DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 24 de noviembre de 2005	Sesión No. 28

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 318 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 10:19 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 24 de noviembre de 2005

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Nuevo León y de Tamaulipas.

Del diputado Eduardo Olmos Castro.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a actualizar las categorías de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos e incluir la categoría de enfermedades genético-metabólicas Gaucher, Fabry, mucopolisacaridosis y Pompe, y a definir tratamientos y medicamentos relacionados con éstas. (Votación)

Por el que la Cámara de Diputados establece que impulsará la realización de conversaciones entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de Venezuela, con el objetivo de contribuir por medio de la diplomacia parlamentaria a la separación de las diferencias diplomáticas surgidas entre los Gobiernos de México y de Venezuela en días recientes. (Votación)

Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero para que investigue posibles hechos de corrupción en el Consejo Estatal Electoral. (Votación)

Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al Gobierno Federal para que ante el Panel de la OMC se utilicen de manera profesional todos los recursos disponibles para defender a los productores mexicanos y no se ceda ante las presiones externas por destruir nuestra planta productiva. (Votación)

Por el cual se exhorta a las Legislaturas estatales faltantes a establecer la violencia intrafamiliar como causal de divorcio en el Código Civil de sus respectivas entidades. (Votación)

Iniciativa del Congreso de Baja California

Que reforma el artículo 77 y adiciona el artículo 77 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-septiembre de 2005. (Turno a Comisión)

De la Comisión Especial para el Campo

Informe de actividades del periodo del 18 de marzo de 2004 al 15 de noviembre de 2005.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite ejemplar de la carpeta informativa sobre los resultados de la visita de Estado del Presidente Vicente Fox Quesada a la República de Costa Rica los días 2 y 3 de noviembre de 2005, así como de la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 del mes en curso. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César Acosta Gámez puedan prestar servicios en el Centro de Comercio e Inversión de Corea en Monterrey, Nuevo León. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

En el que transcribe acuerdo para hacer un llamado a los Poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los involucrados para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma la Ley General de Educación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca y General de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 193 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, a cargo del diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 39, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga el párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena, a cargo de la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3 y 5 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de mejorar las condiciones de los pensionados y jubilados, a cargo de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, suscrita por los diputados Sergio Magaña Martínez, Inelvo Moreno Álvarez e Isidoro Ruiz Argaiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4, 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 y adiciona el 26 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Fernando Álvarez Monje y Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que deroga la fracción VI del artículo 1º y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en materia de la dictaminación de la Cuenta Pública Federal, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 65 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 73, 74 y 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, a cargo de la diputada Yadira Serrano Crespo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador Eduardo Graneros Bárcenas, para aceptar y usar la medalla ``Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, así como la condecoración Estrella de Carabobo y la Medalla Teniente Carlos Meyer, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta Soberanía, revise la probable inconstitucionalidad del techo de endeudamiento neto de millones de pesos, aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2006, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos federales y estatales, implementen e instalen los equipos técnicos necesarios para inhibir las señales de telefonía celular en el interior de los centros de readaptación social que se encuentren sujetos a su administración, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados manifieste su respaldo y solidaridad a las familias afectadas por las recientes lluvias y solicite respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal instrumente medidas inmediatas y apoye económicamente al Gobierno de Michoacán para resolver la problemática de todos aquellos que se vieron afectados, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Estatales Electorales, a seguir fomentando la participación infantil, suscrita por las diputadas Angélica Ramírez Luna, Adriana González Furlong y María del Rocío Jaspeado Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Salud del gobierno federal, informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de la propia Secretaría, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT informe sobre las acciones realizadas o proyectadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales, que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general evitando medidas represivas innecesarias, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República, actualizar el decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria, a cargo de la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al ejido ``San Rafael'', Municipio de Contepec, Estado de Michoacán, a cargo del diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, implemente acciones conducentes para acelerar el proceso de reconstrucción en todos los sectores del estado de Chiapas, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad, actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios del Estado de Michoacán, con el objeto de reclasificar la tarifa de consumo aplicada a ellos, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se difunda y publicite el reconocimiento de la matrícula consular como identificación oficial, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruir de inmediato la ejecución de la obra Carretera Libre a Zapotlanejo, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a no disminuir el arancel de las importaciones de productos de acero, a cargo del diputado Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se considere una reducción en los impuestos a los combustibles para automotores que adquieran los transportistas en el próximo ejercicio fiscal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al Gobierno Federal y al gobierno y municipios del estado de Michoacán, para frenar la ola de violencia que impera en ese estado, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico la ``Parota'' en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP, devolver el ISR indebidamente retenido en el pago de pensiones al personal del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que fue víctima del desvío del fondo constituido para su retiro, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se suspenda de forma definitiva la construcción de las regasificadoras en la zona del noroeste de la República Mexicana, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, investigue el acuerdo que firmó el Gobierno Federal, por el que cede a la empresa estadounidense Kansas City Southern, un paquete accionario del 20 por ciento de la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que a través del INEA, instrumente un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo, en donde pueda convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de este programa, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Director de Petróleos Mexicanos, a erogar los recursos del Programa de Seguridad Industrial y Mantenimiento de Infraestructura, a las instalaciones de la paraestatal en los estados del Golfo de México, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa otorgue recursos extraordinarios a los productores de manzana, a fin de resarcir las pérdidas que por granizada sufrieron los municipios de Guerrero, Bachiniva, Cuauhtémoc, Rubio, La Junta y Basuchil del Estado de Chihuahua, a cargo del diputado Jorge Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de los Derechos de Autor, realicen una investigación y, en su caso, soliciten una auditoría sobre la recaudación, administración y rendición de cuentas de los recursos que maneja la Sociedad de Autores y Compositores de México, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Programa del Seguro Popular a los Infantes y Adolescentes de la República Mexicana que padecen de cáncer en sus diferentes características, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para combatir las importaciones irregulares por contrabando y triangulaciones de chile seco, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, para que rinda un informe acerca de la política que el Gobierno Federal asume respecto a la construcción del proyecto Chevron Texaco en las Islas Coronado del estado de Baja California, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Energía y al titular de la Comisión Reguladora de Energía, para que suspendan de inmediato la firma de contratos pendientes, la celebración de nuevas licitaciones y el otorgamiento de cualquier permiso adicional a los ya otorgados bajo la figura de productor independiente de energía eléctrica y de manera gradual se vayan liquidando los contratos hechos por el Gobierno Federal y los productores independientes, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, adoptar las medidas necesarias para facilitar el traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras a un reclusorio del Distrito Federal, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a suspender los efectos de cualquier permiso otorgado relacionado con explosivos, en tanto no exista claridad en torno al resto de las regulaciones necesarias que debe de cumplir una explotación de este tipo y sobre todo, mientras no se llegue a un proceso de concertación entre los pobladores que permita evitar un conflicto social y jurídico, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, canalizar recursos necesarios al Estado de San Luis Potosí, para la implementación de Programas Preventivos de la Lucha contra el Dengue, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, a la SRE, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país, suscribir en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio la ratificación a la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, recuperar el mural ``Fraternidad'', del pintor mexicano Rufino Tamayo, que se encuentra en el edificio central de la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta sus condolencias a la familia del Lic. Rogelio Zarazúa Ortega, asesinado el pasado 16 de septiembre, en Morelia, Michoacán. Asimismo se exhorta al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de discusión sobre el marco conceptual y las estrategias que sustentan la lucha del Estado Mexicano contra la delincuencia organizada en particular el narcotráfico, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, para establecer los rubros sobre los cuales se realizará una inversión destinada al control interno y vigilancia de Centros Penitenciarios, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, evalúe si los beneficios del Programa Oportunidades son compatibles y complementarios con el programa Liconsa, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, modifique el acuerdo sobre la elaboración del Orden del Día de las Sesiones, Discusiones de los Dictámenes y Operación del Sistema Electrónico de Votación, con el objeto de agotar todos los apartados establecidos en el orden del día, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta Soberanía se sume a la iniciativa de diversos ciudadanos de todo el país que solicitan que la medalla Belisario Domínguez 2005, sea otorgada post mórtem al periodista Francisco Huerta, fallecido el pasado 27 de enero del presente año, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a la ciudadanía que la reforma energética, no está aún en esta Soberanía; además aclare que los integrantes de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados no han detenido y/o rechazado dicha reforma, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, publicar los planes y programas, así como los resultados y grado de avance que presenta la problemática de deterioro ecológico de la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero y a la SEP, entablar una mesa de diálogo con los egresados normalistas de dicha entidad, suscrita por los diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del IMSS, a establecer con carácter de urgente, mesas de diálogo con los productores agropecuarios de cada una de las regiones productivas del país, a fin de que se analicen a fondo las reformas recientes a la Ley de dicho Instituto, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, cancele la concesión otorgada a la Empresa Genesee & Wyoming para operar el Tren Chiapas-Mayab en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el permiso a los trabajos de explotación de la Minera San Javier en el Cerro de San Pedro, Pueblo del Siglo XVI, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, privilegien el diálogo y la conciliación para reanudar las obras de construcción de la Carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP active el Sistema Escalafonario de los Profesores transferidos que laboran en Escuelas consideradas tradicionalmente del Sistema Estatal en la entidad de Tlaxcala, a cargo del diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, para que analicen, dictaminen y en su caso resuelvan a favor del equilibrio ecológico y las reservas de agua en el municipio de Jiquipilco, estado de México, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la LIX Legislatura, aporten el equivalente a un día de salario neto para beneficiar a los damnificados de los municipios de Huixtla, Mapastepec, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla, Villacomaltitlán, Mazatan y Acacoyagua del Estado de Chiapas, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco, y a la Secretaría de Administración y de Finanzas, se abstengan de invitar a participar al C. Susumo Azano Moritani y/o a la empresa denominada Diseños e Impresos de Seguridad, SA de CV, en las licitaciones públicas o concursos para la elaboración de matriculas metálicas vehiculares, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a todo el proceso de selección del Servicio Profesional de Carrera y se constituya una subcomisión de legisladores para realizar una visita de inspección al área responsable de ejecutar dicho servicio en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que integre en los libros de texto gratuitos la parte relativa a educación cívica, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT, haga público el grado de avance físico y el ejercicio de los recursos presupuestados para este año, a través del proyecto de prestación de servicios para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Veracruz, legislar sobre el tema de participación ciudadana, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a los Institutos Estatales Electorales, implementen programas y proyectos para la población juvenil, enfocados a incrementar la participación ciudadana en las elecciones, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que el Servicio Nacional de Registro Agropecuario se apegue a la aplicación precisa de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, emita el decreto que exente a las Pyme del pago de impuesto al activo del ejercicio fiscal 2005, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LXII Legislatura del estado de Chiapas, elabore las adecuaciones correspondientes en su Constitución Estatal, respecto de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 1999, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SHCP aplique la tarifa 1-F para el suministro y venta de energía eléctrica en los municipios de Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, adicione a las reglas de operación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, un texto en apoyo a los particulares dedicados a la crianza de ganado bovino, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Gobernación, suspenda el otorgamiento de toda autorización que permita el inicio de operaciones de los permisos ya otorgados para Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números, hasta en tanto no se resuelva la Controversia Constitucional 97/2004, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales para que recomienden a las universidades e instituciones de educación superior integren en sus planes de estudio el tema de educación cívica, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Finanzas libere la asignación de los recursos financieros para el cumplimiento séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar y deslindar responsabilidades respecto a la violación a la Ley Federal para Prevenir y evitar la Discriminación, a cargo del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de los estados, realicen el trámite constitucional de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial y a la Secretaría de Turismo, realicen el Plan Maestro, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, para que dentro de sus facultades, pueda homologar su Código Civil al de otras entidades federativas en materia de derecho familiar, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal, a depositar ante la ONU el instrumento de ratificación del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los gobiernos de los estados con comunidades en estado de desastre y a la Profeco, a implementar acciones para evitar y castigar las prácticas de comercio abusivas en dichas zonas de desastre y las zonas cercanas a ellas, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al Gobierno del Distrito Federal, a dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, redoble esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de que reconsidere el monto económico impuesto por concepto de compensación ambiental en el cambio de uso de suelo de terrenos forestales de zonas áridas del estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del ISSSTE, abstenerse de retener el pago de pensiones a jubilados y pensionados que no hayan presentado la CURP, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al IMSS, conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la Sagarpa y la Ssa, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Segob, y al Instituto Nacional de Migración, informen sobre las condiciones de operación de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, a cargo de la diputada Regina Vázquez Saut, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, reconsidere su postura frente al apoyo económico que ofreció el gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta Stan, a cargo del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, efectúe las auditorias necesarias al Sistema Metrobús del Gobierno del Distrito Federal y a los funcionarios responsables de dichos sistemas, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Plural de diputados que realice una Auditoría Técnica Jurídica y Administrativa a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión de Presupuesto de esta soberanía, participen en las acciones de prevención de la pandemia de gripe producida por el virus de la influenza aviar, suscrito por los diputados Emilio Serrano Jiménez, Rafael García Tinajero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Pablo Anaya Rivera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Guillermo Velasco Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE, ejerza un mayor presupuesto en la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, suscrito por los diputados Eliana García Laguna, Juan José García Ochoa y Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, programe y ejecute la repavimentación de 45 kilómetros de carretera con destino a la Bocana, municipio de Mulegé, Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta Soberanía, contemple en el proyecto de Ley de Ingresos 2006, la participación de los municipios en los ingresos provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentren en sus jurisdicciones, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, intervenga en el conflicto entre la Cooperativa de refrescos Pascual y los dueños de dos predios que ocupa ésta; asimismo se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, destine una partida para apoyar a estos cooperativistas en el pago de los predios, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP y al director de la Conade, impulsen la creación de una coordinación encargada de vigilar el fomento a la Educación y Cultura Física en las escuelas de educación básica, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía se pronuncia a favor del fortalecimiento de la ONU en conmemoración de su Sexagésimo Aniversario, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Blanca Gámez Gutiérrez y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que los integrantes de la Comisión Especial del Café hacen un exhorto al Ejecutivo federal, para que aplique los excedentes del programa Fondo de la Cafeticultura del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, a las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos de los últimos días, a cargo del diputado Jorge B. Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, vigilen que los concesionarios de telefonía celular realicen y mantengan actualizada una base de datos de los usuarios de telefonía celular de prepago, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite la gestión financiera del 2004 de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, programen los celulares desde fábrica para que aparezca el cronómetro en minutos y segundos de las llamadas realizadas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emitan la regulación correspondiente para evitar el cobro de tarifa por redondeo, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instalación de una base terminal del monitoreo de la Mesa Central de Servicios del Programa Enciclomedia, a la cual tenga acceso directo la Cámara de Diputados, así como la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del diputado José Adolfo Murat Macias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que de celeridad al proceso de Declaratoria de zona federal de monumentos arqueológicos del Cerro de la Estrella, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Salud, de Gobernación y de Economía, así como a los gobiernos de las entidades federativas, intensifiquen las labores de inspección y vigilancia de los establecimientos y personas que realizan tratamientos y cirugías de carácter estéticos, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en sus respectivas leyes penales contemplen como delitos las conductas relativas al abandono de personas, o en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades locales de las entidades federativas afectadas por los huracanes Stan y Wilma, apliquen programas de empleo temporal y de becas para desempleados en apoyo a trabajadores eventuales y de la economía informal y adopten medidas para apoyar la planta productiva de las zonas afectadas para detener los despidos masivos que están sufriendo estos trabajadores, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Gobierno de Nuevo León, deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos y exhortar al Trife, analice el juicio de revisión constitucional presentado en contra del Congreso Local por la designación de magistrados electorales, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, actualice los libros de texto gratuitos a efecto de que se incluyan contenidos relacionados con las necesidades especiales y su prevención, en beneficio de las niñas y niños con necesidades especiales, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su beneplácito por el depósito ante la ONU del Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exenta a las Pyme del pago del impuesto al activo del ejercicio fiscal 2005, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE, actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios del estado de Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que el remanente de los recursos provenientes del IFE destinados a financiar el voto de los mexicanos en el extranjero, se destine al Conacyt y proponer que se mantengan las multas del IFE etiquetadas para el ramo 38, suscrito por los diputados Luis Maldonado Venegas y Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE, actualice los registros de temperaturas medias mensuales del municipio de Parácuaro del estado de Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a esta soberanía, rinda un homenaje al Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, a cargo del diputado Emiliano V. Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federal, estatal y municipal, determinen el monto y destino de los recursos que serán ejercidos en la reconstrucción del estado de Quintana Roo afectado por el huracán Wilma, a cargo del diputado Emiliano V. Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta Soberanía acuerde en sesión solemne un reconocimiento al esfuerzo de la Universidad Pública y en lo particular a la UNAM, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de las diferentes Secretarías involucradas, implementen correctamente el Programa Paisano, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a la SCT y a la SHCP, a fin de que asignen al Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios, recursos para iniciar los trabajos de la Autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, a cargo del diputado Jorge B. Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la representatividad del Titular del Ejecutivo federal en sus viajes al extranjero, a cargo del diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros en coordinación con la Profepa, vigile el cumplimiento de la normatividad ambiental en la labor de restauración y reconstrucción de las zonas hoteleras en áreas de playa y contiguas al mar, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a esta Soberanía, integre una Comisión Legislativa para la Promoción del Desa-rrollo de la Región Centro-Occidente, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se haga una reserva a la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a establecer un fondo para otorgar becas a alumnos de escasos recursos en escuelas particulares de educación superior, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE y a la SEP, se respete estrictamente el convenio que exenta del pago por el consumo de energía eléctrica a las Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación de todo el país, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se propone a esta Soberanía, desaprobar públicamente las expresiones hechas por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, y se exhorta a la SRE informe sobre la explicación que emita la Cancillería Venezolana, suscrito por los diputados Consuelo Camarena Gómez y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a las secretarías de Turismo y de Salud, promuevan la obtención del distintivo ``H'' en todos los establecimientos que expendan alimentos, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, agilice los trámites respectivos que resuelvan y contesten, conforme a derecho, las peticiones de libertad preparatoria de los internos del fuero federal, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, solucione la constante alza de tarifas en el servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que los recursos aplicados por los estados y municipios en la emergencia de las recientes contingencias meteorológicas, se consideren como contraparte en las obras que se aprueben en el PEF 2006, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios de esta Soberanía, elabore y ponga en marcha un sistema de manejo ambiental, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, solicite al Tribunal Superior Agrario, reabra juicio del ejido ``Hoyo del aire'', localizado en el municipio de Teretan, en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relacionado con los cobros que en el Servicio de Energía Eléctrica viene realizando la CFE en el estado de Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta Soberanía, prorrogue la vigencia de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a la SHCP, a fin de que las economías que resulten del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se considere y transfiera a la SCT, una partida para la ampliación del Aeropuerto de Palenque, estado de Chiapas, a cargo del diputado Jorge B. Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare como área natural de protección de recursos naturales al Bosque de El Nixticuil, localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, una partida para el parque marino nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología expidan la Norma Oficial Mexicana que regule la operación de los Centros Integrales para el Manejo de los Residuos Industriales, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos del estado de México y del Distrito Federal, realicen coordinadamente acciones necesarias para el saneamiento del Río de los Remedios, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat de a conocer los documentos referentes a la aprobación de la Cibiogem, y a la Sagarpa la evaluación científica del Subcomité Especializado en Agricultura, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintidós de noviembre de dos mil cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con ocho minutos del martes veintidós de noviembre dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Baja California, con acuerdo por el que exhorta a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como al Congreso de la Unión, a coordinarse a efecto de llevar un control real y efectivo de la publicidad en los medios masivos de comunicación. Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

Colima, con acuerdo por el que solicita disminuir las cantidades de posesión de narcóticos que se consideran de consumo personal y para las que no se aplica sanción alguna en el Código Penal Federal. Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la Comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

Jalisco, con acuerdo por el que solicita se realice una consulta pública nacional para reformar la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva. Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

Sinaloa, con acuerdo por el que solicita se constituya el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como mayores recursos para ese Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Zacatecas, con acuerdo por el que declara como Día del Voceador el veintidós de noviembre de cada año. Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

Comunicaciones de los diputados:

Óscar Pimentel González por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el cuarto distrito del estado de Coahuila. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Norma Violeta Dávila Salinas, electa como diputada federal suplente en el cuarto distrito del estado de Coahuila, y designa una comisión que la introduce y acompaña a rendir su protesta de ley.

Mario Moreno Arcos, por la que informa que opta por el cargo de Presidente municipal de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. De enterado. Comuníquese.

Alberto de los Santos Díaz, diputado federal suplente electo en el séptimo distrito del estado de Guerrero, por la que informa que opta por el cargo de Presidente municipal de Coyuca de Benítez, en esa entidad federativa. De enterado. Comuníquese.

Comunicación de la Comisión de Concordia y Pacificación con la que informa de la designación del diputado Juan Antonio Gordillo Reyes como su Presidente para el periodo comprendido del diez de noviembre de dos mil cinco al diez de febrero de dos mil seis. De enterado.

Comunicación de la Comisión de Agricultura y Ganadería por la que solicita la devolución del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. La Asamblea, en votación económica, aprueba la devolución del dictamen y, en atención a oficios de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, se turna la iniciativa correspondiente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicación del Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria con la que informa que en el mes de octubre de dos mil cinco, no se asignaron mercancías provenientes de comercio exterior. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes proyectos de acuerdo:

Relativo a la integración de la delegación de diputados que participará en la vigésima primer Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, en Sao Paulo, Brasil. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que se otorgue un descuento en el gasóleo doméstico, gas licuado de petróleo y gas natural, en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y demás entidades federativas que sean afectadas por el frío en la época invernal. Hablan en pro los diputados Lorenzo Miguel Lucero Palma y Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo, fracción quinta, de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la Comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, con el que remite ejemplar de la Carpeta Informativa sobre los resultados de la décima quinta Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Salamanca, España, los días catorce y quince de octubre de dos mil cinco. Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

Diez, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

Uno, por el que solicita permiso para que el ciudadano Enrique Gutiérrez Carmona pueda prestar servicios en la Delegación de la Comisión Europea en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Uno, por el que solicita permiso para que la ciudadana Verónica Solís Pesquera pueda prestar servicios en la Embajada de la República Checa en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Uno, por el que solicita permiso para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México, y comunica que un ciudadano ha dejado de prestarlos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, se turna a la Comisión de Gobernación, y por lo que se refiere a quien ha dejado de prestar servicios, túrnese a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos veintidós de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo por el que se constituye en la Cámara de Senadores el Grupo de Trabajo denominado Capítulo Mexicano de Parlamentarios Latinoamericanos Contra la Corrupción. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Minuta proyecto de Ley de Productos Orgánicos, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Energía.

Minuta proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan diversos gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Graneros Bárcenas para aceptar y usar la medalla que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, así como la condecoración y medalla que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela. Es de primera lectura.

A las once horas con cuarenta y dos minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos veintiún diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y siete votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento veinticuatro y ciento treinta y cinco de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de segunda lectura. La diputada Amalín Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: José María de la Vega Lárraga, del Partido Acción Nacional; y Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional. Hablan en pro los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; y Reynaldo Francisco Valdés Manzo, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos noventa y un votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa la lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se concede permiso a:

Cuatro ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

Nueve ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Italiana, la Guardia Costera y el gobierno de los Estados Unidos de América, la República Francesa, el Reino de Dinamarca, la República de Chile, las Fuerzas Armadas de la República del Salvador y el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

Son de segunda lectura. Sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y seis votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para los efectos constitucionales.

Dos dictámenes con puntos de acuerdo:

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para exhortar al gobierno federal para que la Secretaría de Salud atienda de manera urgente la demanda de trabajadores y ex trabajadores de la Empresa Met -- Mex Peñoles, Sociedad Anónima de Capital Variable, de ser valorados médicamente ante la presunción de estar contaminados con plomo por su desempeño laboral.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Pesca, para exhortar a las autoridades laborales federales y locales, a que revisen la situación que guardan los fondos aportados por las sociedades cooperativas de los pescadores de camarón del Puerto de Guaymas, Sonora.

Se aprueban en votación económica. Comuníquense.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Lorenzo Miguel Lucero Palma, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo trece del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma el artículo doscientos treinta y uno de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo sesenta y cuatro de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo veintiséis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Benito Chávez Montenegro, a nombre propio y del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco y sesenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

La Junta de Coordinación Política propone proyecto de acuerdo para crear la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Continúan presentando iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, que deroga el artículo noventa y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo trece y la fracción segunda del artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. Durante la presentación de esta iniciativa, desde su curul el diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum, y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley para Regular el Cabildeo y Gestión de Causas. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Con el registro de trescientos sesenta y un diputadas y diputados se confirma la existencia de quórum.

Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo veinte del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Mario Wong Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos veintiuno y ciento doce - A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; reforma y adiciona los artículos ciento veintitrés y cuatrocientos veinte de la Ley General de Salud, y reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Salud.

Iván García Solís, del Partido de la Revolución de Democrática, que reforma el artículo veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diez de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Presidencia del diputado Álvaro Elías Loredo

Se turna a la Comisión de Energía.

Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para el efecto.

Jacobo Sánchez López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Con el registro de trescientos cincuenta y tres diputadas y diputados se confirma la existencia de quórum.

María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo segundo de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

María Salomé Elyd Sáenz, a nombre propio y del diputado Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve y noventa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que reforma y adiciona el artículo ochenta de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial de la Función Pública.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que abroga la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos doscientos veintisiete y doscientos veintiocho de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo doscientos veintinueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California, investiguen a fondo el homicidio de Paulina Baeza Sauceda. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los hechos denunciados en el caso de la ciudadana Nadia Ernestina Zepeda Molina. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, lleven a cabo la ampliación de la línea tres del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hacia el municipio de Ecatepec, estado de México. Se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Transportes.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice los estudios necesarios a efecto de que se decrete el parque ecológico Cubitos Hidalgo, como área natural protegida. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que intervenga para que se ataque la plaga en el bosque de oyamel de la mariposa monarca en el estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para enviar un exhorto al Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de que sirva de interlocutor ante el gobierno del Presidente George Bush, con el objeto de que considere la posibilidad de aceptar la ayuda humanitaria ofrecida por la República de Cuba, consistente en el envío de médicos para atender a los damnificados por los huracanes Katrina y Rita. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y un minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves veinticuatro de noviembre de dos mil cinco a las diez horas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.

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ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.

Lic. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

De conformidad con el acuerdo tomado por los integrantes de la LXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy se aprobó el siguiente punto de

Acuerdo

Primero. La LXX Legislatura al H. Congreso del estado de Nuevo León solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus atribuciones gire atento oficio al titular del Ejecutivo federal en el que se solicite dé cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19, fracción 1, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, con la finalidad de destinarlos a la ampliación de la línea dos del Metro.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes, como lo establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Tercero. Archívese y téngase por concluido el presente asunto.

En virtud de lo anterior acompañamos a la presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda del estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio efectivo. No reelección.

Monterrey, NL, a 1° de noviembre de 2005.--- Dip. Alicia Margarita Ayala Medina (rúbrica), Secretaria; Dip. Julio Reyes Ramírez (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.

Honorable asamblea:

A la Comisión de Hacienda del estado le fue turnado para su análisis y dictamen, en fecha 12 de agosto de 2005, escrito presentado por los diputados Eliezer Garza Cantú, José Juan Elizondo Esparza, Yolanda Martínez Mendoza y Jesús Ancer Mahuad mediante el cual proponen un punto de acuerdo por el que la LXX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León solicite al Poder Ejecutivo federal, así como al Congreso de la Unión que en uso de las facultades que les concede la ley, asignen a Nuevo León la cantidad de recursos que le correspondan al estado provenientes del fondo conformado por los excedentes generados debido al aumento en el precio del petróleo, con la finalidad de destinarlos a la ampliación de la línea dos del Metro.

Señalan los legisladores que el desarrollo de infraestructura urbana es esencial para mejorar la calidad de vida de la población de cualquier ciudad, por lo cual, es obligación del gobierno allegarse de los recursos financieros que resultan indispensables para la realización de dichas obras.

Continúan manifestando que en virtud de lo anterior, esta Legislatura no puede permanecer ajena a este esfuerzo que realiza el Gobierno del estado, pues los ciudadanos ya han manifestado su apoyo al proyecto de ampliación de la línea dos del metro.

Expresan que mientras algunos insisten en augurar el fracaso de este magno proyecto considerando la ausencia de recursos federales, cabe señalar que ante el aumento de los precios del petróleo que se ha venido registrando en los últimos meses, nace una nueva oportunidad.

En este sentido señalan que en el caso que se destinen a Nuevo León recursos provenientes del fondo conformado por los excedentes petroleros, el Gobierno Federal no tendría que descuidar otros programas de gran importancia para el país.

Compañeros diputados:

Una vez vista y analizada la solicitud presentada por los diputados Eliezer Garza Cantú, José Juan Elizondo Esparza, Yolanda Martínez Mendoza y Jesús Ancer Mahuad, la Comisión de Hacienda del estado tiene a bien presentar al Pleno de este honorable Congreso las siguientes consideraciones:

La H. Cámara de Diputados aprobó en fecha 13 de noviembre de 2004 el dictamen conteniendo la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

La Ley en comento en su artículo 1o., fracción VI, numeral 21, establece un ingreso de $9,976.4 millones de pesos por concepto de rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.

Que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en su artículo 19, fracción I, determina lo siguiente:

``Artículo 19. Los ingresos excedentes que resulten del aprovechamiento a que se refieren los artículos 1, fracción VI, numeral 21, y 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos de la Federación, por concepto de rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, que se generan a partir de 27 dólares de los Estados Unidos de América, se destinarán de la siguiente manera:

I. En 50 por ciento para gasto en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del fondo general de participaciones reportado en la cuenta pública más reciente.

Este monto no podrá ser menor al correspondiente a 20 por ciento del excedente que se genere con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, por el concepto del derecho extraordinario sobre la extracción del petróleo, señalado en el artículo 1, fracción III, numeral 3, inciso b) de dicha ley;''

Que en virtud de lo antes expuesto y toda vez que el precio de la mezcla mexicana ha alcanzado una cotización histórica de 54 dólares por barril, esta comisión dictaminadora estima conveniente solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus atribuciones gire atento oficio al titular del Ejecutivo federal en el que se solicite dé cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 39, fracción XIII, 47 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La LXX Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus atribuciones gire atento oficio al titular del Ejecutivo federal en el que se solicite dé cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes como lo establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado.

Tercero. Archívese y téngase por concluido el presente asunto.

Monterrey, Nuevo León.--- Comisión de Hacienda del estado, diputados: Plácido González Salinas (rúbrica), Presidente; César Santos Cantú (rúbrica), vicepresidente; María Guadalupe Rodríguez Martínez (rúbrica), secretaria; Juan Manuel Parás González (rúbrica), vocal; Eliezer Garza Cantú (rúbrica), vocal; Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), vocal; Liliana Flores Benavides (rúbrica), en contra, vocal; Marcos Mendoza Vázquez (rúbrica), en contra, vocal; Raúl Alejandro Moncada Leal (rúbrica), vocal; Rodolfo Moreno Rodríguez (rúbrica), en contra, vocal; Rosaura Gutiérrez Duarte (rúbrica), vocal.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo.--- H.Congreso del estado de Tamaulipas.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En la sesión celebrada en esta fecha, el Pleno Legislativo del honorable Congreso del estado determinó aprobar el punto de acuerdo, número LIX-80, mediante el cual se formula atenta solicitud a la Comisión Nacional del Agua, con pleno respeto a su ámbito de competencia, la implementación de acciones tendientes a dar mantenimiento, renovar o, en su caso, reubicar los termómetros de las diversas estaciones climatológicas del citado organismo en el estado a efecto de contar con parámetros más exactos y confiables de medición para la clasificación y determinación de tarifas eléctricas a fin de reducir los precios de las mismas en beneficio de la sociedad.

Al efecto, nos permitimos anexar copia del punto de acuerdo en referencia.

Sin otro particular nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Palacio Legislativo, a 9 de noviembre de 2005.--- Dip. Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez (rúbrica), secretario; Dip. Fernando Alejandro Fernández de León (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Tamaulipas.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren el artículo 58, fracción I, de la Constitución Política del estado; y el artículo 119 de la Ley Sobre la Organización y funcionamiento interno del Congreso del estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente:

Punto de acuerdo No. LIX-80

Mediante el cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua, con pleno respeto a su ámbito de competencia, la implementación de acciones tendientes a dar mantenimiento, renovar o, en su caso, reubicar los termómetros de las diversas estaciones climatológicas del citado organismo en el estado a efecto de contar con parámetros más exactos y confiables de medición para la clasificación y determinación de tarifas eléctricas a fin de reducir los precios de las mismas en beneficio de la sociedad.

Artículo primero. La Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas formula atenta solicitud a la Comisión Nacional del Agua, con pleno respeto a su ámbito de competencia, a fin de que implemente acciones tendientes a dar mantenimiento, renovar o, en su caso, reubicar los termómetros de las diversas estaciones climatológicas en el Estado de Tamaulipas a efecto de contar con parámetros más exactos y confiables de medición para la clasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica a fin de reducir los precios de las mismas en beneficio de la sociedad.

Artículo segundo. Se solicita a la entidad pública federal antes citada, información sobre el estado que guardan actualmente los termómetros de medición de las estaciones climatológicas de la zona correspondiente a Tamaulipas, su ubicación y de las acciones que, en su caso, se emprendan para su mantenimiento, renovación o reubicación.

Transitorios

Artículo primero. El presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición.

Artículo segundo. Comuníquese la presente resolución a la Comisión Nacional del Agua, al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se haga del conocimiento a las dependencias competentes y al Ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para que realicen lo conducente a las dependencias concurrentes.

Salón de Sesiones del H. Congreso del estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 9 de noviembre de 2005.--- Dip. Anastacia Guadalupe Flores Valdez (rúbrica), Presidenta; Dip. Mario Andrés Jesús Leal Rodríguez (rúbrica), secretario; Dip. Fernando Alejandro Fernández de León (rúbrica), secretario.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo que establece en el artículo,62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito de la manera más atenta se me conceda licencia por tiempo indefinido a partir del día 28 de noviembre del 2005 del cargo que ostento como diputado federal por el V distrito con cabecera en Torreón, Coahuila.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 22 de noviembre de 2005.--- Dip. Eduardo Olmos Castro (rúbrica), coordinador de la Diputación Federal por el Estado de Coahuila.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eduardo Olmos Castro para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el V distrito del estado de Coahuila, a partir del 28 de noviembre de 2005. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado.

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GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), y 44, punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Juan Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado Franciso Landero Gutiérrez, salga del Grupo de Amistad México-Cuba.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, 22 de noviembre de 2005.--- Diputado Eduardo Espinoza Pérez (rúbirca).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que, hasta el momento, hay una asistencia de 339 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

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ENFERMEDADES GENETICO-METABOLICAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a actualizar las categorías de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos e incluya la categoría de enfermedades genético-metabólicas Gaucher, Fabry, mucopolisacaridosis y Pompe, y a definir tratamientos y medicamentos relacionados con éstas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentó la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 22 de noviembre de 2005, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Consejo de Salubridad General para que actualice las categorías de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos e incluyan la categoría de enfermedades genético-metabólicas Gaucher, Fabry, mucopolisacaridosis y Pompe.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, perteneciente a la Secretaría de Salud, para que actualice el catálogo correspondiente e incluya el tratamiento de reemplazo enzimático para el tratamiento de enfermedades genético-metabólicas Gaucher, Fabry, mucopolisacaridosis y Pompe.

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ha solicitado hacer uso de la voz, para apoyar esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Angélica de la Peña Gómez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia se concede el uso de la tribuna a la diputada Angélica de la Peña Gómez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve porque solamente quiero reafirmar que este punto de acuerdo, que ha considerado suyo la Junta de Coordinación Política, hace una rectificación, que es muy importante mencionar, de una votación que no logramos por muchas condiciones, cuando discutíamos el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ciertamente, como menciona un diputado colega, hay gran cantidad de enfermedades que deberían estar contempladas en este concepto de enfermedades catastróficas, pero creo que las enfermedades que hoy estamos integrando en este concepto, que son enfermedades verdaderamente terribles, genético-metabólicas, que son francamente muy dolorosas para las niñas y los niños que las viven, que las padecen, pero sobre todo es más doloroso cuando las familias son tan pobres que no tienen condiciones de atenderlas porque esos tratamientos son bastante caros.

Por tanto, que podamos integrar en estos conceptos las enfermedades de Gaucher, Fabry, Pompe o mucopolisacaridosis nos permite resolver un pendiente que tenemos con esta población infantil, que desafortunadamente no tendría otras condiciones para verse beneficiada por la terapia de reemplazo enzimático o, como se conoce, TRE, que consiste en suministrar a esos pacientes enzimas que su cuerpo no produce. Por tanto, el día de hoy agradezco la oportunidad y la justeza del punto de acuerdo que ha asignado la Junta de Coordinación y ojalá que tengamos condiciones de poder resolver de manera ya programática y de manera mucho más estructural que este tipo de enfermedades, junto con otras que faltan, se garanticen desde el sector salud, más allá de si los niños, si las niñas están beneficiados o no por la seguridad social, o por el seguro popular. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No hay más oradores; está suficientemente discutido este asunto. Continúe la Secretaría.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Perdón; permítame, señora secretaria.El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde la curul: Señor Presidente, a favor de este punto de acuerdo. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A favor. El diputado García Tinajero tiene el uso de la tribuna por cinco minutos para expresarse a favor de este punto de acuerdo.El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, honorable Asamblea: vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo porque, sin duda, su aprobación subsanaría una situación que se dio durante la pasada discusión del Presupuesto, cuando la compañera diputada Angélica de la Peña proponía que del presupuesto de la Secretaría de Salud se destinara una parte mínima, aproximadamente 30 millones de pesos, para los medicamentos de reemplazo enzimático de los pacientes con enfermedad de Pompe, Fabry, Gaucher y otras que ella señaló. Es loable que ahora se trate de rectificar ese error, que fue producto de la poca atención que a veces nos ponemos unos a otros, del cansancio de aquella sesión y de los acuerdos a que se había llegado, planchando un Presupuesto que algunos no consideramos fue el adecuado para este país.

Sin embargo, tenemos que señalar también que el rubro de gastos catastróficos se destina fundamentalmente para las personas que están inscritas en el sistema de protección social en salud y que el grupo de pacientes a los que la diputada hizo referencia, además de ser rarísimos, además de ser muy pocos..., lo que no implica que no se les deba prestar la atención adecuada: todos los mexicanos tienen derecho a la atención adecuada en salud, pues seguramente no estarán inscritos varios de ellos o muchos de ellos o quizás la totalidad en el sistema de protección social en salud. Ese tipo de enfermos generalmente es atendido en hospitales nacionales de referencia y en los institutos nacionales de salud, como podría ser el Instituto Nacional de Pediatría o como podría el Hospital Infantil de México.

Creo que, independientemente de que hay que apoyar el punto de acuerdo, hay que añadir un inciso más que cubriría a los que no estén en el apartado de gastos catastróficos y que no tengan Seguro Popular. Aquí sería en este sentido: ``Se exhorta a la Secretaría de Salud para que de su presupuesto destine los recursos necesarios para el reemplazo enzimático que requieren los pacientes con enfermedad de Gaucher, Pompe, etcétera'', y que se haría llegar a los hospitales nacionales de referencia y al Instituto Nacional de Pediatría, que es donde se atienden estos pacientes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En términos del artículo 122 de nuestro Reglamento, se concluye este debate. Continué la Secretaría.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado en los términos, el comunicado de la Junta de Coordinación Política; y comuníquese esta determinación.

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MEXICO - VENEZUELA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Continúe la Secretaría. Como ha solicitado la Junta de Coordinación Política, la lectura de esta proposición de la propia Junta la va hacer el diputado Pedro Vázquez González, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual la Cámara de Diputados establece que impulsará la realización de conversaciones entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de Venezuela con el objetivo de contribuir, por medio de la diplomacia parlamentaria, a la superación de las diferencias diplomáticas surgidas entre los Gobiernos de México y de Venezuela en días recientes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados José Alberto Aguilar Iñárritu del grupo parlamentario del PRI; Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD; Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT; y Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Esta soberanía impulsará la realización de conversaciones entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de Venezuela con el objetivo de contribuir, por medio de la diplomacia parlamentaria, a la superación de las diferencias surgidas entre los Gobiernos de México y de Venezuela en días recientes.

Segundo. Esta soberanía se pronuncia por la pronta normalización de las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de México y de Venezuela, en beneficio de sus gobiernos y de ambos pueblos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica en abstención), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Nos ha solicitado hacer uso de la tribuna para hablar en pro el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia, señor Presidente. Estamos, en el grupo parlamentario de Acción Nacional, perfectamente de acuerdo con el espíritu de este punto de acuerdo. Qué mejor que tener una coadyuvancia para que las relaciones entre México y Venezuela sean óptimas. Estamos de acuerdo y damos nuestro sí, pero nuestro sí tiene que pasar por un pleno respaldo a la institución presidencial mexicana, porque somos mexicanos.

Tiene que pasar por un reconocimiento de que el ejercicio de la diplomacia parlamentaria no puede exceder la coadyuvancia, toda vez que la conducción de la política exterior es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo federal; es decir, el Presidente de la República y también tiene que pasar por una previa consulta, acuerdo y coordinación con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, para conocer a fondo cuál es la actual situación, cómo se está trabajando con la Cancillería venezolana, y para no contrariar el sentido constitucional que nos rige. Pero también, hay que decirlo, hay que ubicar que la normalización de las relaciones pasa por un cese de las acciones injerencistas de Venezuela en México. Hay que tener un poco de memoria y ubicar lo que el año pasado, en mayo, decía el embajador Lino Martínez en México: que --decía explícitamente-- Andrés Manuel López Obrador era el Hugo Chávez para México y que ambos eran como una luz para sus países.

Hay que recordar que por esos hechos, el embajador tuvo que retirarse de este país por violentar nuestra Carta Magna. Hay que recordar también que el embajador que le siguió, Vladimir Villegas, a pocos días de tener sus cartas credenciales en México, fue a un evento de campaña política de Marcelo Ebrard Casaubón y que, contrariando también nuestro sentido constitucional, nuestra soberanía nacional, se inmiscuyó en la política interna del país. Por esas acciones recibió una amonestación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hay que también estar muy cuidadosos, ya que hay algunos legisladores de este Congreso que están más prontos a adherirse al ofensor a las instituciones nacionales que a respaldar este país. Hay que estar cuidadosos porque esta diplomacia parlamentaria no puede ser del tipo de la que ejemplificó el diputado del PRD, que fue a la manifestación de Hugo Chávez, con relación a este tema.

Creemos, pues, que sí debe haber una coadyuvancia. Creemos, pues, que debe haber unos trabajos que, en sintonía con el Poder Ejecutivo, coadyuven a una mejor relación; sí, pero que también cesen las tentativas de Venezuela de influir en el proceso electoral mexicano de 2006 y que se retiren las ofensas que se vertieron por parte de ese Presidente a nuestro Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Asimismo, para hablar en pro, y en los términos del 122 de nuestro Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Juan José García Ochoa, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.El diputado Juan José García Ochoa: Qué bueno que el diputado que me antecedió habló de una estrategia de diplomacia, pues la diplomacia es justamente en este momento la construcción de acuerdos. No se puede decir que estamos a favor de hacer diplomacia parlamentaria y venir a verter nuevamente acusaciones contra quienes queremos justamente tender un puente. La valoración de por qué en este momento puede ser importante la diplomacia parlamentaria es porque ambos Ejecutivos se encuentran de alguna manera detenidos por lo que han dicho, por lo que han declarado y porque también se vuelve complicado para ellos, para ambos, retractarse de lo dicho. Sin embargo, ambos han señalado también, ambos Ejecutivos, la necesidad de que tengamos buenas relaciones entre ambos pueblos.

Entonces hay que buscar y coadyuvar a encontrar un puente de encuentro y entendimiento que ayude a nuestra diplomacia a restablecer nuestras relaciones normales con Venezuela. Ése es el objetivo, y el PRD se suma a ese objetivo. Si quieren, discutimos las posiciones de Venezuela en el momento en que tengamos que hacerlo, pero hoy venimos a discutir las posibilidades de la diplomacia parlamentaria. Nosotros hemos dicho con claridad, como grupo parlamentario del PRD, y también el resolutivo que emitió el Comité Ejecutivo Nacional que nuestra preocupación central en este conflicto es la buena relación que debe existir entre México y Venezuela. Las discrepancias que hay entre Jefes de Estado en América Latina no son novedad, ni son solamente de los últimos cinco años. Ha habido discusiones fuertes sobre temas geopolíticos y geoestratégicos en América Latina por lo menos en los últimos 30 o 40 años, que han puesto a prueba nuestra diplomacia y que en ningún momento habían colocado a México en la situación de retirar embajadores.

Nos hemos quedado solos en discusiones en la OEA, como país con una posición contra todos los Jefes de Estado, contra todos, y no decidimos retirar embajadores. Nuestros Presidentes han sido acusados de muchas cosas y no hemos, a pesar de eso, retirado embajadores; y no lo hemos hecho porque nuestra política exterior había puesto como prioridad mantener buenas relaciones con América Latina, independientemente de sus gobiernos, de las declaraciones de sus Jefes de Estado; habíamos decidido como país que nuestra prioridad era tener una buena relación con América Latina. Eso es lo que hay que rescatar, y no seguir haciendo caso de voces que quisieran que nuestras relaciones se deterioraran con países o con gobernantes con los que ideológicamente no se coincide.

Nosotros tampoco coincidimos en cómo gobiernan algunos Presidentes en Europa o en América Latina. El PRD no coincide, no es nuestro proyecto. No lo haríamos así en México; sin embargo, esto no significa que si estamos en el gobierno, vamos a tratar que nuestro Presidente asuma una posición de partido o ideológica, como resolvió la Reunión de la Democracia Cristiana en América Latina, de hacer la guerra a Chávez y el Presidente hacer eco a una ideología internacional en vez de asumir una posición de Estado. Entonces, queremos ver al Presidente con una posición de Estado y por eso queremos ayudar. Si el Presidente no ha podido o quiere esperar sentado a que le den disculpas, pues nosotros vamos a ser activos y a proponer un puente parlamentario para ver si es posible restaurar nuestras relaciones normales con un país hermano como Venezuela. Ése es nuestro objetivo y queremos decir que por eso estamos a favor de este punto de acuerdo para fortalecer nuestra diplomacia parlamentaria.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No tengo... Sí, señor diputado.El diputado Carlos Jiménez Macías (desde la curul): Señor Presidente, para pedirle que consulte a la Asamblea si puede abrir una ronda de oradores.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Cómo no, señor diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, a la Asamblea si se abre una nueva ronda de oradores, en los términos de los artículos 122 y 123 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que se abra una nueva ronda de oradores, con fundamento en los artículos 122 y 123 del Reglamento.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia desea preguntar a la Asamblea si hay diputados que quieran registrarse para hablar en contra... a favor... diputado Carlos Jiménez, el diputado... perdón diputado, me solicitó la palabra el diputado Pedro Ávila. En consecuencia, en términos del 122, para hablar a favor, diputado Pedro... Pedro Ávila, ¿a favor?... A favor. Tienen el uso de la palabra los diputados Carlos Jiménez y Pedro Ávila para hablar a favor, en los términos del artículo 122. No registré oradores para hablar en contra; en consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Jiménez, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.

El diputado Carlos Jiménez Macías: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: frente a la insensatez, es de aplaudir la sensatez de este punto de acuerdo. Nos parece, a los diputados priístas, que esta disputa irracional en que han caído nuestros dos gobiernos tenga que convocarnos ahora a nosotros a querer ver quién lleva más agua a su molino, de los partidos. Tan inadmisible es venir aquí a hacer acusaciones de apoyos a partidos o a candidatos, como hacer el juego a las locuras --con respeto lo digo-- de un Presidente como Chávez. Creo que la sensatez que nosotros debemos de tener es a favor del país y, perdónenme, a favor del Presidente Fox.

No podemos compartir los diputados del PRI el aprovechamiento político de estos desaciertos, pero cuando se toca de manera importante la institución de la República, los diputados tenemos que hacer a un lado nuestros intereses partidistas y nuestros intereses electorales. No es válido, por más que se quiera justificar, que haya legisladores que vayan a un país extranjero a participar en un mitin, a pesar de que afirmen que lo hacen de manera personal, cuando además son testigos de que el diferendo está tomando dimensiones delicadas para los dos países. No podemos atizarle el fuego, pero no podemos permitir que el Presidente Chávez falte el respeto a la Presidencia, que es una institución y que, independientemente de quién la gane, necesitamos que sea una Presidencia respetable. Tampoco podemos dejar que el gobierno mexicano no retome la vía de la diplomacia. Pero hay un planteamiento que, a mi juicio, debemos ponderar y es el del gobierno mexicano, que nadie puede descalificar que está en la ruta correcta.

Todos dicen quién empezó el pleito. Aquel señor así lo dice. No se trata de pleitos. Comparta yo o no la posición de Fox, él llevó un planteamiento de una visión económica del mundo y quiso empujarlo. La discusión es si en el país ese planteamiento tiene consenso; ésa es otra discusión. Pero ahí él asumió una posición que podemos no compartir personalmente --en ese plan estoy--; lo que sí sé es que la respuesta del Presidente Chávez fue de manera grosera porque el Presidente no hizo más que defender una visión que él tiene de Estado y que quiso empujarla, y la respuesta del señor fue de burla y fue de falta de respeto a la institución del Presidente y a este país. Y tampoco podemos jugar así nosotros. Reclamamos del Gobierno Federal prudencia, ponderar la política que a lo largo de la historia de la humanidad ha funcionado y que es la diplomacia.

Y nosotros, contribuir con la diplomacia parlamentaria, hoy un instrumento valioso para que las naciones se acerquen más a través de sus parlamentarios, no para seguir atizando el fuego, como ahorita estamos observando en este debate. Estamos a favor del punto de acuerdo porque nos parece sensato y en medio de la desmesura hay que convocar a la mesura y no venir aquí a caer otra vez en la desmesura porque entonces somos incongruentes con el punto de acuerdo que estamos hoy suscribiendo y que estamos apoyando como un gesto de contribución a la solución de las diferencias entre dos gobiernos, que tienen que superarse porque estos dos pueblos han estado hermanados durante mucho tiempo. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de pelearnos con una nación como Venezuela por muchas razones. Por eso creo que la convocatoria es a la mesura, a la diplomacia y, otra vez, a tratar de reconstruir algo que hoy está lastimado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Nos ha solicitado el uso de la tribuna el diputado García Tinajero para rectificación de hechos. Tiene usted el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos.El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Pido la palabra para rectificación de hechos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Hechos de quién, del orador anterior? Se la concederé al final de la lista de oradores.El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, honorable Asamblea, honorable Presidente: qué triste que dos pueblos hermanos como el de México y el de Venezuela se encuentren hoy confrontados por los dislates de sus Presidentes. Qué triste que nuestro Presidente haya ido a Mar del Plata no solamente a ofender, no solamente a mantener una posición que no podemos considerar como la que mantenemos la mayoría de los mexicanos, a criticar al Presidente de la República Argentina, a denostar al Presidente de Venezuela, a denostar a un ciudadano argentino por hacer de su libre, de su libertad de expresión.

No consideramos que esto sea lo correcto. No consideramos tampoco correcto que el Presidente de nuestro país haya ido a defender el ALCA y haya ido a defenderlo como si ésta fuera, como dijo el compañero diputado del PRI, una política de Estado, cuando ni siquiera se ha discutido en México. Fue a introducir un tema que ni siquiera estaba en la agenda de la Cumbre de Mar de Plata.

Esperamos que estos hechos bochornosos pronto sean simplemente una anécdota, una anécdota que deje una memoria muy tenue en la historia de la relación entre nuestros pueblos, una anécdota como también debe serlo el hecho de que algunos pretendan explotar un ánimo patriotero y envolviéndose en la bandera nacional nos digan: ``Hay que defender al Presidente, hay que defender la investidura Presidencial'', cuando el primero que no respeta esa investidura es el propio Presidente de la República, y de eso hay suficientes muestras en cada una de las visitas que hace al extranjero.

Y dejemos lo anecdótico y vayamos a lo sustancial: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tres asuntos fundamentales que veo que tienen que discutirse. El primero es si la política exterior mexicana que se ha seguido durante este sexenio ha sido la adecuada. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los aquí presentes, ¡no! Y se ha dicho en esta tribuna que el Presidente de la República, el Ejecutivo ha acabado con una política exterior que dio lustre y prestigio a México. El Presidente de la República no se ciñe a los principios constitucionales que deben regir nuestra política exterior.

Se acabó la igualdad jurídica de las naciones; se acabó la autodeterminación y respeto de la soberanía de otras naciones; se acabó la no intervención; se acabaron muchos de los preceptos que regían nuestra política exterior. Y hay un segundo punto. Hay que prepararse para más encontronazos, hay que prepararse para más diferendos. ¿Por qué? Porque en esta ocasión están chocando dos visiones diferentes sobre lo que debe ser la integración de los pueblos de América, una visión que es la que mantiene el Presidente de la República, no sé si por voluntad o no del pueblo de México, porque eso no se ha discutido aquí, que tiene que ver con la prevalencia de la Doctrina Monroe hasta nuestra época con la hegemonía de Estados Unidos sobre nuestras naciones, sobre condiciones de comercio desiguales, una propuesta colonialista contra una propuesta de integración de los pueblos de América en igualdad de condiciones. Y, por último, también resulta trágico que algunos quieran aprovechar este diferendo para abonar a las cuestiones internas.

Creo que tanto Chávez está en vísperas de procesos electorales y probablemente pretenda lo mismo allá, en Venezuela, pero vamos a hablar de México. Quieren equipar a uno de los candidatos a la Presidencia de la República con Chávez, que es un figura mediáticamente desprestigiada y quieren crear en la mente de la gente ese vínculo con el fin de obtener ventajas electorales en julio de 2006. Desde aquí, desde esta tribuna, les decimos: hay cosas en las que el PRD difiere, y mucho, de Chávez y de otro mandatario de Latinoamérica. Hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, y se los decimos bien claro, el PRD, como partido político y ahí están sus estatutos, su declaración de principios, ahí hay muchos documentos del partido, no está por la forma de integración latinoamericana que promueve el Presidente de la República. Eso tiene que quedar bien claro, sin que esto se interprete como la hermandad con Chávez. Mantenemos esa visión, junto con otros muchos ciudadanos de América y junto con otros muchos pueblos de América, pero que no se quiera utilizar esto con fines electorales y no se quiera crear en la gente una unidad que no existe. Nos deslindamos de Chávez, pero no nos deslindamos del proceso alternativo de integración latinoamericana. Gracias.

El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Martínez Álvarez, me ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputado Martínez Álvarez?El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez (desde la curul): Para hechos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Para hechos? Permítame, señor diputado. ¿Hechos en relación con el último orador?El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez (desde la curul). En conjunto.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En conjunto. Entonces al final de la lista de oradores, señor diputado. Diputado Pablo Alejo, ¿con qué objeto?El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): Para hechos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿En relación con lo que acaba de señalar el orador?El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): En general.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En general. Lo enlistamos, diputado Pablo Alejo. Tiene el uso de la tribuna el diputado Pedro Ávila Nevárez, hasta por cinco minutos.El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente. Qué tristeza que la política del gran sinaloense Genaro Estrada y la política del insigne mexiquense Isidro Fabela de la no intervención y autodeterminación de los pueblos haya sido olvidada por este gobierno. No venimos aquí a esta tribuna a defender a Hugo Chávez ni venimos a defender al Presidente Fox, que ha cometido innumerables irregularidades en la política internacional de México, que por más de 70 años los gobiernos priístas levantaron inhiesta y llena de gloria en todos los confines de la patria por los Presidentes que fueron electos por el pueblo de México y que crearon las instituciones sobre las que hoy gobierna el gobierno panista. ¡Qué tristeza!

Venimos aquí simplemente a protestar porque el Presidente Chávez ha insultado la institución presidencial y, como aquí se dijo, la institución presidencial, represéntela quien la represente, nos representa a todos los mexicanos, y cualquier mexicano bien nacido no debe estar de acuerdo en que otro Presidente extranjero insulte al Presidente de todos los mexicanos, sea del partido que sea. A eso venimos aquí, a esta tribuna, porque estamos conscientes de que México ha sido baluarte de las libertades de nuestros hermanos latinoamericanos. Recuérdese la política de ese hombre criticado por muchos, de ese hombre fuera de serie que se llama Luis Echeverría Álvarez y que cuando la dictadura de Pinochet trajo a todas esas gentes que lucharon con Salvador Allende por democratizar a esa república hermana de Chile, los trajo para acá a México.

Recordemos al Presidente Cárdenas cuando la dictadura de Francisco Franco, cómo trajo a nuestros hermanos españoles a tierra mexicana. Recordemos, cuando el conflicto de El Salvador, cómo nuestra patria se hermanó con esos hermanos nuestros. Y recordemos al tlaxcalteca y gigante Emilio Sánchez Piedras cuando dijo por medio de esta tribuna, la más alta de la República, al Embajador de Estados Unidos en México que en la crisis de Cuba le asistía la razón al heroico pueblo de Cuba. México ha sido el hermano mayor de Latinoamérica y ahora nos convertimos en una burla de la política internacional de México porque el Presidente, en lugar de representarnos, va y representa a Estados Unidos y a Bush allá en la Cumbre de las Américas.

No estamos de acuerdo en esto; estamos de acuerdo en criticar a Chávez que, como aquí se dijo es ``un loco'', pero no estamos de acuerdo en que el Presidente esté haciendo política contra nuestros hermanos latinoamericanos. México seguirá adelante, como dijo Adolfo López Mateos, porque México es el país que sostiene las libertades y las instituciones de Latinoamérica y la política Estrada y la política de Isidro Fabela son los que gobiernan los intereses de este pueblo nuestro, que va hacia delante. No venimos aquí a hacer campaña política por algún candidato de algún partido; venimos a protestar porque es una bajeza que se insulte la institución presidencial y a todos los mexicanos. Estamos en contra de esto. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, diputado Pedro Ávila Nevárez. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Emilio Serrano Jiménez, quien solicitó hacer uso de la voz para rectificación de hechos, en relación con lo manifestado por el diputado Carlos Jiménez Macías.El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado Presidente. Es muy importante lo que dijo mi amigo, el diputado Carlos Jiménez Macías, pero también es importante que reflexionemos en que hace años el pueblo de México veía como símbolos nuestra Bandera Nacional, el Himno Nacional, el Escudo Nacional y mucha gente veía al Presidente de la República como otro símbolo de todos los mexicanos. Y, efectivamente, este Presidente, que ganó con la mayoría de los votos de los mexicanos, Vicente Fox Quesada, un gran vendedor, uno de los más grandes vendedores del mundo, que no sabe qué vende pero vende, él ha desprestigiado esa imagen de la alta investidura del Presidente de México, es el primero que ha faltado a esa alta investidura. No es posible que frente a los medios de comunicación chifle a su esposa como si fuera un animal.

No es posible que haga mofa del pueblo de México, de la pobreza y del hambre, que vaya a una cumbre porque ya se acostumbró a actuar como empleado de Estados Unidos de América. Él ya no trabaja en Coca-Cola, le debe de quedar claro. Es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no es empleado de George Bush, no es defensor de Estados Unidos, que no necesitan defensa; ellos se saben defender solos. Y a ustedes les consta, compañeras y compañeros diputados, diputadas, que fui el primero que votó en contra de que se permita salir al Presidente Vicente Fox del país porque cada vez que sale mete la pata, la riega, en desprestigio de la imagen de este pueblo que tradicionalmente ha sido pacifista, México.

Y la aclaración que quiero hacer es que no hay un conflicto entre los pueblos de Venezuela y México; hay un conflicto entre gobernantes. Uno fue a insultar; el otro se defiende e insulta al Presidente de México, que ahí sí nos unimos todos para defender lo que representa el Presidente de México, para defender nuestra Bandera, nuestro Himno Nacional y nuestro Escudo Nacional. Pero hay que reflexionar y decir al Vicente Fox Quesada que se olvide de que no es empleado de la Coca-Cola, no es empleado de George Bush, no es empleado de Estados Unidos de América; es candil de la calle y oscuridad de su casa.

Es importante que aprobemos este punto de acuerdo, pero que también hagamos reflexionar al Presidente de todos los mexicanos que antes de hablar y hacer propuestas consulte al Congreso, que somos los representantes del pueblo, para ver si es correcto lo que va a decir o no, porque comete errores que perjudican a toda la nación. Hay mandatarios ``locos'', efectivamente, que por un momento de loquera rompen relaciones con otras naciones y les declaran la guerra. Por eso se han dado las grandes batallas mundiales, por mentes enfermas que no les importa cuantos humanos van a morir en un conflicto bélico, pero se creen los enviados de Dios. Uno de ellos es George Bush, Hussein y otros como Hitler, que se sintieron iluminados, y ``gracias'' a ellos, a sus errores hubo matanzas, masacres. Es importante que reflexionemos en que no hay rompimiento de los lazos de amistad y de hermandad entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de México; seguimos siendo hermanos. Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del partido de Convergencia, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos.El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros: considero fundamental que este tema tan delicado, que es la relación fraterna que debe existir con Venezuela en el caso particular, por las intervenciones que hemos escuchado y que --desde luego-- son respetables, pudieran confundir aún más lo que todavía no queda muy claro para muchos de los mexicanos. Iniciaría afirmando algo que, creo que todos coincidimos, nos molesta, nos ofende que se lesione la institución presidencial, y eso fue lo que sucedió. Esto no quiere decir que estemos a favor de una propuesta de integración como la que se fue a hacer en Argentina.

Para entender mejor el asunto, lo plantearía de la siguiente manera: Vicente Fox, como Ernesto Zedillo, como Carlos Salinas, cree en el ALCA. Lo que hizo Vicente Fox en Argentina fue hacer un señalamiento de su propia convicción, en el sentido de que no era conveniente haber llevado un tema tan trascendente a un campo de futbol. El partido de Convergencia considera que la respuesta a esa posición, que puede ser respetable, como lo fue en su momento para los dos Presidentes anteriores, fue una respuesta que lesiona la institución presidencial, que fue una ofensa directa al Presidente de los mexicanos. Convergencia tampoco comparte lo del ALCA; no creemos en una integración teniendo como vecinos a Estados Unidos. ¿Por qué?

Porque como lo hizo en Europa, la Unión Europea, hay desigualdades: las islas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, hay grandes asimetrías y desequilibrios pero, vuelvo a insistir, debemos decir con toda claridad que el Poder Legislativo no está en contra ni a favor de determinado Presidente. El Poder Legislativo, simple y sencillamente, debe asumir una actitud para que esta relación se reanude con la mayor brevedad.

Reconozco que el Presidente Chávez, en la manifestación que hizo a su favor, afortunadamente no calentó ya los ánimos, que por sí se encontraban caldeados. Hoy, a los legisladores también nos toca la prudencia, independientemente de nuestras simpatías o antipatías que tengamos por los Presidentes de ambos países. Creo que ésta es una cuestión que debemos hacer a un lado en este momento y debemos esperar a que México, por los conductos que corresponden, la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga el trabajo político y diplomático para que este incidente penoso ya no se repita.

Por tanto, compañeras y compañeras, no quisiera que este diferendo de visiones sobre el alza o de simpatías o antipatías personales o de que se quiera lastimar a un partido político, por el hecho de haber asistido algunos de sus integrantes, no debe confundir aún más a la opinión pública. Todos estamos de acuerdo en que debe existir y deben reinar la prudencia y la reflexión; es la única manera en que puedan retomarse los cauces de la diplomacia, no calentemos más pues el ambiente en este Poder Legislativo, donde veo que finalmente todos coincidimos, más allá de nuestros puntos de vista muy particulares, acerca de la política exterior y acerca de la visión que tenemos de cada uno de los Presidentes de México y de Venezuela. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna el diputado Pablo Alejo López Núñez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso, señor Presidente. Hoy, los mexicanos estamos ofendidos, nos ha ofendido clara, directa, sustancialmente el Presidente, el representante del Estado venezolano; y es lo primero que hay que aclarar: los mexicanos estamos ofendidos. No podemos permitir porque si lo hiciéramos, no sabríamos qué tendríamos que defender, que el jefe de una nación, independientemente de la tradición histórica y hermandad entre sus pueblos, sea el que denueste, el que manipule y el que termine ofendiendo al representante de los mexicanos; no lo podemos permitir, señoras y señores diputados.

Lo que tenemos que hacer es que tampoco podemos permitir, como vinieron aquí a hacerlo algunos diputados del PRD, es que sean los propios mexicanos los que hayan estado en esta tribuna hace unos minutos para denostar la figura presidencial y con ello ofender a los mexicanos. Nosotros estamos ciertos de que el Presidente de la República, como dijo bien aquí el diputado Jiménez Macías, fue a exponer, en uso de sus atribuciones, fue a exponer una posición definitiva a la reunión en que, como resultado, recibió ofensivas por parte del Presidente Chávez. Y estamos ciertos de que recibió ofensas y estamos ciertos de que recibió denostaciones no propias de un Jefe de Estado y no propias de los mexicanos. No queramos ocultar, señores diputados del PRD con la actitud que hoy asumen, que ustedes permanentemente han ido a caer a los brazos de Castro y han ido a caer a los brazos de Chávez, que quieren llevarnos prácticamente a pedir disculpas, a pedir perdón al Presidente que ha ofendido a los mexicanos.

No quieran ocultar la coincidencia de sus programas y sus ofertas políticas, que denuestan la libertad de los pueblos, ¿qué es lo que quieren ofrecer a los mexicanos? Quieren ofrecerle una postura, un postulado, quieren ofrecerle una serie de propuestas que estén encaminadas a someter la política internacional de nuestro país a los criterios del populismo. No, señores diputados, no debemos permitirlo. No quieran entregarnos a los mexicanos; no lo vamos a permitir. Hay que dejar en claro dos cosas: primero, los mexicanos de este país exigimos respeto a las instituciones, exigimos disculpas de quienes nos ofenden.

En nuestro grupo parlamentario estamos a favor de que se creen, que se hagan labores diplomáticas, como dijo aquí el diputado Rodrigo Iván Cortés, siempre que éstas coincidan con la política exterior de nuestro país, que está regulada por el Senado de la República y que debe ser dirigida por el Presidente Vicente Fox y el canciller Derbez. Y también que esté dirigida esta diplomacia, como se ha dicho aquí, esos esfuerzos diplomáticos para reavivar esta relación porque México nunca ha estado peleado con el mundo, siempre y cuando se exija y se cumpla lo que ha exigido la política internacional de nuestro país que en este momento está trazando la Cancillería.

Señores diputados del PRD: no nos confundan, ustedes proponen a los mexicanos una política de sumisión a las tácticas populistas que hoy ofrecen sus candidatos. Digámoslo claro; lo que ofrecen sus candidatos, lo que ofrece López Obrador, es lo mismo que Chávez, ofender a los mexicanos. Amigas y amigos diputados: el llamado es a que contribuyamos a reanimar esa política exterior de México, pero esa política humanista que ha empezado a delinear el Presidente Vicente Fox y no una política de ocultamiento en la que hemos vivido por muchos años y de doble discurso. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítanme, señores diputados. Tengo, y concedo el uso de la palabra si hay alguna rectificación. Tengo registrado al diputado Emilio Serrano Jiménez para rectificación de hechos, tengo registrado al diputado Rafael García Tinajero Pérez para alusiones personales y tengo...El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado De la Vega.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente, el diputado Serrano subió para hechos y quiere nuevamente hacer rectificación de hechos posteriormente; la lista de oradores ya se agotó. Le sugeriría respetuosamente que consultar a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido; y, si la Asamblea lo determina, puede usted conceder el uso de la palabra en esos términos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, recojo su propuesta. En los términos del artículo 23 de la Ley Orgánica, estando también en los términos del artículo 20, siendo facultades y atribuciones de esta Presidencia dirigir los debates, vamos a proceder en consecuencia a lo siguiente y también me ha solicitado la palabra el diputado Carlos Jiménez, para rectificación de hechos, para alusiones personales. Sonido a la curul del diputado Carlos Jiménez.El diputado Carlos Martín Jiménez Macías (desde la curul): Señor Presidente, sólo para adherirme a la propuesta del diputado en el sentido de que fuera usted tan gentil en consultar a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Esta Presidencia quiere dirigir el debate con la mayor equidad posible y, de tal manera, eficaz, que haga productiva la discusión y, finalmente, la aprobación del punto de acuerdo. En consecuencia, esta Presidencia va a conceder el uso de la voz al diputado Emilio Serrano Jiménez por tres minutos para rectificación de hechos. Posteriormente consultaré a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido... Tiene usted la tribuna. Tiene el uso de la tribuna, diputado Emilio Serrano, por tres minutos, para rectificación de hechos. Posteriormente consultaré si el asunto está suficientemente discutido.El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (desde la curul): Señor Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sonido a la curul del diputado Gustavo de Unanue.El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: (desde la curul): Señor Presidente, nada más para decirle que considero que tienen razón tanto el diputado Jiménez Macías como el diputado De la Vega, puesto que seguimos debatiendo algo que todos vamos a votar a favor. Creo que ya está suficientemente discutido, y pediría que actuara en consecuencia.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, señor diputado, ya he tomado una decisión que me parece equitativa en función del último orador. El diputado Emilio Serrano, por tres minutos, para rectificación de hechos, y posteriormente consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.El diputado Emilio Serrano Jiménez: Gracias, diputado Presidente. Fíjense que hay muchos diputados, incluso del PRD, que reconocen y admiran la posición de diputados del PAN, pero desafortunadamente unos, en lugar de ayudar a su Presidente, echan más fuego a la hoguera. Y si ustedes tienen acceso a Vicente Fox, porque el pueblo no, díganle que se comporte como Presidente de todos los mexicanos. Que él represente efectivamente una nación cuando va a extranjero; que tenga cuidado con lo que dice, con lo que expresa y lo que representa al exterior. Díganselo, porque él ha sido el primero que ha faltado al respeto a la alta investidura presidencial.

Ustedes, si son sus amigos, porque lo defienden, díganle que ya no la riegue, que no se eche más desprestigio porque también está afectando a su partido, y lo vamos a ver en las elecciones próximas. Está luchando contracorriente el PAN por culpa de Vicente Fox Quesada. Me extraña mucho que lo vengan a defender aquí, cuando en la conciencia de muchos, muchos diputados y diputadas del PAN, saben que Vicente Fox la está regando.

Y, efectivamente, aquí podemos decir que corrija el rumbo, que no nos parece, lo podemos criticar fuertemente, pero no estamos de acuerdo en que se ofenda a la alta investidura que representa el Presidente, pero que no dé pretexto, que no provoque la molestia y la ira de otros mandatarios. Fue a meter la pata en Argentina, reconózcanlo, y después a involucrar al pueblo de México, que nos ofendieron a todos; ofendieron a Vicente Fox, no a la nación mexicana, no al pueblo de México, porque nosotros seguimos peleando y lo seguiremos haciendo como PRD, porque se mantengan la hermandad y los lazos de amistad con todos los pueblos de la Tierra, que exista la paz. Ésa es nuestra lucha, diputado.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ahora, consulte si se aprueba la proposición de la Junta de Coordinación Política en sus términos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba en sus términos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

Se encuentran de visita en el recinto alumnos del quinto año de la escuela primaria Margarita López Farfán, invitados por el diputado Marcos Morales Torres. Sean bienvenidos jóvenes estudiantes, a este recinto. Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar una investigación sobre posibles hechos de corrupción en el Consejo Estatal Electoral

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que diversos diputados de los distintos grupos parlamentarios presentaron, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero para que realice una investigación sobre posibles hechos de corrupción en el Consejo Estatal Electoral.

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ha solicitado el uso de la tribuna para hablar en pro la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, para hablar en pro, la diputada María del Rosario Herrera Ascencio.La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el 16 de noviembre se transmitió un video en el programa El Cristal con que se Mira, de Televisa, donde se muestra el presunto soborno de 3 mil 250 millones de pesos para favorecer a la empresa Servicios, Asesorías y Materiales Electorales, SA, o SAMESA, para la impresión de la papelería de las elecciones del 6 de febrero y el 2 de octubre. Los hechos involucran directamente a los ex consejeros Alejandro Ortiz Hernández y Alfonso Neri Celis, pero también se alude al ex Presidente del Consejo Estatal Electoral Seferino Cruz Lagunas y a su actual Presidente, Emiliano Cruz Lozano, como al ex consejero Víctor Manuel Trani Clemente y al representante del PRI, Roberto Torres Aguirre.

En el video difundido se observa al ex consejero estatal electoral Alejando Ortiz Hernández, que pretende vender a un particular el cheque girado a su cuenta de la sucursal 0433, por la empresa referida, por un monto de 3 millones 250 mil pesos, entregado con el fin de que los consejeros aprobaran la firma del contrato de compraventa de la papelería electoral con SAMESA. Consideramos un grupo de compañeros diputados que signamos este punto de acuerdo y que celebramos que la Junta de Coordinación Política haya hecho suya, para que se fortalezca el Consejo Estatal Electoral en Guerrero como institución y que el esclarecimiento de estos hechos sirva además para que sienten las bases y que otros diputados federales de otras entidades federativas puedan hacer lo propio, ya que en dicho programa, en el video se muestra muy claramente cómo se operó ese contrato de licitación.

En el mismo programa se alude a que existen alrededor de otros 15 estados de la República Mexicana donde se ha favorecido a esa empresa con este tipo de licitaciones. Esta investigación pretende no favorecer a algún partido político en particular, sino que nosotros, como diputados federales, enviemos señales de nuestra preocupación porque en el estado de Guerrero no se vuelvan a repetir actos de posible corrupción que se están dejando en evidencia y se tenga que investigar a fondo con la mayor brevedad.

Con este punto único de acuerdo se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero a que se realice una investigación sobre el posible caso de corrupción en el Consejo Electoral de Guerrero, difundido en los medios de comunicación, que involucra a los servidores públicos del mismo. Es lamentable que el actual Presidente del Consejo Estatal Electoral, se presume, esté involucrado en estos actos. Esperamos, compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de que se realicen estas investigaciones. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, diputada. No tengo más oradores; continué la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En seguida realizaremos la votación económica para ver si se aprueba, solicitando antes a los señores diputados y a las señoras diputadas que pudieran ponerse de pie para manifestar el sentido de su voto.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al Gobierno Federal a utilizar de manera profesional ante el panel de la OMC todos los recursos disponibles para defender a los productores mexicanos y a no ceder a las presiones externas por destruir nuestra planta productiva

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, que el diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía y al Gobierno Federal para que ante el panel de la OMC se utilicen de manera profesional todos los recursos disponibles para defender a los productores mexicanos y no se ceda ante las presiones externas por destruir nuestra planta productiva.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese. Permítame, secretaria.

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VISITANTES EXTRANJEROS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia da la más cordial y calurosa de las bienvenidas a la delegación de parlamentarios italianos, integrados por los diputados Bruno Tabacci, Valerio Calzolaio, Ramon Mantovani y Ruggero Ruggeri, todos ellos acompañados por el excelentísimo señor Felice Scauso, embajador de Italia en México, en ocasión de la Tercera reunión interparlamentaria México-Italia, que se celebra en el Palacio Legislativo de San Lázaro del 22 al 26 de noviembre. Señores diputados, les agradecemos su presencia en ésta, su casa, la Cámara de Diputados del Congreso mexicano. Estamos seguros de que esta reunión fortalecerá los históricos lazos de diálogo, amistad y cooperación entre ambos Parlamentos. Enhorabuena; bienvenidos. Muchas gracias. Continúe la Secretaría.

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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se exhorta a las Legislaturas estatales faltantes a establecer la violencia intrafamiliar como causal de divorcio en el Código Civil de sus respectivas entidades

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a todas las Legislaturas estatales cuyas legislaciones no contemplan la violencia intrafamiliar como casual de divorcio a que reformen sus Códigos Civiles en el sentido de incluir como casual de divorcio la violencia intrafamiliar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, oordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Nos ha solicitado el uso de la tribuna para hablar en pro el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Diputado Tamborrel, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias; con el permiso de la Presidencia: en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es mañana, vengo a esta tribuna. La mujer en el México del siglo XXI, lamentablemente y a pesar de los grandes avances, sigue siendo objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales. Seguimos encontrando actitudes discriminatorias en diversos campos, como el educativo y el laboral. Sin embargo, en el ámbito de la familia la mitad de las mujeres mexicanas son agredidas y en este espacio los daños y las secuelas de los mismos son mayores. De ahí, la gran importancia y responsabilidad de avanzar en la protección de los derechos de la mujer al interior de la familia; de ahí la razón del presente punto de acuerdo.

La familia es el espacio natural donde hombres y mujeres se forman como auténticos seres humanos; donde adquieren principios y valores, donde se gravan conductas. Para Acción Nacional, la familia es el pilar más importante para la formación de valores; y su protección se convierte en una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de nuestro país. La familia es el espacio donde el ser humano se siente o se debe sentir seguro y protegido de las amenazas que presenta el exterior. Por ello, la persona humana es más vulnerable ante las agresiones que se dan en su interior. Por todo lo anterior, la protección de la familia debe observarse como una responsabilidad prioritaria de la sociedad y gobierno. Sin familias sanas, integradas y armónicas no seremos capaces de construir un país sólido, fuerte, donde exista una oportunidad de desarrollo integral para todas y todos, independientemente del proyecto de nación que la mayoría elija.

Encuestas oficiales realizadas hasta el momento en la República Mexicana orientadas a cuantificar el problema de la violencia, en particular la encuesta sobre violencia intrafamiliar del INEGI, en 1999, señalan que uno de cada tres hogares sufre algún tipo de violencia, que las víctimas más frecuentes en todo tipo de maltrato son las hijas e hijos y la cónyuge; y que de los hogares que reportaron algún tipo de violencia, 85 por ciento tiene como jefe a un hombre y 15 por ciento a una mujer. Por otra parte, la reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada por el INEGI e Inmujeres, da a conocer que de las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, 47 por ciento, prácticamente la mitad, reportó algún incidente de violencia emocional, física, económica o sexual, violencia y discriminación que, estrictamente, la víctima como ser humano no tiene por qué padecer y menos de manera reiterada o frecuente.

De ahí que podamos afirmar que tenemos, acorde con la responsabilidad del Estado de proteger a la familia y particularmente a las víctimas de la violencia intrafamiliar y entre ellas a las mujeres, la imperiosa necesidad de establecer como causal de divorcio la violencia intrafamiliar. Una mujer, un ser humano no tiene por qué vivir ni permanecer legalmente casada con otra persona que la maltrata, que la discrimina, que no le respeta los derechos fundamentales. Por ello, compañeras y compañeros, me permito convocarlos a votar a favor del presente punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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LEY DE AMPARO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVIII Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del dictamen No. 115 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de la H. XVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día diez de noviembre del año en curso, con fundamento y para los efectos precisados en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Mexicali, BC, a 11 de noviembre de 2005.--- Dip. Elvira Luna Pineda (rúbrica), Presidenta; Dip. Elías López Mendoza (rúbrica), Secretario.

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVIII Legislatura.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Dictamen No. 115

Honorable asamblea

La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 55, 56, fracción II, 57, 61, fracción I, y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis, dictamen y aprobación, en su caso, Iniciativa de reforma que adiciona un párrafo al artículo 77 y adiciona un artículo 77 bis a la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Raúl López Moreno y Gilberto Daniel González Solís a nombre del grupo parlamentario del PAN de la XVIII Legislatura del Congreso del estado de Baja California el 7 de abril de 2005.

Antecedentes de la iniciativaI. Con fecha 7 de abril de 2005 los diputados Raúl López Moreno y Gilberto Daniel González Solís, presentaron ante el Pleno de este Congreso iniciativa de reforma que adiciona un párrafo al artículo 77 y adiciona un artículo 77 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en la facultad conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el 13 de abril del 2005, mediante oficio número 00899 de fecha 12 de abril de 2005.

III. Una vez recibida la iniciativa en comento y analizada que fue en todos y cada uno de sus términos, la Comisión que suscribe en cumplimiento con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California realiza el presente dictamen sobre la base del siguiente:

I. Estudio y análisis

A. Intención de la iniciativa

La iniciativa planteada pretende a través de la adición de un párrafo al artículo 77 y la adición de un artículo 77 Bis a la Ley de Amparo que el juzgador tenga la obligación de establecer en forma clara y precisa los alcances de las resoluciones que emita y con ello dar cabal cumplimiento al principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en los artículos 17, párrafo segundo, y 107, fracción XVI, de la Constitución federal.

Se propone mediante esta iniciativa: insertar en la Ley de Amparo la institución de aclaración de sentencia, que si bien es cierto ha sido reconocida en materia de amparo mediante la tesis de jurisprudencia 94/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que en muchas ocasiones el quejoso o tercero perjudicado no puedan ver satisfecha su garantía de justicia completa en virtud de que las sentencias de amparo no resultan lo suficientemente claras para determinar los derechos y obligaciones que ellas generan, aspecto que quiere abatirse con la inclusión clara de la aclaración de sentencia en la Ley de Amparo.

La institución de aclaración de sentencias que los inicialistas proponen se convierte en un instrumento valioso para que la autoridad responsable cumplimente debidamente las sentencias de amparo, puesto que tendrá la posibilidad de solicitar al tribunal que las dicte aclare algunos de los puntos que puedan resultar ambiguos, oscuros o contradictorios o, en su caso, se pronuncie sobre omisiones del documento.

B. Marco legal de la iniciativa

La naturaleza de la iniciativa es regulada por los siguientes ordenamientos jurídicos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las fracciones I y II del Artículo 105.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sus artículos 76, 76 bis, 77, 79, 80 y 81, todos relativos a la sentencia en materia de amparo.

C. Análisis general de la iniciativa

El inicialista resalta en su exposición de motivos que la pretensión Legislativa de incluir la figura de aclaración de sentencia, se desprende de que en muchas ocasiones el Congreso del estado ha figurado como autoridad responsable en los juicios de amparo, y que las sentencias pronunciadas por los tribunales de control de constitucionalidad no cumplen, a su juicio, con los principios de certeza y eficacia, ya que en ellas se hacen pronunciamientos ambiguos sobre los actos para los cuales se concede el amparo y protección de la justicia federal, sin especificar en forma clara los derechos y obligaciones que surgen en esa norma jurídica individualizada para cada una de las partes, lo que ha ocasionado la incertidumbre jurídica para el quejoso, el tercero perjudicado, la autoridad responsables y en general a la sociedad bajacaliforniana sobre la forma de cumplimentar las sentencias con fiel apego a los principios de constitucionalidad y legalidad.

A efecto de analizar de manera particular las reformas que se proponen, se realiza un cuadro comparativo de las reformas a efecto de clarificar la intención legislativa del promovente y realizar los comentarios jurídicos procedentes:

Texto vigente de la Ley de Amparo

Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo.

Reforma propuesta a la Ley de Amparo

Artículo 77. .....

I ....

II. ....

III. ....

Cuando la sentencia conceda el amparo, además de los requisitos que se señalan en las fracciones anteriores, se deberá señalar en su último considerando, sus alcances y efectos, fijando con precisión los órganos obligados a cumplimentarla, los actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos que sean necesarios para dar certeza jurídica a las partes sobre los derechos y obligaciones que les genera y permitan asimismo, su eficaz cumplimiento.

Artículo 77 Bis. Cuando la sentencia cause ejecutoria, las partes podrán solicitar por una sola ocasión, al tribunal que la dictó, la aclare cuando aprecien que en ésta se contienen conceptos ambiguos u oscuros o existan contradicciones u omisiones.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D. Análisis particular de la iniciativa.

La pretensión contenida en esta propuesta, argumentan los inicialistas, es algo que cuenta con total reconocimiento en el orden jurídico mexicano y especialmente en otras normas jurídicas que regulan medios de control de constitucionalidad, como lo es la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la fracción IV del artículo 41 de este ordenamiento establece lo siguiente:

Artículo 41. Las sentencias deberán contener: fracción IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para que su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

Para entrar al análisis particular del concepto que los inicialistas proponen se incluya en la Ley de Amparo, primero debemos comprender la naturaleza de la aclaración de sentencia. Para Alfredo Rocco la sentencia es ``...el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés''. (Rocco, Alfredo. La sentencia civil. La interpretación de las leyes procesales. México. Cárdenas, editor y distribuidor. 1985, p.51).

Para el procesalista Becerra Bautista, la palabra sentencia significa en términos generales ``la resolución del órgano jurisdiccional que resuelve una controversia entre partes, con fuerza vinculativa para éstas.'' (Introducción al estudio del derecho procesal civil, México, Cárdenas, editor y distribuidor, 1977, p. 191).

La sentencia de amparo constituye el punto culminante de todo nuestro régimen jurídico, en ella queda sintetizada la vigencia de los derechos de los gobernados protegidos por la Constitución y el apego de los órganos del poder a los principios de legalidad y constitucionalidad, en los que descansa el estado de derecho. Supone la expresión última de la relación entre la ley y las normas individualizadas, sin las cuales el derecho en verdad no puede adquirir su plena realidad de hecho. Implica un largo recorrido en donde el derecho de cada quien puesto a debate se resuelve conforme a técnicas rigurosas de razonamiento jurídico e interpretativo.

Por ser el amparo un sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad, la sentencia concesoria resume la doble finalidad del juicio de amparo: En primer lugar, preservar la supremacía de la ley fundamental y, en segundo, proteger la esfera jurídica del gobernado contra el acto relativo del poder público.

Una vez abordados los aspectos generales de la sentencia, es pertinente resaltar como es considerada la sentencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aspecto que ayudara a vincular este criterio con la naturaleza de la figura de la aclaración de sentencia.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico o como documento. Como acto jurídico, la sentencia es inmutable, pero como documento puede corregirse el error que se haya cometido en el documento.

Tan importante criterio, permite al juzgador corregir el error producido en la sentencia documento, y salvar un error, que bien puede modificar el verdadero sentido de la sentencia acto jurídico.

Lo anterior quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia número 490, en la que quedó consignada la diferencia entre el acto de derecho y el escrito en que se plasma, misma que establece:

``Séptima época

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 24 Quinta parte

Página: 32

Sentencia: Inmutabilidad de la, como acto jurídico y no como documento.

La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica.

De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente.''

Aclarar significa, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española: ``Del latín acclárare; de ad, a, y clarus, claro) tr. disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de alguna cosa. Poner en claro, declarar, manifestar, explicar.'' (Madrid, 1984, 20a Ed., p.18).

Rafael de Pina y Vara sostienen que la aclaración de sentencia es la ``facultad conferida a las partes para pedirla y potestad del juez ejercida para aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión de la sentencia con referencia a algún punto discutido en litigio. La aclaración de sentencia, aunque existan opiniones en contrario, no es un verdadero y propio recurso, pues, evidentemente, en este caso no se trata de impugnarla, sino de conseguir su aclaración. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su artículo 84, autoriza a los jueces y tribunales para aclarar algún concepto (de la sentencia) o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio, pudiendo hacerlo de oficio o a instancia de parte.'' (Diccionario de derecho. Editorial Porrúa, México 1989, pp. 43 y 44).

En el derecho argentino a esta institución procesal se le denomina aclaratoria de sentencia. La Enciclopedia jurídica Ameba, consigna al respecto: ``1. Finalidad de la aclaratoria. Con la aclaratoria o aclaración de sentencia van unidas la corrección y la adición de la misma, formando una sola institución procesal, mediante la cual se hace posible aclarar cualquier concepto oscuro, corregir cualquier error material y suplir cualquier omisión. Concepto oscuro. La oscuridad o claridad de un concepto es cuestión puramente idiomática, que el juez deberá examinar con cuidado a fin de evitar abusos en el ejercicio de la aclaratoria. Si los términos son lo suficientemente claros, no deberá explicarlos ni insistir sobre ellos sino que se deberá limitar a decir que la petición es improcedente en virtud de esa claridad. La oscuridad no debe confundirse con la equivocación; ni la aclaratoria puede servir para encubrir una equivocación; ni la aclaratoria puede servir para encubrir una reposición totalmente improcedente; y, en definitiva, sin perjuicio de realizar la aclaración por la vía correspondiente, se deberá decidir si se trata en realidad de una aclaración o de una alteración de pronunciamiento. Pero el concepto oscuro cuya aclaratoria se solicita ha de referirse a la sentencia del juez, sin que sea procedente renovar el debate sobre interpretación y aplicación de leyes, doctrinas y jurisprudencia hechas por el tribunal al fallar el asunto. Aunque a veces los tribunales, con una amplitud que puede considerarse negación de la finalidad de la aclaratoria y de la letra y del espíritu del Código, hayan llegado a admitir aquélla cuando se ha fundado en que el tribunal de alzada ha resuelto contradictoriamente casos similares, por lo que se desea contar con una base que permita al recurrente adoptar una conducta en casos futuros. Error material. Creo que por error material ha de entenderse aquel que no sea conceptual ni intelectual; aquel que no se refiera la manera de discutir del juez, sino a la expresión escrita de ese discutir. Se ha considerado que el error material ha de ser evidente, de tal manera que la realidad de la intención defectuosamente expresada resulte cierta de una fácil investigación, excluyéndose cualquier valoración compleja, pues, en otro caso, la aclaratoria podría obligar a un nuevo juicio y da lugar a una nueva voluntad en contradicción con la anterior. Nuestros tribunales se han opuesto a modificaciones en las sentencias que entrañaban la introducción en ellas de una nueva construcción lógica; y han resuelto que no se puede, por vía aclaratoria, dejar sin efecto una condenación declarada por error. Omisión. En lo que se refiere a este aspecto, el texto de las leyes terminante: la omisión ha de referirse a algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio, a pesar de lo cual en algún caso se ha dado, lugar a la aclaratoria que se refería a esas pretensiones. Pero, con bastante recurrencia, se ha querido hacer uso de la aclaratoria, no para obtener pronunciamiento sobre una cuestión planteada y que el juez hubiera dejado de resolver, sino para tratar de obtener pronunciamientos relativos a cuestiones no planteadas. La jurisprudencia ha debido salir al paso, para prohibir que, al amparo de la aclaratoria, los litigantes se aparten de los puntos litigiosos.'' (Enciclopedia jurídica Ameba, Argentina, 1954, tomo 1, pp. 284 y 285).

De acuerdo con los criterios de la tesis con antelación citada, la corte considera a la sentencia como acto jurídico o como documento; tratándose del acto jurídico, el fallo es inmutable; en cambio, como documento, puede y debe ser corregido para que concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente.

Otra jurisprudencia que resulta aplicable respecto a la naturaleza de la aclaración de sentencia es la siguiente:

``Aclaración de sentencia, naturaleza de la. Amparo. En ningún caso la aclaración de sentencia modifica la misma en lo substancial; su objeto es, como su nombre lo indica, solamente precisar y distinguir datos y conceptos esenciales ya establecidos en la resolución; pero de ninguna manera introducir otros nuevos de tal naturaleza. Por tanto, es inexacto que, de aclararse dicha sentencia, quede sin materia el amparo directo interpuesto contra la misma.''

(Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, tomo CXXVIII, p. 340).

Con base en los elementos antes destacados se arriba a la convicción de que la aclaración de sentencia es una institución procesal necesaria en el juicio de amparo, que ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por finalidad: aclarar y corregir errores materiales y oscuridades de la resolución.

Lo anterior con la intención de hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Por lo que debe precisarse que la razón de ser de la aclaración de sentencia obedece a la necesidad de corregir y suplir los errores u omisiones en la sentencia ejecutoria, a fin de que no impidan su debido cumplimiento.

Las partes no pueden ni deben quedarse con una sentencia ejecutoria que sea oscura o que contenga yerros o equivocaciones, de ahí la importancia de que esta figura sea un derecho que debe estar textualmente previsto en la Ley de Amparo para que pueda ser exigido por las partes afectadas o beneficiadas por la sentencia.

Es de resaltarse que no es impedimento el hecho de que la aclaración de sentencia no se encuentre reglamentada en la Ley de Amparo para estimar la procedencia oficiosa de la aclaración de la ejecutoria de garantías, lo anterior en virtud de que se trata de un derecho fundamental reconocido por nuestra Carta Magna, en el artículo 17 constitucional, mismo que establece:

``Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.''

Lo anterior pone de manifiesto que es un derecho fundamental elevado al rango de garantía constitucional, el que la impartición de justicia sea completa, esto es, que agote las cuestiones planteadas, lo que se traduce en que las resoluciones que se dicten deben ser congruentes y exhaustivas. Tal objeto no podría alcanzarse sin la figura de la aclaración de sentencia, que permite aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir error o defecto material de la ejecutoria.

Por la importancia y trascendencia de las ejecutorias dictadas en el juicio de amparo, no pueden dejarse sin aclarar o corregir, máxime si su ambigüedad, oscuridad o contradicción, omisiones, o bien sus errores materiales impiden su debida ejecución; pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, éste no podrá ser cumplido.

Sin embargo este derecho actualmente es acotado a la aclaración oficiosa de ejecutoria, misma que no es considerada como un recurso, ni un medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial para modificarla, revocarla o anularla, toda vez que como quedó precisado, no se afecta a la sentencia como acto jurídico (consistente en la declaración del juez que hace respecto a la solución planteada) sino que únicamente corrige el error del documento para que éste armonice con el acto decisorio correspondiente o en su defecto aclara obscuridades en la misma, de ese modo se pueda cumplir cabalmente con el imperativo constitucional de que se imparta una justicia completa, y no a medias o fragmentaria, dejando incólume el principio de inmutabilidad de la sentencia.

Al respecto resulta pertinente citar los razonamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que motivaron el establecimiento de la siguiente jurisprudencia:

``Novena época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VI, diciembre de 1997

Tesis: P./J. 94/97

Página: 6

Aclaración de sentencias de amparo. Sólo procede oficiosamente y respecto de ejecutorias.

La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo.''

De la jurisprudencia con antelación citada, se desprenden en síntesis, las siguientes afirmaciones:

``a) La aclaración de sentencias es una institución que tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos que se cometieran al dictar un fallo.

b) La aclaración de sentencias es aplicable en materia de amparo, a pesar de su falta de regulación expresa, en virtud de que el artículo 17 constitucional consagra el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; además de que al existir discrepancia entre la sentencia, entendida como acto jurídico, y la sentencia, como documento, es necesario modificar este último para adecuarlo a aquélla.

Las consideraciones que anteceden sustentan el criterio de que la aclaración de sentencia es aplicable en materia de amparo, aún ante su falta de regulación en la ley de la materia, pero sólo oficiosamente y respecto de ejecutorias, dejando fuera del supuesto, que esta procesa a solicitud de las partes, aspecto que da sustento jurídico suficiente a la propuesta de los inicialistas a efecto de que la figura de la aclaración de sentencia se establezca de maneta textual en la Ley de Amparo como un derecho del que gocen las partes en el juicio de garantías.

Es importante comentar que si bien la figura de la aclaración de sentencia es prevista por el Código Federal de Procedimientos Civiles en el artículo 223 que a la letra dice: Sólo por una vez puede pedirse la aclaración de sentencia o de auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres días siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame.

Y que al respecto el artículo 2 de la Ley de Amparo que establece. ``El juicio de amparo se substanciará y se decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles''.

Se presumiría que la figura de aclaración de sentencia prevista por el Código Federal de Procedimientos Civiles debiere aplicarse de manera supletoria, sin embargo este criterio no es reconocido por la corte, ya que existen tesis que prevén que en materia de amparo no es de aplicarse de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de clarificar lo expresado se transcriben a continuación las siguientes tesis:

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: 217-228 Tercera parte

Tesis:

Página: 9

Rubro: Aclaración de ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte. Improcedentcia de la.

Texto: Si se solicita, con apoyo en los artículo 221 y 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles la aclaración de una ejecutoria dictada por esta Segunda Sala en un juicio de amparo en revisión, como tal institución de aclaración de sentencia no se encuentra prevista en la Ley de Amparo ni se surten los requisitos necesarios para la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, en los términos solicitados, resulta improcedente la petición y debe desecharse.

Precedentes: Aclaración de sentencia en el amparo directo 10884/84. Promotora Mexicana de Hoteles, Sociedad Anónima. 24 de junio de 1987. Unanimidad de 4 votos.

Ponente: Atanasio González Martínez.

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: 121-126 Primera parte

Tesis:

Página: 13

Rubro: Aclaración de ejecutorias de la Suprema Corte. Iimprocedencia de la.

Texto: Si se solicita, con apoyo en los artículos 221 y 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la aclaración de una ejecutoria dictada por este alto tribunal en Pleno en un juicio de amparo en revisión, como tal institución de aclaración de sentencia no se encuentra prevista en la Ley de Amparo ni se surten los requisitos necesario para la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en los términos solicitados, resulta improcedente la petición y debe desecharse.

Atendiendo lo anterior, se deduce que si bien la figura de aclaración de sentencia se prevé de manera textual en la ley supletoria de la Ley de Amparo, esta disposición sólo es aplicable en caso de aclaración de sentencia oficiosa y sobre sentencia ejecutoria, mas no es aplicable a la solicitud de aclaración sentencia hecha por las partes, por lo que el derecho de las partes de solicitar la aclaración de sentencia no se encuentra salvaguardado por lo que la reforma propuesta aporta un derecho a las partes que actualmente no es reconocido de manera expresa por la Ley de Amparo, pero sobre todo garantiza el estricto cumplimiento del artículo 17 de la Constitución federal en el sentido a que: ``toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial''.

Por otro lado la redacción propuesta por los inicialistas en lo que hace al segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo es de señalarse que es una redacción similar a la que ya se establece en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en este sentido los inicialistas trasladan este supuesto y redacción a la Ley de Amparo para garantizar una mayor claridad en las sentencias de amparo, haciendo armónica la redacción que se propone con un supuesto ya regulado en materia de controversias constitucionales.

Al respecto se considera que la forma de la redacción podría ser un poco más clara a efecto de que no sea redundante con el resto del artículo, pero es de señalarse que no afectaría el fondo de la propuesta, lo que se propone es aplicar una técnica de redacción con contribuya a fortalecer la propuesta de los inicialistas.

Por lo que hace a la adición del artículo 77 Bis propuesto por los inicialistas a efecto de incluir la figura de aclaración de sentencia, como ya se señalo con antelación, es una figura no prevista por la Ley de Amparo, no obstante su importancia para lograr una justicia completa en los términos del artículo 17 constitucional, sumado a que esta figura en materia de amparo como ha quedado resuelto por la Corte Suprema sólo se aplica a aclaración de sentencia de manera oficiosa y sentencia ejecutoria, por lo que el otorgar este derecho a las partes es por demás loable.

En este sentido se estima pertinente comentar que si la intención de los inicialistas es establecer esta figura de manera más amplia, se sugiere que no se acote el derecho de las partes a solicitar la aclaración de la sentencia hasta que esta cause ejecutoria, es decir cuando hayan transcurrido los plazos previstos por la Ley de Amparo para interponer los recursos de revisión, queja o reclamación en su caso; ya que este supuesto limita el derecho de las partes e impediría que soliciten la aclaración de sentencia antes de que esta cause ejecutoria, por lo que se sugiere una redacción más genérica que permita que las partes puedan solicitarla en cualquier momento la aclaración de sentencia, asimismo se sugiere establecer los tiempos para interponer la solicitud de aclaración.

Por lo anterior, y tomando como base el análisis y razonamiento jurídico planteado, se dictan los siguientes:

Considerandos

Primero. Que la fracción III del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho iniciar leyes o decretos de carácter federal de las Legislaturas de los estados, por lo que en uso de esa facultad se emite el presente dictamen.

Segundo. Que con fecha 7 de abril de 2005; los diputados Raúl López Moreno y Gilberto González Solís, a nombre del grupo parlamentario del PAN, presentan Iniciativa de reforma que adiciona un párrafo al artículo 77 y adiciona un artículo 77 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Que la intención de la iniciativa planteada es la de establecer en la Ley de Amparo la obligación del juzgador de establecer en forma clara y precisa los alcances de las resoluciones que emita y con ello dar cabal cumplimiento al principio de certeza jurídica contenido entre otros, en los artículos 17 párrafo segundo de la Constitución federal, así como la de incluir en la Ley de Amparo la figura de aclaración de sentencia, que si bien es cierto ha sido reconocida en materia de amparo mediante la tesis de jurisprudencia 94/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que en muchas ocasiones las partes no pueden ver satisfecha su garantía de justicia completa en virtud de que las sentencias de amparo no resultan lo suficientemente claras para determinar los derechos y obligaciones que ellas generan, aspecto que quiere abatirse con la inclusión clara de la aclaración de sentencia en la Ley de Amparo.

Cuarto. Que la institución de aclaración de sentencias que los inicialistas proponen es un instrumento valioso para que la autoridad responsable cumplimente debidamente las sentencias de amparo, sumado a que las partes tendrá la posibilidad de solicitar al tribunal que las dicte aclare algunos de los puntos que puedan resultar ambiguos, oscuros o contradictorios en el documento, derecho que actualmente no puede ejercerse, en virtud de que la aclaración de sentencia sólo procede de manera oficiosa y sobre sentencias ejecutoriadas y no a petición de parte.

Quinto. Que del estudio jurídico realizado a la iniciativa que se dictamina respecto al contenido del la sentencia se encontró que son aspectos que cuentan con total reconocimiento en el orden jurídico mexicano y especialmente en otras normas jurídicas que regulan medios de control de constitucionalidad, específicamente la fracción IV del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las características que deberán reunir las sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita respecto de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, redacción que es similar a la propuesta por los inicialistas, aspecto que contribuirá a que en materia de amparo las sentencias sean emitidas con mayor claridad por el juzgador.

Sexto. Que por lo que hace a la inclusión dentro de la Ley de Amparo de la figura de aclaración de sentencia, al entrar al análisis de la naturaleza jurídica de esta figura, así como de diversas tesis jurisprudenciales se encontró que si bien es cierto el artículo 2 de la Ley de Amparo establece la supletoriedad en lo no previsto por esta Ley del Código Federal de Procedimientos Civiles y de cuya interpretación se presumiría que la figura de aclaración de sentencia prevista por el artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles debiere aplicarse de manera supletoria, este criterio no es reconocido por la Corte Suprema, esto se afirma en virtud de que existen tesis que prevén que en materia de amparo no es de aplicarse de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera genérica, sino sólo cuando la aclaración de sentencias es oficiosa y sobre sentencias ejecutorias, aspecto que limita el derecho de las partes a solicitarla.

Séptimo. Que al no ser aplicable la solicitud de aclaración sentencia hecha por las partes, tal como ha quedado de manifiesto en las tesis jurisprudenciales de la Corte Suprema que se plasmaron en el presente dictamen, en las que se argumenta que la aclaración de sentencia que es una figura no prevista en la Ley de Amparo, es por demás loable la reforma planteada ya que mediante esta se pretende salvaguardar el derecho de las partes a solicitar la aclaración de sentencia, aportando un elemento legal para proteger un derecho que actualmente no es reconocido de manera expresa por la Ley de Amparo, pero sobre todo que garantizaría el estricto cumplimiento del artículo 17 de la Constitución federal en el sentido a que: ``Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.''

Octavo. Que fueron remitidos por esta comisión oficios mediante los cuales se solicitó opinión respecto la iniciativa que se dictamina a diversos colegios y barras de abogados del estado, recibiéndose opinión de los mismos en sentido favorable, así como haciendo algunas sugerencias de redacción a la propuesta original para efecto de dar mayor fortaleza a la reforma planteada, aspecto favorable a considerar.

Noveno. Que una vez analizado el presente dictamen en todos y cada uno de sus puntos fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, siendo René Adrián Mendívil Acosta, Gilberto Daniel González Solís, José Francisco Blake Mora, Silvano Abarca Macklis y Carlos Enrique Jiménez Ruiz.

La Comisión que suscribe somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto:

Resolutivo

Único. Es procedente la iniciativa de reforma que adiciona un párrafo al artículo 77 y adiciona un artículo 77 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 77. .....

I ....

II. ....

III. ...

Además de los requisitos que se prevén en las fracciones anteriores, la sentencia deberá señalar sus alcances y efectos, fijando con precisión la autoridad responsable obligada a cumplimentarla, los actos respecto de los cuales opere, los derechos y obligaciones que genere para las partes, así como los elementos que sean necesarios para dar certeza jurídica a las partes de su eficaz cumplimiento.

Artículo 77 Bis.- Cuando la sentencia contenga conceptos ambiguos u oscuros ó existan contradicciones u omisiones las partes podrán solicitar, por una sola ocasión, la aclaración de la sentencia al tribunal que la dictó dentro de los tres días siguientes en que les sea notificada.

Transitorios

Primero. Envíese el presente dictamen a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con fundamento y para los efectos precisados en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.--- Dictamen No. 115.--- Dip. René Adrián Mendívil Acosta (rúbrica), Presidente; Dip. Jaime Xicoténcatl Palafox Granados, Secretario; Dip. José Francisco Blake Mora (rúbrica), Vocal; Dip. Gilberto Daniel González Solís (rúbrica), Vocal; Dip. Elvira Luna Pineda (rúbrica), Vocal; Dip. Silvano Abarca Macklis (rúbrica), Vocal; Dip. Carlos Enrique Jiménez Ruiz (rúbrica), Vocal.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Nacional de Inversión Extranjera.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el documento intitulado Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-septiembre de 2005).

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2005.--- Lic. Alejandro N. Gómez Strozzi (rúbrica), secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.»

«Comision Nacional de Inversiones Extranjeras.

Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero - septiembre de 2005)

1. Introducción.

2. Metodología para la elaboración de la información sobre los flujos de IED.

2.1 Información sectorial y regional sobre la IED.

2.2 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

3. Comportamiento de la IED durante el periodo enero - septiembre de 2005.

3.1 Distribución sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE y de las importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras con inversión extranjera.

3.2 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

APENDICE ESTADÍSTICO

1. Introducción.

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, se hace del conocimiento del H. Congreso de la Unión el presente informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México durante el periodo enero - septiembre de 2005.

El contenido de este informe es el siguiente: en la segunda sección se presenta una explicación relativa a la cobertura y método de recopilación de las diferentes fuentes de información utilizadas para elaborar las estadísticas sobre inversión extranjera directa (IED) en México. En el tercer apartado, se describe el comportamiento de la IED durante enero - septiembre de 2005, destacando el sector económico al que se destinan las inversiones y el país de origen del cual provienen; también, se da a conocer el monto de IED correspondiente a los proyectos de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). Finalmente, se incluye un apéndice estadístico.

2. Metodología para la elaboración de la información sobre los flujos de IED.

Las estadísticas sobre IED presentadas en este reporte son generadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco de México, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Manual de Balanza de Pagos1, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2. La estimación de la IED se integra con los siguientes conceptos:

a) Los montos de la IED notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).- Son las inversiones notificadas al RNIE por parte de personas físicas o morales extranjeras que realizan actos de comercio en México y sucursales de inversionistas extranjeros establecidas en el país3; de sociedades mexicanas con participación extranjera; y, de instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros. Estas cifras corresponden a la inversión realizada por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México4; a las nuevas inversiones, reinversión de utilidades5 y cuentas entre compañías6 de sociedades ya establecidas; y, al monto de la contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles. De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los movimientos mencionados deben ser reportados al RNIE.

También se incluye en este concepto el monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a través de las cuales la IED adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas ya establecidas7.

Las notificaciones al RNIE tienden a darse con un importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizan las inversiones debido, entre otras razones, al periodo de tiempo que se requiere para formalizar el acta de asamblea en la cual se asienta la inversión realizada.

Este rezago se traduce en que el monto de IED reportado al RNIE en un determinado mes corresponde en su mayoría a inversiones realizadas varios meses antes, incrementando así las cifras de IED relativas a los meses anteriores. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un determinado plazo no es definitiva, ya que ésta aumenta posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo. Debido a la existencia de este rezago, se debe tener cuidado en la comparación de los flujos de IED correspondientes a dos periodos, pues las inversiones realizadas durante el periodo menos reciente han tenido más tiempo para haber sido dadas de alta ante el RNIE8.

Por lo expuesto en los tres párrafos inmediatos anteriores, se incluye en el monto total de IED una estimación de los montos ya materializados en enero - septiembre de 2005 pero que no han sido notificados al RNIE. Esta estimación se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el rezago mencionado durante los últimos once años, y con la información de diversos indicadores obtenidos por el Banco de México (información obtenida de diversas áreas del propio Banco; de las empresas; y, de medios especializados de información).

b) El valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión extranjera.- Comprende las inversiones en maquinaria y equipo por parte de empresas maquiladoras con inversión extranjera9. Estas inversiones se realizan por medio de la aportación de activo fijo por parte de las empresas matrices en el extranjero a sus filiales de México bajo un contrato de comodato (préstamo gratuito). Dicho contrato transfiere gratuitamente el uso del activo a la maquiladora para que desarrolle su actividad, pero no se le otorga la propiedad del mismo, por lo cual la sociedad mexicana no puede reportarlo en su contabilidad.

Debido a que las transacciones mencionadas en el párrafo anterior no se incluyen en la contabilidad de la sociedad mexicana, éstas no tienen la obligación de notificar tales inversiones al RNIE. Por ello, estas aportaciones de capital son captadas a través de la información estadística de comercio exterior como importaciones temporales10. La información correspondiente se publica mensualmente, con un rezago de tres semanas.

2.1 Información sectorial y regional sobre la IED.

Se dispone de información desagregada por sector económico, entidad federativa y país de origen, únicamente respecto de los montos notificados al RNIE y de las importaciones de activo fijo efectuadas por empresas maquiladoras, debido a que las estimaciones de la inversión que aún no se reporta al RNIE no incluyen las desagregaciones correspondientes.

Con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras se amplió la cobertura del RNIE, de tal forma que ahora dicho registro capta información oportuna sobre la reinversión de utilidades y cuentas entre compañías; así, se ha incrementado notablemente el porcentaje de la IED total que se presenta desagregado por sector económico, entidad federativa y país de origen.

La información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. Esta misma situación se observa en la clasificación por entidad federativa de las importaciones de activo fijo por parte de sociedades maquiladoras con IED.

2.2 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Finalmente, los montos de IED involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de conformidad con lo establecido en los artículos 8º, 9º y noveno transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, representan un importante indicador de las inversiones por realizarse en el corto plazo. Estas inversiones se incluyen en las estadísticas sobre IED, únicamente a partir de que se llevan a cabo y se notifican al RNIE.

3. Comportamiento de la IED durante el periodo enero - septiembre de 2005.

A continuación se presentan las cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo enero -- septiembre de 2005, recopiladas hasta el 30 de septiembre de ese año, de acuerdo a la metodología descrita en la sección anterior.

IED notificada al RNIE.- Durante el periodo enero - septiembre de 2005, el RNIE recibió notificaciones sobre IED por 12,993.0 millones de dólares (md); de ellos, el 52.4% (6,811.8 md) se realizó en enero - septiembre de 2005; el 15.8% (2,058.7 md), en 2004; el 10.6% (1,377.9 md), en 2003; y el restante 21.2% (2,744.6 md), antes de 200311.

De los 6,811.8 md de IED notificada al RNIE y materializada durante enero -- septiembre de 2005, el 31.3% (2,131.0 md) corresponde a nuevas inversiones; el 37.5% (2,554.8 md), a reinversión de utilidades; y el 31.2% (2,126.0 md), a cuentas entre compañías.

IED realizada pero aún no notificada al RNIE.- Asimismo, se estima que durante enero -- septiembre de 2005, las empresas con IED realizaron inversiones por 3,997.3 md, que corresponden a nuevas inversiones.

Importación de activo fijo por parte de maquiladoras con inversión extranjera.- El valor de las importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras con inversión extranjera se ubicó en 2,084.8 md durante enero - septiembre de 2005.

De esta manera, al 30 de septiembre de 2005, la IED realizada en el lapso enero -- septiembre de 2005 asciende a 12,893.9 md, y se integra en un 47.5% (6,128.3 md) de nuevas inversiones; 19.8% (2,554.8 md) de reinversión de utilidades; 16.5% (2,126.0 md) de cuentas entre compañías; y 16.2% (2,084.8 md) de importación de activo fijo por parte de maquiladoras.

Asimismo, durante enero - septiembre de 2005, la IED provino principalmente de Estados Unidos que aportó 5,908.6 md; España invirtió 919.3 md; Holanda, 789.6 md; Canadá, 226.4 md; Luxemburgo, 200.5 md; Francia, 181.2 md; Alemania, 156.4 md; y otros países, 514.6 md.

3.2 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Durante enero - septiembre de 2005, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizó 18 proyectos de inversión por un total de 3,606.5 md. Los proyectos autorizados en ese periodo se espera que se realicen entre dicho año y el 2006. Los proyectos se ubican en los sectores de servicios (12 proyectos), transportes y comunicaciones (4), comercio (1) y la industria (1).

Notas:

1 Capítulo XVIII del Manual de Balanza de Pagos. Editado en 1993 por el Fondo Monetario Internacional, Quinta Edición.

2 Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. ``Benchmark Definition'', editado en 1996 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Tercera Edición.

3 Se refiere a los establecimientos que para la prestación de servicios abren en México personas morales extranjeras, sin que para ello constituyan una sociedad mexicana.

4 Incluye inversiones en activo fijo y capital de trabajo para la realización de actos de comercio en México. Este tipo de inversiones se refiere a las realizadas por personas físicas o morales extranjeras a quienes el Código de Comercio reconoce personalidad jurídica y la Ley de Inversión Extranjera posibilita a efectuar actividades económicas en México, sin constituirse como una sociedad mexicana.

5 Es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que, por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero, es parte de la IED. En la contabilidad de la balanza de pagos, en congruencia con lo dispuesto en la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, la contrapartida a la reinversión de utilidades de la IED (que se registra en la cuenta de capital como entrada virtual) es una erogación (también virtual) en los pagos factoriales de la cuenta corriente.

6 Se refiere a las transacciones originadas por deudas entre empresas asociadas. Así, incluye tanto préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México, como préstamos o adelantos de pagos de las filiales a sus matrices; estas transacciones son consideradas como IED debido a que significan un ingreso proveniente del exterior, financiado directamente por el inversionista extranjero a su filial en México.

7 Estos movimientos se consideran IED debido a que tienen la finalidad de obtener un interés de largo plazo en empresas mexicanas, lo cual es congruente con la definición de IED de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, página 7, Tercera Edición, 1996), misma que señala lo siguiente: ``La inversión extranjera directa refleja el objetivo de obtener un interés duradero por parte de una entidad residente en una economía (inversionista directo), en una entidad residente en otra economía diferente a la del inversionista (empresa de inversión directa)''. El interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el inversionista directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa.

8 Por ejemplo, sí sería válido comparar las cifras de IED correspondientes al periodo enero - septiembre de 2005, que se tienen registradas hasta el 30 de septiembre de 2005, con la información que se tenía registrada al 30 de septiembre de 2004, relativa al periodo enero - septiembre de 2004.

9 El resto de las inversiones (movimientos en el capital social) realizadas por las maquiladoras, son notificadas al RNIE e incorporadas en las estadísticas correspondientes, toda vez que estas maquiladoras son sociedades mexicanas con inversión extranjera y, por lo tanto, están obligadas a notificar al RNIE sus inversiones en el capital social.

10 No se resta el valor de las exportaciones de activo fijo que, en su momento, ingresó al país con carácter de importación temporal, debido a que se supone un factor de depreciación al 100%.

11 Como ya se explicó, la diferencia entre la fecha de inscripción en el RNIE y la de realización de la inversión, se debe a que los inversionistas no acuden inmediatamente ante el RNIE una vez hecha la inversión, sino que la inscripción tiende a darse tradicionalmente con un rezago importante.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

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COMISION ESPECIAL PARA EL CAMPO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se recibió de la Comisión Especial para el Campo que informe de actividades del 18 de marzo de 2004 al 15 de noviembre de 2005.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

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VIAJES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente me permito remitir a ustedes, para los fines procedentes, copia del oficio número DCP-2430/05 suscrito el día de hoy por Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual solicita se les haga llegar un ejemplar de la carpeta informativa sobre los resultados de la visita de Estado del Presidente Vicente Fox Quesada a la República de Costa Rica, los días 2 y 3 de noviembre de 2005; así como de la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 del mes en curso.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Dionisio Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar al senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y al diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, un ejemplar de la carpeta informativa que contiene los resultados, tanto de la visita de Estado del presidente Vicente Fox Quesada a la República de Costa Rica, los días 2 y 3 de noviembre de 2005, como de la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 de noviembre de 2005.

Atentanente.

Tlatelolco, DF, a 21 de noviembre de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Costa Rica

Visita de Estado (San José, Costa Rica, 2 y 3 de noviembre de 2005)

Programa de actividades del Lic. Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Miércoles 2 de noviembre

14:10 Despegue de la aeronave presidencial con destino a la República de Costa Rica (tiempo de vuelo 2:50 horas) (TP-01)

17:00 Arribo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la señora Marta Sahagún de Fox a la Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría de San José, Costa Rica (Responsables: Protocolo SRE y EMP) (mismo huso horario que la Ciudad de México)

María Carmen Oñate M., embajadora de México en la República de Costa Rica y la embajadora Martha Núñez, directora general de Protocolo y Ceremonial del Estado, suben a la aeronave para invitarlos a descender.

Reciben al pie de la escalerilla: Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica y señora Leyla Rodríguez Stahi de Pacheco, esposa del Presidente de la República de Costa Rica.

Vestimenta: Caballeros: traje oscuro de calle. Damas: traje sastre.

Traslado al templete

Ceremonia oficial de bienvenida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y señora Marta Sahagún de Fox

Participan por México: Comitiva oficial e invitados especiales.

Himno Nacional de Costa Rica.

Himno Nacional Mexicano.

Mensaje del Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica (5 minutos).

Mensaje del Lic. Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (5 minutos).

Nota: Al concluir el mensaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una niña entregará a la señora Marta Sahagún de Fox un ramo de flores.

Presentación de la comitiva oficial de la República de Costa Rica.

Presentación de la comitiva oficial mexicana.

Nota: Inmediatamente después de la presentación, la comitiva oficial mexicana e invitados especiales se trasladarán a sus vehículos

17:30 Salida hacia el Hotel Real lntercontinental.

17:50 Arribo.

Recibe: Ramón Diago, gerente del Hotel Real Intercontínental.

Actividades privadas.

19:10 Salida del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la señora Marta Sahagún de Fox hacia el Teatro Nacional

Vestimenta: Caballeros: traje oscuro. Damas: vestido largo

Nota: La comitiva oficial saldrá 15 minutos antes hacia el Teatro Nacional y se dirigirá al lunetario para ocupar los lugares ubicados del lado izquierdo.

19:30 Arribo.

Reciben: Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica y señora Leyla Rodríguez Stahl de Pacheco, esposa del Presidente de la República de Costa Rica.

Traslado al Palco Presidencial del Teatro Nacional.

Nota: Los cancilleres estarán en el palco que se localiza a la derecha del Palco Presidencial y los embajadores en el palco a la izquierda del Palco Presidencial.

Acto cultural de gala (concierto de piano).

Salutación a los invitados.

Traslado al Foyer.

Ubicación en la mesa de honor.

Nota: La mesa de honor estará compuesta por Presidentes, cancilleres y nuncio apostólico.

Cena de Estado que en honor del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la señora Marta Sahagún de Fox ofrece el Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella y señora Leyla Rodríquez Stahl de Pacheco. (100 invitados y 25 lugares para la parte mexicana.) Participan por México:

1. Dr. Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores.

2. Sen. Flavia Ureña Montoya, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

3. Sen. Gildardo Gómez Verónica, Presidente de la Comisión de Gobernación.

4. Dip. José Guadalupe Osuna Millán, secretario de la Comisión de Presupuesto.

5. Dip. Fernando Alberto García Cuevas, Presidente del Grupo de Amistad México Argentina e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

6. Dip. Carlos Flores Rico, Secretario de la Comisión de Desarrollo Social e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

7. Gral. de Bgda. José Armando Tamayo Casillas, jefe del Estado Mayor Presidencial.

8. Mtro. Rubén Aguilar Valenzuela, coordinador general de Comunicación Social. Presidencia de la República.

9. María Carmen Oñate M., embajadora de México en Costa Rica.

10. Dr. Ángel Villalobos, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Secretaría de Economía.

11. Embajador Ignacio Villaseñor Arano, jefe de la unidad coordinadora del Plan Puebla Panamá. SRE.

12. Embajador Alejandro García Moreno, director general para América Latina y el Caribe. SRE.

13. Lic. Cuauhtémoc Martínez García, Presidente de la Canacintra.

14. Señora Carmen Aristegui Flores, W Radio.

15. Señor Pascal Beltrán del Río, Instituto Mexicano de la Radio.

16. Señor Daniel Moreno, Diario Milenio.

Palabras del Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica (5-8 minutos).

Lectura del decreto

Ceremonia de imposición de la Condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Brindis por el Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica.

Palabras del Lic. Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (5-8 minutos).

Inicio de la cena.

22:00 Fin de la cena.

Salida hacia el Hotel Real Intercontinental.

22:20 Arribo.

Pernocta.

Jueves 3 de noviembre

07:55 Traslado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Salón Real 11 del Hotel Real Intercontinental.

Nota: La señora Marta Sahagún de Fox realizará actividades por separado.

Vestimenta: Caballeros: Traje de calle.

Recibe: María Carmen Oñate M., embajadora de México en Costa Rica.

Ing. Héctor Lee Quirós, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica---México.

Sr. Noel Bustillos, Presidente de Tropigas.

Sr. Samuel Yankelewitz Berquer, Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada de Costa Rica.

Sr. Ramón Pizá, gerente general de Cemex Costa Rica.

Ubicación en la mesa de honor.

Nota: El maestro de ceremonias dará la bienvenida e introducirá a los oradores.

08:00 Desayuno de trabajo que ofrecen los miembros de la Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica-México en honor del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (200 asistentes, 25 lugares para la parte mexicana).

Participan por México:

1 . Dr. Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores.

2. Sen. Flavia Ureña Montoya, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

3. Sen. Gildardo Gómez Verónica, Presidente de la Comisión de Gobernación.

4. Dip. José Guadalupe Osuna Millán, secretario de la Comisión de Presupuesto.

5. Dip. Fernando Alberto García Cuevas, Presidente del Grupo de Amistad México Argentina e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

6. Dip. Carlos Flores Rico, secretario de la Comisión de Desarrollo Social e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

7. Gral. de Bgda. José Armando Tamayo Casillas, jefe del Estado Mayor Presidencial.

8. Mtro. Rubén Aguilar Valenzuela, coordinador general de Comunicación Social. Presidencia de la República.

9. María Carmen Oñate M., embajadora de México en Costa Rica.

10. Dr. Ángel Villalobos, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Secretaría de Economía.

11. Embajador Ignacio Villaseñor Arano, jefe de la unidad coordinadora del Plan Puebla Panamá. SRE.

12. Embajador Alejandro García Moreno, director general para América Latina y el Caribe. SRE.

13. Lic. Cuauhtémoc Martínez García, Presidente de la Canacintra.

14. Señora Carmen Aristegui Flores, W Radio.

15. Sr. Pascal Beltrán del Río, Instituto Mexicano de la Radio.

16. Sr. Daniel Moreno, Diario Milenio.

Palabras de bienvenida del Ing. Héctor Lee Quirós, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México (Cicomex) (2 minutos).

Palabras del Sr. Noel Bustillos, Presidente de Tropigas (5 minutos).

Palabras del Sr. Samuel Yankelewitz Berguer, Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada de Costa Rica (5 minutos).

Palabras del Lic. Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (10 minutos).

Diálogo interactivo.

Nota: Se prevé la entrega de una placa conmemorativa del evento al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

09:00 Fin del Desayuno.

Nota: Se prevé que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos firme el libro de visitantes distinguidos del Hotel Real Intercontinental a su salida del mismo.

09:05 Salida del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la señora Marta Sahagún de Fox hacia el Parque Nacional de Costa Rica.

Vestimenta: Caballeros: Traje de calle. Damas: Traje sastre, vestido corto.

09:30 Arribo.

Recibe: Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica y señora Leyla Rodríguez Stahl de Pacheco, esposa del Presidente de la República de Costa Rica.

Depósito de ofrenda floral y guardia de honor ante el Monumento Nacional de Costa Rica.

Toque de silencio (1 minuto).

Himno Nacional de la República de Costa Rica.

Himno Nacional Mexicano.

Nota: El Excmo. Sr. Presidente de la República de Costa Rica y su señora esposa saldrán adelantados, en tanto el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la señora Fox saludan a los niños del Colegio México.

09:50 Salida del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la señora Marta Sahagún de Fox hacia la Casa Presidencial.

10:00 Arribo.

Reciben: Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica y señora Leyla Rodríguez Stahl de Pacheco, esposa del Presidente de la República de Costa Rica.

Develación de placa alusiva al 25 aniversario de la inauguración de la Casa Presidencial.

Palabras a cargo del Sr. Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto que diseñó la Casa Presidencial (2 minutos).

Traslado de ambos mandatarios y sus cónyuges, así como de los respectivos cancilleres, al despacho presidencial.

Nota: Los integrantes de las comitivas se trasladarán a la Sala de Consejo de Gobierno.

10:10 Reunión privada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y señora Marta Sahagún de Fox con el Excmo. Sr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica y la señora Leyla Rodríguez Stahl de Pacheco.

Participan: Por México: Dr. Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores.

Por Costa Rica: Dr. Roberto Tovar Faja, ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Nota: Paralelamente, las Comitivas sostendrán una reunión en la Sala de Consejo de Gobierno.

Traslado de ambos mandatarios a la Sala de Consejo de Gobierno.

Nota: La señora Fox y la señora De Pacheco se trasladarán a las oficinas de esta última para sostener conversaciones privadas (formato 1+3).

10:25 Reunión ampliada con comitivas.

Participan por México:

1. Dr. Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores.

2. Mtro. Rubén Aguilar Valenzuela, coordinador general de Comunicación Social. Presidencia de la Republica.

3. María Carmen Oñate M., embajadora de México en Costa Rica.

4. Dr. Ángel Villalobos, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Secretaría de Economía.

5. Embajador Ignacio Villaseñor Arano, jefe de la unidad coordinadora del Plan Puebla Panamá. SRE.

6. Embajador Alejandro García Moreno, director general para América Latina y el Caribe. SRE.

11:00 Traslado al Auditorio (Casa Presidencial).

11:05 Firma de la Declaración Conjunta.

Conferencia de prensa conjunta (4 preguntas alternadas, comenzando por medios mexicanos).

11:25 Salida del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la señora Marta Sahagún de Fox hacia la Embajada de México en Costa Rica.

(75 metros este de la Casa Amarilla, Barrio Amón, San José, Costa Rica).

11:35 Arribo.

Encuentro con la comunidad mexicana residente en Costa Rica.

Recibe: Marla Carmen Oñate M., embajadora de México en Costa Rica.

Palabras de bienvenida a cargo de María Carmen Oñate, embajadora de México en Costa Rica (2 minutos).

Palabras de la Sra. Blanca Guzmán Córdova, integrante de la Comunidad Mexicana en Costa Rica (2 minutos).

Nota: Al final de sus palabras, la Sra. Guzmán entregará al Presidente el comprobante del depósito bancario del donativo de la comunidad mexicana en la Republica de Costa Rica para los damnificados en México por los huracanes.

Nota: La embajadora María Carmen Oñate anunciará la entrega del libro La Sede de la Embajada de México en Costa Rica: testimonio de una relación sólida y constructiva, por el Ing. Francisco Tecuapetia Fernández, gerente general de Nestie Costa Rica.

Palabras del Lic. Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

12:00 Salida del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la señora Marta Sahagún de Fox a la Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría de San José, Costa Rica.

Arribo.

Despiden: Sra. Lineth Saborio, primera vicepresidente y ministra de la Presidencia (por confirmar), embajador Marco Vinicio Vargas Pereira, viceministro de Relaciones Exteriores y Culto (por confirmar).

Embajadora Martha Núñez, directora general de Protocolo y Ceremonial del Estado, María Carmen Oñate, embajadora de México en Costa Rica, personal de Embamex Costa Rica.

12:30 Despegue de la aeronave presidencial con destino a la Ciudad de Mar del Plata, Argentina, (Boeing 757-TP-01). (Tiempo de vuelo: 7:35 horas +3 horas de diferencia por huso horario con respecto a San José, Costa Rica).

23:05 Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mar del Plata, Brigadier General Bartolomé de la Colina, Mar de Plata.

Costa Rica

Visita de Estado (San José, Costa Rica, 2 y 3 de noviembre de 2005)

Comitiva oficial mexicana

Lic. Vicente Fox Quesada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Sra. Marta Sahagún de Fox

1. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista Secretario de Relaciones Exteriores

2. Gral. de Bgda. José Armando Tamayo Casillas Jefe del Estado Mayor Presidencial

3. Mtro. Rubén Aguilar Valenzuela Coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República

4. María del Carmen Oñate M. Embajadora de México en Costa Rica

5. Dr. Ángel Villalobos Rodríguez Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Secretaría de Economía

6. Embajador Ignacio Villaseñor Arana Jefe de la unidad coordinadora del Plan Puebla Panamá. Secretaria de Relaciones Exteriores

7. Embajador Raphael Steger Cataño Director general de Protocolo. Secretaría de Relaciones Exteriores

8. Embajador Alejandro García Moreno Director general para América Latina y El Caribe. Secretaría de Relaciones Exteriores.

Costa Rica

Visita de Estado (San José, Costa Rica, 2 y 3 de noviembre de 2005)

Invitados especiales

1. Sen. Flavia Ureña Montoya (PRI) Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

2. Sen. Gildardo Gómez Verónica (PAN) Presidente de la Comisión de Gobernación.

3. Dip. José Guadalupe Osuna Millán (PAN) Secretario de la Comisión De Presupuesto

4. Dip. Fernando Alberto García Cuevas (PRI) Presidente del Grupo de Amistad México-Argentina e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores

5. Dip. Carlos Flores Rico (PRI) Secretario de la Comisión de Desarrollo Social e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores

6. Lic. Cuauhtemoc Martínez García Presidente de la Canacintra

7. Sra. Carmen Aristegui Flores W Radio

8. Sr. Pascal Beltrán Instituto Mexicano de la Radio

9. Sr. Daniel Moreno Diario Milenio.

Cuadro de resultados de la Visita de Estado del Presidente Vicente Fox Quesada

(San José, Costa Rica, 2 y 3 de noviembre de 2005)

Actividad

Discurso de bienvenida.

Resultados

El presidente Vicente Fox, refrendó su compromiso con la integración y el desarrollo de la región mesoamericana. (Anexo 1).

Actividad

Discurso de cena.

Resultados

El Presidente Vicente Fox se comprometió a impulsar el desarrollo económico de Costa Rica y el de los países vecinos a través de intercambios crecientes y de una integración regional mutuamente benéfica. En ese sentido señaló que México está decidido a impulsar proyectos de cooperación e integración novedosos, sostenibles, y que promuevan la prosperidad de los pueblos de la región.

El presidente Vicente Fox fue condecorado con la Orden Juan Mora Fernández en grado de Gran Cruz Placa de Oro. (Anexo 2).

Actividad

Discurso con empresarios.

Resultados

Reconoció los logros alcanzados en el comercio bilateral a 10 años de la entrada en vigor del TLC México-Costa Rica.

Hizo un llamado a los empresarios para sumar esfuerzos como bloque para poder competir con otras regiones del mundo.

El ´presidente Vicente Fox se refirió a la conveniencia de impulsar un proyecto conjunto entre México y los países centroamericanos para establecer en un país del área una gran refinería para procesar productos derivados del petróleo, con la capacidad de atender a todo Centroamérica y al sur-sureste mexicano; así como a fortalecer la interconexión eléctrica entre México y Centroamérica, y la construcción de un gasoducto para enviar GNI, desde Salina Cruz a los países de la región.

Hizo un llamado a alentar la inversión privada para que conjuntamente con la inversión pública se pueda avanzar en proyectos de desarrollo. (Anexo 3).

Actividad

Declaración conjunta.

Resultados

Como resultado de las conversaciones de los Presidentes y sus comitivas se firmó una Declaración Conjunta que recoge los siguientes acuerdos

Brindar un renovado impulso a la relación bilateral a fin de continuar profundizando el diálogo político, las relaciones comerciales, financieras y de cooperación.

Se reafirmó la decisión de consolidar el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla como el foro idóneo para impulsar el diálogo político permanente al más alto nivel entre México y Centroamérica.

Se refrendó el interés de México para que su participación en el SICA complemente los esfuerzos de cooperación y desarrollo que realizan los países centroamericanos.

Se confirmó la disposición de México para que en el marco del SICA se realicen acciones coordinadas, se fortalezca el intercambio de información y se identifiquen medidas para la atención, la prevención y la rehabilitación de las pandillas juveniles (maras) con una visión integral del fenómeno.

Se reafirmó el compromiso de reforzar los vínculos de trabajo en el PPP para facilitar el establecimiento de consensos regionales que promuevan el desarrollo integral y sustentable de Mesoamérica.

Se reiteró el compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar programas de modernización y operación marítimo-portuaria y aeroportuaria, como herramienta fundamental para la competitividad en la región.

Se reafirmó el apoyo para coordinar los trabajos de la iniciativa de transporte en el seno del PPP, con los del Consejo Mesoamericano de Competitividad a fin de impulsar la participación activa del sector privado en proyectos de inversión, así como la búsqueda de alternativas para mejorar el transporte.

Se reiteró el compromiso de intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos naturales en la región, así como el apoyo para poner en marcha el Proyecto de Atlas Mesoamericano de Riesgos, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y el fortalecimiento de capacidades locales para identificar y prevenir riesgos.

Se acordó unir esfuerzos ante la amenaza y riesgos que representan las epidemias y pandemias, como el caso del dengue clásico y hemorrágico y la gripe aviar, y se acordó proponer como tema de agenda de la Organización de Estados Americanos y de la IV Cumbre de las Américas, la búsqueda de mecanismos prácticos para prevenirlas.

Se adoptó el compromiso de seguir trabajando a fin de que empresas de ambos países, en particular las pequeñas y medianas, aprovechen las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio bilateral.

Se adoptó el compromiso de continuar impulsando el intercambio comercial entre ambos países a través de la realización de misiones empresariales y de la participación en las ferias internacionales que celebran ambos países.

Costa Rica reconoció el apoyo técnico que brindará el Gobierno de México en los estudios de la segunda etapa del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería en Puerto Moín, Limón, para llevarla a la alta conversión de conformidad con los estudios de OLADE y ARPEL y el Banco Mundial. Asimismo, se reconoció la conveniencia de que dicho proyecto se incorpore en la agenda de iniciativas energéticas de hidrocarburos del Plan Puebla Panamá.

Cabe señalar que el apoyo de México forma parte de los estudios que se realizarán en Centroamérica para impulsar la construcción de una refinería de petróleo mexicano, con el fin de que la energía se constituya en el eje central de desarrollo de la región mesoamericana.

Se acordó fijar una fecha para iniciar la negociación de un acuerdo en materia de intercambio de información tributaria. En el mismo tenor se reiteró el interés de ambos países en negociar un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

Se giraron instrucciones para que la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y de la Comisión Mixta Educativa y Cultural se lleve a cabo en el marco de la VII Reunión Binacional entre ambos países a realizarse en fecha próxima por definir.

Se adoptó el compromiso de brindar atención prioritaria a los temas relacionados con el arte y la cultura, por considerar que constituyen medios privilegiados para reforzar los lazos de amistad y cercanía entre México y Costa Rica.

En temas regionales, se acordó trabajar conjuntamente para fortalecer el papel del Grupo de Río como el mecanismo idóneo de diálogo, consulta y concertación política de América Latina, así como unir esfuerzos para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) esté en mejor capacidad de fortalecer el sistema interamericano.

Se reiteró la disposición de colaborar de manera conjunta en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y continuar fortaleciendo el sistema multilateral de comercio abierto y basado en reglas como una vía para impulsar el crecimiento y desarrollo económicos.

Se acordó que en el marco de la XLIII Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de la Cumbre de las Américas y la IV Cumbre de Mar del Plata que se realizarán en Argentina, del 1° al 5 de noviembre del presente las delegaciones de México y Costa Rica coordinen posiciones que permitan reanudar las negociaciones del ALCA.

Se reiteró el compromiso de apoyar e imprimir un nuevo impulso a la AEC, en sus ámbitos político, financiero y de cooperación, específicamente el las áreas de turismo y de desastres naturales, así como la celebración de un Acuerdo marco de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

México confirmó su respaldo a la solicitud de ingreso de Costa Rica a la APEC que será presentada durante la XIII Reunión de Líderes de APEC, a celebrarse los días 18 y 19 de noviembre de 2005, en Pusán, Corea.

Se reiteró el compromiso con una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fortalezca la autoridad de la Asamblea General, el papel coordinador del Consejo Económico y Social y promueva una mayor representatividad, rendición de cuentas y transparencia de la labor del Consejo de Seguridad, a partir de una ampliación de sus miembros no permanentes que permita una rotación al interior de los distintos grupos regionales. (Anexo 4).

Actividad

Palabras durante la firma de la Declaración conjunta

Resultados

Se destacaron los diez años de éxito del Acuerdo de Libre Comercio.

Se reconoció que hoy en día un tema fundamental y estratégico para la relación es el tema energético. En ese sentido, se instruyó para que se reúnan los ministros de energía y los ministros de desarrollo económico para plantear bilateralmente soluciones para enfrentar en este momento los altos precios del petróleo y la escasez de energía.

Se instruyó a los ministros de educación para que fortalezcan las redes bibliotecarias, de tal forma que todos los mexicanos y costarricenses tengan acceso a la lectura. De igual manera, para que se desarrollen centros comunitarios donde haya acceso a computadoras, internet, a los libros y a la capacitación. (Anexo 5).

Actividad

Palabras a la comunidad mexicana.

Resultados

El presidente Vicente Fox hizo un reconocimiento a la comunidad mexicana en Costa Rica por ser la vanguardia de México al salir al exterior en busca oportunidades y para abrir nuevos espacios de desarrollo. Se refirió al derecho al voto que tienen los mexicanos fuera de nuestras fronteras.

Se refirió al tema migratorio como una de las prioridades de nuestra política exterior.

Se refirió a los avances logrados por México en materia de superación de la pobreza, salud y educación. (Anexo 6).

Anexo 1

Palabras de bienvenida

Las naciones de la región compartimos no sólo la historia y la cultura, hoy nos hermanan proyectos: Vicente Fox Quesada.

Miércoles, 2 de noviembre de 2005

Discurso/San José, Costa Rica.

Palabras del presidente Vicente Fox Quesada durante la ceremonia oficial de bienvenida que le ofreció el Presidente de la República de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella, que tuvo lugar en la Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría de San José, Costa Rica.

Excelentísimo señor Abel Pacheco, Presidente de la hermana República de Costa Rica; señora Leila Stahl; señoras y señores; amigos; queridos niños de Costa Rica, agradezco mucho esta cálida bienvenida, así como sus muy amables palabras, señor Presidente.

Creo que ellas reflejan bien el nivel de excelencia que ha alcanzado la relación entre nuestros dos gobiernos, así como la profunda amistad que une a los pueblos hermanos de Costa Rica y México.

Al igual que esta nación, las y los mexicanos creemos fervientemente en el trabajo y en la paz; al igual que este pueblo hermano, conocido por la firmeza de sus convicciones, por sus valores, sus instituciones democráticas, las y los mexicanos refrendamos todos los días nuestra voluntad de vivir en democracia.

Al igual que ustedes y junto con ustedes, México lucha cotidianamente para construir un entorno nacional e internacional de prosperidad y justicia, en donde el bienestar y una mejor calidad de vida sean asequibles a todas y a todos los ciudadanos.

Nuestras naciones están convencidas de que el respeto a los derechos humanos, es la primera condición de una vida democrática, ello nos ha permitido unir esfuerzos en favor de la construcción de un marco universal, tanto político como normativo, que asegure las libertades esenciales de mujeres y hombres.

Los principios y valores que compartimos mexicanos y costarricenses, nos han llevado a luchar juntos por un comercio libre y justo, por un entorno internacional que proteja y preserve nuestros recursos naturales y el derecho de las generaciones futuras a beneficiarse de ellos.

En el ámbito bilateral hemos dado un gran impulso al crecimiento de lo económico, el monto de nuestro comercio es hoy es ocho veces más grande que el de hace una década, con crecimiento promedio anual superior a 25 por ciento; el intercambio con Costa Rica es el más dinámico entre los países con los que México tiene tratados de libre comercio, 42 países y Costa Rica es el número uno en crecimiento porcentual año con año.

Ustedes son ya nuestro principal socio comercial en Centroamérica, y el país de la región que más exporta a México; ambos países nos beneficiamos de la ampliación del comercio y de la multiplicación de las inversiones recíprocas.

En el ámbito regional hemos dado un gran impulso, hemos unido fuerzas para impulsar la integración y el desarrollo mesoamericanos; somos parte importante e integral de las regiones económica, política y cultural que va de Puebla a Panamá y próximamente hasta Colombia.

Las naciones de la región compartimos no sólo la historia y la cultura, hoy nos hermanan proyectos, importantes proyectos de infraestructura y, ahora en el futuro próximo, importantes y estratégicos proyectos de energía para la región Puebla-Panamá, en la cual hemos decidido unir esfuerzos y proceder y a realizar grandes inversiones

La unión hace la fuerza. Estoy convencido de que el esfuerzo compartido de las naciones centroamericanas y de México está construyendo nuevos horizontes de bienestar y progreso para nuestros pueblos, está a la vez desarrollando nuestro recurso más preciado, el recurso humano, el capital humano y protegiendo de manera simultánea nuestros recursos naturales para lo cual un ejemplo es Costa Rica.

Señor Presidente, mexicanos y costarricenses:

Constituimos dos pueblos unidos por sólidas raíces históricas y culturales, nos unen generaciones de mujeres, de hombres que habiendo nacido en una de nuestras naciones han vivido en la otra enriqueciéndola con su trabajo.

Compartimos principios y valores, compartimos un presente y también un futuro por el que trabajamos arduamente, a fin de impulsar y aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad compartida.

Al agradecer de todo corazón nuevamente esta cálida y amistosa bienvenida, permítame reiterar mi compromiso con la integración y el desarrollo de la región Mesoamericana, región que compartimos e impulsar juntos el desarrollo y la unidad de Latinoamérica y el Caribe en su conjunto.

Con esta visita, México busca avanzar, fortalecer aún más la amistad méxicocostarricense; estrechar nuestros lazos de cooperación y solidaridad con este pueblo, en donde la democracia, como habría dicho la gran escritora Yolanda Oreamuno, es bandera con un asta sólida.

Muchas gracias por su invitación, Presidente, gracias.

Anexo 2

Discurso cena de Estado

El intercambio comercial y la cooperación bilateral México-Costa Rica han adquirido una gran dimensión y continúan con un fuerte dinamismo, Vicente Fox.

Miércoles, 2 de noviembre de 2005

Discurso/San José, Costa Rica.

Palabras del presidente Vicente Fox Quesada durante la cena de Estado que ofreció en su honor el excelentísimo señor Abel Pacheco de la Espriella, presidente de la República de Costa Rica, que tuvo lugar en el Teatro Nacional de esta ciudad.

Excelentísimo señor Abel Pacheco, presidente de la hermana República de Costa Rica, señora Leila Rodríguez Stahl.

Amigas y amigos:

En nombre del pueblo y del Gobierno de México, agradezco y recibo la Orden Juan Mora Fernández como testimonio fiel de la profunda amistad que une a nuestras naciones.

Agradezco las sentidas palabras de don Abel Pacheco que me llenan de emoción y de agradecimiento.

Aprecio el hondo significado de esta condecoración, que honra la memoria de un gran patriota y de un genuino demócrata.

Al recibirla deseo rendir un homenaje a las democracias que los pueblos mexicano y costarricense han sabido conquistar, y a la amistad que mantienen y acrecentan día con día.

Señor Presidente, la amistad entre los pueblos se estrecha y fortalece conforme crecen sus lazos de cooperación.

La amistad entre dos naciones hermanas, como Costa Rica y México, se profundiza a través de la cooperación y el desarrollo de una solidaridad como la que existe entre nuestros países.

Agradezco al gobierno y al pueblo costarricense la invitación que me permite estar nuevamente aquí, en esta hermosa tierra para estrechar la amistad solidaria que une a nuestras naciones.

Las y los mexicanos hemos admirado siempre la solidez institucional y la vigorosa democracia de Costa Rica.

Al día siguiente que inicié, señor Presidente, mi carrera política después de una larga carrera empresarial vine precisamente a Costa Rica a aprender de esta democracia y a participar en un seminario para la conducción de procesos electorales que mucho sirvió a nuestro país y fue el camino que se siguió en México para crear instituciones como las que hoy tenemos, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral.

Nuestros pueblos son conocidos y respetados por su firme vocación pacifista, su activa participación internacional y su búsqueda constante de un desarrollo con justicia social y respeto profundo a la dignidad de las personas.

Somos dos naciones orgullosamente latinoamericanas, que impulsan su desarrollo y el de sus vecinos a través de intercambios crecientes y de una integración regional mutuamente benéfica.

Gracias a una sólida estructura institucional que favorece el diálogo y los intercambios bilaterales, la cooperación e integración regionales, nuestros países han logrado multiplicar y consolidar sus lazos de cooperación.

El intercambio comercial y la cooperación bilateral México-Costa Rica han adquirido una gran dimensión y continúan con un fuerte dinamismo en campos como la agricultura, la alimentación y la pesca, el medio ambiente y los recursos naturales, como la salud y la seguridad social, nuestras naciones han dado una nueva vitalidad al concepto de la cooperación bilateral.

México está decidido a seguir impulsando proyectos de cooperación e integración, novedosos, sostenibles que promuevan el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos.

Nuestra colaboración en materia educativa y cultural es muy revelante. La existencia misma del Instituto Cultural de México en San José, es muestra de la importancia que concedemos al fortalecimiento de los vínculos culturales.

En el pasado, muchas personas nacidas en esta bella tierra han escogido a México para estudiar, desarrollar su carrera, establecer su hogar o forjarse un nuevo destino.

Sus aportaciones, de todos ellos, han enriquecido la visión de las y los mexicanos sobre Costa Rica y Centroamérica y han sido de enorme importancia para el desarrollo de México.

En el ámbito de la cultura, no podría dejar de destacar las contribuciones del extraordinario pintor y escultor Francisco Zúñiga, de los escritores Alfredo Cardona Peña y Yolanda Oreamuno o de la entrañable y única Chavela Vargas.

Ellos, como muchos otros, son hoy parte de una riqueza cultural compartida por ambos países. Aunado a lo anterior, el interés con el que aquí se reciben las muestras de arte y la cultura de México constituyen un ejemplo palpable de que la cooperación cultural es una de las principales vías para seguir fortaleciendo nuestra amistad.

La colaboración entre México y Costa Rica ha sido también amplia e importante en los mecanismos regionales de diálogo y concertación política de los que formamos parte.

Junto con las demás naciones mesoamericanas, impulsamos proyectos de educación, medio ambiente, salud, agricultura, ganadería y prevención de desastres que fomentan la integración y el desarrollo regionales.

Reconozco la gran labor desempeñada por Costa Rica como responsable de la iniciativa mesoamericana de transportes del Plan Puebla Panamá, una de las más avanzadas.

México está en la mejor y total disposición de seguir aportando su colaboración en ésta y otras materias, de seguir trabajando con las naciones hermanas de Centroamérica para alcanzar nuevos niveles de desarrollo integral sustentable, bienestar y prosperidad en nuestra región.

El deseo compartido de contribuir a la construcción de un orden internacional de paz, prosperidad y justicia también ha acercado a nuestros países prometiéndoles unir fuerzas.

Sin duda, la construcción de una voz común abona al logro de los objetivos que compartimos.

Amigas y amigos

México y Costa Rica somos dos naciones hermanadas por principios y por valores, así como por una amistad que se estrecha y fortalece al paso del tiempo.

En nombre de esa amistad, señor Presidente, me permito agradecer su valiosa contribución al fructífero diálogo que existe entre nuestros gobiernos, así como la ampliación y el desarrollo de las relaciones que mantienen nuestros países.

El recientemente desaparecido escritor Luis Ferrero, quien también vivió en mi país, señaló en alguna ocasión que su destino estaba caracterizado por la alegría de vivir y servir. Creo, junto con él, en la alegría de vivir y, sobre todo, en la alegría de servir a los demás, ser para los demás.

Estoy firmemente convencido de que nuestros pueblos han encontrado en el fortalecimiento de sus sistemas democráticos como la clave para vivir en armonía, en libertad, sirviendo al interés del conjunto de sus habitantes.

Por ello, los invito a acompañarme en un brindis por las democracias costarricense y mexicana.

Brindo por la salud y ventura de nuestro querido anfitrión, amigo, el presidente Abel Pacheco y de su muy distinguida esposa.

Brindo por la memoria y el ejemplo que nos dejó don Juan Mora Fernández, por la prosperidad y la felicidad del noble pueblo costarricense, así como por la profunda y sincera amistad que une, que hermana, a mexicanos y costarricenses.

Muchas gracias.

Última modificación.

Anexo 3

Discurso empresarios

Desayuno de trabajo que le ofrecieron los miembros de la Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica-México al presidente Vicente Fox.

Jueves, 3 de noviembre de 2005

Discurso/San José, Costa Rica.

Palabras del presidente Vicente Fox Quesada durante el desayuno de trabajo que le ofrecieron los miembros de la Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica-México, que tuvo lugar en el Salón Real II, del Hotel Real Intercontinental.

Bien jóvenes, buenos días.

Muchísimas gracias por la invitación a compartir este desayuno con ustedes, muchas gracias al presidente Abel Pacheco por la invitación a visitar nuevamente Costa Rica, un pueblo tan entrañable, tan cercano con el cual se va formando una relación fuerte, exitosa, así lo prueba este acuerdo de libre comercio.

Hay dos acuerdos, probablemente de los más exitosos a nivel mundial, acuerdos de libre comercio que México sostiene con Estados Unidos y Canadá, que llevan ya 12 años y están en un proceso de integración mayor. Estamos echando la mirada a los siguientes 10 años de NAFTA para lograr seguir creciendo y generando empleos como ha sucedido hasta la fecha.

Un tratado de libre comercio por demás exitoso y que ahora seguramente con esta nueva visión de una alianza para la prosperidad, una alianza estratégica, México-Estados Unidos-Canadá; una alianza no sólo de gobierno a gobierno, de país a país, sino una alianza que se ha ido formando entre gobiernos locales y, sobre todo, se ha ido formando en la inversión, en la empresa, en la formación de fuentes de trabajo.

Y qué decir del Acuerdo de Libre Comercio con Costa Rica, el ritmo de crecimiento de nuestro intercambio comercial está en niveles de crecimiento de 25 por ciento año con año, ya se decía aquí casi 7 veces de crecimiento de esa balanza comercial.

No hay duda de que los acuerdos de libre comercio y la apertura de las economías es buena, es buena y rinde buenos dividendos, por eso México está a favor del ALCA, por eso México promueve sin ningún interés particular una mayor integración de América Latina y del continente americano.

Necesitamos sumarnos para ser fuertes como bloque, para poder competir con otras regiones del mundo y este es el camino que hemos propuesto y que seguimos sosteniendo.

América debe de integrarse a partir de estos bloques ya formados, muy exitosos algunos de ellos como es el caso del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, como es el caso de Centroamérica y su acuerdo de integración.

Como es el caso del Mercosur, como es el caso del Caricom, las piezas ya se van formando y se van integrando; por eso es importante dar el siguiente paso, no tenerle miedo a la apertura comercial, no tenerle miedo a la competencia, es fundamental para el progreso de la industria, de la empresa y de la generación de empleos.

Sin duda mientras otros exploran nuevos caminos, mientras otros van zigzagueando inventando modelos, me parece que hay tres grandes ejemplos en Latinoamérica que nos sirven de inspiración y nos sirven de rumbo a seguir.

El caso de Chile, el caso de México, el caso de Costa Rica, y no son sólo los acuerdos de libre comercio que tenemos entre nosotros, esto va mucho más allá, es toda una filosofía, es toda una tarea de desarrollo integral sustentable que hay que impulsar en nuestras respectivas naciones.

La tarea empieza en casa, en casa se desarrolla la estabilidad económica, en casa se desarrollan los fundamentales de la economía que permiten la inversión, que permiten la visión de largo plazo con bajas tasas de interés, con bajas tasas de inflación, con riesgo-país reducido, que entonces inviten entusiastamente a la inversión local y a la inversión exterior para el desarrollo de nuestras economías.

Esa tarea que empieza en casa se continúa afuera, sorprende que en estos 10 años de nuestra relación, por ejemplo la inversión de Costa Rica, de manera directa en México, ya ronde en los 400 millones de dólares, esto le ha permitido a Costa Rica en este escenario de estabilidad política, económica y social, en esta estabilidad de disciplina financiera y presupuestal, le ha permitido desarrollarse más allá de sus fronteras.

Tener ahora estas empresas de vanguardia que toman riesgo e invierten en otros mercados fuera del propio mercado costarricense y lo propio está sucediendo con las empresas mexicanas.

Sólo a través de acuerdos de libre comercio las empresas van creciendo, se van fortaleciendo y salen a conquistar mercado.

Y México tiene hoy un puñado de empresas de vanguardia que invierten competitivamente en el mundo entero y que además resultan exitosas, son exitosas afuera, porque son exitosas adentro, son fuertes afuera, porque son fuertes dentro de nuestro propio mercado.

Chile, Costa Rica y México van dejando muy claro que lejos de estar inventando modelos se trabaja en un modelo claro, exitoso a nivel mundial, que es el modelo de libre mercado con responsabilidad social, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como pueda impulsar el crecimiento de nuestra economía.

Hemos encontrado un equilibrio justo entre el Estado y el mercado, hemos entendido que no hay progreso económico y prosperidad, si no se impulsa la palanca económica, pero a la vez la palanca de desarrollo y de justicia social.

Están íntegramente relacionadas una con la otra, no se puede avanzar en desarrollo económico y generación de empleos, si no hay desarrollo social en materia de educación, de salud, de formación de capital humano se retroalimentan una a la otra y es la manera de crecer.

En Chile, en Costa Rica, en México, trabajamos para ustedes, trabajamos para que la gente invierta, para que la gente emprenda, para que los ciudadanos tomen riesgo y vayan por el crecimiento económico y por el crecimiento de su propio ingreso.

Trabajamos para asegurar la estabilidad, trabajamos para que exista un mercado de capitales donde ustedes puedan financiar sus proyectos, donde ustedes puedan pensar a largo plazo, a 10 ó 15 años.

Recordemos México. Costa Rica y México hemos estado muy cercanos, recordemos México diciembre 1994, aquel golpe brutal a la economía, aquel golpe brutal al patrimonio de las familias, al patrimonio de las empresas, aquel golpe brutal a los más pobres a los que menos tienen, que fueron los verdaderos perdedores de aquel quebranto de 1994.

Hoy trabajamos, estos tres países, con mucho cuidado, con una visión de largo plazo, hoy trabajamos para evitar quebrantos, para evitar errores, para evitar devaluaciones, para poder abonar el camino del crecimiento.

Con estabilidad florece el desarrollo, más vale paso que dure y no trote que canse. Aquellos que todavía quieren descubrir la rueda pensando que el camino al desarrollo es un camino de bajada, es un camino alegre y fácil.

El camino al desarrollo, el camino a formar una empresa, el camino a generar un empleo, es un camino de desvelos, es un camino de perseverancia, es un camino donde se requiere tenacidad y se requiere, precisamente, eso que lleva dentro el emprendedor, tomar riesgos, servir a su comunidad y a su país, servir a sus semejantes, asegurar fuentes de ingreso para otras familias, eso es lo que se da dentro de la estabilidad que ha sido un valor fundamental de nuestras economías.

Por eso, México insistentemente habla de que el valor fundamental es la estabilidad política, económica y social, que las cuentas alegres, el populismo, la demagogia, no llevan a ningún lado, sólo el trabajo; como comentaba ayer con Abel, con mi amigo el Presidente, el trabajo y tomar riesgos es lo que saca adelante a un país.

Tenemos que generar estas condiciones de estabilidad; la economía mexicana ha avanzado mucho, mucho en estos 10 años de estabilidad, en estos 10 años donde no ha habido quebrantos, más bien duplicó su tamaño.

Hoy es ya la economía más grande de Latinoamérica, no lo era hace 10 años, hoy México tiene el per cápita más alto de Latinoamérica, ocupaba el lugar número siete hace 10 años.

La estabilidad, mantener rumbo, sostener políticas públicas por tiempo suficiente, para que derramen verdaderos beneficios para la gente, para las familias.

Ustedes quizás recuerdan, cuando menos los mexicanos o mexicanas que están aquí, recuerdan aquel año de 1995, no se podía conseguir un crédito en México, ni siquiera al término de un año, qué va, ni siquiera al término de un mes o de seis meses.

Muy elevadas tasas de interés e incertidumbre, hoy en México se pueden financiar proyectos a 20 años, a 30 años en pesos mexicanos, a tasa fija durante esos 20 años, a una tasa muy competitiva, sólo un uno por ciento por encima de las tasas que se obtienen internacionalmente.

Y así, la Ford Motors Company invierte en Hermosillo, Sonora, en este momento mil 500 millones de dólares, los financió en México, ahí obtuvo el capital para hacer su inversión; así se están financiando grandes proyectos de largo plazo, ambiciosos proyectos, pero sólo porque existe este mercado de capitales.

El Banco Mundial ahora presta en pesos mexicanos, lo ha puesto ya dentro de su canasta de monedas duras, de monedas confiables, como es el caso del peso mexicano, y por igual puedo hablar de Chile y puedo hablar de Costa Rica.

Pero bien, aquí estamos para hablar de negocios, para hablar de empleos, para hablar de oportunidades y esta idea-fuerza el Plan Puebla Panamá, esta idea fuerza de unir regionalmente a Mesoamérica, de sumar nuestras capacidades, de integrarnos más allá de un simple acuerdo de libre comercio, de ir por más desarrollo y por más empleo, está funcionando.

Hay buenas noticias en el desarrollo del Plan Puebla Panamá, la primera fase del plan va a tiempo, que es la integración por vías de comunicación terrestres, aéreas, portuarias, y que esta integración y esta inversión en infraestructura va desarrollándose en cada uno de los países y en la suma de todos quienes estamos en esta afortunada región de Mesoamérica.

Esa parte va avanzando a su ritmo y no es más que tender el tapete para que las empresas puedan comunicarse más rápidamente, para que puedan mover los productos de un país a otro, de un mercado a otro.

En el caso de México hemos reducido ya en tres horas y media la distancia por carretera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México; hemos invertido 40 por ciento del presupuesto total de infraestructura de México en la región sur-sureste, en los estados que tienen que ver con Puebla Panamá y así están en construcción aeropuertos, estamos por poner en marcha Puerto Madero, ahora Puerto Chiapas, está ya en inversión y terminándose la línea troncal de conducción de energía eléctrica y, en fin, esta etapa avanza, avanza por igual el intercambio para la formación de capital humano.

Aquí han venido los secretarios de Estado mexicano para desarrollar, junto con lo países centroamericanos, un tema como el de la salud, un tema como el de la educación, temas como el del combate a la pobreza, temas como el del desarrollo económico y vamos trabajando con perseverancia como lo hacen ustedes para ir desarrollando a la región de manera equilibrada y de manera pareja.

Ahora, en este viaje, la conversación central, con el presidente Abel Pacheco será sobre el tema de energía, ustedes están sintiendo aquí lo que representan estos muy elevados precios de energía, precio del petróleo, precio de electricidad, precio de gas natural.

Tenemos el propio problema en México, aún siendo un país productor, somos un país importador de energía, importamos mucha energía, más de la tercera, parte de nuestras necesidades, y aquí los consumidores han sentido ya el rigor de la reducción de su poder adquisitivo, precisamente por el alza de los precios de energía.

Afortunadamente en México, y sé que allá también tenemos presión y sobra quien se queje también de los precios de energía, pero hemos podido mantenerlos muy estables a nivel del consumidor para impactarle tan severamente como están impactando estos precios de energía.

Las propias economías traen una presión inflacionaria fuerte derivada precisamente de los precios del petróleo; entonces, tenemos que trabajar en esta materia, tenemos que trabajar de corto plazo porque el tema es urgente y ya pusimos manos a la obra, venimos ya platicando los Presidentes centroamericanos y el Presidente mexicano sobre este tema.

Y estamos ajustando y modificando el Plan de San José, el Acuerdo de San José, para que sea más eficaz y realmente atempere el brutal impacto de la subida de precios de energía y ya vamos configurando nuevas ideas de muy corto plazo para apoyarnos mutuamente en esta etapa difícil de precios altos de energía.

Pero estamos poniendo ya la visión en el mediano y en el largo plazo, y trabajamos con verdadera prisa, con un sentido de urgencia en este tema. El plan es, a la brevedad, que juntos como accionistas, los países centroamericanos y México, invirtamos en una gran planta de refinería para procesar productos derivados del petróleo, grande con la capacidad de atender a todo Centroamérica y al sur-sureste mexicano.

Una gran planta generadora de energía eléctrica para aprovechar esta línea troncal que ya atendimos cada uno invirtiendo en su territorio y prácticamente ya existe esta línea troncal, en la cual quien tenga energía eléctrica la coloca en esa línea, quien la necesita la toma de esa línea para sus consumos y para hacer altamente competitivos.

Y de igual manera, una gran planta para convertir gas licuado en gas natural, esto está proliferando en el mundo entero porque se han disparado los precios del gas natural.

Hace 10 ó 15 años se consideraba una fuente de energía suficientemente limpia y muy económica y competitiva, pero hoy se han disparado también los precios y, sin embargo, siguen existiendo lugares de producción que tienen el gas natural a precios muy convenientes.

Y el problema ha sido transportar, y el problema ha sido poder tenerlo disponible en nuestros países, México es un importador de gas natural aún a pesar de tener todas estas reservas enormes por esta limitación que se le ha puesto a la inversión privada en materia de energía en México no se ha podido romper la barrera del desequilibrio en nuestra balanza comercial en esta materia.

Por eso, también México se suma y se integra con los países centroamericanos a buscar soluciones, soluciones reales y rápidas a estos problemas.

El proyecto es, entonces, también instalar una gran planta que convierta gas líquido en gas natural y, por supuesto, su consecuente gasoducto que conecte desde México hasta Panamá y ahora que está Colombia por integrarse al Plan Puebla Panamá que también pensemos ir más allá de Panamá en esta integración.

Todo esto para qué. Para ustedes, para la inversión, para la generación de empleos, para el crecimiento de la economía, para el desarrollo de nuestros pueblos para buscar juntos la prosperidad. La tarea nuestra es precisamente la que he descrito, me refiero a la tarea de los gobiernos, pero nada sustituye la tarea de ustedes, la tarea de la inversión.

Estos países que todavía piensan que el gasto público es el que hace crecer una economía han perdido completamente la memoria y se les olvida los terribles impactos que tuvo el exceso en gasto, que tuvo el exceso en endeudamiento en nuestros países y el precio enorme que pagaron nuestros consumidores, nuestros ciudadanos y, sobre todo, los más pobres.

Así que en esta materia tenemos que ser cuidadosos y alentar la inversión, privada, alentarla entusiastamente para que así asociada a inversión pública y privada, podamos hacer lo que jamás haríamos cada uno por nuestro lado.

Ha sido muy satisfactorio en el caso de México el haber encontrado esta fórmula, yo diría casi mágica de inversión pública asociada a inversión privada o inversión privada asociada a inversión pública. Realmente se ha logrado una gran sinergia y estamos en los mayores niveles históricos de inversión en vivienda, en energía y en infraestructura.

En México, aún sin haber podido lograr una reforma fiscal y hacendaria que es indispensable realizar en México, aún sin eso hemos logrado elevar la inversión de manera considerable gracias a esta fórmula de inversión público-privada que es la que permite ir más allá.

Así que, amigas y amigos empresarios, la mesa está puesta, me parece que la estabilidad en estos tres países, el rumbo bien trazado, la dirección clara de hacia donde vamos, el sostenimiento de políticas públicas no importando quién esté gobernando, hay políticas públicas que es indispensable darles el tiempo suficiente de maduración para que produzcan resultados.

En México si no es por esos 10 años de sostenimiento de políticas publicas, particularmente en lo económico, no pudiéramos estar construyendo el año próximo 750 mil viviendas en México, viviendas de un nivel de 200 mil, y estamos ya alcanzando el nivel de 750 mil, pero sólo porque eso se puede financiar, sólo porque podemos ir al mercado de capitales, sólo porque podemos pensar a 30 años de distancia, sólo porque tenemos tasas fijas a lo largo de esos 30 años es posible pensar en eso.

O pensar en un tren bala para México, que vaya de la Ciudad de México a Guadalajara, una inversión de cinco mil millones de dólares; hace cinco años cualquier mexicano que hubiera dicho esa idea se hubieran burlado de él, hubieran dicho que estaba o tomado o loco, y sin embargo, hoy en México podemos pensar en ese nivel de proyectos, porque hay el mercado de capitales, porque hay la estabilidad.

Así que yo vengo aquí a Costa Rica con mucho entusiasmo a responder a la invitación que me hizo el Presidente, porque hemos encontrado una gran simpatía, porque platicamos muy a gusto, porque el Presidente Abel canta el Himno Nacional Mexicano, que no me ponga yo a cantar el himno de otro país, porque me cuelgan allá, en México, y sin embargo con qué valentía, con qué amor, con qué cariño, con qué convicción lo hace el Presidente Pacheco.

Y aquí van a seguir sucediendo cosas buenas, en Centroamérica y Mesoamérica, en Puebla Panamá, van a seguir sucediendo cosas buenas porque vamos de la mano; ustedes son empresarios de gran compromiso social, que no sólo buscan la utilidad del rendimiento, buscan el desarrollo de su recurso humano, buscan generar más empleos, buscan pagar más impuestos, por qué no decirlo cuando hay que pagarlos, y así tener un país que sea una garantía, que dé certidumbre, donde la gente viva con alegría, con la esperanza de que tiene un futuro mejor.

Aquí está el liderazgo que va a construir eso para nuestras naciones. Felicidades, mucho éxito y que Dios los bendiga.

Anexo 4

Declaración conjunta

Visita de Estado del Presidente de México, Vicente Fox Quesada, a la República de Costa Rica.

En atención a la invitación que le extendiera el Presidente de la República de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella, y en reciprocidad con la Visita de Estado que el mandatario costarricense realizara a México en febrero de 2004, el presidente Vicente Fox Quesada efectuó una Visita de Estado a Costa Rica los días 2 y 3 de noviembre de 2005.

En un marco de amistad, cordialidad y respeto, ambos Presidentes revisaron los principales temas de la agenda bilateral, las relaciones políticas, comerciales y de cooperación, así como los temas de la agenda regional e internacional. Al término de la reunión los mandatarios acordaron emitir la siguiente

Declaración Conjunta

1. Expresamos nuestro beneplácito por el nivel de excelencia que registra la relación bilateral en todos los ámbitos, producto de los profundos vínculos históricos, culturales y de amistad que unen a ambas naciones y acordamos brindarle un renovado impulso a fin de profundizar el diálogo político, las relaciones comerciales y financieras y la cooperación.

2. Destacamos que la relación entre México y Costa Rica se sustenta en valores e intereses compartidos, tales como la amistad, el respeto mutuo, la observancia de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la cooperación y la integración, así como en la aspiración por alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar.

3. Reconocemos los importantes avances logrados en nuestras relaciones políticas, económicas, comerciales, los flujos de inversión y la cooperación a partir del encuentro que celebramos en febrero de 2004 en México, y nos comprometemos a continuar impulsándolos.

4. Celebramos el 750 aniversario de la construcción del inmueble que alberga a la Embajada de México en Costa Rica, símbolo histórico de la Ciudad de San José, testigo fiel del desarrollo contemporáneo del país y referencia fundamental de la entrañable amistad y solidaridad entre México y Costa Rica.

5. Confirmamos que México y Costa Rica contribuyen decididamente al fortalecimiento de la comunidad mesoamericana de naciones y a la asociación privilegiada entre los países del área, mediante su participación activa en los principales mecanismos y foros regionales, como son el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

6. Reafirmamos nuestra decisión de consolidar el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, como el foro idóneo para impulsar el diálogo político permanente al más alto nivel entre México y Centroamérica, al tiempo que reconocemos los avances logrados en la VII Cumbre, celebrada el 29 de junio de 2005, en Tegucigalpa, Honduras. Asimismo, hacemos votos por el éxito de la VIII cumbre, a realizarse en Panamá durante el primer semestre de 2006.

7. Refrendamos el interés en que la participación de nuestros países en el Sistema de Integración Centroamericana, fortalezca y complemente los esfuerzos de cooperación y desarrollo que realizan los países mesoamericanos en el marco del Plan Puebla Panamá y del Mecanismo de Tuxtla.

8. Señalamos la importancia que reviste para algunos países de la región centroamericana el combate a las maras y las pandillas juveniles, así como la atención a los jóvenes en riesgo, por lo que confirmamos nuestra disposición para que, en el marco del SICA, realicemos acciones coordinadas, fortalezcamos el intercambio de información e identifiquemos medidas para la atención, la prevención y la rehabilitación de estos grupos, con una visión integral del fenómeno.

9. Reiteramos la importancia del Plan Puebla Panamá como un instrumento que coadyuva al desarrollo y la integración de la región mesoamericana y busca elevar la calidad de vida de sus habitantes, a través de la instrumentación de las ocho iniciativas que lo integran. Reafirmamos nuestro compromiso para reforzar los vínculos del trabajo conjunto en el Plan Puebla Panamá con objeto de contribuir así a la integración regional y facilitar el establecimiento de consensos regionales que promuevan el desarrollo integral y sustentable de Mesoamérica.

10. Expresamos nuestra satisfacción por los avances sustantivos en el Plan Puebla Panamá y la evaluación que, en el marco de la VII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, se hizo sobre los logros en cada una de sus iniciativas, que reflejan una nueva etapa de consolidación del plan.

11. Manifestamos nuestro beneplácito por los avances en la iniciativa mesoamericana de transportes, a cargo de Costa Rica, y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar proyectos y programas de modernización y operación marítimo portuaria y aeroportuaria, a fin de desarrollar proyectos con una visión logística de la infraestructura del transporte regional, como herramienta fundamental para la competitividad de la región.

12. Reafirmamos nuestro decidido apoyo para coordinar los esfuerzos que se llevan a cabo en la iniciativa de transporte, con los trabajos y los grupos que se han conformado en el Consejo Mesomericano de Competitividad a fin de impulsar la participación activa del sector privado en proyectos de inversión de la iniciativa, así como en la búsqueda de alternativas para mejorar el transporte.

13. Nos congratulamos por la reciente realización del I Seminario de Normas de Transporte, los días 22 y 23 de septiembre de 2005, en la Ciudad de México, el cual constituye un avance importante en el diálogo para impulsar el transporte intrarregional, en contribución al trabajo de las comisiones administradoras de tratados.

14. Reiteramos nuestro compromiso para intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos naturales en la región y expresamos nuestro apoyo para poner en marcha el proyecto de Atlas mesoamericano de riesgos, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y el fortalecimiento de capacidades locales para identificar y prevenir riesgos, a fin de contribuir así a la disminución de pérdidas humanas y materiales en la región.

15. Reconocemos la importancia de unir esfuerzos ante la amenaza y riesgos que representan las epidemias y pandemias, como el caso del dengue clásico y hemorrágico y la gripe aviaria y acordamos proponer como tema de agenda de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Cumbre de las Américas, la búsqueda de mecanismos prácticos para prevenirlas.

16. Manifestamos nuestra satisfacción por el notable crecimiento que ha registrado la relación económica bilateral en los últimos años, lo que ha convertido a Costa Rica en el primer socio comercial y segundo en inversiones de México en Centroamérica.

17. Expresamos nuestro beneplácito por la reciente celebración de diez años de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países y su contribución al considerable crecimiento del comercio y la inversión, así como a la creación de oportunidades de desarrollo entre ambos países.

18. Señalamos el importante potencial que tienen las relaciones económicas bilaterales, por lo que nos comprometemos a continuar trabajando a fin de que otras empresas de ambos países, en particular las pequeñas y medianas, aprovechen las ventajas que ofrece dicho tratado a sus sectores productivos.

19. Nos congratulamos por las actividades de promoción comercial y de inversiones que se han realizado en ambos países, impulsadas por el sector privado y con el apoyo de las instituciones gubernamentales, al tiempo que expresamos nuestro reconocimiento a los organismos empresariales: Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada de Costa Rica (UCCAEP) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), así como a la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica México (Cicomex) por la labor que han desarrollado desde la puesta en marcha del tratado de libre comercio.

20. Coincidimos en la necesidad de continuar impulsando el intercambio comercial entre ambos países a través de la realización de misiones empresariales y de la participación de las empresas de México y Costa Rica en las ferias internacionales que se celebran en ambos países. Asimismo, manifestamos nuestra satisfacción por el evento empresarial que tuvo lugar en el marco de la visita, ofrecido por la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México.

21. Nos congratulamos por los avances que registran los trabajos encaminados a incrementar los flujos comerciales entre ambos países, en particular aquellos que se derivan de la Matriz de Empate que presentó México, misma que permite identificar productos costarricenses con potencial exportador al mercado mexicano, teniendo presentes los niveles actuales de comercio y las preferencias arancelarias que se otorgan en el tratado bilateral de libre comercio.

22. Asimismo, exhortamos a las respectivas autoridades a continuar los trabajos para cumplir los compromisos presidenciales establecidos en el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla que sean aplicables al Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y Costa Rica, en especial los relativos a la convergencia de los TLC existentes entre México y los países centroamericanos.

23. Expresamos nuestro beneplácito por la XXV renovación del Acuerdo de San José a partir del 3 de agosto de 2005, mediante la cual se prórroga por un año más la vigencia del compromiso de México y Venezuela de suministrar conjuntamente hasta 160 mil barriles diarios de petróleo crudo y productos petrolíferos a los países participantes de Centroamérica y el Caribe.

24. El mandatario de Costa Rica reconoce el apoyo técnico que brindará el Gobierno de México en los estudios de la segunda etapa del proyecto de ampliación y modernización de la refinería en Puerto Moín, Limón, para llevarla a la alta conversión de conformidad con los estudios de OLADE y ARPEL y el Banco Mundial. Ambos mandatarios reconocen la conveniencia que dicho proyecto se incorpore en la agenda de iniciativas energéticas de hidrocarburos del Plan Puebla Panamá. Por su parte, el Presidente Vicente Fox manifiesta que este apoyo forma parte de los estudios que se realizarán en Centroamérica para impulsar la construcción de una refinería de petróleo mexicano, con el fin de que la energía se constituya en el eje central del desarrollo de la región mesoamericana.

25. Confirmamos la disposición de nuestros gobiernos de suscribir un acuerdo en materia de intercambio de información tributaria, por lo que acordamos fijar, en breve plazo, una fecha para iniciar las negociaciones correspondientes. En el mismo tenor, reiteramos el interés en negociar un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal entre México y Costa Rica.

26. Manifestamos nuestro beneplácito por el alto grado de desarrollo del Programa de Cooperación Técnica y Científica, el más dinámico de la región, y reconocemos el esfuerzo desplegado por las instituciones públicas, académicas y de investigación de ambas naciones por la labor desarrollada a favor del fortalecimiento del capital humano en los diferentes niveles de la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Además de coadyuvar al desarrollo de capacidades técnicas en los sectores vinculados al manejo de los recursos naturales y la preservación de especies en peligro de extinción, la modernización de la producción agrícola, la certificación de los servicios de salud, la búsqueda de fuentes alternas y el uso eficiente de la energía, el desarrollo industrial y comercial, la promoción del turismo y el mejoramiento de la gestión pública.

27. En cuanto al Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2003-2005, uno de los más dinámicos y exitosos de la región, nos congratulamos por los avances logrados en su ejecución, cuyos propósitos están centrados en el fortalecimiento del intercambio bilateral en esos ámbitos, plenamente identificados con las respectivas prioridades de desarrollo.

28. Subrayamos nuestro reconocimiento por el esfuerzo desplegado en ambos gobiernos, para que todos los proyectos incluidos se realicen bajo el esquema de costos compartidos, lo que asegura el interés y beneficio para los países. Señalamos que lo anterior ha derivado en una elevación cualitativa y cuantitativa de la cooperación realizada en el bienio 2003-2005, por lo que sentará las bases para impulsar de manera definitiva el Programa de Cooperación Bilateral para el periodo 2006-2008, orientado principalmente a la modernización y fortalecimiento institucional; el combate a la pobreza y la generación de empleo; elevación de la productividad y competitividad; medio ambiente y desarrollo sostenible; investigación tecnológica e innovación; todas ellas definidas como áreas prioritarias para impulsar la colaboración entre ambos países.

29. Ratificamos nuestra voluntad de fortalecer las relaciones en materia de cooperación técnica y científica a impulsar la transferencia de las mejores prácticas de las dos naciones y programas y proyectos integrales de beneficio mutuo, así como buscar la complementariedad de la cooperación bilateral con mecanismos de cooperación trilateral y regional.

30. Instruimos a nuestras respectivas instituciones a celebrar la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y de la Comisión Mixta Educativa y Cultural, en el marco de la VII Reunión Binacional entre ambos países, a realizarse en fecha próxima por definir.

31. Expresamos nuestra satisfacción por el intenso intercambio artístico y cultural bilateral desarrollado en los últimos años, y nos comprometemos a brindar atención prioritaria a los temas relacionados con el arte y la cultura, por considerar que constituyen medios privilegiados para reforzar los lazos de amistad y cercanía entre México y Costa Rica.

32. Sobre el programa Escuelas México en Costa Rica, al que están integradas 24 instituciones de educación primaria, destacamos la entrega realizada en agosto pasado al Colegio México de la ciudad de San José, del Programa Enciclomedia, que incorpora a los métodos tradicionales de la educación las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, de conformidad con el compromiso asumido por el Presidente de México en el marco de la VII Reunión Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

33. En temas regionales, acordamos trabajar conjuntamente para fortalecer el papel del Grupo de Río como el mecanismo idóneo de diálogo, consulta y concertación política de América Latina.

34. Expresamos la voluntad de nuestros gobiernos de unir esfuerzos para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) esté en mejor capacidad de fortalecer el sistema interamericano, principalmente en la cooperación para el desarrollo económico y social sostenido y el fortalecimiento de la democracia en los países miembros.

35. Nos pronunciamos a favor de que se respete la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en septiembre de 2001, como instrumento idóneo para fortalecer la democracia representativa en la región. Reiteramos nuestra convicción de que prevalezcan el respeto constitucional y democrático y los principios universales que le dan sustento. Unicamente el pleno respeto al orden constitucional podrá dar fortaleza y sentido a los sistemas democráticos de la región.

36. Reiteramos nuestra disposición de colaborar de manera conjunta en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y coincidimos en la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema multilateral de comercio abierto y basado en reglas como una vía para impulsar el crecimiento y desarrollo económicos. En ese sentido confirmamos nuestra intención de trabajar conjuntamente para lograr la conclusión exitosa de las negociaciones en este organismo internacional.

37. Manifestamos nuestra preocupación por el prolongado receso de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al evaluar los resultados de la reunión informal del ALCA, realizada el pasado 25 de agosto en Puebla, reiteramos el apoyo y total compromiso con el proceso. En este sentido, durante la XLIII Reunión del Grupo de Revisión e lmplementación de la Cumbre de las Américas y la IV Cumbre de Mar del Plata que se realizarán del 1° al 5 de noviembre próximos en Argentina, nuestras delegaciones coordinarán posiciones que permitan reanudar las negociaciones del ALCA a principios de 2006 y lograr su exitosa conclusión en el corto plazo.

38. Subrayamos los resultados obtenidos en la IV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), celebrada el 29 de julio de 2005 en Panamá. Reiteramos nuestro compromiso de apoyar e imprimir un nuevo impulso a la AEC en sus ámbitos político, financiero y de cooperación, específicamente en las áreas de turismo y de desastres naturales, así como la celebración de un Acuerdo marco de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) a efecto de que la organización continúe sus trabajos en beneficio de todos los países miembros.

39. Expresamos nuestro beneplácito por los resultados de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada los días 15 y 16 de octubre de 2005, en Salamanca, España, en la que se estableció formalmente la Secretaría General Iberoamericana (Segib) con el propósito de que el mecanismo mejore sus esquemas de trabajo y tenga mayor cohesión y presencia internacional.

40. El Gobierno de México acoge positivamente las gestiones emprendidas por Costa Rica para ingresar al Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), una vez finalizada la moratoria de ingreso por diez años a nuevos miembros acordada por las economías miembro en la Cumbre de Líderes de Vancouver, Canadá, celebrada en 1997, y considera que el ingreso de este país fortalecerá la presencia de América Latina en el foro de colaboración económica de mayor relevancia de la región Asia-Pacífico. En consecuencia, México confirma su respaldo a la solicitud de ingreso que Costa Rica presente durante la XIII Reunión de Líderes de APEC a celebrarse los días 18 y 19 de noviembre de 2005, en, Pusán, Corea.

41. Confirmamos nuestra disposición de continuar trabajando en el seguimiento de los compromisos asumidos en la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, así como de impulsar los temas de interés para América Latina y el Caribe en el marco de los preparativos de la IV Cumbre ALC-UE, que tendrá lugar en Viena, Austria, el 12 mayo de 2006.

42. Manifestamos que para lograr la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible y el progreso social, es necesario contar con un sistema multilateral eficaz, basado en el derecho internacional, centrado en la Organización de las Naciones Unidas, que reconozca el vínculo indisoluble entre la seguridad, el desarrollo socio-económico y el respeto a los derechos humanos.

43. Expresamos nuestro apoyo al proceso de reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de fortalecerla para que pueda enfrentar los desafíos del siglo XXI. Reiteramos nuestro compromiso con una reforma integral de la organización, que fortalezca la autoridad de la Asamblea General, el papel coordinador del Consejo Económico y Social y promueva una mayor representatividad, rendición de cuentas y transparencia de la labor del Consejo de Seguridad, a partir de una ampliación de sus miembros no permanentes que permita una rotación al interior de los distintos grupos regionales.

44. Reafirmamos el compromiso por continuar realizando un intercambio de información e ideas en torno a los distintos aspectos para el establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz y del Consejo de Derechos Humanos.

45. Subrayamos la gran importancia de impulsar avances en materia de desarme y no proliferación nucleares. Confirmamos el mutuo interés y voluntad por hacer realidad el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Reiteramos nuestro apoyo a la labor que desarrolla el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) y acordamos promover la universalidad y el fortalecimiento de los instrumentos de desarme, control de armamentos y no proliferación, así como de los regímenes de zonas libres de armas nucleares, comprometiéndonos a proceder en consecuencia en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

46. Expresamos nuestra condena y rechazo enérgicos al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Respaldamos las medidas de cooperación y coordinación regional e internacional para combatirlo dentro del marco del respeto al derecho internacional, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. Nos comprometemos a apoyar la labor del relator especial para la protección de todos los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo.

47. Reiteramos nuestra convicción de trabajar activa y constructivamente en la negociación de una convención de naciones unidas amplia e integral para promover y proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad, a fin de que sea adoptada tan pronto como sea posible por la Asamblea General de la ONU.

48. Establecemos el compromiso de contribuir al éxito del IV Foro Mundial del Agua, que se celebrará en México en marzo de 2006, así como de participar activamente en las reuniones preparatorias regionales que se realizarán para tal efecto.

El presidente Vicente Fox agradeció la hospitalidad del pueblo y del Gobierno de Costa Rica en ocasión de su visita de Estado que corresponde a la sincera amistad que une a ambas naciones.

Firmado en la Ciudad de San José, Costa Rica, el día tres de noviembre de dos mil cinco, en dos ejemplares originales.

Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica.

Anexo 5

Palabras durante la firma de la Declaración Conjunta

Firma de la Declaración Conjunta de los presidentes de México y Costa Rica

Jueves, 3 de noviembre de 2005

Discurso/San José, Costa Rica.

Palabras del presidente Vicente Fox Quesada durante la firma de la Declaración Conjunta de los presidentes de México y Costa Rica, que tuvo lugar en el Auditorio de la Casa Presidencial.

Muchísimas gracias.

Muy buenos días, señor presidente Abel Pacheco, muchísimas gracias por la invitación a esta visita a este hermoso país de Costa Rica, a esta dinámica nación centroamericana, a esta nación que participa en configurar un mundo mejor en la escena internacional.

Una nación con la cual tenemos una gran sintonía, una gran armonía, una gran hermandad, una gran amistad, una gran cercanía, pero además muchos proyectos y muchos caminos comunes que nos identifican y que nos han permitido avanzar por la vía de una estrategia de centro moderado, un centro responsable, justo, a la vez que tiene como objetivo tener en orden, al mismo tiempo las variables fundamentales de la economía y las variables de una sociedad justa y humana.

Un verdadero equilibrio entre Estado y mercado; es una alternativa humanista la que compartimos por un humanismo moderno, un humanismo socialmente responsable y renovado, una preocupación expresa por quienes menos tienen, por los pobres, por la distribución del ingreso, un humanismo socialmente responsable que busca paliar, superar la grave carga de necesidades humanas que tenemos en nuestros países.

Porque entendemos con claridad el daño brutal que causa en los hogares de menos ingresos la pérdida de la estabilidad, porque descarta esquemas financieramente insostenibles y porque plantea ser humanista, porque plantea el crecimiento económico en paralelo con la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso.

Diez años de éxito, de trabajo conjunto, a través del Acuerdo de Libre Comercio, 10 años de buenos resultados en materia de comercio, en materia de inversión; 10 años de buenos resultados que nos invitan a ver más allá en esta fuerte relación bilateral, a construir un futuro de más desarrollo para nuestros pueblos, de más prosperidad, de más crecimiento, de más oportunidades y esto es parte de lo que son nuestras conversaciones hoy en día, ver los siguientes 10 años de este exitoso acuerdo de libre comercio entre nuestras dos naciones.

Hay un tema fundamental, un tema muy actual, que fue motivo de nuestras conversaciones, que es el tema de la energía como un tema estratégico.

Y hemos decidido avanzar con más rapidez de manera bilateral en este tema de energía.

Tenemos, ambos, mucho qué intercambiar en materia de energía, en sus distintas variantes y, por tanto, vamos a pedir que se reúnan nuestros ministros de Energía y los ministros de desarrollo económico para plantearnos bilateralmente, un camino cierto y rápido, para enfrentar en este momento los altos precios de energía, la escasez de energía e impedir que la energía sea el tema que limite nuestro crecimiento y nuestra visión hacia los próximos 10 años.

También, hemos conversado sobre el tema de energía desde el punto de vista regional, desde el punto de vista Puebla Panamá, desde el punto de vista de la Región Mesoamericana, en donde avanzan los proyectos y donde el día de mañana sostendremos, con el presidente Abel Pacheco y los demás presidentes de Centroamérica y de SICA el tema de energía para tomar decisiones y avanzar con rapidez.

Es un tema que requiere del trato urgente y es un tema que, por tanto, vamos a atender como hemos atendido esta mañana.

Además la preocupación permanente de don Abel, sobre el tema de educación, formación de recursos humanos, que compartimos ampliamente, y en el cual también hemos acordado intercambiar con nuestros respectivos ministros, sobre todo, aquello que tiene que ver con hacer de nuestros países, de nuestros pueblos, pueblos de lectores; fortalecer nuestras redes bibliotecarias, llevarlas hasta el último eslabón lo más cercano y accesible posible, a cada familia, a cada ciudadano, a cada aula, a cada escuela, a cada región y a cada comunidad de nuestros respectivos países.

El tema de la lectura es, sin duda, un tema fundamental para esta visión del futuro que nos estamos planteando. Y, de igual manera, ver también por el desarrollo de estos centros comunitarios donde hay el acceso pleno a internet, a las computadoras, pero también a los libros, a la lectura, también a la capacitación.

También a culminar y a titularse, quienes no tuvieron oportunidad en la infancia, titularse en primaria, titularse en secundaria, titularse en bachillerato, para que puedan también tener mayor acceso al desarrollo y mayores y mejores oportunidades.

Son dos temas, que ya nos lanzan hacia esta nueva visión, la energía y los recursos humanos, la educación, la lectura y la cultura.

Muchísimas gracias, Presidente ha sido breve la visita, pero como usted mencionó, sustantiva, hemos tocado temas de fondo, afortunadamente funciona y funciona bien la relación bilateral y esto nos da el tiempo para estar ya viendo hacia el futuro y estar planeando los siguientes pasos, que seguramente daremos juntos y de la mano.

Muchas gracias Presidente.

Última modificación

Anexo 6

Mensaje comunidad mexicana

El presidente Vicente Fox sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana residente en Costa Rica

Jueves, 3 de noviembre de 2005

San José, Costa Rica.

Encuentro que sostuvo el presidente Vicente Fox Quesada con integrantes de la comunidad mexicana residente en este país, que tuvo lugar en la Embajada de México en Costa Rica.

-Moderador: Bienvenidos a este importante evento con el licenciado Fox, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y con su señora esposa doña Marta Sahagún de Fox.

Voy a tener el honor de ceder el uso de la palabra a la anfitriona de este acto, la señora embajadora de México en Costa Rica, María Carmen Oñate Muñoz.

-Embajadora Carmen Oñate Muñoz: Muchísimas gracias, muy buenos días.

Señor presidente Vicente Fox sea usted bienvenido a su casa, la sede diplomática de México en Costa Rica, que el día de hoy se honra con su presencia.

Señora Marta Sahagún de Fox, bienvenida, agradecemos mucho su presencia en esta reunión, siempre es muy grato verla; señor secretario de Relaciones Exteriores; señores miembros de la comitiva presidencial; señores miembros de la comunidad mexicana; están ustedes en su casa.

Señor Presidente su visita reúne el día de hoy, en este recinto, a 140 mexicanos en representación de los casi cuatro mil que integran la comunidad mexicana residente en Costa Rica.

Este grupo es representativo del perfil y de la diversidad de la comunidad mexicana, pues se encuentran presentes mexicanos y particularmente mexicanas que contrajeron matrimonio con ciudadanos costarricenses cuando ellos realizaban estudios profesionales en México y decidieron fundar aquí sus familias.

Están también mexicanos que llegaron a Costa Rica como resultado del incremento del comercio y la inversión mexicana, en especial a mediados de los años 90, luego de la firma del Tratado de Libre Comercio.

Otras familias están formadas por profesionales que se trasladaron a Costa Rica en años más recientes para hacerse cargo de la dirección y administración de empresas mexicanas, pero también de empresas de otras nacionalidades, algunos de ellos terminaron sus contratos con sus empresas y decidieron quedarse a vivir en Costa Rica; aquí han establecido sus propios negocios.

Se encuentran, asimismo, religiosas y sacerdotes que cumplen su misión en Costa Rica, siempre atentos a la causa de México. Muchos de los niños y jóvenes, los niños que los recibieron y que nos acompañan el día de hoy nacieron ya en Costa Rica en el seno de familias que conservan orgullosas las tradiciones mexicanas.

La comunidad mexicana en Costa Rica, señor Presidente, está integrada por personas de bien, que desempeñan su trabajo o estudian en las aulas, teniendo siempre presente el nombre, la preservación de la cultura y las tradiciones de México.

Por todo lo anterior, me es muy grato presentar a usted, señor Presidente, señora de Fox, a la señora Blanca Guzmán Córdoba, presidenta de la Asociación Cívico Cultural Mexicana, organización decana de las tres que existen en la actualidad integradas por ciudadanos mexicanos, quien dirigirá unas palabras a ustedes en representación de la comunidad mexicana.

-Blanca Guzmán Córdoba: Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; señora Marta Sahagún de Fox; doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores de México; señora embajadora de México; señoras y señores.

En nombre de la comunidad mexicana, señor Presidente, es un honor manifestar nuestra complacencia por su visita a Costa Rica.

A través de los años, las sociedades históricas y culturales que definen nuestra nacionalidad nos han inspirado para mantener y transmitir a las presentes y futuras generaciones de mexicanos que vivimos fuera de nuestro país nuestro sentimiento de orgullo y de amor por México.

En este momento, en que diferentes regiones de nuestro país han sido castigadas duramente por la naturaleza, reconocemos que gracias a la pronta acción que ha llevado a cabo su Gobierno estos poblados ven con esperanza su futuro y la reconstrucción de todo lo que han perdido.

Solidarizándonos con nuestros hermanos, la Asociación Cívico Cultural Mexicana, que me honro en presidir, le hace entrega de una transferencia bancaria por un monto de cinco mil dólares a favor de la Cruz Roja Mexicana, donativo que esperamos ayude a paliar en algo las necesidades de nuestros compatriotas.

Señor Presidente

En la memoria de los mexicanos, amantes de la democracia, permanecerá por siempre el reconocimiento y agradecimiento hacia el hombre que ayudó a cambiar el destino de nuestra patria.

Muchas gracias.

-Presidente Vicente Fox: Muchísimas gracias embajadora, muchísimas gracias por la organización tan profesional, la recepción extraordinaria que hemos tenido en esta visita a Costa Rica, una visita que hacemos para estrechar más fuertemente nuestra relación, una relación en realidad de hermano a hermano y es que ustedes lo saben y lo sienten mucho mejor de lo que yo lo pueda expresar.

Cordialmente aquí se quiere a México, aquí en Costa Rica, y en México queremos a Costa Rica y queremos a nuestras queridas paisanas y paisanos.

Hay quienes cuestionan las salidas del Presidente de la República fuerte, hay quienes las confunden con viajes de turismo o de paseo, sólo esta reunión, sólo estar al lado de nuestros compatriotas, sólo estar aquí con sus hijos, con sus jóvenes, con las hombres y mujeres de México que están acá en Costa Rica justifica ampliamente la salida de un Presidente.

Hoy son más de 20 millones de mexicanas y mexicanos que están afuera, la quinta parte del total de la población mexicana, cómo entonces se explicaría encerrarse dentro de nuestro país y desatender a esta comunidad de mexicanas y mexicanos en el exterior.

Pero además tienen un sello distintivo ustedes, son la vanguardia de nuestro país, son quienes han tenido el coraje, la valentía de salir, muchos a buscar oportunidades que quizá no encontraron en nuestro país, muchos a abrir nuevos espacios de desarrollo, a cumplir con su proyecto de vida, muchos de ustedes para hacer de nuestro país un país más fuerte, realmente cada una y cada uno de ustedes son nuestro país, representan a nuestro país, son quienes hacen que nuestro país sea respetado fuera de nuestra frontera.

Que importante decisión y claro la criatura ahora tiene muchos padres, que importante decisión la de otorgar el voto, el derecho al voto, a ustedes a las mexicanas y a los mexicanos fuera de nuestra frontera. Que importante escucharlos y entender la visión que ustedes tienen de nuestro querido México desde fuera.

Estando fuera seguramente ustedes pueden observar con más detalle cuál debe ser el rumbo del país, dónde están sus debilidades, dónde están sus fortalezas y, por tanto, dónde poner el voto, dónde dar ese nuevo impulso a nuestro país para seguir adelante, para que siga creciendo, para que ofrezca en su seno las oportunidades que a muchos y a muchas mexicanas se les han negado.

Y en buena medida de esa manera se explican estas corrientes de salida de mexicanos al exterior, pero la migración en realidad es una característica muy particular de hombres y mujeres audaces que van en busca de desarrollo y crecimiento.

Eso explica en buena manera lo que tienen de positivas las corrientes migratorias, por eso es un tema que estamos defendiendo fuertemente allá en Argentina, hay resistencias, hay resistencias enormes a entender la migración, a entender la libertad de cada ser humano de buscar por su cuenta las oportunidades en cualquier lugar en el mundo.

Por eso para nosotros el tema de la migración es un tema fundamental en nuestras relaciones internacionales, y por eso resulta inexplicable que el Presidente de la República se quedara sólo a atender asuntos internos cuando tenemos temas tan vitales como el de la migración, como el de los derechos humanos, como el del terrorismo, como el de la democracia y tantos valores y temas que compartimos con el mundo entero.

Por eso es tan importante participar en todos y cada uno de los centros de decisión. Imaginen ustedes que el Gobierno de México, que nuestro país abandonara estos espacios que tienen su presencia en todo el mundo, que dejara de participar en las cortes penales, en las cortes donde se juzga el genocidio, que dejará de participar en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que dejara de ser parte de la toma de decisiones que al fin y al cabo nos van a afectar, y nos van a afectar de manera severa si no dejamos bien claro nuestro punto de vista. Si no hacemos defensa verdaderamente a ultranza de los valores en los que creemos y de las fortalezas que tiene México.

Por eso estoy muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de compartir con ustedes, decirles que las cosas van bien en México, hay mucha resistencia a que las cosas cambien, hay mucha resistencia a aceptar que las cosas ya cambiaron en México; y han cambiado para bien, sobre todo, esa decisión que tomamos todos los mexicanos el 2 de julio del año 2000, optamos por la democracia.

En el entendido de que es un camino difícil, que es un camino largo, que es un camino que nos obliga al diálogo, a la tolerancia, que nos obliga a escuchar, que nos obliga a alcanzar consensos y acuerdos, eso es claro para los demócratas y el pueblo de México eligió el camino de la democracia.

A veces las elecciones toman tiempo cuando se hacen por la vía de la gobernabilidad democrática, parece mucho más rápido hacer las cosas de manera autoritaria, parece más rápido imponer las decisiones a los ciudadanos, pero nunca, nunca tendrán el valor que tienen las decisiones que tomamos todos en conjunto, las decisiones que tomamos dentro de nuestra democracia con la participación de todos.

Las cosas marchan bien en México en el tema económico, no por lo que está haciendo el Gobierno, afortunadamente ya la Presidencia de la República dejó de ser y tener la relevancia y autoridad, autoritarismo, que tuvo y que se hacía en el pasado, hoy todos somos responsables de que el país marche, y afortunadamente México entero está trabajando; el más pobre, el más humilde, las familias indígenas están superando la pobreza; es mérito de ellos, lo están haciendo con su trabajo diario.

Y, por tanto, nadie debe demeritar este gran logro que tienen las familias pobres del país, 30 por ciento menos familias que están en extrema pobreza en México en cuatro años y, repito, es mérito de ellas, es su lucha diaria, es su trabajo, es su esfuerzo y de esta manera han logrado superar su condición de pobreza extrema.

Las cosas marchan bien en materia de salud, pero nuevamente es el esfuerzo de las y los mexicanos a través del Seguro Popular. El Seguro Popular no regala nada a nadie, requiere de un esfuerzo y un compromiso de participación, inclusive, requiere de una aportación económica, decirles que hay ya tres millones y medio de familias, que ha adquirido su póliza de Seguro Popular y ahora tienen cobertura total en materia de salud, médico, medicinas, cirugía, hospitalización, inclusive un seguro de vida para esa familia.

Y ahora el Seguro Popular avanza, ya cubre enfermedades como el cáncer, en el caso de las mujeres, o el cáncer en los jóvenes hasta 18 años, ya no tienen que perder todo su patrimonio para enfrentar la enfermedad; hoy se cubre al ciento por ciento sin aportación alguna para estos tres millones y medio de familias.

Y qué decir de nuestros chiquillos en las escuelas, que ellos son quienes están empujando una nueva calidad educativa, una nueva excelencia educativa en la educación pública. Vemos, por ejemplo, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, cómo da este gran salto cuántico hacia la calidad y la excelencia, cómo supera a muchas universidades prestigiadas del mundo entero, cómo ha sido catalogada entre las mejores a nivel mundial.

Y ese no es el esfuerzo del Presidente, o del Gobierno federal, ese es el esfuerzo de los estudiantes, de los académicos, de los directivos de nuestras universidades públicas de las cuales estamos muy orgullosos.

Yo terminaría dándole a ustedes también un gran mérito y un gran reconocimiento, porque realmente ustedes están haciendo grande el nombre de México aquí en Costa Rica, cuatro mil de ustedes que están trabajando, que están construyendo, que están luchando todos los días para construir un mejor Costa Rica y ustedes están haciendo una gran aportación a este país, pero también para construir un mejor México.

Sepan que les queremos mucho, que los admiramos, que los respetamos y que México espera mucho, mucho de ustedes y sé que lo van a entregar.

Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien, y cualquier cosa que necesiten en México, cualquier cosa, no dejen de avisarnos, estamos para servirles a ustedes, igual que a los 104 millones de mexicanos allá en nuestro país, felicidades, gracias.

-Embajadora Carmen Oñate Muñoz: Muchísimas gracias por sus palabras señor Presidente, gracias por su mensaje de aliento que a todos nos estimula muchísimo.

Señor Presidente quisiera decirle que su visita a Costa Rica tiene, además, un significado adicional importantísimo, este año se están cumpliendo 75 años de haber sido inaugurado el edificio sede de la Embajada de México, este hermoso edificio en el que han ocurrido páginas muy importantes tanto para México como para Costa Rica.

Quisiera pedir al ingeniero Francisco Tecoapetra, gerente general de Nestlé Costa Rica, y a su esposa Blanca Guzmán Córdova de Tecoapetra que hagan entrega a usted y a su señora esposa de un ejemplar del libro La Sede de la Embajada de México, Testimonio de una Relación Sólida y Constructiva, libro editado con los auspicios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del apoyo financiero de esa empresa en conmemoración del 75 aniversario de la inauguración de este bello edificio.

Por favor.

-Blanca Guzmán Córdoba: Señor Presidente, señora de Fox, muchísimas gracias por su presencia; todos apreciamos mucho esta oportunidad; señor Presidente, sabemos que México lleva buen rumbo y le reiteramos nuestra confianza en el futuro promisorio de México.

A usted, a su señora esposa, a su comitiva les deseamos muy buen viaje, muchas gracias a todos ustedes.

-Presidente Vicente Fox: A ver Blanca y amigos, amigas.

Una sugerencia. Ese cheque a la mera hora todos nos conviene que se deposite con una instrucción en la cuenta de Banamex, o entiendo que es de Banorte, con la instrucción de que sea para la Cruz Roja, pero entonces ellos van a poner un dólar por cada dólar que ustedes han puesto, así multiplicamos un poquito el dinerito si les parece.

-Blanca Guzmán Córdoba: Efectivamente, nosotros hemos depositado en esa cuenta de Banamex, ya está depositado, aquí le estoy entregando la constancia del depósito, esperamos que en algo podamos ayudar a nuestros compatriotas que es nuestro deseo.

Muchísimas gracias.

Última modificación.

Anexo 7

Visita de Estado

San José, Costa Rica

Comunicados de prensa

Realiza: Presidente Vicente Fox

Miércoles, 2 de noviembre de 2005

Comunicado / San José, Costa Rica.

En el marco de la Visita de Estado a Costa Rica que hoy comenzó el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, afirmó que México y este país unen esfuerzos en la construcción de un orden internacional de paz, prosperidad y justicia.

Resaltó que la colaboración entre ambos países es, también, amplia e importante en los mecanismos regionales de diálogo y concertación política de los que forman parte.

``Junto con las demás naciones mesoamericanas, impulsamos proyectos de educación, medio ambiente, salud, agricultura, ganadería y prevención de desastres que fomentan la integración y el desarrollo regionales'', afirmó.

En este sentido, reconoció la labor desempeñada por Costa Rica como responsable de la iniciativa mesoamericana de transportes del Plan Puebla Panamá, la cual es una de las más avanzadas.

México, destacó, está en la mejor y total disposición de seguir aportando su colaboración en ésta y otras materias, de seguir trabajando con las naciones hermanas de Centroamérica para alcanzar nuevos niveles de desarrollo y bienestar en nuestra región.

Por ello, recalcó que el esfuerzo compartido de las naciones centroamericanas y de México está construyendo nuevos horizontes de bienestar y progreso para nuestros pueblos.

Acompañado por su esposa Marta Sahagún de Fox, el mandatario mexicano señaló que nuestro país busca fortalecer y estrechar los lazos de cooperación y solidaridad con Costa Rica, toda vez que en materia de intercambio económico esta nación es el más dinámico entre los países con los que México tiene tratados de libre comercio.

Agregó que el monto en comercio entre México y Costa Rica es ocho veces más grande que el de hace una década, por lo que se registra un crecimiento promedio anual superior a 25 por ciento.

De igual forma, reiteró el compromiso del Gobierno mexicano en favor de la integración y el desarrollo de Latinoamérica y El Caribe.

``Somos parte integral de la importante región económica, política y cultural que va de Puebla a Panamá'', recalcó. Por ello, es necesario, unir fuerzas para impulsar la integración y el desarrollo mesoamericano.

El Ejecutivo federal señaló que el esfuerzo compartido de las naciones centroamericanas y de México construye nuevos horizontes de bienestar y progreso para los pueblos latinoamericanos.

Destacó que ambos países no sólo comparten historia, cultura, principios y valores, sino que trabajan para aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo conjunto.

En ese sentido, recalcó que tanto mexicanos como costarricenses han luchado por un comercio libre y justo, así como por un entorno internacional que proteja y preserve los recursos naturales y el derecho de las futuras generaciones a gozar y beneficiarse de éstos.

Al ser condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, el presidente Vicente Fox Quesada aseguró que la amistad entre ambos pueblos se refleja en el fortalecimiento de los lazos de cooperación que se tienen.

Manifestó que de no ser por la cooperación y el constante diálogo, no se habrían multiplicado y consolidado los intercambios bilaterales.

``Somos dos naciones orgullosamente latinoamericanas, que impulsan su desarrollo y el de sus vecinos a través de intercambios crecientes y de una integración regional mutuamente benéfica'', afirmó.

Por ello, refrendó su compromiso de impulsar proyectos de cooperación novedosos, integrales y sostenibles que promuevan el desarrollo y bienestar de sus habitantes.

Durante la ceremonia oficial de bnienvenida, el Presidente de la República de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella, manifestó que la visita de su homologo mexicano tiene un especial interés para su país, principalmente en el tema de materia energética.

Apuntó que se busca el acuerdo que permita crear una refinadora costarricense de petróleo con capacidades para refinar el hidrocarburo maya. Lo anterior, dijo, forma parte de una estrategia para enfrentar la crisis de precios que se vive en este país.

De igual forma, agregó que se tiene un especial interés en impulsar acciones que conduzcan a intensificar el intercambio comercial en el marco de la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.

Asimismo, aplaudió la iniciativa del Plan Puebla Panamá, puesto en marcha durante la administración del presidente Vicente Fox, porque dijo que ha contribuido de manera determinante a favorecer un clima de estrechas e intensas relaciones entre los dos países.

Luego de condecorar a su homólogo Vicente Fox con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, el Presidente de la República de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella, indicó que ésta es símbolo y homenaje a un prócer nacional de extraordinarias cualidades cívicas y morales, además de que fue un sincero presidente en la democracia y un digno servidor de la patria.

Pidió al mandatario mexicano recibir esta condecoración como agradecimiento por la amistad que ha mostrado a lo largo de estos años con Costa Rica y por su esfuerzo en procurar los estándares de la democracia en su país y en el mundo.

Concluye residente Vicente Fox Visita de Estado por la República de Costa Rica

Jueves, 3 de noviembre de 2005

Comunicado/San José, Costa Rica.

Tras asegurar que los acuerdos de libre comercio coadyuvan en la apertura de las economías, él Presidente de la República, Vicente Fox Quesada afirmó que México está a favor del ALCA, por ello, dijo, promueve, sin interés alguno, una mayor integración de América Latina y el continente americano.

Se necesita, indicó, que los países integrantes de esta región sumen esfuerzos para fortalecerse como bloque, a fin de poder competir con otros países del mundo y, en este sentido, agregó que este es el camino que nuestro país ha propuesto y seguirá sosteniendo.

``América debe integrarse a partir de estos bloques ya formados, muy algunos de ellos, como es el caso del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, de Centroamérica y su acuerdo de integración, del Mercosur, del Caricom, las piezas ya se van integrando. Por eso es importante dar el siguiente paso, no tenerle miedo a la apertura comercial, a la competencia, es fundamental para el progreso de la industria, de la empresa y de la generación de empleos'', aseveró.

En el segundo día de la Visita de Estado que realizó por Costa Rica, el primer mandatario afirmó que la estabilidad económica es fundamental para impulsar un desarrollo integral sustentable en cada nación.

En este contexto, destacó que cada país desarrolla las fundamentales de la economía que le permiten una mayor inversión local y extranjera, bajas tasas de interés y de inflación, así como un nivel de riesgo-país reducido, con lo cual se impulsa el desarrollo de la economía.

Muestra de lo anterior, apuntó, es la inversión que realiza Costa Rica de manera directa en México por cerca de 400 millones de dólares, lo cual ha permitido al país un escenario de estabilidad política, económica, social, disciplina financiera y presupuestal que se traduce en desarrollo.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México, el presidente Vicente Fox subrayó que nuestro país tiene muchas empresas de vanguardia que invierten competitivamente en el mundo entero y que además resultan exitosas, fuertes afuera y dentro de su propio país.

``Chile, Costa Rica y México van dejando muy claro que lejos de estar inventando modelos, se trabaja en un modelo claro, exitoso a nivel mundial, que es el modelo de libre mercado con responsabilidad social'', señaló.

Agregó que estas naciones han encontrado el equilibrio justo entre el Estado y el mercado; han entendido que no hay progreso económico y prosperidad si no se impulsa la palanca económica, de desarrollo y justicia social.

En este contexto, afirmó que no se puede avanzar en desarrollo económico y generación de empleos si no hay desarrollo social en materia de educación, salud y formación de capital humano.

Añadió que hoy los tres países trabajan con cuidado, con una visión de largo plazo; trabajan para evitar quebrantos, errores, devaluaciones y poder abonar el camino del crecimiento.

En este contexto, el Jefe del Ejecutivo federal resaltó el avance que ha tenido México en los últimos 10 años en materia de estabilidad, la cual ha permitido que el país hoy sea la economía más grande de Latinoamérica.

En materia energética comentó que se está ajustando y modificando el Acuerdo de San José, a fin de hacerlo eficiente para atemperar el incremento en los precios de energía.

El plan, explicó, es que a la brevedad, juntos como accionistas, los países centroamericanos y México inviertan en una planta de refinería para procesar productos derivados del petróleo, que tenga la capacidad de atender a todo Centroamérica y al sur-sureste mexicano.

Igualmente, añadió, se pretende instalar una planta que convierta el gas líquido en gas natural, con un gasoducto que conecte desde México hasta Panamá, incluido Colombia que está por integrarse al Plan Puebla Panamá.

Más tarde, en la Casa Presidencial, el presidente Vicente Fox Quesada y su homólogo de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella, firmaron una Declaración Conjunta para alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar de ambos países.

En este encuentro, el mandatario mexicano señaló que él y el presidente Abel Pacheco coincidieron en la necesidad de crear un plan estratégico para impulsar el desarrollo en materia energética y enfrentar los altos precios del petróleo y su escasez, así como impedir que se limite el crecimiento del hidrocarburo en los próximos 10 años.

Respecto al Plan Puebla Panamá ambos mandatarios coincidieron en que éste es un instrumento que coadyuva el desarrollo y la integración de la región Mesoamericana y busca elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Manifestó que el tema de energía y recursos humanos, así como el de educación, lectura y cultura requieren de un trato urgente, por lo que se solicitará a los ministros y secretarios del ramo se reúnan para plantear proyectos bilaterales que fortalezcan estos sectores.

El Jefe del Ejecutivo federal recalcó que la lectura es un asunto fundamental para esta visión de futuro que se plantean los países. Por lo que exhortó a la población a concluir sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato, ya que de esta manera podrán tener mayores y mejores oportunidades de desarrollo.

Posteriormente, el presidente Vicente Fox recibió de integrantes de la comunidad mexicana residentes en Costa Rica un donativo por cinco mil dólares para la Cruz Roja Mexicana, a fin de apoyar a los estados de la República Mexicana afectados por los huracanes Stan y Wilma.

Acompañado de su esposa Marta Sahagún, se reunió con 140 mexicanos en representación de los casi cuatro mil connacionales que residen en Costa Rica.

El presidente Fox aseguró que estos compatriotas tienen un sello distintivo, ya que son el reflejo del coraje y la valentía de buscar nuevas oportunidades que les permitan alcanzar su pleno desarrollo.

Dijo que el fenómeno de la migración es una característica muy particular de hombres y mujeres audaces que van en busca de desarrollo y crecimiento que se les ha negado.

Reconoció la labor y el mérito de los mexicanos y las mexicanas que viven en el exterior y el esfuerzo que realizan para construir una mejor República de Costa Rica y por ende un mejor México.

Posterior a esta reunión, el mandatario mexicano viajó a Mar del Plata, Argentina, para participar en la IV Cumbre de las Américas.

IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, Argentina, 4 y 5 de noviembre de 2005

Carpeta de resultados

Indice

I. Resumen ejecutivo de la IV Cumbre de las Américas

II. Temas incorporados de interés para México

III. Declaración de Mar del Plata

IV. Plan de Acción

V. Comunicados de los Estados miembros

I. Resumen ejecutivo de la IV Cumbre de las Américas

La Cumbre de las Américas es un mecanismo hemisférico que busca profundizar el diálogo político, impulsar la cooperación, concertar políticas para el desarrollo y promover el libre comercio entre nuestras naciones. Es el único mecanismo que reúne a 34 mandatarios del hemisferio y se ha convertido en la más importante fuente de mandatos políticos.

La IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 de noviembre de 2005, fue la sexta ocasión (Miami, 1994; Santa Cruz de la Sierra, 1996; Santiago, 1998, Quebec, 2001 y Monterrey, Nuevo León, 2004) en la que los mandatarios de la región se reunieron para considerar temas de especial interés para el hemisferio. En esta ocasión, el tema fue Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática.

La Declaración de Mar del Plata consta de 76 párrafos mientras que el Plan de Acción consta de 70 párrafos. Ambos documentos fueron adoptados al término de la Cumbre, junto con cinco comunicados relativos a las situaciones en Haití, Nicaragua, Colombia y Bolivia, así como sobre la Ronda de Desarrollo de Doha.

La celebración de la IV Cumbre de las Américas y la selección del tema obedecieron a varias razones entre las que destacan las siguientes

a) La falta de generación de empleo en la región en las últimas décadas.

b) El desafío que implica que, de acuerdo con datos de la OIT, 222 millones de habitantes. de América Latina y el Caribe se encuentren en la pobreza, esto es 42.9% de la población.

c) La falta de trabajo o su mala calidad es la preocupación fundamental de las mujeres y los hombres de América Latina y el Caribe.

Previo a la Cumbre tuvieron lugar reuniones de los cancilleres con la sociedad civil, representantes de trabajadores y empleadores, empresarios, pueblos indígenas y parlamentarios.

La parte sustantiva de la Cumbre se llevó a cabo mediante sesiones de trabajo que abarcaron los siguientes temas: Crear trabajo decente, Crear trabajo para enfrentar la pobreza y Crear trabajo para fortalecer la gobernabilidad democrática.

La Declaración de Mar del Plata fue ampliamente negociada durante un año, entre octubre de 2004 y noviembre de 2005 en el marco de ocho reuniones que celebrara el Grupo de Revisión de la lmplementación de Cumbres (GRIC). El tema del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas se consideró en las reuniones del GRIC desde marzo de 2005 por solicitud de varios países, incluido México. Referencias a la inclusión de un párrafo sobre el ALCA figuran en las versiones del 17 de marzo, 8 de junio, 9 de septiembre, 7 y 13 de octubre del proyecto de la Declaración de Mar del Plata.

Las aportaciones de México sobre el tema del ALCA se elaboraron sobre la base de los insumos especializados de la Secretaría de Economía.

Por su parte, el Plan de Acción fue negociado en tres reuniones del GRIC.

Durante la última sesión del GRIC, los días previos a la Cumbre, se alcanzó consenso sobre la mayor parte del proyecto de Declaración, quedando pendientes tres párrafos relativos al ALCA, la Ronda de Doha y migrantes.

Durante la primera sesión, el presidente Vicente Fox se refirió a las características del empleo en México, en el que 15 millones de personas laboran en el sector formal y 30 millones trabajan fuera de éste, pero contribuyendo de manera importante en la economía nacional. El Presidente destacó la prioridad que su administración concede al desarrollo social de la población y subrayó los esfuerzos para ampliar la cobertura social de todos los trabajadores con programas como el Seguro Popular, el cual incluye un seguro de retiro autofinanciable.

En el segundo día de la Cumbre, en medio de un debate interactivo, el presidente Fox reiteró el compromiso de nuestro país con el proceso del ALCA como un instrumento que permitirá diversificar mercados y elevar la competitividad de la economía frente a terceras regiones. Indicó que el ALCA permitirá desarrollar un marco legal para exportar de manera preferencial a los países con los que aún no se tiene en vigor un tratado de libre comercio en el Hemisferio a través de reglas claras y transparentes.

En dicho debate se hicieron patentes diferentes apreciaciones con respecto al ALCA, las cuales quedaron reflejadas en la Declaración del Mar del Plata. Cabe señalar que desde los trabajos preparatorios de la Cumbre, México compartió con la mayoría de los países del Hemisferio que se deben superar las dificultades que ha tenido el proceso de su negociación, reafirmando su compromiso por el logro de un acuerdo equilibrado y comprensivo.

Ante la diferencia de posiciones, los Estados acordaron incluir en la Declaración un párrafo que reflejara las dos posiciones expresadas con respecto a las negociaciones del ALCA.

Veintinueve Estados miembros, México incluido, sostuvieron que se tienen en cuenta las dificultades que ha tenido el proceso de negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y mantienen el compromiso con el logro de un acuerdo ALCA equilibrado y comprensivo con beneficios concretos y sustantivos para todos, que tenga en cuenta las diferencias en el tamaño de las economías y el nivel de desarrollo de los países participantes.

Los cuatros miembros del Mercosur y Venezuela sostuvieron que todavía no están dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, con acceso efectivo de los mercados libre de subsidios y prácticas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías.

Los mandatarios coincidieron en explorar ambas posiciones a la luz de los resultados de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por otra parte, durante la adopción de la Declaración, Venezuela formuló dos reservas que fueron recogidas en el texto, la primera al párrafo 3, sobre el apoyo a los mandatos y compromisos asumidos en la Reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2005) y la segunda al párrafo 58 sobre la democracia representativa.

Asimismo, Estados Unidos formuló las siguientes dos reservas en el Plan de Acción que fueron recogidas en el texto: a los párrafos 10 y 20, ambos relacionados con los migrantes.

Eventos paralelos del presidente Vicente Fox

En el marco de la IV Cumbre, México convocó, el 4 de noviembre, a una reunión con Presidentes y representantes de alto nivel de los países miembros del Sistema para la Integración Centroamericana (Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá), así como de República Dominicana y Colombia para impulsar un programa de integración energética.

Asimismo, el presidente Fox se reunió bilateralmente con los presidentes de Brasil y Chile y Primer Ministro de Canadá.

II. Temas incorporados de interés para México

Para México la IV Cumbre de las Américas fue importante, ya que la Declaración incorporó la visión humana y el bienestar de las personas como motor que orienta las acciones públicas y privadas tendientes a lograr el desarrollo y el crecimiento económico de nuestras naciones.

Los temas de interés de México que quedaron plasmados son los siguientes

La asignación al derecho al trabajo, tal como se encuentra estipulado en los instrumentos de derechos humanos, un lugar central en la agenda hemisférica (párrafo l).

El compromiso de implementar políticas integrales que institucionalicen la lucha contra la pobreza (párrafo 13).

El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas como instrumento que permitirá diversificar mercados y elevar la competitividad de la economía (párrafo 19).

La necesidad de dotar a la globalización de un fuerte contenido ético y humano que ponga a la persona en el centro de la economía, la empresa y el trabajo (párrafo 21).

La igualdad de oportunidades con el fin de eliminar las disparidades existentes entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, así como el respeto al principio de igualdad y no discriminación en el trabajo (párrafo 23).

La importancia que debe dársele a todo migrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican (párrafo 26).

El diálogo social inclusivo, transparente y amplio con todos los sectores interesados de la sociedad y el diálogo tripartito en los ámbitos nacional, subregional y hemisférico (párrafo 36).

La importancia de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la capacitación de nuestra ciudadanía para aumentar su productividad. Este párrafo alude al programa Enciclomedia que ha desarrollado el gobierno de México (párrafo 44).

El impulso a las acciones para promover y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional (párrafo 51).

La promoción y protección universal de los derechos humanos ---incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales--- con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia (párrafo 63).

Los temas incorporados en el Plan de Acción de interés para México son los siguientes

Eliminar la discriminación de las mujeres en el trabajo (párrafo 4).

Promover el diálogo social tripartito e inclusivo y la cooperación entre los actores sociales y gobiernos (párrafo 11).

Tipificar la conducta de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, así como aplicar de manera efectiva la legislación nacional para enfrentar el tráfico de migrantes y la trata de personas (párrafo 17).

Adoptar acciones para promover el ejercicio pleno y eficaz de los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los migrantes, así como fortalecer el diálogo constructivo respecto al fenómeno de la migración internacional y establecer mecanismos de colaboración entre los países de tránsito, origen y recepción de trabajadores migrantes en el Hemisferio a fin de difundir información sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes (párrafo 18).

Continuar fortaleciendo la capacidad de los ministerios de Trabajo y continuar promoviendo la cooperación entre ellos, en el contexto de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, CIMT (párrafo 19).

Fortalecer el diálogo constructivo respecto al fenómeno de la migración internacional, con miras a promover el reconocimiento pleno de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, reducir sus condiciones de vulnerabilidad en el trabajo, así como procurar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación en el trabajo, tomando como base los instrumentos internacionales en la materia y asegurar así que la migración sea un proceso ordenado que beneficie a todas las partes y estimule la productividad global (párrafo 20). (Estados Unidos expresó reserva sobre este párrafo.)

Fortalecer y establecer mecanismos de colaboración entre los países de tránsito, origen y recepción de trabajadores migrantes en el Hemisferio a fin de difundir información sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes (párrafo 21).

Solicitar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) continúe su trabajo de apoyo técnico en la implementación del Programa Interamericano adoptado por la resolución PAG/RES 2141 (XXXV-0/05) del trigésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (párrafo 23).

Fortalecer el desarrollo de capacidades empresariales para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como agencias especializadas en servicios de desarrollo y mecanismos de intercambio de buenas prácticas de las micro y pequeñas y medianas empresas, tales como el Congreso de PYME de las Américas (párrafo 30).

Impulsar el desarrollo de políticas económicas y sociales integrales, a nivel nacional orientadas prioritariamente a los objetivos de crecimiento del empleo, la disminución de la pobreza, de la marginación y de la desigualdad (párrafo 45).

Promover, en el marco de la OEA, el intercambio de experiencias para la implementación de programas electrónicos de educación que articulen medios, recursos y herramientas destinadas a fortalecer y enriquecer los procesos de enseñanza en las escuelas. Esto con base en la experiencia mexicana de Enciciomedia (párrafo 56).

Continuar respaldando y fortaleciendo el funcionamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promoviendo en los órganos políticos de la OEA, en el marco del proceso de reflexión en curso, acciones concretas para lograr, entre otros objetivos, una mayor adhesión a los instrumentos jurídicos, un efectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericána de Derechos Humanos y la debida consideración de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos y al fínanciamiento adecuado de los órganos del sistema, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias (párrafo 62).

Impulsar, a través de la OEA, programas de capacitación a nivel regional en materia de gobierno electrónico, favoreciendo el intercambio de experiencias con los países que tengan avances en la materia. Esto con base en la experiencia mexicana del Programa @Campus (párrafo 69).

III. Declaración de Mar del Plata

Cuarta Cumbre de las Américas

Declaración de Mar del Plata

Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Mar del Plata, Argentina - 5 de noviembre de 2005

1. Convencidos de la necesidad de profundizar la democracia y afianzar la libertad en las Américas de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Intera-mericana y de su plena aplicación como fundamento de nuestra comunidad hemisférica, nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en ocasión de nuestra Cuarta Cumbre, reafirmamos nuestro compromiso de combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social para elevarlas condiciones de vida de nuestros pueblos y reforzarla gobernabilidad democrática en las Américas. Le asignamos al derecho al trabajo tal como se encuentra estipulado en los instrumentos de derechos humanos un lugar central en la agenda hemisférica, reconociendo así el rol esencial de la creación de trabajo decente para alcanzar estos objetivos.

2. Teniendo en cuenta la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (O1T) sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998) y el compromiso con la promoción, el fortalecimiento y la defensa de la democracia adoptados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, impulsaremos el bienestar social, una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida del hemisferio, la eliminación del hambre y alcanzar la seguridad alimentaria, la creación de nuevas fuentes de empleo y la promoción del espíritu emprendedor.

3. Reafirmamos nuestro apoyo a los mandatos y compromisos asumidos en las cumbres de las Américas, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995); la Cumbre del Mílenio de Naciones Unidas (Nueva York, 2000); la Conferencia lnternacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002); la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002); y la Reunión Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2005)*, como condición fundamental para el desarrollo sostenible de nuestros países.

* Reserva de Venezuela.

Crecimiento con empleo

4. En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido, de largo plazo y equitativo que cree trabajo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población, inclusive para los sectores y grupos sociales más vulnerables, y en el marco de estrategias nacionales, nos comprometemos a continuar instrumentando políticas macroeconómicas sólidas encaminadas a mantener índices altos de crecimiento, el pleno empleo, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiadas, una gestión prudente y adecuada de la deuda pública, la diversificación de la economía y, el mejoramiento de la competitividad. Al mismo tiempo, estimularemos el aumento de los ingresos y mejoraremos su distribución, aumentaremos la productividad y protegeremos los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Reconocemos que la función apropiada del Estado en las economías con orientación de mercado variará de un país a otro.

5. Destacamos la importancia de la participación del sector empresarial en el logro de nuestros objetivos. Reconocemos, en particular, que las micro, pequeñas y medianas empresas, proveedoras de bienes y servicios, constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad social en nuestros países.

6. Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas sólidas, la promoción de una buena gestión pública en todos los niveles y el respeto al estado de derecho y que al mismo tiempo la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. En este contexto, reiteramos que las oportunidades de comercio e inversión son necesarias para los países en su lucha contra la pobreza y en sus esfuerzos de desarrollo. De igual manera, en este contexto, nos comprometemos a coordinar esfuerzos internacionales que apoyen políticas de desarrollo sostenible, identificar fuentes de financiamiento seguras y movilizar recursos para el desarrollo y el combate contra la pobreza y el hambre.

7. Nos preocupa constatar que la pobreza es un fenómeno que está presente en todos los paises del Hemisferio y que la pobreza extrema afecta a millones de personas. En ese sentido, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, especialmente el de la reducción, para 2015, en 50%, de la proporción de personas que viven en pobreza extrema, ya que, a pesar de los esfuerzos realizados por los países de América Latina y del Caribe alrededor de 96 millones de personas aún viven en pobreza extrema.

8. Reconocemos que el crecimiento económico es una condición básica e indispensable, pero no suficiente, para enfrentar las elevadas tasas de desocupación, la pobreza y el crecimiento de la economía informal. Reconocemos que sólo los países que han logrado crecimiento económico sostenido han tenido éxito en disminuir la pobreza. Sin embargo, en el pasado reciente, algunos países de nuestro Hemisferio han pasado por periodos de crecimiento económico que no se han traducido en tasas de empleo equivalentes, acentuando los problemas existentes de alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia. El desafío consiste en sostener tasas más altas de crecimiento con equidad e inclusión social, y generar mayores oportunidades, inversión social y desarrollo social

Las políticas económicas apropiadas y un contexto económico y comercial internacional favorable son factores que ayudaron a la región a alcanzar en 2004 un aumento de ingresos y la tasa más alta de crecimiento en un cuarto de siglo, lo cual contribuyó a la generación de empleo.

9. Reconocemos que algunas economías de la región han confrontado perturbaciones externas negativas con consecuentes ajustes internos que afectan su capacidad de generar empleo adecuado. Instamos a los países a que continúen a implementar políticas sólidas para abordar esos factores. También hacemos un llamado a una mayor cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral para enfrentar estos problemas.

10. Reconociendo la existencia de factores externos que obstaculizan el crecimiento económico, reafirmamos la importancia de la cooperación internacional a los países de renta media-baja, a fin de complementar los esfuerzos nacionales para que cumplan con sus programas de desarrollo y los compromisos de los objetivos del milenio, cooperación que coadyuvará a la generación de empleo y a la gobernabilidad democrática.

11. Manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la intensidad de los desastres naturales o causados por el hombre y su impacto devastador en las vidas humanas, la infraestructura y las economías en el Hemisferio. Hacemos un llamado a la acción a nivel nacional, regional e internacional para fortalecer los programas de manejo de desastres, incluyendo un incremento en la capacidad de preparación, desarrollo de sistemas de alerta temprana, mitigación de riesgos y recuperación y reconstrucción después del desastre y asistencia técnica y financiera, según corresponda, particularmente para países vulnerables a los mismos para reducir su impacto. Apoyamos los esfuerzos en curso para explorar la participación de los sectores público y privado en medidas comprensivas de seguro de riesgo contra catástrofes.

12. El crecimiento económico sostenido, con equidad e inclusión social, es una condición indispensable para crear empleo, enfrentar la pobreza extrema y superar la desigualdad en el Hemisferio. Para ello, es necesario mejorar la transparencia y el clima de inversión en nuestros países, acrecentar el capital humano, estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución, promover la responsabilidad social de las empresas, y alentar tanto el espíritu de empresa como una vigorosa actividad empresarial.

13. Reconociendo que la reducción de la desigualdad y eliminación de la pobreza no pueden alcanzarse sólo a través de políticas sociales de carácter asistencial, nos comprometemos a implementar políticas Integrales que institucionalicen la lucha contra la pobreza. Nos comprometemos a consolidar sociedades más democráticas con oportunidades para todos y a fomentar un mayor acceso para nuestros pueblos a la educación, a la salud y a los mercados laborales y de crédito.

14. Considerando los esfuerzos realizados en el Hemisferio en la lucha contra el narcotráfico, reiteramos nuestro respaldo para asegurar que los proyectos de desarrollo alternativo contribuyan al crecimiento económico, fomenten la creación de trabajo decente y apoyen la viabilidad económica sostenible de las comunidades y familias en los países afectados por la presencia de cultivos ilícitos.

15. Uno de los principales desafíos a la estabilidad democrática es generar empleos productivos y de calidad con el interés de asegurar que nuestros pueblos se beneficien de la prosperidad económica. Respaldamos el derecho legítimo de un país a procurar y alcanzar su desarrollo dentro del marco de sus realidades políticas, económicas, sociales y culturales. Reiteramos nuestro compromiso de lograr una mayor integración económica y adoptaremos políticas económicas que promuevan el crecimiento económico, generen empleo y reduzcan la pobreza. Para ello, abordaremos los problemas que plantean las barreras al comercio y la deuda insostenible, y continuaremos reformando la arquitectura financiera internacional.

16. Esta reforma tiene, entre otros, los siguientes objetivos: contribuir a la prevención y resolución rápida de las crisis financieras, que perjudican particularmente a los países en desarrollo de la región; aumentar la financiación para el desarrollo; combatir la pobreza; y fortalecer la gobernabilidad democrática. Subrayamos la necesidad de que las instituciones financieras multilaterales, al proporcionar asesoramiento sobre políticas y apoyo financiero, se basen en sólidas opciones nacionales de reforma con las cuales se identifiquen los respectivos países, que tengan en cuenta las necesidades de los pobres y las medidas para reducir la pobreza. Para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y dispuestas a rendir cuentas. Instamos a las instituciones financieras internacionales y regionales a que fortalezcan la coordinación de sus actividades para poder responder más eficazmente a las necesidades de desarrollo a largo plazo de los países de la región y alcanzar resultados medibles en sus esfuerzos para erradicar la pobreza, mediante un uso más eficaz de todos los recursos financieros disponibles para el desarrollo. Para los países más pobres y con menor capacidad crediticia, apoyamos un aumento del financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), con carácter no reembolsable, sobre la base de resultados.

17. Haremos esfuerzos con el fin de incrementar la inversión en infraestructura para generar las condiciones favorables para crear trabajo y aumentar la productividad. Asimismo, instrumentaremos políticas que impulsen el desarrollo de nuestros mercados locales y/o regionales.

18. Expresamos nuestro compromiso con el avance de las negociaciones sobre la Agenda de Doha para el Desarrollo. Realizaremos los mayores esfuerzos para lograr un resultado ambicioso y equilibrado de la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permita una exitosa conclusión de la Ronda de Doha en 2006, sobre la base, entre otros, del principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

Seguimos comprometidos con el progreso sustancial en todos los elementos de las negociaciones de Doha, a fin de lograr, en particular, mayor acceso a los mercados para nuestras exportaciones, la eliminación de todas las formas de subsidios a la exportación de productos agrícolas y una reducción sustancial de las medidas de apoyo interno que distorsionan el comercio. Seguimos comprometidos en lograr un resultado ambicioso en las negociaciones, y en la implementación plena y efectiva del programa de trabajo referente a las pequeñas economías. Nuestro objetivo es el de expandir nuestro comercio, como medio para ampliar el crecimiento y la capacidad de generar más y o mejores empleos con mejores remuneraciones.

19. Reconociendo la contribución que la integración económica puede efectuar al logro de los objetivos de la Cumbre de crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática

Algunos miembros sostienen que tenemos en cuenta las dificultades que ha tenido el proceso de negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y reconocemos la contribución significativa que los procesos de integración económica y la liberalización del comercio en las Américas pueden y deben aportar al logro de los objetivos de la Cumbre de crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Por ello, mantenemos nuestro compromiso con el logro de un acuerdo ALCA equilibrado y comprensivo, dirigido a la expansión de los flujos comerciales y, en el nivel global, un comercio libre de subsidios y de prácticas que lo distorsionen, con beneficios concretos y sustantivos para todos, teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías participantes y el tratamiento especial y diferenciado de las economías más pequeñas y vulnerables. Participaremos activamente para asegurar un resultado significativo de la Ronda de Doha que contemple asimismo las medidas y propósitos del párrafo anterior. Continuaremos promoviendo las prácticas y actividades establecidas en el proceso del ALCA que garanticen la transparencia y promuevan la participación de la sociedad civil.

Instruimos a nuestros responsables de las negociaciones comerciales a reanudar sus reuniones en el primer semestre de 2006 para examinar las dificultades del proceso ALCA a fin de superarlas y avanzar en las negociaciones, de acuerdo con el marco adoptado en Miami, en noviembre de 2003. Asimismo, instruimos a nuestros representantes en las instituciones del comité tripartito a que continúen asignando los recursos necesarios para apoyar la operación de la secretaría administrativa del ALCA.

Otros miembros sostienen que todavía no están dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, con acceso efectivo de los mercados libre de subsidios y prácticas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías.

En función de lo expuesto hemos coincidido en explorar ambas posiciones a la luz de los resultados de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A tal efecto el gobierno de Colombia realizará consultas con miras a una reunión de responsables de negociaciones comerciales.

Trabajo para enfrentar la pobreza

20. Considerando la demanda generalizada en el Hemisferio de contar con trabajo digno, decente y productivo, la gran tarea de nuestras sociedades y gobiernos para combatir la pobreza y la exclusión social es la adopción de políticas en torno a la generación de más y mejores empleos tanto en el área rural como en la urbana, con el objeto de contribuir eficazmente a la cohesión e inclusión social, la prosperidad y la gobernabilidad democrática.

21. Nos comprometemos a implementar políticas activas que generen trabajo decente, dirigidas a crear las condiciones de empleo de calidad, que doten a las políticas económicas y a la globalización de un fuerte contenido ético y humano poniendo a la persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía. Promoveremos el trabajo decente, es decir: los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social.

22. Reafirmamos el respeto de los derechos enunciados en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998) y nos comprometemos a promover estos derechos fundamentales. Desarrollaremos e implementaremos políticas y programas que ayuden a que los mercados laborales funcionen de forma eficiente y transparente, y que preparen a los trabajadores para responder a las oportunidades creadas por el crecimiento económico y las nuevas tecnologías.

23. Combatiremos la discriminación de género en el trabajo promoviendo la igualdad de oportunidades con el fin de eliminar las disparidades existentes entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, a través de un enfoque integrado que incorpore la perspectiva de género en las políticas de empleo, incluyendo la promoción de más oportunidades para que las mujeres sean dueñas de su propia empresa.

24. Reafirmamos nuestro firme compromiso para enfrentar el flagelo del racismo, la discriminación y la intolerancia en nuestras sociedades. Estos problemas deben ser combatidos en todos los niveles de gobierno y la sociedad en general. El sistema interamericano también tiene un papel vital en este proceso mediante, entre otras actividades, el análisis de los obstáculos sociales, económicos y políticos que enfrentan los grupos marginados y la identificación de pasos prácticos incluyendo las mejores prácticas sobre cómo combatir el racismo y la discriminación. Con este fin, apoyamos la implementación de la resolución AG/RES. 2126 del Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (XXXV- O/05) que resultó en el establecimiento del grupo de trabajo a cargo de, entre otros, la preparación del proyecto de Convención Interamericana de Prevención del Racismo y de todas las formas de Discriminación e Intolerancia, y alentamos la labor de este grupo de trabajo para combatir el racismo, la discriminación e intolerancia a través de los medios disponibles como un asunto de la más alta prioridad. También reiteramos nuestro compromiso de cumplir plenamente las obligaciones asumidas mediante la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

25. Nos comprometemos a proteger a los niños y las niñas de la explotación económica y de la realización de tareas que puedan interferir con su educación y desarrollo integral, conforme al principio de abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998). Asimismo aplicaremos medidas prioritarias y efectivas para prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil de acuerdo al Convenio 182 de la OIT (1999). Nos esforzaremos en mejorar el acceso y calidad de la educación básica de todos los niños y las niñas, reconociendo que la provisión de oportunidades educativas es una inversión a futuro para nuestras sociedades.

26. Reafirmamos que debe dársele a todo migrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican, incluyendo los principios laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

27. Promoveremos el trabajo decente para los trabajadores migrantes en el marco de la Declaración de Nuevo León y fomentaremos el apoyo el Programa Interamericano adoptado en la Resolución AG/RES 2141 (XXXV-O/05 del Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (XXXV- O/05). Asimismo los Estados partes de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias reiteran la importancia de su plena implementación por las partes.

28. Instamos a incrementar la cooperación y el diálogo interamericano con el fin de reducir y desalentar la migración indocumentada, así como promover procesos migratorios de acuerdo con el orden jurídico interno de cada Estado y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable. Nos comprometemos a dialogar con el fin de reducir el costo y facilitar las transferencias de remesas, e incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, de acuerdo, con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y facilitar el retorno digno, ordenado y seguro de los migrantes; e invitamos a los Estados a intercambiar las mejores prácticas sobre el establecimiento de programas bilaterales para trabajadores migrantes.

29. No escatimaremos esfuerzos para lograr la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio en las Américas. Estamos convencidos de que ello será una contribución fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible con equidad social en nuestros países y para la construcción de un futuro mejor para todos los americanos.

30. Nos comprometemos a procurar la igualdad de oportunidades de empleo para todos así como a trabajar para erradicar la discriminación en el trabajo, en el acceso a la educación, en la capacitación y en la remuneración. En este contexto, prestaremos atención especial a las diferentes necesidades basadas en género y a las necesidades de los pueblos indígenas, los afro-descendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

31. Reafirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas y nos comprometemos a concluir exitosamente las negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El ejercicio pleno de estos derechos es indispensable para la existencia, el bienestar y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y para su plena participación en las realidades nacionales, por lo que debemos crear las condiciones necesarias para facilitar su acceso al trabajo decente y a condiciones de vida que permitan superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social.

32. Afirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos de los afro-descendientes y asegurar su pleno acceso a las oportunidades de educación en todos los niveles y al trabajo decente que les ayudará a superar la pobreza y la exclusión social, y contribuirá a que se incremente su participación en todos los sectores de nuestras sociedades.

33. Promoveremos marcos integrados de políticas públicas ambientales, de empleo, de salud y de seguridad social para proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras, e impulsaremos una cultura de prevención y control de riesgos ocupacionales en el Hemisferio.

34. Fortaleceremos la cooperación y los intercambios de información en la lucha contra enfermedades crónicas así como enfermedades emergentes y reemergentes tales como el VIH/SIDA, SARS, malaria, tuberculosis, gripe aviar y otros riesgos de salud. Nos comprometemos a combatir la estigmatización, la desinformación y la discriminación en el trabajo contra las personas afectadas por el VIH/SIDA y a favorecer su pleno acceso al empleo con dignidad. Nos proponemos desarrollar estrategias y mecanismos de cooperación transversales, principalmente dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para combatir estas enfermedades, incluyendo el fortalecimiento y la financiación adecuada del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como también el desarrollo de planes nacionales de prevención para combatir posibles pandemias tales como la gripe aviar. Instamos a todos los países a acelerar el proceso de ratificación de nuevas reglamentaciones sanitarias internacionales y a procurar ampliar los mecanismos de cooperación que faciliten el acceso a las medidas pertinentes de prevención, diagnóstico y tratamiento de la población en riesgo.

35. Reconociendo la necesidad de sistemas de protección social de amplia cobertura, examinaremos los dispositivos de seguridad social, para la protección de los desempleados, más apropiados y posibles para nuestros respectivos países. Como parte de un paquete de redes de seguridad social para los desempleados, reconocemos, asimismo, la contribución positiva de los sistemas de seguro por desempleo para aliviar temporalmente el padecimiento socio-económico de los individuos, reduciendo la necesidad de los trabajadores de recurrir a actividades de subsistencia a través de trabajos precarios y facilitando su reinserción en el mercado laboral.

36. Consideramos fundamental fortalecer el diálogo social inclusivo, transparente y amplio, con todos los sectores interesados de la sociedad, a nivel local, nacional, regional y hemisférico. El diálogo social es un instrumento importante y básico para promover y consolidar la democracia y para construir sociedades con inclusión y justicia social.

37. Reconocemos el papel consultivo fundamental y único que ejercen las organizaciones de empleadores y trabajadores en la definición de políticas de empleo y políticas laborales. Nos comprometemos a promover y facilitar el diálogo tripartito en los ámbitos nacional, subregional y hemisférico.

38. Reconocemos el vínculo importante entre el desarrollo y la cultura y estamos de acuerdo en que el apoyo a la cultura en sus dimensiones múltiples contribuye, entre otras cosas a la preservación y protección del patrimonio histórico, al realce de la dignidad e identidad de nuestros pueblos, a la creación de trabajo decente y la superación de la pobreza.

39. Destacamos la importancia de la realización, en el marco de la OEA, de la Reunión de ministros y altas autoridades sobre desarrollo sostenible a llevarse a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en agosto de 2006. Alentamos la participación de los Estados miembros y encomendamos a la OEA que continúe prestando apoyo a los trabajos preparatorios necesarios para el éxito de esta reunión.

Formación de la fuerza laboral

40. Reconocemos el papel esencial del acceso a la educación continua, en especial de la formación profesional y técnica de la población. La inversión para aumentar los conocimientos, aptitudes, competencias y habilidades, facilita el acceso y la reinserción al empleo, apoya el desarrollo personal y profesional, y maximiza la productividad de la economía y el fortalecimiento institucional.

41. Reconocemos la importancia de facilitarla incorporación al mercado laboral de los jóvenes, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de los servicios de información y orientación laboral.

42. Convenimos que para mejorar las oportunidades laborales debemos asegurar una educación de calidad para todos los ciudadanos, lo cual requiere la evaluación de nuestros esfuerzos en base a normas claramente definidas y la responsabilización por los resultados.

43. Apoyamos las recomendaciones contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de la IV Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Scarborough, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto de 2005. Nos esforzaremos para que la educación pública sea de calidad en todos los niveles, así como promoveremos la alfabetización para asegurar una ciudadanía democrática, fomentar el trabajo decente, luchar contra la pobreza y lograr una mayor inclusión social. Para alcanzar estos objetivos se requiere una inversión financiera sustancial por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras internacionales. Tomamos nota con satisfacción de la sugerencia de los ministros de Educación para que nuestros gobiernos exploren, con las instituciones financieras internacionales, otras formas innovadoras de incrementar el financiamiento para la educación, tales como el canje de deuda por inversión en educación.

44. Entendemos que el potencial para desarrollar la capacidad de nuestra ciudadanía y alcanzar una mayor productividad depende de una fuerza de trabajo debidamente educada y preparada. En este sentido, reconocemos los avances logrados en el incremento del acceso a la educación y reiteramos la necesidad de ampliar la cobertura, fomentar la calidad, fortalecer la profesión docente y mejorar la eficiencia de nuestros sistemas educativos. Reiteramos la importancia de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la capacitación de nuestra ciudadanía para aumentar su productividad.

45. Nos comprometemos a apoyar la mejora en la calidad de la enseñanza de las ciencias y nos esforzaremos en incorporar ciencia, tecnología, ingeniería, e innovación como factores principales para los planes y estrategias nacionales de desarrollo económico y social, con el propósito fundamental de contribuir a la reducción de la pobreza y a la generación de trabajo decente. En este sentido, apoyamos la Declaración y el Plan de Acción adoptados en la reunión de ministros de Ciencia y Tecnología de Lima.

46. Reconocemos que la investigación científica y tecnológica y el desarrollo y el progreso científicos juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de nuestras sociedades creando economías basadas en el conocimiento, que contribuyan al crecimiento económico y a elevar la productividad. En este sentido, reiteramos nuestro apoyo a las instituciones establecidas anteriormente por el proceso de cumbres, como la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología para crear una cultura científica en el Hemisferio. Seguiremos apoyando las asociaciones de investigación, públicas y privadas, y promoviendo su interacción.

47. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos multilaterales. Asimismo, intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a multiplicar sus vínculos, y a profundizar la investigación básica y aplicada y a promover una mayor incorporación de los trabajadores en la agenda de la innovación. Facilitaremos la mayor interacción posible entre las comunidades de investigación tecnológica y científica promoviendo el establecimiento y consolidación de redes de investigación y sinergia entre instituciones educativas, centros de investigación, el sector público y privado y la sociedad civil.

48. Reconocemos que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Por consiguiente, reiteramos nuestro compromiso con su protección, de conformidad con el acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC.

49. Realizaremos el máximo esfuerzo para aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de incrementar la eficiencia y la transparencia del sector público y facilitar la participación de la ciudadanía en la vida pública, contribuyendo así a consolidar la gobernabilidad democrática en la región. En ese sentido continuaremos promoviendo la adopción regional de programas de capacitación en materia de gobierno electrónico, compartiendo la experiencia de los países que hayan avanzado en este ámbito. Ello permitirá reforzar las capacidades de los empleados del sector público mediante el uso de herramientas innovadoras como los portales de capacitación en línea para funcionarios públicos actualmente implementados en varios países. Estas acciones permitirán proveer preparación en múltiples niveles, contribuyendo de esta manera a mejorar las habilidades de los servidores públicos y a reforzar la educación en valores y a mejores prácticas democráticas en la región.

Micro, pequeñas y medianas empresas como motor de crecimiento del empleo

50. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen una fuerza estratégica en la generación de nuevos empleos y la mejora en la calidad de vida y tienen un impacto positivo en el desarrollo y en el crecimiento económico, fomentando al mismo tiempo la equidad y la inclusión social.

51. Impulsaremos y respaldaremos acciones para facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado interno y el comercio internacional. En este sentido, apoyamos el Congreso PYME de las Américas y alentamos la más amplia participación en esta iniciativa. Destacamos la importancia de la apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios de las PYME.

52. Comprometidos con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, reconocemos la contribución a la economía y a la creación de trabajo decente de las organizaciones productivas, de acuerdo con las características de cada país tales como cooperativas y otras unidades de producción.

53. Fomentaremos el desarrollo de capacidades empresariales y competencias técnicas de las PYME, con el objetivo de facilitar su inserción en nuevos mercados con el fin de fortalecer y aumentar el empleo en las PYME.

54. Respaldaremos los esfuerzos que los bancos multilaterales de desarrollo lleven a cabo con las micro, pequeñas y medianas empresas como factores fundamentales del crecimiento económico y recibiremos con beneplácito el incremento de los esfuerzos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros bancos regionales de desarrollo para crear condiciones favorables para el fortalecimiento de dichas empresas.

Marco para la creación de trabajo decente

55. Nos comprometemos a construir un marco institucional más sólido e inclusivo, basado en la coordinación de políticas públicas en el ámbito económico, laboral y social para contribuir a la generación de empleo decente, el cual deberá comprender

a) Un marco laboral que promueva el trabajo decente y reafirme el respeto a la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento. Continuaremos reforzando la aplicación de nuestras leyes nacionales laborales y a promover su efectiva aplicación;

b) Un marco económico caracterizado por políticas fiscales responsables que fomenten un crecimiento equitativo que genere empleo;

c) Un clima comercial que atraiga la inversión, promueva la creación de nuevas empresas y fomente la competencia;

d) Un marco jurídico que sustente el estado de derecho, la transparencia, y el acceso a la justicia; que refuerce la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales; que impida y combata la impunidad y la corrupción tanto en la esfera pública como en la privada y que combata los delitos internacionales;

e) Un marco de políticas públicas para el desarrollo integral y sostenible que pueda reducir la pobreza y la desigualdad, fomentar la salud humana y proteger el medio ambiente, de conformidad con los acuerdos ambientales internacionales de los que todos somos parte, incluidos aquellos que se refieren a la fauna y las especies migratorias en peligro de extinción, los humedales, la desertificación, las sustancias químicas que agotan la capa de ozono y los cambios climáticos. Tomamos nota con satisfacción de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Montreal;

f) Un marco regulatorio que busque incorporar al sector formal el sector informal y el trabajo no registrado, reconociendo el carácter heterogéneo del sector informal, en aras de expandir la protección social y mejorar la calidad y la productividad del trabajo;

g) Un marco global para el desarrollo del sector rural y agropecuario que promueva la inversión, la generación de empleos y la prosperidad rural, y

h) Para lograr los objetivos precedentes habremos de promover una mayor cooperación y coordinación entre los gobiernos locales, nacionales y regionales.

56. Reconocemos las contribuciones importantes de los ministerios de Trabajo para el logro de los objetivos de la IV Cumbre de las Américas de Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática y la promoción de trabajo decente y políticas que estimulen la inversión y el crecimiento económico con equidad. Estamos comprometidos a fortalecerlos con el objetivo de asegurarles suficientes recursos nacionales presupuestarios y técnicos para permitirles llevar a cabo sus deberes de forma eficiente y eficaz. Hacemos un llamado a nuestros respectivos ministros de Trabajo, en una labor conjunta con empleadores y trabajadores para promover la capacitación profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida de los trabajadores para que puedan insertarse adecuadamente en los mercados laborales; para facilitar el desarrollo de habilidades y conocimiento de los trabajadores y de las personas que buscan empleo; para implementar políticas y programas como la mejora de los servicios de empleo y el acceso a la información laboral de calidad; para el funcionamiento efectivo del mercado laboral y para impulsar eficazmente el cumplimiento de nuestras leyes y regulaciones laborales.

Instamos a los ministros a continuar la cooperación bilateral y multilateral dirigida al desarrollo de capacidades. Tomamos nota también de la Declaración y Plan de Acción de México y su contribución para avanzar hacia los objetivos de la Cumbre.

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

57. Reiteramos nuestro compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y reafirmamos nuestra resolución de fortalecer su plena y efectiva implementación.

58. Estamos convencidos de que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región* (* Reserva de Venezuela). Reconocemos que para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas.

59. En ese sentido, respaldamos los compromisos asumidos en la Declaración de Florida adoptada en el trigésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 2005. Asimismo, tomamos nota de la importancia de lo acordado por los Estados participantes de la Comunidad de las Democracias en su Tercera Reunión Ministerial realizada en Santiago en abril de 2005.

60. Reafirmamos que el carácter participativo de la democracia en nuestros países, en los diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio.

61. Nuestros esfuerzos para la creación de trabajo decente contribuirán a promover la equidad, la movilidad social, una mejor calidad de vida y la inclusión social de nuestros ciudadanos así como al logro de la justicia social.

62. Una mayor participación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil contribuirá a asegurar que los beneficios de la democracia sean compartidos por la sociedad en su conjunto.

63. Reconocemos que la promoción y protección universal de los derechos humanos ---incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales--- con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, así como el respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas. En tal sentido, reafirmamos la necesidad de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en particular el funcionamiento y el acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

64. Reafirmamos que una gobernabilidad democrática basada en el respeto al estado de derecho y que sea estable, transparente, efectiva, incluyente y responsable contribuye a crear un entorno facilitador para atraer la inversión, construir prosperidad económica, fomentarla creación de trabajo decente y alcanzar justicia social.

65. En ese sentido, reconocemos la labor de las reuniones de ministros y autoridades de alto nivel responsables de las Políticas de Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana y de la red interamericana de alto nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD), en particular la III RIAD, cuyo tema central fue el papel de los gobiernos locales y regionales, la participación ciudadana y el desarrollo regional en el combate a la pobreza, la generación de trabajo e ingreso y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

66. La rendición de cuentas es un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos administrados por nuestros gobiernos. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico. Por este motivo, hacemos un llamado a implementar la convención interamericana contra la corrupción y participar plenamente en el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Destacamos la importancia del papel de supervisión de los legisladores, cuando resulte apropiado, en la lucha contra la corrupción y la importancia de promover los intercambios interparlamentarios para colaborar en el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales para combatir la corrupción.

67. Promoveremos la prosperidad económica asegurando que la comunidad democrática de Estados continúe comprometida con la paz y con el tratamiento de las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad. Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, fundamentada en el concepto multidimensional de la seguridad, y continuaremos fortaleciendo la cooperación entre nuestros Estados.

68. Manifestamos que el terrorismo afecta el normal funcionamiento de nuestras sociedades e incide negativamente en nuestras economías, en los mercados de trabajo y especialmente en la generación de empleo. Para mantener un ambiente que fomente la prosperidad económica y el bienestar de nuestros pueblos, tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

69. Fortaleceremos el intercambio oportuno de información y la más amplia asistencia jurídica mutua para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, impedir la circulación internacional de terroristas y asegurar su enjuiciamiento y, en su caso, su extradición de acuerdo con la legislación interna y los tratados y convenciones relevantes. Cooperaremos para evitar que toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación, y comisión de actos terroristas encuentre refugio en nuestros países.

70. Enfatizamos nuestra preocupación por el problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible, situación que requiere una acción complementaria y urgente para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente.

71. Alentamos los trabajos de la OEA en la elaboración de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, cuyos principios y objetivos estarán dirigidos al logro, por parte de los Estados miembros, de sociedades que ofrezcan a todos nuestros ciudadanos más oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social.

72. Los esfuerzos nacionales para generar trabajo decente y empleos de calidad deben ser apoyados por la cooperación y la solidaridad internacional. En este contexto reforzaremos los mecanismos de cooperación entre nuestros países en el marco de la OEA y con otras organizaciones multilaterales e instituciones financieras, de modo de lograr un completo y efectivo uso de los instrumentos y recursos necesarios para fomentar un crecimiento y desarrollo sostenible. En este sentido, tomamos nota con interés de las iniciativas, contribuciones y debates internacionales, como la Declaración sobre la Acción contra el Hambre y la Pobreza, encaminados a encontrar fuentes innovadoras y adicionales de financiación para el desarrollo de carácter público, privado, interno o, externo de acuerdo con las estrategias de desarrollo nacionales de cada país que aumenten y complementen las fuentes tradicionales de financiación para lograr los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que refleje la asociación mundial del Consenso de Monterrey.

73. Tomando en cuenta los resultados de esta Cumbre y de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) solicitamos que la OIT trate, en su XVI Reunión Regional del 2006 el que fue el tema central de la XIV CIMT. ``Las personas y su trabajo en el centro de la globalización'' con énfasis particular en el trabajo decente y considere acciones gubernamentales y tripartitas para dar cumplimiento a té Declaración y el Plan de Acción de Mar del Plata.

74. Reconocemos el papel central de la OEA en la implementación y seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas e instruimos a la secretaría general a que continúe ejerciendo las funciones de secretaría técnica, brinde apoyo a las reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) y a las reuniones ministeriales y conferencias especializadas, coordine la participación de la sociedad civil y asegure la divulgación de información sobre el proceso de Cumbres y los compromisos asumidos por los países.

75. Encomendamos a las instituciones miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres constituido por la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Banco Centroamericano para la Integración Económica, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto para la Conectividad en las Américas, el Banco de Desarrollo del Caribe, la Corporación Andina de Fomento, que bajo la coordinación de la OEA, continúen apoyando a través de sus respectivas actividades y programas, el seguimiento e implementación de las declaraciones y los planes de acción de las Cumbres de las Américas, así como de esta Declaración y el Plan de Acción de Mar del Plata, y que presten su asistencia en los preparativos de futuras Cumbres.

76. Con esta Declaración y el Plan de Acción anexo, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reafirmamos el papel fundamental que otorgamos a la creación de trabajo decente para cumplir con nuestros compromisos de enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Reconocemos una vez más el valor del trabajo como actividad que estructura y dignifica la vida de nuestros pueblos, como un instrumento eficaz de interacción social y un medio para la participación en las realizaciones de la sociedad, objetivo primordial de nuestra acción gubernamental para las Américas.

IV. Plan de Acción

IV Cumbre de las Américas

Mar del Plata-Argentina-2005

Cuarta Cumbre de las Américas

Plan de Acción

Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática

Mar del Plata, Argentina-5 de noviembre de 2005

I. Crear trabajo decente

A. Compromisos nacionales

1. Eliminar el trabajo forzoso antes de 2010, fortaleciendo medidas y políticas que permitan el logro de esta meta a aquellos países que aún no lo han hecho. Para ello, promover el establecimiento de planes de acción nacionales con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

2. Erradicar a más tardar en 2020 las peores formas de trabajo infantil y disminuir el número de niños que trabajan en violación a las leyes nacionales. Continuaremos fortaleciendo políticas nacionales que permitan lograr esas metas. Además de proveer educación básica de calidad, nos comprometemos a establecer puentes entre programas de erradicación de trabajo infantil y otros programas de ayuda, como los de apoyo a los ingresos y/o programas de compensación familiar, actividades extraescolares y capacitación. Para la implementación de este objetivo los países deberán establecer metas y plazos nacionales acordes a las situaciones locales.

3. Reducir el desempleo juvenil y disminuir significativamente el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. Intensificaremos nuestros esfuerzos en el desarrollo de políticas específicas de formación, práctica laboral, reinserción educativa y promoción del acceso de los jóvenes de ambos sexos a su primer empleo. En este sentido, algunos países promueven el empleo juvenil en sectores no tradicionales, como la conservación y rehabilitación ambiental y ámbitos de asociación de lo público con lo privado, para permitir proveer acceso a una educación formal y a cursos de iniciación profesional en el ambiente de trabajo. Se promoverá la orientación de estos programas en particular hacia los grupos de jóvenes más vulnerables, sea por baja escolaridad o por bajos ingresos.

4. Eliminar la discriminación de las mujeres en el trabajo a través de, entre otros, la implementación de una serie de políticas que incrementen el acceso de las mujeres a trabajo decente, digno y productivo, incluyendo políticas de capacitación y educación, y la protección de los derechos de la mujer, y políticas pro-activas que aseguren que el hombre y la mujer gocen de igualdad en el lugar de trabajo.

5. Asegurar acceso equitativo a hombres y mujeres a los beneficios de la protección social y la atención de los temas de género en las políticas laborales y sociales.

6. Desarrollar y fortalecer políticas para incrementar las oportunidades de trabajo decente, digno y productivo para las personas adultas mayores y las personas con discapacidades y para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales nacionales en este sentido, incluyendo la eliminación de su discriminación en el lugar de trabajo.

7. Implementar políticas que aseguren igual remuneración para igual trabajo o, según corresponda, para trabajo de igual valor.

8. Reducir significativamente los niveles de trabajo no registrado, instrumentando o fortaleciendo los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las leyes laborales nacionales en el lugar de trabajo.

9. Promover metas para la formalización gradual de los trabajadores asalariados que no gozan de protección social, en particular los empleados domésticos.

10. Proveer, mejorar o ampliar, según sea el caso, sistemas de protección social abarcadores para que todos los trabajadores tengan acceso a mecanismos seguros de protección social relevantes.

11. Promover el diálogo social tripartito e inclusivo y la cooperación entre los actores sociales y gobiernos y solicitarle a la OIT apoyo, según sea necesario.

12. Alentar, según corresponda, a las autoridades educativas correspondientes a promover la inclusión, en la currícula de los sistemas educativos del estudio de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y las dimensiones del trabajo decente, de acuerdo con el enfoque de la OIT.

13. Realizar acciones para la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y desarrollar, en conjunción con la OIT, estrategias de cooperación para su cumplimiento por parte de los países miembros.

14. Incrementar la proporción de la población activa, ocupada y desocupada, que se incorpora a actividades de formación profesional para adquirir o actualizar calificaciones, incluyendo las requeridas en la economía basada en el conocimiento, y aprovechando las buenas prácticas desarrolladas por CINTERFOR/OIT en varios países de la región.

15. En complemento de los esfuerzos públicos en esta área, promover el desarrollo de servicios empresariales de apoyo a la capacitación profesional para facilitar el ingreso al mercado formal de trabajo y actualizarlas calificaciones de la mano de obra.

16. Promover condiciones de salud y seguridad y propiciar ambientes de trabajo saludables para todos los trabajadores, así como también asegurar sistemas efectivos de inspección laboral para estos fines. Para ello, es indispensable impulsar alianzas estratégicas entre el sector laboral, el sector salud, el de ambiente y el de educación.

17. Tipificar la conducta de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, aplicar de manera efectiva la legislación nacional para enfrentar el tráfico de migrantes y la trata de personas, y fortalecer las instituciones y la capacitación de los cuadros técnicos para estar en mejores condiciones de investigar, perseguir y enjuiciar a los responsables, prevenir el delito y proteger y asistir a las víctimas de estos crímenes.

18. Adoptar acciones para promover el ejercicio pleno y eficaz de los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los migrantes, así como la aplicación de normas básicas tales como las establecidas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998. Explorar las formas en que la OIT pueda brindar asesoría técnica a los países miembros para lograr dicho objetivo.* (*Párrafo 18: Estados Unidos tiene una reserva con respecto a este párrafo y prefiere la siguiente redacción: ``Proteger y promover los derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, de acuerdo con el marco jurídico de cada país, y el derecho internacional aplicable, y promover el respeto hacia la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento. Explorar formas para que la OIT preste asesoramiento técnico a los Estados miembros a fin de ayudarlos a lograr ese objetivo''.)

B. Cooperación hemisférica

19. Continuar fortaleciendo la capacidad de los ministerios de Trabajo para hacer cumplir en forma efectiva nuestras leyes y normas laborales nacionales. Continuaremos promoviendo la cooperación entre los ministerios de Trabajo en el contexto de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo-CIMT.

20. Fortalecer el diálogo constructivo respecto al fenómeno de la migración internacional, con miras a promover el reconocimiento pleno de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, reducir sus condiciones de vulnerabilidad en el trabajo, así como procurar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación en el trabajo, tomando como base los instrumentos internacionales en la materia, y asegurar así que la migración sea un proceso ordenado que beneficie a todas las partes y estimule la productividad global. * (*Párrafo 20: ``Estados Unidos hace notar que este texto fue examinado en relación con la declaración y que se llegó a un consenso, que incluía a Estados Unidos, con base en la siguiente redacción: ``aumentar la cooperación y el diálogo interamericanos a fin de reducir y desalentar la migración indocumentada, así como promover los procesos migratorios de conformidad con el sistema jurídico de cada Estado y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable''. Estados Unidos considera que el punto en el Plan de Acción debe reflejar fielmente la Declaración.)

21. Fortalecer y establecer mecanismos de colaboración entre los países de tránsito, origen y recepción de trabajadores migrantes en el Hemisferio a fin de difundir información sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes.

C. Organismos internacionales

22. En colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) la OIT y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fortalecer las capacidades nacionales de producir estadísticas, particularmente enfocadas al campo laboral, y desagregadas por sexo y raza.

23. Solicitar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) continúe su trabajo de apoyo técnico en la implementación del Programa Interamericano adoptado por la resolución AG/RES 2141 (XXXV_O/05) del trigésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

II. Crecimiento con empleo

A. Compromisos nacionales

24. Fomentar el diálogo social inclusivo tripartito y transparente como instrumento de proposición de políticas y de solución de conflictos laborales, para fortalecer la representación y estimular la participación sindical y de las entidades patronales en la formulación y aplicación de políticas nacionales de promoción de trabajo decente.

25. Emprender, cuando sea pertinente, un análisis de la estructura y composición del empleo en los niveles nacional, regional y local, y de los sectores y subsectores que pueden tener mayor potencial de impacto sobre el aumento de la renta y el empleo y la reducción de la pobreza.

26. Realizar esfuerzos orientados a facilitar la incorporación y/o ampliación, según corresponda, a nuestros sistemas estadísticos nacionales, de información relativa a la contribución a la generación de valor agregado, reducción de la pobreza y fomento del bienestar social por parte de las cooperativas productivas y otras categorías de trabajo independiente.

27. Promover el incremento de la comunicación entre los ministros responsables de las políticas económicas, sociales y laborales a nivel nacional, con el objetivo de coordinar políticas orientadas a la creación de empleo y reducción de la pobreza.

28. Alentar la inversión en infraestructura básica que tenga un alto impacto positivo en el empleo para la promoción del crecimiento y el empleo productivo.

29. Promover y fomentar, cuando sea pertinente, la creación de agencias y ámbitos para la identificación y la evaluación de factibilidad de proyectos de inversión en infraestructura básica.

30. Promover la capacitación y servicios de asistencia técnica y crediticia, y formación profesional, y fortalecer el desarrollo de capacidades empresariales y competencias tecnológicas y de gestión para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su inclusión como proveedores locales.

31. Crear y/o fortalecer, según corresponda, agencias especializadas en servicios de desarrollo y mejorar el clima comercial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que faciliten su acceso a los mercados, incluidos los externos, solicitando a instituciones multilaterales, asistencia técnica y financiera para el logro de esta meta.

32. Estimular el diseño o fortalecimiento de mecanismos o iniciativas de acceso al crédito por intermedio, entre otras medidas, del fomento del registro de la propiedad y de catastro, en el que la seguridad jurídica se expresa, entre otros, mediante la verificación del título y el uso del mismo, asegurando que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.

33. Favorecer la investigación, el desarrollo y la adopción de fuentes renovables y eficientes de energía y el despliegue de tecnología en energía más limpia y eficiente de fuentes renovables de energía incluyendo, entre ellas, aquellas que fomenten el uso intensivo de mano obra, las cuales, junto con la promoción del, desarrollo sostenible, abordando las preocupaciones por el cambio climático, permiten reducirla pobreza.

34. Estimular políticas que mejoren la distribución del ingreso.

35. Apoyar la implementación del Acuerdo Ministerial de Guayaquil 2005 sobre Agricultura y Vida Rural en las Américas (Plan AGRO 2003-2015).

B. Cooperación hemisférica

36. Fomentar el intercambio de experiencias acerca del papel de las micro, pequeñas y medianas empresas y del acceso a los programas de compra del Estado, en la creación de empleos productivos, el desarrollo de capacidades competitivas, la reducción del sector informal y el combate a la pobreza.

37. Establecer mecanismos de intercambio de buenas prácticas y enfoques innovadores en el campo del desarrollo de las micro y pequeñas y medianas empresas, tales como el Congreso de Pequeñas y Medianas Empresas de las Américas, y favorecer una mayor participación pública y privada en este Congreso.

38. Desarrollar una red virtual hemisférica destinada al intercambio de oportunidades comerciales.

39. Mejorar sustancialmente la capacidad nacional, regional y hemisférica de mitigación de riesgo para implementar sistemas de alerta temprana que sean rentables y robustos y mejorar las capacidades de recuperación de desastres y reconstrucción, en colaboración con las instituciones regionales relevantes. Explorar con las instituciones regionales e internacionales relevantes, el desarrollo coordinado de sistemas público-privados de seguros de riesgos de catástrofes eficaces.

C. Organismos internacionales

40. Fomentar la cooperación multilateral de los bancos de desarrollo para la identificación y el financiamiento de proyectos nacionales y regionales de infraestructura, particularmente aquellos orientados a promover el desarrollo sostenible, generar traba y reducir la pobreza.

41. Promover el incremento de la inversión en ciencia, tecnología, ingeniería e innovación. Solicitar a las organizaciones multilaterales pertinentes fortalecer las actividades de cooperación técnica y financiera dirigidas al logro de esta meta y al desarrollo de sistemas nacionales de innovación.

42. Solicitar a la OIT que amplíe su apoyo y asistencia, técnica a los países (gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores) en los esfuerzos por promover la generación de más y mejores empleos, especialmente, a través del fortalecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

43. Solicitar al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y a la CEPAL que continúen con sus esfuerzos para desarrollar un sistema de información para el seguimiento y la evaluación del Plan AGRO 2003-2015, y a los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres a unirse a dichos esfuerzos como una contribución a la definición de metas e indicadores para los mandatos de las Cumbres de las Américas.

44. Explorar formas para que los bancos de desarrollo multilateral provean más asistencia a los países más pobres y con menor capacidad crediticia de acuerdo con el desempeño alcanzado con los fondos otorgados y expandir el papel de los bancos multilaterales de desarrollo como catalizadores de inversiones en el sector privado.

III. Desarrollo social

A. Compromisos nacionales

45. Impulsar el desarrollo de políticas económicas y sociales integrales, a nivel nacional orientadas prioritariamente a los objetivos de crecimiento del empleo, la disminución de la pobreza, de la marginación y de la desigualdad, al desarrollo de las capacidades personales y al acceso a las oportunidades de desarrollo integral.

46. Implementar ---con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)--- la iniciativa tres-unos: un marco de acción para el VIH/SIDA, una autoridad nacional de coordinación del SIDA y un sistema de vigilancia y evaluación por país, desarrollando la prevención primaria del VIH/SIDA y fortaleciendo los servicios de salud especiales para jóvenes y otros grupos vulnerables, con especial atención al problema del estigma y la discriminación en el ámbito laboral, teniendo en cuenta el Código de Conductas sobre VIH/SIDA en el lugar de Trabajo de la OIT. Promover esfuerzos para otorgar un programa completo de prevención, tratamiento y cuidado a portadores de VIH/SIDA, teniendo como objetivo lograr acercarse al acceso universal para todos aquellos que lo necesiten, tan pronto como sea posible.

47. Iniciar ---con el apoyo de la OPS--- de forma inmediata en aquellos países donde aún no existan, planes nacionales de preparación para una pandemia de influenza y gripe aviar y tenerlos listos antes de junio de 2006. En aquellos países que ya cuentan con planes, implementarlos inmediatamente de acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de enero de 2005.

48. Fortalecer a nivel nacional la estrategia de tratamiento supervisado de la tuberculosis en todos sus componentes y ampliar la cobertura de la población en riesgo; asimismo, coordinar esfuerzos para reducir la malaria en los países endémicos y fortalecer la lucha contra el dengue clásico y hemorrágico.

49. Promover esfuerzos para asegurar, antes de 2010, la culminación y calidad de la escolaridad primaria para todos los niños y niñas, y promover la definición de metas, antes de 2007, para la culminación y la calidad de la escuela media.

50. Fortalecer dentro de los sistemas nacionales de salud las acciones de atención primaria, como un paso para prevenir las enfermedades y sus secuelas y reducir la morbilidad con el fin de asegurar el acceso equitativo a los servicios de salud a todas las personas en el hemisferio,

51. Promover un diálogo permanente respetuoso y constructivo con los pueblos indígenas y desarrollar políticas para crear las condiciones necesarias que faciliten su desarrollo integral y sostenible, el acceso al trabajo decente y condiciones de vida que permitan superar la pobreza, en pleno respeto a sus derechos.

B. Cooperación hemisférica

52. Identificar e intercambiar, en el marco de la 0EA, las prácticas en la región en materia de políticas y programas de combate a la pobreza.

53. Continuar fortaleciendo la cooperación regional y la movilización de recursos para avanzar en la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas, llamando a los países del Hemisferio, en cooperación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), a: Desarrollar, implementar, y evaluar programas de prevención del abuso de sustancias, en particular para jóvenes y niños, como Habilidades para la Vida, entre otros; expandir el Programa para estimar los costos humanos, económicos y sociales de las drogas en las Américas y promover el apoyo a las estrategias de desarrollo integral y sostenible que adelantan los países afectados por el cultivo y producción de drogas ilícitas.

C. Organismos internacionales

54. Reconocemos los resultados positivos del Fondo Global para el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria (GFATM) y reafirmamos nuestro apoyo a sus actividades y objetivos. Recomendamos, continuar la participación importante de la sociedad civil en la consecución de esos objetivos y exhortamos a la Junta Directiva del Fondo Global a evaluar los criterios de elegibilidad con miras a abrirlo a países de ingreso medio en el Hemisferio.

55. Desarrollar en el marco de la OEA, antes de 2008, el estudio de un programa de alfabetización, que tenga en cuenta experiencias exitosas en la materia, para avanzar hacia la eliminación del analfabetismo en nuestros países.

56. Promover, en el marco de la OEA, el intercambio de experiencias para la implementación de programas electrónicos de educación que articulen medios, recursos y herramientas destinadas a fortalecer, y enriquecer los procesos de enseñanza en las escuelas incluyendo la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación.

57. Impulsar los trabajos ahora en marcha en la OEA para concluir exitosamente las negociaciones de la Carta Social de las Américas y de su Plan de Acción.

58. Encomendar a la Primera Reunión Interamericana de ministros de Desarrollo Social, a celebrarse en El Salvador, de conformidad con la resolución AG/RES 1984 (XXXIV-0/04) del trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA que considere, entre otros, los progresos respecto de los compromisos contenidos en este Plan de Acción en el ámbito de sus competencias.

59. Considerar en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse en la República Dominicana, una declaración del decenio de las Américas de las personas con discapacidad (2006-2016) con un programa de acción.

60. Intensificar las reuniones de negociación para la pronta adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y dar continuidad y transparencia a la participación efectiva en el diálogo que se lleva a cabo en la OEA.

IV. Fortalecer la gobernabilidad democrática

A. Compromisos nacionales

61. Teniendo en cuenta el lema de la Cumbre de Mar del Plata y tomando en consideración que nuestro concepto de seguridad es multidimensional, promover por medio de acciones concretas en el nivel nacional, subregional, hemisférico y mundial, la implementación de los compromisos asumidos en la Declaración sobre Seguridad de las Américas.

62. Continuar respaldando y fortaleciendo el funcionamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promoviendo en los órganos políticos de la OEA, en el marco del proceso de reflexión en curso, acciones concretas para lograr, entre otros objetivos, una mayor adhesión a los instrumentos jurídicos, un efectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la debida consideración de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos del sistema y el financiamiento adecuado de los órganos del sistema, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias.

63. Exhortar a los Estados miembros, según sea el caso, a que consideren firmar y ratificar o adherir, al protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y a que colaboren en el desarrollo de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05) adoptada por el trigésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

B. Cooperación hemisférica

64. Identificar, antes de diciembre de 2006, iniciativas concretas de cooperación e intercambio de experiencias para el desarrollo de capacidades técnicas en nuestros países que contribuyan con la plena aplicación de las normas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y con el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención (MESICIC), dando especial consideración, a tal efecto, a las recomendaciones emanadas de la primera ronda de dicho mecanismo.

65. Consolidar la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y Extradición, apoyar las acciones para la implementación de un plan estratégico para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y fortalecer el desarrollo institucional de la secretaría general de la OEA en estos temas, de conformidad con el marco de las reuniones de ministros de Justicia o de ministros o procuradores generales de las Américas (REMJA).

66. Cooperar solidariamente con el pueblo haitiano en sus esfuerzos para revitalizar las instituciones democráticas, combatir la pobreza y estimular el desarrollo socio-económico con equidad, incluida la creación de trabajo decente, a través, entre otros, de un mayor apoyo de las instituciones financieras internacionales y las agencias de cooperación, e implementar programas de desarme, de desmovilización y de reinserción (DDR), con el apoyo de la MINUSTAH y la Misión especial de la OEA para el fortalecimiento de la democracia en Haití.

C. Organismos internacionales

67. Reconociendo la interrelación entre la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y el lema de la Cumbre de Mar del Plata, solicitar a los órganos políticos y a la secretaría general de la OEA que continúen avanzando en la efectiva implementación de la Declaración de Florida Haciendo realidad los beneficios de la democracia.

68. Solicitar a la secretaría general de la OEA que presente para la consideración de los órganos políticos de la Organización, antes de 2007, un programa interamericano de intercambio de experiencias y mejores prácticas para fortalecer y perfeccionar en nuestros países los mecanismos de participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general, en la gestión del Estado, en particular en el desarrollo de políticas públicas para la generación de empleo y combate a la pobreza, incluyendo los gobiernos locales, en un marco de diálogo social inclusivo que tenga en cuenta la vulnerabilidad de los sectores más excluidos de nuestras sociedades.

69. Impulsar, a través de la OEA, programas de capacitación a nivel regional en materia de gobierno electrónico, favoreciendo el intercambio de experiencias con los países que tengan avances en la materia.

70. Asegurar que la OEA y otras organizaciones hemisféricas, cuenten con los recursos financieros y la capacidad institucional para implementar los compromisos de las Cumbres.

V. Comunicados de los estados miembros

Comunicado sobre la situación en Haití

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos los días 4 y 5 de noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con ocasión de la Cuarta Cumbre de la Américas, declaramos nuestro firme apoyo al satisfactorio cumplimiento de un proceso electoral libre y justo y a la elección de un gobierno estable y constitucional en Haití, que asumirá sus funciones el 7 de febrero de 2006. Llamamos a todas las partes a redoblar sus esfuerzos en un espíritu de apertura y conciliación;

Reconocemos los desafíos a la seguridad pública y al desarrollo democrático, político, económico y social de Haití, y seguiremos apoyando los esfuerzos hechos por el gobierno de transición de Haití, con la asistencia de la comunidad internacional, para la celebración de elecciones transparentes y lograr la transición política. Del mismo modo elogiamos y respaldamos plenamente los esfuerzos realizados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y los países de la región para asistir a Haití a superar sus crisis recurrentes. En particular, aplaudimos el activo compromiso de los países de la región en Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y su papel decisivo en la restauración de la estabilidad y el establecimiento de la gobernabilidad democrática pacífica en Haití;

Teniendo en cuenta las prioridades establecidas por el gobierno de transición haitíano, ofrecemos nuestra continua asistencia en áreas decisivas, como la reforma al sector de la seguridad ---incluyendo la reconstrucción de la Policía Nacional Haitíana--- la reconstrucción económica y social y la reconciliación y reinicio de procesos democráticos, así como la total restauración del sistema judicial. El respeto del estado de derecho y los derechos humanos es esencial para alcanzar esos objetivos;

Vemos con beneplácito el apoyo de la comunidad internacional donante, y reconocemos la cooperación financiera comprometida en la Conferencia Internacional de Donantes, auspiciada por el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas en julio de 2004. Resaltamos la necesidad de que se desembolse oportunamente la contribución comprometida de US $1.000 millones para que tenga un impacto mensurable en la vida de los haitíanos y en la capacidad del nuevo gobierno para atender las necesidades inmediatas y a largo plazo del pueblo haitíano;

Ofrecemos nuestro continuo apoyo al Marco Interino de Cooperación, preparado conjuntamente por el gobierno haitíoano y la sociedad civil, con la colaboración de la comunidad internacional y al plan bienal de reconstrucción de julio de 2004 a septiembre de 2006, que lo acompaña. Nos comprometemos a trabajar con el nuevo gobierno constitucional para diseñar e implementar una estrategia de largo plazo para el desarrollo de Haití, y

Subrayamos la importancia de los procesos políticos en curso que conducen al establecimiento de un gobierno democrático y estable en Haití, basado en el respeto del estado de derecho, el crecimiento de instituciones democráticas vigorosas y el restablecimiento de una paz y estabilidad duraderas, elementos clave para la consecución de la prosperidad.

Comunicado sobre Nicaragua

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos los días 4 y 5 de noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con ocasión de la Cuarta Cumbre de la Américas,

Conociendo los acontecimientos políticos que han venido desarrollándose en Nicaragua y valorando los recientes acuerdos políticos alcanzados que reafirman la necesidad de la vigencia del estado de derecho y la separación e independencia de los poderes del Estado, elementos esenciales de la democracia representativa;

Reconociendo el papel de primer orden y el compromiso activo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, José Miguel Insulza, al dedicar especial atención a la situación de ese país, a fin de garantizar el pleno respeto al ejercicio del régimen democrático;

Llamamos a los poderes públicos y a los actores políticos a dedicar sus mejores esfuerzos y energías en la búsqueda de soluciones a los principales problemas nacionales, por la vía de un diálogo amplio y abierto, e

Instamos a la secretaría general de la OEA a continuar dando su respaldo en el proceso de diálogo y al desarrollo de comicios electorales libres y justos en Nicaragua.

Comunicado sobre Colombia

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos los días 4 y 5 de noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con ocasión de la Cuarta Cumbre de la Américas, expresamos nuestro reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que se realizan en Colombia para el establecimiento de la paz;

Instamos a los miembros de los grupos armados ilegales a que cumplan a cabalidad con los términos acordados para la desmovilización, desarme y reinserción, tanto colectiva como individual, que se adelantan actualmente en ese país, y

Resaltamos el aporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mediante la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz (MAPP-OEA) y reconocemos el esfuerzo realizado por el secretario general de este organismo, José Miguel Insulza.

Comunicado sobre Bolivia

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos los días 4 y 5 de noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con ocasión de la Cuarta Cumbre de la Américas, confiamos en la capacidad de la sociedad y la dirigencia política bolivianas para encontrar los mecanismos institucionales dirigidos a encaminar las soluciones políticas adecuadas, respetando el estado de derecho y la legitimidad democrática. Instamos a los actores sociales y políticos a continuar en la búsqueda de los consensos necesarios para consolidar la democracia con pleno respeto a sus instituciones y a los derechos humanos;

Acompañamos las acciones llevadas a cabo por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como las declaraciones oportunamente emitidas por el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana, la Comunidad Andina y el Grupo de Apoyo a Bolivia, y

Comprometemos el pleno apoyo de los países de la región a los esfuerzos del Gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé para celebrar elecciones libres, soberanas y transparentes en diciembre de 2005 con total apego a los términos constitucionales vigentes.

Comunicado sobre la Ronda de Desarrollo de Doha

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos los días 4 y 5 de noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, aprovechamos esta oportunidad para reconocer la importancia de la fructífera conclusión de la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio. Esta conclusión exitosa constituye un paso importante hacia nuestro objetivo más amplio, que es brindar a nuestros ciudadanos un mayor acceso a la economía mundial, creando prosperidad y elevando los niveles de vida;

Reconocemos que los principales obstáculos al logro de estos objetivos son los subsidios, aranceles y otras barreras que limitan nuestras posibilidades para el crecimiento y el desarrollo;

Sabemos que una exitosa y ambiciosa Ronda de Doha reducirá o eliminará los aranceles y otras barreras, pondrá fin a los injustos subsidios agrícolas y abrirá los mercados mundiales para los servicios;

Reconocemos el potencial para aliviar la carga de la pobreza, generar trabajo decente y promover la prosperidad y las oportunidades para todos nuestros ciudadanos; trabajaremos para eliminar los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio y ponen freno al desarrollo, y para eliminar los aranceles y otros obstáculos para abrir mercados a los agricultores de todo el mundo, y

Reconocemos que el mayor comercio difunde esperanzas y oportunidades para todas nuestras naciones, y estamos decididos a colaborar para llevar a una exitosa conclusión de la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio.

Confiamos que los demás participantes de la Ronda se sumarán a nosotros para asegurar la exitosa conclusión de las negociaciones de la misma.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la Fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Alma Cecilia Villarreal Garza.

Puesto: Coordinadora de Comercio Internacional.

Lugar de trabajo: Centro de Comercio e Inversión de Corea (Kotra) en Monterrey, Nuevo León.Nombre: César Acosta Gámez.

Puesto: Asistente de dirección.

Lugar de trabajo: Centro de Comercio e Inversión de Corea (Kotra) en Monterrey, Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales del escrito en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 15 noviembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su compromiso permanente a favor de los derechos de todos los niños y niñas del mundo.

SEGUNDO. El Senado de la República, si bien reconoce avances también reconoce que falta mucho por hacer y reitera el llamado a los Poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los involucrados para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989''.

Atentamente.

México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Atentamente.

México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

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...

1 de febrero:

Apertura del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

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...

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...

(15 de marzo. Derogada)

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TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Atentamente.

México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 121 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ÚNICO. Se reforman el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento, la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

...

...

...

...

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. ...

I a la V. ...

B. ...

I. a la V. ...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. a la IV. ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) al e)...

f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones podrán participar los partidos políticos con registro nacional, así como los partidos políticos locales del Distrito Federal que obtengan su registro como tales en los términos que disponga la ley;

g) al o)...

BASE SEGUNDA....

I...

...

...

II....

a) al f)...

BASE TERCERA....

I...II....

... ...

BASE CUARTA. ...

I a la VI. ...

BASE QUINTA. ...

...

D al G....

... ...

a) al c)...

H....

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 121. En las elecciones locales del Distrito Federal podrán participar los partidos políticos con registro nacional, así como los partidos políticos locales que obtengan su registro como tales en los términos que disponga la ley. De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y contarán durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a las reformas contenidas en el presente Decreto.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal.

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LEY GENERAL DE EDUCACION - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que reforma la Ley General de Educación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Atentamente.

México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción VII al artículo 7º recorriéndose subsecuentemente las demás y se adiciona una fracción VII al artículo 14 recorriéndose subsecuentemente ambas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. VI...

VII. Promover la cultura democrática y el reconocimiento del derecho a la participación infantil, como parte de un proceso constructivo de la ciudadanía.

VIII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas.

XI. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

X.- Estimular la educación física y la práctica del deporte;

XI.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios;

XII.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

XIII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los Artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I - VI...

VII. Participar en la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México en coordinación con las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión y las demás instituciones que participen de su organización.

VIII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;

IX. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica;

X. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones;

XI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y

XII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un inciso h) al párrafo primero del artículo 69, y se reforma el inciso h) y se adiciona un inciso i) del párrafo primero del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 69

1. Son fines del Instituto:

a) - e)...

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, y

h) Fomentar la cultura democrática en las niñas, niños y adolescentes de todo el país, así como el respeto y reconocimiento del derecho a su participación, como parte de un proceso constructivo de la ciudadanía en el marco la diversidad pluricultural del país.

2. ...

3. ...

Artículo 96

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) - f)...

g) Acordar con el secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;

h) Participar en la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México en coordinación con las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión y las demás instituciones que participen en el mismo; e

i) Las demás que le confiera este Código.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Las dependencias y entidades que participarán en la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, integrarán en su planeación presupuestal los montos requeridos y su aplicación se sujetará a lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Gobernación.

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CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca y General de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.

Atentamente.

México, DF, a 17 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ramiro Eduardo Osorio Fonseca, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez, para que pueda aceptar y usar la medalla especial y la cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 17 de noviembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 17 de noviembre de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ARTICULOS 73,76, 89 Y 133 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma la fracción XXVIII del artículo 73, la fracción I del artículo 76 y el artículo 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del PVEM.

María Ávila Serna, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55. fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales la presente iniciativa con proyecto decreto, de acuerdo a la siguiente:

Exposición de Motivos

En 1824 surgió el primer documento que le dio vida y personalidad a nuestro país como nación independiente, adoptando como sistema político el federalismo. La Constitución de 1857 restituye el sistema federal, fortaleciendo al Poder Legislativo y depositándolo en una sola Cámara. Es hasta el año de 1874 en que se retoma el sistema bicamaral por el que se creó el Senado de la República.

El Estado mexicano cuenta con un marco general que, con modificaciones, está cimentado en varios de los principios y valores establecidos en la Constitución de 1824 y sobre todo en la de 1857. La carta política creada en 1917, hoy vigente, también ha sido reformada en innumerables ocasiones como reflejo de la rápida dinámica social que obliga a una continua adecuación de normas, estructuras e instituciones.

Si bien es cierto que vivimos en un Estado de derecho en que la Constitución ha cumplido su papel de norma fundamental suprema y fundante de todo el orden jurídico, no menos cierto es que se trata de estructuras normativas e institucionales en proceso permanente de perfeccionamiento y consolidación. Muchas veces la Constitución no ha podido cumplir plenamente con su papel normativo y ha quedado como un conjunto de disposiciones programáticas cuya realización depende de la dinámica social inducida por la propia Carta Magna.

En nuestras leyes supremas se ha incorporado la doctrina de Montesquieu sobre la división de poderes; en nuestro país se importó esa forma de pensamiento conjuntamente con el sistema político federalista, siguiendo el modelo norteamericano. En México el verdadero equilibrio de poderes se ha acentuado de manera clara y verdadera en las últimas tres legislaturas federales, donde ningún partido político ha obtenido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ello aunado al aumento de la presencia de los partidos.

De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución federal, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y en congruencia con el 133 de nuestra Carta Magna, serán la ley suprema de toda la Unión.

Por otra parte el artículo segundo de la Ley sobre Tratados, establece que tratado es ``el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación, requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos''.1

Dicho lo anterior, con la presente iniciativa se pretende que en materia de tratados internacionales sea facultad del Congreso su aprobación y no de manera exclusiva de la Cámara de Senadores.

Los tratados son por excelencia la manifestación objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad internacional y pueden definirse, en un sentido amplio, como los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos''.2

Ahora bien, el antecedente inmediato del artículo 133, se encuentra en el correlativo 126 de la Constitución de 1857, sancionado por el Constituyente de 1857, que disponía;

``Esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso. Serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados''.3

Su incorporación al texto vigente se debe a la Comisión de Constitución cuyo dictamen fue presentado al Constituyente de Querétaro en la 54ª sesión ordinaria, de fecha 21 de enero de 19174, y fue aprobado en la 62ª sesión ordinaria el día 25 del mismo mes y año, por unanimidad de votos. Para quedar como sigue:

``Esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados''.5

En estos términos se mantuvo este precepto hasta el año de 1934 en que se publicó el decreto de reformas constitucionales en que se sustituyó al Congreso de la Unión por el Senado para encomendarle la delicada facultad de ratificar los tratados internacionales que sean celebrados por el Presidente de la República.

Lo anterior tuvo como antecedente, la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Nacionalidad y Naturalización, para lo cual se hizo indispensable la reforma de de los artículos 30, 37, 73 y 133 de la Carta Suprema. Se expresaron los motivos que obligaron la reforma de los tres primeros artículos citados, abundando en argumentos convincentes que justificaron la pertinencia de la reforma que nos ocupa, sin embargo al referirse al artículo 133 las comisiones dictaminadoras se limitaron a expresar su aprobación sin realizar un análisis jurídico al respecto.

Por último tenemos la reforma que dice; ``Esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados''.6 Siguiendo el proceso legislativo, la iniciativa que nos ocupa, pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. La colegisladora y los integrantes de la Comisión dictaminadora sólo se limitaron a aprobar la multicitada reforma sin revisar su contenido y sin hacerle observaciones ni en lo particular ni en lo general. El legislador de entonces de la Cámara baja cometió un grave error sobre todo porque se trata de una reforma que no fue solicitada por el Ejecutivo federal, ni tenía relación alguna con la expedición de la Ley de Nacionalidad y Naturalización. Consideramos que los senadores se atribuyeron la facultad de aprobar o ratificar los tratados internacionales que celebre o haya celebrado el Presidente de la República, atento al contenido del artículo 76, fracción I, Constitucional.

Ruperto Patiño Mánffer, considera que ``los senadores que introdujeron la reforma al artículo 133 incurrieron en un error que formalmente se ha convertido en una importante limitación al Presidente de la República en su facultad de adquirir compromisos con potencias extranjeras, ya que en todo caso, para respetar el texto constitucional, deberá evitar contraer compromisos internacionales en materias cuya regulación jurídica esté encomendada por la Constitución al Congreso de la Unión''.7

Estamos de acuerdo con el autor citado ya que del texto mismo del artículo 133 de la carta política se desprende que los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal deben estar de acuerdo con la misma, por ello es necesaria la aprobación de la presente iniciativa para que los tratados internacionales sea ratificados o aprobados por el Congreso de la Unión y no sólo por el Senado de la República.

El artículo 76 de la Carta Magna consagra las facultades de la Cámara alta, en tanto el correlativo 73 de la norma fundamental estatuye las facultades del Congreso de la Unión, lo que limita al Presidente de la República a no adquirir compromisos internacionales que riñan con el texto constitucional. Desde esa perspectiva, consideramos importante volver a reformar al artículo que se analiza, adoptando las disposiciones del texto que originalmente le imprimió el Constituyente de Querétaro, en donde ese establezca como facultad del Congreso general para ratificar y aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo federal.

Existen muchas razones para facultar al Congreso de la Unión para ratificar y aprobar los tratados internacionales, la primera consiste en que del actual y vigente texto del artículo 133 se desprende que la Constitución, los tratados, las leyes que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Por eso y en virtud de lo anterior, no debemos olvidar que para la creación de una ley se requiere de la intervención de las dos Cámaras, una de origen y otra revisora, y cuando se trata de una reforma, derogación o adición del texto constitucional, aparte del procedimiento señalado participan las legislaturas de los estados. El cuestionamiento consiste en ¿por qué? en los tratados internacionales no interviene la Cámara de Diputados. Las explicaciones que se vierten son muy variadas, como por ejemplo se justifica que toda vez que estamos inmersos en un sistema federativo, corresponde a los senadores la representación de las entidades federativas que conforman el pacto federal, por lo tanto es a ellos a quien se les encomienda la política exterior. Otra de las explicaciones que se vierten es que en el modelo norteamericano el Senado se encarga de la política exterior de aquel país, de tal forma que al practicar dicha forma de gobierno en nuestro país se aplicaría la misma regla, sin embargo los que están a favor de esta corriente consideran que el Senado norteamericano, además de las funciones que tiene encomendadas por la Constitución de ese país, tiene la de ser consejero del Ejecutivo, función que en México el Senado no tiene asignada.

La celebración de los tratados que el Ejecutivo federal suscribe con la comunidad internacional trasciende directa e indirectamente a los sectores sociales, por ejemplo en el tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá se consideró parcialmente al sector campesino, porque después de casi once años de que entró en vigor ese tratado, la independencia económica, la fortaleza industrial y las condiciones de vida de la gran masa mexicana se han deteriorado.

El aumento del comercio con Estados Unidos logrado en desmedro del pueblo de México, continúa arrojando un déficit neto para nuestro país. Entretanto, tal como se temía, la avalancha de productos agropecuarios norteamericanos, fuertemente subsidiados por Washington, están causando estragos entre los campesinos y los agricultores pequeños y medianos de nuestro país. México se ha convertido en importador neto de papas, algodón, arroz y maíz, en circunstancias que antes los exportaba o se autoabastecía. En contraste, las exportaciones agrícolas mexicanas así como los camiones que las transportan son objeto de hostilización permanente en la frontera, con pretextos de carácter sanitario o ambiental. Otro resultado del multicitado tratado, es que se han dejado de cultivar 10 millones de hectáreas y millones de mexicanos han debido emigrar hacia el vecino país del norte con la ilusión de alcanzar ``el sueño americano''. Otra razón es que el tratado carece de las cláusulas relativas a la protección de los derechos laborales de los mexicanos en ese país y aprobados por la Organización Internacional del Trabajo.

Si la Cámara alta, según la doctrina, representa a las entidades federativas que forman parte del pacto federal, entonces la Cámara de Diputados, representa al pueblo de México, los tratados suscritos por el gobierno mexicano vinculan necesariamente a la sociedad de nuestro país, razón demás para que en ello intervengan los diputados como representantes de la sociedad.

Por ello se propone la reforma a la fracción XXVIII del artículo 73 de la carta política, aunque actualmente se encuentra derogada (no existe disposición alguna que prohíba la utilización de artículos o fracciones derogadas), lo importante es darle contenido y qué mejor que sea a través de darle facultad al Congreso de la Unión para la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República. Es menester recordar que dicho precepto contiene las facultades expresas e implícitas que refiere el correlativo artículo 124 de la Carta Suprema.

La reforma en comento implica también reformar la fracción primera del artículo 76; la fracción X del 89 y el artículo 133 del texto Constitución federal, todo para darle congruencia a la iniciativa que se propone.

El diálogo político debe prevalecer entre ambas colegisladoras federales, la propuesta de la iniciativa no debe considerarse como el ánimo de reñir sino de cooperación para sacar adelante los temas de interés nacional, con el trato que nuestro país tiene con las potencias extranjeras.

En mérito de lo antes expuesto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con los grandes proyectos que redunden en beneficio para las clases sociales de nuestro país, someten a la aprobación de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 73; se reforma la fracción I del artículo 76 y se reforma el artículo 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en el siguiente

Articulo Único. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 73; se reforma la fracción I del artículo 76 y se reforma el artículo 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XXVII (quedan igual);

XXVIII. Para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;

XXIX a XXX (quedan igual).

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso de la Unión.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I a IX (quedan igual);

X. ``Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso de la Unión. En la conducción de tal política...''.

XI a XX (quedan igual);

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ley sobre la Celebración de Tratados.

2 Sepúlveda César. Derecho Internacional. Ed. Porrúa. México 2002.

3 Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857.

4 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, correspondiente a la 54 sesión ordinaria el 21 de enero de 1917.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917.

6 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, correspondiente al 28 de octubre de 1933, publicación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. México p. 6.

7. Patiño Mánffer Ruperto. Revista Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. P. 1180.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Maria Ávila Serna (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ha solicitado posponer su intervención el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 41 y 193 del Código Penal Federal.El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Muchas gracias; con su permiso, diputado Presidente:

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 193 del Código Penal Federal.

El suscrito diputado federal Antonio Fco. Astiazarán Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de este Pleno la siguiente:

Iniciativa de ley que reforma los artículos 41 y 193 del Código Penal Federal

Exposición de motivos

Es bien sabido que el crimen organizado posee sobrados medios económicos para efectuar sus actividades en todo el territorio nacional. Lamentablemente, los estados de la República se encuentran en desventaja debido a la carencia de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para enfrentar las diversas bandas criminales y así coadyuvar con la Federación en la lucha contra este cáncer social.

Las erogaciones presupuestales que las entidades federativas realizan en equipamiento y capacitación de los cuerpos policíacos representan un porcentaje muy significativo de sus finanzas públicas. Si bien es cierto existen programas federales aprobados por esta H. Cámara de Diputados para colaborar en este propósito, como el Foseg, la realidad es que los recursos públicos y los programas gubernamentales resultan evidentemente insuficientes.

Por poner un ejemplo, en el rubro seguridad pública y procuración de justicia, el Gobierno del estado de Sonora ha programado para el ejercicio 2005 recursos por 1,331 millones 955 mil pesos y que representan un incremento de 57% con respecto a lo ejercido en 2004.

De dicha suma, la Procuraduría General de Justicia del Estado participa con una asignación por 414 millones 609 mil pesos, 12.2% más que lo erogado en 2004.

Adicionalmente, y con independencia de los recursos federales aprobados por esta soberanía, el estado de Sonora consideró para el presente ejercicio una asignación de 700 millones 785 mil pesos para la secretaría ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cifra que representa un incremento aproximado de 90% respecto a lo aprobado en 2004.

No obstante lo anterior, los esfuerzos de las corporaciones policíacas tanto municipales como estatales, así como del Gobierno federal ---autoridad esta última a la que legalmente le compete perseguir la actividad delictiva relacionada con el crimen organizado---, han sido notablemente insuficientes pese al monto sin precedente de recursos comprometidos.

Ante esta situación, una propuesta que sin duda contribuiría a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, a la par que inyectaría recursos materiales adicionales para tal fin, consiste en entregar directamente a las entidades federativas ---bajo un esquema de equidad y transparencia--- las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano que sean decomisadas a este tipo de delincuencia.

Esta propuesta, incluso, ha sido planteada con anterioridad en foros tan importantes como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Llegado a este punto, permítanme abundar que el significado y alcance de la figura jurídica del decomiso ha sido establecido con claridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación según consta en la siguiente tesis que cito textual:

El decomiso ``...se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus características, representan un peligro para la sociedad''.

Materia(s): Constitucional, Penal, Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Tomo: III, Mayo de 1996, Tesis: P. LXXIV/96.

El decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito está contemplado igualmente como pena pecuniaria en los artículos 24 del Código Penal Federal, 182-Q del Código Federal de Procedimientos Penales, así como en el último párrafo del artículo 4 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asimismo, los numerales 40 del citado Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen, en términos similares, que los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido, facultando a la autoridad competente ---el Ministerio Público Federal--- para determinar su destino según su utilidad para beneficio de la procuración e impartición de justicia.

De aprobarse la iniciativa que hoy someto a consideración de esta honorable Asamblea, se facultaría a la Federación para asignar a los gobiernos de las entidades federativas -sin cargo a participaciones o aportaciones federales-, el armamento que sea decomisado a la delincuencia organizada.

Esto permitiría que los estados recibieran una importante inyección de recursos materiales traducidos en armamento adicional, a la par que coadyuvaría a redoblar, junto con el Gobierno federal, los esfuerzos en todo el país en el combate al crimen organizado.

Al disminuir los costos en equipamiento de las instituciones de seguridad pública estatales, los recursos disponibles podrán orientarse a la capacitación, adiestramiento, y mejoramiento de técnicas, así como en el desarrollo de tecnologías de prevención y combate del delito.

Lo anterior fomentaría una mayor coordinación y un mejor rendimiento en los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada, fortaleciendo el federalismo y salvaguardando la confianza y bienestar de los ciudadanos.

En síntesis, dicha iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 41 del Código Penal Federal con el propósito de facultar al Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Procuraduría General de la República, para que celebre convenios con las entidades federativas a fin de asignar a éstas las armas de fuego que en definitiva sean decomisadas a la delincuencia organizada.

La asignación de este armamento sería acordada en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, atendiendo criterios de transparencia y equidad y tomando en cuenta el cruce estadístico de variables tales como: índice de criminalidad, densidad poblacional, extensión territorial, y tasa de desempleo abierto (TDA), entre otras.

La justificación del por qué el Consejo Nacional de Seguridad Pública sea el que determine el mecanismo a través del cual se asigne el armamento a los estados, obedece a la representatividad de ese foro, ya que en él participan directa y activamente tanto la Federación como los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

Proyecto de decreto

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41.

...

...

``El armamento decomisado a la delincuencia organizada mediante resolución judicial definitiva y que pase a formar parte del patrimonio de la Federación, será asignado a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, a fin de fortalecer las acciones y programas para la prevención del delito y combate a la delincuencia. El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordará el reparto de dichos bienes, privilegiando en todo momento la transparencia, equidad y proporcionalidad en el mismo''.

Artículo Segundo. Se adiciona el último párrafo del artículo 193 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 193.

...

...

...

``Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia y a fortalecer las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables''.

Dip. Antonio Fco. Astiazarán Gutiérrez (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ARTICULOS 2o., 73, 74 Y 75 CONSTITUCIONALES - LEY DE PLANEACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Planeación, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

Bajo la plena convicción de conformar una nueva propuesta de gobierno que proporcione mejores condiciones a nuestro país, es que el día de hoy hacemos una realidad los proyectos que compartimos con nuestro candidato a la presidencia Bernardo de la Garza Herrera.

Lejos de constituir el final de las utopías, la nueva realidad social, económica y política en el mundo nos brinda hoy, quizá por primera vez en décadas, la posibilidad de convertir la utopía en realidad. De esta manera, hoy las propuestas de campaña dejan de ser una simple promesa y se convierte en una realidad, dejando con esto claro que el PVEM trabajará desde cualquier frente en la búsqueda de un México limpio y exitoso.

En México la regulación respecto a la elaboración, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos ha sido muy genérica, dejando así de lado diversos asuntos de gran trascendencia para el país, como lo son el asegurar el fortalecimiento del federalismo en el ámbito fiscal y presupuestario, así como equilibrar las competencias de los diversos Poderes de la Unión para dar cause a una mejor distribución de los ingresos considerando las prioridades nacionales y no simplemente las de un sector particular.

Nuestro Poder Legislativo tiene la particularidad de que a pesar de ser un sistema bicamaral, la facultad de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación es de la Cámara de Diputados.

En la Constitución de 1824 ambas Cámaras tenían facultades en materia presupuestal, sin embargo en 1857, cuando México adoptó el sistema de asamblea única, estas facultades se vieron afectadas, de manera tal que en 1874, cuando se reestablece el Senado, la Cámara de Diputados se adjudica de manera exclusiva la atribución de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos.

Es así, que por mucho tiempo el Senado de la República se ha quedado al margen del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, a pesar de que sí tienen facultades respecto a la Ley de Ingresos y las contribuciones.

Tanto en la doctrina como en la práctica parlamentaria se ha planteado la necesidad de reconsiderar la participación del Senado de la República en materia presupuestal, lo cual es importante si consideramos que éste se ha sustentado como la representación de los estados ante la Federación.

Si queremos conformar un federalismo incluyente, equitativo y tolerante resulta fundamental la intervención del Senado en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación. De esta manera podremos conformar un Estado que entienda que además de asegurar la transferencia, equilibrada y transparente de recursos a los estados y municipios, reconozca con claridad las muchas y diversas realidades que hoy nos conforman y dan sentido, y fomente las posibilidades y respete la independencia de los gobiernos locales. Un Estado capaz de reconocer en nuestras diferencias, nuestra fortaleza, y ello se vea reflejando en el ejercicio del gasto.

Por otro lado, el equilibrio de poderes a través de la integración partidista de las Cámaras es fundamental para asegurar que el Ejecutivo en turno, lleve a cabo un adecuado manejo de las finanzas públicas. En este sentido, la intervención del Senado de la República se torna relevante bajo el marco de las mayorías que conforman un contrapeso o el apoyo de las decisiones del Ejecutivo.

Es así, que los enormes cambios en la composición del Congreso que concluyeron con la aparición del primer gobierno sin mayoría en 1997, han puesto de manifiesto las deficiencias en el marco normativo que regula la negociación y aprobación presupuestal en México y la necesidad de reformarlo.

Partiendo de la base de que nuestro país está sustentado bajo un sistema democrático es que consideramos necesario reformar nuestra Carta Magna y la Ley de Planeación, toda vez que el equilibrio presupuestal y sus dos vertientes, la política impositiva y de gasto no deben verse en forma aislada. El Senado de la República, como parte fundamental del Congreso de la Unión y representante primordial de los estados de nuestro país requiere de su intervención en uno de los procesos más importantes para el desarrollo de la nación.

Es por ello que proponemos ampliar las facultades del Senado en el ámbito presupuestal para que de esta forma sea posible conformar un presupuesto más equitativo y, sobre todo, fortalecer el federalismo a través del ejercicio adecuado del gasto.

Por lo anteriormente expuesto, somete a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación.

Artículo primero. Se reforman los artículos 2º, penúltimo párrafo; 73, fracción VI; 74, fracción IV; y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

...

...

...

...

A. ...

I. a VIII. ...

B. ...

I. a IX. ...

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a V. ...

VI. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara de Diputados, que en este caso siempre será la Cámara de origen, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente ante las dos Cámaras a dar cuenta de los mismos. El Presupuesto de Egresos deberá estar aprobado a más tardar el día 15 del mes de noviembre por el Congreso de la Unión.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio del Congreso o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

VII. a XXX. ...

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a III. ...

IV. (Se deroga)

V. a VIII. ...

Artículo 75. El Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 7 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 7. El Presidente de la República, al enviar al Congreso de la Unión las iniciativas de Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, conforme a lo previsto en el Artículo 27 de esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

Están en este recinto jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho del Centro Universitario Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara, de Autlán, Jalisco, invitados por el diputado Carlos Blackaller Ayala. Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes.

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LEY DE CONCURSOS MERCANTILES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles.El diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja: Con su venia, señor Presidente. El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura Ángel Alonso Díaz-Caneja, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 y en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La Ley de Concursos Mercantiles prevé en el artículo 311 la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Ifecom, como un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho Instituto cuenta con autonomía técnica y operativa. Este Instituto tiene diversas funciones, que están reglamentadas en el artículo 311. Sin embargo, en la fracción XIV se establece con claridad la obligación para el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de informar cada seis meses al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus funciones. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en las tesis aislada con el número XLVI/2000, la inconstitucional del mencionado ordenamiento legal.

En una interpretación que se aparta del texto legal, rescatando el principio de la supremacía constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que, en realidad, el informe relativo debe ser rendido ante los Plenos de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura, y en su difusión hacerlo del conocimiento del propio Congreso. Esto es así en atención a que dicha disposición secundaria contraría en forma directa lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Este precepto constitucional establece la división de poderes de manera tal, que uno no puede inmiscuirse en el funcionamiento del otro sin violar su propia autonomía, salvo que así lo prevea expresamente la Carta Magna, siendo que en la especie no existe disposición en ésta que faculte al Poder Legislativo para obligar al Poder Judicial de la Federación, por conducto de alguno de sus órganos, a rendir un informe sobre sus actividades, lo cual se pretende hacer a través de una norma legal secundaria.

Por otra parte, el artículo 133 constitucional dispone que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el supremo intérprete y último de la normatividad de la Carta Magna, erigido como tribunal constitucional, el cual está encargado de velar por el respeto de sus disposiciones, lo cual la faculta para ejercer de manera excepcional el control difuso de la constitucionalidad de una ley, a fin de lograr cumplir fielmente la labor que le encomienda la propia Constitución como garante y protector del imperio de sus postulados, principios y normas frente a cualquier ley o acto de autoridad que lo contravenga.

Bajo estas condiciones, es claro que este alto tribunal, por medio del control, debió declarar la inconstitucionalidad del precepto motivo de la consulta, ya que no es legalmente admisible que el Congreso de la Unión, a través de un ordenamiento legal secundario, pretenda que un órgano del Poder Judicial de la Federación le rinda informes sobre sus actividades, pues ello implica una violación de la soberanía de este último poder, en franca violación del artículo 49 de la Carta Magna. Por lo antes expuesto, la iniciativa que se propone está a favor de la rendición de ese informe ante los Plenos de la Suprema Corte, órgano supremo jurisdiccional, y del referido Consejo, pero no ante el Congreso.

Para tales efectos, se debe difundir públicamente para conocimiento de los interesados, entre ellos el propio Congreso de la Unión, al que podrá enviarse copia del mismo. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 311.

I. a XIII. (Iguales.)

XIV. Rendir informe semestral ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y difundir públicamente el informe sobre el desempeño de sus funciones, para conocimiento de los interesados.

Es todo, señor Presidente. Y le pido de la forma más atenta que se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates y que se publique en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, a cargo del diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Concursos Mercantiles, aprobada el 27 de abril del año 2000, vino a derogar la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que había estado vigente desde 1943. El objetivo de esta nueva ley fue el de maximizar el valor social de una empresa que incurra en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones debido a dificultades económicas y financieras.

Para lograr este objetivo, se consideró que la nueva ley debería procurar en todo momento un tratamiento equitativo al deudor y a cada uno de sus acreedores.

Quizá una de las características más importantes de la Ley de Concursos Mercantiles sea que el juicio de concurso mercantil es un procedimiento único con tres etapas sucesivas: la primera consiste en una etapa de visita, en la que un especialista verifica sobre la base de un criterio objetivo si la empresa ha dejado de incumplir sus obligaciones de pago de manera generalizada. La segunda etapa es la etapa de conciliación, en la que se da un espacio jurídico para que las partes decidan mediante la celebración de un convenio de reestructuración cuál debe ser el destino de la empresa fallida, ya sea una reestructuración de la empresa o incluso la liquidación de los bienes de la empresa. Si al término de esta segunda etapa, cuya vigencia está determinada en la Ley, no llegase a haber un convenio entre el deudor incumplido y sus acreedores, entonces el juez deberá irremediablemente ordenar el inicio de la etapa de la quiebra, cuyo propósito es la realización de los bienes de la empresa para proceder al reparto del producto de la venta entre las partes.

Otra característica importante de la ley consiste en que durante el juicio prevé la participación de especialistas encargados de apoyar al juez en sus resoluciones. Estos especialistas se encargan de realizar los aspectos administrativos del procedimiento, y de acuerdo con las fases del procedimiento concursal, se le atribuyen facultades a tres clases de especialistas: los visitadores, conciliadores y síndicos.

La Ley de Concursos Mercantiles prevé la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), como un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y cuya función principal es la de autorizar a las personas que acreditan cubrir los requisitos necesarios, para prestar servicios de visitadores, conciliadores o síndicos.

Este marco normativo procura aliviar la tarea del juez en los procedimientos concúrsales sin privarlo de su función primordial, y permitir que la labor de los especialistas produzca resultados inmediatos y reales en la solución de los problemas de una empresa en crisis.

Dicho instituto cuenta con autonomía técnica y operativa; en el desempeño de sus funciones no interviene de manera directa en los procedimientos concúrsales, y los miembros de su Junta Directiva son personas de reconocido prestigio en las áreas administrativa, contable, financiera, económica y jurídica, lo que asegurará la calidad moral y profesional de los especialistas que son asignados a los juicios de concurso mercantil.

En resumen, el Ifecom fue creado por disposición de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000. Es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal a su vez órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con autonomía técnica y operativa, cuya principal finalidad es la de autorizar el registro de las personas que acrediten cubrir los requisitos necesarios para realizar las funciones de visitador, conciliador o síndico, quienes apoyarán a la justicia en materia concursal en los aspectos técnicos involucrados en los procedimientos de concurso mercantil.

El Ifecom, en su carácter de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal tiene diversas funciones, mismas que están reglamentadas en el artículo 311 de la Ley de Concursos mercantiles. Entre las principales funciones del Ifecom se encuentran las de autorizar la inscripción en el registro de los candidatos a visitadores, conciliadores o síndicos; llevar la elaboración del registro que contenga los nombres de los visitadores, conciliadores y síndicos, designar a los especialistas para que lleven a cabo las funciones de visitadores, conciliadores y síndicos; establecer los procedimientos para la designación de dichos especialistas; establecer el régimen de remuneración para ellos; mantener y promover la capacitación y actualización de los especialistas; difundir sus objetivos y funciones y elaborar y dar a conocer estadísticas relativas a los concursos.

Sin embargo, la fracción XIV del artículo 311 de la ley en comento establece con claridad la obligación para que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles informe cada seis meses al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus funciones.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis aislada con el número CLXI/2000, la inconstitucionalidad del mencionado ordenamiento legal.

En una interpretación que se aparta del texto legal, rescatando el principio de supremacía constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que en realidad el informe relativo debe ser rendido ante los Plenos de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y en su difusión, hacerlo del conocimiento del propio Congreso.

Esto es así, en atención a que dicha disposición secundaria contraría en forma directa lo establecido por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

''Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial''.

''No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar''.

Este precepto constitucional establece la división de poderes en la Unión, de manera tal que uno no puede inmiscuirse en el funcionamiento de otro sin violar su autonomía, salvo que así lo prevea expresamente la Carta Magna, siendo que en la especie no existe disposición en ésta que faculte al Poder Legislativo para obligar al Poder Judicial de la Federación, por conducto de alguno de sus órganos a rendirle un informe sobre sus actividades, lo cual se pretende hacer a través de una norma legal secundaria.

Por su parte, el diverso artículo 133 constitucional, dispone lo siguiente:

''Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.''

Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el supremo intérprete y último de la normatividad de la Carta Magna, erigido como tribunal constitucional, el cual está encargado de velar por el imperio y respeto de sus disposiciones, lo cual la faculta para ejercer, de manera excepcional, el control difuso de la constitucionalidad de una ley, ello a fin de lograr cumplir fielmente con la labor que le encomienda la propia Constitución como garante y protector del imperio de sus postulados, principios y normas frente a cualquier ley o acto de autoridad que la contravenga.

Este control difuso excepcional se debe hacer en la especie, toda vez que no es posible realizarlo a través de los procedimientos por vía de acción expresamente establecidos en la Ley Fundamental, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad o juicio de amparo, por ser precisamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano supremo del Poder Judicial de la Federación, el encargado de resolver esas controversias, lo cual le impediría cumplir fielmente la labor que le encomienda la propia Constitución como garante y protector de ésta.

Bajo esas condiciones, es claro que este alto tribunal, por medio del control difuso, debió declarar la inconstitucionalidad del precepto motivo de la consulta, ya que no es legalmente admisible que el Congreso de la Unión, a través de un ordenamiento legal secundario, pretenda que un órgano del Poder Judicial de la Federación le rinda informes sobre sus actividades, pues ello implica una violación a la soberanía de este último poder, en franca violación al artículo 49 de la Carta Magna.

Ahora bien, la iniciativa que se propone está a favor de la rendición de ese informe ante los Plenos de la Suprema Corte (órgano supremo jurisdiccional) y del referido Consejo, pero no ante el Congreso. Para tales efectos, se deberá difundir públicamente para conocimiento de los interesados, entre ellos el Congreso de la Unión, al que podrá enviarse copia del mismo. Con ello se contribuye, además, a la efectividad del derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado, en los términos del artículo 6o. Por otra parte, en la forma señalada se acata esencialmente el artículo especificado de la Ley de Concursos Mercantiles pues, finalmente el Congreso de la Unión podrá conocer el informe que se previene, independientemente de que el mismo corresponda al rendido ante el propio Poder Judicial de la Federación del que forma parte, respetándose así el orden constitucional, conforme al cual no se encuentra previsto expresa ni tácita mente que el Poder Judicial de la Federación o alguno de sus órganos deba informar al Congreso de la Unión, de manera aislada e independiente al Poder Judicial, lo que implicaría violar los principios de división de poderes y de legalidad, derivado éste de la supremacía de la Constitución, en virtud de que no existe en ésta, disposición alguna que constriña al Poder Judicial de la Federación o algún órgano perteneciente al mismo, así sea sólo de carácter auxiliar, como lo es el instituto mencionado según lo previsto por los artículos 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, a rendir ante el Poder Legislativo algún informe relativo al desempeño de las funciones que le son propias, ni ello puede desprenderse de dichas funciones o de alguna de las atribuciones u obligaciones establecidas en la Ley Suprema respecto del Poder Judicial de la Federación, como tampoco existe disposición en la misma que autorice al Poder Legislativo a solicitar al Poder Judicial informes sobre el desempeño de sus funciones ni tal solicitud puede derivar de las atribuciones que competen al Poder Legislativo o de alguna función que se le haya encomendado, además de que tampoco resulta necesaria para el ejercicio de estas atribuciones o funciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía la presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles para quedar como sigue:

Artículo 311. ...

I. a la XIII. ...

XIV. Rendir informe semestral ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y difundir públicamente el informe sobre el desempeño de sus funciones para conocimiento de los interesados.

XV. ...

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- Dip. Ángel Alonso Díaz Caneja (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se insertará en el Diario de los Debates y, si no está publicada en la Gaceta Parlamentaria, se ordena que se publique y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.El diputado FidelRené Meza Cabrera: El suscrito, diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa con base en la siguiente exposición de motivos:

En México existen dos numerosos grupos de compatriotas que, pese a su indiscutible importancia, se les margina, discrimina y, hasta cierto grado, se les ignora. Uno de estos grupos es el formado por quienes no encontrando en su patria oportunidades para subsistir o mejorar su precaria situación social y económica, deciden emigrar, principalmente hacia Estados Unidos de América, la mayoría en calidad de indocumentados. El otro grupo lo integran las diversas etnias que aún perduran en varias regiones de la República, generalmente en los estados del sureste.

Cada año, medio millón de mexicanos cruzan o tratan de cruzar la extensa línea divisoria entre México y Estados Unidos, la cual con sus casi 3 mil kilómetros abarca diversos accidentes geográficos, incluido el río Bravo, en cuyas aguas anualmente perecen decenas de coterráneos y otro tanto en las candentes arenas del desierto de Sonora. A la vez, en los estados del sureste cientos de indígenas son maltratados por sus congéneres, los mestizos, y expoliados por caciques y autoridades autóctonas, quienes con el pretexto de sus usos y costumbres, cometen verdaderas atrocidades, en particular contra sus mujeres.

Es cierto que desde el año de 1992 se instituyó en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a la adición del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciéndose así la figura del ombudsman, palabra sueca que significa 'representante'. No podemos negar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los organismos similares de los estados de la Federación, con insólitas excepciones, ha desempeñado una encomiable labor en beneficio de personas en lo individual y grupos en lo general que por alguna circunstancia han tenido que padecer arbitrariedades de parte de algún servidor público, corrigiéndose así en casi todos los casos los atropellos denunciados, mejorando así los métodos de atención al público.

Pero también es cierto que numerosos latinoamericanos, muchos de ellos mexicanos, al dirigirse a Estados Unidos de América, buscando trabajar temporalmente y al tratar de cruzar la frontera o en sus viajes de regreso a sus lugares de origen, no reciben protección o auxilio de las diversas autoridades situadas en su trayecto.

Asimismo, la realidad ha demostrado que los integrantes de los operativos para dar la bienvenida a los paisanos con frecuencia son los primeros en hostigarlos y despojarlos de objetos o dinero. La población indígena del estado de Puebla en 2002 era de 681 mil 980 personas, representando 13.43 por ciento del total de la población en la entidad, de las cuales 332 mil 411 eran hombres y 349 mil 569 mujeres. Parecida situación afrontan los componentes de etnias aún existentes en el país. Sólo en el estado de Oaxaca hay más de 30 grupos de indígenas de características diferentes, quienes por su ignorancia, casi completa, puesto que muchos no hablan o entienden poco el idioma español, son fáciles víctimas de autoridades desconsideradas.

Estos dos numerosos grupos de mexicanos, por sus peculiares atributos, deben ser tratados de manera especial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque están más expuestos a recibir agravios por parte de los servidores públicos. Por estos breves razonamientos, considero, deben introducirse en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las figuras del ombudsman del migrante y el ombudsman del indígena, que para ser congruentes con la terminología del citado instrumento legal, sean el visitador general especial de migrantes y el visitador especial indígena, respectivamente.

Con este objetivo propongo las reformas y adiciones necesarias a la multicitada ley, para que con el carácter de visitador general ya existente se cree el visitador general especial de migrantes que, como su denominación indica, se dedique exclusivamente a conocer de quejas o demandas de personas que por su calidad de posibles migrantes sean ofendidas por algún servidor público, sin importar si corresponde éste al Gobierno Federal, estatal o municipal.

El visitador general especial de migrantes se instalaría permanentemente en alguna ciudad estratégicamente situada en el norte de la República y con visitadurías adjuntas en las demás ciudades de la franja fronteriza, de acuerdo con el criterio de la Ley Orgánica y de su titular. De igual forma, el visitador general especial indígena únicamente atendería asuntos relacionados con personas integrantes de las diversas etnias asentadas en el país, para lo cual establecerían su residencia en alguna ciudad del sureste, preferentemente donde haya más indígenas con visitadurías adjuntas en cada estado en que estuviera registrada una población de 50 mil o más autóctonos. Se daría mejor atención a los componentes de las etnias locales, se procuraría que el personal de estas visitadurías adjuntas fueran nativos del lugar y hablaran algún dialecto de sus coterráneos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3, 5 y 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 3, 5 y 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar en los siguientes términos:

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando los hechos imputados sean en relación con migrantes o indígenas. En estos casos, desde un principio conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de sus visitadurías generales especiales.

Los asuntos relativos a migrantes los atenderá la Visitaduría General Especial de Migrantes; y lo referente a las etnias, la Visitaduría General Especial de Indígenas.

Artículo 5. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta cinco visitadores generales, un visitador general especial de migrantes, un visitador general especial de indígenas, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

La Comisión Nacional, para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un Consejo.

Artículo 23. Los visitadores generales y los especiales de migrantes e indígenas de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación los siguientes requisitos...

Transitorios. Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se concede al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un plazo de 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que

a) Publique en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de la difusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, adaptando las modificaciones de la presente ley.

b) Elija las ciudades sede de las visitadurías especiales de migrantes y de indígenas y designe a sus respectivos titulares para que, de acuerdo con ellos, se establezcan las visitadurías adjuntas.

c) Formule y presente a las autoridades competentes el presupuesto de egresos con motivo de los nombramientos del personal necesario.

d) Igualmente, formule y presente el presupuesto de gastos que originará la instalación de visitadurías generales especiales y de las adjuntas.

Artículo Tercero. Por ser los visitadores generales especiales de igual rango que los visitadores generales, en toda referencia a éstos se considerarán incluidos aquéllos en la presente ley.

Es todo, ciudadano Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta: Iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 3, 5 y 23 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México existen dos numerosos grupos de compatriotas que pese a su indiscutible importancia se les margina, discrimina y, hasta cierto grado, se les ignora.

Uno de estos grupos es el formado por quienes, no encontrando en su patria oportunidades para subsistir o mejorar su precaria situación social y económica, deciden emigrar, principalmente hacia los Estados Unidos de América, la mayoría en calidad de indocumentados.

El otro grupo lo integran las diversas etnias que aún perduran en varias regiones de la República, generalmente en los estados del sureste.

Cada año medio millón de mexicanos, cruzan o tratan de cruzar la extensa línea divisoria entre México y los Estados Unidos, la cual con sus casi tres mil kilómetro, abarca diversos accidentes geográficos, incluido el Río Bravo en cuyas aguas anualmente perecen decenas de coterráneos y otros tantos en las candentes arenas del desierto de Arizona.

A la vez en los estados del sureste cientos de indígenas son maltratados por sus congéneres: los mestizos y expoliados por caciques y autoridades autóctonas, quienes con el pretexto de sus ``usos y costumbres'' cometen verdaderas atrocidades, en particular contra sus mujeres.

Es cierto que desde el año 1992, se instituyó en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a la adición del Apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciéndose así la figura del ombudsman (palabra sueca que significa ``representante'', que se utiliza para designar al funcionario encargado de comprobar las quejas y demandas de los ciudadanos contra organismos públicos y sus funcionarios, y a través de visitadores generales, el presidente, titular de la CNDH puede realizar el mandato que le impone la Constitución federal de proteger, observar, promocionar, estudiar, recomendar y divulgar los derechos humanos que la misma ley suprema ampara.

No podemos negar que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los organismos similares de los estados de la Federación con insólitas excepciones han desempeñado una encomiable labor en beneficio de personas en lo individual y grupos en lo general que por alguna circunstancia han tenido que padecer arbitrariedades de parte de algún servidor público, corrigiéndose en casi todos los casos los atropellos denunciados, mejorando así los métodos de atención al público.

Pero también es cierto que numerosos latinoamericanos, muchos de ellos mexicanos, al dirigirse a los Estados Unidos de América buscando trabajar temporalmente y al tratar de cruzar la frontera o en sus viajes de regreso a sus lugares de origen, no reciben protección o auxilio de las diversas autoridades situadas en su trayecto. Asimismo, la realidad ha demostrado que los integrantes de los operativos para darles la bienvenida a los ``paisanos'' con frecuencia son los primeros en hostigarlos y despojarlos de objetos o dinero.

Parecida situación afrontan los componentes de las etnias aún existentes en el país (sólo en el estado de Oaxaca hay más de treinta grupos de indígenas de características diferentes, quienes por su ignorancia casi completa, puesto que muchos o no hablan o entienden poco el idioma español, son fáciles víctimas de autoridades desconsideradas.

Estos dos numerosos grupos de mexicanos, por sus peculiares atributos, deben ser tratados de manera especial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque están más expuestos a recibir agravios por parte de servidores públicos.

Por estos breves razonamientos, es que considero debe introducirse en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las figuras del ombudsman del migrante y el ombudsman del indígena, para ser congruentes con la terminología del citado instrumento legal, sean el visitador general especial de migrantes y el visitador especial de indígenas, respectivamente.

Con este objetivo, propongo las reformas y adiciones necesarias a la multicitada ley, para que con el carácter de visitador general, ya existente, se crea al visitador general especial de migrantes, que como su denominación lo incide se dedique exclusivamente a conocer de quejas o demandas de personas, que por su calidad de posibles migrantes sean ofendidos por algún servidor público, sin importar si corresponde éste al Gobierno federal, estatal o municipal.

El visitador general especial de migrantes, se instalaría permanentemente en alguna ciudad estratégicamente situada en el norte de la República y con visitadurías adjuntas en las demás ciudades de la franja fronteriza y otras en las poblaciones de las trayectorias más recorridas en el viaje hacia el norte o de regreso al centro del país, estas visitadurías atenderían por su cercanía con mayor inmediatez, cualquier queja de quienes puedan catalogarse como probables o definidos inmigrantes, sin distinción de nacionalidad y de si cuentan o no con pasaporte o permiso de internación a la nación vecina. Para mayor eficacia sólo atenderían asuntos relacionados con la migración.

De igual forma, el visitador general especial de indígenas, únicamente atendería asuntos relacionados con personas integrantes de las diversas etnias asentadas en el país, para lo cual establecería su residencia en alguna ciudad del sureste, preferentemente donde haya más indígenas y con visitadurías adjuntas en cada estado que tuviera registrada una población de cincuenta mil o más autóctonos; daría mejor atención a los componentes de las etnias locales. Se procuraría que el personal de estas visitadurías adjuntas, fueran nativos del lugar y hablaran algún dialecto de sus coterráneos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3, 5 y 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 3, 5 y 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3. . . .

. . .

. . .

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando los hechos imputados sean en relación con migrantes o indígenas; en estos casos, desde un principio conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de sus visitadurías generales especiales.

Los asuntos relativos a migrantes, los atenderá la visitaduría general especial de migrantes y los referentes a etnias la visitaduría general especial de indígenas.

. . .

Artículo 5. La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaría ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, un visitador general especial de migrantes, un visitador general especial de indígenas; así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo.

Artículo 23. Los visitadores generales y los especiales de migrantes e indígenas de la comisión nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I.

II.

III.

IV.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se concede al residente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un plazo de 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que:

a) Publique en el Diario Oficial de la Federación y el órgano oficial de difusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el reglamento interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adaptado a las modificaciones de la presente ley.

b) Elija las ciudades sedes de las visitadurías especiales de migrantes y de indígenas y designe a sus respectivos titulares para que de acuerdo con ellos se establezcan las visitadurías adjuntas.

c) Formule y presente a las autoridades competentes el presupuesto de egresos con motivo de los nombramientos del personal necesario.

d) Igualmente formule y presente el presupuesto de gastos que originará la instalación de las visitadurías generales especiales y las adjuntas.

Artículo Tercero. Por ser los visitadores generales especiales de igual rango a los visitadores generales en toda referencia a éstos se considerará incluidos aquellos en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados .--- México, DF, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica Hispano-Mexicana, del estado de Puebla, invitados del diputado René Meza Cabrera. Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 39, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, señor Presidente. El suscrito, Norberto Enrique Corella Torres, diputado a la LIX Legislatura del Partido Acción Nacional al H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la normatividad vigente, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 39 y adiciona los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente exposición de motivos:

Un aspecto importante largamente analizado por los diputados de la LVII Legislatura, dentro de las discusiones para expedir la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1999, fue la reorganización del sistema de comisiones. En la mayor parte de las asambleas legislativas modernas, las tareas legislativas se llevan a cabo en estos órganos, ya que por su tamaño y por la especialidad de los temas que abordan se convierten en el ambiente adecuado para el estudio y análisis de las propuestas legislativas. No obstante, para que el sistema de comisiones de cualquier asamblea cumpla sus objetivos, se debe organizar de tal forma, que las decisiones que cada comisión realice se encuentren realmente fundamentadas en una tarea de análisis profesional.

Me parece pertinente señalar que ha sido costumbre que la creación de comisiones ordinarias sea un mecanismo para la distribución de prerrogativas entre los diputados. En el pasado, la falta de administración de los recursos de manera técnica quiso obedecer a criterios técnicos; el reparto de presidencias y secretarías de comisión era la vía para asignar a algunos diputados algunos beneficios, como la contratación de asesores y acceso a otros recursos económicos. Sin calificar con conceptos normativos esta práctica, podemos decir que ello generó la creación de un sistema de comunicaciones enorme en tamaño e inicuo, es decir, injusto en tareas asignadas. Por la observación de lo que ocurre en otras asambleas, principalmente en el Congreso norteamericano, se han podido establecer tres modelos cuando se analiza el sistema de comisiones. En el primero, los diputados integrantes de las comisiones buscan antes que nada su propia promoción, al generar beneficios a sus electores y mediante ello elevar la probabilidad de continuar con su carrera parlamentaria a través de la reelección.

Una segunda forma de reorganización de las comisiones estaría basada en los intereses del partido mayoritario en las asambleas donde puede controlar los procedimientos de integración de las comisiones para diseñar un sistema que responda a sus intereses. Con algunas variaciones, puede decirse que ese modelo funcionó en la Cámara de Diputados cuando existió la hoy extinta Gran Comisión, que sólo era integrada por los diputados del partido mayoritario. No obstante, a partir de la LVII Legislatura, cuando ya no hubo un partido mayoritario y a través de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Congreso, en 1999, el sistema anterior de integración de comisiones fue desechado para establecer uno que responda más a las necesidades del Pleno de la Cámara.

Con eso se daría paso al tercer modelo, que se acerca a lo que buscamos en estos momentos, es decir, que cada una de las comisiones responda a los intereses del Pleno. Esto se logra si se asigna a cada una de ellas una jurisdicción perfectamente definida y que se evite en lo posible la participación de dos o más comisiones para la atención de un mismo asunto.

He presentado esta iniciativa con la convicción de que tendremos un sistema racional cuando aceptemos que es necesario que el número de comisiones ordinarias de la Cámara se limite y no haya comisiones especiales, y así fortalecer el trabajo interno de las comisiones ordinarias, a través de la creación de subcomisiones y la obligatoriedad de que los diputados participen en forma constante en las actividades de ambas, ya sea la comisión o la subcomisión. La reducción de comisiones y la reorganización de sus tareas se propone en la reforma del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La adición propuesta del artículo 42 busca limitar la creación de comisiones especiales y evitar que se les asignen tareas que pueden ser cumplidas por las comisiones ordinarias, mientras que las sanciones para los diputados que no cumplan las obligaciones contraídas por medio de su pertenencia a las comisiones se establecerá en el artículo 44 de la misma ley.

Es adecuado recordar que una discusión que lleva tiempo en el Congreso se refiere a las sanciones que pueden ser aplicadas a los legisladores cuando incurran en faltas en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales. Hay quienes dicen que como la Constitución, en el artículo 64, sólo establece como causal de sanción no acudir a una sesión en la Cámara, con la correspondiente pérdida de la dieta de ese día, entonces no es posible establecer mayores sanciones a esa falta ni prever otras causales de sanción. No obstante, la reciente reforma constitucional aprobada por la Cámara el pasado 28 de junio, y esperando que concluya el procedimiento el Constituyente Permanente, sanciona también la ausencia a sesiones de comisión y, además, permite que la Ley Orgánica del Congreso establezca otras sanciones a las mismas faltas.

No es intención de esta reforma establecer mayores sanciones que la propuesta en el texto constitucional, pero se adiciona la obligatoriedad de la asistencia a las reuniones de subcomisión. La reforma constitucional aprobada el pasado 28 de junio y enviada al Senado abre la posibilidad de presentar estos cambios en la legislación secundaria, de manera tal que su aplicación se lleve a cabo incluso durante el tiempo de ejercicio de la presente LIX Legislatura. A diferencia de lo ocurrido en 1999, cuando los acuerdos políticos necesarios para aprobar la nueva Ley Orgánica del Congreso impidieron que la reforma del sistema de comisiones se pusiera en práctica, y reconociendo esa experiencia es necesario que en caso de que esta reforma se apruebe, entre en vigor prácticamente al mismo tiempo que la reforma constitucional que la sustenta.

Así, con fundamento en lo señalado, presento a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 39 y adiciona los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el inciso 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ``La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias, que se mantienen de Legislatura a Legislatura y así en las siguientes...'' y se enumeran 21 comisiones, a diferencia de las 42 que actualmente hay.

Artículo 42. Los asuntos que por su competencia correspondan a algunas de las comisiones ordinarias de la Cámara en ningún caso podrán ser atendidos por comisiones especiales. --Ésta es la adición que estamos proponiendo.

Artículo 44, párrafo quinto. La asistencia a las reuniones de comisiones y subcomisiones es obligatoria. La ausencia a una reunión de comisión o subcomisión se sancionará con el descuento en la dieta del día que corresponda. Sólo la Mesa Directiva de la Comisión puede justificar la ausencia de un diputado y en ningún caso podrán ser mayores de tres durante un mes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2005. Es cuanto, señor Presidente. Solicito que la presente iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates, ya que he presentado una versión sintetizada, en atención a la economía parlamentaria; y reconozco que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 39, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 y adiciona los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Un aspecto esencial que fue largamente discutido y analizado por los diputados de la LVII Legislatura dentro de las discusiones para expedir la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1999, fue precisamente la reorganización del sistema de comisiones. En la mayor parte de las asambleas legislativas modernas, las tareas legislativas fundamentales se llevan a cabo en el ámbito de estos órganos, ya que por su tamaño y la especialidad de los temas que abordan, se convierten en el ambiente adecuado para el estudio y análisis de las propuestas legislativas. No obstante, para que el sistema de comisiones de cualquier asamblea cumpla sus objetivos, se debe organizar de tal forma que las decisiones que cada comisión realice se encuentren realmente fundamentadas en una tarea de análisis profesional.

A lo largo del tiempo, la creación de comisiones ordinarias se utilizó como un recurso para la distribución de ciertas prerrogativas entre los diputados. A falta de una administración de los recursos de la Cámara que obedeciera a criterios técnicos, el reparto de presidencias y secretarías de comisión era necesario para poder asignar los beneficios que en materia de contratación de asesoría y acceso a otros recursos económicos podrían tener los diputados que se encontraran en esa situación. Sin calificar en términos normativos esta práctica, en los hechos lo que sí generó fue la creación de un sistema de comisiones enorme en tamaño e inequitativo en tareas asignadas.

En términos teóricos, la práctica observada en otras asambleas principalmente en el congreso norteamericano, ha permitido establecer tres modelos cuando se analiza el sistema de comisiones. En un primer modelo, los diputados integrantes de las comisiones buscan antes que nada su beneficio personal, al colocarse en las comisiones que les permitan generar beneficios a sus electores, y mediante ello elevar las probabilidades de continuar con su carrera parlamentaria a través de la reelección. Este no parece necesariamente ser el caso hoy en día, ya que la reelección consecutiva no es posible, aunque no dejan de existir ciertos aspectos de este modelo donde los diputados que provienen de distritos o entidades federativas con un marcado interés de política pública como puede ser la actividad agropecuaria o industrial, en efecto buscan pertenecer a las comisiones encargadas de esos temas.

Una segunda forma de organización del sistema de comisiones, estaría basada en los intereses del partido mayoritario. Quienes sostienen esta opinión, señalan que el partido mayoritario en la asamblea puede controlar los procedimientos de integración de las comisiones, así como su número y área de especialidad, y que a través del uso de su mayoría tendrían la facultad de diseñar un sistema que responda a sus intereses. Con algunas variaciones, puede decirse que este modelo funcionó en la Cámara de Diputados durante el periodo en que la extinta Gran Comisión de la Cámara de Diputados tenía la atribución de nombrar a los integrantes de las comisiones, y como la Gran Comisión sólo era integrada por los diputados del partido mayoritario en efecto el diseño del sistema de comisiones servía a los intereses de dicho partido. No obstante, a partir de la inexistencia de un grupo parlamentario mayoritario en la Cámara desde la LVII Legislatura, y a través de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Congreso en 1999, el sistema anterior de integración de comisiones fue desechada para establecer uno que responda más a las necesidades del Pleno de la Cámara en su conjunto.

El arreglo actual para la integración del sistema de comisiones se acerca a los supuestos del tercer modelo para la organización del propio sistema, y cuya finalidad es que cada una de las comisiones responda a los intereses del Pleno. Esto se logra a través de que la misma ponderación que cada grupo parlamentario tiene en la Cámara, se replique en cada una de las comisiones. Pero además, con la intención de dar certidumbre y fortalecer la autoridad que requiere cada comisión para llevar a cabo su tarea, es necesario que se asigne a cada una de ellas una jurisdicción perfectamente definida y que se evite en lo posible la participación de dos o más comisiones para la atención de un mismo asunto.

Con fundamento en lo anterior, es necesario entonces reducir el número de comisiones ordinarias de la Cámara, limitar la creación de comisiones especiales y fortalecer su trabajo interno a través de la creación de subcomisiones y la obligatoriedad de los diputados de participar de forma constante en las actividades de ambas. La reducción de comisiones y la reorganización de sus tareas se propone en la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adición propuesta en el artículo 42 busca limitar la creación de comisiones especiales y evitar que se les asignen tareas que puedan ser cumplidas por las comisiones ordinarias, mientras que las sanciones para aquellos diputados que no cumplan con las obligaciones contraídas por medio de su pertenencia a las comisiones se establecerán en el artículo 44 de la misma ley.

Es adecuado recordar que una discusión que lleva tiempo en el Congreso se refiere a las sanciones que puedan ser aplicadas a los legisladores cuando incurran en faltas en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales. Una corriente de pensamiento señala que ya que la Constitución en su artículo 64 sólo establece como causal de sanción el no acudir a una sesión de la Cámara con la correspondiente pérdida de la dieta de ese día, entonces no es posible establecer mayores sanciones a esta falta, ni prever otras causales de sanción. No obstante, la reciente reforma constitucional aprobada por la Cámara el pasado 28 de junio y esperando que concluya el procedimiento del Constituyente Permanente, sanciona también la ausencia a sesiones de comisión y además, permite que en la Ley Orgánica del Congreso se establezcan otras sanciones a las mismas faltas. No es intención de esta reforma establecer mayores sanciones que la propuesta en el texto constitucional, pero se adiciona la obligatoriedad para la asistencia a las reuniones de subcomisión.

La reforma constitucional aprobada el pasado 28 de junio y enviada al Senado para la continuación de su proceso legislativo, abre la posibilidad de presentar estos cambios en la legislación secundaria de manera tal que su aplicación se lleve a cabo incluso durante el tiempo de ejercicio de la presente 59 Legislatura. A diferencia de lo ocurrido en 1999, cuando los acuerdos políticos necesarios para aprobar la nueva Ley Orgánica del Congreso impidieron que la reforma al sistema de comisiones se pusiera en práctica, y reconociendo esa experiencia, es necesario que en caso de que esta reforma se apruebe entre en vigor prácticamente al mismo tiempo que la reforma constitucional en la que se sustenta.

La experiencia anterior muestra la enorme resistencia que por parte de algunos legisladores genera la reducción y sustitución de comisiones, sin embargo, como órgano constitucional es indispensable mostrar que la Cámara de Diputados es capaz de aplicar las disposiciones que contribuyan a mejorar el cumplimiento de sus atribuciones, con la misma eficacia con la que se exige de los demás órganos del Estado.

Con fundamento en lo anteriormente señalado, presento a esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 39 y adiciona los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 39; se adiciona un numeral 2 del artículo 42 y se adiciona un numeral 5 al artículo 44, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. Agricultura, Reforma Agraria, Ganadería y Pesca

II. Equidad y prevención de la discriminación

III. Educación, Ciencia, Cultura y Deporte

IV. Comunicaciones y Transportes

V. Defensa Nacional

VI. Desarrollo Metropolitano y Distrito Federal

VII. Desarrollo Social y Vivienda

VIII. Economía y Fomento Cooperativo

IX. Energía

X. Gobernación

XI. Hacienda y Crédito Público

XII. Justicia y Derechos Humanos

XIII. Marina

XIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales

XV. Presupuesto y Cuenta Pública

XVI. Puntos Constitucionales

XVII. Radio, Televisión y Cinematografía

XVIII. Relaciones Exteriores

XIX. Salud y Seguridad Social

XX. Seguridad Pública

XXI. Trabajo y Previsión Social

3. ...

Artículo 42.

1. ...

2. Los asuntos que por su competencia correspondan a alguna de las comisiones ordinarias de la Cámara en ningún caso podrán ser atendidos por comisiones especiales.

Artículo 44.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. La asistencia a las reuniones de comisiones y subcomisiones es obligatoria. La ausencia a una reunión de comisión o subcomisión se sancionará con el descuento de la dieta del día que corresponda. Sólo la Mesa Directiva de la Comisión puede justificar la ausencia de un diputado, y en ningún caso podrán ser mayores a tres durante un mes.

Artículos Transitorios

Primero. La organización de los expedientes y demás asuntos que actualmente atienden las comisiones se enviarán a la comisión señalada en el artículo 39 de la siguiente forma:

Segundo. Las comisiones especiales que funcionan actualmente permanecerán hasta la conclusión de sus tareas o hasta llegada la fecha de su extinción conforme a lo señalado en el acuerdo de su creación. En todo caso, todas ellas terminarán sus labores al finalizar la LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2005.--- Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY GENERAL DE SALUD - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de la Propiedad Industrial.El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: la salud de la población es una de las más trascendentales responsabilidades del Estado. Las democracias constitucionales modernas, entre otras cuestiones, se distinguen por los indicadores sostenidos de la salud que garantizan sus políticas públicas. El diseño de dichos instrumentos se funda en los consensos básicos a partir de legislaciones adecuadas y a través de las funciones parlamentarias de control que supervisan las acciones de las administraciones públicas a las que ésta ha confiado la salud general. Se trata de un asunto que exige la contribución de todos los niveles de gobierno y de la población misma para que la ejecución de tales programas y acciones permita caminar en una dirección satisfactoria.

Los sorprendentes avances científicos y tecnológicos que se conocen son insuficientes para resolver las amenazas constantes a la salud de la humanidad; la globalización ha dado cauce a positivos acontecimientos, pero también al despertar de la conciencia mundial sobre la vulnerabilidad humana ante estas nuevas epidemias y, lo más grave, ante el rezago que existe en algunas latitudes para erradicar enfermedades mutantes que se regeneran y retornan en peligrosas expansiones a todos los destinos del orbe.

Los pueblos más desprotegidos son los que padecen inermes las peores consecuencias. México se encuentra en una zona intermedia de capacidades probadas para enfrentar desde las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los riesgos probables que incesantemente se producen. En buena medida, el reto mayor de la humanidad se ubica en la necesidad de remediar los desequilibrios que el progreso, a pesar de sus aportaciones, ha provocado en la salud del planeta y de sus habitantes. La salud poblacional es una condición indispensable para cruzar el complejo umbral del bienestar general.

La salud pública es reflejo de la auténtica igualdad social en una constante de oportunidades reales para construir la plataforma de acceso al desarrollo humano sustentable. El Estado debe asegurar a todos el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos.

En nuestro país, la realidad nos muestra un sector de salud en desabasto permanente. La falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de servicios y medicamentos se traduce en una barrera infranqueable de marginación para grandes capas de la población, que tienen que enfrentar el aumento considerable de los costos, asociado al deterioro de la salud. La gratuidad de los servicios de seguridad social que, en teoría, cubren un sector de la población se vuelve con frecuencia una falacia, ante la deficiencia estructural y procedimental que registra la atención ordinaria de esas instituciones. Se vuelve un mito la gratuidad cuando los derechohabientes deben cubrir con sus medios los medicamentos que se les prescriben.

Nos situamos frente a un asunto pendiente que urge corregir: la administración pública tiene que contar con herramientas jurídicas para frenar el encarecimiento artificial que se genere en el sector publico de salud y la prescripción de medicamentos patentados de muy alto costo, así como la omisión de incluir medicamentos genéricos. Existe un gran número de medicamentos genéricos que ha acreditado su bioequivalencia y su bioseguridad, demostrando su efectividad terapéutica, siendo además mucho más asequibles en términos de precio unitario que los medicamentos de patente.

Asimismo, es fundamental fiscalizar el otorgamiento de exenciones a patentes ya vencidas, pues esto impide el aprovechamiento eficiente de medicamentos equivalentes en el cuadro básico de medicamentos e insumos. Mientras no se corrijan todas las ineficiencias y se aseguren licitaciones públicas transparentes, no será posible alcanzar el nivel necesario de financiamiento público óptimo para el sector salud.

Por ello proponemos que el sistema nacional de salud tenga entre sus objetivos asegurar a la población el acceso a medicamentos, fármacos y material de curación y rehabilitación a través de medidas y programas que permitan establecer precios y costos asequibles para toda la población, y fomentar la inclusión de médicamente genéricos en el cuadro básico del sector salud, así como que sea indefectible para el personal médico la correspondiente prescripción de estos medicamentos para su venta; que la Secretaría de Salud, los estados y el Distrito Federal promuevan las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de las administraciones públicas, tanto federal como local, provean medicamentos genéricos; disponer que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan límites a los precios de medicamentos, así como desarrollar mecanismos y programas con objeto de garantizar que la población más desprotegida tenga acceso a los medicamentos.

Por lo expuesto, sometemos a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes General de Salud, y Federal de la Propiedad Industrial. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PVEM, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Economía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: Exposición de Motivos

La salud de la población es una de las más trascendentes responsabilidades del Estado. Las democracias constitucionales modernas, entre otras cuestiones, se distinguen por los indicadores sostenidos de salud que garantizan sus políticas públicas. El diseño de dichos instrumentos se funda en los consensos básicos, a partir de legislaciones adecuadas y a través de las funciones parlamentarias de control que supervisan las acciones de las administraciones públicas a las que esta confiada la salud general. Se trata de un asunto que exige la contribución de todos los niveles de gobierno y de la población misma para que la ejecución de tales programas y acciones permitan caminar en una dirección satisfactoria.

Los sorprendentes avances científicos y tecnológicos que se conocen son empero insuficientes para resolver con las previsiones idóneas las amenazas constantes a la salud de la humanidad. La globalización ha dado cauce a positivos acontecimientos pero también al despertar de la conciencia mundial sobre la vulnerabilidad humana, ante nuevas epidemias y lo más grave ante el rezago que existe en algunas latitudes para erradicar enfermedades mutantes que se regeneran y retornan en peligrosa expansión a todos los destinos del orbe. Los pueblos más desprotegidos son los que padecen inermes las peores consecuencias, México se encuentra en una zona intermedia de capacidad probada para enfrentar, desde las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los riesgos probables que incesantemente se producen. En buena medida el reto mayor de la humanidad se ubica en la necesidad de remediar los desequilibrios que el progreso, a pesar de sus aportaciones, ha provocado en la salud del planeta y de sus habitantes.

La salud poblacional es una condición indispensable para cruzar el complejo umbral del bienestar general, la salud pública es reflejo de la auténtica igualdad social en una constante de oportunidades reales para construir la plataforma del acceso al desarrollo humano sustentable. El Estado debe asegurar a todos el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos.

En nuestro país, la realidad nos muestra un sector salud en desabasto permanente, la falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de servicios y medicamentos, se traduce en una barrera infranqueable de marginación para grandes capas de la población, que tienen que enfrentar el aumento considerable de los costos asociados al deterioro de la salud.

La gratuidad de los servicios de seguridad social que en teoría cubren a un sector de la población se vuelve con frecuencia una falacia ante las deficiencias estructurales y procedimentales que registra la atención ordinaria de esas instituciones. Se vuelve un mito la gratuidad cuando los derechohabientes deben cubrir con sus propios medios los medicamentos que se les prescriben. El resto de la población se encuentra al margen de cualquier esquema de aseguramiento médico, toda vez que vive en condiciones de subempleo o abierto desempleo en los refugios de la economía subterránea. La gente en condiciones de pobreza se encuentra en la frontera del alto riesgo de la desatención de su salud con resultados lamentables. Ante la muy preocupante realidad de la automedicación en parte producida por el dilema que enfrenta la ciudadanía, que opta por adquirir la medicina evitando la previa consulta médica.

Actualmente, la fecha y el monto de las modificaciones al precio máximo de venta al público de los medicamentos, se define únicamente por las empresas farmacéuticas en un ejercicio de libre flotación de la oferta en función de una demanda creciente. Resulta inadmisible la pasividad de las autoridades responsables de regular los precios de medicamentos por tratarse de productos de primerísima necesidad. Esta responsabilidad acusa la negligencia de no haber previsto las consecuencias, la inacción gubernativa ante la oportunidad de negocio de los laboratorios farmacéuticos y la especulación de medicamentos ha provocado el alza descomunal de los precios de los fármacos en los últimos diez años (1035%) en relación con la inflación general acumulada durante este periodo (551%). Como puede apreciarse, el aumento de los precios de los medicamentos ha sido exponencial, y en contraste el nivel de ingreso de los particulares se comporta con indicadores distantes a la posibilidad de ir al ritmo de esa tendencia. El riesgo de enfermar y sus consecuencias, para la inmensa mayoría de la población, ha crecido de modo alarmante.

Nos situamos frente a un asunto pendiente que urge corregir, la administración pública tiene que contar con las herramientas jurídicas para frenar: El encarecimiento artificial que se genera en el sector público de salud; la prescripción de medicamentos patentados (y en muchos casos importados) de muy alto costo; así como la omisión de incluir medicamentos genéricos.

Existe un gran número de medicamentos genéricos que han acreditado su bioequivalencia y bioseguridad, demostrando su efectividad terapéutica y son mucho más accesibles en términos de precio unitario que los medicamentos patentados.

Asimismo, de manera que es fundamental fiscalizar el otorgamiento ilegal de extensiones a patentes ya vencidas, pues esto impide el aprovechamiento eficiente de medicamentos equivalentes en el cuadro básico de medicamentos e insumos. Mientras no se corrijan todas las ineficiencias y se aseguren licitaciones públicas transparentes, no será posible alcanzar el nivel necesario de financiamiento público óptimo para el sector salud.

El artículo 28 de nuestra Constitución establece, de manera textual, que las leyes fijarán las bases para que se señalen los precios máximos a los artículos, materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o consumo popular; de manera que resulta importante que en la Ley General de Salud se establezcan algunas disposiciones que aseguren el acceso a medicamentos equivalentes e insumos necesarios para conservar la salud de la población en general, especialmente la de los sectores más desprotegidos.

Al respecto cabe destacar que el artículo 77 de la Ley Federal de Propiedad Industrial establece que la explotación de ciertas patentes en el ámbito de la salud, podrán ser utilizadas mediante el otorgamiento de licencias cuando el Consejo de Salubridad General determine que es necesario hacerlo por causas de emergencia, seguridad o tratándose de ciertas enfermedades graves. Sin embargo, no se establece una periodicidad ni mecanismos claros para llevar a cabo esta disposición, y hasta la fecha nuestras autoridades no han utilizado este mecanismo por razones, que deberían ser objeto de una investigación que persiga ligar intereses creados que hayan reportado ventajas indebidas de lucro inadmisible.

Por lo anterior, la sociedad se encuentra en un completo estado de indefensión. Aparentemente, no existe alguna instancia para resolver el problema del alto costo de los medicamentos y los servicios de salud, así como mecanismos que permitan la cobertura total por parte de los servicios públicos. Por lo tanto surge la necesidad de mejorar nuestro marco jurídico a fin de generar mejores condiciones de vida para nuestra población.

Desde una visión comprometida con la estabilidad social ante las circunstancias descritas, hemos decidido elaborar un planteamiento basado en soluciones integrales.

La Constitución General reconoce que el desabasto de ciertos productos puede traducirse en una situación de emergencia nacional, el caso de los medicamentos es inequívocamente uno de esos supuestos para lo que la disposición constitucional contempla previsiones que en México no se han ejercido por la interpretación inconexa de las previsiones normativas vigentes y por la indiferencia de las autoridades a lo largo del tiempo, una indiferencia que pudiera tener como fundamento modalidades de corrupción.

El problema a resolver busca fortalecer las competencias del sector salud a efecto de obligar a sus responsables a:

Intervenir ante las instancias gubernamentales que inciden en la fijación de los precios de los medicamentos para garantizar su acceso a la población en general;

Clarificar las acciones específicas para enfrentar con decisión el desabasto de medicamentos que, entre otras causas, produce la ineficacia del sector público de salud;

Impulsar la inclusión de medicamentos genéricos en el cuadro básico,

Autorizar la explotación de patentes de medicamentos genéricos, a efecto de garantizar su colocación al público en general a precios realmente asequibles.

Promover la utilización de los medicamentos genéricos en las instituciones médicas del sector público de todos los niveles de gobierno.

Reforzar la vigilancia de los procesos de producción de medicamentos genéricos por parte de la Secretaría de Salud.

Incluir en la dotación de medicamentos genéricos a las clínicas y centros psiquiátricos del país.

Establecer mecanismos de supervisión efectiva sobre la distribución de medicamentos al público en general.

Garantizar que la venta al público de los medicamentos patentados y los genéricos se verifique a través de la expedición de la correspondiente prescripción médica de profesionales autorizados.

Reforma que se propone

Se propone:

Que el Sistema Nacional de Salud tenga dentro de sus objetivos el asegurar a la población el acceso a medicamentos, fármacos y material de curación y rehabilitación a través de medidas y programas que permitan establecer precios y costos accesibles a toda la población.

Fomentar la inclusión de medicamentos genéricos en el cuadro básico del sector salud, así como que sea indefectible para el personal médico la correspondiente prescripción para su venta al público.

Que la Secretaría de Salud, los estados y el Distrito Federal promuevan las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, provean medicamentos genéricos.

Disponer que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan límites a los precios de medicamentos, así como a desarrollar mecanismos y programas con objeto de garantizar que la población más desprotegida tenga acceso a los medicamentos al costo de su producción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto. Mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes General de Salud y Federal de Propiedad Industrial.

Artículo primero. Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 6; y un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

De la fracción I a la VIII ...

IX. Asegurar a la población general la accesibilidad a los medicamentos y fármacos, material de curación y rehabilitación a través de programas que permitan establecer precios y costos accesibles a toda la población.

X. Impulsar la utilización de medicamentos genéricos por parte de las instituciones públicas de salud del Gobierno Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Artículo 31 bis

La distribución de los medicamentos patentados y genéricos para su venta o donación al público en general, sólo podrá efectuarse mediante prescripción expedida por el personal médico que cuente con cédula profesional para ejercer. La inobservancia de la presente disposición será sancionada conforme a las leyes aplicables.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 29, 31 y 74 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 29. Del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades competentes determinará la lista de medicamentos patentados, medicamentos genéricos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia y disponibilidad a las personas que los requieran.

Artículo 31. La Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización, y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos patentados, medicamentos genéricos e insumos.

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía para la importación de medicamentos patentados, medicamentos genéricos e insumos.

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:

I. ...

II. ...

La Secretaría de Salud gestionará la utilización de medicamentos genéricos certificados para beneficio de los internos en los centros psiquiátricos del país.

Artículo tercero. Se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 77. ...

En los casos de desabasto de fármacos y medicamentos o enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto para la elaboración de medicamentos genéricos y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

...

...

...

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena.La diputada Lorena Torres Ramos: Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Lorena Torres Ramos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2o. y en la fracción II del artículo 71, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 42, el párrafo tercero del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En los inicios de este nuevo siglo, vemos con cierto agrado, pero no con total satisfacción, que estamos avanzando hacia una sociedad más incluyente y democrática, para que la coexistencia de los diferentes sujetos nacionales, individuales y colectivos se dé en un ambiente de respeto y de convivencia. Prueba de ello es la ratificación por parte de nuestro país de diversos tratados internacionales, los cambios en la legislación y la creación de nuevas leyes, así como las políticas públicas instrumentadas. Nuestra Carta Magna, en el artículo 1o., deja asentado que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Asimismo, prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico o racial, el género, la edad, las capacidades diferentes o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. La diversidad de pueblos, culturas, lenguas, costumbres, religiones, condiciones y capacidades existentes en nuestro país nos obliga a pensar y a ejercer la inclusión y el disfrute real de los derechos constitucionales, de acuerdo con las condiciones particulares de los sujetos sociales que forman nuestra diversidad nacional.

Consciente de que nuestro país es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes, donde la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás sino que debe ser el resultado de la colaboración, la convivencia y la interrelación fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la nación, el Constituyente Permanente estableció en el artículo 2o. de nuestra Ley Fundamental disposiciones específicas para salvaguardar los derechos de que los pueblos y las comunidades de manera plena gozan, como la educación y tener más oportunidades de desarrollo, y demás eliminar actos de naturaleza discriminatoria que sufren los pueblos y las comunidades indígenas.

Eso representa, aunque todavía con muchas limitaciones, un gran avance en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, así como el afianzamiento del principio de igualdad por la ley y ante la ley y el principio de garantizar la equidad en la diversidad que debe existir entre todas las personas y entre todos los pueblos y comunidades que integran una nación pluricultural como la nuestra. El sufragio en nuestro país se ha consolidado como un derecho y una obligación para cada ciudadano, quien con ello debe elegir a sus representantes libremente. Los indígenas se han visto limitados en el ejercicio de esta prerrogativa o, en su caso, requieren la ayuda de otra persona, afectando su derecho de elegir a sus representantes de acuerdo con lo establecido con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en términos de las características del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Muchas veces, los indígenas, particularmente los monolingües, no conocen las plataformas de los partidos, por lo cual no se garantiza la obligación de los partidos políticos de dar a conocer su oferta, responsabilidad establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De ahí la necesidad de comunicar las ideas y los planteamientos de cada agrupación política de acuerdo con la cosmovisión de estos grupos sociales. La lengua indígena no debe constituir un obstáculo para el ejercicio pleno del voto, menos aun cuando nuestra propia Constitución Política reconoce y busca garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Así pues, si bien es cierto que México ha modernizado su marco constitucional en materia de igualdad de derechos, como es el establecimiento del principio de la no discriminación, la igualdad del hombre y de la mujer, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y el derecho del ciudadano a votar en elecciones, no debemos soslayar, como ya se dijo, que determinadas circunstancias impiden la realización plena de dichos enunciados constitucionales. De ello se deduce que hay esferas que debemos fortalecer para hacer efectivo uno de los presupuestos básicos que definen la democracia: la extensión del sufragio popular a todos los ciudadanos, con independencia de sus condiciones culturales, sociales, políticas y económicas.

En estos tiempos se requiere el establecimiento de mecanismos que permitan lograr el conocimiento, la promoción y la difusión de la cultura electoral para los ciudadanos indígenas. Dado lo anterior, proponemos que desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su carácter de norma electoral, tanto el Instituto Federal Electoral como los partidos políticos den a conocer las campañas de participación ciudadana y de información partidista, así como las plataformas políticas y las campañas para la orientación del voto en las lenguas propias de cada pueblo indígena en forma escrita, pero también oral, ya que muchas lenguas aún están en proceso de configurar su escritura y también debido a que gran parte de la población indígena adulta, sobre todo mujeres, no sabe leer.

El reconocimiento jurídico para participar en la política mexicana por parte de los ciudadanos mexicanos indígenas requiere que los partidos políticos y las autoridades en materia electoral implanten instrumentos que les permitan participar de manera informada y en igualdad de condiciones en las elecciones. Así, como consecuencia de estos argumentos, en uso de las atribuciones a que he hecho referencia, someto a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 42, el párrafo tercero del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como dice el cuerpo de la presente iniciativa y cuya lectura completa omito. Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena, a cargo de la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada Lorena Torres Ramos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2º y la fracción II del artículo 71, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42, el párrafo 3º del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los inicios de este nuevo siglo vemos con cierto agrado, pero no con total satisfacción, que estamos avanzando hacia una sociedad más incluyente y democrática, para que la coexistencia de los diferentes sujetos nacionales, individuales y colectivos, se dé en un ambiente de respeto y convivencia. Prueba de ello es la ratificación por parte de nuestro país de diversos tratados internacionales, los cambios en la legislación, la creación de nuevas leyes, así como las políticas públicas instrumentadas.

Nuestra Carta Magna en su artículo primero deja asentado que, en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Asimismo, prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La diversidad de pueblos, culturas, lenguas, costumbres, religiones, condiciones y capacidades existentes en nuestro país nos obliga a pensar y ejercer la inclusión y el disfrute real de los derechos constitucionales, de acuerdo a las condiciones particulares de los sujetos sociales que conforman nuestra diversidad nacional.

Consciente de que nuestro país es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes, en donde la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser el resultado de la colaboración, la convivencia y la inter relación fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran nuestra nación, el Constituyente Permanente estableció en el artículo 2º de nuestra ley fundamental (..se elimina porque ya existía el art. 4| desde 1992..) disposiciones específicas para salvaguardar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, así como para establecer las obligaciones del Estado en esta materia.

Dicha acción legislativa se encontró principalmente motivada por la desigualdad, la marginación, la falta de reconocimiento de su identidad plena, de educación y oportunidades de desarrollo y demás actos de naturaleza discriminatoria que sufren los pueblos y comunidades indígenas.

Eso representa, aunque todavía con muchas limitaciones, un gran avance en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, así como el afianzamiento del principio de igualdad por la ley y ante la ley, y del principio de garantizar la equidad en la diversidad, que debe existir entre todas las personas y entre todos los pueblos y comunidades que integran una nación pluricultural como la nuestra.

A su vez, el artículo 35 constitucional establece como unas de las prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley en la materia.

El ejercicio de la ciudadanía es la base de sustentación del poder del Estado ya que otorga la capacidad a quien ostenta dicha categoría jurídica de participar en los asuntos públicos del país: básicamente en el proceso democrático de designación de autoridades públicas y representantes populares, así como en el ejercicio de las atribuciones fundamentales de los órganos del Estado.

El sufragio en nuestro país se ha consolidado como un derecho y una obligación para cada ciudadano, quien con ello debe elegir libremente a sus representantes.

Los indígenas se han visto limitados en el ejercicio de esta prerrogativa, o en su caso, requieren de la ayuda de otra persona, afectando su derecho de elegir a sus representantes de acuerdo a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en términos de las características del voto: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Muchas veces los indígenas, particularmente los monolingües, no conocen las plataformas de los partidos, por lo cual no se garantiza la obligación de los partidos políticos de dar a conocer su oferta política, responsabilidad establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De allí la necesidad de comunicar las ideas y los planteamientos de cada agrupación política de acuerdo a la cosmovisión de estos grupos sociales.

La lengua indígena no debe constituir un obstáculo para el ejercicio pleno del voto, menos aún cuando nuestra propia Constitución política reconoce y busca garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Recordemos, además, que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, dicta en el artículo 7 que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.

Así pues, si bien es cierto que México ha modernizado su marco constitucional en materia de igualdad de derechos como es el establecimiento del principio de la no-discriminación, la igualdad del hombre y de la mujer, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho del ciudadano el votar en las elecciones populares, etcétera, no debemos soslayar, como ya se dijo, que determinadas circunstancias impiden la realización plena de dichos enunciados constitucionales.

De ello se deduce que hay esferas que debemos fortalecer para hacer efectivo uno de los presupuestos básicos que define a la democracia: la extensión del sufragio popular a todos los ciudadanos con independencia de sus condiciones culturales, sociales, políticas y económicas.

Dados los tiempos actuales, se requiere el establecimiento de mecanismos que permitan lograr el conocimiento, la promoción y difusión de la cultura electoral para los ciudadanos indígenas.

Como bien establece la Carta Magna de nuestra nación, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática.

Dado lo anterior, proponemos que desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su carácter de norma electoral, tanto el Instituto Federal Electoral como los partidos políticos den a conocer las campañas de participación ciudadana y de información partidista, así como las plataformas políticas y las campañas para la orientación del voto en las lenguas propias de cada pueblo indígena, en forma escrita, pero también oral, ya que muchas lenguas aún están en proceso de configurar su escritura y también, debido a que gran parte de la población indígena adulta, sobre todo mujeres, no saben leer.

Para Acción Nacional la búsqueda de la participación de los ciudadanos en la política no ha sido moda pasajera, sino modo de vida institucional en nuestros más de 60 años de existencia por lo que se hace impostergable la apertura de los partidos políticos a la nación, ya que, como bien expresó nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín en 1954:

``Llevamos largos años viviendo en un ambiente cerrado, de restricciones, de monopolio, de estatismo, de temor, de desconfianza, de confusión: necesitamos renovar este ambiente, abrir las puertas a la reforma y a la libertad, suscitar y encauzar responsablemente discrepancias enriquecedoras... Necesitamos, en suma, proclamar nuestra mayoría de edad y adquirir la conciencia de lo que somos, de lo que poseemos y del riesgo de dejar de serlo...''.

El reconocimiento jurídico para participar en la política mexicana por parte de los ciudadanos mexicanos indígenas, requiere que los partidos políticos y las autoridades en materia electoral implementen los instrumentos que les permita participar de manera informada y en igualdad de condiciones en las elecciones.

Por ello, retomamos de la LVIII Legislatura esta importante propuesta de Acción Nacional y a la vez exhortamos a la Comisión de Gobernación para que sea dictaminada sin dilaciones este esfuerzo que tiene como objetivo concreto que los mexicanos indígenas conozcan los ofrecimientos de los distintos partidos políticos, para que con base en ello, puedan elegir la alternativa que más les convenga, de forma libre e informada y además proponemos el reconocimiento de las tradiciones y prácticas democráticas de derecho consuetudinario de las comunidades y municipios indígenas de régimen de usos y costumbres indígenas, que hasta ahora han utilizado para la elección de sus ayuntamientos.

Es así que como consecuencia de estos argumentos, en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia, someto a esta honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42, el párrafo 3º del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se adicionan el artículo 42, el párrafo 3º del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 42

Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión deberán, difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales en idioma español, y en lengua indígena por lo menos en aquellos distritos donde exista una mayoría de hablantes indígenas.

Artículo 44

1. ...

2. ...

3. Los partidos políticos utilizarán, por lo menos, la mitad del tiempo que les corresponda durante los procesos electorales para difundir el contenido de sus plataformas electorales, en idioma español y, de ser el caso, en lengua indígena, de conformidad con el artículo 42 de este Código.

Artículo 69

1. Son fines del Instituto:

A) a F) ...

G) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática en idioma español y en las lenguas habladas por los pueblos indígenas de la República Mexicana reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Artículo 96

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

A) ...

B) ...

C) ...

D) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales en idioma español y en las lenguas habladas por los pueblos indígenas de la República Mexicana reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;

...

...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, al día de su presentación.--- Dip. Lorena Torres Ramos (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señora diputada. Como lo ha solicitado, se ordena insertar en el Diario de los Debates la versión íntegra y se turna a la Comisión de Gobernación.

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ARTICULO 94 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: en obvio de tiempo, referiré a ustedes los argumentos de mayor importancia que impulsaron la creación de esta propuesta, con la atenta petición a la Mesa Directiva de que el texto íntegro quede publicado para cualquier consulta posterior en los medios oficiales acostumbrados por esta Cámara.

El suscrito, apegado a los fundamentos legales vigentes en nuestro país, presenta el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como fin lograr las modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley de Amparo, que pretenden que la Suprema Corte de Justicia, en su calidad de órgano de control constitucional, comunique al Congreso de la Unión las sentencias en que declare la inconstitucionalidad y las controversias constitucionales de normas legales, así como las normas legales que se consideren inconstitucionales en los juicios de amparo. Iniciaré exponiendo las razones que motivan y fundamentan esta iniciativa: Nuestra Constitución vigente consagra un esquema de división de poderes tripartito, que no se corresponde con una separación estricta de las funciones que corresponden a cada uno de los tres poderes.

No obstante lo anterior, se aprecia que el órgano legislativo encarnado en el Congreso de la Unión es el competente de la elaboración de disposiciones generales que constituyen leyes. El Poder Judicial, por su parte, presta la función jurisdiccional ordinaria a nivel federal y vigila que la Carta Magna sea respetada, amparando contra su violación y anulando preceptos o actos que la violan, por lo que, en perspectiva institucional, el Poder Judicial revisa que las leyes que hace el Legislativo federal no vulneren nuestra Norma Fundamental. La Suprema Corte de Justicia es en nuestro sistema constitucional el vértice del Poder Judicial federal ordinario, pero se le reserva a la vez el carácter de titular de un sistema de control concentrado de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad, salvo en materia electoral. En el marco organizacional de la división de poderes, el Poder Judicial federal ejercita la función jurisdiccional ordinaria en el ámbito federal y se erige en defensor e intérprete supremo de la Constitución.

Para el desempeño de sus funciones, como todo tribunal y todo juez, precisa institucionalmente de una serie de garantías que, en mayor o menor grado, reivindican los tribunales de cualquier país y sin los cuales es imposible una correcta impartición de justicia. Las garantías que tutelan el Poder Judicial para el cumplimiento de su función de dirimir controversias aplicando la ley son múltiples y han tenido una lenta evolución pero, desde luego, el bastión lo constituyen la independencia y la autonomía de jueces y tribunales. Esta doble garantía constituye, a nuestro parecer, la única que requiere un análisis para examinar la constitucionalidad de la obligación de informar a la Suprema Corte sobre invalidación de leyes al Congreso.

Por lo anterior, podemos decir que la eventual obligación de la Suprema Corte como máximo órgano de sentencia de informar al Congreso de la Unión sobre resoluciones que asienten la inconstitucionalidad de una disposición legislativa no parece en ningún aspecto atentar contra la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial, fundamentalmente porque se trata sólo de comunicar al órgano legislativo el pronunciamiento en la resolución y el envío del texto de la sentencia. Comunicar y remitir el texto de las decisiones no constriñe en absoluto el albedrío decisorio del juez. Dichas acciones se ejecutan después de dirimir el litigio, por lo que informar es una acción ex post con relación al acto de sentenciar, por lo que no vemos la manera en que se menoscabe o restrinja la libertad de la autoridad judicial.

Propuesta concreta: pretendemos lograr que las modificaciones presentadas se orienten hacia la obligatoriedad de que la Suprema Corte de Justicia, en su calidad de órgano de control constitucional, comunique al Congreso de la Unión las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad y la controversia constitucional de normas legales, así como las normas legales que se consideren inconstitucionales en los juicios de amparo. Sobresale el hecho de que ese mecanismo no es sino un instrumento para que el órgano que tiene el cometido de elaborar las leyes tenga conocimiento cuando una norma generada por él sea considerada inconstitucional por la Suprema Corte y pueda de esa manera actuar en consecuencia.

Compañeras diputadas y diputados: por lo expuesto, considero que está debidamente fundamentada la necesidad de incorporar las modificaciones a la legislación mexicana, por lo que me permito presentar el día de hoy la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Primero. Se adiciona un octavo párrafo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

El Presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. En dicho informe se deberá hacer mención detallada de las resoluciones relativas de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de las cuales la Suprema Corte haya tenido conocimiento.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 11, 14 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

Artículo 11. Del Pleno de la Suprema Corte: al término de cada uno de sus periodos de sesiones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá enviar a cada una de las dos Cámaras que componen el Congreso de la Unión del Poder Legislativo federal una relación detallada de sus resoluciones relativas a las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes, en términos de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Artículo 14. Son atribuciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia... --Párrafo quinto-- Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, salvo la que es propia de los Presidentes de la Sala, incluyendo la supervisión del cumplimiento de la obligación de informar a cada una de las dos Cámaras que componen el Congreso de la Unión del Poder Legislativo federal de las resoluciones relativas a controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes, en términos de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Artículo 179. En términos de la fracción XIX del artículo 11 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación se realicen con oportunidad, incluyendo la información que deberá remitir al Poder Legislativo federal al final de cada uno de los periodos de sesiones que éstas realicen.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 195 y 197 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 195. En los casos previstos en los artículos 192 y 193, el Pleno, la sala o el tribunal colegiado, en esa misma gaceta especial deberán publicar la información que sea remitida a las dos Cámaras que forman el Congreso de la Unión del Poder Legislativo federal relativas a controversias constitucionales de las acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes, en términos de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Artículo 197. El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro de un término de tres meses y deberá ordenar su publicación y remisión, en los términos previstos en el artículo 195. De igual forma, deberá verificar que dicha información se encuentre incluida en el informe remitido a las dos Cámaras del Congreso de la Unión del Poder Legislativo federal relativo a las resoluciones de amparo contra leyes.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno y diputados federales del grupo parlamentario del PAN, pertenecientes a la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que tiene como propósito principal modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la propia Constitución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución vigente consagra un esquema de división de poderes tripartito que no corresponde con una separación estricta de las funciones que corresponde a cada uno de los 3 poderes. No obstante lo anterior, tendencialmente se aprecia que el órgano legislativo encarnado en el Congreso de la Unión, es el competente en la elaboración de disposiciones generales que constituyen leyes. El Poder Judicial, por su parte presta la función jurisdiccional ordinaria a nivel federal y vigila que la Carta Magna sea respetada, amparando contra su violación y anulando preceptos o actos que la violan; por lo que en perspectiva institucional el Poder Judicial revisa que las leyes que hace el legislativo federal no vulneren nuestra norma fundamental.

La Suprema Corte de Justicia es en nuestro sistema constitucional, el vértice del Poder Judicial Federal ordinario, pero se le reserva a la vez el carácter de titular de un sistema de control concentrado de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad (salvo en materia electoral). En el marco organizacional de la división de poderes, el Poder Judicial Federal ejercita la función jurisdiccional ordinaria en el ámbito federal y se erige en defensor e intérprete supremo de la Constitución. Para el desempeño de sus funciones, como todo tribunal y todo juez, precisa institucionalmente de una serie de garantías, que en mayor o menor grado reivindican los tribunales de cualquier país y sin las cuales es imposible una correcta impartición de justicia.

A partir de una reforma de 1987 los asuntos de inconstitucionalidad de leyes pasan a conocimiento exclusivo de la Suprema Corte, en tanto que los juicios promovidos en contra otros actos de autoridad de alcance concreto, en contraposición a las leyes, son competencia de Juzgados de Distrito o de Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que el denominado por Fix Zamudio como amparo-casación, dejó de ser materia normalmente sustanciada por la Corte, que en cambio se apropió del conocimiento del amparo contra leyes, pretendiéndose erigir en tribunal constitucional, sin valorar que para tener tal carácter no debe formar parte del poder judicial ordinario, como actualmente ocurre; por lo que se trató más bien de distribución interna de la competencia jurisdiccional en el seno del poder judicial. La explicación anterior es relevante puesto que es necesario definir el papel de la Suprema Corte en los juicios que pueden desembocar en la declaración de inconstitucionalidad de una ley.

Las garantías que tutelan al Poder Judicial para el cumplimiento de su función de dirimir controversias aplicando la ley, son múltiples y han tenido una lenta evolución, pero desde luego el bastión lo constituye la independencia y la autonomía de jueces y tribunales. Esta doble garantía constituye a nuestro parecer la única que requiere un análisis para examinar la constitucionalidad de la obligación de informar a la Suprema Corte sobre invalidación de leyes al Congreso.

Se habla en general en la doctrina de una independencia y autonomía de los tribunales y los jueces. En lo que concierne a la independencia que es la del juez o la del tribunal frente a otros órganos jurisdiccionales del poder judicial mismo, se hace consistir en el hecho de que: ``el juez al aplicar la ley no tiene superiores; ejercitando la potestad jurisdiccional no hay superior ni inferior, no hay jerarquía; cada juez o tribunal tiene su competencia y dentro de ella ejerce la potestad sólo vinculado a la ley.'' En esa virtud, hay una interdicción en el sentido de que ``no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial, sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.'' Una prohibición del mismo orden se entiende impartida a todos los demás, autoridades incluidas.

Mientras que la independencia es la del juez y del magistrado o ministro, la autonomía es la del Poder Judicial en su conjunto y tiene una connotación institucional frente a los otros poderes. Se conceptualiza que la autonomía es un medio más para afianzar la independencia del juez individual a la hora de juzgar. No se pierde de vista que también responde a una concepción política en la que no existe superioridad de un poder con respecto a los otros, ``sino de igualación dentro del marco de actuación de cada uno de ellos señalado constitucionalmente'' La autonomía institucionalmente se manifiesta entre otras cosas en:

La pertenencia de los órganos jurisdiccionales y de sus funcionarios (jueces, magistrados y ministros) a la estructura del Poder Judicial.

La institución de un órgano de autogobierno (el Consejo de la Judicatura, art 94 constitucional) competente para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal.

Sistema de incompatibilidades de jueces, magistrados y ministros.

Presupuesto propio aprobado por el órgano de representación popular por excelencia (Cámara de Diputados).

Por otro lado es digno de resaltarse la facultad que el art. 94 de la constitución confiere al Congreso de la Unión para definir mediante leyes ``La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas''.

La eventual obligación de la Suprema Corte como máximo órgano de sentencia, de informar al Congreso de la Unión sobre resoluciones que asienten la inconstitucionalidad de una disposición legislativa, no parece en ningún respecto atentar contra la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial. Fundamentalmente porque se trata sólo de comunicar al órgano legislativo el pronunciamiento de la resolución y el envío del texto de la sentencia. Comunicar y remitir el texto de la decisión no constriñen en absoluto el albedrío decisorio del juez y dichas acciones se ejecutan después de dirimido el litigio, por lo que informar es una acción ex post con relación al acto de sentenciar. No vemos la manera en que se menoscabe o restrinja la libertad de la autoridad judicial.

En cambio, establecer de manera genérica la obligación de informar y remitir el texto del fallo, esta verosímilmente comprendido en los extremos del supuesto transcrito del art. 94 constitucional; puesto que determinar a la Suprema Corte la obligación de tener al tanto al Congreso de las declaraciones de inconstitucionalidad de sus leyes, es algo reconducible a la ``competencia'' y ``funcionamiento'' de la Suprema Corte, su Pleno y sus Salas. Pero de una manera aún más rotunda el primer párrafo del art. 105 que establece las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales señala que:

``La Suprema Corte de Justicia conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:''

Finalmente el art. 107 también de la Carta Magna que reglamenta el juicio de amparo, precisa de manera análoga que:

``Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley''.

Cobra importancia en lo tocante al juicio de amparo que la sentencia que lo otorga, según la fracción II del mismo 107, no hace ``una declaración general respecto de la ley o acto'' que motivó la sentencia; sin embargo no puede pasarse por alto el hecho de que la sentencia que otorga el amparo, menoscaba la aplicación y efectividad de la ley y que por otra parte si entraña una declaración concreta sobre la ley en la que se aprecia su inconstitucionalidad.

Se sigue de los preceptos examinados en sus partes relativas, que la obligación de informar al Congreso sobre declaraciones de inconstitucionalidad, ya sean abstractas (acciones y controversias, ex art. 105) o concretas (juicio de amparo, ex art. 103 y 107) lejos de tener un sesgo de inconstitucionalidad encuentran un fundamento sólido en las competencias de legislación sobre los juicios que detenta el Poder Legislativo Federal.

Se puede argumentar que desde el punto de vista de la interpretación constitucional que es una interpretación de límites y de máximos, no hay ninguna norma en la Constitución que prohíba la información directa de la Corte al Congreso, y en ese tenor es válido que el Poder Legislativo en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que le es inherente consagre el mecanismo en normas de carácter secundario, o sea en ley y por ello, en síntesis no se advierte ningún problema de constitucionalidad, por lo que se puede plasmar a nivel de legislación secundaria o reglamentaria la obligación de informar al legislativo sobre pronunciamientos de inconstitucionalidad de leyes federales.

No obstante, con el objeto de no contradecir la tesis de que no es constitucionalmente posible ni válido, que el Congreso de la Unión, a través de un ordenamiento secundario pretenda que dos órganos dependientes del Poder Judicial como son la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados, tengan la obligación de rendirle informe de algunas actividades, y por otro lado, atendiendo las tesis de jurisprudencia en las cuales la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que no es constitucionalmente factible el que un poder le tenga que rendir informes a otro poder si dicha autorización no ha sido establecida como tal en el Pacto Federal, se ha incluido en esta propuesta de reforma, adicionar el artículo 94 Constitucional.

Principios y valores tutelados

Poner al Congreso en conocimiento de manera directa de la inconstitucionalidad de las normas que aprobó, permite o favorece que actúe para la corrección de disposiciones que rompen con la armonía del sistema normativo. El orden jurídico de cada país, y el de México desde luego, constituye un sistema, en cuanto a que es un todo ordenado y unitario, o al menos aspira a serlo. Las normas tienen múltiples vinculaciones entre sí, y el orden establecido por las cámaras con base en leyes debe cumplir con esos caracteres.

Coherencia material y unidad estructural en las normas de un sistema se logran a partir de la eliminación de antinomias o contradicciones entre disposiciones, así como mediante la expulsión de aquellas normas, en este caso legales, que contrarían a la Constitución.

La calidad misma del sistema normativo depende entre otras cosas de la corrección del contenido de los preceptos y su articulación en un conjunto integrado. Al establecerse el deber de la Corte de informar al Congreso se refuerza la capacidad de reacción del Legislativo para corregir sus equivocaciones normativas. Este argumento cobra mayor validez si se trata de una sentencia en un juicio de amparo, dado que por la relatividad de sus efectos la norma que es inaplicada en un caso concreto por inconstitucional, conserva su validez y vigencia, no obstante su conflicto con la Carta Magna; en esos supuestos la intervención del Legislador puede coadyuvar a subsanar el precepto por su derogación o modificación.

Para el caso de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, existe la posibilidad de que se anule erga omnes la norma declarada inconstitucional (si se aprueba el fallo con una mayoría de 8 ministros, ex art. 105 const.). Pero si la norma no es anulada, por falta de la mayoría requerida, o se la anula incluso, se requiere la intervención correctora del Congreso, siendo además necesario por necesidad de congruencia cuando una norma se destruye, proveer a la adecuación de otras normas que por conexión en su contenido con el precepto invalidado, resienten su anulación. No debe olvidarse que toda anulación produce lagunas que es apropiado que colme el mismo legislador en ejercicio de la legitimidad que deriva de su representación política.

El otro valor a cuya realización tiende la obligación de informar de la Corte, es el de la certeza jurídica que queda en riesgo para los gobernados a causa de 2 factores:

-la subsistencia de normas legales inconstitucionales (en los juicios de amparo) declaradas así por la Suprema Corte, que siguen en aplicación o para otros casos, bien de,

-la anulación de normas legales inconstitucionales (en las acciones de inconstitucionalidad o en las controversias constitucionales), con lo que se produce una laguna y se desarticula el sistema obligando a una revisión de los preceptos conexos con el precepto anulado.

En ambas hipótesis ha quedado erosionada la seguridad y certeza jurídica de los gobernados al suprimirse una regla de derecho que no es sustituida de inmediato, o bien que sobrevive pero bajo calificación de violatoria de la Carta Magna, restando previsibilidad a los gobernados respecto del orden normativo que deben cumplir.

La obligación de informar a cargo de la Suprema Corte, aunque por sí sola no remedia la transgresión de la norma fundamental, coadyuva de manera significativa a la solución de ese problema y fortalece la vigencia de la Carta Magna y del Estado de Derecho.

En resumen se puede decir que el instituto de obligar a la Corte a informar al Congreso de sus resoluciones de control constitucional sirve a los valores y principios de coherencia material y unidad estructural de todo el sistema jurídico. Igualmente se postula a los valores de seguridad y certeza jurídicas, junto con la institución del Estado de Derecho.

Propuesta Concreta

Las modificaciones pretenden que la Suprema Corte de Justicia, en su calidad de órgano de control constitucional, comunique al Congreso de la Unión de las sentencias en que declare la inconstitucionalidad, y las controversias constitucionales de normas legales, así como las normas legales que se consideren inconstitucionales en los juicios de amparo.

Sobresale el hecho de que ese mecanismo no es sino un instrumento para que el órgano que tiene el cometido de elaborar las leyes, tenga conocimiento cuando una norma general por él creada, sea considerada como inconstitucional por la Suprema Corte, y pueda de esa manera actuar en consecuencia.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que considero que está debidamente fundamentada la necesidad de incorporar las modificaciones a la legislación mexicana, por lo que me permito presentar el día de hoy, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Primero: Se adiciona un octavo párrafo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia...

...

...

...

...

...

...

El Presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. En dicho informe se deberá hacer mención detallada de las resoluciones relativas a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de las cuales dicha Suprema Corte haya tenido conocimiento.

...

...

...

...

Artículo Segundo: Se reforman los artículos 11, 14, y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para quedar como sigue:

Artículo 11.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

I al XVIII ...

XIX.- Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación y sistematización de tesis ejecutorias, la publicación de las mismas, agrupándolas cuando formen jurisprudencia; la estadística e informática de la Suprema Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, el archivo histórico, el archivo central y los archivos de los tribunales federales foráneos, compilación de leyes y archivo de actos, y cuando lo estime conveniente podrá el Pleno convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones...

Al término de cada uno de sus periodos de sesiones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá enviar a cada una de las Dos Cámaras que componen el Congreso de la Unión, del Poder Legislativo Federal, una relación detallada de sus resoluciones, relativas a controversias constitucionales, y de las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes en términos del artículo 103 y 107 constitucionales.

Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia:

I al IV ...

V. Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, salvo la que es propia de los presidentes de las Salas, incluyendo la supervisión del cumplimiento de la obligación de informar a cada una de las dos Cámaras que componen el Congreso de la Unión, Del Poder Legislativo Federal, de las resoluciones, relativas a controversias constitucionales, y de las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes en términos del artículo 103 y 107 constitucionales.

VI al XXI.

Artículo 179. En términos de fracción XIX del artículo 11 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia, cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación se realicen con oportunidad y llevará a cabo todas aquellas tareas que fueren necesarias para la adecuada distribución y difusión de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la información que deberá remitir al Poder Legislativo Federal al final de cada uno de los periodos de sesiones, que ésta realice.

Artículo Tercero: Se reforman los artículos 195, 197, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para quedar como sigue:

Artículo 195.- En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo deberán:

I al III ...

IV ...

V.- Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis jurisprudenciales integradas por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido de los demás.

El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicación que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el conocimiento de su contenido.

En esa misma gaceta especial, deberá ser publicada, la información que sea remitida a las Dos Cámaras que Forman el Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal, relativas a controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes en términos del artículo 103 y 107 constitucionales.

Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que se realicen las publicaciones mencionadas en el artículo 197-B.

Artículo 197.- Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas salas o los ministros que las integren, El Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentables, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cual es la tesis que debe observarse. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

El Pleno de la Suprema Corté deberá dictar la resolución correspondiente dentro de un término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195, de igual forma deberá verificar que dicha información se encuentre incluida en el informe remitido a las Dos Cámaras del Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal, relativas a las resoluciones de amparo contra leyes.

Las Salas de la Suprema Corte ...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para agilizar la entrada en vigor de estas disposiciones, el Poder Judicial Federal a través de los organismos correspondientes, contará para la implementación de los cambios señalados con 180 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Salón de Sesiones, a 22 de noviembre de 2005.--- Dip. Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates; y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanos del municipio de Benito Juárez, del estado de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Sean bienvenidos. De la misma manera, da la más cordial de las bienvenidas al doctor Francisco Balderas, rector de la Universidad Panamericana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, invitado del diputado José Manuel Abdala de la Fuente. Sea usted bienvenido, señor rector.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados: el México moderno, aun con problemas de índoles financiera y social, se ve de nueva cuenta estancado en un rubro tan importante como la recaudación fiscal, lo que ha generado muy variadas controversias porque el gobierno no ha sido capaz de ampliar y mejorar su sistema de administración tributaria, el cual en la actualidad asciende a poco más de 7.7 millones de contribuyentes cautivos, sobre los cuales se han tasado los impuestos más gravosos.

Ello, en virtud de que 54 por ciento de la población económicamente activa evade impuestos. Esta base de contribuyentes no es suficiente para solventar las diversas necesidades financieras del Estado mexicano; es decir, no puede satisfacer demandas básicas como salud, educación y seguridad pública ni, mucho menos, tener recursos para la atención de contingencias como los desastres naturales o contar con infraestructura para la promoción del deporte o la organización de unos juegos olímpicos, evento que si bien significa una gran derrama económica para el anfitrión, también lo es que requiere una infraestructura que no se tenía. Tal circunstancia fue vislumbrada en nuestro país hacia finales de la década de los cincuenta, derivado de la eventual asignación de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Ello obligó al Gobierno Federal a destinar grandes cantidades de recursos para construir los diferentes escenarios deportivos y así poder cumplir esa distinción. Sin embargo, ese gasto estaba fuera de todo contexto presupuestal.

De ahí que fuera necesario pensar en la forma de que el gobierno se pudiera hacer de los mismos, y la opción más ortodoxa y sencilla era la creación de impuestos. Esta idea comenzó a generarse en los albores de los años sesenta y logró su concreción al establecerse el Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que fue incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1962. La creación del citado impuesto se logró porque en su momento se argumentó que la medida era temporal y que estaría vigente hasta que pasaran las olimpiadas; es decir, hasta 1968.

La Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, pero es a partir de 1981 cuando se genera una situación de mayor inconformidad de los contribuyentes porque consideran que ese impuesto es un exceso, ya que al adquirir un vehículo el mismo viene con una importante carga tributaria, como el IVA, aplicado a varios aspectos; entre otros, los materiales y las piezas para el ensamble, servicios del traslado de la planta armadora a la concesionaria, al comprar la unidad en la agencia, las refacciones y accesorios adicionales, además del impuesto especial de la gasolina, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el pago por derecho de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, los cuales incrementan ostensiblemente el costo final del automóvil.

Además de toda esa lápida fiscal, tenemos que ponderar que los servicios públicos de transporte que se prestan en las diferentes ciudades del país son de pésima calidad y constituyen un verdadero vía crucis para los usuarios, lo que obliga a las personas a realizar esfuerzos extraordinarios para adquirir un medio de transporte, lo cual en nuestros tiempos está catalogado como una necesidad básica que, con este lastre fiscal, resulta muy difícil de concretarse. Es preciso decir que el Impuesto por Tenencia o Uso de Vehículos está sobredimensionado y fuera de todo contexto, en virtud de que el objeto y la justificación para su creación se fundamentaban en la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968; por tanto, su vigencia debió de quedar sin efecto hace mucho tiempo.

Sin embargo, por las ineficiencias de las instancias recaudatorias se optó por salidas absurdas como perpetuar la aplicación de un impuesto que tenía una temporalidad finita. Además de lo anterior, dicho tributo goza del repudio generalizado de la población a nivel nacional, pues lo consideran inicuo y sin razón de ser. De igual forma, existen manifestaciones puntuales de diversos órganos legislativos locales que se pronuncian por la abrogación de la multicitada ley. En el mismo sentido se presentó una iniciativa en la LVIII Legislatura, en el Senado de la República. También vale la pena destacar que Estados Unidos y Canadá entre sus disposiciones tributarias no tienen impuestos como la tenencia.

Por el contrario, en esos países se busca incentivar cada vez más a los ciudadanos para que renueven sus unidades, lo que nuevamente pone a la sociedad y a las empresas mexicanas relacionadas con el tema en una condición de desventaja, más aún si tomamos en cuenta el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005, el cual adelantó la entrada en vigor del TLC en el rubro relativo a la libre importación de vehículos usados. Finalmente, debemos señalar que al abrogar la presente ley no se debe pensar, equivocadamente, que los ingresos del Gobierno Federal se verían disminuidos porque de acuerdo con el V Informe de Gobierno la base de contribuyentes se incrementó al pasar de 7.7 millones en 2003 a 10.2 millones en 2004, lo cual genera las condiciones para que aprobemos esta iniciativa.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, para su aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Fernando Espino Arévalo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso f), y h), 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

En el México moderno aun con problemas de índole financiero y falta de aprobación de reformas que son necesarias para impulsar el desarrollo económico y político del país, se ve de nueva cuenta estancado en un rubro tan importante como es la recaudación fiscal, lo que ha generado amplias y muy variadas controversias; mismas que el gobierno no ha sabido o no ha querido solucionar, optando por salidas fáciles y rápidas pero que tienen pocas o nulas posibilidades de éxito, y que a la postre traerían más desventajas que beneficios, esta condición es contrastante y paradójica, por que existiendo un importante sector de población en su mejor etapa productiva, el Gobierno no ha sido capaz de ampliar y mejorar el sistema de administración tributaria, el cual en la actualidad asciende a poco más de 7.7 millones de contribuyentes cautivos obligados a presentar declaraciones fiscales y sobre los cuales se han tasado los impuestos más gravosos, ello en virtud de que estimaciones conservadoras indican que 54% de la población económicamente activa evade impuestos y entre ese porcentaje encontramos a más de 26.6 millones de personas que ejercen un trabajo informal.

El padrón de contribuyentes al fisco se encuentra conformado actualmente por personas físicas con actividad empresarial 7.2 millones, el cual comprende pequeñas empresas, agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores y todo el sector primario y de profesionistas, a los anteriores debemos agregar los 2.5 millones de empleados públicos federales, 530 mil sociedades registradas, así como 12 millones de trabajadores bajo el régimen del IMSS.

Esta base de contribuyentes no ha sido ni será suficiente para solventar las diversas necesidades financieras que enfrenta el Estado mexicano, es decir ni siquiera puede satisfacer las demandas básicas de la población en los rubros de: salud, educación y seguridad pública, y por tanto ya ni hablar de tener recursos para la atención de contingencias como pueden ser los desastres naturales, contar con infraestructura para la promoción del deporte o la organización de eventos tan singulares e importantes como un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos, eventos estos últimos que si bien es cierto significan una gran derrama económica para el país anfitrión, también lo es el hecho de que se necesitan cuantiosas inversiones para contar con la infraestructura que los mismos requieren, tal circunstancia fue vislumbrada en nuestro país hacia finales de la década de los 50´s, derivado de la eventual designación de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, ante este hecho tan singular y en razón de que no contábamos en el territorio nacional con las instalaciones y equipos que un evento de esta naturaleza engendra, el Gobierno Federal se vio obligado a destinar grandes cantidades de recursos para contar con las mismas y poder cumplir con esta importante distinción, sin embargo tal compromiso requirió hacer un esfuerzo extraordinario, pues las erogaciones que implicaba la construcción de los diferentes escenarios deportivos estaban fuera de todo contexto presupuestal y financiero, de ahí que fue necesario pensar la forma para que el gobierno se pudiera hacer de los mismos y por su puesto la opción más ortodoxa y sencilla era la creación de nuevos impuestos.

Esta idea comenzó a gestarse en los albores de los años 60 y logró su concreción al establecerse el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Automóviles, mismo que fue incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1962.

El citado impuesto posteriormente fue elevado a rango de ley, quedando definido para tal efecto como la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, la cual pretendió regular con la debida amplitud las bases indispensables para el cobro del mismo, estableciendo con claridad el sujeto, y el objeto del impuesto.

Dichas bases sirvieron para calcular el impuesto y los casos de exenciones, en los cuales se cuido de consignar que el impuesto no se haría efectivo a los tenedores o usuarios de vehículos de modelos anteriores a 12 años al de la aplicación de la ley, ni a los de miembros de cuerpos diplomáticos y consulares extranjeros en atención al principio de reciprocidad en materia internacional; asimismo respecto de los que presten servicios públicos de transportes, ni en el caso de los que se encuentren en poder de las plantas ensambladoras, sus distribuidores o comercializadores en el ramo de automóviles, por considerar que la posesión de los mismos es transitoria.

La población y los integrantes del Congreso de la Unión en esas fechas solo habían accedido a la creación del citado impuesto por que en su momento se argumento que la medida era temporal y que solamente estaría vigente hasta que pasaran las olimpiadas, es decir hasta 1968.

Sin embargo tal promesa no fue cumplida y el impuesto se siguió aplicando y se fue mezclando en la vida cotidiana de los ciudadanos de este país y con el paso del tiempo sufre algunas reformas, siendo una de las más significativas la publicada en diciembre de 1974 donde se establece la participación de las entidades federativas y el Distrito Federal en un 30% del rendimiento que la Federación obtuviera por concepto del referido impuesto, y de la participación destinada a los estados correspondería a los Municipios una tercera parte, misma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les cubriría directamente con la distribución que al efecto señalara la Legislatura local respectiva.

La participación de éste impuesto a las entidades federativas así como al Distrito Federal y a los municipios, estaba condicionada a que estos no establecieran o mantuvieran en vigor gravámenes locales o municipales sobre tenencia o uso de automóviles.

En el año de 1977 las nuevas reformas, incorporan un sistema de factores fiscales para el cobro de la tarifa, que comprendían la potencia del motor del vehículo y su peso. Esta reforma tuvo como propósito desalentar el excesivo consumo de gasolina y lubricantes, condición que por supuesto no se cumplió en lo más mínimo, por el contrario la flota vehicular tuvo un ascenso vertiginoso hasta nuestros días pues ante la ausencia de medios de transporte público más eficaces que hagan frente a la gran demanda del servicio, el uso del automóvil se ha convertido en una premisa fundamental para todos.

Posteriormente en 1980 se planteó actualizar la estructura impositiva, ampliar su cobertura a otro tipo de vehículos como es el caso de las motocicletas terrestres y acuáticas, veleros, embarcaciones, esquíes acuáticos motorizados, tablas de oleaje con motor y aeronaves, incluyendo helicópteros, bajo el argumento de que quien adquiere estos vehículos tiene una capacidad económica superior al de la mayoría de los ciudadanos y también se pensó en fomentar el cumplimiento y la aplicación eficaz del pago del impuesto, lo que traería como consecuencia que se contara con más recursos para el financiamiento oportuno del gasto público, sin embargo dicha reforma tampoco cumplió su objetivo.

Por otra parte la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, como ya se menciono ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo en cuanto a la actualización de los factores y la forma del pago del impuesto, pero es a partir del 1° de enero de 1981, cuando se genera una situación de mayor inconformidad de todos los contribuyentes, porque consideran que éste impuesto es un exceso, ya que al momento de la adquisición de un vehículo, el mismo viene con una importante carga tributaria como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a: los materiales y piezas para el ensamble de los vehículos; al servicio de traslado de las plantas armadoras a las concesionarias; al comprar el vehículo en la agencia; a la póliza de seguro, por verificación de emisiones contaminantes, el que se aplica a las refacciones y accesorios adicionales, además del impuesto especial pagado por consumo de gasolina y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el impuesto que se paga por derechos de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, así como en el caso de los importados los altos costos de aduanas, los cuales incrementan de manera importante el costo final del automóvil; además de toda esta lapida fiscal, tenemos que ponderar el hecho de que los servicios públicos de transporte que se prestan en las diferentes ciudades del país, son de pésima calidad y constituyen un verdadero vía crucis para los usuarios del mismo, situación que obliga a las personas a realizar esfuerzos extraordinarios para adquirir un medio propio de transporte, lo cual en nuestros tiempos esta catalogado como una necesidad básica de las personas, misma que con éste lastre fiscal resulta muy difícil de concretar.

Vale la pena destacar que el Impuesto por la Tenencia o Uso de Vehículos, esta sobre dimensionado y fuera de todo contexto, en virtud de que el objeto y justificación para su creación se circunscribían a un hecho particular, es decir a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 y ello ya ocurrió, por tanto su vigencia debió haber quedado sin efecto hace mucho tiempo, sin embargo dadas la ineficiencias de las instancias recaudatorias para ampliar su base de contribuyentes, optan por salidas absurdas como perpetuar la aplicación de un impuesto que tenía una temporalidad finita.

Como hemos podido advertir el multicitado impuesto a partir de la fecha en que cumplió con su objetivo, ha venido sufriendo una serie de descalabros que cada vez cuestionan de una forma más severa su vigencia, la cual fundamentalmente obedece a la falta de capacidad y creatividad de los gobernantes en turno para ampliar la base de contribuyentes y disminuir o erradicar la evasión fiscal.

Además de lo anterior debo comentar que dicho impuesto goza de un repudio generalizado entre la población a nivel nacional, pues lo consideran inequitativo y sin razón de ser, de igual forma existen manifestaciones puntuales de diversos órganos legislativos locales que se pronuncian por la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en este mismo sentido también se presento en la LVIII Legislatura del Senado de la República una iniciativa para abrogar la citada ley, la cual compartimos plenamente, pero al parecer la misma se encuentra en el olvido.

Otro de los problemas actuales que presenta el multicitado impuesto, es que muchos contribuyentes han recurrido al amparo y protección de la justicia federal, ya que se están transgrediendo los principios de equidad y proporcionalidad tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución Política, por considerar que algunos de los artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia Vehicular son inconstitucionales, pues al establecer la aplicación de las distintas tasas de acuerdo al valor del automóvil de que se trata, redunda en otorgarle un tratamiento inequitativo respecto de aquellos contribuyentes cuya situación jurídica se encuentre determinada por un valor del vehículo que exceda aunque sea en un peso el límite superior de un rango o categoría, los cuales por ese hecho se ubican en el rango siguiente, quedando así sujetos a una tasa porcentual mayor, generándose con ello un trato desigual a los que se encuentran en situaciones semejantes por ser sujetos del mismo tributo.

Con la reforma de 1999 a la ley en comento, se pretendió atenuar algunas de las distorsiones que generaba la mecánica de cálculo previa; además también debemos tomar en cuenta que la propia ley, señala que tratándose de automóviles con una antigüedad superior a los 10 años, no se pagara tributo al Gobierno Federal, pero deja en libertad a las Entidades Federativas para la imposición del impuesto a dichos vehículos, lo que si bien elimina la doble tributación, extiende en el tiempo de manera indefinida la carga tributaria que soporta el contribuyente, lo cual no es posible sostener.

En términos generales los ingresos que se han obtenido por el cobro de la tenencia han sido muy pobres, prueba de ello es que en el año 2003 se recaudaron 12 mil 960 millones de pesos y para el 2004 de acuerdo con la Publicación de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, la cifra ascendió a 13 mil 007 millones de pesos a nivel nacional, lo que representa menos del 0.05% del PIB nacional.

Las cifras anteriores nos llevan a suponer la existencia de un alto índice de evasión fiscal, lo que aunado a la inadecuada administración y actos de corrupción que se han detectado en diferentes entidades federativas, ha generado que se trate de un impuesto poco representativo para las finanzas públicas.

A estas alturas debemos mencionar que en pleno siglo XXI de nuestra era, el automóvil dejo de ser un bien de lujo, convirtiéndose en un medio de transporte indispensable en la vida cotidiana de los mexicanos, el cual no debería gravarse en exceso, ya que nos encontramos ante una anarquía en el transporte público a nivel nacional, motivado por la poca eficiencia que han demostrado las autoridades del transporte tanto federales como estatales, para resolver adecuadamente dicho problema.

Como dato anecdótico debemos recordar que la economía de nuestro país de finales de los años sesentas a la fecha a empeorado en muchos aspectos y lo que en principio pudo no representar una carga impositiva importante para los contribuyentes, en la actualidad es un gravamen muy pesado de sostener, ya que la economía sufre la atonía de un bajo crecimiento por la inoperancia de los diferentes actores y la condición macroeconómica que prevalece a nivel mundial, de tal forma que siendo congruentes con el sentido de la presente iniciativa y analizando los datos de esta exposición de motivos, consideramos que eliminar el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos constituiría un beneficio socio-económico importante que se vería reflejado en un mayor dinamismo de la economía, especialmente en el sector automotriz, siempre y cuando este no sea sustituido por otro impuesto con diferente nombre de igual o mayor magnitud engañando a la ciudadanía.

De esta forma pretendemos disminuir el costo fiscal de los automóviles y además generar beneficios ambientales a mediano y largo plazo, al fomentar el acceso a vehículos de modelos recientes, que siguen la creciente tendencia de incorporar dispositivos para el control de emisiones contaminantes cada vez más sofisticados y efectivos, reflejándose esto en los bolsillos de los ciudadanos lo que les propicia ciertos ahorros que pueden emplear para obtener mayores bienes de consumo que a su vez se incorporarían en los flujos de efectivo circulante en el país, generando mayor riqueza y mayor movimiento financiero, beneficiando a todos.

Por otra parte no podemos dejar de lado que México debe buscar y lograr un consenso, para establecer cambios que lo lleven a combatir y eliminar procesos que inhiben su competitividad a nivel internacional, en virtud de que, tanto el gobierno como el sector privado deberán trabajar de manera conjunta y transparente para conseguir dichos objetivos, pues en última instancia son los mexicanos quienes deben encontrar las respuestas y las soluciones, tal es el caso de los concesionarios del autotransporte de carga quienes también intervienen y aportan en el proceso de recaudación fiscal por el concepto que hemos estado manejando a lo largo de esta exposición y entre los temas principales que demandan una atención inmediata se encuentran:

Carga fiscal: La inversión es esencial para la competitividad y el crecimiento, misma que se encuentra ligada al desarrollo de los procesos tributarios, para poder destinar mayores recursos a la inversión, se debe generar un marco adecuado y equitativo de contribución fiscal, de ahí que vislumbran que es necesaria una revisión integral y adecuación de aquellos impuestos o cobros que inhiben el fortalecimiento de los actores de este sector.

También vale la pena destacar que nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos de América y Canadá entre sus disposiciones tributarias para sus contribuyentes no cuentan con impuestos como la multicitada tenencia, que es un agobio para el pueblo de México, por el contrario en esos países se busca incentivar cada vez más a los ciudadanos para que permanentemente estén renovando sus unidades, lo que nuevamente nos pone a la sociedad y empresas mexicanas relacionadas con el tema en una condición de desventaja, más aún si tomamos en cuenta que para el año 2009 entra en vigor el apartado del Tratado de Libre Comercio, que se refiere a la libre importación de vehículos de los países antes mencionados, donde por supuesto son más económicos que en México lo que necesariamente impactara una vez más de forma negativa los precarios niveles de recaudación y generación de empleos.

Sin embargo y no obstante lo señalado en el párrafo que antecede, la realidad al parecer ya nos alcanzó e incluso nos rebasó, pues el decreto que el 22 de agosto de 2005 público el ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación, da cuenta de ello, por que con éste, se adelanto la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en el rubro relativo a la libre importación de vehículos usados, circunstancia que por supuesto es inadmisible por que no es posible que se piense en que la industria automotriz mexicana pueda competir con la de nuestros socios comerciales en condiciones desiguales, porque como ya comenté en esos países no se aplican contribuciones como la tenencia que es exclusiva de México.

En este sentido, el consenso se debe orientar a identificar contribuciones que representan un exceso y que incluso, su legalidad es cuestionable y controvertible como la tenencia vehicular, la cual con el apoyo de todos ustedes pretendemos eliminar, por el bien de un sector importante de la población mexicana.

Finalmente debemos señalar que al abrogar la presente Ley, además de las múltiples ventajas que hemos citado, no se debe pensar equivocadamente que los ingresos del Gobierno Federal se verían disminuidos sensiblemente porque debemos decir que de acuerdo con las cifras expresadas por la Presidencia de la República en su 5° Informe de Gobierno, la base de contribuyentes se incremento de forma importante al pasar de 7.7 millones en 2003 a 10.2 millones en 2004, lo cual genera los recursos necesarios para que apoyemos la abrogación de la multicitada Ley de la Tenencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados someto a la consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados para su aprobación la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Decreto

Artículo Único: Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2006.

Segundo.- Al entrar en vigor el presente decreto, las autoridades fiscales establecerán los mecanismos y darán las facilidades necesarias para que los contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos de años anteriores, en un plazo de 180 días puedan ponerse al corriente de los mismos.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Leonardo Álvarez Romo, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Alejandro Agundis Arias, Jorge Legorreta Ondorica, Alejandra Méndez Salorio, María Ávila Serna, Maximino Fernández Ávila, Jacqueline Argüelles Guzmán, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez.» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Nos ha solicitado posponer su intervención el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Sergio Vázquez García: Con su permiso, señor Presidente. El que suscribe, diputado federal Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en nuestra Ley Orgánica, me permito presentar a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En Acción Nacional, el Estado de derecho es condición insustituible para el desarrollo humano, el cual requiere que tanto autoridades como particulares se conduzcan con arreglo a las normas jurídicas que tutelan los derechos inherentes de las personas que, a su vez, emanan de los órganos dotados de competencia formal o material, siendo esenciales el respeto de los derechos humanos y su delimitación en los ámbitos estatal, público y privado, con un profundo sentido de responsabilidad social. Sin duda, siempre es oportuno para un partido político con actividad permanente, como Acción Nacional, indicar el camino que la ciudadanía exige con base en la concepción de la correcta doctrina del Estado, del ser humano, de la autoridad, de la libertad, de la justicia y del bien común en un Estado democrático.

En este sentido, el juicio de amparo es indiscutiblemente una aportación de México a la ciencia jurídica universal, ya que sus características particulares lo hacen notable entre otras instituciones del derecho que persiguen fines semejantes. Naturalmente, sus bondades legales han sido objeto de estudio y admiración por juristas extranjeros. De igual manera, ha sido objeto también de adopción e imitación por algunas Constituciones de otros países latinoamericanos, incluso por algunas naciones del viejo continente, como Portugal y España. Sin embargo, como toda norma jurídica, el juicio de amparo tiene que irse perfeccionando y adecuando su aplicación a la práctica jurídica; sobre todo, debe ser congruente con la norma constitucional que rige las instituciones de nuestro país.

Así, con base en lo anterior, es preciso mencionar que lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo es contradictorio con lo expresado en el texto constitucional, pues indica el último párrafo del precepto antes invocado que la Corte consignará ante el Ministerio Público Federal a la parte responsable, a la autoridad responsable. De la lectura de los preceptos citados se desprende que existe una contradicción evidente, pues el texto constitucional, siendo nuestra norma suprema, ordena a la Corte que cuando la responsable repita el acto reclamado, evada ésta su cumplimiento de manera inexcusable, omita cumplir la ejecutoria de garantías, deberá separarla inmediatamente de su cargo y consignarla inmediatamente el juez federal.

Sobre el tema, incluso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada en 1991, aprobó la tesis jurisprudencial número 11/91, en la cual se establece que la inejecución de sentencia, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que una autoridad incurrió en ella y decide separarla de su cargo, debe consignarla directamente ante el juez de distrito que corresponda, considerando que aun cuando de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 102 de la Constitución la regla general en materia de persecución de delitos del orden federal incumbe al Ministerio Público de la Federación, en los casos en que una autoridad insistiera en la repetición del acto reclamado en un juicio de amparo o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia, será el Pleno de la Suprema Corte, una vez que resuelva separarla inmediatamente de su cargo, el que deberá consignarla directamente al juez de distrito que corresponda para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.

La razón radica en que esa hipótesis, la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, establece una situación de excepción al señalar claramente que, además de la separación inmediata del cargo de la autoridad contumaz, será consignada ante el juez del distrito que corresponda. Al respecto, debe aplicarse el artículo 208 de la Ley de Amparo, no el segundo párrafo del artículo 108, en el que se determina con relación al mismo supuesto que será la consignación al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente, pues ante dos disposiciones contradictorias del mismo cuerpo legal debe atenderse a la que reproduce la disposición constitucional y no la que se le opone, tomando en cuenta, por un lado, el principio de interpretación de que debe preferirse la norma específica frente a la general; y, por otro, que si el Pleno del más alto tribunal de la República llega a la conclusión de que una autoridad incurrió en desacato a una sentencia de amparo y decide separarla de su cargo no puede condicionar su obligación de consignarla penalmente ante el juez de distrito.

Es importante señalar que en la hipótesis que se maneja en este artículo, cuando una autoridad insiste en la repetición del acto reclamado en un juicio de amparo o trata de eludir el cumplimiento de la sentencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que resuelve separarla de su cargo, tiene la facultad constitucional expresa de consignarla directamente al juez de distrito que corresponda para que la juzgue penalmente por la desobediencia cometida, sin depender al efecto de una investigación y, en consecuencia, de una resolución ministerial.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario reformar el segundo párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de hacerla concordante con lo que actualmente establece el texto constitucional en materia de ejecución de sentencias. Por lo manifestado en el cuerpo de la presente iniciativa, se propone para su discusión y su turno a las comisiones correspondientes el siguiente proyecto de decreto.

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de ejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, el Pleno de la Suprema Corte inmediatamente separará a la autoridad de su cargo y consignará ante el juez de distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia general señala para el delito de abuso de autoridad.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor Presidente, solicito que, por obvio de tiempo, como leí un resumen de la iniciativa, se inserte íntegramente el texto de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente; muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar a la consideración de esta H. soberanía la siguiente iniciativa que modifica el párrafo segundo del artículo 108 la Ley de Amparo.

Exposición de Motivos

Para el Partido Acción Nacional, el Estado de derecho es condición insustituible para el desarrollo humano. Requiere que autoridades y particulares se conduzcan con apego a las normas jurídicas que tutelan los derechos inherentes de las personas que, a su vez, emanan de los órganos dotados de competencia formal o material. Son esenciales el respeto a los derechos humanos y la delimitación de los ámbitos estatal, público y privado, con un profundo sentido de responsabilidad social.

Sin duda alguna, siempre es oportuno para un partido político con actividad permanente como lo es el de Acción Nacional, indicar, el camino que las exigencias ciudadanas señalan en base a la concepción de la correcta doctrina del Estado, del ser humano, de la autoridad, de la libertad, de la justicia y del bien común, dentro de un Estado democrático.

Por añadidura, la creación de un orden justo y dinámico de gobierno para México, con responsabilidades para gobernantes y gobernados, deben así, ocurrir la inteligencia, voluntad y cooperatividad de todas las personas que conviven dentro del Estado.

Para cumplir este compromiso, Acción Nacional se preocupa siempre por crear instrumentos y mecanismos de interés social, destacando la necesidad que tiene la sociedad para ser informada de los asuntos políticos que desarrollan sus representantes y la obligación de éstos, que es llevar un control político de resultados con el fin único de mantener informada a la comunidad de los avances obtenidos.

Es por eso que, para el Partido Acción Nacional la democracia como sistema de vida y de gobierno se fundan en la igualdad esencial de todos los seres humanos, más aún, es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana, y con el ejercicio adecuado de los derechos políticos y la unidad que requiere la buena marcha del régimen democrático, se logrará la armonía pasiva entre la sociedad y sus representantes.1

Del mismo modo estamos conformes en que la oposición en una democracia no puede ser oposición a la Nación. Pero debe reconocerse que no hay identidad entre gobierno en ejercicio y menos entre nación y partido en el poder.2

En síntesis para Acción Nacional la democracia es una categoría fundamental en la vida política moderna, no un simple accidente de gobierno. Por eso, reconocemos como necesaria la persistencia de las contradicciones entre poder y oposición. Empero, no concebimos que estas contradicciones deban manejarse como una guerra sorda o abierta entre señores feudales que pretenden conservar a derribar una oposición, ni como lucha entre amigos o enemigos de un soberano, ni como pleito entre grupos que pretenden llegar al poder o mantenerlo para beneficio propio, sino practicarse como una pugna tenaz en favor de la comunidad, para mejor servirla.3

El juicio de amparo es, indiscutiblemente, una aportación de México a la ciencia jurídica universal. Sus características particulares lo hacen notable entre otras instituciones del derecho que persiguen fines semejantes y, naturalmente, sus bondades legales han sido objeto de estudio y admiración de juristas extranjeros, así como también de adopción e imitación por algunas constituciones de otros países latinoamericanos, incluso por algunas naciones del viejo continente como, España y Portugal.

El juicio de amparo se ha consagrado como la Institución Jurídica Mexicana por excelencia,4 desde la fecha en que fue creado en Yucatán como consecuencia de la adopción del centralismo como sistema de Estado, conteniendo las bases de la organización del nuevo estado independiente, el Juicio en comento, fue creado como un medio integro de control constitucional, es decir, su finalidad era la protección de todo el ordenamiento constitucional, necesario es puntualizar que uno de los pilares para la incorporación del amparo dentro del texto de la carta magna fue Don Mariano Otero Mestes.

Por lo anteriormente dicho, es necesario puntualizar que, para el año de 1856 con un nuevo congreso reunido para expedir otra constitución, se mantiene el amparo como medio de control constitucional, encargado de retener la esfera jurídica de los gobernados, al admitirse a dicho juicio como un proceso a través del cual se impugnaban los actos de autoridades que lesionarán al individuo por ser actos contrarios al texto constitucional en lo relativo a las garantías individuales, sin que se haga procedente dicha acción contra cualquier acto de autoridad que viole o vulneré la constitución en cualquiera de su procreación del amparo uni-instancial o directo, así como la reglamentación del amparo en forma más amplia que la establecida en 1857, dedicándose a ello el artículo 107, en el que se contienen todos los principios fundamentales del juicio de garantías, bajo la vigencia de esta constitución han estado en vigencia dos leyes reglamentarias de amparo que son la primera en el año de 1919, y la segunda emitida en 1936, que es la que actualmente rige a este medio de control constitucional, a grandes rasgos esa es la historia del juicio de amparo.

Ahora bien; la denominación que ha sido otorgada al medio de control constitucional, tiene un doble origen, uno gramatical y otro histórico; el primero deriva de la palabra Amparar que, como bien sabido, quiere decir, proteger, tutelar, salvaguardar o resguardar, teniendo como finalidad primaria por parte de este proceso de tutela, salvaguardar o el resguardo de la fuerza constitucional y, conjuntamente a las garantías individuales o del gobernador, lográndose de esta manera la supremacía de la carta magna sobre todos los demás cuerpos normativos y sobre cualesquiera de los actos de autoridad que surjan , en lo referente al segundo aspecto, es decir, el origen histórico del nombre de la institución protectora del imperio y supremacía constitucional, y del respeto a la esfera jurídica de los gobernados por parte de las autoridades estatales, esta data del año de 1840 en que el jurista Manuel Cresencio García Rejón, lo ideo, a grosso modo esa es la antecedencia del origen del nombre del medio de tutela constitucional al que se ha designado también con el nombre de Juicio de Garantías, en virtud de que a través de él se pretende conseguir la observancia de las Garantías individuales o del gobernado que estatuye la carta magna dentro de todos los actos que emanen de una autoridad estatal.

Es por ello, por lo que el amparo se llama indistintamente como tal o como juicio de garantías, a las que ha denominado como garantías del gobernado, en virtud de que el individuo no es el único sujeto de derecho tutelar de las referidas garantías consagradas constitucionalmente, de manera, que al asumir la forma de Gobierno Democrática y sustentada en la idea del Estado de derecho, no es sino un Texto Constitucional el único que puede dar las Normas Esenciales de convivencia en la Nación.

Consecutivamente, y en lo respectivo al tema que esta en comento, el incumplimiento de sentencias ha creado en el ciudadano alarma social y resulta moralmente demoledor por la grave fisura que esto supone en un Estado de derecho tantas veces violado cuya integridad se daña con estas malas realidades.

Los antecedentes del artículo 107 Constitucional de manera sucinta son los siguientes; en primer termino, el artículo 25 del acta de reformas, promulgada en el año de 1847, además de señalar los motivos de procedencia del juicio de amparo, estableció efectos particulares de la sentencia protectora y la prohibición de declaraciones generales, disposición conocida con la denominación de ``Formula Otero''. En segundo lugar estos principios básicos fueron consignados en el artículo 102 de la constitución federal de 1857, la cual introdujo definitivamente la institución, de acuerdo con el cual todos los juicios de que habla el artículo anterior (101 que determina la procedencia del amparo, actualmente 103) se seguirán a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, estos principios básicos fueron reglamentados por las leyes de amparo de 1861,1869 y 1882 así como en las partes relativas de los Códigos de Procedimientos Civiles Federales de 1897 y 1908. el ultimo ordenamiento incorporo la única reforma que sufrió el citado artículo 102 en 1908 a través de un segundo párrafo el cual tuvo por objeto limitar, hasta donde fuera posible, la proliferación exagerada de los juicios de amparo contra resoluciones judiciales, los cuales habían provocado un problema de rezago. Como las diversas fracciones del artículo 107 de la Constitución Federal regulan lineamientos sobre aspectos muy distintos del juicio de amparo, que han sido reglamentados a su vez por las leyes de amparo de 1919 y la de 1935, esta ultima con numerosas reformas para incorporar a su vez varias modificaciones a este precepto constitucional.5

La fracción XVI se refiere a las hipótesis de la rebeldía de la autoridad contra la cual se otorga el amparo para cumplir con el fallo protector, ya sea quien insista en la repetición del acto reclamado o trate de eludir la sentencia del Tribunal Federal. En esta situación, dicho precepto establece la declaración categórica de que la autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda. De acuerdo con la Ley de amparo los artículos 104 al 113, que establecen un procedimiento forzoso el fallo que otorga el amparo, la destitución de la autoridad rebelde debe decretarla el pleno de la Suprema Corte de Justicia, para consignarla a un juez federal; pero cuando dicha autoridad tenga inmunidad constitucional, la resolución del pleno y las constancias necesarias deben enviarse a los órganos competentes para suspender dicha inmunidad o destituir al funcionario respectivo, a fin de que pueda ser consignado ante el Juez de Distrito que corresponda.6

A lo anterior es preciso mencionar que lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución son contradictorios a lo expresado en el texto constitucional al indicar en el ultimo párrafo del primero de los preceptos invocados, que la Corte consignara ante el Ministerio Publico Federal a la responsable; en tanto que en el segundo precepto se previene que si la autoridad que deba ser separada del cargo gozare de fuero constitucional, entonces la Corte se limitara a declarar que es el caso de aplicar la fracción XVI del artículo 107 constitucional y pedirá a la Cámara de Diputados su desafuero.

Existe una contradicción evidente, pues el texto constitucional, norma suprema ordena a la Corte que cuando la responsable repite el acto reclamado, evada su cumplimiento o de manera inexcusable omita cumplir la ejecutoria de garantías deberá separarla inmediatamente de su cargo y consignarla inmediatamente ante el Juez Federal.7

Respecto a esto se ve la necesidad de formular la siguiente pregunta ¿puede la Corte separar inmediatamente del cargo y consignar ante el Juez de Distrito a la responsable que no cumpla la sentencia de amparo o repita el acto reclamado?

Lo anterior carece de sustento, ya que si bien es cierto que el artículo 49 Constitucional establece las funciones que del poder ejercen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no se trata de una división tajante de tres poderes sino de un solo poder que dimana del pueblo, lo anterior sustentado en el artículo 39 Constitucional, conteniendo diversas funciones ejercidas a través de tres órganos, que son mal llamados poderes pues el poder es uno solo y los tres órganos deben colaborar entre ellos, por tal motivo la Constitución permite en casos excepcionales que un órgano del poder ejerza las funciones del otro. De manera de ejemplo a lo anterior mencionado, en el artículo 111 Constitucional se establece el juicio de procedencia en contra de las autoridades que cuentan con fuero, el cual se tramitara ante la Cámara de Diputados, y por ende no podría decirse que la Cámara de Diputados Invade la competencia del Poder Judicial Federal.

Ahora bien el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estima que el tribunal máximo del país es el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la que sus decisiones son la ultima palabra y no podrán ser modificadas, revocadas ni nulificadas, por tal motivo si el pleno de la Corte en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 107, estima que en determinado juicio de garantías, la autoridad responsable ha incurrido en abuso de autoridad por repetir el acto reclamado, evadir el cumplimiento de la sentencia de amparo o simplemente no cumplirla, ninguna autoridad de cualquiera de los tres poderes, ya sea a nivel federal, estatal o municipal podría dictar una resolución que contraviniera la dictada por el Tribunal Pleno, a lo que es irrelevante que el Ministerio Publico Federal inicie una averiguación previa en el caso concreto, ya que el objeto de esta seria determinar la existencia de un delito y la presunta responsabilidad del inculpado, y si en especie el mas alto Tribunal de la Nación ha determinado que la responsable incurrió en evasión o incumplimiento de la sentencia de amparo, o en la repetición del acto reclamado, lo que en el artículo 208 de la Ley de Amparo se tipifica como abuso de autoridad, ha quedado determinado en sentencia ejecutoria que la responsable incurrió en conductas u omisiones que tipifican el delito de abuso de autoridad, motivo por el que no solo sale sobrando la intervención del Ministerio Publico Federal y su averiguación, sino que es contraria a la disposición constitucional, pues jurídicamente es imposible que en contra de la resolución del pleno, el Ministerio Publico Federal pudiera concluir como resultado de su investigación, que no existe delito de abuso de autoridad y, que la responsable del incumplimiento de la sentencia de amparo no fuese culpable del abuso de autoridad.8 Por consiguiente es el Pleno De la Corte quien inmediatamente separa a la autoridad de su encargo y la consigna ante el Juez Federal, sin que esto signifique, que al consignarla invada la facultad monopólica que el artículo 21 Constitucional previene a favor del Ministerio Público Federal de investigar y perseguir los delitos, ya que se trata de una excepción a dicha facultad monopólica que opera a favor de la Corte que por Estar Prevista en el propio texto constitucional es válida.

Se podría afirmar que el Pleno de la Corte tampoco usurpa funciones de la Cámara de Diputados al separar de su cargo y consignar a la responsable ante el Juez de Distrito, pues el objeto del Juicio de Procedencia previsto en el numeral 111 constitucional, es que la Cámara determine si, para ella la autoridad con fuero es presuntamente responsable de algún delito; ahora bien si ya el Pleno de la Corte en resolución inatacable ha determinado que la responsable abuso de su autoridad al repetir el acto reclamado, evadir el cumplimiento de amparo u omitir su cumplimiento, es ocioso seguir en contra de ella el juicio de procedencia ya que no existe duda jurídica sobre la responsabilidad de la autoridad responsable.

De tal forma el incumplimiento o inejecución de la sentencia que concede el amparo es el acto ilícito sancionado con la destitución del cargo y la consignación ante el Juez de Distrito competente para la imposición de las sanciones privativas de la libertad correspondientes, la destitución de la autoridad responsable debe ser hecha por el pleno de la Suprema Corte, de conformidad con los términos del artículo 10 fracción VII de la ley Orgánica del poder judicial de la Federación, que a la letra versa lo siguiente:

La Suprema Corte de justicia conocerá funcionando en pleno:

VII. De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, es importante establecer lo que señala la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que actualmente regula la ejecución de las sentencias de amparo y en lo conducente establece:

Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgara un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.9

Se considera importante mencionar que la fracción XVI del Articulo 107 constitucional señala tres supuestos; primero, el caso en que la autoridad contra la cual se dicto la sentencia( de amparo) insista en la repetición del acto reclamado o trate de eludir su cumplimiento, caso en el cual la Suprema Corte puede separarla del cargo y consignarla directamente al Juez de Distrito que corresponda si estima que el incumplimiento, de la Suprema Corte otorgue un plazo para tal efecto y, tercero, el caso en que la Suprema Corte pueda disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo ``cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso'', o cuando el quejoso solicite ese tipo de cumplimiento ante el órgano correspondiente.

Al haberse utilizado la expresión genérica ``incumplimiento'' en al artículo 105, resulta posible afirmar que la revisión de la fracción XVI del artículo 107 atañe tanto a la inejecución de la sentencia como a la repetición del acto reclamado, de ahí que deban definirse los alcances de estas dos modalidades de incumplimiento. Tratándose de Normas generales, la sola declaración de invalidez de la Suprema Corte produce y consuma los efectos anulatorios, de ahí que respecto de ella no sea posible ninguna modalidad de incumplimiento. En cuanto a la repetición del acto respecto de la declaración de nulidad de normas generales, teóricamente es posible establecerla para la autoridad que emita una norma idéntica a la declarada inconstitucional.

Sin embargo y en términos del artículo 47 de la ley reglamentaria del artículo 105, la repetición solo es posible en estos casos respecto a la autoridad que aplique la normatividad invalidada. Finalmente, tampoco es posible aplicar el sistema de cumplimiento sustituto de las sentencias, puesto que, como se señalo, la sola declaración de la suprema Corte produce la totalidad de los efectos anulatorios.

En este sentido, el incumplimiento y la consecuente aplicación de los procedimientos del artículo 107, fracción XVI, en materia de sentencias que declaren la nulidad de una norma general, sólo puede darse por vía indirecta cuando una autoridad lleve a cabo un acto concreto de aplicación de esa norma.

Respecto de las sentencias en que se hubiese invalidado un acto, sí tienen aplicación los tres supuestos de incumplimiento de la fracción XVI, toda vez que la autoridad condenada en la controversia puede dejar de ejecutar la sentencia o repetir el acto y, por ende, posibilitarse el cumplimiento sustituto. En los dos primeros casos y en el de la repetición o aplicación de una norma general invalidada, puede llegarse a actualizar la excepción al monopolio del ejercicio de la acción penal con que cuenta el ministerio público, debido a que la Suprema Corte de Justicia puede consignar a la autoridad ``responsable'' directamente al Juez de Distrito a fin de que sea procesada por la comisión de ese delito. Como se puede observar en el texto vigente, la autoridad que se niegue a cumplir con la sentencia de amparo no solo será consignada ante el Juez de Distrito, sino también será separada del cargo, y es la inmediatez la cual ocasiona el problema que se constituye en la ejecución de sentencias de amparo.

Por lo visto ya, esta norma regula las consecuencias jurídicas del incumplimiento de una sentencia de amparo, es considerada de gran generalidad y de enorme significado, lo que convierte a la Constitución en Un Conjunto de Normas de Carácter Coactivo, y con ello, puede fundamentarse la opinión de que la Constitución es Derecho en el mismo sentido en que lo es cualquier otro conjunto de normas jurídicas, ahora bien, la fracción en comento, contiene el principio fundamental que informa la conceptuación del amparo como una norma coactiva dirigida en contra de las autoridades del Estado cuyos actos son controlados en cuanto a su regularidad constitucional.

El artículo 208 de la Ley de amparo dispone que la desobediencia relativa será sancionada en los términos que el Código Penal correspondiente aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, por lo que ha sido discutido si el Ministerio Publico, titular de la acción punitiva del Estado, seria el encargado de ejercitar la acción penal correspondiente a este delito constitucional o si, por el contrario, la Suprema Corte de Justicia Consigna directamente al funcionario responsable por el desacato de la sentencia de amparo ante el Juez de Distrito para que este imponga la sanción correspondiente y solo para esos efectos. En este último sentido y considerando que la función jurídica que se ejerce en el amparo es una función que debe estar adscrita al orden constitucional del estado Federal; no debe adscribirse al orden subordinado de la Federación ni de los estados, evidentemente, pues la regularidad constitucional de estos ordenes normativos son la materia o el objeto del control de la constitucionalidad; el Ministerio Publico es un órgano de la Federación cuando ejercita la acción penal, por tanto no esta facultado para ejercer una acción del orden constitucional.

Sobre el tema, incluso, el Pleno de la Corte, en sesión privada celebrada en el año de mil novecientos noventa y uno, aprobó la tesis de jurisprudencia número XI/91, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, página 7, cuyo tenor literal dice:

``Inejecución de sentencia. Si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la ``Nación considera que una autoridad incurrió en ella y decide ``separarla de su cargo, debe consignarla directamente ante el ``juez de distrito que corresponda.- Aun cuando de conformidad con lo ``establecido por los artículos 21 y 102 de la Constitución la regla general en ``materia de persecución de delitos del orden federal incumbe al Ministerio ``Público de la Federación, en los casos en que una autoridad insistiere en la ``repetición del acto reclamado en un juicio de amparo o tratare de eludir el ``cumplimiento de la sentencia, será el Pleno de la Suprema Corte, una vez que ``resuelve separarla inmediatamente de su cargo, quién deberá consignarla ``directamente al juez de Distrito que corresponda para que la juzgue por la ``desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código ``Penal en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad. La razón ``radica en que en esa hipótesis, la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución ``establece una situación de excepción al señalar claramente que además de la ``separación inmediata del cargo de la autoridad contumaz será ``consignada ante ``el juez de Distrito que corresponda''. Al respecto debe aplicarse el artículo 208 ``de la Ley de Amparo y no el segundo párrafo del 108 en el que se determina, en ``relación al mismo supuesto, que se hará la consignación al Ministerio Público ``para el ejercicio de la acción penal correspondiente, pues ante dos ``disposiciones contradictorias en el mismo cuerpo legal, debe atenderse a la que ``reproduce la disposición constitucional y no a la que se le opone, tomando en ``cuenta, por un lado, el principio de interpretación de que debe preferirse la ``norma específica frente a la general y, por otro, que si el Pleno del más Alto ``Tribunal de la República llega a la conclusión de que una autoridad incurrió en ``desacato a una sentencia de amparo y decide separarla de su cargo no puede ``condicionar su obligación de consignarla penalmente ante el juez de Distrito que ``corresponda que le impone la Constitución, a la determinación del Ministerio ``Público, el que, por otra parte, debe tener dentro del proceso respectivo la ``participación que legalmente le corresponde''.

Es importante señalar que en la hipótesis que se maneja en este artículo y ya mencionada fracción, cuando una autoridad insiste en la repetición del acto reclamado en un juicio de amparo o trata de eludir el cumplimiento de la sentencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que resuelve separarla de su cargo, tiene la facultad constitucional expresa de consignarla directamente al Juez de Distrito que corresponda para que la juzgue penalmente por la desobediencia cometida, sin depender al efecto, de una resolución ministerial.

Por lo anteriormente y aunque las normas constitucionales sean mediatamente coactivas, en este caso debemos preguntarnos si son inmediatamente coactivas, en el sentido de que la propia Constitución disponga, de manera general, como lo hace una ley, con el establecimiento de una sanción, dadas ciertas condiciones.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a la consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de decreto

Único.- Se reforma el segundo párrafo el artículo 108 de la de la Ley De Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 De La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo. 108. ...

Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, será el Pleno de la Suprema Corte, quien inmediatamente separara a la autoridad de su cargo y consignara ante el Juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el código penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ideas Fuerza. Carlos Castillo Peraza.

2 Ideas Fuerza. Adolfo Christlieb Ibarrola.

3 Ideas Fuerza. Adolfo Christlieb Ibarrola.

4 Universidad Abierta, Joel Medina Hernández.

5 Derechos del Pueblo Mexicano, comentario de Héctor Fix Zamudio, pág. 512.

6 Derechos Del Pueblo Mexicano, comentario de Héctor Fix Zamudio, pág. 523.

7 Barra mexicana del Colegio de Abogados. Tomo I.

8 La ejecución de las sentencias de amparo. Autor: Jorge Antonio Galindo Monroy

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2005.--- Dip. Sergio Vázquez García (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates. Y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa que presentó.

Nos ha solicitado también posponer su participación el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa. Sonido a la curul del diputado Elpidio Concha.

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Señor Presidente, para solicitarle, en términos del 106 y el 112 del Reglamento, que se verifique el quórum, ya que es evidente que no estamos ni un cuarto de los diputados. Muchas gracias, Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario, como ha solicitado el diputado Elpidio Concha, se ordena a la Secretaría abrir el sistema electrónico para verificación de quórum por 10 minutos e, inmediatamente después, continuaremos esta sesión.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado Presidente. Con las facultades que me da la Constitución Política Mexicana y como diputado federal, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, para que se adicione el artículo 23 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se adicione el artículo 30 Bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, con base en la siguiente exposición de motivos:

En diferentes foros y de manera predominante se han expresado diferentes propuestas que tienden a beneficiar las condiciones que mucho afectan a los adultos mayores, calidad que es atribuida a los que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Para tales efectos, es necesario desarrollar un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de las personas en edad avanzada para facilitarles una vida digna, decorosa, creativa que permita su reinserción a la vida productiva. En envejecimiento demográfico, según al Secretaría de Desarrollo Social, México cuenta con una población de 7.3 millones de gente mayor; para el año 2015 habrá 15 millones de ancianos y para el año 2050 habrá 42 millones.

No podemos negar que existen adultos mayores en desamparo o bajo ciertas formas de incapacidad, marginación o maltrato, que merecen ser sujetos de asistencia social, a fin de modificar y mejorar las condiciones de impiden su desarrollo, la falta de empleo o bien por la raquítica pensión que les proveen los organismos de seguridad social. Es precisamente el sector energético donde pretende asentar y direccionar la presente iniciativa por tratarse de una de las áreas que menos han favorecido a los usuarios en general y cuyas gravosas tarifas son cada vez más desfavorables, en perjuicio de la economía de los mexicanos. El 7 de febrero de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un acuerdo mediante el cual modifica y reestructura las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, eliminando casi totalmente el subsidio como se contaba hasta antes de esa fecha y que los subsidios sólo serían canalizados a familias de escasos recursos.

Desde el momento en que se anunció tal medida, las tarifas eléctricas en algunos casos se han triplicado y los organismos prestadores de servicio hasta el momento no han comprobado ni acreditado la justificación de dicha medida. De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, la venta de esta energía se rige por las tarifas que aprueben la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la de Economía; y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad con quienes fija las tarifas se ajusta o se reestructura.

Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores contiene un Capítulo II, denominado ``De los Programas y las Obligaciones de las Instituciones Públicas''. Dicho capítulo define una serie de corresponsabilidades a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, de la de Educación Pública, de las instituciones del sector salud, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la de Comunicaciones y Transportes, de instituciones públicas de vivienda de interés social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Secretaría de Turismo a favor de los adultos mayores.

Entre las atribuciones que esas diferentes instancias asumen se pueden distinguir las siguientes: Secretaría de Educación Pública, que garantice el acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas y las privadas; a las instituciones públicas del sector salud corresponde garantizar y proporcionar a los adultos mayores medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno; a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la capacitación y el financiamiento para autoempleo, bolsas de trabajo, oficiales y particulares; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convenios que se establezcan con aerolíneas, empresas de transporte terrestre y marítimo nacional e internacional, así como derechos permanentemente y en todo tiempo y obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial; a las instituciones públicas de vivienda de interés social corresponde garantizar, concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos asequibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla; y corresponde a la Secretaría de Turismo ofrecer tarifas asistenciales o gratuitas en centros públicos o privados de entretenimiento, recreación de cultura, deporte, hospedaje en hoteles y servicios turísticos.

Como puede observarse, se encuentran definidas las concurrencias intersecretariales en la aplicación de programas, acciones y mecanismos, en el ámbito de sus atribuciones, para atender y dignificar la interacción social de los adultos mayores. En mérito de lo expuesto, pongo a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Primero. Se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compete

I. Garantizar la definición de mecanismos que fomenten e incentiven la participación del sector público en el financiamiento de los programas de atención a los adultos mayores;

II. Coadyuvar con las diversas instancias que integren la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores; y

III. El diseño e implantación de tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica, atendiendo para ello a las condiciones socioeconómicas de los adultos mayores.

Segundo. Se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñará e implantará una tarifa preferencial cuando el usuario sea un adulto mayor, en los términos que al efecto se prevén en el reglamento de esta ley.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de a Federación.

Salón de Sesiones, Cámara de Diputados.- Ciudad de México, noviembre 24 de 2005. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se adiciona el artículo 30 bis de la Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En diferentes foros y de una manera demandante se han expresado diferentes propuestas que tienden a beneficiar las condiciones que en mucho aquejan a los adultos mayores, calidad que es atribuida a aquellos que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

Sin embargo, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las garantías individuales como un conjunto de derechos elementales e inherentes a la persona humana, que la protegen incluso cuando pertenece a un sector vulnerable, sin distinción de edad, sexo, raza, creencia religiosa o política y previendo la necesidad de contar con un cuerpo legal que busque generar una cultura de respeto e integración que evite el abandono del adulto mayor, que haga explícitos sus derechos humanos y ciudadanos así como los compromisos de la sociedad y autoridad especificando tareas, desde una perspectiva en que se considere a la familia como centro preferente de solidaridad.

Para tales efectos en necesario desarrollar un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de las personas de edad avanzada para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa que permita su reinserción a la vida productiva, ello bajo un esquema de integración social resultado de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo pleno.

El descenso de la mortalidad, así como los adelantos tecnológicos y médicos han contribuido a desencadenar una auténtica, verdadera y silenciosa revolución demográfica no sólo en México, sino en varios países de América Latina.

El envejecimiento demográfico, expresado en el incremento de población de 60 años o más y en la proporción representada por ella respecto de la población total, es realmente importante.

Según la Secretaría de Desarrollo Social, México cuenta con una población de 7.3 millones de gente mayor, para el año 2015 habrá 15 millones de ancianos y para el 2050 sumarán 42 millones.

Esta situación tendrá profundas consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, además que requerirá de una nueva orientación de las políticas de salud tendientes a prestar más y mejores servicios y atención a las personas de la tercera edad, cuyas demandas son múltiples y diversas.

No podemos negar que existen adultos mayores en desamparo o bajo ciertas formas de incapacidad, marginación o maltrato, que merecen ser sujetos de asistencia social a fin de modificar y mejorar las circunstancias que impiden su desarrollo, como tampoco podemos negar que algunos adultos mayores, sin estar sujetos a las condiciones antes referidas se vean desprotegidos dadas las condiciones económicas que son consecuencia de la falta de empleo o bien por la raquítica pensión que les proveen los organismos de seguridad social.

Puede tratarse de adultos mayores cuya capacidad económica no les permite afrontar con cierto desahogo los distintos requerimientos que van desde su alimentación, manutención propia y de su pareja, el vestido y calzado, el sano esparcimiento, su salud física y mental, sus necesidades de vivienda entre otros, aunado a lo anterior, su carga es mayor ante el ineludible pago de los servicios públicos básicos, como lo son el agua, el gas y la energía eléctrica.

Es precisamente en el sector energético a donde pretendo asentar y direccionar la presente iniciativa por tratarse de una de las áreas que menos han favorecido a los usuarios en general y cuyas gravosas tarifas son cada vez más desfavorables en perjuicio de la economía de los mexicanos.

En efecto, el 7 de febrero de 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un acuerdo mediante el cual ajusta, modifica y reestructura las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, eliminando casi totalmente el subsidio con que se contaban hasta antes de esa fecha y que los subsidios sólo serían canalizados a familias de escasos recursos, bajo una procedimiento hasta el momento prácticamente desconocido.

Desde el momento en que se anunció tal medida las tarifas eléctricas en algunos casos se han triplicado y los organismos prestadores del servicio hasta el momento no han comprobado ni acreditado la justificación de la acción emprendida.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, la venta de esta energía se rige por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto que las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía.

Justamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, son quienes fijan las tarifas, su ajuste o reestructuración.

Mas la ley en cita, a pesar de la reducción del subsidio en las tarifas, en ningún momento establece la posibilidad de practicar descuentos a persona alguna y por tanto dicha ley es únicamente imperativa más no impero-atributiva a este respecto.

Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, contiene un capitulo tercero denominado De los programas y las obligaciones de las instituciones públicas, en el que se establece que su formulación y ejecución deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente de su capítulo de desarrollo social, además de la congruencia con los principios, objetivos e instrumentos de los programas de atención a los adultos mayores integrados en la política nacional respectiva.

Dicho capitulo define una serie de corresponsabilidades a cargo de las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, de las instituciones públicas del sector salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Comunicaciones y Transportes, instituciones públicas de vivienda de interés social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Turismo a favor de los adultos mayores.

Entre las atribuciones que estas diferentes instancias asumen se pueden distinguir las siguientes:

Secretaría de Educación Publica garantiza el acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas y privadas, previa acreditación de edad, a través de una identificación personal.

A las instituciones públicas del sector salud corresponde garantizar a los adultos mayores: Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno.

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde garantizar en beneficio de los adultos mayores: La capacitación y financiamiento para autoempleo a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares.

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes compete garantizar: Los convenios que se establezcan con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, para que otorguen tarifas preferenciales a las personas de la tercera edad, así como el derecho permanente y en todo tiempo a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servicio público, previa acreditación de la edad mediante identificación oficial.

A las instituciones públicas de vivienda de interés social corresponde garantizar: Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella, y el acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.

Corresponde a la Secretaría de Turismo: Promover actividades de recreación turística con tarifas preferentes diseñadas para personas adultas mayores y, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento de convenios con las empresas del ramo para ofrecer tarifas especiales y/o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos.

Como puede observarse se encuentran definidas las concurrencias intersecretariales en la aplicación de programas, acciones y mecanismos, en el ámbito de sus atribuciones, para atender y dignificar la interacción social de los adultos mayores.

Sin embargo, en la búsqueda de la implementación de medidas concretas para proteger la precaria situación económica de los adultos mayores como se ve en otro tipo de tributos como lo son agua potable y predial en los que este rango poblacional es sujeto de beneficios, es necesario equiparar los mismos en un servicio público tan importante y gravoso como lo es el de energía eléctrica doméstica. En consecuencia, es de urgente obviedad incorporar a este esquema de solidaridad a la dependencia facultada para definir tarifas por la prestación del servicio referido a favor de nuestros adultos mayores.

En merito de lo expuesto pongo a consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto

Primero. Se adiciona el artículo 23 bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Articulo 23 bis. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compete garantizar:

I. La definición de mecanismos que fomenten e incentiven la participación del sector público en el financiamiento de los programas de atención a los adultos mayores;

II. Coadyuvar con las diversas instancias que integran la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores;

III. El diseño e implementación de tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica, atendiendo para ello las condiciones socioeconómicas de los adultos mayores.

Segundo. Se adiciona el artículo 30 bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Articulo 30 bis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñará e implementará una tarifa preferencial cuando el usuario sea un adulto mayor en los términos que al efecto se prevén en el reglamento de esta ley.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, noviembre de 2005.--- Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

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ARTICULOS 59 Y 116 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortes: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, diputada del estado de México por la quinta circunscripción, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; acude ante el Pleno de esta H Asamblea, para presentar la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Los motivos que llevan a la presentación de esta iniciativa de reforma a los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido reiterados en diversos documentos parlamentarios tanto de ésta Cámara como del Senado en la presente legislatura.

En virtud de ello y que las propuestas presentadas hasta ahora, por diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios, señalan coincidencias de fondo respecto a la reelección legislativa inmediata, el presente documento pretende impulsar los argumentos, de por sí sólidos, para la elaboración de un dictamen convincente que logre el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Bajo este tenor el presente instrumento cuenta con los siguientes:

Antecedentes

I. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (Constitución de Apatzingán) promulgado en 1814 y cuyas funciones parlamentarias eran unicamerales señalaba en su artículo 57 lo siguiente:

``Tampoco serán reelegidos los diputados si no es que medie el tiempo de una diputación''.

II. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, permitió la reelección inmediata. El artículo 8 señalaba que la Cámara de Diputados estaría integrada por ``representantes elegidos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos de los Estados''. Asimismo, el artículo 25 estableció que los dos senadores por cada estado serían ``elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años''.

III. Las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836 y las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva de Reforma de 1847, la Constitución de 1857 y la vigente de 1917 en su redacción original, no expresaron prohibición alguna respecto a la reelección inmediata de legisladores.

IV. En 1933 una reforma al artículo 59 de la Constitución estableció dentro del texto vigente el impedimento de reelegirse a los miembros del Poder Legislativo mexicano y de los congresos locales, al finalizar su periodo.

V. En 1964 el Partido Popular Socialista presentó una Iniciativa de reforma al artículo 54 de la Constitución al que se agregaría una fracción sexta para establecer la posibilidad de reelección continua de los diputados con el objeto de que:

``Los miembros de la Cámara de Diputados puedan ser reelectos tantas veces como los partidos políticos a los que pertenezcan así lo decidan, y obtengan los votos necesarios de acuerdo con el sistema electoral que se haya en vigor, ya sea por la mayoría de sufragios de los distritos electorales o bien como diputados de partido''.

VI. La LVI Legislatura, en 1996, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados para lograr el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo, entre las cuales se encontraba la reelección legislativa inmediata.

VII. Durante la LVII Legislatura en 1998 fueron presentadas dos iniciativas sobre reelección legislativa en la Cámara de Diputados, y una más en el Senado de la República, que modificaba la estructura, organización, facultades, presencia y significación del Poder Legislativo.

VIII. En la Legislatura anterior se presentaron dos propuestas en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados sobre reelección legislativa.

IX. En la legislatura actual en el Senado se rechazó un dictamen sobre la reelección inmediata de diputados y senadores de manera acotada. En la Cámara de Diputados se han presentado hasta el momento 7 propuestas al respecto.

Con base en los antecedentes mencionados expongo a este H. Congreso las siguientes:

Consideraciones

La Constitución de 1917 al igual que las que le antecedieron no señalaban prohibición alguna a la reelección consecutiva e ilimitada de los legisladores federales y locales. Fue hasta 1933 en una época donde el ejercicio del poder se ejercía a través de un partido -- Estado cuando se fomentaron este tipo de prácticas de control político.

La restricción constitucional para la reelección inmediata de los legisladores se presentó para garantizar la circulación de los diferentes grupos políticos actuantes en el interior del Partido Nacional Revolucionario, en condiciones de ausencia de competencia electoral. Además, fue una forma de legitimar el presidencialismo, sobre todo a partir de la XXXVII Legislatura (1937 -1940), cuando los diputados y senadores entendieron que la disciplina se compensaba políticamente y que la continuidad de la carrera política no dependía de la voluntad de los electores en sus distritos, sino básicamente del Presidente de la República o del candidato presidencial en turno.

En el México actual, donde la competencia electoral permite la alternancia y existen las condiciones de certeza, imparcialidad y legalidad en los procesos, oponerse a la reelección de diputados, senadores y legisladores locales es apostar a la continuación de un sistema que ya no responde a las expectativas del país y de los ciudadanos.

La responsabilidad política que implicaría la reelección inmediata ante la ciudadanía, le da el poder a ésta de evaluar las gestiones de su legislador ratificándolo en su cargo o retirándolo. Sin posibilidad de reelección, los legisladores carecen del tiempo suficiente de preparación para funcionar como un contrapeso real a los grupos de interés si saben que no podrán permanecer más allá de un tiempo limitado.

Un argumento en contra es que la reelección inmediata renovaría los cacicazgos de modo que conservaría el poder por un tiempo prolongado. Actualmente el sistema electoral que poseemos es competitivo, de modo que esto ya no es posible. Además la duración promedio de las carreras legislativas en todo el mundo es de 12 años. Por lo tanto, la rotación de los cuadros se daría de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos. Si bien es cierto que algunos legisladores permanecen en su cargo un largo periodo es debido al refrendo constante que los ciudadanos hacen a través de las urnas.

Los partidos políticos mantienen el monopolio en la postulación para cargos de elección popular y controlan los fondos para campañas, además de contar con mecanismos en la organización interna del Congreso, todos ellos instrumentos más que suficientes para lograr altos niveles de disciplina.

La tarea parlamentaria requiere de una combinación de experiencia e innovación. Por ello es conveniente un proceso de renovación de cuadros moderado y sistemático. El sistema de la no reelección inmediata exige una renovación total y absoluta del legislativo en cada periodo, lo que resulta en extremo tan pernicioso como lo sería el que no hubiera por decreto renovación alguna. La especialización en temas específicos es ya una necesidad actual de cuya actividad surgen ideas nuevas, valiosas derivado del estudio profundo de la materia y la constancia en ella.

La posibilidad de la reelección inmediata pone el proceso de renovación en manos del juicio ciudadano, y como se menciona, tiene como resultado carreras moderadamente largas. Aunque hay personas que han sido legisladores en varias ocasiones, son una minoría poco significativa frente a un 88% aproximadamente que no regresan a ser legisladores tras una elección.

La posibilidad de la reelección legislativa, el Congreso adquiriría mayor autonomía, convirtiéndose en un contrapeso más eficaz a las ambiciones del Ejecutivo. Ello derivaría en una evolución en la relación con el Poder Legislativo ya que habría una preocupación en el Ejecutivo por fomentar la comunicación con legisladores cuyos conocimientos de ciertos temas que le sean sensibles son fundamentales para lograr avances en la consolidación democrática de ese país.

Coincidimos en la visión del último dictamen sometido al Pleno del Senado en que por el momento la reelección inmediata deberá ser de manera acotada, en este caso, en una ocasión más en el caso del Senador y un total de tres ocasiones en el caso del diputado. De modo que sea similar al aplicado en otros países. El anterior cómputo será aplicable a los suplentes que hubiesen estado en el ejercicio del cargo y ya no podrá extenderse por la vía de la participación como suplentes. En los Transitorios, la imposibilidad de reelección para el período inmediato de los legisladores actualmente en desempeño participantes en esta reforma, ello para evitar la suspicacia de dolo en esta acción

De la misma suerte del párrafo anterior debe ser legislador local, eliminando el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116, quedando subordinada esta posibilidad a lo suscrito por cada Constitución local en mismos términos y condiciones.

Por los motivos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.- Se reforma íntegramente el artículo 59 y se deroga el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 59. Los senadores podrán ser electos de manera inmediata hasta por un periodo adicional. Los diputados podrán ser reelectos hasta en tres períodos consecutivos.

Cumplidos estos períodos, los legisladores propietarios o los suplentes que hubieran estado en ejercicio no podrán ser electos para el siguiente inmediato con el carácter de suplentes.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

(se deroga el párrafo segundo)

...

III. a VII. ...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los integrantes de la presente Legislatura, incluso los suplentes que hubieren estado en ejercicio, no podrán ser reelectos para aquella que se constituya inmediatamente a la aprobación de esta reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.--- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 305 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Continúa la sesión. No estando en la sala la diputada Esthela Ponce Beltrán, se pasa al final su intervención; de la misma manera, en el caso de la iniciativa que presentaría la diputada Evelia Sandoval Urbán. Y nos ha solicitado posponer su intervención el diputado Pablo Alejo López Núñez, respecto a la iniciativa que tenía en agenda para hoy.

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ARTICULOS 26 Y 74 CONSTITUCIONALES - LEY DE PLANEACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Isidoro Ruiz Argaiz para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, suscrita por el propio diputado Ruiz Argaiz y por los diputados Sergio Magaña Martínez y Inelvo Moreno Álvarez, todos ellos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.El diputado Isidoro Ruiz Argaiz: Con su venia, diputado Presidente: planificar el desarrollo económico, político y social de nuestra nación no es cosa menor, pero igual, lo más importante es aspirar a que la sociedad mexicana, a través del Congreso de la Unión, participe activa y democráticamente en el diseño, la modificación y la sanción que determina los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. La Constitución de 1917 estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar en la libertad el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo. Como justificación de esta iniciativa de ley y como antecedente de historia económica para ubicar nuestro grado de avance económico contemporáneo, es preciso señalar que México ha transitado por distintas visiones gubernamentales desde el punto de vista del desarrollo económico. Es decir, después de la dictadura porfirista y una vez consolidado política y jurídicamente el nuevo régimen, la historia del país ha transcurrido en el marco de dos proyectos nacionales diferentes: primero, el del nacionalismo revolucionario surgido del movimiento armado de 1910, consagrado en una nueva Constitución y en un marco jurídico que evolucionó en un régimen fuertemente presidencialista y un partido hegemónico de Estado; y el del neoliberalismo económico, que se implantó desde 1982 y ha perdurado hasta nuestros días.

Como contraste de estos dos modelos, podemos señalar lo siguiente: de 1940 a 1982, el Producto Interno Bruto creció a una tasa media anual de 6.5 por ciento y el ingreso por habitante aumentó 3.5 veces, en términos reales; o sea, el mexicano medio pudo triplicar sus niveles de consumo. En cambio, las políticas neoliberales de nuestro asunto de marras justificaron el cambio de la política económica y la adopción de un nuevo esquema auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, argumentando que se había agotado el modelo de sustitución de importaciones y que la apertura total de la economía era indispensable para su modernización e inserción en la globalidad. Sin embargo, no se trata de plantear un regreso al pasado, pero sí de un replanteamiento urgente y decidido del diseño democrático del modelo económico a seguir en nuestro país.

Ante esta situación, el país demanda la definición del rumbo y de la estrategia del desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo económico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jurídica y permitan romper con los principales obstáculos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la nación. Sin dejar de reconocer la heterogeneidad de la sociedad mexicana, es necesario ir dando cauce a una creciente organización y participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida nacional. Ante la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal en 2005, es preciso dotar al Congreso de la Unión de las herramientas de análisis, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y, con ello, lograr la profundización de la democracia participativa en un ámbito tan importante como es el proyecto de nación.

Al reformar los artículos 26 y 74 constitucionales y la Ley de Planeación, dando atribuciones al Congreso de la Unión para su modificación y aprobación, se fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los esfuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de la nación que contemple el avance político, económico, social y cultural del pueblo de manera sólida, dinámica, permanente, equitativa y eficiente.

Como resultado de lo expuesto, se propone una reforma tanto constitucional como de carácter legal para permitir la participación real y efectiva del Poder Legislativo en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior es así si se toma en cuenta que actualmente el titular del Ejecutivo federal ejerce el poder de decisión en las distintas fases de planeación nacional, limitando su carácter democrático. En ese sentido, la democratización del proceso de planeación implica descentralizar las facultades de participación efectiva al Poder Legislativo.

El último párrafo del artículo 26 de la Constitución establece lo siguiente: ``En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley''. La norma constitucional transcrita no es cumplida actualmente, debido a que la vigente Ley de Planeación otorga sólo al Ejecutivo la facultad de convocar a foros populares para la elaboración del plan; el Ejecutivo decide cuándo y a quién convoca a esos foros y también decide qué opiniones o propuestas expresadas en los foros toma en cuenta y cuáles no son consideradas, sin que intervenga la Cámara de Diputados.

En principio, deberán reformarse los párrafos segundo y tercero y derogarse el cuarto párrafo del artículo 26 constitucional, para que la Cámara de Diputados intervenga en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, pues por ser un ente soberano su participación es de suma importancia. Asimismo, deberá suprimirse el último párrafo de este artículo, ya que el sistema de planeación democrática en la Ley de Planeación no da ninguna intervención al Congreso de la Unión. En segundo lugar, debe adicionarse un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 constitucional para conceder a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de participar en la integración del Plan Nacional de Desarrollo, pues tanto los ingresos como el Presupuesto de Egresos son instrumentos fundamentales de la política económica y social del Estado. Expresamente, se reconoce que esos instrumentos deben servir a los objetivos y las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

La política de egresos y de ingresos del Ejecutivo federal debe ser congruente con los criterios generales, estrategias y líneas políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En tercer lugar, deben adicionarse la fracción IV al artículo 1o. y reformarse los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Planeación, para establecer el procedimiento tendente a hacer efectiva la planeación democrática contenida en los preceptos constitucionales que serán adicionados y reformados, para quedar de la siguiente forma: con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Sergio Magaña Martínez, Inelvo Moreno Álvarez y el que suscribe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adiciona una fracción al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley de Planeación

Artículo Primero. Se reforman los párrafos segundo y tercero y se deroga el cuarto párrafo del artículo 26 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 26. ... los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de planeación. La planeación será democrática a través de la participación de la Cámara de Diputados, la cual está encargada de recoger las demandas de toda la sociedad para ser incorporadas en el plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará a la Cámara de Diputados para que se establezcan los procedimientos de participación y consulta populares en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, induzca y concierte con los particulares las acciones por realizar para su elaboración y ejecución.

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, para quedar como sigue:

IV. ... la Cámara de Diputados discutirá, aprobará y, en su caso, modificará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual será presentado por el Ejecutivo federal al momento de hacer llegar las iniciativas de la Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme al procedimiento que la ley establezca para tal efecto.

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción IV del artículo 1o. y se reforman los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente forma:

Fracción IV. ... las bases para promover y garantizar la participación democrática de la Cámara de Diputados en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley. Para ello consultará a los diversos grupos sociales, así como a los pueblos y las comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades.

Artículo 4o. ... es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 5o. ... el Ejecutivo federal, al tomar posesión como Presidente de la República, remitirá el proyecto de plan a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración para su examen, modificación y aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Cámara de Diputados, después de recibir el plan, deberá aprobar éste antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.

La Cámara de Diputados, previamente a la aprobación o modificación, según sea el caso, del proyecto del plan, mediante convocatoria consultará a los grupos sociales a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, quienes participarán en la planeación democrática. El resultado de la consulta será referencia obligada para la revisión y, en su caso, aprobación o modificación del plan.

Asimismo, la Cámara de diputados formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución del propio plan.

Transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidente, solicito que sea incluido el texto íntegro de esta iniciativa, dado que he leído sólo una síntesis. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, suscrita por los diputados Sergio Magaña Martínez, Inelvo Moreno Álvarez e Isidoro Ruiz Argaiz, del grupo parlamentario del PRD

En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, exponemos ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas a los artículos 26 y 74 constitucionales y a los artículos 1°, 4° y 5° de la Ley de Planeación de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Planificar el desarrollo económico, político y social de nuestra nación no es cosa menor. Pero igual o más importante es aspirar a que la sociedad mexicana, a través de Congreso de la Unión, participe activa y democráticamente en el diseño, modificación y sanción que determine los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

Los principios del proyecto nacional que contenía la Constitución de 1917 son síntesis de las aspiraciones que el pueblo ha planteado, ratificado y desarrollado en su trayectoria hacia la integración de su nacionalidad, organización política y afirmación soberana.

La Constitución estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.

A partir de este orden normativo, México ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo económico, las instituciones políticas que le darían viabilidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervención del Estado en la economía para promover un desarrollo más acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis económicas internacionales manteniendo la soberanía de la nación y dar sustento a un proceso de industrialización mediante la orientación, regulación y fomento de las actividades económicas.

Desde principios del siglo XX y hasta nuestros días, México se ha transformado en todos sus órdenes. Ha ocurrido una transformación rural urbana, asociada a una industrialización inconclusa, que ha modificado el tamaño, composición y localización de la población, el desarrollo de las regiones y la estructura productiva. La base de recursos naturales, de inversión, de producción, de tecnología y de trabajo es sustancialmente distinta a pesar de la heterogeneidad que aún nos caracteriza.

Las relaciones económicas de hoy en relación con el mundo y dentro de nuestro país, son mucho más complejas. La sociedad también ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y el tejido social es hoy más complejo.

Se ha dado en México una muy particular ``modernización'' económica. Sin embargo, ésta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y de falta de inversión pública y privada para financiar el desarrollo.

Como justificación de esta iniciativa de ley y como antecedente de historia económica para ubicar nuestro grado de avance económico contemporáneo, es preciso señalar que México ha transitado por distintas visiones gubernamentales desde el punto de vista del desarrollo económico, es decir, después de la dictadura porfirista y una vez consolidado política y jurídicamente el nuevo régimen, la historia del país ha transcurrido en el marco de dos proyectos nacionales diferentes:

1) El del nacionalismo revolucionario, surgido del movimiento armado de 1910, consagrado en una nueva Constitución y un marco jurídico que evolucionó dentro de un régimen fuertemente presidencialista y un partido hegemónico de Estado; y

2) El del neoliberalismo económico, que tiene origen desde 1982 y ha perdurado hasta hoy en día.

Como contraste de estos dos modelos podemos señalar lo siguiente: de 1940 a 1982 el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa media anual del 6.5% y el ingreso por habitante aumentó 3.5 veces en términos reales, o sea, el mexicano medio pudo triplicar sus niveles de consumo. El desarrollo no fue lineal y estuvo condicionado por la acción desestabilizadora del sector externo, por el estímulo del gasto y la inversión públicos y por su impacto en el equilibrio global de la economía.

Las políticas neoliberales de nuestro asunto de marras, trataron de justificar el cambio en la política económica y la adopción del nuevo esquema auspiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) argumentando que se había agotado el modelo de sustitución de importaciones y que la apertura total de la economía era indispensable para su modernización e inserción en la globalidad. Es cierto que había dificultades para aumentar las exportaciones mineras y agrícolas y que la maquila tiene límites, pero la explotación de hidrocarburos de fines de los 70 proporcionó amplios recursos para continuar con el sistema de sustitución de importaciones en una fase más difícil y complicada, como era la de empezar a producir insumos industriales y maquinaria y equipo. Se podría haber iniciado una segunda fase industrializadora si se hubiera renegociado la deuda externa de acuerdo con la capacidad de pago del país.

El proyecto neoliberal no sólo no superó nada de lo conseguido en el modelo económico posrevolucionario sino que agravó las condiciones económicas, políticas y sociales de todos los mexicanos. No se trata de un regreso al pasado, pero sí de un replanteamiento urgente y decidido al modelo neoliberal.

Ante esta situación, el país requiere el problema de la definición del rumbo de la estrategia de desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo económico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jurídica y permitan romper con los principales obstáculos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la nación.

En nuestro país, y en la época actual, no es posible separar el ámbito de la economía del de la participación política y de los valores de la sociedad. La legitimidad que en nuestro régimen deriva de su origen revolucionario y del proceso de renovación democrática de los poderes, está cada vez más relacionada con las apreciaciones de la sociedad sobre la capacidad del sector público para conducir con justicia y eficiencia el desarrollo integral.

A pesar de la dinámica de los tiempos contemporáneos en donde unos cuantos años representan cambios sustantivos en la vida de la nación, el país necesita un horizonte más amplio que vaya más allá de la resolución de los problemas inmediatos y que sobre bases sostenidas de productividad e igualdad, permita la convergencia de los esfuerzos de los sectores de la economía mixta para afirmar la seguridad y la confianza en el desarrollo de la nación.

Sin dejar de reconocer la heterogeneidad de la sociedad mexicana es necesario ir dando cauce a una creciente organización y participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida nacional. Ante la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal el pasado diciembre de 2004 en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, es preciso dotar al Congreso de la Unión de las herramientas de análisis, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con ello lograr la profundización de la democracia participativa en un ámbito tan importante como lo es el proyecto de nación.

Los principios constitucionales del desarrollo económico nacional que esta reforma propone están referidos a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema político y económico que establece la Constitución. Estos son correspondientes con el régimen de propiedad y las formas de relación del estado y la sociedad que ella determina, así como con nuevos mecanismos de participación social que lleve a fortalecer y perfeccionar nuestro régimen democrático.

El artículo 26 constitucional desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y sin reforma alguna hasta la fecha, establece las facultades del estado para planear el desarrollo nacional. La Ley de Planeación publicada el 5 de enero de 1983 detalla la forma en cómo establecer los objetivos y principios que garantice el fortalecimiento de la independencia, autodeterminación nacional en lo político, económico y cultural. Sin embargo, tanto el artículo 26 constitucional como la Ley de Planeación establecen condiciones muy laxas que hacen imposible un consenso nacional sobre la dirección económica de un plan nacional de desarrollo, así como, un seguimiento periódico de las metas establecidas, fiscalización y sanción a los servidores públicos que incumplan con el PND.

Al mismo tiempo, con las modificaciones planteadas, se trata de que el Plan Nacional de Desarrollo tenga certidumbre económica, política y social a nuestro país a través de un documento que sea rector y estratégico de un plan de corto, mediano y largo plazos y que la sociedad, a través del Congreso de la Unión, pueda opinar, modificar, aprobar y vigilar nuestra planificación estratégica para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Al reformar los artículos 26 y 74 constitucionales y la Ley de Planeación dándole atribuciones al Congreso de la Unión para su modificación y aprobación, se fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los esfuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de la nación, que contemple el avance político, económico, social y cultural del pueblo de manera sólida, dinámica, permanente, equitativa y eficiente.

La iniciativa de reformas, considerando la rectoría del Estado, la economía mixta y un planificación estratégica nacional, establece atribuciones al Congreso de la Unión para que éste pueda opinar, modificar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente de la República en turno y con ello coadyuvar de manera decidida y transparente a un verdadero desarrollo y crecimiento económico sostenido y sustentable.

De aprobarse esta iniciativa, por primera vez se contará con un conjunto explícito de atribuciones al Congreso de la Unión consistentes, definido en sus alcances, con instrumentos económicos perfeccionados y los fundamentos para llevar al derecho los nuevos conceptos económicos.

Establecer las bases normativas e institucionales no resuelve por sí los graves problemas económicos que vive México en el momento actual, pero coadyuvará de manera sustantiva a que la dirección de la política económica y de la estrategia de desarrollo, así como de la planeación democrática se enmarquen en nuestro sistema de economía mixta y establezca con claridad las atribuciones del Congreso de la Unión como máximo representante de la sociedad, sus derechos y la seguridad jurídica en la economía.

Como resultado de lo expuesto, se propone una reforma tanto constitucional como de carácter legal, para permitir la participación real y efectiva del Poder Legislativo y de los sectores sociales en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

Lo anterior es así, si se toma en cuenta que actualmente el titular del Ejecutivo federal ejerce el poder de decisión en las distintas fases de planeación nacional, limitando su carácter democrático, a la vez que deja el campo abierto a la incongruencia y a la arbitrariedad que la experiencia reciente nos demuestran.

En este sentido, la democratización del proceso de planeación implica descentralizar las facultades de participación efectiva al Poder Legislativo y el sector social.

El último párrafo del artículo 26 de la Constitución establece, lo siguiente:

``En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la unión tendrá la intervención que señale la ley''.

La norma constitucional transcrita no es cumplida actualmente, debido a que la vigente Ley de Planeación le otorga sólo al Ejecutivo la facultad de convocar a foros populares para la elaboración del plan, el Ejecutivo decide cuándo y a quién convoca a estos foros y también decide que opiniones o propuestas expresadas en los foros toma en cuenta y cuales no son consideradas, sin que intervenga la Cámara de Diputados.

En principio, deberán reformarse los párrafos segundo y tercero y derogarse el cuarto párrafo del artículo 26 constitucional, para que la Cámara de Diputados intervenga en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, pues al ser un ente soberano, su participación es de suma importancia. Asimismo, deberá suprimirse el último párrafo de este artículo, ya que el sistema de planeación democrática en la Ley de Planeación, no le da ninguna intervención al Congreso de la Unión.

En segundo lugar, debe adicionarse un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 constitucional, para concederle a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de participar en la integración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, pues tanto los ingresos como el presupuesto de egresos, son dos instrumentos fundamentales de la política económica y social del Estado. Expresamente se reconoce que esos instrumentos deben servir a los objetivos y metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo. La política de egresos y de ingresos del Ejecutivo federal debe ser congruente con los criterios generales, estrategias y líneas de políticas contenidas en le Plan Nacional de Desarrollo.

Y en tercer lugar, deben adicionarse la fracción IV del artículo 1°, 4° y 5° de la Ley de Planeación, para establecer el procedimiento tendiente a hacer efectiva la planeación democrática contenida en los preceptos constitucionales que serán adicionados y reformados, para quedar de la siguiente forma:

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 26 y adiciona una fracción al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley de Planeación

Artículo Primero. Se reforman los párrafos segundo y tercero y se deroga el cuarto párrafo del artículo 26 constitucional, para quedar como sigue:

``Artículo 26.- ...

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de planeación. La planeación será democrática a través de la participación de la Cámara de Diputados, la cual está encargada de recoger las demandas de toda la sociedad para ser incorporadas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará a la Cámara de Diputados para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

Se deroga''.

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 constitucional, para quedar como sigue:

``Artículo 74.- ...

I. a III. ...

IV. ... ... ...

La Cámara de Diputados discutirá, aprobará y, en su caso, modificará el Plan Nacional de Desa- rrollo, el cual será presentado por el Ejecutivo federal al momento de hacer llegar las iniciativas de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, conforme al procedimiento que la ley establezca para tal efecto.

Artículo Tercero. Se adicionan la fracción IV del artículo 1o., y se reforman los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente forma:

``Artículo 1o.- ...

I. a III. ...

IV.- Las bases para promover y garantizar a la participación democrática de la Cámara de Diputados en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley. Para ello, consultará a los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, y

Artículo 4o.- Es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 5o.- El Ejecutivo federal, al tomar posesión como Presidente de la República, remitirá el proyecto del plan a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración, para su examen, modificación y aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Cámara de Diputados después de recibir el plan deberá aprobar éste antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.

La Cámara de Diputados, previo a la aprobación o modificación, según sea el caso, del proyecto de plan, mediante convocatorias consultará a los grupos sociales a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, quienes participarán en la planeación democrática. El resultado de la consulta será referencia obligada para la revisión y en su caso, aprobación o modificación del plan.

Asimismo, la Cámara de Diputados formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución del propio plan.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2005.--- Diputados: Sergio Magaña Martínez (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se ordena la inserción íntegra en el Diario de los Debates, señor diputado, y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Recibimos la solicitud de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que a la iniciativa que ha presentado, que reforma los artículos 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se dé el turno que corresponda.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El actual artículo 60 de la Ley del ISSSTE presenta una gran laguna que resulta en detrimento de las trabajadoras al servicio del Estado, ya que su interpretación deja abierta la posibilidad para que las autoridades administrativas dictaminen que éstas no son acreedoras al 100% de los beneficios de la jubilación en igualdad con los trabajadores.

Lo anterior se presenta, de manera paradójica, cuando en realidad el espíritu del legislador al reformar dicho precepto, fue instrumentar una acción afirmativa en beneficio de las mujeres, en aras de alcanzar la equidad. Lamentablemente la situación hoy es distinta y al no haberse podido llevar a cabo dicha acción positiva, es necesario debido a las necesidades y circunstancias actuales, reformar como un primer paso, el precepto correspondiente, en la idea de restablecer los derechos de las trabajadoras. Ya que sólo el establecimiento de la equidad, en un futuro nos permitirá alcanzar la justicia y la igualdad.

Por ello, para corregir de manera inmediata una disposición que resulta ambigua y que en su incorrecta aplicación, es a todas luces injusta y violatoria de los derechos fundamentales de las mujeres, considero pertinente clarificar lo estipulado en dicho precepto normando el derecho de pensión por jubilación de las trabajadoras, en la idea de construir desde la propia ley, el futuro andamiaje legal y administrativo adecuado que permita dar un trato diferenciado a hombres y mujeres en materia de seguridad social, tomando en consideración sus características y necesidades específicas.

Como he señalado, con la actual redacción del artículo 60, se pretendía que las mujeres trabajadoras pudieran jubilarse cuando hubiesen cumplido 28 años o más de servicio pudiendo obtener un monto del 100% del sueldo que se define en el artículo 64 de la ley. Lo anterior, considerando que el ciclo de vida de las mujeres, sus etapas y desarrollo son diferentes al los de los hombres.

La estadística señala que muchas mujeres debido a sus condiciones físicas no logran mantenerse en el empleo hasta cumplir 30 años de servicio, ya que el deterioro orgánico les impide requisitar con dicha disposición, perdiendo así sus prerrogativas para los años subsecuentes. Por lo que permitirles jubilarse a los 28 años de servicio, resulta una alternativa justa para quienes consideraran que su vida laboral tradicional debe concluir, necesitando echar mano de los beneficios por los años cotizados.

Lamentablemente, la redacción del artículo 60 no ha sabido ser interpretada y aplicada adecuadamente por las autoridades administrativas. Ya que han negado la posibilidad a las mujeres trabajadores de poder obtener el 100% de su pensión, incluso aunque señalen que quieren cumplir o cumplan con los 30 años de servicio. Así, lo que tuvo como intención ser una acción afirmativa, terminó siendo en los hechos una norma que deja en mayor desventaja a las mujeres, violenta sus derechos y les niega las posibilidades de equidad e incluso de igualdad, pues sólo les permiten jubilarse con el 80% del sueldo.

En razón de lo anterior, y no obstante que es importante implementar acciones afirmativas que permitan a las mujeres subsanar en alguna medida la injusticia y desigualdad que se presenta en los diferentes ámbitos de la esfera privada y pública, propongo que el artículo en comento, sea modificado para que hombres y mujeres puedan obtener el derecho de pensión por jubilación con el 100% del sueldo, clarificando que por las características físicas de las mujeres que he ya señalado, tendrán la prerrogativa de hacerlo a los 28 años de servicio.

En realidad, la reforma está encaminada a clarificar dicha disposición suprimiendo la última frase de primer párrafo del artículo 60, que a la letra dice: ``no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63'', ya que al eliminarla el espíritu inicial de dicho precepto se vería clarificado, eximiendo a las mujeres de que al cumplir con 28 y 29 años de servicio se jubilen con sólo el 90 y 95%, pudiendo obtener desde los 28 años de servicio el 100% de su jubilación, tal y como está señalado con toda claridad en la primera parte del artículo 60.

En tal virtud y por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el artículo 60 de la Ley del ISSSTE, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación de los trabajadores con 30 años o más de servicios y los trabajadores de 28 años o más de servicio e igual tiempo de cotización al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad.

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2005.---Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Nos ha solicitado el diputado Jorge Kahwagi Macari posponer su intervención para la iniciativa que tenía en agenda en este apartado.

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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: la oleada neoliberal en México coronó su propuesta de reforma económica con la privatización de Teléfonos de México, que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1990, lo que constituyó la propuesta central de reestructuración de las telecomunicaciones en México.

Al asignarle esta concesión pública para operar un conjunto de servicios, el Gobierno Federal otorgó a Telmex el estatus de monopolio privado y constituyó el título de concesión como el instrumento jurídico más importante para la regulación de las telecomunicaciones. A 15 años de ocurrida la privatización, el mercado de telefonía local está constituido por 23 concesionarios, de los cuales 20 operan a través de red alámbrica y 3 operan sin ésta, con una cobertura de casi 20 millones de líneas telefónicas. Sin embargo, el mercado de telefonía local está concentrado en 95 por ciento por Telmex, ya que otras empresas no han representado una competencia real.

El discurso oficial del gobierno neoliberal de la época de Salinas de Gortari se empeñó en pregonar hasta la saciedad que con la privatización de Telmex los usuarios tendrían un mejor servicio inmediatamente. Los hechos son contundentes: no hay mejoría del servicio telefónico ni hay costos más bajos, y sí un hombre cada vez más rico como es Slim Helú.

En cambio, sí se dio el alza de las tarifas y la recategorización de conceptos, como ``renta básica'' y ``servicio local medido''. Asimismo, se estableció una serie de conceptos en el título de concesión que definían los servicios y las condiciones en que la empresa prestaría el servicio de telefonía básica. La renta básica para el servicio telefónico se designó de acuerdo con la línea contratada, terminal o troncal para los suscriptores residenciales o comerciales. Para el caso de la línea residencial se incluyeron 100 llamadas y para el resto de los servicios no se incluye.

El saqueo disfrazado que hace Telmex a los bolsillos de los consumidores está en la renta básica, ya que el costo de la llamada es más alto que el servicio medido, lo que representa una doble exacción: porque los usuarios que tienen una densidad de llamadas menor de lo que fija la renta, están obligados a cubrir la totalidad de la misma a una tarifa mayor que en el servicio medido, la hayan agotado o no la hayan agotado.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que los consumidores adquieren con Teléfonos de México una línea telefónica. En estricto derecho, son dueños de la misma y no tienen por qué pagar a Telmex una renta por el uso de esa línea, que es de su propiedad. Eso se puede equiparar con la situación de una persona que, siendo propietaria de un automóvil, tuviera que pagar una renta a la empresa que lo fabricó. Debemos recordar que el derecho de propiedad es oponible a terceros y ese universo indeterminado de personas que tienen el deber jurídico de respetar el bien de esa persona.

En el caso que nos ocupa, un particular es dueño de una línea, pero debe pagar renta por su uso y disfrute, lo cual es ya francamente un fraude legalizado. Por ello, no es casual que más de 40 por ciento de los ingresos de Telmex provengan de la telefonía local y que en México tengamos tarifas más caras que en otros países, incluso de menor desarrollo industrial que el nuestro.

Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para eliminar el concepto de ``renta residencial'' y ``comercial'' y que las tarifas de telefonía sean asequibles para todos los consumidores del país. Nuestra propuesta tiene como propósito central incorporar a la población mexicana al disfrute de los beneficios que han provocado los cambios tecnológicos que se han dado en el campo de las telecomunicaciones, del cual ha estado excluida la mayoría de los mexicanos. No debemos olvidar que la mayoría de los mexicanos está empobrecida; la distribución de la riqueza es cada vez más aterradora.

Los datos de la última encuesta de ingreso-gasto de los hogares son reveladores: en México, el primer decil concentra 1.4 por ciento del ingreso, mientras que en el noveno concentra 15.6 por ciento, y en el décimo se concentra 42 por ciento del ingreso total. Por ello, contar con una línea telefónica para cubrir una necesidad se vuelve un lujo para muchas personas pobres, lo que limita aún más sus posibilidades de incorporarse al desarrollo. Por ejemplo, una familia mexicana que cuenta con el servicio de telefonía residencial para comunicación de voz que realiza una frecuencia de 30 llamadas mensualmente, paga 156 pesos con 55 centavos, más IVA, con el servicio de renta.

Si se elimina la renta, dicho usuario pagaría sólo el costo del servicio medido por cada llamada; es decir, 44 pesos con 40 centavos, más IVA. La presente iniciativa es todavía más bondadosa para los negocios familiares, las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que al eliminarse la renta de telefonía local, el costo sólo sería por el servicio medido. Nuestra propuesta es clara: se trata de suprimir la renta en telefonía local, que es una fuente no leal para la acumulación de ganancias y se pueden liberar recursos adicionales para millones de familias que sí lo necesitan, para resarcir su cada vez menor poder de compra.

Nuestra propuesta también beneficiaría miles de empresas que se encuentran al borde del colapso por la desaceleración económica que atravesamos. En ese sentido, la responsabilidad del Estado es velar por sentar las bases de un mejor clima económico.

Señor Presidente, solicito a usted que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Dado en Palacio Legislativo, a los 24 días del mes de noviembre de 2005.

«Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La oleada neoliberal en México coronó su propuesta de reforma económica con la privatización de Teléfonos de México, que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1990, lo que constituyó la propuesta central de reestructuración de las telecomunicaciones por parte del grupo tecnocrático que detenta el poder político en nuestra nación.

Al asignarle esta concesión pública para operar un conjunto de servicios, el Gobierno Federal otorgó a Telmex el estatus de monopolio privado y constituyó el título de concesión, como el instrumento jurídico más importante para la regulación de las telecomunicaciones con implicaciones para un amplio espectro, que serviría de base para incrementar las ganancias descomunales de esa empresa.

A quince años de transcurrida la citada privatización, el mercado de telefonía local está constituido por 23 concesionarios, de los cuales 20 operan a través de red alámbrica y 3 operan sin ésta, con una cobertura de casi 20 millones de líneas telefónicas. Sin embargo, el mercado de telefonía local está concentrado en un 95 por ciento por Telmex, ya que otras empresas no han representado una competencia real.

El discurso oficial del gobierno neoliberal de la época de Salinas de Gortari, se empeñó en pregonar hasta la saciedad, que con la privatización de Telmex, los usuarios tendrían un mejor servicio inmediatamente.

Los hechos son contundentes, ni hay mejoría del servicio telefónico, ni hay costos más bajos, y sí un hombre cada vez más rico, como es el caso de Slim Helú. En cambio, sí se dio el alza de las tarifas y la recategorización de conceptos como renta básica y el servicio local medido.

Asimismo, se establecieron una serie de conceptos en el título de concesión que definían los servicios y condiciones en los que la empresa prestaría el servicio de telefonía básica.

La renta básica para el servicio telefónico se designó de acuerdo a la línea contratada, terminal o troncal, para los suscriptores residenciales o comerciales, para el caso de la línea residencial se incluyeron 100 llamadas y para el resto de los servicios no se incluye.

El servicio local medido se integró con las tarifas de servicios de conferencias telefónicas, medidas por el número de llamadas, duración y distancia, según la hora, el día y mes.

El saqueo disfrazado que hace Telmex a los bolsillos de los consumidores, está en la renta básica, ya que el costo de la llamada es más alta que en el servicio medido, lo que representa una doble exacción, porque los usuarios que tienen una densidad de llamadas menor a lo que fija la renta, están obligados a cubrir la totalidad de la misma, a una tarifa mayor que en el servicio medido, la hayan agotado o no la hayan agotado.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está claro que los consumidores adquieren con Teléfonos de México una línea telefónica. En estricto derecho son dueños de la misma y no tienen por qué pagarle a Telmex una renta por el uso de esa línea que es de su propiedad.

Esto se puede equiparar con la situación de una persona que siendo propietaria de un automóvil, tuviera que pagarle una renta a la empresa que lo fabricó.

Debemos recordar que el derecho de propiedad es oponible a terceros, y ese universo indeterminado de personas tiene el deber jurídico de respetar el bien de esa persona. En el caso que nos ocupa, un particular es dueño de una línea, pero debe pagar renta por su uso y disfrute, lo cual es ya francamente un fraude legalizado.

Por ello, no es casual que más del 40 por ciento de los ingresos de Telmex provengan de la telefonía local y que en México tengamos tarifas más caras que en otros países, incluso, de menor desarrollo industrial que el nuestro.

Una prueba irrefutable de ello lo representa la rentabilidad de Telmex, que va en continuo ascenso, lo que le permite realizar sobradamente nuevas inversiones para la prestación del servicio de telefonía en Brasil, Argentina, Chile, España y Estados Unidos, entre otros.

La expansión mundial de Telmex muestra que la privatización de la industria de las telecomunicaciones fue un exitoso negocio para particulares y no fue benéfica para la inmensa mayoría de la población, pues su desarrollo ha estado orientado principalmente a la búsqueda de ganancias altas en el mercado nacional e internacional.

Telmex ha sido la plataforma de acumulación de capital y de altos niveles de rentabilidad para destinarlos a la compra de empresas del rubro en el extranjero, todo ello a costa del empobrecimiento de las clases trabajadoras de la ciudad y del campo en nuestra nación.

Compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para eliminar el concepto de renta residencial y comercial y que las tarifas de telefonía sean accesibles a todos los consumidores del país.

Nuestra propuesta, tiene como propósito central, incorporar a la población mexicana al disfrute de los beneficios que han provocado los cambios tecnológicos, que se han dado en el campo de las telecomunicaciones, del cual ha estado excluida la mayoría del pueblo.

No debemos olvidar que la gran mayoría de los mexicanos están empobrecidos, la distribución de la riqueza cada vez es más aterradora, los datos de la ultima encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares es reveladora, ``en México el primer decil concentra el 1.4 % del ingreso, mientras que en el noveno decil concentra el 15.6 % y en el décimo decil se concentra el 42 % del ingreso total.''

Por ello, el contar con una línea telefónica para cubrir una necesidad se vuelve un lujo para muchas personas pobres, lo que limita aún más sus posibilidades de incorporarse al desarrollo.

Por ejemplo, una familia mexicana que cuenta con el servicio de telefonía residencial para comunicación de voz, que realiza una frecuencia de 30 llamadas mensualmente, paga 156 pesos con 55 centavos más IVA con el servicio de renta. Si se eliminara la renta, dicho usuario pagaría sólo el costo del servicio medido por cada llamada, es decir 44 pesos con 40 centavos más IVA.

Para el caso de una familia que realiza 200 llamadas al mes, el costo de la renta con 100 llamadas es de 156 pesos con 55 centavos más IVA y 100 llamadas de servicio medido de 148 pesos más IVA, por lo que eroga de manera total 304 pesos con 50 centavos más IVA. Si eliminamos la renta telefónica sólo pagaría las 200 llamadas por servicio medido esto es, 296 pesos más IVA.

La presente iniciativa es todavía más bondadosa para los negocios familiares, las micro, pequeñas y medianas empresas ya que al eliminarse la renta de telefonía local, el costo sólo sería por el servicio medido.

Nuestra propuesta es clara, se trata de suprimir la renta en la telefonía local, que es una fuente no leal para la acumulación de ganancias y se puedan liberar recursos adicionales para millones de familias que sí lo necesitan para resarcir su cada vez menor poder de compra.

Nuestra propuesta también beneficiaría a miles de empresas que se encuentran al borde del colapso por la desaceleración económica que atravesamos y en ese sentido, la responsabilidad del Estado es velar por sentar las bases de un mejor clima económico.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone reformas al artículo 60 a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se reforma el artículo 60, para quedar como sigue:

Artículo 60.- Los concesionarios y permisionarios fijarán tarifas accesibles y sin cobro de ningún tipo de renta en los servicios de telecomunicaciones que permitan la prestación en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Transitorio

Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de noviembre de 2005.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan A. Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Óscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos.» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Isidro Camarillo Zavala para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.El diputado Isidro Camarillo Zavala: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el suscrito, Isidro Camarillo Zavala, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se adiciona al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud un Capítulo V, denominado ``Programa contra las Adicciones Comportamentales'', al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En las últimas décadas, la delincuencia ha tenido grandes transformaciones, observándose entre otras cosas los siguientes elementos: uno, han seguido tendencias hacia una mayor organización; dos, existe mayor proliferación de los llamados ``delitos de cuello blanco''; tres, hay un aumento en el tráfico de influencias; cuatro, la internacionalización de sus acciones; y cinco, el incremento global de la inversión de estos grupos en negocios legales, tendencias que en conjunto han dado como resultado que el fenómeno delictivo supere las formas y tiempos de reacción del Estado y de sus órganos de seguridad.

Como resultado, se comprende plenamente por qué hoy la delincuencia organizada es el problema más grande con que se enfrenta la sociedad mundial, ya que además de su enorme organización y eficiencia, han creado un sistema económico clandestino que genera ingresos superiores al Producto Interno Bruto de muchas naciones.

En el caso específico de las adicciones, aparecen simultáneamente el lavado de dinero, la prostitución, la proliferación de las multiadicciones y el desmembramiento de las familias, lo que amenaza directamente la estabilidad de la nación y constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas democráticamente constituidas. Sobre el caso de los problemas secundarios de los pacientes con adicciones, es preciso recordar que no sólo se pone en riesgo la economía personal del enfermo, sino su estabilidad laboral, la existencia de vínculos familiares y sociales y, sobre todo, su salud mental.

Los cambios legislativos y normativos que requerimos para enfrentar el creciente problema de las adicciones comportamentales debe incluir la aceptación, en primer lugar, de ese problema como una enfermedad psiquiátrica, la inclusión de este padecimiento y su prevención tanto en la Ley General de Salud y las adecuaciones que se consideren pertinentes a otras leyes y códigos, donde se debe privilegiar la protección de los derechos de la salud y no sólo los aspectos de orden punitivo. Entre las modalidades de prevención de las adicciones deben estar las de carácter social, educativo, cultural, sanitario, laboral y político, ya que la salud pública constituye en sí misma un bien jurídico, por lo cual el Estado debe proteger dicho bien frente a los ataques y las afectaciones provenientes de las conductas delictivas y sus promotores.

Sobre el problema sanitario y social que surge de las adicciones, ya desde hace varias décadas las dependencias han entrado a formar parte de las sociedades occidentales, sin que los gobiernos, aun en las mejores condiciones y con más recursos, hayan podido erradicar ese cáncer social, por lo que además la más ingente tarea es prevenir nuevas adicciones y rehabilitar a los miembros de la sociedad prisioneros ya de éstas.

Sin duda, esta lacra social avanzará en la medida en que el problema de las adicciones se limite a combatir a los consumidores de sustancias y no cualquiera de las adicciones modernas, ya sean las clásicas sustancias o las comportamentales: al éxito, al trabajo, a los deportes extremos, a la adrenalina y, la más extendida y conocida de todos, al juego de azar. Para una mejor comprensión de mi propuesta, señalaré acerca de la ludopatía o adicción al juego.

Esta entidad clínica fue incluida por primera vez como un trastorno patológico psiquiátrico en el año de 1980 en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Desde esa fecha se han desarrollado diversas líneas de investigación neurobiológica para explicar los mecanismos etiológicos de la enfermedad, de los cuales sobresalen cuatro teorías principales: la primera de ellas considera la ludopatía como un trastorno del control de los impulsos que supone la implicación de mecanismos serotonérgicos, la segunda señala como fundamento un nivel de activación y un rasgo de búsqueda de sensaciones que sustentaría una alteración del sistema noradrenérgico, la tercera hace hincapié en la relación de la ludopatía con otros trastornos adictivos y la última la explica como un trastorno psiquiátrico del orden obsesivo compulsivo.

Más recientemente se ha sumado a las anteriores teorías la de origen genético, toda vez la observación de la alta frecuencia de antecedentes familiares en los ludópatas diagnosticados, que algunos autores señalan de hasta 35 por ciento en familiares de hasta segundo grado. Además, hasta hace pocos años el concepto de ``adicciones'' solamente incluía las conductas en que el factor esencial era el consumo de una sustancia química potencialmente adictiva, como alcohol, psicotrópicos, cannabinol o cafeína. Pero en la década de los ochenta empezó a modificarse este concepto y hace algunos años muchos investigadores empezaron a incluir en el complejo grupo de las adicciones una serie de trastornos bajo el mismo grupo, denominándose ``adicciones comportamentales'', entre las que se incluyen la adicción al estrés, al ejercicio físico, al trabajo, a las compras excesivas, a los deportes extremos y al juego de azar.

Las adicciones comportamentales se pueden definir como conductas que provocan placer o que evitan la incomodidad, donde --además-- aparece un patrón de esas adicciones consistente en una excesiva preocupación y deseo intenso de satisfacer la necesidad que se siente de llevar a cabo una conducta adictiva, sumando una pérdida de control que se caracteriza por la incapacidad de detener la conducta una vez que se ha iniciado, la aparición de un síndrome de abstinencia con síntomas físicos cuando se suspende la conducta adictiva y un fenómeno de tolerancia; es decir, la necesidad de aumentar la implicación de la conducta adictiva, que equivale al incremento de la dosis.

Diversos autores e investigadores han encontrado una comorbilidad con otras adicciones, de hasta 45 por ciento con abuso de alcohol o sustancias psicoactivas y un más alto índice de tabaquismo, con una relación de hasta 5 a 1 respecto a los no jugadores. Se comprende además que es una adicción, por la tendencia a la recaída, igual que en el resto de las adicciones, lo que representa el más grave problema en la atención de estos pacientes. En el caso de la respuesta farmacológica se ha demostrado que en la ludopatía hay una respuesta favorable a la naltrexona, que es un antagonista opiáceo, utilizado en la adicción a la cocaína. Por si fuera poco, a todo lo señalado hay que sumar, en materia de otras patologías psiquiátricas, que el menos 72 por ciento de los ludópatas han tenido un cuadro de depresión mayor, 52 por ciento de ellos trastornos afectivos mayores, 57.1 por ciento es polidependiente a dos o más sustancias, además de la adicción comportamental, lo que explica su ausentismo laboral, incumplimiento de las obligaciones financieras, problemas familiares, ausentismo escolar y crecientes deudas, conductas antisociales como girar cheques sin fondos, desfalco y robos, o confundir a incautos en juegos de destreza.

Otro dato que nos debe preocupar es el índice de suicidios entre ludópatas, que es al menos del doble que entre los no jugadores. Un problema como las adicciones comportamentales, donde además la incidencia de adolescentes es muy relevante y creciente a nivel mundial, nos hace comprender la importancia de las medidas dirigidas a objetivos de prevención, teniendo como centro de atención el hogar y la escuela, así como crear un proceso de evaluación que permita conocer la evolución de estos fenómenos a nivel mundial.

Compañeras y compañeros, no podemos negar las evidencias científicas sobre este creciente problema de salud pública y salud mental constituido por las adicciones comportamentales ni muchos menos, por supuesto, podemos obviar nuestro compromiso para combatir las amenazas contra la sociedad y salvaguardar los valores éticos sociales. En el caso de las adicciones, nuestro deber es dar a los derechos a la salud vigencia absoluta y velar solícitamente y ante todo la salud de los ciudadanos, actuar para proteger los intereses de la sociedad, siempre en beneficio del que potencialmente es no un delincuente sino paciente, respetando la dignidad y los derechos de cada persona.

Por todo lo expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas al inicio de este documento, me permito someter ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se adiciona al Título Undécimo de la Ley General de Salud un Capítulo V, denominado: ``Programa contra las Adicciones Comportamentales'', para quedar como sigue:

Capítulo V. Programa contra las Adicciones Comportamentales.

Artículo 193 Bis 1. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa contra las Adicciones Comportamentales, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención, el tratamiento y la rehabilitación de problemas originados por las adicciones comportamentales;

II. La educación sobre los efectos nocivos de las adicciones comportamentales en la salud y en las relaciones sociales y familiares, dirigida especialmente a la familia y a los adolescentes, a través de medios de comunicación; y

III. La educación de la familia y de la sociedad sobre las diversas modalidades de las adicciones comportamentales.

Artículo 193 Bis 2. La Secretaría de Salud elaborará un programa de investigación neurológico, psicológico y fisiológico sobre las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con los Institutos Nacionales de Psiquiatría Ramón de la Fuente y de Neurología y de Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el cual incluirá:

I. Las causas de las adicciones comportamentales y las acciones para combatirlas;

II. Los efectos de la publicidad en la incidencia de las adicciones comportamentales;

III. Los efectos nocivos y las repercusiones de las adicciones comportamentales sobre los ámbitos familiar, social y laboral.

IV. La comorbilidad entre las adicciones comportamentales y las adicciones a sustancias.

Artículo 193 Bis 3. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con las autoridades estatales.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Concluya, señor diputado.

El diputado Isidro Camarillo Zavala: Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala

El suscrito, diputado federal, Isidro Camarillo Zavala, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona al título Décimo Primero de la Ley General de Salud, un Capítulo Quinto denominado Programa contra las Adicciones Comportamentales y los artículos 193 Bis 1 al 193 Bis 3, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas, las bandas y mafias dedicadas a los negocios ilícitos han tenido grandes transformaciones, observándose entre otras cosas los siguientes elementos; 1) han seguido tendencias hacia una mayor organización, 2) existe una mayor proliferación de los llamados delitos de cuello blanco, 3) hay un aumento en el tráfico de influencias, entre lo que destaca la compra de conciencias y voluntades de políticos y servidores públicos, 4) la internacionalización de sus acciones, como en el caso del tráfico mundial de estupefacientes y, 5) el incremento global de la inversión de estos grupos en centros de juego y casinos, tendencias que en su conjunto han dado como resultado que el fenómeno delictivo supere a las formas y tiempos de reacción del Estado y sus órganos de seguridad, quienes se quedan rezagados frente a la aparición de una mayor eficacia de las mafias.

Como resultado de todo lo anteriormente mencionado se comprende plenamente el porque hoy, las mafias y la delincuencia organizada son ahora el problema más grande con el que se enfrenta la sociedad mundial, ya que además de su enorme organización y eficiencia, han creado un sistema económico clandestino que genera ingresos superiores al Producto Interno Bruto de muchas naciones.

Aparejado a las conductas ilícitas que promueven, como en el caso específico de las adicciones, aparecen simultáneamente el comercio ilícito de armas, la corrupción policíaca, la pérdida de la seguridad, el lavado de dinero, la prostitución, la proliferación de las multiadicciones y el desmembramiento de las familias, lo que amenaza directamente la estabilidad de la nación y constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas, democráticamente constituidas.

Las acciones de las mafias internacionales incluyen previsiones a largo plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de la actividad económica y así amasar grandes cantidades de dinero y de poder, e incluso de prestigio social, es preciso establecer que las mafias no pretenden conquistar el poder político, sino controlar a políticos y servidores públicos quienes están a su servicio, motivo por lo que hoy día afectan la vida de millones de personas, sin que la sociedad nos percatemos de ello. Hoy en los lugares y negocios donde lavan dinero, cuentan además con tecnología de última generación, personal con entrenamiento especializado, acceso a información privilegiada y capacidad económica que rebasa las expectativas del gobierno o de los verdaderos empresarios, los legalmente constituidos, por lo cual, como ejemplo, en la industria hotelera, canibalizan a los reales prestadores de servicios turísticos, con ``ofertas o paquetes'' que no pueden ser igualadas por las empresas.

Asimismo las mafias aprovechan todos los aspectos relacionados con la investigación científica y tecnológica y aún más, se sabe que incluso tienen investigadores a sueldo para obtener mejores cosechas en drogas y que han logrado hacer modificaciones genéticas a ellas o que trabajan en el desarrollo de nuevas drogas psicoactivas producidas en laboratorio y quizá estos ejemplos nos permitan comprender como es que, históricamente las mafias han sido, las primeras en promocionar efectivamente las recientemente estudiadas, adicciones comportamentales, y no solamente las dependencias clásicas a sustancias.

Sobre el caso de los problemas secundarios de los pacientes con adicciones, es preciso recordar que no tan sólo se pone en riesgo la economía personal del enfermo, sino su estabilidad laboral, la existencia de vínculos familiares y sociales y sobre todo su salud mental, mientras las mafias obtienen ingresos multimillonarios.

Para efectos de conocer la repercusión de las adicciones en la totalidad de la sociedad, debemos remarcar que las mafias y la delincuencia asociada a éstas, siempre procura la corrupción de los cuerpos de seguridad y los políticos, para actuar con impunidad.

En el caso de nuestro país consideramos que este problema se puede acentuar, ya que hoy, sin la existencia de casas de juego, ya existe violencia, impunidad, falta de profesionalización de los elementos policiacos, inseguridad, corrupción política y tampoco existe una política global de combate a la criminalidad.

Los cambios legislativos y normativos que requerimos para enfrentar el creciente problema de las adicciones comportamentales, debe incluir la aceptación en primer lugar de este problema como una enfermedad psiquiátrica, la inclusión de este padecimiento y su prevención, tanto en la Ley General de Salud y las adecuaciones que se consideren pertinentes a otras leyes y códigos, en donde se debe privilegiar la protección de los derechos a la salud y no tan sólo los aspectos de orden punitivo.

Debemos precisar que nunca antes la sociedad mundial se había enfrentado a un fenómeno tal, como las manifestaciones de poder real de las mafias actuales, con la gran capacidad organizativa que hemos señalado, con la capacidad técnica y económica para actuar simultáneamente en varios países e incluso varios continentes, superando en ocasiones las posibilidades financieras del Estado, con una penetración tan grande en las esferas del poder político y financiero, con personal altamente capacitado y especializado, utilizando la más moderna tecnología, con recursos y empresas legales para el lavado de dinero y sobre todo la acumulación de una gran riqueza relacionada con los centros financieros.

Hoy en nuestro país, vemos una irónica y patética expresión de cinismo y envilecimiento del poder, cuando se propone tanto la creación de casinos y que el 2% de las impuestos generados en los centros de juego se utilicen para el tratamiento de los ludópatas y la investigación sobre la adicción al juego, en vez de prevenir la enfermedad, y rehabilitar a los pacientes, de lo que además podríamos señalar e inferir que sería la primera instancia para legalizar también las adicciones a sustancias.

Entre las modalidades de prevención a las adicciones deben estar las de carácter social, educativa, cultural, sanitaria, laboral y política, ya que la salud pública constituye en si misma un bien jurídico, por lo cual el Estado debe proteger dicho bien frente a los ataques y afectaciones provenientes de las conductas delictivas y sus promotores.

Engañar o tratar de ocultar, que es en los sitios de juego, donde las mafias logran con gran mayor facilidad vincularse a actividades lícitas y por ende lavar dinero en la hotelería y demás servicios turísticos, constituye un desprecio a la inteligencia de la sociedad, y como ejemplo recordemos que es en los Estados Unidos de América, el país en el cual se lava más dinero ilegal en todo el mundo y que han logrado sus propósitos en otros países con la compra y corrupción de políticos, cuerpos policíacos, banqueros y empresarios turísticos, entre otros.

Sobre el problema sanitario y social que surge de las adicciones, ya desde hace varias décadas que las dependencias han entrado a formar parte de las sociedades occidentales, sin que los gobiernos aún en las mejores condiciones y con más recursos hayan podido erradicar este cáncer social, por lo que la más ingente tarea es la de prevenir nuevas adicciones y rehabilitar a los miembros de la sociedad, prisioneros ya de éstas y sin duda esta lacra social avanzará, en la medida que el problema de las adicciones se limite a combatir a los consumidores de sustancias, ya que lo que han hecho las mafias es permear en la sociedad, sobre todo en los jóvenes que las adicciones y las toxicomanías se integren al comportamiento social y se sienta la obligación de pertenecer a esta cultura y a cualquiera de las adicciones modernas, ya sean las clásicas a sustancias o las comportamentales; al éxito, al trabajo, a los deportes extremos, a la adrenalina y la más extendida y conocida de todas: al juego de azar.

Para una mejor comprensión de mi propuesta, señalaré acerca de la ludopatía o adicción al juego, que esta entidad clínica fue incluida por primera vez como un trastorno patológico psiquiátrico en el año de 1980, en el manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, desde esa fecha se han desarrollado diversas líneas de investigación neurobiológica para explicar los mecanismos etiológicos de la enfermedad, de las cuales sobresalen cuatro teorías principales; la primera de ellas que considera a la ludopatía como un trastorno del control de los impulsos que supone la implicación de mecanismos serotonérgicos; la segunda que señala como fundamento un nivel de activación y un rasgo de búsqueda de sensaciones que sustentaría una alteración del sistema noradrenérgico; la tercera que hace hincapié en la relación de la ludopatía con otros trastornos adictivos y; la última que la explica como un trastorno psiquiátrico del orden obsesivo compulsivo.

Más recientemente se ha sumado a las anteriores cuatro teorías, la de origen genético hereditario, toda vez de la observación de la alta frecuencia de antecedentes familiares en los ludópatas diagnosticados, que algunos autores señalan hasta del 35%, en familiares de hasta segundo grado.

En diversos estudios psicofisiológicos se ha comprobado que durante la participación en juegos de azar se produce un aumento del nivel de activación a nivel del sistema nervioso autónomo y además se ha demostrado que las máquinas recreativas o tragamonedas provocan una mayor activación que las apuestas a caballos y que la activación no sucede con juegos a largo plazo como la lotería, lo que explicaría porque no crean adicción los sorteos.

Además hasta hace pocos años, el concepto de adicciones solamente incluía aquellas conductas en las que el factor esencial era el consumo de una sustancia química potencialmente adictiva (alcohol, psicotrópicos, cannabinol, cafeína, etcétera), pero desde la década de los ochenta empezó a modificarse este concepto y desde hace algunos años muchos investigadores empezaron a incluir dentro del complejo grupo de las adicciones a una serie de trastornos, bajo el mismo grupo, denominándose adicciones comportamentales, entre las que se incluyen la adicción al estrés, al ejercicio físico, al trabajo, a las compras excesivas, a los deportes extremos y al juego de azar.

Las adicciones comportamentales se pueden definir como conductas que provocan placer o que evitan la incomodidad, donde además aparece un patrón de estas adicciones, consistente en una excesiva preocupación y deseo intenso de satisfacer la necesidad que se siente de llevar a cabo la conducta adictiva, sumando una pérdida de control que se caracteriza por la incapacidad de detener la conducta una vez que se ha iniciado, la aparición de un síndrome de abstinencia con síntomas físicos cuando se suspende la conducta adictiva y un fenómeno de tolerancia, es decir, la necesidad de aumentar la implicación de la conducta adictiva, que equivale al incremento a la dosis.

Diversos autores e investigadores han encontrado una comorbilidad con otras adicciones, de hasta 45% con abuso de alcohol o sustancias psicoactivas y un más alto índice de tabaquismo de hasta 5 a 1 con relación a no jugadores, a lo que habría que sumar lo que se denomina ``enganchamiento'' de los ludópatas, consistente en que las máquinas tragamonedas se instalan preferentemente en bares y que en los casinos o casas de juego existe amplia disponibilidad para el consumo de alcohol y tabaco, e incluso estos productos se obsequian a los jugadores.

Se comprende además que es una adicción, por la tendencia a la recaída de los ludópatas, al igual que en el resto de las adicciones, lo que representa el más grave problema en la atención de estos pacientes y en el caso de la respuesta farmacológica se ha demostrado que en la ludopatía hay una respuesta favorable a la naltrexona, que es un antagonista opiáceo, utilizado en la adicción a la cocaína.

Por si fuera poco, a todo lo anteriormente señalado, hay que sumar en materia de otras patologías psiquiátricas, que al menos un 72% de los ludópatas han tenido un cuadro de depresión mayor, el 52% de ellos, trastornos afectivos mayores, el 57.1% son polidependientes a dos o más sustancias además de la adicción comportamental, lo que explica su ausentismo laboral, incumplimiento de las obligaciones financieras, problemas familiares, ausentismo escolar y crecientes deudas, conductas antisociales como girar cheques sin fondos, desfalco y robos, o confundir a incautos en juegos de destreza.

Este trastorno es más frecuente en hombres en una proporción de 3 a 1 que en mujeres, y aunque las mujeres por lo regular inician a mayor edad esta enfermedad, ellas son más propensas a la depresión y a buscar en el juego más un escape que una fuente de excitación. Por otro lado, el problema más grave en los hombres es que generalmente empiezan a jugar en la adolescencia, sobre todo en aquellas localidades donde existen casinos, ya que aun cuando se prohíbe la entrada a menores ellos encuentran la forma de jugar, por ejemplo vía Internet

Otros datos que nos deben preocupar, son que el índice de suicidios entre ludópatas que es al menos del doble que entre no jugadores, quizá debido a la morbilidad que presenta junto a depresión, asimismo los jugadores patológicos tienen al menos en un 91% el denominado ``craving'' o ansía por jugar, el cual se acompaña de insomnio, dolor de cabeza, trastornos digestivos, temblor, sudoración y otros síntomas de abstinencia.

Un problema como el juego patológico y las adicciones comportamentales, donde además la incidencia de adolescentes es muy relevante y creciente a nivel mundial, nos hace comprender la importancia de las medidas dirigidas a objetivos de prevención, teniendo como centro de atención el hogar y la escuela, así como crear un proceso de evaluación que permita conocer la evolución de este fenómeno a nivel mundial.

Compañeras y compañeros, no podemos negar las evidencias científicas sobre este creciente problema de salud pública y salud mental, constituido por las adicciones comportamentales, mucho menos, por supuesto, podemos obviar nuestro compromiso para combatir las amenazas de las mafias internacionales en contra de la sociedad y salvaguardar los valores éticos sociales. En el caso de las adicciones, nuestro deber es dar a los derechos a la salud, vigencia absoluta y velar solícitamente y ante todo la salud de los ciudadanos, actuar para proteger los intereses de la sociedad, siempre en beneficio del que potencialmente es no un delincuente sino paciente, respetando la dignidad y los derechos de cada persona.

Por todo lo expuesto con anterioridad y con fundamento en las disposiciones señaladas al inicio de este documento, me permito someter ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa de ley, con proyecto de decreto, por la cual se adiciona al título Undécimo de la Ley General de Salud, un capítulo Quinto denominado Programa contra las Adicciones Comportamentales y los artículos 193 bis 1 al 193 bis 3, para quedar como sigue:

Título Quinto Programa contra las Adicciones Comportamentales

Artículo 193 Bis 1.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra las adicciones comportamentales, que comprenderá entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención, el tratamiento y la rehabilitación de problemas originados por las adicciones comportamentales.

II. La educación sobre los efectos nocivos de las adicciones comportamentales en la salud y en las relaciones sociales y familiares, dirigida especialmente a la familia y a los adolescentes, a través de medios de comunicación.

III. La educación a la familia y a la sociedad sobre las diversas modalidades de las adicciones comportamentales

Artículo 193 Bis 2.- La Secretaría de Salud elaborará un programa de investigación neurológico, psicológico y fisiológico sobre las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con los Institutos Nacionales de Psiquiatría Ramón de la Fuente y de Neurología y de Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el cual incluirá:

I. Las causas de las adiciones comportamentales y las acciones para combatirlas.

II. Los efectos de la publicidad en la incidencia de las adicciones comportamentales.

III. Efectos nocivos y repercusiones de las adiciones comportamentales sobre los ámbitos familiar, social y laboral.

IV. Comorbilidad entre las adiciones comportamentales y las adicciones a sustancias.

Artículo 193 Bis 3.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra las adiciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con las autoridades estatales.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Ciudad de México, Distrito Federal a los 23 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Isidro Camarillo Zavala (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se ordena insertar el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates; y se turna a la Comisión de Salud.

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ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: en nombre de diversos integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el inciso n) de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de 1857 había contemplado en la fracción X del artículo 73 que el Congreso tenía facultad para establecer las bases generales de la legislación mercantil, de las que no eran una facultad expresa y clara para legislar en dicha materia, motivo por el cual no se pudo expedir el respectivo Código de Comercio. Para 1883 se reformó el ordenamiento legal en el sentido de expedir los códigos en materia de minería y comercio, que comprendía las instituciones bancarias. Con base en lo anterior, se expidió el Código de Comercio el 20 de abril de 1884. Este código dedicó el Título Segundo, Libro Segundo, a las compañías o sociedades de comercio, pero no incluyó las sociedades cooperativas. Hasta el 15 de septiembre de 1889 no se promulgó el actual Código de Comercio, que considera las sociedades mercantiles, en las cuales se encuentran las cooperativas.

Ahora bien, ha sido necesario fundar la legislación cooperativa en la siguiente facultad del Congreso, contenida en el artículo 73, fracción X, en materia de comercio. Sin embargo, se concluye que nuestra Carta Magna no otorgó facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar íntegramente en materia de cooperativismo, contrario al artículo 25 de la Constitución, que establece que es parte integral del sector social.

Por otra parte, el Pacto Federal permite sustentar la afirmación de que a falta de facultades expresas del Congreso de la Unión sobre una materia determinada, queda esta facultad reservada a los Congresos de los estados, siendo el caso de Yucatán, cuyo Congreso expidió la Ley de Sociedades Cooperativas Civiles para dicha entidad federativa, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de octubre de 1932. Más recientemente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2005, aprobó por consenso la denominada ``Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal''. Como se observa, la legislación cooperativa es dispersa según el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se establece que las cooperativas se reconocen como sociedades mercantiles y el Código Civil Federal las reconoce como personas morales distintas de las mercantiles. En efecto, el artículo 76 del código en cuestión dispone lo siguiente: ``No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio''. Es decir, estos mismos actos realizados por las cooperativas no son actos de comercio.

En atención a lo expuesto, se concluye que las cooperativas, aunque se organizan y operan en forma de empresa para actuar con eficiencia en el mundo de los negocios, no son de naturaleza mercantil, sino que tienen su propia naturaleza social, autónoma y doctrinaria, que amerita ser reconocida jurídicamente. En defensa de la naturaleza social de las cooperativas, hay que tomar en consideración la doctrina establecida por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, organismo de integración mundial del cooperativismo, que agrupa a más de 800 millones de cooperativistas de los cinco continentes, entre los que se incluyen los integrantes del movimiento cooperativo mexicano. Existen también la recomendación 127 sobre las cooperativas, emitida en 1966, y la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas de 2002, por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, suscrita por gran cantidad de gobiernos de diversos países, incluido el nuestro.

Por lo anterior, los efectos de esta última recomendación, al hacer referencia a la aplicación de políticas públicas de promoción de cooperativas, señalan de manera tácita que los Estados miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas inspiradas en los valores y principios cooperativos y revisar esta legislación y la reglamentación cuando proceda. En tal virtud, el diseño de un marco jurídico adecuado para las cooperativas debe tener en cuenta que el cooperativismo es un sistema doctrinario propio para obrar activa y conjuntamente de acuerdo con la Declaración de Identidad, Principios y Valores Éticos Aprobados por la ACI.

Por su parte, el movimiento cooperativo es el sector en acción para convertir en realidad la doctrina del cooperativismo en beneficio de sus miembros y al servicio de la comunidad. Consecuentemente, lo que se quiere es que el ordenamiento que se estudia se funde en una facultad constitucional expresa para poder ser de carácter general; es decir, para determinar la autonomía del derecho cooperativo. La teoría general del derecho señala tres elementos para determinar la autonomía: que sea científica, didáctica y jurídica. En el caso que se analiza, la ciencia del derecho cooperativo es el conjunto sistematizado de principios, reglas y métodos relacionados con esta materia.

El aspecto didáctico está constituido por los textos sobre educación cooperativa, instituciones y organismos de asistencia técnica que señala la ley. Y con relación a la autonomía jurídica, esta iniciativa promueve la adición de una nueva fracción del artículo 73 constitucional, con objeto de otorgar facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en materia de cooperativas. Por ``actos cooperativos'' se reconocen los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por ellas entre sí, en el cumplimiento de su objeto social y en la consecución de sus fines institucionales.

El acto cooperativo constituye la esencia de la autonomía jurídica del derecho cooperativo y debe ser reconocido con toda su originalidad y singularidad, expedir una auténtica Ley General de Sociedades Cooperativas --podemos concluir-- de manera concurrente, coincidente o complementaria; las Legislaturas locales pueden también legislar en esta materia en todo lo que no se oponga a la ley de ámbito federal, como una forma de impulsar el desarrollo social y económico a nivel estatal, apoyándose en la participación organizada de la sociedad civil y valorando las condiciones particulares de sus propias entidades federativas, como acontece en otras materias, como es el caso de asentamientos humanos y protección del ambiente, constituyéndose en una práctica legislativa que, lejos de debilitar, ha venido a reforzar el Pacto Federal en que se sustenta la República Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso n) de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73, fracción XXIX, inciso n). Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de cooperativas, reservando para el Congreso de la Unión todo lo relativo a la regulación en general del sector cooperativo y otorgando a los Congresos locales la facultad de legislar en materia de fomento de la actividad cooperativa, siempre que no se oponga a la legislación federal.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Los suscritos diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que componen la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de reforma para adicionar la fracción XXIX---L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer la facultad expresa del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en materia de cooperativas, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política dada en el salón de sesiones del Congreso de la Unión el 5 de febrero de 1857, incluyó el siguiente ``Artículo 73.--- El Congreso tiene facultad: ... X. Para establecer las bases generales de la legislación mercantil''.

La expresión ``bases generales'' no fue una facultad expresa y clara para legislar en materia mercantil. Por lo mismo, no se pudo expedir el respectivo Código de Comercio.

Por consiguiente, fue necesario esperar hasta que con fecha 14 de diciembre de 1883, se reformara la mencionada fracción en los siguientes términos: ``Artículo 72... Fracción X. Para expedir CODIGOS obligatorios en toda la República, de minería y COMERCIO, comprendiendo en este último las instituciones bancarias''.

Con fundamento en estas facultades expresas se pudo expedir el Código de Comercio del 20 de abril de 1884. Este Código dedicó el Título Segundo, Libro Segundo, a las compañías o sociedades de comercio, pero no incluyó a las sociedades cooperativas.

El 15 de septiembre de 1889 se expidió un nuevo Código de Comercio que a la letra dispone expresamente: ``ARTÍCULO 4º TRANSITORIO. Quedan derogados dicho Código de Comercio del 20 de abril de 1884 y las leyes mercantiles preexistentes, y relativas a las materias que en este Código se tratan''. El referido Código de Comercio de 1889, actualmente en vigor, destina el Libro Segundo, Título Segundo, a las sociedades de comercio, entre ellas, el capítulo VII estuvo dedicado a las sociedades cooperativas.

Por último, la Constitución Política del 5 de febrero de 1917, en el Título Tercero, Capítulo II, Sección III, DISPONE: ``De las Facultades del Congreso''; pero entre ellas no incluye expresamente la facultad del Congreso para legislar en materia de Cooperativas o Cooperativismo.

Ante esta OMISIÓN, ha sido necesario fundar la legislación cooperativa en la siguiente facultad del Congreso contenida en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política vigente: ``Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, COMERCIO, juegos con apuesta y sorteos...''

Así, con fundamento en el texto constitucional de 1917, se expidió la Ley General de Sociedades Mercantiles publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. El Artículo 4º Transitorio de esta Ley derogó el Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio de 1889, quedando las sociedades cooperativas comprendidas en las siguientes disposiciones: ``Artículo 1º.--- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: ... VI. Sociedad Cooperativa'';

``Artículo 212. Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial''.

De lo anterior se concluye que nuestra Carta Magna no otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar íntegramente en materia de Cooperativismo. El artículo 25 nada más menciona el nombre de ``cooperativas'' como parte integral del sector social. El artículo 28 solamente expresa que no constituyen monopolios algunos tipos de cooperativas de productores que venden en los mercados extranjeros algunos de sus productos. El artículo 123, en su fracción XXX, únicamente considera a las cooperativas de construcción de casas baratas para los trabajadores.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 constitucional, las facultades que no están expresamente conferidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. Desde luego, los funcionarios federales no son simples particulares, sino que actúan en ejercicio de las facultades que deben estar expresamente otorgadas al Poder de la Unión que representan. Son conceptos inseparables.

Procede igualmente agregar que en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917, al discutirse este artículo, se asentó el criterio del diputado Zeferino Fajardo consistente en que nuestra Constitución, como Constitución escrita, es una Constitución de poderes expresos. En apoyo de esa tesis, el diputado Paulino Machorro Narváez manifestó que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal no podrán hacer sino aquello a que están autorizados por los artículos respectivos de la Constitución. Ambos criterios son fuente de interpretación con respecto al artículo que se comenta.

En buena lógica jurídica, los conceptos expuestos corresponden a la forma de gobierno establecida por los artículos 40 y 41 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República Federal, que ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes, en los términos respectivos establecidos por el pacto federal. Este sistema constitucional permite sustentar la afirmación de que a falta de facultades expresas al Congreso de la Unión sobre una materia determinada, queda esta facultad reservada a los Congresos de los estados.

Tal es el caso de Yucatán. El Congreso local expidió la Ley de Sociedades Cooperativas Civiles para el estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 20 de octubre de 1932, decreto número 533. El motivo es explicable. La Constitución Política del país no otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia civil ni en materia de cooperativas; consecuentemente, los Congresos de los estados de la República pueden expedir leyes de cooperativas civiles, como sucede en Yucatán.

Más recientemente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2005, aprobó por consenso la denominada Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.

Por otra parte, la Constitución Política otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio y, por esta razón, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 1º y 212, incluyó a las cooperativas, aunque aclara que se regirán por su legislación especial.

En tal virtud, conviene reconocer que ha habido una desorientación legislativa. En efecto: las leyes de cooperativas de 1927, 1933, 1938 y 1994, no se fundaron directamente en una facultad del Congreso de la Unión sobre la materia, sino a través de la facultad del mismo órgano legislativo en materia de comercio. Pero tratándose de la segunda ley de cooperativas se puede observar lo siguiente: el Poder Ejecutivo Federal, comprendiendo que el Congreso de la Unión no está autorizado para legislar plenamente en toda clase de cooperativas, solicitó de éste facultades extraordinarias que le fueron otorgadas el 6 de enero de 1933, con objeto de poder expedir la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1933.

Como puede observarse, la legislación cooperativa adolece de la irregularidad consistente en la dispersión. Según el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, a las cooperativas se les reconoce como sociedades mercantiles.

En cambio, para el Código Civil Federal, estas sociedades son cooperativas civiles federales. Así, según el Código Civil del Distrito Federal, estas sociedades son cooperativas civiles del Distrito Federal. Para los Códigos Civiles de los estados, estas sociedades son cooperativas civiles de cada estado. Por otra parte, hay una nueva ley que pretende convertir a las cooperativas de consumo de Ahorro y Préstamo, en sociedades de Ahorro y Crédito Popular que operan en el mercado como intermediarios financieros. En suma, existen diversas interpretaciones que no permiten precisar la naturaleza jurídica y la identidad asociativa de las sociedades cooperativas.

Históricamente, las disposiciones y prácticas que existían en materia comercial se desprendieron del Derecho Civil dando origen al Derecho Mercantil. De igual manera, se desprendieron del Derecho Civil las materias que hoy constituyen el Derecho del Trabajo y el Derecho Agrario. Siguiendo el mismo proceso histórico, mediante esta iniciativa de decreto se acentúa la necesidad de separar del Derecho Mercantil, las disposiciones y prácticas que existen en materia de cooperativas.

A título de ejemplo histórico sobre la validez de este proceso de especialización temática, podemos señalar que a partir de 1915 se inició la regulación de las actividades pesqueras, y con fundamento en el artículo 27 constitucional se expidieron: la Ley de Pesca del 7 de enero de 1925, la Ley de Pesca del 26 de agosto de 1932 y la Ley de Pesca para Aguas del Pacífico y Golfo de California del 26 de diciembre de 1938. Pero todas las disposiciones expedidas con anterioridad quedaron unificadas en la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de enero de 1948, cuyo artículo 4º, estableció de manera inequívoca que: ``La pesca tiene el carácter de nacional cuando se efectúa en aguas jurisdiccionales de México y cuando se efectúa en aguas extraterritoriales por barcos de bandera nacional''. Por esta razón, el citado ordenamiento de 1948, por ser de carácter nacional, se considera la primera Ley de Pesca de nuestro país.

A semejanza del ejemplo invocado, aspiramos a que se adicione la fracción XXIX---N del artículo 73 Constitucional para el efecto de que haya una sola ley que resuma, en el ámbito nacional, todas las disposiciones existentes en materia de cooperativas, preservando el carácter eminentemente social de dicha figura asociativa.

Lo anterior resulta extremadamente importante, toda vez que el artículo 1º del Código de Comercio en vigor previene ``Las disposiciones de este Código son aplicables sólo a los actos comerciales''. A su vez, el artículo 75 del propio Código establece: ``La ley reputa actos de comercio...'' (los que enumera).

Sobre el particular se puede hacer el siguiente análisis.

1. En primer termino, emplea la frase: ``SOLO A LOS ACTOS DE COMERCIO'', para diferenciarlos con respecto a los actos civiles. Como se sabe, originalmente regía el derecho romano (jus civile); pero el aumento de las actividades económicas motivó, en la Edad Media, el surgimiento del derecho mercantil como una rama especial, autónoma, con respecto al derecho civil. La naturaleza propia de esta nueva rama autónoma fue la especulación, ganancia o lucro que distingue a los comerciantes con respecto a los sujetos del derecho civil.

2. A su vez, el primer párrafo del artículo 75 de este Código previene: ``La Ley reputa actos de comercio...''. Conviene aclarar que la palabra REPUTAR significa ESTIMULAR, APRECIAR. Es decir, la definición de los actos de comercio no es de carácter absoluto.

3. Efectivamente, las XXIV fracciones del artículo 75 del Código en cuestión admiten dos divisiones substanciales:

a) La fracción I define como actos de comercio: ``Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de ESPECULACIÓN COMERCIAL, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o laborados''. Dentro de esta misma categoría se encuentra la fracción II con el siguiente texto: ``Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho PROPOSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL''.

LA ESPECULACIÓN COMERCIAL constituye la naturaleza jurídica propia de los actos de comercio. La palabra especular significa ``PROCURAR PROVECHO O GANANCIA POR CUALQUIER MEDIO''. Provecho es UTILIDAD. Ganancia es SINÓNIMO DE LUCRO.

Conviene agregar que PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL, tiene una explicación psicológica, subjetiva. PROPÓSITO ES INTENCIÓN, ÁNIMO, DESEO DELIBERADO de obtener LUCRO, UTILIDADES, GANANCIAS de capital.

Pero en el caso de las cooperativas, éstas NO PERSIGUEN PROPÓSITOS DE ESPECULACIÓN COMERCIAL O DE LUCRO, sino INTENCIÓN, ÁNIMO, PROPÓSITO SUBJETIVO DE PROCEDER CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y VALORES MORALES DE LA DOCTRINA COOPERATIVA: EN LAS VENTAS, EL PRECIO JUSTO; los conceptos que recibe son RENDIMIENTOS; los rendimientos líquidos se distribuyen EN PROPORCIÓN DEL TRABAJO APORTADO, en las cooperativas de producción; o EN PROPORCIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LA SOCIEDAD, en las de consumo.

Por su parte, las cooperativas de ahorro y préstamo establecen INTERESES JUSTOS y programas de SERVICIO a la comunidad.

Por estas razones, la Constitución en vigor considera que las cooperativas son de utilidad social.

a) De manera distinta, las fracciones de la III a la XXIV son meramente objetivas, es decir, no son por naturaleza actos de comercio, sino que la ley así lo establece. Para mayor comprobación de lo expresado basta reproducir el párrafo final de la fracción XXIV que proviene: ``en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial''. Resulta evidente que el mismo legislador no tuvo la seguridad de que estas fracciones de la III a la XXIV, fueran actos de comercio, circunstancias por las cuales no pueden considerarse actos de comercio por su propia naturaleza.

A mayor abundamiento, el artículo 76 del Código en cuestión dispone: ``No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio''. Es decir, estos mismos actos realizados por las cooperativas no son actos de comercio.

En atención a lo expuesto, se concluye que las cooperativas, aunque se organizan y operan en forma de empresa para actuar con eficiencia en el mundo de los negocios, no son de naturaleza mercantil; sino que tienen su propia naturaleza social, autónoma y doctrinaria, que amerita ser reconocida jurídicamente.

En defensa de la naturaleza social de las cooperativas es indispensable tomar en consideración la doctrina establecida por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organismo de integración mundial del cooperativismo que agrupa a más de 800 millones de cooperativistas de los cinco continentes, entre los cuales se incluyen los integrantes del movimiento cooperativo de México. En el Congreso efectuado en septiembre de 1995, en la ciudad de Manchester, Inglaterra, la ACI aprobó los siguientes conceptos que rigen a nivel mundial:

Definición

Una cooperativa es una sociedad autónoma formada por personas unidas voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad compartida gobernada democráticamente.

Valores

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus miembros, emulando la tradición de los fundadores, creen y practican los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás.

Principios

Los principios cooperativos son directrices básicas por cuyo medio las cooperativas ponen en práctica sus valores.

Primer Principio:

Adhesión voluntaria y abierta

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial, o de sexo.

Segundo Principio:

Gobierno democrático de los socios

Las cooperativas son administradas democráticamente por sus socios, quienes participan activamente en la adopción de sus políticas y en la toma de decisiones. Los elegidos como mandatarios, sean hombres o mujeres, son responsables ante los asociados. En las cooperativas primarias, los miembros tienen iguales derechos electorales (un socio, un voto) y en las de otros niveles también se organizan de una manera democrática.

Tercer Principio:

Participación económica de los socios

Los miembros contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo administran en forma democrática. Al menos una parte de dicho capital es propiedad común de la cooperativa. Reciben usualmente una compensación limitada, si la hay, sobre el capital aportado como requisito de la afiliación. Los excedentes, a decisión de los socios, se destinan para cualesquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de su cooperativa, mediante la posible creación de reservas, parte de las cuales, al menos, serán indivisibles; el beneficio para los miembros en proporción a sus transacciones con la cooperativa y el apoyo para otras actividades aprobadas por ellos mismos.

Cuarto Principio:

Autonomía e independencia

Las cooperativas son entidades autónomas de autoayuda gestionadas por sus propios miembros. Si celebran acuerdos con otras organizaciones, incluyendo al gobierno, o reciben capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático de sus socios y manteniendo la autonomía cooperativa.

Quinto Principio:

Educación, capacitación e información

Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios, directivos, gerentes y empleados para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Informan, además, al público en general --particularmente a los jóvenes y a líderes de opinión-- acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación.

Sexto Principio:

Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven a sus asociados con mayor eficacia y fortalecen al movimiento cooperativo cuando trabajan conjuntamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales, e internacionales.

Séptimo Principio:

Compromiso con la comunidad

Las cooperativas trabajan por el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas favorables aprobadas por sus socios.

Además de lo anterior, existen también las Recomendaciones 127, ``Sobre las Cooperativas (países en desa- rrollo)'' emitida en 1966 y 193, ``Sobre la Promoción de las Cooperativas'', recientemente aprobada en junio del año 2002 de la Organización Internacional del Trabajo, suscritas por una gran cantidad de gobiernos de diversos países en el mundo, incluido México.

A los efectos de lo aquí expuesto, esta última recomendación, al hacer referencia a la aplicación de políticas públicas de promoción de las cooperativas señala de manera tácita que los ``estados miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos y revisar esta legislación y reglamentación cuando proceda''.

En tal virtud, el diseño de un marco jurídico adecuado para las cooperativas debe tener en cuenta que el COOPERATIVISMO es un sistema doctrinario propio para obrar, activa y conjuntamente, de acuerdo con la Declaración de Identidad, Principios y Valores Éticos aprobada por la Alianza Cooperativa Internacional. Por su parte, el Movimiento Cooperativo es el sector en acción para convertir en realidad la doctrina del Cooperativismo en beneficio de sus miembros y de servicio a la comunidad. Dentro de estos conceptos actúa y se desarrolla el sistema doctrinario integrado por Cooperativas de las diversas ramas de la economía nacional: producción, consumo y servicios, organizadas en confederaciones, federaciones y uniones que funcionan en toda la República, cuya acción social, de carácter sui generis, requiere ser regulada eficientemente por una rama autónoma del derecho social: el llamado derecho cooperativo.

Bajo este orden de ideas, es imperativo reconocer que en un régimen de derecho, la Constitución Política es la fuente suprema de la vida institucional.

Por lo mismo, para fincar la autonomía del derecho cooperativo, se requiere que derive, en forma directa, de una facultad expresamente contenida en nuestra Carta Magna.

En relación con este aspecto se formulan los siguientes comentarios:

1. La ley que deriva directamente de una facultad constitucional, es, técnicamente, una ley general; en cambio, el ordenamiento que se funda en una ley general, es una ley especial. En el caso, la Ley de Cooperativas en vigor no deriva directamente de una facultad constitucional; en efecto, como se ha dicho, se funda en el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que a la letra dispone: ``LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS SE REGIRÁN POR SU LEGISLACIÓN ESPECIAL''; es decir, la Ley vigente NO ES UNA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, sino una LEY ESPECIAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. A mayor abundamiento, tanto el Código Civil Federal como el Código Civil del Distrito Federal, en sus respectivos artículos marcados con la misma cifra, disponen: ``Artículo 2701. NO QUEDAN COMPRENDIDAS EN ESTE TÍTULO LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, NI LAS MUTUALISTAS, QUE SE REGIRÁN POR LAS RESPECTIVAS LEYES ESPECIALES''.

Consecuentemente, lo que se requiere es que el ordenamiento que se estudia, se funde en una facultad constitucional expresa para poder ser de carácter general; es decir, para determinar la autonomía del Derecho Cooperativo.

2. La palabra ``AUTONOMÍA'' deriva del latín: AUTONOMÍA, y éste del griego AUTÓS, uno mismo, y NÓMOS, ley. Se define como la libertad de gobernarse por uno mismo; la potestad particular que poseen algunas entidades dentro del Estado.

3. La teoría general del derecho señala tres elementos para determinar la autonomía: científica, didáctica y jurídica. En el caso que se analiza, la ciencia del derecho cooperativo es el conjunto sistematizado de principios, reglas y métodos relacionados con esta materia. El aspecto didáctico está constituido por los textos sobre educación cooperativa, las instituciones y organismos de asistencia técnica que señala la ley de la materia. Y en relación a la autonomía jurídica, esta iniciativa promueve la adición de una nueva fracción al artículo 73 constitucional con el objeto de otorgar facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en materia de cooperativas.

Aunado a lo anterior, es menester considerar que la Constitución Política concede las facultades legislativas por materia; cada materia se caracteriza por la naturaleza jurídica del acto que la diferencia.

Al respecto, se puede observar: en materia civil, los actos los configuran la familia, la propiedad, los contratos, la sucesión, etcétera: (Derecho Civil); en materia mercantil, el acto de naturaleza esencialmente comercial es el que se realiza con propósito de especulación comercial o lucro, independientemente de aquellos que son mercantiles por disposición de la ley que los regula (Derecho Mercantil); el acto de naturaleza laboral lo constituye la relación entre trabajadores y patrones (Derecho del Trabajo), etcétera.

En cambio, el acto esencialmente cooperativo difiere de los anteriormente señalados: no es civil, ni comercial, ni laboral, etcétera; por lo contrario, tiene una naturaleza propia de carácter asociativa sustentada en la doctrina cooperativa de donde emanan sus fines humanísticos, distributivos y solidarios que se traducen en bienestar para sus miembros y compromiso y servicio a la comunidad.

Por actos cooperativos se reconocen los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por ellas entre sí en el cumplimiento de su objeto social y en la consecución de sus fines institucionales; también lo son, con respecto a las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas, así como los efectuados por sus organismos de integración de segundo o tercer nivel: uniones, federaciones o confederaciones.

Mediante sus actos, las cooperativas y sus socios, no buscan un bien necesariamente valorizable en dinero, pero sí identificable materialmente a favor de los socios y de la cooperativa. En consecuencia, el acto cooperativo tiene como característica fundamental su sentido interesado, más no lucrativo, caracterizándose por ser: 1) Voluntario, por cuanto la cooperación sólo se reconoce como tal cuando el individuo actúa impulsado por su propia convicción y no por la fuerza coercitiva de un poder ajeno al del cooperativista; 2) Igualitario, pues al implicar el acto cooperativo la acción común de dos o más personas, exige que ellas actúen bajo el principio de la igualdad de derechos y obligaciones de los cooperativistas; 3) No lucrativo y solidario, en el sentido de que el acto cooperativo está destinado a la eliminación del lucro, entendido como ganancia proveniente de la especulación mercantil o la explotación del trabajo, dando origen a la existencia del beneficio que implica la búsqueda de productos o servicios de menor precio o la apropiación colectiva del excedente generado por el propio trabajador que lo produjo; 4) Interesado, en el entendido de que siendo no lucrativo, el acto cooperativo pretende obtener un beneficio directo a favor de cada cooperativista como resultado de la acción conjunta y organizada del propio trabajo de los cooperativistas.

En síntesis, el acto cooperativo constituye la esencia de la autonomía jurídica del Derecho Cooperativo y debe ser reconocido con toda su originalidad y singularidad.

Atentos a la singularidad del acto cooperativo y a la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en materia de cooperativas, pudiendo en tal virtud expedir una auténtica Ley General de Sociedades Cooperativas, podemos concluir, que de manera concurrente, coincidente o complementaria, las legislaturas locales pueden también legislar en esta misma materia en todo aquello que no se oponga a la Ley de ámbito federal, como una forma de impulsar el desarrollo social y económico a nivel estatal, apoyándose en la participación organizada de la sociedad civil y valorando las condiciones particulares de sus propias entidades federativas, tal como acontece en otras materias como asentamientos humanos y protección al ambiente (fracciones XXIX---C y XXIX---G del artículo 73 constitucional, respectivamente), constituyéndose en una práctica legislativa que lejos de debilitar, ha venido a reforzar el pacto federal en que se sustenta la República Mexicana.

Compañeras y compañeros diputados, antes de concluir la presente exposición de motivos es importante reparar en el hecho de que al aprobar la presente iniciativa de reforma constitucional estaríamos poniendo a tono a nuestro país respecto a los avances legislativos que sobre esta materia han experimentado diversos países de la región latinoamericana en los últimos años. A título de ejemplo, baste señalar aquí que la Constitución Política de Venezuela, en su artículo 184, señala que ``la Ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.''

En sentido análogo, la Constitución Política de Honduras, en su artículo 338, postula que ``la Ley regulará y fomentará la organización de cooperativas de cualquier clase, sin que se alteren o eludan los principios económicos y sociales fundamentales de esta Constitución''.

En consecuencia, por las razones y fundamentos legales expuestos los que suscriben presentan el siguiente proyecto de decreto:

Único: Se adiciona la fracción XXIX---N al artículo 73 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 73.---

...

XXIX---N. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de cooperativas, reservando para el Congreso de la Unión todo lo relativo a la regulación en lo general del sector cooperativo y otorgando a los Congresos locales la facultad de legislar en materia de fomento de la actividad cooperativa, siempre que no se oponga a la legislación federal. Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Francisco Saucedo Pérez, Israel Tentory García, Belizario Herrera Solís, José Alfonso Muñoz Muñoz, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene a palabra el diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: el principio fundamental de la responsabilidad en el cuidado, conservación, defensa de los ecosistemas y de los habitantes del país recae en el Estado, sus instituciones, sus autoridades y sus representantes. En este sentido, el artículo 27 constitucional indica que a la nación corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales del suelo y subsuelo y la señala como la responsable directa de resguardar y reestablecer el equilibrio ecológico por serle otorgado por ley el monopolio de la explotación de los recursos naturales.

Sin duda, la industria petrolera en el país es hoy una de las actividades y una de las fuentes estratégicas de ingresos más importantes para el país. Más de 30 por ciento de los recursos del Gobierno Federal --es decir, uno de cada tres pesos que gasta el Estado-- provienen de Petróleos Mexicanos y de sus organismos desconcentrados subsidiarios.

De los 54 mil kilómetros de ductos instalados en la tierra para la actividad petrolera, encontramos que cerca de 36 mil representan ya un alto riesgo ambiental que pone en peligro a miles de seres humanos, los ecosistemas, recursos ganaderos, recursos agrícolas y toda la infraestructura municipal y toda la actividad económica que se desarrolle en las localidades por donde atraviesan dichas tuberías y donde se encuentran los pozos petroleros, refinerías y demás complejos que completan la cadena industrial en la empresa nacional.

Un estudio elaborado en 2004 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente resume la magnitud de los daños que, solamente en cinco años, se registraron a nivel nacional, dando como resultado 341 muertos, mil 133 lesionados, 2 mil 626 intoxicados y 87 mil 728 evacuados, generando así un total de 91 mil 828 afectados. En ese sentido, es muy importante resaltar y delimitar las responsabilidades que competen a las autoridades en materia de protección, restauración ambiental y reparación de los daños ocasionados por todas las contingencias, pues los mecanismos compensatorios que existen actualmente son inciertos, discrecionales y muy poco oportunos para solventar los daños presentados.

Solamente de 1997 a 2001 hubo 2 mil 592 emergencias ambientales en todo el país; 57 por ciento de éstas ocurrió en instalaciones operadas por Pemex y, a su vez, 89 por ciento de este total en tan sólo tres estados: Veracruz, Tabasco y Campeche. De esa forma, encontramos que en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción y en las de Pemex Refinación ocurren más de 90 por ciento de los accidentes de la empresa.

En el caso de la primera, la mayor parte de los incidentes sucede en los ductos, pozos petroleros, baterías de separación y estaciones de compresión. En cuanto a Pemex Refinación, ocurrieron en ductos, refinerías, terminales de almacenamiento, distribución y marítimas. Como mencioné, en fechas recientes la paraestatal informó que cerca de 36 mil kilómetros de ductos tienen alto riesgo ambiental y que su presupuesto ya es insuficiente para darles mantenimiento, por lo que el peligro de algún accidente es cada vez más probable.

Debido a eso, el enorme riesgo que implica su deteriorada infraestructura hace inminente la propagación de desastres que podrían afectar a la población que reside en los municipios denominados como ``petroleros''. Preocupados por esta situación, con la presente iniciativa se busca diseñar un fondo de contingencias para desastres petroleros, que sea sectorizado en la Secretaría de Gobernación, por ser ella la encargada de garantizar la protección civil de la población ante desastres de cualquier índole.

Ese fondo dará solución a las eventualidades que se presenten por derrames, explosiones o incendios provocados por la industria petrolera nacional, donde los municipios afectados puedan de manera inmediata y directa hacer uso del mismo para solventar el costo de los daños humanos y materiales que puedan originarse por ese motivo. Es de resaltar que en el marco jurídico actual de la paraestatal sólo se favorece la entrega de los recursos de compensación a las autoridades de los gobiernos estatales, sin tomar en cuenta el centro, que son los gobiernos municipales, que son en la mayoría de los casos los principales afectados por los incidentes de ese tipo.

Ello origina que las externalidades negativas no estén siendo compensadas mediante criterios de racionalidad y eficiencia económica, sino a través de mecanismos discrecionales o pactos ineficientes y que sólo van en detrimento de la población afectada y de la capacidad propia que tiene el municipio de hacer el orden de gobierno más cercado.

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan el artículo 3o., fracciones XIII, XVII, XVIII y XIX; el artículo 4o., fracciones II y IV; el artículo 12, fracciones XI, XIII y XV; el artículo 29, párrafos primero y segundo; el artículo 30, fracción III; el artículo 31, párrafo primero; el artículo 32, párrafos segundo, tercero, noveno y décimo, inciso b); y el artículo 35, fracción I, de la Ley General de Protección Civil, para establecer la compensación a los municipios por las explosiones, incendios, fugas tóxicas o derrames petroleros que sean producto de la empresa Petróleos Mexicanos.

En virtud de que la presente iniciativa ha sido publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia que se inserte este texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del PRI

Federico Madrazo Rojas, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicito se turne a las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo; de Gobernación; de Presupuesto y Cuenta Pública; con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El principio fundamental de la responsabilidad en el cuidado, conservación y defensa de los ecosistemas y de los habitantes del país, recae en el Estado, sus Instituciones, sus autoridades y sus representantes. En este sentido, el artículo 27 constitucional se erige como el marco jurídico que protege al ambiente cuando señala que la Nación, al corresponderle el dominio directo de todos los recursos naturales del suelo y subsuelo como el gas y el petróleo, es la responsable directa de resguardar y restablecer el equilibrio ecológico, al serle otorgado por ley el monopolio de la explotación de los recursos naturales.

No obstante a esto, como Poder Legislativo, también nosotros debemos responder a la sociedad a través de compromisos irrenunciables y acciones concretas que hagan frente a los daños que pudieran generarle a la población los accidentes de carácter petrolero, contribuyendo a su cuidado a través de la expedición de leyes que establezcan la competencia de los tres niveles de gobierno en rubros como la protección civil; la preservación y la restauración del equilibrio ecológico; el fomento de la cooperación nacional e internacional para dar solución a los posibles problemas, y la seguridad social de los ciudadanos afectados.

Una de las actividades que representan para la nación una fuente estratégica de ingresos, es la vinculada a la industria petrolera. Más del 30% de los recursos del Gobierno Federal, es decir uno de cada tres pesos que gasta el Estado, proviene de la empresa paraestatal más importante del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos descentralizados subsidiarios.

Actualmente, de los 54 mil kilómetros de ductos instalados en tierra para la actividad petrolera, 36 mil kilómetros (o sea el 66% del total) representan un alto riesgo ambiental que pone en peligro la vida de miles de seres humanos; los ecosistemas; los recursos ganaderos; agrícolas, y de toda la actividad económica que se desarrolla en los municipios por donde atraviesan dichas tuberías, y en donde se encuentran los pozos petroleros, refinerías y demás complejos que completan la cadena industrial de esta empresa nacional.

En este contexto, los daños provocados por las explosiones, incendios, fugas y derrames petroleros, entre otros, implican severas pérdidas tanto para la población como para la infraestructura municipal y el medio ambiente.

Un estudio elaborado en el año 2004 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, resume la magnitud de los daños que solamente en el último lustro se registraron a nivel nacional, dando como resultado las siguientes cifras: 341 muertos; mil 133 lesionados; dos mil 626 intoxicados y 87 mil 728 evacuados, generándose un total de 91 mil 828 afectados.

Por ejemplo, en el caso de Tabasco simplemente, se estima que existe una red de diez mil kilómetros de ductos y líneas de descarga que atraviesa el subsuelo y que tiene entre 20 y 25 años de antigüedad; siendo 11 los municipios donde en cualquier momento se pudiera suscitar una desgracia debido a la concentración de la actividad que Petróleos Mexicanos realiza en subsuelo tabasqueño, por lo que debería ser el Estado, a través de la paraestatal, el responsable del pago de las externalidades que pudieran ser ocasionadas por ésta.

Es importante resaltar y delimitar las responsabilidades que competen a las autoridades en materia de protección, restauración ambiental y reparación de los posibles daños ocasionados por ésta situación.

Los mecanismos compensatorios que existen actualmente son inciertos, discrecionales y muy poco oportunos para solventar las contingencias presentadas. Esta falta de eficiencia en la entrega de recursos frescos, acentúa el daño económico, ecológico, y agrava la salud de la población afectada por los accidentes de esta índole.

Solamente de 1997 al año 2001, se presentaron 2 mil 592 emergencias ambientales en todo el país. De este número, el 57% ocurrieron en instalaciones operadas por Petróleos Mexicanos; pero más alarmante aún es el hecho de que en tan sólo tres estados donde Pemex tiene instalaciones (Veracruz, Campeche y Tabasco) ocurre el 88.7% de todos los eventos catastróficos de la Paraestatal.

En las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, y en las de Pemex Refinación, ocurren más del 90% de los accidentes de ésta empresa. En el caso de la primera, la mayor parte de sus eventos suceden en, por orden de importancia: ductos, pozos petroleros, baterías de separación y estaciones de compresión.

Para el caso de Pemex Refinación, la mayor parte de los sucesos ocurren, en el mismo orden, en: ductos, refinerías, terminales de almacenamiento y distribución, y en terminales marítimas.

Los derrames en ductos de Pemex Refinación se deben, primordialmente, a tomas clandestinas, daños o averías provocadas por terceros, corrosión y fallas del material. Los ocurridos en ductos de Pemex Exploración y Producción, se deben fundamentalmente a problemas de corrosión.

Asimismo, es importante mencionar que en todos los eventos y accidentes de Petróleos Mexicanos existe afectación al suelo, al agua y al aire, sin considerar aquellos que perjudican a los tres recursos de manera simultánea. En promedio, en el 40% de los percances de la paraestatal la causa que los provoca son fallas de material, seguidos por tomas clandestinas, fallas de equipo y fallas humanas. En el 11% de los casos la causa es desconocida.

Como anteriormente se mencionó, en fechas recientes Pemex informó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (Semarnat), que 36 mil kilómetros de ductos (de una red de 54 mil instalados en tierra para la actividad petrolera), tienen alto riesgo ambiental, y que su presupuesto no le alcanza para darles mantenimiento, por lo que el peligro de alguna contingencia o accidente se hace cada vez más latente.

Debido a lo anterior, el alto riesgo que implica su deteriorada infraestructura, hace inminente la propagación de desastres que afectarán a la población residente de los municipios denominados como petroleros, y que en su gran mayoría pertenecen a entidades federativas avecindadas en el sureste mexicano.

En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa con proyecto de decreto es el de diseñar un Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros (denominado Focodepe), sectorizado a la Secretaría de Gobernación por ser ella la encargada de garantizar la protección civil de la población ante desastres de cualquier índole, que dé solución a las eventualidades que se presenten por derrames, explosiones y/o incendios provocados por la infraestructura operativa de la industria petrolera nacional, en el que los municipios afectados por dichos eventos puedan, de manera inmediata y directa, hacer uso del mismo para solventar el costo de los daños humanos y materiales que pudieran originarse por este motivo, ya que en el marco jurídico actual de la paraestatal sólo se favorece la entrega de los recursos de compensación a las autoridades de los gobiernos estatales, sin tomar en cuenta a los gobiernos municipales que son, en la mayoría de los casos, los principales afectados por los incidentes de este tipo.

De esta manera, nos enfrentamos a una realidad injusta, en donde las externalidades negativas se ven compensadas sin atender a criterios mínimos de racionalidad y eficiencia económica; sino mediante mecanismos discrecionales, opacos e ineficientes, que sólo van en detrimento de la población afectada y de la capacidad de respuesta del orden gubernamental más cercano al ciudadano: el municipio.

En suma, por lo anteriormente fundado y motivado, se somete ante el Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3, fracciones XIII, XVII, XVIII y XIX; el artículo 4, fracciones II y IV; el artículo 12, fracciones XI, XIII y XV; el artículo 29, párrafos primero y segundo; el artículo 30, fracción III; el artículo 31, párrafo primero; el artículo 32, párrafos segundo, tercero, noveno y décimo, inciso b); y el artículo 35, fracción I, de la Ley General de Protección Civil, para establecer la compensación a los municipios por las explosiones, incendios, fugas tóxicas y/o derrames de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos descentralizados.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 3º, fracciones XIII, XVII, XVIII y XIX; el artículo 4, fracciones II y IV; el artículo 12, fracciones XI, XIII y XV; el artículo 29, párrafos primero y segundo; el artículo 30, fracción III; el artículo 31, párrafo primero; el artículo 32, párrafos segundo, tercero, noveno y décimo inciso b); y el artículo 35, fracción I, de la Ley General de Protección Civil, para quedar como siguen:

Artículo 3.-

I. a XII. ...

XIII. Fenómeno químico-tecnológico: Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear, incluyendo los hidrocarburos y sus derivados. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, derrames petroleros y radiaciones.

XIV. a XVI. ...

XVII. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general; se declara por el Ejecutivo federal cuando se afecta una entidad federativa, uno o más municipios y/o se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo federal.

XVIII. Desastre: Se define como el estado en que la población de uno o varios municipios de diferente o igual entidad federativa, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural, antropogénico, o por un fenómeno químico-tecnológico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.

XIX. Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres y/o del Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros.

Artículo 4.-

Corresponde al Poder Ejecutivo federal:

(...)

II. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Desastres, el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros, estableciendo los montos para la operación de cada uno de ellos, conforme a las disposiciones aplicables, cuya coordinación será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación;

(...)

IV. Disponer la utilización y destino de los recursos del Fondo de Desastres y/o del Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros, con arreglo a la regulación que al respecto se emita.

Artículo 12.-

I. a X. ...

XI. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas y con los gobiernos municipales, en materia de prevención y atención de desastres;

(...)

XIII. Solicitar recursos del Fondo de Desastres y/o, en su caso, del Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros para la prevención y atención de desastres;

(...)

XV. Proponer la adquisición de equipo especializado de transporte, de comunicación, alertamiento y atención de desastres con cargo al Fondo de Desastres y/o, en su caso, del Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros;

Artículo 29.-

Cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas y los municipios para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del Gobierno Federal para tales efectos.

Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la Federación, y en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Artículo 30.-

(...)

III. Destinar recursos del Fondo de Desastres y/o, en su caso, del Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros autorizado para la atención de emergencias y desastres, en la realización de acciones preventivas, ante circunstancias que valorarán los órganos administrativos correspondientes que se deriven de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 de este ordenamiento; y

Artículo 31.-

La coordinación de acciones en materia de atención de desastres se apoyará en los convenios que al efecto celebre la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación con cada una de las entidades federativas y municipios.

Artículo 32.-

(...)

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural o desastre petrolero, la autoridad tendrá un plazo de hasta doce días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El plazo para que gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de las delegaciones políticas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres, será de hasta 30 días naturales, contados a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre.

(...)

Para efectos de la autorización de recursos a entidades federativas y municipios, destinadas a la realización de acciones preventivas, la instancia facultada verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

(...)

b) Que las condiciones que originen la asignación de recursos, no se hayan incorporado a los programas y acciones de prevención, con cargo al presupuesto de las propias entidades federativas y municipios.

Artículo 35.-

Las solicitudes de declaratoria de desastre podrán realizarse a través de:

I.- Los gobiernos de las entidades federativas y municipales cuando la atención de los daños causados por el desastre rebase su capacidad operativa y financiera, y Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, realizará las gestiones conducentes ante las entidades federativas, con el propósito de que se promuevan las adecuaciones correspondientes en los Convenios y demás disposiciones jurídicas locales en la materia, ajustándose en todo momento a los principios y directrices de esta ley.

Artículo Tercero.- En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la aprobación de ésta Iniciativa con Proyecto de decreto, el Consejo Nacional de Protección Civil, el Consejo Técnico de Petróleos Mexicanos, y el Pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, habrán de establecer y calcular la cantidad que, del Presupuesto de Egresos de la Federación, será destinada para la operación del Fondo de Contingencia para Desastres Petroleros.

Artículo Cuarto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la materia del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al vigésimo cuarto día del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Federico Madrazo Rojas (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Se ordena que se inserte la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates; y se turna a la Comisión de Gobernación.

Nos ha solicitado posponer la presentación de su iniciativa el diputado Fernando Álvarez Monje.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género.La diputada Beatriz Mojica Morga: Buenas tardes; con su venia, señor Presidente: iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En México, la igualdad jurídica, como principio rector en nuestro sistema normativo, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema, pero que fundamentalmente han permitido establecer las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica igualdad.

Esto ha sido el interés de muchos años de lucha de las mujeres que, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, hoy no podemos dejar de reconocer el trayecto andado. Un breve recuento histórico nos dice que, en el despuntar del siglo pasado, se van sentando los hitos de la emancipación femenina. Así, en 1917, con la Ley de Relaciones Familiares se logra en nuestro país la igualdad de hombres y de mujeres en el seno del hogar; además, se permitió a la mujer la disolución del vínculo familiar. En 1931, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo se reconoce la capacidad de la mujer casada para celebrar contratos de trabajo sin la autorización de marido.

Posteriormente, una nueva reforma de la mencionada ley en 1970 estableció por primera vez la no discriminación por motivos de sexo, así como las disposiciones tendentes a que las mujeres disfruten de los mismos derechos y obligaciones que los hombres. En 1953, con motivo de la reforma del artículo 34 de nuestra Carta Magna, se concede la calidad de ciudadanas a las mujeres, otorgándose en consecuencia el derecho al voto, y en ese momento comienzan a tener presencia en los cargos de elección popular, pero hasta 1974 no se eleva a rango constitucional la igualdad de hombres y de mujeres. Su inicial incorporación a la vida política se da en 1955, con el arribo a la Cámara de Diputados de las primeras cuatro representantes populares, que constituían en ese momento 2 por ciento de la Legislatura.

Es obvio que, después de cinco décadas, se ha ido incrementando el número de legisladoras. Pero aun con las reformas electorales de 1993 y 1996, sólo se han alcanzado en la LIX Legislatura 120 espacios para mujeres, que representan 22 por ciento. No podemos ignorar los esfuerzos para lograr una cultura de equidad en nuestro país, atenuando las desigualdades entre los mexicanos en una población compuesta por 98 millones de habitantes, de los que 50.5 son mujeres, según el último censo del INEGI. Podríamos seguir exponiendo estadísticas para valorar la presencia numérica de la mujer; invariablemente, llegaremos a la conclusión de que no ha sido suficiente con relación a su aportación a la vida política de nuestro país.

Tenemos que decir que al final del día, en pleno siglo XXI, las mujeres no cuentan con suficientes espacios para la toma de decisiones. Si bien el Estado mexicano reconoció el principio fundamental de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en 1974, mediante la reforma del artículo 4o. constitucional, no fue sino hasta 2002 cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, en el artículo 175, apartado 3, que los partidos políticos nacionales deben reflejar en sus estatutos que las candidaturas propietarias a diputados y senadores no excedan 70 por ciento para un mismo género.

La reforma del Cofipe no hizo sino poner en evidencia el trato discriminatorio que seguía existiendo para la mujer. Por ello, la última reforma, de junio de 2002, dispone que los partidos políticos deben asumir el compromiso de promover la equidad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección popular. Con esa reforma se abrió la posibilidad de que ningún género tuviera una representación mayor de 70 por ciento. Sin embargo, el espíritu de la ley se vio afectado por ciertas prácticas en algunos partidos políticos, observándose en los inicios de la presente Legislatura casos en que sólo los titulares de las listas fueron de género con representación minoritaria, que desafortunadamente somos las mujeres y a los pocos días, misteriosamente, renunciaron a su cargo para dar paso a sus suplentes de género diferente, hombres obviamente, lo cual dio lugar a muchas especulaciones.

No vamos a discutir aquí si fue de manera intencionada o no; lo trascendente es que debemos afinar mecanismos para garantizar una verdadera equidad de género, lo que debe verse reflejado en mayor presencia de las mujeres en el Poder Legislativo. Por lo anterior, es importante que cuando se haga uso de una acción afirmativa dentro de las listas de candidatos y candidatas a diputadas federales y senadores o senadoras, se considere el conjunto de la fórmula; es decir, la titularidad y la suplencia, de tal manera que en ningún momento el género menor representado en el H. Congreso de la Unión se vea aún más disminuido en su representación.

Sabemos que esto no va a aplicar para el próximo año, pero también es un llamado de atención a los partidos políticos, sin que esté especificado en la ley que lo puedan hacer suyo, de tal manera que la titularidad de la fórmula sea del mismo género en el caso del género de menor representación.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 175 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 175 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 175 A. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las solicitudes de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso se incluirán más de 70 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, garantizando que en el resto del porcentaje la fórmula de propietario y suplente sea del mismo género.

Es cuanto, señor Presidente. Quisiera que fuera integrada de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la igualdad jurídica como principio rector de nuestro sistema normativo ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales, que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema, pero que fundamentalmente han permitido establecer las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad.

Esto ha sido el interés de muchos años de lucha de las mujeres, y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, hoy no podemos dejar de reconocer el trayecto andado.

Un breve recuento histórico nos dice que es con el despuntar del siglo pasado cuando se van sentando los hitos de la emancipación femenina. Es así que en 1917, con la Ley de Relaciones Familiares, se logra en nuestro país la igualdad de hombres y mujeres en el seno del hogar y además se permitió a la mujer la disolución del vínculo familiar.

Además, en 1931 con la reforma a Ley Federal del Trabajo se reconoce la capacidad de la mujer casada para celebrar contratos de trabajo sin la autorización del marido; posteriormente, una nueva reforma a la mencionada ley, en 1970, estableció por primera vez la no discriminación por motivo de sexo, así como las disposiciones tendientes a que las mujeres disfruten de los mismos derechos y obligaciones que los hombres.

En 1953, con motivo de la reforma del artículo 34 de nuestra Carta Magna se concede la calidad de ciudadanas a las mujeres, otorgándose en consecuencia el derecho al voto y a partir de ese momento comienzan a tener presencia en los cargos de elección popular, pero no fue sino hasta 1974 cuando se eleva a rango constitucional la igualdad de hombres y mujeres.

Su inicial incorporación a la vida política en 1955 es con el arribo a la Cámara de Diputados de las primeras cuatro representantes populares que constituían en ese momento un 2% de la Legislatura.

Es obvio que después de cinco décadas se ha ido incrementado el número de legisladoras, pero aún con las reformas electorales de 1993 y 1996 sólo se han alcanzado en esta LIX Legislatura 120 espacios para mujeres, que representan un 22%.

No podemos ignorar los esfuerzos para lograr una cultura de equidad en nuestro país, atenuando las desigualdades entre las mexicanas y los mexicanos en una población compuesta por 98 millones de habitantes, de los cuales 50.5% son mujeres y 49.5% son hombres, según el último censo del INEGI.

Podríamos seguir exponiendo estadísticas para valorar la presencia numérica de la mujer y su aportación en la vida política e invariablemente llegaremos a la conclusión que no ha sido suficiente, porque al final de cuentas las mujeres no cuentan con suficientes espacios para la toma de decisiones.

Si bien el Estado Mexicano reconoció el principio fundamental de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en 1974, mediante la reforma al artículo 4o. Constitucional, no fue sino hasta el 2002 cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en el artículo 175, apartado tercero, que los partidos políticos nacionales deben reflejar en sus estatutos que las candidaturas propietarias a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo género.

La reforma al Cofipe no hizo sino poner en evidencia el trato discriminatorio que seguía existiendo para la mujer; por ello la última reforma de junio de 2002 dispone que los partidos políticos deban asumir el compromiso de promover la equidad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección popular.

Por tanto, se abrió en el Cofipe la posibilidad de que ningún género tuviera una representación mayoritaria al 70%; sin embargo, el espíritu de la ley se vio afectado por ciertas prácticas en algunos partidos políticos, observándose en los inicios de la presente Legislatura casos en los que sólo los titulares de las listas fueron del género con representación minoritaria, que desafortunadamente hemos sido las mujeres y a los pocos días, misteriosamente renunciaron a sus cargos para dar paso a sus suplentes de género diferente, lo cual dio lugar a muchas especulaciones.

No vamos a discutir aquí si fue de manera intencionada o no, lo trascendente es que debemos afinar los mecanismos para garantizar una verdadera equidad de género.

Por lo anterior, es importante que cuando se haga uso de una acción afirmativa dentro de las listas de candidatos a diputados federales y senadores se contemple el conjunto de la formula, es decir, la titularidad y la suplencia de tal manera que en ningún momento el género menor representado en el H. Congreso de la Unión se vea aún más disminuido en su representación.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 175-A. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las solicitudes de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso se incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, garantizando que en el resto del porcentaje la fórmula de propietario y suplente sea del mismo género.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los constituyentes permanentes de las entidades federativas harán las reformas a sus respectivas Constituciones a efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

Tercero. Los partidos políticos adecuarán en sus disposiciones internas lo dispuesto en el presente decreto.

Cuarto. Una vez que entre en vigor el presente decreto, los partidos políticos contarán con un plazo de 180 días naturales para hacer las adecuaciones a que se refiere el artículo anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, --- a 24 de noviembre del año dos mil cinco.--- Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género.

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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que deroga al párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que deroga el párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM.

Javier Orozco Gómez, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: ``Se otorga a los supervivientes del H. Congreso Constituyente de 1917 el derecho de ocupar, sin voz ni voto, y cuantas veces lo deseen, sendas curules en los Salones de Sesiones de las Cámaras que forman el Congreso de la Unión, durante sus períodos legislativos.'' Lo anterior sin duda, es un reconocimiento especial que el Congreso de la Unión hace a los Constituyentes de 1917.

La Constitución mexicana resume la voluntad de un pueblo por hacer de la soberanía un derecho inalienable y las aspiraciones de un país por conformarse en una sociedad más equitativa y justa.

Los Constituyentes de 1917 perfilaron la integración de la república democrática, los derechos fundamentales del hombre y las garantías de igualdad. Ratificaron su convicción en las libertades y en el federalismo como forma de organización del Estado que garantiza el orden, la unidad y la libertad.

A nivel mundial, la Constitución mexicana es considerada como una de las constituciones políticas que por su proceso de gestación, el contexto en que se fraguaron y las generaciones de hombres de excepción que las redactaron, tiene un lugar privilegiado en el constitucionalismo comparado.

La Constitución mexicana compuesta por textos fundamentales innovadores que reflejan las inquietudes y las luchas históricas del pueblo, pero sobre todo o en retrospectiva y no obstante el número de enmiendas que alcanzan los cientos, le es aplicable una idea que a últimas fechas se ha extendido entre los constitucionalistas y que tiene plena validez para la carta de 1917, la cual a saber es que se debe considerar que la interpretación y significado de la ley fundamental debe ser la que originalmente le dieron los Constituyentes de 1917, debido a:

a) El contexto general que dio origen a los principios fundamentales contenidos especialmente en los artículos 27, 82 y 130, y que aseguró como pocas veces se ha dado en el mundo, una coherencia y armonía existenciales entre el precepto y la idiosincrasia del pueblo que lo origina;

b) La excepcional combinación generacional de los Constituyentes del 17 que aglutinó a intelectuales, luchadores sociales, hombres del campo, estadistas, y hombres comunes pero sensatos, que lograron reflejar en una estructura fundamental constitucional las aspiraciones, anhelos y posibilidades de todo un pueblo;

c) El conocimiento que del derecho constitucional comparado tenían algunos Constituyentes, lo que les permitió incluso ser atrevidos en su diseño y colocación de ciertos preceptos constitucionales.

Sin lugar a dudas, el texto del artículo 190 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un reconocimiento expreso que el Congreso de la Unión hace a los Constituyentes de 1917, quienes diseñaron el documento fundacional de nuestra nación que recoge los anhelos de libertad y justicia expresados desde la lucha de independencia y que garantiza que el Estado mexicano tutelará los derechos básicos para que las personas, las familias y la sociedad en su conjunto vivan con dignidad.

Sin embargo, hoy en día ningún Constituyente de 1917 continúa con vida, por lo que el este párrafo segundo ha dejado de tener cualquier utilidad práctica, razón por la cual se prepone derogar.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se deroga el párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Se deroga el párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 190. Los diputados y senadores tomarán asiento sin preferencia alguna.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.--- Dip. Javier Orozco Gómez (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Iniciativa que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona con un artículo 15-Bis la Ley General de Educación bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La fecha de nacimiento para hombres y mujeres representa una identidad y es uno de los requisitos principales cuando se realiza algún trámite, como por ejemplo: la credencial de elector, la cartilla del servicio militar, la licencia de conducir, entre otros.

Un caso particular en que la fecha de nacimiento es requisito, es cuando los padres de familia, solicitan la inscripción de sus hijos a la escuela o centro educativo, en los niveles de preescolar y primaria.

En México, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública, es necesario que los infantes que van a cursar la enseñanza preescolar y el primer año de la enseñanza primaria, deben tener cumplidos al 1° de septiembre del año de inicio del ciclo escolar, los años que a continuación se especifican:

Preescolar:

3 años para el primer grado.

4 años para el segundo grado.

5 años para el tercer grado.

Primaria:

6 años para el primer grado.

Es decir, todos los infantes que cumplan años del 2 de septiembre al 31 de diciembre, no pueden ser inscritos al año escolar que les corresponde según su edad. El principal argumento de la autoridad educativa, es que los infantes nacidos después del 1° de septiembre, no tienen la madurez suficiente para cursar el grado educativo correspondiente.

Dicho criterio no es el más adecuado, la madurez de un infante no puede ser juzgada, solamente por una cuestión de fechas de nacimiento. No todos los individuos se desarrollan de la misma forma, ni en los mismos tiempos. En dado caso, ¿Porqué las autoridades educativas no aplican actualmente un examen o evaluación para determinar la madurez de los infantes?

La Secretaría de Educación Pública, ha emitido una serie de Acuerdos, publicados en el Diario Oficial, con los cuales norma las inscripciones a la educación preescolar y la primaria.

Por ejemplo por lo que respecta a la educación primaria, el Acuerdo número 209 que reforma y adiciona el diverso número 181 por el que se establecen el Plan y los Programas de Estudio para la educación Primaria, publicado en el Diario Oficial del miércoles 13 de marzo de 1996, dice a la letra:

``Es requisito de ingreso al primer grado de educación primaria en las escuelas del país haber cumplido seis años de edad al 1° de septiembre del año de inicio del ciclo escolar''.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública, en el Acuerdo número 312 que modifica el diverso 181, publicado el 15 de abril de 2002, adicionando un párrafo y tres incisos, y dice a la letra:

``En forma excepcional, las autoridades educativas locales podrán autorizar el ingreso a planteles oficiales o incorporados, a niñas y niños que se encuentren por cumplir la edad de referencia. Para lo anterior, se tomara en consideración lo siguiente:I. Que medie solicitud por escrito de los padres o tutores.

II. Que se compruebe la madurez suficiente del menor para iniciar su educación, primaria con los antecedentes escolares que acrediten que el menor ha cursado, al menos, el 3er año de educación preescolar en un jardín de niños oficial o incorporado.

III. Que se reúnan las demás condiciones que, de manera general, determine la respectiva autoridad educativa local, con base en su planeación educativa.

Para las escuelas oficiales, la solicitud de inscripción de los niños y niñas menores de seis años, deberá realizarse de conformidad con las fechas que para ese efecto establezca la autoridad educativa local correspondiente.

Los requisitos que determine la autoridad educativa local, deberá hacerlos del conocimiento de la autoridad federal, por conducto del área de registro y certificación''.

Es preciso señalar que esta problemática no solamente se presenta, en la inscripción para el primer grado de primaria. A partir de la obligatoriedad constitucional de cursar los tres años de educación preescolar, la Secretaría de Educación Pública decidió establecer el mismo criterio, para la inscripción de las niñas y niños a la educación preescolar.

Esta situación quedó asentada en el artículo 2 del Acuerdo 348 por el que se determina el Programa de Educación Preescolar, que a la letra dice:

``Artículo 2.- Las Edades de ingreso de las niñas y niños para cada uno de los grados serán: tres años para el primero; cuatro años para el segundo y cinco años para el tercero, cumplidos a 1 de septiembre del año de inicio del ciclo escolar.''

Es preciso señalar que la problemática sobre las inscripciones de los infantes a los niveles de preescolar y primaria, es de preocupación general.

El Congreso local del estado de Jalisco, mediante el acuerdo económico 1134/03 envió una Iniciativa con Proyecto de Decreto, a la Cámara de Diputados, para adicionar la Ley General de Educación, con el propósito de establecer que el año natural de nacimiento fuera el requisito para la inscripción al primer grado de primaria. A esta iniciativa se suscribieron otros Congresos locales como el del estado de Guerrero y Quintana Roo.

Además las Legislaturas locales exigen que el Acuerdo 312, se cumpla y de esta forma los padres de familia hagan valida la posibilidad de inscribir a los infantes que no cumplen la edad estipulada por la Secretaría de Educación Pública.

Una vez señalada la problemática, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene interés en que pueda establecerse una norma general y única, en lo correspondiente a la inscripción de los infantes a la educación preescolar y la primaria en las escuelas públicas o incorporadas. De esta forma no quedará a juicio de la autoridad educativa si se aplica lo dispuesto en los Acuerdos, porque deberá atender lo que marca la ley.

Se propone adicionar un artículo 15-Bis a la Ley General de Educación, donde se disponga que sea tomado como referencia el año natural de nacimiento, del alumno, para que pueda cursar el primer año de la enseñanza preescolar.

Para las inscripciones a los dos años subsecuentes de la enseñanza preescolar y el primer año de la enseñanza primaria, el único requerimiento que solicitará la autoridad educativa y deberán cumplir los padres de familia, será la boleta que conste que el alumno fue promovido al siguiente año.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona con un artículo 15-Bis a la Ley General de Educación:

Artículo Único: se adiciona un artículo 15-Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 15-Bis.- Para ingresar al primer grado de educación preescolar, el aspirante deberá tener cumplidos tres años al término del año natural en el que haya nacido.

Dada la obligatoriedad de la educación preescolar, el requisito para otorgar la inscripción al menor de edad al segundo y tercer grado de preescolar; así como al primer grado de la enseñanza primaria, será la boleta en la que conste que el alumno fue promovido.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Educación Pública adecuará sus Acuerdos, de conformidad a las disposiciones del presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los once días del mes de noviembre del año dos mil cinco.--- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), Pedro Vázquez González, Francisco A. Espinosa Ramos, Óscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Juan A. Guajardo Anzaldúa.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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ARTICULOS 27 Y 28 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo económico de nuestro país exige un sector energético eficiente. Esto es así debido a que la producción autosuficiente y a precios competitivos de fuentes de energía, además de inducir por sí a la inversión productiva creadora de empleos y de capital, aumenta sensiblemente la competitividad de las economías y, consecuentemente, fortalece las capacidades internas de las naciones para afrontar los retos que derivan del mundo globalizado. En ese sentido, para crecer de manera sostenida y competir en condiciones de igualdad con otras naciones, nuestro país debe explotar su probada potencialidad energética; necesita flujos constantes de inversión, pública y privada, para financiar las distintas actividades asociadas al aprovechamiento sustentable de los energéticos. En suma, se requiere reforzar la capacidad productiva, desarrollar infraestructura y tecnología e impulsar las inversiones nacionales en el sector.

Los avances tecnológicos, particularmente los implementados en la generación de energía eléctrica, se han orientado hacia la utilización de fuentes de energía que hagan posible el progreso económico e industrial con el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Esto explica que en los últimos años, el gas natural se ha constituido como la fuente de energía con mayor crecimiento en México y en el mundo. En efecto, al tratarse de un combustible de fácil acceso, limpio, seguro y más económico en relación con los combustibles fósiles, su utilización ha crecido en una proporción mayor que el carbón y el petróleo crudo. En la última década, el consumo de gas natural registró un crecimiento promedio anual de 2.2 por ciento, mientras que el consumo del petróleo creció a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento. De mantenerse esta tendencia, la demanda de gas natural aumentará a un promedio de 1.9 por ciento en los próximos 10 años. Esto significa que para 2015, el consumo de gas natural habrá crecido en una proporción cercana al 30.8 por ciento con respecto al volumen de 2001.

A nivel nacional, la demanda de gas natural se ha incrementado sensiblemente por la reconversión de los equipamientos de combustión vehicular y por su utilización como materia prima en la siderurgia y en la petroquímica. Más allá de estos dos factores, sin duda importantes, la apertura de ciertas actividades a la inversión privada y social ha impulsado fuertemente la demanda nacional. A partir de la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de 1995, se ha posibilitado la participación de actores económicos no estatales en el transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de gas natural. Según datos de la Secretaría de Energía, la inversión privada comprometida en estas actividades ronda en los 5,000 millones de dólares. Sin embargo, y a pesar de que el Estado destina anualmente importantes recursos para la explotación de esta fuente de energía, la producción está todavía lejos de los niveles deseables de eficiencia. Por el contrario, el balance del mercado nacional de este energético se reporta deficitario, toda vez que los aumentos en la demanda no se compensan con aumentos proporcionales en la producción sino con incrementos en las importaciones. Efectivamente, hoy en día, cerca del 17 por ciento de la demanda nacional de gas natural se cubre con importaciones.

Asimismo, el Gobierno Federal ha estimado que para el año 2013, la demanda nacional de gas natural crecerá en un 5.8 por ciento con respecto al volumen de 2003. Para ese año, el consumo de este energético se situará en niveles de 9,303 millones de pies cúbicos por día. Por su parte, en el mejor de los escenarios y asignando todos los recursos requeridos por Pemex para el desarrollo de sus proyectos, se espera que en 2013 la producción nacional alcance los 5,519 millones de pies cúbicos por día. Si confrontamos estas cifras podemos concluir que la demanda nacional será 1.685 veces mayor que la oferta. Lo anterior implica que para ese año, México requerirá importar 3,784 millones de pies cúbicos por día, esto es, el 40.67 por ciento de la demanda nacional tendrá que cubrirse con importaciones. Si se toma en cuenta que el sector eléctrico es el mayor consumidor de gas natural y que la productividad de la industria mexicana depende del precio de los energéticos, es previsible que la falta de disponibilidad de gas natural a bajo costo traiga consigo un impacto negativo en la economía nacional y, consecuentemente, desacelere notablemente su crecimiento.

Dado que el potencial de reservas del país se mantiene constante, la brecha existente entre la oferta y la demanda nacionales sólo puede atribuirse a la subutilización, por definición ineficiente, de este energético. Resulta alarmante que nuestro país, con reservas totales de gas natural en torno a los 63.88 billones de pies cúbicos, de los cuales el 22.62 por ciento corresponde a gas natural no asociado al petróleo, sea incapaz de satisfacer, al menos, la demanda nacional. Nuestro país ocupa el lugar 34 en el mundo y el 7º en América en cuanto a volumen de reservas probadas de gas natural se refiere. Sin embargo, del total de reservas, sólo se ha logrado explorar el 22 por ciento de la extensión continental total con potencial de gas y, además, queda aún por explotar los 703,500 km2 de superficie aprovechable en el golfo de México.

El problema, ha de insistirse, no es de bajo potencial de reservas sino de insuficiencia de recursos económicos para explotarlas. Si bien en fechas recientes se han dado importantes avances dirigidos a flexibilizar el régimen fiscal y administrativo de Pemex con la finalidad de que cuente con mayores recursos para proyectos de desarrollo del sector energético, es igualmente cierto que los recursos públicos han sido y serán insuficientes para satisfacer la demanda nacional de gas natural y, más aún, para desplegar una estrategia agresiva y ambiciosa de exportaciones. México no sólo está perdiendo competitividad frente al resto del mundo por cuanto depende de energéticos caros, sino que, además, está dejando pasar la oportunidad de convertirse en una potencia exportadora de gas natural, tal y como lo es hoy de petróleo. No debe perderse de vista que el Estado tiene otras responsabilidades además de la de consolidar un sector energético eficiente. En escenarios de escasez, los recursos públicos deben destinarse prioritariamente al combate a la pobreza, a la prestación de servicios básicos de salud, educación y seguridad pública. Cada peso que se destina a proyectos de explotación energética es un peso menos para atender otras necesidades sociales. El círculo vicioso se cierra: la falta de inversión en energéticos impide el crecimiento económico y la generación de empleos; esto último agudiza la pobreza y, consecuentemente, aumentan las exigencias de destinar una mayor proporción del gasto público a satisfacer las necesidades básicas que los individuos no pueden, por sí, autoprocurarse; a mayor gasto social, menor gasto en inversión productiva y así sucesivamente.

Los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México creemos que el desarrollo de nuestro país requiere de una industria energética competitiva, financieramente rentable, ecológicamente responsable y tecnológicamente avanzada. Estamos concientes de que el desarrollo del sector energético requiere de fuertes inversiones y que los fondos públicos son insuficientes para aumentar la disponibilidad de gas natural.

Sin embargo, la Constitución y la ley reglamentaria otorgan al Estado la exclusividad en la explotación de este energético. En efecto, de conformidad con el marco legal en vigor, Pemex es el único autorizado para llevar a cabo la exploración y explotación del gas natural asociado y no asociado del país, así como para realizar ventas de primera mano. Dado el enorme potencial y la baja capacidad interna para aprovechar los yacimientos de gas natural no asociado a petróleo, entendemos que es fundamental actualizar el marco jurídico con objeto de permitir la inversión privada en este subsector, sin sacrificar el dominio directo sobre el subsuelo y sin poner en riesgo la autosuficiencia energética de la nación.

La inversión privada no excluye ni amenaza a la rectoría del Estado. Por el contrario, es la falta de inversión lo que convierte a dicha potestad en simple retórica. No hay rectoría que valga cuando la industria mexicana pierde espacios frente a empresas de otras naciones; cuando no es posible crecer de manera sostenida y con equidad. El Partido Verde considera que entre el hueco discurso patriotero y los impulsos privatizadores, hay una extensa gama de grises que ameritan ser analizadas y discutidas, pues ni implican ceder la propiedad originaria de los recursos naturales ni comprometen el bienestar de futuras generaciones.

Así las cosas, la presente iniciativa tiene por objeto introducir en la Constitución una excepción al régimen de exclusividad del Estado en materia de hidrocarburos, a fin de que la iniciativa privada concurra en la explotación del gas natural no asociado al petróleo. Para tal propósito, se propone que la Constitución permita que además de la transportación, almacenamiento, distribución y comercialización, las actividades de exploración y producción del gas no asociado puedan ser realizadas por particulares mediante título de concesión temporal y sujeta un conjunto de obligaciones. Se trata de establecer un régimen de excepción para una fuente de energía que representa menos del 23 por ciento de las reservas totales de gas natural y no más del 6 por ciento de las reservas totales de hidrocarburos, de modo que es indudable que la concurrencia de fondos privados no pone en riesgo la viabilidad energética del país. La apertura a la inversión privada del sector energético que se propone en esta iniciativa es relativamente pequeña en relación con las reservas totales de energéticos, pero sumamente importante en cuanto a sus efectos en la economía nacional y en los ingresos de las familias. El capital privado en el subsector del gas natural no asociado al petróleo no solamente activará al sector energético en su conjunto, aumentando la producción y los ingresos derivados, sino que además reactivará la economía, generará empleos, aumentará los ingresos fiscales y disminuiría los costos de producción de la industria mexicana. El resultado: una economía más sólida y competitiva.

Esta iniciativa de reforma a la Constitución tiene los siguientes elementos diferenciadores: primero, se precisa en la narrativa del artículo 27, párrafo sexto de la Constitución que la participación de los particulares en la explotación del gas no asociado a petróleo se realizará mediante título de concesión; segundo, se prevé expresamente que las concesiones que se otorguen en esta materia tendrán carácter temporal y podrán ser revocadas por causas de interés general; tercero, se establece una reserva de ley, de modo que sólo a través de ley en sentido formal y material se podrán regular las modalidades, supuestos, procedimientos y limitaciones para el otorgamiento de concesiones; cuarto, se elimina del artículo 27, párrafo sexto, la regla que nulifica las concesiones previamente otorgadas, toda vez que dicha regla tenía por objeto extinguir situaciones jurídicas constituidas antes de la entrada en vigor de la Constitución y, consecuentemente, carece de sentido; quinto, se excluye al gas no asociado al petróleo del régimen de áreas estratégicas y se convierte en área prioritaria para el desarrollo nacional, y sexto, se precisan las redacciones de los párrafos afectadas a fin de dar coherencia al conjunto de supuestos en ellos previstos.

Asimismo, es importante destacar que en el régimen transitorio se propone, por una parte, introducir la obligación de que el Congreso de la Unión expida, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma, la Ley Reglamentaria del Gas Natural no Asociado a Petróleo y, por otra parte, se introduce el criterio de temporalidad para graduar el otorgamiento de concesiones de explotación de este energético. La apertura progresiva y paulatina de este subsector a la inversión privada obedece a la intención de evitar que se comprometan los recursos naturales de manera irresponsable, así como a posibilitar la evaluación periódica del impacto económico, social y fiscal del nuevo régimen.

Por todo lo antes expuesto, se pone a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero: Se reforma el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 27:

(...)

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, con excepción del gas natural no asociado a petróleo y en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Los particulares o las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas sólo podrán participar en la explotación del gas natural no asociado a petróleo mediante concesión otorgada por la Cámara de Diputados con arreglo a la ley. Dichas concesiones serán temporales y podrán ser revocadas por causas de interés general. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28.

(...)

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos, con excepción del gas natural no asociado a petróleo; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. El gas natural no asociado a petróleo, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado ejercerá su rectoría sobre estas actividades, y en ejercicio de esta potestad, orientará su realización al desarrollo económico y al interés general.

Transitorios

Primero: Esta reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, emitirá la ley reglamentaria del gas natural no asociado a petróleo y derogará todas las normas que se opongan al nuevo régimen.

Tercero: El Ejecutivo federal implementará las medidas necesarias para fomentar la inversión privada en la explotación y producción del gas natural no asociado a petróleo.

Cuarto: Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, no se podrán otorgar concesiones para la explotación de superficies con potencial de gas en una proporción mayor al 20 por ciento del volumen total de reservas probadas.

Quinto: A partir del cuarto año, las superficies sujetas a explotación a las que se refiere la fracción que antecede, se incrementarán cada año en una proporción no mayor al 10 por ciento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de noviembre del 2005.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Israel Tentory García para presentar iniciativa que deroga la fracción VI del artículo 1o. y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.El diputado Israel Tentory García: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: los diputados que suscribimos la presente iniciativa, que reforma y deroga la fracción IV del artículo 1o. y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con objeto de excluir las sociedades cooperativas de dicho ordenamiento jurídico, lo hacemos convencidos de que si bien de tiempo de la dictadura de don Porfirio Díaz, ante el nacimiento del movimiento cooperativo en nuestro país, se debatía ampliamente acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa, resolviendo el legislador finalmente incluir un capítulo referente a ellas en el Código de Comercio de 1889, siendo el primer ordenamiento jurídico que de manera expresa hizo referencia a este tipo de entidades cooperativas como parte de las diferentes sociedades mercantiles con reconocimiento jurídico en el país.

Aquella resolución del legislador se justificó en parte debido a la debilidad del sector cooperativo mexicano, así como producto de la falta de experiencia legislativa en la materia porque, atendiendo a un criterio estrictamente pragmático, la decisión lógica y sencilla consistió en catalogarlas como una sociedad más, de sociedad mercantil. De esa manera se consumó lo que diferentes ideólogos del movimiento cooperativo mexicano denominan el ``pecado original'' de la legislación cooperativa mexicana, pecado original que, después de 166 años, no ha sido posible conjurar y que la presente iniciativa de ley pretende resolver de una vez por todas. En 1932 se expidió la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo artículo cuarto transitorio derogó el Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio de 1889, cuando las sociedades cooperativas comprendidas en las siguientes disposiciones: Artículo 1o.

Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Artículo 6o. Sociedades cooperativas. Y el artículo 212, las sociedades cooperativas s regirán por su legislación especial. Como puede apreciarse, esta última disposición supondría que las cooperativas, sin dejar de ser una modalidad de la sociedad mercantil, tendrían una ley especial, hecho que fue interpretado de diversas maneras.

Para algunos, se trataba de darles un tratamiento especial como empresas sociales, en tanto que para otros la necesidad de elaborar una ley especial de cooperativas sería interpretada simplemente como una especie de reglamento operativo, lo cual generó y ha generado a la fecha gran incertidumbre en torno de la verdadera naturaleza jurídica de las cooperativas.

En nuestra opinión, las sociedades cooperativas representan una forma de organización de la actividad económica que exhibe características peculiares, constituyendo una estructura jurídico-económica que tiene naturaleza propia. En efecto, la cooperativa tiene como primer rasgo distintivo ser una asociación de personas; es decir, un grupo humano organizado. Al mismo tiempo, constituye una empresa económica; sin embargo, lo peculiar del fenómeno asociativo cooperativo consiste en que la entidad como un todo, como asociación y como empresa cuenta con valores y principios propios que la caracterizan, conocidos como ``principios universales del cooperativismo'', los cuales la definen con una estructura y funcionamiento distintos de las otras formas de la organización económica, siendo el único tipo de empresa que imprime a su acción colectiva un profundo contenido ético y humanista, y una gran responsabilidad y compromiso por la preservación del medio ambiente, la educación, el ahorro, el trabajo colectivo y el consumo responsable, así como la equidad de género, la protección del empleo, la distribución equitativa de la riqueza y el compromiso con la comunidad y con los intereses nacionales.

Con base en los considerandos anteriores, los que suscribimos la presente iniciativa consideramos que la adscripción de las sociedades cooperativas en el cuerpo de la Ley General de las Sociedades Mercantiles no tiene fundamento legal ni se sostiene desde el punto de vista doctrinal, filosófico e histórico en el que las cooperativas sustentan su acción social al nivel mundial. Mantener las sociedades como una especie más de sociedad mercantil no ayuda a librar las potencialidades económicas, asociativas y culturales de este tipo de empresas, desvirtuándolas en su esencia e impidiéndoles cumplir su misión emancipadora de vastos sectores de la población que, con su trabajo honesto y mancomunado, sus esfuerzos, desean contribuir al desarrollo social y económico de México.

Por ello sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de reforma, que deroga la fracción VI del artículo 1o. y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con objeto de excluir las sociedades cooperativas de dicho ordenamiento jurídico. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que deroga la fracción VI del artículo 1º y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Los suscritos, diputadas y diputados a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de reforma que deroga la fracción VI del artículo 1 y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles con el objeto de excluir a las sociedades cooperativas de dicho ordenamiento jurídico, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Tal como lo reseñan diversos historiadores del movimiento cooperativo mexicano, particularmente el maestro Rosendo Rosa Coria en su célebre libro Tratado de cooperativismo mexicano la primer cooperativa mexicana fue fundada en 1873 entre el gremio de sastres de la Ciudad de México.

Inspiradas en el ejemplo de esta primer cooperativa, otras sociedades mutualistas intentaron --con más o menos éxito-- su conversión en sociedades cooperativas. Uno de los casos más sobresalientes fue el de la mutual Sociedad Progresista de Carpinteros cuyos 32 miembros decidieron en 1874 liquidar su sociedad mutual para convertirla en sociedad cooperativa y de consumo, denominándola ``Compañía Cooperativa de Obreros de México''.

Otras mutualistas que se transformaron en cooperativas fueron la Fraternal de Sombrereros, la Sociedad del Ramo de la Sastrería y la sociedad reformadora ``Sombrerería Mexicana La Huelga''.

De este modo, si bien en un principio el movimiento obrero fue el más receptivo al mensaje cooperativista, muy pronto diferentes sectores sociales empezaron a reconocer sus virtudes y a participar activamente promoviendo la creación de diferentes sociedades cooperativas. Todo este impulso social determinaría que el propio Gobierno Federal, ya en tiempos de la dictadura de don Porfirio Díaz, se convenciera de la necesidad de otorgar reconocimiento jurídico al cooperativismo, debatiéndose ampliamente acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa y resolviendo, el legislador, finalmente, incluir un capítulo referente a ellas en el Código de Comercio de 1889, siendo el primer ordenamiento jurídico que, de manera expresa, hizo referencia a este tipo de entidades asociativas como parte de las diferentes sociedades mercantiles con reconocimiento jurídico en el país.

Aquella resolución del Legislador, se justifica, en parte, debido a la debilidad y falta de integración del sector cooperativo mexicano, así como producto de la falta de experiencia legislativa en la materia, por lo que atendiendo a un criterio estrictamente pragmático e instrumental, la decisión más lógica y sencilla consistió en catalogarlas como una modalidad más de sociedad mercantil.

De esta manera, se consumó lo que diferentes ideólogos del movimiento cooperativo mexicano, especialmente el licenciado Antonio Salinas Puente, denominan ``El pecado original'' de la legislación cooperativa mexicana, pecado original que después de 166 años no ha sido posible ``conjurar'' y que la presente iniciativa de ley pretende resolver de una vez por todas. Sin embargo, como parte de los fundamentos en que se sustenta la presente iniciativa de ley, estimamos necesario abundar en algunos elementos históricos complementarios que ayuden a ilustrar la larga lucha histórica del movimiento cooperativo mexicano en pro de su reconocimiento como empresa social y los intentos diversos a través de los cuales se le ha impuesto un tratamiento meramente mercantil.

En este marco podemos afirmar que, a pesar de la adscripción de las sociedades cooperativas al Código de Comercio, a principios del siglo XX existieron diversos intentos legislativos a favor de su reconocimiento social. Entre los principales avances en esta vertiente, podemos destacar, en primer lugar, un decreto aprobado en 1913 por la Cámara de Diputados del estado de Jalisco, mediante el cual se reglamentaba el funcionamiento de las cajas populares de ahorro y préstamo, creadas al estilo del modelo alemán Raiffeisen en diversos estados del occidente de México.

En segundo lugar, debe destacarse que en el Congreso Constituyente de 1917, el Legislador no olvidó a las cooperativas, haciendo mención de ellas en los artículos 28 y 123 de la Constitución General de la República, aún vigentes y que a la letra establecen:

``Artículo 28.--- No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzca o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los estados y previa autorización que al efecto obtengan de las Legislaturas en cada caso...''

``Artículo 123.--- fracción XXX.--- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados.''

Finalmente en 1932, el Congreso del estado de Yucatán, haciendo caso omiso a las disposiciones del Código de Comercio y atendiendo al carácter social de las cooperativas emitió la Ley de Sociedades Cooperativas Civiles para dicho estado.

Por otra parte, conviene hacer referencia a otro hecho histórico que se desarrolló de manera simultánea a los anteriores relatos y que tiene que ver con la emisión de la primer Ley General de Sociedades Cooperativas en 1927, después de un viaje por Europa, en el que el Presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, pudo constatar el éxito de las cooperativas de consumo en Inglaterra, el de las cooperativas de producción en Francia y el de las cooperativas de ahorro y crédito de Alemania; a su regreso a México, decidió enviar un proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas al Congreso de la Unión, el cual fue aprobado por unanimidad. Con ello el movimiento cooperativo mexicano, al fin, tuvo su primera Ley, luego de 40 años de espera. Sin embargo, dicha Ley al derivarse del Código de Comercio vigente en esos años, tuvo un defecto doble, en primer lugar, representó una especie de copia de la legislación europea y, en segundo lugar, impuso un tratamiento casi mercantil a las sociedades cooperativas, así, por ejemplo, en el artículo 21 se establecía que las actividades de las cooperativas de consumo (descritas en los artículos del 15 al 20) se regirían por lo dispuesto en el Código de Comercio; el artículo 78 obligaba a las cooperativas a registrase ante el Registro Público de Comercio y concedía facultades a la Comisión Nacional Bancaria para supervisar a las cooperativas.

El marcado contenido y orientación mercantil de la Ley de Cooperativas de 1927, provocó un gran malestar al seno del movimiento cooperativo mexicano, generándose diversas expresiones de protesta e inquietud, entre las que puede destacarse la celebración, en 1929, de un Congreso Nacional de Cooperativas en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el cual contó con la presencia del Presidente de la República, Emilio Portes Gil. Cabe destacar que entre los resolutivos de dicho Congreso se incluyó la solicitud de derogación de la ley de 1927, para ser sustituida por otra más ortodoxa que no se contrapusiera a los principios universales del cooperativismo y reivindicara la naturaleza social de las cooperativas.

Atendiendo a la petición mencionada, el Presidente de la República en turno (general Abelardo L. Rodríguez) reconociendo que el Congreso de la Unión carecía de facultades para legislar directamente en materia de cooperativas, sin apelar para ellos a su adscripción al Código de Comercio, pidió facultades extraordinarias al Congreso de la Unión para dictar una nueva Ley de Cooperativas, las cuales le fueron concedidas el 6 de enero de 1933, con objeto de poder expedir la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1933, corrigiendo muchos de los defectos que --por haber sido la primera en su tipo--, presentaba la de 1927. Así, la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, sustituyó el término ``acciones'' por el de ``certificados de aportación'' y el de ``utilidades'', por el de ``rendimientos'', abrogando, asimismo, el capítulo del Código de Comercio que consideraba a las sociedades cooperativas como entidades mercantiles.

No obstante, lo anterior, al año siguiente, se expidió la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo artículo transitorio cuarto derogó el Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio de 1889, quedando las sociedades cooperativas comprendidas en las siguientes disposiciones: ``Artículo 1º.--- Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles ... VI. Sociedades Cooperativas''; y

``Artículo 212. Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial''. Como puede apreciarse, esta última disposición, supondría que la cooperativa, sin dejar de ser una modalidad de sociedad mercantil tendría una ley especial, hecho que fue interpretado de diversas maneras, para algunos se trataba de darles un tratamiento especial como empresas sociales, en tanto que para otros, la necesidad de elaborar una ley especial de cooperativas sería interpretada simplemente como una especie de reglamento operativo, lo cual generó y ha generado a la fecha una gran incertidumbre en torno a la verdadera naturaleza jurídica de las cooperativas.

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934---1940), se crearon gran número de cooperativas de consumo y de producción tanto en el medio rural como en las ciudades más importantes, convirtiéndose el cooperativismo, por primera vez en la historia, en un fenómeno económico y social con verdadera influencia macroeconómica, razón por la cual en 1938, se dictó una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que anuló a la anterior. Esta nueva ley, otorgó a la sociedad cooperativa un sentido eminentemente clasista, siendo reconocida como una forma de organización social propia de individuos de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, sobre el cooperativismo como una forma de garantizar su desarrollo y expansión a lo largo y ancho del territorio nacional. En este contexto, el espejismo del intervencionismo estatal, acompañado de un discurso nacionalista y de acciones de gobierno típicamente populistas, llevaron a dejar en un segundo plano, la vieja pugna entre el mercantilismo a ultranza y la defensa del carácter social de las cooperativas en relación a la definición de la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas que había marcado el debate a lo largo de la década de los años veinte y principios de los treinta. Sin embargo, a diferencia del enorme impulso experimentado durante el régimen cardenista, durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, el desarrollo del cooperativismo dejó de ser estimulado por el Estado y sólo volvió a cobrar nuevo auge durante el mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez (1970---1976), sexenio durante el cual el cooperativismo volvió a ser fomentado por el Gobierno Federal como parte de la estrategia del Estado neopopulista, destinado a refuncionalizar determinados factores de la producción y como un mecanismo de control y mediatización de los movimientos populares.

Durante los años ochentas, ya en pleno viraje hacia el modelo neoliberal basado en el libre mercado, la apertura comercial indiscriminada, la desregulación estatal y la creciente privatización de la economía, de nuevo se abandonó a su suerte al movimiento cooperativo, si bien, en ciertas circunstancias se le siguió utilizando como fuerza social en apoyo al sistema de partido de Estado, siendo en el marco de este nuevo paradigma neoliberal y en el ocaso del sistema autoritario de ``partido casi único'' en el que se inscribe la promulgación de la cuarta Ley General de Sociedades Cooperativas expedida el 2 de agosto de 1994.

Pero a pesar de lo avasallador o apabullante que ha sido la imposición del modelo neoliberal en todas las esferas de la vida social, económica y política del país, a los fines de la presente iniciativa de ley, un hecho que no podemos pasar por alto es que a principios de la década de los ochenta, específicamente en febrero de 1983, como parte del componente social, no autoritario, del antiguo régimen político, se produjo la reforma del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose de manera inequívoca que la economía nacional se sustenta en la participación de tres tipos de empresas claramente diferenciadas y delimitadas, adscritas a los sectores público, privado y social. Este último conformado, entre otras figuras asociativas, por: ``ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria y exclusivamente a los trabajadores y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios'' y cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades comunes de sus asociados.

Por su parte, las empresas del sector privado se entienden formadas por inversionistas individuales que colocan sus recursos en diversas actividades económicas con el objeto de obtener una ganancia legítima, como contrapartida por el riesgo que supone invertir capital en un mercado abierto y competitivo.

A su vez, las empresas del sector público se reconocen como propiedad de la nación, normalmente concentradas en sectores económicos estratégicos y abocadas al bien común y al mantenimiento del equilibrio económico general.

En términos generales, puede afirmarse que desde el punto de vista jurídico, la diferencia sustancial entre una empresa del sector público y una empresa del sector social está suficientemente delimitada o clarificada y no requeriría, por tanto, mayores precisiones.

Cosa distinta sucede, al momento de intentar esclarecer las diferencias de naturaleza y fines, entre las empresas del sector privado y las empresas del sector social. En tal virtud, intentaremos en las siguientes líneas precisar la naturaleza social de las cooperativas destacando sus fines solidarios y distributivos de la riqueza en contraposición a la naturaleza mercantil de la empresa privada típica o sociedad anónima por acciones, concentrada en la obtención de la mayor rentabilidad posible de sus inversiones. Utilizaremos para ello diversas alusiones al régimen tributario que debe otorgársele a cada tipo de empresa, como una manera de enfatizar la diferencia sustantiva existente entre ambas formas de hacer empresa y justificar de este modo la imperiosa necesidad de deslindar a las sociedades cooperativas de su adscripción normativa a la Ley General de Sociedades Mercantiles, objetivo principal de la presente iniciativa de ley.

Entrando en materia, diremos que tal como lo han demostrado diversos expertos en Derecho Cooperativo, como el argentino Dante Cracogna o el venezolano Alberto García Muller, las sociedades cooperativas representan una forma de organización de la actividad económica que exhibe características peculiares, constituyendo una estructura jurídico-económica que tiene su naturaleza propia.

En efecto, la cooperativa tiene como primer rasgo distintivo el ser una asociación de personas, es decir, un grupo humano organizado. Empero, al mismo tiempo, constituye una empresa económica. Sin embargo, lo peculiar del fenómeno asociativo cooperativo consiste en que la entidad como un todo, como asociación y como empresa, cuenta con valores y principios propios que la caracterizan, conocidos como los principios universales del cooperativismo, los cuales la definen con una estructura y funcionamiento distintos de las otras formas de la organización económica, siendo el único tipo de empresa que imprime a su acción colectiva un profundo contenido ético y humanista, y una gran responsabilidad y compromiso por la preservación del medio ambiente; la educación en el ahorro, el trabajo colectivo; y el consumo responsable, así como la equidad de género, la protección del empleo, la distribución equitativa de la riqueza y el compromiso con la comunidad y los intereses nacionales.

La cooperativa se organiza mediante el esfuerzo propio de quienes la constituyen para resolver problemas que son comunes a sus integrantes; es decir, existe para prestar un servicio a sus socios, mientras que todas las otras formas de organización económica comercial se crean con el propósito, legítimo y reconocido por el orden jurídico, de obtener un lucro a través de su actividad. De manera que hay un punto de partida claramente distinto en un caso y otro: la organización comercial se constituye para obtener una utilidad, un lucro y los que la integran se proponen lograr a través de la inversión de los capitales que comprometen en esa actividad, un beneficio como compensación a ese riesgo. Esta es la lógica de la actividad comercial lucrativa; para eso se organiza y ésa es su razón de ser.

En cambio, la cooperativa se organiza para resolver una necesidad común de sus asociados, que podrá consistir en el acceso al crédito, en la comercialización en común de su producción, en el aprovechamiento de los bienes de uso y consumo, etcétera. Cualquiera que sea la actividad, en todos los casos siempre su sentido es resolver en común un problema que afecta al conjunto de los integrantes de la cooperativa y no el fin de obtener una ganancia mediante la organización de una empresa.

Esta diferencia es el punto de partida para la adecuada comprensión de la naturaleza eminentemente social de la cooperativa y, por supuesto, la legislación en la materia, no debe ignorarlo, ni pretender asimilarlo a la naturaleza de la empresa mercantil lucrativa, sino reconocerlo con toda su especificidad.

La confusión en la naturaleza jurídica de la empresa social y la empresa mercantil constituye un mal bastante generalizado, porque cuando se establece un impuesto a las sociedades lucrativas, se le suele dar alcance universal, sin tener en cuenta las características propias de los diferentes sujetos gravados.

En consecuencia, se pretende medir con una misma vara situaciones que son jurídica y económicamente diferentes, desconociendo que el tratamiento impositivo tiene que amoldarse a la naturaleza de la actividad o del sujeto de quien se trata, sin ignorar las diferencias entre unos y otros, porque, de lo contrario se comete una discriminación negativa. En este sentido, y con el propósito de establecer con claridad la diferencia existente entre la cooperativa y la empresa privada, lo primero es tomar en cuenta la diferencia de la naturaleza de la cooperativa respecto de otros sujetos de derecho y a continuación distinguir la finalidad que las cooperativas persiguen.

La cooperativa como toda empresa que organiza los factores de la producción para realizar una determinada actividad productiva de bienes o servicios, necesita capital. En correspondencia con lo anterior, la cooperativa debe contar con un capital que la ley prevé expresamente, que debe ser constituido a partir de las aportaciones individuales de los asociados; pero este capital cooperativo de propiedad social o colectiva tiene una cierta característica que lo hace diferente del de otras empresas. ¿Por qué? Porque en la cooperativa el capital es un instrumento, un medio del cual se vale un grupo de personas para satisfacer una necesidad: ya sea la comercialización, el crédito o la distribución de artículos de consumo, lo cual significa, que el capital cumple una función de herramienta para el logro de un objetivo que es el servicio o la satisfacción de una necesidad que no puede ser atendida individualmente. En cambio, en la sociedad comercial común, el capital es en sí mismo el fin de la sociedad, porque lo que pretende con su aplicación a la actividad económica es incrementarlo a través de la obtención de ganancia.

Por eso es que el capital en las sociedades comerciales se apropia del resultado; se apropia de la ganancia que produce la actividad del ente y por tanto, es el que gobierna la sociedad, porque el principio de la ``mayoría'' en las sociedades comerciales es el gobierno de la mayoría del capital. En contraste, en la cooperativa el capital ni se apropia del resultado, ni gobierna la entidad. No se apropia del resultado porque, de acuerdo con la ley, éste solo tiene derecho a un interés limitado, es decir, que sólo puede percibir un interés que tiene una tasa estrictamente establecida; no puede tener cualquier renumeración como en la sociedad comercial. Y segundo, en la cooperativa cada asociado tiene derecho a un solo voto, independientemente del monto de capital que tenga suscrito e integrado.

Estas dos notas diferenciales hacen que el capital cooperativo sea completamente distinto del capital de la empresa comercial. En ésta última cada socio participa proporcionalmente a su inversión en las decisiones que la empresa deba adoptar y, al momento del reparto de las utilidades, quien más ha invertido tiene derecho a una participación mayor en la renta obtenida. En la cooperativa, en cambio, al momento de decidir, todos pesan por igual, y al momento del reparto sólo se paga un interés estrictamente limitado al capital. Pero, además, este capital ni siquiera se puede negociar porque los certificados de aportación individuales no son libremente transferibles, no se pueden vender, no pueden cotizarse públicamente; se tienen que transferir solamente bajo las condiciones que la ley establece y siempre por su valor nominal. No pueden aumentar su valuación como ocurre con las acciones o participaciones en las sociedades comerciales. A ello hay que agregar todavía otro rasgo muy significativo, y es que el valor de la participación que cada asociado tiene en la cooperativa se mantiene inalterable en el transcurso del tiempo.

Este capital que cada asociado suscribió e integró no cambia a medida que la cooperativa evoluciona sino que se mantiene exactamente en los términos en los que fue suscripto e integrado, mientras que en las sociedades comerciales el capital se va valorizando en la medida en que se acumulan reservas, hay mayores expectativas de ganancia, se consolida patrimonialmente la empresa, o se acerca el tiempo de su liquidación. Así, cuando alguien compra una parte en la sociedad comercial está comprando el derecho a participar en la partición final, cuando la sociedad termine su vida, y tendrá entonces un derecho a la proporción que le corresponde según el capital que tenga en ella, la cual puede ser mucho mayor que el valor nominal de su acción o su participación. En la cooperativa esto no puede ocurrir pues a pesar del transcurso del tiempo el valor de la cuota parte del capital sigue siendo el mismo.

Cabe preguntar entonces: ¿Qué beneficio obtiene el asociado de una cooperativa? El de haber utilizado y de seguir utilizando el servicio de la cooperativa, porque para eso se asoció; no se asoció para obtener una ganancia con ese capital. Aportó el capital como una herramienta para que con ella se pueda brindar el servicio y cuando se retire se llevará solamente lo que le corresponda por la cuota de capital que haya suscripto e integrado en su momento. De ahí que la diferencia sea muy clara entre el capital cooperativo y el capital en una sociedad comercial común, en la sociedad cooperativa el capital social sirve como un medio para resolver necesidades colectivas, mientras que en la empresa privada el capital se invierte para obtener la mayor tasa de ganancia posible, que será apropiada individualmente según los diferentes montos de inversión de cada accionista.

Pero aún más, en las cooperativas, las reservas que se acumulan no son propiedad de los asociados; no hay un derecho individual de cada uno sobre una parte de esas reservas acumuladas, normalmente esas reservas se destinan a resolver problemas coyunturales de emergencia económica o a la prestación de servicios a los asociados y a la comunidad en que se hallan insertas. De manera que gravar el capital de las cooperativas significaría estar gravando una forma de expresión patrimonial que tiene un sentido distributivo de la riqueza o del ingreso social generado por el trabajo asociado que la cooperativa es capaz de organizar y potenciar, se trata, en definitiva, de un tratamiento y finalidad jurídicos completamente distintos al del capital de la empresa comercial.

En la cooperativa el capital no es apto para producir renta porque la ley misma no le permite apropiarse de las rentas que produce la actividad social. Así que gravar a la cooperativa con el impuesto a la renta significa aplicar un gravamen que disminuye su capacidad para producir riqueza social. No es como en las sociedades comerciales donde se grava la aptitud y vocación natural de producir ganancias.

La cooperativa no produce con su actividad una renta propia porque cuando realiza dicha actividad cobra el servicio a un precio que se estima conforme con el mercado. Pero ese precio tiene un carácter provisional, sea que la cooperativa distribuya artículos, por ejemplo una cooperativa de consumo o de provisión, sea que la cooperativa comercialice la producción de sus asociados. En el primer caso, la cooperativa le cobra de más al asociado cuando retira artículos de consumo, para cubrir sus gastos. En el otro caso, le retiene una suma al momento de pagarle su producción, también para cubrir sus gastos, porque no sabe exactamente cuáles serán sus costos. Cobra pues, un precio aproximado al del mercado y, al final del ejercicio, cuando se efectúan el balance y el estado de resultados, entonces aparece la verdadera y definitiva determinación del precio del servicio. Allí se establece si lo que efectivamente se cobró al asociado en la cooperativa de consumo es superior al precio que debió habérsele cobrado, y en la cooperativa de comercialización, si lo que se le pagó es menos de lo que debió habérsele pagado. Entonces se hace un ajuste del cual resulta la distribución del excedente por vía del retorno.

El retorno se distribuye en proporción a las operaciones en uno y en otro caso y significa el complemento del precio, el ajuste de lo que no se pudo calcular exactamente en el momento de realizar los asociados cada una de las operaciones. Como no se pudo hacer el cálculo exacto y definitivo en cada oportunidad, se lo difiere para el final del ejercicio. En ese momento se traza el balance, se determina el resultado y entonces se produce el ajuste --que constituye la determinación definitiva del precio-- por vía del retorno. En consecuencia, en la cooperativa no quedan ganancias, no quedan rentas, no quedan beneficios, porque lo que se cobró de más en la de consumo o lo que se pagó de menos en la de comercialización, se devuelve al asociado por vía de la prorrata del retorno.

De esta suerte, lo que constituye la diferencia entre el costo y el precio del servicio va a parar a los asociados, que son los que generaron esa diferencia con sus respectivas operaciones; de donde se sigue que gravar a las cooperativas con el impuesto a la renta es improcedente por cuanto la cooperativa no tiene renta. La cooperativa como tal no tiene materia gravada porque constituye la herramienta de que se vale el asociado para realizar su actividad económica, no tiene un lucro autónomo o un beneficio que pueda ser gravado. Si se lo gravara se estaría disminuyendo su capital o bien dicha carga tributaria se trasladaría a los asociados y, en definitiva, éstos estarían pagando dos veces, una en su propio balance impositivo individual y otra en el de la cooperativa. Habría una doble imposición o, en último caso, la cooperativa quedaría desplazada del mercado porque, al tener que pagar tributos mayores de los que pagan los demás, quedaría fuera de la posibilidad de competir.

En el caso de las transacciones ocurre una situación muy especial. En la cooperativa no hay una intermediación entre el mercado y el asociado, que es lo que hacen las entidades comerciales comunes. Las empresas comerciales, por ejemplo, intermedian entre el que necesita el crédito y el que tiene exceso de disponibilidades y en esa intermediación se quedan con un beneficio que es la diferencia entre las tasas de interés activas y pasivas. En la actividad de distribución de artículos de consumo, se compra al fabricante o al mayorista a un precio y se vende al consumidor a otro, y la diferencia entre el precio de compra y el de venta es lo que el comerciante obtiene como ganancia. Es decir que, en todo caso, la intermediación lucra con la diferencia entre el costo y el precio de venta.

En la cooperativa los asociados se reúnen para hacer juntos lo que hace el intermediario. Si es una cooperativa de consumo, compran en común un stock suficiente del cual se van aprovisionando en la medida de sus necesidades. En vez de ir al supermercado a comprar y permitir que el comerciante obtenga una diferencia entre el precio y el costo, al comprar en común forman un stock y van retirando la mercancía a medida que la necesitan. Lo que se ha hecho es eliminar la intermediación que el comerciante minorista realiza para lucrar con la distribución. En la cooperativa agraria es lo mismo: lo que hace la cooperativa es reunir la producción de sus asociados y comercializarla en común, con lo cual elimina el intermediario que antes compraba de cada productor para luego revender al exportador, al industrial o al consumidor final.

En definitiva, no hay operación de mercado entre el asociado y la cooperativa sino que hay una operación en común de los asociados, que justamente elimina la intermediación, con lo cual dentro de la cooperativa no existe acto de comercio; no hay transacción que transfiera lucro de uno a otro. En la cooperativa de consumo se almacenan productos que podrían estar muy bien en las despensas de los hogares de cada uno de los asociados; sólo que en vez de tenerlas allí las guardan en común, en un depósito colectivo del cual van a retirarlas cada vez que las necesitan. Pero esa mercancía ya pertenece al conjunto de los asociados que la ha adquirido en común para satisfacer sus necesidades; no hay una compra para esperar que alguien ajeno a la cooperativa venga a su vez a comprarla y quedarse con la diferencia de precio.

Así que la naturaleza de la actividad cooperativa elimina la noción de transacción o especulación que es propia de la actividad comercial privada. Ello determina que en la actividad interna entre la cooperativa y sus asociados no pueda haber el mismo tratamiento que hay, desde el punto de vista fiscal, entre un comerciante que compra para revender, es decir que compra para lucrar con un precio mayor de reventa, y la actividad de un conjunto de consumidores que se organizan para abastecerse en común, porque sería darle un tratamiento igual a situaciones totalmente diferentes.

En correspondencia con lo anteriormente expuesto, vale la pena señalar que, desde el punto de vista jurídico, existe toda una teoría desarrollada sobre el acto de comercio, que es la adquisición de bienes para revenderlos con propósito de lucro, hecha en forma habitual; esa es la actividad comercial. El acto cooperativo en cambio, es el que realiza la cooperativa con sus asociados para el cumplimiento de sus fines institucionales, es decir, animada por un propósito de servicio. Ciertamente el acto cooperativo entraña una acción interesada, pero de naturaleza no lucrativa y solidaria. Por consiguiente si el acto cooperativo posee una naturaleza jurídica determinada conforme con su realidad económica y asociativa, no puede ser tratado desde el punto de vista legal igual que el acto de comercio, que es una realidad jurídica distinta, con un trasfondo económico también diferenciado.

En la cooperativa nadie compra o vende, a titulo individual, sino que todos compran en común y todos venden en común ---según la clase de cooperativa de que se trate--- pero no hay intermediación. Por su propia naturaleza, la cooperativa no puede intermediar, puesto que está imposibilitada de hacerlo. Si le quedará un remanente, como se vio antes, esa diferencia va a parar a los asociados por vía del retorno, con lo cual nunca la cooperativa, aunque se lo propusiera, podría lucrar con las transacciones que realiza con los asociados.

Ahora bien, si los asociados con su actividad cooperativa aumentan su patrimonio y si pueden mejorar con ella sus ingresos obteniendo renta, en tal caso ellos deberán aportar la carga tributaria correspondiente como cualquier contribuyente, como cualquier ciudadano. Pero es el asociado como persona individual quien tiene un tratamiento tributario igual que el resto de los contribuyentes y no la cooperativa, que es una estructura que los asociados utilizan como quien utiliza una herramienta, pero que no constituye materia imponible por si misma.

En conclusión, las cooperativas no tienen otra alternativa que trabajar eficiente y transparentemente, elevar el nivel de vida de sus asociados, por la vía del aumento de los ingresos o a través de la disminución de costos, formular sus liquidaciones a los precios que corresponde, llevar adecuadamente su contabilidad, y por lo tanto, más que en enemigos, se constituyen en aliadas del Estado en la tarea de control y de moralización de la actividad económica, lo único que hace falta es otorgarles el reconocimiento y trato jurídico acorde a su naturaleza social, ni pública ni privada, y a sus fines no lucrativos, sino solidarios y distributivos de la riqueza.

En base a los anteriores considerándos, los que suscriben la presente iniciativa consideran que la adscripción de las sociedades cooperativas en el cuerpo de la Ley General de Sociedades Mercantiles no tiene fundamento legal ni se sostiene desde el punto de vista doctrinal, filosófico e histórico en el que las cooperativas sustentan su acción social a nivel mundial.

Mantener a las cooperativas como una especie más de sociedad mercantil; no ayuda a liberar las potencialidades económicas, asociativas y culturales de este tipo de empresas, desvirtuándolas en su esencia e impidiéndoles cumplir con su misión emancipadora de vastos sectores de la población que con su trabajo honesto y mancomunando sus esfuerzos desean contribuir al desarrollo social y económico de México.

En consecuencia, por las razones y fundamentos legales expuestos los que suscriben presentan el siguiente proyecto de decreto:

Único: Se deroga la fracción VI del artículo primero, el artículo 212 y, consiguientemente, el capítulo VII de la Sección Sexta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1.--- Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

...

VI.--- Se deroga.

Capítulo VII.- Se deroga.

Artículo 212.--- Se deroga.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la fecha de su presentación.--- Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez, Israel Tentory García, Belizario Herrera Solís, José Alfonso Muñoz Muñoz, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

Damos la más cordial de las bienvenidas a jóvenes de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, invitados del diputado Rogelio Flores Mejía. Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso, diputado Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Adelante, señor diputado.El diputado FidelRené Meza Cabrera: Diputadas y diputados: el suscrito, diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa, con base en la siguiente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El juicio de amparo, nombre que se da al mecanismo empleado en la solución de las controversias suscitadas entre los individuos y el Estado, previstas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su ley reglamentaria denominada Ley de Amparo, que es la reglamentación que dirige el procedimiento, que se inicia con la demanda y concluye con la sentencia debidamente ejecutada, es una institución típica del Derecho mexicano, de largo historial y que prestigia a la justicia de nuestro país.

Sabemos que es característica fundamental y excepcional del juicio de amparo, la probabilidad de obtener la suspensión de un acto de autoridad, antes de que se ejecute o cuando se inicia y evitar la posibilidad de un daño de difícil o imposible reparación.

Hecho característico de esta hipótesis, es la solicitud de amparo para evitar una detención o aprehensión en forma ilegal o algún daño en nuestro patrimonio o actividad ilícita.

Así, mediante un procedimiento sencillo y expedito, se pueden iniciar juicios de amparo en materias penal, civil, administrativa, mercantil, agraria y laboral.

Las reformas y adiciones hechas a la Ley Agraria, han introducido normas de aplicación general, que dan perfil al Estado moderno y que tienden a acotar a los poderes públicos a favor de los particulares, con la revisión y adecuación de las garantías individuales, sociales y políticas.

Reprobable es que se acuda abusivamente a este noble recurso para demandar la suspensión de un acto legal, aduciendo argucias y evitar o retardar la acción de la justicia en hechos criminales; proteger el funcionamiento de giros mercantiles irregulares; solapar antros de vicio y prostitución, conocidos como ``giros negros'' y lo que es peor aún encubrir el tráfico, venta o posesión de estupefacientes. Asimismo, toda la gama de falacias usadas en asuntos agrarios y laborales.

Es necesario y urgente detener esta perversión del juicio de amparo, que se utiliza por la facilidad con que se obtienen las suspensiones provisionales o definitivas, con lo cual se continuaría actuando en condiciones irregulares de clara ilicitud y a veces delictivas.

Sin embargo, no podemos ni debemos obstaculizar la acción protectora del juicio de amparo, en los casos en que sí procede la acotación de la autoridad y evitar la consumación de una arbitrariedad.

Ante el dilema de restringir la protección de los particulares ante la autoridad injusta o propiciar la realización de actos ilegales, por la amplitud de las normas jurídicas que facilitan su violación; sólo nos queda el recurso de perfeccionar los instrumentos legales con dispositivos que eviten su trasgresión.

Considerando que la solución es reformar y adicionar los artículos de la Ley de Amparo que reglamentan el procedimiento para otorgar la protección y amparo de la justicia federal, es que propongo lo siguiente:

1o. Adicionar un párrafo intercalado entre el primero y el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 73, para que previa a cualquier resolución, se compruebe que no se incurre en las causales previstas en las fracciones III y IV, porque de ser así, se deseche la promoción.

2o. Reformar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 124, para que precautoriamente se compruebe la veracidad del acto reclamado y se precise la conservación de la materia del amparo, así como evitar la continuación de alguna función irregular.

3o. Aunque ya el artículo 134 previene y sanciona la repetición de demandas de amparo por el mismo motivo, es aconsejable que se dé cuenta al Consejo de la Judicatura, para que aplique la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando se adviertan irregularidades en el procedimiento.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. ...

I. a XVII. ... XVIII. ...

Previo a cualquier resolución, se comprobará que no se incurre en alguna de las causales de las fracciones III y IV, porque de ser el caso, se desecharán.

Artículo 124. ...

I. ...

II. ...

III. ...

El juez de distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Asimismo, antes del otorgamiento de la suspensión, comprobará personalmente la existencia y autenticidad del acto que se impugna y evitará continúe el funcionamiento de establecimientos en los términos de la fracción II anterior.

Artículo 134. Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante otro juez de distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. Se dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos que procedan cuando se contravenga el último párrafo del artículo 73.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados.- México, DF, a 24 de noviembre de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda a los vecinos y amigos de la colonia Prensa Nacional, de Tlalnepantla, estado de México, invitados de la diputada Lizbeth Rosa Montero. De igual manera, a los jóvenes de la Universidad Liceo Cervantino, de Irapuato, Guanajuato, invitados por la diputada federal Consuelo Camarena Gómez. Sean bienvenidos.

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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia recibió con solicitud de turno de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a esta soberanía a revisar la probable inconstitucionalidad del techo de endeudamiento neto de millones de pesos aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2006.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a revisar la probable inconstitucionalidad del techo de endeudamiento neto aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a 2006, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

La Cámara de Diputados aprobó el 27 de octubre diversas modificaciones a la Iniciativa de LIF con el objeto de incrementar la estimación de los ingresos públicos. Los principales cambios en esta materia fueron los siguientes:

1. Aumentó la estimación de los ingresos del Gobierno Federal en 43, 233.6 mdp.

2. Aumentó la estimación de los ingresos de organismos y empresas en 31, 458.8 mdp.

3. El incremento de los ingresos del Gobierno Federal se debió principalmente a lo siguiente:

a) Impuestos: aumentó la estimación de ISR y del IVA, pero disminuyó fuertemente la del IEPS, principalmente. El efecto total es una disminución de 5, 088.1 mdp.

b) Derechos: disminuyen en 2, 610 mdp, principalmente por ajuste a los derechos sobre hidrocarburos que recibirá el Gobierno Federal en virtud de la aplicación del nuevo régimen fiscal de Pemex.

c) Productos: no tuvieron modificaciones.

d) Aprovechamientos: no tuvieron modificaciones.

e) Contribuciones pendientes de pago de ejercicios fiscales previos: tuvieron un incremento de 50, 931.7 mdp.

4. El incremento de los ingresos de los organismos y empresas se debió principalmente al incremento de los ingresos de Pemex, derivado de una mayor estimación del precio del petróleo.

Derivado de los cambios hechos a la estimación de ingresos, el déficit a financiar del Gobierno Federal aumentó a 201, 779.2 mdp, el cual será compensado con un nuevo superávit de los organismos y empresas por el mismo monto, lo que da un déficit de las finanzas públicas de cero.

Cabe aclarar que la autorización de endeudamiento del Gobierno Federal fue de 222, 000 mdp ya que el déficit a financiar se está añadiendo un margen de 20, 220.8 mdp.

El incremento del déficit del Gobierno Federal es un acto de irresponsabilidad fiscal, ya que los mayores ingresos estimados debieron destinarse a disminuir el endeudamiento, en virtud de que la propuesta de gasto de inversión es mucho menor. Se corre el riesgo que la Ley de Ingresos sea impugnada por probable inconstitucionalidad. La Constitución dicta que los empréstitos deberán contratarse para financiar proyectos que produzcan ingresos públicos, dado que las obras públicas estimulan la demanda de bienes y servicios en la economía (``efecto multiplicador de la inversión''); a diferencia del gasto corriente que tiene un importante efecto en la ``demanda agregada'', la inversión no es inflacionaria porque incrementa la capacidad productiva del país (aumenta la ``oferta agregada'') por la mayor infraestructura (por ejemplo, una carretera o un puente reduce los costos del transporte, además de que detona el desarrollo regional), reactiva la economía en el corto plazo, detona la productividad nacional (por ejemplo, las autopistas, los puertos, los aeropuertos y los satélites) y disminuye las disparidades del desarrollo (por ejemplo, los caminos rurales, la construcción de plantas potabilizadoras de agua, la edificación de hospitales públicos, la construcción de presas para agricultura y agua potable, la edificación de universidades).

Es decir, como los proyectos de infraestructura detonan el crecimiento económico y el empleo, se justifica suscribir empréstitos si éstos se destinan al gasto de inversión, ya que el mayor crecimiento de la economía permitirá generar también mayores ingresos fiscales (IVA, ISR, IEPS, principalmente) para afrontar los compromisos adquiridos y así, no heredar irresponsablemente deudas a las futuras generaciones. Este es el principio de responsabilidad fiscal a que se refiere el mandato de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución. Sin embargo, al haberse incluido un monto de endeudamiento neto mayor que la propuesta de gasto de inversión del Gobierno Federal, el Ejecutivo Federal envío un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que viola la Constitución; este lamentable hecho no lo corrigió la Cámara de Diputados en las modificaciones realizadas a la Ley de Ingresos.

Conclusiones

Las entidades paraestatales como Pemex, CFE, LFC, IMSS e ISSSTE generan ingresos propios con los cuales cubren su gasto de operación y emprenden sus proyectos. Los empréstitos que contraten para aumentar su capacidad productiva, como es el caso de Pemex o CFE, se pueden pagar con los mismos ingresos que generen dichos proyectos. En virtud de que el objeto de las entidades paraestatales no es lucro, sólo necesitan mantener una igualdad razonable entre ingresos y gastos (en los gastos se incluye el gasto financiero y las amortizaciones de la deuda contratada).

No es el caso del Gobierno Federal, cuyos ingresos sólo provienen de la vía fiscal. En virtud de que los ingresos son menores a sus gastos, se ve obligado a recurrir a empréstitos para balancear su presupuesto. Con base en lo dispuesto en la Constitución, los ingresos fiscales deben ser suficientes para cubrir el gasto corriente y el gasto no programable (costo financiero de la deuda, Adefas y participaciones) y el endeudamiento sólo para cubrir el gasto de inversión.

De acuerdo con los gastos del Gobierno Federal propuestos en el Proyecto de PEF siguen siendo mayores que sus ingresos aprobados en la Ley de Ingresos en 423, 558.4 mdp. Esta diferencia se cubrirá de la siguiente manera según se consigna en el artículo 1o. de la LIF:

Diferimiento de pagos por 20, 000 mdp que serán pagados en el 2007 como Adefas.

Superávit de los organismos y empresas: 201, 779.2 mdp (provenientes principalmente de Pemex y CFE).

Endeudamiento neto: 201, 779.2 mdp.

Es decir, por lo suficiente de los ingresos del Gobierno Federal se ha estado obligando a las entidades paraestatales a que sean superavitarias (que sus ingresos sean mayores que sus gastos) para que globalmente las finanzas públicas tengan un déficit = 0. Este superávit se logrará aumentando los precios y tarifas que cobran a los usuarios los organismos y empresas e imponiéndoles topes a sus gastos e inversiones.

Por esta razón, en México por ejemplo se tienen precios de los combustibles, de las casetas y tarifas eléctricas altos porque se están utilizando como un instrumento adicional de recaudación.

Aun con los superávit de las entidades paraestatales, el Gobierno Federal todavía tiene que recurrir al endeudamiento público, que dicho sea de paso, el monto autorizado para 2006 es el mayor que lo que ha autorizado el Congreso de la Unión en el sexenio.

Cabe aclarar que la recaudación que obtendrá el Gobierno Federal por concepto de Derecho Ordinario de Hidrocarburos por 377,605.6 mdp, proveniente de la venta del petróleo, se destinará íntegramente a gasto corriente, en perjuicio de las futuras generaciones.

Para evitar que el PEF de 2006 pueda ser impugnado por inconstitucional, los diputados tendrán que hacer reasignaciones de gasto para que la inversión del Gobierno Federal sea al menos igual al monto autorizado de endeudamiento neto de 201,779.2 mdp, con la salvedad de que aun así, el monto del Derecho Ordinario de Hidrocarburos se destinaría íntegramente a gasto corriente.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Exhorto a la Cámara de Diputados para que revise la probable inconstitucionalidad del techo de endeudamiento neto, de 201, 779. 2 millones de pesos, aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2006, dado que dicho monto resulta mayor que el monto de inversión, contraviniendo la fracción VII del artículo 73 de la Constitución, que establece que los empréstitos deberán contratarse para financiar proyectos que produzcan ingresos adicionales para su pago.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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FUTURO DE MEXICO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ésta es una proposición con punto de acuerdo, su iniciativa está registrada más adelante, diputada. De igual manera, se recibió del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con solicitud de turno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía a prorrogar la vigencia de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a prorrogar la vigencia de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del PRD

Antecedentes

México presenta, cada vez más, dramáticos e inadmisibles contrastes sociales entre sus ciudadanos, que ponen en grave riesgo el desarrollo armónico del tejido social y que, a su vez, desencadenan exponencialmente los males endémicos que tienen al país al borde del colapso. Existe una tendencia negativa a la desigualdad material y a la exclusión en prácticamente todos los ámbitos, cuya causa principal es la carencia de equidad social y desarrollo económico sustentable; no se mejoran las condiciones de vida de la gente porque no existe un Proyecto de crecimiento económico y social de Estado y, los resultados de esta carencia están a la vista: La brecha de ingresos entre ricos y pobres se está ampliando; los empleos son insuficientes; la educación es inaccesible para gran parte de los mexicanos y los años de escolaridad se ubican muy por debajo de nuestros socios comerciales; por otra parte, la competitividad económica va en descenso en comparación con los países desarrollados; y el de por sí grave deterioro del medio ambiente se acrecienta con la sobreexplotación de nuestros bosques y selvas, y la peligrosa contaminación de nuestras aguas, tierras y aire; así como con la escasa inversión en fuentes energéticas alternativas.

Esta compleja problemática, describe, entre otras, algunas de las causas intervinientes que nos han llevado a la amenazante situación en la que está sumido el pueblo mexicano y ocurre en el contexto de una inadvertida, pero letal, sustitución de principios y valores, cada vez mas laxos en nuestra sociedad y es caldo de cultivo propicio de la escandalosa corrupción, que carcome nuestras instituciones y genera una complicidad con el incontenible narcotráfico y la avasallante inseguridad pública que son cada vez mas visibles e impunes en nuestra sociedad.

El retroceso en estas áreas estratégicas del país, que han sido descuidadas en aras de lo coyuntural, acredita la necesidad de incorporar, permanentemente, a nuestras instituciones el pensamiento reflexivo de largo plazo con el propósito de contar con la capacidad de diseñar, prever y planear un verdadero desarrollo sostenido en todos los rubros nacionales; por ello es imprescindible establecer una planeación con políticas públicas de Estado y no sólo de gobierno en la que participemos todos los mexicanos para nuestro propio beneficio.

Con la constitución de la Comisión especial para la definición del futuro de México hemos dado los primeros pasos en este sentido. Sin embargo, la nueva cultura democrática, incluyente y participativa, exige el consenso constante y sistemático tanto de los actores políticos y sociales sobre los rezagos existentes, en cada uno de sus ámbitos, como de las acciones indispensables para la superación gradual de dichas problemáticas.

Como la mayoría de los mexicanos, nosotros también estamos convencidos que todos queremos y podemos construir una nación con mayor equidad social y desarrollo sustentable... ¡Ése es el México con que todos soñamos!

Por ello, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre de la totalidad de las y los diputados integrantes de la Comisión de prospectiva para la definición del futuro de México, con fundamento en los dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

ConsideracionesI. Que en términos del artículo 34, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al Pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.

II. Que el articulo 42 de la Ley Orgánica otorga al Pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento a la Junta de Coordinación Política le corresponde proponer al Pleno la integración de las comisiones.

III. Que en la sesión de la H. Cámara de Diputados celebrada el 5 de abril de 2004, el Dip. Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicitó la creación de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, misma que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

IV. Que la Junta coincidió en que era necesario crear dicha comisión especial a efecto de concentrar información estratégica que permitiera elaborar un gran diagnóstico nacional sobre escenarios que posibilitara al Estado mexicano prevenir y actuar con paso firme en la toma de decisiones con seguridad e imprescindible visión de futuro.

V. Que el 29 de abril de 2004, la Junta de Coordinación Política, sometió al Pleno de la H. Cámara de Diputados la aprobación del acuerdo de creación de la Comisión referida, mismo que fue aprobado en votación económica.

VI. Que dicho acuerdo asigna a la Comisión los siguientes objetivos:

Recopilar información estadística para realizar los diagnósticos sobre cada rubro de interés nacional;

Diseñar responsablemente el futuro del país con proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos con una visión de largo plazo;

Definir escenarios nacionales con anticipación para aprovechar y potencializar los recursos del país con la mirada puesta en el porvenir.

VII. Que luego de varias reuniones de trabajo, de las que se informa en la Gaceta Parlamentaria publicada el día 27 de junio de 2005, existe el consenso de la mayoría de sus diputadas y diputados integrantes de que es imperativa la constitución de un proyecto de nación integral, incluyente, plural, participativo y democrático... que emplace sus esfuerzos al largo plazo, mismo que denominamos Agenda México 2030, cuya encomienda consiste en sumar al mayor número de actores políticos, económicos y sociales para pensar el México que queremos en 2030.

VIII. Que los beneficios que traerá esta agenda se podrán ver reflejados a lo largo y ancho de nuestro territorio, ya que se deberá orientar a:

fortalecer el Estado de derecho y la justicia social,

otorgar certidumbre y claridad al rumbo económico del país,

promover el desarrollo sustentable en aspectos económicos, sociales y políticos,

construir una sociedad próspera y una visión positiva de los mismos mexicanos,

fomentar la participación y la corresponsabilidad en la construcción del futuro del país,

generar y divulgar ideas de un futuro deseable para México en el contexto global,

promover liderazgos nacionales y regionales para el consenso del bienestar nacional,

y establecer un marco de referencia jurídica para la planeación de políticas públicas de largo y mediano plazos.

La visión que se pretende construir es una imagen futura del país en la cual se contemplen los temas estratégicos que son portadores y detonantes del desarrollo y del porvenir de los mexicanos.

Para lograr estos objetivos estratégicos resulta impostergable la incorporación de múltiples agentes, especialistas temáticos, académicos, investigadores, articulando los esfuerzos de diversos organismos, asociaciones, instituciones y centros, etcétera, que coadyuven en su diseño; para ello...

IX. La Comisión constituyó el Consejo Mexicano de Prospectiva, Asociación Civil, organismo cuyo Consejo Directivo estará presidido rotativamente por los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión especial para la definición del futuro de México.

X. De conformidad con sus estatutos, tendrán carácter de asociados activos los integrantes de la Comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México y las personas físicas, morales, instituciones, organismos, dependencias del Gobierno federal, estatal o municipal; y los asociados honorarios que sean designados por la asamblea.

XI. Que la Comisión especial para la definición del futuro de México potencial izará sus esfuerzos a través del Consejo Mexicano de Prospectiva, AC, el cual, además de adoptar los objetivos de la Comisión se orientara a:

XII. Ser una instancia a través de la cual la Comisión especial para la definición del futuro de México, elaborara la agenda, que contenga el proyecto de nación denominado Agenda México 2030; promover y difundir todas las actividades, experiencias, investigaciones y demás realizaciones de la asociación; celebrar toda clase de actos, convenios y contratos que sirvan para la consecución de sus objetivos; obtener de las instituciones correspondientes los apoyos necesarios y suficientes que se requieran para la realización de su objeto social.

XIII. Que es vital que en México se emprenda un proceso prospectivo que le permita diseñar, de manera participativa, la imagen de futuro deseada, probable y posible, que el país se merece.

XIV. Que México es un país pluriétnico y multicultural, con una gran diversidad de regiones y que los cambios que ha experimentado en los últimos años en materia económica, social, política y en muchos otros ámbitos nos obligan a realizar un diagnóstico sobre los rubros de interés nacional, como una tarea permanente de nuestros legisladores, que debe incluir a cada una de los entidades federativas y municipios de la República Mexicana, y cuyo diseño responsable, con proyectos y propuestas del futuro del país, rebasa la temporalidad de las Legislaturas.

XV. Que definir escenarios nacionales con anticipación, para aprovechar y potencializar los recursos del país, con la mirada puesta en el porvenir, requiere ajustes permanentes y replanteamientos acordes con la evolución económico-político y social de nuestra nación mexicana para prever su inclusión y funcionamiento en la mundialización, tan referida en nuestros días.

XVI. Que el interés demostrado por los sectores público, social, académico y empresarial para participar y apoyar el proyecto que defina el futuro de México, así como las aportaciones directas que nutran y retroalimenten la visión prospectiva de país, hacen necesario generar el entorno propicio para facilitar y agilizar la intervención de múltiples actores.

XVII. Que en el pasado reciente se han firmado dos acuerdos nacionales surgidos de la sociedad, los cuales contemplan metas de largo plazo. Se trata del Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, así como el de la Coalición Ciudadana Nacional por la Transición Democrática con Justicia y Equidad.

XVIII. Que estos acuerdos, que muy probablemente no serán los únicos, requieren encontrar, necesariamente, un cauce institucional que sirva para procesarlos y que implique compromisos del poder público, para dar rumbo e institucionalizar el proceso con un enfoque prospectivo. Por ello, se plantea que, a través de la comisiones, se canalice la discusión por temas de las aportaciones de la ciudadanía, expresados a través de este tipo de acuerdos o de otros medios que pudieran hacer de la Agenda México 2030, la visión de futuro de todos los mexicanos.

XIX. Que una vía adecuada para que el poder público se comprometa a largo plazo es estableciendo una agenda legislativa en la que se suscriban las acciones pertinentes para dar forma y cumplimiento a los anhelos y expectativas de la sociedad.

XX. Que para la construcción de esta visión de futuro se plantea en una primera instancia la participación de las comisiones permanentes de la H. Cámara de Diputados, consistente en que cada una aporte su visión del México del 2030, de acuerdo con el tema relativo a su naturaleza. Ello con miras a construir ordenada y sistemáticamente la agenda legislativa institucional de la H. Cámara de Diputados a partir de las visiones aprobadas de cada comisión, misma que, se prevé, contendrá los temas que se requieran procesar al interior de la Cámara para poder hacer realidad la visión institucional de largo plazo, previamente acordada.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados a prorrogar la vigencia de la Comisión Especial para la definición del futuro de México, hasta el final de esta LIX Legislatura.

Segundo. Asimismo, a dotaría de los recursos financieros necesarios para el sustento y apoyo de su impostergable mandato, con el propósito de concretar la Agenda México 2030, para así, garantizar su eficacia y fundamental repercusión en el futuro de nuestra nación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil cinco.--- Diputados: Manuel Ovalle Araiza, Presidente; Fernando Alberto García Cuevas, secretario; Carlos H. Silva Valdés, secretario; Pablo Bedolla López, Hugo Rodríguez Díaz, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Ivonne Aracelly Ortega Pachecho, Alfonso Nava Díaz, Juan Manuel Dávalos Padilla, Guillermo Tamborrel Suárez, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, José Juan Bárcenas González, Jaime del Conde Urgarte, Miguel Ángel Toscano Velasco, David Ferreyra Martínez, Rafael Candelas Salinas, Óscar González Yáñez, Luis Maldonado Venegas, Leticia Gutiérrez Corona, Arturo Robles Aguilar, Pablo Franco Hernández (rúbricas).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia también hace del conocimiento de todos los diputados y diputadas que quienes tengan puntos de acuerdo, dado el alto número, se pueda turnar a la comisión respectiva para agilizar su trámite. Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 29 de noviembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1056 del Código de Comercio.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Verónica Solís Pesquera y Enrique Gutiérrez Carmona, para prestar servicios en la Embajada de la República Checa y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez, para prestar servicios en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América en México, Hermosillo, Sonora y Monterrey.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Felipe Camelo Schwars, Miguel González Calette, Salvador Meléndez Mena, José Saúl Juárez Vega, Miguel Hakim Simón, Juan Benito Artigas Hernández y Raúl Sergio Arroyo García, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de Guatemala, del Reino de Dinamarca, de la República Francesa, del Reino de España, de la República de El Salvador y de la República de Panamá, respectivamente.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 34-A, 34-B y 34-C a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 1259 al Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 1198, 1203 y 1401 del Código de Comercio.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: La última verificación de quórum se tiene como lista final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 14:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 29 de noviembre, a las 11: 00 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 37 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 318 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 339 diputados.

Verificación de quórum: 305 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 305 diputados.

Proposiciones con punto de acuerdo: 2.

Diputado que solicita licencia: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 5.

Oradores en tribuna: 33 PRI-7; PAN-9; PRD-11; PVEM-2; PT-2; Conv-1: Dip. Ind.-1.

Se recibió:

2 comunicaciones de los congresos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración del Grupo de Amistad México-Cuba;

1 oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;

1 informe de la Comisión Especial para el Campo;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite ejemplar de la Carpeta Informativa sobre los resultados de la Visita de Estado del Presidente Vicente Fox Quesada a la República de Costa Rica, los días 2 y 3 de noviembre de 2005, así como de la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 de noviembre de 2005;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permiso para que dos ciudadanos puedan prestar servicios en el Centro de Comercio e Inversión de Corea en Monterrey, Nuevo León;

1 acuerdo de la Cámara de Senadores, para hacer un llamado a los Poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los involucrados para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989;

1 minuta proyecto de decreto que concede permiso a tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros;

1 minuta proyecto de ley, para los efectos del inciso e), del artículo 72 constitucional;

2 minutas proyectos de ley;

1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California;

6 iniciativas del PRI;

6 iniciativas del PAN;

4 iniciativas del PRD;

6 iniciativas del PVEM;

1 iniciativa del PT;

1 iniciativa de Dip. Ind.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alonso Díaz-Caneja, Ángel Juan (PAN) Ley de Concursos Mercantiles: 146

Aragón Cortés, Sheyla Fabiola (PAN) Artículos 59 y 116 constitucionales: 192

Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco (PRI) Código Penal Federal: 141

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) México-Venezuela: 44

Camarillo Zavala, Isidro (Dip. Ind.) Ley General de Salud: 206

Concha Arellano, Elpidio Desiderio (PRI) Verificación de quórum: 187 desde curul

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Ley Orgánica del Congreso: 154

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) México-Venezuela: 40

Chávez Dávalos, Sergio Armando (PRI) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 188

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Enfermedades genético-metabólicas: 38

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) México-Venezuela: 47 desde curul

De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo (PAN) México-Venezuela: 47 desde curul

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos: 175

García Ochoa, Juan José (PRD) México-Venezuela: 41

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Enfermedades genético-metabólicas: 39

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) México-Venezuela: 43

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Estado de Guerrero: 49

Hinojosa Moreno, Jorge Luis (PAN) Artículo 94 constitucional - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley de Amparo: 168

Jiménez Macías, Carlos Martín (PRI) México-Venezuela: 42, 47 desde curul

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley General de Salud - Ley de la Propiedad Industrial: 158

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) México-Venezuela: 46

Madrazo Rojas, Federico (PRI) Ley General de Protección Civil: 221

Martínez Álvarez, Jesús Emilio (Conv) México-Venezuela: 45

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Ley de Amparo: 245

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 150

Mojica Morga, Beatriz (PRD) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 226

Padilla Peña, Joel (PT) Ley Federal de Telecomunicaciones: 203

Ruiz Argáiz, Isidoro (PRD) Artículos 26 y 74 constitucionales - Ley de Planeación: 195

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Artículo 73 constitucional: 212

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) México-Venezuela: 44, 47

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Violencia intrafamiliar: 51

Tentory García, Israel (PRD) Ley General de Sociedades Mercantiles: 237

Torres Ramos, Lorena (PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 163

Vázquez García, Sergio (PAN) Ley de Amparo: 180

Vázquez González, Pedro (PT) México-Venezuela: 39