicho artículo señala que el depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago.

``Artículo 135.- Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda.

El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactota, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.''

Sin embargo, el autor de la Iniciativa propone incluir otros ingresos fiscales como los aprovechamientos, los cuales, por su importancia en el comercio internacional deben ser regulados en el marco del propio artículo en comento.

El Código Fiscal de la Federación define los aprovechamientos en los términos siguientes:

``Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

...''

Si bien no son los únicos, el mejor ejemplo de aprovechamientos lo constituyen las cuotas compensatorias. La misma Ley de Comercio Exterior, en su Artículo 63, indica:

``Artículo 63.- Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación.''

Por lo cual, el artículo 3, de la Ley de Comercio Exterior define a las cuotas compensatorias:

``Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. ...

II. ...

III. Cuotas compensatorias, aquéllas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la presente Ley.''

Dichas cuotas compensatorias nacen como una penalización a las reconocidas como prácticas desleales de comercio internacional en el Título Quinto de la Ley de Comercio Exterior:

``Artículo 28.- Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta Ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley.''

Las cuotas compensatorias se establecen como una exigencia ante determinadas prácticas desleales de comercio internacional, según relaciona el artículo 64, de la Ley de Comercio Exterior:

``Artículo 64.- ...

La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen de discriminación de precios o de subvenciones más alto obtenido con base en los hechos de que se tenga conocimiento, en los siguientes casos:

I. Cuando los productores no comparezcan en la investigación; o

II. Cuando los productores no presenten la información requerida en tiempo y forma, entorpezcan significativamente la investigación, o presenten información o pruebas incompletas, incorrectas o que no provengan de sus registros contables, lo cual no permita la determinación de un margen individual de discriminación de precios o de subvenciones; o

III. Cuando los productores no hayan realizado exportaciones del producto objeto de investigación durante el período investigado.

...''

Como puede notarse, es evidente que dichas prácticas deterioran y socavan nuestras normas, además de que quienes la practican obtienen grandes beneficios en detrimento de la economía nacional.

Por lo cual, es correcta la apreciación del autor de la Iniciativa para que la concesión de la suspensión en el amparo sea discrecional, pero sobre todo, sea garantizado el pago total en efectivo, impidiendo la evasión tal y como ocurre hasta ahora con la ley vigente.

También se especifica en el proyecto que la suspensión del acto reclamado, surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda. A diferencia del texto actual que señala ``la cantidad que se cobra''; que ofrece poca claridad.

Asimismo, se deroga la segunda parte del texto vigente, introduciendo un texto que contrasta con el vigente por su claridad en la redacción y precisión jurídica. Además de no limitar las obligaciones tributarias a las contribuciones, pues incluye a los aprovechamientos, multas y accesorios, que ahora también serán objeto de garantía. Es inminente el beneficio del Estado y, por otra parte, redefine fiscalmente el rumbo de quienes pretenden evadir la ley en la materia y asegura de manera efectiva el interés fiscal.

Por último, reconoce aquellos casos en que la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos y son: Cuando sea negado el amparo, exista sobreseimiento del mismo o por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo. Con lo cual se genera mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado.

Finalmente, coincidimos con los autores de ambas Iniciativas en la necesidad de reformar en los artículos 124 y 135 la Ley de Amparo, a fin de que responda a las circunstancias de interés social y de orden público, relacionados con el ingreso al país de mercancías que pretendan evadir el pago de las contribuciones y aprovechamientos, así como que incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias, con excepción del caso de las cuotas compensatorias.

Sexta.- Por otra parte, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en atención a que la Iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza, coincide con las dos Iniciativas ya estudiadas en cuanto a la reforma de la fracción II del artículo 124 de dicha ley, acordaron dictaminar un sólo proyecto, bajo las siguientes consideraciones:

Si bien no existe coincidencia temática entre el objeto de la Iniciativa del Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza que versa sobre los daños al medio ambiente y sus afectos a la salud humana y las Iniciativas de la Diputada Nora Elena Yu Hernández y Gonzalo Alemán Migliolo, que tienen como fin impedir que el Juicio de Amparo se utilice como un medio legal para evadir, en diversas situaciones, el pago de las contribuciones y aprovechamientos o el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, como efecto de la suspensión;

Sí coinciden al pretender reformar la misma fracción y párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya citada, como ya se señaló.

Lo cual, por Técnica Legislativa, obliga a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a presentar un sólo proyecto de Dictamen sobre las tres Iniciativas ya comentadas en los Antecedentes.

De otra forma, un sólo proyecto de dictamen tendría inmediatez y sería favorecido para presentarse al pleno y el otro, esperaría la conclusión de éste proceso legislativo, en detrimento de lo acordado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Séptima.- La Iniciativa del Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza, tiene por objeto negar la suspensión que consagra el artículo 124 de la Ley de Amparo, para evitar que bajo el amparo y protección de la justicia los particulares sigan causando daños graves e irreversibles al medio ambiente por el uso de diversas sustancias químicas o actos que ocasionen un daño grave o irreparable al medio ambiente o al equilibrio ecológico.

En 1928 se inicia el uso de los cloroflourcabonos, de los cuales derivan los cloroflourcarbonados (CFCs). Cincuenta años más tarde se advierte que dichas substancias, que fueron utilizadas masivamente, dañan la capa de ozono. Este problema ambiental mayúsculo despertó la conciencia de la humanidad por desarrollar aspectos para la protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico.

Octava.- En 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas promovió la creación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que produjo en 1987 el informe titulado ``Nuestro Futuro Común'', donde surge la idea del desarrollo sustentable. El que se plantearon recomendaciones acerca del cambio climático, diversidad y protección forestal, además de recomendar estudios más profundos sobre el problema de la erosión de los suelos.

El 14 de junio de 1992, fue firmado en Río de Janeiro Brasil la ``Carta de la Tierra'' o ``Declaración de Río'', estableciendo ciertos principios que deberían ser acatados por los Estados miembros, particularmente en lo relativo a desarrollar legislación nacional respecto de la responsabilidad e indemnización por daño ambiental, así como la cooperación para elaborar nueva leyes internacionales respecto al tema.

En este sentido, México mediante la reforma del artículo 4° constitucional y del primer párrafo del artículo 25 de la Carta Magna, en junio de 1999, adicionó disposiciones conducentes al medio ambiente, para su conservación y protección.

Novena.- En este orden de ideas, considera el autor que es de primera necesidad regular lo dispuesto por la Ley de Amparo a fin de precisar que no podrá ser otorgada la suspensión en aquellos casos en que exista riesgo de que se ocasione un daño grave o irreparable al medio ambiente o al equilibrio ecológico.

Esto con el fin de evitar que bajo el amparo y protección de la justicia, los particulares se encuentren en posibilidad de seguir utilizando los cloroflourocabonados (CFCs), para evitar que continúen con actos que causen daños graves e irreparables en los bienes naturales, afectando de esta forma directamente al medio ambiente.

Décima.- El autor establece que el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que fuera de la suspensión de oficio que establece el artículo 123 de la misma ley, sólo se decretará la suspensión del acto reclamado cuando I) la solicite el agraviado; II) no se perjudique el interés general; o III) se contravengan disposiciones de orden público; y IV) resulte de difícil reparación el daño que se ocasione.

En tal sentido, el segundo párrafo de la fracción II del citado diverso 124, prevé en qué casos se ``considera'' que sí se sigue perjuicio al interés público o se realizan contravenciones a las disposiciones generales. Determinando que así se interpretará cuando:

1. De concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicios, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas.

2. Se permita la consumación o continuación de delitos de sus efectos.

3. Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario.

4. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degenere la raza.

5. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares.

Establece que es de advertirse entonces que respecto del cuarto supuesto que sea enumerado, que el legislador ha considerado prioritario defender el derecho general a la salud, como una forma de proteger el interés general y las disposiciones de orden público, aún por encima de actos que puedan resultar en un daño de difícil reparación para un particular.

En este punto es de advertirse que la protección al medio ambiente ha sido considerada como de interés común y de salud pública.

Así se ha manifestado en diversas ocasiones la autoridad jurisdiccional, al sostener que ``la protección ecológica constituye en la actualidad, una necesidad de salud pública'', abundando al manifestar -- en relación con las medidas de seguridad para proteger al medio ambiente- que ``la sociedad se encuentra interesada en que ese tipo de medidas de seguridad sean cabalmente cumplidas, toda vez que tienden a garantizar la salud y el bienestar de la comunidad por las consecuencias fatales que la contaminación ambiental puede ocasionar''.

Décima primera.- En este sentido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, después de analizar y estudiar la Iniciativa, estiman necesario y procedente realizar la reforma en los términos siguientes, considerando que:

Como lo refiere el autor de la Iniciativa, son los Clorofluorocarbonados (CFC), los principales ``responsables'' del adelgazamiento de la capa de ozono, lo que ocasiona un agujero en la capa de ozono, los cuales son productos de síntesis formados por átomos de carbono, cloro y flúor, que poseen propiedades físicas y químicas, mismos que se han utilizado indiscriminadamente durante mucho tiempo. Sin embargo su estructura, les permite atacar la capa de ozono, sin cambio alguno, ya que flotan lentamente hasta la estratosfera, donde la intensa radiación rompe sus enlaces químicos, para permitir que se libere el cloro, que captura un átomo de la molécula de ozono para consumirlo. Después de esta reacción, el cloro vuelve a quedar libre y puede llegar a destruir cien mil moléculas de ozono antes de unirse con otra molécula y formar una sustancia estable o ser finalmente expulsado de la estratosfera, además que los Clorofluorocarbonados tienen un promedio de vida que va desde los 50 años hasta los 100 años, esto les da tiempo para ascender a la estratosfera y permanecer allí destruyendo el ozono.

Estos Clorofluorocarbonados tienen propiedades físicas y químicas adecuadas para ser empleados en múltiples aplicaciones, como en la Producción de Frío consistentes en industria frigorífica, refrigeradores domésticos, aire acondicionado; Producción de plásticos expandidos concernientes en poliuretano, poliestireno; Producción de propelentes que se utilizan como gases propulsores en productos en aerosol tales como, alimentos, cosméticos, insecticidas, pinturas; Producción de solventes como son, industria electrónica para la limpieza de componentes.

Tomando en cuenta que la capa de ozono es la que se encarga de proteger a los seres vivos de la tierra de las radiaciones ultravioletas-B, aquellas radiaciones que pueden causar daños al provocar la disminución de las defensas de los organismos vivos y, por ende, también la reducción de la resistencia humana para combatir enfermedades, por lo que el principal enemigo de la capa de ozono lo constituyen los clorofluorocarbonados, que se usan para la creación de aerosoles y la refrigeración de automóviles, electrodomésticos y plásticos expansibles.

Aunado a estos tenemos también los HALONES que tienen una estructura semejante a la de los clorofluorocarbonados, pero los Halones contienen además bromo en vez de cloro, los cuales producen un efecto aún más crítico, ya que el bromo puede reaccionar con el ozono entre diez y cien veces más que el cloro.

Los HALONES de trifluorbromometano (CF3Br) se usan como extintores de incendios, los cuales son nocivos para la atmósfera superior, que destruyen más ozono que los clorofluorocarbonados, y que es utilizado en los equipos de incendios, dura un promedio de 110 años. Los HALONES de bromuro de metilo (CH3Br) es otra de las sustancias que se utiliza con gran frecuencia y que representa una amenaza para la capa de ozono, el bromuro de metilo se usa como fumigantes de suelos, y en menor medida como un aditivo para combustibles en el transporte. Además, más de la mitad de todo el CH3Br (bromuro de metilo) producido se libera en la atmósfera, donde las concentraciones son actualmente entre 8 y 15 partes por mil millones en volumen.

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que ha desarrollado nuestro planeta para permitir que exista la vida, recibe ese nombre precisamente porque funciona como un verdadero invernadero para la Tierra.

El efecto invernadero también se conoce como calentamiento global, el planeta está cubierto por una capa de gases naturales conocida como atmósfera, que permite mantener la temperatura del planeta, a través de los gases e denominan Termoactivos o Gases de Efecto Invernadero, entre los más importantes se encuentran el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), los Óxidos de Nitrógeno (NOx), el Vapor de Agua, el Ozono (O3) y los Clorofluorocarbonos (CFCs), Hexafluoruro de azufre (SF6) Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos PFC).

Considerando que el efecto invernadero es un fenómeno natural los científicos, lo denominan cambio climático en vez de efecto invernadero, ya que el efecto invernadero es un ``fenómeno natural'' y el ``cambio climático es un problema ambiental''.

El problema del cambio climático se debe al aumentando desmesurado de gases en la atmósfera, principalmente Dióxido de Carbono y Metano, que se producen de distintas maneras, pero la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, así como otros procedimientos industriales son las principales causas, ya que liberan grandes cantidades de Dióxido de Carbono, principal responsable del recalentamiento, ya que deja pasar el calor hacia el interior pero no hacia el exterior fenómeno climático provocado por la acumulación de gases naturales y artificiales lo que provoca el recalentamiento de la tierra y de la capa de la atmósfera, aumentando la temperatura global y un paulatino cambio en el clima mundial.

Así también la acumulación de gases se ve empeorada, tanto por la destrucción masiva de las selvas como de los incendios de bosques, ya que los árboles constituyen el medio fundamental de atrapar el Dióxido de Carbono y evitar así su liberación en la atmósfera.

Si este problema no se detiene, la temperatura de la Tierra aumentará con graves consecuencias para la vida. El aire caliente modificará los ciclos y esquemas meteorológicos del planeta, como consecuencia de la elevación de la temperatura mundial, las reservas de agua dulce en estado sólido de los polos y nieves se comenzaran a derretir, se perderá ecosistemas muy valiosos para la humanidad y reservas de agua que pueden ser cruciales en el futuro, además de lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, sequías, olas de calor, heladas, el cambio climático nos afecta a todos por igual.

Décima segunda.- A pesar del avance en las acciones, políticas y en las legislaciones de los países miembros de la comunidad internacional encaminados a hacer frente a la degradación del medio ambiente, que han tenido lugar en los últimos 30 años a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la problemática es mucho más grave y preocupante que entonces.

La contaminación y degradación de los elementos que conforman nuestro entorno natural, como son; suelo, agua, selvas, bosques, fauna y la flora silvestre, situación de la que México no es ajeno, pone en peligro la subsistencia de la humanidad y las especies que coexisten con ella en el planeta.

Los compromisos que se han adoptado en los diversos instrumentos internacionales, en los cuales se establecieron ciertos principios que debían ser acatados por los diferentes Estados, donde se plantearon desarrollar legislaciones Nacional e Internacional, así como algunas recomendaciones, acerca del cambio climático, protección forestal y erosión de los suelos, obligando a las autoridades a que aseguraren la responsabilidad e indemnización por daño ambiental, que ocasionen al interior del territorio.

Independientemente de esto, Países como Rusia y las ex Repúblicas Soviéticas argumentan que de seguir las indicaciones del Protocolo de Kioto sobre la eliminación de dichos gases, repercutiría muy negativamente en sus economías, ni se ha logrado eliminar el comercio ilícito de las ocho sustancias que el Protocolo llama ``controladas'', acerca de los cinco CFCs y los tres halones, aunque los protocolos de Montreal y de Copenhague, en 1987 y 1991, impusieron la nivel internacional que se disminuya progresivamente el uso de los gases que afectan la capa de ozono y para el año 2006 su utilización deberá ser totalmente eliminada.

De acuerdo con los especialistas, si esto se cumple deberán pasar unos 20 años para que se pueda comenzar a advertir una gradual recuperación del ozono atmosférico. Lograda la eliminación de los gases que afectan la capa de ozono, se cree que este filtro natural recuperará su grosor en 2050.

Décima tercera.- Ante la compleja realidad ambiental, y los compromisos adquiridos, nuestro país llevó a cabo reformas a los artículos 4° y 25 constitucionales en materia ambiental, considerando que las normas deben constituir instrumentos efectivos de defensa y desarrollo pleno de este derecho, se debe ampliar la defensa del entorno, mediante reformas a nuestro sistema jurídico que sirvan de defensa.

Como lo prevé la fracción V del artículo 6 de la Ley General de Salud, que señala que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud es ``apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida'', es en esa analogía que la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico son asuntos de interés general.

Así como el artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, protege lo relativo a la protección a la salud que tiene toda persona, el artículo 1° de la Ley General de Salud, se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

En tal sentido, ambas leyes regulan lo que establece la Carta Magna y coinciden plenamente con el bien jurídico tutelado y guardan similar naturaleza, ya que expresan su carácter de ordenamientos de ``interés general y de orden público'' que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo que prevé que no afecte el interés general y que no contravengan el orden publico.

También la autoridad jurisdiccional ha sostenido que la ``protección ecológica constituye en la actualidad, una necesidad inaplazable de la salud pública'', en sus diferentes resoluciones.

Décima cuarta.- En tal virtud, se considera pertinente llevar a cabo la reforma a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, a fin de evitar que bajo el amparo y protección de la justicia federal, los particulares se encuentren en posibilidad de continuar actos que causen daños graves al medio ambiente.

Lo anterior, con base en la intención de los particulares de beneficiarse con la obtención de la suspensión del acto reclamado, para seguir atentando en contra del medio ambiente en perjuicio del orden público e interés social, independiente de las consecuencias fatales irreversibles a la ecología y de los daños que se ocasionen a la salud o a la vida.

Por lo tanto, mediante una reforma a la Ley de Amparo, se podrá ayudar a la problemática que consiste en impedir el ataque al medio ambiente.

Es necesario manifestar que la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, prevé que se concederá la suspensión del acto reclamado cuando no se cause perjuicio al interés social, es menester, señalar que de concederse la suspensión del acto reclamado, en este caso no es procedente conceder la suspensión, ya que la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico son asuntos de orden público.

Es por eso que se estima pertinente reformar la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para que la autoridad jurisdiccional no entre de fondo al estudio del asunto y se declare la improcedencia de la suspensión del acto reclamado, sobre todo aquello que ponga en peligro el medio ambiente, la salud y todo aquello que dañe el medio ambiente, salvaguardando el interés social.

Esta Comisión considera que es necesario para una mejor comprensión de la fracción II se cambie la redacción de como se encuentra actualmente.

Además, para que exista precisión para obtener una efectividad es pertinente eliminar los términos propuesto en la reforma que son, real e inminente, a efecto de que el juzgador no tenga una valoración subjetiva del acto reclamado. Pues con el simple hecho de ``poner en peligro el medio ambiente y la salud'', es más que causa suficiente para negar la suspensión del acto reclamado. Así como eliminar el último párrafo que establece ``o porque sean rebasados los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables'', ya que con esto, los particulares no tendrán la oportunidad de intentar el Amparo sino cumplen con cada uno de los requisitos establecidos por la ley.

Finalmente, coincidimos con el autor de la Iniciativa en la necesidad de reformar el artículo 124 de la Ley Amparo, para que se modifique la fracción II del articulo 124, a fin que contemple lo relacionado con la ``protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y la salud'', ya que ponen en riesgo la vida de las personas.

En relación a al forma, esta Comisión Dictaminadora, coincide con la justificación que hace el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza, en su exposición de motivos para modificar la estructura formal del actual texto del artículo 124, ya multicomentado, sobre la necesidad de otorgarle mayor claridad y precisión al relacionar los casos en que no se concederá la suspensión del acto reclamado al enlistarlos y detallarlos a través de incisos.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos someten a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 124 Y 135 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 124, fracción II, párrafo segundo y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 124.-...

I. ...

II. ...

Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y

g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

III. ...

...

Artículo 135.- Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los depósitos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a veinticinco de octubre de dos mil cinco.

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar, Angélica de la Peña Gómez, Eliana Garía Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla..»

Es de primera lectura.

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LEY DE EDUCACION MILITAR DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviada por el Senado de la República al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el 12 de abril de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafos primero, segundo fracción VII y tercero; 45 párrafo sexto incisos e), f) y g); y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Defensa Nacional resuelve el presente Dictamen, bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

En Sesión celebrada el 1 de marzo de 2005 por el Pleno del Senado de la República se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación que remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, turnó para estudio y dictamen, la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos. Con fecha 5 de abril del 2005 se aprobó el dictamen respectivo por dicho órgano legislativo, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

En Sesión celebrada el 12 de abril del 2005 por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se hizo del conocimiento del Pleno el oficio de la Cámara de Senadores por el que se remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto de Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio y dictamen. Dicha Comisión en su Reunión Plenaria de fecha 11 de octubre de 2005 se abocó al análisis y discusión de la Minuta referida para presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto con base en las siguientes:

VALORACIONES DE LA INICIATIVA:

El Ejecutivo Federal, en términos generales, en su exposición de motivos establece:

a) La Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que se propone contempla todos los aspectos relacionados con esta materia, atendiendo a las condiciones y necesidades actuales del Sistema Educativo Militar.

b) Por medio de esta Ley se faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para emitir las directivas relacionadas con la filosofía y las políticas educativas que han de regir al Sistema Educativo Militar.

c) Se establecen los mecanismos necesarios para fomentar el intercambio cultural y profesional entre personal nacional y becarios extranjeros.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Debemos entender que tanto en el ámbito individual como en el colectivo, la educación no representa un dispendio, sino es una inversión a todos los plazos. El hecho de fomentar la educación es una de las grandes responsabilidades gubernamentales ya que satisface el derecho de todo ser humano a cultivar su entendimiento.

En la minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están consideradas todas las etapas que debe de tener un sistema educativo, a saber: proceso educativo, planeación institucional, organización e integración educacional y evaluación institucional. La educación militar forma a los militares para la práctica y ejercicio del mando a través de la docencia, difusión de la cultura e investigación.

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos constituyen un mecanismo de defensa de la soberanía e integridad territorial, tanto por vocación como por convicción, lo cual es una tarea de gran trascendencia y de orgullo para quienes forman parte de estas Fuerzas Armadas.

La filosofía, políticas educativas, objetivos y líneas de acción en el Sistema Educativo Militar en cuanto a la formación de sus alumnos, se sustentan en la personalización de la educación, mediante la realización de un esfuerzo individual del alumno y un compromiso hacia sí mismo y la institución de educación militar a la que pertenezca (colegios, escuelas, centros de estudios y unidades-escuela), lo cual permite una formación integral en lo intelectual y moral, mediante una educación especializada por su propósito (formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y especialización).

El amor a la patria, lealtad institucional, honestidad, espíritu de servicio y superación, así como el compromiso con las generaciones futuras en cuanto a inculcar valores y conocimientos adquiridos, son actitudes inherentes a la educación militar, las cuales son fomentadas tanto en los alumnos nacionales como extranjeros que ingresan al Sistema Educativo Militar (ya sea por proceso de selección o no) dando con ello una visión humana a la educación.

En este contexto el Sistema Educativo Militar otorga derechos y establece obligaciones, tanto a estudiantes nacionales como extranjeros, con lo cual se garantiza una educación sustentada en el respeto del ser humano como tal.

Así, el conocimiento y la disciplina militar dan lugar a la formación de hombres y mujeres auto disciplinados y comprometidos con el instituto armado, en el estudio y desarrollo personal, buscando la superación académica, por medio de la formación, capacitación y actualización científica y técnica.

La Educación Militar tiene por fin instruir para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional satisface sus necesidades en cuanto a recursos humanos se refiere (tomando en cuenta jerarquía y especialidad) por medio de la impartición de una educación militar regulada por ella misma, lo cual permite el establecimiento de un alto nivel de calidad educativa en la relación discente-docente, independientemente del tipo de educación impartida: sea superior, media superior ó de capacitación para el trabajo.

En este sentido, para aspirar a un sistema educativo de calidad, ningún nivel académico puede estar por encima de otro, en cuanto a su atención, ya que todos se encuentran interconectados de manera práctica, y por ende todos deben de ser apoyados por las autoridades educativas, lo cual es llevado a cabo en la práctica en el Sistema Educativo Militar contemplado en la presente Minuta.

La educación implica, principalmente, la participación de dos actores: profesor y alumno, donde ambos enseñan y aprenden. Sin duda, una responsabilidad presente y compartida en el ámbito educativo que garantizará un futuro promisorio para la nación en su conjunto.

Hay dos aspectos de innegable valía en esta Minuta, por un lado, la posibilidad real de realizar cursos en el extranjero por parte del personal militar nacional que por concurso de selección obtenga esta oportunidad, y por el otro lado, la acreditación, certificación y revalidación de estudios que la Dirección y Rectoría del Sistema Educativo Militar lleva a cabo con base en la calidad de los conocimientos científicos y técnicos adquiridos, incluso para los conocimientos que de manera autodidacta ó por experiencia laboral se posean en relación con los empleos y especialidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Cabe señalar la importancia de solventar las necesidades siempre cambiantes del Sistema Educativo Militar, lo cual es contemplado en esta Minuta con Proyecto de Decreto, con el fin de asegurar la actualización de la Planeación Institucional.

En relación con las infracciones y sus respectivas sanciones, la Minuta con Proyecto de Decreto hace una distinción precisa entre quiénes serán sancionados conforme a las leyes y reglamentos militares, quedando sujetos al fuero de guerra, y quiénes no estarán sujetos a este último en virtud de su calidad de civiles, ya sean nacionales o extranjeros.

El fuero de guerra, como una figura jurídica sólida dentro de la justicia militar, obedece a las características de la vida dentro del ámbito castrense, en donde la disciplina coadyuva a su correcto funcionamiento para el cumplimiento de las delicadas encomiendas constitucionales.

En consecuencia, por lo expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de Decreto:

ARTÍCULO ÚNICO: SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACION MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

LEY DE EDUCACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la Educación que imparte la Secretaría de la Defensa Nacional, orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte militar, así como otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Educación y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Ley, Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

II.- Secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional, y

III.- Dirección y Rectoría, la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

ARTÍCULO 3.- La Secretaría establecerá las directivas relacionadas con la filosofía, políticas educativas, objetivos y líneas de acción para el Sistema Educativo Militar.

ARTÍCULO 4.- La Educación Militar tiene como finalidad formar militares para la práctica y el ejercicio del mando y la realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, inculcándoles el amor a la patria, la lealtad institucional, la honestidad, la conciencia de servicio y superación y la responsabilidad de difundir a las nuevas generaciones los valores y conocimientos recibidos.

ARTÍCULO 5.- Los objetivos de la Educación Militar son los siguientes:

I. Desarrollar armónica e integralmente a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y de reflexión crítica;

III. Vincular permanentemente la educación y adiestramiento de los militares;

IV. Promover la conciencia institucional, los valores y la doctrina militar;

V. Fomentar el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos, y

VI. Fortalecer el conocimiento enfocado a la preservación de la salud y la protección al medio ambiente.

ARTÍCULO 6.- La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea tiene las finalidades siguientes:

I. Impartir al personal militar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a nivel de educación medio superior y superior para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

II. Realizar investigaciones científicas en lo general, relacionadas con el avance de la ciencia y el arte militar;

III. Formar profesores para las diversas asignaturas que imparten las Instituciones de Educación Militar, y

IV. Difundir y enriquecer la cultura del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

ARTÍCULO 7.- La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea depende de la Secretaría, a través de la Dirección General de Educación Militar, misma que ejercerá la función de Rectoría.

ARTÍCULO 8.- La Secretaría satisface sus necesidades de recursos humanos profesionales, a través de la Educación Militar, a fin de estar en capacidad de cumplir con las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

ARTÍCULO 9.- La Dirección y Rectoría dispondrá de los recursos presupuestales que le sean asignados por conducto de la Secretaría.

CAPÍTULO II DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR

ARTÍCULO 10.- El Sistema Educativo Militar es el conjunto de Instituciones Educativas que imparten conocimientos castrenses de distintos propósitos, tipos, niveles y modalidades, condicionados a una filosofía, doctrina e infraestructura militares propias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, bajo la conducción de la Dirección y Rectoría.

ARTÍCULO 11.- Los objetivos del Sistema Educativo Militar son los siguientes:

I. Mejorar los niveles de eficiencia terminal, la calidad educativa y el aprovechamiento académico, optimizando los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles;

II. Fortalecer mediante un proceso continuo y permanente el desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en un marco de calidad educativa;

III. Proporcionar a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos los servicios educativos que corresponden a su jerarquía y especialidad;

IV. Impartir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para fortalecer las capacidades de planeo y ejecución de operaciones militares combinadas y conjuntas;

V. Desarrollar y fortalecer el conocimiento mediante la práctica de los valores y las virtudes, como parte fundamental de la formación militar;

VI. Impulsar, organizar y normar las actividades de investigación sobre el arte y ciencia de la guerra, así como aspectos técnicos y científicos de los servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

VII. Elevar el nivel cultural y académico de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y

VIII. Proporcionar en forma oportuna y secuencial la formación orientada a la función específica que habrá de cumplir el personal militar.

ARTÍCULO 12.- La función del Sistema Educativo Militar es adquirir, transmitir y acrecentar la cultura castrense que contribuya al desarrollo integral del militar profesional para el cumplimiento de los deberes que le impone el servicio de las armas.

ARTÍCULO 13.- Para los efectos de Ley, El Sistema Educativo Militar está constituido por:

I. Los discentes, docentes y personal de apoyo;

II. Las Autoridades Educativas Militares;

III. El Plan General de Educación Militar, y

IV. Las Instituciones de Educación Militar.

Los integrantes del Sistema Educativo Militar serán regulados por los reglamentos que en su caso se expidan.

ARTÍCULO 14.- Las Instituciones de Educación Militar se clasifican en:

I. Colegios;

II. Escuelas;

III. Centros de Estudios, y

IV. Unidades-Escuela.

ARTÍCULO 15.- Los reglamentos de las Instituciones de Educación Militar, especificarán además la misión, valores, objetivos, organización, funciones, tipos y niveles y, en su caso las modalidades educativas de los cursos que impartan.

ARTÍCULO 16.- Los cursos del Sistema Educativo Militar por su propósito se clasifican en:

I. De Formación;

II. De Capacitación;

III. De Aplicación;

IV. De Perfeccionamiento;

V. De Actualización, y

VI. De Especialización.

CAPÍTULO III DEL PROCESO EDUCATIVO

SECCIÓN PRIMERA DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN MILITAR

ARTÍCULO 17.- El proceso educativo será realizado en los términos de esta Ley, por los Colegios, Escuelas Militares, Centros de Estudios, Unidades-Escuela y Dependencias de la Secretaría que tengan asignada la responsabilidad de impartir cursos considerados en el Plan General de Educación Militar.

ARTÍCULO 18.- El Sistema Educativo Militar impartirá educación del tipo superior, medio superior y de capacitación para el trabajo, en los términos que establecen esta Ley y las disposiciones legales respectivas.

ARTÍCULO 19.- Los tipos y niveles, así como las modalidades educativas serán indicados en los Planes de Estudio de los respectivos cursos, de conformidad con el Plan General de Educación Militar.

SECCIÓN SEGUNDA DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 20.- La Planeación Institucional será realizada por las Autoridades Educativas Militares de conformidad con los procedimientos que especifique el reglamento respectivo de esta ley.

ARTÍCULO 21.- El proceso educativo que impartan las Instituciones de Educación Militar será de conformidad a las normas técnico-didácticas que expida la Dirección y Rectoría.

ARTÍCULO 22.- Los planes de estudio tendrán una vigencia mínima igual al tiempo que duren los estudios a que se refieran más un cincuenta por ciento del mismo, sin detrimento de que los programas derivados de éste, sean realizadas las adecuaciones necesarias para asegurar su actualización.

SECCIÓN TERCERA DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACION EDUCACIONAL

ARTÍCULO 23.- La Dirección y Rectoría expedirá las normas técnico-didácticas aplicables en el proceso educativo, de conformidad al tipo y nivel y modalidades educativas, capacitando al personal responsable de las Instituciones del Sistema Educativo Militar en su aplicación.

ARTÍCULO 24.- La Secretaría proveerá los recursos necesarios para garantizar que las Instituciones del Sistema Educativo Militar cumplan la función Educativa.

SECCIÓN CUARTA DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 25.- La Dirección y Rectoría expedirá las normas técnico-didácticas para regular los procedimientos de evaluación institucional.

ARTÍCULO 26.- La Dirección y Rectoría establecerá los mecanismos adecuados para evaluar permanentemente los resultados del proceso educativo.

ARTÍCULO 27.- La evaluación del proceso educativo estará dirigida a diagnosticar el cumplimiento de los objetivos de la Educación Militar y la calidad de los servicios educativos que proporcione por si o por medio de otras instituciones.

CAPÍTULO IV DE LA ADMISIÓN

SECCIÓN PRIMERA DE LOS ASPIRANTES NACIONALES

ARTÍCULO 28.- El proceso de admisión a las Instituciones de Educación Militar se señalará en el reglamento respectivo de esta Ley.

ARTÍCULO 29.- Todo mexicano tiene derecho a ingresar a las Instituciones que integran el Sistema Educativo Militar, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 30.- El ingreso a las Instituciones de Educación Militar será mediante concurso de selección, cuyos procedimientos de planeación y ejecución estarán a cargo de la Dirección y Rectoría.

ARTÍCULO 31.- La Secretaría determinará los cursos que, de acuerdo a la naturaleza de los mismos, no requieran para el ingreso un proceso de selección.

SECCIÓN SEGUNDA DE LOS EXTRANJEROS

ARTÍCULO 32.- La Secretaría ofrecerá los cursos a los Ministerios de Defensa de otros países para que el personal extranjero realice estudios en las Instituciones de Educación Militar.

ARTÍCULO 33.- El personal extranjero que ingrese al Sistema Educativo Militar deberá sujetarse a los requisitos que emita la Secretaría en la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 34.- Los becarios extranjeros estarán sujetos a las disposiciones académicas, disciplinarias y administrativas que para el efecto señalen los reglamentos de las Instituciones de Educación Militar en donde realicen sus estudios.

ARTÍCULO 35.- Los militares extranjeros becados en el Sistema Educativo Militar conservarán la jerarquía asignada por las fuerzas armadas de su país.

ARTÍCULO 36.- Las Autoridades Educativas Militares expedirán al personal becario extranjero los documentos que acrediten satisfactoriamente la conclusión de sus estudios de conformidad al curso realizado.

ARTÍCULO 37.- El personal becario extranjero deberá reincorporarse a su país de origen y por ningún motivo podrá pertenecer o permanecer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una vez finalizados sus estudios o causado baja de la Institución de Educación Militar correspondiente.

ARTÍCULO 38.- La Secretaría determinará sobre el alta, baja, permisos o solicitudes del personal becario extranjero.

SECCIÓN TERCERA DE LOS MILITARES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

ARTÍCULO 39.- La Secretaría podrá convocar al personal militar para realizar cursos en el extranjero en calidad de becarios, efectuando el proceso de selección respectivo.

ARTÍCULO 40.- Los militares que obtengan la calidad de becarios observarán las disposiciones legales del país donde se encuentren realizando sus estudios.

ARTÍCULO 41.- El personal militar con calidad de becario en el extranjero será controlado por la Agregaduría Militar de México en el país anfitrión y, para el caso de que no se cuente con este tipo de representación, la Secretaría se encargará directamente de su control.

CAPÍTULO V DE LA ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 42.- La Dirección y Rectoría dictaminará sobre la compatibilidad de los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Militar, de conformidad al procedimiento que especifique el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 43.- La Dirección y Rectoría gestionará el reconocimiento de validez oficial de estudios que sean impartidos en el Sistema Educativo Militar, así como el registro y expedición de la cédula correspondiente, cuando ésta sea necesaria para el ejercicio profesional en términos de la legislación aplicable.

ARTÍCULO 44.- Los estudios realizados en el Sistema Educativo Militar podrán, en su caso, declararse equivalentes por niveles académicos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso.

ARTÍCULO 45.- La Dirección y Rectoría establecerá un sistema de créditos, el cual permitirá la revalidación de estudios de nivel superior entre las diferentes Instituciones del Sistema Educativo Militar, de conformidad al reglamento en la materia de esta Ley.

ARTÍCULO 46.- Las Autoridades Educativas Militares expedirán certificados, constancias, diplomas, títulos y grados académicos a quienes hayan concluido satisfactoriamente sus estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes.

ARTÍCULO 47.- La Dirección y Rectoría establecerá los procedimientos por medio de los cuales expedirá certificados y dictámenes técnicos a quienes acrediten conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral, en relación con los empleos y especialidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

CAPÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 48.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como infracciones del personal directivo, académico, administrativo y docente del sistema educativo militar, las siguientes:

I. Incumplir las obligaciones que les impongan los reglamentos de esta Ley;

II. Suspender las actividades académicas sin motivo justificado;

III. Difundir antes de su aplicación los exámenes o cualquier otro instrumento de evaluación;

IV. Expedir certificados, constancias, diplomas, grados o títulos de estudios sin la autorización de la Dirección y Rectoría.

V. Permitir o realizar actividades de publicidad o comercialización dentro de las Instituciones de Educación Militar de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, e

VI. Incumplir cualquiera de los preceptos de esta Ley.

ARTÍCULO 49.- El personal directivo, académico, administrativo y docente del Sistema Educativo Militar que incurra en las infracciones previstas en el artículo anterior, será sancionado de conformidad con las leyes y reglamentos militares y disposiciones que dicte la Secretaría y, en su caso, quedará sujeto al fuero de guerra.

ARTÍCULO 50.- No serán aplicables las disposiciones del artículo 48 de esta Ley, a los profesores civiles que presten sus servicios en el Sistema Educativo Militar, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas establecidas en su nombramiento.

ARTÍCULO 51.- Los discentes de las Instituciones de Educación Militar estarán sujetos a los reglamentos y disposiciones que la Secretaría emita para el caso y, quedarán sujetos al Fuero de Guerra.

Los nacionales civiles o extranjeros que realicen estudios en el Sistema Educativo Militar, no estarán sujetos al Fuero de Guerra.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Fernando A. Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz (rúbrica), Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celaya Luría, Carlos Osvaldo Pano Becerra, María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Julián Sacramento Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Fermín Trujillo Fuentes, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputadas y diputados: con las facultades que la ley me confiere, en nombre de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional hago uso de la tribuna para exponer el presente dictamen de la minuta de decreto por la que se expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, remitida por el Senado de la República al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el 12 de abril de 2005. Con el fin de impulsar la profesionalización del Ejército Mexicano, se creó el 15 de diciembre de 1932 la Dirección General de Educación Militar; entre 1920 y 1948 se dio un lugar preponderante al sistema educativo militar y se crearon varios de los planteles militares que perduran hasta nuestros días. En el año de 1932 se constituyeron la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar de Clases, la Escuela Militar de Veterinaria, la Escuela Militar de Intendencia, de Enlace y Transmisiones y de Enfermeros.

En 1938 fue fundada la Escuela Militar de Enfermeras del Ejército; en 1942, la Escuela Militar de Mecánica de Aviación; en 1946, la Escuela Militar de Tropas de Materiales de Guerra; y en 1947, la Escuela Militar de Metereología. Finalmente, el 26 de diciembre de 1975, fue creada la Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, que unifica en un solo organismo el sistema educativo militar con el fin de regir la formación profesional que se desarrolla en los planteles de educación militar del Ejército y Fuerza Aérea. Esta nueva Ley de Educación Militar viene a materializar todos los esfuerzos que se han referido y que no se consideraban en ninguna otra normatividad jurídica. En la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están consideradas todas las etapas que debe tener un proceso del sistema educativo; a saber, proceso educativo, planeación institucional, organización e integración educacional y evaluación institucional.

La educación militar forma a los militares para la práctica y el ejercicio del mando a través de la docencia, difusión de la cultura e investigación. Por medio de esta ley se faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para emitir las directivas relacionadas con la filosofía y las políticas educativas que han de regir el sistema educativo militar. Hoy día, este sistema se encuentra organizado en 35 planteles, donde se efectúan estudios de posgrado, licenciaturas, de formación de oficiales, de formación de clases, de aplicación y perfeccionamiento y de capacitación y actualización.

La filosofía ``políticas educativas, objetivos y líneas de acción'' en el sistema educativo militar en cuanto a la formación de sus alumnos se sustenta en la personalización de la educación mediante la realización de un esfuerzo individual del alumno y un compromiso hacia sí mismo y la institución de educación militar a que pertenezca: colegios, escuelas, centros de estudio y unidades de escuela, lo cual permite una formación integral en lo intelectual y moral, mediante una educación especializada por su propósito, formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y especialización, amor a la patria, lealtad institucional, honestidad, y espíritu de servicio y superación, así como el compromiso con las generaciones futuras en cuanto a inculcar valores y conocimientos adquiridos, son actitudes inherentes a la educación militar. El hecho de fomentar la educación es una de las grandes responsabilidades gubernamentales, ya que satisface el derecho de todo ser humano a cultivar su entendimiento.

El sistema educativo militar tiene como meta formar hombres y mujeres que servirán al Ejército Mexicano, a su patria y a su pueblo, teniendo siempre en mente la satisfacción del deber cumplido y que contribuyen además con sus conocimientos y acciones al desarrollo nacional. La educación militar promueve la observancia del marco normativo constitucional, el respeto de los derechos humanos, la observancia de las garantías individuales y la igualdad entre los seres humanos, con base en parámetros de excelencia que garanticen alcanzar un ideal educativo.

En relación con las infracciones y sus respectivas sanciones, la minuta con proyecto de decreto hace una distinción precisa entre quienes serán sancionados conforme a las leyes y los reglamentos militares, quedando sujetos al fuero de guerra, y quienes no estarán sujetos a este último, en virtud de su calidad de civiles, sean nacionales o extranjeros. El futuro de nuestro país depende de la capacidad que tengan las personas para afrontar los retos sociales y económicos que implica la globalización y poder transitar así del espacio del aprendizaje formal o permanente al espacio del trabajo remunerado con base en las aptitudes. La economía del mañana a escala global no es sólo académica; es también científica y tecnológica, ya que si bien el conocimiento se cultiva, las técnicas lo fortalecen.

Hoy más que nunca, una población culta, libre, instruida y técnicamente actualizada es la base del progreso de toda nación. Y es motivo de satisfacción para los militares que hoy se presente a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados esta ley. Con base en lo expuesto, pedimos a este Pleno su apoyo para la aprobación del dictamen que se presenta, con la seguridad de que, como lo ha demostrado la LIX Legislatura, la educación ha sido, es y seguirá siendo motivo de preocupación para quienes legislamos en favor de México. Así, la Comisión de Defensa Nacional somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se expide en los términos de la minuta del Senado de la República la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aéreos Mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión en lo general. Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que se declara suficientemente discutido en lo general. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. De igual manera, esta Presidencia no tiene registrados oradores; por tanto, se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación.)

Señor Presidente: se emitieron 387 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos. Al estar aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 424 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 2 de diciembre de 2003, el Diputado Ernesto Herrera Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa que adiciona el artículo 424 quáter al Código Penal Federal.

SEGUNDO.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-173, acordó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y Dictamen.

TERCERA.- Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute.

CONSIDERACIONES

Primera.- La Iniciativa en estudio propone adicionar un artículo 424 quáter al Código Penal Federal, a efecto de tipificar como conductas delictivas las tendientes a desactivar las medidas tecnológicas de protección cuyo objeto es impedir o restringir toda forma de uso y explotación no autorizada de cualquiera de los géneros de obras amparadas por el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de fonogramas.

Segunda.- Expone el autor de la Iniciativa, que no obstante los avances obtenidos en materia de derechos de autor, continúan cometiéndose delitos que atentan contra los derechos intelectuales, ampliándose en el campo de las nuevas tecnologías como el Internet, lo que hace urgente y necesario establecer sanciones a quienes realicen tales conductas, en defensa de la música, que constituye una parte esencial de nuestro patrimonio cultural.

Por ello, propone la adición de un artículo 424 quáter al Código Penal Federal, para que quienes desactiven las medidas tecnológicas de protección, cuyo objeto es impedir o restringir toda forma de uso y explotación no autorizada de cualquiera de los géneros de obras amparadas por el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de fonogramas, sean considerados como delincuentes, porque, aduce, realizan y propician la producción y reproducción ilegal de obras, interpretaciones y producciones fonográficas en perjuicio directo de los titulares de derechos, en el entorno digital.

El artículo 13 citado enuncia las siguientes obras, que de acuerdo con la Iniciativa que se analiza, serían objeto de protección.

``Artículo 13

Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

I. Literaria;

II. Musical, con o sin letra;

III. Dramática;

IV. Danza;

V. Pictórica o de dibujo;

VI. Escultórica y de carácter plástico;

VII. Caricatura e historieta;

VIII. Arquitectónica;

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

X. Programas de radio y televisión;

XI. Programas de cómputo;

XII. Fotográfica;

XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.''

Tercera.- Los integrantes de esta Comisión consideran pertinente señalar que para la industria de la música, terminar con la piratería por Internet se está convirtiendo en uno de sus principales retos, ya que las ventas mundiales han caído durante los últimos años.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica es un organismo no gubernamental que representa a la industria de la música a nivel internacional, agrupando a más de 1,400 miembros productores de fonogramas en 76 países. Según datos publicados por este organismo, la venta de discos piratas se duplicó en los últimos tres años, y llegó a 1,000 millones de unidades en el 2002. Debido a ello, uno de cada tres discos vendidos en el mundo es una copia pirata, generando ganancias por 4,500 millones de dólares al año, aproximadamente, lo que revela la dimensión de la problemática ocasionada con esta práctica ilegal.

Cuarta.- Después de haber analizado los argumentos vertidos en la Iniciativa que nos ocupa, esta Comisión coincide plenamente con lo expresado por el legislador, si tomamos en consideración que, actualmente, el uso de las computadoras cada vez es mayor y con ello el uso de Internet, se ha convertido en una necesidad para realizar diversas actividades de la vida social y laboral.

En este mundo cada vez más globalizado, las personas tienen la necesidad de mantenerse en contacto con la sociedad que les rodea, lo cual, gracias a Internet se consigue. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que Internet es una red de comunicación no regulada, lo que permite que se cometan actividades no éticas o ilegales que perjudican a la sociedad.

Debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado que se cometan este tipo de conductas. En este sentido, resulta conveniente precisar que la regulación jurídica de la criminalidad informática presenta determinadas peculiaridades, debidas al propio carácter innovador que las tecnologías de la información y la comunicación presentan. Por lo que la criminalidad informática supone una nueva versión de delitos tradicionales, obligando a revisar los elementos constitutivos de gran parte de los tipos penales existentes.

Asimismo, tomando en cuenta la gravedad del ilícito, así como las ganancias obtenidas con las conductas ilícitas, en perjuicio de los autores y las industrias que intervienen en la elaboración y explotación ilícita de las obras. Esta Comisión Dictaminadora propone una pena de tres a siete años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa en lugar de cuantificar dichas cantidades en salarios mínimos como se propone en la Iniciativa analizada. Pues ello permite fijar una sanción más severa para quien vulnera estos derechos, al determinarse en proporción a los ingresos de quien cometa el delito y no por salario mínimo.

Asimismo, esta Comisión Dictaminadora, considera conveniente realizar modificaciones al texto propuesto en el proyecto, derivado del análisis del mismo y del contenido del artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por que si bien, como señala la fracción II, del texto propuesto:

``Artículo 424 quáter.

...

II. A quien empleando un medio mecánico, electrónico, digital o cualquier otro, desactive sin derecho o autorización de quien deba darla, las medidas tecnológicas de protección de fonogramas, que tienen por objeto impedir o restringir toda forma de uso y explotación no autorizada.''

Es posible y válido para los fonogramas, no es congruente ni lógico para las obras de las ramas literarias que se enumeran en dicho artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, como son las obras: ``Literaria, Musical, con o sin letra; Dramática; Danza; Pictórica o de dibujo; Escultórica y de carácter plástico; Caricatura e historieta; Arquitectónica; Cinematográfica y demás obras audiovisuales; Programas de radio y televisión; Programas de cómputo; Fotográfica; Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de Compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que le sea más afín a su naturaleza.''

¿A través de qué medio mecánico, electrónico, digital o cualquier otro, se podría desactivar sin derecho o autorización de quien deba darla, las medidas tecnológicas de protección de las ramas ya citadas líneas arriba? No se podría, porque no existen.

Sin embargo, podemos interpretar que el sentido del proyecto es el de proteger estas ramas del arte --ya enumeradas- cuando se encuentran en sistemas de cómputo, videograbadas, filmadas, fotografiadas, etc.

De lo cual, al primer párrafo del texto propuesto, esta Comisión Dictaminadora considera adecuado modificar y propone el siguiente texto:

``Artículo 424 quáter.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. A quien empleando un medio mecánico, electrónico, digital o cualquier otro, desactive sin derecho o autorización de quien deba darla, las medidas tecnológicas de protección que tienen por objeto impedir o restringir toda forma de uso y explotación no autorizada, de cualquiera de los géneros de obras amparadas por el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando éstas se encuentren en video, cine u otro medio de filmación, audiovisuales, fotografía, programas de cómputo o cualquier otro medio electrónico o digital.''

Con dicha propuesta, esta Comisión Dictaminadora, considera se amplia el marco de protección a los Derechos de Autor y se respeta el ánimo del autor de la Iniciativa.

Derivado de lo anterior, se concluye que con la adición propuesta, sin duda alguna, se estará coadyuvando a combatir este fenómeno que día a día crece en perjuicio de quienes han hecho de la música y, e general, de las artes, su medio de subsistencia, así como de la sociedad en su conjunto, por transgredirse valores fundamentales como la honestidad y el respeto a los derechos de los demás.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a la consideración de esta Asamblea, el:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 424 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Único.- Se adiciona el artículo 424 quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 quáter.- Se impondrá prisión de tres a siete años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. A quien empleando un medio mecánico, electrónico, digital o cualquier otro, desactive sin derecho o autorización de quien deba darla, las medidas tecnológicas de protección que tienen por objeto impedir o restringir toda forma de uso y explotación no autorizada, de cualquiera de los géneros de obras amparadas por el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando éstas se encuentren en video, cine u otro medio de filmación, audiovisuales, fotografía, programas de cómputo o cualquier otro medio electrónico o digital.

II. A quien empleando un medio mecánico, electrónico, digital o cualquier otro, desactive sin derecho o autorización de quien deba darla, las medidas tecnológicas de protección de fonogramas, que tienen por objeto impedir o restringir toda forma de uso y explotación no autorizada.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a veinticinco de octubre de dos mil cinco.

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado, Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana Garía Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene registrados oradores. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores. En consecuencia, esta Presidencia declara que se encuentra suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítame; permítame, señor secretario. Esta Presidencia rectifica el tiempo, para economía de esta sesión; y el sistema electrónico ordene que se abra solamente por cinco minutos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente: se emitieron en pro 395 votos, en contra 0 y abstenciones 0.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 395 votos, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Álvarez, Miguel Ángel Solares Escalante, Claudia Glenda Hernández Nava y Alejandro Machorro García para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados los días 5 y 14 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Álvarez, Miguel Ángel Solares Escalante, Claudia Glenda Hernández Nava y Alejandro Machorro García puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la Delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 25 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la Delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Sevilla Tamai, para prestar servicios como encargada de Prensa y Relaciones Públicas, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Rosa Martha Ramírez Luna, para prestar servicios como especialista de Prensa y Relaciones Públicas y editora de la página web, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Mariana Morales Álvarez, para prestar servicios como especialista de Prensa y Relaciones Públicas, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Solares Escalante, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Claudia Glenda Hernández Nava, para prestar servicios como secretaria, en la Delegación de la Comisión Europea, en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Alejandro Machorro García, para prestar servicios como contador, en la Delegación de la Comisión Europea, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de octubre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Jesús González Schmal, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Álvarez, Miguel Ángel Solares Escalante, Claudia Glenda Hernández Nava y Alejandro Machorro García para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal en un solo acto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación del proyecto de decreto en un solo acto.

(Votación.)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a personal docente y a alumnos de la secundaria General Cuautli, del municipio de Cuautla. Asimismo, se da la más cordial bienvenida a alumnos y a maestros de la Universidad Privada del Estado de Morelos, del municipio de Cuautla, invitados de la diputada Rosalina Mazari. De igual manera, da la más cordial bienvenida a alumnos del Centro Universitario Haller, invitados del diputado José María de la Vega Lárraga. Damos la más cordial de las bienvenidas y un saludo afectuoso a alumnos del quinto semestre de la preparatoria de la universidad La Salle, Pachuca, invitados del diputado Alfredo Bejos. Todos sean bienvenidos.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Presidente: se emitieron 393 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el proyecto de decreto, por 393 votos; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se autoriza.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, le fue turnado para su análisis y dictamen, el punto de acuerdo por el que se exhorta al poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por el Dip. Norberto Enrique Corella Torres del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 inciso f) ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 65, 83, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer del asunto en cuestión, por lo que se abocó el estudió y análisis del mismo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 28 de abril del 2005, el Dip. Norberto Enrique Corella Torres del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta al poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

II. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen la proposición de referencia a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

III. Que con fecha 29 de septiembre de 2005, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se reunieron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen.

CONSIDERACIONES

I. Que en el mes de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. No obstante, hasta el momento el Ejecutivo Federal no ha expedido el Reglamento correspondiente, conforme a su atribución establecida en la fracción I del artículo 89 constitucional.

II. Que los legisladores que aprobaron dicha ley buscaban entre otras cosas integrar a través de un texto normativo, los esfuerzos que ya se llevan a cabo por parte de las diversas dependencias de la administración pública federal a través de los distintos programas de atención especializados para este grupo poblacional. Sin embargo, existen disposiciones en la Ley que requieren la expedición de instrumentos administrativos para su ejecución, y por lo tanto, para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de los beneficios que estableció el Congreso en dicha Ley.

III. Que sin embargo, es necesario que las dependencias y entidades tanto de la administración pública federal, como de las respectivas autoridades en los ámbitos estatal y municipal traduzcan a la brevedad en decisiones y acciones concretas las disposiciones de la Ley.

IV. Que los diputados que integramos ésta Comisión, coincidimos con la inquietud del Diputado proponente, sobre la necesidad de reglamentar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pues dicha Ley como acto que emana de un órgano colegiado, tiene como una de sus características la generalidad de las situaciones que rige, y no entra en detalles y particularidades, ya que su finalidad consiste en establecer la normatividad genérica aplicable globalmente a su materia.

V. Que en nuestro sistema jurídico, el reglamento permite la aplicación práctica de los postulados de una Ley, como es el caso de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El Poder Ejecutivo, al aplicar la Ley, hace que el reglamento opere como instrumento idóneo para llevar a efecto su contenido, pues a través del mismo dispone los medios para hacerla cumplir al detalle. El reglamento tiene como único y exclusivo propósito pormenorizar, particularizar y desarrollar en forma concreta los principios y enunciados generales contenidos en la ley, a fin de llevar a cabo su ejecución, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

VI. Que ésta Comisión dictaminadora, se considera necesario tomar en cuenta los siguientes señalamientos:

1.- Efectivamente el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula la facultad del Ejecutivo Federal de emitir los reglamentos en los siguientes términos:``Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia''.

2.- Los reglamentos administrativos son una manifestación unilateral de voluntad discrecional, emitida por un órgano administrativo legalmente investido de potestad o competencia para hacerlo (Presidente de la República en el ámbito Federal, Gobernador del Estado en las entidades federativas), creadora de normas jurídicas generales que desarrollan los principios de una ley emanada del Congreso, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en la esfera administrativa.

3.- Dado que la Ley en comento, establece los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional a favor de las personas adultas mayores, se coincide con su apreciación sobre las complicaciones, que por las características de la Ley, se pudieran tener para la expedición de su reglamento.

VII. Que no obstante el reconocimiento de las complicaciones que se podrían presentar para reglamentar la Ley en comento, no se justifica que dicho reglamento no sea expedido, por lo ésta Comisión considera que la proposición con punto de acuerdo presentada es viable y sólo sugiere realizar algunas adecuaciones de redacción.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, determina que es procedente la propuesta con punto de acuerdo presentada por el Dip. Norberto Enrique Corella Torres con las consideraciones y modificaciones realizadas por ésta Comisión dictaminadora en el ámbito de sus atribuciones. Por lo que se somete a consideración del pleno de esta Asamblea el siguiente:

ACUERDO:

Único: Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que en estricto cumplimiento del artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Diputados: Adriana González Furlong (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Bravo Carbajal, secretario; Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), secretaria; Homero Ríos Murrieta (rúbrica), secretario; Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretario; Pablo Anaya Rivera, Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez, Virginia Yleana Baeza Estrella, Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Ma. Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Manuel González Reyes, Ma. del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Ma. Isabel Maya Pineda (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Mayela Quiroga Tamez, Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay... Permítame, señor secretario. Nos ha solicitado el uso de la tribuna el diputado Emilio Serrano. En consecuencia, se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento respecto a este punto de acuerdo. modalidad="FP">El diputado Emilio Serrano Jiménez: Muchas gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputadas, diputadas: sé que están muy atentos a esta sesión, principalmente los compañeros del PRI que están en la parte central. Pero las voy a distraer un poquito de sus múltiples ocupaciones, diputados. Este reglamento que se está pidiendo para la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es muy necesario. Que yo sepa, no hay ninguna diputada, ningún diputado que no tenga un abuelo, una abuela, una persona adulta mayor en casa. Y si no tienen, algún día esperemos lleguen a ser adultos mayores. Recuerden que pena de muerte a quien no llegue a viejo.

Y si bien es cierto que ahora ustedes gozan de muchos privilegios por la edad que tienen, por la posición, por la situación económica, hay que recordar que hay millones, millones de adultos mayores que viven en condiciones precarias. Que algunos medio viven porque no tienen ingresos para subsistir. Principalmente en las grandes ciudades, se ve menos este problema, pero quienes vienen de provincia y se dan cuenta de que en las sierras, en los lugares donde no hay trabajo, donde no les llega la pensión, donde no les llegan ingresos... y ahora que el campo se está muriendo, preguntamos ``¿de qué viven estos adultos mayores?''

Hace falta que esta Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se aplique, que sea real para beneficio de ellos, que es el porqué se requiere una reglamentación. Es el porqué su servidor pasa a posicionar nuestro voto como fracción del PRD a favor de que se apruebe este punto de acuerdo. Y no solamente eso, compañeras y compañeros diputados: hace falta trabajar más por los adultos mayores. Si bien es cierto que los papás de ustedes están bien porque están atendidos por ustedes, hay muchos que no tienen hijos, o que ellos mismos los tratan mal, los han despojado hasta de sus bienes, les quitan hasta su pensión que reciben, después de haber trabajado 30 o más años. Hace falta hacer mucho por ellos; y creo que ésta es una manera de demostrar que están en nuestra mente, están en nuestro ánimo, están en nuestro corazón. Y está en nuestra preocupación que cambien las condiciones de vida de los que menos tienen, los ancianos, los adultos mayores. Nuestro voto va a favor por este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna el diputado Guillermo Tamborrel, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. modalidad="IDT">El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Muchas gracias; con el permiso de la Presidencia: para Acción Nacional, que se ha distinguido siempre en sus documentos básicos y declaración de principios, como ya fue aquí mencionado, por pugnar por el bien común y centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de la persona humana, el tema de los adultos mayores es un tema de primer orden en la agenda nacional, más allá de las conveniencias políticas y coyunturales, como es la conquista de cargos de representación popular. Muestra de ello son el Plan Nacional de Desarrollo, las acciones y políticas de gobierno, la agenda legislativa, el Presupuesto de Egresos y el fortalecimiento de las instituciones, en el que se ha buscado atender las necesidades de los adultos mayores, como fue en su momento el decreto que expidiera el Ejecutivo para crear el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, Inapam, y --posteriormente-- la aprobación, en el Congreso de la Unión, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Desde su creación, el Inapam, a través de su director, ha trabajado de manera constante y comprometida en favor de los adultos mayores, atendiendo y resolviendo muchas de sus necesidades; sensibilizando a la sociedad sobre este importante sector de la población y revalorando y devolviendo la dignidad que por mucho tiempo parecían haberse perdido.

Desde aquí, nuestro reconocimiento y agradecimiento al Instituto por su labor y entrega, aprovechando la ocasión para destacar la importancia de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2006 se dote al Instituto con los recursos necesarios considerando el incremento diario de adultos mayores que existe en el país, para que el Instituto pueda entonces realizar de manera adecuada su función.

Por otra parte, el bienestar y desarrollo de los adultos mayores son algo que nos compromete a todos: Poder Legislativo, sociedad y gobierno, trabajando de forma conjunta y coordinada desde nuestros respectivos ámbitos de competencia. Fue precisamente con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores por la que se dio el reconocimiento de una amplia gama de derechos, además de crear el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como el órgano rector de las políticas públicas dirigidas hacia ese sector. Por ello es necesario que el Ejecutivo, en su esfera competencial, expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dado que el ordenamiento en cuestión establece los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional en favor de las personas adultas mayores.

No obstante el reconocimiento de las complicaciones que se podrían presentar para reglamentar la ley, es necesario que se expida el reglamento para dar cabal cumplimiento a la norma, que ésta sea eficaz y, lo más importante, que ayude a transformar la realidad en que actualmente se encuentran millones de adultos mayores. Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario, el del Partido Acción Nacional, habrá de votar a favor el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Habiendo concedido el uso de la palabra al diputado Serrano, de la fracción parlamentaria del PRD, y al diputado Guillermo Tamborrel, del Partido Acción Nacional, si la Asamblea no tiene inconveniente, concederíamos el uso de la palabra a la dipada Laura Elena Martínez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Tiene usted el uso de la tribuna, diputada Laura Martínez, hasta por cinco minutos.La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Agradezco a la Asamblea permitirme fijar la posición de mi grupo parlamentario, el del Partido Revolucionario Institucional, en apoyo del punto de acuerdo para solicitar con respeto al Ejecutivo federal la expedición del Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El Partido Revolucionario Institucional es congruente con su plataforma electoral y con la tradición histórica acerca del reconocimiento de un sector de la población que con su esfuerzo y su entrega ha contribuido y sigue contribuyendo a la construcción de nuestro país.

Es de justicia pedir al ciudadano Presidente de la República que con la mayor brevedad expida este reglamento, que es necesario para concretar, especialmente en el diseño y formulación de una política de Estado que verdaderamente pueda contribuir al bienestar de los adultos mayores en nuestro país, de los que cada día el número crece. Por eso, el Partido Revolucionario Institucional también contribuyó en la formulación y aprobación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Hoy, lo que requerimos es que con la mayor prontitud este reglamento sea diseñado, sea publicado para poder concretar y hacer realidad una ley largamente esperada. Es importante también la expedición de este reglamento no solamente por la importancia que a nivel federal se requiere sino porque se trasladarán a los estados y a los municipios, en sus sistemas de planeación, estas políticas y estos instrumentos, que harán realidad un mayor bienestar a los estados de la República, a los municipios, pero especialmente hacer el reconocimiento de los adultos mayores por su gran contribución al engrandecimiento de la patria y que hoy por hoy esa población todavía desea contribuir y necesita mayores elementos y herramientas para seguir conduciendo, en este momento, un mayor bienestar para ellos y para sus familias.

El Partido Revolucionario Institucional se suma a este esfuerzo a través de este punto de acuerdo para que, como he repetido, con la mayor brevedad no solamente se pueda ejercer esta ley, sino que se haga lo más pronto posible a través del reglamento que estamos esperando. Muchas gracias, compañeros, por permitirme el uso de la palabra.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

Nos visitan en este recinto alumnos de la Universidad las Américas, del estado de Puebla, invitados por el diputado Juan Manuel Vega Rayet. Sean ustedes bienvenidos, estimados alumnos. Continúe la Secretaría.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional, me permito remito a ustedes expediente que contiene MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XII, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

Adicionalmente informa a ustedes que la Cámara de Senadores en relación con el presente proyecto aprobó el siguiente acuerdo:

``Único. El Senado de la república manifiesta su anuencia para que con el acuerdo de la Cámara de Diputados, ésta última remita al Ejecutivo de la Unión el DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XII, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, únicamente en la parte que ha sido aprobada por ambas Cámaras, para los efectos constitucionales correspondientes''.Atentamente.

México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XII, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

Que contiene el texto del Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, que incluye aquellas disposiciones que se reforman, adicionan y derogan, así como las que no han sido objeto de enmienda alguna:

Artículo Único.- Se reforma el Capítulo XII, Hidrocarburos, del Titulo Segundo, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

CAPITULO XII Hidrocarburos

Artículo 254. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 79% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.

Para la determinación de la base de este derecho, serán deducibles los siguientes conceptos:

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en el que se efectúen;

II. El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio;

III. El 5% del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento, en cada ejercicio;

IV. Los costos, considerándose para tales efectos las erogaciones necesarias para la explotación de los yacimientos de petróleo crudo o gas natural determinados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Los únicos gastos que se podrán deducir serán los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos. Los costos y gastos se deducirán cuando hayan sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el pago;

V. El derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo efectivamente pagado y la diferencia que efectivamente se pague por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización una vez realizado el acreditamiento a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 257 de esta Ley. En el caso de que la deducción por estos conceptos sea menor a la determinada en el trimestre inmediato anterior, la diferencia resultante se restará del monto a que ascienda el valor de las demás deducciones que señala este artículo;

VI. El derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía al que se refiere el artículo 254 Bis de esta Ley;

VII. El derecho para la fiscalización petrolera al que se refiere el artículo 254 Ter de esta Ley, y

VIII. Un monto adicional de 0.50 dólares de los Estados Unidos de América por cada millar de pie cúbico de gas natural no asociado extraído, adicional al volumen de extracción que se registre para 2006.

Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, comprenderá además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con motivo de tales inversiones.

La deducción del monto original de las inversiones se podrá iniciar a partir de que se realicen las erogaciones por la adquisición de las mismas o a partir de su utilización. En ningún caso las deducciones por dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, rebasarán el 100% de su monto original.

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de PEMEX Exploración y Producción, la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral. En el caso de que la reserva laboral tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente se reducirá de las deducciones realizadas en el mismo ejercicio.

PEMEX Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y explotación por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas natural no asociado, así como de los tipos específicos de petróleo que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ese órgano legislativo los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo por el órgano fiscalizador de esa Soberanía, las auditorías que se consideren pertinentes.

Artículo 254 Bis. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa de 0.05 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor anual de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales trimestrales que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al que corresponda el pago, la tasa de 0.05 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales trimestrales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará al Instituto Mexicano del Petróleo, de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 254 Ter. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para la fiscalización petrolera, aplicando la tasa de 0.003 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor anual de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales trimestrales que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al que corresponda el pago, la tasa de 0.003 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales trimestrales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará a la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 255. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 254, se harán pagos provisionales mensuales, aplicando la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 254 al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el período comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los siguientes conceptos:

I. Los costos, gastos y la parte proporcional de las inversiones correspondientes al mismo periodo, sin que excedan de los montos máximos a que se refiere el artículo 254;

II. La parte proporcional del monto deducible de la inversión, que se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos en los que el bien o bienes objeto de la inversión hayan sido utilizados por PEMEX Exploración y Producción respecto de doce meses, en la proporción que el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del periodo al que corresponda el pago, representen en el total de meses comprendidos en el año;

III. El derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo efectivamente pagado, así como la diferencia que efectivamente se pague por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización una vez realizado el acreditamiento a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 257 de esta Ley, en el periodo de que se trate;

IV. El derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el artículo 254 Bis;

V. El derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter, y

VI. La deducción a que se refiere la fracción VIII del artículo 254.

Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional por enterar.

En la declaración anual por este derecho a que se refiere el primer párrafo del artículo 254, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este derecho correspondientes al ejercicio de que se trate.

Cuando en la declaración de pago provisional o en la declaración anual resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar dicho saldo a favor contra el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización o contra el derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo. De subsistir saldo a favor, o en el supuesto de no haber sido compensado contra los mencionados derechos, se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos de la autorización que expida el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.

Artículo 256. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho sobre hidrocarburos par el fondo de estabilización, cuando en el año el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado exceda de 22.00 dólares de los Estados Unidos de América, conforme a la siguiente tabla:

Cuando el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo exportado se ubique dentro de los rangos establecidos en la tabla anterior, se aplicará el por ciento que corresponda al valor anual del petróleo crudo extraído en el año, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PEMEX Exploración y Producción. El valor anual de este producto se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales trimestrales que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo extraído desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al que corresponda el pago, el porcentaje que se deba aplicar conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando para ello el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado en el mismo periodo. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales trimestrales efectivamente pagados de este derecho correspondientes al ejercicio de que se trate.

Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar dicho saldo a favor contra el derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo, o contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos. De subsistir saldo a favor, o en el supuesto de no haber sido compensado contra los mencionados derechos, se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos de la autorización que expida el Servicio de Administración Tributaría. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Artículo 257. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo conforme a lo siguiente:

Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exceda del precio considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, el derecho se calculará aplicando la tasa de 13.1 % sobre el valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por el volumen total de exportación acumulado de petróleo crudo mexicano en el mismo ejercicio.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales trimestrales que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año.

El pago provisional se calculará aplicando la tasa de 13.1 % al valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo mexicano del periodo de que se trate y el precio de exportación considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate por el volumen del petróleo crudo mexicano exportado desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del periodo al que corresponda el pago. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales trimestrales efectivamente pagados de este derecho correspondientes al ejercicio de que se trate.

Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar dicho saldo a favor contra el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización o contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos. De subsistir saldo a favor, o en el supuesto de no haber sido compensado contra los derechos mencionados, se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos de la autorización que expida el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.

El derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo efectivamente pagado se acreditará contra el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de esta Ley.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará en su totalidad a las Entidades Federativas a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal se deberán establecer reglas claras y precisas sobre la mecánica de distribución del citado Fondo.

En el marco de una política energética de largo plazo y a propuesta del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión aprobará cada año en la Ley de Ingresos la estimación de las plataformas máximas de extracción y de exportación de hidrocarburos.

Artículo 258. Para los efectos de los artículos a que se refiere este Capítulo, se considerará:

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio promedio de exportación por barril de petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo por la calidad del petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga;

II. Como valor del gas natural extraído, el precio promedio que en el periodo que corresponda haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el propio contribuyente, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho, y

III. Como efectivamente pagado la suma de los montos que PEMEX Exploración y Producción aplicó para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras contribuciones.

Los derechos se deberán pagar sobre la totalidad del petróleo crudo y gas natural extraídos en el periodo, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos.

Para los efectos de este Capítulo se entenderá como gas natural extraído, la extracción de la totalidad de gas natural menos el gas natural utilizado para la producción de hidrocarburos.

Artículo 259. Para los efectos del presente Capítulo, cuando PEMEX Exploración y Producción enajene petróleo crudo o gas natural a partes relacionadas, estará obligado a determinar el valor del petróleo crudo y gas natural, considerando para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, aplicando para ello el método de precio comparable no controlado establecido en el artículo 216, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Tratándose de costos, gastos e inversiones realizados o adquiridos con partes relacionadas, PEMEX Exploración y Producción considerará para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, aplicando para esos efectos lo dispuesto en los artículos 92, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 260. Para los efectos de este Capítulo, se estará a lo siguiente:

I. Las declaraciones de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, se presentarán a través de medios electrónicos ante la Tesorería de la Federación, y el entero del derecho se realizará mediante transferencia electrónica en la misma dependencia, y

II. A cuenta de los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción efectuará pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, así como pagos semanales, los cuales se efectuarán el primer día hábil de cada semana. Los montos y la forma de los pagos diarios y semanales a que se refiere esta fracción, serán los que se determinen anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate y se enterarán ante la Tesorería de la Federación. Contra los pagos provisionales mensuales que resulten a cargo de PEMEX Exploración y Producción, éste podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos de esta fracción.

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, se le aplicará la tasa de 76.6%; el monto que resulte de esta operación se considerará como recaudación federal participable.

Asimismo, el 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, se multiplicará por el factor de 0.0133; el monto que resulte de esta operación se destinará a los Municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.

PEMEX Exploración y Producción debe informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y los Municipios a que se refiere el párrafo anterior.

El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la información que se derive de la presentación de las declaraciones a que se refiere esta Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil seis.

Artículo Segundo. Durante el ejercicio en el que entre en vigor el presente Decreto, los recursos que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, hasta por un precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exportado igual al precio de exportación considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, se destinarán a financiar gasto de infraestructura física en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio en el que entre en vigor el presente Decreto. Los recursos que genere este derecho por un precio superior al precio anterior, se destinarán al fondo de estabilización de los ingresos petroleros.

Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta el año de 2009, el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, se calculará aplicando la tasa que corresponda, según el año y rango en el que se ubique el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exportado, de acuerdo con la siguiente tabla:

Los pagos provisionales a cuenta de este derecho, establecidos en el artículo 255 de esta Ley, se calcularán aplicando las tasas de la tabla anterior, según el año y rango en el que se ubique el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exportado.

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI y VII del artículo 254, no excederá el precio de 6.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente al volumen total del mismo en el año de que se trate.

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el gas natural no asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 254, no excederá el precio de 2.7 dólares de los Estados Unidos de América por cada mil pies cúbicos de gas natural al volumen de gas natural neto en el año de que se trate.

La parte deducible de los costos, gastos e inversiones, que rebase el monto máximo de deducción establecido en el presente transitorio, se podrá deducir en los siete ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que corresponda, conforme a las reglas que para tal efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevarán a cabo un programa multianual de racionalización de costos en servicios personales y operativos, en el que se establecerán metas anuales, con indicadores cuantificables, objetivos y verificables. En todo caso, el programa cuidará no afectar la operación de la empresa ni la formación de su capital humano.

Artículo Cuarto. Para los efectos del presente Decreto se estará a lo siguiente:

I. Durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009, aplicarán las siguientes disposiciones:1. Petróleos Mexicanos elaborará un informe sobre los resultados de la aplicación del régimen contenido en el presente Decreto respecto a la deducción de los costos, gastos e inversiones relacionados con el petróleo crudo y gas extraídos, así como sobre los resultados del programa de racionalización de costos a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio.

Dicho informe deberá ser enviado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a más tardar el último día hábil del mes de junio del año siguiente del término del ejercicio, para que ésta a su vez lo envíe a la Cámara de Diputados acompañado con las observaciones que en su caso correspondan antes del último día hábil de julio del mismo año.

2. Al revisar la Cuenta Pública, la Auditoria Superior de la Federación deberá presentar un informe especial en el que emitirá sus observaciones y recomendaciones sobre la aplicación del régimen contenido en el presente Decreto.

Artículo Quinto. Para los efectos de este Decreto, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. Durante el ejercicio de 2006, PEMEX Exploración y Producción deberá presentar las declaraciones correspondientes a los pagos provisionales señalados en el artículo 255 de esta Ley, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquel al que corresponda el pago;

II. La presentación de las declaraciones a través de medios electrónicos a que se refiere la fracción I del artículo 260 de esta Ley, se realizará a más tardar en el mes de mayo de 2006;

III. Los costos y gastos a que se refieren los artículos 254 y 255 de esta Ley, realizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, no serán deducibles, aún cuando efectivamente se eroguen a partir de dicha fecha, y

IV. Se podrá deducir el valor remanente de las inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, determinado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta deducción queda comprendida dentro de los límites de las deducciones a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio de este Decreto y se deducirán conforme a lo establecido en el mismo artículo.

Artículo Sexto. PEMEX Exploración y Producción pagará un derecho adicional cuando la extracción de petróleo crudo en los años de 2006, 2007 y 2008 efectivamente alcanzada sea menor a la establecida en la siguiente tabla.

Este derecho adicional se calculará de la siguiente forma:

1. El valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año, se multiplicará por la proporción que resulte de dividir el valor de las deducciones, a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, efectivamente deducidas en el año, entre el valor de la extracción de petróleo crudo efectivamente alcanzada en el año. Este monto se restará al valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año. El monto obtenido de la operación anterior, se multiplicará por la tasa que corresponda de acuerdo con la tabla establecida en el Artículo Tercero Transitorio de este Decreto, según el rango de precio y año.

2. El valor que resulte de la operación anterior se multiplicará por la tasa de 76.6%.

3. El 20% del monto resultante en el numeral anterior se destinará al fondo general de participaciones, el 1% al fondo de fomento municipal y el 0.25% a la reserva de contingencia, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

4. Asimismo, el 3.17% del monto obtenido conforme a lo establecido en el numeral 1, se multiplicará por el factor de 0.0133. El monto que resulte de la operación anterior se destinará a los Municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.

La suma de los montos obtenidos en los numerales 3 y 4 será el monto a pagar por el derecho adicional.

Para estos efectos, el valor anual de la extracción se calculará conforme a lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

El derecho adicional se deberá enterar a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal de que se trate y tendrá el carácter de pago definitivo.

Este derecho no se pagará cuando por caso fortuito, causa de fuerza mayor o política energética, PEMEX Exploración y Producción no alcance las metas de extracción establecidas en la Tabla contenida en el presente artículo transitorio. En cualquier caso, la plataforma de extracción de Petróleos Mexicanos deberá atender los criterios de una tasa creciente de reposición de reservas y máxima recuperación de hidrocarburos.

Artículo Séptimo. No se causarán los derechos a los que se refiere el Capítulo XII, Hidrocarburos, del Título Segundo de esta Ley, por la quema de gas natural que se realice en el año 2006, hasta por el 2% del total de la extracción de dicho gas en el mismo año.

Artículo Octavo. Si subsistiera saldo a favor de PEMEX Exploración y Producción de la recaudación anual que genere la aplicación del Capítulo XII, Hidrocarburos, del Título Segundo de esta Ley, el mismo se destinará en su totalidad a proyectos de inversión y gastos de mantenimiento de Petróleos Mexicanos.

Artículo Noveno. El registro a que se refiere el último párrafo del artículo 254 de esta Ley se deberá establecer por PEMEX Exploración y Producción dentro de los dos primeros años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.--- México, DF, a 8 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sonido en la curul del diputado De la Vega.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitarle de manera muy respetuosa que, en los términos del artículo 59 de nuestro Reglamento, pudiera usted consultar a la Asamblea que este asunto, esta comunicación de la Cámara de Senadores por la cual remite la minuta con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Derechos y que concierne al régimen fiscal de Pemex, pudiera ser considerada de urgente resolución, a fin de que esta Asamblea pueda aprobarla y turnarla directamente al Ejecutivo federal para su publicación correspondiente, en virtud de que sus consecuencias impactan directamente en la Ley de Ingresos y el correspondiente ejercicio que haremos próximamente del Presupuesto de Egresos de la Federación.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Estando en lo correcto, señor diputado, con apoyo en el artículo 59 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución, en votación económica.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señor Presidente. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución. El diputado José Antonio de la Vega nos ha solicitado el uso de la tribuna, estando a discusión. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado De la Vega hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia: Con su venia, diputado Presidente. Hemos solicitado que este asunto se considerara de urgente y obvia resolución precisamente por las implicaciones que se hicieron a la Ley Federal de Derechos sobre el régimen fiscal de Pemex y que son necesarias para la discusión en el Senado de la Ley de Ingresos y para el correspondiente ejercicio. Por tal motivo, diputado Presidente, me permito, con su anuencia, someter a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo único a votación, para que se ponga a consideración de la Asamblea: ``La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su anuencia para que se remita al Ejecutivo de la Unión el decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos en la parte que ha sido aprobada por ambas Cámaras, para los efectos constitucionales correspondientes''. Muchas gracias.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene más oradores registrados. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo propuesto por el diputado De la Vega.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo propuesto por el diputado José Antonio de la Vega.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que ordene abrir el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación.)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Entre tanto, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes y maestros de la carrera en contaduría y finanzas de la Universidad de Occidente, unidad Guasave, que hoy nos visitan en estas instalaciones, en este recinto; son invitados del diputado Armando Leyson Castro. Sean ustedes bienvenidos. Asimismo, saludamos a los alumnos y profesores de la escuela primaria Héroes 4 de Mayo, del municipio de Atlixco, Puebla, invitados del diputado Rogelio Flores; sean bienvenidos. De la misma manera, saludamos con afecto y damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados de la diputada Consuelo Muro Urista; sean ustedes bienvenidos. Saludamos con afecto a jóvenes estudiantes de la Universidad de Occidente, unidad Guamúchil, Sinaloa, invitados del diputado Francisco Frías; sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente: se emitieron 401 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el acuerdo, por 401 votos; en consecuencia, remítase al Ejecutivo de la Unión, para sus efectos constitucionales el decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, aprobado por el honorable Congreso de la Unión.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con una comunicación que hace la Junta de Coordinación Política y otra comunicación que hace la Mesa Directiva.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día, en el primer turno posible, de la presente sesión del Pleno de la Cámara de Diputados el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para realizar un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que realice todos los esfuerzos necesarios para modificar la redacción relativa a la asignación de recursos para infraestructura hospitalaria en el estado de Durango.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

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ESTADO DE DURANGO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para realizar un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a fin de que realice todos los esfuerzos necesarios para modificar la redacción relativa a la asignación de recursos para infraestructura hospitalaria en el estado de Durango.

Considerandos

Primero.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se asignaron 206,581,050 (doscientos seis millones quinientos ochenta y un mil cincuenta pesos) al estado de Durango del Presupuesto para Infraestructura Hospitalaria;

Segundo.- Que a la fecha en el onceavo mes del año, no han sido liberados los recursos señalados en el punto anterior, en virtud de existir un error en la redacción relativa a este concepto;

Tercero.- Que la demanda de servicios de salud de gineco-pediatría en el estado de Durango, rebasa sensiblemente la capacidad actual de la infraestructura hospitalaria, en perjuicio de la salud de los niños y mujeres duranguenses.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, cuyo original se anexa, suscrita por el diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del PRI, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía con el propósito de que realice todos los esfuerzos necesarios para modificar la redacción relativa a la asignación de recursos para infraestructura hospitalaria en el estado de Durango, de conformidad con lo siguiente:

Dice:

Presupuesto para el Durango 206,581,050

mejoramiento del Hospital

de Especialidades del Niño

y la Mujer

Debe decir:

Construcción del Hospital Durango 256,581,050

de Especialidades del Niño

y la Mujer (Primera Etapa)

Segundo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, modificatorio de su acuerdo relativo al calendario legislativo para el resto del actual periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura

ConsiderandoI. Que, de conformidad con el artículo 38, párrafo I, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el calendario legislativo.

II. Que en fecha 10 de octubre de 2005, la Conferencia aprobó el calendario legislativo para el resto del actual primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del viernes 14 de octubre del presente año.

III. Que en dicho calendario se fijan como días de sesiones en la semana comprendida del lunes 14 al viernes 18 de noviembre los días martes 15 y jueves 17 del propio mes.

IV. Que es interés de los integrantes de esta Conferencia generar las condiciones que posibiliten la formulación y presentación del dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, para que el Pleno esté en condiciones de discutirlo y votarlo en tiempo y forma, habida cuenta de que el plazo constitucional para hacerlo vence el martes 15 de noviembre de 2005.

V. Que para los efectos del considerando anterior, es necesario modificar el calendario aprobado el 10 de octubre del presente, por lo que de conformidad con los artículos 37, numeral 4, y 38, párrafo I, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia adopta el presente

Acuerdo

Único. Se modifica el calendario legislativo del actual periodo ordinario de sesiones en lo correspondiente a la semana del 14 al 18 de noviembre de 2005, para agregar a las sesiones de dicha semana previstas para los días martes 15 y jueves 17 del presente mes de noviembre una sesión ordinaria que deberá celebrarse el lunes 14 del propio mes.

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y de su contenido deberá darse cuenta al Pleno.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»Presidencia del diputado Álvaro Elías LoredoEl Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: De enterado.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: De conformidad con el acuerdo aprobado en la sesión del 13 de octubre, proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados de las proposiciones relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina; la Secretaria diputada Patricia Garduño Morales; el Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos destinados a diferentes obras de infraestructura carretera, de salud y educativa, y al saneamiento de la cuenca Zahuapan-Atoyac, Tlaxcala, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del estado de Tlaxcala, de los diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de este Pleno, proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Tlaxcala, siendo una entidad enclavada en el centro de la República Mexicana que comparte límites con estados como el de México, Puebla e Hidalgo, a sólo 90 minutos de la capital del país; siendo paso necesario para el Este, Noreste y Sureste del país, su desarrollo relativo contrasta sensiblemente con sus entidades vecinas.

Con 60 municipios y una población que, de acuerdo con la última estimación, rebasa los 1 millón 100 mil habitantes, distribuidos en poco más de 4 mil Km2, y con una densidad poblacional de 237, su infraestructura carretera acusa serios rezagos, además de que las existentes se caracterizan en su mayoría (sobre todo las que comunican a los municipios y comunidades aledañas a los mismos) por su falta de mantenimiento.

Lo mismo sucede con la infraestructura hospitalaria que no ha crecido y registra un grave retroceso, sobre todo en atención médica de alta especialidad en población no asegurada.

Por ejemplo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el estado de Tlaxcala ocupa el último lugar respecto a las entidades del país en hospitales, el vigésimo noveno en personal médico, siendo en el de especialistas el último lugar, lo mismo que en consulta externa especializada y de urgencias.

En cuanto a infraestructura educativa, conviene hacer notar que en educación superior nuestro nivel de absorción esta por abajo del promedio nacional con 65%, contra 79%.

Lo que origina que muchos jóvenes tlaxcaltecas tengan que emigrar a otros lugares fuera de la entidad para seguir sus estudios de educación superior por la insuficiencia de espacios y la limitación en el número de carreras a nivel licenciatura y postgrado.

En cuanto a la educación básica conviene hacer notar que durante décadas, las escuelas de este nivel educativo no han contado con presupuesto federal ni local para la rehabilitación y su mantenimientos, recayendo esta responsabilidad en familiares y padres de familia de estas escuelas.

Por lo que se refiere al saneamiento de la cuenca del río Zahuapan, es de máxima prioridad. El Zahuapan, que significa agua que cura, y que nuestros antepasados usaban como un líquido milagroso, hoy es el más contaminado del país. Aquí nace el poderoso Balsas que alimenta la presa de Infiernillo, donde se ubica una de las principales generadoras de energía eléctrica del país y que es orgullo de todos los mexicanos.

Por ello, es importante rescatar esta cuenca de su contaminación, que deje de ser una amenaza para la población por su alta contaminación y que se convierta en una fuente de reserva de agua y, de esta manera, coadyuvemos a preservar el medio ambiente.

Así, para infraestructura carretera estamos solicitando recursos por un monto de 624.0 millones de pesos; para infraestructura hospitalaria 330.0 millones de pesos; para infraestructura educativa 229.6 millones de pesos; y para saneamiento de la cuenca del Zahuapan--- Atoyac 167.3 millones pesos. Lo que hace un total de 1,350.9 millones de pesos.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 55, 58 fracción I y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de la LIX del estado Tlaxcala, ponemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos por un monto de $1,350.9 millones, destinados a diferentes obras de infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, así como para el saneamiento de la cuenca del Zahuapan-Atoyac.

Segundo. Se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Le solicitamos, diputado Presidente, que este punto de acuerdo sea publicado en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Diputados: Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Minerva Hernández Ramos, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Juan Bárcenas González (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que integre una subcomisión para analizar los mecanismos a fin de incorporar a la legislación laboral el derecho de los trabajadores a vales de transporte; y se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida especial destinada a establecer el programa de vales de transporte, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. La política social en México ha tenido diversas fases en los últimos 30 años. Sin embargo, en ninguna de ellas se ha entendido que las dimensiones y manifestaciones de la pobreza son múltiples y que, por lo tanto, los mecanismos para combatirla deben ser muy variados. Una vertiente integradora de política social ha sido demandada en México y, en el mejor de los casos, el Gobierno Federal ha emprendido programas simultáneos en tres dimensiones: educación, salud y alimentación (con una visión totalmente parcial de los más graves problemas de educación salud y alimentación que existen en nuestro país) olvidándose de otras manifestaciones no menos graves del problema de la pobreza en México. Una de dichas manifestaciones es la distorsionada estructura del gasto de los mexicanos. En nuestro país encontramos aberraciones tales como el hecho de que en algunas zonas metropolitanas del país los trabajadores tienen que gastar en ocasiones hasta una tercera parte de sus ingresos mensuales en transporte urbano. Esa dimensión, los gastos en transporte, es una de las cuales la política social de nuestro país simplemente ha ignorado.

2. De acuerdo con cálculos realizados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, la proporción que de su ingreso destinan las familias más pobres en transporte público en ningún caso es inferior al 5%. El primer estrato de la población más pobre (el llamado primer decil o decil más pobre) ejercen, todos los meses, en todo el país, gastos equivalentes a 5.11% de sus ingresos en transporte público. El segundo estrato más pobre de la población en México, el segundo decil, realiza gastos equivalentes a 5.83% de su ingreso en transporte público. Esa tendencia se sostiene hasta llegar al 4º decil de la población, segmento en el cuál las familias de nuestro país gastan casi una décima parte de sus ingresos, el 9.46%, para ser exactos; en tarifas de transporte público cada mes.

3. Como vemos, los costos del transporte urbano tienen impactos significativos sobre el presupuesto de las familias de bajos ingresos. Pero si sólo consideramos los gastos en servicios públicos los datos son todavía más dramáticos. De acuerdo con datos de la misma Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, el transporte urbano es el principal concepto de gasto de las familias en servicios públicos, absorbiendo hasta 30% de dicho gasto, dependiendo del decil de la población. Las familias con ingresos mensuales de hasta dos salarios mínimos que viven en las zonas metropolitanas del país gastaron el año pasado 38% de su presupuesto destinado a servicios públicos de agua y drenaje, energía eléctrica, telefonía y transporte urbano, siendo el ítem más importante de sus gastos el transporte colectivo.

4. De acuerdo con los mismos cálculos, en el extremo superior de la estratificación social los más ricos gastan una fracción mínima de sus ingresos, aproximadamente el 0.61%, en transporte público.

5. La situación actual de los gastos en transporte público reflejan, entonces, que las tarifas actuales en servicios de transporte afectan en forma considerable y desproporcionadamente más a, aproximadamente, 40 millones de habitantes del país; los más pobres, para quienes dichos gastos son muy onerosos.

6. No sólo en naciones desarrolladas como Estados Unidos o Francia sino incluso en países del mismo nivel de desarrollo que México existen, desde hace muchos años, los programas de apoyo para gastos en transporte público dirigidos a las familias más pobres. En algunos casos el derecho al pago de transporte público está considerado dentro de la legislación laboral. Tal es el caso de Brasil, país en el cuál desde 1985 existe el vale de transporte como un derecho que debe ser pagado a los trabajadores por los empresarios, incluso por el mismo sector público cuando la Federación, un Estado o un Municipio es el organismo contratante. Así, en la actualidad, en esa nación sudamericana el 42% de los viajes realizados en transporte público son pagados con los llamados vales de transporte; que son otorgados a los trabajadores como una prestación laboral. En otras naciones como Argentina el sistema de vales de transporte ha sido incorporado más recientemente en el sistema de apoyos que ofrece la política social en coordinación con la política laboral.

7. De manera general, los impactos del transporte urbano sobre la pobreza pueden ser comprendidos de dos formas, una directa y una indirecta. Los impactos indirectos se refieren a las externalidades del transporte urbano sobre la competitividad de las ciudades y sus efectos sobre la actividad económica. Altos costos de transporte provocados por los severos congestionamientos de tráfico, por ejemplo, limitan las decisiones de las empresas y elevan los costos de producción, lo que afecta los niveles de empleo e ingreso de la población. Los impactos directos, a su vez, implican las limitaciones de acceso a los servicios y a las actividades sociales básicas y a las oportunidades de trabajo de los más pobres. Las altas tarifas del transporte urbano, por ejemplo, restringen seriamente las oportunidades de trabajo de los más pobres ya sea en la búsqueda del empleo o en el desplazamiento al lugar de trabajo; condicionan la elección del lugar para vivir y dificultan el acceso a los servicios de salud, educación y esparcimiento.

8. Con el objetivo de incidir en el poder adquisitivo de una gran cantidad de trabajadores del país, proponemos la discusión del establecimiento del vale de transporte como un derecho de los trabajadores. Conscientes de que esta discusión puede durar meses e incluso uno o dos años para concretarse en una medida de beneficio directo a los trabajadores, proponemos de manera contingente el establecimiento del programa ``Vales de Transporte''.

9. El vale de transporte que estamos proponiendo deberá ser una de las principales prestaciones de los trabajadores mexicanos; principalmente para los de más bajos ingresos; que constituyen la gran mayoría de la masa trabajadora. La política de vale de transporte que estamos proponiendo garantizará una mayor tranquilidad a la operación cotidiana de los servicios de transportes urbanos ya que permitirá disminuir las presiones políticas y sociales respecto a las tarifas y permitirá disminuir considerablemente una de las principales causas de tensiones entre usuarios y choferes y concesionarios del transporte urbano.

Con base en lo anterior propongo al pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Solicitar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar los mecanismos a través de los cuáles se puede incorporar a la legislación laboral el derecho de los trabajadores a vales de transporte.

Segundo: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida especial para el establecimiento del programa Vales de Transporte.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 la reducción en 50% del sueldo del Presidente de la República y haga efectiva la restricción de ley referente a que ningún funcionario de la Administración Pública Federal perciba más que el titular del Ejecutivo federal, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El sentido de la palabra austeridad sólo se conoce cuando se enlaza con la modestia. Lo modesto es rehusar lo innecesario, desde el momento en que lo innecesario nada significa. Se es naturalmente modesto, mas no por renuncia, sino por predisposición, por ideales. De tal forma se es igualmente austero; se rehúsan los gastos suntuarios y más aún aquellos que se realizan con dinero público. En su verdadero sentido se llama, pues, austeridad a la modestia o predisposición a rehusar lo innecesario, y así es como generalmente hubieron de entenderlo los romanos.

2. En México, la mayor parte de los funcionarios públicos muestran una total falta de respeto por la sociedad, con excepción de aquél segmento de la población con el cuál tienen asociaciones o con los recomendados, y una completa falta de celo con el dinero público. Por el lado de la sociedad, cada vez se vuelve más demandante, cada vez existe menos una actitud pasiva en cuanto al favoritismo, al nepotismo y a todo tipo de privilegios; cada vez existe menos tolerancia y pasividad ante la corrupción, al soborno y al desperdicio de los recursos públicos.

3. Durante años hemos visto a la máquina administrativa de ayer y de hoy dividirnos en dos bandos: por un lado, funcionarios sobre todo federales con acceso sin restricción al dinero público y, por otro lado, a los ciudadanos que hemos estado con nuestros impuestos cargando con los costos públicos, incluidos deuda externa y Fobaproa. El funcionario tradicional, en México, hace fiesta con el dinero público: gana muy buen sueldo sin resolver los graves problemas del país, viaja en caravana al extranjero y se hospeda y come en lujosos hoteles y restaurantes. Muchos reciben pensiones de lujo sin cotizar lo suficiente. Son una clase privilegiada, no nuestros ``servidores públicos''.

4. Agravando este saqueo legalizado, los principales funcionarios de los niveles inferiores de gobierno; los gobernadores y aún presidentes municipales y sus funcionarios estatales y municipales despilfarran también miles de millones de pesos de nuestros impuestos en sus propios estipendios que debieran ser personales; benefician a sus amigos y a quienes les deben favores políticos. Esta es la circunstancia actual del servicio público mexicano: existe una alianza entre políticos tradicionales y grupos de presión privilegiados a costa de los recursos de la sociedad.

5. Los privilegios incluyen también créditos blandos en instituciones o dependencias del Estado, deudas condonadas y licencias para actividades prohibidas. Los privilegios del servicio público mexicano crean injusticias, fomentan el clientelismo político, deterioran los valores y violan derechos como el de la igualdad ante la ley. Pero hay más.

6. El despilfarro y la corrupción en el manejo de los fondos públicos, se realizan con total impunidad. Grandes saqueos están en la mente de todos nosotros. Sumemos a estos escándalos cómo se favorecen licitaciones públicas arregladas y se otorgan millonarias ``asesorías o consultorías''. Pero como no hay nada gratis, nos pasan la factura. Lo que el político tradicional reparte es extraído, a través de los impuestos, a quienes pagamos los privilegios de unos cuantos. La factura la paga la sociedad, sobre todo aquellos sobre quienes recae el peso del costo fiscal, los más vulnerables.

7. Una de las causas de estos privilegios y corrupción es el gran poder en manos del Estado, la falta de fiscalización, la institucionalización de las prebendas del funcionario público. Si todos somos iguales ante la ley, es inaceptable que haya grupos con privilegios a expensas de los demás, y debe desmantelarse este sistema. Para comenzar tiene que disminuirse súbitamente el monto de los sueldos de los funcionarios públicos, que es antieconómico e inmoral porque se financia con dinero extraído vía impuestos.

8. El Banco Mundial ha destacado que la asignación presupuestaria por sí sola puede ser un mal indicador de la calidad y la cantidad de un servicio público prestado en países con instituciones débiles; sobre todo en países con instituciones fiscalizadoras inmaduras.

9. Casos exitosos del desarrollo económico moderno muestran que nada es más importante para lograr el progreso que la austeridad. El esfuerzo por generar ingresos que vayan más allá de los gastos constituye la base que puede permitir invertir en infraestructura social y productiva.

10. Uno de los efectos de las transformaciones económicas experimentadas en México a partir de los años ochenta ha sido el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Evaluada mediante la evolución del índice de Gini, la distribución del ingreso de hoy es peor que la de hace 50 años. Como se sabe, mientras más elevado sea el índice de Gini, mayor desigualdad económica existirá. En 1950 el coeficiente de Gini era de 0.52; mientras que en la actualidad es de 0.58; la distribución nacional del ingreso ha empeorado. A partir de los procesos de ajuste estructural emprendidos en la economía mexicana en el Gobierno de Miguel de la Madrid, se registró con más fuerza una tendencia sostenida hacia una distribución del ingreso cada vez más desigual. La participación en el ingreso nacional del 80% de la población, la que tiene menos recursos, se redujo de 50.5% a 41.2% entre 1984 y el año 2004. En el extremo superior de la estratificación social, el segmento de la población que tiene más dinero, el llamado último decil de la distribución, elevó drásticamente su participación en la captación de ingreso, al pasar de 32.4% en 1984 a 41.2% en el año 2004.

11. Al mismo tiempo, pasamos de una proporción de aproximadamente 30% de la población nacional en condiciones de pobreza en el año 1950, a un porcentaje de más de 70% en el año 2004.

12. Así que en un país como el nuestro, con tan marcados contrastes sociales; donde la desigualdad y la pobreza han venido creciendo, lo menos que podemos hacer los legisladores es contribuir a crear un clima de mayor justicia social, impulsando la austeridad republicana.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 la reducción, a la mitad, del sueldo del Presidente de la República y hacer efectiva la restricción de ley de que ningún funcionario de la Administración Pública Federal reciba una percepción mayor a la del Presidente de la República.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida especial destinada a iniciar en el país el programa de albergues escuela para niñas y niños pobres que garanticen los derechos de educación y alimentación, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRDConsiderando que

1. De acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, en México existen 133,164 comunidades de menos de 50 habitantes; lo que da idea del gran grado de dispersión en que se encuentran entre 5 y 6 millones de habitantes. Se trata fundamentalmente de habitantes del campo, de familias que viven en las zonas rurales más marginadas; comunidades aisladas muchas de las cuáles se ubican a horas de distancia de los centros urbanos más próximos. Son esas mismas comunidades las que albergan a la mayor proporción de mexicanos en condiciones de analfabetismo, pobreza extrema y desnutrición. Miles de esas comunidades son indígenas. Se trata, en suma, de una parte importante de los excluidos del sistema económico, político y social vigente en México.

2. El problema fundamental de los excluidos del sistema fue vislumbrado hace muchas décadas por el General Lázaro Cárdenas. Por ello, en su época creó el Sistema de Internados de nivel Primaria y Secundaria para niños de las comunidades más apartadas del país. Por desgracia, las medidas de política económica que se emprendieron en México al paso de las décadas prácticamente acabaron con ese antiguo sistema de internados; el mismo que en su momento permitió la movilidad social de miles de niños que posteriormente se transformaron en profesionales de las más diversas áreas del conocimiento y se incorporaron a la vida productiva del país.

3. El postulado de la falsa austeridad emprendido en la década de los años ochenta del siglo XX acabó con uno de los sistemas más generosos en la historia de la República. Mientras que eso ocurría en México, en otras partes del mundo organismos internacionales fomentaban la emergencia de un nuevo tipo de albergues, reconociendo los errores que el antiguo sistema de internados tuvo y recuperando las más valiosas experiencias del mundo desarrollado, el Banco Interamericano de Desarrollo ha fomentado un nuevo tipo de albergues que han dado vida a un nuevo sistema de formación básica, incluyente de las comunidades más desprotegidas y con actividades multidisciplinarias; para fomentar una formación integral de los individuos.

4. El Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado, así, la implementación de un sistema de internados escolares desde el año 1993, que da apoyo a comunidades pobres que viven aisladas. Se trata de un sistema de dormitorios que albergan no necesariamente a todos los estudiantes de las escuelas locales, de niveles primaria y secundaria; la mayoría de los cuales están situados en comunidades fundamentalmente agrícolas.

5. En virtud de que en muchos países de América Latina la ley prescribe enseñanza pública, obligatoria y gratuita; y ante el avance de la pobreza registrado en los últimos veinte años, el Banco Interamericano de Desarrollo está fomentando este tipo de iniciativas. La ``obligatoriedad'' puede asimilarse al sistema de internados, con doble escolaridad, donde el Estado brinde educación, alimentación, alojamiento e indumentaria de los educandos. Los niños estarían en tales escuelas de lunes a viernes, y al fin de cada semana se les devolvería a sus familias. En su informe del año 2001 el BID menciona que sólo la construcción de las escuelas sería un factor reactivador de la economía.

6. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en el 33%, 20% y 17% de los hogares pertenecientes a los primeros tres deciles de la población (los más pobres), respectivamente, el Jefe de familia no tiene ningún tipo de instrucción educativa formal. De la misma forma, en los primeros tres deciles de población más pobre de nuestro país el 88%, 77% y 69% de los hogares, respectivamente, el Jefe de familia tiene, cuando mucho, educación primaria terminada; pero no cuenta con ningún año de escolaridad secundaria.

7. En suma, más de 7 millones de hogares de nuestro país están dirigidos por personas (hombres o mujeres) cuyo grado máximo de escolaridad es 6º de primaria. Aún si tomamos a la mitad de la población del territorio nacional; es decir, si consideramos a toda la población que está por debajo del quinto decil social; encontramos que más de la mitad de los hogares de todo el país están dirigidos, en un 56%, por personas que no tienen educación superior al 6º grado de primaria. En otras palabras, solo 44% de los hogares más pobres del país están dirigidos por personas que tienen algún grado de escolaridad superior a primaria. De la mitad de los hogares del país, sólo 4% tienen jefe de familia con educación superior a preparatoria. Ello significa que la pobreza está asociada a los bajos niveles de escolaridad y que los bajos niveles de escolaridad, a su vez, están asociados con la pobreza.

8. Un segmento importante de esos hogares está constituido por las familias que viven en las comunidades que indicábamos arriba, en las zonas más apartadas y con menores servicios públicos y sociales. Otro segmento, sin embargo, está constituido por los estratos sociales que, viniendo de las regiones rurales del país, han llegado a las zonas metropolitanas más importantes y también son excluidos de las oportunidades que genera el desarrollo. Así, tenemos entonces dos grupos importantes de familias excluidas: las que viven en las comunidades más remotas y las que viviendo en las zonas metropolitanas tampoco han podido ascender en la sociedad. Para esos dos grupos de familias es que debe ser establecido un nuevo Sistema de Albergues-Escuelas.

9. Proponemos iniciar a la brevedad, implementando el nuevo Sistema de Albergues-Escuelas a partir del año 2006, de ahí la necesidad de una partida especial, para emprender ese sistema escolarizado.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 incluya una partida especial para iniciar en todo el país el programa Albergues Escuela para niñas y niños pobres que garantice los derechos de educación y alimentación a la niñez mexicana sin exclusiones.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a los Congresos locales, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y en los Presupuestos de las entidades federativas se excluya el pago de servicios médicos particulares a legisladores, canalizando al ISSSTE los recursos obtenidos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. Los elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso en México y la falta de ingresos reales crecientes ha tenido como efecto, en las últimas dos décadas, que un contingente cada vez mayor de mexicanos o bien vivan en condiciones de pobreza o bien sobrevivan en condiciones de miseria, en condiciones de la eufemísticamente llamada ``pobreza extrema''. Cientos de miles de personas salen cada año del país en busca de oportunidades laborales en Estados Unidos y las calles de las grandes y medianas ciudades del país han visto incrementar el número de indigentes y vendedores ambulantes. Cientos de miles de familias que antes de 1982 pertenecían a la llamada ``clase media'' hoy viven en condiciones de pobreza. Durante las últimas dos décadas se presentó, en suma, un proceso regresivo desde el punto de vista social: amplios sectores de la clase media pasaron a ser pobres y gran cantidad de los anteriormente pobres hoy viven en condiciones de miseria. Se trata de más de 70 millones de personas en condiciones de pobreza y de más de 30 millones en la llamada pobreza extrema es decir, que no tienen siquiera un dólar diario en sus bolsillos para sobrevivir.

2. El Estado Mexicano, antiguamente garante de las condiciones mínimas aceptables de vida para el conjunto de la población, se ha retirado; bajo los postulados de adelgazamiento del Estado, bajo la premisa de Washington de que es necesario que el Estado no sea un ente interventor en la vida de los ciudadanos. Contradictoriamente, al mismo tiempo en que el Estado se retira de las actividades que le son inherentes y entre las cuales figura garantizar condiciones adecuadas de salud a la población; ese mismo Estado Mexicano se ha encargado de llevar a los sectores de la población más favorecida no sólo las condiciones para que incrementen su fortuna; sino incluso ya directamente los recursos del pueblo mexicano. Ayer fue la reprivatización de la banca y después fue el Fobaproa. Los recursos de la Nación están siendo entregados en pagos puntuales a los grupos financieros nacionales. Pero los recursos para los servicios públicos cada día escasean más.

3. Reflejo de esa política dual y contradictoria, los más graves problemas sociales se han profundizado. Como un ejemplo de ello tenemos a más de 30 millones de mexicanos sin ningún tipo de servicio médico y los que tienen acceso a los servicios públicos de salud, al IMSS o al ISSSTE, tienen que sufrir todos los días al hacer filas que nunca terminan para ser atendidos por un médico que tiene que atender a más personas de las que humanamente es posible atender en condiciones óptimas; personas pobres que por acudir a los servicios públicos de salud tienen que entender que no hay dinero para otorgarles medicamentos adecuados, que tienen que recibir un medicamento a cambio de otro porque, se argumenta, no hay dinero para un abasto adecuado de medicamentos. El gasto en salud pública en México ha caído dramáticamente en los últimos 25 años. En 1980 el sector de salud pública en nuestro país contó con asignaciones equivalentes al 2.5% del Producto Interno Bruto, el año 2004 dichas asignaciones habían sido reducidas a 1.9%. Por ello faltan médicos y enfermeras, por ello no se construyen hospitales de especialidades en todas las ciudades grandes de México, por ello no hay medicamentos y, por si fuera poco, los escasos recursos públicos que se destinan al sector son aplicados incorrectamente, a través de licitaciones inexistentes o bien sin comprobar gastos; como ya ha sido documentado por la Comisión de Vigilancia de esta soberanía.

4. Frente a la lacerante realidad que viven millones de mexicanos que no cuentan con un servicio de salud pública eficiente, existe un sector de los trabajadores al servicio del Estado que goza de enormes privilegios. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006 el Ejecutivo federal está proponiendo una partida para servicios médicos privados y para el seguro de separación individual por un monto de 4,576 millones de pesos para los funcionarios del poder ejecutivo federal; un monto de 1,620 millones de pesos para las mismas partidas pero para funcionarios de las entidades federativas, esto es, para la plantilla de funcionarios de las entidades del país y, por si fuera poco, un monto de 39 millones de pesos para que los diputados del país podamos acudir a los servicios médicos privados en lugar de acudir, como nos corresponde, a los servicios médicos del ISSSTE, el servicio de salud a que tenemos derecho por ser trabajadores al servicio del Estado. Debemos decir que dichos recursos no están legalmente fundamentados, no existe ningún ordenamiento jurídico que los respalde; son resultado de acuerdos internos entre el legislativo y el ejecutivo.

5. Es inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos trabajadores al servicio del Estado de primera y de segunda. Mientras que los de segunda tienen que acudir a las clínicas y hospitales del ISSSTE, los de primera tienen derecho a servicios médicos privados. De cancelar los recursos que se tienen programados para el pago de servicios médicos privados y del seguro de separación individual de los funcionarios públicos federales y de los legisladores, estaremos en posibilidad de canalizar aproximadamente 6,000 millones de pesos adicionales al presupuesto del ISSSTE, para mejorar los servicios médicos de todos los trabajadores al servicio del Estado y no sólo los de unos cuantos considerados hoy, ``de primera''.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 excluya el pago de servicios médicos particulares a diputados y senadores.

Segundo: Exhortar a todos los Congresos locales del país, para que no otorguen recurso alguno, en sus presupuestos del año 2006, para el pago de servicios médicos particulares a diputados locales.

Tercero: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006; los recursos obtenidos por el ahorro que la cancelación del pago de servicios médicos particulares a funcionarios y diputados y senadores federales implica, se canalicen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Ejecutivo federal y a los presidentes municipales del país, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y en los respectivos Presupuestos locales se excluya el pago de servicios médicos particulares a funcionarios públicos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. México es un país de contrastes. Frente a la opulencia de unos cuantos (300, diría un afamado empresario hace más de una década), persiste una gran mayoría en condiciones de pobreza, millones de los cuáles viven en condiciones de miseria. Frente a un ingreso promedio mensual por hogar pobre; del llamado primer decil de la población; de 2,800 pesos en el año 2004; el mismo ingreso de una familia de las más ricas; de aquellas que están en el llamado decil más adinerado, era de 284,200 pesos. Es decir, el dinero disponible de un rico equivalía, el año pasado, a 101.5 veces el ingreso de un pobre; aún sin considerar los extremos más amplios; sin considerar que a los más pobres entre los pobres ni a los más ricos entre los ricos.

2. Al mismo tiempo que las llamadas ``fuerzas del mercado'' arrojan esos resultados, la intervención del Estado en México ha tenido un efecto social perverso. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, las transferencias que realiza el Gobierno también profundizan nuestras más agudas diferencias sociales. Mientras que las familias más pobres reciben menos de 500 pesos al mes, una familia rica recibe de parte del Estado (ya sea a través de los gobiernos federal, estatal o municipal) más de 100,000 pesos mensuales. Ello se ha logrado gracias a un sistema injusto, regresivo, cuyos programas principales no se distribuyen equitativamente y menos aún en forma que reviertan las desigualdades sino que en realidad, a través de las reglas de operación o bien como resultado de su propia concepción; benefician más a quienes más tienen.

3. Estas desigualdades también se dan en las oportunidades de acceso a los mejores medios para vivir; uno de los cuáles son los servicios de salud. Mientras que más de 50 millones de personas dependen de los muy deficientes servicios que les otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y, alrededor de otros 20 millones dependen de los también deficientes servicios que les otorga el ISSSTE y los sistemas estatales de protección a la salud; existen más de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a lo más elemental en materia de protección a su salud. Se trata de millones de personas del campo y la ciudad, que no están dentro de los ya de por sí raquíticos servicios de la seguridad social en nuestro país. Frente a ellos, vive una pequeña elite, menos del 10% de la población mexicana que disfruta de servicios de salud de primer mundo, gracias a que el sistema económico les ha permitido tener ventajas sociales o bien, gracias a que el propio Estado mexicano ha fomentado el surgimiento de dichos sistemas de privilegio.

4. Dentro de ese sistema de seguridad social de privilegio para unos cuantos, se engendró desde hace varias décadas el surgimiento del sistema de seguridad privada para los funcionarios del Estado, con pagos garantizados incluso fuera del país. En ellos el Gobierno Mexicano gasta miles de millones de pesos, ya sea por pagos de pólizas de seguros con las principales compañías aseguradoras del mundo; o bien a través del pago directo a hospitales privados dentro o fuera del país; pagos realizados con recursos de partidas dentro de todas las Secretarías de Estado. Y, por si fuera poco, en tiempos recientes se ha dado a conocer a la luz pública la existencia de pagos que ha realizado el Gobierno mexicano de cirugías meramente estéticas, beneficiando a esposas de funcionarios públicos. El despilfarro de los bienes públicos en beneficio del beneficio privado.

5. Como se sabe, en México la mayor parte de los funcionarios de primer y segundo nivel, tanto del Gobierno Federal como de los niveles estatales e incluso en muchos casos municipales; cuentan con sueldos millonarios; con sueldos de primer mundo; cuando el nivel de eficiencia administrativa de dichos niveles de gobierno en una gran mayoría de casos es de tercer mundo. Si ya de por sí esta situación es inconsistente con un Estado como el mexicano; además de dichos sueldos los funcionarios cuentan con ese sistema de pagos a médicos particulares y a instituciones hospitalarias dentro y/o fuera del país, engrosando los recursos destinados a la más alta burocracia; en detrimento de los recursos disponibles para los estratos más necesitados de la población. Esta es una realidad que necesitamos cambiar a la brevedad.

6. Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 excluya el pago de servicios médicos particulares a funcionarios públicos.

Segundo: Exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a todos los gobernadores y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como a todos los presidentes municipales del país para que no otorguen recurso alguno en sus presupuestos del año 2006 para el pago de servicios médicos particulares a funcionarios públicos.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se incluyan recursos adicionales para la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las instituciones de educación superior son fuente de orgullo nacional y garantía del logro de nuestros mejores propósitos de crecimiento y desarrollo. En estos días, la mayor universidad del mundo, como es la UNAM, se ha acreditado como una de las que ofrecen mayor calidad y cobertura, entre las mejores del planeta.

La decisión del Constituyente de garantizar la educación pública, universal, gratuita, humanista, democrática y garante de la igualdad y la tolerancia, constituye un acierto hasta nuestros días. La educación pública es piedra angular de la permeabilidad social surgida del estudio y del esfuerzo individual y colectivo, difunde los mejores valores nacionales y desarrolla proyectos de gran reconocimiento científico en todos los campos. Por ello, requerimos apoyarla de manera creciente, a efecto de lograr su transformación cualitativa, a la altura de las expectativas sociales y económicas del siglo XXI.

Entre nuestras mejores casas de estudios superiores, se encuentra también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es una de las universidades más antiguas del continente, testigo de más de 4 siglos de construcción del Estado y la Nación mexicana. Además de que modela el perfil de la cultura y diversidad de puebla, es una institución en constante transformación y perfeccionamiento, sin cuya aportación la ciencia y la cultura perderían su vigor y su riqueza. Por eso, la BUAP es un orgullo para Puebla y para México.

A iniciativa del Cabildo de la ciudad de Puebla, el 14 de abril de 1578, se solicitó al provincial de los jesuitas en la Nueva España la fundación de esta institución educativa. A partir de ahí ha sufrido 9 transformaciones, que le han permitido actualizarse y mantenerse presente en el desarrollo de Puebla. A la caída del Imperio de Maximiliano, cuando el pensamiento liberal sustituyó la cerrazón santanista en la educación, numerosos soldados del liberalismo se trasladaron a Puebla para organizar su sistema educativo. Destacan entre ellos, Ignacio Ramírez ``El Nigromante'' y Guillermo Prieto, siendo el más destacado Ignacio Manuel Altamirano, que asumió el rectorado en 1881 y sentó las bases para su entrada al siglo XX.

Esta Universidad tiene actualmente una de las matriculas más altas de alumnos, con 54 mil, independientemente del número y calidad de sus maestros. Su reconocimiento y trabajo le ha permitido ofertar un amplio catalogo de maestrías y doctorados, además de ser parte activa en múltiples áreas de la investigación. Sin embargo, desde hace varios años padece una severa crisis económica que ha tenido como efecto la falta de mantenimiento del hospital universitario, la falta de incremento salarial a sus trabajadores y el riesgo que implica la respuesta oportuna y suficiente a sus pasivos laborales.

A pesar de que esta Cámara realizó en el Presupuesto de Egresos de 2005, reasignaciones a favor de la educación superior, corrigiendo el proyecto del Ejecutivo que procedía con recortes presupuestales a las Universidades públicas.

A pesar de la legitimidad de la decisión de los diputados, el presidente realizó observaciones que mantuvieron en suspenso los recursos para las universidades durante todo el año.

De los 1,750 millones de pesos que contenía el dictamen formulado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, se autorizaron para la BUAP 152.5 millones de pesos. Del Fondo de Equidad para las Universidades con costo por alumno de bajo de la media nacional, le correspondieron también 175.9 millones de pesos.

Este año fue complicado para las universidades públicas, porque tuvieron que enfrentar fuertes presiones sin los apoyos económicos mantenidos en suspenso por la controversia constitucional.

Concientes de que el subsidio ordinario federal y estatal, constituye el ingreso principal de las universidades públicas, acudimos a la sensibilidad política y al compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento real de la universidad pública, para que se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, 300 millones de pesos adicionales. Estos se aplicarán a los rubros rezagados que hemos mencionado, al fortalecimiento de su infraestructura, a la acreditación de 25 programas de licenciatura, al equipamiento de física, química, biología y lenguas extranjeras, así como para elevar el porcentaje de sus programas de calidad, para situarlo en más del 85%, lo cual incide indirectamente en la solidez de los conocimientos que sus profesionistas egresados ponen a disposición del mercado laboral y de la sociedad del Estado de Puebla, así como del país en su conjunto.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, recursos adicionales por 300 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, a efecto de superar su déficit financiero acumulado y fortalecer su infraestructura, programas de calidad y de investigación, como detonante de desarrollo regional en el Estado de Puebla.

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 un incremento de los recursos correspondientes al IFAI a efecto de que éste pueda cumplir debidamente sus funciones, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

En los sistemas políticos democráticos es una práctica común y añeja la rendición de cuentas por parte de los organismos públicos para con la sociedad. Así ha ocurrido en los países donde prevalece esa forma de gobierno. Ello tiene como propósito el transparentar las acciones que llevan a cabo las dependencias responsables de la administración pública, a fin de reducir los riesgos de incurrir en actitudes contrarias al beneficio colectivo.

En nuestro país, a partir del año 2002, con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, contamos con un organismo descentralizado, no sectorizado, encargado de que la ciudadanía tenga respuesta a las solicitudes que formule en la materia.

La conformación del IFAI responde a una demanda que se origina desde muchos años atrás, consistente en superar la opacidad que caracterizaba a una buena parte de la actuación del sector público del país.

La situación llegó a ser verdaderamente insostenible y representaba un retroceso si se le compara con los avances ocurridos en México en distintos ámbitos de la consolidación de la vida institucional que ha tenido lugar en el país en años recientes.

Si aspiramos a consolidar los avances logrados en la transición democrática en que estamos inmersos, debemos poner nuestro horizonte en un futuro que ya no convalide actos de autoritarismo y prácticas que le son afines como el desdén por la evaluación ciudadana.

Respaldar la actuación del IFAI, para posibilitar los encomiables fines que persigue, entre los que destacan: promover el ejercicio del derecho a la información, resolver sobre la negativa de las solicitudes en la materia, y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, fortalece la vida republicana y cristaliza los anhelos de las mexicanas y mexicanos que aspiran a contar con una administración pública que se guíe por la transparencia en todos y cada uno de sus actos, a efecto de inhibir y/o sancionar los actos de corrupción que aún prevalecen como muestra de la reticencia a modificar actitudes que ya no tienen lugar en el México actual.

Cabe destacar que, tan sólo en lo que hace a la resolución de recursos de revisión y que constituye prácticamente una de las funciones sustantivas más relevantes del IFAI, ha crecido el número y complejidad de los asuntos a resolver: durante el año de 2003 fueron 635, en 2004 fueron 1431 y, en este ejercicio de 2005, hay proyecciones que indican que se llegará a la cifra de más de 2200.

No obstante lo anterior, el presupuesto asignado para el año 2005 fue de $ 240,434,300 que, comparado con el techo preliminar para el 2006 que es de $238,937,808, contempla una reducción de $1,496,492, que impacta en el capítulo 1000 de Servicios Personales.

El personal con el que actualmente cuenta el IFAI ya resulta insuficiente para atender la demanda que se presenta, por lo que el Instituto requiere una ampliación presupuestal de 23.3 millones de pesos, que se traducirán en la creación de 19 plazas: 5 Direcciones de Área, 2 Subdirecciones y 12 Jefaturas de Departamento, lo que permitirá desahogar eficientemente el creciente número de recursos, así como continuar siendo garante de una mayor transparencia en la información que demanda la sociedad respecto de las acciones ejecutadas y las decisiones adoptadas por este gobierno.

Cabe señalar que en dos años, no ha habido crecimiento del número de plazas al interior del Instituto.

Por tal motivo, es imprescindible que el IFAI cuente con los recursos presupuestales que le son necesarios, para actuar con la autonomía que debe guiar a un organismo de su tipo, autonomía y funciones que le asignó el Congreso de la Unión en la ley que lo rige. Para el logro de esta característica que debe ser fundamental se requiere dotarlo de una suficiencia financiera que le posibilite disponer de la libertad que su actuación requiere en todos los terrenos. Hay que recordar que el propio Poder Legislativo Federal determinó, en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que el IFAI es un organismo con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.

El decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el DOF de fecha 24 de diciembre de 2002, precisa que el IFAI es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y en su Considerando Quinto establece que debe de buscarse que ejerza con toda plenitud su autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, indispensables para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública.

Tomemos el ejemplo de otros organismos autónomos cuya aportación a la vida democrática es invaluable. No desaprovechemos la oportunidad, tal vez irrepetible, de fortalecer los cimientos de una entidad que propugna por hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un ejercicio que caracterice al sector público.

Los resultados además de ser mensurables, podrán cuantificarse por el grado de confiabilidad que generen en la opinión pública las instituciones que se sometan al escrutinio ciudadano.

Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo sometemos a la alta consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente propuesta para que esta soberanía apruebe un incremento en relación con la propuesta enviada por el Ejecutivo federal en la asignación presupuestal para el año 2006, del orden de 23.3 millones de pesos, a fin de que el Instituto Federal de Acceso a la Información se encuentre en aptitud de cumplir debidamente con las funciones que tiene asignadas, con la certeza de que estaremos contribuyendo de manera importante a la consolidación de la vida institucional en un tema tan vigente como lo es la transparencia y la rendición de cuentas, en base al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la asignación presupuestal del Instituto Federal de Acceso a la Información para el ejercicio fiscal de 2006 se incremente en 23.3 millones de pesos a efecto de que dicho Instituto se encuentre en aptitud de cumplir debidamente las funciones que tiene asignadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Diputados: Luis Maldonado Venegas, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Federico Döring Casar (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial para emprender un programa de hospitales de especialidades en todo el país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. En México existe un sistema de salud dual. Personas con recursos financieros, o cuyo empleador le proporciona seguros de salud, tienen acceso al sistema de salud privado que atiende, con calidad, a su demanda. El resto del país, la gran mayoría cuenta, en el mejor de los casos, con un sistema público de clínicas y hospitales. El sistema público de salud se caracteriza por generar largas filas de espera para recibir la atención mínima y de una calidad cuestionable, con la implicación práctica de que aquellos que dependen de ese sistema casi nunca logran resolver razonablemente sus problemas de salud y, consecuentemente, pasan más tiempo enfermos. En las zonas rurales del país y en las tres principales zonas metropolitanas del país los derechohabientes se enfrentan al grave problema que representa la ausencia de hospitales de especialidades, teniendo que incurrir en costos que para ellos son enormes para desplazarse hacia los hospitales en que se les puede atender pero que se localizan en las grandes ciudades.

2. Este sistema de salud dual es particularmente relevante, en lo que se refiere a México, a la luz de las recientes tendencias en la estructura sociodemográfica del país. En el año 2000, sólo 6.8% de la población mexicana tenía edad arriba de 60 años. Sin embargo, para el año 2010, la expectativa es de que ese segmento de la población sea de 8.7% y, para el año 2030, de 17.2%. Durante los últimos 20 años, el tamaño de las familias dentro de los segmentos más pobres de la sociedad mexicana (aquellos que típicamente dependen del servicio público de salud) ha sido mayor que el de los segmentos más prósperos. Ese gran grupo de la población tiene dos serias dificultades en relación a la salud. Por un lado la existencia de niños menores de 12 años incrementa, en esas familias, la demanda de servicios públicos de salud. Por otro lado, ese estrato de la población está envejeciendo, y se está aproximando el momento en que sus necesidades de asistencia médica crecerán rápidamente. Niños y ancianos son más propensos a adquirir enfermedades y deben ser atendidos. Debemos observar con preocupación que el sistema público de salud en México, bajo las tendencias actuales, no tendrá capacidad para atender a esa creciente demanda. En particular, los tiempos de espera para consulta aumentarán, implicando que muchos de los segmentos más pobres de la sociedad no podrán recibir ningún tipo de tratamiento. Ese mecanismo de exclusión social de la población pobre y anciana crecerá al menos en la misma proporción en que crece ese segmento de la población mexicana.

3. Al desarrollar un análisis estadístico para medir en qué medida la existencia de niños o ancianos afecta el gasto de los hogares en México se obtiene que por cada persona mayor de 60 años en una familia, sus gastos en servicios de salud aumentan 15.5% y, por cada niño menor de 12 años, dichos gastos se incrementan en 13.8%. Los hogares que tienen recursos financieros suficientes, pueden hacer frente a esos gastos. Pero las familias pobres recurren al sistema público de salud.

4. En suma: a medida que la estructura sociodemográfica cambia, la presencia de ancianos está creciendo, debido al aumento de la esperanza de vida, ejerciendo presión sobre el ingreso de las familias y sobre el sector público como único recurso para la provisión de servicios de salud. Por otro lado, familias de bajos ingresos tienen un número grande de hijos. Por lo tanto, las familias pobres con un elevado número de miembros, ya sea en virtud de la presencia de niños, o bien debido a la presencia de ancianos, son las que más sufren y seguirán sufriendo por el aumento de los costos de tratamientos médicos o por la ausencia de hospitales en sus localidades.

5. Por otro lado, de acuerdo con datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el gasto total en salud en México es inferior en dos puntos porcentuales, como proporción del PIB, al promedio de la OCDE, el gasto en salud en México es el segundo más bajo de todos los países de esa organización.

6. El número de doctores, por ejemplo, es en México de 1.5 por cada 1000 habitantes mientras que en la OCDE es de 2.9; en nuestro país existen 2.1 enfermeras por cada 1000 habitantes, cifra 4 veces inferior a la disponibilidad del promedio de países de la OCDE. En cuanto a camas de hospital disponibles, mientras que en los países de esa organización mundial es de 4.1 por cada 1000 habitantes, en México es de sólo una. En cuanto a equipo especializado el rezago también es evidente: en nuestro país el número de Unidades de Resonancia Magnética es de 0.2 por cada millón de habitantes, el porcentaje más bajo de los países de la OCDE. El número de escáneres en México es de 1.5 por cada millón de habitantes mientras que en la OCDE es de 17.9.

7. En México existen más de 2450 municipios. La red de clínicas y hospitales del IMSS consta de mil 767 unidades; pero mil 504 son de medicina familiar y solo existen 223 hospitales generales o regionales; mientras que de especialidades son 40. La capacidad instalada es claramente insuficiente para la demanda actual y futura.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que analice la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, de una partida presupuestal para emprender el programa de hospitales de especialidades en todo el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 un incremento destinado al INEA, a efecto de abatir el rezago educativo en alfabetización y educación básica, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

Luis Maldonado Venegas, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de que se fortalezca el presupuesto asignado para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el ejercicio fiscal 2006, a fin de que se abata el rezago educativo en alfabetización y educación básica, en base a las siguientes

Consideraciones

Independientemente de la persona que sea elegida Presidente de la República en la próxima contienda electoral del 2 de julio del año dos mil seis y del partido político al que pertenezca, dentro de cinco años los mexicanos estaremos próximos a conmemorar cien años del inicio de la Revolución Mexicana.

Por tal motivo, el grupo parlamentario de Convergencia considera fundamental que a partir del próximo año, se destinen recursos económicos suficientes para abatir el analfabetismo que aún existe en nuestro país a fin de que arribemos al 20 de noviembre del 2010 con la certeza de que todos nuestros compatriotas hablen y lean el español y con una población mayor de 15 años que tenga acreditado el nivel básico.

De esta manera, estaremos verdaderamente en condiciones de celebrar tan importante acontecimiento.

El pasado 8 de septiembre, al conmemorarse el Día Mundial de la Alfabetización, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) dio a conocer que el número de personas con rezago educativo se incrementó de 32.5 millones que había en 2000, a 35 millones en 2004, a pesar de que en ese miso lapso fueron certificados más de tres millones de mexicanos, tanto en alfabetización como en el nivel básico.

Por tal motivo, consideramos que es importante apoyar el presupuesto del INEA para el año 2006 y orientarlo en base a la estrategia que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos ha propuesto.

Dicha estrategia se fundamenta en diversos estudios que realizaron sobre la organización del trabajo y la distribución de los recursos humanos de su membresía y comprende cuatro vertientes:

a) Fortalecer a la institución promoviendo la autorización de plazas de nueva creación en aquéllas entidades federativas en donde el rezago es mayor.

b) Reforzar el programa de profesionalización de los trabajadores técnicos operativos.

c) Alentar los estímulos por años de servicio institucional para los trabajadores técnicos operativos durante su compromiso social e institucional.

d) Incrementar los estímulos de desempeño y productividad en el trabajo de los trabajadores técnicos y operativos.

En Convergencia estamos convencidos de que las desigualdades educativas en la población son fuente de abusos, discriminación y pobreza, y constituyen un elemento que frena el desarrollo económico y democrático del país.

Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que se fortalezca el presupuesto asignado para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el ejercicio fiscal 2006, a fin de que se abata el rezago educativo en alfabetización y educación básica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2006 la asignación de recursos destinados a apoyar la labor de los Sistemas DIF municipales, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, la asignación de recursos destinados a apoyar la importante labor que realizan los sistemas DIF municipales, en razón de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social, ésta se entiende como ``el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva''.

Tal labor, de suyo relevante vistas las condiciones sociales que imperan en la mayoría del territorio nacional, está a cargo de un conjunto de instituciones que concurren en el desempeño de acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Sin desestimar la importancia de la salud, la asistencia social en lo concerniente a la protección de la célula básica de la sociedad propiamente dicha está a cargo de una institución de todos conocida: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.

El DIF, como se sabe, ha creado programas de asistencia que atienden la problemática de fenómenos con alto impacto en la convivencia de nuestras comunidades, como la violencia intrafamiliar, la incorporación de sectores marginados, el desarrollo de personas con discapacidad, la protección de personas adultas mayores, la vigilancia de los derechos de la niñez, así como determinadas problemáticas concernientes a la equidad de género.

Se trata de una institución con tanta relevancia, que implica la coordinación de los tres niveles de gobierno y sus programas tienen respaldo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Precisamente este último ordenamiento, en sus numerales 39, 40 y 41 detalla las características del Fondo de Aportaciones Múltiples, como parte del Ramo General 33, ``Aportaciones Federales a Entidades y Municipios''. Este Fondo contiene los recursos que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria.

No obstante lo anterior, debemos tomar en cuenta que el Fondo de Aportaciones Múltiples no contempla destinar recursos al organismo DIF, propiamente dicho. Se trata únicamente de una transferencia para la operación de programas supervisados mediante convenios por los DIF nacional y estatales.

Esta situación hace que en la mayoría de los municipios mexicanos los sistemas DIF municipales enfrenten graves carencias, que en ocasiones llega incluso a no tener local propio, o a no contar con personal suficiente para la operación de los programas de asistencia social que tanto necesita la población.

Debemos recordar que, con las reformas de 1999 al artículo 115 constitucional, el municipio mexicano adquirió la categoría de gobierno, y dejó de ser un mero administrador. Sin embargo, en lo que se refiere al sistema DIF esta condición aún prevalece, puesto que no se puede hablar de una libertad o una autonomía administrativa si no se cuenta con una autonomía financiera.

En efecto, tanto los sistemas nacional como estatales del DIF cuentan con recursos para amortizar los gastos que generan sus operaciones administrativas, entre los que se cuentan servicios personales y vehículos para llegar a poblaciones apartadas, por ejemplo. En los municipios, esto no siempre se da, principalmente porque los ayuntamientos carecen de los recursos para dar al sistema DIF municipal un lugar en su presupuesto, e incluso en ocasiones se acude a la buena voluntad de personas que realizan labores en dichos organismos sin devengar salario alguno; las presidentas de los DIF Municipales, en la mayoría de los casos cónyuges de la autoridad municipal, son las primeras en dar este singular ejemplo de compromiso social.

Por estas razones, considero de primera relevancia que esta H. Soberanía incluya dentro de las previsiones del Presupuesto de Egresos 2006, siempre en el Ramo General 33, en el Fondo de Aportaciones Múltiples, un Subfondo denominado Apoyo a los Sistemas DIF Municipales, cuyos recursos puedan ser destinados a sufragar los gastos que dichos organismos realizan en materia meramente administrativa y para posibilitarles también la creación de programas de asistencia social propios.

Debo dejar en claro que mi intención no es lesionar el presupuesto en materia de Asistencia Social, sino de aumentarlo en la medida de lo posible, de manera tal que los recursos que formarían dicho Subfondo no se tomarían de los destinados a los programas del Sistema DIF, sino que serían además de esos recursos.

Con esta acción, compañeros legisladores, estaremos dando al Municipio Libre un gran apoyo, pero sobre todo estaremos complementando para bien el sistema de Asistencia Social que tanto ha funcionado en beneficio del pueblo mexicano.

En virtud de estas consideraciones, me permito proponer al Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Requiérase a la Comisión de Presupuesto para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, dentro del Ramo General 33 ``Aportaciones Federales a Entidades y Municipios'', en el Fondo de Aportaciones Múltiples, la creación de un Subfondo denominado Apoyo a los Sistemas DIF Municipales, con base en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El objeto de dicho Subfondo será sufragar los gastos que dichos organismos realizan en materia administrativa y para posibilitarles la creación de programas de asistencia social propios.

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2006, en el rubro de educación, el remozamiento y equipamiento de la escuela secundaria técnica número 8 de Yucalpetén, municipio de Progreso, Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en el rubro de Educación, el remozamiento y equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica No. 8 de Yucalpetén, municipio de Progreso, Yucatán, en razón de las siguientes

Consideraciones

La educación pública, base del desarrollo nacional, ha posibilitado el acceso de la población mexicana al conocimiento, con independencia de su condición económica. Se trata del ejercicio de los principios establecidos por la Revolución Social para reivindicar los derechos de las clases proletarias, para derribar barreras de clase y hacer del Estado Mexicano una democracia que asegurase las garantías individuales.

En particular, la educación pública representa, para las personas de menores recursos, la oportunidad de superación y de obtener una formación académica que les permita aspirar a mejores condiciones de vida. De ahí la importancia de darle el impulso adecuado y de procurar la conservación de este sistema, sobre todo en las regiones de marginación extrema.

Es el caso de la región costera de Yucatán, en donde sus habitantes, dedicados la mayoría a la pesca, luchan día con día para proveer a sus familias de mejores oportunidades de desarrollo, oportunidades entre las que se cuenta, claro está, la educación.

En este sentido, la escuela secundaria técnica número 8, ubicada en el puerto de Yucalpetén, en el municipio de Progreso, fue fundada en 1972 con el objetivo de formar a los jóvenes de los municipios circunvecinos en las técnicas de explotación de los recursos marinos. El planteamiento inicial de conjuntar la formación académica que les permitiera seguir más adelante sus estudios en otro nivel y el aprendizaje de técnicas productivas fue tan exitosa que adoptó también el sistema de internado, para dar cabida a estudiantes de municipios yucatecos más alejados e incluso de los estados de Campeche y Quintana Roo.

No está de más decir que, por su ubicación, este plantel es de primera importancia para los hijos de los pescadores del litoral yucateco, y las materias que allí se imparten son importantes para formar a estos jóvenes en la práctica de la pesca y el procesamiento de productos con un alto sentido de la competitividad y utilizando la técnica.

Sin embargo, con el constante cambio de sistemas y subsistemas en la Secretaría de Educación Pública, al parecer el apoyo a este plantel fue desestimándose a grado tal que en la actualidad presenta carencias lamentables que ponen en riesgo su operatividad, en detrimento de la educación de los jóvenes yucatecos.

Las deficiencias son materiales y, por tanto, pueden ser reparadas, si es la voluntad de esa soberanía. Tan sólo en el aspecto de infraestructura, que es el más urgente, se observan en los edificios del plantel serias carencias como techos caídos y ventanería inexistente, daños que fueron ocasionados por el huracán Isidoro, que no han sido reparados y que obligan a los alumnos a estudiar en condiciones precarias, y a vivir (recordemos que es un internado) sin techo y casi a la intemperie.

Hace falta también una completa revisión y reparación a los sistemas eléctricos e hidráulicos de talleres y edificios administrativos, para una eficiente funcionalidad del plantel.

De los estudios realizados con miras a encontrar una posible solución a este problema, hemos obtenido un presupuesto de obras de 807,095.36 pesos, lo que cubriría los requerimientos materiales y reparaciones más prioritarias.

Además de Progreso, son cinco los municipios que cuentan con estudiantes en este plantel, todos en la modalidad de internado: Mérida, Kanasín, Conkal, Dzidzantún, Umán, para un total de 112 alumnos que se preparan para una vida productiva en la industria pesquera. Estos alumnos requieren de un lugar apropiado para estudiar y permanecer internos, debido a la lejanía de sus lugares de origen.

A la fecha, más de 1,200 egresados testimonian la calidad de la educación que se da en esta escuela.

No la dejemos decaer por apatía. Apoyémosla para que siga aportando mexicanos preparados para que nuestra industria del mar crezca y se fortalezca.

En virtud de estas consideraciones, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Requiérase a la Comisión de Presupuesto para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en el rubro de educación, subsidios y transferencias al estado de Yucatán, recursos para el remozamiento y reacondicionamiento general de la escuela secundaria técnica número 8 de Yucalpetén, municipio de Progreso, Yucatán.

Artículo Segundo. Envíese copia de dicho requerimiento a la Comisión de Pesca de la H. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 recursos para la protección y debida atención de las niñas y los niños migrantes repatriados, así como para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niñas, niños y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a destinar un incremento en los recursos de las partidas presupuestales en el Ejercicio Fiscal de 2006, para la protección y debida atención de las niñas y niños migrantes repatriados, así como para que se destine una partida para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niños, niñas y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua.

Consideraciones

La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida son una parte fundamental que se contempla en la política exterior de México. Sin embargo, y pese a estos significativos esfuerzos, la cantidad de recursos que se destina para la atención de los menores migrantes es aún muy escasa. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la de la Familia (DIF); cuenta con 684 mil pesos para este año de 2005, para su Programa Menores Fronterizos, mismos que para el mes de junio fueron ejercidos en su totalidad. Sin embargo se requieren por lo menos 10 millones de pesos para canalizarlos a los estados fronterizos, mismos que serán utilizados en acciones como:

La difusión de información dirigida a los migrantes irregulares sobre los peligros de cruzar la frontera por determinadas zonas y en manos de pasantes; labores de emergencia y de rescate de migrantes con medidas de prevención, tales como, la instalación de depósitos de agua en los desiertos; centros de atención a menores migrantes gestionados por la sociedad civil; formación especializada a elementos de seguridad que tengan bajo su custodia a menores migrantes; visitas regulares a centros de detención de migrantes, con la finalidad de que les sea brindado apoyo psicológico y legal; nuevos programas de regularización para menores migrantes; personal especializado en la protección de los derechos de menores migrantes, que se encarguen de manera exclusiva de la recepción, seguridad física y canalización de las niñas y niños que hayan sido repatriados; transporte para la reunificación familiar y el traslado de los menores a su lugar de origen; la creación de grupos beta en Ojinaga, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo y Reynosa; entre otras.

No obstante, en Ojinaga algunas de estas repatriaciones de niñas, niños y adolescentes no acompañados de familiares adultos se realizan fuera de los horarios convenidos para ello.

Los menores repatriados que no son recogidos por familiares en las oficinas del Instituto son remitidos al albergue del DIF municipal. Dicho albergue es el único que existe en la localidad y asiste a personas de todas las edades y condiciones. Derivado de lo anterior es necesaria la creación de un albergue del DIF, exclusivo para niñas, niños y adolescentes que son repatriados en Ojinaga, Chihuahua cuya labor consistirá en términos generales en proporcionar alojamiento, alimento y vestido; un soporte emocional esencial para las niñas y niños en el procedimiento de reintegración familiar. Además de contar con el mobiliario indicado para dicha atención, deberá brindar atención psicológica, jurídica y trabajo social y los medios de traslado de los menores migrantes, tan sólo su creación tendría un costo aproximado de 20 millones de pesos.

Cabe mencionar que en la búsqueda por mejorar los recursos para implementar dichas políticas, he presentado ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo en el sentido de redoblar esfuerzos para la protección y debida atención de niñas y niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara Diputados la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida especial debidamente etiquetada para la protección y atención de las niñas y niños migrantes repatriados en el programa Menores Fronterizos, así como una partida específicamente destinada para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niños, niñas y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida a fin de proporcionar un estímulo fiscal a los productores de agave tequilana weber azul, a cargo del diputado Benito Chávez Montenegro, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Benito Chávez Montenegro, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a razón de las siguientes

Consideraciones

La industria tequilera constituye una de las actividades económicas fundamentales para el estado de Jalisco, así como para Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. La industria genera un número significativo de empleos que van desde el cultivo del agave tequilana weber azul --su materia prima- hasta la elaboración de tequila y su posterior envasado, distribución y enajenación.

Asimismo, contribuye de manera substancial a la captación de divisas a través de la exportación a un gran número de países del mundo. Genera importantes recursos para el erario federal por medio de los impuestos al valor agregado y, en especial, sobre producción y servicios.

Sobra decir que el tequila constituye uno de los principales productos que nos caracterizan como mexicanos y que su calidad y preferencia se ha visto premiada con el gusto de los extranjeros, en particular, a partir del reconocimiento de su denominación de origen.

Sin embargo, en los últimos años la industria tequilera ha venido enfrentando dificultades para su desarrollo, reflejándose en una reducción significativa en los precios de comercialización del agave y la dificultad para un numeroso grupo de productores de vender su manufactura a las empresas tequileras. Todo esto, ha originado una caída en los ingresos de los productores de agave y un detrimento en la industria. Situación que de no atenderse oportunamente, podría desembocar en un conflicto de la magnitud como el que sucedió en la industria cañera.

Ahora bien, anteriormente el gobierno federal había otorgado a través de presupuestos anteriores --hasta el ejercicio fiscal 2004-- un estímulo fiscal a los productores de agave, mismo que ya no fue contemplado en la partida presupuestal de este año y que no fue incluido como parte de la ley de ingresos para el año 2006 que remitió el Poder Ejecutivo Federal a este Recinto Legislativo el pasado 8 de septiembre.

Por esta razón, hago un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a fin de que en la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006, se destine una partida que permita el pago de un estímulo fiscal a los productores de agave, dándole continuidad a lo que en años anteriores esta soberanía venía destinando a estos productores de las zonas tequileras y que, por razones inexplicables, el Ejecutivo Federal omitió incluir en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año próximo.

Por todo lo anteriormente expuesto, para su aprobación, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida a fin de otorgar un estímulo a los productores de agave tequilana weber azul, que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994, que enajenen dicho producto para ser utilizado en la elaboración de tequila de tal forma que se le integre la cantidad de $6.00 por kilo de agave.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.--- Dip. Benito Chávez Montenegro (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida destinada a servicios de agua potable y saneamiento en diferentes comunidades de Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

Una paradoja que presenta el estado de Baja California Sur es que esta rodeado por agua y carece de ella para el consumo humano. Con mas de 2 mil 200 kilómetros de litoral, que representa el 22% de todo el país, es una entidad donde la carencia de agua potable es una constante. Contar con este líquido vital nos obliga a ser cada vez más imaginativos e ingeniosos para contar con este recurso. No obstante para ello se requiere no solo voluntad. Los recursos económicos son fundamentales.

Baja California Sur es la entidad que recibe menos cantidad de lluvia en toda la República, por eso el agua es uno de los recursos que se vigilan de manera muy especial. La cultura en el uso del agua refleja esta preocupación en mis paisanos, quizá por ello la cuidamos tanto, mas aun que es insuficiente.

Mi entidad, no cuenta con ríos, sólo arroyos o flujos de agua intermitentes. Existen algunas tinajas o estanques.

Debido a las dos grandes vertientes con que cuenta, el agua que llega presentarse por lluvias se escurre hacia el Golfo de California o Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Aunque los escurrimientos son mayores en este último.

Cabe mencionar que la península de Baja California tiene una longitud de 1,270 kilómetros. Correspondiéndole a Baja California Sur 690 kilómetros. Lo ancho de la península fluctúa entre 227 kilómetros hasta los 43 kilómetros. Su parte más ancha esta precisamente en denominado ``desierto del Vizcaíno''.

Sin ríos, lagos, uno que otro arroyo y estanques, y sin lluvia, que cuando las hay se escurren sin posibilidades de poder almacenarla por lo árido del territorio, coloca a nuestra entidad en una situación delicada.

Por ello es que en este punto de acuerdo, estamos solicitando recursos para servicios de agua potable y saneamiento en diferentes comunidades de los municipios de la entidad, en el siguiente orden: Los Cabos $22.2 millones; Mulegé $24.7 millones; Comondú $20.5 millones y La Paz $31.5 millones.

De igual manera se necesitan recursos para la propuesta de desalación del agua por $4.4 millones, que contempla la rehabilitación de la planta de El Delegadito, el Dátil. Punta Abreojos, la Bocana; la sustitución de membranas en la planta desaladora de Punta Prieta, todo ello en el municipio de Mulegé.

Asesoría en 13 plantas desaladoras y supervisión, apoyo y mantenimiento de 13 más y la rehabilitación de la planta de desalación de Bahía Magdalena en Comondú, entre otras acciones.

Es por ello que como representante popular de la nación y de mi estado Baja California Sur, siempre preocupada porque mis paisanas y paisanos aspiren a una mejor calidad de vida es que acudo ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para poner a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial sectorizada en la Semarnat, por un monto de $103.3 millones destinados a servicios de agua potable y propuesta operativa de desalación en diferentes comunidades y municipios del estado de Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de noviembre del 2005.--- Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2006 recursos económicos a fin de fortalecer la operatividad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a cargo de la diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Leticia Gutiérrez Corona integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, recursos económicos por la cantidad de 129.1 millones de pesos, para fortalecer la operatividad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En el mes de abril de dos mil tres, con el voto unánime de los legisladores presentes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyo capítulo IV se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y norma su denominación, objeto, domicilio, patrimonio, atribuciones, órganos de administración, asamblea consultiva, órganos de vigilancia, régimen de trabajo y prevenciones generales.

2. El artículo 16 de la citada ley define al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

3. De manera expresa la ley que crea el Consejo le asigna el siguiente objeto: Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

4. Para el cumplimiento de estos objetivos, lo dota de las atribuciones siguientes: Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación conforme a la legislación aplicable; verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural; investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación; promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta y otras disposiciones legales; y conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación, entre otras.

5. Es el caso que en el proyecto de presupuesto 2006 enviado por el Ejecutivo a la H. Cámara de Diputados se solicita la asignación de un presupuesto de 69.1 millones de pesos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cantidad inferior en 60 millones a la asignada en el presupuesto 2005. La suma solicitada por el Ejecutivo resulta insuficiente para que una institución como el Consejo pueda cumplir los objetivos y desarrollar las atribuciones que le asigna la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, como quedó asentado en los puntos anteriores, son de gran amplitud y trascendencia y exigen la asignación de fondos suficientes para su realización.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2006, recursos económicos por la cantidad de 129.1 millones de pesos, para fortalecer la operatividad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 un incremento del presupuesto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la diputada Graciela Larios Rivas, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales pertenecientes al sector obrero del Partido Revolucionario Institucional integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La libertad sindical es una de las bases de una sociedad en permanente evolución. Los diputados federales pertenecientes al sector obrero del Partido Revolucionario Institucional apoyamos y respaldamos esta libertad fundamental para la defensa de los derechos laborales y el mejoramiento continuo del nivel de vida de los trabajadores de México.

Al impartir justicia en el ámbito laboral el Poder Ejecutivo debe valorar la oportunidad y calidad de los servicios, comprometerse a pensar con responsabilidad en la comunidad laboral y generar un ambiente propicio para mantener una cultura laboral que es uno de los cimientos del crecimiento sostenido.

En este sentido, desde su creación en 1927, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha trabajado para satisfacer las expectativas de la comunidad laboral y de la sociedad en general. Su legitimidad y fortaleza, en buena medida dependen del tripartismo, lo que le ha permitido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje consolidar un marco de certidumbre laboral. Por encima de las presiones inherentes a toda negociación, ha sabido privilegiar la razón y la ley.

El concepto tripartita de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es inspiración directa de las luchas sindicales con el fin de garantizar a los trabajadores y a sus familias un principio de protección jurídica y un marco de seguridad laboral.

Sin embargo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene cada vez en mayor medida rezagos en resolución de los conflictos laborales colectivos e individuales debido por un lado al crecimiento dinámico de estos asuntos y por otro al magro presupuesto asignado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del cual depende, para el desa-rrollo de su actividad preponderante que es la conciliación y el arbitraje. En los últimos años, se han realizado esfuerzos para abatir este rezago sin embargo no han sido suficientes y este panorama continua.

Es en las demandas individuales donde se refleja de forma más clara y contundente este fenómeno. La tendencia de las demandas por conflictos individuales del año 2000 a la fecha, en promedio refleja un crecimiento de 6 por ciento anual. De enero de 2000 a junio del presente año, se han ingresado a la Junta Federal 215,974 demandas individuales, un promedio de 47,000 asuntos anuales. Actualmente, del total se han resuelto cerca del 87 por ciento y se tienen pendientes por resolver para este período aproximadamente 27,500 demandas individuales. Es decir, con la actual capacidad operativa de la Junta Federal, mientras que el ritmo de crecimiento de las demandas promedia una tasa anual de 6 por ciento, el rezago de la resolución de estas crece a una tasa promedio anual de 12 por ciento provocando necesariamente un desfasamiento en la atención y eventualmente un fuerte problema en la armonía y equilibrio de los factores de producción.

A esta problemática se le adicional la falta de personal en todos sus niveles que da como consecuencia que la justicia no se realice de manera pronta y expedita como lo establece nuestra Carta Magna. Con el programa de retiro voluntario que esta administración ha establecido se ha reducido el personal operativo ya que se han congelado las plazas, en el período descrito son cerca de 400 plazas.

Por el lado del Gasto Corriente del Presupuesto de Egresos para la Junta Federal, este ha sufrido una disminución porcentual en los dos últimos años. Para el año 2006 la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública ha presentado a esta honorable Asamblea un Proyecto de Presupuesto de Egresos que es un 2.3 por ciento menor al año anterior. De aprobarse este presupuesto, la Junta Federal no contaría con las condiciones necesaria para mejorar la calidad de las actuaciones, notificaciones y resoluciones en los plazos legales; no mejoraría el nivel profesional mediante la capacitación, actualización y especialización de su personal; no fortalecería las juntas especiales y áreas jurídicas; no fortalecería los sistemas de conciliación como mecanismo de resolución de conflictos y así solucionar las controversias entre los factores de producción logrando su equilibrio con mayor rapidez.

Los diputados federales pertenecientes al sector obrero del Partido Revolucionario Institucional con la obligación de formar parte de la discusión del próximo ejercicio presupuestal, especialmente en lo referente a la impartición de justicia laboral como lo establece nuestra Carta Magna, y con el fin de promover el crecimiento económico y garantizar el desarrollo de la cultura laboral nos vemos en la necesidad de actuar conjuntamente proponiendo lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, para que en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2006 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no sufra ninguna afectación negativa su presupuesto de egresos. Procurando incrementar el Presupuesto de Egresos de la Junta Federal para hacer frente de manera eficaz los rezagos descritos y se avance en la procuración de justicia laboral.

Diputados federales del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional: Armando Neyra Chávez (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Eduardo Alfonso Bailey Elizondo (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Enrique Burgos García (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Fernando A. García Cuevas, Concepción O. Castañeda Ortiz (rúbrica), Marco A. García Ayala, José García Ortiz (rúbrica), Carlos Míreles Morales (rúbrica), David Hernández Pérez, Roberto Vega y Galina, Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Héctor H. Gutiérrez de la Garza (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía mantener el presupuesto destinado en 2005 al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

Quienes suscriben la presente iniciativa, diputados de la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes de diversos grupos parlamentarios de los partidos políticos representados en la H. Cámara de Diputados con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la cámara de diputados se apruebe mantener el presupuesto del ejercicio fiscal 2005, equivalente a 129.1 millones de pesos, para el consejo nacional para prevenir la discriminación.

Antecedentes

1. En el mes de abril de dos mil tres, con el voto unánime de los legisladores presentes, las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación cuyo capítulo IV crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y norma su denominación, objeto, domicilio, patrimonio, atribuciones, órganos de administración, asamblea consultiva, órganos de vigilancia, régimen de trabajo y prevenciones generales.

2. El artículo 16 de la citada ley define al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

3. De manera expresa la ley que crea el Consejo le asigna el siguiente objeto: Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

4. Ahora bien, para el cumplimiento de estos objetivos lo dota de las atribuciones siguientes: Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación conforme a la legislación aplicable; verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural; investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación; promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta y otras disposiciones legales; y conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación, entre otras.

5. Es el caso que en el proyecto de presupuesto 2006 enviado por el Ejecutivo a la H. Cámara de Diputados se solicita la asignación de un presupuesto de 69.1 millones de pesos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cantidad inferior en 60 millones a la asignada en el presupuesto 2005. La suma solicitada por el Ejecutivo resulta insuficiente para que una institución como el Consejo pueda cumplir los objetivos y desarrollar las atribuciones que le asigna la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, como quedó asentado en los puntos anteriores, son de gran amplitud y trascendencia y exigen la asignación de fondos suficientes para su realización.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba mantener el presupuesto del ejercicio fiscal 2005, equivalente a 129.1 millones de pesos, para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que cancele la partida destinada al pago de las pensiones que reciben los ex presidentes, los ex titulares de la banca de desarrollo y ex directivos de organismos públicos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El Presupuesto de Egresos de la Federación es la ley que regula las percepciones de los servidores públicos a través de la autorización del tabulador de sueldos y percepciones a cargo de la Cámara de Diputados y que, sin embargo, a lo largo de muchos años el Ejecutivo federal ha emitido circulares internas que en los hechos significan normas paralelas, extralegales, usos y costumbres que se sobreponen a las leyes mismas, donde se autoasignan percepciones no autorizadas en la ley, no previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y siendo esta situación además de irregular una enorme afectación al erario, tal es el caso de las pensiones pagadas en forma vitalicia a los ex presidentes.

2. La dinámica de emitir circulares para obtener prebendas para altos funcionarios se propagó no sólo a los ex presidentes sino también ha sido una costumbre de jubilar con criterios altamente discrecionales también a los ex directivos de la banca de desarrollo, tal es el caso de Oscar Espinoza Villareal y de José Angel Gurría, que aún con poco tiempo de trabajo se jubilan con pensiones millonarias a pesar de que continuaron en el servicio público.

3. En el caso de Pemex y la CFE los altos funcionarios, desde el director general como los gerentes y subgerentes se autoasignan pensiones que reflejan el uso abusivo de los recursos públicos; los organismos públicos erogan fuertes cantidades en pago no sólo de pensiones vitalicias sino además entrada a clubes deportivos y restaurantes de lujo, tienen membresías vitalicias en clubes exclusivos y otras prebendas fuera de a ley.

4. El Presupuesto de Egresos de la Federación debe contener un apartado específico y contundente que prohíba la emisión de circulares en materia de percepciones de los altos funcionarios, dado que esa es facultad de la Cámara de Diputados. Debe prohibirse otro tipo de prebendas que también reciben los ex funcionarios arriba señalados dado que además de las pensiones, el erario paga personal a su cargo: chóferes, secretarias, trabajadores(as) domésticos y personal militar que los cuide, etc. El caso de los ex magistrados y ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un caso de verdadero abuso que debe corregirse.

5. En la presente administración de Vicente Fox se presentó la novedad de jubilar anticipadamente a varias decenas de medios y altos funcionarios de los organismos públicos, muy particularmente de Pemex con la finalidad de colocar en esos puestos al equipo del entonces nuevo gobierno; el hecho implicó un despilfarro de recursos públicos y el incremento del pasivo laboral de Pemex.

6. El monto de las jubilaciones de los ex funcionarios resultan humillantes e inmorales comparadas con el monto de jubilación y pensión que reciben el grueso de las y los trabajadores al servicio del Estado, son tan mínimas que no alcanzan a cubrir los satisfactores elementales

7. La elevada pobreza y una tendencia de aumento incesante en el crecimiento de los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso son signos ya característicos de la sociedad mexicana de nuestros días. Históricamente, el Gobierno mexicano emprendió medidas que, se decía, eran correctivas y tenían como fin la mejora de la situación de los estratos más pobres de la población.

8. Sin embargo, uno de los efectos de las transformaciones económicas experimentadas en México a partir de los años ochenta ha sido el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Evaluada mediante la evolución del índice de Gini, la distribución del ingreso no es hoy mejor de lo que lo era hace 50 años. En 1950 el índice de Gini era de 0.52; mientras que en la actualidad es de 0.58; la distribución nacional del ingreso ha empeorado. A partir de los procesos de ajuste estructural emprendidos en la economía mexicana en el gobierno de Miguel de la Madrid se registró con más fuerza una tendencia sostenida hacia una distribución del ingreso cada vez más desigual. La participación en el ingreso nacional de 80% de la población, la que tiene menos recursos, se redujo de 50.5% a 41.2% entre 1984 y el año 2004. En el extremo superior de la estratificación social, el segmento de la población que tiene más dinero, el llamado último decil de la distribución, elevó drásticamente su participación en la captación de ingreso, al pasar de 32.4% en 1984 a 41.2% en el año 2004.

9. La distribución del ingreso puede ser vista como el resultado de la participación que cada uno de los grupos sociales de nuestro país tiene en cada una de las fuentes generadoras del ingreso. Si una familia tiene ingresos vía salarios, entonces tenemos que analizar cómo se distribuye el total de los salarios del país entre los estratos sociales.

10. Uno de los componentes que determinan la evolución de la distribución del ingreso, en cualquier país, está constituido por las transferencias que realiza el gobierno a través de los más variados mecanismos ya sean de política social, de política fiscal o bien de política crediticia. Pues bien, las transferencias gubernamentales son otra fuente de ingreso para las familias de México. Los más pobres reciben despensas, por ejemplo, mientras que los más ricos reciben exenciones en el pago de impuestos, como pueden ser a la renta o al activo. El conjunto de transferencias que realizan la Federación, los estados y los municipios en México tienen como finalidad última, en teoría, ejercer un papel compensador en la distribución del ingreso y permitir la recuperación del ingreso de las familias que por efecto de las fuerzas del libre mercado salen perdiendo.

11. En México, la estadística generada a partir del procesamiento detallado de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares permite indagar si el papel compensador de las transferencias gubernamentales se está cumpliendo o no. De los cálculos generados con ese fin, hemos extraído los resultados más importantes. El índice de Gini, como se sabe, mide la equidad o su contraparte, la desigualdad, en la distribución de una variable. Cuánto más se acerque a la unidad, más inequitativamente distribuida se encuentra una variable, favoreciendo a los más ricos. Pues bien. Los resultados muestran que el conjunto de las transferencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno no cumplieron en los últimos 20 años con su papel compensatorio de las desigualdades. Veamos: En 1984 el índice de Gini de las transferencias de ingreso fue de 0.371, lo que significaba que la distribución de estos recursos se daba de manera aproximadamente equitativa. Pero en el año 2004 el índice de Gini de las transferencias gubernamentales en México fue de 0.515; es decir la desigualdad en la distribución de las transferencias gubernamentales aumentó 38%, favoreciendo a los estratos de la población más rica, aquella que supuestamente no necesita de ayuda gubernamental. En síntesis, el conjunto de programas a través de los cuales los tres niveles de gobierno transfieren recursos fue diseñado en los últimos 20 años para ayudar a quienes menos lo necesitan.

12. De la misma forma en que se puede analizar la distribución de la riqueza nacional por fuentes generadoras de la misma, se puede analizar cada una de las transferencias gubernamentales y cómo ellas se distribuyen entre la población. Podríamos, por ejemplo, estudiar cómo se distribuyen las despensas de apoyo a las familias, los recursos del Programa Oportunidades o bien las pensiones que, se supone, deben ejercer el papel de asegurar el futuro de las personas ancianas, sobre todo de las más vulnerables.

13. Pues bien, cálculos realizados con microdatos de la misma Encuesta Nacional de Ingresos muestran que tampoco las pensiones están ejerciendo el papel compensador de las desigualdades económicas en México. Esto es así debido a que existe un gran contingente que gana, vía pensiones, una cantidad muy pequeña; mientras que existe, por otro lado, un segmento pequeño de personas favorecidas con pensiones millonarias. No es discurso, son datos: en el año 2004, 28% de las pensiones de nuestro país fue cobrada por el 5% de la población que tiene más ingresos, esa cuarta parte de todo el sistema nacional de pensiones está en manos de los más ricos. Desde el punto de vista técnico podemos observar la tendencia en los últimos 20 años. Al igual que el conjunto de las transferencias gubernamentales, la distribución de las pensiones empeoró. De acuerdo con nuestros cálculos, el índice de Gini de las pensiones en México pasó de 0.34 en 1984 a 0.55 en el año 2004; lo que significa que la distribución de las pensiones empeoró 62%!

14. ¿Qué es, entonces, lo que ha pasado con las pensiones en México? ¿Cómo podemos explicar esta situación? El análisis debe conducirnos a analizar por qué algunas personas tienen pensiones millonarias; mientras que millones de personas tienen pensiones miserables. El segmento más rico de la población tiene pensiones millonarias; en gran parte ello es resultado de un sistema que ha permitido que exfuncionarios del Gobierno federal, por ejemplo, de Nacional Financiera o ex presidentes de México, tengan pensiones muy onerosas para el erario público. En un país en que existen más de 50 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y más de 20 millones de personas viviendo en la miseria, ello no puede continuar.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que cancele la partida destinada al pago de las pensiones que reciben los ex presidentes, los ex secretarios de Hacienda, los ex titulares de la banca de desarrollo y ex directivos de organismos públicos.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se etiqueten los recursos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que aporten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a los fondos sectoriales del Conacyt, suscrito por los diputados Luis Maldonado Venegas y Julio César Córdova Martínez, de los grupos parlamentarios de Convergencia y del PRI, respectivamente

Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 se etiqueten los recursos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal a los fondos sectoriales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con base en las siguientes:

Consideraciones

El desarrollo científico y tecnológico es un elemento importante para que el país logre generar un proceso de crecimiento económico sostenido. Ningún país se ha incorporado de manera duradera al proceso mundial del crecimiento sin aumentar de manera significativa la capacidad nacional para desarrollar investigación científica y generar innovación propia. Hay muchas razones que explican lo anterior, sin capacidad propia para investigar la ciencia difícilmente se aplicará con plenitud y perseverancia a la solución de problemas nacionales.

Acelerar el ritmo de desarrollo científico y tecnológico representa un enorme reto para nuestro país, pero también una gran oportunidad. En los próximos años, gobierno y sociedad deberán de aumentar sus esfuerzos para acelerar la velocidad de desarrollo.

En este sentido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece fondos sectoriales con las dependencias y entidades de la administración pública federal, independientemente del monto que éstas designen de manera regular a la ciencia y tecnología. Lo que obedece al impulso de las actividades científicas y tecnológicas, dando especial atención a los aspectos específicos que son de importancia para la sociedad, como la educación, salud, energía, protección civil y seguridad nacional, desarrollo social, desarrollo rural, medio ambiente y recursos naturales, entre otros.

Los recursos de los fondos sectoriales se destinan a financiar proyectos de investigación sobre los temas que definan cada una de las secretarías, buscando dar solución a problemas, atender necesidades y su impacto en el desarrollo socioeconómico del país.

En el ejercicio fiscal 2005, los diputados y diputadas de esta H. Legislatura, conscientes de la importancia de invertir en ciencia y tecnología, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 3, asignamos recursos por un monto de 28'852,332,481 pesos para el Programa Especial de Ciencia y Tecnología conforme a lo previsto por el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, mediante los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal realizan erogaciones destinadas a dicho programa.

Para el ejercicio fiscal 2005, los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos a esta soberanía la etiquetación de dichos recursos en los ramos que conforman el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, a fin de que sean destinados única y exclusivamente a realizar actividades y apoyar la investigación científica y tecnológica tomando en cuenta las prioridades y criterios de asignación de gasto en ciencia y tecnología.

Ahora bien, para el ejercicio fiscal 2006 hemos presupuestado mil 700 millones de pesos que las dependencias y entidades de la administración pública federal destinarán a los fondos sectoriales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales se encuentran conformados por la clave 085 (Gasto Federal para Ciencia y Tecnología) por los siguientes ramos:

Derivado de lo anteriormente expuesto es que someto a la alta consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, los recursos destinados al Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en las partidas 04, 05, 06, 08, 09, 10,11, 12, 13, 16, 18, y 20, con la clave 085, que se destinan a los fondos sectoriales, por un monto de 1,700 millones de pesos sean etiquetados a fin de que las erogaciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se destinen a los Fondos Sectoriales previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología y en las cantidades que se señalan a continuación:

Segundo. Con base en los ramos señalados en el punto anterior, en aras de preservar la equidad entre el Conacyt y las dependencias y entidades de la administración pública federal también se preveerá para el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2006, en el Ramo 38, Ciencia y Tecnología, una cantidad adicional para cubrir las aportaciones que éste deba de realizar a los fondos sectoriales, que tiene celebrados en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, que ascienden a la cantidad de mil 700 millones de pesos que se distribuirán de la siguiente manera:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2005.--- Dip. Julio César Córdoba Martínez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 recursos que garanticen la conclusión de la carretera Mazatlán-Durango, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior, el que suscribe diputado federal Evaristo Corrales Macías, del Partido Acción Nacional por el estado de Sinaloa, someto a la consideración del honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones para que asignen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para 2006, que garanticen la conclusión de la carretera Mazatlán-Durango, en el tiempo estimado, tal como lo establece el Programa Carretero del Gobierno federal, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El proyecto de ampliación de la carretera que une a Mazatlán con Durango, es un tema toral para la zona noroeste de México y en términos de infraestructura carretera un asunto prioritario no sólo para Sinaloa y Durango, sino para todos los estados que conforman la zona norte y noroeste de nuestro país fundamentalmente.

Con esta carretera que consta de 232 kilómetros, sería posible la comunicación hacia el norte de nuestro país, específicamente hacia el corredor Matamoros-Nogales, al ser una vía de comunicación interoceánica permitiría comunicar asimismo a los puertos más importantes del noreste del país como lo son Mazatlán y Topolobampo, pero también integraría el importante flujo hacia la zona de la comarca lagunera, con lo que también ampliaría significativamente el traslado de mercancías y el comercio con los mercados extranjeros en el norte del continente.

Por tal motivo, es importante continuar con la modernización y ampliación de ete tipo de infraestructura, para elevar nuestra capacidad competitiva en un contexto de globalización que apenas inicia y dentro del cual es imposible abstraernos. Siendo nuestra responsabilidad como legisladores tomar las decisiones estratégicas para que a largo plazo sean los cimientos para contar con zonas productivas capaces de competir en este contexto para el progreso de todas las áreas productivas de nuestro país.

Para ello, el sector de comunicaciones es un tema obligado por el impacto que representa para cualquier país, pero sobre todo para México una estructura de modernas carreteras que hagan posible comunicar los estados y las comunidades e incentiven un eficaz intercambio de los bienes y servicios que se generen en las diversas regiones y fortalezcan la vida social, cultural y económica del país.

Es por eso, que el martes 9 de noviembre de 2004, en esta misma tribuna, presente ante ustedes un punto de acuerdo para que se destinaran recursos para la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango por ser un asunto por el que se ha estado luchando durante mucho tiempo siendo desde hace años una de las acciones más importantes de los habitantes de la región.

Además mención, que el Plano Nacional de Desarrollo claramente establece como prioridad de la actual administración, el fortalecimiento de las regiones, a través de una mejor asignación de los recursos para infraestructura carretera verdadera planeación sectorial que en el mediano y largo plazos detone en un mayor crecimiento económico no sólo en el sector industrial, agroindustrial, minero y maderero, sino también en el sector turístico, al reducir el tiempo de traslado significativamente.

Sin embargo, los argumentos para fundamentar la importancia de dicho proyecto, hasta hoy no han sido considerados para lograr concluir en tiempo y forma esta carretera, ya que desde que inició su construcción en el año 2003, se planeó que su terminación sería para 2006, pero se siguen construyendo pequeños tramos, y queda pendiente un promedio de 95 kilómetros, correspondientes a la zona serrana que es la parte en donde se requiere la mayor inversión.

Por otro lado, existen obras de infraestructura carretera que se han realizado en otros estados como Michoacán, en donde la inversión ha sido suficiente, cuando se ha comprobado que son obras estratégicas que fortalecen una región. Con este argumento, solicito que se considere de igual forma este proyecto como estratégico para esa región.

Resulta ineficiente e impostergable el hecho de continuar con un criterio equivocado en la asignación de recursos para proyectos estratégicos en nuestro país. Ya no podemos continuar trabajando en estas áreas productivas de infraestructura carretera ``por goteo'', ya que entre más rápido se concluyan estas obras mejor y mayor será el beneficio, pues recordemos que la inversión en este tipo de áreas se traducen automáticamente en una recuperación e incremento de la inversión.

Para mi grupo parlamentario es fundamental apoyar este tipo de acciones por el beneficio que implica para el desa-rrollo de las zonas que más lo requieren y unir las zonas que producen con las zonas que requieren ese bien o servicio logrando con ello buscar un equilibrio que tienda a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Finalmente, en el ámbito de nuestra competencia y responsabilidad como diputados federales debemos tomar las mejores decisiones que se encaminen a dicho propósito. Que sean este tipo de proyectos los que nos unan y no permitan las divergencias, que sean puntos de convergencia, de unidad y de búsqueda de decisiones eficaces, coherentes, nobles y justas para el beneficio de todos los habitantes de este país.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Comunicaciones, al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, consideren las necesidades presupuestarias de la carretera Mazatlán-Durango y las repercusiones positivas que arrojaría una mayor asignación presupuestaria y se otorguen los recursos económicos necesarios que garanticen la conclusión de este importante proyecto carretero en el tiempo estimado, tal como lo establece el Programa Carretero del Gobierno federal.

Sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 10 de noviembre 2005--- Dip. José Evaristo Corrales Macías (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se destine una porción de los subsidios del Ramo General 39 para los fondos mixtos en materia de ciencia y tecnología, suscrito por los diputados Luis Maldonado Venegas y Julio César Córdova Martínez, de los grupos parlamentarios de Convergencia y del PRI, respectivamente

Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y Vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se destinen específicamente para los fondos mixtos en materia de ciencia y tecnología, una porción de los subsidios del Ramo General 39, Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en base a las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, establece en su artículo 57 que las erogaciones previstas para el Ramo General 39 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas son subsidios que se otorgan a las entidades federativas, conforme a la distribución prevista en el Anexo 16 del mismo decreto, recursos que se destinarán entre otras cosas al fortalecimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Por primera vez en la historia presupuestal, los diputados y diputadas del H. Congreso de la Unión, aperturamos un rubro destinado a los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, que ha sido utilizado por los gobiernos de las entidades federativas en proyectos y fortalecimiento de infraestructura por casi 300 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de marzo de 2005, los lineamientos para la aplicación del Ramo General 39, mismos que establecen en su numeral 23, inciso VIII, que en el marco de los convenios que celebren los gobiernos estatales y municipales con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, podrán destinarse para apoyar el establecimiento y operación de los fondos mixtos de carácter regional, estatal y municipal de apoyo a la investigación científica y tecnológica.

En este sentido, los Fondos Mixtos referidos son el mejor instrumento legal, operativo y de coordinación con los estados para la ministración, ejercicio, control y evaluación de los recursos del Ramo General 39, toda vez que éstos tienen como fin, destinar recursos para ciencia básica, investigación aplicada, infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico, redes y grupos de investigación, difusión y divulgación, cooperación internacional, repatriaciones y formación de científicos y tecnólogos.

El Ramo 39, en su vertiente de ciencia y tecnología, fortalece el federalismo para responder a la demanda social por una distribución más equitativa de oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico en las regiones, mediante la distribución adecuada de atribuciones y recursos entre los distintos órdenes de gobierno y sectores de participación, a fin de alcanzar mejores condiciones para las regiones menos desarrolladas.

Para el ejercicio fiscal 2005, los diputados y diputadas de esta H. Legislatura, aprobamos para el Ramo General 39, 20,286 millones de pesos, recursos de los que son beneficiarias justamente las entidades federativas.

Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para en el Anexo 11, Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Anexo 11, el Ramo General 39, carece de asignación presupuestal, en virtud de que el mismo Presupuesto de Egresos establece una cantidad de cero pesos.

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2006 los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos a ésta H. Legislatura asignar al Ramo General 39 la cantidad de 700 millones de pesos, de los cuales serán beneficiarias las entidades federativas, solicitando a su vez, que sean etiquetados los recursos que correspondan a dicho Ramo, y que sean utilizados para cumplir con los fines de los Fondos Mixtos celebrados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para apoyar la investigación científica y tecnológica, para resolver necesidades de las entidades federativas.

El Poder Legislativo debe ser garante de la legalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.

Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se etiqueten 700 millones de pesos correspondientes al Ramo General 39, que las entidades federativas destinen en proporción recíproca con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los Fondos Mixtos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, que tengan celebrados con éste.

Segundo.- Que el destino específico a los Fondos Mixtos, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se distribuya por entidad federativa de la siguiente manera:

Tercero.- Si bien, el Ramo General 39, otorga la cantidad de 700 millones de pesos para los Fondos Mixtos, en aras de preservar la equidad, deberá preverse para el ejercicio fiscal 2006, una ampliación por este monto para el Ramo 38, Ciencia y Tecnología, mismos que serán destinados a dichos Fondos.

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a prever que en los Lineamientos para la aplicación de recursos del Ramo General 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, permanezcan etiquetados los recursos señalados, para el rubro de fondos mixtos.

Dip. Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 recursos para continuar con la construcción de la presa Picacho, en Sinaloa, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del reglamento para el gobierno interior, el que suscribe diputado federal Evaristo Corrales, del Partido Acción Nacional por el estado de Sinaloa, someto a la consideración del honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos para que dentro del Presupuesto de Egresos de 2006, se asignen los recursos necesarios, para continuar con la construcción de la presa de Picachos en Sinaloa, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las deudas históricas que tenemos con nuestro país, es precisamente con la agricultura. Aun cuando nuestros recursos naturales son vastos no son suficientemente aprovechados. El problema esencial del campo mexicano es hoy en día un problema de rentabilidad, en relación a las condiciones del mercado nuestra agricultura no esta rindiendo lo suficiente, a pesar de los esfuerzos que hacen los productores para reducir costos e incrementar la productividad.

Por otro lado, la construcción de proyectos regionales integrales, son una de las estrategias de desarrollo económico y social, y de infraestructura más importantes de todos los países y en particular para México se ha convertido en una gran necesidad y un asunto de la más alta prioridad.

Es el caso del proyecto de la construcción de la presa de almacenamiento Picachos sobre el Río Presidio, el bordo contra inundaciones y el acueducto para surtir de agua a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hidroeléctrica y riego a la demanda para 22 mil 500 hectáreas físicas, de los municipios de Mazatlán y Concordia.

Esta región esta conformada por 66 ejidos que serían beneficiados por la distribución del agua a través de una red de tubería de presión en forma continua y cuya topografía permitiría la presión suficiente sin requerimientos de bombeo.

Desde 1950 se proyectaban 35 mil hectáreas con un costo de 800 millones de dólares, para 1978 se proyectaron 45 mil hectáreas beneficiadas por riego con un presupuesto de mil 200 millones de dólares y, desde 2003, serían 122 mil hectáreas las que serían beneficiadas, con un costo de 600 millones de dólares.

Actualmente, existen 22 mil hectáreas de mango en producción con una inversión de 6 mil millones de pesos y en el sur del estado de Sinaloa, a falta de este recurso las huertas de mango se ven afectadas seriamente.

Anteriormente, sólo se producían 8 toneladas con el riego presurizado se podrían producir 40 toneladas, lo que implica que se están dejando de ganar un promedio de $844 mil 800 millones de pesos que por temporada dejan de ingresar a la economía de Sinaloa, además de que se ven afectadas los sectores ganadero y de pesca estuarina sufriendo enormes pérdidas por falta de este vital líquido.

Considerando que en esta zona no existen heladas, el agricultor podría obtener hasta 3 cosechas, seleccionando los cultivos adecuados entre mango, fríjol, maíz y chiles.

Con la construcción de esta presa se tendría un abasto de agua garantizado para el municipio de Mazatlán para los próximos 50 años, se elevaría la calidad en el agua y la producción de energía eléctrica a menor costo y fortalecería la economía y seguridad en 4 de los municipios del sur, se incrementaría el desarrollo económico, industrial, el turismo, los servicios, el empleo y mejor calidad de vida en nuestras comunidades.

Para la población rural, se desarrollaría una agricultura competitiva y sustentable, con beneficios económicos muy superiores a los créditos requeridos, se obtendrían mayores rendimientos por hectárea en los cultivos, se mejorarían las condiciones de vida en el medio rural abatiendo la delincuencia y la emigración, sería la eco-región más importante de América en producción hortofrutícola y orgánica y finalmente cuadruplicaríamos las exportaciones y por ende el ingreso de divisas.

Con las universidades de la región se coordinaría y formaría una estructura tecnológica y científica sólida que apoye en reducir el periodo de maduración en ferti-irrigación, entomología, agroindustria y otras disciplinas demandadas.

Para mi grupo parlamentario, que siempre ha impulsado acciones estratégicas, es de suma importancia apoyar los grandes proyectos regionales en un marco de autentico federalismo, para que las entidades federativas cuenten con el apoyo necesario para el impulso de su desarrollo y con ello puedan contribuir al fortalecimiento de nuestro un país.

Nuestra responsabilidad como diputados federales es apoyar esos proyectos que compartan distintas regiones geográficas, con una medida justa, equitativa y democrática.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y Recursos Hidráulicos de esta H. Cámara de Diputados, asigne en el Presupuesto de Egresos 2006, los recursos suficientes para poder continuar con la construcción de la presa Picacho en Sinaloa y así poder apoyar a los sectores productivos de la región, impulsando el desarrollo de la misma hacia un nuevo esquema productivo tanto para la zona como para México.

Palacio Legislativo a 8 de noviembre de 2005.--- Dip. Evaristo Corrales Macías (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 recursos para la construcción de un segundo piso en el tramo que va de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera y autopista a Puebla, entre los límites del DF y el estado de México, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la construcción de un segundo piso en el tramo que va de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera y autopista a Puebla, entre los límites del Distrito Federal y el estado de México, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La creciente explosión demográfica que enfrenta la ciudad de México, ha ocasionado que en los últimos años, la zona metropolitana tenga un serio problema de congestionamiento y saturación en sus arterias de comunicación vehicular.

El área metropolitana de la Ciudad de México, requiere urgentemente ser atendida, puesto que la insuficiencia de vialidades afecta a la población en general, dificultando el traslado diario de mercancías de trabajadores, estudiantes y demás población que de manera cotidiana requiere viajar por la ciudad.

Dicha movilidad se refiere, tanto a la demanda de viajes que requiere una población creciente y con empleo, vivienda y acceso a la educación, la cultura y el comercio, cada vez mas distanciados entre sí y por otro lado, a la oferta de infraestructura vial de avenidas y calles, con sus intersecciones, así como a los diversos servicios que se utilizan para realizar los viajes, desde el auto particular, hacia el transporte público de mediana y gran capacidad.

La lentitud en la movilidad vehicular, ha propiciado molestias cotidianas y masivas, que responden a un síntoma de malestar mas profundo: el modo desordenado en que ha crecido nuestra ciudad y, particularmente la zona conurbana.

En consecuencia, cabe señalar que una de las tan importantes vías de comunicación dentro de la franja que integra la zona metropolitana, es sin duda alguna la que va de la calzada Ignacio Zaragoza, a la carretera federal México-Puebla y la autopista México-Puebla.

Problema que se inicia a partir del Distribuidor Vial en las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa, prosiguiendo hasta la carretera Federal y la autopista a Puebla. Donde por la alta presencia de vehículos pesados y públicos, miles de transportistas y automovilistas sufren durante horas los continuos embotellamientos, propiciando, por consiguiente, una frustración y desesperación por no poder llegar a su destino como lo tenían planeado.

Por ser un tramo obligatorio de elevada circulación, que comunica con diversas zonas intermedias del Distrito Federal, Estado de México y con el propio estado de Puebla, presenta serios conflictos principalmente de movilidad vial, consecuencia de la actividad urbana, comercial y de servicios, que sobre este tramo se desarrolla.

Los altos volúmenes de demanda vehicular que tienen como origen o destino la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, han ejercido presiones para que se presente un crecimiento urbano concentrado a lo largo del recorrido de esta arteria, lo que ha propiciado lamentables incidentes, ante la doble función de vialidad de carácter regional y local.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta H, Asamblea tenerme por presentada la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 analice destinar los recursos necesarios para la construcción de un segundo piso en el tramo que va de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera y autopista a Puebla, entre los límites del Distrito Federal y el estado de México.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 recursos para la culminación del libramiento en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la culminación del libramiento inconcluso en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pueblo es el elemento que reviste mayor importancia dentro de sus prioridades.

Uno de los tantos servicios que presta el Estado, como es el caso de la infraestructura carretera, debe atender a las necesidades fundamentales de los habitantes que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna.

Por lo anterior y en base a la problemática que con gran preocupación e visto que enfrenta la ciudad de San Martín Texmelucan, como consecuencia de que el proyecto de construcción de la obra de libramiento, comprendida entre la autopista México-Puebla ha quedado por mucho tiempo inconclusa.

Lo que ha traído serios problemas tanto a transportistas, automovilistas, como a los peatones, debido a que en los últimos meses se han suscitado múltiples accidentes automovilísticos y que se seguirán dando hasta que no se solucione este problema.

Que el índice de accidentes que afectan al municipio va cada vez en aumento convirtiendo a esta importante vía en una zona de gran peligro y que de no darle solución, segura cobrando la vida de seres inocentes.

Además, de que dicha obra de libramiento inconclusa, es consecuentemente generadora de congestionamiento vial lo que implica que su circulación sea no solo agobiante, sino caótica.

Al respecto, como representante de los poblanos he recibido innumerables peticiones de los habitantes y de diversos sectores de San Martín Texmelucan, Puebla, quienes exigen la conclusión de dicho libramiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006 asigne una partida destinada a la culminación de la obra de libramiento inconclusa en el municipio de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, con un costo aproximado de 80 millones de pesos.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 recursos para la construcción de libramientos en San Martín Texmelucan, San Miguel Huejotzingo, Xicotepec de Juárez, Teziutlán y Puebla, en el estado de Puebla, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta: proposición con punto de acuerdo para: que en el ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la construcción de libramientos en varios municipios del estado de Puebla, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Es responsabilidad del Estado procurar el desarrollo económico social y cultural de la población, a través de servicios públicos eficientes, entre ellos se tiene la construcción de vías de comunicación y los libramientos correspondientes.

La prestación de los servicios públicos, como es el caso de la infraestructura carretera, debe atender a las necesidades fundamentales de los habitantes que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna.

El presente punto de acuerdo surge a raíz del problema actual que viven cinco importantes municipios del estado de Puebla: San Martín Texmelucan, San Miguel Huejotzingo, Xicotepec de Juárez, Teziutlán y el propio municipio de Puebla, debido a que no cuentan o son insuficientes los ``libramiento'' en sus ciudades, lo que implica que el flujo vehicular sea retardado y angustioso.

Además que, en los últimos años, se han suscitado múltiples accidentes que han cobrado la vida de varias personas consecuencia del traslado vehicular por sus calles y avenidas. Aunado a este problema, se tienen los daños causados a la salud pública por la contaminación generada por el flujo vehicular.

La construcción de estas obras de libramientos, resultan importantes, ya que no sólo beneficiarían a transportistas y automovilistas de dichos municipios, sino también al resto de la población del estado de Puebla y regiones vecinas, evitando así la acumulación vehicular en sus ciudades y permitiendo el traslado libre por las rutas alternas, a través de los libramientos.

Con dichas obras se reducirían los índices de contaminación, accidentes automovilísticos y se proporcionaría un servicio vial más eficiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, analice la canalización de los recursos necesarios para la construcción de libramientos en los municipios de San Martín Texmelucan, con un costo aproximado de 140 millones de pesos; San Miguel Huejotzingo, con un costo aproximado de 120 m1llones de pesos; Xicotepec de Juárez, con un costo de 80 millones de pesos, Teziutlán con un costo de 180 millones de pesos y el municipio de Puebla, con un costo aproximado de 300 millones de pesos, considerando que los presupuestos son estimativos, sujetos a las modificaciones y ajustes correspondientes.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Lic. René Meza Cabrera (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en las partidas correspondientes al estado de Puebla, tres obras para la construcción de puentes en el municipio de Puebla, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con Fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Presenta proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, se asigne a las partidas correspondientes al estado de Puebla, la inclusión de tres obras para la construcción de puentes, en beneficio del municipio de Puebla, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Es importante mencionar que la infraestructura carretera del estado de Puebla, cuenta con una red de caminos que ha sido parte importante en el desarrollo socioeconómico y cultural de la población.

Sin embargo, debido al constante desarrollo y crecimiento de las urbes, es necesario mejorar su infraestructura carretera, sobre todo aquellos caminos que han quedado rezagados y que tienen gran importancia como medios alimentadores de la población circulante.

Esto, debido a que en muchos de los casos, se trata de obras de hace muchos años, que ya resultan obsoletas y, por tanto, inservibles a las exigencias de la creciente explosión demográfica y que requiere necesariamente una modernización urgente.

Su conservación y modernización, permitirá el desarrollo de los diferentes sectores productivos, facilitando con ello el mejoramiento de la circulación, tanto para la comunidad automovilística agilizando su traslado a sus principales centros de concentración, ya sea comercios, trabajos, escuelas y demás lugares de destino.

Asimismo, se beneficiaria, a los peatones, puesto que con ello se disminuirían los índices de accidentes de tránsito.

De ahí que este punto de acuerdo tenga como objetivo principal, la consideración de recursos económicos necesarios con destino de mejoramiento de la red vial en el Municipio de Puebla.

Principalmente en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, donde se requiere con urgencia la construcción de un puente que vaya del Boulevard Amalucan hasta el Boulevard Xonacatepec, que comunicaría a dos importantes unidades habitacionales, la de Amalucan con una población aproximada de 3,000 habitantes y la de Bosques de San Sebastián con una población de 15,000 habitantes.

Otra junta auxiliar que requiere apoyo, es la de San Miguel Canoa, donde la población exige la construcción de un puente que cruce desde Tlaltepango, con una población de 5,000 habitantes y termine en Villa Frontera con una población de 1,000 habitantes que, además, beneficiaría a las juntas auxiliares vecinas.

Asimismo, se debe considerar la construcción de un puente en la colonia de San Miguel, municipio de Puebla, que cuenta con una población de 5,000 habitantes, dicho puente cruzaría desde el Boulevard Valsequillo hasta 14 Sur, beneficiando a toda la población que comprende a los lados del Boulevard, que va desde el panteón municipal hasta la Junta auxiliar de San Pablo Xochimihuacan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Hacienda y Crédito Público que en el dictamen proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se asigne a las partidas correspondientes al estado de Puebla, la inclusión de las siguientes obras, cuyo presupuesto es estimativo, sujeto a los ajustes o ampliaciones correspondientes:

a) Un puente que vaya del Boulevard Amalucan y cruce hasta el Boulevard Xonacatepec y, con un costo de aproximadamente 50 millones de pesos;

b) Un puente que vaya de Tlaltepango y que comunique con la colonia Villa Frontera, con un costo de aproximadamente 50 millones de pesos; y

c) Un puente en San Miguel, que vaya del bulevar Valsequillo hasta 14 Sur, con un costo de aproximadamente 50 millones de pesos.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera.»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida especial para continuar el pago de compensación económica a los ex trabajadores migratorios mexicanos a través del fideicomiso creado ex profeso el 25 de mayo de 2005, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI

Antecedentes

En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 23 de octubre del 2003, se recibió un punto de acuerdo presentado por la Senadora Yolanda Eugenia González Hernández del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de exhortar al Ejecutivo federal sobre la problemática del Prograama Bracero.

La Mesa Directiva del Senado de la República, acordó el trámite de recibo del punto de acuerdo y decidió turnarlo para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación.

Entre las consideraciones sobresalen las siguientes:

Que el 4 de agosto de 1942, los gobiernos de Franklin D. Roosevelt y de Manuel Ávila Camacho instituyeron el Programa Bracero.

Que el campesino mexicano tuvo entonces una alternativa al enrolarse de bracero al mismo tiempo que satisfacía la necesidad de fuerza de trabajo en los campos agrícolas norteamericanos.

Que con la introducción de la pizcadora mecánica y ante la abundancia de mano de obra ``indocumentada'' a mediados de los años sesentas terminó dicho programa, sin el menor reconocimiento a los miles de trabajadores mexicanos por su valiosa contribución al desarrollo de la economía y la industria agrícola estadounidense.

Que a los trabajadores agrícolas de aquella época se les quedó a deber algo más que reconocimientos superficiales, ya que durante todo el tiempo que prestaron sus servicios en territorio estadounidense, se les retuvo el 10 por ciento de sus salarios, porcentaje que se depositaba en cuentas de ahorro, generando un importante capital que debía ser entregado una vez que regresaran a su país.

Que según las autoridades estadounidenses, las deducciones fueron entregadas por el Gobierno de Washington al Banco de México, institución que las trasladó al Banco Agrícola, actualmente convertido en Financiera Rural; sin embargo, las autoridades mexicanas nunca devolvieron los fondos y actualmente a más de 50 años de estos sucesos, se argumenta que no se cuenta ni siquiera con los registros de dichos depósitos.

Que en la búsqueda de alternativas de solución a esta problemática, el 16 de noviembre del año 2000 se presentó una solicitud en la H. Cámara de Diputados para crear una Comisión Especial, cuyo objetivo específico era recabar la información necesaria con la se pudiera saber el destino de fondos pertenecientes a trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante dicho periodo.

Que el 9 de mayo del presente año, diputados integrantes de la Comisión Especial presentaron un proyecto de Ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el apoyo de los ex braceros del periodo 1942-1964; asimismo, se acordó la elaboración de un padrón de beneficiarios a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual se pondría a disposición de la Cámara de Diputados, para que una vez aprobado el fideicomiso, se tuviera la certeza de las personas que serían beneficiarias del mismo.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, consideró la conveniencia de integrar nuevamente una Comisión Especial para darle seguimiento a los acuerdos ya tomados sobre la problemática del Programa Bracero. Así como dictaminar la iniciativa de Ley relativa a la posible creación de un fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el apoyo a los ex braceros del periodo 1942-1964.

El Presupuesto del año anterior aprobó 298.5 millones de pesos para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos entre 1942 y 1964, el cual, bajo cualquier cálculo, no cubre a la totalidad de trabajadores que reclaman el reembolso de sus ahorros.

La continuidad en los pagos de las compensaciones económicas a los ex trabajadores migratorios mexicanos se encuentra amenazada, ya que el Presidente Fox, contraviniendo el 2o. artículo transitorio del decreto que sobre el particular publicara en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, excluyó del Presupuesto una asignación para los miles de ex braceros a quienes se les retuvo por 22 años 10 por ciento de su salario con el fin de crear un fondo de ahorro, el cual nunca se les regresó.

Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluya una partida presupuestal de 600 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2006 para la continuación del pago de compensación económica a los ex trabajadores migratorios mexicanos a través del Fideicomiso creado ex profeso el 25 de mayo de 2005.

Dado en San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnense las proposiciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió de los diputados Wintilo Vega Murillo, Eduardo Espinoza Pérez, Luis Antonio González Roldán, José Antonio de la Vega Asmitia, Jesús Martínez Álvarez y Pedro Vázquez González, integrantes de diversos grupos parlamentarios, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos diputados federales integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En atención a las demandas del entorno cada día más complejo y al compromiso con la sociedad que tienen los diputados para ser más eficientes y desarrollar sus atribuciones en un marco de transparencia, asunción de responsabilidades y cooperación, es necesario vigorizar su administración interna para que pueda ser un apoyo cabal al trabajo parlamentario y éste se lleva a cabo a plenitud a través de la mejora tecnológica y su modernización.

En este contexto, la Cámara de Diputados para la realización de sus funciones sustantivas debe redoblar sus esfuerzos para conducir de manera responsable y expedita la actividad legislativa, mediante la participación activa de cada uno de los miembros que la conforman.

Igualmente, es menester que para el adecuado desempeño de sus trabajos, la Cámara cuente con servicios de apoyo eficientes en calidad y cantidad, y que los servidores públicos que los prestan actúen con plena responsabilidad.

Para tal fin, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos llevó a cabo la revisión del diagnóstico elaborado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el cual parte del reconocimiento de algunas debilidades en la prestación de sus servicios parlamentarios, así como de administración y financieros.

A partir de ello, la Conferencia y la Junta de Coordinación Política, formularon las observaciones pertinentes, que dieron como resultado las conclusiones que sustentan esta iniciativa que se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía.

Las premisas que sirven de sustento al diagnóstico de mérito se ubican en cuatro vertientes fundamentales:

a) Hacer más eficiente la responsabilidad de la administración de la Cámara relativa a la prestación de los servicios, para que lleguen a sus destinatarios con la oportunidad y calidad que se requiere;

b) Delimitar con precisión las funciones y actividades de cada uno de los órganos de la administración y adecuarlas a las exigencias del entorno actual;

c) Dotar de funcionalidad los servicios, definiendo puntualmente las líneas de mando y previendo eficientes canales de comunicación para que puedan trabajar de manera coordinada;

d) Facilitar que las actividades que ejecuten con el mayor grado posible de transparencia.

En suma, se trata de fomentar que los servicios sean de mayor calidad partiendo de la premisa de que si bien este atributo se asocia a la presencia e interacción de factores como el número de personal, su perfil profesional y experiencia, estas características por sí solas no garantizan mejoras en la prestación de los servicios si no se dan en paralelo con otras condiciones como la definición ordenada y clara de las funciones que deben cumplir y en general, la existencia de los medios materiales que permitan llevar a cabo las tareas con oportunidad, transparencia, coordinación y funcionalidad.

Generar las condiciones que contribuyan a concretar los objetivos esbozados supone en primera instancia que se dote a la administración de la Cámara de un marco jurídico acorde, por lo cual la iniciativa se centra básicamente en los siguientes aspectos:

a) Reforzar el carácter del Comité de Administración como órgano auxiliar de la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas.

En atención a que a la Junta de Coordinación Política le corresponden atribuciones tanto políticas como administrativas y de que muchas de éstas las ejerce por conducto del Comité de Administración, cuya naturaleza es distinta a la de otros comités previstos en la Ley, se propone reubicar al Comité en el artículo 34, relativo a las atribuciones de la Junta, derogando entonces el numeral dos del artículo 46, que actualmente prevé su existencia.

b) Fortalecer a la Secretaría General de la Cámara.

En virtud de la naturaleza fundamentalmente administrativa de la Secretaría General y de su evidente vinculación con las atribuciones del Comité de Administración, se plantea que el Secretario General concurra, no sólo a las reuniones de la Junta, sino también del Comité, con voz pero sin voto, fungiendo así como secretario de esos órganos de diputados. Lo anterior permitirá formalizar esa función que ya desempeña en la práctica.

Por otro lado, se sugiere reformar los artículos 47 y 48 de la Ley para ampliar la esfera de acción de la Secretaría General, definiéndola como el órgano encargado de la planeación, coordinación, organización, dirección y supervisión de los servicios. Asimismo, se atribuye al titular de la Secretaría la ejecución de estas acciones y se le define expresamente como la cabeza de la administración de la Cámara.

c) Replantear la adscripción de algunas áreas en atención a las tareas que desempeñan.

De considerarse pertinente este planteamiento, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Resguardo y Seguridad y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo dependerían orgánicamente de la Secretaría General, de tal suerte que la competencia de ésta en relación con los servicios, no sólo se restringiría a la planeación, coordinación y evaluación, sino que su titular estaría directamente encargado de dirigir esas áreas.

Esta propuesta se sostiene y justifica en virtud de que gran parte de las actividades que desempeñan tanto la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Resguardo y Seguridad, así como la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo, son en auxilio directo a la Presidencia de la Cámara, en quien recae tanto la representación legal y la protocolaria, como la salvaguarda del recinto parlamentario.

En este sentido, su función no está claramente delimitada ni al ámbito administrativo, ni al ámbito de los servicios parlamentarios, sino que tiene una naturaleza propia. Además se considera que si estas direcciones dependen de la Secretaría General, sin intermediaciones, estarán en posibilidades de prestar sus servicios de manera inmediata.

d) Ordenar las áreas adscritas a las Secretarías de Servicios en atención a las funciones que cada una de ellas debe llevar a cabo.

La iniciativa sugiere una reestructura de las áreas técnicas y administrativas que dependen en la actualidad de las Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, previstas en los artículos 49 y 51 de la Ley, a partir de un diagnóstico en el que se analizó cómo operan las áreas en la realidad y cuáles son los apoyos que requieren los legisladores para las sesiones plenarias, los órganos de gobierno y las comisiones.

Hemos mencionado en líneas anteriores que es prioritario abatir la duplicidad de funciones, la dispersión en el trabajo y la falta de coordinación entre las áreas. Acorde con ello, la sugerencia que hacemos toma como punto de partida la delimitación clara de las competencias y la organización de las áreas en atención a las funciones que llevan a cabo.

Así por ejemplo, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios quedarían adscritas cuatro Direcciones Generales: de Proceso Legislativo; de Apoyo Parlamentario; y de Crónica y Gaceta Parlamentaria; y del Centro de Documentación, Información y Análisis. Los Centros de Estudios se mantendrían en el estatus que tienen actualmente.

La Dirección General de Proceso Legislativo mantendría las funciones que actualmente tiene asignadas.

En cuanto a la Dirección General de Apoyo Parlamentario, se prevé que centre sus funciones en brindar auxilio técnico especializado a las comisiones y de asistencia técnica parlamentaria a las sesiones del Pleno. Esta Dirección conservaría actividades tales como la operación del Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado.

La Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria mantendría las funciones que ahora tiene la Dirección General de Crónica Parlamentaria en lo relativo a los servicios del Diario de los Debates y de las versiones estenográficas; se le adscribiría formalmente la Gaceta Parlamentaria y los servicios de archivo general que ahora presta se transferirían al Centro de Documentación, Información y Análisis.

Finalmente, se plantea reorganizar la actual Dirección General de Bibliotecas que con el paso de los años ha ido modificando su estructura para incorporar un amplio conjunto de servicios distintos a la consulta y préstamo de libros.

Como se sabe, en el presente sus servicios van mucho más allá de esa función ya que cuenta con otro tipo de fuentes de consulta como las hemerográficas; ofrece servicios de documentación, análisis e investigación; y tiene un área de difusión de la cultura y las actividades parlamentarias.

En atención a lo anterior, se sugiere incluso cambiar la denominación con que opera en el presente, que margina a la variedad de actividades desarrolladas en esa área, por la de Centro de Documentación, Información y Análisis.

La reforma incorpora a este Centro las funciones relacionadas con el Museo Legislativo; con los servicios del archivo general que mantiene actualmente la Dirección General de Crónica Parlamentaria; y las correspondientes a visitas guiadas, que hoy dependen de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.

Por su parte, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros dependerían orgánicamente seis direcciones generales: Finanzas; Programación, Presupuesto y Contabilidad; Recursos Humanos; Recursos Materiales y Servicios; Tecnologías de Información; y de Servicios a Diputados.

Finalmente, en razón de que el artículo 56 establece el contenido mínimo del Estatuto, se considera suficiente prever y precisar en ese artículo que las funciones de las direcciones y centros contemplados en esta iniciativa y de los demás considerados en la Ley, se regularán en el propio Estatuto.

Con el objeto de facilitar la organización y estructuración de los servicios de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, en el Estatuto quedarían plasmadas exclusivamente las funciones de las diferentes áreas administrativas y parlamentarias, dejando al Manual de Organización General la materia de las estructuras. Este Manual deberá ser aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, órgano que tiene encomendada la integración del proyecto de Estatuto.

Es importante mencionar que las modificaciones que se proponen al texto de la Ley no tienen la finalidad de desaparecer las instancias y órganos que funcionan en el presente, sino solamente de reorganizarlos con el afán de que los servicios que prestan a los legisladores y órganos contribuyan en términos reales a que el Poder Legislativo logre, en un marco de transparencia, consolidarse como un poder fuerte, autónomo, legítimo y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo 2 al artículo 34. Se reforma el párrafo 2 del artículo 35. Se adiciona un inciso al párrafo 1 del artículo 38. Se reforman los artículos 47, 48, 49, 51 y el inciso b del párrafo 1 del artículo 56. Se deroga el párrafo 3 del artículo 46, para quedar como sigue:

``Artículo 34.

1. ...

2. Para auxiliar a la Junta en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración. El Acuerdo de su creación será propuesto al Pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya Presidencia deberá recaer en un Diputado del mismo Grupo Parlamentario de quien presida aquélla.

``Artículo 35.

1. ...

2. A las reuniones de la Junta y del Comité de Administración concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.

``Artículo 38.

1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Llevar al pleno, para su aprobación, los nombramientos de Secretario General y de contralor de la Cámara, en los términos que señala esta ley;

e) Aprobar el Manual de Organización General de las áreas administrativas y parlamentarias, a propuesta del Secretario General, y

f) Las demás que se derivan de esta ley y de los ordenamientos relativos.

``Artículo 46.

1. ...

2. ...

3. (Derogado)

4. ...

``Artículo 47.

1. Para el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, la Cámara de Diputados contará con una Secretaría General.

2. La Secretaría General observará en su actuación las disposiciones de la Constitución, de esta ley y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos y constituye el ámbito de planeación, coordinación, supervisión y evaluación de los servicios de la Cámara de Diputados.

3. La prestación de los servicios quedará a cargo, en el ámbito de las competencias que define esta ley, de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.''

``Artículo 48.

1. El Secretario General de la Cámara será nombrado por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el término de cada Legislatura, pudiendo ser reelecto; continuará en sus funciones hasta la realización de la elección correspondiente.

2. Para ser designado Secretario General de la Cámara se requiere:

a) Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, y estar en Pleno goce de sus derechos;

b) Haber cumplido treinta años de edad;

c) Contar con título profesional legalmente expedido;

d) Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo;

e) No haber sido durante los últimos cinco años miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a un puesto de elección popular; y

f) No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena de privación de la libertad.

3. El Secretario General encabeza la administración de la Cámara de Diputados y tiene las atribuciones siguientes:

a) Preparar los elementos necesarios para celebrar la sesión constitutiva de la Cámara, en los términos previstos por esta ley;

b) Fungir como Secretario de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración;

c) Planear y coordinar los trabajos de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, y de las demás dependencias que tenga adscritas, así como supervisar y evaluar el cumplimiento de sus atribuciones y su correcto funcionamiento;

d) Ejecutar en los casos que le corresponda, así como supervisar y vigilar que se cumplan las políticas, lineamientos y acuerdos de la Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la prestación de los servicios parlamentarios y administrativos y financieros;

e) Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera, y

f) Informar trimestralmente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos y acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la prestación de los servicios parlamentarios y administrativos y financieros.

4. De la Secretaría General dependerán directamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Resguardo y Seguridad, la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo. Estas áreas se integrarán con funcionarios de carrera y su estructura y funciones se regirán por el Estatuto.''

``Artículo 49.

1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integrará con funcionarios de carrera y tendrá adscritas en su ámbito las siguientes áreas:

a) La Dirección General de Proceso Legislativo;

b) La Dirección General de Apoyo Parlamentario;

c) La Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria, y

d) El Centro de Documentación, Información y Análisis.

2. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

``Artículo 51.

1. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integrará con funcionarios de carrera y tendrá adscritas en su ámbito las siguientes áreas:

a) La Dirección General de Finanzas;

b) La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad;

c) La Dirección General de Recursos Humanos;

d) La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios;

e) La Dirección General de Tecnologías de Información, y

f) La Dirección General de Servicios a Diputados.

``Artículo 56.

1. El estatuto para la organización y funcionamiento de las secretarías y de los servicios de carrera, por lo menos deberá contener:

a) ...

b) Las funciones de las direcciones, centros y unidades de la Cámara que integran los servicios de carrera.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se reforma el Estatuto quedarán incorporadas a la Secretaría General, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Resguardo y Seguridad, la Unidad de Formación y Capacitación Permanente y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.--- Diputados: Wintilo Vega Murillo, Eduardo Espinoza Pérez, Luis Antonio González Roldán, José Antonio de la Vega Asmitia, Jesús Martínez Álvarez, Pedro Vázquez González (rúbricas).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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ARTICULOS 25 Y 31 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez: Señoras y señores diputados: presento el día de hoy ante ustedes una iniciativa que adiciona los artículos 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar plena autonomía a las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, y del Sistema de Ahorro para el Retiro, y al Servicio de Administración Tributaria, que ahora realizan sus funciones en materia económica por órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la capacidad técnica que su realización demanda, pero aún hay un amplio margen de posibles mejoras en su estructura y en el resultado del ejercicio de sus atribuciones.

La exposición de motivos que presento a su consideración establece la necesidad de los organismos autónomos a fin de contar con órganos apolíticos, evitar la injerencia de otros poderes en sus funciones técnicas, equilibrar el ejercicio del poder y procurar la permanencia de instituciones y objetivos estatales de largo plazo. La importancia de promover la autonomía de los órganos que nos ocupan radica en el carácter de las funciones que se les encomiendan; es decir, de supervisión y regulación de las personas físicas y las morales que participan en el sistema financiero, así como en aspectos recaudatorios y aduanales. A pesar de la diferencia en su sustancia, todas esas materias tienen algo en común para el Estado: por su grado de especialización e impacto en la economía, se requiere que las funciones relativas recaigan en órganos con alta capacidad técnica y profesional, que sean independientes en su actuar, que promuevan el desarrollo de políticas y programas de mediano y largo plazos que trasciendan los ciclos políticos, sin sujetar su actuación a las renovaciones periódicas de los titulares de la administración centralizada y, por tanto, su gestión supere políticas de corto plazo que beneficien únicamente coyunturas específicas y, qué decir, también de la realización o no de auditorías fiscales y de la imposición o no de sanciones económicas. La no alineación de ciclos que permite la autonomía es un factor de confianza para la ciudadanía y para los inversionistas, lo cual es sin duda un promotor del desarrollo económico.

Por otro lado, al dar a los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero la posibilidad de adoptar políticas de largo plazo se les facilitará cumplir su objetivo de procurar la estabilidad de las entidades financieras y se contará con órganos de Estado fortalecidos en sus funciones de autorización, regulación y supervisión de los participantes en aquel sistema. Actualmente, funciones como la autorización de intermediarios o la intervención de instituciones en problemas pueden derivar en presiones políticas o de grupos de interés, que podrían orillar a las autoridades supervisoras a --en el primer caso-- dar entrada a participantes con poca solvencia moral o económica, en beneficio de intereses particulares, o --en el segundo-- a postergar la decisión de intervenir a una institución en problemas, en virtud de --por ejemplo-- la cercanía de un proceso electoral. La trascendencia de la regulación del sistema financiero es obvia, ya que ese sistema constituye el principal medio por el cual el ahorro generado por la sociedad es canalizado a áreas productivas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está encargada de supervisar y regular más de mil 100 entidades que, en valor de activo, representan más de 40 por ciento del Producto Interno Bruto. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es responsable de cuidar el correcto funcionamiento del ahorro de los trabajadores, a través de 15 Afore, que al día de hoy manejan el ahorro de 34 millones de cuentahabientes, con valor de 550 mil millones de pesos y que crecerá entre 60 y 80 mil millones de pesos cada año. En materia contributiva, el Estado requiere una estructura que logre una recaudación eficiente y moralmente reconocida. No menos importantes son los actos de control en materia aduanera, al constituir éstos actividades fundamentales para la seguridad del país. La necesidad de dar continuidad a los trabajos de mejora en la operación de la función recaudatoria es impostergable, a pesar de que el número de contribuyentes activos ha registrado un importante incremento, al pasar de casi 6 millones en 1997 a cerca de 11 millones para 2004. La proporción de la carga impositiva respecto al PIB sigue siendo muy baja, apenas 11 por ciento, incluso en comparación con otros países de menor desarrollo relativo.

La cantidad de recursos invertidos y la creatividad que se requiere de los expertos involucrados en el diseño de las mejores soluciones para mejorar la operación del servicio de recaudación tributaria serán insuficientes si no son continuados de manera consistente a través del tiempo, mediante el diseño y la aplicación de estrategias de largo plazo, con plena independencia de la instancia responsable de la política fiscal. Para lograr sus objetivos, la autonomía de dichos organismos no sólo debe estar referida a las funciones que realizan sino que debe trascender a su administración y la forma en que cada uno de ellos se gobierna en su interior. Así, para que los organismos cuenten con autonomía funcional, deben tener al mismo tiempo libertad para ejercer sus funciones en la forma en que sus órganos de gobierno lo decidan, de conformidad con su mandato, y no estar jerárquicamente subordinados al Ejecutivo federal, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación, supervisión y rendición de cuentas que sean necesarios.

A los órganos autónomos sería aplicable el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con la administración y aplicación que se prevean en las leyes, y tendrían que presentar informes ante el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo respecto al cumplimiento de sus objetivos y funciones, así como rendir cuentas ante el Poder Legislativo sobre el ejercicio de su presupuesto. Como organismos autónomos, esas autoridades contarían con flexibilidad necesaria para contratar, capacitar y retener a los mejores profesionales disponibles en el mercado laboral. Para garantizar la autonomía de esos organismos, se propone que sus juntas de gobierno se integren por siete miembros, dos de los cuales serían funcionarios gubernamentales encargados de las políticas fiscal y monetaria, y los otros cinco, incluido el Presidente del organismo, serían nombrados a propuesta del Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente.

En lo referente al SAT, dos de los cinco miembros propuestos serían sugeridos por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, a efecto de fortalecer el federalismo. Como se aprecia, en ningún caso el Ejecutivo federal tendría la mayoría. Para evitar que el nombramiento de los miembros de las juntas de gobierno se empalme con el inicio de un régimen presidencial, la duración en su encargo sería escalonadamente de ocho años para las comisiones financieras y de seis años para el SAT.

Las leyes reglamentarias determinarían los requisitos que deban reunir los miembros de las juntas de gobierno y las causas para su remoción. La creación de organismos autónomos va en línea de restar facultades discrecionales al Ejecutivo. La pluralidad y la alternancia han llegado para quedarse. La negociación en la búsqueda de acuerdos debe ser la norma a seguir. No es posible ya permitir la arbitrariedad, la discrecionalidad, la opacidad y el uso de las funciones públicas para fines políticos, represivos de la democracia y las libertades ciudadanas. Así como la reforma energética requiere necesariamente la reforma fiscal, las acciones a que nos referimos en esta iniciativa deben complementarse con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuya aprobación se vuelve urgente para completar la reforma de los instrumentos de política económica.

La autonomía del Banco de México, la del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, la de las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, y del Sistema de Ahorro para el Retiro, y la del Servicio de Administración Tributaria y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituyen en su conjunto una reforma estructural para modernizar y democratizar el ejercicio responsable del poder, acorde con una profunda reforma del Estado.

Por todo lo expuesto, con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Constituyente Permanente esta iniciativa de decreto, por el que se adicionan los artículos 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria correspondiente al día de hoy. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Francisco José Rojas Gutiérrez, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la ``iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', con base en lo siguiente:

A medida que la sociedad evoluciona, el Estado ---en ejercicio de las responsabilidades que aquella le demanda--- va desempeñando funciones más variadas y complejas. Asimismo, la sociedad, cada vez más informada y alerta, demanda al Estado que sus respuestas a las situaciones que enfrenta sean las más razonadas. En efecto, con el avance de la sociedad, ésta va realizando actividades novedosas y de mayor especialización que, a su vez, requieren de un Estado con suficiente habilidad para procurar su desarrollo y, con ello, un mayor bienestar social.

Toda esa creciente especialización debe quedar correspondida en la estructura en la que recaen las funciones propias del Estado. De ahí que nuestra Constitución General no pueda ser ajena a las funciones y responsabilidades que la sociedad demanda; por el contrario, debe reconocerlas y sentar las bases adecuadas para que se lleven a cabo.

En este contexto, la estructura del Estado ha ido evolucionando gradualmente de acuerdo con las nuevas políticas que va adoptando. En un inicio, las responsabilidades administrativas del Estado estuvieron conferidas por muchos años solo a las diversas dependencias y entidades que conformaban la Administración Pública Federal. Es así como, en nuestro régimen jurídico, la administración pública parte de la base constitucional de decisiones centralizadas en el Ejecutivo Federal.

Como parte de una etapa posterior, se fueron creando órganos encargados del despacho de asuntos especializados en aspectos técnicos. A esos órganos se les ha conferido el status legal de desconcentrado, aunque se mantienen dentro del marco de la Administración Pública Federal Centralizada. Así, para la más eficaz atención y eficiente despacho de las funciones del Ejecutivo Federal, a dichos órganos la ley ha procurado reconocerles cierta autonomía técnica y facultades ejecutivas.

Gracias a esa autonomía técnica, el papel que estos órganos han jugado en el ámbito económico deja de manifiesto su importancia. En particular, a ellos se les han encomendado ciertas funciones que han adquirido gran relevancia para el desarrollo nacional ---como son, por una parte, la supervisión y regulación del sistema financiero y, por la otra, el cobro de los impuestos y demás contribuciones, la organización y dirección de los servicios aduanales, así como la inspección en este tenor.

Es así como se han consolidado los órganos que actualmente desempeñan esas funciones ---todos ellos dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos son, por un lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la de Seguros y Fianzas y la del Sistema de Ahorro para el Retiro y, por el otro, el Servicio de Administración Tributaria.

No obstante el grado de autonomía técnica que la ley confiere a tales órganos, ésta los subordina jerárquicamente a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa subordinación queda enfatizada con la preponderante intervención de dicha secretaría en sus respectivas juntas de gobierno y en la designación de las personas encargadas de su administración. De esta forma, en el caso particular de estos órganos, la fuerza e influencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ellos se hace presente en todo momento.

Ante esto, no podemos soslayar el hecho de que, a pesar de su autonomía técnica, para el despacho de los asuntos a cargo de esos órganos, éstos actúan en el marco de decisiones centralizadas del Ejecutivo Federal ---a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público--- que, en ocasiones, están influenciadas por aspectos políticos y, con ello, se limita el desarrollo de políticas y programas a largo plazo. No menos importante resulta la influencia de los factores reales de poder que interactúan con esos órganos a través de la estructura a la que pertenecen.

Por su parte, la dependencia de los órganos técnicos a una administración centralizada limita su capacidad para tomar y aplicar las decisiones técnicas que estimen necesarias. Sobra decir que lo anterior redunda en perjuicio de la capacidad de los órganos para ejecutar eficazmente las políticas y programas que determinen necesarios para el cumplimiento de su objeto.

En contraste con el régimen de decisiones centralizadas en el Ejecutivo Federal, las reformas a nuestra Constitución Política que se publicaron el 20 de agosto de 1993 instrumentaron un nuevo arreglo entre las instituciones que componen el Estado. A través de esas reformas se dio una importante transferencia de atribuciones del Ejecutivo a un organismo autónomo a cargo de las funciones de banco central.

A partir del reconocimiento constitucional de la autonomía del Banco Central, tanto lo previsto en la ley que lo regula como su actuación han llevado a considerar que otras responsabilidades del Estado en materia económica también deberían trasladarse de la Administración Pública Federal a otros entes autónomos. Gracias a esas consideraciones, el 4 de octubre del año en curso esta misma Cámara de Diputados de la presente Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política para dotar de autonomía al organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que substituirá al órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Aún fuera del ámbito económico, nuestra Constitución General ha reconocido algunos órganos autónomos para el desempeño de otras actividades relevantes para la vida nacional, como son el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En efecto, los organismos autónomos han surgido en los sistemas constitucionales fundamentalmente por la necesidad de (i) contar con órganos apolíticos, (ii) evitar la injerencia de otros poderes en sus funciones técnicas, (iii) equilibrar el ejercicio del poder y (iv) procurar la permanencia de instituciones y objetivos estatales a largo plazo.

A la luz de lo anterior, esta Legislatura tiene hoy la posibilidad de enfrentar su responsabilidad histórica y ser la que proponga el planteamiento de una nueva arquitectura institucional en el ámbito económico mexicano. La justificación de esto se da por la necesidad de darle al Estado las mejores herramientas que le faciliten el manejo de las políticas modernas que ha ido adoptando, particularmente en el ámbito económico, donde el dinamismo de su evolución cobra cada vez más fuerza. Por supuesto, toda propuesta en este sentido, como cualquier otra de reestructura administrativa, debe estar motivada sin duda por un deseo de procurar el mejor desempeño de las funciones del Estado.

En este sentido, esta Legislatura debe atender los reclamos de la sociedad para que los órganos encargados de aspectos técnicos en el ámbito económico adopten decisiones aisladas de influencias políticas o presiones de tipos diferentes a las respectivas materias de su competencia. Para esto, el siguiente paso que corresponde tomar en la evolución de la administración pública es promover la transición de dichos órganos a una autonomía plena. Así, la presente iniciativa tiene como propósito conferir autonomía de rango constitucional a los órganos encargados de velar por el buen funcionamiento del sistema financiero ---i.e., la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la de Seguros y Fianzas y la del Sistema de Ahorro para el Retiro--- y aquél encargado de la recaudación y asuntos aduanales de la Federación ---i.e., el Servicio de Administración Tributaria.

La importancia de promover la autonomía de los órganos que nos ocupan radica en el carácter de las funciones que se les encomienda ---es decir, de supervisión y regulación de las personas que participan en el sistema financiero, así como en aspectos recaudatorios y aduanales--- y, más aún, en la relevancia de esas funciones para el desarrollo económico, la seguridad interior, la competitividad y el bienestar nacional. Es así como, a pesar de la diferencia en su sustancia, todas esas materias tienen algo en común para el Estado: por su grado de especialización e impacto en la economía, se requiere que las funciones relativas recaigan en órganos con alta capacidad técnica y profesional, que sean independientes en su actuar.

En este punto, debe reiterarse la necesidad de contar con instituciones con un alto grado de especialización técnica ante la complejidad y constante modernización de los sectores sujetos a su autoridad. A su vez, esa especialización se fomenta con una adecuada independencia que le permita a la autoridad estar a la vanguardia en los avances tecnológicos e impulsar la calificación técnica de sus empleados y funcionarios, lo cual, además, servirá para el servicio civil de carrera.

De igual forma, es también necesario fortalecer la estructura orgánica de estas autoridades, con el fin de garantizar su capacidad para adoptar políticas de largo plazo. Asimismo, la experiencia de nuestro país con reformas que otorgan autonomía a ciertos órganos ha demostrado que, aunado a esfuerzos paralelos para mejorar la operación interna, mayores índices de autonomía han estado acompañados por una operación más eficiente.

Ahora bien, en cuanto a las funciones concretas que dichas instituciones deben desempeñar, veamos primero las de regulación y vigilancia del sistema financiero. Para esto, no debemos pasar por alto que ese sistema constituye el principal medio por el cual el ahorro generado por la sociedad es canalizado hacia áreas productivas. Por esta razón, mundialmente se reconoce la necesidad de incentivar el desarrollo de los sistemas financieros, pues ello traerá como consecuencia un mayor bienestar para las economías nacionales.

Derivado de lo anterior, la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero representan variables determinantes para el crecimiento y desarrollo económico del país. De ahí que, en la medida en que la regulación y supervisión del sistema se ejerzan de manera profesional por las autoridades a su cargo, se podrán reducir los riesgos inherentes a las operaciones de los intermediarios y demás actores en dicho sistema, lo cual redundará en beneficio de los usuarios y del público en general.

Por otra parte, al darle a los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero la posibilidad de adoptar políticas de largo plazo, se les facilitará cumplir con su objetivo de procurar la estabilidad de las entidades financieras y el sano desarrollo del sistema en su conjunto. Una pieza clave para lograr lo anterior es contar con órganos de estado fortalecidos en sus funciones de autorización, regulación y supervisión de los participantes en el sistema financiero.

Por lo que respecta a las funciones que el Estado ejerce en materia contributiva, éste requiere contar con una estructura que logre una recaudación eficiente y moralmente reconocida. No menos importantes son los actos de control y supervisión en materia aduanera, al constituir éstos actividades fundamentales para la seguridad interior del país.

Como se ha señalado, la autonomía de una entidad pública contribuye en gran medida a eliminar presiones políticas como factor de actuación. En este respecto, en el caso particular de la entidad encargada de la administración tributaria, ello eleva la confianza del contribuyente, lo que a su vez fomenta el cumplimiento voluntario.

En el caso de nuestro país, la autoridad correspondiente ---el Servicio de Administración Tributaria--- ha tenido la tarea de procurar el incremento del número de contribuyentes activos. De la misma forma, ese órgano se ve en la necesidad de atender necesidades de lograr importantes avances en la calidad y cobertura de los servicios que presta. Al respecto, la operación de este órgano desconcentrado desde hace ocho años no ha sido suficiente para alcanzar los niveles de recaudación al que nuestro país aspira.

En adición a la eficiencia administrativa que el Servicio de Administración Tributaria ha buscado alcanzar, existen también importantes áreas de oportunidad que requieren ser explotadas y que se verán reflejadas en mayores incrementos en los índices de recaudación. La revisión de la estructura, organización y regulación jurídica del órgano encargado de la administración tributaria es, sin duda, una de estas áreas.

La necesidad de facilitar los trabajos de mejora en la operación de la función recaudatoria es impostergable. Durante los últimos años, el Servicio de Administración Tributaria ha tenido que sujetarse a una importante reforma estructural. Para que esa reforma pueda concretarse, debe estar apuntalada por una importante inversión en infraestructura tecnológica y concentrar sus esfuerzos en una profunda revisión de los trámites, servicios y procesos para definir un nuevo modelo de operación.

La cantidad de recursos invertidos para mejorar la operación del Servicio de Administración Tributaria, así como la creatividad que, para ello, se requiera de los expertos involucrados en el diseño de las mejores soluciones, serán insuficientes si no son destinados de una manera consistente y continuada a través del tiempo.

Esta continuidad y consistencia en el diseño y aplicación de estrategias de largo plazo solo puede garantizarse mediante el fortalecimiento decidido de la independencia de la instancia responsable de la administración tributaria. Al mismo tiempo, esto ofrece amplias posibilidades de crecimiento notorio en términos de eficiencia y eficacia recaudatoria, así como el combate a la evasión, a la elusión y al contrabando.

La autonomía como herramienta para dotar al órgano encargado de la administración tributaria de un ambiente flexible y propicio para la eficiencia operativa ha probado ser de gran utilidad en diferentes países del mundo. Durante las últimas dos décadas, más de cincuenta países han llevado a cabo reformas encaminadas a mejorar el desempeño de la función recaudatoria, a través de la creación de administraciones tributarias autónomas, dotadas de mecanismos de auto-financiamiento, consejos de administración externos a la operación de la administración tributaria y regímenes independientes para la administración de recursos humanos, financieros y presupuestales.

En todo caso, el objetivo último de la reforma es dotar al Estado de mejores mecanismos para combatir la pobreza, acrecentar el capital humano y la infraestructura física del país, así como para fortalecer condiciones macroeconómicas propicias para la inversión, el empleo y el desarrollo de la economía nacional.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, se consigna en el artículo 25 la autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro y en el 31, fracción IV, la del Servicio de Administración Tributaria.

Para lograr sus objetivos, la autonomía de dichos organismos no solo debe estar referida a las funciones que realizan, sino que debe trascender a su administración y la forma en la que cada uno de ellos se gobierna en su interior. Así, para que los organismos cuenten con autonomía funcional, deben tener al mismo tiempo libertad para ejercer sus funciones en la forma en que sus órganos de gobierno lo decidan, de conformidad con su mandato, y no estar jerárquicamente subordinados al Ejecutivo Federal, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación que sean necesarios.

La autonomía que por esta iniciativa se propone para estos organismos tendrá, en la administración de los recursos humanos, una de sus grandes posibilidades de mejora. Como organismos autónomos, estas autoridades contarán con la flexibilidad necesaria para contratar, capacitar y retener a los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral, que puedan desarrollar una carrera en un ámbito de certidumbre, orientada a resultados.

Asimismo, un organismo es autónomo cuando la conformación de su órgano de gobierno y el nombramiento y remoción de sus integrantes no dependen únicamente del Ejecutivo Federal o de otras unidades integrantes de la Administración Pública Centralizada. De ahí la necesidad de fijar la forma en que los respectivos órganos de gobierno deban integrarse, así como el proceso a seguir para el nombramiento de sus respectivos presidentes.

Otra parte no menos fundamental para la autonomía de estos organismos consiste en la garantía de recursos suficientes para su continua operación, en cumplimiento de su objetivo y funciones. De poco sirve contar con un organismo autónomo si éste no puede cumplir a cabalidad sus funciones por no tener acceso a los recursos suficientes para ello. Por esto, dichos organismos deben gozar de autonomía presupuestal, con un patrimonio propio y con garantía legal de que podrán administrarlo libremente dentro de ciertos criterios establecidos en la ley. De esta forma, en tanto conoce sus necesidades y recursos, cada organismo puede emplearlos en las áreas que considere prioritarias.

Si bien los elementos anteriormente descritos son comunes para todos los organismos a que se refiere la presente iniciativa, es pertinente distinguir sus diferencias y características particulares.

Así, por lo que se refiere a los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero objeto de esta iniciativa, la estructura de supervisión y regulación que prevalezca debe ser una que responda a las circunstancias nacionales. En consideración a esto, tanto la historia y las circunstancias nacionales como la doctrina más reconocida han probado que lo más adecuado para nuestro sistema financiero es contar con tres organismos autónomos cuyo enfoque corresponda al de los servicios que actualmente están sujetos a supervisión de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ---que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del sector bancario, crediticio y de valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a cargo del asegurador y afianzador, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a cargo del ahorro para el retiro en materia de seguridad social.

Lo anterior no implica una rigidez en el ámbito de competencia de los tres organismos señalados. Al contrario, se deja a la ley reglamentaria la posibilidad de determinar la recomposición o adherencia de nuevos sectores a esos organismos conforme vaya evolucionando el sistema. De esta forma, en la medida en que surjan nuevos intermediarios o los existentes modifiquen su forma de constituirse y sus operaciones o la manera en que las realizan, las leyes podrán distribuir los diversos servicios en los tres organismos reguladores y supervisores reconocidos por la Constitución General.

La necesidad de dotar de autonomía a los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero se basa en las siguientes premisas: que el objetivo de la supervisión y regulación sea mantener la estabilidad y confianza en el sistema financiero y, por ello, reducir el riesgo de pérdidas que pueda sufrir el público ahorrador y demás inversionistas y que, para llevar a cabo sus funciones efectivamente, quien actúe como supervisor y regulador debe contar con la mayor independencia de decisión y operativa, autoridad para hacer valer sus acciones y las herramientas para la autorización, supervisión y regulación de los participantes en el sistema financiero que le permitan alcanzar sus objetivos

Así, por lo que hace al objetivo prioritario de las comisiones supervisoras y reguladoras, los principios de mayor reconocimiento internacional acordes con las circunstancias de nuestra Nación señalan que, al ejercer sus funciones dentro del sistema financiero, las autoridades deben promover el sano desarrollo de ese sistema y procurar que las entidades financieras y demás participantes en éste den cumplimiento a las leyes de la materia y operen de forma sana y segura, a través de medidas preventivas y acciones correctivas, para mantener la estabilidad y confianza en el sistema.

Este objetivo, junto con la promoción de la libre competencia en el sistema financiero, es indispensable para su óptimo desempeño. Ahora bien, dicho objetivo debe expresarse con toda claridad en la ley, de forma tal que no solo oriente las funciones de las autoridades supervisoras y reguladoras, sino que además haga posible la evaluación de su desempeño.

Para llevar a cabo el objetivo prioritario que se pretende imponer a los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero, se debe dotarlos de atribuciones adecuadas a ese objetivo. Por ello, dichos organismos deben tener a su alcance medidas apropiadas para que, por una parte, vigilen que las instituciones financieras cumplan con los requerimientos prudenciales que aquellos les impongan, no incurran en violaciones a la normativa que les resulte aplicable o que los ahorradores y depositantes no se vean amenazados de alguna otra forma y que, por la otra parte, esos mismos organismos logren acciones correctivas cuando esto suceda.

En cuanto a la regulación y supervisión señaladas, cabe aclarar que estas funciones actúan como mecanismos preventivos. En una economía como la nuestra, en la que el Estado ejerce sus funciones de policía y buen gobierno sin asumir un papel paternalista o intervencionista, éste debe procurar, con todos los elementos a su alcance, que se mantenga la salud financiera de las instituciones. Es por ello que resulta necesario fortalecer a los organismos supervisores.

En tal virtud, con el fin de que esos organismos autónomos puedan cumplir plenamente con el mandato que se les impone, se propone trasferirles atribuciones de autoridad que hoy en día mantiene el Ejecutivo Federal. Para ello, entre aquellas otras que determine la ley, se propone que dichos organismos cuenten con las atribuciones principales siguientes: la regulación y supervisión de las personas que realicen las actividades previstas en la ley financiera que les sea aplicable; el otorgamiento y revocación de las autorizaciones de las entidades que integran el sistema financiero; la evaluación de la solvencia económica de esas mismas entidades y la intervención de su gerencia cuando dicha solvencia esté el peligro; el proveer a la observancia de las normas en la materia, lo cual debe darse para que aquellos organismos puedan expedir las respectivas disposiciones de carácter general; la imposición de sanciones y medidas precautorias, así como la realización de actos de inspección y vigilancia, para lo cual se permitirá a dichos organismos practicar visitas domiciliarias y acceder a cualquier clase de información y documentación de las entidades y terceras personas. En lo que respecta a estas atribuciones, no se podrá invadir aquellas conferidas al Banco de México. En todo caso, para el ejercicio de esas atribuciones, se propone elevar a rango constitucional la obligación de dichos organismos de guardar confidencialidad en los términos que dispongan las normas en la materia.

Como se ha mencionado, un factor esencial de la autonomía de estos órganos es la forma en la que se deben gobernar y administrar al interior. Para esto, en el propio artículo 25 se establecerá la estructura que deben tener los órganos que estén a cargo de la conducción de esos organismos. En particular, se propone que la junta de gobierno de cada uno de los organismos que nos ocupan esté integrada por siete miembros, tres de los cuales deberán ser el presidente del organismo respectivo, quien la presidirá a la vez, y los presidentes de los otros dos organismos. Esto se hace necesario por la sinergia y retroalimentación que los presidentes de los tres organismos deben tener entre ellos, lo cual adquiere más relevancia frente al creciente número de entidades organizadas en agrupaciones financieras.

También formarán parte de la junta de gobierno de cada uno de los organismos el secretario del despacho encargado de la Hacienda Pública Federal ---actualmente el Secretario de Hacienda y Crédito Público---, quien presida el órgano que esté a cargo de la conducción del Banco Central ---actualmente el Gobernador del Banco de México---, así como dos personas más que sean designadas por la mayoría de los otros cinco miembros de la misma junta y que, al igual que los tres presidentes de los órganos, cumplan con los requisitos que determine la ley.

Si bien los organismos deben gobernarse en forma autónoma, la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, o las instituciones que las substituyan, se hace necesaria a fin de que sus acciones estén debidamente coordinadas en cuanto a sus responsabilidades respecto del sistema financiero y la economía nacional en su conjunto. De aquí deriva la importancia de que las juntas de gobierno de los organismos cuenten con la participación de esas autoridades, sin que ésta llegue a ser preponderante o mayoritaria.

Asimismo, como soporte de la efectiva autonomía de estos organismos, debe existir un procedimiento especial para nombrar y, en su caso, remover a las personas a cuyo cargo esté su administración. Al efecto, la presente iniciativa propone que esas personas ---es decir, los presidentes de los propios organismos--- sean nombradas a propuesta del Presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Al mismo tiempo, se pretende que esos presidentes, junto con los otros miembros de la junta de gobierno designados por mayoría de los demás conforme a lo anteriormente descrito, gocen de un régimen de inamovilidad durante el tiempo de su encargo, por lo que se propone que solo sean removidos por causas graves y que sean sujetos del juicio político previsto en la propia Constitución.

Más aún, para salvaguardar la autonomía de las instituciones, es indispensable que los presidentes de los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero ejerzan periodos de encargo relativamente largos, así como un escalonamiento en la participación que tengan en todas las juntas de gobierno. Esto ha sido previsto para otros órganos que gozan de autonomía constitucional.

Así, la duración suficiente de los miembros del órgano de gobierno es propicia para el aprovechamiento de la experiencia de ellos y crea una sana estabilidad en las políticas. Por esto, se proponen periodos de siete años para el desempeño del cargo de cada uno de los presidentes y los dos miembros de la respectiva junta de gobierno que, conforme a lo previsto en el mismo artículo 25, sean designados por los demás. Asimismo, a fin de evitar coincidencias con los nombramientos de dichas personas, se debe implementar el escalonamiento de los cargos de los presidentes, dado que cada uno de ellos integrará la junta de gobierno de los demás, así como de cada presidente con los dos miembros de la respectiva junta de gobierno que sean designados por los demás.

Por otra parte, para el Servicio de Administración Tributaria, se propone adicionar ocho párrafos a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política. Al respecto, con la presente iniciativa se propone que el Estado cuente con un órgano autónomo, que tenga por mandato el de aplicar la legislación federal fiscal y aduanera en un ambiente de certidumbre administrativa y presupuestal, ambiente que se busca sea traducido en acciones de largo plazo que le permita incrementar la recaudación, combatir efectivamente la evasión y la elusión fiscales, así como el contrabando, y simplificar el cobro de contribuciones y, en general, créditos fiscales.

Con el objeto de asegurar al nuevo ente la autonomía técnica necesaria para lograr su objetivo de manera eficaz, la iniciativa propone facultar al Servicio de Administración Tributaria para emitir las disposiciones de carácter general para la debida ejecución de las leyes.

El eficaz combate a la evasión y a la elusión en la era de las tecnologías de la información y de las comunicaciones impone como requisito indispensable para los órganos encargados de la administración tributaria el acceso a la información.

Un parte de esta necesidad es cubierta por el artículo 16 constitucional sin necesidad de modificación, ya que permite al nuevo órgano, en su calidad de autoridad administrativa encargada de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales, efectuar visitas domiciliarias para cerciorarse de dicho cumplimiento. Adicionalmente a ello, se propone dotar al Servicio de Administración Tributaria de amplias facultades para acceder a la información tanto de contribuyentes como de terceras personas, elemento imprescindible para la fiscalización efectiva en la realidad actual.

El amplio acceso a la información de particulares que tendrá el Servicio de Administración Tributaria exige que se prevea de manera explícita los términos en que se resguardará la confidencialidad de la misma.

En términos de autonomía de gestión, este organismo contará con una junta de gobierno integrada por siete miembros, cinco de los cuales ---entre los que se incluirá el presidente del organismo, quien también la presidirá--- serán nombrados a propuesta del Presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente. Los otros dos miembros de la junta serán representantes de la secretaría del despacho encargada de la Hacienda Pública Federal.

En cuanto al periodo de duración del encargo de los cinco integrantes de la junta nombrados a propuesta del Presidente de la República, de acuerdo con las circunstancias particulares de este ente, que difieren de los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero, se propone fijarlo en plazos de siete años para cada uno de ellos y, para proveer a la mayor autonomía, se prevé expresamente que dichos periodos deban ser escalonados.

Asimismo, el propio estatuto fijaría las reglas institucionales que le permitan al Servicio de Administración Tributaria ejercer la autonomía administrativa y técnica necesaria, que le dé certidumbre de largo plazo en el manejo y asignación de su propio patrimonio y que además le dé flexibilidad para destinar sus recursos presupuestales hacia aquellos proyectos de mayor impacto en la promoción del cumplimiento voluntario y en la recaudación.

La autonomía del nuevo órgano es una condición necesaria, mas no suficiente, para aumentar la recaudación y combatir la evasión fiscal y el contrabando. Si bien es cierto que con un arreglo institucional como el que se propone para el Servicio de Administración Tributaria se sientan las bases para una gestión operativa más independiente, profesional y eficiente, en ningún momento esta propuesta sustituirá a otras reformas operativas, como las que actualmente se llevan a cabo en materia de los procesos de esta institución.

La autonomía del Servicio de Administración Tributaria, paralelamente con esfuerzos de reingeniería de procesos y de sistemas de información, ofrece instrumentos institucionales y administrativos de primer orden para avanzar de una manera más eficiente hacia una administración tributaria más moderna y confiable, que permita aumentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, fortalecer la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal y el contrabando, en un marco de autonomía técnica y presupuestal, a través de un cuerpo profesional y especializado de funcionarios capaz de ganar la confianza y el reconocimiento de los contribuyentes, y de favorecer un clima de negocios competitivo a empresas e inversionistas nacionales e internacionales.

Finalmente, para la autonomía de los organismos a que se refieren los párrafos que, por virtud de la presente iniciativa, se proponen adicionar a los artículos 25 y 31 constitucionales, se incluyen los siguientes elementos comunes en ambos artículos:

A fin de proveer a la cabal ejecución de las decisiones y actos de estos organismos, se deberá reconocer en la ley respectiva la relación que aquéllos guardarían con las demás instancias que ejerzan actos de autoridad sobre los particulares, con el fin de que no invadan sus respectivas esferas de competencia. Ante esto, se hace expreso el auxilio que las demás autoridades, sean del ámbito federal, estatal y municipal, deberán prestar a esos organismos para el cumplimiento de sus funciones.

En lo que respecta a los recursos que sostengan a todos estos organismos, se señala en el respectivo texto constitucional que su presupuesto deberá prever aquellos recursos que permita, al menos, la continuidad de su gasto operativo entre año y año y cubrir sus necesidades mínimas de inversión. De esta forma, el régimen jurídico asegurará la operación continua de estos organismos de un año a otro, así como las inversiones que sean necesarias para cumplir con su objeto.

En cuanto a la fuente de sus ingresos, es necesario que los organismos cuenten con un patrimonio o ingreso estatutario. En el caso de las comisiones supervisoras y reguladoras del sistema financiero, lo lógico es que esa fuente de ingresos sea en gran medida las cuotas de inspección a cargo de los participantes del sistema.

La referencia al apartado B del artículo 123 constitucional tiene como propósito establecer que las relaciones laborales entre cada uno de estos organismos y sus trabajadores se rijan por este precepto ya que, de no existir esta referencia y al dejar de ser estos organismos entidades de la Administración Pública Federal, no estarían en el supuesto a que se refiere el texto vigente de dicho apartado.

A los órganos autónomos les sería aplicable el régimen de responsabilidades de servidores públicos, con la administración y aplicación que se prevean en las leyes. La ley reglamentaria preverá que tales organismos tendrán que presentar informes ante el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de sus objetivos y funciones, así como rendir cuentas ante el Poder Legislativo sobre el ejercicio de su presupuesto.

A su vez, a fin de garantizar que los presidentes de estos organismos y los demás miembros de las respectivas juntas de gobierno determinados en los propios artículos constitucionales ejerzan su encargo con la mayor independencia posible, se establece que solo podrán ser removidos por causa grave, ser sujetos de juicio político previsto en el artículo 110 de la Constitución y, para proceder penalmente contra ellos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, se deberá agotar el procedimiento señalado en el artículo 111 de la misma.

Finalmente, a fin de aclarar la legitimidad que estos órganos tendrían en las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 constitucional, se propone dejar expresa esta calidad.

En virtud de lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de:

Decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se adicionan ocho párrafos al final del artículo 25 y al final de la fracción IV del artículo 31, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 25.- ...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado contará con tres organismos supervisores y reguladores de las personas físicas o morales que participen en el sistema financiero, divididos por servicios, que se denominarán Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, estarán dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios y serán autónomos en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será promover el sano desarrollo del sistema financiero, procurar que las entidades y demás participantes en éste den cumplimiento a las leyes de la materia y operen de forma sana y segura, a través de medidas preventivas y acciones correctivas, para mantener la estabilidad y confianza en el sistema.

La ley determinará los objetivos específicos y las funciones de cada uno de dichos organismos. Éstos tendrán, entre otras, las atribuciones necesarias para regular y supervisar a las personas que realicen las actividades previstas en la ley financiera aplicable; otorgar y revocar las autorizaciones de las entidades que integran el sistema financiero; evaluar su solvencia económica e intervenir su gerencia cuando aquella esté en peligro; proveer a la observancia de la ley en la materia; imponer sanciones y medidas precautorias y realizar actos de inspección y vigilancia, para lo cual podrán practicar visitas domiciliarias y acceder a la información y documentación de las entidades y terceras personas, guardando la confidencialidad que la misma ley disponga.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar el auxilio que requieran los organismos supervisores y reguladores para el cumplimiento de sus funciones.

La conducción de los organismos estará a cargo de su respectiva junta de gobierno y presidente. La ley establecerá los procedimientos de designación y remoción de los integrantes de la junta de gobierno de cada organismo, así como los requisitos que ellos deberán reunir, de acuerdo con lo señalado en este precepto. Cada junta de gobierno estará integrada por los siguientes siete miembros: los tres presidentes de los propios organismos, el secretario del despacho encargado de la Hacienda Pública Federal, quien presida el órgano que esté a cargo de la conducción del Banco Central y dos personas que serán designadas por mayoría de los otros cinco miembros.

Los presidentes de los organismos supervisores y reguladores lo serán también de sus respectivas juntas de gobierno; serán nombrados a propuesta del Presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en receso de ésta, de la Comisión Permanente. Los presidentes de los organismos, así como los dos miembros de cada junta de gobierno designados por mayoría de los demás, desempeñarán sus encargos por periodos de ocho años por cada uno, escalonados entre todos los presidentes y, por cada organismo, entre su presidente y los dos miembros respectivos; solo podrán ser destituidos por causa grave y ser sujetos de juicio político seguido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y, para proceder penalmente contra ellos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, se deberá agotar el procedimiento señalado en el artículo 111 de la misma.

Los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero tendrán autonomía presupuestaria y deberán contar con los recursos necesarios para garantizar que se cubra, al menos, su gasto operativo año con año, así como sus necesidades de inversión.

Las relaciones laborales entre los organismos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, de esta Constitución. La Ley establecerá el régimen de responsabilidades de dichos trabajadores.

Los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero se considerarán entes legitimados para intervenir en las controversias constitucionales a las que se refiere el artículo 105, fracción I, de esta Constitución.''

``Artículo 31.- ...

...

IV. ...

El Estado contará con un organismo autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Servicio de Administración Tributaria y cuyo objetivo primordial será encargarse, por cuenta de la Federación, de la recaudación y asuntos aduaneros.

Este organismo se ocupará, en calidad de autoridad administrativa, de aplicar las leyes federales fiscales y aduaneras; emitir disposiciones de carácter general para proveer la observancia de dichas leyes; establecer medidas tendientes a procurar su adecuado cumplimiento y, para ello, tendrá, entre otras y en los términos que establezcan las leyes, facultades de inspección, económico coactivas y de imposición de sanciones, para lo cual podrá acceder a la información, libros, papeles y documentación de los contribuyentes y de terceras personas, guardando la confidencialidad que las mismas dispongan.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar el auxilio que requiera el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus funciones.

La conducción del Servicio de Administración Tributaria estará a cargo de una junta de gobierno y un presidente. La ley establecerá los procedimientos de designación y remoción de los integrantes de la junta de gobierno, así como los requisitos que ellos deberán reunir, de acuerdo con lo señalado en este precepto. La junta de gobierno estará integrada por los siguientes siete miembros: el presidente del organismo, quien la presidirá, más cuatro miembros que, al igual que aquél, serán nombrados a propuesta del Presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente, así como dos representantes de la secretaría del despacho encargada de la Hacienda Pública Federal.

Cada uno de los cinco integrantes de la junta nombrados a propuesta del Presidente de la República desempeñará su encargo por periodos de seis años escalonados entre ellos, solo podrá ser removido por causa grave y ser sujeto de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y, para proceder penalmente contra él por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, se deberá agotar el procedimiento señalado en el artículo 111 de la misma.

Las relaciones laborales entre el Servicio de Administración Tributaria y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, de esta Constitución. La ley establecerá el régimen de responsabilidades de dichos trabajadores.

El Servicio de Administración Tributaria tendrá autonomía presupuestaria y deberá contar con los recursos necesarios para garantizar que se cubra, al menos, su gasto operativo año con año y sus necesidades de inversión.

El Servicio de Administración Tributaria se considerará ente legitimado para intervenir en las controversias constitucionales a las que se refiere el artículo 105, fracción I, de esta Constitución.''

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En tanto se expiden las leyes reglamentarias de los artículos 25, noveno párrafo, y 31, fracción IV, segundo párrafo, de esta Constitución, continuarán en vigor la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como los artículos 108-A, 108-B, 108-C y 109 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el artículo 69 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el Capítulo II de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Las leyes reglamentarias de los párrafos que se adicionan a los artículos 25 y 31, fracción IV, por virtud del presente decreto deberán prever la transformación de los órganos desconcentrados denominados Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y Servicio de Administración Tributaria en los organismos correspondientes a que se refiere este decreto.

Tercero.- Los primeros periodos de los presidentes de los organismos autónomos que se crean por virtud de los artículos 25 y 31 adicionados conforme al presente decreto concluirán al finalizar los siguientes años: 2014 para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2012 para el de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2010 para el de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 2009 para el del Servicio de Administración Tributaria.

Respecto de los organismos autónomos señalados por el artículo 25 citado, la ley fijará los primeros periodos de los miembros de las respectivas juntas de gobierno que sean designados por mayoría de los demás conforme a dicho artículo. Los primeros periodos de los cuatro miembros de la junta de gobierno del Servicio de Administración Tributaria señalado en el artículo 31 constitucional, fracción IV, adicionado por este decreto, que sean designados a propuesta del Presidente de la República conforme a dicho artículo, vencerán los días 31 de diciembre de 2006, 2008, 2010 y 2012 y, para ello, el propio Ejecutivo Federal señalará cuál de esos periodos corresponderá a cada miembro.

Cuarto.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes reglamentarias de los párrafos adicionados por este decreto a los artículos 25 y 31, fracción IV, de esta Constitución y las demás necesarias para llevar a cabo la autonomía conferida a los organismos previstos en dichos párrafos.

Quinto.- El presupuesto que se le asigne al Servicio de Administración Tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, adicionado por este decreto, para el primer ejercicio de sus funciones deberá comprender los costos que sea necesario erogar para el inicio y modernización de sus operaciones como organismo autónomo.

Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el inciso d) del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social.La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el inciso d) del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica el inciso d) del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero: Una de las mayores bondades del sistema de seguridad social en el derecho mexicano, es sin duda el de las pensiones a que se hacen acreedores los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual se garantiza una mínima subsistencia para atender a las más elementales y básicas necesidades al momento en que les resulta muy difícil realizar alguna actividad remunerada.

Segundo: La Ley del Seguro Social vigente contiene actualmente disposiciones relacionadas con ello. No obstante, resultan insuficientes para incluir a todos aquellos que, por una u otra razón, se encuentran impedidos para dedicarse a un trabajo que les permita obtener ingresos que hagan menos penoso el tránsito vital, sobre todo si consideramos el estado anímico que a muchos de ellos les invade al verse imposibilitados para ejercer su derecho constitucional de dedicarse a una actividad laboral y ser plenamente útiles a la sociedad, en virtud de que se encuentran en un estado de edad en la que las empresas consideran que ya no tienen capacidad física para desempeñar un empleo.

Tercero: Entre otras disposiciones específicas, el 20 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social'', por medio de las cuales se aumentó la cuantía de las pensiones de los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez.

Cuarto.- Igualmente, el 5 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto transitorios del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2001'', con objeto, entre otros, de incorporar como beneficiarios de los incrementos dispuestos en el artículo décimo cuarto transitorio, a los pensionados del seguro por riesgos de trabajo, cuando el pensionado tenga 60 años o más de edad.

Quinto.- A pesar de lo anterior, es obvio que aún queda pendiente de atender un aspecto de equidad en relación con aquellos que, contando con 45 años o más también son pensionados por riesgos de trabajo, y no obstante no tienen la más mínima posibilidad de incorporarse a desempeñar trabajo remunerado, pues los efectos en ese caso son iguales al no contar con un ingreso complementario de la pensión que el Estado puede proporcionarles.

Sexto.- Por lo anterior, resulta indispensable que esta Soberanía acuda en apoyo de este sector de la población beneficiaria del sistema de seguridad social de nuestro país, expidiendo una disposición que incorpore a los pensionados por riesgos de trabajo incluidos los de invalidez parcial o permanente, y que cuenten con 45 años de edad o más, ya que, de aprobarse la presente iniciativa, nuestro sistema de seguridad social garantizaría que tales pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social tengan un ingreso de, por lo menos, una pensión equivalente a un salario mínimo, pues la dificultad para obtener ingresos por trabajo remunerado es igual tanto para ellos como para los adultos mayores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a este honorable Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el inciso d) del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

``Décimo Cuarto. ...

a) ...

b) ...

c) ...

d).- Para los pensionados del seguro de riesgos de trabajo incluidos los de invalidez parcial o permanente, con edad de 45 años de edad o más y con cuantía de pensión equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o menor de esa cantidad, el monto de su pensión será el que resulte de multiplicar la pensión que reciban el 31 de Diciembre de 2003, o la que se determine al otorgarla si es después de esa fecha, por el factor de 1.11, y...''

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El pago correspondiente a esta reforma se efectuará a más tardar el 1° de febrero de 2006. Los recursos para dar cumplimiento a lo dispuesto por este Decreto, deberán ser previstos por la honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tercero.- Los incrementos a los que se refiere esta modificación deberán ser aplicados retroactivamente en aquellas pensiones que no fueron contempladas en las reformas a la Ley del Seguro Social aprobadas el 20 de diciembre de 2001 y 20 de diciembre de 2003.''

Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO - ESTATUTO DE LA ORGANIZACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el señor diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

El diputado José Luis Medina Lizalde: Con su venia, señor diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado José Luis Medina Lizalde: El que suscribe, José Luis Medina Lizalde, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución quiere hacer una reflexión compartida con ustedes: el debate entre poderes llegó para quedarse, y el debate en los medios de comunicación exige una organización previa, que en el pasado no era relevante. Pero también exige garantías de que la comunicación institucional de la honorable Cámara de Diputados reúne requisitos que den certeza al ciudadano de que la información que recibe de la misma es veraz y sin sesgo partidista.

Así las cosas, la evolución de la situación política de México, la modificación de la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo y los cambios sustanciales no fueron acompañados por una previsión en materia de comunicación social. De tal manera que el responsable de comunicación social está subordinado a la Mesa Directiva, que se releva cada año.

Y tenemos un factor de disfuncionalidad porque no es posible que un estratega de la comunicación social o que un ejecutor de un programa de comunicación social tenga las posibilidades de planeación y realización que requiere un esfuerzo de esta naturaleza si solamente dispone de 12 meses escasos para formular y realizar su política. Además, en los hechos la subordinación del titular de comunicación social es al Presidente de la Mesa Directiva. Así, la posibilidad de uso partidista de los recursos públicos que se destinan a la comunicación social de la Cámara es infinita. Desde la oficina de comunicación social se puede privilegiar a los medios afines, se puede promover a los actores políticos afines y se puede debatir con otros poderes en función también del perfil político del Presidente en turno. Hago un reconocimiento al esfuerzo que hace la Coordinación de Comunicación Social: he advertido mejoras sustanciales con relación al periodo inicial de esta Legislatura, pero me parece que estamos indefensos en el debate del Poder Ejecutivo porque no tiene la coordinación condiciones para tener eficacia en ese terreno. La diferencia con el Senado es impresionante. Pero en el Senado el responsable de la comunicación social, por una circunstancia que desconozco, tiene ocho años en el encargo; eso le ha dado continuidad y eso ha dado al Senado una más exitosa política de comunicación que la que tiene la Cámara de Diputados, como lo suelen reflejar las encuestas de imagen a la hora en que se detecta la percepción social sobre nuestras tareas.

Por ello en esta iniciativa estamos proponiendo que el Comité de Comunicación Social se convierta en el conductor real de la política de comunicación porque ahí están todas las fracciones parlamentarias. Su funcionamiento es infinitamente más democrático que el de cualquier mesa directiva, y las posibilidades de que entre todas las fracciones construyan la política de comunicación social van a elevar el grado de institucionalidad de la misma.

Proponemos que el responsable, el coordinador de Comunicación Social, dure cuatro años, sin posibilidades de repetir; que dure cuatro años para desengancharlo de los intereses coyunturales de quien preside la Cámara de Diputados. Y proponemos además que esta política se desarrolle con base en planes y programas previamente aprobados por el Pleno.

La Coordinación de Comunicación Social gasta varias veces más recursos que los que gasta el Canal del Congreso. El Canal del Congreso es el único medio televisivo en el país que, desde el 1 de noviembre del año en curso, está trasmitiendo durante las 24 horas, capacidad que no logra Televisa, que no logra Televisión Azteca, de trasmitir programas, ¿verdad? Porque, bueno, las empresas privadas en las madrugadas suelen ocupar esos espacios con mensajes comerciales. Nosotros tenemos una programación y tenemos nuestra presencia al aire, a partir del 1 de noviembre, las 24 horas. Sin embargo, la precariedad de recursos del Canal del Congreso contrasta con una mayor disposición de los mismos para la política de comunicación social; es decir, para contratar los medios comerciales.

Estamos practicando la misma política que le criticamos al Ejecutivo. Destinamos más recursos a las empresas privadas de la comunicación que los que le destinamos al fortalecimiento del Canal del Congreso; y eso debe ser motivo de una severa reflexión. La incertidumbre en que realiza su trabajo la Coordinación de Comunicación Social se ha convertido hoy por hoy en el obstáculo principal para que tengamos una eficacia en ese terreno porque democracia significa debate cotidiano entre poderes, pero nosotros queremos que las posturas que, en nombre de todos nosotros, se emiten a través de la Coordinación de Comunicación Social sean posturas institucionales y sin sesgo partidista, lo cual no significa que estemos insinuando que en estos momentos se hace.

Quiero aclarar que lo hacemos sin que eso implique que estemos haciendo un señalamiento al respecto porque lo diríamos transparentemente. Estamos previendo para el futuro, y ojalá la propuesta sea motivo de una sesuda reflexión de ustedes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, José Luis Medina Lizalde, en su carácter de diputado federal en la LIX Legislatura del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan los artículos 46 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como se reforman y adicionan los artículos 62 y 64 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las obligaciones primordiales del Estado es la de garantizar el derecho a la información por los sectores público, privado y social, orientadas al desarrollo de las personas que integran la comunidad que lo conforma. Como forma de organización social, es el encargado de velar porque a todo ciudadano se le puedan proporcionar tales condiciones para ser informado y enterado de las acciones realizadas por los poderes públicos que afectan su entorno, entendiéndose como un Estado democrático, no solamente con una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Los derechos fundamentales y, particularmente, las libertades de expresión e información constituyen con sus naturales matices y alcances, una garantía jurídica que tiene como ámbito de regulación y protección en común la Constitución, convirtiéndose en un bien social y jurídico de la democracia y formando parte de los principios esenciales que reivindica el derecho natural.

En los Estados democráticos del mundo, se preservan las libertades de expresión y de información, integrándose esta última con los derechos a recibir información y a difundirla; entendiéndose como el derecho a recibir información de interés público susceptible de permitir la conformación de la opinión pública libre, consustancial a un Estado democrático de derecho, donde dicha entidad realicé acciones tendientes a evitar que intereses económicos o políticos puedan obstaculizar la libre recepción informativa de interés público y abstenerse de crear impedimentos reglamentarios que dificulten o impidan el ejercicio del derecho de los individuos a su libre recepción.

En México, la obligación del Estado a garantizar el derecho a la información ciudadana, es una garantía constitucional tutelada por el Estado y consagrada en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna, teniendo como única limitante, el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

De igual manera, el Congreso de la Unión, como depositario del poder legislativo, tiene la obligación de realizar la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les encomienden, según lo establece el artículo 130 del ordenamiento legal citado.

Dicha difusión de las actividades realizadas por la cámara de Diputados, se encuentra a cargo de la Coordinación de Comunicación Social, de acuerdo con lo establecido por el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como funciones: servir de enlace con los medios de comunicación y ser la responsable del programa de publicaciones, dependiendo dicha Coordinación de la Presidencia de la Mesa Directiva.

En este orden de ideas, la relevancia de este órgano técnico de la Cámara de Diputados, obliga a que esta Soberanía a garantizar su conducción institucional, supeditando su actuar, bajo los principios de: veracidad, oportunidad, objetividad y suficiencia en la información, logrando así el cumplimiento eficaz de la función de coordinación de las políticas de difusión, programación e imagen de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no obstante que la Cámara de Diputados cuenta con un órgano de esta naturaleza, en los últimos años el Poder Legislativo ha sido objeto de una serie de embates, descalificaciones y criticas provenientes de diversos actores políticos y sociales, pero más aun del Ejecutivo federal, quienes a través de los medios masivos de comunicación han desinformado a la ciudadanía, logrando debilitar cada vez más la imagen y credibilidad de este cuerpo colegiado, que verdaderamente tiene la representatividad de todos los mexicanos, no habiéndose llevado a cabo hasta el momento una consecución en la formulación y ejecución de los programas de comunicación social de la cámara, que permitan una difusión sistemática y adecuada de las actividades legislativas, a través de los diversos medios de comunicación; citando como ejemplo el desaprovechamiento de los tiempos de Estado otorgados a este poder durante el año pasado, y que durante casi cuatro meses no fueron utilizados, debido a la omisión del anterior titular de la Coordinación de Comunicación social, siendo esta información vertida por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, en su comparecencia ante Comisiones, el pasado 29 de julio de 2004, donde dicho funcionario manifestó que durante dicho lapso de tiempo, la Cámara de Diputados no envió el material correspondiente para difundir las actividades legislativas de los diputados federales.

Dentro de las acciones que hemos realizado en esta Cámara de Diputados encaminadas a la solución de la problemática existente en el área de comunicación social, se encuentra la constitución del Comité de Comunicación Social, el cual fue aprobado el día 18 de marzo del año 2004, y que fue integrado de manera plural por legisladores de todos los grupos parlamentarios que integramos esta Legislatura, teniendo como objeto de su constitución, el establecer los lineamientos sobre las políticas de comunicación social de la Cámara de Diputados, las cuales se encaminarán a exhortar y facilitar a las diversas instituciones dedicadas a la difusión de información, para que desarrollen sus actividades.

Este Comité ha realizado numerosas actividades tendientes al mejoramiento de la comunicación social de la cámara, así como a la profesionalización de las personas encargadas de esta difícil tarea, llevando a cabo diversos foros y cursos, encaminados a impulsar una política de comunicación social de carácter institucional al servicio de la sociedad mexicana, ajena a los intereses de los partidos que encabecen la mesa directiva en turno, tratando de mejorar la imagen de los legisladores y posicionar a la Cámara de Diputados como factor esencial en la discusión de la problemática nacional.

Derivado de todo lo anterior, es que se propone mediante la presente iniciativa, instituir al Comité de Comunicación Social como órgano multipartidista responsable de coordinar y ser el enlace de la difusión de los trabajos de la Cámara de Diputados, así como de dictar los lineamientos necesarios para la correcta difusión, programación e imagen de los trabajos de la cámara; por lo que se propone, se adicione un numeral 5, al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se instituya dicho Comité.

De igual forma, se propone la desincorporación de la Coordinación de Comunicación Social del ámbito de la Presidencia de la mesa directiva, estableciéndose dentro del ámbito del Comité de Comunicación Social, a fin de darle pluralidad en la toma de decisiones que afecten su funcionalidad y que a través de los grupos parlamentarios que integran ésta Cámara, se vigile su correcto funcionamiento, en estricto apego a la normatividad relativa; estableciéndose la disposición expresa que mandate al Comité de Comunicación Social, conjuntamente con la Coordinación de Comunicación, para que formulen y ejecuten ambos órganos el programa de comunicación social de la cámara de Diputados, por lo que resulta necesario modificar y adicionar el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Toda vez que las modificaciones planteadas a la Ley en cita se relacionan directamente con lo establecido por los artículos 62 y 64 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, es necesario adecuar dichos ordenamientos a la reforma legal planteada, siendo necesario modificar el inciso a) del articulo 62, estableciéndose dentro de las funciones y tareas que tiene encomendadas el titular de la coordinación de comunicación social, será la de auxiliar al Comité de Comunicación Social en la formulación y ejecución del programa de comunicación social de la cámara, que permita una difusión sistemática y adecuada de las funciones legislativas, a través de los medios de comunicación.

De igual manera, se propone la modificación relativa al último párrafo del artículo en cita, donde se señale que el Titular de la Coordinación de Comunicación Social, será sustituido en sus ausencias por el funcionario que designe el Comité de Comunicación Social.

Por lo que hace al artículo 64 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, se propone adecuar su texto al conjunto de reformas planteadas, reiterando que la Coordinación de comunicación Social se ubica en el ámbito del Comité de Comunicación Social, señalando además que el titular de la Coordinación será designado por el Pleno de la Cámara a propuesta del Comité.

Asimismo, se propone ampliar el periodo de duración del cargo del titular de la Coordinación de Comunicación Social y derogar la disposición que le otorga la posibilidad de reelección, toda vez que actualmente dentro de lo establecido por el primer párrafo del articulo 64 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, se señala que dicho titular durara en su encargo por el término de una legislatura y podrá ser reelecto, disposición que en los hechos entorpece aun más el eficaz cumplimiento de las funciones del titular de la coordinación de comunicación, toda vez que la norma contribuye a que dicho funcionario al ser designado por el término de una legislatura, obviamente obedecerá a los intereses del grupo parlamentario que haya apoyado en mayor grado su designación y en consecuencia pierda su calidad institucional con respecto al órgano legislativo, razón por la cual al proponerse la ampliación en el periodo del termino de su función, se busca otorgar mayor seguridad jurídica a la persona que ocupe dicho cargo y por ende propiciar un mejor desempeño institucional en sus actividades, garantizando en el ámbito de su competencia, la correcta y equitativa difusión de la información que se genera en esta Cámara de Diputados; por lo que se propone en la presente iniciativa, ampliar de tres a cuatro años el periodo de la duración del encargo de dicho funcionario, sin posibilidad de reelección.

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 46 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como se reforman y adicionan los artículos 62 y 64 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 46 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículos 1. a 45. (...)

Artículo 46.

1. a 4. (...)

5. Para dictar los lineamientos y coordinar las políticas de difusión, programación e imagen de la Comunicación Social de la Cámara de Diputados, se formará el Comité de Comunicación Social.

Artículos 47. a 53. (...)

Artículo 54.

1. La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de comunicación, y es responsable del programa de publicaciones. La Coordinación depende del Comité de Comunicación Social. Su organización y funciones, así como la designación de su titular y del personal que la integre, se rige por lo dispuesto en el Estatuto.

2. La Coordinación de Comunicación Social, tendrá la obligación de formular y ejecutar conjuntamente con el Comité de Comunicación Social, el programa de comunicación de la cámara de Diputados, garantizando que la información que se proporcione se realicé de manera veraz, oportuna y suficiente.

Artículos 55. a 135. (...)

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el inciso a), y el último párrafo del artículo 62, del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, así como el artículo 64 del citado ordenamiento, para quedar en los siguientes términos:

Artículos 1. a 61. (...)

Artículo 62.

Al titular de la Coordinación de Comunicación Social le corresponden las funciones y tareas siguientes:

a) Auxiliar al Comité de Comunicación Social en la formulación y ejecución del programa de comunicación social de la Cámara, que permita una difusión sistemática y adecuada de las actividades legislativas, a través de los medios de comunicación;

b) a f) (...)

El titular de la Coordinación de Comunicación Social, será sustituido en sus ausencias por el funcionario que designe el Comité de Comunicación Social.

Artículo 63. (...)

Artículo 64.

La Coordinación de Comunicación Social se ubica en el ámbito del Comité de Comunicación Social, su titular será designado por el Pleno a propuesta de dicho Comité, por las dos terceras partes de los diputados presentes y durará en su encargo cuatro años, sin posibilidad de reelección.

Artículos 65 a 158 (...)

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité de Comunicación Social, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, expedirá los lineamientos básicos que deberá de observar la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, para el correcto y eficaz cumplimiento de sus funciones; así como para la programación, difusión y publicación de los trabajos de la Cámara.

Tercero. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el Comité de Comunicación Social de la LIX Legislatura, en los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en vigor de la presente reforma, expedirá las bases del procedimiento de selección del nuevo titular de la Coordinación de Comunicación Social, para su correspondiente propuesta al Pleno de la H. Cámara de Diputados, a mas tardar 45 días posteriores a la publicación de dichas bases.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.--- Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la unidad académica de Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados del señor diputado José Eduviges Nava Altamirano, del distrito XXXVI del estado de México; sean bienvenidos.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día, en el primer turno posible, de la presente sesión del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 del la Ley de Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada María Esther Scherman Leaño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputada.La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño: Con el permiso de la Presidencia:

«Iniciativa que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la diputada María Esther Scherman Leaño, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 10 de noviembre de 2005

Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales y, en ejercicio de la facultad que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos ante esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 28 de junio del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un inciso h) a la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mediante el cual se considera como exportación sujeta a la tasa de 0% a los servicios de atención en centros telefónicos de llamadas originadas en el extranjero contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México.

No obstante lo anterior, se considera que al amparo de esta medida pueden beneficiarse indebidamente centros telefónicos que presten servicios diferentes a los de atención telefónica, es decir, que otorguen servicios de telecomunicaciones a residentes en México que temporalmente se encuentren en el extranjero y que realicen llamadas telefónicas a través de dichos centros, con cargo al recibo telefónico local o mediante tarjetas de prepago, lo cual no implica que dicho servicio deba ser considerado como una exportación.

Asimismo, tomando en cuenta que la aplicación de esta medida erosiona la base gravable del impuesto e incrementa el número de prestadores de este tipo de servicios, y que ello tiene un impacto negativo en los ingresos del fisco federal, en detrimento del gasto público, los suscritos consideramos conveniente eliminar del artículo 29 el supuesto mediante el cual se considera como exportación a los servicios de atención de llamadas que se proporcionan en los denominados call center.

Por lo anterior sometemos a su consideración el siguiente

Proyecto de decreto que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

``Artículo 29. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) a g) ...

h) (Se deroga).

...''

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2006.

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Diputados: Wintilo Vega Murillo, María Esther Scherman Leaño, José Luis Flores Hernández, Francisco Suárez y Dávila, Francisco Arroyo Vieyra, Enrique Escalante Arceo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, José Alarcón Hernández.»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre.El diputado Guillermo Velasco Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: en el territorio mexicano convive gran diversidad de especies de fauna que, en conjunto, integran la megadiversidad que caracteriza nuestro país. Además, nuestro país también ha sido centro receptor de diversas especies no nativas, las cuales se han establecido permanentemente o entran temporalmente en el territorio. Si bien México cuenta con gran variedad de ecosistemas, en los cuales diversos especímenes fácilmente se pueden adaptar, también es cierto que esa biodiversidad está siendo amenazada por múltiples factores; y el ritmo de extinción de especies se sigue incrementando. La diversidad de ecosistemas y de especies de flora y fauna es frágil y vulnerable, lo cual facilita y acelera el ritmo de pérdida de biodiversidad. Los factores de extinción pueden ser tanto directos como indirectos. Como ejemplo del primero podemos mencionar la sobreexplotación de las poblaciones silvestres, mientras que la destrucción y modificación del hábitat constituyen factores indirectos. Otro importante elemento es la introducción de especies exóticas.

De hecho, se calcula que aproximadamente 17 por ciento de las extinciones de especies animales en tiempos históricos en todo el mundo pudo ser generado por la introducción de especies exóticas. De acuerdo con algunos especialistas, más de la mitad de las 176 extinciones de aves, desde el siglo XVII, se han debido a eso. Algunas estimaciones indican que aproximadamente 93 por ciento de los anfibios y reptiles, 29 por ciento de mamíferos y 93 por ciento de las aves extintas fueron especies insulares. En muchos casos, esas extinciones fueron ocasionadas o relacionadas con la introducción de especies exóticas. Sin embargo, Groombridg plantea que el porcentaje de extinciones de mamíferos desde 1600, correspondientes a especies insulares, es cercano a 58 por ciento, derivado en gran parte nuevamente por la introducción de especies no nativas.

En particular, las aves son el grupo de vertebrados terrestres que mayor número de extinciones ha registrado en nuestro país. Existen numerosos ejemplos sobre el impacto que han generado los vertebrados exóticos a lo largo del mundo. Esos vertebrados pueden ejercer también su impacto sobre los ecosistemas naturales o seminaturales a través de la competencia y la introducción de enfermedades o parásitos en las poblaciones de animales nativos, algunas de las cuales pueden ser transmitidas incluso al ser humano.

Un ejemplo de lo anterior es la transmisión del paludismo aviar introducido por aves exóticas, identificada como una de las principales causas de extinción de aves nativas en Hawai. Por esa razón, es de gran importancia contar con estrictas medidas de control para permitir el ingreso de especies en el territorio. Una de ellas es la cuarentena, la cual es definida como el encierro de animales aparentemente sanos bajo condiciones controladas. En ella se requieren instalaciones de alta seguridad para la movilización de animales, ya sea nacional o internacional. Siguiendo una práctica universal, el animal recién llegado no ingresa directamente en los ambientes de exhibición y estadía. En la cuarentena se examina su condición física, se diagnostica y trata cualquier alteración patológica, se combaten los parásitos y se vigila atentamente el comportamiento del animal para descartar anormalidades de todo tipo. En especial, es de gran importancia descartar la posibilidad de que el animal sea portador de enfermedades contagiosas, que podrían amenazar la seguridad del resto de los animales. Si se desconocen las limitaciones de la cuarentena, podría inadvertidamente introducirse una plaga o una enfermedad, que pondría en peligro a la ganadería y agricultura, así como la flora y la fauna silvestres mexicanas.

México se encuentra libre de muchas de las enfermedades y plagas existentes en otras regiones del mundo: algunas enfermedades y plagas, como la encefalopatía bovina, la fiebre aftosa y la palomilla oriental de la fruta, se han conseguido mantener fuera de nuestro país gracias a esas acciones. Un buen programa de manejo para el mantenimiento de animales exóticos en cautiverio debe incluir un protocolo de cuarentena; y una buena cuarentena es el componente principal de un programa de medicina preventiva en cualquier colección de animales no nativos.

Esto es especialmente cierto cuando se trata con animales como las aves, que cuentan con capacidad innata para esconder los síntomas de sus diferentes enfermedades. Debido a que la cuarentena implica confinar y aislar a un espécimen por un tiempo determinado, es necesario establecer las medidas mínimas de trato digno y respetuoso de la fauna silvestre. Un factor importante que se debe normar son las instalaciones y condiciones de confinamiento.

El alojamiento debe contribuir a la salud general de los animales y evitarles todo malestar innecesario, para lo cual debe asignarse a cada animal, de acuerdo con la especie, un espacio adecuado, preservando mínimas condiciones de higiene y de protección contra depredadores, roedores y otras plagas, además de establecer condiciones apropiadas de temperatura, humedad y luz, y una relación del tamaño corporal, evitándose la sobrecarga. Al respecto, diversos estudios han señalado que el lugar idóneo para instalaciones de cuarentena es un área completamente aislada para evitar el contacto físico, prevenir la transmisión de agentes infecciosos y evitar la contaminación por aerosoles y drenaje.

De igual forma, los animales necesitan un protocolo de cuarentena adecuado para las diferentes especies albergadas. El control de la calidad del agua es un punto clave de cualquier cuarentena: debe haber disponible agua de alta calidad. Diversos son los requerimientos para asegurar un trato digno y respetuoso a las especies de fauna silvestre, los cuales no están especificados en la legislación y normatividad actuales. La Ley General de Vida Silvestre, en el Capítulo VI, sobre trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, especifica únicamente que ``cuando de conformidad con las disposiciones en materia deba someterse a cuarentena a cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptarán medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas''. Este artículo no determina las consideraciones mínimas que deben cubrirse cuando se determine aislar en cuarentena a un espécimen de la vida silvestre.

De igual forma, no se exige a la entidad competente que emita las normas correspondientes que delimiten los parámetros con los cuales se va a trabajar en cuarentena. Por tanto, en atención a lo expuesto, respetuosamente someto a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se agrega un párrafo segundo al artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre, quedando como sigue: ``La Secretaría se asegurará de que, en los sitios de cuarentena, los ejemplares vivos de fauna silvestre cuenten con instalaciones necesarias que garanticen un espacio apropiado para el confinamiento, considerando el libre movimiento de las especies y evitándose la sobrecarga, asegurando una alimentación adecuada, previniendo las medidas fitosanitarias y de seguridad necesarias y contando con una supervisión médica de acuerdo con las normas vigentes''.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del PVEM.

Guillermo Velasco Rodríguez, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Antecedentes

Dentro del territorio mexicano, convive una gran diversidad de especies de fauna que en conjunto integran la megadiversidad que caracteriza al país. Aunado a esto, nuestro país también ha sido centro receptor de diversas especies no nativas, las cuales se han establecido permanentemente, o entran temporalmente al territorio.

Si bien México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas en los cuales diversos especimenes fácilmente se pueden adaptar, también es cierto que esta biodiversidad está siendo amenazada por múltiples factores y el ritmo de extinción de especies se sigue incrementando.

Tanto la diversidad ecosistémica y de especies de flora y fauna es frágil y vulnerable, lo cual facilita y acelera el ritmo de pérdida de biodiversidad. Los factores de extinción pueden dividirse en dos tipos principales: directos e indirectos. Como ejemplo del primero podemos mencionar la sobreexplotación de las poblaciones silvestres, mientras que la destrucción y modificación del hábitat constituyen factores indirectos. Un elemento, tanto directo como indirecto, es la introducción de especies exóticas; identificado por numerosos autores como un aspecto importante relacionado con la extinción de especies.1

Las especies exóticas o introducidas son especies que se encuentran fuera de su área de distribución original o nativa, no acorde con su potencial de dispersión natural; término que también puede aplicarse a niveles taxonómicos inferiores, como subespecie exótica.

Se calcula que aproximadamente el 17% de las extinciones de especies animales en tiempos históricos, en todo el mundo, pudo ser generado por la introducción de especies exóticas.2 De acuerdo con algunos especialistas, más de la mitad de las 176 extinciones de aves desde el siglo XVII se ha debido a ello. Algunas estimaciones indican que aproximadamente el 93% de los anfibios y reptiles, el 29% de los mamíferos y el 93% de las aves extintas, fueron especies insulares y en muchos casos estas extinciones fueron ocasionadas o relacionadas con la introducción de especies exóticas3 Sin embargo Groombridg4 plantea que el porcentaje de extinciones de mamíferos (desde el año 1600) correspondiente a especies insulares es cercano al 58% y derivado en gran parte de la introducción de especies exóticas. En particular, las aves son el grupo de vertebrados terrestres que mayor número de extinciones ha registrado en México.5

Existen numerosos ejemplos sobre el impacto que han generado los vertebrados exóticos a lo largo del mundo. De manera particular las islas han sido un claro ejemplo, en donde se han registrado gran número de extinciones de especies y subespecies de roedores y aves a causa de la depredación por especies como perros, gatos o roedores, y la modificación de las comunidades vegetales y alteración del paisaje por herbívoros como cabras y conejos.

Los vertebrados exóticos pueden ejercer también su impacto sobre los ecosistemas naturales o seminaturales a través de la competencia (por interferencia o por recursos) y la introducción de enfermedades y parásitos a las poblaciones de animales nativos; algunas de las cuales pueden ser transmitidas incluso al ser humano. Un ejemplo de lo anterior, es la transmisión del paludismo aviar introducido por aves exóticas e identificado como una de las principales causas de extinción de aves nativas en Hawai.

Es por esta razón que es de gran importancia contar con estrictas medidas de control para permitir el ingreso de especies al territorio, una de ellas es la cuarentena, la cual es definida como el encierro de animales aparentemente sanos bajo condiciones controladas, donde se requieren de instalaciones de alta seguridad, para la movilización de animales ya sea esta interna o internacional. Esta barrera debe ser efectuada por la posible introducción o eliminación del virus, según sea el caso exigiendo en ello, diversos análisis, exámenes y diagnósticos, de acuerdo a la especie y al tiempo que se determine de aislamiento. Algunos especimenes que han sufrido condiciones adversas durante la captura o el cautiverio pueden permanecer largo tiempo de cuarentena mientras recuperan, en la medida de lo posible, su aspecto normal.

Siguiendo una práctica universal, el animal recién llegado no ingresa directamente a los ambientes de exhibición y estadía. En la cuarentena se examina su condición física, se diagnostica y trata cualquier alteración patológica, se combate los parásitos internos y externos y se vigila atentamente el comportamiento del animal para descartar anormalidades de todo tipo. En especial es de gran importancia descartar la posibilidad de que el animal sea portador de enfermedades contagiosas que podrían amenazar la seguridad del resto de los animales. Si se desconocen las limitaciones de la cuarentena podría inadvertidamente introducir una plaga o una enfermedad exótica que pondría en peligro la ganadería y agricultura, así como la flora y la fauna silvestre mexicana.

México se encuentra libre de muchas de las enfermedades y plagas existentes en otras regiones del mundo. Algunas enfermedades y plagas, como la encefalopatía espongiforme bovina (síndrome de las vacas locas), fiebre aftosa, gusano barrenador del ganado, akabane, leucosis viral bovina, enfermedad hemorrágica viral de los conejos, peste porcina africana, gorgojo khapra, palomilla oriental de la fruta, la cochinilla rosada y cabeza amarilla del camarón se han conseguido mantener fuera de nuestro país.

Un buen programa de manejo para el mantenimiento de animales exóticos en cautiverio debe incluir un protocolo de cuarentena y una buena cuarentena es el componente principal de un programa de medicina preventiva en cualquier colección de animales exóticos. Esto es especialmente cierto cuando se trata con animales como las aves que cuentan con una capacidad innata para esconder los síntomas de enfermedad.

Debido que la cuarentena implica confinar y aislar a un espécimen por un tiempo determinado, es necesario establecer las medidas mínimas de trato digno y respetuoso con la fauna silvestre. Un factor importante que se debe de normar son las instalaciones y condiciones de confinamiento. El alojamiento debe contribuir a la salud general de los animales, y evitarles todo estrés innecesario, para lo cual debe asignársele a cada animal, de acuerdo a la especie, un espacio adecuado, preservando mínimas condiciones de higiene y de protección contra depredadores, roedores y otras plagas y estableciendo condiciones apropiadas de temperatura, humedad, luz y una relación al tamaño corporal evitándose la sobrecarga. Deben, también existir instalaciones de cuarentena y aislamientos pertinentes. Normalmente la entrada debe estar restringida a las personas autorizadas. Los animales deben ser alojados en jaulas adecuadas para cada especie.

Al respecto, diversos estudios han señalado que el lugar ideal para instalaciones de cuarentena es un área completamente aislada para poder evitar el contacto físico, prevenir la transmisión de agentes infecciosos y evitar la contaminación por aerosoles y drenaje.

Aunado a lo anterior, una persona debe ser designada para cuidar a los animales cuarentenados. Esta persona deberá de cumplir diversos requisitos. Por ejemplo, la normatividad de argentina exige el uso de ropa apropiada, zapatos cubiertos o botas de hule, para usar específicamente en la cuarentena. Se debe colocar un tapete sanitario con un desinfectante apropiado enfrente de la puerta de cada cuarto de aislamiento y la solución desinfectante se debe reponer diariamente. Las herramientas de limpieza y alimentación deben ser usadas exclusivamente en el área/instalaciones de cuarentena.

De igual forma, los animales necesitan un protocolo de alimentación muy estudiado, adecuado para las diferentes especies albergadas en la cuarentena. De igual forma, el control de la calidad del agua es un punto clave de cualquier cuarentena, debe haber disponible agua de alta calidad.

Diversos son los requerimientos necesarios para asegurar un trato digno y respetuoso a las especies de fauna silvestre, las cuales no están especificadas en la legislación y normatividad actual. La Ley General de Vida Silvestre, en su capítulo VI sobre trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, especifica únicamente que ``cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena a cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptaran las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de acuerdo a sus necesidades''(Artículo 33). Este artículo no determina las consideraciones mínimas que se deben de cubrir cuando se determine aislar en cuarentena a un espécimen de la vida silvestre. De igual forma, no se exige a la entidad competente que emita las normas correspondientes que delimiten los parámetros con los cuales se va a trabajar en cuarentena.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscritos diputados, respetuosamente somete a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se agrega un párrafo segundo al artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Único: Por el que se agrega un párrafo segundo al artículo 33 de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 33.- Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena a cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptaran las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de acuerdo a sus necesidades, evitando causar más estrés.

La Secretaría, se asegurará que los sitios de cuarentena de ejemplares vivos de fauna silvestre cuenten con las instalaciones necesarias que garanticen un espacio apropiado para el confinamiento considerando el libre movimiento de los especimenes y evitándose la sobrecarga, asegurando una alimentación adecuada, previniendo las medidas fitosanitarias y de seguridad necesarias, y contando con una supervisión medica de acuerdo a las normas vigentes.

Transitorios

Transitorio Undécimo.- La Secretaría deberá emitir las normas oficiales correspondientes para la regulación de los ejemplares de fauna silvestre destinados a cuarentena.

Transitorio Duodécimo.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Tomado de Medellín Legorreta, R. A. Vertebrados superiores exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-Conabio. Proyecto U020. México, DF. De acuerdo con algunos trabajos, la introducción de especies exóticas ocupa el segundo lugar en importancia después de la destrucción del hábitat, al actuar de manera sinérgica con los otras amenazas.

2 Groombridge, B. 1992. Global Biodiversity, Status of the Earths Living Resources. Chapman & Hall, London

3 Gerardo Ceballos González, Laura Márquez Valdelamar, Coordinadores. 2000. Las aves de México en peligro de extinción. Conabio - Instituto de Ecología, UNAM - FCE. México.

4 Ibid. Groombridge, B. 1992.

5 Ibid. Ceballos y Márquez-Valdelamar 2000.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de octubre del 2005.--- Diputados: Guillermo Velasco Rodríguez, Leonardo Álvarez Romo (rúbricas).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de actualizar la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades.La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo a fin de actualizar la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de ley con carácter de decreto que propone la adición de las fracciones V a la IX del artículo 121; adición de un segundo párrafo del artículo 123; la modificación del artículo 125, así como la creación de los artículos 131-A y 131-B de la Ley Federal del Trabajo a fin de actualizar la Comisión Mixta Para el Reparto de Utilidades, acorde a la siguiente

Exposición de Motivos

Al trabajar en asuntos derivados de la clase trabajadora, se llega a vislumbrar una serie de injusticias que existen por parte de la clase empresarial hacia la obrera que en nuestra sociedad mexicana detenta la riqueza y el poder, mientras que la trabajadora solo tiene como patrimonio su trabajo.

Así, la evolución del derecho a través de la historia, ha sido el carácter transformador y revolucionario con el objetivo fundamental de hacerlo cada vez más justo a la sociedad en que se aplica, encontrando, en la materia laboral, que las principales reformas logradas en nuestra legislación laboral se han conseguido en muchas ocasiones con la conquista de la clase obrera de nuestro país, sobre todo a través de sus agrupaciones sindicales.

Desde nuestra etapa escolar, universitaria y actualmente legislativa, nos hemos inclinado al estudio laboral y por ende, al llevar a cabo un análisis de la Ley Federal del Trabajo, conforme a las injusticias antes mencionadas, se lleva a cabo esta propuesta a fin que el sector obrero mexicano tenga una justa y equitativa compensación por las labores que presta.

Así, al investigar el área laboral se ha detectado una de muchas lagunas en la Ley Federal del Trabajo, pero que es materia de esta propuesta en el área del reparto de utilidades.

Si bien es cierto que el reparto de utilidades es un derecho o prestación de los trabajadores de una fuente de trabajo en las ganancias que genera la empresa, pero el procedimiento por el cual se realiza el mencionado reparto, aunque si bien es cierto que está previsto en nuestra legislación laboral, en el sentido de que en la fuente de trabajo se creará una Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, en la praxis juris se ha detectado que esa Comisión de carácter mixto, no se lleva a cabo su formación conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo, siendo el patrón o personas de su confianza quienes elaboran el proyecto del reparto de utilidades, formando la supuesta Comisión cuyos miembros solo aparecen firmando dicho proyecto, quedando así ajustado a derecho, pero completamente fuera de la realidad laboral.

Así, al quedar al criterio del patrón el proyecto que en su oportunidad será legal, en la mayoría de los casos se presenta una cantidad de utilidades que en el mayor de los casos es una utilidad menor a la real, incurriendo con ello, incluso, en el delito de evasión fiscal al reportar cantidades menores, motivo por el cual considero que es más justo y legal que para dicho reparto de utilidades nuestra legislación laboral disponga de los requisitos y obligaciones de aquéllos que integren la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, que, conforme a esta propuesta, estaría integrada con representantes del patrón y de los trabajadores, quienes de manera equitativa y bilateral se encargarían de elaborar los proyectos de cada año fiscal para el reparto de utilidades.

Para tal efecto, se propone que la Ley Federal del Trabajo disponga que dicha Comisión estará encargada de realizar las siguientes funciones:

1.- Elaborar la lista de empleados o trabajadores que tienen derecho a percibir el reparto de las utilidades de la empresa para la que prestan sus servicios, dentro de los diez días naturales a la presentación de la declaración anual de actividades por parte de la empresa o patrón.

2.- Solicitar al patrón o representante legal de la empresa, las listas de raya y demás documentación que sirvió de base para la acumulación de salarios y días laborados, a fin de elaborar la lista de raya señalada en el punto que antecede.

3.- Analizar el inventario del equipo utilizado en la administración y elementos humanos de operación de la empresa, que sirvan para elaborar el reparto de utilidades.

4.- Recabar del patrón o representante legal de la empresa, la lista de trabajadores que con carácter de eventuales laboraron para la empresa durante el ejercicio fiscal relativo a la gestión de la Comisión.

5.- Recabar del patrón o representante legal de la empresa, una lista de los funcionarios tanto de los que sí participan de las utilidades como de los que no participan.

Además, se propone adicionar al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo a fin de acumular en las listas de reparto anual de utilidades de la fuente de trabajo, tanto los días relativos a las incapacidades a los trabajadores que se encuentren en los siguientes casos:

a) Madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales; y

b) Trabajadores que sufran incapacidad debido a riesgos de trabajos.

Además, se ha detectado que se hace necesaria una modificación a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 125 en el que deberá de prever la designación de los miembros que habrán de integrar la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades de la fuente del trabajo, en un porcentaje adecuado a la cantidad de trabajadores que representarán en dicha Comisión, así como establecer cuáles serán las funciones de dichos miembros.

También se propone la creación de los artículos 131-A y 131-B en la Ley Federal del Trabajo a fin que en ellos se establezcan las obligaciones de la Comisión en comento.

Si nuestra sociedad jurídica mexicana no ha sido ajena a dicha transformación y ha buscado a través de organismos y agrupaciones nacionales e internacionales hacer que nuestra legislación vaya a la par de la modernidad jurídica, es por ello que por esta vía se pretende dar una avance para que nuestra legislación laboral sea más justa y equitativa a favor tanto de los trabajadores como de los patrones, implementándose el mecanismo por el cual se tenga un justo reparto de utilidades de la fuente de trabajo.

En ese sentido, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente

Iniciativa de ley con carácter de decreto que presenta el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz que propone la adición de las fracciones V a la IX del artículo 121; la adición de un segundo párrafo del artículo 123; la modificación del artículo 125, así como la creación de los artículos 131-A y 131-B de la Ley Federal del Trabajo a fin de actualizar la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adicionan las fracciones V a la IX del artículo 121; se adición un segundo párrafo del artículo 123; se modifica el artículo 125, y se crean los artículos 131-A y 131-B de la Ley Federal del Trabajo a fin de actualizar la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, para quedar como sigue:

Artículo 121.- ...

I. a V. ...

VI. Así mismo y dentro de los diez días siguientes a la presentación de la declaración anual, entregará a la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades una lista de los trabajadores que laboraron para el patrón durante el ejercicio fiscal que se declara, con los datos acumulados de las percepciones que deban servir de base para el cálculo del reparto, en los términos del artículo 124, y en el acumulado de días laborados por cada uno de los trabajadores, información que será bajo entregada bajo su más estricta responsabilidad.

Deberá poner a disposición de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades las listas de raya y demás documentos que sirvieron de base para la acumulación, tanto de los salarios percibidos como de los días laborados.

VI. El patrón o el representante legal de la empresa, deberá poner a disposición de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades los medios propios del sistema para la elaboración de dicho reparto, entendiéndose tanto el equipo utilizado en la administración como los elementos humanos requeridos para su operación.

VII. Es obligación del patrón o del representante legal de la empresa proporcionar toda clase de facilidades a la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, para la elaboración de los proyectos de reparto de utilidades, tarea que se realizará dentro de la jornada de trabajo.

VIII. El patrón o el representante legal de la empresa está obligado a proporcionar a la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, una lista de los trabajadores con carácter de eventuales laboraron durante el ejercicio fiscal relativo a su gestión, así como una lista de los funcionarios que no participaron en dichas utilidades y otra de los funcionaros que sí lo hacen.

IX. El patrón o el representante legal de la empresa no podrán ni deberán intervenir ni interferir en el desempeño de las labores de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades.

Artículo 123.- ...

En el caso de las madres trabajadores durante los periodos pre y postnatales, así como los trabajadores durante sus períodos de incapacidad debido a riesgos de trabajo, tendrán derecho en esos periodos a percibir lo que les corresponda por reparto de utilidades, que deberán acumularse tanto a los días relativos a las incapacidades como a los sueldos relativos a dichos periodos.

Artículo 125.- ...

I. El patrón y los trabajadores dentro de los siguientes cinco días a la presentación de la declaración anual de actividades, designarán los miembros que los habrán de representar en la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, representación que se sujetará a los siguientes términos:a) Si los trabajadores activos a participar en las utilidades son hasta veinte, habrá dos representantes por cada parte;

b) Si los trabajadores activos a participar en las utilidades son hasta cien, habrá tres representantes por cada parte;

c) Si los trabajadores activos a participar en las utilidades son hasta doscientos, habrá cuatro representantes por cada parte;

d) Si los trabajadores activos a participar en las utilidades exceden de doscientos trabajadores, habrá cinco representantes por cada parte.

El mismo día de la designación de trabajadores de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, éstos se reunirán para constituirse en Comisión, y una vez entregada la información y documentación respectiva por parte del patrón o el representante legal de la empresa, se abocarán a la elaboración del proyecto del reparto de utilidades.

II.- Si llegare a existir diferencia de criterios entre los integrantes de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades los representantes de las partes deberán acudir ante las autoridades laborales, quienes tendrán el encargo de orientar y definir el criterio que habrá de aplicarse a cada caso concreto.

Artículo 131-A.- Es obligación de la Comisión Mixta para el Reparto de las Utilidades y los miembros que en ella sean designados:

I. Constituirse en Comisión tan luego como sean designados los miembros que representarán al patrón y a los trabajadores;

II. Elaborar el proyecto del reparto de utilidades en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de haber recibido la información señalada en el artículo 125 de esta ley por parte del patrón o el representante legal de la empresa.

III. Fijar en lugar visible dentro de la empresa que contenga el proyecto del reparto de utilidades a fin que el resto de trabajadores y el propio patrón o el representante legal de la empresa se imponga de su contenido.

IV. Otorgar a los trabajadores que así lo soliciten por escrito, la información relativa a la forma y datos utilizados para la elaboración del proyecto del reparto de utilidades.

V. Representar a los trabajadores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de objeción de la utilidad reportada en la declaración anual de actividades.

VI. Hacer del conocimiento de las autoridades del trabajo, cualquier incidente o anomalía que observe del patrón.

Artículo 131-B.- El incumplimiento, omisión, negligencia o negativa de los integrantes de la Comisión Mixta Para el Reparto de Utilidades, será causa de rescisión de la relación de trabajo.

Transitorios

Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se deroga cualquier disposición contraria a lo establecido en este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, en la fecha de su publicación.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa para reformar y adicionar el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Ocultar las riquezas obtenidas por los miembros de la delincuencia organizada, principalmente narcotraficantes y por funcionarios o ex funcionarios públicos, preferentemente algunos gobernadores o quienes por razón de su cargo, manejaron recursos provenientes de las arcas del Estado, es una actividad ilícita, que permanentemente la perfeccionan los que se enriquecen ilegalmente y que le Gobierno tiene la obligación de combatir.

Esta actividad estaba prevista en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, sin una clara y definida tipificación, lo que hacía inoperante la norma a pesar del evidente aumento del procedimiento llamado ``lavado de dinero'', practicado sin recato alguno.

Tal situación obligó al honorable Congreso de la Unión, en noviembre de 1995 a una revisión integral de los instrumentos vigentes para combatir las prácticas de ``blanquear'' o ``lavar'' las ilícitas ganancias.

Así a principios de 1996, se derogó la disposición punitiva contenida en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación y las acciones generadoras del producto del tráfico de drogas y contrabando de armas, así como de la corrupción gubernamental, se incorporó al Código Penal Federal, en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero agregándose el artículo 400 bis, preceptuando el delito de ``Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita'', dando al hecho de manejar los recursos ilícitos, una tipología acorde con la rama del Derecho Penal y adecuada técnica jurídica, para lograr con eficacia la persecución del ocultamiento o inversión de las fortunas ``mal habidas'' y que a través del ``lavado de dinero'', se incorporan a las prácticas comerciales y mercantiles legales.

El delito de ``operaciones con recursos de procedencia ilícita'' se configura cuando para ocultar acciones ilegales o el origen ilícito de los recursos que se trata de esconder, se recurre a la simulación de actos jurídicos y operaciones ficticias con personas, quienes aceptan que su nombre se utilice para hacerlos aparecer como los legítimos propietarios de los bienes adquiridos con el producto de las acciones delictivas, con el procedimiento comúnmente conocido como ``presta nombre''

Las operaciones efectuadas mediante los ``presta nombre, en sí no implican ninguna comisión delictuosa, mientras no se perjudique a persona alguna''; pero, al emplearse para ocultar ilícitas ganancias, sí se incurre en responsabilidad penal; porque se vulnera el bien jurídico que tutela esta figura delictiva o sea la economía nacional y la seguridad del sistema financiero.

Precisamente para proteger el sistema financiero, las relaciones comerciales, el prestigio y seguridad de las instituciones de crédito, banca y casas de bolsa; es que se hace necesaria otra revisión del texto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, para que estando actualizado, sea útil y eficaz en el combate a las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, derivadas del contrabando, el tráfico de drogas y la corrupción oficial.

Con esta finalidad, es que se propone el perfeccionamiento del tipo de delito en cuestión, especialmente en el aspecto financiero.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de oficio y sin el requisito de denuncia o querella previa, proceda a investigar los casos de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y en su oportunidad, consigne los hechos al Ministerio Público de la Federación.

Asimismo, es conveniente penalizar la participación del ``presta nombre'', porque por su conducto, se facilita el ocultamiento de bienes de procedencia ilícita.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto para reformar y adicionar el artículo 400 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Único. Se reforma y adiciona el artículo 400 Bis del código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 400 Bis. Comete el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el que por sí o por interpósita persona y con conocimiento de que procede o representa el producto de una operación ilícita, realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, o de éste al extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza.

II. Encubra o trate de encubrir; oculte o pretenda ocultar, se conozca el origen, naturaleza, ubicación, localización, movimiento, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes, o aliente alguna actividad ilícita con los mismos.

III. Guarde, oculte o acepte las ganancias o cualquier beneficio relacionado con los recursos de procedencia ilícita.

IV. Incurren en este delito, los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que con conocimiento del origen ilícito, presten ayuda o auxilien a la consecución de los actos descritos en la fracción III, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

La pena de diez a veinte años de prisión y diez mil días multa, será impuesta a quienes cometan los hechos previstos en las fracciones I, II, III y IV de este artículo.

La pena antes prevista, será aumentada en una cuarta parte más, cuando la conducta ilícita sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, investigar, denunciar o juzgar la comisión de estos hechos. En este caso se impondrá a los responsables, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impresa.

Quienes presten su nombre o permitan sea usado, para realizar algunas de las conductas antes señaladas, se les considerará copartícipes y se les impondrán las penas indicadas en el artículo 64 Bis en los términos del artículo 13 de este código.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos mencionados en este artículo, debe ejercer sus facultades de comprobación y de ser procedente, denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL DE POBLACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Blanca Eppen Canales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura; en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Ley General de Población; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad la mayoría de las naciones del mundo, buscan actualizar sus legislaciones en materia de naturalización y nacionalización, como efecto de la inseguridad mundial y para fortalecer la seguridad de cada una de sus naciones, por lo anterior, cada día la mayoría de las naciones exigen un mayor número de requisitos a los extranjeros que pretenden adquirir la nacionalidad del país en el que residen.

Nuestro país se ha caracterizado durante toda su historia por la practica de una política migratoria flexible; desafortunadamente, en la actualidad, la situación mundial en materia de seguridad no permite tanta flexibilidad sin el riesgo que implica no tomar las medidas de seguridad que la situación actual amerita.

La globalización mundial, no se circunscribe a la ejecución de actividades licitas como son: el comercio, los medios de comunicación, la actividad de las empresas transnacionales, etcétera, la globalización también es usada por personas u organizaciones delictivas para la ejecución de actos ilícitos como son: la pedofilia y la pornografía infantil; el contrabando, el terrorismo, etcétera.

En un orbe altamente comunicado, ningún país escapa de ser usado por personas u organizaciones delictivas de otros países para efectuar sus actividades ilícitas al amparo de la nación que los acoge.

Los vacíos legales de nuestras leyes en materia de inmigración han permitido la inmigración peligrosamente desordenada de extranjeros que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la sociedad y sus instituciones.

En la mayoría de los países, hoy día, se han reorganizado las políticas de inmigración con el único fin de responder al entorno de violencia e inseguridad que aqueja al mundo. Actualmente los Estados exigen una mayor cantidad de requisitos para permitir la internación de un extranjero en su territorio, ahora bien si lo que el extranjero busca es residir legalmente en el país; los requisitos que debe cumplir se ven multiplicados. Lo que el estado busca es cerciorarse por todos los medios de que el interesado no se convertirá en un problema que afecte a su sociedad. Pero si el extranjero lo que realmente busca es adquirir la nacionalidad del país que le permitió residir en su territorio, los requisitos que deberá cumplir serán rigurosamente elaborados y calificados por las autoridades encargadas del país.

En nuestra nación, esto no ocurre, ya sea por los vacíos legales que permiten interpretaciones fuera del espíritu que persigue la Ley o por la corrupción que permea a los funcionarios públicos encargados de otorgar las cartas de naturalización a los interesados; lo que ha generado que se entreguen cartas de naturalización a personas que no se encuentran asimiladas a la historia, cultura, idioma y economía del país, y que por lo tanto difícilmente cumplen con los demás requisitos.

De aprobarse esta iniciativa se estaría legislando para que solo las personas que hayan ingresado al país con la calidad migratoria de inmigrante, pudieran en un futuro acceder a la nacionalidad mexicana. En la actualidad la Secretaría de Relaciones Exteriores entrega Cartas de Naturalización a personas que ingresaron a territorio nacional con la calidad migratoria de no inmigrante y que solo por cumplir el tiempo requerido por la Ley -- cinco y dos años, según corresponda- piden les sea otorgada la nacionalidad mexicana.

No hay que olvidar que el no inmigrante no pretende establecerse en el país y solo se encuentra de transito en territorio nacional; mientras que el inmigrante o inmigrado sí tiene la intención de establecer su residencia en México. Por lo tanto la ley no exige los mismos requisitos a una persona que quiere ingresar al país con calidad migratoria de no inmigrante, -- los requisitos son menores, y de fácil cumplimiento- mientras que el extranjero que desea ingresar a territorio nacional con la calidad migratoria de inmigrante deberá cumplir con una serie de requisitos mas complejos y pagar por concepto de derechos mas dinero al gobierno mexicano.

El mayor rigor en los requisitos que debe de cumplir el extranjero que desee la calidad migratoria de inmigrado es razonablemente entendible, ya que el inmigrado cumpliendo los tiempos de residencia en territorio nacional, que señala la Ley; podrá acceder a la nacionalidad mexicana, y en ese momento dejara de ser un extranjero y pasara a ser un mexicano más con todos sus derechos como ciudadano mexicano.

No hay que confundir, la situación de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica --son mexicanos que por cuestiones económicas buscan trabajo y solo tienen como único fin trabajar y pedir el respeto y la protección de sus derechos fundamentales- y la situación del que pide la nacionalidad; pues se trata de una persona que con la naturalización adquirirá los mismos derechos y obligaciones con los que cuentan los ciudadanos, del país, al cual le pidió la nacionalidad

Con la presente iniciativa se tendría un mayor control de los extranjeros que en un futuro pudieran estar en condiciones de acceder a la nacionalidad mexicana, de esta forma se estaría protegiendo al país de convertirse en centros de operación de delincuentes que bien huyen de sus países de origen o buscan aprovecharse de las circunstancias sociales económicas y legales que el estado pudiera proporcionarles para sus actividades delictivas, un ejemplo son la comunidad china hindú y coreana que increíblemente sin haber cumplido requisitos de residencia en territorio nacional, cuentan con su nacionalidad mexicana, la cual solo la utilizan para facilitar su actividad comercial, la mayoría de las veces infringiendo leyes --contrabando- con las sabidas repercusiones para el país.

Otro caso no menos preocupante es el de naturalizados que controlan la industria de la pornografía infantil y la pedofilia en ciudades turísticas de territorio nacional.

Por lo antes señalado es urgente la modificación que se propone al artículo 42 de la Ley General de Población para no permitir a los extranjeros con calidad migratoria de no inmigrantes acceder a la nacionalidad mexicana; como ya se señalo los requisitos son menores y los pagos que hacen al gobierno mexicano también son menores por esta calidad migratoria.

Si bien es cierto que México ha tenido una política migratoria flexible durante toda su historia como nación, hoy no nos podemos seguir con la misma política sin tener altos riesgos para la seguridad nacional. Por lo que estos cambios no pueden ni deben esperar más, se debe reformar la Ley para dotarla de certeza jurídica en su aplicación; a fin de hacerla mas segura, y de esta forma impedir las interpretaciones que actualmente se hacen, fuera del espíritu que persigue la ley.

Con una Ley de Migración que carece de reglamento; una Ley General de Población que contiene muchas lagunas legales y un aparato burocrático que se presta para la corrupción, han hecho de las instituciones encargadas del control de la entrada de emigrantes extranjeros una ``coladera'' la cual es aprovechada por los extranjeros para adquirir la nacionalidad mexicana sin cumplir los requisitos mínimos, como son hablar español, conocimiento de la historia de México, integración a la cultura nacional; y el colmo muy pocos de los extranjeros que acceden a la nacionalidad mexicana cubren el requisito de la residencia mínima de cinco años en territorio nacional, la Ley de Nacionalidad no define que se entiende por residencia; mientras que la Ley General de Población solo da el atributo de residente al extranjero con calidad migratoria de inmigrante; así, la Ley General de Población en su artículo 44 define que se entiende por inmigrante:

Artículo 44.- Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicarse en el, en tanto adquiere la calidad de inmigrado.

De esta forma la Ley presume que los extranjeros que entran al país como inmigrantes tienen intenciones de radicarse en México; para con posterioridad adquirir la calidad de inmigrado, y si así, lo desean, poder acceder a la naturalización para adquirir la nacionalidad mexicana. Esta calidad migratoria se otorga a extranjeros profesionistas, deportistas, inversionistas, artistas, y los demás que expresamente señala el artículo 48 de la Ley General de Población.

Sin embargo, con argucias legales y el contubernio de las autoridades de migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se entregan cartas de naturalización a extranjeros que entraron a territorio nacional con calidad migratoria de No Inmigrante, argumentando que la ley solo les exige cumplir con una residencia mínima en territorio nacional y ellos la han cumplido. Distorsionan la ley al equipara la residencia de hecho con la reconocida por la legislación aplicable. Lo cierto es que en juicios estas personas le han ganado al Estado Mexicano.

Por lo que la presente Iniciativa pretende señalar expresamente en el Artículo 42 que la calidad migratoria de no inmigrante no otorga ningún derecho de tiempo que permita acceder a la calidad de inmigrado y a la nacionalidad mexicana.

En efecto, el artículo 53 de la Ley General de Población establece que los inmigrantes con residencia legal en el país durante cinco años, podrán adquirir la calidad migratoria de inmigrados, siempre que hayan observado las disposiciones previstas en la propia Ley, sus reglamentos, y que sus actividades hayan sido honestas y positivas para la comunidad. Para tal efecto, la Ley General de Población establece de manera clara que cualquier extranjero que se interne al país, con el objeto de residir en él, deberá hacerlo bajo la calidad de Inmigrante.

En ese sentido, se deriva que para sostener que cualquier extranjero que desee radicar en el país permanentemente, habrá de ingresar y hacer su solicitud bajo la calidad de inmigrante, para que cinco años después, y conforme a los dispuesto en la Ley, pueda acceder a la calidad de inmigrado.

Por otro lado, cabe indicar que el Reglamento de dicha ley, en su artículo 193, establece la adición que se pretende en el presente proyecto al disponer que:

La tramitación de solicitudes para obtener la calidad de Inmigrado se regirá por las reglas siguientes:

I. El tiempo que un extranjero o extranjera haya permanecido en el país al amparo de situaciones migratorias que hayan sido canceladas o de calidad distinta a la de Inmigrante, no se computará para el efecto de hacer la declaración de inmigrado;

II. Las oficinas centrales estudiarán los antecedentes del interesado; verificarán que se haya cumplido con las condiciones que se le señalaron; se cerciorarán de que su estancia y entrada en el país hayan sido legales y harán el cómputo de su residencia en los términos y para los efectos del artículo 47 de la ley, y

III. El reconocimiento de la calidad de Inmigrado es estrictamente personal.

Luego entonces, tal y como se ha expuesto, resulta que para que un extranjero alcance la calidad de inmigrado, con derechos de residencia definitiva en el país, requiere haber residido legalmente en el país por 5 años bajo la calidad de inmigrante. Por lo tanto, quienes cuenten con el mínimo de 5 años de residir en el país, pero sin la calidad de inmigrantes, no podrán solicitar la calidad de inmigrado.

Ahora bien, las disposiciones que impiden a un no inmigrante adquirir la calidad de inmigrado, o bien la necesidad de contar por lo menos con 5 años de residencia en el país, no obstante se corre el riesgo de que se expidan certificados de naturalización que no siempre se sujetan a las condiciones requeridas, y se pretenda computar indebidamente el tiempo del no inmigrante para efectos de darle la calidad migratoria de inmigrado.

Así que, si bien pudiera parecer que la Ley es clara en solo permitir al extranjero con calidad migratoria de inmigrante la obtención de la nacionalidad mexicana; lo cierto es que en la realidad se otorgan por igual cartas de naturalización a extranjeros con ambas calidades migratorias, sin embargo como ya mencionamos los requisitos y los costos que implican una y otra calidad son distintos, y si en verdad buscamos cumplir con el espíritu que inspiro dicho ordenamiento deberemos permitir que solo los extranjeros con calidad migratoria de inmigrante o inmigrado sean los únicos que estén autorizados para adquirir la nacionalidad mexicana.

El requisito es prudente, ya que el sujeto se encuentra asimilado económica, social y culturalmente; además de que este tipo de extranjeros aportaran al país cultura, conocimientos científicos y técnicos y capitales económicos que fomentaran el desarrollo del país. De no aprobarse estas reformas, estaremos corriendo el riesgo de seguir dando cartas de naturalización a personas que entraron con la calidad migratoria de no inmigrante visitante --para la cual exigen menos requisitos-- y que normalmente suelen traer mas problemas aparejados al país; ya que se suele tener menor control administrativo sobre estas personas. Este tipo de migración puede llegar a representar problemas económicos y sociales al país.

Asimismo no se ignora, que el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad establece excepciones respecto a la residencia necesaria de cinco años requerida para acceder a la naturalización. Dentro de éstas, se señala que bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el extranjero solicitante ``haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación''. Incluso, en casos excepcionales, a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional en los términos arriba mencionados.

Asimismo, dicho artículo establece excepciones en el mismo sentido para quien sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento; tenga hijos mexicanos por nacimiento; o sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica.

De esta forma, considerando todo lo anterior, cabe suponer que la extensión de cartas de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha extranjeros cuya residencia no sea de 5 años, solamente puede darse en los supuestos arriba mencionados, pero en ningún otro caso. Incluso en estos supuestos también se exige la calidad de inmigrante, con lo que se fortalece la presente iniciativa, en el sentido de que no debe computarse el tiempo requerido bajo otra calidad migratoria

Ahora bien como ya se menciono si bien el Reglamento de la Ley General de Población ya contempla que no se computará para el efecto de hacer la declaración de inmigrado al extranjero o extranjera que entren al país con otra calidad migratoria distinta esta iniciativa lo que pretende es dar mayor certeza jurídica al incorporar dicho precepto en la Ley, así también nos evitaríamos interpretaciones por parte del Poder Judicial.

Es importante, volver a señalar que no se debe confundir la situación que guardan nuestros nacionales en la Unión Americana, los inmigrantes mexicanos solo buscan trabajar --y lo hacen en trabajos que los Norteamericanos no están dispuestos a realizar- para su sustento, y en exigir se les respete sus derechos humanos de los que goza cualquier persona humana; de ninguna forma buscan ser ciudadanos norteamericanos. Los muy pocos casos en que se encuentran en posibilidades de pedir al Estado Norteamericano su ciudadanía, deben de cumplir una serie requisitos para poder acceder a la ciudadanía.

El Estado mexicano mal haría en entrometerse en las políticas que exige esta nación para otorgar la nacionalidad a los extranjeros; el gobierno mexicano, solo exige respeto a la dignidad de los trabajadores inmigrantes. El que pide la nacionalidad de otro Estado del que se es oriundo, no solo busca trabajar en esta nación, además le interesa gozar con los derechos y prerrogativas de que gozan los nacionales de ese Estado; por lo que los requisitos para la obtención de la nacionalidad deben ser mayores, ya que los Estados deben asegurarse de no darle su nacionalidad a cualquier persona.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales antes mencionadas, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Ley General de Población:

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 42 de la Ley General de Población

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Ley General de Población para quedar como sigue:

Artículo 42.- (...)

I. a XI. (...)

(...)

Para efectos de esta Ley y de la de Nacionalidad, la estancia en territorio nacional con esta calidad migratoria no será computable para la obtención de la declaratoria de inmigrado y de la obtención de la nacionalidad mexicana.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2005.--- Dip. Blanca Eppen Canales (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

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LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Compañeras diputadas y diputados: ``... en las universidades públicas y las instituciones que tienen autonomía...'' Está claramente definido, a partir del 9 de junio de 1980, cuando en el artículo 13 constitucional, en la fracción VII, se establece lo siguiente: ``Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, de la investigación y del libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio''. Así, la autonomía de las universidades públicas comprende tres grandes características: académica, de gobierno y económica o financiera. Esta última implica la libre administración de su patrimonio, incluido el subsidio ordinario y extraordinario u otros recursos que el Estado les otorga para que puedan cumplir sus funciones sustantivas.

Sin embargo, las propias universidades determinan en qué, cómo, para qué aplican los recursos que reciben. Las violaciones de la autonomía universitaria están registradas en la historia. No es objeto de esta iniciativa debatir sobre ese insultante asunto, pero sí es poner un problema actual, vinculado a esa garantía constitucional, la cual se ha visto transgredida en algunas universidades estatales por parte de autoridades federales que les ha embargado los recursos para el pago de la nómina del personal docente y administrativo. De manera inexcusable, las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, han incurrido en esa práctica deleznable, que no sólo es una violación de la autonomía universitaria sino un mecanismo para tratar de desaparecerlas a través de la asfixia financiera, pues ante el embargo del subsidio, las universidades han tenido que recurrir a préstamos bancarios para poder pagar los sueldos de sus trabajadores. Los créditos bancarios colocan a las universidades en un círculo vicioso, pues lejos de resolver el problema, provocan que se endeuden, agravando sus rezagos históricos en el rubro financiero y presupuestario.

El caso más extremo se ha dado en la Universidad Autónoma de Guerrero, a la que en los últimos cuatro años el ISSSTE ha embargado el subsidio estatal y federal por un monto que suma 220 millones 437 mil pesos para el pago de la nómina. Esa cifra equivale a 50 por ciento del subsidio federal de este año. Los más recientes embargos a las universidades guerrerenses, a la universidad guerrerense, apenas fueron en marzo y abril del presente año, por 40 millones 840 mil 394 pesos, pero ahora sobre los recursos por cuotas y aportaciones a los trabajadores. Otro caso fue el de la Universidad Autónoma de Zacatecas que, ante la amenaza de embargo de su nómina, también se vio obligada a recurrir a préstamos bancarios para resolver el pago de la nómina, por 8 millones de pesos, que le fueron embargados, ya que el gobierno estatal no cubrió las cuotas del ISSSTE.

Los casos de las Universidades Autónomas de Guerrero y de Zacatecas hablan por sí mismos de la necesidad de reforzar la protección y la preservación jurídica del patrimonio de las universidades o de cualquier atentado gubernamental. La Universidad de Sinaloa también se encuentra en situaciones semejantes. La presente iniciativa tiene como propósito resguardar la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior de cualquier injerencia externa, que en el caso que nos ocupa se ha hecho a través del embargo de su patrimonio. En otras palabras, se busca dar mayor certeza jurídica a fin de que las instituciones educativas cumplan o no se vean en peligro de incumplir sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura y de extensión.

Por ello, esta iniciativa recoge e incorpora disposiciones de las leyes orgánicas de diversas universidades públicas y, en particular, la de la universidad zacatecana, con la finalidad de reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y que ésta, a su vez, sirva de paradigma al conjunto de las instituciones educativas que por ley gozan de autonomía. La presente iniciativa, de reforma de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, se sustenta en lo que esta misma establece en el artículo 1o., que señala --leo textual--: ``La presente ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer las bases para la distribución''.

También, con el propósito de armonizar y actualizar la Ley para la Coordinación de Educación Superior con la actual Ley General de Educación, la presente iniciativa propone modificar la referencia o las vinculaciones que se hacen de la primera norma secundaria con la Ley Federal de Educación, que fue derogada en 1992, a partir de la descentralización.

Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones; y son así:

Artículo 23. El patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía está constituido por:

I. Los fondos públicos que les sean asignados por los gobiernos federal, estatales y municipales;

II. Los ingresos que perciban por los servicios que prestan, rentas, intereses, dividendos y utilidades de sus bienes, muebles e inmuebles o valores;

III. Los bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad y los que en el futuro adquieran por cualquier título, así como el efectivo y los créditos a su favor; las herencias, legados, donaciones y decomisos que les otorguen o se constituyan en su favor; los bienes, derechos, aportaciones y demás liberalidades que les aporten personas físicas y morales; la producción científica y tecnológica y artística generada por su personal académico en el ejercicio de sus funciones, observando la disposición de la legislación sobre derechos de autor; las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se les otorguen; las patentes, marcas, derechos de autor que les correspondan y los ingresos que se derivan por su explotación, con observancia de la legislación aplicable; el nombre, logotipos, lema y escudo y otros símbolos de identidad; los archivos escolares, académicos y administrativos; los acervos bibliográficos; y los derechos, honorarios y participaciones por los trabajos que realizan.

Artículo 24. El patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía es imprescriptible, inembargable e inalienable y no generará derechos reales al ser concesionado; sobre ello no podrá constituirse gravamen alguno ni se podrán deducir acciones reivindicatorias o posesorias; no podrá imponerse ningún tipo de servidumbre, emplearse ninguna vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse efectivas por ejecución forzosa las sentencias dictadas contra los bienes que lo constituyen.

Ningún particular podrá llegar a adquirir los bienes que forman el patrimonio de las universidades e instituciones de educación que gozan de autonomía por el solo hecho de tenerlos en su posesión por un tiempo determinado.

En ningún caso podrá enajenarse el patrimonio cultural de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía, como pinturas, esculturas, tesoros bibliográficos y arquitectónicos o documentos valiosos para su historia o bienes análogos, los cuales podrán ser declarados bienes de dominio público por el consejo universitario o su similar órgano de gobierno.

La determinación de los bienes con esas características quedará a cargo de una comisión de expertos en el área respectiva que a ese efecto autorizará el consejo universitario o su similar órgano de gobierno, para lo cual se procederá a elaborar un inventario y registro del patrimonio cultural e histórico de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía.

El uso, conservación y restauración de los bienes con valor cultural que formen parte del patrimonio universitario se regirán por las normas reglamentarias que aseguren su protección.

Los bienes inmuebles que formen el patrimonio de las universidades autónomas e instituciones o universidades que se refiere este artículo deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

Modificación: Artículo 25... Para la enajenación de bienes muebles, excepcionalmente de inmuebles, se estará a lo dispuesto en la normatividad que establezca cada universidad e institución pública de educación superior que gozan de autonomía.

Artículo 26. Los ingresos de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía y los bienes de su propiedad o que tuvieran en administración o en usufructo no estarán sujetos al pago de impuestos del estado o municipales. Tampoco estarán gravados los actos de contratos en que intervengan... los impuestos conforme a la ley o contrato respectivo deberán estar a cargo...

Artículo 27. Si por cualquier causa imputable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia del Gobierno Federal y estatal las universidades o instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía omiten pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones de seguridad social, la Secretaría o las dependencias involucradas serán responsables de cubrir dicho pago relativo a la seguridad social. Por tanto, en ningún caso podrán embargar el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía.

Artículo 28. La prohibición del embargo sobre el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía tendrá como excepción el cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto de carácter individual como colectivo.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de la Federación.

Segundo. En estricto respeto de su autonomía, se propone que las universidades e instituciones públicas de educación superior valoren la pertinencia de adecuar sus respectivas leyes orgánicas a lo dispuesto en materia de patrimonio en la presente ley y de conformidad con los procedimientos legislativos vigentes en cada entidad federativa. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Coordinación de la Educación Superior bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La decisión del Constituyente de otorgar autonomía constitucional a las instituciones públicas de educación superior, se fundamenta en la necesidad de darles certeza jurídica a un conjunto de libertades perfectamente determinadas en la Ley Suprema, en la cual el Estado les reconoce la facultad para darse a sí misma las normas que rijan su organización y vida interna, sin intervenciones externas o del poder político y administrativo.

Ese espíritu quedo plasmado en la reforma vigente del 9 de junio de 1980 al artículo Tercero constitucional, cuya fracción VII establece: ``Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio (...)''.

Es así que la autonomía de las universidades públicas comprende cuatro grandes características: administrativa, académica, jurídica y económica o financiera. Esta última implica la libre administración de su patrimonio, incluido el subsidio ordinario y extraordinario u otros recursos que el Estado les otorga para que puedan cumplir con sus funciones sustantivas. Sin embargo, son las propias universidades las que determinan en qué, cómo y para qué aplican los recursos que reciben.

La autonomía en el manejo de su patrimonio, es fundamental, porque sólo así las instituciones públicas de educación superior pueden llevar a cabo debidamente su misión, que es garantizar una educación de calidad en ese nivel con los recursos que les asignan la Federación, los gobiernos estatales y municipales.

Las violaciones a la autonomía universitaria están registradas en la historia. No es objeto de esta iniciativa debatir sobre ese insultante asunto; pero sí exponer un problema actual vinculado a esa garantía constitucional, la cual han visto transgredida algunas universidades estatales por parte de autoridades federales que les ha embargo los recursos para el pago de la nómina del personal docente y administrativo.

De manera inexcusable, las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han recurrido a esa práctica deleznable, que no sólo es una violación a la autonomía universitaria, sino un mecanismo para tratar de desaparecerlas a través de la asfixia financiera; pues ante el embargo del subsidio las universidades han tenido que recurrir a préstamos bancarios, para poder pagar los sueldos a sus trabajadores.

Los créditos bancarios colocan a las universidades en un círculo vicioso, pues lejos de resolver el problema, provocan que se endeuden, agravando sus rezagos históricos en el rubro financiero y presupuestal.

El caso más extremo se ha dado en la Universidad Autónoma de Guerrero, a la que en los últimos cuatro años el ISSSTE le ha embargado el subsidio estatal y federal por un monto que suma ya 220 millones 437 mil pesos para el pago de la nómina. Esa cifra equivale al 50 por ciento de su subsidio federal de este año.

Los más recientes embargos a la universidad guerrerense apenas fueron en marzo y abril del presente año, por 40 millones 849 mil, 394 pesos, pero ahora sobre los recursos por cuotas y aportaciones de los trabajadores.

Otro caso fue el de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ante la amenaza de embargo de su nómina, también se vio obligada a recurrir a préstamos bancarios para poder solventar el pago de la nómina por 8 millones de pesos que le fueron embargados, ya que el gobierno estatal no cubrió las cuotas al ISSSTE.

Los casos de las universidades autónomas de Guerrero y Zacatecas hablan por sí mismos de la necesidad de reforzar la protección y la preservación jurídica del patrimonio de las universidades, de cualquier atentado gubernamental.

Es así, que la presente iniciativa tiene como propósito resguardar la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior de cualquier ingerencia externa que, en el caso que nos ocupa, se ha hecho a través del embargo de su patrimonio. En concreto, se busca dar mayor certeza jurídica a las instituciones educativas para garantizar plenamente que cumplan con sus funciones sustantivas de docencia, investigación difusión de la cultura y extensión. O bien, desde la perspectiva contraria, que no corran el riesgo de incumplir con sus responsabilidades.

Ciertamente, las leyes orgánicas de las universidades públicas que gozan de autonomía contienen algunas disposiciones respecto a su patrimonio, pero en la mayoría de los casos son insuficientes o poco específicas para evitar que les embarguen los subsidios o que las autoridades responsables incumplan con el pago de las cuotas de seguridad social.

De las leyes orgánicas, destaca la de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que expresa con puntualidad las características de lo que debe constituir el patrimonio y contiene disposiciones legales para su protección y preservación.

Por ello, esta iniciativa recoge e incorpora disposiciones de las leyes orgánicas de diversas universidades públicas; pero en particular la de la universidad zacatecana, con la finalidad de reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y que ésta, a su vez, sirva de paradigma al conjunto de las instituciones educativas que por ley gozan de autonomía.

La presente iniciativa de reforma a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior se sustenta en lo que ésta misma establece en su artículo 1 que señala: ``La presente ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior''.

En ese tenor, se propone adicionar un Capítulo IV denominado ``Del Patrimonio Universitario'' a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que consta de seis artículos en donde se especifican las características del patrimonio universitario que, entre otros rubros, estará integrado por los fondos públicos, tanto ordinarios como extraordinarios, que sean asignados por la Federación y los gobiernos federal, estatal y municipal, los recursos que obtengan por la prestación de servicios, los bienes muebles e inmuebles, las herencia, los legados, donaciones y los fideicomisos, los acervos bibliográficos, hemerográficos, documentales y electrónicos; así como el nombre, logotipo, lema, escudos y otros símbolos de identidad universitaria.

En cuanto a la protección del patrimonio universitario, se dispone expresamente que será imprescriptible, inembargable e inalienable; así como la prohibición a emplear alguna vía de apremio sobre el mismo, ni dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse efectivas por ejecución forzosa las sentencias dictadas en contra de los bienes que lo constituyen.

De igual manera, en ningún caso podrá enajenarse el patrimonio cultural de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía, como pinturas, esculturas, tesoro bibliográfico y arquitectónico o documentos valiosos para su historia o bienes análogos.

Asimismo, los ingresos y los bienes de su propiedad o que tuvieren en administración o en usufructo no estarán sujetos al pago de impuestos del estado o municipales. Tampoco estarán gravados los actos o contratos en que intervengan, si los impuestos conforme a la ley o contratos respectivos debieran estar a cargo de las mismas.

Un aspecto sumamente importante de la presente iniciativa es la protección de los derechos de seguridad social de los trabajadores universitarios, porque al final de cuentas son los directamente afectados cuando, por negligencia o insuficiencia presupuestal de las autoridades competentes, no se cubren las cuotas de seguridad social.

En ese sentido, se establece que si por causas imputables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia del gobierno federal y estatal, las universidades e instituciones de educación superior omiten pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otra institución de seguridad social, esa Secretaría o las dependencias involucradas serán responsables de cubrir dicho pago relativo a la seguridad social. Por tanto, en ningún caso podrán embargar el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior.

También, con el propósito de armonizar y actualizar Ley para la Coordinación de la Educación Superior con la actual Ley General de Educación, la presente iniciativa propone modificar las referencias y/o vinculaciones que sea hacen de la primera norma secundaria con la Ley Federal de Educación que fue derogada en 1992, a partir de la descentralización educativa.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito proponer a esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar en los siguientes términos:

Artículo Primero.- Se modifican los párrafos segundo del artículo 2, el primero del artículo 8 y el primero del artículo 16, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o.-...

A falta de disposición expresa de esta ley se aplicará supletoriamente la Ley General de Educación.

Artículo 8o.- La Federación, los estados y los municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley General de Educación.

Artículo 16.- La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley General de Educación, por la presente Ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento.

Artículo Segundo.- Se adiciona el capítulo IV, denominado del Patrimonio Universitario, que consta de seis artículos, para quedar en los siguientes términos:

CAPÍTULO IV Del Patrimonio Universitario

Artículo 28.- El patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía estará constitutito por:

I. Los fondos públicos que les sean asignados por la Federación y los gobiernos, estatal y municipal;

II. Los ingresos que perciban por los servicios que presten, rentas, intereses, dividendos y utilidades de sus bienes muebles, inmuebles o valores;

III. Los bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad y los que en el futuro adquieran por cualquier título, así como el efectivo y créditos a su favor;

IV. Las herencias, legados, donaciones y fideicomisos que les otorguen o constituyan en su favor;

V. Los bienes, derechos, aportaciones y demás liberalidades que les aporten personas físicas o morales;

VI. La producción científica, tecnológica y artística generada por su personal académico en el ejercicio de sus funciones, observando las disposiciones de la legislación sobre derechos de autor;

VII. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se les otorguen;

VIII. Las patentes, marcas y derechos de autor que les correspondan y los ingresos que se deriven por su explotación, con observancia de la legislación aplicable;

IX. El nombre, logotipos, lema, escudo y otros símbolos de identidad universita que se registren ante las autoridades competentes;

X. Los archivos escolares, académicos y administrativos;

XI. Los acervos bibliográficos, hemerográficos, documentales, electrónicos; y

XII. Los derechos, honorarios y participaciones por los trabajos que se realicen en convenio con entidades públicas, privadas y sociales.

Artículo 29.- El patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía es imprescriptible, inembargable e inalienable y, en el caso de su bienes e inmuebles, no generarán derechos reales al ser concesionados; sobre ellos no podrá constituirse gravamen alguno, ni se podrá deducir acción reivindicatoria o posesoria alguna; no podrá imponérseles ningún tipo de servidumbre; emplearse ninguna vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse efectivas por ejecución forzosa las sentencias dictadas en contra de los bienes que lo constituyen.

Ningún particular podrá adquirir los bienes que conforman el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, por el sólo hecho de tenerlos en su posesión por un tiempo determinado.

En ningún caso podrá enajenarse el patrimonio cultural de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, como pinturas, esculturas, tesoro bibliográfico y arquitectónico o documentos valiosos para su historia o bienes análogos, los cuales podrán ser declarados bienes de dominio público por el Consejo Universitario o su similar órgano de gobierno.

La determinación de que los bienes tienen esas características quedará a cargo de una comisión de expertos en el área respectiva que para ese efecto autorizará el Consejo Universitario o su similar órgano de gobierno, para lo cual se procederá a la elaboración de un inventario y registro del patrimonio cultural e histórico de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía.

El uso, conservación y restauración de los bienes con valor cultural que formen parte del patrimonio universitario, se regirán por las normas reglamentarias que aseguren su protección.

Los bienes inmuebles que formen el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación que gozan de autonomía, a que se refiere este artículo, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación.

Artículo 30.- Para la enajenación de bienes muebles, y excepcionalmente de inmuebles, se estará a lo dispuesto por la normatividad que establezca cada universidad e institución pública de educación superior que goza de autonomía.

Artículo 31.- Los ingresos de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía y los bienes de su propiedad o que tuviere en administración o en usufructo no estarán sujetos al pago de impuestos del Estado o municipales. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que intervengan, si los impuestos conforme a la ley o contrato respectivo debieran estar a cargo de las mismas.

Artículo 32.- Si por causas imputables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia del gobierno federal y estatal, las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía omiten pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a otra institución de seguridad social, esa Secretaría o las dependencias involucradas serán responsables de cubrir dicho pago relativo a la seguridad social; y por tanto, en ningún caso podrán embargar el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía.

Artículo 33.- La prohibición del embargo sobre el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, tendrá como excepción el cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto de carácter individual como colectivo.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En estricto respeto a su autonomía, se propone que las universidades e instituciones públicas de educación superior valoren la pertinencia de adecuar sus respectivas leyes orgánicas a lo dispuesto en materia de patrimonio en la presente Ley y de conformidad a los procedimientos legislativos vigentes en cada entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.--- Dip. Salvador Martínez della Rocca (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Nos visitan alumnos y profesores de la escuela primaria Héroes 4 de Mayo, del municipio de Atlixco, Puebla, invitados del diputado Rogelio Flores; esta Presidencia les da la más bienvenida. Asimismo, saludamos y damos la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad de Oriente, originarios de la ciudad de Puebla. Ellos son invitados de la diputada Angélica Ramírez Luna; sean bienvenidos.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada Yolanda Valladares Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputada.La diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle: Por siglos, la industria salinera mexicana ha suministrado sal a los habitantes del país. La historia y las tradiciones de esta actividad constituyen un destacado capítulo del pasado económico, social y político de México. Esta industria no sólo suministra insumos al mercado interno sino que puede generar recursos económicos a través de su exportación mediante la colocación de este producto mexicano en los mercados externos. Existen en el país varias regiones que basan su actividad económica en la extracción de sal y su posterior comercialización, destacándose el estado de Baja California por su producción a gran escala. En el estado de Campeche, en la región costera, hay áreas dedicas a la producción de ese insumo. Tal es el caso específico del municipio de Calkiní, donde existe un vaso del que se extrae sal que se forma al reaccionar el suelo extremadamente salino con el agua de lluvia, zona que fue declarada propiedad nacional en 1987.

La dimensión aproximada de esa laguna es de 79.80 hectáreas, de las cuales 73.56 hectáreas se localizan en el estado de Campeche y las restantes 6.24 en el de Yucatán. En Campeche, la laguna está dividida en 28 predios, concesionados a tres usuarios. Y de ellos se extrae sal de forma rudimentaria, sin empleo de maquinaria alguna, siendo esta actividad la base de la subsistencia de varias familias del lugar, personas que buscan mediante la extracción de sal aliviar parte de sus carencias, condiciones de por sí precarias.

Sin embargo, al modificarse la Ley Federal de Derechos en materia de aprovechamiento de aguas nacionales, no se homologaron los derechos de las concesiones de áreas dedicas a la explotación salina con vasos de agua de mar con los terrenos de alta concentración salina que producen sal con las precipitaciones pluviales, de tal suerte que estos salineros tienen que pagar un derecho que por la misma actividad pagan los salineros de agua de mar; o sea, los salineros de agua dulce pagan 18 veces más de lo que se paga como concesión de explotación salina proveniente de agua de mar. Por ello, en el municipio de Campeche, a partir de 1999, los 13 concesionarios de explotación de sal en terrenos con alta concentración salina son omisos en el pago de derechos por el uso, explotación o aprovechamiento del vaso y zona federal de la laguna, adeudando a la fecha 9 millones de pesos, cifra prácticamente incobrable, dadas las condiciones económicas de los concesionarios.

Cabe señalar que actualmente el cobro por concepto de derechos, por el uso o goce o aprovechamiento de inmuebles o bienes del dominio público considera únicamente diques, cauces, vasos, zonas de corriente y depósitos de propiedad nacional, y no consideran la explotación de sal que no está formada directamente por aguas marinas, sino que sean producto de aportaciones pluviales, lo cual impacta negativamente en la economía local. En ese sentido, la iniciativa que se presenta ante esta soberanía tiene el propósito de regular este rubro, toda vez que el fin último no es sólo recaudar. Recordemos que la recaudación como un fin en sí mata la fuente de ingresos que genera los impuestos; esto es, aniquila las actividades productivas.

Por ello, el cobro de derechos se constituye como un instrumento económico del Estado para recuperar los recursos con que se financian los servicios públicos, que tienen un beneficiario específico. Se plantea una tarifa que, al tiempo de no afectar la actividad económica de las familias que obtienen un beneficio de ese tipo de propiedad nacional, les permita cubrir sus obligaciones fiscales, principio de subsidiariedad que permite a las comunidades de una manera responsable fincar su desarrollo.

Por lo expuesto, presento al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa:

Artículo Único. Se reforma el artículo 232, fracción I, párrafo segundo, y se adiciona una fracción VI al artículo, recorriendo en su orden las actuales VI a X, para quedar como VIII a XI, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 232, fracción I. Cuando se trate de bienes nacionales comprendidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Aguas Nacionales distintos de los señalados en las fracciones IV, V y VI de este artículo, pagarán anualmente por metro cuadrado de superficie la siguiente cuota: 1.5736 pesos.

Fracción VI. 0.085 pesos anual, por metro cuadrado de superficie, cuando el uso o goce consista en la realización de actividades de explotación y exploración de salinas que no estén formadas directamente por aguas marinas, las aguas del vaso sean producto de aportaciones pluviales y la formación de sal no sea resultado de la evaporación del agua de mar, en el caso de los bienes nacionales comprendidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Aguas Nacionales.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Los usuarios y permisionarios a que se refiere la fracción VI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para regularizar su situación fiscal por adeudos generados del ejercicio fiscal de 1999 al ejercicio fiscal de 2005 podrán aplicar la cuota establecida para el ejercicio fiscal de 2006, con sus accesorios correspondientes; lo anterior, siempre que el pago de los montos adeudados con sus accesorios se realice durante el ejercicio fiscal de 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes de noviembre de 2005. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Yolanda Valladares Valle, del grupo parlamentario del PAN

Yolanda Valladares Valle, diputada federal de esta LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por siglos, la industria salinera mexicana ha suministrado sal a los habitantes del país, la historia y las tradiciones de esta actividad constituyen un destacado capítulo del pasado económico, social y político de México.

Esta industria no sólo tiene un mercado interno prometedor, también puede generar recursos económicos a través de su exportación, mediante la colocación de este producto mexicano en los mercados externos. Existen en el país varias regiones que basan su actividad económica en la extracción de sal y su posterior comercialización, destacándose el Estado de Baja California por su producción en gran escala.

En el estado de Campeche, en su región costera, hay áreas dedicadas a la producción de este insumo, tal es el caso específico del municipio de Calkiní, donde existe un vaso del que se extrae sal que se forma al reaccionar el suelo extremadamente salino con el agua de lluvia, zona que fue declarada como propiedad nacional en 1987, la dimensión aproximada de esta laguna es de 79.80 hectáreas, de las cuales, 73.56 hectáreas se localizan en el Estado de Campeche y las restantes 6.24 hectáreas en el Estado de Yucatán.

En la parte correspondiente a Campeche, la laguna está dividida en 28 predios concesionados a 13 usuarios, de ella se extrae sal de forma rudimentaria sin empleo de maquinaria alguna, siendo esta actividad la base de la subsistencia de varias familias del lugar, personas que buscan mediante la extracción de la sal, aliviar en parte sus carencias de por sí precarias.

La concesión para la explotación de este vaso trae aparejado el pago correspondiente de derechos que están estipulados en el ordenamiento legal para el que presentamos esta iniciativa de adición; sin embargo a partir de 1999 los 13 usuarios son omisos en el pago de derechos por el uso, explotación o aprovechamiento del vaso y zona federal de la laguna, adeudando a la fecha $ 9 000 000.00, que son prácticamente incobrables dadas las condiciones económicas de los concesionarios.

Cabe señalar que el cobro por concepto de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles o bienes del dominio público, considera únicamente diques, cauces, vasos, zonas de corrientes, y depósitos de propiedad nacional, sin contemplar particularmente salinas que no estén formadas directamente por aguas marinas sino que sean producto de aportaciones pluviales.

En este sentido la iniciativa que se presenta ante esta soberanía tiene el propósito de regular este rubro, toda vez que el fin último no es sólo recaudar, recordemos que la recaudación como un fin en sí mismo mata a la fuente de ingresos que genera los impuestos, esto es, aniquila las actividades productivas, por ello, el cobro de derechos se constituye como un instrumento económico del Estado para recuperar los recursos con que se financian los servicios públicos que tienen un beneficiario específico, promoviendo el uso y aprovechamiento racional de los bienes de dominio publico de la Nación, sin perder de vista el sentido humanista que conlleva la elaboración de Leyes por ello y en afán de dar mayor proporcionalidad y equidad al monto del derecho a pagar por el aprovechamiento de salinas que son el resultado de aportaciones pluviales, se plantea una tarifa que al tiempo de no afectar la actividad económica de las familias que obtienen un beneficio de este tipo de propiedad nacional, les permita cubrir sus obligaciones fiscales; principio de subsidiaridad que permite a las comunidades de una manera responsable fincar su propio desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto presento al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se reforma el artículo 232, fracción I, párrafo segundo, y se adiciona una fracción VI al artículo, recorriéndose en su orden las actuales VI a X, para quedar como VII a XI de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 232. ...

I. ...

Cuando se trate de bienes nacionales comprendidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Aguas Nacionales, distintos de los señalados en las fracciones IV, V y VI de este artículo, pagarán anualmente por metro cuadrado de superficie, la siguiente cuota $1.5736

II. a V. ...

VI. $0.085 anual, por metro cuadrado de superficie, cuando el uso o goce consista en la realización de actividades de explotación y exploración de salinas que no estén formadas directamente por aguas marinas, las aguas del vaso sean producto de aportaciones pluviales y la formación de la sal no sea resultado de la evaporación de agua de mar, en el caso de los bienes nacionales comprendidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Aguas Nacionales;

VII. a XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los usuarios y permisionarios a que se refiere la fracción VI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para regularizar su situación fiscal por adeudos generados del ejercicio fiscal de 1999 al ejercicio fiscal de 2004, podrán aplicar la cuota establecida para el ejercicio fiscal de 2005 con sus accesorios correspondientes. Lo anterior siempre que el pago de los montos adeudados con sus accesorios se realice durante el ejercicio fiscal de 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 27 días del mes octubre de 2005.--- Dip. Yolanda G. Valladares Valle (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Iniciativa que adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRDExposición de Motivos

Durante el período comprendido entre 1990 y 1994 la economía mexicana mostró cierta estabilidad lo que provocó una fuerte expansión crediticia del sistema financiero.

El mecanismo dependía totalmente de dos supuestos fundamentales:

a) Tasa de interés a la baja, o cuando menos niveles similares a los existentes cuando se contrataba el crédito; y

b) Incremento real a través del tiempo del ingreso de quienes obtenían el crédito.

Sin embargo, las crisis financiera que estalló en el país a finales de 1994, rompió los dos supuestos fundamentales del esquema y cambió el contexto de estabilidad observado entre 1990 y 1994 por uno de incertidumbre, con inflación y devaluación para los años posteriores.

De esta manera tan sólo en 1995 el salario mínimo real se redujo en más de 14% y la tasa de interés activa se situó en niveles cercanos al 100%, aunado a que se incrementó el desempleo de manera alarmante.

Durante el periodo comprendido entre 1995 y 1998 se crearon varios programas para ayudar y alentar a los deudores a pagar sus créditos pendientes, lo cual ayudaría a los bancos a mejorar la calidad de su cartera y a mantener sus flujos de efectivo.

Sin embargo a lo largo del periodo mencionado el contexto macroeconómico fue caracterizado por una elevada inflación y una caída sistemática en los salarios reales.

Ante el problema generado por el disparo abrupto de las tasas de interés, inflación y el deterioro del ingreso real de los deudores, se propuso utilizar el esquema de Unidades de Inversión (UDIS) adecuar la vigencia de los créditos (plazo), así como la tasa de interés.

Sin embargo el contexto macroeconómico en el que fue implementado, provocó que al utilizar las UDIS como unidad de cambio, se incorporara la inflación al valor de la deuda con lo que se actualizó su valor y se combinó con una persistente caída del ingreso, por lo que el problema de los deudores lejos de mejorar; empeoró.

Debido a la profundidad de la crisis, adicional a la aplicación del esquema UDIS, las autoridades financieras implementaron programas de apoyo a deudores, el programa ADE y Punto Final fueron algunos de ellos, en dichos programas se buscaba aligerar el peso de la deuda a los deudores, que ya se encontraban bajo el esquema de las UDIS. En particular el Programa de Apoyo a Deudores, ofreció descuentos en principio del 30% en el pago mensual de la deuda, lo que fue equivalente a reducir el servicio de la deuda y no el saldo deudor.

El programa fracasó por las siguientes razones:

A) Por el efecto que produce el esquema UDIS, combinado con el deterioro del salario real, que se explicó anteriormente.

B) Los descuentos en el servicio de la deuda fueron temporales y cada vez menores, en los primeros meses los descuentos fueron equivalentes a reducir la tasa a niveles cercanos al 5%. Sin embargo en octubre de 1996 se incrementó la tasa en más de un punto y posteriormente se redujeron los descuentos.

C) Finalmente, las reducciones no se hicieron en el saldo deudor, sino sólo en el servicio de la deuda, lo que provocó un efecto transitorio y no permanente.

Las Administradoras de Cartera:

Como resultado del proceso de rescate bancario el Fobaproa heredó al IPAB la totalidad de las operaciones de compra de cartera que realizó, quedando en un principio bajo la administración del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, bajo el cual conforme a su ley, se regirían todas las operaciones de venta de activos que realizara el Instituto.

El programa de enajenación de bienes, emanando del título III, capítulo II y del artículo décimo tercero transitorio, de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, contempló la aparición de entidades privadas, llamadas ``Administradora de Cartera'' como los organismos intermediarios y especializados que adquirirían estas carteras directamente del IPAB y las ``cobrarían'' a los deudores.

Este marco jurídico ha provocado que las administradoras de cartera hayan encontrado un clima propicio para ``lucrar'' con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios y adquiriendo hasta el momento cartera para un valor total de 58,898 millones de pesos, por lo cual han pagado aproximadamente 10,121 millones de pesos, es decir que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo del 30% que alguna vez, estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.

Por si lo anterior fuera poco, las administradoras de cartera a su vez, están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de 80 centavos, esto es cuadriplicando el precio de adquisición y con ello el costo para los deudores que se acercan a estas administradoras a reestructurar sus créditos.

Lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera como los grandes beneficiarios del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con un descuento de 83% en promedio, en este margen se ha traducido en un beneficio directo para las administradoras y no para los deudores, pues gracias a esto el IPAB ha dejado de recibir aproximadamente 48,000 millones de pesos en lo que va del año, y los deudores no han podido comprar sus deuda en el precio al que está vendiendo el IPAB.

En el propio marco jurídico del IPAB, se estableció que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, presentaran cartera vencida o mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.

Lo anterior a pesar de contar con cierta lógica (se hizo para que los grandes deudores no pudieran recomprar sus activos o deudas a precios de chatarra) impidió que los pequeños y medianos deudores recompraran sus deudas y el negocio fuera para las administradoras y compradoras de cartera, quiénes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos.

Al cabo del tiempo se han observado que los recursos que ha recuperado el IPAB han sido infinitamente menores a lo estimado originalmente (únicamente 14 centavos de cada peso) esto ha impedido reducir el costo fiscal del rescate e incrementado la carga fiscal de los contribuyentes.

Sin embargo, de acuerdo con la lista entregada por el IPAB recientemente a esta Cámara de Diputados, se observa claramente que la condición impuesta por la ley del IPAB respecto a no haber sido ``rescatados por Fobaproa o el IPAB o estar en cartera vencida'' fue violentada flagrantemente por el Instituto, y como siempre los primeros beneficiados han sido personajes adinerados, bancos y políticos, lo que desde luego se ha traducido en un costo fiscal mayor para los contribuyentes, y en un tráfico de influencias a favor de grupos económicos y políticos, que va más allá de los hijos de Marta Sahagún.

Este tipo de operaciones y las personas físicas y morales que se han beneficiado con estas subastas explican en buena medida las razones por las cuales la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los influyentes.

Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a fin de que se encuentre en la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad sus recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de ``derecho al tanto''.

Por todo lo anterior el suscrito, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración la siguiente iniciativa de ley que adiciona el artículo 62-Bis de la Ley del Instituto para la Protección del ahorro Bancario.

Artículo 62-Bis.

Cuando los bienes definidos en el artículo 61 de esta ley, se refiere a créditos que hayan sido otorgados por las instituciones bancarias, entre 1994 y 1998 y cuyo monto original no hubiese sido mayor de 1,000,000 de pesos, el Instituto deberá enajenarlos de manera directa.

Para ello, el Instituto elaborará un programa que deberá sujetarse a los siguientes criterios generales:

I.- El programa que llevará a cabo el Instituto deberá ser autofinanciable, es decir, que el Instituto incorporará dentro del precio de venta de la cartera en cuestión los gastos administrativos adicionales que el programa le genere.

II.- Con el objeto de reducir los gastos administrativos el Instituto deberá gestionar con las instituciones bancarias y con la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el aprovechamiento de la infraestructura disponible de tal manera que coadyuven en la implementación del programa para servir como ventanilla de gestión.

III.- En reciprocidad al apoyo recibido, durante el rescate bancario, los bancos no podrán cobrar comisión alguna por el apoyo otorgado en la operación de este programa.

IV.-El Instituto publicará listas pormenorizadas de los créditos que se encuentren en la situación descrita en este artículo, de manera tal, que los deudores puedan enterarse y asistir a las oficinas bancarias o de la Condusef, a iniciar el proceso de recompra de sus créditos.

V.- El precio de venta de la cartera a la que se refiere este artículo no podrá exceder a los 35 centavos por cada peso, al valor original del crédito.

VI.- Si los créditos referidos se encuentran dentro de las ``Transacciones Reportables'' los bancos asumirán el 100% del descuento a que se refiere la fracción V de estas reglas generales.

VII.- Ninguna persona física o moral que sea de reconocida solvencia económica bajo ninguna circunstancia podrá participar en este programa, aún cuando sus deudas se encuentren dentro de las carteras referidas en el artículo 62-bis de esta Ley.

VII.- Cuando la cartera a que se refiere el artículo 62-bis de esta Ley haya sido cedida en administración a algunas ``administradoras de carteras'' el Instituto la recuperará y la incorporará al programa.

IX.- Cuando la cartera referida en el artículo 62-bis haya sido vendida por el Instituto, a alguna administradora de cartera, el instituto la recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LETRAS DE ORO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Julio Boltvinik, para presentar iniciativa, que también suscribe el diputado René Meza Cabrera, la iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Programa del Partido Liberal Mexicano''.El diputado Julio Boltvinik Kalinka: Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados y diputadas:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del ``Programa del Partido Liberal Mexicano''.

Los suscritos, René Meza Cabrera y Julio Boltvinik Kalinka, diputados federales en ejercicio, miembros de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proyecto de decreto para inscribir con letras de oro, en el recinto de la H. Cámara de Diputados, el nombre del Programa del Partido Liberal Mexicano, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando, que el pueblo de México aún está en deuda con la mayor parte de los precursores de la Revolución Mexicana, luchadores infatigables que en medio de la persecución, la cárcel y la pérdida de la propia vida no dudaron un momento en el cumplimiento de las tareas asignadas.

Que sin el trabajo tesonero y decidido de elementos como Camilo Arriaga, quien convocó en 1900 a la celebración del Congreso de Clubes Liberales, efectuado en febrero de 1901, en San Luis Potosí, al que acudió Ricardo Flores Magón, como delegado del periódico ``Regeneración'' y otros integrantes del Club Ponciano Arriaga, como el propio Camilo, Antonio Díaz Soto y Gama, José María Facha, Blas C. Rodríguez, Moisés García y Gerardo L. Zapata, los cuales aprobaron 51 resoluciones.

En febrero de 1903, Camilo, sale de la cárcel y reorganiza el Club Ponciano Arriaga, con Soto y Gama; los hermanos Sarabia y los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón; Santiago de la Hoz; Juan B. Gutiérrez de Mendoza; Alfonso Cravióto; Librado Rivera y Santiago R. de la Vega. Apresados y perseguidos por la dictadura, se ven forzados a emigrar a los E.E. U.U.

Es importante tener presente que hace cien años, en septiembre de 1905, se creó la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, con Ricardo Flores Magón como Presidente, publicándose las bases para la unificación de dicho partido.

No obstante la férrea persecución de la dictadura, el PLM, dirigido por Ricardo Flores Magón, además de garantizar la distribución de ``Regeneración'', con 20 mil ejemplares en 1905 y 30 mil un año después, apoyaron a diferentes movimientos de huelga en el país.

Que el 1º de julio de 1906, desde San Luis Misouri, E.E. U.U. y con un tiraje de 250 mil ejemplares, la Junta publicó el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano, firmado por Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Profr. Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante.

Que este Programa del PLM, con el lema ``Reforma, Libertad y Justicia'', con sus 52 puntos, constituyó, sin lugar a duda, la génesis de la gran gesta revolucionaria de 1910. En la parte inicial del Programa, se precisa, que éste abarcaba sólo lo que ameritaba reformas en la legislación vigente o la adopción de medidas efectivas de gobierno; por lo que, en lo tocante a algunos principios, no figuraban, porque no eran motivo de decreto, puesto que éstos, deberían estar siempre en la conciencia de los hombres liberales.

De que sirve, se afirmaba, decir o decretar que un gobernante debe ser honrado y justo, si éste no es hombre de conciencia ni siente respeto por la Ley. Señalando, enseguida, que sólo hay un medio para garantizar estos principios y es la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios, exigiéndoles la más amplia responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes.

Los ciudadanos deben comprender, se decía en el Programa, que las simples declaraciones de principios, por muy elevadas que éstas sean, no bastan para formar buenos gobiernos y evitar tiranías; que lo principal, es la acción del pueblo, el ejercicio del civismo y la intervención de todos en la cosa pública. De ahí que, lo importante, era más bien imponer a los liberales la obligación de velar por el cumplimiento del Programa, para no fiarse de ningún gobierno, por ejemplar que éste pudiera parecer.

En este histórico documento, se analiza a profundidad la situación política, económica y social de su época, pronunciándose firmemente en contra del poder unipersonal, sentándose las bases de un sistema democrático; se pedía respeto a las leyes; consideraba ilegales las reformas a la Constitución de 1857; se proponía reducir el período presidencial a cuatro años, sin posibilidad de reelección; exigía libertad de pensamiento y expresión; demandaba la supresión de los tribunales militares en tiempo de paz; el servicio militar obligatorio y de la leva, así como la revisión de la ordenanza militar para quitar de éstas lo opresivo y humillante para la dignidad del hombre; también, se pronunciaba por la abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria; señalaba la necesidad de imponer severas penas a los funcionarios públicos que delinquieran; la separación efectiva entre Estado e Iglesia; la obligación para que se impartiera enseñanza netamente laica, en todas las escuelas del país; declaraba la obligatoriedad de la instrucción hasta la edad de catorce años, fijando al gobierno el deber de impartir protección a los niños pobres que, por su miseria, pudieran perder los beneficios de la educación; precisaba la necesidad de pagar buenos sueldos a los maestros de primaria; también exigía la nacionalización, conforme a las leyes, de los bienes eclesiásticos que el clero tenía en poder de testaferros y que se incrementaran las penas que las Leyes de Reforma señalaban para los infractores de las mismas; se pronunciaba por una jornada laboral de ocho horas de trabajo; salario mínimo, con descanso dominical obligatorio; reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio; prohibiendo en lo absoluto, el trabajo de niños menores de 14 años; obligar a los patrones a pagar indemnización por accidentes de trabajo; que los dueños de tierras, deberían estar obligados a hacerlas productivas y que el Estado las debería proporcionar a quien lo solicitase, sin mas condición, que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas, fijándose una extensión máxima y la creación de un banco agrícola; se planteaba gravar el agio, los artículos de lujo, los vicios y aligerar de contribuciones los artículos de primera necesidad; no permitir que los ricos, fuera de lo que les imponía la Ley, ajustaran igualas con el gobierno para pagar menos contribuciones; hacer práctico el juicio de amparo; establecimiento de los mismos derechos para todos los hijos de un mismo padre; que en lugar de cárceles y penitenciarías, se establecieran colonias penitenciarias, cuando esto fuera posible; se manifestaba a favor de la protección de la raza indígena y, en el último punto, anunciaba que la Junta Organizadora del PLM, comunicaría a los gobiernos extranjeros, que no se aceptarían más deudas sobre la patria y que, por tanto, no se reconocería ninguna de éstas, que bajo cualesquier forma o pretexto, promoviera la dictadura porfirista, empobreciendo aún más a la Nación.

El impacto, que este histórico documento causó en la conciencia nacional, fue de gran trascendencia, lo que junto a las demás acciones emprendidas por el PLM, permitieron que, años después, surgiera y se consolidara el movimiento social más importante del siglo pasado en nuestro país.

Por ello, proponemos que con fundamento en el artículo 169 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

DECRETA

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el nombre del Programa del Partido Liberal Mexicano

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Existiendo aún descendientes directos de los revolucionarios firmantes de dicho documento, la Cámara de Diputados les extenderá invitación oficial, para que estén presentes en la sesión en que se devele el nombre del Programa del Partido Liberal Mexicano, elaborado por sus ilustres ascendientes.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, San Lázaro, DF, a 11 de octubre de 2005.--- Diputados: René Meza Cabrera, Julio Boltvinik Kalinka (rúbricas).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: A continuación, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco. modalidad="PI">El diputado Miguel Ángel Toscano Velasco: Compañeras y compañeros legisladores: el suscrito, diputado federal Miguel Ángel Toscano, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 constitucionales, así como en la fracción II del 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de tabaco, conforme a lo siguiente:

Actualmente, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, mil 300 millones de personas en el mundo fuman, lo que equivale a 30 por ciento de la población global. Y de continuar la tendencia, mil 600 millones fumarán en 2025. De esos fumadores, casi 5 millones mueren al año por enfermedades causadas por el tabaco; y se pronostica que para 2025 ese número se duplicará. México no es inmune a este grave problema de salud pública mundial, ya que en nuestro país mueren 53 mil personas al año por enfermedades relacionadas con tabaquismo, lo que equivale a un promedio de 150 muertes al día. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2002, 23.47 por ciento de la población mexicana de entre 12 y 65 años de edad fuma, siendo un poco más de 16 millones de mexicanos, de los cuales poco más de 1 millón son adolescentes de entre 12 y 17 años. El hábito del tabaquismo es adictivo, progresivo, crónico y mortal; es antecedente de múltiples enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y de distintos tipos de cáncer, por contener más de 4 mil sustancias químicas, de las cuales muchas son tóxicas o incluso cancerígenas. El tabaco es el único producto legal que causa la muerte de la mitad de sus consumidores habituales. Las enfermedades causadas por el tabaquismo causan más número de defunciones que las causadas por sida, alcoholismo, accidentes automovilísticos, asesinatos, homicidios o drogas ilícitas. Por esas razones, las enfermedades atribuibles al consumo del tabaco son la segunda principal causa de muerte en el mundo, así como la principal causa de muerte prevenible.

Contra lo que ha ido sucediendo en los países desarrollados, donde el tabaquismo se ha mantenido constante e incluso ha disminuido, el tabaquismo ha ido aumentando con rapidez en los países subdesarrollados, al albergar 84 por ciento de los fumadores actuales: la OMS pronostica que de los 10 millones de defunciones anuales por el tabaco, para 2025 70 por ciento ocurrirá en los países no desarrollados. La edad promedio en que las personas se inician en el vicio del tabaquismo ha ido disminuyendo, empezando antes de la mayoría de edad, cuando aún son jóvenes e incluso niños. En México, la edad promedio de inicio disminuyó de 21 años para la gente que nació en la década de los treinta y cuarenta a la edad de 13 años para las personas que nacieron a partir de los años ochenta. Existe también la tendencia general en todo el mundo en el incremento de los fumadores de sexo femenino.

En México, mientras que en 1988 había cuatro fumadores hombres por una mujer, en 2002 esa relación bajó a dos hombres por una mujer. Aunque no existe una enfermedad específica relacionada con el tabaquismo, el problema es la frecuencia con que éstas ocurren en las personas que consumen tabaco. En México se ha estimado que el consumo de tabaco causa 90 por ciento del cáncer de pulmón, de bronquios y de tráqueas, 84 por ciento de enfisema pulmonar y bronquitis crónica, 51 por ciento de enfermedades cerebro-vasculares y 45 por ciento en enfermedades del corazón. El riesgo de aborto, parto prematuro y sangrados aumenta en gran proporción en las mujeres embarazadas que fuman o están expuestas al humo del tabaco; también afecta el crecimiento del bebé, provoca menor peso al nacer e incrementa el riesgo de fallecimiento por muerte súbita.

De acuerdo con el INER, si todas las mujeres embarazadas en nuestro país se abstuvieran de fumar durante el embarazo, se podrían prevenir 4 mil muertes de infantes al año. El consumo del tabaco también afecta a fumadores pasivos, que son las personas que involuntariamente se encuentran expuestas al humo de los fumadores. Al elevadísimo costo humano como consecuencia del tabaquismo se deben sumar los altos costos económicos sufridos por las familias, las empresas, las instituciones de salud y el gobierno. Las familias con miembros fumadores incrementan su gasto en atención de la salud y llevan una calidad de vida menor. El sector productivo nacional se ve afectado por perder horas laborables, ya sea por las enfermedades que padecen los trabajadores que fuman o por las muertes prematuras de éstos, al fallecer durante su etapa productiva.

El sector público recibe un impacto directo en las finanzas públicas, al tener que erogar miles de millones de pesos para atender a la población afectada por el tabaquismo. De acuerdo con el Banco Mundial, el consumo de tabaco hace perder alrededor de 200 mil millones de dólares al año a las naciones del mundo. En México, el sistema nacional de salud gasta aproximadamente 32 mil millones de pesos al año para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con el tabaco. Si tomamos en cuenta que por impuestos especiales al tabaco recibe cerca de 14 mil 500 millones de pesos, nos damos cuenta de que existe un déficit de aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos.

De esa manera, y ante los enormes estragos de la salud, económicos y sociales provocados por el tabaquismo, se firmó el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco, convirtiéndose en el Primer Tratado Internacional de Salud Pública para Combatir el Tabaquismo, que entró en vigor a finales de febrero de 2005, tras haber sido ratificado por 40 países. México, como miembro de la OMS y por su obligación de salvaguardar el derecho a la salud, como lo estipula el artículo 4o. constitucional, aprobó y ratificó el Convenio Marco. Éste establece una serie de medidas que, si bien no se espera que erradiquen el tabaquismo, sí se espera que lo combatan eficazmente.

Uno de los principales objetivos es la protección contra la exposición pasiva del humo del tabaco, y a lo que se ha concluido que no hay un nivel mínimo seguro de exposición al humo del tabaco; la mejor solución es la prohibición total de fumar en los lugares públicos cerrados, incluyendo las áreas laborales. La prohibición de fumar en los lugares públicos cerrados ya se ha implantado en varios lugares, como el estado de California y en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en Tanzania y en Italia. Además, estudios recientes para Estados Unidos, Australia y Reino Unido han demostrado que la utilización de esas políticas no ha provocado pérdidas en las utilidades de los comercios sino que, incluso, éstas han aumentado.

Un argumento comúnmente usado para echar abajo la prohibición de fumar en lugares cerrados es que las restricciones de fumar violan los derechos de los fumadores. No obstante, en abril de este año el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Distrito Federal decretó la primera sentencia en cuanto a los derechos de los fumadores y los no fumadores. La cadena de restaurantes Vips trató de ampararse contra la Ley de Protección a los no Fumadores del Distrito Federal, argumentando que está violando los derechos de los fumadores.

Al respecto, los jueces establecieron que el derecho a la salud de los no fumadores está por encima del derecho de los fumadores a fumar donde quieran, por lo que no se considera que se violen los derechos de los fumadores y negaron el amparo a la cadena Vips. Aunque es una primera sentencia en el tema, es de gran relevancia para el país, ya que se está sentando la primera base por la que la ley pone por encima el derecho a la protección de la salud de las personas. Por otro lado, el convenio marco hace referencia al empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, pues los consumidores tienen derecho a estar informados.

Las leyendas precautorias o advertencias sobre los efectos nocivos que pueda causar son una buena manera para que la gente adquiera información y se abstenga de fumar. Por esas razones debe seguir impulsándose su utilización, así como su rotación y renovación para que las personas amplíen sus conocimientos en el tema. El convenio marco busca también regular la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Estudios han demostrado que la publicidad y la promoción del tabaco aumentan el consumo, siendo los jóvenes los más vulnerables a la publicidad del tabaco en los medios de comunicación escrita, en la radio y en Internet.

En cuanto al patrocinio de ``eventos'', muchos países ya están prohibiendo su práctica, como es el caso de la Unión Europea, que acordó prohibir el patrocinio de cualquier acto cultural o deportivo por parte de las empresas tabacaleras, como las carreras de Fórmula Uno, la Eurocopa de Futbol y cualquier otro acontecimiento celebrado en los países miembros.

Por otro lado, con el fin de combatir el comercio ilícito de los productos del tabaco, el convenio impulsa una serie de acciones a nivel internacional, regional y nacional. A nivel nacional, se recomienda poner distintivos a las cajetillas de cigarros. Por toda esa serie de hechos tan preocupantes y perjudiciales para la salud pública de México y del mundo, propongo una serie de modificaciones de la Ley General de Salud, modificaciones que van de la mano con el convenio marco y cuyo objetivo principal es preservar la salud de los millones de ciudadanos que se ven afectados, directa o indirectamente, por el consumo de tabaco. Las bases mínimas para combatir el problema del tabaquismo en el mundo ya están planteadas en el convenio marco.

Ahora depende de los gobiernos, del sector salud, de las asociaciones civiles, de la sociedad civil en general poner en práctica las herramientas con que ya contamos para luchar contra el tabaquismo. Nosotros, como diputados federales, por ser representantes de los intereses de la ciudadanía, debemos tomar la responsabilidad que nos corresponde como hacedores de leyes y aprobar las medidas legislativas necesarias para combatir un grave problema de salud pública tan grave e innecesario como el tabaquismo. Es menester que dejemos a un lado los intereses personales y que no cedamos ante las fuertes presiones y los falsos argumentos de la industria tabacalera, que lo único que busca son mayores utilidades, en menoscabo de la salud de los mexicanos. Muchas gracias, señor Presidente; y pido que se inscriba el texto íntegro de la iniciativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de tabaco, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Aunque el hábito del tabaco se ha practicado desde siglos atrás; no es sino hasta en el siglo XX especialmente en la segunda mitad, cuando el consumo de tabaco se empezó a difundir de manera amplia y muy rápida a través de todo el mundo; sin diferenciar entre raza, edad, sexo, condición económica o social.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en la actualidad 1,300 millones de personas en el mundo fuman, lo que equivale al 30% de la población global; y de continuar la tendencia, 1,600 millones de gentes fumarán en el 2025.

El hábito del tabaquismo es adictivo, progresivo, crónico y finalmente, mortal. El contenido de nicotina en el tabaco hace que éste sea un producto muy adictivo. La nicotina afecta el sistema nervioso central provocando activación psicomotriz y generando una sensación de placer, además de afectar a casi todos los aparatos y sistemas del organismo. El problema radica en que los órganos del cuerpo al desarrollar resistencia a la nicotina, necesitan una cantidad de nicotina cada vez mayor para conseguir los mimos niveles de satisfacción, razón por la cual, las personas incrementan paulatinamente su consumo de tabaco.2

En la actualidad casi 5 millones de personas mueren al año por enfermedades causadas por el tabaco y de continuar la tendencia del tabaquismo como hasta ahora, la OMS pronostica que 10 millones morirán anualmente para el 2025.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al año mueren más de un millón de personas en Latinoamérica y el Caribe (506,000 y 5,601, respectivamente) a causa del tabaco, siendo el tabaquismo la causa de muerte de 1 de cada 5 latinoamericanos que fallecen.

México no es inmune a este grave problema de salud pública mundial, ya que en nuestro país mueren 53 mil personas al año por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que equivale a 147 muertes diarias.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) del 2002, el 23.47% de la población mexicana entre 12 y 65 años de edad fuma (26% de la urbana y 14% de la rural); lo que significa que poco más de 16 millones de mexicanos fuman, siendo poco más de 1 millón, adolescentes entre 12 y 17 años.

El tabaquismo es antecedente de múltiples enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. El tabaco es el único producto legal que causa la muerte de la mitad de sus consumidores habituales, por lo que de los 1,300 millones de fumadores que hay en el mundo, 650 millones morirán de manera prematura, según la OMS.

Las enfermedades causadas por el tabaquismo causan más número de defunciones que las causadas por sida (3 millones al año),3 alcoholismo, accidentes automovilísticos, asesinatos, homicidios o drogas ilícitas. Por estas razones, las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco son la segunda principal causa de muerte en el mundo, así como la principal causa de muerte prevenible.

Contrario a lo que ha ido sucediendo en los países desarrollados en donde el tabaquismo se ha mantenido constante o incluso ha disminuido, el tabaquismo ha ido aumentando con rapidez en los países subdesarrollados al albergar el 84% de los fumadores actuales. La OMS pronostica que de las 10 millones de defunciones anuales por el tabaco para el 2025, el 70% ocurrirán en los países no desarrollados, además de que el número de muertes en Latinoamérica se triplicará.

Asimismo, la edad promedio en que las personas se inician en el vicio del tabaquismo ha ido disminuyendo, empezando antes de la mayoría de edad cuando aún son jóvenes o incluso niños. En México, la edad promedio de inicio disminuyó de 21 años para la gente que nació en las décadas de los 30's y 40's, a la edad de 13 años para las personas que nacieron a partir de los años 80's.4

Aunado a esto, existe otra tendencia general en todo el mundo en el incremento de los fumadores del sexo femenino. En México, de acuerdo a la ENA, mientras que en 1988 había 4 fumadores hombres por una mujer, en el 2002 esta relación bajó a 2 hombres por una mujer.

El humo del tabaco el cual contiene más de 4 mil sustancias químicas, de las cuales muchas son tóxicas (Benzopireno, 2-Naftilamina, 4-Aminobifenil, Benceno, Clorhidrato de vinilo, Arsénico, Cromo y Polonio-210) o incluso carcinógenas (Amoníaco, Formaldehído, Monóxido de carbono, Nicotina, Tolueno, Dióxido de nitrógeno, Acroleína y Acetaldehído); es la razón por que el tabaquismo produce múltiples enfermedades.

Pese a que desde mucho tiempo atrás se empezó a advertir sobre la relación entre el consumo de tabaco y distintas enfermedades, es al principio de la segunda mitad del siglo XX cuando se confirma la relación entre el tabaquismo y una enfermedad mortal, con el estudio de Doll y Hill entre la relación del tabaquismo y cáncer de pulmón.5

Aunque no existe una enfermedad específica relacionada al tabaquismo, el problema es la frecuencia con que éstas ocurren en las personas que consumen tabaco. El riesgo de contraer enfermedades y morir por fumar es directamente proporcional a la cantidad de cigarrillos consumidos y al número de años que se fuma.6

Estudios han concluido que el tabaquismo causa 30% de todas las muertes por cáncer, entre el 85 y 90% de los cánceres de pulmón, el 30% del cáncer de páncreas, del 75 al 85% de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (bronquitis crónica y enfisema pulmonar) y 30% de las muertes por enfermedad coronaria.

Las personas fumadoras incrementan de 5 a 10 veces el riesgo de contraer cáncer del pulmón, 27 veces la posibilidad de tener cáncer oral, 12 veces cáncer de laringe, de 2 a 3 veces cáncer de vejiga y 2 veces cáncer de colon; en comparación a aquellas que no lo hacen. La mortandad por problemas cardiovasculares es 2 veces mayor entre los fumadores y éstos tienen 45% más probabilidad de sufrir bronquitis crónica o enfisema que aquellas personas que no fuman. Además, fumar incrementa la probabilidad de tener osteoporosis y es responsable de 1 de cada 8 fracturas de cadera.

En México se ha estimado que el consumo del tabaco causa el 90% del cáncer de pulmón, de bronquios y de tráquea; el 84% del enfisema pulmonar y bronquitis crónica; el 51% de la enfermedad cerebro vascular; y el 45% de la enfermedad isquémica del corazón.7

El tabaquismo provoca mal funcionamientos digestivos como dispepsias, úlceras, cáncer gástrico y de colon. Causa también leucoplaquia, gingivitis, piorrea, cáncer de boca, de labio, de lengua y laringe, deteriora los dientes y causa mal aliento. El tabaco afecta también el metabolismo de los hidratos de carbono causando 1 de cada 4 casos de diabetes; aumenta el nivel de colesterol y triglicéridos y favorece el depósito de grasa intraabdominal. También, provoca disfunciones sexuales e incrementa la formación de arrugas en la piel, además de tornarla amarilla.

El riesgo de aborto, parto prematuro y sangrados aumenta en gran proporción en las mujeres embarazadas que fuman o están expuestas al humo del tabaco. Así también, afecta el crecimiento del bebé, provoca menor peso al nacer e incrementa el riesgo de fallecimiento por muerte súbita. De acuerdo a la INER, si todas las mujeres embarazadas en nuestro país se abstuvieran de fumar durante el embarazo, se podrían prevenir 4 mil muertes de infantes al año.

Asimismo, las mujeres que fuman tienen mayores posibilidades de contraer ciertos tipos de cáncer que las que no fuman. Tal son los casos de cáncer de mama y cérvico uterino. Además, pueden tener retraso en la concepción y sufrir incluso de infertilidad.

El consumo del tabaco también afecta a los fumadores pasivos, que son aquellas personas que involuntariamente se encuentran expuestas al humo del tabaco; por lo también están expuestas a los mismos agentes tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, provocándoles las mismas enfermedades sufridas por los fumadores. En México, 14 millones de personas están expuestas involuntariamente al humo del tabaco.

El humo del tabaco ambiental está formado por 2 componentes principales: el componente primario que es el humo que el fumador absorbe a través del cigarrillo y el componente secundario que es el que se genera cuando el cigarro está haciendo combustión. El componente secundario, que es al que el fumador pasivo está expuesto, es el más contaminante de los dos. Estudios han encontrado que analizando los dos tipos de humo, el humo secundario concentra dosis más altas de nicotina, monóxido de carbono, benceno y otros carcinógenos que el humo primario. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cáncer en Brasil encontró que el humo secundario concentra 2 veces más alquitrán, 4.5 veces más nicotina y 3.7 veces más monóxido de carbono que el humo que los fumadores inhalan.

De acuerdo a la OMS, la absorción involuntaria del humo del tabaco en lugares cerrados afecta inmediatamente al irritar la nariz y los ojos y provocar tos, dolor de cabeza, incrementar las alergias y la presión arterial. Incrementa en 30% el riesgo de contraer cáncer de pulmón y 24% más de sufrir un infarto del corazón en comparación a aquellas personas que no fuman y no están expuestas al humo del tabaco.

Los hijos de padres fumadores también sufren de tabaquismo pasivo, ya que al verse expuestos al aire contaminado por el humo el tabaco; son más propensos a sufrir enfermedades del oído y respiratorias como el asma, bronquitis y neumonía, además de contraer problemas cardiovasculares durante la edad adulta.

Aunado al elevadísimo costo humano como consecuencia del tabaquismo, se le deben sumar los altos costos económicos sufridos por las familias, las empresas, las instituciones de salud y el gobierno.

Las familias con miembros fumadores incrementan su gasto en atención a la salud y llevan una calidad de vida menor. El sector productivo nacional se ve afectado al perder horas laborales ya sea por las enfermedades que padecen los trabajadores que fuman o por las muertes prematuras de éstos al fallecer durante su etapa productiva. El sector público recibe un impacto directo en las finanzas públicas al tener que erogar miles de millones para atender a la población afectada por el tabaquismo.

De acuerdo al Banco Mundial, el consumo de tabaco hace perder alrededor de 200 mil millones de dólares al año a las naciones del mundo. Egipto estima que anualmente gasta 545 millones de dólares para tratar las enfermedades causadas por el tabaquismo, mientras que China gasta 6,500 millones de dólares anuales para atender el mismo rubro.

En México, el Sistema Nacional de Salud gasta aproximadamente 32 mil millones de pesos al año para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con el tabaco. Si tomamos en cuenta que por impuestos especiales al tabaco la Federación recibe cerca de 14,500 millones de pesos, nos damos cuenta que existe un déficit de 17,500 millones de pesos, mismo que tiene que ser sufragado por todos los ciudadanos que pagan impuestos, fumen o no.

El tabaquismo está muy relacionado con la pobreza. Estudios demuestran que es la gente de escasos recursos la que más fuma, siendo también la que más sufre los efectos negativos del tabaquismo. Esto es así porque las familias con menores ingresos gastan proporcionalmente más en productos de tabaco y en atención a la salud y reciben menores ingresos al perder horas productivas de trabajo por las enfermedades causadas por el tabaquismo; en lugar de utilizarlos en rubros benéficos como son la alimentación, la educación y la salud.

De esta manera y ante la gran preocupación de los diversos países del mundo por los enormes estragos a la salud, económicos y sociales provocados por el tabaquismo -mismo que se considera como un problema de salud pública mundial-; se decidió llevar a cabo medidas de índole global, tal como la magnitud del problema lo requiere, pero adaptado a las distintas situaciones de cada país. Tras 3 años de intensas negociaciones, los países miembros de la OMS firmaron el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en mayo del 2003, convirtiéndose en el primer tratado internacional de salud pública para combatir el tabaquismo.

El 27 de febrero del 2005 después de haber sido ratificado por 40 países, entró en vigor el CMCT. México, como miembro de la OMS y por su obligación de salvaguardar el derecho a la salud de los ciudadanos como lo estipula el artículo 4 Constitucional, aprobó y ratificó el Convenio. Cabe destacar que nuestro país fue el primer país en América en ratificarlo, por lo que hoy se encuentra ya jurídicamente vinculado a los demás países en cuanto a las disposiciones del tratado se refiere.

El Convenio Marco es un instrumento legal adoptado en diversos tratados de derechos humanos y de preservación del medio ambiente, cuyo objetivo es ``proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del tabaco''.

El CMCT establece una serie de medidas que si bien, no se espera que erradiquen el tabaquismo, sí se espera que lo combata eficazmente. Dichas medidas están orientadas a reducir la demanda y la oferta de los productos de tabaco, luchar en contra del comercio ilícito y a cooperar científica, técnica y financieramente entre los distintos miembros.

Ante la diversidad de opiniones e intereses, el Convenio Marco sólo da lineamientos generales, por lo cual, el mismo documento insta a las Partes a establecer medidas que vayan más allá de lo estipulado en el CMCT; reconociendo así que el Convenio es un piso y no un techo para aplicar medidas que combatan el tabaquismo.

Uno de los principales objetivos del CMCT es la protección contra la exposición pasiva al humo del tabaco, por lo que en el artículo 8 las Parte reconocen ``que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad''. Por lo que en el mismo artículo se obliga a que las Partes incluyendo a sus gobiernos, lleven a cabo las acciones necesarias (legislativas, ejecutivas, administrativas) para proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco.

Dado que diversos organismos de salud han concluido que el humo del tabaco es carcinógeno de tipo A, que quiere decir que no hay un nivel mínimo seguro de exposición,8 la mejor solución es la prohibición total de fumar en los lugares públicos cerrados, incluyendo las áreas laborales.

Se ha comprobado que tal prohibición, además de proteger contra el humo del tabaco y sus efectos, hace que los fumadores disminuyan el número de cigarros consumidos además de incrementarse el número de intentos de abandono.9

La prohibición de fumar en lugares públicos es una medida muy controversial. Existen muchos intereses encontrados, sin embargo, el más afectado sería la industria tabacalera. En un documento interno, Philip Morris reconoce que las personas que enfrentan prohibiciones totales de fumar en sus lugares de trabajo consumen entre un 11% y 15% menos que el promedio y su tasa de abandono es 84% más alta que el promedio.10

La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, ya se ha implementado en varios lugares. En los Estados Unidos, en el estado de California y en la ciudad de Nueva York ya está prohibido fumar en todos los lugares públicos, incluso en lugares tales como restaurantes y bares. La República Unida Tanzania ha prohibido también fumar en los lugares públicos. Incluso en toda Italia desde enero del 2005, se prohibió fumar en todos los lugares públicos cerrados como son hoteles, restaurantes, discotecas y trenes.

Mucho se ha argüido que el uso de políticas de lugares libres de humo de tabaco causan mermas económicas a los lugares públicos comerciales. Sin embargo estudios recientes especialmente para Estados Unidos, Australia y Reino Unido, han demostrado mediante el uso de evidencia objetiva, que la utilización de estas políticas no han provocado pérdidas en las utilidades de los comercios, sino que incluso, éstas han aumentado.11

Un argumento comúnmente usado para echar abajo la prohibición de fumar en lugares cerrados es que las restricciones de fumar violan los derechos de los fumadores. No obstante, en abril de este año, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal decretó la primera sentencia en cuanto a los derechos de los fumadores y los no fumadores. La cadena de restaurantes Vips trató de amparase en contra de la Ley de Protección a los No fumadores del DF, argumentando que se estaban violando los derechos de los fumadores. Al respecto, los jueces establecieron que el derecho a la salud de los no fumadores está por encima del derecho de los fumadores a fumar donde ellos quieran, por lo que no consideran que se violen los derechos de los fumadores y negaron el amparo a la cadena Vips.

Aunque es una primera sentencia en el tema, es de gran relevancia para el país, ya que se está asentando la primera base por el que la ley pone por encima el derecho a la protección de la salud de las personas.

Por otro lado, en el artículo 11 del Convenio Marco referente al empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, se fundamenta el derecho que los consumidores tienen a estar informados adecuadamente sobre los productos que consumen; y al mismo tiempo, la obligación de las empresas a informarles, para que de esta manera el consumidor pueda elegir concientemente entre consumir el producto o no.

Aunque podemos decir que en México estamos a la vanguardia en cuanto a leyendas de advertencia o precautorias sobre los efectos nocivos del tabaco, estudios de la OMS han demostrado que los consumidores de tabaco no tienen un conocimiento real de los riesgos a los que están expuestos por el tabaquismo. Muchas de las personas que fuman o que están pensando hacerlo tienen apenas conocimientos vagos de los riesgos que implica el fumar, muchos de ellos saben que ``fumar es malo para la salud'' pero nada más. México no es una excepción a esta situación; así, tenemos que el 55% de los adolescentes en el Distrito Federal han fumado alguna vez, de los cuales, menos de la mitad cree que les hará daño y la mayoría piensa que puede dejarlo cuando quiera.12

Estos datos nos pueden dar una idea de la gran falta de desinformación que hay entre los mexicanos acerca de los daños reales que puede causar el tabaquismo. El hecho que la gente crea que el tabaco no implica riesgos potenciales para su salud y que no lo consideren una adicción, es asunto que debiera preocuparnos a todos y que debiera hacernos trabajar en todo tipo de medidas posibles y pertinentes para luchar contra el tabaquismo.

Las leyendas precautorias o de advertencia sobre los efectos nocivos que puede causar el tabaquismo son una buena manera para que la gente adquiera información sobre el tema y se abstenga de fumar. Por estas razones, debe seguir impulsándose su utilización, así como su rotación y renovación para que las personas amplíen sus conocimientos sobre los daños causados por el tabaquismo, además de incrementar su tamaño para que sea fácilmente visible y legible por la gente.

El Convenio Marco busca también regular la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Muchos estudios han demostrado que la publicidad y la promoción del tabaco aumentan su consumo, siendo los jóvenes muy vulnerables a la publicidad; lo cual no permite que los mensajes de advertencia y de información sobre los daños causados por el consumo de tabaco tengan los efectos deseados.13

De hecho, y de acuerdo a lo recomendado en el CMCT, el 31 de julio del 2005 la Unión Europea acordó prohibir todo tipo de publicidad del tabaco en los medios de comunicación escrita, en la radio y en el Internet.

En un estudio realizado entre 22 países que comparaba aquellos que tenían restricciones muy severas a la publicidad del tabaco y aquellos con muy pocas restricciones, encontró que en los primeros hubo una reducción significativa en el consumo de tabaco mientras que en los segundo la reducción fue mínimo o incluso no hubo reducción alguna. Se encontró también que los países con mayores restricciones publicitarias fueron los que tenían menores niveles de consumo y tasas más altas de declinación.14

Con esto se deduce que no es suficiente con controlar la publicidad o la promoción del tabaco parcialmente, sino que se tienen que llevar a cabo las acciones necesarias para prohibir completamente cualquiera de estas prácticas para que los programas de educación en materia de tabaco realmente surtan efectos y las personas se abstengan de continuar o iniciarse en el vicio del tabaquismo. De hecho, según el Banco Mundial, prohibir la publicidad del tabaco trae como consecuencia una disminución del 7% en el consumo de tabaco.

Muchas objeciones se han interpuesto ya al intento de prohibir la publicidad y promoción del tabaco usando argumentos como la libertad de expresión y la libertad de expresión comercial. Es verdad que el tabaco y sus productos son productos comerciales, pero no productos comerciales comunes ya que éstos son dañinos desde la primera vez que se usan y matan hasta la mitad de sus consumidores, por lo que no debe considerarse como un producto más y se le debe dar un tratamiento diferente en todos los ámbitos.

También se ha argumentado que como la industria tabacalera da importantes donativos para patrocinar eventos, ya artísticos, ya deportivos; en caso de que esta práctica se prohibiera, muchos de estos eventos no podrían llevarse a cabo. Sin embargo, no está de más señalar que existen muchos otros patrocinantes que estarían dispuestos a hacerlo en sustitución de las tabacaleras. Además muchos países ya están poniendo estas prohibiciones en práctica, como es el caso de la Unión Europea, que en el mismo acuerdo del 31 de julio del 2005, acordaron prohibir el patrocinio de cualquier evento cultural o deportivo por parte de las empresas tabacaleras, como en las carreras de Fórmula 1, la Eurocopa de Fútbol y cualquier otro acontecimiento celebrado dentro de los países miembros.

Muchas son las razones para la existencia del comercio ilícito --contrabando y falsificación- de tabacos labrados, especialmente en cigarros. Pese a que la industria tabacalera afirma que el alto nivel de impuestos (precios elevados) sobre sus productos es lo que lo causa; el móvil principal es el hecho de pagar o no, el impuesto. Análisis han demostrado que factores como la tolerancia pública, una cultura de venta en las calles, el nivel de corrupción nacional y la complicidad de la industria del tabaco, influyen más en el nivel de contrabando y falsificación que los impuestos per se.

De acuerdo al Banco Mundial, la industria tabacalera se beneficia de la existencia del contrabando en distintas formas. El contrabando estimula el consumo tanto directo a través de cigarros baratos en las calles, como indirectos presionando a mantener o bajar los impuestos a los cigarros. También, la amenaza de contrabando en cigarros se ha utilizado ampliamente para evitar barreras comerciales o para forzar a abrir los mercados.

Con el fin de combatir el comercio ilícito de los productos de tabaco, el Convenio Marco impulsa una serie de acciones a nivel internacional, regional y nacional. A nivel nacional se recomienda poner distintivos en las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados tales como marcas fiscales y leyendas como ``para su venta exclusiva en'', con el objetivo de poder distinguir fácilmente los productos legales de los ilegales y evitar el contrabando transfronterizo.

Adoptar toda esta serie de medidas para combatir eficazmente el tabaquismo y el contrabando de cigarros, tendrá muchos obstáculos qué combatir. Por un lado están los intereses comerciales y económicos de las principales industrias tabacaleras, que lo único que buscan es obtener las mayores utilidades posibles.

Los políticos y los medios de comunicación también son obstáculos para pasar las medidas legislativas necesarias o dar a conocer públicamente los efectos nocivos del tabaco y las acciones que realizan las tabacaleras para impulsar la demanda de tabaco; porque muchas veces éstos se encuentran comprometidos con la industria al ser apoyados económicamente para llevar a cabo sus campañas políticas o porque la industria da grandes donativos a las empresas que se dedican a la comunicación.

Un argumento generalizado en contra de medidas que desincentivan la demanda de productos de tabaco es, las pérdidas económicas sufridas por las naciones al ver disminuidos su recaudación fiscal y el nivel de empleos, como consecuencia de una disminución en la actividad industrial y agrícola relacionadas con la venta y producción de tabaco. Al respecto, estudios elaborados por el Banco Mundial han mostrado que no hay una pérdida neta de empleos en los países donde disminuye la demanda por tabaco, ya que al adquirir bienes y servicios con los recursos que anteriormente se dedicaban al tabaco, genera que se abran campos de trabajo en los otros sectores.

La aportación que hace la industria tabacalera al PIB nacional es muy baja, por lo que no se afecta una rama productiva importante del país; sin olvidar que los beneficios económicos de la industria tabacalera son mucho menores que los efectos dañinos que causa el consumo de sus productos. En cuanto a la producción agrícola de tabaco, lo que se tiene que hacer tal como se estipula en el Convenio Marco, es proveer de asistencia técnica y financiera a los campesinos para ayudarlos en la transición a cultivos alternativos económicamente viables. Además, dado que la nicotina del tabaco es adictiva, el consumo de tabaco no disminuye súbitamente sino de manera paulatina; por lo que se cuenta con tiempo suficiente para hacer la sustitución de cultivos y de empleos en el sector industrial.

Por toda esta serie de hechos tan preocupantes y perjudicantes a la salud pública de México y del mundo, es que propongo una serie de modificaciones a la Ley General de Salud, modificaciones que van de la mano con el Convenio Marco y cuyo objetivo principal es preservar la salud de los millones de ciudadanos que se ven afectados directa o indirectamente por el consumo de tabaco.

Las bases mínimas para combatir el problema del tabaquismo en el mundo ya están planteadas en el Convenio Marco, ahora depende de los gobiernos, de su sector salud, de las asociaciones civiles y de la sociedad civil en general, poner en práctica las herramientas con las que ya contamos para luchar en contra del tabaquismo.

Nosotros como diputados federales al ser representantes de los intereses de la ciudadanía, debemos tomar la responsabilidad que nos corresponde como hacedores de leyes y aprobar las medidas legislativas necesarias para combatir un grave problema de salud pública tan grave e innecesario como es el tabaquismo. Es menester que dejemos a un lado los intereses personales y que no cedamos ante las fuertes presiones y los falsos argumentos de la industria tabacalera, que lo único que busca son mayores utilidades sin menoscabo de la salud de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de tabaco.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 190, primer párrafo; 277, tercer párrafo; 277 Bis; 301; 308, primer y penúltimo párrafo; 308 Bis; 309; 309 Bis; y 421. Se adicionan los artículos 188 con una III y IV fracciones; 189 con una III, IV y V fracciones; 190 con cinco fracciones; 190 Bis; 276 con una IV, V, VI y VII fracciones; 276 Bis; 309 Bis 1; y 421 Bis.

Título Décimo Primero Programa Contra las Adicciones

...

Capítulo III Programa contra el tabaquismo

Artículo 188

...

III. Preservar el derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco en los sitios cerrados a los que se refiere el artículo 277 Bis de esta Ley, y

IV. La orientación a la población para que se abstenga de fumar, especialmente orientado a menores de edad.

Artículo 189

...

III. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad;

IV. La detección temprana del fumador; y

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco.

Artículo 190

En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, debiendo cubrir como mínimo las siguientes:

I. Desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes;

II. Promoverá y organizará servicios de orientación y atención para las personas que lo deseen, puedan abandonar el hábito;

III. Minimizar los riesgos y daños causados por el consumo de tabaco;

IV. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco; y

V. Atender y rehabilitar a quienes tengan alguna enfermedad atribuible al consumo de tabaco.

...

Artículo 190 Bis

La Secretaría de Salud realizará y coordinará las investigaciones sobre el tabaquismo, en las que considerará:

I. Sus causas, que comprenderá, entre otros:a) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; y

b) Los contextos socioculturales del consumo.

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros:a) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y a la exposición del humo de tabaco,

b) La valoración de las medidas de prevención y tratamiento, y

c) La información sobre:

1. La dinámica del problema del tabaquismo,

2. La prevalencia del consumo de tabaco,

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención y control del consumo de tabaco,

4. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia, y

5. El impacto económico del tabaquismo.

Título Décimo Segundo Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación

...

CAPÍTULO XI Tabaco

...

Artículo 276

En las etiquetas de los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco, además de lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes, deberán figurar en forma clara y visible leyendas de advertencia escritas con letra fácilmente legible con colores contrastantes, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal, con un tamaño equivalente al cincuenta por ciento por lo menos en cualquiera de las caras frontales o traseras de las cajetillas, en adición a una leyenda de advertencia en una de las caras laterales de las cajetillas, las cuales se alternarán con los contenidos siguientes:

...

IV. Fumar causa cáncer de boca y pérdida de los dientes;

V. Fumar es causa de cáncer de laringe;

VI. Niños de padres fumadores padecen más asma, neumonía, sinusitis y alergias;

VII. Fumar es causa de impotencia sexual; y

VIII. Cualquier otra leyenda autorizada por la Secretaría de Salud.

...

Artículo 276 Bis

En todos los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco al menudeo o al por mayor en el interior de los Estados Unidos Mexicanos, deberá figurar la declaración: ``Para su venta exclusiva en México''.

Artículo 277

...

No se venderán o distribuirán productos de tabaco en farmacias, boticas, hospitales, centros de salud, ni escuelas de nivel preescolar hasta bachillerato o preparatoria.

Artículo 277 Bis

En los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida la práctica de fumar en los siguientes lugares, mismos en los que se fijarán en el interior y exterior letreros, logotipos o emblemas que establezca la Secretaría de Salud y que indiquen la prohibición de fumar:

I. En los lugares públicos cerrados;

II. En los edificios públicos propiedad de la Federación, de los estados y municipios, ya sean del dominio público o privado. En los edificios que alberguen oficinas o dependencias de la Federación, así como de su organismos públicos autónomos de orden Federal o local. En los edificios en los que se presten servicios públicos de carácter federal y en cualquier otro edificio en el que se presten servicios públicos federales por las instituciones públicas o por los particulares;

III. En las áreas cerradas de los centros de trabajo, salvo que tengan extractores de aire y/o sistemas de reciclamiento de aire puro y estén autorizados por la Secretaría de Salud;

IV. En hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención médica públicas, privados o sociales y cualquier otra institución médica;

V. En unidades destinadas al cuidado y atención de bebés, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes;

VI. En centros de educación inicial hasta bachillerato o preparatoria;

VII. En Bibliotecas, hemerotecas y museos;

VIII. En los medios de transporte público escolar, de pasajeros o de personal;

IX. En los elevadores de cualquier edificio;

X. En las áreas cerradas de instalaciones deportivas; y

XI. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud, las entidades federativas y los municipios en su ámbito de competencia.

La Secretaría de Salud en su caso y los gobiernos de las entidades federativas, establecerán las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Título Décimo Tercero Publicidad

Capítulo Único

Artículo 301

Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud y las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Artículo 308

La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

...

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII del presente Artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, así como advierta contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas.

...

Artículo 308 Bis

Queda prohibida toda publicidad del tabaco, sin distinción del tipo ni de los medios en los que ésta se presente.

Artículo 309

Los horarios en los que las estaciones de radio y televisión y las salas de exhibición cinematográfica podrán transmitir o proyectar, según el caso, publicidad de bebidas alcohólicas, se ajustarán a lo que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 309 Bis

Queda prohibido a la industria tabacalera el patrocinio directo o indirecto de cualquier tipo de evento, ya sea cultural, social o deportivo.

Queda prohibida la fabricación, venta, distribución u obsequio, primara o secundariamente de golosinas, refrigerios, juguetes o cualquier otro objeto que tengan las características visuales de cigarro, puro o empaque de cigarros.

También queda prohibido la distribución u obsequio de muestras de productos de tabaco; así como la venta, distribución u obsequio de cualquier artículo promocional de tabaco o de sus marcas.

Artículo 309 Bis 1

Los empaques y etiquetas de los productos de tabaco no promocionarán mensajes relaciones con éste, de manera falsa, equívoca o engañosa que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercios, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otro. Quedan prohibidas expresiones tales como ``bajo contenido de alquitrán'', ``ligeros'', ``ultra ligeros'' o ``suaves'', y cualquier otra que determine la Secretaría de Salud.

Título Décimo Octavo Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

...

Capítulo II Sanciones Administrativas

Artículo 421

Se sancionará con una multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, ... , 276 Bis, 276 Bis-1, 277, 281,... de esta Ley.

Artículo 421 Bis

Se sancionará con una multa equivalente de quince hasta 100 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a la persona que viole la disposición contenida en el artículo 277-Bis.

Se sancionará con una multa equivalente de tres mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a los propietarios, poseedores o responsables de los lugares que violen la disposición contenida en el artículo 277-Bis.

Artículos Transitorios

Primero.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para efecto de los estipulado en los artículos 276, 276 Bis y 309 Bis 1, deberán aparecer o en su caso, desaparecer, en los empaques y envases a partir de la fecha de producción del 24 de junio del 2006.

Tercero.- Lo estipulado en el párrafo segundo, del artículo 277, entrará en vigor a partir del 1 de mayo del 2006.

Cuarto.- Lo estipulado en el artículo 277 Bis deberá cumplirse cabalmente a partir del 27 de febrero del 2007.

Quinto.- La prohibición total de la Publicidad del Tabaco como lo estipula el artículo 308 Bis, deberá cumplirse cabalmente a partir del 1 de enero del 2008.

Sexto.- La prohibición total del Patrocinio de eventos por parte de la Industria Tabacalera, como lo estipula el párrafo primero del artículo 309 Bis, deberá cumplirse cabalmente a partir del 1 de enero del 2008. Lo estipulado en el párrafo segundo del mismo artículo en materia de promoción, entrará en vigor a partir del 27 de febrero del 2007.

Notas:

1 Mackay J, Eriksen. The tobacco atlas. OMS. 2002

2 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, de la Secretaría de Salud.

3 Organización Panamericana de Salud. Armando Peruga, Asesor regional de control del tabaco.

4 Doctor Mauricio Hernández, INSP 2002, Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1993, 1998.

5 Tobacco Control Resource Center: Los Médicos y el Tabaquismo. El Gran Reto de la Medicina. Britsh Medical Association. 2000

6 Crofton J, Simpson. Tobacco: a global treta. IATH Swedish Herat Lung Foundation. 2002

Departamento de Salud de Estados Unidos. The Health Consequences of Smoking. 2004.

Dool R, Peto. Mortality in relation to smoking. Britsh Med J. 1976.

7 Dirección Gral. de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con información del 2001.

8 IARC. Monograph on Tobacco Smoke and Involuntary Smoking. Volume 83, 2003. Lyon.

US EPA. Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer and others disorders. Washington. 2002.

9 Emont Sl, Chow Ws, Novotny Te. Clean indoor air legislation, taxation, and smoking behavior in the United States; an ecological analysis. Tobacco Control, 1993.

10 Heironimus J. Philip Morris. Impact of Workplace Restrictions on Comsumption and Incidence. 1992.

http://tobaccoduments.org/pm/2025833451-3455.html

11 Edwards & Reed. Tobacco Control, 2002.

12 Consumo de drogas, alcohol y tabaco en estudiantes del DF. 1997. IMP / SEP

13 Tye J, Warner. Tobacco Advertising and consumption. Journal of Public Health Policy. 1987

Smee C. Effect of tobacco advertising on tobacco consumption. Department of Health. England. 1992.

Evans N, Farkus A, et al. Influence of tobacco marketing and exposure to smokers on adolescent susceptibility to smoking. Journal of the National Cancer Institute. 1995

14 Saffer H, Chaloupka. The effect of tobacco advertising bans on tobacco consumption. Journal of Health Economics. 2000.

Canadian Cancer Society. Controlling the tobacco epidemic. Canadá. 2001. http://www.globallink.org/tobacco/docs/advertising

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 3 días del mes de noviembre del 2005.--- Dip. Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates; túrnese a la Comisión de Salud.

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LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica.El diputado Israel Tentory García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las sociedades cooperativas son la opción más viable para la creación masiva de los empleos así como la consecución del beneficio social. Según las proclamas de la Organización Internacional del Trabajo entre los apoyos institucionales hacia las cooperativas deben encontrarse las regulaciones económicas a través de instrumentos legales que propicien la competencia y la libre concurrencia que impulsen la producción de bienes y servicios. Lamentablemente las cooperativas se han visto afectadas gravemente por las prácticas de exclusividad conferidas a ciertos agentes económicos por parte de las diversas autoridades, lo que genera, estar en desigualdad para acceder a los mercados.

Es necesaria la inclusión de normas jurídicas que apoyen a las cooperativas para así fomentar la competitividad como estrategia para mejorar de manera permanente y sostenida las condiciones de vida. Es así que se buscara evitar el acaparamiento, el desabasto, todo tipo de barreras impuestas sin justificación alguna y otras distorsiones. Se consideran prácticas monopólicas aquellas que deliberadamente elevan los costos de entrada al mercado a los competidores potenciales u obligan a salir de este a los competidores existentes.

Las repercusiones de un mercado monopolizado inciden negativamente en el país, pues merman la calidad de los bienes y servicios; asimismo los precios son mayores debido a que debilitan la capacidad competitiva, pues no permite la competencia o es limitada y disminuyen las fuentes de empleo; por consiguiente no se tiene los incentivos para eficientar los sistemas de producción y distribución, no se realizan las inversiones necesarias en cuanto al capital físico, humano y tecnológico; por lo tanto el monopolio es ineficiente pues debilita el tejido social e inhibe el desarrollo de las potencialidades de entidades económicas, en situaciones de desventaja, como son las cooperativas. Dichos efectos son reproducidos a lo largo de la cadena productiva, a través del quebranto de las cooperativas se ocasiona la perdida de la riqueza social, reducción de los ingresos reales se afecta al consumidor final y a la sociedad en general.

En cuanto a monopolios se da amplia discrecionalidad en la legislación vigente, es así que las normas deben ser precisadas y actualizadas con base en la evolución de las prácticas monopólicas.

Por tal razón se debe adicionar en el artículo 10 una nueva fracción VII donde se establezca la regulación especial para las Sociedades Cooperativas en cuanto a las actividades que serán consideradas como prácticas monopólicas relativas que dañen o impidan el proceso de competencia y libre concurrencia, en consecuencia la actual fracción VII pasara a ser la fracción VIII.

Si el Pleno aprueba la presente iniciativa tendrá efectos benéficos para el desarrollo del cooperativismo nacional, el mejoramiento de las condiciones de vida de las cooperativas, la generación de empleos por las sociedades cooperativas, la oportunidad de concurrir a los mercados de manera libre y competitiva.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII, y se adiciona la fracción VIII, del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en los siguientes términos:

Artículo Primero.- Se reforma la fracción VII, del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

``Artículo 10.

I. al VI. ...

VII.- La autorización, otorgamiento o concesión, por parte de un servidor público, a cualquier persona, exclusividad de participar en ferias y exposiciones con el propósito de dañar o impedir el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios de la sociedad cooperativa.

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción VIII del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

``Artículo 10.

I. al VI. ...

VIII.- En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Articulo Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de octubre del 2005.--- Dip. Israel Tentory García (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

Esta Presidencia recibió diversas proposiciones con punto de acuerdo e instruye a la Secretaría para dar lectura a los enunciados correspondientes, por economía procesal.

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EMPRESAS CONSTRUCTORAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública que se establezca un convenio de coordinación para instaurar un registro de empresas constructoras que participen en licitaciones de cualquier nivel de gobierno, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del PAN

De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, Diputado Federal Salvador Márquez Lozornio del Partido Acción Nacional, presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento de un Convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno, con el objeto de mantener un antecedente del desempeño de cada una, previniendo que se contraten empresas que hayan incurrido en incumplimiento de contrato, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el eje central de su estrategia es la persona, y por ella legislamos de manera permanente, para hacer valer sus derechos y reconocer sus obligaciones, construyendo conjuntamente un orden social justo, que se caracterice por atender intereses individuales y colectivos.

El acceso de las personas a la propiedad y a la formación de un patrimonio es, sin lugar a dudas, la base material de su desarrollo integral y la garantía de su dignidad.

Por otra parte, dentro de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de la Función Pública para este caso particular, se encuentran las siguientes:

``Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal'';

``Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos'', con la coordinación de los estados y municipios; y

``Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente.''

En este sentido, hago uso de esta alta tribuna para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, que formalicen un Convenio de Coordinación para establecer un registro de empresas que se dedican a la construcción y que se contratan con el sector público, en los niveles federal, estatal y municipal.

Lo anterior tiene su justificación en el hecho de que estas empresas participan de manera constante a lo largo de la República Mexicana, como resultado de las licitaciones convocadas por las distintas instancias de gobierno, para realizar obra pública, construcciones y edificaciones.

Existen casos en los que algunas empresas constructoras no cumplen con los contratos establecidos, generando un agravio a las autoridades públicas relacionadas.

Por tanto, solicito la elaboración de un Registro de Empresas Constructoras, mismo que contenga la información sobre el desempeño de las mismas, así como del grado de responsabilidad y cumplimiento de sus contratos respectivos.

Acto seguido, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre este desempeño de las empresas constructoras a las entidades federativas y a los municipios, a fin de que la sociedad cuente con elementos de juicio contundentes, que le permita elegir las empresas que mejor satisfaga sus necesidades de construcción.

Compañeras y compañeros legisladores: esta proposición con punto de acuerdo atiende una necesidad justificable de la sociedad, puesto que está en juego su patrimonio. Por ello, los invito a sumarse a este esfuerzo, respaldando la propuesta, misma que nos convertirá en actores que colaborarán en dar una mayor certidumbre a las personas acerca de las empresas constructoras más eficientes y honestas en el ramo de la construcción, y con ello puedan tomar las mejores decisiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento de un Convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno, con el objeto de mantener un antecedente del desempeño de cada una, previniendo que se contraten empresas que hayan incurrido en incumplimiento de contrato.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a informar al público en general, sobre los resultados que arroje dicho registro.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Continúe la Secretaría.

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INSCRIPCION ESCOLAR

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y de las entidades federativas a establecer acciones coordinadas que posibiliten a los connacionales que regresan al país por efecto del huracán Katrina la inscripción de sus hijos en escuelas de niveles básico y medio, a cargo de la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de las entidades federativas instrumenten las acciones necesarias que faciliten a los connacionales, que por efecto de huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio, al tenor de las siguientes

Consideraciones1. Como resultado de las inundaciones ocasionadas por el huracán Katrina en los estados de Louisiana y Alabama, particularmente en Nueva Orleáns, se ha estimado que alrededor de 150,000 mexicanos fueron afectados.

2. El gobierno mexicano ha implementado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el apoyo a los connacionales a través de consulados móviles, y asimismo ha enviado apoyo humano y material al vecino país.

3. Hemos detectado a través de nuestras oficinas de Enlace Ciudadano en Michoacán. que muchos de los connacionales, difícil de determinar la cantidad, ante la situación que prevalece en la zona afectada y habiendo perdido lo poco o mucho que tenían, están optando por regresar a nuestro país trayendo con ellos a la familia. Estas familias se están encontrando con dificultades para poder inscribir a los hijos en las escuelas por no contar con la documentación que acredite el nivel escolar que cursaban en Estados Unidos y que, obviamente en las circunstancias actuales, difícilmente podrán recuperar o serles proporcionada por las instancias oficiales norteamericanas en corto tiempo.

4. Si bien aún son pocos los casos detectados, considero que debe preverse y atenderse esta situación para que el apoyo que brindemos como país a nuestros hermanos en desgracia no se circunscriba a hacerlo en el exterior, sino que implementemos las condiciones necesarias al interior para facilitarles su regreso a nuestro país.

5. Por lo anterior es necesario que las autoridades educativas en la esfera nacional y local implementen las acciones necesarias, para que mediante una evaluación al alumno, se les permita el ingreso al nivel escolar que corresponda.

6. Asimismo, que dichas acciones contemplen otorgar una prórroga para la entrega de la documentación oficial que se requiera para sustentar su inscripción a la institución educativa de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas para que en forma coordinada implementen las acciones necesarias que facilite la inscripción escolar, en las instituciones de educación básica y media de los hijos de los mexicanos que por efecto del huracán Katrina estén regresando al país.

Segundo.- Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente sugiere a las autoridades educativas del país, que dichas acciones se implementen en forma inmediata y se establezca un periodo para su aplicación, de forma que no afecte al resto de los alumnos la inserción extemporánea de alumnos. Asimismo, se aconseja la aplicación de una evaluación para determinar el nivel escolar al que le corresponde ingresar al solicitante. Y finalmente, que se establezca, para estos casos, un tiempo adecuado para la entrega de la documentación oficial que sustente la inscripción del alumno.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de septiembre de 2005.--- Dip. Margarita Chávez Murguía (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a estudiar, mediante la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, la factibilidad de acondicionar módulos en los muelles para la venta de permisos individuales de pesca deportivo-recreativa, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal, Raúl Leonel Paredes Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes

Considerandos

La pesca deportiva actualmente se practica en cerca de 200 países y territorios según lo reportado por la FAO, sin embargo solo se tiene datos de capturas del 15% de ellos, quienes en suma reportaron 476 500 toneladas para la década de los noventa; y estimaciones conservadoras arrojan que el total de estas capturas podría ser del orden de 2 millones de toneladas con lo que se demuestran la importancia de esta actividad.

La pesca deportiva que por definición es la que se practica con fines de esparcimiento, con artes de pesca y características autorizadas por la Sagarpa (según lo establece el Reglamento de la Ley de Pesca vigente); es una actividad económica poco analizada y valorada y sin embargo es importante, ya que se genera una significativa derrama económica con la compra de equipo, demanda en servicios de hotelería, consumo de combustible y de alimentos, servicios turísticos, actividades de esparcimiento complementarias; tanto para el pescador como para su familia, sin mencionar que es una actividad que emplea artes de pesca poco impactantes al medio ambiente.

Por ello, es necesario fortalecerla en su condición de pesquería generadora de turismo, divisas, empleos y desarrollo regional, tanto en aguas marinas, como dulces, incluyendo todas las especies de peces posibles.

En México, esta actividad se practica en cerca de 44 puertos en ambos litorales, y en 50 sitios de embalses de aguas dirigida especialmente a 99 especies pesqueras, 80 marinas y 19 dulceacuícolas según lo reportado por la Conapesca.

Asimismo, se tiene conocimiento de que en el país existen poco más de 15 mil embarcaciones de pesca deportiva, de las cuales el 90% se dedica exclusivamente a esta actividad; el 60% de forma privada y el 20% para fines comerciales.

El 50% del total de la flota de pesca deportiva se encuentra localizada en el litoral del Pacífico, específicamente en Baja California, Baja California Sur y Guerrero, y la restante se distribuye en forma proporcional entre el litoral Golfo-Caribe en los estados de Quintana Roo y Veracruz y las entidades sin litoral que corresponde en su mayoría al estado de México y Nuevo León.

Por otro lado, se tiene el registro que ingresan en promedio 18,000 embarcaciones extranjeras anualmente y de ellas el 65% practican la actividad en el litoral del Pacífico; 11% en el litoral del Golfo Caribe; y el 23% en aguas continentales, y sin embargo, la infraestructura pesquero deportiva marítima se encuentra poco desarrollada, aunque se han hecho algunas inversiones para su mejora (en el 2004, se contaba con 28 marinas en operación, 3 en construcción y 7 en proyectos).

Por tipo de embarcación, el 80% son lanchas, la mayoría de 5 a 10.9 metros de eslora (55%) y con motor de 125 a 600 caballos de fuerza (hp) y sólo el 13% son yates o barcos.

Con lo que respecta a los recursos objetos de esta actividad, desde 1972, el entonces Departamento de Pesca en su Ley Federal para el Fomento de la Pesca (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de ese mismo año), adoptó medidas de regulación, protección y fomento de la pesca deportiva y reservó para su uso exclusivo al marlin, pez vela, sábalo, pez gallo y dorado, las cuales se han mantenido desde entonces, con base en las investigaciones del Instituto Nacional de la Pesca y quedando claramente establecido en la Ley de Pesca vigente (25 de junio de 1992), en su artículo 13, en donde señala la reserva de la franja de 50 millas para la práctica de la pesca deportiva, otorgando la posibilidad de realizar pesca de fomento; transfiriendo al Reglamento, la lista específica de las especies destinadas a este tipo de pesca (Capítulo V, artículos 83 al 97).

Por otro lado, esta actividad presenta la siguiente problemática:

Falta de pago de derechos que según lo reportado por la Conapesca asciende a cerca del 90%, generado básicamente por que el procedimiento es burocrático y tardado.

Vacío jurídico en la normatividad que regula la expedición de permisos.

Escasa inspección y vigilancia.

Enfrentamientos continuos entre los individuos que viven de la pesca deportiva y los que viven de la comercial por el uso de los recursos.

Pesca ilegal de especies exclusivas para la pesca deportiva.

Pesca incidental consecuencia del uso de las artes de pesca poco selectivas.

Los anteriores señalamientos nos llevan a solicitar el cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Pesca, a su Reglamento artículos 83 al 97 y la Norma Oficial Mexicana (NOM-017-PESC-1994), en lo que respecta a la reserva que estas señalan en cuanto a las especies destinadas a la pesca deportiva dentro de las 50 millas náuticas, lo que se apoya por las investigaciones realizadas por el doctor Alexander Klett del Instituto Nacional de la Pesca, quien en comunicación personal, comentó que en este momento es poco conveniente el esfuerzo pesquero comercial de especies destinadas a la pesca deportiva en las islas Revillagigedo, la boca del golfo de California y el golfo de Tehuantepec, por lo que se debe vigilar el cumplimiento de la normatividad pesquera.

Sin embargo, existen otras áreas en el océano Pacífico en que especies como el pez vela se encuentra sub-explotado, y es conveniente que la Conapesca para este caso específico tome en cuenta los estudios realizados por el Centro Regional de Investigación Pesquera del Instituto Nacional de la Pesca a cargo del doctor René Macías, y valore la factibilidad de impulsar esta pesquería para el aprovechamiento de los pescadores que viven en esas zonas. Los resultados de estas investigaciones realizadas desde 1985 en el puerto de Manzanillo y en otros puertos del pacífico mexicano, indican un recurso sano, de rápido crecimiento, alta fecundidad, largos periodos de actividad reproductiva, extensa zona de reproducción y sometido actualmente a un bajo esfuerzo pesquero. La disminución de esfuerzo sobre estas especies se presenta después del establecimiento de la Zona Económica Exclusiva de México (ZEEM) en 1976 y de la conversión de la flota palangrera japonesa para la captura de ``patudo''.

En resumen, la pesca deportiva-recreativa es una actividad generadora de divisas y de empleos que actualmente se encuentra poco desarrollada y es conveniente que exista una conveniente proyección nacional e internacional de las bondades de la pesca deportiva mexicana; que se fomente una administración integral y sustentable, así como darle un fuerte impulso a proyectos de investigación biológica y de potencialidades de especies objeto de la pesca deportiva, disminuir la incidentalidad de estas especies con la adopción de artes de pesca selectivas y mejorar los esquemas para la distribución, venta y control de permisos.

Por lo anteriormente expuesto, el de la voz, propone a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, habilite módulos para la venta de permisos individuales de pesca deportiva-recreativa en los principales muelles en donde se ubican las embarcaciones que se dedican a este tipo de captura y solicite las bitácoras de pesca a los permisionarios conforme a lo estipulado en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Pesca.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Marina, a que instrumente los operativos necesarios de vigilancia permanente en los principales puertos de la República Mexicana y verifiquen así el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Pesca y el 145 del Reglamento de la misma.

Dip. Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Pesca.

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FORMULA LACTEA INFANTIL ENFAMIL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil Enfamil, producida por el laboratorio Bristol Mayers Squibb, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN

Es suscrito diputado federal José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil ENFAMIL, que produce el laboratorio Bristol Mayers Squibb, hasta que se realice un estudio completo y se demuestre que no afecta a la salud el consumo de esta formula láctea a los infantes mexicanos y se retiren del mercado nacional todas las latas ya caducas de este producto.

Antecedentes

En fecha reciente se hallaron en un formula láctea que se produce en Chihuahua, México, una bacteria de nombre Enterobacter Sakazakii, se encontraron indicios de esta bacteria en la fórmula láctea de nombre ENFAMIL, producida en México y exportada a la República de Argentina.

La bacteria Enterobacter Sakazakiii se encuentra en fórmulas de leche en polvo para recién nacidos, ingredientes lácteos deshidratados y de soya.

La bacteria puede ser encontrada en el medio ambiente, pero también en el intestino de animales.

En febrero de 2004 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron conjuntamente a una reunión, de expertos, en Ginebra, Suiza, sobre la bacteria Enterobacter Sakazakii y otros microorganismos presentes preparados en polvo para lactantes.

Tras examinar la información científica disponible, la reunión de expertos llegó a la conclusión de que la contaminación intrínseca de los preparados en polvo para lactantes por Enterobacter sakazakii y Salmonella había sido la causa de infecciones y enfermedades en los lactantes, incluso algunas enfermedades graves que podían llevar a secuelas graves en el desarrollo y a la muerte.

No se ha establecido ninguna vinculación entre las enfermedades y otros microorganismos de los preparados en polvo para lactantes, aunque se considera admisible para otras enterobacteriáceas. Teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar una alimentación inocua a todos los lactantes, E. sakazakii ha provocado enfermedades en todos los grupos de edades. De la distribución por edades de los casos notificados se deduce que los lactantes (menos de 1 año) están expuestos a un riesgo particular. Entre los lactantes, los que corren el mayor riesgo de infección por E. sakazakii son los recién nacidos (menos de 28 días), en particular los prematuros, con bajo peso al nacer o con inmunodepresión. También tienen riesgo los lactantes cuyas madres son VIH positivas, debido a que pueden requerir específicamente preparados para lactantes y pueden ser más susceptibles a la infección. Esto, junto con el bajo peso al nacer, puede ser motivo de especial preocupación en algunos países en desarrollo donde la proporción de tales lactantes es superior a la de los países desarrollados.

Es importante señalar que los preparados en polvo para lactantes que cumplen las normas actuales no son productos estériles y en ocasiones pueden contener patógenos.

La fórmula láctea ENFAMIL, producida en México, a través de una ejecutiva de la empresa, nos informó que es distinta la formula láctea mexicana de la que se preparó para la exportación, debido a la diversas normas y reglas de nutrición requiere cada país.

La fórmula láctea ENFAMIL la hemos encontrado en el mercado mexicano a su venta en su presentación de 360 gramos con fecha de fabricación de mayo 2003 y caducidad de mayo 2005, lo que convierte a este producto en un verdadero foco de atención tanto para el productor de la fórmula láctea, como para el distribuidor y para las autoridades por los riesgos sanitarios que puedan conllevar, sin embargo, por ser importante cuidar la salud de los mexicanos y sobre todo de la niñez, solicitamos se considere la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Solicitar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil ENFAMIL, que produce el laboratorio Bristol Mayers Squibb, hasta que se realice un estudio completo y se demuestre que no afecta a la salud el consumo de esta fórmula láctea a los infantes mexicanos, y se retiren del mercado nacional todas las latas ya caducas de este producto.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de septiembre de 2005.--- Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Salud.

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VAPOR GEOTERMICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Salud a establecer una norma oficial mexicana que determine el límite máximo permisible de ácido sulfhídrico (H2S) en el medio ambiente producido por la extracción de vapor geotérmico utilizado para generar energía eléctrica, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito C. diputado Hidalgo Contreras Covarrubias y diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, nuestro país no cuenta con una norma oficial que determine la cantidad de ácido sulfhídrico (H2S) que pueda haber en el aire sin dañar o mermar la salud de los ciudadanos, su emisión se debe a diferentes procesos de producción y representa un elemento químico que en cantidades importantes tiende a contaminar el ambiente y a ser peligroso para el ser humano. La falta de dicha norma, impide monitorear de manera certera el funcionamiento de aquellas empresas que por su actividad se ven en la necesidad de liberar al ambiente dicho elemento.

Como caso particular queremos citar la extracción de vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica; en este proceso se obtiene del subsuelo agua caliente de la cual se desprende dicho vapor haciendo trabajar turbinas que transforman la fuerza en energía. La composición química de este es: vapor de agua 98.5%, bióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S) 0.04%. Los óxidos de azufre son solubles en agua y al hidratarse dan lugar a la formación de ácidos sumamente agresivos, como el ácido sulfhídrico, estos se hidratan con la humedad de las mucosas conjuntival y respiratoria y constituyen un riesgo para la salud al producir irritación e inflamación aguda o crónica y suelen absorberse en las partículas suspendidas, lo que da lugar a un riesgo superior, puesto que su acción conjunta es sinérgica.

Las plantas que se dedican a la extracción de vapor geotérmico dependen generalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al ser operadas se obtiene un producto natural que al ser transformado se convierte en un beneficio para los ciudadanos, sin embargo, en dicho proceso de extracción se obtienen otros elementos químicos que tienen que ser tratados de manera cuidadosa para evitar daños al medio ambiente.

Las comunidades que se ubican alrededor de estas plantas pueden ser susceptibles de sufrir efectos negativos como por ejemplo problemas respiratorios, sin embargo no podemos establecer sanciones u observaciones a las empresas por el motivo de no existir información oficial sobre los límites permisibles de este elemento en el aire.

Los residentes que son vecinos a estas plantas generadoras de energía eléctrica han manifestado su preocupación de ser perjudicados en su entorno natural y en su salud por estos elementos químicos, sobretodo el ácido sulfhídrico (H2S) que queda en el aire que respiramos. Las autoridades encargadas de regular e inspeccionar que esto no suceda, se ven con la limitante de no contar con una norma oficial claramente establecida y fincada en análisis válidamente comprobados como verdaderos, por lo que no pueden sancionar o corregir estas irregularidades en caso de existir.

En recorridos hechos a algunas plantas geotermoeléctricas para conocer su funcionamiento, hemos comprobado que se aplican medidas de seguridad muy estrictas en el manejo de dichos químicos, pero al no contar en México con un norma especifica para el control del ácido sulfhídrico, toman como base las cantidades permisibles de otros países del mundo tratando de no superarlas y mantener su emisión bajo las reglas establecidas por ellos; esta vigilancia local es realizada mediante estaciones de monitoreo ubicadas en distintos puntos alrededor de las plantas.

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece como límite permisible para el H2S de 100 partes por billón (ppb) promedio en 24 horas para funcionar sin dañar la salud del ser humano, según los resultados de los monitoreos en las plantas de nuestro país la cantidad no ha excedido esta cifra por lo que se considera como normal y dentro del margen. Aun así, no contamos con reglas acordes a las nuestras condiciones y que en el momento de que se rompan los parámetros que pudiéramos tener establecidos, puedan aplicarse sanciones y obligar a estas empresas a corregir el mal funcionamiento que presenten en detrimento de la salud de los vecinos a sus instalaciones.

En las regiones en que se cuenta con plantas geotermoeléctricas dependientes de la CFE existe la incertidumbre de que por si solas se estén regulando o supervisando, convirtiéndose en juez y parte al mismo tiempo. El motivo es que no existen los lineamientos que deben seguirse para evitar en el futuro un accidente que provoque contaminación del medio ambiente o afecte a mediano y largo plazo la salud de los habitantes. Mucho menos podemos exigir a alguna de- pendencia en este caso la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaria de Salud que apliquen inspecciones rigurosas y que en base a dicha norma, si existiera, informara del correcto funcionamiento o sancione a la empresa en caso de estar fallando en su proceso.

Por tales antecedentes y para garantizar el equilibrio del entorno natural y la salud de los ciudadanos, presentamos a esta H. Asamblea Legislativa para su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud para que establezcan una norma oficial que determine el límite máximo permisible de ácido sulfhídrico (H2S) en el medio ambiente, producido por la extracción de vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica, con el fin de regular dicha emisión y garantizar un medio ambiente limpio y la buena salud de los habitantes que se ubican en los alrededores de las plantas generadoras de dichas emisiones.

Dado en el Salón de Sesiones, a los 27 días del mes de septiembre de 2005, Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF.--- Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud.

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VIVIENDA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a formular y expedir o, en su caso, actualizar las normas oficiales mexicanas que garanticen la habitabilidad, calidad y seguridad de los diferentes tipos de vivienda y sus etapas de construcción, así como vigilar el estricto cumplimiento de tales directrices, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Manuel González Reyes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar un atento exhorto a la Secretaria de Desarrollo Social para que en estricto cumplimiento de sus atribuciones, formule y expida --o en su caso actualice las vigentes-- Normas Oficiales Mexicanas, necesarias para garantizar las condiciones y características de habitabilidad, calidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción; así como, vigilar el estricto cumplimiento de las mismas.

Consideraciones

El tema de la vivienda en nuestro país tiene profundas raíces históricas, desde que la Constitución de 1917 plasmó en su artículo 4º, párrafo XI, que toda familia tiene derecho a disfrutar vivienda digna y decorosa.

Asimismo menciona que la ley respectiva, establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. El derecho a la vivienda es una conquista social consagrada en nuestra Carta Magna que refleja la lucha histórica de nuestro pueblo para mejorar constantemente su nivel y calidad de vida.

La vivienda se incorporó dentro del Plan Nacional de Desarrollo en dos apartados: en el capítulo de Desarrollo Social y Humano, como parte del objetivo rector que promueve mejorar el bienestar de los mexicanos y en el capítulo de Desarrollo Económico como parte de los objetivos de crecimiento con calidad, en materia de solidez macroeconómica y competitividad. Mismo que tiene como finalidad implementar los compromisos y los lineamientos del gobierno expresados en objetivos claros y estrategias concretas.

En la legislación mexicana, la Ley Federal de Vivienda, establece disposiciones generales respecto a este tema, misma que señala en su capítulo V, artículo 38, las acciones para la producción y mejoramiento de la vivienda que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se sujetaran a las normas de diseño, tecnología de la construcción, uso y aprovechamiento; asimismo establece que dichas normas fomentarán la participación de la población beneficiada en la producción y mejoramiento de su vivienda y tendrán por objeto elevar la calidad de las edificaciones.

Estas normas deben considerar, también, espacios exteriores e interiores y elementos funcionales de la vivienda y de sus servicios, la tipificación y el desarrollo de prototipos constructivos considerando distintas zonas del país y las modalidades habitacionales.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala las obligaciones de las dependencias, --como lo es, el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y que compete en el tema-- a contribuir a la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas, ejerciendo sus respectivas atribuciones de las dependencias a quienes corresponde la regularización o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse.

La Comisión Nacional de Vivienda presentó en el 2002, un documento que describe los avances logrados en la instrumentación de la nueva política de vivienda en México. Ahí reconoce el regazo habitacional que existe en nuestro país, mismo que deriva de tres aspectos: el déficit habitacional generado por las familias que no tienen casa independiente, las casas que necesitan sustituirse por haber alcanzado su máxima vida útil y las viviendas que requieren reparación o mejora. Así la distribución del rezago, al año 2000 para la Conafovi se manifiestó de la siguiente manera: ampliación o reparación 2,480,000; hogares sin casa (déficit) 750,000; y sustitución 1,055,000.

Según datos de la Conavi, en la tendencia demográfica actual, se estima que para el año 2030 en nuestro país habrá 128.9 millones de habitantes en casi 46 millones de hogares, de los cuales 23 millones serán nuevos hogares.

Anterior a esto, de 2002 a junio de 2005, la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido más de 20 mil quejas en materia de vivienda, las cuales alcanzan un monto de reclamación de mil 325 millones de pesos. Dentro de las quejas más comunes documentadas en México, son: los defectos en instalaciones e impermeabilización y defectos de estructura.

Y por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en estricto cumplimiento de sus atribuciones, formule y expida --o en su caso actualice las vigentes-- Normas Oficiales Mexicanas necesarias para garantizar las condiciones y características de habitabilidad, calidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción; así como, vigilar el estricto cumplimiento de las mismas.

Dip. Manuel González Reyes (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

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FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla que informe sobre el destino de los recursos e insumos recibidos del Fonden para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias del pasado 30 de agosto en las sierras Norte, Nororiental y Negra, del estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El pasado 26 de agosto del presente año, la Secretaría de Gobernación emitió el Boletín de Prensa número 190/05, con motivo de la presencia de lluvias intensas y su inminente afectación a 43 municipios ubicados en las Sierra Norte y Nororiental como en la región de Tehuacan del estado de Puebla.

Con motivo de éste evento, fueron activados los recursos del Fondo Revolvente para responder de forma inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ubicado en los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Ayotoxco de Guerrero, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Hueytamalco, Hueytlalpan, Juan Galindo, Jonotla, Pahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Zapotitlán de Méndez, Zacapoaxtla y Zongozotla, del estado de Puebla.

Las lluvias dejaron un saldo de una persona muerta, 19 municipios y 142 comunidades incomunicadas y siete derrumbes carreteros, resultando afectadas 14 mil 500 personas y por lo menos 3 mil 500 viviendas con algún tipo de daño.

En consecuencia, la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de Protección Civil decidió destinar recursos del Fondo Nacional de Desastres para los municipios afectados. Se autorizaron los insumos que a continuación se mencionan:

3 mil 513 Despensas

14 mil 050 Colchonetas

14 mil 050 Cobertores

9 mil 133 Herramientas

2 mil 762 Kits de limpieza

21 mil 074 artículos de aseo personal.

Los insumos mencionados fueron entregados a la Dirección de Protección Civil del estado de Puebla para que ésta dependencia los distribuyera a los municipios afectados por las lluvias, sin embargo, a la fecha se desconoce el destino final de los insumos entregados por el Fonden, así como los criterios de distribución utilizados para hacer llegar la ayuda del gobierno federal a los municipios afectados.

Algunos Presidentes municipales y pobladores de las comunidades afectadas manifestaron que los insumos del Fonden fueron distribuidos con criterios partidistas: los municipios beneficiados por dichos insumos fueron los que se encuentran gobernados por el PRI, mientras que en los municipios con presidencias del PAN y de otros partidos, los recursos no se dieron o fueron escasos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados solicite al Gobierno del estado de Puebla un informe sobre el destino final de los recursos e insumos recibidos del Fondo Nacional de Desastres para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias de pasado 30 de agosto en las Sierras Norte, Nororiental y la Sierra Negra del Estado de Puebla.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2005.--- Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CENTROS PENITENCIARIOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a ejercer los recursos de la partida del Ramo 33 aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para hacer efectivo el socorro de ley a las entidades federativas que tengan en sus centros penitenciarios internos del fuero federal, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal, Sergio Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 58 del Reglamento para le Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea, el presente proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública Federal para que ejerza los recursos de la partida del Ramo 33 aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, a efecto de hacer efectivo el socorro de ley a las entidades federativas que tengan en sus centros penitenciarios internos del fuero federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Reiteramos que para Acción Nacional es un régimen federal no solo es función de los Estados mantener un equilibrio de poder e impedir que los mandos federales, centralizando facultades, acaben con la autonomía local. Respetando las Garantías individuales, están obligados a ejercer todas las funciones de Gobierno; esto es, de gestión pública, económica y social para el bien de la comunidad, que no estén conferidas expresamente a la federación.1

En efecto, el federalismo debe ser entendido como la descentralización de funciones y de recursos en el cual concurre el compromiso del gobierno municipal, estatal y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada ámbito de competencia.

Un federalismo responsable implica la transparencia y honestidad en la vida pública. Es deber de las autoridades manejar responsable, transparente y honradamente la hacienda pública. Es deber de los ciudadanos vigilar permanentemente a aplicación de los recursos. Las instituciones municipales, estatales y federales, deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus períodos de elección, con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación.2

Con un presupuesto federalista como el que se analizó por ésta soberanía para el año 2005, se asigno una partida de 718 millones de pesos 3 en el Ramo 33 que son aportaciones federales para entidades federativas y municipios en lo que respecta al fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el Distrito Federal, en el concepto de socorro de ley, adicionales a los 5,170 millones de pesos aprobados para el FASP.

La partida anteriormente mencionada se aprobó para este fin, en virtud de la petición hecha por los Secretarios de Seguridad Pública de los estados a los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que integran la comisión de seguridad pública de la Cámara de Diputados, en razón de la escasez de recursos con que cuentan los mismos para cumplir con esta responsabilidad por lo que el gobierno federal subsidiariamente debería de apoyar de forma proporcional y equitativa para solventar dicha necesidad aliviando de forma significativa las finanzas de las áreas de seguridad pública de los estados para que pudiesen destinar más recursos a otras áreas importantes de la readaptación social.

No obstante lo anterior y la buena voluntad de la Secretaría de Seguridad Pública para cumplir con este fin, se tiene conocimiento por los comentarios que se han hecho en la Conferencia de Procuradores y Secretarios de Seguridad Pública, que los recursos aprobados para este ejercicio fiscal no han sido ejercidos en virtud de que la Secretaría en comento no ha tenido a bien el liberarlos, lo cual ha generado una carga administrativa y presupuestal significativa para las entidades federativas.

Un ejemplo de ello es el estado de Jalisco donde se encuentra dentro de penales a cargo de su gobierno según cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública 2705 internos por delitos federales por lo que se erogan 145 pesos diarios por reo de los cuales la federación aporta 25 pesos y el estado 120, es decir anualmente se destinan mas de 138 millones de pesos que la Federación debería de cubrirle al Estado de Jalisco sólo por este concepto.4

Hasta el día de hoy se tiene conocimiento por propia voz de algunos Procuradores y Secretarios de Seguridad Pública de los estados que dicho recurso no ha sido ejercido en su totalidad por la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya que únicamente han sido liberados 25 de los 40 pesos autorizados por esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, manifiesto a la Asamblea que una vez aprobado este punto de acuerdo no solo se destinaran más recursos por parte de las entidades federativas para la modernización de los Centros Penitenciarios administrados por los estados, sino además se mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de este país.

Notas:

1 Christlieb Ibarrola Adolfo, Ideas Fuerza México 1968.

2 Plataforma Política PAN 2002.

3 Esta cantidad resulta de multiplicar el número de internos consignados por delitos federales por el costo diario de los mismos que es de 40 pesos multiplicado por 365 días del año.

4 Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de octubre de 2005.--- Dip. Sergio Vázquez García (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

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PARTICIPACION CIUDADANA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a seguir fomentando la participación ciudadana, a cargo del diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la comisión de participación ciudadana y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1. En México el tema de la participación ciudadana ha tomado surgido en el último año a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso este año se ha decretado como año Nacional de la Participación Ciudadana en Seguridad Pública, es un hecho que el gobierno del Presidente Fox, ha implementado programas que ayudan a la participación ciudadana, en términos de la seguridad pública.

La eficiencia y el alcance que este programa ha alcanzado son dignos de resaltar. Incluso, la propia Secretaría de Seguridad Pública afirma que se han propuesto lograr a corto plazo avances significativos en la lucha contra la delincuencia, combatiendo actos de corrupción, prepotencia, impunidad, extorsión, falta de servicio y demás hechos ilícitos que dificultan el desarrollo de los programas institucionales, fomentan la inseguridad y afectan la calidad de vida de los mexicanos.

Las atribuciones de esta Coordinación General son promover el establecimiento e integración del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría, fomentar la realización de campañas de exhorto a los ciudadanos para denunciar hechos ilícitos, estados predelincuenciales, personas o grupos de personas dedicadas a actividades ilícitas, promover la participación de la ciudadanía en la supervisión y evaluación de las actividades que desarrolle el personal de la Secretaría, promover la participación activa de la sociedad civil organizada en campañas de prevención para desarrollar labores conjuntas de combate a la delincuencia, entre otros.

2. Sin embargo, la participación ciudadana no solamente debe estar enfocada hacia la seguridad pública o en los Consejos Ciudadanos de Evaluación y Seguimiento, los cuales fueron instaurados en el pasado mes de Junio del año 2001 y quienes cumplen el objetivo de la participación de los ciudadanos en la evaluación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, esto a través de la Coordinación Nacional para la Alianza Ciudadana, el trabajo que genera dicha coordinación se agrupa en dos áreas: las mecánicas de participación ciudadana y los trabajos para la reforma del Estado, y la relación con la ciudadanía y sus organizaciones.

3. Si bien es cierto que la participación ciudadana se enmarca dentro de la concepción de la democracia en la inclusión de la participación social en las decisiones de gobierno, también es cierto que la responsabilidad del Gobierno Federal es fomentar la participación de los actores sociales, no sólo a través de la regulación en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, sino implementando políticas públicas encaminadas a incrementar la participación social en cada uno de los ámbitos de la vida pública nacional.

Reconocemos los esfuerzos que la presente administración ha hecho, pero también sabemos que aún falta mucho por avanzar en materia de participación ciudadana, la instrumentación de programas enfocados por rubros por parte del gobierno federal debe ser parte fundamental en los temas de interés nacional de la presente administración, los ciudadanos formamos parte fundamental en la vida democrática de cualquier régimen político, debemos reconocer que la democracia mexicana apenas esta avanzando, por ello el objetivo de la presente proposición es acercar a nuestro país a alcanzar la democracia tal y como lo establece la teoría política y no se convierta en una poliarquía como lo establecía Robert Dahl, dónde la representación social se encuentra dividida en grupos contrapuestos y dónde las organizaciones sociales compiten entre sí para lograr obtener el mayor número de demandas por parte del gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Gobierno Federal a implementar más mecanismos y formas de participación ciudadana en los programas y acciones de gobierno para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que doten de legitimidad y eficacia al quehacer gubernamental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.--- Diputados: José Julio González Garza, Angélica Ramírez Luna (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Norma Patricia Saucedo Moreno, Adriana González Furlong, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Yleana Baeza Estrella, Guillermo Tamborrel Suárez.»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana.

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CAMPAÑAS POLITICAS PRESIDENCIALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos a conducirse con respeto y dignidad en sus campañas, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1.- A raíz de la creación del Instituto Federal Electoral, el sistema electoral en nuestro país ha cambiado, ahora los partidos políticos han sido dotados de certeza jurídica a través de las representaciones ejecutivas de cada uno de ellos ante el Consejo General de dicho Instituto, haciendo que las elecciones se conviertan en la parte cumbre de la democracia mexicana, incluso las elecciones que tuvieron lugar en el año 2000 fueron un parte aguas en el sistema electoral mexicano, siendo la primera vez en la historia de México dónde la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal se hizo presente, sin embargo la concepción de la democracia mexicana no debe estar fundamentada solamente en las elecciones, se debe enfocar hacia la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno y en el respeto íntegro de las instituciones del Estado.

A este respecto, Norberto Bobbio ha analizado los problemas teórico- prácticos de la democracia, argumentado en la dificultad de los candidatos en cumplir las promesas de campaña y en el actuar de los mismos cuando han sido electos, en este tenor el autor nos indica que la democracia se concibe como una relación directa entre Estado e individuos, sin mediar actores intermedios algunos, contrapuesto a esta teoría política en la actualidad, han sido los grupos, las organizaciones, los sindicatos y los partidos políticos, quienes se han vuelto los grandes articuladores o mediadores entre el Estado y la sociedad. De hecho otra teoría política que nos habla al respecto es la de Robert Dahl quien argumentó que la democracia se ha vuelto una poliarquía dónde no existe un poder soberano único, sino el pueblo dividido en grupos contrapuestos, en competencia entre ellos. Contando entonces, con una autonomía relativa respecto al gobierno central. Una democracia pluralista, que en definitiva provoca un distanciamiento entre poder -- sociedad o más bien entre individuo y democracia no cumpliendo de esta manera el modelo democrático originario.

2.- En nuestro país las campañas políticas han cambiado de tonalidad, los candidatos se han vuelto agresivos hacia sus contrincantes, lo anterior no solamente al interior de sus propios partidos en términos de precandidaturas, sino también con sus adversarios en la contienda electoral, la nueva modalidad de estas campañas están basadas en la descalificación y en la critica destructiva, con regularidad vemos que la mercadotecnia política exitosa es aquella que más arremete con la exaltación de errores y defectos personales de aquellos quienes luchan llegar al poder, es entonces que las propuestas constructivas han pasado a segundo término, ahora los actores políticos se han dejado llevar por la mercadotecnia y el marketing político que ha tenido mucho auge en Estados Unidos.

Incluso hay quienes afirman que la retórica en política levanta auditorios y suma multitudes a una causa, pero también puede dejar en evidencia a sus oradores cuando se dejan llevar por discursos en apariencia grandilocuentes, pero faltos de raciocinio.

3.- En la actualidad, no podemos vislumbrar una campaña política dónde los debates partidistas estén presentes, sin embargo, la antigua idea de debatir las propuestas entre partidos políticos ha quedado en el olvido, ahora los debates tienen más audiencia mientras existan descalificativos y agresiones personales, de hecho, las plataformas de los partidos políticos no han evolucionado en términos prohibitivos para erradicar estos descalificativos y guiar con cautela las campañas electorales para beneficio de la sociedad.

Es claro que la libertad de expresión y elección fue concebida como un medio para formar ciudadanos mas independientes y con un criterio propio, criterio que por desgracia se pierde o se modifica cuando las campañas son tan pobres, tan vacías pero sobre todo completamente faltas de generar un interés de los ciudadanos por participar en las elecciones, esta demostrado que el perjuicio social de estas campañas conduce en la poca participación social en las decisiones de gobierno y genera un incremento en la participación ciudadana en las elecciones, provocando con ello un gran porcentaje de abstencionismo electoral.

Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a los partidos políticos para que éstos y sus candidatos se dirijan con respeto y dignidad en las campañas políticas de la elección constitucional del Presidente de la República del año 2006.

Dado en el Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 2005.--- Diputadas: Yleana Baeza Estrella, Angélica Ramírez Luna, María del Carmen Escudero Fabre, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Norma Patricia Saucedo Moreno, Adriana González Furlong, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbricas); diputados: José Julio González Garza, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbricas).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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SECTOR PESQUERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de la República Mexicana a aprobar en sus Presupuestos de Egresos correspondientes a 2006 mayores recursos para los programas pesqueros, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo, a la consideración de esta Soberanía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada día cobran mayor relevancia los convenios de coordinación que suscriben la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con la participación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el poder Ejecutivo de los gobiernos estatales, ya que por medio de éstos se busca mejorar las condiciones para afrontar los retos y problemas del sector pesquero en cada entidad.

Estos convenios entre Sagarpa-Conapesca y los gobiernos estatales se dan en el marco de un nuevo federalismo, donde se busca redistribuir funciones y recursos con la finalidad de consolidar la unidad nacional, compensar los desequilibrios regionales y propiciar y un desarrollo equilibrado y justo. Para lo cual se propone descentralizar funciones, recursos fiscales y programas públicos, así como impulsar a la vida municipal. De tal manera y en virtud de dichos convenios los gobiernos estatales comienzan a tener participación en las decisiones y en la ejecución de planes y programas para el sector pesquero, como los de ordenamiento pesquero, infraestructura, acuacultura, capacitación, fomento, investigación, permisos de pesca comercial y deportiva en aguas continentales, inspección y vigilancia, entre otros, que hasta hace poco estaban centralizados por la Federación.

En cuanto al sector pesquero nacional, lejos de ser un sector uniforme y sin variables, es en realidad complejo y asimétrico, tanto de manera regional como nacional, el cual, en un pasado reciente ha sido administrado desde la abstracción que puede representar la Federación, donde los problemas de los pescadores son tan sólo problemas que están plasmados en papel, cuyas soluciones se plantean a cientos o miles de kilómetros del lugar donde se encuentran los afectados.

La novedosa forma de trabajo, donde los gobiernos estatales se involucran de manera directa en los trabajos de la administración pública pesquera da la pauta para que los recursos sean aplicados donde realmente se necesiten, ya que ¿quién mejor para conocer sus problemas que los propios afectados?, ¿con qué autoridad se dirige primero el pescador para buscar apoyo y solución a sus demandas, con las federales o con las estatales?

Dentro de estos convenios, los gobiernos que han aceptado el reto, además de coadyuvar administrativamente en la solución de los problemas y en la administración de los planes y programa, han aceptado también aportar recursos económicos para esos fines. A dichos gobiernos, desde la máxima tribuna del país les damos nuestro más profundo reconocimiento.

Aportar experiencia, recursos y capacidades en coordinación con el órgano del poder federal, lejos de menoscabar la soberanía y autonomía de los estados, refuerza el federalismo, el cual entre sus principios rectores tiene el de la cooperación. Sin este principio, una sociedad de grupos autónomos sería anárquica y atomizada. Autonomía no quiere decir autarquía e individualismo. Se complementa con la cooperación y la acción coordinada y global: ``todos dependemos de todos''. Autonomía no significa soberanía, sino libertad limitada por la necesidad que las personas y comunidades tienen de los demás.

Por otra parte, después de un periodo en que fue apoyado el sector pesquero, paulatinamente fue cayendo en el olvido por parte del gobierno federal, de tal manera que sus presupuestos fueron cada vez más raquíticos, y con ello, obviamente, los rezagos y necesidades se acrecentaron cuantitativa como cualitativamente.

Un mayor presupuesto no es necesariamente la solución integral a las demandas del sector pesquero. Sin embargo, el rezago que enfrentan las actividades primarias, hacen indispensables los apoyos directos a la producción, como es el caso de la pesca.

Sin embargo, mediante el esquema de convenios con entidades federativas, la aportación federal requiere de la contraparte estatal, las cuales deberán incorporarse en el Presupuesto estatal del año 2006, que las legislaturas locales deberán aprobar a finales del presente año.

Con la adición reciente de la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual el Congreso Federal tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, posibilita que los gobiernos estatales tengan una mayor participación en la administración pública acuícola-pesquera, de tal manera que los gobiernos estatales deberán ir creando o en su caso apuntalando su infraestructura para atender de manera más eficiente al sector. Por ello, es deseable que los estados cuenten con más recursos presupuestales que los que destinan actualmente para la pesca y la acuacultura.

El sentido federalista de la administración pesquera propuesta en la reforma constitucional citada prevé la participación de los estados en las diversas fases de la actividad pesquera, así como también en el fondeo de la parte de cada uno de los programas que acuerde con la Federación.

Porque coincidimos en que la pesca es factor que contribuye al desarrollo regional, al nacional y a la soberanía alimentaria, y porque consideramos la importancia de aprobar mayores recursos al sector, solicitamos de manera respetuosa a las legislaturas locales, tengan a bien destinar en su Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2006 mayores recursos presupuestales para la atención al sector pesquero.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno respeto a la autonomía estatal, se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2006 de cada estado se apruebe mayor presupuesto para los programas pesqueros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2005.--- Dip. Evaristo Corrales Macías (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ISLA DE CLIPPERTON

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para reabrir el caso de la isla de La Pasión o isla de Clipperton, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

La isla de Clipperton, es un atolón pequeño (pero que sigue creciendo) de origen tanto volcánico como coralino. Esta pequeña isla ha dado lugar a una sonada controversia entre Francia y México, en la que ambos países presentaron argumentos para reclamar la soberanía sobre ella. En 1902 México se sometió formalmente a un arbitraje internacional sobre este tema, y en virtud del laudo de 1931, pronunciado por Víctor Manuel III, rey de Italia, México finalmente tuvo que renunciar a Clipperton, o isla de la Pasión el cual es su nombre original.

Debemos de hacer una severa crítica y análisis del laudo de 1931, por el cual el rey de Italia adjudicó la isla a Francia. Aunque Ortiz Rubio sometió el caso todavía a una amplia discusión, predominó el principio de, también en el campo de los compromisos de arbitraje, pacta sunt servanda, de manera que en 1934 México puso su Constitución al tono con el laudo y Francia tomó posesión del atolón el 26 de enero de 1935. En aquel entonces esto no causó grandes perjuicios materiales a México, pero ahora, a la luz de la teoría y práctica del mar patrimonial este laudo nos priva de un área considerable del océano, y del respectivo derecho de pesca, pero, además, de un suelo submarino de eventual interés para la minería subacuática.

Algunos prestigiados autores ya lo han tratado, entre ellos Antonio Gómez Robledo o el catedrático norteamericano Jimmy M. Skaggs.

El Instituto Matías Romero ha tenido un íntimo contacto con los archivos relacionados con este tema; y se pueden tener varios nuevos datos hacia la discusión sobre el laudo de 1931; también en cuanto a la cartografía, una rama que ofrece materiales tanto más analizables y analizados en la actualidad que en los años del laudo, debido a la colaboración académica internacional y las enormes facilidades actuales de fotocopiar.

Además de los nuevos datos cartográficos, el laudo de 1931 muestra de forma casi sorprendente el fondo de la posición del rey-árbitro, Víctor Manuel III, en la Italia de Mussolini, pero también dentro del juego de las fuerzas internacionales de aquellos años, y si hacemos un análisis jurídico profundo veremos que el árbitro no simplemente ha funcionado arbitrariamente (algo que ya es bastante grave) sino inclusive interesadamente, cosa imperdonable en tales casos.

Desde luego, José Yves Limantour no sale muy bien parado en este capítulo de la historia, ya que esta persona central de la política mexicana de aquellos años sucedió al internacionalista Calvo en una de las prestigiadas academias francesas, y extraña la facilidad con que México aceptó la proposición francesa de someter la controversia a arbitraje, cuando todavía no se habían agotado los recursos diplomáticos comunes y corrientes. La visible cercanía del derrumbe del porfiriato provocó presiones francesas para acelerar la formalización del compromiso, presiones cuyo éxito van de la mano con el deseo de Porfirio Díaz de encontrar asilo en Francia y así, cuando comenzó la Revolución, México ya se encontraba formalmente ligado a su consensus de someterse a dicho arbitraje.

En relación con este tema, es sorprendente que México haya cambiado la proposición francesa original, de un árbitro presentado por cada una de las partes y un tercero en discordia, por el arbitraje unipersonal del rey de Italia.

Sin embargo, debe reconocerse que en aquella época hubo todavía una notable tendencia hacia el nombramiento de monarcas como árbitros, y que Víctor Manuel III tuvo una buena reputación como estudioso del derecho internacional y como árbitro responsable e imparcial; además, si acaso pudiera presentarse en la mente del monarca una influencia, consciente o subconsciente, de factores extrajurídicos, los líderes del México de aquel entonces deben haber creído que tal influencia sólo pudiera favorecerlos, y que a la luz de la Triple Alianza de aquellos años, Francia e Italia parecieron encontrarse en campos distintos (ya pronto después, las cosas cambiaron).

Es verdad que en 1931 la política internacional del rey todavía no era una simple ratificación de las visiones de Mussolini, pero la ausencia de presiones de parte del dictador no garantizaba una visión imparcial de parte del monarca, y analizando los hechos de la época se puede demostrar convincentemente que el ministro italiano de Asuntos Exteriores en tiempos del laudo, Dino Grandi, tuvo en aquel entonces un claro interés en hacerse agradable a Francia, lo cual puede haber desquiciado la tradicional ecuanimidad de Víctor Manuel III, mostrada en diversos arbitrajes internacionales.

El caso de Clipperton muestra claramente cómo, en materia internacional, los hechos económicos, las emociones políticas y el sistema normativo objetivo se compenetran.

Hasta mediados del siglo pasado nadie se había ocupado seriamente de la suerte de aquella mini-isla; pero luego del desarrollo de California se estimuló la navegación de la costa norteamericana occidental hacia la oriental (todavía a través del estrecho de Magallanes), lo cual colocó a Clipperton en una zona de tráfico oceánico bastante animada, y, además, la agricultura del mundo occidental de pronto había descubierto la importancia del guano, único producto de la isla que (a pesar de su baja concentración) daba por lo pronto cierto interés comercial a la isla; y estos dos factores nuevos se presentaron precisamente cuando Francia estaba preparando nuevas incursiones imperialistas, a nivel de su élite y de la opinión pública. Todo esto motivó una toma de posesión de Clipperton (bastante platónica) de parte de Francia, en 1858, bajo el supuesto falso de que se tratara de una res nullius.

La historia cartográfica de Clipperton demuestra que el mérito del descubrimiento de la isla corresponde más bien a los españoles, que consideraron el Pacífico como un mare clausum de su imperio, y utilizaron la isla de la Pasión en su travesía de la Nueva España hacia las Filipinas como una señalización exacta en el mar.

Por otra parte, fueron el pirata inglés, John Clipperton (1705) el francés Du Bocage (1711) y, sobre todo, Edward Belcher (1839) que describieron esta isla y contribuyeron a su correcta localización cartográfica, acabando también con la confusión y el pretendido dualismo entre esta isla y una inexistente ``Isla de la Pasión''.

La concretización cartográfica cristalizó precisamente en tiempos del creciente interés por el guano, y en 1854 México otorgó una concesión a un grupo de personas (entre ellas hubo dos franceses, accionistas mayoritarios), que luego crearon la Compañía Privilegiada para Explotar el Guano Mexicano.

Esta concesión se refiere in abstracto a todo el territorio isleño (en ambos océanos) de México, y -desgraciadamente- no menciona específicamente la isla de Clipperton; además, la documentación actualmente a nuestra disposición no permite aseverar que dicha Compañía haya realizado actos de explotación en ella.

Así, la falta de una posesión efectiva comprobada hizo posible que Francia reclamara para sí la isla de Clipperton, en 1858, aunque sin que el barco francés pudiera desembarcar, de manera que el capitán tuvo que limitarse a levantar el acta de toma de posesión desde lejos, para continuar su camino a Hawai, y notificar luego a la corte monárquica de allí la nueva adquisición.

Francia, fuera de colocar posteriormente su pabellón en Clipperton no tomó una posesión efectiva duradera del atolón, que luego fue ocupado por una compañía guanera estadounidense. Luego, en 1897 México izó su propia bandera en la isla, formalizó una concesión a una compañía guanera inglesa, mandó a la isla un prefecto e hizo construir un faro. En la curiosa historia de la isla vemos que náufragos de un barco norteamericano, y también familias mexicanas, vivieron allí por algunos años, en circunstancias precarias y a menudo novelescas; además fue ocupada por la armada estadounidense, durante la Guerra del Pacífico.

De todos modos, la toma de posesión de parte de México fue bastante más eficaz que todo lo que Francia había hecho hasta aquel momento. Y como Francia siguió considerando que la soberanía sobre Clipperton correspondía a ella, se presentaron desde 1898 protestas francesas contra los actos de soberanía realizados por México, y cuando los Estados Unidos (a pesar de que su bandera en ocasiones había flotado en Clipperton y pese a la doctrina Monroe) -y también Inglaterra- declararon que no querían insistir en sus eventuales derechos, la controversia quedaba establecida únicamente entre México y Francia.

A estos años, de posesión teórica de parte de Francia, y posesión más eficaz de parte de México, corresponde la tragedia de Ramón Arnaud, víctima de su obstinado sentido del deber y de la muy explicable tibieza de las autoridades mexicanas, que, en plena Revolución, tuvieron problemas más urgentes que la preocupación por un isla ajena, casi deshabitada y de poca perspectiva económica.

Al epílogo del caso Arnaud pertenecen también aquellos curiosos episodios de la comunidad de amazonas en Clipperton, el intento del ``negro Victoriano'' de establecer una dictadura sui generis erigiéndose como el Rey de la isla de la Pasión, y el ``magnicidio'' subsecuente.

Entre 1906 y 1911 se formalizaron los pasos procedimentales hacia el laudo de 1931, y en virtud de éste, Francia tomó posesión de la isla por 1935, una posesión que tomó la forma de investigaciones científicas, sobre todo entre 1966 y 1969, y de una conocida expedición de Jacques Cousteau, de 1980.

Es interesante la posición del rey-árbitro en la política italiana de 1931, y la influencia que, en tiempos del laudo, tuvo Dino Grande, no tanto Mussolini sobre el rey.En el alegato final de México, presentado en 1931 por Dionisio Anzilotti y Guido Fusinato, presentaron cartas marítimas y documentos suficientes para demostrar que históricamente la isla pertenecía a México.

Existen estudios como el desarrollado por el licenciado González Avelar que persigue un fin práctico en su obra y en ella realiza acotaciones e indicaciones técnicas precisas con un fin potencialmente benéfico para México. En noviembre de 1992 la Facultad de Derecho de la UNAM organizó una mesa redonda alrededor del contenido de este libro.

Con toda la información y datos que se posee en la actualidad se abre la posibilidad de ejercer cierta presión para que vuelva a abrirse la antigua controversia sobre Clipperton o, cuando menos, para que Francia, en caso de lanzarse a la minería subacuática alrededor de esta isla, permita a México participar en el capital de la compañía respectiva. Por esta razón, debemos insistir desde varios ángulos en la injusticia del laudo de 1931.

¿Es posible presentar recursos contra un laudo arbitral internacional después de tanto tiempo? ¿Cuáles argumentos podrán resultar eficaces, al respecto? ¿Y, de ser posible, sería realmente conveniente iniciar trámites al respecto?

Cabe recordar que el arbitraje internacional juega un papel importante en la vida internacional de México; cuando surgió en forma organizada esta benéfica institución, mediante las convenciones de La Haya, de 1899 y luego de 1907 con la creación del Tribunal Internacional de Arbitraje, México firmó y ratificó ambas convenciones iniciales; luego fue parte en el primer caso tramitado a la luz de estos importantes documentos, recurrió desde entonces regularmente al arbitraje en los casos que no hubieran podido conciliarse por vía diplomática, y obtuvo una reputación de ser loablemente cumplidor en relación con los laudos respectivos.

Un país nunca está obligado a someterse al arbitraje, pero una vez aceptada tal sumisión, tiene que obedecer al principio de que pacta sunt servanda, y debe aceptar la circunstancia de que los recursos, admisibles contra tales laudos arbitrales, resulten muy limitados.

Como un punto de partida para un ataque de aquel laudo, podemos señalar el hecho de que el árbitro reconoció haber dictado su fallo ``de acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos'', y a la luz de esta expresión de modestia de parte del árbitro, uno podría quizás alegar que la ampliación de los conocimientos cartográficos durante los sesenta años siguientes al mencionado laudo, además de la posible parcialidad del árbitro, son argumentos para recurrir el laudo.

En vista de la importancia de esta cuestión, quisiera terminar la presente reseña con algunas observaciones generales sobre los recursos que eventualmente, a la luz del estado actual del derecho internacional, podrían admitirse contra laudos de esta índole.

Como regla general, de acuerdo con la doctrina más prestigiada actualmente en boga, tales recursos (o procedimientos semejantes a recursos) podrán tomar cinco formas.

1) La de una rectificación por el tribunal o por el árbitro unipersonal mismo, de algún evidente error de expresión (inclusive de traducción) o de cálculo, errores visibles en la fachada del laudo.

2) La de una revisión de fondo por el mismo tribunal de arbitraje o por el mismo árbitro, solicitada por una de las partes con base en el compromiso original (que en tal caso suele fijar límites temporales muy estrictos), o a la luz de las normas que rigen tal tribunal.

Estas dos primeras posibilidades quedan, desde luego, eliminadas en el caso de Clipperton, sometido a un solo árbitro, que entre tanto ya ha dejado de existir.

3) La de una interpretación del laudo, solicitada por una de las partes, con base en el compromiso original o en los estatutos del tribunal arbitral, posibilidad probablemente no relacionable con el presente caso, ya que el laudo de 1931 parece de una claridad total.

4) La de una apelación tramitada ante alguna otra autoridad. Nunca prosperaron las proposiciones de generalizar esta posibilidad, y de establecer, por ejemplo, en forma global que las autoridades judiciales internacionales tuvieran facultades para aceptar en forma general las apelaciones contra laudos arbitrales, solicitadas en virtud de una lista muy limitada de argumentos (como ausencia de jurisdicción, exceso de jurisdicción o violación de principios esenciales de procedimiento). En el estado actual del derecho internacional positivo, el fracaso de estas proposiciones obliga a reconocer que tal apelación sólo será factible en caso de figurar

a) en el compromiso original, o

b) en los estatutos del tribunal de arbitraje en cuestión.

Por otra parte, en el supuesto de que el compromiso original o tales estatutos no hayan previsto un sistema de apelación, desde luego siempre es posible que la parte descontenta llegue a un nuevo compromiso arbitral con el país que haya obtenido originalmente la victoria.

El caso del arbitraje entre Venezuela y el Reino Unido, ofrece un ejemplo en que, bajo la presión de la opinión dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la parte victoriosa decidió aceptar un nuevo arbitraje acerca de la validez del laudo original.

5) La de un procedimiento de anulación ex tunc o ex nunc.

Es ésta probablemente la posibilidad que ofrece mejores perspectivas para el caso de que México quisiera atacar todavía la validez del laudo de 1931. Los autores modernos favorecen como causas para tal anulación

i) La incompetencia del tribunal de arbitraje o del árbitro, o el hecho de que hubiera excedido su encargo, o (como proponen algunos autores) que hubiera obedecido a consideraciones ajenas a los méritos jurídicos del caso.

ii) Una divergencia entre el derecho aplicado para llegar al laudo, y el derecho que según el compromiso hubiera debido aplicarse.

iii) Una violación de aquellas reglas fundamentales de procedimiento de las que ningún juzgador puede apartarse, en una nación civilizada, sin que tal conducta fuera equivalente a una denegación de justicia.

En tales casos, en ausencia de reglas claras en el compromiso original o en los estatutos de los tribunales arbitrales, no se ve claramente ante cuál institución judicial o arbitral podría presentarse la queja de nulidad, de manera que, inclusive en los casos más evidentes de laudos afectados por una de tales categorías de vicios, fácilmente saldríamos del campo del derecho para entrar en el de la política: en opinión de la mayoría de los autores, el prestigio de los laudos internacionales requiere que de ningún modo se introduzca un principio general en el sentido de que pudiera recurrirse cualquier laudo de aspecto antijurídico (aun en ausencia de disposiciones especiales como las señaladas), y la famosa frase lincolniana de que ``nothing is settled, until it is settled right'' (Nada se arregla si no lo arregla el derecho) parece no tener aplicación a esta rama de la práctica jurídica.

Por otra parte, desde la discusión del texto de la Convención de La Haya, de 1899, algunos grandes internacionalista han abogado por una posibilidad general de recurrir laudos, pero las discusiones internacionales subsecuentes han mostrado que la gran mayoría de los especialistas del arbitraje internacional parecen renuentes a admitir recursos globales al respecto y opinan no sólo que, de iure condito, es extremadamente problemático, sino, además, que de iure condendo debe seguir siendo muy difícil ir en contra de la definitividad de tales laudos (siempre que el compromiso básico no haya previsto tal posibilidad o que ésta no queda implícita en los estatutos de la organización juzgadora en cuestión).

Y en los casos, no muy frecuentes, en que, de antemano, una posibilidad de recurrir el laudo haya sido estipulada por las partes, vemos que tales recursos suelen limitarse a situaciones extremas, o, por ejemplo a decisiones no unánimes, además de restringirse el recurso a plazos mucho más cortos, desde luego, que los que contemplamos en el presente caso.

Así, una revisión panorámica de la literatura moderna relevante demuestra que ésta insiste habitualmente en la definitiva (``finality'') de tales laudos.

Y, sin embargo, en la literatura moderna sobre el arbitraje internacional público no faltan los datos que podrían favorecer una reapertura del caso, por iniciativa mexicana.

Vale la pena estudiar el arbitraje de 1899 en el Venezuela Boundary Case, a cuyo laudo la Guyana Británica debe su existencia oficial, y que se encuentra, por ende, entre las raíces jurídicas de un Estado soberano, existente desde 1966.

Este caso había quedado resuelto, muy en perjuicio de Venezuela, por una comisión de personas de gran prestigio y de reputación intachable, que habían pronunciado finalmente una decisión unánime. Pero cuando, varios decenios más tarde, se demostró que, a regañadientes, la minoría de los árbitros había tenido que aceptar una opinión mayoritaria, inducida por indebidas presiones gubernamentales, la explicación respectiva, de parte de Venezuela, ante las Naciones Unidas dio finalmente como resultado que el Reino Unido, más de medio siglo después, aceptara un nuevo arbitraje sobre la validez del arbitraje de 1899.

Por lo tanto, las curiosas aventuras del Venezuela Boundary Case ofrecen un precedente que sugiere que las perspectivas para una reapertura del caso Clipperton no son ilusorias y sería interesante estudiar al respecto también el caso de la isla de Palma y el Spanish King Case.

Así, un factor como la influencia de consideraciones indebidas en la mente del árbitro, y unos nuevos elementos probatorios, como los datos cartográficos que el autor presenta en este estudio, no deben desecharse de antemano como datos carentes de un posible impacto real.

Cabe notar, evidentemente, que la presentación de datos cartográficos que antes no habían estado tan fáciles de encontrar, o el análisis de la objetividad del rey de Italia a la luz de datos politológicos, históricos, que ahora se encuentran por fin objetivamente a nuestra disposición, son argumentos totalmente distintos de circunstancias ``sobrevivientes'', al estilo del incrementado interés económico que Clipperton ahora presenta a la luz de la nueva teoría y práctica del mar patrimonial, evidentemente, argumentos de esta índole nunca podrán ser tomados en cuenta para fundar un recurso contra un laudo internacional.

El licenciado Miguel González Avelar en su libro Clipperton, isla mexicana editado por el Fondo de Cultura Económica, en forma ágil ofrece a los juristas buenos materiales para meditar sobre lo que por lo pronto parece cierto, pero también sobre lo que resulta todavía criticable y dudoso, en aquella materia tan flexible y evolutiva que es el arbitraje internacional público.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Órgano Ejecutivo Federal a que tome las medidas necesarias para reabrir el caso de la isla de la Pasión o isla de Clipperton e inicie la revisión del caso ante la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. Se solicita al órgano ejecutivo federal que tome las medidas necesarias para difundir el contenido, la historia y el seguimiento del caso de la isla de la Pasión o isla de Clipperton entre la población.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de octubre de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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REPATRIACION DE MENORES MIGRANTES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos para proteger y prestar atención debida a niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida, son parte fundamental de la política exterior del gobierno del presidente Vicente Fox y tarea permanente de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún queda pendiente la protección de la niñez migrante en la frontera norte.

En el caso específico de menores migrantes, cuyas causas de migración se deben al deseo de los infantes por reunirse con sus familiares que se encuentran en Estados Unidos, o de encontrar un trabajo en este país, es necesario que las autoridades pongan especial énfasis toda vez que éstos flujos propician la violación sistemática de los derechos humanos de los infantes. Debido a su excesiva vulnerabilidad, los menores pueden ser involucrados en la comisión de delitos y caer en redes dedicadas al narcotráfico, a la explotación sexual o laboral, sufrir accidentes e inclusive perder la vida. Además, este tipo de migración provoca que las niñas y niños no disfruten plenamente de sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y a la recreación, entre otros.

Por tal motivo es de vital importancia, verificar y atender los mecanismos de repatriación segura y ordenada de niños migrantes en la frontera norte, tomando en consideración los criterios de unidad familiar; el respeto de los derechos humanos de los infantes; la notificación de las autoridades que están facultadas para recibir a los menores mexicanos en territorio mexicano; y aquellas encargadas de brindar hospedaje, alimentación, asistencia social, atención médica y psicológica a los menores; horarios diurnos que garanticen la seguridad de los menores en los procesos de repatriación; identificación de los puntos de contacto donde se reciben a los menores y/o donde se transmite la información sobre incidentes de maltrato o posibles violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el estudio Niñez migrante en la frontera norte: legislación y procesos, elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mayoría de los niños y niñas migrantes provienen del centro del país, aunque también hay niños y niñas originarios de las ciudades fronterizas.

El 70 por ciento de los menores que son repatriados de los Estados Unidos a México son del sexo masculino mientras que el 30 por ciento restante son del sexo femenino.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que desde 1994 todos los consulados mexicanos en Estados Unidos, han apoyado a 87,757 niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados. En el curso de 2003, en el marco del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, los consulados han reportado la repatriación de 5,457 niñas y niños mexicanos no acompañados.

Por su parte, entre enero de 1998 y mayo de 2003 los albergues de las once ciudades fronterizas (Tijuana, Mexicali, Ojinaga, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nogales, Agua Prieta, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros), que forman parte de este Programa Interinstitucional recibieron a 42,342 niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados.

Como ejemplo de la dimensión del fenómeno podemos mencionar que, solamente en 2002, los albergues de Tijuana, Baja California, recibieron a 1,936 niños, niñas y adolescentes repatriados, mientras que en Nogales, Sonora, se albergaban 1,154.

En ocasiones las niñas y niños migrantes indocumentados que cruzan la frontera con sus padres o parientes son separados de ellos por las autoridades migratorias norteamericanas y repatriados en una localidad distinta y alejada de aquella donde se les detectó con la finalidad de dificultar la reunificación familiar y desalentar un nuevo intento de cruce.

Los niños y niñas indocumentados detectados en territorio estadounidense por la Patrulla Fronteriza son asegurados en centros de detención para indocumentados en los que son ubicados en celdas con adultos que también han sido detenidos por carecer de permisos migratorios.

El Convenio de coordinación para la atención a la infancia migratoria en la frontera San Diego-Tijuana, establece compromisos de coordinación para las autoridades encargadas de procedimientos de repatriación y protección a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados en esta localidad. En ocasiones, el Consulado de México en San Diego, brinda apoyo económico a los niños y niñas repatriados para el traslado a su lugar de origen y reintegración familiar (el DIF o los albergues se encargan de conseguir los boletos con esos recursos). Las autoridades del Instituto Nacional de Migración no permiten que los adultos puedan recoger a los niños y niñas en sus oficinas. Todos los niños y niñas son canalizados al DIF.

En Mexicali rige el arreglo binacional firmado con Estados Unidos denominado Procedimientos para la repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, en dicho instrumento se establece que las repatriaciones de los niños, niñas y adolescentes no acompañados deben realizarse de las 8:00 a las 15:00 horas, con la finalidad de que descansen y evitar el traslado nocturno. Sin embargo, algunas de esas repatriaciones se efectúan fuera de los horarios dispuestos para ello en el arreglo binacional. En Mexicali aún no se ejecuta un sistema de seguimiento y evaluación integral de las actuaciones de las instituciones encargadas de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados.

Aún cuando Chihuahua ha cumplido con la mayoría de los Acuerdos implementados, una ausencia significativa en la problemática migratoria en la entidad es la relativa a que en Ciudad Juárez aún no existe un sistema con indicadores de seguimiento y evaluación integral del procedimiento interinstitucional que se sigue a niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados. No obstante, en Ojinaga algunas de estas repatriaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados de familiares adultos se realizan fuera de los horarios convenidos para ello, con lo que se incumple lo dispuesto en el arreglo binacional al respecto. Los menores repatriados que no son recogidos por familiares en las oficinas del Instituto son remitidos al albergue del DIF municipal. Dicho albergue es el único que existe en la localidad y asiste a personas de todas las edades y condiciones.

En Coahuila, las repatriaciones de menores se rigen por el Arreglo para la repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila-Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas. Con posterioridad se suscribió el Protocolo que enmienda el arreglo para la Repatriación segura y Ordenada y sin embargo las repatriaciones nocturnas de menores se siguen llevando a cabo. Asimismo en el municipio de Piedras Negras muchos niños y niñas locales son utilizados como guías por los traficantes de personas.

Por lo anterior, es conveniente que se haga evidente esta situación en los mecanismos consulares creados para ello, como es el Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional; los Mecanismos de Enlace Fronterizo; y los Mecanismos de Consulta sobre Funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización y Protección Consular y profundizar en las conversaciones y los acuerdos en este sentido entre las autoridades migratorias norteamericanas y los funcionarios de los respectivos consulados de México. Además de que el Gobierno Federal deberá tomar las medidas convenientes para la protección, verificación y debida atención de dichos sucesos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a verificar los procesos de repatriación segura y ordenada de menores migrantes en la frontera norte del país.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, por medio de su Instituto Nacional de Migración, para dar cumplimiento a los procesos y acuerdos para la repatriación segura y ordenada de los menores migrantes en la frontera norte, para informar de la observancia de estos mecanismos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con la finalidad de que verifique su cabal cumplimiento y para formalizar, mediante un convenio de colaboración, al grupo de trabajo surgido del Programa Interinstitucional de atención a menores fronterizos.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a promover la firma de convenios de colaboración entre los gobiernos de los estados receptores y de origen de los niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados con la finalidad de crear compromisos e implementar estrategias que permitan hacer frente al fenómeno y garantizar sus derechos de manera conjunta.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a considerar en el proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, un aumento significativo en las partidas presupuestales para la protección y atención de los niños migrantes repatriados y especialmente para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niños, niñas y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua, tal y como lo recomienda la UNICEF, en colaboración con el DIF, en su estudio Niñez migrante en la frontera: legislación y procesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2005.--- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

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ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a agilizar la asignación de los recursos del Ramo 33 relativos al Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, especialmente al municipio de San Nicolás de los Garza, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, la que suscribe Diputada Federal Norma Patricia Saucedo Moreno del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León a agilizar la asignación de los recursos del Ramo 33 ``Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal'' (FASP), hacia los municipios, especialmente a San Nicolás de los Garza, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cada vez son más los ciudadanos que se expresan señalando que la seguridad pública es el tema de mayor preocupación y exigen a la vez respuestas mas eficaces que garanticen la paz y tranquilidad en todas las Entidades Federativas del país, especialmente en los lugares en donde este problema se ha incrementado considerablemente por distintos factores, y en donde es fundamental que la acción dentro de sus ámbitos de competencia radica en la responsabilidad que tienen cada uno de los tres niveles de gobierno --Federal, estatal y municipal-- para prevenirla y combatirla.

He mencionado en su oportunidad que durante los últimos meses la inseguridad Pública se ha apoderado de las calles de varios de los municipios que conforman el Estado de Nuevo León. Que la serie de acontecimientos recientes relacionados con actos violentos y delincuencia organizada han provocado las declaraciones públicas de legisladores, alcaldes, medios de comunicación y sociedad organizada exigiendo al gobernador y al Secretario de Seguridad Pública que cumplan con lo que la ley y la sociedad les han encomendado.

La importancia del Municipio radica en que es la célula de gobierno que se encuentra mas cercana a la ciudadanía y también son los policías municipales los que por su proximidad a la comunidad, los primeros en enterarse y en actuar en los acontecimientos de su competencia, ampliando su ámbito de responsabilidad cuando éste se extiende dependiendo de las necesidades propias de una sociedad.

En el marco del federalismo, un municipio autónomo y con recursos puede ser capaz de ayudar a disminuir las situaciones de violencia, y de delincuencia siempre y cuando este fortalecido con mejores elementos, mejor capacitados, mejor integrados, con mas y mejores equipos de trabajo, con tecnología y con los mejores programas de entrenamiento que logren formar verdaderos cuerpos que protejan a una ciudadanía muy incrédula.

El artículo 115 de nuestra Constitución Política Mexicana, establece en su apartado III, que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos entre los que se encuentran la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la misma Carta Magna, la policía preventiva municipal y de tránsito.

Ese mismo artículo, menciona que ``las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los procedimientos y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate este imposibilitado para ejercerlos aprestarlo y que las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Sin embargo también, la constitución política del estado de Nuevo León, establece en su artículo 85, que al ejecutivo del estado corresponde proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos a efecto de mantener la paz, la tranquilidad y orden público en todo el estado.

Es así, como en el Diario Oficial de la Federación publicado el lunes 31 de enero de 2005, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, define la distribución de los recursos para este fin en el ``Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades Federativas, la distribución y calendario para la ministración durante el ejercicio fiscal 2005, de los recursos correspondientes del ramo 33 aportaciones federales para los Estados.

En esta publicación, de un total de 271, 082 millones de pesos en el ramo 33, para el Fondo VII, Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) se asignaron recursos por un total de 5000 millones de pesos para las entidades Federativas y sus municipios dentro del mismo concepto. En este ramo se asignaron al estado de Nuevo León, recursos por un total de 8, 044 millones de pesos.

Sin embargo, por parte del Gobierno del estado, estos recursos no se han asignado a varios municipios entre los cuales se encuentra el municipio de San Nicolás de los Garza, cuya solicitud expresa hecha al Gobierno de Nuevo León desde principios de ano, ha sido por un total de 16, 270 millones de pesos, para equipar a la corporación con los implementos necesarios pero mínimos para cumplir con su responsabilidad.

Actualmente, los recursos asignados para este rubro de seguridad se han ido incrementando para fortalecer tanto a las entidades federativas como municipios, sin embargo, cuando éstos no logran llegar en tiempo y forma a su destino, de forma rápida y eficiente, además de sumar gobiernos municipales con infinidad de carencias y peticiones directas, se debilitan y son incapaces de cumplir con lo que la ley les establece.

Desde siempre, mi grupo parlamentario ha pugnado por un ``Autentico Federalismo'' y una justa y equitativa distribución de los recursos, y considera de suma prioridad impulsar las acciones que fortalezcan estos principios y el estado de derecho en beneficio de todos los habitantes de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta H. Cámara de diputados exhorte al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Gobierno del estado de Nuevo León, para que asignen los recursos del ramo 33 relativos al Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal del ramo 33, a la brevedad hacia los municipios, especialmente al municipio de San Nicolás de los Garza, para que puedan dar cabal cumplimiento a la facultad de seguridad pública que se les ha encomendado contribuyendo a fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre los ordenes de gobierno para unificar los esfuerzos y los recursos para hacer mas eficiente su función.

Segundo.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte al Congreso del estado de Nuevo León, para que a la par con la Contaduría Mayor de Hacienda del estado realicen las investigaciones y acciones de fiscalización que correspondan, respecto de los recursos del Fondo VII, del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) del ramo 33 otorgados al Gobierno del Estado en virtud de que los recursos que corresponden a los municipios no se han entregado con oportunidad perjudicando su función en materia de Seguridad Pública.

Sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 20 de octubre de 2005.--- Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

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ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al secretario de Seguridad Pública de Nuevo León a explicar el incremento de la violencia y el presunto involucramiento de jefes policiacos en los recientes acontecimientos de secuestro y delincuencia organizada en la entidad, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, la que suscribe, diputada federal Norma Patricia Saucedo Moreno, del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo, así como al secretario de Seguridad Pública, ambos del gobierno del estado de Nuevo León para que expliquen e informen sobre el incremento de la violencia en la entidad y sobre el presunto involucramiento de jefes policíacos en los recientes acontecimientos de secuestro y delincuencia organizada en el estado de Nuevo León bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses el tema de la Seguridad Pública ha tomado importancia a raíz de la serie de preocupantes acontecimientos e incremento de la violencia en el estado de Nuevo León. Situación a la que la autoridad competente del Gobierno del Estado, no ha dado la importancia, ni la atención requeridas.

Aún cuando la constitución política del estado de Nuevo León, establece en su artículo 85, que al ejecutivo del Estado corresponde proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos a efecto de mantener la paz, la tranquilidad y orden público en todo el estado.

Durante las últimas semanas no ha habido un solo día en el que la tranquilidad y paz para quienes vivimos en este Estado no se haya sentido vulnerada y lastimada, ya que con profunda preocupación vemos como se han incrementado los robos, secuestros, asesinatos, y muertes violentas.

Así lo demuestra el reciente informe del diagnóstico de la problemática en torno a la delincuencia común y organizada, presentada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En dicho informe, mencionan sobre el incremento en la comisión de delitos del fuero común, como los robos de automóviles con violencia, robos a mano armada, a casa habitación, a establecimientos comerciales, así como homicidios y violaciones, proliferación del pandillerismo y además el narcotráfico y el secuestro aparece como actividad ilícita característica de la Región.

Es así, como a finales del mes de julio hasta estas fechas, se han suscitado de manera ininterrumpida una serie acontecimientos que llegaron a su punto más delicado con la terrible noticia relacionada al secuestro de tres personas, cuyo impacto en la sociedad de Nuevo León convirtió el tema en prioridad para su atención.

Sin embargo, a principios del mes de agosto la situación se torna aún más preocupante cuando se hace pública ``la existencia de una lista de nombres llamada narcolista, ya que involucra a jefes policíacos del área metropolitana en la entidad, quienes eran señalados de recibir cantidad de dinero a cambio de proteger a los sicarios y narcotraficantes''.

Ante esta situación el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, declaró que ``las policías estatal y municipales tienen la autosuficiencia necesaria para mantener el nivel de seguridad''. Y que la ``seguridad se mantenía en buen nivel, y que por lo tanto no era necesario implementar en Nuevo León el programa ``México Seguro'', y unos días después en relación a la llamada narcolista mencionó que ``el elemento policiaco del grupo especial involucrado en el narco-comando, ya se había reincorporado a las fuerzas policíacas'', incrementando con esta declaración aún más la duda y la desconfianza en la ciudadanía por la falta de claridad en esta situación.

Por otro lado, la Procuraduría Estatal declara ``que determinaría la autenticidad y procedencia de la lista de presuntos pagos hacia jefes federales, estatales y municipales, pero se desconocen las fechas en que se revelaran los resultados periciales''.

No conforme con lo anterior, el Gobernador del Estado Natividad González Parás, declaró, que ``sí se pueden dar golpes a la delincuencia organizada en el estado de Nuevo León, sin necesidad de apoyo del Gobierno Federal, y que con o sin apoyo Nuevo León dará la guerra, decidido a dar una batalla frontal, absoluta y total''.

Con suma preocupación, los alcaldes del área metropolitana solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León investigar al interior de las direcciones de Policía, y que es necesaria hacer una depuración de las corporaciones policíacas. Al mismo tiempo que varios legisladores del Congreso del Estado también manifestaron su inquietud por las ejecuciones recientes, pero, que la mayor preocupación seguía siendo los presuntos nexos de los jefes policíacos con la delincuencia organizada.

Finalmente la sociedad organizada, como ``Vértebra'' y ``Foro libre y Democrático'' también manifestó su preocupación y exigieron al Gobernador la implementación de las nuevas estrategias que garanticen a la comunidad que se redoblarán esfuerzos a fin de lograr los resultados esperados por los nuevoleoneses.

De acuerdo a información reciente publicada por la prensa local, en el año 2002 fue ejecutado un agente ministerial; dos policías preventivos en el 2003; en 2004 fueron dos policías rurales, y en lo que va de este 2005 ya suman 28 ejecuciones en el estado, de las cuales cuatro contra autoridades federales y estatales.

Como lo menciona Raúl Carracá ``No es concebible el Estado de Derecho sin una base firme de seguridad pública y social, pues sobre ésta se construye aquel y en ésta culmina. Lo grave, lo peligroso, es cuando se comienza a hablar de inseguridad en vez de seguridad''.

Para mi grupo parlamentario es de una gran preocupación lo que está sucediendo en mi estado, que alarma, inquieta y atenta contra la paz y tranquilidad de quienes vivimos en el estado de Nuevo León.

Por lo que someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que ésta H. Cámara de diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Gobierno del Estado de Nuevo León, para que expliquen e informen sobre las razones del incremento de la violencia en la entidad, y sobre el presunto involucramiento de jefes policíacos en los recientes acontecimientos de secuestro y delincuencia organizada. Asimismo para que fortalezcan los mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades federales y municipales, hacer más eficientes las acciones de combate a la delincuencia y, para que lleven a cabo una exhaustiva depuración de las corporaciones policíacas en el estado de Nuevo León.

Sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 20 de octubre de 2005.--- Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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GRIPE AVIAR

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar por conducto de la Semarnat, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios las medidas necesarias para la próxima temporada de caza, por el riesgo que implica el contagio de la gripe aviar, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, Blanca Eppen Canales, diputada federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a presentar proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que en el ámbito de sus facultades no se otorguen, permisos de caza, o se revoquen los ya expedidos; en la próxima temporada de caza de aves migratorias; lo anterior por el riesgo de contagio que implica la posibilidad de contagio de gripe aviar. Para lo cual hago las siguientes:

Antecedentes

La gripe aviar, más conocida como gripe del pollo, es una enfermedad viral muy contagiosa causada por las cepas tipo A del virus de la gripe que puede afectar a todas las especies de aves. La enfermedad fue identificada en Italia hace más de 100 años.

Los virus de la gripe aviar son miembros de la familia Orthomyxoviridae, género Influenza virus tipo A. La infección causa un amplio espectro de síntomas en las aves que van desde una enfermedad leve que se manifiesta algunas veces únicamente como plumas erizadas o disminución en la producción de huevos, hasta una enfermedad fatal altamente contagiosa y rápida conocida como ``gripe aviar altamente patogénica''. Esta forma se caracteriza por comienzo súbito, enfermedad grave y evolución fulminante, con una mortalidad muy cercana al 100%. Las aves pueden morir el mismo día en que aparecen los síntomas.

Los síntomas de la gripe aviar en humanos varían desde síntomas parecidos a la gripe típica (fiebre, tos, dolor de garganta y dolores musculares) hasta infecciones oculares, neumonía, dificultad respiratoria aguda y otras complicaciones graves que pueden suponer una amenaza para la vida.

Las aves acuáticas migratorias, principalmente los patos, constituyen el reservorio principal de los virus de la gripe aviar, y estas aves son también las más resistentes a la infección. Aunque todas las especies de aves son susceptibles de infectarse, son especialmente vulnerables las aves de corral domésticas, en particular los pollos y pavos, pudiendo además estas infecciones alcanzar rápidamente proporciones de epidemia.

Se ha considerado el contacto directo o indirecto de los animales domésticos con las aves acuáticas migratorias como causa frecuente de epidemias. El mercado de aves vivas juega también un papel importante en la expansión de epidemias.

Por otra parte, investigaciones recientes han puesto de manifiesto que virus de baja patogenicidad pueden, después de circular por periodos cortos entre la población de aves de corral, mutar a virus muy patógenos

Se ha confirmado la afectación humana de la gripe aviar desde 1997:

1997: En Hong Kong, la gripe aviar A (H5N1) afectó tanto a pollos como a humanos. Fue la primera vez que se encontró la transmisión directa de aves a humanos. Durante este brote 18 personas fueron hospitalizadas y 6 de ellas fallecieron. Para controlar el brote y eliminar la fuente del virus las autoridades sanitarias mataron cerca de 1,5 millones de pollos.

La investigación de este brote concluyó que el contacto estrecho con las aves infectadas vivas había sido el origen de la infección humana. Estudios genéticos posteriores evidenciaron que el virus había saltado directamente de las aves al hombre. Se produjo también una transmisión limitada al personal sanitario, sin llegar a causar síntomas de gravedad.

1999: En Hong Kong, se confirmaron dos casos de gripe aviar A H9N2 en niños. Ambos pacientes se recuperaron y no se confirmaron otros casos. Los hechos sugieren que las aves de corral fueron la fuente de infección y el principal modo de transmisión fue de aves a humanos. Sin embargo, la posibilidad de transmisión de persona a persona permaneció abierta. Se informó de infecciones humanas H9N2 en China en 1998-1999.

2003: Dos casos de gripe aviar A (H5N1) ocurrieron entre los miembros de una familia de Hong Kong que había viajado a China. Una persona se recuperó y otra murió. No se determinó donde habían sido infectadas estas personas. Otro miembro de la familia murió de una enfermedad respiratoria en China, pero no se tomaron muestras. No se informó de otros casos.

Se confirmaron en Holanda infecciones de gripe aviar A (H7N7) entre las personas que trabajan con aves de corral y sus familias durante un brote de gripe. Se informó de más de 80 casos de enfermedad H7N7 (los síntomas fueron confinados a infecciones oculares con algunos síntomas respiratorios) y un paciente murió (un veterinario que había visitado una granja afectada). Había evidencia de transmisión de humano a humano.

En un niño en Hong Kong se confirmó infección por H9N2. El niño fue hospitalizado pero se recuperó.

2003-2004: Un brote de gripe aviar está afectando a las poblaciones de aves en países asiáticos. El brote está causado por el virus de la gripe subtipo H5N1.

Este brote ha causado también casos de infección en humanos en Vietnam y Tailandia, habiéndose producido muertes.

Desde mediados de diciembre de 2003 ha aumentado el número de países asiáticos que han informado de brotes epidémicos de gripe aviar altamente patogénica en pollos y patos. También se ha informado de infecciones en muchas especies de aves salvajes y cerdos.

La extensión rápida de esta gripe, con brotes epidémicos que ocurren al mismo tiempo en muchos países, no tiene precedentes históricos y es un tema muy importante para la salud humana y la agricultura.

Es muy alarmante, en relación con los riesgos para la salud humana, la detección como la causa de estos brotes de una cepa muy patogénica conocida como H5N1. Esta cepa ha saltado la barrera de las especies causando enfermedad grave en las personas y está aumentando de forma gradual el número de casos.

Este brote ha causado casos de infección en humanos en Vietnam y Tailandia. Se han producido muertes. Se cree que estos casos se han producido por el contacto con aves infectadas o superficies contaminadas con los excrementos de las aves infectadas. Se están realizando investigaciones para averiguar la fuente de las infecciones humanas

Considerandos

Que se encuentra próxima la temporada de cacería de aves acuáticas, la cual se abre de noviembre a marzo de cada año.

Que las aves acuáticas migratorias son las principales portadoras del virus de la gripe aviar.

Que si bien es cierto no se ha podido comprobar que la gripe aviar pueda ser transmitida de persono a persona, tampoco se ha podido comprobar lo contrario, es decir, aun no se cuenta con los estudios suficientes que confirmen uno u otro hecho.

Que la práctica del deporte de la caza implica el contacto directo, del cazador y su perro, con el ave posiblemente portadora del virus.

Que este virus ya ha demostrado su capacidad mortífera en el sureste asiático.

Que se encuentra próxima la temporada de caza de aves migratorias, en varias entidades de la República mexicana.

Que podría representar un grave peligro de salud publica para el país, en el caso de un brote infeccioso de este virus.

Por todo lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto, de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud y su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre los siguientes asuntos:

Primero.- Se revoquen los permisos para caza de aves para la próxima temporada de caza.

Segundo.- No se otorguen permisos para caza de aves en la próxima temporada.

Tercero.- Reforzar la vigilancia para impedir la caza clandestina, que se pudiera originar por la prohibición.

Cuarto.- Se informe de manera puntual a la población del posible riesgo que implica el contacto con las aves migratorias.

Palacio Legislativo, a 27 de octubre 2005.--- Dip. Blanca Eppen Canales (rúbrica).».El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud.

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DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la jefa delegacional en Tláhuac a interceder en favor de la escuela primaria Narciso Reyes Galicia para evitar que sigan siendo afectadas sus instalaciones, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

La delegación Tláhuac, se localiza al sureste del Distrito Federal con una superficie de 89.5 Km2, es decir el 6.7% de la superficie total de esta entidad. Colinda al norte con la delegación Iztapalapa y el municipio de los Reyes, al este con el municipio de Chalco, al sur con la delegación Milpa Alta, y al oeste con la delegación Xochimilco e Iztapalapa.

Tláhuac esta integrada por siete pueblos de origen prehispánico: San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco, algunos localizados muy cerca de la ribera del lago de Chalco y parte del lago de Xochimilco.

La presencia de las órdenes religiosas en la zona dejó una profunda huella de labor de evangelización, logrando un importante patrimonio. Los franciscanos, por ser los primeros frailes misioneros en América, son los que inician la construcción del convento y templo de San Pedro Apóstol en Tláhuac, pero a la llegada de los dominicos tienen que cedérselo, y son ellos quienes finalmente lo concluyen y lo caracterizan, respetando algunos elementos de sus antecesores.

Sin embargo los franciscanos también edificaron en Tlaltenco, en el siglo XVI, un templo más sencillo y de proporciones más modestas, acorde con el espíritu de la orden y dedicado al fundador de la misma, San Francisco de Asís, en donde parece ser, concentraron toda su atención una vez que cedieron en Tláhuac.

Por su parte, los agustinos encontraron en Mixquic un lugar apropiado para levantar un convento y templo dedicado a San Andrés Apóstol.

Resulta interesante observar cómo cada una de las órdenes mendicantes se disputaron el área y convivieron compartiendo conjuntamente la responsabilidad de convertir a los habitantes.

Una de las formas de organización tradicional que destacan en la región son las mayordomías de las fiestas patronales y, entre las que más se distinguen, se encuentran la del ``culto a los fieles difuntos'' que se lleva a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y la ``Fiesta de las Luces y Música'' en Santiago Zapotitlán, misma que, para muchos de sus pobladores, rememora la ceremonia del encendido del fuego nuevo, y que se convierte en un espectáculo extraordinario de juegos pirotécnicos y danzas prehispánicas.

En San Francisco Tlaltenco se lleva a cabo el carnaval de comparsas de hasta 200 danzantes, vestidos con trajes de charro y acompañados por jovencitas también ataviadas de gala; recorren las calles del pueblo bailando al son de las cuadrillas del rey o los lanceros. Este festejo se celebra durante cuatro domingos consecutivos con motivo de la cuaresma religiosa y sucede en fechas variables, entre los meses febrero y abril.

San Pedro Tláhuac es la cabecera delegacional y fue fundada hacia el siglo XII. Ahí es posible visitar el templo de San Pedro que se asienta donde, según Fray Toribio de Benavente, tuvo lugar la construcción de un primer templo después del año 1529. Esta primera iglesia era de madera y adobes, con techo de aguas y planta de tres naves. En 1554, como ya se dijo antes, los franciscanos cedieron el templo a los frailes dominicos, quienes lo concluyeron entre 1587 y 1596.

Cerca, apenas a unos pasos, se llega al embarcadero donde se puede disfrutar de una comida tradicional mexicana. También se puede visitar el mercado e incursionar en el paisaje abordo de una trajinera y pasear por el lago Los Reyes y sus canales por todo el tiempo que desee.

Por otra parte, la Feria Regional de Tláhuac da inicio en junio y durante una semana ofrece eventos culturales, exposiciones de carácter agrícola, ganadero, agropecuario y artesanal. También se presentan torneos deportivos, actividades para el esparcimiento y muestras gastronómicas, bailes populares, además de juegos mecánicos y gran variedad de ``antojitos'' y productos de la región.

El ánimo de esta celebración en San Pedro se ve opacado totalmente, pues lejos de convertirse en un festejo se ha convertido en una ocasión para justificar el vandalismo en contra de la escuela primaria ``Narciso Ramos Galicia'', pues la feria no apoya de ninguna manera a esta escuela y si afecta de forma terrible sus instalaciones, colgando pesadas mantas de la malla que protege a la escuela, dañando sus paredes y afectando las instalaciones eléctricas al colgarse de estas en forma irregular y sobre todo pone en riesgo a los usuarios de esta escuela pues afecta el libre acceso a la escuela y no se observan medidas de seguridad.

La lucha contra la deserción escolar debería ser una de las principales preocupaciones del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Delegacional, sin embargo tal parece que en el caso que nos ocupa están más preocupados por promover el abandono y afectación de escuelas por un ánimo meramente económico, que en salvaguardar esta inversión pública educativa, pues no se les exige de ninguna forma a los participantes en esta feria que respeten a la escuela y mucho menos que colaboren en su mantenimiento.

Mas aún, los puestos de la feria no respetan la más mínima normatividad de seguridad, es fácil encontrar cables en mal estado en el suelo junto a charcos, estructuras metálicas sobrepuestas y una terrible dificultad para moverse a lo largo de su establecimiento impidiendo el acceso o desalojo rápido de la escuela, por lo que es necesario exigirle a las autoridades delegacionales en Tláhuac que escuchen las necesidades de los usuarios de dicha escuela y que se vele por la seguridad y libre acceso de los niños y profesores, vigilando y obligado a que se evite el deterioro paulatino por este tipo de agresiones directas a la instalación.

Existen antecedentes en el tema, pues los padres de familia de los niños inscritos en la referida escuela han acudido ante todas las instancias delegacionales, recibiendo solo la negligencia y despotismo por parte de algunos de sus funcionarios y la sordera de otros tantos, se abrió un expediente ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que a la fecha no ha sido resuelto por la inexplicable e imperdonable apatía de la Comisión, institución ciudadana que sin pensarlo debería de velar por los derechos de los niños por encima de cualquier interés económico o tejido burocrático.

El origen primario de las fiestas y ferias era crear una derrama económica en la zona festejando al santo patrono del lugar, pero ahora tal parece que dicha derrama al último lugar que llega es a sus habitantes, pues la mayoría de los beneficios económicos se van directamente a la delegación y hacia las arcas y los bolsillos de unos cuantos que por intereses partidistas o políticos permiten estos ataques contra la integridad de una escuela primaria y sus usuarios, importándoles muy poco que se destruya una instalación educativa.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Gobierno del Distrito Federal y a la jefa delegacional en Tláhuac intercedan inmediatamente en favor de la escuela primaria ``Narciso Ramos Galicia'' para evitar que siga siendo afectada en sus instalaciones por la ferias que se ponen frente a ella cada año y que se vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los profesores y alumnos que asisten a dicha escuela.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tomar las medidas necesarias a efecto de intervenir en favor de los profesores y alumnos de la escuela primaria ``Narciso Ramos Galicia''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

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ESTADO DE GUANAJUATO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a donar al municipio de Pénjamo o al gobierno del estado de Guanajuato los restos de las bodegas y el terreno ubicados en la ex hacienda de Corralejo, de la estación ferrocarrilera Corralejo II, de dicha localidad, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura, José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución bajo las siguientes

Consideraciones

En la comunidad de Estación Corralejo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, se encontraban unas bodegas, mismas que fueron derrumbadas por los vecinos de la comunidad porque un menor se accidentó y parte de esta infraestructura le cayó en la espalda, quedando únicamente en este predio dos pilastrones.

Desafortunadamente este no ha sido el único problema que se ha presentado, este terreno se ha convertido en un centro de vicio, inclusive los vecinos de esta comunidad han comentado que en 2004 aproximadamente 15 personas de origen guatemalteco bajaron del tren y se instalaron en este predio, por lo que tuvieron que llamar a la policía para que los desalojaran.

Además, como este terreno se encuentra a un costado de la Escuela Telesecundaria y las canchas deportivas de la comunidad, los ciudadanos viven diariamente con incertidumbre, porque sin duda, este sitio no es seguro y como ya lo mencioné con anterioridad, se ha convertido en un centro de vicio.

Esto implica una amenaza contra la comunidad en mención, debido a que estas acciones son socialmente negativas ya que van en contra de lo que estipula la ley y las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad, de hecho, no debemos olvidar que estos fenómenos ponen en riesgo latente la seguridad pública y la integridad de la comunidad. Por ende, este inmueble debe ser utilizado lo antes posible para generar incentivos para la sociedad de esta circunscripción territorial.

Por lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 31y 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que se mencionan a continuación:

Artículo 31.- Los procedimientos de enajenación previstos en esta Ley, son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes.

Los procedimientos de enajenación serán los siguientes:

I. Donación, y

Artículo 34.- En casos excepcionales, de conformidad con lo que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean las mimas, tales como los relativos al monto, plato o tipo de bienes, éstos podrán ser donados a favor de los gobiernos de los estados, de los municipios, o del Distrito Federal, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

Por lo antes expuesto, propongo que los restos de las bodegas y terreno ubicado en la Ex -- Hacienda de Corralero, de la Estación Ferrocarrilera Corralero II, del Municipio de Pénjamo, Guanajuato; sean donados al mismo Municipio o al propio Gobierno del Estado de Guanajuato, para crear un proyecto educativo y de asistencia social, que permitiría que toda la comunidad de Pénjamo gozara de sus beneficios, estos podrían ser el contar con una Casa de Cultura, ya que estos centros promueven las actividades artísticas, sociales, manuales, recreativas y deportivas, entre otros beneficios. También en este sitio se realizarían conferencias, exposiciones, recitales y obras de teatro. Estas actividades implican un beneficio directo para la sociedad de la Comunidad de Estación Corralero, ya que no debemos olvidar que la cultura de un pueblo es la expresión de su historia y la fuente de su identidad, a su vez, constituye el desarrollo integral de cada persona y es, lo que nos permite preservarnos como nación.

Con este tipo de proyectos evitamos que los jóvenes se inclinen hacia el camino incorrecto, no debemos olvidar que la juventud representa un lapso durante el cual el individuo define el papel que se propone desempeñar dentro de la sociedad y la forma de actuar para lograrlo, por lo tanto, las elecciones realizadas están altamente influenciadas por sus habilidades personales y el entorno.

Es el momento que en este país, la cultura sea considerada como uno de los principales activos para incluir, al mayor número de mexicanos, en programas de divulgación, educación y difusión cultural, ya que no debemos olvidar que la creatividad y la pluralidad en las formas de expresión, fortalecen la riqueza cultural y artística de nuestro país, ya que contribuyen a fincar y consolidar los valores de respeto y apertura social.

Por lo anteriormente expuesto, propongo con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la donación al municipio de Pénjamo o bien al gobierno del estado de Guanajuato, de los restos de las bodegas y terreno ubicado en la ex hacienda de Corralejo, de la estación ferrocarrilera Corralejo II, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, para que se construya una casa de cultura en honor al Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla.

Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2005.--- Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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VIVIENDA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vivienda que integre una subcomisión que analice y cuantifique el déficit de vivienda en México, y emprenda un estudio sobre los mecanismos legales para establecer como política de Estado un programa que permita el otorgamiento anual de al menos 500,000 viviendas a familias de escasos recursos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El problema de vivienda en México tiene serias limitaciones en cuanto a su cuantificación a partir de una óptica estrictamente económica. Los intentos de estimación del déficit habitacional o, de forma más amplia, de las condiciones generales de vivienda en México, han sido bastante discrepantes. Los intentos por dimensionar el incremento necesario al actual stock de casas con miras a superar el déficit de viviendas han resultado en números que van desde 1 millón hasta los 5 millones de unidades, en función de la amplitud de los criterios adoptados. Mucho más que dudas sobre la dimensión absoluta del déficit, tal diversidad dificulta enormemente su monitoreo a lo largo del tiempo, así como el mapeo de su distribución espacial.

2. En consecuencia, han sido extremamente diversas tanto las evaluaciones de la efectividad de las políticas públicas que tienen como objetivo disminuir el problema de la calidad y suficiencia de vivienda como la propia cuantificación del mercado potencial tanto a nivel nacional como por regiones.

3. En primer lugar, por lo tanto, es necesario establecer una metodología capaz de dar luz sobre la evolución temporal y la distribución espacial del déficit habitacional mexicano, ya sea por su importancia en el ámbito de las políticas de carácter social, bien debido a su relevancia de carácter macroeconómico para los agentes privados que trabajan en la oferta de unidades habitacionales o bien, por último, frente a la importancia macroeconómica de las inversiones en construcción civil, dentro de las cuales es fundamental el segmento de vivienda.

4. Como hemos indicado, una gran parte de la discusión en torno a la cuestión del déficit de vivienda tiene que ver con las significativas diferencias metodológicas existentes entre las diversas alternativas para cuantificar el problema. Esto que parece una cuestión académica no lo es. Definir con claridad de qué naturaleza es el déficit llevará a tomar partido por una u otra alternativa de solución. Si el déficit fundamentalmente es de magnitud, en consecuencia la respuesta que debe ser dada de carácter público debe ser la expansión masiva del sistema de vivienda social, una vivienda de calidad con todos los servicios necesarios y que pueda ser pagada al costo sin fines de lucro, sin tasa de interés, con las facilidades de plazo y pagos que no excedan el 20% de un salario mínimo mensual. Sólo así podrán tener acceso a la vivienda las familias de escasos recursos. Se trata de que el presupuesto público atine en la solución de las necesidades de la población más apremiantes, más aún si se trata de un derecho consagrado en la Constitución como la vivienda. La política de vivienda que sigue actualmente el Gobierno Federal consiste en el otorgamiento de créditos puente en condiciones de pago muy pesadas y con tasas de interés lucrativas que impiden el acceso a la vivienda a los sectores populares. Se trata entonces de que el Estado se haga cargo de solucionar el déficit habitacional existente en el país.

5. Sin embargo, si el déficit cuantificado arroja evidencia de un rezago, la calidad no es un asunto menor, en consecuencia los resultados llevarán a tomar decisiones que tienen que ver con la colocación de recursos para remodelación, ampliación o bien mejora de la vivienda que permita mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mexicanas, el gobierno federal y los gobiernos estatales están obligados a garantizar mejores condiciones de vida de la población y lograr hacer de la vivienda un derecho universal que no excluya a los pobres.

6. Un intento de evitar niveles innecesarios de discrecionalidad, sobre todo con el objetivo de realizar un mapeo y seguimiento temporal del déficit, sería proceder a una estimación a partir de los componentes menos sujetos a distorsiones relacionadas a la heterogeneidad de las condiciones socioeconómicas. De esta forma, una metodología que permitiría calcular el déficit de vivienda en México sería aquella que considere al menos tres elementos centrales: a) rusticidad de las estructuras físicas de las viviendas, en virtud de la depreciación y/o utilización de materiales improvisados o no durables. En otras palabras, de nada serviría que en un período de tiempo se hayan construido 2 millones de viviendas si dichas casas tuvieran una duración inferior, digamos, a 5 años; b) el grado de ``inadecuación'' de algunas unidades habitacionales que, derivado de sus características físicas y funcionales, lleve a que sean utilizadas como domicilios solo en forma esporádica o improvisada. Nuevamente, de nada sirve la edificación de viviendas en zonas tropicales, por ejemplo, que por inundaciones frecuentes no puedan ser habitadas permanentemente; c) la cohabitación. Esto es, la existencia de más de una familia por domicilio.

7. Por más variadas que sean las condiciones socioeconómicas observadas en las diferentes regiones de México, difícilmente esos elementos podrían dejar de ser caracterizados como componentes del déficit de vivienda. Además de ellos se pueden agregar los cuartos alquilados no rústicos de las grandes ciudades, los cuales proporcionan un indicador del incremento de la densidad en algunas ciudades sin que necesariamente se traduzcan en problemas de hacinamiento; pero que constituyen otra arista del problema del déficit habitacional.

8. En la literatura empírica sobre la situación actual de la vivienda en México se ha privilegiado mucho la tercera dimensión del problema de la vivienda: se ha buscado que cada vez en menor proporción cohabiten varias familias en un mismo domicilio. En virtud de ello, se requiere destinar una mayor proporción del gasto público orientado a la expansión de la disponibilidad de vivienda, es decir sea destinado precisamente a lograr una mayor oferta de vivienda, sin que el esquema consista en abrir grandes negocios inmobiliarios y sin que deje de lado la primera dimensión que ya hemos señalado del déficit habitacional: la calidad de la vivienda a la que hemos denominado aquí ``rusticidad'', lo que ha significado; en la práctica, que se han otorgado un número muy reducido de créditos, a nivel nacional, que tengan como finalidad extender la durabilidad de las viviendas.

9. La política actual de fomento a la vivienda en México conduce a una solución a sectores de ingresos medios y altos, excluyendo a las familias de bajos ingresos que lamentablemente son la inmensa mayoría dada la concentración del ingreso. Adicionalmente, esta política no ha destinado suficiente presupuesto a su mantenimiento, lo que provocará que en el largo plazo las familias tendrán el problema de obsolescencia de sus viviendas. En función de ello, es que se hace necesario volver sobre la cuantificación del déficit de vivienda, en todas sus dimensiones: ¿Cuántas familias requieren hoy en día recursos para remodelar sus viviendas? ¿De qué magnitud será el déficit en número de viviendas en 10, 20 ó 30 años si no se atiende hoy el déficit habitacional y adecuación del stock nacional de viviendas?

10. Por último, es necesario enfatizar que el déficit de vivienda en México no es un problema exclusivo de los grandes centros urbanos sino que se da en las zonas de bajos ingresos tanto urbanas como rurales. Además de ello el aspecto fuertemente regresivo de la distribución del déficit habitacional; esto es, que el mayor déficit proporcionalmente hablando se concentra más en los estratos de la población más pobre, no necesariamente es menor en las zonas urbanas que en las rurales, por lo que esta cuestión debe ser estudiada adecuadamente con fines de realizar una política de vivienda progresista.

11. Sin embargo, en tanto se llevan a cabo los estudios necesarios que permitan dimensionar de manera completa el déficit de vivienda en todas sus dimensiones, es evidente que ante el esfuerzo realizado hasta ahora por expandir la oferta de casas; es necesario emprender un Programa Habitacional cuya finalidad sea otorgar créditos para viviendas nuevas a sectores de bajos ingresos además de créditos para mantenimiento y remodelación.

Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Solicitar a la Comisión de Vivenda la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar y cuantificar las diferentes dimensiones del déficit de vivienda en México.

Segundo: Solicitar a la Comisión de Vivienda emprenda un estudio sobre los mecanismos legales que permitan establecer como política de Estado un programa de vivienda que permita el otorgamiento anual de al menos 500,000 de viviendas nuevas para familias de escasos recursos, así como también créditos para mantenimiento y remodelación de casas habitación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Vivienda.

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ALIMENTACION

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición conpunto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a considerar un programa especial que garantice alimentos para todos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El año pasado México se adhirió, en el Consejo Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, junto con 187 países, a las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación. Esas directrices fueron creadas con el objetivo de proporcionar una orientación práctica a las naciones, en lo que se refiere a sus esfuerzos para lograr la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Eso significa que México se comprometió a garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente y calidad apropiada para satisfacer las necesidades alimenticias de sus ciudadanos, la accesibilidad física y económica universal, incluso de los estratos sociales más vulnerables; a alimentos adecuados, libres de sustancias nocivas; o los medios para lograrlo.

2. En septiembre de 2004, los Jefes de Gobierno de Francia, Chile, Brasil y España, con el apoyo del secretario general de la ONU, Koffi Annan, organizaron en Nueva York el Encuentro de Líderes para una Acción Contra el Hambre y la Pobreza. Alemania y Argelia también se sumaron a dicha iniciativa. El encuentro tuvo como objetivo estimular el debate internacional sobre mecanismos innovadores de financiamiento del desarrollo y del combate al hambre y a la pobreza. Más de 50 gobernantes asistieron al evento, y la Declaración de Nueva York contó con el apoyo de más de 100 países, entre ellos México.

3. La iniciativa de combate al hambre y a la pobreza se ha puesto, desde el año pasado, de relieve en la agenda internacional. La discusión sobre las fuentes innovadoras de financiamiento ha ganado espacio en la Organización de las Naciones Unidas, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Se ha reconocido ya que el combate al hambre, a la desnutrición y a la pobreza es una necesidad esencial en las sociedades de nuestro tiempo. Cuánto más tarde el problema del hambre de amplios sectores de la sociedad, más costoso va a ser combatir sus secuelas sociales.

4. Un grupo técnico, formado por representantes de los países promotores de la Acción contra el Hambre y la Pobreza, está encargado de proponer diversas alternativas innovadoras de financiamiento, como impuestos a ser aplicados internacionalmente y combate a los paraísos fiscales. En tanto las naciones no generen fuentes innovadoras de financiamiento, los países miembros están obligados a emprender acciones eficaces de combate al hambre.

5. México es uno de los países con mayor proporción de pobres en América Latina. A partir de cálculos realizados con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, en nuestro país existen más de 72 millones de personas en condiciones de pobreza, de los cuáles más de 40 millones sobreviven con menos de 1 dólar per capita al día, esto es, viven en condiciones de pobreza extrema. Los cálculos oficiales del Comité Técnico de Medición de la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social reconocen más de 20 millones de personas con pobreza alimentaria, mientras que los que se reconocen con pobreza de patrimonio son más de 48 millones de personas.

6. En cualquiera de las dos mediciones estamos hablando de más de 20 millones de personas del campo y la ciudad que no cuentan con los recursos mínimos necesarios para la adquisición de los bienes esenciales para la sobrevivencia humana en condiciones adecuadas de alimentación.

7. No obstante lo anterior, en México no se ha estructurado un Programa Nacional que tenga como objetivo explícito el Combate al Hambre. El conjunto de programas sociales del actual Gobierno Federal se enmarcan dentro de la llamada ``Estrategia Contigo'', que constituye una continuidad de los anteriores programas emblemáticos de la pobreza de los diferentes sexenios anteriores. En el fondo, la filosofía del programa Oportunidades es una continuidad del Programa Nacional de Solidaridad y de otros que identifican en el combate a la pobreza focalizada en el campo, la mayor y mejor estrategia de combate a la pobreza. La pobreza urbana, una de cuyas características más dramáticas es el hambre en que viven millones de ciudadanos de las zonas metropolitanas de las grandes ciudades de México, simplemente ha sido ignorada en los Programas Sociales del Gobierno Federal.

8. En los países desarrollados existen programas específicos de combate al hambre desde hace muchos años. En Estados Unidos existe el programa denominado Food Stamps, que son cupones otorgados a las familias de más bajos ingresos para la compra de alimentos. Constituyen aproximadamente el 30% de la diferencia que existe entre el ingreso neto familiar y un valor que varía con el tamaño de la familia; mientras más integrantes son en la familia, dicho valor será más elevado. Actualmente, aproximadamente 12 millones de familias en Estados Unidos (unos 27 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población) son beneficiadas por los cupones de alimentación, representando un gasto total, para el gobierno norteamericano, de 28,450 millones de dólares anuales.

9. En México, dadas las dimensiones de la pobreza tanto urbana como rural y una de cuyas manifestaciones más lacerantes es el hambre de la gente y la insuficiencia de sus ingresos para adquirir todos los días los alimentos necesarios a su sobrevivencia, es necesario y urgente emprender un Programa Nacional de Combate al Hambre y de Seguridad Alimentaria.

10. La política de seguridad alimentaria que proponemos debe comprender por lo menos cuatro dimensiones básicas y estrechamente vinculadas. La primera se refiere a las intervenciones que en la esfera de la producción de alimentos debe tener el Estado Mexicano, desde la producción para el autoconsumo de las familias rurales, pasando por la producción mercantil de materias primas o productos naturales; hasta el fomento de la producción de alimentos preparados y comidas en las grandes ciudades. La segunda dimensión de la política alternativa de seguridad alimentaria que proponemos es la relativa al acceso a alimentos e incluye acciones tanto en materia de abasto como en la comercialización. La tercera dimensión tiene que ver con la esfera del consumo e incluye una adecuada educación alimenticia, la educación para el consumo sustentable de largo plazo y la organización de los consumidores. La cuarta dimensión de la política de seguridad alimentaria que proponemos está constituida por los programas de distribución de alimentos en carácter complementario o emergentes dirigidos a los grupos poblacionales más vulnerables.

11. Así, políticas y acciones de seguridad alimenticia deben dar especial atención; entre otras cuestiones, a los mecanismos a través de los cuales la población más vulnerable de las grandes ciudades logre tener acceso a los mínimos requeridos de cantidad y calidad de alimentos de manera cotidiana. Si se emprende un Programa Nacional de Vales de Alimentos que incida en el 10% de la población más pobre de las grandes ciudades del país, estaríamos hablando de un alcance de más de 4 millones de personas beneficiadas todos los días. Son esas personas las que, en gran medida, han tenido que soportar el precio de los descalabros económicos de nuestra Nación en los últimos 30 años.

12. Este programa no necesariamente sería permanente. Se espera que en un período de 2 años se discuta y apruebe en el Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley que contemple el Derecho a la Alimentación como un Derecho y una Prestación Laboral que se establecería en todo el país de tal forma que sean las empresas quienes, en un programa de coparticipación Estado-empresa, contribuyan en el futuro a financiar el Programa de Alimentación para los Trabajadores.

Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno federal para que considere un programa especial que garantice alimentos para todos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

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EDUCACION BASICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a detener el cobro de ``cuotas voluntarias'' en todas las primarias y secundarias del país e imponer sanciones administrativas a los directores de las escuelas que incurran en esta práctica, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El sistema educativo nacional ha mostrado en educación básica un crecimiento considerable a lo largo de los últimos 50 años, lo que muestra el esfuerzo social desplegado para hacer realidad el derecho de todos los mexicanos de recibir educación. Sin embargo, existen rezagos y una gran cantidad de retos que deben ser superados de calidad, de equidad, de existencia de oportunidades y pertinencia de los servicios ofrecidos.

2. Si consideramos las cifras de alumnos, maestros y escuelas de las últimas cuatro décadas, encontramos que el tamaño del sistema educativo mexicano se multiplicó más de cuatro veces. Las generaciones del presente han logrado mayores niveles educativos. De 1960 al año 2005 la escolaridad promedio de la población mayor de quince años pasó de 2.6 a 10.7 años. Sin embargo, persisten problemas como la desigualdad de acceso a la educación que por razones de justicia y equidad deben combatirse abatiendo causas absolutas y funcionales, especialmente en el campo, en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades y entre la población en edad productiva.

3. En el caso de la educación básica, con una expansión en las décadas recientes, sus diferentes niveles han crecido en números absolutos de manera importante. La educación preescolar en 1970 llegaba sólo a 400 mil niños y se concentraba en las grandes ciudades; durante el año 2004 dicho sistema atiende a más de 4.3 millones de niños. Respecto a la educación primaria, la expansión del servicio se tradujo en que de 9.2 millones de alumnos atendidos en 1970 pasó a más de 18 millones en el año 2004.

4. La educación secundaria también ha tenido un crecimiento importante en su oferta al pasar de atender 1.1 millones de alumnos en 1970 hasta poco más de 6 millones el año 2004; como una consecuencia de la demanda creciente por la eficiencia terminal en el nivel precedente y dadas la diversificación de las modalidades del servicio de telesecundaria y secundaria técnica y su expansión fuera del ámbito urbano.

5. Entre otras medidas importantes, el Estado se ha ocupado de la distribución de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria y educación indígena. Sin embargo, para cumplir con el gran compromiso histórico de la educación básica y media, deben enfatizarse las medidas y programas para atender el rezago y mejorar la calidad.

6. Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, muestran que 78% de los alumnos de educación primaria en México provienen de familias cuyo ingreso promedio mensual es inferior a un salario mínimo per capita.

7. Los mismos datos dan cuenta de que en el nivel de secundaria, 54% de los alumnos provienen de familias cuyo ingreso promedio mensual es inferior a un salario mínimo por habitante y que 93% de ellos pertenecen a hogares cuyo ingreso mensual por habitante es inferior a dos salarios mínimos.

8. Por lo tanto, se trata de personas pobres cuya disponibilidad real en dinero es ---para 78% de los alumnos de primaria y para 54% de los alumnos de secundaria--- de menos 110 pesos por día, por familia. Asimismo, 93% de los alumnos de secundaria provienen de familias cuya disponibilidad para todos los gastos es de 140 pesos o menos por día. Ante los niveles de poder adquisitivo de nuestra moneda es evidente que una gran proporción de los alumnos de primaria y secundaria del país pertenecen a familias que viven como se dice popularmente al día; esto es, con ingresos escasos que sólo alcanzan para las necesidades más urgentes.

9. Todos los años, en el mes de agosto y previo al inicio del ciclo escolar, las familias más pobres del país tienen que hacer frente a dos tipos de gastos: los útiles y los uniformes escolares de 1, 2, 3 o hasta 4 hijos. Ese hecho resulta ruinoso para un número importante de estas familias ya que de acuerdo con cálculos elaborados a partir de datos de la misma Encuesta de Ingresos, los gastos en útiles escolares de ciertos segmentos de la población (los 20% más pobres) llegan a ser hasta de 10% del total de los ingresos anuales de esas familias. Para un sector más amplio de la población, aproximadamente 40%; los gastos anuales con uniformes escolares de todos sus hijos es de más de mil pesos, lo que para muchas familias llega a representar el ingreso de al menos un mes de uno de sus integrantes. De ahí que ese núcleo de la población es muy vulnerable a cualquier otro gasto, especialmente en esa época del año.

10. Como es sabido, desde hace al menos 15 años se instauró en todas las escuelas públicas del nivel básico del país el cobro de una cuota de manera extraoficial, que se solicita como ``cuota voluntaria'' pero que en la práctica es obligatoria. Dicha aportación es exigida a todos los padres de familia, so pena de no inscribir a los alumnos o de ser fuertemente presionados y hostilizados a lo largo del ciclo escolar. Esas cuotas voluntarias que en realidad son obligatorias llegan a representar en algunos estados del país más de 500 pesos por alumno por ciclo escolar, constituyéndose en un desembolso obligatorio para las familias que tienen 2 o 3 hijos en esos niveles educativos de más de dos mil pesos. Esta aberración que se estableció en el sistema educativo nacional fue implantado con la anuencia de las autoridades en turno de la Secretaría de Educación Pública. Además de estas aportaciones obligatorias, en las escuelas se han establecido todo tipo de contribuciones para supuestamente pagar fotocopias o demás materiales didácticos; sin ningún tipo de fiscalización del dinero así recaudado.

11. Por tratarse en la práctica de una violación al artículo 3º de nuestra Constitución y como un deber moral por afectar fundamentalmente a las familias más pobres del país, es urgente que a la brevedad se detengan este tipo de prácticas abusivas en las escuelas públicas de la nación de los niveles primaria, secundaria e incluso preescolar.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a detener el cobro de ``cuotas voluntarias'' en todas las escuelas primarias y secundarias del país e imponer sanciones administrativas a los directores de las escuelas que incurran en esta práctica.

Dip. Dolores Padierna Luna (Rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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REFERENDUM, PLEBISCITO E INICIATIVA POPULAR

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y Derechos Humanos, de Participación Ciudadana, y de Puntos Constitucionales que integren una subcomisión que se encargue de llevar a cabo un estudio para proponer a esta soberanía un mecanismo que permita realizar reformas constitucionales que instauren las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. Es un consenso general que partidos políticos y elecciones son componentes fundamentales de un régimen democrático. Elecciones libres y procesos electorales justos en los cuales los partidos políticos compitan por cargos públicos son un criterio crucial para identificar si un sistema político es una democracia. No obstante, si la presencia efectiva de partidos políticos y elecciones es reveladora de un régimen democrático, sólo la existencia continua de una situación democrática es lo que torna posible la consolidación de tales instituciones.

2. Aunque evidente, esta observación es relevante en lo que se refiere a la experiencia política mexicana, puesto que el régimen que se extendió por más de 70 años no abolió ni los partidos ni las elecciones. Bajo un régimen que impone fuertes restricciones a la participación política, ese hecho no es indicativo del funcionamiento efectivo de esos mecanismos de representación, de la misma forma que la presencia de partidos políticos y de elecciones en un régimen pos-autoritario, por sí solo, no garantiza la democratización de ese régimen. Tampoco es suficiente la existencia de instituciones reguladoras del juego político tales como el Instituto Federal Electoral. La ausencia de procesos que permitan fiscalizar a la democracia debilita al proceso democrático mexicano. La ausencia de figuras como el plebiscito debe ser corregida en nuestra Constitución.

3. Un breve examen del panorama político mexicano de la actualidad nos permite afirmar que el régimen ha ganado características nítidas de una democracia moderna, pero está incompleto. Si tomamos como punto de referencia las dos dimensiones de la política propuestas por Dahl, México ciertamente ha mejorado las condiciones de participación social y de respuesta pública.

4. Con respecto a la primera cuestión, la de la inclusión, podemos notar un avance considerable en las condiciones de participación política. No hay duda que el modelo económico adoptado durante décadas en México es responsable, por un lado, de las distorsiones que llevaron al agravamiento de la pobreza, de las desigualdades sociales y regionales en México y, por otro lado, del rápido proceso de industrialización y urbanización. Ese proceso dio como resultado la inserción de un gran contingente de personas en la arena electoral, lo cual pasó a tener un peso considerable en las últimas elecciones federales. El mismo modelo económico llevó a un aumento sustancial del contingente de trabajadores urbano-industriales, base para el surgimiento de movimientos sociales y la formación de partidos de masas. Los movimientos civiles y sociales urbanos son un elemento importante de la nueva democracia mexicana; muestra de ello son las intensas movilizaciones de 1968, el movimiento ferrocarrilero, el magisterial, el de los damnificados de los sismos de 1985, de los universitarios, etc. Y el que en este año se dieron contra el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el medio rural, el proceso combinado de expansión de la economía de mercado y la privatización de las tierras antes ejidales y la preservación de formas arcaicas de producción ha tenido como consecuencia el agravamiento del problema de la exclusión social. En contrapartida, el modelo económico excluyente produjo en el campo el cimiento para movimientos sociales tan importantes como el del Campo no Aguanta Más, el de los cañeros y otros.

5. Todas esas transformaciones políticas y sociales de las últimas 3 décadas son indicadores relevantes de revitalización de la sociedad civil y, ciertamente, tuvieron un impacto sobre el grado de inclusión social de la democracia mexicana. La sociedad civil ha ganado espacios antes vetados para las organizaciones que no formaban parte del corporativismo estatal.

6. También indicativo del avance democrático es la instauración de la incertidumbre como elemento característico del juego político electoral mexicano; derivado no sólo de la dimensión y de las características del electorado --que se volvió menos sujeto al control político corporativo del partido de Estado-- sino también del avance significativo de las condiciones de libre ejercicio del voto. A ese respecto vale resaltar el papel importante desempeñado por el Instituto Federal Electoral, institución que se consolidó como garante del proceso electoral.

7. En lo que se refiere a la segunda dimensión de Dahl, respuesta pública, los avances han sido también significativos si comparamos lo que pasa ahora con el periodo previo a 1988. En aquel periodo la competencia política era limitada no sólo por el bajo grado de aceptación de nuevas reglas del juego que no se permitía que existieran, sino también por las restricciones que en la práctica se oponían al derecho a la competencia y a las restricciones para que la oposición compitiera libremente.

8. Desde la octava década del Siglo XX México se ha enfrentado a una sucesión de problemas económicos y posteriormente políticos graves; como la inflación, los diversos shocks económicos, las elevadas tasas de desempleo y los magnicidios políticos. La inexistencia de intentos de cualquier tipo para responder a esas crisis rebasando los límites del orden constitucional revela una mayor aceptación y, en cierta forma, la consolidación de las reglas democráticas. Además de ello, la existencia de organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales con orientación ideológica o base social de las más diversas corrientes evidencia una mayor tolerancia a la diversidad. Lo mismo se puede decir en relación a la aceptación del triunfo electoral en algunos estados de la izquierda mexicana; hay competencia real en la disputa electoral por la Presidencia de la República. En ese aspecto, la democratización mexicana ha sido bastante innovadora; esto es el establecimiento por fin del juego político partidario competitivo está propiciando el surgimiento de una organización política con características propias de un país desarrollado. Sin embargo, la democracia plena no debe terminar en las elecciones formales.

9. Entonces, para que la democracia se consolide, son necesarios varios ingredientes, entre ellos un proceso de fiscalización del ejercicio público que no sea llevado a cabo por las instancias formalmente aceptadas, tales como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. Dichas instancias tienen sus fines muy específicos que tienen que ver con el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos. No existe en México ningún mecanismo de fiscalización social del desempeño del Poder Ejecutivo que no pase por esos canales que se prestan o a la complacencia o a la autocomplacencia del Poder Ejecutivo. Es indispensable que la sociedad así como puede elegir, también esté en capacidad jurídica y formal de poder destituir. La democracia representativa en México deja muchas cuestiones pendientes y por ello es imperativa una iniciativa de reforma a la Constitución de la República para incorporar los modernos dispositivos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular tal como existen en otras naciones desarrolladas del mundo. Esos mecanismos de democracia ampliada y de ciudadanía activa pueden ser, al fomentar una ciudadanía activa, la consolidación de nuestra democracia.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales la integración de una subcomisión que se encargue de llevar a cabo un estudio para analizar el procedimiento legal y proponga al Pleno de la Cámara de Diputados el mecanismo que permita una reforma constitucional que instaure las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Justicia y Derechos Humanos, y de Participación Ciudadana.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura de derecho de la Universidad Tecnológica del Centro de México, campus Celaya, que nos visitan y son invitados por la compañera diputada Elizabeth Yáñez Robles. Sean bienvenidos. Adelante, secretario.

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CIUDADANO VIGILANTE

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales y a las delegaciones políticas del Distrito Federal a impulsar el programa Ciudadano Vigilante, a fin de que permita la fiscalización social de la administración pública, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El control efectivo de la administración pública supone una democracia con una participación social activa y que durante muchos años la fiscalización y la rendición de cuentas en los actos de la administración pública han tenido en México un gran ausente: el ciudadano.

2. Desde hace años, los innumerables actos de corrupción han mostrado que los controles formales internos en México no son suficientes para garantizar que el servidor público sirva a los ciudadanos de acuerdo con los patrones normativos de un gobierno democrático. La organización burocrática ha sido incapaz de establecer contrapesos a los abusos como corrupción, tráfico de influencias, conducta antiética y arbitrariedades en el uso del poder.

3. Si consideramos sólo los actos de corrupción que a nuestro juicio más afectan la cultura y el tejido social en México: 1) extorsiones de ``esquina'' ejercidas por los policías de tránsito en las 12 mil 500 ciudades, colonias y barrios más importantes del país; 2) sobornos que se presentan en las diferentes dependencias de los gobiernos municipales, estatales y federales para la realización o ``agilización'' de trámites administrativos simples, sobornos derivados del desvío de fondos para la atención de servicios públicos básicos, etcétera, todo tipo de sobornos en torno a la actividad del comercio informal en las 300 ciudades más importantes del país; así como los actos de corrupción que, aisladamente, más pérdidas económicas generan; que con mayor frecuencia han sido denunciados y con mayor resonancia nacional; el efecto global en nuestro país es la pérdida, vía corrupción, de más de 72 mil 675 millones de pesos anuales; cantidad que serviría para la edificación de más de 290 mil casas de interés social, por ejemplo.

4. Diversas investigaciones de vanguardia permiten sostener que existe una relación de causalidad entre desarrollo político y vigilancia del servicio público. Así, cuanto menos madura es una sociedad, menos probable es que se preocupe por la responsabilidad del servidor público. En México, es difícil hablar de control social porque nuestra sociedad no ha madurado democráticamente. En las sociedades maduras existen numerosas organizaciones por medio de las cuales la opinión de los ciudadanos se hace escuchar, donde sus necesidades son discutidas, consolidadas, traducidas en demandas y canalizadas a los órganos públicos. Esas organizaciones funcionan como mecanismos fiscalizadores de la burocracia y como demandantes de rendición de cuentas frente a los servidores públicos. Esas sociedades poseen, incluso, una cultura donde la autoconfianza es un elemento muy fuerte y que se refleja en la postura del ciudadano frente al Estado y en su disposición para exigir sus propios derechos. Así, es natural que administraciones públicas en sociedades maduras estén muy preocupadas por responder adecuada y eficientemente al público.

5. En países políticamente menos desarrollados como México, el ejercicio de la democracia está limitado a la participación en elecciones esporádicas, cuya característica central es la aceptación pasiva del dominio del Estado. Así, si la democracia se fundamenta en la soberanía de los ciudadanos, el modelo de participación social que existe en México está lejos de caracterizarse como tal. Esta argumentación nos debe llevar a analizar, entonces, la cuestión de la democracia en México; para ver qué posibilidades existen de fiscalización social que es una forma de ampliación de la democracia.

6. La fiscalización social de la administración pública tan necesaria en México se basaría en una ciudadanía activa. La acción de la sociedad puede permitir una inserción social en la administración pública capaz de garantizar el cumplimiento de los programas de gobierno, viabilizando los proyectos sociales y de interés de la nación. No obstante, lo que podemos observar en México es la ausencia de una ciudadanía plena. Los problemas derivados de la crisis económica; de la propia corrupción y del clientelismo incorporados a la práctica cotidiana en la administración pública mexicana se han sobrepuesto a las iniciativas innovadoras de participación ciudadana.

7. El no establecimiento de una ciudadanía plena en México se debe a diversos factores tales como la distancia que existe entre la democracia formal y la democracia real; las graves crisis económicas recurrentes de los años 80 y 90 que produjeron un ejército de desempleados sin perspectivas sociales y en un aumento incesante de la pobreza pero, principalmente, debido a que la formación del Estado mexicano está basada en el modelo burocrático estamental de corte patrimonialista, donde el funcionario público se siente dueño de la dependencia donde labora.

8. Pero, ¿cómo controlar a la administración pública? ¿podemos reducir las prácticas patrimonialistas y de corrupción? La fiscalización social supone una sociedad organizada y consciente de sus derechos. El control social requiere dispositivos formales de actuación de la sociedad e, incluso, que esos mecanismos sean ágiles y ampliamente conocidos. Sin embargo, sabemos que aún los estratos más privilegiados de nuestra sociedad no tienen el conocimiento suficiente de cómo funciona la máquina pública. En nuestra nación existe una abrumadora mayoría de mexicanos que no tiene conocimientos mínimos sobre cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. El patrimonialismo es muy fuerte en la cultura de nuestra administración. Para que el control social funcione es necesario concientizar a la sociedad en el sentido de que ella tiene el derecho a participar en la vigilancia de la administración pública; empezando por vigilar al policía de tránsito, evitar que incentive el cohecho, ése que fomenta una de las más graves formas de descomposición de la sociedad.

9. Las posibilidades de implementación de un modelo de control y fiscalización social sobre los servidores públicos emergen del análisis de todos los hechos discutidos anteriormente. La realidad social mexicana, con escasa cultura política, dificulta enormemente la fiscalización social. No obstante, algunos caminos pueden ser trazados reconociendo las dificultades existentes. Son aspectos que desde el punto de vista práctico de los cambios hasta hoy realizadas no se han reflejado en medidas más agresivas y estrategias de acción dirigidas a inducir un proceso que viabilice la vigilancia social de los servidores públicos.

10. Es necesario crear instrumentos de participación, que sean ampliamente divulgados y puestos al alcance de todos. Proponemos aquí la creación de un mecanismo de control social que puede ser muy efectiva: el Programa Vigilante Ciudadano. Se trataría de un ejército de 20 mil ciudadanos voluntarios dispuestos a videograbar, in fraganti, los actos de corrupción de los policías preventivos, judiciales y de tránsito, por ejemplo, o tomar nota de la actitud negligente de la autoridad o los actos de influyentismo, etc. Este innovador mecanismo de participación social tendría como resultado el que los malos servidores públicos se sintieran cohibidos en sus actos de corrupción y fomentaría una cultura de participación ciudadana en la vigilancia del servicio público.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente:

Exhorto a los tres niveles de Gobierno federal, estatal y municipal, así como a las delegaciones del Distrito Federal a impulsar el Programa Ciudadano Vigilante que permita la fiscalización social de la administración pública en un esfuerzo de fortalecer la democracia participativa en nuestro país.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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BOSQUES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a emprender acciones contundentes contra la explotación indiscriminada de bosques del país e implantar con la mayor brevedad la siembra y reforestación de éstos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. Los bosques son en todo el mundo una fuente renovable de materiales, energía y servicios para las naciones y comunidades; contribuyen a su bienestar social y económico, y constituyen un componente vital de su medio ambiente. En todas estas funciones los bosques revisten gran importancia. Los bosques ocupan 4 mil millones de hectáreas, superficie equivalente a un tercio de las tierras de todo el mundo, lo cual representa una parte importante del medio ambiente en muchas regiones. La producción maderera anual de los bosques oscila alrededor de 3 mil millones de m3. Aproximadamente la mitad de este volumen es materia prima para productos de la elaboración mecánica de la madera o para papel. Estos productos son esenciales para la construcción de viviendas, obras en general, mobiliario, embalaje y comunicaciones. Algo más de la mitad de la madera se utiliza directamente para la producción de energía. Otros productos forestales incluyen frutas, gomas o resinas, forraje y alimento de animales silvestres. Todos ellos tienen una importancia fundamental para las comunidades rurales en muchas partes del mundo, y constituyen también la base de industrias importantes.

2. La importancia de los productos forestales puede también medirse por la participación de la población que encuentra empleo en las actividades de corta, manufactura y entrega de productos y por los beneficios que otros grupos sociales, que dependen secundariamente de estas actividades, obtienen de la silvicultura. El bosque y el sector de las industrias forestales representan de uno al 2% de la actividad económica total en la mayoría de los países, y en los que dependen mucho de la madera para la producción o el suministro de energía esa tasa puede elevarse a 5% o más.

3. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) en todo el mundo dos mil millones de campesinos dependen directamente de la leña para satisfacer sus necesidades energéticas domésticas y a ellos se suman más de 200 millones que habitan en los bosques. Asimismo, la vida de los campesinos de las zonas áridas y su capacidad de producción están determinadas por la frágil ecología de los terrenos boscosos, que impide la erosión y frena el avance del desierto.

4. Dada la gran extensión de los bosques, las repercusiones de las actividades que alteran su condición no son inmediatamente perceptibles a corto plazo. Los bosques se consideran muy a menudo como un recurso de uso común, un bien libre, partiendo de la idea de que la tierra es algo que puede dedicarse libremente a otros usos, sin reconocer las consecuencias que ello tiene para sus funciones productivas, ambientales y de servicio de los bosques. Una acción concreta, como las inversiones en actividades forestales, tiene un largo periodo de gestación. Por estas razones, las perspectivas de la contribución de los bosques a la sociedad y a la economía generalmente se proyectan para largos periodos de tiempo, sin que se tome en cuenta el beneficio que la reforestación implica, desde el punto de vista de generación de empleos y fuentes de ingresos permanentes.

5. En los años cincuenta y sesenta, el haber identificado la tendencia a un crecimiento rápido del consumo de productos forestales en Europa, América del Norte y Japón ayudó a las autoridades forestales de aquellos países a preparar programas de reinversión y a aumentar la confianza en la industria para realizar inversiones. La crisis del petróleo de 1973 puso de manifiesto la importancia de los bosques como fuente de energía para las comunidades rurales. Incluso si los precios de la energía hubiesen seguido siendo bajos, esas comunidades habrían tenido pocas posibilidades de emplear otras fuentes comerciales de energía. La comunidad mundial debe todavía reconocer los obstáculos institucionales que en muchas regiones obligan a la destrucción antieconómica de los bosques sin asegurar como compensación un correcto uso productivo, sea de la madera o de la tierra.

6. Así, los bosques son una fuente esencial de materiales, energía y otros bienes. Constituyen un componente fundamental del medio ambiente de la población y de la agricultura. La presión demográfica y urbana y los limitados recursos de tierras han representado en los últimos 50 años un desafío inmenso. Para satisfacer la creciente necesidad de productos forestales y asegurar el servicio de los bosques, velando por la conservación de suelos y aguas y de las comunidades naturales, se requiere la participación de la población, el desarrollo de sus capacidades y la evolución de un marco institucional apropiado. Estas condiciones permitirían explotar de modo eficaz los bosques y las industrias anexas.

7. Sin embargo, aunque esto es una verdad evidente, uno de los problemas medulares del deterioro ecológico en México es el avance que, a lo largo de los últimos 50 años, ha tenido el proceso de deforestación del territorio nacional. La explotación y el procesamiento industrial de madera tanto de manera legal como ilegal están entre las principales actividades económicas de algunos estados del país y, en algunos casos, llegan a superar a las actividades industriales y agropecuarias tradicionales. Se estima que en el año 2004 en el sector maderero mexicano se generaron más de 4.8 millones de metros cúbicos de madera en rollo, el equivalente a cerca de 1.2 millones de metros cúbicos de madera procesada (tablas, laminados, comprimidos, etcétera). Después del procesamiento maderero, la madera fue destinada tanto para el uso doméstico (84%) como para la exportación (16%). La explotación y el procesamiento de madera se ha concentrado en algunos estados del país y se hace urgente emprender programas de reforestación en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

8. Así, hasta ahora el aprovechamiento maderero en México no se ha dado bajo condiciones de explotación sustentable de largo plazo y, como consecuencia, se ha presentado un proceso de deforestación que debe ser revertido a la brevedad. Es necesario emprender el programa nacional Un Millón de Hectáreas de Árboles en Seis Años.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 incluya una partida especial para iniciar el programa nacional Un Millón de Hectáreas de Arboles en Seis Años.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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USO RACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a su gabinete para elaborar una estrategia nacional del agua que defina una política integral sobre su cuidado y uso racional, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. El agua es una necesidad primaria y, por lo tanto, derecho y patrimonio de todos los seres vivos, no sólo de la Humanidad. El agua es, por excelencia, un bien de destino universal. La primacía de la vida se establece sobre todos los otros posibles usos del agua. Ningún otro uso del agua, ningún interés de orden político, de mercado o de poder, se puede sobreponer a las leyes básicas de la vida. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas considera al agua para consumo humano en el contexto del ``derecho humano a la alimentación''. Varias organizaciones no gubernamentales en todo el mundo luchan por esta dimensión del agua a nivel mundial. México es signatario de la Convención de los Derechos Humanos.

2. Hay una fuerte correlación entre los esfuerzos por hacer más racional el uso del agua y la lucha por la superación de la miseria y el hambre. El alimento y el agua son fuentes primarias y fundamentales de la vida. No habrá combate eficaz contra el hambre si no hay garantía de acceso al agua, en sus varias formas de uso. El agua es necesaria para la producción de alimentos, para una agricultura sustentable y para la defensa y la conservación del ambiente natural. Los ríos, los lagos y los mares sólo podrán garantizar peces de buena calidad y abundantes si son preservados de la contaminación y de su apropiación por intereses privados.

3. Incluso exigencias de carácter ético requieren un cambio de mentalidad para superar el egoísmo y la concentración de los bienes y del ingreso en manos de pocos y que hoy impiden un uso solidario de los alimentos y de los recursos hídricos, en sus varias formas, evitando todo desperdicio y construyendo relaciones solidarias.

4. Por ser solvente universal, el agua tiene más usos que simplemente el consumo humano y la satisfacción de las necesidades vitales de los demás seres vivos. Es esa utilización variada lo que se ha convenido en llamar ``uso múltiple del agua''. El agua en esa acepción es vista como elemento esencial para el consumo humano, como recurso para la irrigación agrícola, como fuente generadora de energía, como medio de navegación, como fuente de riqueza pesquera, como fuente de uso industrial, como fuente de esparcimiento y con un uso de carácter medicinal.

5. Además de ``usos'', el agua tiene dimensiones, valores y significados que deben ser tomados en cuenta en el proceso general de su administración porque son referencia fundamental de muchos puebles. Algunos valores, dimensiones y significados del agua son: su valor biológico, su valor social, su valor simbólico y espiritual, su valor turístico, su dimensión política y de poder, su dimensión de salud y su dimensión ecológica.

6. Todos esos valores, usos y dimensiones del agua se han tornado objeto de estudios especializados y de debate político debido a que, por primera vez en la historia humana, estamos observando la falta de agua no como un hecho localizado o emergente, sino como resultado de acciones humanas globales, poniendo en riesgo la sobrevivencia de las especies. No es exagerado decir que estamos frente a una de las más graves crisis del siglo XXI: De las actitudes que ahora tomemos dependerá la vida de las generaciones futuras. Por ello es mejor conocer la naturaleza de esta crisis.

7. Nuestro planeta tiene 70% de su superficie cubierta por agua. Por ello desde el punto de vista científico, la Tierra es también un ``planeta agua''. Sin embargo, 97.6% de las aguas son saladas y sólo 2.4% es agua dulce. La disparidad natural es lo que en realidad con fines de sobrevivencia debe importar. No es que no exista agua, es que la proporción de agua dulce es muy pequeña para la dimensión actual del problema social que implica.

8. Por ello, la Humanidad comenzó a escuchar el discurso de falta del agua. Hoy se habla de falta de crisis del agua y, efectivamente, ella existe. La Organización de las Naciones Unidas afirma que faltará agua potable para 40% de la humanidad en el año 2050. Especialistas han pronosticado que ello pasará en el año 2025. No es sólo una carencia cuantitativa sino también cualitativa.

9. El Congreso de la Unión debe tomar en sus manos el problema y anticiparse para definir una política integral para el cuidado, el acopio, el uso racional, el manejo y la distribución del agua. Empezar esa tarea a la brevedad es lo que hoy estamos proponiendo.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Solicitar a las comisiones de Ciencia y Tecnología y de recursos hídricos la integración de una subcomisión que tenga como finalidad elaborar un documento base de discusión para que el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, elabore la Estrategia Nacional del Agua 2050.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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SECTOR CAMPESINOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a establecer políticas públicas que conviertan el campo mexicano en una gran fuente generadora de riqueza y mejore los niveles de vida de las y los campesinos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. En el sector primario de México la paradoja entre distribución y bienestar es muy evidente: sistemáticamente el grado de desigualdad de distribución del ingreso en este sector es inferior al que existe en el sector urbano, a pesar de los bajos niveles de salario de la fuerza de trabajo ahí empleada. Además, existe una tendencia clara al aumento de la desigualdad a medida que nos movemos de las regiones rurales de agricultura tradicional a las relativamente más modernas.

2. Existen dos aspectos que consideramos fundamentales a fin de que sea posible mejorar la situación de las personas más pobres del sector agrícola mexicano: El primero, es el énfasis en los subsidios a los factores de la producción en lugar de incrementos en el precio del producto final; el segundo es la necesidad de aumentar las inversiones en investigación agrícola que posibiliten la modernización del sector (es decir, incrementos importantes de productividad) sin que haya, no obstante, liberación excesiva de mano de obra empleada en ese sector. Aquí vamos a referirnos al primer aspecto, el de los subsidios.

3. Un mismo incremento en la oferta de productos agrícolas puede obtenerse mediante subsidios a factores de la producción o bien por la elevación de los precios más allá de lo que sería determinado por las fuerzas del mercado. La razón fundamental es que las dos alternativas resultan en un aumento de la rentabilidad privada de las inversiones agrícolas. No obstante, el estímulo vía precios tiene varios inconvenientes: En primer lugar, una parte desproporcional de los beneficios se trasferiría a los productores cuya oferta es relativamente más inelástica o a los intermediarios. Esto significa que tanto los propietarios de extensiones mayores de tierra o de suelos más fértiles (los llamados ``pequeños'' agricultores) como los ``coyotes'' estarían siendo más beneficiados que la gran mayoría de trabajadores rurales y ejidatarios. En segundo lugar, la existencia de precios administrados o de garantía dificulta la eliminación de empresas ineficientes. Además, el efecto regresivo de esta política de precios de garantía que rigió en el pasado es evidente por las consecuencias que puede tener sobre los consumidores al aumentar el precio de los bienes básicos. Por ello precios agrícolas más altos perjudican más a los que menos tienen. De ahí que los países desarrollados tengan, como eje central de sus políticas de apoyo al campo, una política de subsidios agrícolas. Ello no es nuevo, pero lo ha reiterado recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

4. De acuerdo un informe reciente de la OCDE, el promedio de subsidios en México a los agricultores es 20 veces menor que el que se otorga en los países más ricos. Mientras que los subsidios equivalen a 1.5% de los ingresos brutos de los productores agrícolas mexicanos; en los países de la OCDE ese porcentaje es, en promedio, de 30%.

5. Aún en los productos agrícolas más apoyados, el subsidio en México se encuentra entre 6% y 17%; porcentajes muy bajos si los comparamos con el apoyo otorgado en los países más desarrollados del planeta. ``El bajo nivel de apoyo a los productores refleja la transformación radical de la economía mexicana en los últimos 25 años'', afirma el informe divulgado esta semana. Sin embargo, la agricultura mexicana sigue siendo esencialmente de subsistencia. Sin una agricultura competitiva mundialmente, México será uno de los países más perjudicados por una eventual reducción general de las tarifas de importación de productos agrícolas en los países de la OCDE.

6. De acuerdo con estimaciones de dicha organización mundial, si las barreras a la importación de esos productos fuesen reducidas a la mitad, y aunque al mismo tiempo los subsidios agrícolas de los países miembros de la OCDE cayeran en la misma proporción, México tendría una caída en las ventas de sus productos agrícolas equivalente a más de mil millones de dólares. Ello en virtud de los bajos niveles de competitividad de nuestra agricultura. De acuerdo con la OCDE son necesarios cambios en la política del Gobierno mexicano hacia el sector agrícola, con miras a incrementar el apoyo a los pequeños productores rurales. El informe de la OCDE destaca que más de 60% de la población rural mexicana aún vive debajo de la línea de pobreza absoluta o menos de medio salario mínimo por mes.

7. En México es necesario, indispensable poner en marcha a la brevedad un programa integral de fomento agropecuario que incluya subsidios explícitos al campo, a los productores más pobres y que promueva la economía de autoconsumo tanto como la producción destinada al mercado interno y las actividades agropecuarias de exportación. De ahí la necesidad de que la actividad agrícola se transforme en un objetivo explícito del Estado que tenga la garantía de ser apoyada a largo plazo. Es necesario discutir la instauración de una política agrícola de largo plazo.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Solicitar a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Reforma Agraria que integren una subcomisión cuyo objetivo será definir los elementos de una iniciativa de ley que permita fomentar y garantizar un apoyo creciente al campo mexicano a lo largo de los próximos 50 años.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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SECTOR PESQUERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fomentar y garantizar apoyo al sector pesquero y acuícola del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. México tiene un territorio muy amplio, con vocación para una gran diversidad de actividades; que en el sector primario no deben reducirse a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. La superficie total del país es de 195.8 millones de hectáreas. 45% del territorio nacional posee clima cálido húmedo, 26% templado-húmedo y sólo 20% cálido-seco; por lo que más de 70% del país provee condiciones aptas para diversas actividades acuícolas. La distribución de la lluvia está relacionada con la orografía y con las características propias de las latitudes y altitudes en que están localizadas las diferentes regiones del territorio nacional. Contamos con un gran litoral y las zonas aprovechadas desde el punto de vista de la actividad pesquera comercial prácticamente constituyen 5% de nuestro potencial.

2. En un país como México, con una fuerte presión demográfica sobre la tierra, debemos buscar emprender actividades productivas generadoras de bienes de mayor valor agregado para así incrementar los ingresos y el bienestar de la población. Actualmente, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, México cuenta con más de 23 millones de personas en las zonas rurales del país; 23% de la población económicamente activa del país realiza actividades agropecuarias pero sólo genera 7% del producto interno bruto; lo que habla de bajísimos niveles de productividad por hombre y por unidad de capital invertido. Así, el PIB per capita del sector agropecuario alcanza, en términos de los parámetros anteriores, menos de un tercio del PIB per capita nacional.

3. En algunas regiones del país han adquirido relevancia creciente las fuentes de ingreso no agrícolas; que sin embargo son derivados de empleos temporales en otros sectores económicos dentro de México. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo y que el sector agrícola tradicional se muestra ineficiente para la creación de empleos bien remunerados, los trabajadores del campo han decidido salir de sus casas durante la semana y trasladarse a las cabeceras municipales o estatales en busca de trabajo en otros sectores, como el industrial y de servicios para, posteriormente, y durante los fines de semana, regresar a sus casas y llevar el sustento de la semana. Se trata de un proceso intenso de inmigración interna del campo a la ciudad. Por ello la urgencia de proporcionar a los trabajadores del interior del país fuentes alternativas de trabajo bien remunerado.

4. Una vía es fomentar la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país, lo que permitiría generar una fuente de recursos permanente para millones de personas que actualmente se encuentran en condiciones de subsistencia. Además de ello, que la explotación adecuada e intensiva de recursos pesqueros y acuícolas permitiría poner al alcance de la población pobre proteínas de buena calidad a bajos precios.

5. Un programa serio de explotación acuícola y pesquero que permita el logro de esos objetivos es una iniciativa que el Congreso de la Unión puede encabezar, en virtud de los escasos resultados que en esa materia ha logrado el Ejecutivo federal.

6. Una vía es la identificación precisa de aquellas zonas subexplotadas desde el punto de vista pesquero; tarea que los científicos del área y los diversos centros e instituciones de investigación del país ya tienen plenamente identificados. Es necesario en esa dirección simplemente emprender el camino hacia una explotación intensiva, proporcionando los incentivos económicos a los pescadores del país para la adquisición de equipos adecuados; básicamente pequeñas embarcaciones y crédito de avío para intensificar las actividades que hoy se desarrollan en forma empírica y en condiciones raquíticas. Más de 5 millones de personas, a lo largo y ancho de todo el país podrían trabajar intensivamente en dichas actividades.

7. Por otro lado, un grupo amplio de especies marinas pueden ser cultivadas adecuadamente en granjas acuícolas mediante un plan de manejo integrado generando empleos e ingreso para millones de trabajadores rurales que hoy no encuentran en las actividades agrícolas tradicionales fuentes satisfactorias y permanentes de ingreso.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisión de Pesca que integre una subcomisión cuyo objetivo será definir los elementos de una iniciativa de ley que permita fomentar y garantizar un apoyo creciente al sector pesquero y acuícola del país a lo largo de los próximos 50 años.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Pesca.

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IMPORTACION DE MAIZ Y FRIJOL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a establecer un acuerdo con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos de América a efecto de no aplicar la libre importación de maíz y frijol a partir de 2008, como lo establece el TLCAN, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Considerando que

1. Durante los últimos 20 años se han presentado cambios sin precedente en el sector agropecuario mexicano. La política agropecuaria en todas sus vertientes, en la de créditos, seguros, investigación y asistencia, apoyos, esquemas de comercialización internos y régimen de comercio exterior han tenido tales transformaciones, que puede afirmarse que en gran medida se ha presentado un proceso de separación y alejamiento del Estado hacia el campo.

2. A partir de un proceso de mayor integración del sector agropecuario a la economía internacional y una mayor participación del sector privado en todas las fases de todas las cadenas productivas agropecuarias del país, se ha caminado por un proceso de internacionalización de la agricultura comercial, en detrimento de las actividades agrícolas tradicionales. Como resultado, se ha fortalecido un pequeño núcleo de productores agropecuarios ligados al sector exportador mexicano, pero se ha abandonado el apoyo a las actividades agropecuarias que anteriormente el propio Estado mexicano reconocía como actividades estratégicas; entre las cuales figuran la producción de granos básicos, fundamentalmente maíz y frijol.

3. Como resultado, durante todos los años 80 y gran parte de los noventa y después de más de dos décadas de crisis agrícola, el sector agropecuario ha mostrado signos claros de debilitamiento, estancamiento en el nivel de actividad productiva, tanto en el área agrícola, en la pecuaria, como en el sector forestal; con déficit recurrentes en la balanza comercial agropecuaria que han significado una merma permanente de divisas para el país; se han presentado claros síntomas de deterioro ecológico, que se hace cada vez más evidente en la reducción de los mantos freáticos; contaminación de las aguas, erosión de las tierras agrícolas y disminución ostensible de las áreas boscosas.

4. El síntoma que más refleja los efectos del modelo económico seguido en México durante los últimos 25 años sobre el sector agropecuario es, sin duda, el incremento de los niveles de pobreza rural: millones de mexicanos en las zonas rurales tienen niveles de ingresos claramente insuficientes para satisfacer en forma digna sus necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud.

5. De esos mexicanos que viven en el campo y que actualmente suman más de 23 millones de personas; 50% de ellos sobrevive en condiciones de pobreza extrema y más de 3 millones están directamente vinculados a las actividades productivas de maíz y frijol.

6. Pues bien, son esos últimos 3 millones de personas quienes se verán seriamente perjudicados a partir del año 2008 en que entra en vigor la cláusula del Tratado de Libre Comercio que establece la libre importación de maíz y frijol. Es a ellos a quienes el Estado mexicano debe y está obligado a responder desde ahora.

7. No es aceptable ni ética, ni económicamente que millones de mexicanos vean drásticamente amenazada su ya de por sí precaria situación laboral debido a un acuerdo internacional que el Estado mexicano signó sin la menor consideración de carácter social. No se les consultó ni se han emprendido, en más de 10 año de vigencia del TLCAN, programas serios, consistentes y sostenidos que permitan que los campesinos más pobres del país puedan competir internacionalmente con su producción de maíz y frijol frente a productores de Estados Unidos y Canadá que cuentan con los más diversos esquemas de apoyo y subsidio, encubierto o no, que les otorgan sus respectivos gobiernos.

8. Existe el riesgo, por lo tanto, de que millones de mexicanos, al no encontrar oportunidades de desarrollo y al ver una vez más golpeadas sus condiciones de sobrevivencia básicas, tengan que recurrir a las más diversas formas y mecanismos para defender sus legítimos derechos a la vida y al trabajo. Es imprescindible que el Congreso de la Unión y el Gobierno federal emprendan en estos momentos las gestiones pertinentes para salvaguardar el derecho al trabajo de esos millones de trabajadores del campo mexicano, hoy amenazados por la apertura comercial al maíz y frijol en el año 2008.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Solicitar a la Comisión de Relaciones Exteriores que integre una subcomisión cuyo objetivo será elaborar un estudio y la estrategia jurídica que sirva como base para solicitar el establecimiento de pláticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para evitar que se aplique en el año 2008, como se establece en el Tratado de Libre Comercio, la libre importación de maíz y frijol.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía.

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ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL - LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente: pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que regula la seguridad nacional en el orden constitucional y reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Como sabemos, recientemente fue promulgada la Ley de Seguridad Nacional, como primer paso para la democratización de los cuerpos de inteligencia mexicanos y su proceder, producto de las experiencias de las amargas luchas sociales que costaron sangre y desapariciones forzadas en el pasado. Desde luego, no deseamos volver a esa etapa del México represor, pero tampoco queremos un libertinaje en el manejo de la información, sino que ésta debe ser un amplio sentido de responsabilidad. Nos queda claro que el espíritu de la ley en comento es aportar los primeros elementos para la profesionalización de la seguridad nacional mexicana; sin embargo, al precisar las amenazas, los actores y las características de nuestra seguridad nacional, incluso se prevé la protección de diplomáticos extranjeros, lo que no sucede con los connacionales.

Sin embargo, el Constituyente Permanente omitió una reforma constitucional que plasme el sentir y los principios básicos de esa tarea. Así las cosas, se prescindió de la seguridad de las personas, se prescindió de la prohibición de la obtención de información en algunos casos, como el espionaje político o institucional, entre otros. Puedo mencionar pensadores clásicos de la ciencia política que aluden a que el Estado como nación es producto de las voluntades de las mayorías y no de un cuerpo ya constituido, como un gobierno; es decir, un Estado como tal se constituye con ciudadanos, quienes dan vida a los gobiernos y éstos, a su vez, a las instituciones republicanas. Por ende, no debemos olvidar a quienes nos dan origen, que son los ciudadanos. Lo constituyen también sus ciudadanos que, por cierto, contribuyen al sostenimiento de ésta y muchas más acciones de gobierno. Y repito: no están incluidos para la seguridad nacional mexicana.

Les pregunto: si llegara a presentarse otro Fobaproa donde todos perdamos los ahorros del esfuerzo de nuestra vida, ¿qué, no es un asunto de seguridad nacional, entonces, la seguridad económica de los gobernados? Si la cuenca Lerma-Chapala llegara a sus mínimas expresiones, de tal forma quedara sin el vital líquido la zona metropolitana de Guadalajara, Guanajuato o el estado de México, ¿qué pasaría con la dotación de agua de casi 22 por ciento de la población que se asienta en el cauce natural de esa cuenca? ¿No es asunto de seguridad nacional? El tema de la seguridad nacional mexicana ha sido objeto de diversos análisis y críticas por la sociedad; fue duramente criticado en la clandestinidad durante la década de los sesenta y ochenta, recordemos los sucesos de Tlatelolco en 1968 y los del ``halconazo'', en 1971, y la muerte del agente Enrique Camarena Salazar, en Guadalajara, en 1982, que dio fin a la temible Dirección Federal de Seguridad por presiones políticas del gobierno norteamericano. Seguridad nacional es un término acuñado por el gobierno norteamericano como consecuencia de la Guerra Fría y en México el término fue usado con fines eminentemente políticos, que dieron pie al abuso en la información obtenida.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado A, conservando ocho párrafos, y se agrega un apartado B, con 12 párrafos, al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman el artículo 1o., la fracción I del artículo 3o., las fracciones VI y XII del artículo 5o., la fracción XII, recorriéndose las subsecuentes fracciones, del artículo 12, artículo 29 y artículo 52 de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor siguiente:

Artículo Primero. Se adiciona un apartado A, conservándose ocho párrafos, y se agrega un apartado B, con 12 párrafos, al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

B. El interés nacional es una situación jurídica que consiste en la conveniencia, beneficio, provecho, utilidad o ventaja que procede del uso, conservación, aprovechamiento, usufructo o explotación de bienes muebles o inmuebles, recursos naturales o materiales, la información pública del dominio del Ejecutivo federal y sus dependencias, así como sus actos.

El Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, sus Congresos locales, sus Supremos Tribunales de Justicia, los municipios del país, todos los anteriores, en sus respectivos ámbitos de jurisdicción, así como los particulares, en beneficio del Estado mexicano.

La seguridad nacional se entiende por todo conjunto de acciones o políticas públicas que lleva a cabo el Ejecutivo federal como consecuencia de perturbaciones o alteraciones del orden social o económico o bien como resultado de la acción de la naturaleza, prevenir sus efectos en la ciudadanía o en el Estado mexicano y corregir sus consecuencias a futuro, con el efecto de guardar y resguardar el pleno ejercicio de los derechos y las garantías individuales.

La Federación mantendrá en todo tiempo y lugar la rectoría sobre los actos de seguridad nacional, tanto para la protección de los ciudadanos y sus instituciones públicas, así como su régimen interior; por consiguiente, es de interés nacional y obligación del Estado mexicano garantizar los términos y las condiciones del desarrollo económico, político e institucional de sus ciudadanos regidos por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

Artículo Segundo. Se reforman el artículo 1o., la fracción I del artículo 3o., fracción VI, artículo 5o., fracción XII, para quedar como sigue:

Esta ley es reglamentaria del apartado B del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo territorio nacional.

La información sólo podrá reservarse hasta por un periodo de 12 años, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, quedando prohibida su reserva argumentando razones políticas o sin fundamento.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, ciudadano Presidente, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates, para su constancia. Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día de su presentación. Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, Gonzalo Moreno Arévalo, diputado federal integrante de esta LIX Legislatura al honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre propio y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en esta soberanía, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que regula la seguridad nacional en el orden constitucional y reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como sabemos, recientemente fue promulgada la Ley de Seguridad Nacional, como primer paso para la democratización de los cuerpos de inteligencia mexicanos y su proceder, producto de la experiencia de amargas luchas sociales que costaron sangre y desapariciones forzadas en el pasado.

Desde luego que no deseamos volver a esa etapa del México represor, pero tampoco queremos un libertinaje en el manejo de la información, sino que ésta debe ser con un amplio sentido de responsabilidad.

Nos queda claro que el espíritu de la Ley en comento, es de aportar los primeros elementos para la profesionalización de la seguridad nacional mexicana, sin embargo, al precisar las amenazas, actores y características de nuestra seguridad nacional, incluso se prevé la protección a diplomáticos extranjeros, lo que no sucede con los connacionales.

Sin embargo, el constituyente permanente omitió una reforma constitucional que plasme el sentir y los principios básicos de esta tarea, así las cosas, se prescindió de la seguridad de las personas, se prescindió de la prohibición de la obtención de información en algunos casos, como por ejemplo, el espionaje político o institucional, entre otros.

Puedo mencionar pensadores clásicos de la ciencia política que aluden a que el Estado como nación, es producto de las voluntades de las mayorías y no de un cuerpo ya constituido como lo es un gobierno, es decir, un Estado como tal se constituye con ciudadanos quienes dan vida a los gobiernos y éstos a su vez a las instituciones republicanas y por ende, no debemos olvidar a quienes nos dan origen que son los ciudadanos.

Insisto, en dicho ordenamiento se prevé la seguridad del Estado Mexicano, de sus instituciones, de las instalaciones estratégicas, de los diplomáticos extranjeros, el bloqueo de operaciones militares, de la seguridad aérea, de las acciones contra el terrorismo, vaya, del Estado Mexicano, pero el permanente olvidó que parte del Estado Mexicano lo constituye también sus ciudadanos que, por cierto, contribuyen al sostenimiento de ésta y muchas más acciones de gobierno y, repito, no están incluidos para la seguridad nacional mexicana.

Les pregunto, si se llegara a presentar otro Fobaproa, donde todos perdamos los ahorros del esfuerzo de nuestra vida, ¿qué no es un asunto de seguridad nacional entonces la seguridad económica de los gobernados?

Si la Cuenca Lerma Chapala llegara sus mínimas expresiones de tal forma que quedara sin el vital líquido la Zona Metropolitana de Guadalajara, Guanajuato o el estado de México, ¿qué pasaría con la dotación de agua de casi el 22% de la población que se asienta en el cauce natural de esta Cuenca, no es asunto de seguridad nacional?

En el supuesto caso que los sindicatos de todo el país convocaran a una huelga generalizada para detener la industria y los servicios, ¿no es un asunto de seguridad nacional la economía del país paralizada por esta presunta huelga?

Me pregunto si la autoridad determinó como asunto de seguridad nacional el patrimonio de las miles de familias que fueron defraudadas en sus ahorros, ¿eso no es seguridad nacional?, al prever la seguridad de sus gobernados, o siempre intervendrá la autoridad de manera paternalista.

El tema de la seguridad nacional mexicana ha sido sujeta de diversos análisis o críticas por la sociedad. Fue duramente criticada en la clandestinidad durante la década de los 70 y 80, recordemos los sucesos de Tlatelolco en 1968 y los del ``halconazo'' en 1971 y la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en Guadalajara en 1982 que dio fin a la temible Dirección Federal de Seguridad por presiones políticas del gobierno norteamericano.

La seguridad nacional es un término acuñado por el gobierno norteamericano como consecuencia de la Guerra Fría y en México, el término fue usado con fines eminentemente políticos que dieron pie al abuso en la información obtenida.

Con esta iniciativa no pretendemos que se den a conocer las acciones militares, ni sus planes, tampoco los actos de inteligencia que están desarrollando los cuerpos públicos, pero sí el dar certeza constitucional a los actos de la autoridad en esta materia.

Creemos que una reforma de este tipo merece la consideración constitucional que propongo, toda vez que la actividad de inteligencia es una activad eminentemente de un estadista y por tanto de consideración constitucional, en virtud a la naturaleza de la información contenida.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado ``A'' conservando 8 párrafos y se agrega un apartado ``B'' con 12 párrafos al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman los artículos 1, fracción I; del artículo 3, fracciones VI a XII; del artículo 5, fracción XII y recorriéndose las subsecuentes fracciones del artículo 12, artículo 29 y artículo 52, de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor del siguiente:

Artículo Primero.- Se adiciona un apartado ``A'' conservando 8 párrafos y se agrega un apartado ``B'' con 12 párrafos al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25.-

A.- ...

...

...

...

...

...

...

...

B.- El interés nacional es una situación jurídica que consiste en la conveniencia, beneficio, provecho, utilidad o ventaja que procede del uso, conservación, aprovechamiento, usufructo o explotación de bienes muebles o inmuebles, recursos naturales o materiales, la información pública del dominio del Ejecutivo Federal y sus dependencias así como sus actos, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, sus Congresos locales, sus supremos Tribunales de Justicia, los municipios del país, todos los anteriores en sus respectivos ámbitos de jurisdicción, así como de los particulares, en beneficio del Estado Mexicano.

La seguridad nacional se entiende por todo el conjunto de acciones o políticas públicas que lleva a cabo el Ejecutivo Federal, como consecuencia de perturbaciones o alteraciones del orden social o económico, o bien, como resultado de la acción de la naturaleza y que tiene como fin salvaguardar los intereses nacionales, prevenir su efectos en la ciudadanía o en el Estado Mexicano y corregir sus consecuencias a futuro, con el objeto de:

a) Resguardar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las garantías individuales de sus ciudadanos, su patrimonio, sus bienes, su salud, su educación y sus medios de subsistencia;

b) Mantener y conservar la soberanía e independencia nacional que establecen esta Constitución;

c) Mantener del orden constitucional y la plena vigencia del Estado de derecho así como el respeto de los derechos humanos;

d) La defensa exterior y la seguridad interior;

e) Preservar el sistema representativo, republicano y federal así como el pacto federal;

f) Desarrollar, mantener y elevar el sistema económico nacional que permita mejores niveles de vida de los ciudadanos;

g) Resguardar al Estado Mexicano y sus ciudadanos de cualquier acto que constituya una amenaza;

h) Vigilar, mantener y desarrollar la eficiencia en el servicio público que prestan las dependencias de la administración a su cargo;

i) Cuidar, proteger, conservar y desarrollar el medio ambiente y los recursos naturales del país así como su equilibrio con los centros de población urbanos y rurales;

j) Mantener, conservar y desarrollar las áreas estratégicas nacionales así como la protección del espacio aéreo nacional y la zona económicamente exclusiva de dominación territorial en aguas y mares del país en los términos del artículo 27 de esta Constitución;

k) Preservar las instituciones públicas y su funcionamiento;

l) La preservación de la diplomacia mexicana con base en los principios de política exterior mexicana contemplados en el artículo 89, fracción X, de esta Constitución;

m) Conservar y ejercer el interés nacional;

n) Garantizar el ejercicio de la seguridad pública y protección ciudadana con actos tendientes a:

I. El mantenimiento de la paz y el orden públicos por medio de la celebración de convenios con las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios, así como la prevención de calamidades públicas o naturales;

II. El mantenimiento y desarrollo de un sistema nacional de control policial, delictivo y de intercambio de información;

III. La implementación, dotación de recursos económicos y ejecución de programas para el combate a la delincuencia, aislada u organizada;

IV. Prevenir la pérdida de vidas y bienes con motivo de fenómenos naturales; y

V. El desarrollo y ejecución de programas de protección civil.

La Federación mantendrá en todo tiempo y lugar la rectoría sobre los actos de seguridad nacional, tanto para la protección de sus ciudadanos, sus instituciones públicas así como de su régimen interior, por consiguiente es de interés nacional y obligación del Estado Mexicano, garantizar los términos y condiciones del desarrollo económico, político, institucional y de sus ciudadanos, regidos por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

En los convenios de colaboración que celebre el Ejecutivo Federal con las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios, se precisarán los alcances y responsabilidades de las partes. La Federación podrá auxiliar a las entidades federativas en la operación de la seguridad pública.

La seguridad pública prestada por las corporaciones en las entidades federativas o municipios así como las policías bajo la autoridad del Ministerio Público, se circunscriben como auxiliares de la seguridad nacional, de conformidad con los convenios de colaboración a que se refiere el párrafo anterior. La Federación está impedida en cualquier forma de utilizar a la seguridad pública o a las tropas de las fuerzas armadas como medio para censurar o reprimir los actos de las libertades de los ciudadanos mexicanos, excepto cuando se perturbe la paz y el orden públicos o en la comisión de delitos en plena flagrancia.

El Poder Judicial de la Federación se constituye como auxiliar de la seguridad nacional al otorgar al Ministerio Público de la Federación las ordenes de aprehensión en aquellos casos que así lo amerite y en los casos que la ley prevea la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas.

La garantía constitucional de la seguridad nacional recae sobre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión. Sobre el primero recaerá la responsabilidad de la elaboración y ejecución de la política en la materia; y sobre el segundo, la inspección, verificación, censura, intervención, modificación y aprobación de la política en dichos asuntos, así como su asignación presupuestal. En la materia de seguridad nacional no habrá partidas secretas ni su uso será discrecional.

La ley en la materia que dicte el Congreso y el reglamento que el Ejecutivo Federal expida establecerán los medios, procedimientos, criterios generales, líneas de acción y actos encaminados a resguardar la seguridad nacional, tanto en territorio nacional así como la de sus ciudadanos radicados en el exterior por medio de las representaciones diplomáticas en el extranjero.

Asimismo, se procurará que se conserve en todo tiempo y lugar, la defensa de las garantías individuales así como los medios de defensa de los actos de los Poderes de la Unión, para tal efecto, el Ejecutivo Federal y sus dependencias dispondrán de los medios, recursos humanos o materiales, procedimientos y programas de trabajo que las instituciones encargadas de la seguridad nacional implementen para dichos propósitos, por lo que se prohíbe en todo tiempo y lugar, la obtención de información de asuntos en materia fiscal, electoral, administrativo, laboral o en asuntos políticos o partidistas. La ley en la materia establecerá las penas por el delito de abuso de autoridad para los servidores públicos que violen esta disposición o para los extranjeros que realicen actividades de obtención de información en territorio nacional con perjuicio del Estado Mexicano, sus ciudadanos e instituciones.

El Ejecutivo Federal deberá procurar que en el Plan Nacional de Desarrollo se contemple lo necesario para la formulación de políticas públicas que mejoren este rubro y por conducto de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional dictará las instrucciones necesarias para su ejecución.

Los departamentos administrativos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y del Estado Mayor Presidencial, que con motivo de sus actividades realicen actividades de obtención de información, por cualquier medio, podrán intercambiar información con aquellos departamentos de otras secretarías de estado que realicen funciones análogas.

Esta prohibida la utilización de los bienes y recursos de la seguridad nacional con fines meramente políticos, electorales y partidistas, así mismo, la clasificación de la información con ese fin.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 1, fracción I; del artículo 3, fracciones VI a XII; del artículo 5, fracción XII y recorriéndose las subsecuentes fracciones; del artículo 12, artículo 29 y artículo 52 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Esta Ley es Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana, sus instituciones y ciudadanos, frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. a VI. ...

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. a V. ...

VI. Actos tendientes a violar el pleno ejercicio de los derechos y las garantías individuales de sus ciudadanos, su patrimonio, sus bienes, su salud, su educación y, en general, sus medios de subsistencia;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Artículo 12.- Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional se establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por:

I. a XI. ...

XII. El Jefe del Estado Mayor Presidencial.

El Ejecutivo Federal podrá invitar a cualquier Secretario de Estado o funcionario de su administración, y cuyos asuntos motiven debidamente su presencia.

Artículo 29.- ...

Queda prohibido en todo tiempo y lugar, la obtención de información con fines políticos y electorales o en materia fiscal o laboral.

Artículo 52.- ...

La información sólo podrá reservarse hasta por un periodo de doce años, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, quedando prohibida su reserva argumentando razones políticas o sin fundamento.

Artículo Transitorio

Único.- El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el día de su presentación.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia obsequia la petición del señor diputado; y se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado José Orlando Pérez Moguel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado José Orlando Pérez Moguel: Con su permiso, diputado Presidente:

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El que suscribe José Orlando Pérez Moguel, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta Soberanía me permito presentar a su consideración la siguiente iniciativa que adiciona el artículo 39, numeral 2, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si bien la pesca y la acuacultura son actividades productivas coincidentes respecto a las especies; en cuanto a métodos, técnicas, problemas, enfoques y soluciones que enfrentan son diferentes.

Como es bien sabido, la pesca, sin tomar en cuenta la parte de transformación y comercialización, es una actividad extractiva en la cual, de su hábitat natural se capturan los organismos que denominan propiamente la actividad.

En cambio, la acuacultura es el cultivo de la fauna y flora acuáticas, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado en todo estadio biológico, ya sea en laboratorio o el desarrollo y engorda de éstos en estanques artificiales, lagos, presas, así como en instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y lagunas costeras, en el medio marino. Estas diferencias se ven reflejadas en la importancia y desarrollo que cada una ha seguido en nuestro país.

A nivel mundial la acuacultura es una actividad que cobra cada año mayor importancia. El cultivo de especies acuáticas en condiciones controladas es la industria alimentaria que tiene la mayor tasa de crecimiento en los últimos diez años (11%), contribuyendo a solventar las demandas que ya no puede cubrir la pesca.

En México, mientras que la pesca, sobre todo a partir de la década de los setentas, fue objeto de políticas, planes y programas de fomento, la acuacultura no gozó en igual medida de estos beneficios, de tal manera que la producción pesquera se incrementó rápidamente, pasando de 254 mil toneladas en 1970, a un millón 565 mil en 1981, producción máxima de nuestra historia.

En cuanto a la producción acuícola, ésta ha mostrado tendencias a la alza, aunque no en la misma medida de la pesca, pasando de una producción de 109 mil toneladas en 1983 a casi 208 mil en el 2003. Sus incrementos, menos pronunciados, son ya un componente importante de la producción total del sector pesquero, ya que esas 208 mil toneladas logradas en el 2003 representan el 13% del volumen nacional y el 31% de su valor.

En entidades con litoral como Sonora, Sinaloa, Campeche, Tabasco, por citar algunos, y en aguas interiores, como en el estado de México, Puebla y Durango, la acuacultura representa una actividad económica de primer orden, que ha dado pie a la consolidación de casi mil quinientas empresas acuícolas, 2 mil 600 granjas, en las cuales de manera directa 23 mil personas obtienen el sustento de su familia.

Por citar un ejemplo del impulso que vive la acuacultura en el país, en materia de producción de camarón por esta vía, se pasó de 35 toneladas producidas en 1985 a más de 65 mil toneladas en el 2003, que representaron un valor de 2 mil 591 millones de pesos.

De ahí que las expectativas del país en torno a la acuacultura representen un renglón importante para su desenvolvimiento económico y social por cuanto se refiere a la generación de más empleos, mayor ingreso de divisas, aportación a la soberanía alimentaria, reconversión productiva y cuidado del medio ambiente.

La estacionalidad en la producción pesquera en México, que ha fluctuado entre poco más de un millón y el millón y medio de toneladas en los últimos veinticinco años, lo cual se explica en gran medida por fenómenos medioambientales como el del ``niño'', aunado al nivel de explotación a que están siendo sometidas las especies que tradicionalmente hemos pescado, ha llevado a concluir que por la vía de capturas hemos llegado al potencial máximo.

En esta tesitura, el país enfrenta el dilema de seguir produciendo más alimentos a bajos costos para una población que si bien en los últimos años ha contenido su explosión demográfica, continúa aumentando en números absolutos, y por otra parte la necesidad de replantear el manejo de nuestras pesquerías y en algunas, incluso, reducir el esfuerzo pesquero que se ejerce sobre ellas.

En esta disyuntiva en que nos encontramos, es en la que vemos a la acuacultura como una alternativa viable para incrementar la producción pesquera, conservar y generar empleos en el sector y seguir políticas adecuadas de conservación de nuestros recursos naturales.

México cuenta con 2 millones 800 mil hectáreas de aguas interiores, de las cuales el 56% son salobres, el 27% de aguas dulces naturales y el 17% vasos de almacenamiento. El inventario de cuerpos de agua continentales indica que en el país existen 3 mil 921, con una superficie total de 933 mil 094 hectáreas.

Somos una nación con grandes posibilidades de desarrollo acuícola, debido a nuestro clima, recursos naturales y especies nativas con potencial de cultivo. Actualmente sólo se utiliza una porción menor al 10% de las áreas susceptibles de ser empleadas para el desarrollo de la acuacultura.

Al hablar de la importancia de la acuacultura, no debemos solo referirnos a la que conlleva la inversión de grandes capitales, sino de manera especial a la acuacultura rural, tanto en aguas salobres como en aguas dulces, la cual contribuye de manera significativa en la actualidad a la alimentación de comunidades con grandes carencias alimenticias, es un factor de arraigo, genera mercados regionales y eleva el ingreso de los productores.

Estamos seguros de que la importancia de la acuacultura en el desarrollo nacional seguirá creciendo, ubicándose como uno de las áreas de mayor atención por parte de las diversas instancias de gobierno.

De ahí la necesidad de que la actividad acuícola sea incorporada a todos los rubros que en la actualidad se refieren a la pesca.

De hecho, el órgano del Poder Ejecutivo federal encargado de la materia se denomina Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. En la mayoría de los países se ha seguido esa dinámica de incluir la acuacultura con la pesca en la designación de los órganos de gobierno responsables de la actividad, abarcando con ambos nombres las dos vertientes que tienen que ver con el aprovechamiento de las operaciones acuáticas de especies marinas.

En cuanto a nuestra Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 39, numeral 3, que la competencia de las comisiones ordinarias se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. De tal manera que a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados le competen tanto los asuntos referentes a la pesca como los de la acuacultura.

En este mismo orden de ideas, recientemente se adicionó una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyéndose dentro del texto constitucional no sólo a la pesca, sino también a la acuacultura. Por lo tanto, en ese sentido, es menester incluir a la acuacultura en el nombre de la Comisión de Dictamen que dentro de la Cámara de Diputados tiene a su cargo las tareas de la pesca y la acuacultura, a fin de que su función refleje con exactitud la designación que ostente.

La iniciativa que se propone es congruente con las reformas recientemente aprobadas mediante las que se adiciona una fracción XXI-L al artículo 73 constitucional y con la necesidad que genera esta reforma de hacer modificaciones a la Ley de Pesca vigente, para hacer las adecuaciones pertinentes a dicha Ley, principalmente aquellas relacionadas a la materia de la acuacultura, su promoción y regulación.

Por ello, mediante la presente iniciativa propongo que el nombre con el que se designa a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, se modifique por el de Comisión de Pesca y Acuacultura, con lo cual se daría el nombre adecuado a sus funciones.

Consideramos, por otra parte, que la aprobación de la presente iniciativa que reforma el artículo 39, numeral 2, fracción XXIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sería un reconocimiento del Poder Legislativo federal al esfuerzo que los acuacultores realizan día con día para hacer de su actividad un soporte de la soberanía alimentaria y la economía del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39, fracción XXIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona el artículo 39, numeral 2, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

2. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Pesca y Acuacultura.

3. ...

Dip. José Orlando Pérez Moguel (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El diputado Eugenio Mier y Concha Campos (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Sonido en la curul del diputado. modalidad="IDC">El diputado Eugenio Mier y Concha Campos (desde la curul): Diputado Presidente, para hacer una observación al diputado que acaba de tomar la tribuna. El artículo 39... él habla de la fracción XXIII y en la modificación del nuevo documento que nos hicieron llegar en septiembre de 2005, es la fracción XXIV, que dice ``Pesca''. Y él habla de la fracción XXIII, para que se corrija por favor.El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se toma nota de lo que dice el señor diputado, y será la Comisión la que determine lo conducente.

Esta Presidencia saluda a ciudadanos del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, invitados de nuestro compañero diputado Mario Zepahua Valencia. Sean cordialmente bienvenidos.

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ARTICULOS 41 Y 75 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ésta será la última iniciativa de la sesión.El diputado Iván García Solís: Gracias, ciudadano Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores: quien suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura, con fundamento en la Constitución que nos rige, así como en el Reglamento Interior del nuestro Congreso General, presento la siguiente iniciativa. José María Morelos y Pavón, en los albores de la independencia, planteó la necesaria lucha por la igualdad, así como la condición que deberían tener los funcionarios públicos como ``siervos de la nación'' --así los llamó-- y no como sus beneficiarios preferentes. Benito Juárez, décadas después, sentenció que el mandatario público debe vivir en una ``honorable medianía'', sólo con los recursos que le sean indispensables para tener una vida decorosa.

En contraste, los sueldos de los altos funcionarios de nuestro país guardan una enorme desproporción con los ingresos de la mayoría de los mexicanos, tendencia que, en vez de revertirse o --por lo menos-- contenerse, se agudizó en un gobierno que, habiendo postulado el cambio democrático, en realidad ha significado el refuerzo de ventajas para sus funcionarios, pero es en los órganos autónomos de carácter constitucional donde el problema señalado es más grave aún; y esto es paradójico en la medida en que esas instituciones son una figura renovadora e importante de la administración pública; sin embargo, ahí hay un contraste que debemos advertir.

Esos entes, amparados en su peculiar estatuto, se autorizan a sí mismos, mediante artilugios legales, sueldos, sobresueldos y prestaciones desmesuradas, más altas aun que las que se aplican a cargos similares en la Administración Pública Federal, con lo que además vulneran el principio constitucional que reza ``a trabajo igual, salario igual''; estamos comparando funciones similares. Esos dispendios presupuestales no sólo abarcan, hay que decirlo, la Administración Pública Federal y un poder completo, el Poder Judicial, hablamos de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reciben ingresos por ley superiores a los del Poder Ejecutivo y han agregado jugosas e ilegales compensaciones que proceden de fideicomisos; ya conocemos esta figura, que es una fachada para operaciones no siempre legitimas, que les permiten un ejercicio discrecional y opaco de su presupuesto. México es un país... es el país que mejor paga a sus funcionarios.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada --y cito textualmente--, tiene un ingreso superior al de varios jefes de gobierno, recibe del erario más del doble que el Presidente de Brasil, que es un país de similar desarrollo económico al nuestro, y casi seis veces más que su contraparte argentina o chilena. El mismo estudio dice que los sueldos de un secretario de Estado en México son superiores a los de cualquiera de los 12 países considerados. Y cito: hay de distintos tipos: Alemania, país desarrollado y de una economía pujante, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, Perú y Reino Unido; como se ve, diferentes rangos económicos. Un secretario brasileño, por ejemplo, gana la tercera parte de lo que un mexicano, su homólogo chileno gana casi seis veces menos, un subsecretario mexicano gana 45 por ciento más que un estadounidense, más del doble que un alemán, inglés o francés, más que el triple que un español.

Vale recordar, dice el estudio, que esos cinco países desarrollados tiene un ingreso per cápita por lo menos tres veces superior al de México. Ésta, pues, es una de las señas clarísimas de la desigualdad. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación informa que los funcionarios de primer nivel concentran 56.4 por ciento del gasto corriente en sueldos. Por lo que hace a los órganos autónomos, el órgano fiscalizador encontró que las percepciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, que supuestamente cuida los ingresos generales y el equilibrio financiero de la nación, mediante la figura de la ``compensación garantizada'' --repito las palabras: ``compensación garantizada''-- recibió más recursos que el Jefe del Ejecutivo federal; ¡vaya forma --diría yo-- de descompensar los ingresos de los mexicanos! Eso es lo que hace Guillermo Ortiz con su autonomía.

Tocante a los consejeros del Instituto Federal Electoral, éstos cuentan por disposición constitucional con un sueldo equiparable al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes, hay que señalarlo, disfrutan también de ingresos de privilegio. En suma, urge una tabulación a la baja de los salarios de los funcionarios. Se requiere un freno a la depredación del Presupuesto... ¿Diga usted? ¿Diga usted? Pida la palabra y con todo gusto le contesto. Pida usted la palabra. No grite como si se encontrara en un espectáculo público.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Continúe, diputado; continúe, diputado. No se permiten diálogos. Adelante, diputado.

El diputado Iván García Solís: Se requiere... Gracias, Presidente; ponga en orden a estos apresurados desertores de la sesión... Se requiere... se requiere un freno. Sí, señores, se requiere un freno a la depredación del Presupuesto. No les gusta esto que estamos diciendo, pero tendrán que escucharlo aquí y fuera.

La autonomía debe entenderse, y lo repito, porque estoy en favor de los órganos autónomos; la autonomía debe entenderse como independencia de criterio y de decisión en los asuntos que les competen, no como ejercicio abusivo de recursos que deben servir para mejores fines.

Y termino leyendo una parte de mi propuesta, que ruego a la Presidencia instruya a la Secretaría para que se inserte completa en el Diario de los Debates: ``las remuneraciones que se asignen a los titulares de los órganos autónomos no podrán exceder de las autorizadas para los secretarios de despacho de la Administración Pública Federal. Los demás funcionarios que desempeñen puestos directivos homólogos o comparables con los que existen en las dependencias del sector público recibirán ingresos similares a los de éstos''. Es una justa nivelación hacia abajo. Reitero: autonomía es libertad para decidir en conciencia y conforme a la ley, mas no recabar beneficios personales, que ofenden a la sociedad. Muchas gracias, Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

Quien suscribe Iván García Solís, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de homologación de sueldos de los altos funcionarios de los Órganos Autónomos y los de la Administración Pública Federal. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Don José María y Morelos plasmó en los Sentimientos de la Nación el postulado de ``que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal al pobre, que mejores sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto; también es conocido de sobra el ilustre pensamiento de Benito Juárez que prescribía: ``el mandatario público debe vivir en una honorable medianía, sólo con los recursos que le sean indispensables para tener una vida decorosa, y ¡ ay de aquel que atraído por el dinero, las joyas, se olvide de su responsabilidad!''

Los sueldos de los altos funcionarios en México son onerosos, pero lo son aún más los de los funcionarios de los órganos autónomos de carácter constitucional, que, amparados en el hecho de forman parte de una entidad de tal carácter, se autorizan a sí mismos, mediante artilugios legales, sueldos, sobresueldos y prestaciones más allá del principio constitucional que reza'' a trabajo igual salario igual''.

Como muestra de esos dispendios presupuestales del gasto público federal, mismos que minan la credibilidad de la conducción honesta del ejercicio público, está la situación de privilegio de la que gozan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes con recursos públicos crearon fideicomisos, no para fortalecer el ejercicio de la función jurisdiccional que les compete, sino para garantizarse compensaciones fuera de la ley.

México es el país que mejor paga a sus funcionarios. De acuerdo con un estudio presentado hace un par de años por académicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, ``tiene un ingreso superior al de varios jefes de gobierno: recibe del erario público más del doble que el presidente de Brasil y casi seis veces más que sus contraparte argentina o chilena''.

El mismo estudio dice que de ``los sueldos de secretario de estado, México queda en primer lugar... de los doce países considerados (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, Perú y Reino Unido). Un secretario brasileño gana la tercera parte que un mexicano; su homólogo chileno gana casi seis veces menos. Un subsecretario mexicano gana 45 por ciento más que un estadounidense, más del doble que un alemán, inglés o francés, más del triple que un español. Vale recordar que esos cinco países desarrollados tienen un ingreso per cápita por lo menos tres veces superior al de México''.

Si nos asomamos un poco a las entidades federativas, la situación no es diferente. Quien no recuerda el caso del aquel gobernador del estado de Querétaro que se autorizó un salario de más de 400 mil pesos mensuales.

Hay que reconocer también que la reforma municipal de 1999 sirvió de asidero legal para que los funcionarios municipales, so pretexto de autonomía de la hacienda municipal, se autorizaran sueldos de escándalo. Cito el caso tristemente celebre de un alcalde de Ecatepec que se asignó un salario de más de 500 mil pesos mensuales.

Por otra parte, recientemente un informe de la Auditoria Superior de la Federación, señaló que en el gobierno actual ``los funcionarios de primer nivel controlan 79.6 por ciento de las plazas y concentran 56.4 por ciento del gasto corriente en sueldos''.

Por lo que hace a los órganos autónomos, el órgano fiscalizador encontró que las ``percepciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, mediante la figura de la compensación garantizada... recibió más recursos que el Jefe del Ejecutivo Federal''.

Tocante a los Consejeros del Instituto Federal Electoral, éstos tienen por disposición constitucional un sueldo equiparable al de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes, hay que señalarlo, tienen un salario de privilegio.

En suma, urge una tabulación de los salarios de los funcionarios públicos en general, mismo que responda a una racionalidad que corresponda a los grandes problemas por lo que pasa México, ¡no puede un pueblo pobre seguir teniendo funcionarios ricos! Se requiere un freno a la depredación paulatina y gravosa del presupuesto. Empecemos con la regulación de los salarios de los funcionarios de los entes federales autónomos.

Por lo anterior, pongo a la consideración de esta soberanía la homologación de las remuneraciones de los titulares de los Órganos Autónomos de carácter constitucional y legal con los de la Administración Pública Federal. Autonomía significa el ejercicio libre de sus funciones sustantivas, pero no significa autarquía respecto al uso y abuso de los recursos públicos.

La propuesta de proyecto de decreto es el siguiente:

Artículo Primero. Se deroga la parte final del cuarto párrafo de la fracción III del artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. El Pueblo...

(...)

I. a II. (...)

III. (...)

(...)

El Consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban el consejero Presidente y los consejeros electorales se sujetará a lo dispuesto en la parte final del artículo 75 de esta Constitución.

(...)

(...)

(...)

IV. (...)

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 75, para quedar como sigue:

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley: y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. Las remuneraciones que se asignen a los titulares de los órganos autónomos no podrán exceder de aquellas autorizadas para los secretarios de despacho de la administración pública federal; los demás funcionarios que desempeñen puestos directivos homólogos o comparables con los que existen en las dependencias del sector público, recibirán ingresos similares a éstos.

Transitorios

Primero. Los funcionarios de los entes públicos federales autónomos en ejercicio conservarán sus remuneraciones, a fin de garantizar en su persona los derechos adquiridos.

Segundo. Una vez que transcurra el proceso del Poder Constituyente, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Iván García Solís (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Viernes 11 de noviembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXXI aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y IX aniversario del Museo de la Luz, tendrá lugar el 18 de noviembre a las 10:30 horas, en el Museo de la Luz, ubicado en las calles de San Ildefonso y El Carmen, Col. Centro, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del XCV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, tendrá lugar el 20 de noviembre a las 9:00 horas, en el patio poniente del antiguo palacio del ayuntamiento del Distrito Federal, delegación Cuauthémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del LXXXIII aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el 21 de noviembre a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, secretaria. La última votación se tomará en cuenta para registro final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo (a las 16:24 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, viernes 11 de noviembre, a las 10:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 00 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 43 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 381 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 395 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 404 diputados.

Diputado que se declara independiente: 1.

Diputado que se reincorpora: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 4.

Acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobados: 2.

Proposiciones con punto de acuerdo: 56.

Oradores en tribuna: 19 PRI-6; PAN-5; PRD-7; PVEM-1.

Se recibió:

1 comunicación de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial del Café;

1 oficio del Gobierno del Distrito Federal;

1 oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social;

1 oficio de la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

8 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

7 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite acuerdos para considerar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006;

5 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite comunicación del Congreso del estado de San Luis Potosí;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con acuerdo para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con solicitud para que se dictamine la minuta proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de 2005, con el propósito de realizar una visita a la Ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia - Pacífico;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que declara al año 2006 como año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García;

3 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minutas proyectos de decreto que concede permiso a tres ciudadanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo en el que manifiesta su anuencia para que con el acuerdo de la Cámara de Diputados, esta última remita al Ejecutivo de la Unión el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII, Hidrocarburos, del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, en materia del régimen fiscal de Pemex, únicamente en la parte que ha sido aprobada por ambas cámaras, para los efectos constitucionales;

1 minuta proyecto de ley, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional;

2 minutas proyectos de ley, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional;

1 iniciativa de diputados de todos los grupos parlamentarios;

6 iniciativas del PRI;

4 iniciativas del PAN;

6 iniciativas del PRD;

1 iniciativa del PVEM.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o., 5o., 8o. y 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal;

1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México;

1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo a proposición presentada el 28 de abril de 2005, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a que expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Orden del día: 43 desde curul

Boltvinik Kalinka, Julio (PRD) Letras de oro: 217

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Ley Federal de Derechos: 126 desde curul, 127

García Solís, Iván (PRD) Artículos 41 y 75 constitucionales: 287

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Candidatos a la Presidencia de la República: 58

Martínez Della Rocca, Salvador Pablo (PRD) Ley para la Coordinación de la Educación Superior: 205

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 117

Medina Lizalde, José Luis (PRD) Ley Orgánica del Congreso - Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados: 185

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Código Penal Federal: 199

Mier y Concha Campos, Eugenio (PRI) Ley Orgánica del Congreso: 287 desde curul

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Artículo 25 constitucional - Ley de Seguridad Nacional: 278

Pérez Moguel, José Orlando (PAN) Ley Orgánica del Congreso: 284

Rojas Gutiérrez, Francisco José (PRI) Artículos 25 y 31 constitucionales: 172

Scherman Leaño, María Esther de Jesús (PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 190

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 116

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 117

Tentory García, Israel (PRD) Ley Federal de Competencia Económica: 231

Toscano Velasco, Miguel Ángel (PAN) Ley General de Salud: 219

Trujillo Fuentes, Fermín (PRI) Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 107

Valladares Valle, Yolanda Guadalupe (PAN) Ley Federal de Derechos: 211

Velasco Rodríguez, Guillermo (PVEM) Ley General de Vida Silvestre: 191 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Trujillo Ernesto Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chávez Montenegro Benito Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira González Orantes César Amín Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez Hernández Aldo Mauricio Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Díaz Alfonso Juventino Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 161 Asistencias por cédula: 6 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 34 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 22 Total diputados: 223 Aldaz Hernández Huberto Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gámez Gutiérrez Blanca Amelia Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Jiménez Alonso Adrián Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Flores Ma. del Carmen Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 120 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 11 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 13 Total diputados: 147 Alonso Raya Agustín Miguel Avilés Nájera Rosa María Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Cota Cota Josefina Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Meza Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Asistencias: 61 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 19 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 97 Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Legorreta Ordorica Jorge Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Velasco Coello Manuel Velasco Rodríguez Guillermo Asistencias: 6 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 4 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala Isidro Campa Cifrián Roberto Rafael Clouthier Carrillo Tatiana Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Total diputados: 4 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Rivero Ángel Heladio Aragón Del Rivero Lilia Isabel Carrillo Rubio José Manuel Castillo Cabrera Jorge de Jesús David David Sami Fernández García Fernando Flores Rico Carlos Galván Guerrero Javier Alejandro Gastélum Bajo Diva Hadamira Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Lomelí Rosas J. Jesús Martínez López Gema Isabel Moreno Ovalles Irma Guadalupe Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Scherman Leaño María Esther de Jesús Villegas Arreola Alfredo Faltas por grupo: 22 Alexander Rábago Rubén Maximiliano Castelo Parada Javier Chávez Murguía Margarita De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Díaz Delgado Blanca Judith Eppen Canales Blanca Lara Arano Francisco Javier Ortíz Domínguez Maki Esther Palmero Andrade Diego Preciado Rodríguez Jorge Luis Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Suárez Ponce María Guadalupe Faltas por grupo: 13 Ferreyra Martínez David García Ochoa Juan José Herrera Herbert Marcelo Luna Hernández J. Miguel Manzanares Córdova Susana Guillermina Moreno Álvarez Inelvo Nahle García Arturo Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Ramos Iturbide Bernardino Torres Baltazar Edgar Faltas por grupo: 10 Espino Arévalo Fernando Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Velasco Coello Manuel Faltas por grupo: 4 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Velasco Coello, Manuel Velasco Rodríguez, Guillermo Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala, Isidro Campa Cifrián, Roberto Rafael Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Velasco Coello, Manuel Velasco Rodríguez, Guillermo Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala, Isidro Campa Cifrián, Roberto Rafael Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Velasco Coello, Manuel Velasco Rodríguez, Guillermo Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala, Isidro Campa Cifrián, Roberto Rafael Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto

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EFEMERIDES

«Efeméride relativa al aniversario de la declaración del Acta de Independencia, promulgada por el Congreso de Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; promuevo Efeméride relativa al aniversario de la declaración del Acta de Independencia promulgada por el Congreso de Chilpancingo, ocurrida el 6 de noviembre de 1813.

El 28 de junio de 1813, el general José María Morelos y Pavón expidió en Acapulco un decreto a través del cual convocaba para septiembre del mismo año un congreso a celebrarse en Chilpancingo, teniendo como propósito crear un gobierno independiente.

El Congreso se instaló en la parroquia de Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, integrándose la lista de diputados designados por Morelos a conformar el Congreso, entre los que sobresalen: don Ignacio López Ráyon, por Guadalajara; don José Sixto Verduzco, por Michoacán; don José María Liceaga por Guanajuato; don Andrés Quintana Roo, por Puebla; don Carlos María de Bustamante, por México; don José María Coss, por Veracruz; en calidad de secretarios don Cornelio Ortiz de Zárate y don Carlos Funríquez del Castillo.

A estos representantes se les sumaron los que habían sido electos en Oaxaca y Tecpan, don José María Murguía y don José Manuel de Herrera.

El Congreso de Chilpancingo fue proclamado como Supremo Congreso Nacional, iniciando sesiones el 14 de septiembre de 1813, mismo día en que el general José María Morelos dio a conocer a la Asamblea el documento intitulado Sentimientos de la Nación, en el que se declaraba la independencia y soberanía de la América Mexicana; asimismo, se establecía un gobierno de representación popular con una división tripartita de poderes.

En este mismo documento se prohibía la esclavitud, la división de la población en castas, sustituía los tributos por el impuesto único de 5% sobre las ganancias de cada individuo, decretaba que los empleos debían estar sólo en manos de americanos y no se admitirían extranjeros a menos que fuesen artesanos capaces de instruir a los conciudadanos el oficio, difundía la apertura de los puertos a las naciones extranjeras.

Asimismo, declaraba que habrían de promulgarse leyes que comprendieran a todos sin excepción, destinadas a moderar la opulencia de los ricos y la indigencia de los pobres, para mejorar sus costumbres y alejarlos de la ignorancia, exhortaba a honrar la memoria de Hidalgo cada año el 16 de septiembre.

El Congreso de Chilpancingo nombró a Morelos Generalísimo de los Ejércitos Insurgentes y puso en sus manos el Poder Ejecutivo, con lo cual se fortaleció la estructura democrática del movimiento inclinado por la independencia total y el establecimiento del régimen republicano, ideología a la que se oponían los moderados agrupados en torno a López Rayón, quien seguía considerando necesario reconocer a Fernando VII como soberano, pues suponía que de esa manera tendría el apoyo de los criollos europeos.

El Congreso aprobó el 6 de noviembre de 1813 la Declaración de Independencia, documento redactado por don Carlos María de Bustamante, donde declaró que América recuperó el ejercicio de su soberanía usurpada bajo la máxima: ``queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español''.

En dicha acta se establecieron principios de política exterior, que correspondían a los de un Estado Libre e Independiente aseverando que México había recobrado su soberanía y que era regulador para establecer las leyes que le concertaran para su mejor organización.

El 22 de octubre de 1814, el Congreso reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Calleja, promulgó la primera Constitución de México, intitulada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Las actividades realizadas por el Congreso de Chilpancingo sentaron las bases para un nuevo orden del Estado Mexicano, siendo libre, soberano y con estructuras gubernamentales republicanas, así mismo la división de poderes retomadas del pensamiento de Carlos de Secodant, el barón de Montesquieu y la representación popular que hasta nuestros días siguen vigentes, razones por las que todos los mexicanos debemos manifestar nuestra lealtad a las instituciones para fortalecer la identidad de los mexicanos.

Atentamente.

Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»