DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 13 de septiembre de 2005	Sesión No. 6

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos legisladores.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputados.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 10:02 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de septiembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

- Relativo al cambio de la fecha de la comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Votación)Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona el artículo 171 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar diversas disposiciones en materia indígena, a cargo de la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de notificaciones, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y un párrafo a la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1069 del Código de Comercio, en materia de formalidades y notificaciones, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Jazmín Zepeda Burgos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo noveno transitorio a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la PGR y a la Profepa a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules.

De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República y al secretario de Educación Pública a expedir la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado ``Rancho Las Trancas'' cuente con toda la protección legal que le corresponde.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo los que están otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen sorteos.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Distrito Federal, en particular a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico de los hospitales del Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, a decretar una norma oficial mexicana para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería del camarón y especies de escama.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas a fortalecer de manera urgente las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial de la función pública, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a informar sobre las acciones realizadas o proyectadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, así como a funcionarios del gobierno del estado de San Luis Potosí y del Conalep, a reinstalar a los profesores de esta institución educativa injustamente despedidos, respetar su derecho a la libre sindicalización e iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas y de otra índole contra los servidores públicos que resulten implicados, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que el Ejecutivo federal libere los recursos para continuar la construcción del puerto fronterizo El Ceibo, en el estado de Tabasco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, a apercibir a las autoridades de los centros educativos particulares a sujetarse a la escala de evaluación vigente en el país, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil de su competencia, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes, a cargo del diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Profepa que verifique e inspeccione las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto de la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general evitando medidas represivas, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e investigar las causas de los asesinatos de mujeres ocurridos en fechas recientes en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración que se instale un módulo de inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente para prevenir el arribo de inmigrantes centroamericanos integrantes de la organización conocida como Marasalvatrucha, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al C. Presidente de la República a actualizar el decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Febrero de 2003, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, mediante la Embajada de México en Estados Unidos de América, las gestiones necesarias para obtener y compartir con las autoridades estatales y las municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a los connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en ese país, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para fortalecer la protección de periodistas, de medios de comunicación y de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se incorpore una partida especial destinada a la SCT a fin de construir y pavimentar el tramo Altzayanca de la carretera Tlaxcala-Libres, Puebla, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de 2006 recursos adicionales para construir un hospital en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se incorpore una partida especial destinada a la Secretaría de Salud a fin de construir un hospital de especialidades en Huamantla, Tlaxcala, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar el primer sábado de julio como Día Nacional del Cooperativismo, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al procurador general de la República que ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable, y establezca los contactos pertinentes por los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General a cumplir las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención del grupo terapéutico número 20, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una partida especial de apoyo a las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar el 6 de julio como el día cuando 400 familias indígenas tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Salud apoye con recursos emergentes el estado de Tamaulipas para prevenir y controlar el dengue, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud que presente un informe sobre los contenidos de los programas y actividades de educación en materia de combate de la obesidad infantil, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de justicia y de seguridad pública de Jalisco a entregar los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública el establecimiento de un convenio de coordinación a fin de instaurar un registro de empresas constructoras que participen en licitaciones de cualquier nivel de gobierno, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria, a cargo de la diputada Ruth Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Sistema Nacional de Vacunación a reactivar los proyectos para iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas locales a integrar una comisión de pesca y acuacultura, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a modificar el decreto del 16 de mayo de 2005 y considerar el estado de Chihuahua en el esquema del subsidio para el gas doméstico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a abocarse a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el problema de los ex braceros, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial destinada a subsidiar el gas doméstico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos federal y estatales que instalen los equipos técnicos necesarios a efecto de inhibir las señales de telefonía celular en los centros de readaptación social sujetos a su administración, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados manifieste su respaldo y solidaridad a las familias afectadas por las recientes lluvias y solicite respetuosamente al titular del Ejecutivo federal que instaure medidas inmediatas y apoye económicamente al gobierno de Michoacán para resolver la problemática de todos los que se vieron afectados, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar su posición de respaldar el uso de la fuerza militar en conflictos internacionales, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Estatales Electorales a seguir fomentando la participación infantil, suscrita por las diputadas Angélica Ramírez Luna, Adriana González Furlong y María del Rocío Jaspeado Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al secretario de Salud del Gobierno Federal que informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de dicha dependencia, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezca el director general del Infonavit ante las Comisiones de Vivienda, y de Seguridad Social, e informe sobre el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada línea 1, a cargo de la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería, a solicitud del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste.

A las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional, a solicitud de los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes doce de septiembre de dos mil cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos ochenta diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del lunes doce de septiembre de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Isidro Camarillo Zavala por la que informa de su separación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de su decisión de declararse diputado independiente. De enterado. Comuníquese.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se aprueba en votación económica.

Con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales. De enterado.

El Congreso del estado de Guerrero invita a la Sesión Solemne para conmemorar el centésimo nonagésimo segundo aniversario del Primer Congreso de Anáhuac. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Dos con los que se remite el Quinto Informe de Labores de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Relaciones Exteriores. De enterado, distribúyase entre los diputados y remítanse a las comisiones correspondientes para los efectos del numeral cuatro del artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Alonso Fabriciano Gómez Sanz, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en la ciudad de Morelia, con circunscripción en el estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Tres, por los que solicita el permiso necesario para que nueve ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Uno, por el que comunica que siete ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

A las once horas con treinta y cinco minutos la Secretaría informa del registro de trescientos noventa y tres diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

La Cámara de Senadores remite dos iniciativas con proyectos de decreto que adiciona una fracción novena al artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que reforma el primer párrafo del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Activo, presentadas por el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con proyectos de acuerdo para cambiar las fechas de las comparecencias de los titulares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Se aprueban en sendas votaciones económicas. Comuníquense.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo doscientos sesenta y uno bis al Código Penal Federal y el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, atendida por la Presidencia.

José Felipe Puelles Espina, a nombre de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que crea la Ley del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo sexto de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Economía.

Diputados de diversos grupos parlamentarios, que reforma y adiciona el artículo cuatrocientos veinticuatro bis y reforma los artículos cuatrocientos veinticuatro ter y cuatrocientos veintinueve del Código Penal Federal. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos octavo, noveno, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y siete, ciento cincuenta y ciento ochenta de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Defensa Nacional.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos treinta y dos, treinta y cinco y treinta y ocho del Código Penal Federal y reforma el artículo ciento ochenta y dos -- R del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cincuenta y seis y deroga el artículo sesenta de la Ley de Instituciones de Crédito. La Presidenta informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo setenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos quince, diecisiete, ciento quince y trescientos seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología.

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, a nombre propio y del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, que crea el Reglamento Interior de las Comisiones del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional del trece al quince de septiembre de dos mil cinco, a fin de que participe en la sexagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del catorce al dieciséis de septiembre del año en curso. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional del trece al quince de septiembre de dos mil cinco, a fin de que participe en la sexagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del catorce al dieciséis de septiembre del año en curso. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos ochenta votos en pro, dos en contra y cinco abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; y José María de la Vega Lárraga, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos noventa y cuatro votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo con proyecto de decreto que adiciona el artículo treinta y uno a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es de segunda lectura. A nombre de las Comisiones, fundamentan el dictamen las diputadas: Margarita Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una fe de erratas a la que la Secretaría da lectura y la Asamblea acepta que se incorpore al dictamen en votación económica; y Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional. Hablan en contra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con la fe de erratas incorporada, misma que resulta aprobatoria por trescientos dos votos en pro, setenta y nueve en contra y once abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Economía. De enterado, distribúyase entre los diputados y remítase a las comisiones correspondientes para los efectos del numeral cuatro del artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma la fracción cuarta del artículo tercero de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto que reforma el artículo veintiséis de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma el artículo primero y adiciona los artículos diecinueve y sesenta y seis de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Habla en pro el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y dos votos en pro, uno en contra y tres abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma la fracción cuarta del artículo tercero de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Habla el pro el diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y seis votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto que reforma el artículo veintiséis de la Ley General de Desarrollo Social. El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone adiciones a las que la Secretaría da lectura y la Asamblea admite en votación económica. No habiendo nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con las adiciones admitidas, por trescientos ochenta y dos votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma el artículo primero y adiciona los artículos diecinueve y sesenta y seis de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos setenta y siete votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes trece de septiembre de dos mil cinco.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, el acta.

Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones de la Cámara de Senadores.

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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del Congreso del estado de Hidalgo acuerdo por el que manifiesta su respaldo a la iniciativa de reformas al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el Congreso del estado de San Luis Potosí.

La Presidencia dispuso que dicha documentación se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 6 de septiembre de 2005.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

H. Cámara de Senadores.--- Presentes.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura emitieron acuerdo económico relativo al oficio N. 001380 de fecha 9 de marzo de 2005, enviado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Pachuca, Hgo., a 26 de julio de 2005.--- Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica), Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales

Honorable Asamblea:

A los ciudadanos diputados Julio Menchaca Salazar, Juan Ortiz Simón, Reyna Hinojosa Villalva, Araceli Velázquez Ramírez e Irma Beatriz Chávez Ríos, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, en sesión ordinaria de fecha 12 de abril del año 2005, por instrucciones del Presidente de la Directiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 78, fracción II, 80 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos fue turnado oficio enviado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, procediendo a su análisis, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero.- En sesión ordinaria de fecha 12 de abril del año 2005, por instrucciones del Presidente de la Directiva, fue turnado a la Comisión que suscribe el oficio No. 001380 de fecha 9 de marzo de 2005, enviado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con el que envía copia del dictamen con iniciativa de decreto, mediante la que se propone reformar el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que, de considerarlo conveniente, se manifieste el respaldo.

Segundo.- El referido asunto se registró en el libro de gobierno respectivo, con el número 03/2005;

Por lo antes expuesto; y

Considerando

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Segundo. Que el dictamen que la Legislatura de origen aprobó cumple con lo establecido por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga facultad, a los Congresos de las entidades federativas para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión.

Tercero. Que actualmente el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, establece: ``El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales exigibles de los contribuyentes que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico de conformidad con la Ley de Agrupaciones Financieras''.

Cuarto. Que con la propuesta de reforma consistente en adicionar a este párrafo la siguiente redacción: ``De igual manera, no se comprenderá en esta reserva el ejercicio de las facultades de fiscalización de recursos públicos que dentro de su competencia realicen el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Congresos de los estados, a través de sus órganos de fiscalización'', se desprende la pretensión de que el secreto fiscal que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación no sea un obstáculo para las autoridades encargadas de la fiscalización de los recursos públicos en México y se pueda tener acceso a esta información, en relación con las personas morales y físicas que dan a conocer o declaran ante el Secretaría de Hacienda, lo que hará más eficaz y eficiente esta tarea.

Quinto. Que la iniciativa en estudio busca que los Congresos de la Unión y de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los organismos técnicos de fiscalización tengan acceso a la información fiscal que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un instrumento de apoyo y de complemento a las tareas de fiscalización de los recursos públicos que se llevan a cabo.

Sexto. Que en los últimos años se ha convertido en una necesidad primordial transparentar el quehacer institucional y fomentar la cultura de redición de cuentas y, en ese sentido, es imprescindible fortalecer a los órganos encargados de fiscalizar los recursos públicos, proporcionándoles los instrumentos necesarios para llevar a cabo sus funciones.

Por lo que, atendiendo a los antecedentes y consideraciones de merito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 de la Constitución Política del estado de Hidalgo; 133, 134, fracción I, 135, 136, 137 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales se permite emitir el siguiente:

Acuerdo Económico

Primero.- Los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, respaldamos la iniciativa de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, enviada al Congreso de la Unión por el Congreso del estado de San Luis Potosí, ya que coincidimos en que los organismos técnicos de fiscalización no deben tener impedimento alguno para allegarse de la información necesaria para verificar el destino y la aplicación de los recursos públicos, con lo que se permitiría realizar las tareas de fiscalización de los recursos públicos con eficiencia y eficacia, combatir la corrupción y elevar la calidad en el servicio público.

Segundo.- Derivado del punto que antecede, gírense oficios, anexando copia del presente instrumento, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para los efectos procedentes.

Tercero.- Gírese oficio al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, adjuntando copia de este acuerdo, comunicándole el apoyo y adhesión de esta soberanía a su propuesta de iniciativa.

Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los catorce días del mes de julio del año dos mil cinco.

Por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputados: Julio Menchaca Salazar (rúbrica), Juan Ortiz Simón (rúbrica), Reyna Hinojosa Villalva (rúbrica), Araceli Velásquez Ramírez (rúbrica), Irma Beatriz Chávez Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV del Estatuto de Gobierno; 10, fracción XXI; y 42, fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9o. del Reglamento Interno para el Parlamento de la Juventud del Distrito Federal 2005, informo a usted que el día 5 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la instalación del Parlamento de la Juventud del Distrito Federal 2005, en el recinto de sesiones de este órgano legislativo.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle mi distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 8 de septiembre de 2005.--- Dip. Carlos Reyes Gámiz (rúbrica) Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en Comisión, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, sustituya a la diputada Patricia Garduño Morales como integrante de la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, SA.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 9 de septiembre de 2005.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al cambio de la fecha de comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ConsiderandoI. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo y presentará un informe por escrito en el que se expondrá el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que, de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.

III. Que el artículo 7, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General prevé que las Cámaras del Congreso analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se clasificará en las siguientes materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

IV. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica faculta a la Junta de Coordinación Política a someter a la consideración del Pleno de los proyectos de puntos de acuerdo que resulten necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Que en sesión celebrada el 30 de agosto de 2005 la Junta de Coordinación Política consideró conveniente que el análisis del V Informe de Gobierno se lleve a cabo en las sesiones ordinarias previstas para los próximos miércoles 7 y jueves 8 de septiembre del año en curso. En ese sentido, la primera sesión tendrá por objeto analizar el informe presentado en lo relativo a las materias de política económica y política social, mientras que la sesión del jueves 8 se destinará el análisis conducente de la política interior y exterior.

VI. Con la finalidad de profundizar en el análisis del V Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República y de promover el diálogo constructivo entre la Legislatura y las dependencias del Gobierno Federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente que las comparecencias de los secretarios de despacho a las que se refiere el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política se realicen ante comisiones de la Cámara de Diputados.

VII. Que el acuerdo al que hace referencia el numeral anterior fue a aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 7 de septiembre del 2005 y que el calendario de comparecencias contenido en éste fue notificado al Poder Ejecutivo federal para sus causes legales.

VIII. Que diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitaron a esta Junta de Coordinación Política acordar que la comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luis Luege Tamargo, prevista para el día jueves 22 de septiembre a las 17:00 horas, se celebre el día 28 de septiembre del presente año a las 11:00 horas.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7 y 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.- Que la Comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege Tamargo se lleve a cabo el próximo 28 de septiembre a las 11:00 horas, conforme al formato previamente aprobado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador de Grupo Parlamentario del PRI; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del secretario de Medio Ambiente.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General de Desa-rrollo Social, para incorporar diversas disposiciones en materia indígena.La diputada Evangelina Pérez Zaragoza: Con su venia, señor Presidente: el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto de la suscrita, diputada Evangelina Pérez Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa de adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, a partir de la siguiente exposición de motivos:

Desde el ámbito legislativo se ha buscado impulsar diversas normas jurídicas para apoyar y establecer los mecanismos que permitan garantizar los derechos y la cultura de los indígenas. Con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 2001, se amplió el reconocimiento de la composición pluricultural y pluriétnica del Estado nacional. Con ello se busca construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural en el diálogo y el respeto de las diferencias. La misma reforma constitucional mandata un proceso de modificaciones sustanciales de la legislación federal y la estatal. Adicionalmente, se requiere un proceso de reforma institucional donde los tres niveles de gobierno asuman las responsabilidades que les corresponden en materia indígena, a efecto de llevar a cabo las acciones necesarias y destinar recursos suficientes para garantizar los derechos derivados de dicha reforma constitucional.

En congruencia con lo que establece nuestro marco jurídico y en respuesta a las condiciones sociales prevalecientes en los pueblos y las comunidades indígenas, se hace necesaria la promoción de políticas específicas y de programas de desarrollo y bienestar para la población indígena. Las condiciones de vida de los pueblos indígenas están generalmente asociadas a la pobreza extrema. De acuerdo con datos del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, para el año 2000 de los 2 mil 443 pueblos indígenas y de los municipios calificados como indígenas en la medida que concentran 30 por ciento o más de la población indígena estimada. De éstos, 88 por ciento -es decir, 707- está considerado de alta y muy alta marginación. Pese a su compleja y severa situación, los pueblos indígenas han logrado conservar su dignidad y participar constructivamente en su desarrollo, conservando cultura, identidad, instituciones, autoridades y tradiciones propias.

Por ello, la presente iniciativa busca que los gobiernos municipales, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, mediante acciones coordinadas, impulsen el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas, fortaleciendo la economía local, el financiamiento suficiente y oportuno para proyectos productivos indígenas encaminados a erradicar las desventajas competitivas, a incorporar nuevas tecnologías que hagan más eficientes sus sistemas de producción, además de promover lo necesario para apoyar el seguimiento y la supervisión de dichos proyectos, así como los elementos necesarios para la organización, capacitación y asistencia técnica de las indígenas. Cualquier formulación de carácter nacional para atender la compleja realidad de los indígenas requiere la participación de los mismos.

Por ello se atiende a lo que expresaron en la consulta los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo, que llevó a cabo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre fines de 2003 y 2004, donde participan y participaron un total de 4 mil 269 integrantes de 59 pueblos indígenas. Lo anterior nos lleva a plantear adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, ya que establece entre su objeto fomentar el sector social de la economía y, particularmente, en su Título Tercero establece un capítulo específico para el fomento del sector social de la economía. Ahí se plantea adicionar las disposiciones necesarias que den cumplimiento estricto a las fracciones I y VII del Apartado B del artículo 2o. constitucional. Con esas reformas, los pueblos indígenas y sus comunidades tendrán la posibilidad de participar plenamente en los proyectos productivos y oportunidades reales de nuevos modelos de desarrollo sostenible en sus tierras, encaminados a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible, que reconoce, promueve y fortalece la incorporación y, a su vez, la aportación de las comunidades indígenas al desarrollo social.

Si no avanzamos en cambios estructurales en las políticas públicas en asuntos indígenas, no se podrá hablar de una nueva relación entre Estado, sociedad nacional y pueblos indígenas. Por lo anterior y con fundamento en los artículos citados, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 34. Los gobiernos federal, estatal y municipal, con la participación de los pueblos y las comunidades indígenas, apoyarán las actividades productivas y de desarrollo sustentable de las zonas indígenas, mediante acciones coordinadas que permitan fortalecer la economía local, mejorar las condiciones de vida de los pueblos y lograr la suficiencia de los ingresos económicos de los indígenas, procurando establecer de manera conjunta con ellos nuevos modelos interculturales de desarrollo regional. Además, se les dará prioridad en la asignación de subsidios o programas alimentarios para la ejecución de proyectos de recuperación nutricional, a partir de esquemas sostenibles de producción y autosuficiencia alimentaria.

En dichas acciones deberán considerarse las aplicaciones de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la organización, la capacitación, la asistencia técnica y el uso de tecnologías para incrementar su capacidad productiva. Asimismo, se asegurará el acceso equitativo al crédito, a los sistemas de abasto y comercialización.

En las reglas y manuales de operación de los programas sociales destinados a la población deberán incluirse cláusulas de excepción y ofrecer alternativas en sus requisitos, atendiendo a las limitaciones derivadas de la condición socioeconómica de los indígenas; por ejemplo, la carencia del registro civil o credencialización.

Además, los contenidos de dichas reglas y manuales deberán difundirse en idioma español y en las lenguas habladas por los pueblos indígenas de la República Mexicana, reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Las autoridades municipales determinarán equitativamente los recursos presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar diversas disposiciones en materia indígena, a cargo de la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto de la suscrita diputada Evangelina Pérez Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados iniciativa de adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde al ámbito legislativo se ha buscado impulsar diversas normas jurídicas para apoyar y establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar los derechos y la cultura indígena.

Con la reforma del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2001, se amplió el reconocimiento de la composición pluricultural y pluriétnica del Estado nacional. Con ello, se busca construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo y el respeto a las diferencias.

La misma reforma constitucional mandata un proceso de modificaciones sustanciales a la legislación federal y estatal. Adicionalmente, se requiere un proceso de reforma institucional donde los tres niveles de gobierno asuman las responsabilidades que les correspondan en materia indígena, a efecto de llevar a cabo las acciones necesarias y destinar los recursos suficientes para garantizar los derechos de derivados de dicha reforma constitucional.

En congruencia con lo que establece nuestro marco jurídico, y en respuesta a las condiciones sociales prevalecientes en los pueblos y comunidades indígenas, se hace necesaria la promoción de políticas específicas y de programas de desarrollo y bienestar para la población indígena.

Las condiciones de vida de los pueblos indígenas están generalmente asociadas a la pobreza extrema. De acuerdo con datos del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, para el año 2000, de los 2 443 municipios que existen en nuestro país, 803 pueden ser calificados como indígenas en la medida que concentran 30% y más de Población Indígena Estimada. De éstos, el 88%, es decir 707, están considerados de alta y muy alta marginación.

Algunos indicadores de esos municipios nos hablan de un gran analfabetismo; de una percepción de ingresos menores a un salario mínimo, e incluso muchos de estos trabajadores indígenas no perciben ingreso monetario alguno. Además, una gran cantidad de ejidos y comunidades agrarias indígenas, cultivan tierras de temporal de bajo rendimiento; asimismo, en estas poblaciones encontramos la mayor incidencia de problemas de salud, desnutrición, alcoholismo y mortalidad por enfermedades curables.

A pesar de esta compleja y severa situación, los pueblos indígenas han logrado conservar su dignidad y participar constructivamente en su desarrollo conservando cultura, identidad, instituciones, autoridades y tradiciones propias, además de que cuentan con mecanismos para la toma de decisiones colectivas y sistemas para procurar y administrar justicia, organizan y reconstituyen su vida social y productiva con miras a mejorar las condiciones de vida que enfrentan.

Por ello, la presente iniciativa busca que los gobiernos municipales, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, mediante acciones coordinadas impulsen el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo la economía local, el financiamiento suficiente y oportuno para proyectos productivos indígenas, encaminados a erradicar las desventajas competitivas y a incorporar nuevas tecnologías que hagan más eficientes sus sistemas de producción. Además de proveer lo necesario para apoyar el seguimiento y supervisión de dichos proyectos, así como, los elementos necesarios para la organización, capacitación y asistencia técnica de los indígenas.

Mejorar las condiciones de vida de los integrantes de los pueblos indígenas demanda necesariamente eliminar los obstáculos al desarrollo para revertir los rezagos y resolver la injusta desigualdad en que históricamente han vivido los pueblos indígenas, lo cual requiere del concurso y de la participación de los tres órdenes de gobierno, de la participación de los pueblos y comunidades indígenas y de la sociedad en su conjunto.

Cualquier formulación de carácter nacional para atender la compleja realidad de los indígenas, requiere de la participación de los mismos, por ello se atiende a lo que expresaron en la ``Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo'', que llevó a cabo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre fines de 2003 y principios de 2004, donde participaron un total 4 269 integrantes de 59 pueblos indígenas.

En el informe final de dicha consulta se destaca que las causas de la pobreza en las comunidades indígenas son sumamente complejas ya que deben considerarse todos aquellos aspectos históricos y estructurales que las han situado en condiciones de desventaja y desigualdad con respecto a otros sectores de la sociedad nacional.

Para el 87.9% de los consultados, las dos principales causas de la pobreza se encuentran en primer lugar, en las inadecuadas políticas gubernamentales, manifiestas en el paternalismo, la centralización de recursos y, principalmente, en la generación de programas y proyectos no acordes a las necesidades de los pueblos indígenas. Subrayan, falta de participación indígena en la planeación, inexistencia de diagnósticos, falta de información suficiente y oportuna sobre las normas y procedimientos para acceder a los programas, entrega desfasada de recursos, falta de seguimiento y evaluación.

En segundo lugar, la falta de financiamiento para el impulso de actividades productivas, lo cual se refleja en la falta de asesoría y capacitación, particularmente en el ámbito de producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, así como en el bajo nivel tecnológico y de infraestructura.

Lo anterior nos lleva plantear adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, ya que esta establece entre su objeto, el de fomentar el sector social de la economía, y particularmente dentro de su título tercero, establece un capítulo específico para el fomento del sector social de la economía, es ahí donde se plantea adicionar las disposiciones necesarias que den cumplimiento estricto a las fracciones I y VII del apartado B del artículo segundo constitucional.

Se busca dotar de los instrumentos jurídicos fundamentales que permitan a los pueblos y comunidades trascender de su situación actual de marginación y pobreza hacia estados de vida más dignos. Éste es el sentido de la propuesta, donde los tres niveles de gobierno asuman las responsabilidades de promover y financiar proyectos productivos, pero también donde las comunidades indígenas accedan y participen activamente entendiendo en su lengua, priorizando sus necesidades y diseñando las estrategias de desarrollo que les permita ser reconocidos como sujetos con la tarea intransferible de transformar su propia realidad.

Además, congruente con el mandato constitucional, se establece la obligación específica para el ámbito municipal de determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos en sus proyectos productivos.

Con estas reformas los pueblos indígenas y sus comunidades tendrán la posibilidad de participar plenamente en los proyectos productivos y oportunidades reales de nuevos modelos de desarrollo sostenible en sus tierras, encaminados a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible que reconoce, promueve y fortalece la incorporación y a su vez, la aportación de las comunidades indígenas al desarrollo nacional.

Si no avanzamos en cambios estructurales en las políticas públicas en asuntos indígenas, no se podrá hablar de una nueva relación entre Estado, sociedad nacional y pueblos indígenas. La sociedad mexicana y los pueblos indígenas reclaman una institucionalidad que coordine y oriente los esfuerzos para su reconstitución social y económica e impulse el desarrollo integral de éstos que responda a sus demandas y promueva el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adiciona un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 34, de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

Los gobiernos federal, estatales y municipales con la participación de los pueblos y comunidades indígenas apoyarán las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las zonas indígenas mediante acciones coordinadas que permitan fortalecer la economía local, mejorar las condiciones de vida de los pueblos y, lograr la suficiencia de los ingresos económicos de los indígenas, procurando establecer de manera conjunta con ellos nuevos modelos interculturales de desarrollo regional. Además se les dará prioridad en la asignación de subsidios o programas alimentarios y para la ejecución de proyectos de recuperación nutricional, a partir de esquemas sostenibles de producción y autosuficiencia alimentaria.

En dichas acciones deberá considerarse la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos; la organización, la capacitación, asistencia técnica y el uso de tecnologías para incrementar su capacidad productiva; asimismo se asegurará el acceso equitativo al crédito, a los sistemas de abasto y comercialización.

En las reglas y manuales de operación de los programas sociales destinados a la población indígena deberán de incluirse cláusulas de excepción y ofrecer alternativas en sus requisitos, atendido a las limitaciones derivadas de la condición socioeconómica de los indígenas, por ejemplo la carencia de registro civil o de credencialización.

Además, los contenidos de dichas reglas y manuales deberán de difundirse en idioma español y en las lenguas habladas por los pueblos indígenas de la República Mexicana reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Las autoridades municipales determinarán equitativamente los recursos presupuéstales que las que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica).» Presidencia del diputado Álvaro Elías LoredoEl Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 171 del Código Penal Federal.El diputado Omar Bazán Flores: Con su venia, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 171 del Código Penal Federal.

De conformidad con los artículos 71, fracción II y 72, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI, presenta ante ésta H. soberanía, la siguiente iniciativa de ley que reforma el artículo 171 de Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

La transformación del derecho es una necesidad que se ajusta realidad histórica como lo define el maestro Villoro Toranzo, por eso es urgente la reforma de la fracción II del artículo 171 del Código Penal Federal, relativo a las sanciones aplicables a los conductores en estado de ebriedad, ante el grave problema que actualmente representa para la comunidad, las personas que circulan por las carreteras del país en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias similares y cuya sanción, bajo la actual legislación, resulta inadecuada e ineficaz, puesto que la experiencia indica que finalmente, por la baja penalidad que contempla el código penal federal, para la sanción de este ilícito consistente en una pena privativa de libertad y multa mínimas, que los Jueces Federales sustituyen por multa y concesión además, del beneficio de la condena condicional, representan un alto costo para la federación, por los gastos erogados, por la tramitación que cada proceso ocasiona, sin resultado práctico para la sociedad ni el propio infractor.

Por ello, se propone una pena alternativa, como medida preventiva de males mayores, para el caso de actualizarse el síndrome del alcoholismo en el conductor infractor, quien al no recibir la rehabilitación adecuada, volverá a reincidir, con mayor gravedad en sus consecuencias.

La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salud de la Federación y de las entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución''.

Desde el año de 1978, la conferencia internacional sobre atención primaria a la salud (OMS.- UNICEF.), apuntó una conceptualización de la salud que ha generado una influencia importante en el enfoque informativo de los estados, al entender la misma como: ``El estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; es un derecho fundamental y el logro de grado más alto posible de la misma es un objetivo social importantísimo en el mundo''.

Expuesto lo anterior, enfocaremos nuestra propuesta al problema de salud público, relativo a las adicciones: entre otras, el alcoholismo, para lo cual resulta indispensable localizar y puntualizar la legislación que se ocupa del tema, con la finalidad de formular una propuesta que lleve a la comprensión del problema, tanto al legislador, como a la autoridad judicial, y a la administrativa, a efecto de establecer una coordinación de competencias, para la atención y prevención de dicha enfermedad.

Si como ya se dijo, es cierto entonces, que el alcohol es el principal factor criminógeno, de los accidentes de tránsito, por lo que esta conducta debe ser severamente sancionada; sin embargo, del análisis del problema, encontramos que además, el sujeto activo resulta ser un enfermo, por tanto, la propia ley debe darle alternativa, entre una sanción privativa de libertad o su rehabilitación.

Pues a nada práctico conduce, la imposición de penas de prisión y multas mínimas, por parte de los Jueces Federales, bajo la legislación vigente, en las que finalmente la pena de prisión, se substituye por multa, al conceder al sentenciado, en la mayoría de los casos este beneficio, quedando vigente el problema, con un alto costo para la federación, por los gastos erogados en los procesos penales, incoados al respecto ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, sin ningún resultado positivo para la sociedad ni el propio infractor.

Por tanto, en las referidas condiciones, se propone reformar la legislación penal federal, concretamente, en su artículo 171, cuya redacción actual es del tenor siguiente: ``Se impondrá prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o perdida del derecho de usar licencia de manejar: II.- Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, cometa alguna infracción a los reglamentos de transito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponde si causa daños a las personas o las cosas''.

Texto vigente

Artículo 171.- Se impondrán prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador:

I.- Derogado

II.- Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta H. soberanía la iniciativa de ley que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Texto modificado

Artículo 171.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años, y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa, y suspensión de los derechos para conducir vehículos, hasta por cinco años, o tratamiento para la atención de las adicciones, de seis meses a un año, por conducto de la Secretaría de Salud, bajo la supervisión del ejecutivo, al que, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, maneje vehículos de motor.

Palacio de San Lázaro a los 8 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: es común ver en las avenidas transitadas el humo que arrojan vehículos o el humo de las industrias.

Ese flujo de aire oscuro es visible porque contiene partículas que provienen de la mala combustión. Otro fenómeno cotidiano en las grandes ciudades es la disminución de la visibilidad, provocada por las partículas suspendidas en la atmósfera.

En la calidad del aire, las características de tamaño y composición de las partículas suspendidas juegan un papel importante en los efectos a la salud y al bienestar del ser humano. Las partículas primarias están presentes en la atmósfera en la forma que se emitieron y las partículas secundarias se forman en la atmósfera a partir de los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre, principalmente. Generalmente, las partículas secundarias son más dañinas a la salud que las primarias. Estudios e investigaciones recientes demuestran que las partículas que causan problemas significativos de contaminación del aire y efectos a la salud son las de tamaños menores de 10 mm, conocidas como PM10, las PM10, con diámetros aerodinámicos aproximadamente siete veces menores que el grosor de un cabello, pueden viajar a lo más profundo del sistema respiratorio y depositarse en los alvéolos pulmonares, quedando atrapados en las membranas.

Las principales fuentes de partículas son básicamente los procesos de combustión que se utilizan en vehículos y procesos industriales, como las plantas generadoras de energía, los incineradores, actividades de la construcción, los incendios y las erosiones de los suelos. Muchos estudios muestran la relación entre las concentraciones ambientales de partículas y los efectos en la salud. El incremento en las partículas está altamente correlacionado con el ingreso hospitalario por enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, tales como deficiencia pulmonar, incremento de problemas respiratorios y muerte prematura. Las partículas afectan de manera directa los pulmones y las vías respiratorias. En grandes ciudades, como la nuestra, estamos continuamente expuestos a las partículas, que frecuentemente están combinadas con otras sustancias peligrosas. Éste es el caso de las partículas más pequeñas, que tienden a reaccionar con gases, confiriéndoles un alto grado de peligrosidad.

Las medidas adoptadas en los últimos años para frenar el deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana del valle de México han generado buenos resultados. La tendencia ascendente de ciertos contaminantes atmosféricos ha sido controlada, como en el caso del plomo, del bióxido de azufre y de las partículas. Sin embargo, la dinámica de la contaminación atmosférica es a tal grado compleja, que su evolución nos ha ido revelando dimensiones poco exploradas e incluso desconocidas anteriormente. En este sentido, se ha observado que ciertos contaminantes han alcanzado niveles inaceptables, pues los efectos que producen en la salud son sumamente preocupantes. Hoy día, una marca automotriz se debe preocupar por ofrecer motores con tecnología que redunden en beneficios, como una óptima potencia con alto rendimiento de combustible o una emisión de gases más limpios; en otros, el rendimiento de combustible, considerado como la distancia que recorre un auto con un litro de combustible. Actualmente, existen en el mercado diversos parámetros de rendimiento, que van desde 8 hasta 18 kilómetros, pero con la intención de propiciar la venta de automóviles eléctricos, así como de los eléctricos que -además- cuenten con motor de combustión interna nuevos, con un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina.

Se considerará conveniente incluir un incentivo económico para excluir el pago de impuestos a este tipo de automóviles, con la intención de contribuir a la mejora de la calidad del aire. En este sentido, para continuar introduciendo incentivos que permiten contribuir a la mejora de la calidad del aire, en el ámbito federal mexicano el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue: Artículo 8. No se pagará el impuesto establecido en esta ley en los casos siguientes... Fracción IV. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de los eléctricos que, además, cuenten con un motor de combustión interna nuevos, con un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina.

Es cuanto señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Guillermo Velasco Rodríguez, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa, que adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Es común ver en las avenidas transitadas el humo que arrojan vehículos o el humo de las industrias. Ese flujo de aire oscuro es visible, porque contiene partículas que provienen de la mala combustión. Otro fenómeno cotidiano, en las grandes ciudades, es la disminución de la visibilidad, provocada por las partículas suspendidas en la atmósfera.

Las partículas se definen como cualquier material que existe en estado sólido o líquido en la atmósfera o en una corriente de gas, excepto agua o hielo. Las partículas incluyen polvo, ceniza, hollín, humo y pequeñas partículas de contaminantes. La unidad de medida que con frecuencia corresponde a los diámetros de las partículas, es la micra (millonésima parte de un metro = 10-6m), y suele dársele el símbolo mm.

Las partículas pueden variar en formas, (por ejemplo el asbesto, que es semejante a barras); tamaño (por ejemplo de 0.001mm, aerosoles microscópicos, a 10,000 mm)[1], y composición química. En calidad del aire las características de tamaño y composición química juegan un papel importante en los efectos a la salud y el bienestar del ser humano.

Las partículas primarias están presentes en la atmósfera en la forma que se emitieron y las partículas secundarias se forman en la atmósfera a partir de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre, principalmente. Generalmente las partículas secundarias son más dañinas a la salud que las primarias.

Estudios e investigaciones recientes demuestran que las partículas que causan problemas significativitos de contaminación del aire y efectos a la salud, son las de tamaños menores a 10 mm, conocidos como PM10. Las PM10 (con diámetros aerodinámicos aproximadamente, siete veces menores que el grosor de un cabello humano), pueden viajar a lo más profundo del sistema respiratorio, y depositarse en los alvéolos pulmonares, quedando atrapados en las membranas.

Actualmente en México, las PM10 se consideran contaminantes criterio (estándar de calidad del aire que se debe cumplir para asegurar la salud pública) y la norma que se debe cumplir no debe rebasar los 150 mg/m3 como promedio de 24 horas. En los últimos años ha crecido la preocupación por las partículas menores a 2.5 mm, también conocidas como PM2.5, debido a su alta peligrosidad para la salud humana. El gobierno y las autoridades de salud han comenzado a gestionar una norma de calidad del aire para México con respecto a este tipo de partículas.

Las principales fuentes de partículas son básicamente los procesos de combustión que se utilizan en vehículos; procesos industriales tales como las plantas generadoras de energía, los incineradores, actividades de la construcción, los incendios y las erosión del suelo.

De estudios realizados en campo sobre la composición de las PM10 en la Ciudad de México, se ha encontrado que alrededor del 40% proviene de fuentes naturales (como vegetación y suelos, etc.), el 36% proviene de los vehículos automotores y las fuentes industriales contribuyen con el 16% y el 8% restante se atribuye a la combustión comercial e incendios forestales.

Muchos estudios muestran la relación entre las concentraciones ambientales de partículas y los efectos en la salud. El incremento en las partículas está altamente correlacionado con el ingreso hospitalario por enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, tales como: deficiencia pulmonar, incremento de problemas respiratorios y muerte prematura. Las partículas afectan de manera directa los pulmones y las vías respiratorias

En ciudades como la nuestra estamos continuamente expuestos a las partículas que frecuentemente están combinadas con otras sustancias peligrosas. Este es el caso de las partículas más pequeñas que tienden a reaccionar con gases, confiriéndoles un alto grado de peligrosidad.

Las medidas adoptadas en los últimos años para frenar el deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana del valle de México han generado buenos resultados: la tendencia ascendente de ciertos contaminantes atmosféricos ha sido controlada (como en el caso del plomo, del bióxido de azufre y de las partículas). Sin embargo, la dinámica de la contaminación atmosférica es a tal grado compleja que su evolución nos ha ido revelando dimensiones poco exploradas e incluso desconocidas anteriormente. En este sentido, se ha observado que ciertos contaminantes han alcanzado niveles inaceptables pues los efectos que producen sobre la salud son sumamente preocupantes. Este es el caso del ozono, dado que en los últimos años alrededor del 90% de los días se alcanzaron niveles que sobrepasaron las normas de calidad del aire. Por ello, uno de los propósitos del Programa para mejorar la calidad del aire en el valle de México que aquí se presenta, es enfatizar que los esfuerzos integrados de la sociedad y del gobierno deben ser encauzados a partir de conceptos de mayor integración y alcance, que se reconozcan dentro de un proyecto de ciudad sustentable en el sentido mas amplio del termino; esto es, que se considere al fenómeno urbano como un sistema abierto y dinámico que incluye e interrelaciona a la calidad del medio ambiente con el funcionamiento de sus mercados, con sus procesos vitales como el transporte publico y privado, con la estructura vial, con su organización espacial y con los patrones de usos del suelo, con el estado de las tecnologías, con los sistemas de información, con los hábitos y las costumbres de la población y, en general, con la cultura urbana y las tendencias inherentes al desarrollo metropolitano.

El reconocimiento explícito de esta enorme complejidad es indispensable para encontrar soluciones de fondo que permitan salvaguardar la salud de la población en la zona metropolitana del valle de México y avanzar hacia un horizonte de desarrollo urbano sustentable.

Hoy en día, una marca automotriz se debe preocupar por ofrecer motores con tecnología que redunde en beneficios como una óptima potencia con un alto rendimiento de combustible o una emisión de gases más limpios.

Entre otros, el rendimiento de combustible, considerado como la distancia que recorre un auto con un litro de combustible, actualmente existen en el mercado diversos parámetros de rendimiento que van desde ocho hasta 18 kilómetros por litro de gasolina, pero con la intención de propiciar la venta de automóviles eléctricos así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna nuevos con un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina, se considera conveniente incluir un incentivo económico para excluir del pago del impuesto a este tipo de automóviles con la intención de contribuir a la mejora en la calidad del aire.

En este sentido, para continuar introduciendo incentivos que permitan contribuir a la mejora en la calidad del aire en el ámbito federal mexicano el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:

Artículo 8.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en los siguientes casos:

I.- En la exportación de automóviles con carácter definitivo, en los términos de la legislación aduanera.

II.- En la enajenación al público en general de automóviles compactos de consumo popular.

III.- En la importación de vehículos en franquicia, de conformidad con el artículo 62, fracción I, de la Ley Aduanera, o con los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

IV.- Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna nuevos con un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina.

Se consideran automóviles compactos de consumo popular, aquellos cuyo precio de enajenación, incluyendo el impuesto al valor agregado, no exceda de la cantidad de $65,000.00, que su motor sea de fabricación nacional y que posea una capacidad para transportar hasta 5 pasajeros.

El precio a que se refiere el párrafo anterior, se actualizará en el mes de enero de cada año, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 13 de septiembre de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Guillermo Velasco Rodríguez.» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Proceda la Secretaría al cierre del sistema electrónico y a dar cuenta del registro de diputados y de diputadas.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar asistencia? Si falta alguna diputada o diputado de registrar asistencia, tienen hasta 15 minutos para realizarlo por cédula. Señor Presidente, hay una asistencia registrada de 392 diputadas y diputados.

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LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: La iniciativa anterior se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del partido de Convergencia, para presentar iniciativa de reforma a los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de notificaciones.El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de notificaciones.

El suscrito, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, en nombre del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La defensa de la legalidad y el debido proceso son preocupaciones constantes para el Grupo Parlamentario de Convergencia. Se estima oportuno que los códigos y leyes mexicanos no tengan espacios o lagunas que generen dudas al momento de interpretar aspectos procedimentales que a la postre pueden generar mayor retardo en el despacho de los asuntos y en el propio sistema de impartición de justicia mexicano.

El hecho de que sea precisada la manera en que se pueden subsanar omisiones en los litigios, por lo que respecta al señalamiento de domicilio en la localidad del juicio, en el que se puedan desahogar notificaciones personales y diligencias judiciales, no obedece a otra cosa que a la certeza que debe imperar en los procedimientos.

La redacción actual de los preceptos que se reforman en la ley adjetiva, resulta confusa y genera incertidumbre, ya que, de una interpretación laxa de los mismos, surgen dudas sobre la posibilidad de que se reanude la práctica de notificaciones personales, a partir del señalamiento de domicilio, cuando dicho requisito había sido omitido previamente por algún litigante.

El sistema legal mexicano debe nutrirse de elementos que den claridad a los ordenamientos que lo integran.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y los artículos 4 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

(Texto actual)

Artículo 306. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales.

Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión; a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse.

Artículo 308. Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promoción de cualquier persona, o lo que expusiere en la primera diligencia que con ella se practicare, y, si no estuviere la designación de la casa en que han de hacérsele las notificaciones personales, acordarán desde luego, sin necesidad de petición de parte ni certificación de la secretaría, sobre la omisión, que se proceda en la forma prescrita por el artículo 306, mientras aquélla no se subsane.

(Texto que se propone)

Artículo 306. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea subsanada la omisión.

Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión; a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse.

Artículo 308. Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promoción de cualquier persona, o lo que expusiere en la primera diligencia que con ella se practicare, y, si no estuviere la designación de la casa en que han de hacérsele las notificaciones personales, acordarán desde luego, sin necesidad de petición de parte ni certificación de la secretaría, sobre la omisión, que se proceda en la forma prescrita por el artículo 306, en caso de que no haya sido debidamente subsanada la misma.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil cinco.--- Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un Título XII a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado..
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Compañeras y compañeros legisladores: el suscrito, José Alarcón Hernández, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta honorable soberanía a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título XII a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de crear un fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día; por eso me concretaré a señalar dos o tres aspectos de la exposición de motivos y del contenido de la propia iniciativa, que lo que hace es adicionar, como he expresado, un título duodécimo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para los efectos es importante partir de que la justicia como valor, como ideal, como servicio público, como garantía constitucional y derecho público fundamental requiere cuantiosos recursos para poder ser otorgada de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Como establece la Constitución, es precisamente este honorable Congreso, a través de la Cámara de Diputados, el que asigna el presupuesto correspondiente al Poder Judicial de la Federación, pero también, como es conocido, como es perfectamente comprobable, los recursos de que dispone el Poder Judicial de la Federación siempre han resultado insuficientes.

Por ello la proposición en esta iniciativa, la creación de este fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación. Así pues, la presente iniciativa se inscribe en la búsqueda de más recursos para resolver precisamente la insuficiencia de ellos y, en todo caso, estar en mejores condiciones para poder ofrecer una justicia pronta, expedita a todos los mexicanos, en todas las entidades federativas, mejor dicho en casi todas, hecha excepción de cuatro estados. Este fondo de apoyo está vigente con objeto de obtener mayor cantidad de recursos para este objetivo.

Lo que se pretende, subrayo, con la creación de este fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación es ofrecer mejores condiciones de justicia conmutativa para todos los mexicanos. Los recursos de que se allegue este fondo cuya constitución se propone serían independientes de los otros que la honorable Cámara de Diputados le asigna a través del presupuesto anual de egresos de la Federación. Sería entonces un nuevo título de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se integraría con dos tipos de recursos: unos propios y otros ajenos, afectados estos últimos en forma transitoria al fondo. Entre los primeros se encuentran las donaciones al fondo y los provenientes del patrimonio propio del Poder Judicial de la Federación; y los segundos, entre otros, los intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal se encargaría de la administración y supervisión del fondo. Los recursos se invertirían en valores de renta fija y en valores y depósito en renta fija del más alto rendimiento, siempre que no se pierda la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulta necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellos.

Uno de los objetivos prioritarios de toda nación debe ser el constante mejoramiento de su sistema de impartición de justicia y el acercamiento de ésta a los justiciables, por ser ahí donde desembocan las necesidades sociales. Ello obliga a la búsqueda de soluciones que permitan al Poder Judicial de la Federación allegarse de recursos que le permitan sufragar algunas de sus apremiantes necesidades, lo que en la especie seguramente se lograría de llegar a constituirse el mecanismo de financiamiento planteado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía esta iniciativa que, repito, ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Esta iniciativa comprende cuatro capítulos, comprende algunos artículos, del 242 al 261, y tres artículos transitorios. Compañeras y compañeros legisladores: ante la importancia de resolver la insuficiencia de recursos, ante la necesidad de ofrecer mejor calidad de justicia a los mexicanos, presento esta iniciativa y, en su momento, pido a la comisión correspondiente la dictaminación de esta iniciativa para que, presentado el dictamen al Pleno, éste pueda dar su veredicto. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del PRI

José Porfirio Alarcón Hernández, diputado federal de esta LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta honorable soberanía a presentar una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La justicia como valor, como ideal, como servicio público como garantía constitucional y derecho público fundamental, requiere cuantiosos recursos para poder ser otorgada de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.

Esos recursos, que cada vez se requieren en mayor cantidad, la Constitución prevé que deben destinarse no sólo al dictado de sentencias en los términos que la propia Ley Fundamental señala, sino también a los medios que posibiliten ese fin, Es por ello que además de los requerimientos de infraestructura y equipamiento adecuados, ha de existir una plantilla suficiente de funcionarios judiciales que reúnan los principios de objetividad, imparcialidad, excelencia, profesionalismo e independencia, tal y como lo dispone el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional; dichos medios se complementan con un órgano encargado de ejercer funciones de vigilancia, administración, disciplina y capacitación judicial, que en el poder judicial de la Federación, con excepción de la Suprema corte de justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, le corresponde ejercerlas al Consejo de la Judicatura Federal.

Como es sabido, los recursos que anualmente se otorgan al Poder Judicial de la Federación, según nuestro sistema constitucional, corresponde asignarlos a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al expedir el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Así ha sido posible que año con año, sobre todo a partir de la reforma judicial de 1994, la impartición de justicia a nivel federal sea cada vez más acorde a las necesidades que la ciudadanía demanda; aunque obviamente, para atender todas las necesidades, aún falta mucho por hacer.

La presente iniciativa se inscribe en la búsqueda de soluciones a esa insuficiencia de recursos para satisfacer los requerimientos de justicia conmutativa entre los mexicanos. Se parte de la base de que puede establecerse un mecanismo que, sin afectar ninguna partida presupuestal actual --y eso hay qué subrayarlo-, sirva de apoyo al presupuesto destinado a la impartición de justicia.

En todas las entidades federales del país, con excepción de Colima, Jalisco, Monterrey y el Distrito Federal, para fortalecer materialmente a su respectivo Poder Judicial, se cuenta con fondos de apoyo a la administración de justicia constituidos a partir de los depósitos que los particulares efectúan dentro de los procedimientos jurisdiccionales y los rendimientos que generan, y que, en consecuencia, se encuentran a disposición de los órganos del Poder Judicial de la Federación y sujetos a las resultas de los diferentes procedimientos que ante ellos se tramitan.

Por tanto, a semejanza de lo que ocurre en la mayoría de los Estados, lo que se pretende con esta iniciativa es crear, a nivel federal, un Fondo de Apoyo a la Administración de justicia del Poder Judicial de la Federación. Aquí cabe considerar que la creación de dicho Fondo no gravitaría sobre el erario federal pues su patrimonio se formaría con recursos generados a partir del quehacer jurisdiccional; es decir se constituiría con los intereses de las inversiones que de caudales propios y ajenos realice tomando en cuenta que ante las autoridades jurisdiccionales existen una importante cantidad de depósitos que con tal carácter permanecen por mucho tiempo sin provecho para nadie o en beneficio de las instituciones depositarias.

Resulta importante destacar que este mecanismo de fortalecimiento, no implicaría en forma alguna la sustitución del origen de los recursos que posibilitan el funcionamiento del poder Judicial de la Federación; los recursos que éste logre allegarse a través del Fondo cuya constitución se propone, serían independientes de aquéllos otros que la honorable Cámara de Diputados le asigna en el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, aunque obviamente, habrán de contemplarse igualmente en el respectivo decreto presupuestario.

La regulación de la constitución, integración y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del poder Judicial de la Federación, se haría en un nuevo título de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación; se integraría con dos tipos de recursos, unos propios y otros ajenos, afectados éstos últimos en forma transitoria al Fondo. Entre los primeros se encuentran las donaciones al Fondo y los provenientes de patrimonio propio del Poder Judicial de la Federación, y en los segundos, entro otros, los intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación.

El Consejo de la Judicatura Federal se encargaría de la administración y supervisión del Fondo, manejándolo al través de un fideicomiso por la institución fiduciaria que determinase para tal efecto. Los recursos se invertirían en valores de renta fija y en valores y depósito en renta fija del más alto rendimiento, siempre y cuando no se pierda la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas.

Se prevé asimismo la integración y funcionamiento de un Comité Técnico para instruir a la correspondiente institución fiduciaria en el cumplimiento de los fines propios del Fondo. La institución fiduciaria que determine el Consejo de la Judicatura Federal podrá constituirse en la Sociedad Nacional de Crédito o Institución de Banca de Desarrollo que esté autorizada por la ley para tal efecto, de conformidad de lo establecido por el artículo 7 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y Octavo Transitorio, contenido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de junio de dos mil dos, toda vez que anteriormente a la reforma únicamente se podía realizar convenio ante Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito.

Uno de los objetivos prioritarios de toda nación, debe ser el constante mejoramiento de su sistema de impartición de justicia y el acercamiento de ésta a los justiciables, por ser allí donde desembocan las necesidades sociales. Ello obliga a la búsqueda de soluciones que permitan al Poder judicial de la Federación allegarse de recursos que le permitan sufragar algunas de sus apremiantes necesidades, lo que en la especie, seguramente se lograría de llegar a constituirse el mecanismo de financiamiento planteado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Único: Se adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Título Décimo Segundo Del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia

Capítulo I Organización

Artículo 242.- El Poder judicial de la Federación se auxiliará para el mejor desempeño de las funciones que su Ley orgánica le confiere, de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia que tiene como función resguardar y administrar los recursos que forman parte de su patrimonio.

Artículo 243.- El Fondo para la administración de Justicia del Poder judicial de la Federación estará bajo la supervisión y administración del Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 244.- Son Facultades del Consejo de la Judicatura Federal:

I. Discutir, aprobar y modificar la propuesta del presupuesto de egresos del Fondo;

II. Autorizar el retiro de fondos para cubrir necesidades básicas y urgentes que requiera el Poder Judicial Federal;

III. Ordenar visitas de inspección, ordinarias y extraordinarias al Fondo;

IV. Acordar los criterios generales de operación y administración del Fondo y dictar las medidas necesarias para su funcionamiento:

V. Expedir los reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de su competencia, necesarias para el buen funcionamiento del Fondo; y

VI. Autorizar las licitaciones y concursos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Capítulo II Integración

Artículo 245.- El patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia se integra con:

1.- Recursos propios: a) Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros

b) Los provenientes de la enajenación de inmuebles en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales, así como los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales de conformidad con lo establecido en el artículo 182-R, del Código Federal de Procedimientos Penales.

2.- Recursos ajenos: a) Los intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

b) En general los ingresos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero.

c) Los remanentes del presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación.

d) Los demás que el Fondo adquiera.

Artículo 246.- Para los efectos del inciso a) del artículo anterior, el órgano jurisdiccional que por cualquier motivo reciba un depósito en dinero o en valores, deberá depositarlo en el Fondo de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 247.- Los titulares de los órganos jurisdiccionales, remitirán a la Administración del Fondo, la relación de los comprobantes de las cantidades que se ingresen a la cuenta única del fondo, o del retiro debidamente autorizado de los depósitos que se devuelvan, haciendo mención del número de expediente relacionado y fecha del acuerdo respectivo.

Artículo 248.- Con la finalidad de generar los recursos necesarios para la satisfacción del objeto del Fondo, los que obtenga serán depositados en una institución bancaria en la modalidad de inversión que ofrezca mayor rendimiento y operatividad.

Artículo 249.- Los recursos con los que se integre y opere el fondo serán diferentes de aquellos que comprenda el presupuesto anual aprobado a favor del Poder Judicial de la Federación, y no afectarán las partidas que sean autorizadas mediante dicho presupuesto.

Capítulo III Administración y Operación

Artículo 250.- El Fondo será manejado y operado mediante fideicomiso por la institución fiduciaria que determine el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 251.- El Fideicomiso preverá el establecimiento y funcionamiento de un Comité Técnico con las siguientes características:

I.- Integración: a) El Presidente y los seis Consejeros de la Judicatura Federal.

b) Un profesionista especializado en finanzas y administración.

II.- Funcionamiento: a) La Presidencia del Comité Técnico corresponderá al Presidente del consejo de la Judicatura Federal.

b) El profesionista a que se alude en el inciso b) de la fracción anterior, será designado por el consejo de la Judicatura Federal, y durará en su encargo cuatro años.

c) El Comité Técnico contará con un Secretario, designado por los integrantes del Consejo.

Artículo 252.- EL Comité Técnico del Fideicomiso tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Establecer las políticas de inversión, administración y distribución de los fondos del fideicomiso e instruir a la institución fiduciaria respecto del destino de los recursos que integren el Fondo.

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos del fondo, a más tardar el día quince de diciembre de cada año.

III. Ejercer el Presupuesto Anual de Egresos del Fondo.

IV. Instruir a la institución fiduciaria para la celebración de los contratos que resulten necesarios para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

V. Autorizar los gastos que la Institución Fiduciaria necesite realizar con cargo a los bienes fideicomitidos y que estén directamente relacionados con los fines del fideicomiso.

VI. Aprobar el informe anual que rinda la institución fiduciaria respecto de la administración, manejo, inversión y destino de los fondos afectos al Fideicomiso, en los términos del contrato que al efecto se celebre, el que se deberá ajustar a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 253.- El Administrador del fondo tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Contabilizar la documentación relativa al fondo.

II. Atender el manejo de fondos recibidos por las autoridades judiciales por los conceptos señalados en el artículo seis, y en su caso proponer las adecuaciones necesarias para su recepción y aplicación.

III. Elaborar los informes con la periodicidad que establezca el Consejo, de la situación contable y financiera que guarde el Fondo.

IV. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Fondo y presentarlo a consideración del Pleno del Consejo.

V. Proporcionar a las autoridades judiciales y a los auditores la información que sea requerida.

VI. Vigilar y documentar la administración del Fondo.

VII. Las demás que le asigne el Consejo de la Judicatura Federal y las que corresponden conforme a disposiciones legales aplicables.

Artículo 254.- Los recursos que integren el Fondo deberán ser invertidos por la institución fiduciaria en valores de rente fija del más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas.

Artículo 255.- No podrán hacerse inversiones de carácter especulativo, ni contra el depósito se aceptarán documentos de carácter negociable, como bonos certificados al portador o similares

Capítulo IV Destino

Artículo 256.- Los recursos del Fondo se destinarán a:

I. Sufragar gastos que origine su administración.

II. La adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destinados a sedes jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

III. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para el funcionamiento de las sedes jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

IV. Otorgar estímulos económicos para el personal con motivo del desempeño relevante de sus funciones.

V. La capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal del Poder Judicial de la Federación.

VI. La realización de los gastos que el Consejo estime convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, y que no estén comprendidos en el presupuesto anual.

Artículo 257.- El patrimonio constitutivo del capital fijo podrá ser incrementado pero no reducido en su monto, los recursos disponibles serán exclusivamente los provenientes de los intereses que la inversión de aquél genere.

Artículo 258.- Al finalizar cada ejercicio fiscal del Fondo, el Comité Técnico enviará a la dependencia correspondiente del Ejecutivo Federal, la información referente a la operación presupuestal y contable junto con los estados financieros dictaminados, a efecto de que se ordene su incorporación en Capítulo por separado a la Cuenta Pública Federal. El manejo del fideicomiso por tanto, quedará sujeto al control presupuestal que ejerce la honorable Cámara de Diputados al través de la Auditoria Superior de la Federación.

Artículo 259.- Dentro de los diez primeros días de cada mes, la Administración del Fondo rendirá informe al Comité Técnico, respecto de las actividades realizadas durante el mes, así como de los depósitos que se realicen en los diversos órganos jurisdiccionales, las devoluciones y de aquellas cantidades que pasen a formar parte del fondo por los conceptos correspondientes.

Artículo 260.- En el informe de Labores que rinde anualmente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal, se incluirá el informe del estado financiero del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 261.- El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenará la práctica de auditorias para verificar el manejo del fondo.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Ofician de la Federación.

Segundo.- El Fideicomiso previsto en el artículo 251, deberá quedar formalmente constituido dentro de los sesenta días siguientes a la iniciación de la vigencia de este decreto.

Tercero.- Una vez constituido el Fondo, el Comité Técnico deberá quedar integrado dentro de los quince días hábiles siguientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.--- Dip. José Porfirio Alarcón Jiménez (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.La diputada Janette Ovando Reazola: Compañeros legisladores: la que suscribe, diputada federal Janette Ovando Reazola, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, a fin de establecer la obligatoriedad de los debates en las campañas políticas. Lo anterior, conforme a la siguiente exposición de motivos:

La democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. En este régimen político, la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. En términos más simples, la democracia es el régimen por el cual la sociedad delega voluntariamente la representación de sus intereses a un grupo de personas, que tendrán la obligación de obtener para ésta su máximo beneficio, satisfaciendo a cabalidad sus necesidades. La sociedad será quien organice para decidir qué personas se encargarán de realizar las tareas de gobierno y de tomar las mejores decisiones para la comunidad, teniendo siempre presente que la idea central de la democracia es la igualdad de los ciudadanos. Si bien es cierto que para lograr una verdadera democracia es necesario contar con instituciones transparentes y confiables que aseguren el cumplimiento del Estado de derecho, también lo es que el primer paso para alcanzar dichos objetivos es el ejercicio del voto.

El voto, como derecho y obligación de los ciudadanos mexicanos, es un acto de enorme trascendencia, ya que en él se resumen las aspiraciones, esperanzas y preocupaciones de cada uno de los ciudadanos en lo individual. El voto y la eficacia del mismo han permitido a nuestro país, aunque a paso lento, la transición de la democracia en estos días. Actualmente, los mexicanos tienen la posibilidad de ejercer este derecho, aunque el mismo no es una tarea fácil, pues implica que al decidir a quién se favorece con éste, el voto se visualiza quién constituye la mejor opción que garantice una representación responsable que defienda mejor los intereses de la sociedad; esto es, que el ciudadano debe estar plenamente convencido de la importancia que tiene emitir su voto de manera consciente y responsable, pues de él depende el curso de la vida política del país.

La democracia es un proceso complejo y dinámico, en el que confluyen diversos factores sociales que van más allá de la mera emisión del voto y que tiene que ver con el ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, ya que éste es un sujeto activo de la política capaz de nombrar a sus representantes y gobernantes, que también se organiza en defensa de sus derechos para ser escuchado por el gobierno y para influir en el rumbo y la dirección del país.

En ese sentido, la transición a la democracia es tarea de todos y es importante para la misma entablar y conducir acciones que confluyan para el cumplimiento de este propósito. Una de esas estrategias es el establecimiento de debates públicos entre los candidatos presidenciales, lo cual permitiría matizar el impacto de las campañas mediáticas, al ir más allá de discusiones ociosas sobre las actuaciones de la vida personal de los contendientes o de la pura imagen sin contenido, que a menudo es la fuente principal de los posicionamientos de los candidatos. En efecto, los debates públicos permitirían la comparación entre los candidatos, propuestas, plataformas políticas y objetivos y estrategias concretas en atención a los temas de verdadero interés nacional, generando mayor conciencia entre los electores. La pretensión de la presente reforma se centra en establecer dichos eventos con el propósito de dar a conocer a los electores quiénes son los candidatos, su manera de pensar, su preparación y sus objetivos e, incluso, para permitir al electorado identificar a los candidatos como la futura autoridad que tendrá en sus manos el poder de representarlo en los ámbitos nacional e internacional durante un periodo determinado.

La realización y difusión de debates implican presentar a los votantes propuestas, plataformas políticas, a efecto de clarificar los objetivos de los candidatos y las medidas concretas que piensan aplicar para obtener sus pretensiones y distinguir la diferencia que existe entre su propuesta y las de los otros candidatos, a efecto de tener mayores elementos de convicción al momento de elegir. En conclusión, esta iniciativa propone la adición de un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de facultar al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que éste sea quien procure la realización, difusión y programación de debates públicos durante las campañas políticas electorales, a efecto de fortalecer la cultura democrática en nuestro país, estableciendo que en los tiempos de debates no quedarán comprendidos dentro de los topes de financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que correspondan a cada partido.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto.

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 82.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones...

2. El Consejo General procurará la realización de debates públicos entre los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos cuya difusión será a través de la radio y la televisión.

Los tiempos de los debates no quedan comprendidos en los topes del financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que correspondan a cada partido.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005. Diputada Janette Ovando Reazola. Muchas gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Janette Ovando Reazola, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, someto a la consideración de ésta soberanía, la presente iniciativa de decreto a fin de establecer la obligatoriedad de los debates en las campañas políticas; lo anterior conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. En este régimen político la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. En términos más simples, la democracia es el régimen por el cual, la sociedad delega voluntariamente la representación de sus intereses, a un grupo de personas que tendrán la obligación de obtener para ésta su máximo beneficio, satisfaciendo a cabalidad sus necesidades. La sociedad será quien se organice para decidir qué personas se encargarán de realizar las tareas de gobierno y de tomar las mejores decisiones para la comunidad teniendo siempre presente que la idea central de la democracia, es la igualdad de los ciudadanos.

Si bien es cierto que para lograr una verdadera democracia, es necesario contar con instituciones transparentes y confiables que aseguren el cumplimiento del estado de derecho; también lo es que el primer paso para alcanzar dichos objetivos es el ejercicio del voto. El voto, como derecho y obligación de los ciudadanos mexicanos, es un acto de enorme trascendencia, ya que en él se resumen las aspiraciones, esperanzas y preocupaciones de cada uno de los ciudadanos en lo individual. El voto y la eficacia del mismo, ha permitido, aunque a paso lento, la transición a la democracia en nuestro país.

Actualmente, los mexicanos tienen la posibilidad de ejercer este derecho, aunque el mismo no es tarea fácil, pues implica que al decidir a quién favorecer con el voto, se visualice quien constituye la mejor opción que garantice una representación responsable que defienda mejor los intereses de la sociedad; esto es, que el ciudadano debe estar plenamente convencido de la importancia que tiene el emitir su voto de manera consciente y responsable, pues de él depende el curso de la vida política del país. La democracia es un proceso complejo y dinámico en el que confluyen diversos factores sociales, que van más allá de la mera emisión del voto, y tiene que ver con el ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, ya que éste es un sujeto activo de la política, capaz de nombrar a sus representantes y gobernantes; que también se organiza en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y para influir en el rumbo y dirección del país.

En este sentido, la transición a la democracia es tarea de todos, y es importante para la misma, entablar y conducir acciones que confluyan para el cumplimiento de ese propósito. Tal es el caso de la promoción de la educación cívica que difunden los órganos electorales, a través de la cual se busca transformar la cultura de los ciudadanos en una cultura verdaderamente democrática, que les permita ser reflexivos y críticos, para que tengan capacidad de analizar las propuestas de los distintos partidos políticos antes de emitir su sufragio y dejar de inclinarse únicamente por la figura de un determinado candidato sin antes aquilatar el alcance cuantitativo y cualitativo de sus propuestas.

De ahí que sea necesario implementar de manera sistemática, estrategias tendientes a incrementar la educación cívico-electoral de los ciudadanos, que les permita una formación con una alta cultura político-electoral encaminada hacia el fortalecimiento de una democracia participativa.

Una de esas estratégicas es el establecimiento de debates públicos entre los candidatos presidenciales, lo cual permitiría matizar el impacto de las campañas mediáticas, al ir más allá de discusiones ociosas sobre actuaciones de la vida personal de los contendientes o de la pura imagen sin contenido que a menudo es la fuente principal de posicionamiento de los candidatos. En efecto, los debates públicos permitirían la comparación entre candidatos, propuestas y plataformas políticas; objetivos y estrategias concretas de atención en los temas de verdadero interés nacional, generando mayor conciencia entre los electores.

La pretensión de la presente reforma, se centra en establecer dichos eventos con el propósito de dar a conocer a los electores, quiénes son los candidatos, su manera de pensar, su preparación y sus objetivos, e incluso para permitir al electorado identificar a los candidatos como la futura autoridad que tendrá en sus manos el poder de representarlos en el ámbito nacional e internacional durante un periodo determinado.

La realización y difusión de debates, implica presentar a los votantes propuestas y plataformas políticas a efecto de clarificar los objetivos de los candidatos y las medidas concretas que piensan aplicar para obtener sus pretensiones, y distinguir la diferencia que existe entre su propuesta y la de los otros, a efecto de tener mayores elementos de convicción al momento de elegir.

En conclusión, esta iniciativa propone la adición de un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el propósito de facultar al Consejo General del IFE para que éste procure la realización y difusión de debates públicos durante las campañas políticas electorales a efecto de fortalecer la cultura democrática en nuestro país, estableciendo que los tiempos de los debates no quedaran comprendidos en los topes del financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que le corresponda a cada partido.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes CC. Secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de:

Decreto

Artículo Único.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: a) - z) ... 2. ...

2. El Consejo General procurará la realización de debates públicos entre los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos cuya difusión será a través de la radio y televisión. Los tiempos de los debates no quedan comprendidos en los topes del financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que le corresponda a cada partido.

Artículo Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF a 13 de septiembre de 2005.--- Dip. Janette Ovando Reazola (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal.La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. honorable Asamblea: esta iniciativa con proyecto de decreto pretende reformar los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal, para eliminar el concepto de calidad de la gente, la víctima, sustituyendo éste por el concepto de condición de la víctima. La determinación de la pena realizada por los jueces implica su individualización al delito y al delincuente de que se trata. Es un proceso de adaptación de la pena legal a caso concreto. La regla para la individualización judicial, definida en el artículo 52 y en el artículo 51 del Código Penal Federal, proporciona las bases utilizables por el juez para fijar la pena en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias referidas a la conducta delictiva y las circunstancias referidas a la personalidad del delincuente y a la calidad de la víctima. La importancia de esta regla deriva del hecho de que, por no haber una pena fija para el delito cometido, los jueces deben fijar la pena aplicable dentro del rango establecido como mínimo o máximo legal con base en las respectivas escalas penales.

La aplicación de esta regla de individualización de la pena permite ponderar los aspectos esenciales de la personalidad del autor, de las circunstancias del tiempo, modo y lugar, las circunstancias específicas del delito, los vínculos autor-víctima, las condiciones y características de la víctima; todo esto, a través de un contexto integral. Las disímiles consecuencias que el delito atrae aparejadas con relación a la víctima pueden expresarse a partir de distinciones jurídicas que se reflejan en las escalas legislativas. Así, del mismo modo que el bien jurídico protegido determina la mayor o menor entidad del delito, la víctima no acusa las consecuencias de un robo de la misma manera que una violación. Y no merece la misma pena quien comete un delito contra una persona adulta que quien actúa contra una persona menor de edad o el que aprovecha la situación para cometer un delito en perjuicio de una persona con discapacidad, por ejemplo. Dentro de cada acción delictiva, la extensión del daño puede ser mayor o menor. Esto se relaciona con otras circunstancias, fundamentalmente con el medio empleado, las condiciones de tiempo, lugar, modo y ocasión de la comisión del delito y las circunstancias capaces de configurar en concreto conductas delictivas de muy distinta índole criminal o potencial. Para los jueces es trascendente conocer las circunstancias específicas en las que se cometió la conducta delictiva. En este sentido, la criminalística y la criminología, ciencias auxiliares del derecho, nos dan la pauta de las preguntas básicas por resolver en el proceso: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, y ¿contra quién?

Esa última pregunta se refiere a la víctima del delito, a sus condiciones generales y específicas. En el Código Penal Federal aparece esto referido en la fracción V del artículo 52, únicamente como la calidad de la víctima u ofendido, mención desde nuestro punto de vista notoriamente incorrecta e insuficiente. ¿Y por qué? Bien, el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española nos refiere el término calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Es por tanto ésta una denominación incorrecta y peyorativa tratándose de personas, teniendo en cuenta que no hay personas de mayor o menor valor sino condiciones y características específicas de cada individuo.

Asimismo, parece insuficiente la mención existente, ya que en la individualización de la pena resulta esencial que el juzgador conozca las características de la persona contra quien se actuó, las condiciones de la víctima que pudieron determinar al autor en la comisión del ilícito, las que pudieron ser un factor criminógeno determinante para el sujeto activo, la existencia de una relación causal, los vínculos autor-víctima, los aspectos tanto objetivos como subjetivos de la relación entre éstos y las consecuencias que en este último generó la conducta. Es importante que tengamos en cuenta que la moderna victimología no agota su cometido y pretensiones en la elaboración de programas indemnizatorios, de contenido económico patrimonial a favor del sujeto pasivo del delito que la reduciría a un aspecto mercantilista, que de ninguna manera es su cometido. Esta reforma pretende contribuir a que se haga indispensable un verdadero estudio del sujeto activo del delito, pero también de la víctima, a través de un conjunto de reglas generales y principios comunes que contribuyan al progreso y evolución de las ciencias criminalísticas y jurídicas, facilitando la comprensión del fenómeno.

Es hora, diputadas y diputados, de superar los tradicionales planteamientos jurídicos penales y criminológicos que centran su atención en el delincuente, olvidando que éste no es el único que forma parte de este drama que es el delito. Se debe poner fin a la ironía que supone convertir en destinatarios de todos los movimientos humanitarios a los delincuentes y prescindir de actitudes de signo semejante de las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su honorable consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal, para eliminar el concepto de calidad de la gente y de la víctima, sustituyendo éste por el concepto de comisión, condición de la víctima. Es cuanto. Agradezco su atención. Solicito al señor Presidente que, por favor, la turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su respectivo dictamen. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La determinación de la pena realizada por los jueces implica su individualización al delito y al delincuente de que se trata, es un proceso de adaptación de la pena legal al caso concreto.

La regla para la individualización judicial (artículos 51 y 52 del CPF), proporciona las bases utilizables por el juez para fijar la pena en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias referidas a la conducta delictiva y las circunstancias referidas a la personalidad del delincuente y a la ``calidad de la víctima''. La importancia de esta regla deriva del hecho de que, al no haber una pena fija para el delito cometido, los jueces deben fijar la pena aplicable dentro del rango establecido como mínimo o máximo legal, con base en las respectivas escalas penales.

La aplicación de esta regla de individualización de la pena, permite ponderar los aspectos esenciales de la per- sonalidad del autor, de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, las circunstancias específicas del delito, los vínculos autor-víctima, las condiciones y características de la víctima, todo esto, a través de un contexto integrativo.

Las disímiles consecuencias que el delito trae aparejadas en relación a la víctima, pueden expresarse a partir de distinciones jurídicas que se reflejan en las escalas legislativas. Así, del mismo modo que el bien jurídico protegido determina la mayor o menor entidad del delito, la víctima no acusa las consecuencias de un robo de la misma manera que una violación, ítem, no merece la misma pena quien comete un delito en contra de una persona adulta a quién actúa en contra de una niña o de un niño, o aquél que aprovecha la situación para cometer un delito en perjuicio de una persona con discapacidad.

Dentro de cada acción delictiva, la extensión del daño puede ser mayor o menor. Esto se relaciona con otras circunstancias, fundamentalmente con el medio empleado, las condiciones de tiempo, lugar, modo y ocasión de la comisión del delito y las circunstancias capaces de configurar en concreto conductas delictivas de muy distinta índole criminal o potencial.

Para los jueces es trascendente conocer las circunstancias específicas en las que se cometió la conducta, en este sentido, la criminalística y la criminología, ciencias auxiliares del derecho, nos dan la pauta de las preguntas básicas a resolver en el proceso: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Contra quién?

Esta última pregunta se refiere a la víctima del delito, a sus condiciones generales y específicas. En el Código Penal Federal aparece esto referido en la fracción V del artículo 52 únicamente como ``la calidad de la víctima u ofendido'', mención notoriamente incorrecta e insuficiente.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia nos refiere el término calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor1. Es, por tanto ésta, una denominación incorrecta y peyorativa tratándose de personas, teniendo en cuenta que no hay personas de mayor o menor valor, sino condiciones y características específicas de cada individuo.

Asimismo, aparece insuficiente la mención existente, ya que en la individualización de la pena resulta esencial que el juzgador conozca las características de la persona contra quien se actuó, las condiciones de la víctima que pudieron determinar al autor en la comisión del ilícito, aquellas que pudieron ser un factor criminógeno determinante para el sujeto activo, la existencia de una relación causal, los vínculos autor-víctima, los aspectos tanto objetivos como subjetivos de la relación entre estos y las consecuencias que en este último generó la conducta.

Es importante que tengamos en cuenta que la moderna victimología no agota su cometido y pretensiones en la elaboración de programas indemnizatorios, de contenido económico patrimonial, a favor del sujeto pasivo del delito, que la reduciría a un aspecto mercantilista, que de ninguna manera es su cometido. Esta reforma pretende contribuir para que se haga indispensable un verdadero estudio del sujeto activo del delito pero también de la víctima, a través de un conjunto de reglas generales y de principios comunes que contribuyan al progreso y evolución de las ciencias criminalísticas y jurídicas facilitando la comprensión del fenómeno.

Es hora de superar los tradicionales planteamientos jurídico-penales y criminológicos que centran toda su atención en el delincuente, olvidando que éste no es el único que toma parte en ese drama que es el delito. Se debe poner fin a la ironía que supone convertir en destinatarios de todos los movimientos humanitarios a los delincuentes y prescindir de actitudes de signo semejante respecto de las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal, para eliminar el concepto de calidad del agente y de la víctima sustituyendo éste por el concepto de condición de la víctima.

Artículo Primero.- Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción IV Bis del artículo 52; se reforma el artículo 54, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 52.

El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I al III. ...

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;

IV Bis. La condición de la víctima cuando ésta haya determinado la acción del agente o le hayan motivado a cometer el delito, o cuando hayan puesto a la víctima en una circunstancia de mayor vulnerabilidad ante el agente.

Se entiende por condición cualquier circunstancia o característica de la persona tal como su origen étnico o nacional, género, edad, capacidad diferente, condición social, estado de salud, religión, preferencia, estado civil o cualquier otra situación especial en que se encuentre la víctima.

V al VII. ...

Artículo 54.

El aumento o la disminución de la pena, fundadas en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor del delito, no son aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél.

...

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, editorial Espasa Calpe, SA, vigésima segunda edición, 2001. Tomo I, p. 401.

Dado en el Palacio de San Lázaro a los 13 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y un párrafo a la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Personas con Discapacidad.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y un párrafo a la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

Más de 600 millones de personas, o sea aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial, presenta algún tipo de discapacidad. Más de las dos terceras partes de estas personas viven en países en desarrollo. Sólo el 2 por ciento de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo recibe algún tipo de educación o rehabilitación.

En la actualidad el vínculo que existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión social, por el otro es innegable y es uno de los problemas que se deben combatir.

Hoy día, no son pocas las personas que están expuestas a sufrir algún tipo de discriminación por prejuicio o ignorancia de la propia sociedad. Esta actitud afecta no sólo a las personas con discapacidad sino también a sus familiares y al desarrollo económico y social de la sociedad misma al no reconocer el potencial humano de estas personas.

Generalmente, a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Es así como las personas con discapacidad enfrentan diariamente y durante toda su vida diversos problemas que minan su calidad de vida.

En principio, en nuestro país y según el artículo 1º, párrafo tercero, de nuestra Constitución:

``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

Sin embargo, la discriminación, en nuestra sociedad, sigue siendo una práctica usual. En este sentido, el término discriminación contra las personas con discapacidad se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.1

A pesar de que en México la educación es un derecho constitucional y es considerado como parte de las garantías individuales señaladas en el primer capítulo de nuestra Constitución.

``Todo individuo tiene derecho a recibir educación(...) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.''2

``Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.''3

Este derecho es uno de los más restringidos para la población en general pero especialmente para las personas con capacidades diferentes ya que muchas veces son excluidas o le es, por su condición, restringido este derecho.

Como se menciona en la Ley General de Educación, la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo de las personas y a la transformación de la sociedad, y es, también, un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar tanto a las mujeres como a los hombres en un ambiente de solidaridad social. Esta educación debe luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación por ignorancia o prejuicios de la misma sociedad ya que son consideradas como seres humanos de segunda, sin capacidades y sin derechos.

La Constitución menciona que la educación que imparte el estado debe contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer en las personas, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las mujeres y los hombres, evitando las discriminaciones o privilegios.

En consecuencia, los ciudadanos que padecen alguna discapacidad, tienen el derecho a recibir los beneficios educativos que imparte el Estado. Los padres de familia por su parte, según la propia Ley General de Educación, tienen la obligación de enviar a sus hijos o pupilos a la escuela. Por lo tanto, el ejercicio del derecho constitucional a educarse en nuestro país, es sin duda, una obligación del Estado y la sociedad, así como un derecho de todos los ciudadanos mexicanos, sin importar, en este caso la discapacidad.

La fracción V del artículo 3o. de la Constitución establece que además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado debe atender y promover todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación. En el sistema educativo nacional queda comprendida además de la educación inicial y la educación para adultos, la educación especial.

La educación especial, según la Ley General de Educación, está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Ésta atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México existen 10 millones de personas con discapacidad. De éstos, 2.3 por ciento tiene una discapacidad severa. Las discapacidades más comunes son: auditiva, neuromotora, de lenguaje, mental y visual.

Del total de la población con discapacidad, un 35 por ciento no ha recibido ningún tipo de tratamiento, debido a que deciden no tratarse por no contar con seguro social o porque no existe un tratamiento disponible o factible para su discapacidad. Las principales causas por las que las personas con discapacidad no laboran son su discapacidad y su edad avanzada.

El problema principal a que se enfrentan las personas con discapacidad, en el sistema educativo nacional de nuestro país, es la falta de una política de planeación educativa que resuelva a través de las instituciones de educación especial las necesidades de los ciudadanos con este problema y sus diferentes tipos. Los planes y programas de estudios diseñado por el gobierno federal para este sector de la sociedad, han quedado en la precariedad respecto a otros países y a los métodos educativos que se emplean en instituciones privadas.

Por ello se deben de tomar las medidas necesarias para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración en la educación de las personas con capacidades diferentes.

El proceso de garantizar que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos avanza con lentitud y de manera irregular. Pero está en marcha y un claro ejemplo fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de las Personas con Discapacidad el 10 de junio de 2005.

En ella se promueve la equiparación de oportunidades de participación social para las personas con discapacidad en los temas de educación, salud, transporte y accesibilidad, deporte, cultura y recreación y acceso al desarrollo social, señalando que la discapacidad deberá incluirse en todas las acciones gubernamentales orientadas en favor de la sociedad.

La Ley General de las Personas con Discapacidad significa un paso importante en la búsqueda del respeto y la garantía de los derechos de las personas con capacidades diferentes, sin embargo ello no indica que no podamos enriquecerla y hacerla compatible con las demás leyes nacionales ya existentes. En este caso el artículo 41 de la Ley General de Educación puede ampliar de manera importante el concepto de la educación especial que se menciona en la Ley General de las Personas con Discapacidad y hacer de la ley y su contenido, una norma más accesible y congruente con la legislación mexicana en materia educativa.

Por ello, el diputado del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. (...)

II. (...)

III. (...)

IV. Educación Especial.- Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.

Artículo 10

La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las siguientes:

I. Elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración educativa para las personas con discapacidad.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios;

II. (...) a XIV. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

2 Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 2o., primer párrafo, de la Ley General de Educación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de septiembre de 2005.--- Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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CODIGO DE COMERCIO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1069 del Código de Comercio, en materia de formalidades y notificaciones.El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: El suscrito, Juan Fernando Perdomo, diputado de esta Legislatura, en nombre del grupo parlamentario de Convergencia, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones del Código de Comercio, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En los litigios de naturaleza mercantil es importante que las partes cuenten con un equilibrio en cuanto a derechos y prerrogativas para el desarrollo y desahogo de los procedimientos. Se propone la reforma del artículo 1069 del Código de Comercio, por lo que se refiere a las notificaciones practicadas al litigante que haya omitido señalar el domicilio en la localidad donde se ventila un juicio determinado. Ello es así debido a que se considera que la teleología de las notificaciones personales es dar certeza a las decisiones que deben hacerse del conocimiento de las partes de manera personal, observando criterios de certeza jurídica. Como consecuencia, creemos firmemente que la propuesta en esta reforma será de gran utilidad para que los litigantes tengan la oportunidad de salvaguardar sus garantías de audiencia y legalidad mediante el señalamiento de domicilio en el que se le puedan practicar notificaciones personales, cuando ello haya sido omitido en el desarrollo de las etapas predeterminadas. Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el artículo 1069 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1069. Todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias.

Igualmente, deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.

Cuando un litigante no cumpla la primera parte de este artículo, las notificaciones se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designara el domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga y, si lo ignoran, se procederá en los términos del artículo siguiente.

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que proceda ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad mediante escrito presentado al tribunal haciendo saber la causa de la renuncia.

Los tribunales llevarán un libro de registro en cédulas profesionales de abogados, donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.

El juez, al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo, deberá expresar con toda claridad el alcance con que se reconoce la autorización otorgada.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 1069 del Código de Comercio, en materia de formalidades y notificaciones, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones del Código de Comercio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los litigios de naturaleza mercantil es importante que las partes cuenten con un equilibrio en cuanto a derechos y prerrogativas para el desahogo de los procedimientos.

Se propone la reforma al artículo 1069 del Código de Comercio, en lo que se refiere a las notificaciones practicadas al litigante que haya omitido señalar domicilio en la localidad donde se ventila un juicio determinado.

Ello es así, debido a que se considera que la teleología de las notificaciones personales es dar certeza a aquellas decisiones que deben hacerse del conocimiento a las partes de manera personal, observando criterios de certeza jurídica.

Como consecuencia, creemos firmemente en que la reforma propuesta será de gran utilidad para que los litigantes tengan la oportunidad de salvaguardar sus garantías de audiencia y legalidad, mediante el señalamiento de domicilio en el que se le puedan practicar notificaciones personales, cuando ello haya sido omitido previamente en el desarrollo de las etapas procedimentales.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y los artículos 4 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1069 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

(Texto actual)

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.

Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente.

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.

Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados.

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.

El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

(Texto de que propone)

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.

Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente.

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.

Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados.

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.

El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil cinco.--- Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

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ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado Federico Madrazo Rojas: El objetivo de la presente reforma constitucional es contribuir al fortalecimiento de las instituciones que garantizan la democratización del régimen político mexicano, como es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, con el propósito de consolidar la transparencia y la rendición de cuentas como principio rector del ejercicio del poder público. En la democracia moderna, el interés público se delega en el gobierno, emanado de la elección realizada a través del voto de los ciudadanos. Por tanto, la actuación del poder necesariamente debe ser visible y debe observar como norma básica la máxima publicidad posible de sus actos. La teoría constitucional nos señala que la interrelación del Estado liberal y democrático parte del supuesto de que son necesarias ciertas libertades para el ejercicio del poder y de la necesidad de un poder democrático para el reconocimiento de las libertades que atañe al individuo.

Por tanto, es indispensable dentro de este marco el reconocimiento de los derechos inalienables del individuo por parte del Estado como limitante del ejercicio del poder. Estos derechos son el principio fundamental de un régimen democrático. La participación de los ciudadanos debe asegurarse con la concesión de libertades y el otorgamiento de seguridad jurídica ante el poder absoluto del Estado. Desde la Carta de Declaración de los Derechos Humanos de la ONU se estableció que a través de los derechos sociales se asegurará la participación en las instituciones políticas, denominándolas garantías democráticas de participación. En México, la voluntad democrática del gobierno dio garantías institucionales al derecho fundamental de todo ciudadano, otorgando seguridad jurídica por medio de la reforma del artículo 6o. constitucional de 1977, asentando que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Posteriormente, en el año 2000 se establecieron reglas claras, con el objetivo de consolidar la transparencia como condición sine qua non de nuestras instituciones democráticas. Así, sociedad y gobierno impulsaron la incorporación al derecho positivo de nuestro país, de la Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública Gubernamental. Esta ley se forma por 64 artículos, divididos en cuatro títulos, donde se pueden identificar con claridad tres ejes rectores. El primero se refiere a la obligación de los poderes del Estado a hacer pública la información. El segundo alude al derecho ciudadano de acceder a la información y al mecanismo institucional para concretarlo. El tercero se enfoca a la creación del IFAI, como autoridad que vigilará el cumplimiento de la ley, resolución de controversias y difusión de la cultura de la transparencia.

Empero, ese órgano resuelve las controversias y aplica la ley exclusivamente al Poder Ejecutivo y entes de la Administración Pública Federal. Respecto a los demás Poderes de la Unión, se concede la libertad institucional como sujetos obligados por la misma para decidir su instancia de vigilancia y la resolución de conflictos. A tres años de su existencia, de su actuación y desempeño, se han podido detectar las limitaciones y los rubros que necesitan mejorarse para su desarrollo. En cuanto a las limitaciones, resulta como prioridad ampliar sus facultades para ser realmente la autoridad en la materia, con competencia en todos los poderes y órganos de gobierno.

Esta propuesta tiene su origen en que el poder de un Estado, de un régimen democrático, tiene la obligación de estar comprometida con la transparencia. Las acciones de gobierno tienen el carácter de públicas y son sujetas en todo momento al escrutinio ciudadano. Por tanto, se debe de tener a disposición toda la información que en su actividad diaria genera, sin mayor restricción que lo señalado y bajo las causas que la propia ley establece. Es importante entender este replanteamiento del ejercicio del poder como una distribución de facultades. Los organismos de este tipo necesitan funciones específicas como método para complementar los objetivos del Estado y salvaguardar los principios de imparcialidad, especialización técnica y contar con la rectoría de algún asunto de competencia estatal de manera exclusiva, como es la transparencia gubernamental. Para el caso mexicano, encontramos que el IFAI tiene un campo de acción limitado por la propia legislación, su actuación está siendo subestimada, concretándose sólo al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública Federal. Por ende, es pertinente facultar al Instituto para ser autoridad competente ante todos los órganos públicos de gobierno y generar un verdadero compromiso oficial con la transparencia y rendición de cuentas, así como contar con una autoridad facultada para resolver los asuntos, hacer valer sus decisiones y ser órgano rector en la materia para establecer lineamientos generales y criterios sobre la misma.

De esa forma, es indispensable otorgar al IFAI el rango de órgano constitucional autónomo e institucionalizarlo como autoridad máxima ante todos los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y con capacidad para hacer sus resoluciones en la materia, siendo así ésta la autoridad rectora de todo lo relacionado con el derecho a la información pública. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito obviar su lectura y solicito a la Presidencia que se publique este texto íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del PRI

Federico Madrazo Rojas, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, y 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicito se turne a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo de la presente reforma constitucional es contribuir, dentro del contexto de este proceso de instauración democrática, al fortalecimiento de las Instituciones que garantizan la democratización del régimen político mexicano, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con el propósito de consolidar la transparencia y rendición de cuentas como principio rector en el ejercicio del poder.

En la democracia moderna, el interés público se delega en el gobierno emanado de la elección realizada a través del voto de los ciudadanos, por lo tanto la actuación del poder necesariamente debe ser visible y debe observar como norma básica ``la máxima publicidad posible de sus actos''.

La importancia de esta condición fue planteada por Madison en El federalista, escrito entre octubre de 1777 y mayo de 1778, como un parámetro para diferenciar al Estado Constitucional del Estado Absoluto.

La teoría constitucional nos señala que la interrelación del Estado liberal y democrático, parte del supuesto de que son necesarias ciertas libertades para el ejercicio del poder democrático y de la necesidad de un poder democrático para el reconocimiento de las libertades que atañen al individuo. Es indispensable, dentro de este marco, el reconocimiento de los derechos inalienables al individuo por parte del Estado como limitante del ejercicio del poder. Estos derechos son el principio fundamental de un régimen democrático.

Lo anterior coincide con el planteamiento de Habermas respecto a que la participación de los ciudadanos debe asegurarse con la concesión de libertades y el otorgamiento de seguridades jurídicas ante el poder absoluto del Estado. Desde la Carta de Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, se estableció que a través de los derechos sociales se asegurara la participación en las Instituciones políticas, denominándoseles ``garantías democráticas de participación''.

Así, la unión de los derechos fundamentales, como la Libertad de Información, con las garantías institucionales, como el Derecho a la Información; y teniendo al Estado como garante, se constituye la parte activa necesaria para asegurar la participación del ciudadano en los asuntos públicos a través del ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información Pública.

En México, la voluntad democrática del gobierno dio garantías institucionales al derecho fundamental de todo ciudadano, otorgando seguridad jurídica por medio de la reforma al artículo 6 constitucional de 1977, asentando que ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''.

Por otra parte, éste firmó convenios internacionales en la materia, mismos que fueron ratificados por el Senado de la República e instaurados, de acuerdo al artículo 133 constitucional, en Ley Suprema. Estos instrumentos son el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); el Pacto de San José de Costa Rica (1969); y el más reciente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificados en 1980, 1981 y 2003, respectivamente.

Posteriormente, en el año 2000 se establecieron reglas claras con el objetivo de consolidar a la transparencia como condición sine qua non de nuestras Instituciones democráticas. Así, sociedad y gobierno impulsaron la incorporación al Derecho Positivo de nuestro país de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada por esta Soberanía el 24 de abril de 2002 y por la colegisladora seis días después; siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 11 de junio de 2002.

Esta ley se forma por 64 artículos, divididos en cuatro títulos, en donde se pueden identificar tres ejes principales: el primero, se refiere a la obligación de los Poderes del Estado a hacer pública la información; el segundo, alude al derecho ciudadano de acceder a la información y al mecanismo institucional para concretarlo; el tercero, se enfoca a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), como autoridad autónoma que vigilará el cumplimiento de la Ley, resolución de controversias y difusión de la cultura de la transparencia.

Este órgano resuelve las controversias y aplica la Ley únicamente para al Poder Ejecutivo y entes de la Administración Pública Federal. Respecto a los demás Poderes de la Unión, se concede la libertad institucional como sujetos obligados por la misma para decidir su instancia de vigilancia y la resolución de conflictos, dejando al IFAI como autoridad en la materia solamente para el Ejecutivo de la nación y para la Administración Pública Federal.

A tres años de existencia del IFAI, de su actuación y desempeño, también ha servido para detectar las limitaciones y los rubros que necesitan mejorarse para su desarrollo. En cuanto a las limitaciones, resulta como prioridad el ampliar sus facultades para ser realmente la autoridad en la materia, con competencia en todos los Poderes y órganos de gobierno.

Esta propuesta tiene su origen en que el poder de un Estado, dentro de un régimen democrático, tiene la obligación de estar comprometido con la transparencia; las acciones de gobierno tienen el carácter de públicas y son sujetas en todo momento al escrutinio ciudadano, por tanto, debe de tener a disposición del ciudadano toda la información que en su actividad diaria genera, sin mayor restricción que lo señalado y bajo las causas que la propia ley establece.

Los órganos constitucionales autónomos son los que se estipulan de forma expresa en la Constitución y tienen independencia absoluta de los Poderes tradicionales del Estado, en su división clásica. En nuestra Ley Fundamental encontramos en los artículos 28; 41, fracción III; y 102, apartado B, órganos constitucionales como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente.

Es importante entender este replanteamiento del ejercicio del poder como una distribución de facultades. Estos organismos necesitan funciones específicas como método para complementar los objetivos del Estado y salvaguardar los principios de imparcialidad, especialización técnica y contar con la rectoría de algún asunto de competencia estatal de manera exclusiva, como la transparencia gubernamental.

De acuerdo con el especialista en el tema Jaime Cárdenas, los define como órganos de equilibrio constitucional y político, trascendiendo las coyunturas para garantizar su organización y funcionamiento constitucional. Además, señala el investigador, son Instituciones de defensa de la Constitución y la democracia, de ahí la necesidad de estar expresamente señalados en la Carta Magna para salvaguardar su integración, estructura y funcionamiento.

Para el caso mexicano encontramos que el IFAI tiene un campo de acción limitado por la propia legislación, su actuación está subestimada, concretándose sólo al Poder Ejecutivo y la Administración Pública Federal, aunque la Ley Federal en la materia contempla a otros sujetos obligados.

Es pertinente facultar al Instituto para ser autoridad competente ante todos los órganos públicos de gobierno y generar un verdadero compromiso oficial con la transparencia y rendición de cuentas, así como contar con una autoridad facultada para resolver los asuntos, hacer valer sus decisiones, y ser órgano rector en la materia para establecer lineamientos generales y criterios sobre la misma.

Esta misma percepción la comparte la Cámara de Senadores, pues el tema se encuentra en las prioridades de la colegisladora. Ante esto, es posible hacer un esfuerzo conjunto del Congreso de la Unión con el ánimo de abonar a la construcción de Instituciones democráticas que consoliden un sistema político de transparencia y rendición de cuentas.

Es pertinente resaltar que, en el caso de aprobarse esta reforma, es necesario realizar ciertas adecuaciones a la Ley secundaria con la finalidad de darle armonía a la legislación bajo esta nueva óptica, y otorgar funcionalidad a la figura institucional que se precisa.

De esta forma, es indispensable otorgar al IFAI el rango de órgano constitucional autónomo e institucionalizarlo como autoridad máxima ante todos los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia, y con capacidad para hacer valer sus resoluciones en la materia. Siendo la autoridad rectora en todo lo relacionado con el derecho a la información pública.

En suma, por lo anteriormente fundado y motivado, se somete ante el Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando dos párrafos, para quedar como sigue:

Artículo 6.

La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado. El derecho de acceso a la información pública como parte del derecho a la información, tendrá como autoridad en la materia a un organismo público con autonomía técnica; presupuestal; patrimonio propio; personalidad jurídica; de ejercicio de funciones y facultades para hacer cumplir sus resoluciones que tienen el carácter de obligatorias; se denominará Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; será autoridad para todos los Poderes de la Unión, entes de la Administración Pública Federal, y todo organismo que reciba o disponga de recursos públicos federales. Además se reconoce como el órgano rector en la materia.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública será integrado por cinco consejeros; uno de ellos será su presidente. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión bajo el mismo sistema de votación mencionado, a propuesta del Ejecutivo federal.

El Instituto contará, para efectos jurídicos, con un representante legal que será su presidente, nombrado por la Cámara de Senadores en la misma sesión mencionada en el párrafo anterior.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al decimotercer día del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Federico Madrazo Rojas (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se obsequia su petición. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Compañeras diputadas; compañeros diputados: el crecimiento demográfico registrado a finales de los setenta en el país, junto con la disminución de la mortalidad, los avances médicos y los nuevos tratamientos para enfermedades y las mejoras del sistema de salud, ha implicado el incremento de la población en edades avanzadas, con el consiguiente aumento en la esperanza de vida al nacer, la cual en estos momentos llega en promedio a 74 años.

De acuerdo con los criterios de Naciones Unidas, una población puede considerarse envejecida si más de 5 por ciento de sus miembros tienen más de 65 años o si 10 por ciento de su población tiene 60 años o más, como es el caso de México, según indicadores demográficos de la Conapo, cuenta ya con 7.59 por ciento de población mayor de 60 años, de los que 12 por ciento tiene alguna limitación o ausencia de capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera como normal para un ser humano. En la actualidad, según el INEGI, 1 de cada 13 mexicanos es mayor de 60 años; en el 2020, 1 de cada 8 será mayor de 60 años, y para 2040 1 de cada 4, es decir, una cuarta parte de la población. A mediados del siglo pasado, el patrón de mortalidad en nuestro país estaba dominado por enfermedades infecciosas, las cuales daban cuenta de 60 por ciento de las muertes. La transición epidemiológica en México ha revertido la relación a tal punto, que en 1998 más de 60 por ciento de las muertes fueron causadas por problemas crónico-degenerativos.

Asimismo, ha provocado una nueva estructuración demográfica, en la que la presencia de los adultos mayores se ha vuelto cada vez más importante. La demanda de servicios de salud para los adultos mayores se ha incrementado. Por ejemplo, la proporción de hospitalizaciones de la gente mayor de 64 años ha pasado de 8.3 por ciento en 1993 a 12 por ciento en 1999. En 2001 fue hospitalizado 10.3 por ciento de esta población, mientras que sólo 4.6 por ciento de la población de entre 15 y 64 años ingresó en el hospital. Más aún, 43 por ciento de las muertes intrahospitalarias se registró entre la población de más de 65 años. Adicionalmente, el Programa de Atención al Envejecimiento de la Secretaría de Salud federal expone que este grupo consume más de 30 por ciento del presupuesto asignado a la seguridad social en pensiones y en jubilaciones, que utiliza 30 por ciento del presupuesto en salud y que ocupa hasta 60 por ciento de las camas de hospitales.

México se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico: actualmente, ocupa el séptimo lugar entre los países de envejecimiento acelerado, con 7 por ciento de la población de 60 años y más, por lo que en las próximas décadas la población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica grandes cambios para el país, particularmente en la generación de políticas adecuadas para la estructura poblacional futura y las demandas de este sector creciente de la población. Nuestra Constitución, en el artículo 4o., garantiza el acceso a los servicios de salud como un derecho fundamental de todo individuo, sin distinción de sexo, edad, religión, etcétera.

Tratándose de los adultos mayores, es preciso señalar que por sus características constituyen un grupo vulnerable de riesgo específico, por lo que se tienen que diseñar servicios de salud concretamente para ellos, con profesionales de salud capacitados en geriatría que permitan acrecentar la posibilidad de un envejecimiento exitoso y, por ende, la identificación de los adultos mayores como un recurso potencial cada vez con mayor peso específico en nuestra dinámica social. Debe ser prioridad para el Estado elevar la calidad de vida del adulto mayor bajo un modelo innovador que privilegie la atención preventiva incorporando atención médica especializada para la detección, tratamiento y control de la morbilidad de este grupo de edad. Sin embargo, en la actualidad el país y, particularmente el sistema de salud, se encuentra sólo parcialmente preparado para dar atención adecuada a esta población.

El proceso de envejecimiento se está dando sin que se desarrolle una cultura adecuada hacia la gente mayor, sin los espacios para brindarles una atención digna; y las dependencias públicas carecen de la infraestructura o de los especialistas para proporcionar servicios de geriatría para atender problemas crónico-degenerativos. Actualmente, la situación es tan grave, que mientras que la OMS recomienda 1 geriatra por cada 10 mil habitantes, en nuestro país sólo hay 1 por cada 45 mil habitantes, ya que a la fecha sólo existen poco más de 250 geriatras certificados para atender a los más de 7 millones de adultos mayores en el país. La especialidad de geriatría, creada en 1989, es relativamente nueva. Y pese a que el Instituto Nacional de Nutriciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán y el Hospital Español de la Ciudad de México, así como el IMSS y el ISSSTE, ya imparten la especialidad, y según las cifras del Consejo Mexicano de Geriatría, cada año se crean 30 plazas de geriatra a nivel nacional, sigue habiendo un déficit importante.

Hasta el año 2004 se contaba con 120 médicos geriatras en todo el país para esta población, lo que arroja un índice de 1 geriatra por cada 44 mil 940 pacientes. De ello resulta la urgencia de que en este momento el déficit de atención médica especializada sea resuelto. Ahora bien, y de manera conservadora, necesitamos tener 1 médico geriatra por cada 750 o mil adultos mayores; se tendrían que formar más de 30 mil geriatras durante los próximos 45 años. Atendiendo a la problemática de los adultos mayores, a partir de 2002 el ISSSTE implantó el Programa Integral del Adulto Mayor en el primero, segundo y tercer niveles de atención, que incluye -entre otras cosas- que en los hospitales regionales de tercer nivel se cuente con la especialidad de geriatría.

Sin embargo, se trata de una medida aislada, ya que aun cuando existe el Programa de Acción de Atención al Envejecimiento por parte de la Secretaría de Salud federal, en el Sistema Nacional de Salud no se han implantado programas o acciones concretos para atender a los adultos mayores por los que se fomente la generación de más especialistas en geriatría con sus plazas respectivas y por los que se efectúe una reasignación de recursos para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas. Los Institutos Nacionales de Salud, llamados las "perlas de la medicina" en nuestro país, que se han distinguido precisamente por la formación de recursos humanos que después han ido hacia todas las entidades de nuestro país para continuar reproduciendo estos conocimientos, que han desarrollado una medicina de muy alta calidad y que además son los pioneros y los que van en mayor avance en los programas de investigación, deberían contar ahora con un nuevo instituto, con un instituto dedicado a los adultos mayores.

Algunas personas podrán pensar que esto puede quedar incluido en los institutos ya existentes, pero sería tanto como los de pediatría también, llevarlos a los institutos ya existentes. La población adulta mayor va a ir creciendo, y tenemos que desarrollar una nueva institución que avance en formación de recursos, avance en investigación, para que demos a nuestros adultos mayores la calidad de vida que merecen.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción XI y se adiciona una fracción XII del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que diría: "Dentro de la lista de los Institutos, el No. XI. Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, para la atención e investigación de las enfermedades, tratamiento y cuidado del adulto mayor. No. XII. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión".

Artículos Transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2006.

Segundo. El Ejecutivo federal incluirá en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006 la asignación de recursos para la creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología.

Es todo, señor Presidente; muchas gracias.

«Iniciativa que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN

A nombre de los suscritos diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI, y se adiciona una fracción XII del artículo quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos I.- El crecimiento demográfico registrado a fines de los setenta en el país, junto con la disminución de la mortalidad, los avances médicos y los nuevos tratamientos para enfermedades y las mejorías en el sistema de salud ha implicado el incremento de la población en edades avanzadas con el consecuente aumento en la esperanza de vida al nacer, la cual asciende a más de 74 años en promedio.

II.- De acuerdo con criterios de Naciones Unidas, una población puede considerarse envejecida si más del 5% de sus miembros tienen más de 65 años o si 10% de su población tiene 60 años o más, como es el caso de México que, según indicadores demográficos del Conapo, cuenta con un 7.59% de población mayor de 60 años de los cuales el 12% tiene alguna limitación o ausencia de capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

III.- En la actualidad, según el INEGI, 1 de cada 13 mexicanos es mayor de 60 años. En el 2020, 1 de cada 8 mexicanos será mayor de 60 años y para el 2040, 1 de cada 4 mexicanos será mayor de 60 años.

IV.- A mediados del siglo pasado, el patrón de mortalidad en nuestro país estaba dominado por las enfermedades infecciosas, las cuales daban cuenta del 60% de todas las muertes. La transición epidemiológica en México ha revertido la relación a tal punto que, en 1998, más del 60% de las muertes fueron causadas por problemas crónico-degenerativos. Asimismo, ha provocado una nueva estructuración demográfica en la que la presencia de los adultos mayores se ha vuelto cada vez más importante.

V.- La demanda de servicios de salud para los adultos mayores se ha incrementado, Por ejemplo, la proporción de hospitalizaciones de la gente mayor de 64 años ha pasado de 8.3% en 1993 a 12% en 1999. En 2001, fue hospitalizado el 10.3% de esa población, mientras que sólo 4.6% de la población entre 15 y 64 años ingresó al hospital. Más aún, el 43% de las muertes intra-hospitalarias se registró entre la población de más de 65 años. Adicionalmente el Programa de Acción de Atención al Envejecimiento de la Secretaría de Salud federal expone que este grupo consume más del 30 por ciento del presupuesto asignado a la seguridad social, en pensiones y jubilaciones; que utiliza el 30 por ciento del presupuesto de salud y que ocupa hasta un 60 por ciento de las camas de hospital.

VI.- México se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico, actualmente ocupa el séptimo lugar entre los países en envejecimiento acelerado, con un 7 por ciento de la población de 60 años y más, por lo que en las próximas décadas la población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica grandes cambios para el país, particularmente en la generación de políticas adecuadas para la estructura poblacional futura y las demandas de este sector creciente de la población.

VII.- Nuestra Constitución en su artículo 4, garantiza el acceso a los servicios de salud como un derecho fundamental de todo individuo, sin distinción de sexo, edad, religión, etcétera, y tratándose de los adultos mayores, es preciso señalar que por sus características, constituyen un grupo vulnerable de riesgo específico, por lo que se tienen que diseñar servicios de salud concretamente para ellos con profesionales de la salud capacitados en geriatría que permitan acrecentar la posibilidad de un envejecimiento exitoso y, por ende, la identificación de los adultos mayores como un recurso potencial, cada vez con un mayor peso específico en nuestra dinámica social.

VIII.- Debe ser prioridad para el Estado elevar la calidad de vida del adulto mayor, bajo un modelo innovador, que privilegie la atención preventiva incorporando atención médica especializada para la detección, tratamiento y control de la morbilidad en este grupo de edad, sin embargo, en la actualidad el país y particularmente el Sistema de Salud no esta preparado ni organizado para dar atención adecuada a esta población. El proceso de envejecimiento se está dando sin que se desarrolle una cultura adecuada hacia la gente mayor, sin los espacios para brindarles una atención digna y las dependencias públicas carecen de la infraestructura o de los especialistas para proporcionar servicios de geriatría para atender problemas crónico-degenerativos.

IX.- Actualmente, la situación es tan grave que mientras que la OMS recomienda un geriatra por cada 10 mil habitantes, en nuestro país sólo hay uno por cada 100 mil, ya que a la fecha sólo existen poco más de 250 geriatras certificados para atender a los 7 millones de adultos mayores en el país, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, lo que significa que a cada geriatra le correspondería atender a cerca de 28 mil personas mayores que presentan enfermedades crónico-degenerativas.

X.- La especialidad de geriatría, creada en 1989, es relativamente nueva y pese a que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán , el Hospital Español de la Ciudad de México así como el IMSS y el ISSSTE ya imparten la especialidad, y según las cifras del Consejo Mexicano de Geriatría, cada año se crean 30 plazas de geriatras a nivel nacional.

XI.- Hasta el año 2004; se contaba con 120 médicos geriatras en todo el país para una población mayor a los 65 años de edad cumplidos al año 2000 según el INEGI de 5,392,743, lo que arroja un índice de 44, 940 pacientes por cada médico geriatra, de ello resulta la urgencia de que en este momento el déficit de atención médica especializada sea resuelto; ahora bien, si de manera conservadora necesitamos tener un médico geriatra por cada 750 adultos mayores, se tendrán que haber formado 30,943 geriatras durante los 45 años siguientes a esta fecha, lo que se traduce en la necesidad de formar anualmente 687 médicos geriatras hasta el año 2050 a partir de este 2005.

XII.- Atendiendo a la problemática de los adultos mayores, a partir del 2002 el ISSSTE implementó el Programa Integral de Salud del Adulto Mayor, en el 1er, 2do y 3er nivel de atención, que incluye, entre otras cosas, que en hospitales regionales de tercer nivel, se cuente con la especialidad de geriatría, sin embargo, se trata de una medida aislada ya que aún cuando existe el Programa de Acción de Atención al Envejecimiento por parte de la Secretaría de Salud federal, en el Sistema Nacional de Salud no se han implementado programas o acciones concretas para atender a los adultos mayores por las que se fomente la generación de más especialistas en geriatría con sus plazas respectivas y por las que se efectúe una reasignación de recursos para la atención de enfermedades crónico-degenerativas.

Por lo antes expuesto; me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XI, y se adiciona una fracción XII del artículo quinto de la Ley de los Institutos de Salud.

Artículo Quinto. ...

I a X. ...

XI.-Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, para la atención e investigación de las enfermedades, tratamiento y cuidado del adulto mayor.

XII.- Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente Ley.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2006.

Segundo.- El Ejecutivo federal incluirá en el proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006, la asignación de recursos para la creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología.

Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

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LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada Jazmín Zepeda Burgos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deportes.La diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos: Con su permiso, señor Presidente:

«Iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es tarea y responsabilidad de las y los legisladores, generar iniciativas que crean, actualizan y/o derogan los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar el equilibrio del Estado en su relación con los derechos de las y los ciudadanos.

Este quehacer legislativo, debe considerar todos y cada uno de los ámbitos de influencia; social, económica, política, cultural y deportivo. Y es justamente en este último, donde es urgente realizar una revisión.

De manera particular, haremos referencia a la necesidad de que, en el ejercicio deportivo se cuente con una legislación que proteja las garantías jurídicas que goza toda ciudadana o ciudadano mexicano. Lo cual, nos lleva a revisar de manera puntual los aspectos que regulan este tema, y por tanto, su conclusión genera la iniciativa que aquí se presenta.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73, Fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de deporte.

El ordenamiento jurídico cuya adición se plantea en la presente iniciativa es la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003, y que entró en vigor al día siguiente de la citada fecha.

Esta legislación es de interés público y observancia general en toda la República, atendiendo a lo establecido en sus artículos 1 y 2, corresponde su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y tiene por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte.

En términos generales, la finalidad de la iniciativa que se pone a consideración de esta Soberanía, consiste en precisar con toda claridad en el propio texto de la Ley que ninguna disposición podrá restringir los derechos de los sujetos que regula, como tampoco desconocer la competencia de las autoridades competentes en el ámbito deportivo en nuestro país.

En los últimos meses se han suscitado diversos asuntos en los cuales algunas asociaciones deportivas han pretendido desconocer la vigencia de la Ley de Cultura Física y Deporte. Esta situación obedece a que en ciertos casos, en los estatutos o reglamentos, ya sean nacionales o internacionales, que rigen una determinada actividad deportiva asociada, se contemplan disposiciones que pretenden desconocer la competencia de las autoridades nacionales o bien, ciertos derechos o procedimientos regulados en ley.

Inclusive se llega al absurdo de establecer la prohibición de acudir en caso de una controversia a lo que denominan como ``tribunales nacionales'', siendo que en el caso concreto de nuestro país en la Ley de Cultura Física y Deporte se reconoce y regula la competencia y procedimientos en materia deportiva de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya naturaleza es en esencia, la de un tribunal deportivo.

Lo anterior evidentemente resulta ilógico, ya que la aplicación de toda ley es general, abstracta e impersonal, por lo que no es entendible que un determinado sector del amplio universo deportivo pretenda escudarse en sus normas reglamentarias o estatutarias para tratar de excluirse del ámbito de aplicación de la Ley de Cultura Física y Deporte. Esta lamentable situación resulta aún menos comprensible cuando se trata de disposiciones contenidas en normas federativas internacionales, mismas que bajo ningún concepto pueden contravenir o desconocer los derechos, obligaciones, instituciones y procedimientos establecidos en nuestro sistema jurídico.

Conviene aclarar que no se trata de un conflicto de leyes sino de una cuestión de abuso y extraterritorialidad que bajo ningún concepto se debe permitir. En concreto, en el ámbito del fútbol profesional, en las últimas semanas se presentaron dos asuntos delicados en los cuales la Federación Mexicana de Fútbol, AC, se condujo de manera arbitraria, violando flagrantemente los derechos de reconocidos deportistas nacionales.

En uno de ellos, el Director Técnico del equipo profesional de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue sancionado sin que se respetara su derecho de audiencia entre otras muchas irregularidades. En el otro, dos jóvenes jugadores profesionales que también fueron sancionados a nivel federativo fueron prácticamente obligados a desistirse de un procedimiento que habían iniciado ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, siendo que ya habían obtenido de dicho organismo una suspensión a la citada sanción.

El artículo 13º de la Carta Magna establece que ``nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales'', en el diverso 14º se contienen los principios que rigen la garantía de legalidad, en virtud de la cual nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales nacionales previamente establecidos, siempre que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

En esta tesitura, la adición de un tercer párrafo al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte que se propone, busca precisar en el texto de dicha disposición que esta clase de normas estatutarias que limitan los derechos de los deportistas o bien desconocen a las autoridades competentes en la materia serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto legal alguno.

Con esta medida se estará legislando de manera contundente para evitar que algunas asociaciones se escuden en los documentos privados que las rigen para generar fueros o situaciones de excepción, que lo único que buscan es abrir espacios a la arbitrariedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 51, Capítulo II, Sección Segunda, De las Asociaciones Deportivas Nacionales, para quedar como sigue:

Capítulo II

Sección Segunda De las Asociaciones Deportivas Nacionales

Artículo 51. La presente ley reconoce a las federaciones deportivas mexicanas...

Las asociaciones deportivas nacionales...

Será nula de pleno derecho y no producirá efecto legal alguno, toda cláusula, disposición o norma interna de las Asociaciones Deportivas Nacionales, ya sea reglamentaria, estatutaria o de cualquier otra índole, cuando se desconozcan, restrinjan o limiten de cualquier forma, los derechos que tutela esta Ley a los sujetos que regula, o bien cuando se pretenda desconocer la competencia y jurisdicción que corresponda conforme a derecho a las autoridades y tribunales mexicanos.

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de septiembre del año dos mil cinco.--- Dip. Jazmín Zepeda Burgos (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a 85 estudiantes procedentes de Querétaro, de la preparatoria sur Rosendo Salvador Allende, invitados del diputado Guillermo Tamborrel Suárez; bienvenidos.

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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados: Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció los derechos de seguridad social, lo cual obligó al Estado a crear leyes e instituciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos obtenidos con la clase trabajadora. En el caso de los trabajadores del Estado, el Gobierno Federal estableció un organismo público descentralizado dedicado a cumplimentar los programas de asistencia en materia de salud, y prestaciones culturales, deportivas, recreativas y económicas para sus familiares y sus derechohabientes, denominado ISSSTE, con importantes resultados frente a toda Latinoamérica. En la actualidad, este Instituto enfrenta graves problemas para satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, en buena medida porque su legislación carece de los elementos indispensables para responder a los compromisos encomendados, que en diverso trabajo habré de plantear. Por ahora trataré el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores, que en esta ley son excluidos. Por otra parte, en el caso de los varones o mujeres solteras descendientes de los beneficiarios que rebasan la edad de 18 años, conforme a este ordenamiento legal, son negados los servicios de salud cuando dejan de estudiar, cumplen 25 años de edad o contraen nupcias. Dichas hipótesis atentan contra lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 4o. de la Ley Fundamental. Por ello resulta indispensable reformar los artículos 24, fracción III, 27, 28, fracción I, y 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de erradicar de nuestro sistema las normas que propician actos de discriminación que dañan a la sociedad.

Asimismo, es impostergable reformar determinados artículos de la ley en comento porque sus preceptos atribuyen facultades a dependencias del Poder Ejecutivo federal, para la funcionalidad del ISSSTE, desaparecidas durante los últimos 20 años, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Secretaría de Programación y Presupuesto, transformadas en otros organismos dedicados a cumplir estas disposiciones. Por ende, esto obliga al Instituto a modificar su ordenamiento rector para operar con una dinámica que permita a la población satisfacer sus necesidades. Debemos adquirir conciencia de que el gasto público sólo podrá cumplimentar los fines que en las leyes se establecen, cuando las normas gozan de estructuras capaces de responder a las exigencias sociales del país, como ocurre en el caso de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual durante décadas ha favorecido los intereses de los servidores públicos del país.

Por ello promuevo la presente iniciativa, que brindará los fundamentos legales pertinentes para que esta ley garantice la continuidad y excelencia del ISSSTE en su noble tarea durante los próximos años, para seguir siendo un motivo de orgullo de todos los mexicanos. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de septiembre de 2005.

Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México las instituciones de Seguridad Social, se originan en tiempos del Presidente Benito Juárez García quién cedió el 15% del producto de las loterías para el sostenimiento de la Escuela de Ciegos y les cedió parte del inmueble del Ex Convento de la Encarnación.

Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos se establecieron en el artículo 123, los derechos de seguridad social, para lo cual fue necesaria la creación de leyes e instituciones, como la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro que operó en términos de ley de la materia a partir del 12 de agosto de 1925.

Con la adición del apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental, por decreto del Presidente Adolfo López Mateos, el 30 diciembre de 1959, se promulga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fundando este importante organismo público descentralizado dedicado a la protección social de los servidores públicos, además de ser la pionera en México en integrar a su contenido programas de asistencia en materia de salud, prestaciones culturales y económicas para los familiares de sus derechohabientes.

En la actualidad el Instituto enfrenta problemas para satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, motivo por el que el gobierno federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, planteó una alternativa para resolver esta demanda ciudadana, mediante la reforma a la Ley General de Salud, que establece el Sistema de Protección Social en Salud denominado Seguro Popular, el cual de ningún modo resuelve los inconvenientes del ISSSTE, ni soluciona las carencias que le impiden dar un óptimo desempeño de sus obligaciones.

En buena medida la crisis del ISSSTE, se origina porque sus disposiciones carecen de elementos actuales para responder a los compromisos encomendados, como ocurre con las personas con discapacidad y los adultos mayores que simplemente son excluidos, varones o mujeres solteras descendientes de los beneficiarios que rebasan la edad de 18 años a los cuales les son negados los beneficios de salud cuando dejan de estudiar, cumplen 25 años de edad y contraen nupcias.

Dichas hipótesis atentan contra lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 4 de la Ley Fundamental, por ello deben reformarse los artículos 24 fracción III, 27, 28 fracción I y 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de erradicar las normas de nuestro sistema que propician la discriminación que tanto daño han fomentado a nuestro país.

Asimismo, es impostergable reformar los artículos 123, 149, 152, 165, 171, 189 y 196 de la ley de mérito, porque sus preceptos atribuyen facultades a dependencias del Poder Ejecutivo Federal para la funcionalidad del ISSSTE en materia de funciones, organización, préstamos a mediano plazo para la adquisición de bienes de uso duradero, aplicación de responsabilidades y sanciones del órgano descentralizado desaparecidas durante los últimos veinte años como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología o la Secretaría de Programación y Presupuesto, transformadas por otros organismos dedicados a cumplir estas disposiciones, por ende obligando al Instituto a modificar su ordenamiento rector para operar con una dinámica que permita a la población satisfacer sus necesidades.

Debemos adquirir conciencia que el gasto público solo podrá cumplimentar los fines que en las leyes se establecen, cuando las normas gozan de estructuras capaces de responder a las exigencias sociales del país, como ocurre en el caso de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual durante décadas ha favorecido los intereses de los servidores públicos en la República Mexicana, por ello promuevo la presente iniciativa que brindará los factores necesarios para que en los próximos años pueda dar continuidad y excelencia a su loable labor para orgullo de todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Capítulo II Seguro de enfermedades y maternidad

Sección Primera Generalidades

Artículo 24.- También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del Artículo anterior en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes del trabajador o del pensionista que enseguida se enumeran:

I. ...

II. ...

III. Los hijos solteros mayores de dieciocho hasta los veinticinco años, previa comprobación de que realizan estudios en cualquier rama del conocimiento;

...

Artículo 27.- Los servicios médicos que tiene encomendados el Instituto en los términos de los capítulos relativos a los seguros de riesgos del trabajo, de enfermedades, de maternidad y los servicios de medicina preventiva, los prestará directamente o a través de centros de salud públicos y privados con los que haya celebrado, conforme al Reglamento de Servicios Médicos.

...

Artículo 28.- La mujer trabajadora, la pensionista, la esposa del trabajador o del pensionista o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del trabajador o pensionista, soltera hasta los 18 años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo 24 tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

I. Atención ginecológica y sus especialidades, asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sección Quinta Pensión por Causa de Muerte

Artículo 78.- Si el hijo pensionado llegaré a los 18 años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o por discapacidad, el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación.

En tal caso el hijo pensionado estará obligado a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto le prescriba y proporcione y a las investigaciones que en cualquier tiempo éste ordene para los efectos de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión; asimismo continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los 25 años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios en cualquier rama del conocimiento.

Sección Segunda Préstamos a Mediano Plazo para Adquisición de Bienes de Uso Duradero

Artículo 125.- El Gobierno Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ejercerán el control y evaluación de la inversión de los recursos del Fondo, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Título Cuarto De las Funciones y Organización del Instituto

Capítulo I Funciones

Artículo 149.- El Instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las acciones judiciales o gestiones extrajudiciales que le competen. El Instituto deberá obtener la autorización previa del Gobierno Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para desistirse de las acciones intentadas o de los recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las leyes le concedan, cuando se trate de asuntos que afecten al erario federal.

Capítulo II Órganos de gobierno

Artículo 152.- La Junta Directiva se compondrá de diez miembros; cinco serán los respectivos titulares de las Secretarías siguientes: Hacienda y Crédito Público, de Salud, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social; el Director General que al efecto designe el Presidente de la República; los cinco restantes serán designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

...

Artículo 165.- La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda estará integrada por nueve miembros; uno designado por la Junta Directiva, a propuesta del Director del Instituto, el cual hará las veces de Vocal Ejecutivo de la Comisión; un vocal nombrado por cada una de las siguientes Dependencias: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Social y cuatro vocales más nombrados a propuesta de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por cada vocal propietario se designará un suplente.

Artículo 171.- La Comisión de Vigilancia se compondrá de siete miembros:

Un representante de la Secretaría de la Función Pública;

Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

...

Título Sexto De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 189.- Los servidores públicos de las dependencias y entidades, que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán sancionadas con multa por el equivalente de una a diez veces el salario diario que perciban, independientemente de las que se hagan acreedores por el deficiente desempeño del servicio público o negligencia médica atendiendo la gravedad del caso.

Artículo 196.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para interpretar administrativamente la presente Ley, por medio de disposiciones generales que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

Articulo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de septiembre de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: La Presidencia obsequia su petición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.

La siguiente iniciativa, del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a solicitud de su grupo parlamentario se pospone. Esta iniciativa tiene que ver con una reforma del artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo noveno transitorio a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado Lázaro Arias Martínez: Compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que adiciona un artículo noveno transitorio a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados Federales en la LIX Legislatura Lázaro Arias Martínez, Rafael Sánchez Pérez y Javier Salinas Narváez, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo noveno transitorio de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la década de los noventa, particularmente a partir de la crisis de diciembre de 1994, el sistema bancario del país se vio contraído en su oferta para captar ahorros y otorgar créditos al consumo en beneficio de la población en general. Esta contracción del mercado y las bajas tasas de interés afectaron en particular a los pensionados, jubilados y trabajadores que hayan recibido indemnizaciones por retiros; ellos, que cubrían parte de sus necesidades básicas con los intereses ganados, difícilmente podían mantener sus ahorros en instituciones bancarias que no los premiaban.

Ante la nula oferta de servicios financieros, la demanda de los sectores de menores ingresos propició el surgimiento de diversas organizaciones y sistemas que ofrecían servicios de ahorro y crédito, cuyas operaciones se realizaron al margen de las leyes que regulan a las entidades financieras y sin la necesaria vigilancia gubernamental.

La falta de un marco institucional que imprimiera mayor transparencia a estos intermediarios, tuvo como resultado que ahorradores y usuarios hayan sido víctimas de fraudes que provocaron su quebranto patrimonial, a causa de actos fraudulentos y malos manejos de administradores, consejeros, o socios principales de las diferentes entidades jurídicas o económicas, o personas físicas que se ostentaron como tales entidades, que operaban sistemas de ahorro y préstamo, para lo cual las acciones de Estado solo han resuelto parcialmente este problema.

Cierto es que ello dio pauta a la expedición de la ``Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores'', publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000; pero cierto es también que esta disposición no abarcó al conjunto de los afectados, habida cuenta que estableció condiciones y mecanismos que no todos pueden cumplir, como: dejar la carga de la comprobación de los requisitos formales de la Ley a los Ahorradores cuando ello era responsabilidad de los Administradores de las mismas; excluir a las figuras jurídicas que no contemplaban operaciones de inversión, como las Cajas Populares constituidas en Asociaciones o Sociedades Civiles.

La ley en comento, ha sido objeto de diversas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2002, 28 enero del 2004, 29 junio del 2004 y el 27 de mayo del 2005; en dichas reformas se salvan algunos aspectos relativos a la aceptación de Sociedades de Ahorro y Préstamo, a los trabajos de auditoría contable, a los montos a pagar, a la identificación de los Ahorradores, a la revisión de los casos de Sociedades que estén en procedimiento de quiebra o en concurso mercantil, beneficiándose algunas Cajas de Ahorro y Sociedades Mercantiles; no obstante, estas reformas son insuficientes para resolver el quebranto patrimonial de todos los pequeños Ahorradores, dado que los requisitos establecidos no resuelven en condiciones de equidad y justicia el quebranto patrimonial de miles de Ahorradores, por lo que es necesario revisarlas y profundizarlas a fin de que permitan contribuir a la solución integral de este problema.

Cabe destacar que hoy día no ha quedado totalmente resuelto el problema sobre el quebranto de las Cajas de Ahorro y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, menos aun el de aquellos Ahorradores que desafortunadamente no se encuentran previstos en los supuestos señalados en la propia Ley del Fideicomiso y, sin embargo, se han visto aun más afectados no solo en lo económico, también en lo social y en lo moral, porque además de haber perdido sus ahorros, fueron víctimas de defraudadores que mediante engaños, apreciaciones erróneas y promesas no cumplidas, dispusieron de sus recursos económicos, dejando a la gran mayoría sin medios para subsistir.

Deducimos que el objetivo del legislador al elaborar la iniciativa correspondiente para la creación del Fideicomiso Administrador, así como la adecuación de reformas necesarias al mismo ordenamiento legal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2002 tuvieron como premisas la justicia social, el humanismo, la igualdad y la solidaridad, dando lugar con ello a modificaciones al articulado de la Ley del Fideicomiso, así como la adición de los artículos Séptimo y Octavo transitorios, con lo cual se salvaguardaron los derechos legales de los Ahorradores, independientemente de las consecuencias jurídicas que conlleva la problemática; a partir de esta premisa resulta imperante adecuar de nueva cuenta las disposiciones plasmadas en la multicitada Ley, a efecto de responder a todas y cada una de las demandas de los Ahorradores de las Cajas Populares.

No podemos ni debemos ser excluyentes, menos aun si existen los medios y la disposición para resolver el problema de parte de todos lo actores involucrados en el proceso del pago correspondiente. El permanecer inertes ante este escenario resultaría irresponsable de nuestra parte y doblemente injusto para los Ahorradores, y contrapuesto al espíritu de la Ley del Fideicomiso; ya que derivado del mal manejo e irregularidades cometidas por el supuesto administrador o directivo de una supuesta sociedad, sufren la perdida de sus ahorros que en muchas ocasiones representan todo su patrimonio familiar, y además se enfrentan a lo complejo que resulta satisfacer todo los requisitos, y subsanar los impedimentos necesarios para verse beneficiados por las bondades del Fideicomiso-Pago, al igual que otros ahorradores.

Resulta positivo que el artículo octavo transitorio emanado de la reforma del año 2002 a la Ley que crea el Fideicomiso, señale que el Fideicomiso, previa instrucción del Comité, facilitará la recuperación de los depósitos efectuados a los Ahorradores de Sociedades Mercantiles, no sujetas al apoyo conforme a la misma Ley, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos enlistados en el mismo precepto; sin embargo se vuelve a complicar el mecanismo para el otorgamiento del beneficio plasmado en esta Ley, ya que automáticamente se deja fuera a muchos otros Ahorradores al carecer de uno de los requisitos referidos.

Es por ello que se propone, como medida de refuerzo, adicionar un artículo noveno Transitorio al multicitado ordenamiento legal, a efecto de contemplar otras hipótesis que permitan generar mayor flexibilidad y facilidad en beneficio no solo de los Ahorradores afectados, sino de las mismas instancias involucradas en el proceso correspondiente, para el mejor cumplimiento de su objetivo.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo noveno transitorio a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

``Artículos Transitorios.

Artículos primero a octavo.- ...

Noveno.- Con objeto de facilitar la recuperación de los depósitos de ahorradores defraudados por personas físicas que se ostentaron como sociedad, no sujetas al apoyo en los términos de esta Ley, que hayan estado en un procedimiento judicial de carácter penal, el Fideicomiso procederá, previa instrucción del Comité, al pago de los depósitos correspondientes, siempre y cuando se cumpla los siguientes requisitos:

A) que para la comisión del delito por parte de una o mas personas físicas, éstas hayan actuado al amparo de una razón social o nombre comercial.

B) Que la captación de recursos del público se haya efectuado en forma pública y notoria, mediante anuncios, volantes o cualquier tipo de publicidad en los cuales se haya usado precisamente la razón social o nombre comercial a que alude el inciso anterior.

C) Que tal captación de recursos haya dejado de hacerse con antelación al 30 de noviembre del año 2000.

D) Que los ahorradores hubiesen formulado denuncia penal en contra de los supuestos representantes, con antelación al 31 de diciembre del 2001; y que, como consecuencia de ello, los supuestos representantes hayan sido sujetos a proceso judicial.

E) Que los documentos en los que consten los depósitos de los ahorradores hayan sido emitidos a título personal precisamente por la persona o personas físicas sujetas a proceso judicial o hayan sido contempladas dentro del proceso correspondiente.

F) Que exista una declaración de procedencia del delito emitida por la Procuraduría Fiscal de la Federación antes del 31 de diciembre de 1999.

G) La calidad de los ahorradores se reconocerá de acuerdo a los resultados de las auditorías y/o en el Procedimiento de Carácter Penal, a efecto de que se realicen los pagos correspondientes a los beneficiados por la presente ley.

H) Que se haya obtenido el reconocimiento del beneficio de la reparación del daño por parte de la autoridad competente, mediante sentencia judicial.

Para el caso de que exista imposibilidad jurídica de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las disposiciones contenidas en los artículos 8°, 8° BIS, 11, y Bases Generales de la presente ley, los pagos correspondientes no estarán sujetos a los mismos, bastando, para que proceda el pago, que el Ahorrador cubra los requisitos establecidos en este artículo transitorio.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento.

Palacio Legislativo Federal, a 8 de septiembre 2005.--- Diputados: Lázaro Arias Martínez, Rafael Sánchez Pérez, Javier Salinas Narváez, Javier Galván Guerrero, David Hernández Pérez, Hugo Rodríguez Díaz, Quintín Vázquez García, Evelia Sandoval Urbán, Leonel Sandoval Figueroa, Roberto Marrufo Torres, Benito Chávez Montenegro, Carlos Blackaller Ayala, Leticia Gutiérrez Corona, Javier Bravo Carbajal, Rafael García Tinajero, Pascual Sigala Páez, Abdallán Guzmán Cruz, Edgar Torres Baltazar, Arturo Nahle García, Elba Garfias Maldonado, Francisco Mora Ciprés, Clara Brugada Molina, Cristina Portillo Ayala, Susana Manzanares Córdova, Alfonso Ramírez Cuellar, Adrián Chávez Ruiz, Emilio Serrano Jiménez, Gerardo Ulloa Pérez, Abraham Bagdadi Estrella (rúbricas).»

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

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LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Compañeras diputadas; compañeros diputados: el suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de que pase a formar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el nombre del distinguido doctor Ismael Cosío Villegas, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como organismo público descentralizado, fue creado para la atención de padecimientos del aparato respiratorio, coadyuvando al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud. Este Instituto contribuye al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el ámbito de la medicina del aparato respiratorio alto y bajo en la prestación de servicios de salud, particularmente en materia de atención médica especializada en aspectos preventivos, curativos y quirúrgicos, aplicando las medidas de asistencia y ayuda social a su alcance, en beneficio especialmente de los pacientes de escasos recursos económicos. Además, se ha constituido en un pilar en la formación de recursos humanos para el país en el área de la neumología y de la otorrinolaringología, así como otras especialidades técnicas. Brinda atención en salud de la mejor calidad y se ha distinguido por las grandes aportaciones en el área de investigación, contando con laboratorios de avanzada, comparables con los de cualquier país más desarrollado del mundo.

En el campo de la medicina, y en especial en el de la neumología, el doctor Ismael Cosío Villegas se destacó como un líder. Desarrolló su labor en el Hospital General, en el que fue fundador de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis, en 1929, organización que presidió durante cuatro ocasiones en diversas épocas. Durante el periodo que comprende de 1929 a 1949 fue jefe de los pabellones de tuberculosos del Hospital General. Organizó y presidió el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. De-sempeñó con especial esmero el cargo de profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 39 años. Fundó casi todos los hospitales y dispensarios médicos antituberculosos que funcionan en el país hasta el año de 1970. Fue nombrado director del entonces sanatorio de Huipulco en 1956, cargo que desempeñó hasta 1965, el hospital-sanatorio de Huipulco, después Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahora Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Dentro de su carrera profesional destaca el haber sido fundador del Laboratorio Nacional de BCG y de la Oficina del Timbre de la Tuberculosis. Asimismo, con otros maestros funda la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio, actualmente llamada Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Fue director de la revista de esta sociedad. En 1936 ingresó en la Academia Nacional de Medicina y fue el primero en ocupar el sillón de la sección de tisiología. En 1960 fue vicepresidente de esta Academia y en 1961 su Presidente. En 1949 fue Presidente del Congreso Internacional de la Unión Latinoamericana de Sociedades de Fisiología. Produjo múltiples trabajos científicos sobre neumología y el primer libro de texto mexicano para la clínica del aparato respiratorio, en 1937.

Los abscesos de pulmón, en 1940; Problemas de patología respiratoria y tuberculosis, en 1975. Con fecha 19 de octubre de 2004, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en cumplimiento de lo que establece el artículo 16, fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud aprobó, a propuesta de su director general, el trámite ante la coordinadora del sector para imponer el nombre de Doctor Ismael Cosío Villegas a este Instituto. Por su destacada labor al servicio de la neumología, la comisión interna de la Secretaría de Salud encargada de estudiar y dictaminar sobre las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados aprobó, con fecha 26 de abril de 2005, imponer el nombre de Ismael Cosío Villegas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tomando en consideración que la imposición del nombre acordado pasará a formar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que esta institución de investigación y docencia se sustenta en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Por las consideraciones antes expuestas, me permito presentar a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

Fracción IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas para los Padecimientos del Aparato Respiratorio.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de que pase a reformar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el nombre del distinguido doctor Ismael Cosío Villegas, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como organismo público descentralizado fue creado para la atención de padecimientos del aparato respiratorio, coadyuvando al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud.

En Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias contribuye al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el ámbito de la medicina del aparato respiratorio alto y bajo, en la prestación de servicios de salud, particularmente en materia de atención médica especializada en aspectos preventivos, curativos e incluso quirúrgicos, aplicando las medidas de asistencia y ayuda social a su alcance, en beneficio de las pacientes de escasos recursos económicos.

En el campo de la medicina y en especial en el de la neumología el doctor Ismael Cosío Villegas se destacó como un líder.

Desarrolló su labor en el Hospital General, en el que fue fundador de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis en 1929, organización que presidió durante cuatro ocasiones, en diversas épocas.

Durante el periodo que comprende de 1929 a 1949 fue jefe de los pabellones de tuberculosos del Hospital General.

Organiza y preside el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis.

Desempeña, con especial esmero, el cargo de profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México durante treinta y nueve años.

Funda casi todos los hospitales y dispensarios médicos antituberculosos que funcionan en el país hasta el año de 1970.

Fue nombrado director del entonces Sanatorio de Huipulco en 1956, cargo que desempeño hasta 1965. El Hospital-Sanatorio de Huipulco, después Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares, ahora Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Dentro de su carrera profesional destaca el haber sido fundador del Laboratorio Nacional de BCG y de la oficina del timbre de la tuberculosis.

Asimismo, con otros maestros funda la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio, actualmente llamada Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, fue director de la revista de esta sociedad.

Ingresa en 1936, a la Academia Nacional de Medicina, siendo el primero en ocupar el sillón de la Sección de Tisiología, en 1960 fue vicepresidente de esta Academia y en 1961 Presidente.

En 1949, fue Presidente del Congreso Internacional de la Unión Latinoamericana de Sociedades de Tisiología.

Produce múltiples trabajos científicos sobre neumología y el primer libro de texto mexicano para la clínica del aparato respiratorio, en 1937; Los abscesos del pulmón, en 1940; Problemas de la Patología Respiratoria y Tuberculosis en 1975.

Con fecha 19 de octubre de 2004, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 16, fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, aprobó, a propuesta de su Director General, el trámite ante la coordinadora de sector, para imponer el nombre del doctor Ismael Cosío Villegas a ese instituto.

Por su destacada labor al servicio de la neumología, la Comisión Interna de la Secretaría de Salud encargada de estudiar y dictaminar sobre las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados, aprobó con fecha 26 de abril de 2005, imponer el nombre de Ismael Cosío Villegas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tomando en consideración que la imposición del nombre acordado pasará a formar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que esta institución de investigación y docencia se sustenta en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Por las consideraciones antes expuestas me permito presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue

Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

``Artículo 5. ...

I a III. ...

IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;

V. a XI. ...''

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.--- Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a diversos funcionarios de Indianápolis y empresarios de Estados Unidos de América que realizan una misión comercial a México. Sean bienvenidos. Ellos son invitados de la diputada federal Rebeca Godínez y Bravo. La iniciativa que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, de la diputada Martha Laguette Lardizábal, se pospone a solicitud de su grupo parlamentario, el del Partido Revolucionario Institucional. La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la diputada Eliana García Laguna, se pospone a solicitud del grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática.

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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la Presidencia: los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo las siguientes consideraciones y exposición de motivos.

El sector servicios ha registrado en los últimos años un importante crecimiento, hasta colocarse a la par y por encima de otros sectores económicos, como el industrial y el agrícola. La actividad económica relacionada con los servicios intensivos en conocimiento tiene alto potencial, ya que involucra aspectos de la innovación tecnológica que lo impulsan más que a los dos anteriores mencionados. Las tecnologías de la industria microelectrónica, las telecomunicaciones y la informática han provocado en las últimas dos décadas el crecimiento de nuevas actividades y de otros sectores relacionados con los servicios.

Por ejemplo, en nuestro país durante el cuarto trimestre de 2004 el PIB del sector servicios creció 5.6 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2003. De ese crecimiento destaca el sector comunicaciones, que creció 9.9 por ciento. También destaca el favorable crecimiento observado en telefonía celular y tradicional. De manera acumulada, el PIB del sector servicios creció durante 2004 en 4.8 por ciento. Como demuestra el análisis de las cifras señaladas, el sector de telefonía local móvil se ha erigido en mayor crecimiento en la última década. Cifras al tercer trimestre de 2004 señalan que el número de usuarios de telefonía celular es de 35 millones aproximadamente, de los cuales 32 millones 763 son subsectores bajo la modalidad de prepago, o sea, mejor conocido como ``fichas''. Y 2 millones 294 mil lo hacen bajo la modalidad de pospago, plan de renta mensual. Los crecimientos más significativos a nivel de usuarios se han dado en tres momentos muy concretos del desarrollo de la industria: en 1996, cuando se introduce la tarjeta de prepago; en 1997, con la introducción de descuentos en llamadas entrantes; y en 1999, bajo la modalidad de ``el que llama paga''.

La telefonía celular ha pasado de ser un artículo suntuario, de privilegio para algunos sectores de la sociedad, a convertirse en un artículo de primera necesidad para todos los sectores de la sociedad. Prácticamente cualquier mexicano, ya sea ama de casa, estudiante, profesionista o trabajador por su cuenta, cuenta con un teléfono celular. Muchos micronegocios prefieren contratar una línea celular a una línea convencional porque el costo de la línea fija es mayor. Se ve una clara preferencia de los usuarios a utilizar la modalidad de prepago, ya que las condiciones son más flexibles que estar bajo el esquema de pospago. Por principio de cuentas, en la modalidad de prepago no hay plazo forzoso para pagar ninguna cuenta. Además, en la modalidad de prepago se adquiere el aparato que incluye una cantidad importante de tiempo aire gratuito.

En la modalidad de tarjetas prepagadas, los usuarios tienen la certeza de cuántos minutos utilizan en las llamadas entrantes y salientes. Tiene un saldo límite y permite al usuario tener mayor control y no depender solamente de la cuenta que le pueda hacer la empresa. Son cuatro las compañías que abarcan prácticamente el total de la oferta de la telefonía local móvil: Telcel, Telefónica Movistar, Iusacell y Unefon. Cada una de ellas ofrece gran variedad de planes en la modalidad de prepago y pospago, lo que da al mercado una característica de alta segmentación. Cifras de 2004 muestran que en México, Telcel tiene 28 millones 851 usuarios, 77.23 por ciento del mercado; Telefónica Movistar, 5 millones 639 usuarios, 15 por ciento; Iusacell tiene 1 millón 460 mil usuarios, casi 4 por ciento del mercado; y Unefon, 1 millón 404 mil usuarios, poco menos de 4 por ciento de los usuarios. Por otra parte, la telefonía local móvil tiene un marco normativo que tiene como eje la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la cual se derivan reglas de carácter general relativas a la prestación de servicio local de telefonía, ya sea móvil o fijo. El artículo 7 de la ley en comento establece la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer las políticas y acciones encaminadas a promover un adecuado desarrollo del sector comunicaciones.

La Cofetel, a solicitud del Poder Legislativo, ha realizado investigaciones para determinar cuán elevadas son las tarifas en México de manera competitiva. Los resultados de este estudio señalan que para el caso de la modalidad de pospago, México está por arriba de países como Estados Unidos y Perú, entre otros. Los rasgos van desde 6 centavos de dólar por minuto en Perú, contra 21 centavos de dólar en México, en el plan tarifario más económico. Para un plan de tarifas en consumo de mil minutos en un mes, en México el minuto está en 17 centavos de dólar y en Estados Unidos es de 4 centavos de dólar. Para el caso de prepago, México ofrece tarifas mucho más atractivas; llega a un grado tal, que son las más atractivas del continente, llegando a ser de 6 centavos de dólar por minuto, mientras que en Estados Unidos es de 10 centavos de dólar por minuto.

De esa comparación se desprende que hay una disparidad en las tarifas que se ofrecen en las dos principales modalidades de prestación de servicios de telefonía celular. Esa situación, ampliamente avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la propia Cofetel, pone en situación de desventaja y de inseguridad jurídica al consumidor porque la forma de medición de la facturación no es plenamente conocida por el usuario al momento de adquirir y usar un teléfono celular. Supongamos que un usuario haga 6 llamadas, cada una con duración de 1 minuto con 1 segundo. Lo lógico es que al usuario se deberían cobrar 6 minutos con 6 segundos. La compañía de telefonía celular, aplicando el redondeo, le cobrará 12 minutos, poco más del doble del tiempo que efectivamente hizo el usuario del servicio. De esa forma, las compañías celulares obtienen una ganancia por minuto de casi el 100 por ciento de ganancias por un servicio que no prestan y que no dan a la ciudadanía. Esta reforma que buscamos de ninguna forma nos parece lesiva para el sano desarrollo del sector de la telefonía celular y de las empresas que participan en él. Por el contrario, esta reforma legal propiciará aún más el crecimiento del sector porque el usuario, al recibir una facturación apegada al tiempo de aire efectivo, podrá incrementar su consumo.

El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece claramente que las tarifas garantizarán la prestación de un servicio de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. La reforma que proponemos de la Ley Federal de Telecomunicaciones es adicionar un segundo párrafo al artículo 60, donde se establece la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil de facturar a los usuarios el tiempo de aire efectivo de llamada. Eso estaría buscando que la empresa que presta ese servicio solamente pueda cobrar exactamente el tiempo del servicio que presta y no el tiempo de un servicio que no está prestando y que va en detrimento de la economía del propio usuario. Una de nuestras tareas fundamentales es encontrar mecanismos que permitan proteger a los ciudadanos de nuestro país. Y una de nuestras tareas fundamentales es cuidar la economía de todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos lo siguiente: Artículo 60. Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil, el parámetro para fijar la tarifa será la facturación de tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.

Con esto, nuestra fracción parlamentaria busca proteger la economía familiar y la economía de todos los habitantes de nuestra sociedad. El teléfono celular se ha convertido en un instrumento de importancia fundamental; ya no es un artículo de lujo, Por tanto, esta soberanía está obligada a proteger la economía de todos los habitantes.

Transitorios -y termino, señor Presidente; con su permiso.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar el servicio de telefonía local móvil contarán con 180 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, para hacer los ajustes necesarios al sistema de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de septiembre de 2005. Diputados: Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Óscar González Yáñez, todos de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del grupo parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El sector servicios ha registrado en los últimos años un importante crecimiento hasta colocarse a la par o por encima de otros sectores económicos como son el industrial y la agricultura.

La actividad económica relacionada a los servicios intensivos en conocimientos tiene un alto potencial ya que involucra aspectos de innovación tecnológica que lo impulsan más que a los dos anteriormente mencionados.

Las tecnologías de la industria microelectrónica, las telecomunicaciones y la informática han provocado en las últimas dos décadas el crecimiento de nuevas actividades y de otros sectores relacionados con los servicios.

Por ejemplo, en nuestro país, durante el cuarto trimestre del 2004 el PIB del sector servicios creció 5.6 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2003, dentro de este crecimiento destaca el sector comunicaciones que creció 9.9 por ciento. También destaca el favorable crecimiento observado en telefonía celular y tradicional. De manera acumulada el PIB del sector servicios creció durante 2004 en 4.8 por ciento.

Como se desprende del análisis de las cifras señaladas, el sector de telefonía local móvil se ha erigido en el de mayor crecimiento en la última década. Cifras al tercer trimestre de 2004 señalan que el numero de usuarios de telefonía celular es de 35 millones aproximadamente, de los cuales 32 millones 763 mil son suscriptores bajo la modalidad de prepago (fichas) y 2 millones 294 mil lo hacen bajo la modalidad de pospago (plan de renta mensual).

Los crecimientos más significativos a nivel de usuarios se han dado en tres momentos muy concretos de desarrollo de la industria. En 1996 cuando se introduce la tarjeta de prepago, en 1997 con la introducción de descuentos en llamadas entrantes y en 1999, año en el que entra en funcionamiento la modalidad ``el que llama paga''.

La telefonía celular ha pasado de ser un artículo suntuario, de privilegio para algunos sectores de la sociedad, a convertirse en un artículo indispensable para las comunicaciones de millones de mexicanos.

Prácticamente cualquier mexicano, ya sea ama de casa, estudiante, profesionista, trabajador por su cuenta, todos cuentan con un teléfono celular. Muchos micronegocios prefieren contratar una línea celular a una línea convencional por que el costo de la línea fija es mayor.

Se ve una clara preferencia de los usuarios a utilizar la modalidad de prepago ya que las condiciones son más flexibles que estar bajo el esquema de pospago. Por principio de cuentas en la modalidad de prepago, no hay un plazo forzoso que cumplir para conservar la línea de telefonía celular, lo que sí ocurre en pospago.

Además, en la modalidad de prepago se adquiere el aparato el cual incluye cierta cantidad de tiempo aire lo que reduce significativamente el costo del teléfono celular, cosa que no sucede como regla general en el esquema de pospago, en esta última para que el usuario sea dueño del equipo debe cumplir con el plazo mínimo establecido en el contrato que se pacta con la compañía de telefonía celular.

En la modalidad de tarjetas prepagadas, los usuarios tienen la certeza de cuántos minutos utilizan en llamadas entrantes y salientes, porque tienen un saldo límite. En el caso plan tarifario, no obstante que se tiene una serie de minutos incluidos en la renta el usuario no tiene la certeza de los minutos que utiliza porque puede seguir haciendo llamadas y recibirlas aunque ya haya agotados los minutos incluidos en su plan.

Son 4 las compañías que abarcan prácticamente la totalidad de la oferta de telefonía local móvil. Telcel, Telefónica Movistar, Iusacell y Unefon. Cada una de ellas ofrece una gran variedad de planes en las modalidades de prepago y pospago lo que le da al mercado características de alta segmentación.

Cifras de 2004 muestran que en México, Telcel tiene 28 millones 851 mil usuarios, el 77.23 por ciento del mercado; Telefónica Movistar 5 millones 639 mil usuarios, el 15.09 por ciento; Iusacell 1 millón 460 mil usuarios, 3.9 por ciento; y Unefon 1 millón 404 mil usuarios, el 3.7 por ciento.

Por otra parte, la telefonía local móvil tiene un marco normativo que tiene como eje la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la cual se derivan reglas de carácter general relativas a la prestación del servicio local de telefonía ya sea móvil o fijo.

El artículo 7 de la ley en comento establece la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer las políticas y acciones encaminadas a promover un adecuado desarrollo del sector telecomunicaciones.

Esta Secretaría es la responsable de autorizar las tarifas de prestación de servicio de telefonía local móvil que fijan libremente las empresas que gozan de una concesión para prestar el servicio de telefonía, conforme a lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley en la materia.

Al estar a libre albedrío de las compañías concesionarias el establecimiento de las tarifas, hay un gran margen de discrecionalidad por parte de dichas compañías para establecer los montos y las condiciones sobre las cuales se fija la tarifa y se presta el servicio.

Las tarifas de telefonía celular han sido consideradas elevadas en nuestro país en comparación de las tarifas de otros países latinoamericanos y de nuestros socios comerciales en el TLC.

La Cofetel, a solicitud del Poder Legislativo ha realizado investigaciones para determinar que tan elevadas son las tarifas de México de manera comparativa. Los resultados de este estudio señalan que para el caso de la modalidad de pospago México está por arriba de países como Estados Unidos y Perú.

Los rangos van desde 6 centavos de dólar por minuto en Perú contra 21 centavos de dólar en México, en el plan tarifario más económico. Para un plan tarifario de consumo de 1000 minutos al mes, en México el minuto está en 17 centavos de dólar y en estados Unidos es de 4 centavos de dólar.

Para el caso de prepago, México ofrece tarifas mucho más atractivas, llegando a un grado tal, que son las más atractivas del continente llegando a ser de 6 centavos de dólar por minuto, mientras que en Estados Unidos es de 10 centavos de dólar por minuto, en Guatemala es de 13 centavos de dólar y Perú que es el país más caro con 71 centavos de dólar por minuto.

De esta comparación se desprende que hay una disparidad en las tarifas que se ofrecen en las dos principales modalidades de prestación de servicio de telefonía local móvil en esos países.

Sumado a lo anterior, dentro de las condiciones que fija la compañía al establecer las tarifas, las cuales son avaladas por la Cofetel, están las relativas a la medición y facturación del tiempo aire que los usuarios consumen. Las tarifas señalan que el tiempo de llamada será facturado por minuto, sin importar que el usuario no hable la totalidad del mismo, es decir, el tiempo de la llamada se redondea al minuto superior siguiente.

De esta forma si el usuario realiza una llamada de 1 minuto con 30 segundos le será cargado a su factura o a su saldo de prepago el equivalente en pesos a dos minutos de llamadas, lo que genera un beneficio para las compañías de telefonía celular que nos parece inicuo. El usuario paga más minutos de llamada de los que realmente consume.

Supongamos que un usuario hace 6 llamadas cada una con duración de 1 minuto con 1 segundo. Lo lógico es que el usuario se le cobrará 6 minutos con 6 segundos. La compañía de telefonía celular aplicando el redondeo le cobrará 12 minutos, poco más del doble del tiempo que efectivamente hizo uso del servicio. De esta forma las compañías celulares obtienen una ganancia por minuto de 100 por ciento.

Esta situación es ampliamente avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la propia Cofetel ponen en una situación de desventaja y de inseguridad jurídica al consumidor, porque la forma de medición y de facturación no es plenamente conocida por el usuario al momento de adquirir y usar un teléfono celular.

Creemos que es importante rectificar esta situación mediante la reforma a la Ley Federal Telecomunicaciones, para obligar a las compañías concesionarias de la telefonía local móvil a facturar por tiempo efectivo de llamada, eliminando con ello el sistema de redondeo.

Esta reforma de ninguna forma nos parece lesiva para el sano desarrollo del sector de la telefonía celular y de las empresas que participan en el mismo. Por el contrario, esta reforma legal propiciará aún más el crecimiento del sector, porque el usuario al recibir una facturación apegada al tiempo aire efectivo, podrá incrementar su consumo.

El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece claramente que las tarifas garantizarán la prestación de un servicio de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

La reforma que proponemos a la Ley Federal de Telecomunicaciones, es adicionar un segundo párrafo al artículo 60 donde se establezca la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil, la obligación de facturar a los usuarios el tiempo aire efectivo de llamada.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la

Iniciativa con proyecto decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil, el parámetro para fijar la tarifa será la facturación del tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de septiembre de dos mil cinco.--- Dip. Óscar González Yáñez (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: A solicitud del diputado Lázaro Arias Martínez, a la iniciativa que adiciona un artículo noveno transitorio a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores se rectifica el trámite, y se turna únicamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Permítame un segundo, secretario. ¿Con qué objeto, diputado Gutiérrez de la Garza?

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ORDEN DEL DIA
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Para hacer una respetuosa solicitud a esta Presidencia: es por todos conocido que la naturaleza jurídica de un proyecto de ley a un dictamen de una proposición con punto de acuerdo requiere un trámite especial; tan es así, que hay una diferencia en su trámite en los artículos 57 y 58 del propio Reglamento. Apelando a esa diferencia en cuanto al trámite, quisiera solicitar respetuosamente a esta Presidencia que los cinco dictámenes a discusión de proposiciones con punto de acuerdo sean votados en votación económica, en un solo acto; y, en el evento de que algún diputado desee reservar alguno de ellos para discusión, procedamos a la misma, en razón de que ya están previamente publicados, como bien fue señalado por esta Presidencia, en la Gaceta Parlamentaria.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Gutiérrez de la Garza, tiene usted razón: por economía procesal se puede hacer como usted lo sugiere, siempre y cuando ningún individuo integrante de la Asamblea aparte o se reserve alguno de ellos porque, eventualmente, puede haber una proposición de modificación de los puntos de acuerdo. Es el mismo tratamiento que, usted recordará, esta Presidencia otorga a los dictámenes negativos de iniciativas presentadas por los individuos de la Cámara o por quienes tienen la facultad de presentarlos, según el artículo 71 de la Constitución. Luego entonces, vamos a desahogar la dispensa de que sólo se lean los puntos de acuerdo y, posteriormente, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si estamos de acuerdo en dar este tratamiento o de si se reserva alguno. Por favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sólo se van a leer los puntos de acuerdo. Vamos a seguir la sugerencia del diputado Gutiérrez de la Garza, a excepción del primero de los dictámenes, en el que el PRD quisiera una intervención para proponer una modificación.

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ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la PGR y a la Profepa, a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación les fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas como la invasión de Áreas Naturales Protegidas, presentado por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones son competentes para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 13 de Abril de 2004, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas como la invasión de Áreas Naturales Protegidas, por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Reserva de la Biosfera Montes Azules, que fuera decretada Área Natural Protegida desde enero de 1978, se encuentra ubicada en el extremo oriental del Estado de Chiapas. Representa la porción central de la región conocida como Selva Lacandona, un área de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas. La mayor parte de la reserva está cubierta por selva alta y mediana, pero hay en ella varios tipos de vegetación, como son bosque mesófilo de montaña, bosques de pino-encino, sabanas abiertas y humedales que se encuentran solamente en áreas aisladas de la misma.

En la Reserva de la Biosfera se concentran el 28 % de las especies de mamíferos del país, el 32 % de las aves, el 12 % de los reptiles, el 9 % de los anfibios, 14 % de las especies de peces de agua dulce y el 20% de plantas vasculares de todo el país, algunas de las cuales se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2001, el Convenio Internacional de Especies de Flora y Fauna en Riesgo(CITES) o la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza(UICN) .

No obstante lo anterior, la Reserva de la Biosfera ha padecido de una problemática muy fuerte desde mucho antes de su decreto: tala ilegal, fuerte extracción de especies de fauna, contaminación y aumento exponencial de conflictos sociales derivados de las crecientes invasiones y la tenencia de la tierra.

De hecho, debido a los propios asentamientos irregulares, en los últimos 30 años se ha perdido mas del 70 % de la Selva Lacandona, y dentro de la Reserva de la Biosfera el 35 % de su cubierta forestal se ha visto gravemente afectada por los drásticos cambios de uso de suelo al devastar la selva para poner milpas y potreros o privilegiar los intereses de algunos caciques y compañías madereras que deterioran sin contemplación.

A lo largo de los últimos años, esta situación se ha visto evidenciada en diversos medios de comunicación sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema de fondo. En repetidas ocasiones se han pretendido realizar acercamientos por parte de la Secretarías de Reforma Agraria, de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con las familias locales con el objeto de aliviar los conflictos causados por las invasiones así como para implementar programas de reubicación, adquisición de nuevas tierras y conservación de las áreas protegidas sin que se hayan logrado grandes avances.

Debido a lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, LIX Legislatura realizaron uan visita de trabajo del 27 al 30 de noviembre de 2003, en donde se detectó que existen 42 invasiones de las cuales solo 6 tienen derecho constituidos, se tiene sin solución 19 denuncias de despojo por la comunidad lacandona ante el Ministerio Público Estatal, y en el diagnostico se detectaron 28 asentamientos que se consideran de urgente atención por la fragilidad de los ecosistemas.

El 5 de junio de 2003 se formo una Comisión Interinstitucional para atender a los grupos irregulares, este grupo se encabeza por la Secretaría de la Reforma Agraria, que para este fin destina 150 millones de pesos. En la Comisión interinstitucional esta formada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La Comisión Intersecretarial se encuentra en el proceso de reubicar asentamientos fuera de las zonas de reserva, a través del convencimiento de algunas comunidades invasoras.

De igual forma evidenciaron la necesidad de: dar atención integral a los problemas de la Reserva de la biosfera Montes Azules, detener la tala clandestina y cambios de uso de suelo en el área natural protegida, frenar los crecientes asentamientos humanos irregulares, agilizar el proceso de regularización de las antiguas invasiones así como las recientes y se comprometieron a solicitar al Instituto Nacional de Migración, aclare la situación que guardan los extranjeros que se encuentran con los diferentes grupos de invasores.

A casi 5 meses de la visita, en las ultimas semanas de Marzo de 2004, se transmitieron varios reportajes por televisión en los canales de Fuerza Informativa Azteca, mostrando nuevas invasiones en la Reserva de Montes Azules, tala clandestina, erosión de suelo, depredación de recursos, deterioro del entorno así como la cuestionable presencia de extranjeros en las zonas de invasión y la nula intervención por parte de las autoridades.

Tan solo consideremos que los propios indígenas han denunciado que empresas europeas han saqueado de forma ilícita gran parte de las mas de nueve mil especies de plantas medicinales que hay en la selva Lacandona y a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Chiapas contra las farmacéuticas extranjeras hasta el día de hoy la extracción continua.

Aunado a lo aludido, vale la pena mencionar que las invasiones a Montes Azules Chiapas, y la afectación a su biodiversidad o recursos naturales, violan lo dispuesto en el Capitulo I de las Áreas Naturales Protegidas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el capitulo V, de Infracciones y Sanciones de la Ley General de Vida Silvestre y Capitulo II, relativo a la Biodiversidad del Código Penal Federal en sus Artículos 418, 419, 420 y 420 bis.

De igual forma, en lo referente a los extranjeros localizados en la Reserva, se violan varios artículos del Capitulo VIII de Sanciones la Ley General de Población de nuestro país, por la realización de actividades para las cuales no están autorizados.

Por lo anterior, estas Comisiones, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás referentes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA COMISION INTERSECRETARIAL A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA ACERCA DEL AVANCE QUE SE TIENE EN LA REUBICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, PRODUCTO DE INVASIONES, ASI COMO DE LA EXISTENCIA DE NUEVAS INVASIONES, EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES AZULES, CHIAPAS.

SEGUNDO: EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A AGILIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS A LOS LUGAREÑOS DESALOJADOS DE MONTES AZULES.

TERCERO: EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A VERIFICAR LA LEGAL ESTANCIA Y COMPORTAMIENTO ADECUADO (ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA LEY DE GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO) DE LOS EXTRANJEROS PRESENTES EN LA SELVA LACANDONA Y EN SU CASO REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA MANTENER EL ESTADO DE DERECHO EN LA ZONA.

CUARTO: SE EXHORTA A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE INVESTIGUEN EL SAQUEO DE BIODIVERSIDAD (BIOPIRATERIA) POR EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS EN MONTES AZULES.

QUINTO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE RESTAURACION ECOLOGICA PARA REVERTIR LOS PROCESOS DE DETERIORO AMBIENTAL QUE SE HAN PRODUCIDO DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES AZULES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 78 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarria Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Paez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Claudia Ruíz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene registro al señor diputado Adrián Chávez Ruiz, en contra. Tiene el uso de la palabra.El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso, diputado Presidente. Estamos de acuerdo en el primero, segundo, cuarto y quinto apartados de este punto de acuerdo, pero queremos plantear que en el tercero existe una ambigüedad. A todos nos interesa proteger Montes Azules, a todos nos interesa proteger la Selva Lacandona, por principios y por convicción. Sin embargo, el tercer apartado de este punto de acuerdo -creemos- cae en la ambigüedad, da pie a establecer valoraciones absolutamente subjetivas, al mencionar que se debe observar el adecuado comportamiento de los extranjeros en la zona y realizar las acciones legales para que, en caso de que no estén cometiendo esta actuación correcta, pues poder actuar de determinada forma. Sabemos que en Chiapas existen extranjeros que están saqueando nuestros recursos naturales, existen extranjeros que se están aprovechando de nuestra riqueza, pero también sabemos que existen quienes están vinculados a tareas humanitarias, a tareas de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las comunidades indígenas. Por tanto, creemos que no podemos desconocer que en el pasado se han cometido excesos, so pretexto de la Ley Nacional de Población, expulsando extranjeros y acosando extranjeros que no realizan actividades de otra índole más que exclusivamente humanitaria.

En ningún momento debemos demandar en esta ocasión particular mensajes equivocados. Creemos que deberíamos rescatar el espíritu de los legisladores respecto a evitar ese saqueo, esa participación en la destrucción de la Selva Lacandona, pero estableciéndolo de manera precisa. Proponemos en este tercer apartado una redacción que hemos platicado con compañeros del Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista y del Partido Acción Nacional, para que quede de la siguiente manera:

Tercero. Exhortar a la Secretaría de Gobernación a investigar y, en su caso, realizar las acciones legales correspondientes contra los extranjeros involucrados en actividades de tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y, en general, saqueo de la biodiversidad en la Selva Lacandona.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. ¿Nos lo deja por escrito? Se ruega a la Secretaría consultar en votación económica si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Chávez Ruiz, previa su lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la modificación presentada por el diputado Chávez y que dice -doy lectura: ``Tercero. Exhortar a la Secretaría de Gobernación a investigar y, en su caso, realizar las acciones legales correspondientes contra los extranjeros involucrados en actividades de tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y, en general, saqueo de biodiversidad en la Selva Lacandona''.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este punto de acuerdo, con la modificación hecha por el diputado Chávez Ruiz y aceptada por la Asamblea.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo, con las modificaciones que el diputado ha presentado y aceptado por la Asamblea.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

Se ruega a la Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos de los siguientes puntos de acuerdo, perdón por la redundancia; y la votación económica se reserva al final, en conjunto.

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ZONA ARQUEOLOGICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República y al secretario de Educación Pública a expedir la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado ``Rancho Las Trancas'' cuente con toda la protección legal que le corresponde

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Cultura, de la H. Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, por lo que exhorta al resguardo y declaratoria de zona arqueológica del predio denominado ``Rancho las Trancas'', en la Delegación Azcapotzalco

Con fundamento en los artículos 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo I; 45, párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Cultura, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

El Punto de Acuerdo que se dictamina fué presentado a este pleno el 15 de diciembre de 2003 por el Diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Una vez que la Mesa Directiva constató que el punto de acuerdo fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y que cumplen con los requisitos para ser admitidas a discusión, lo turnó a esta Comisión de Cultura para los efectos conducentes.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Siendo parte muy importante de nuestras riquezas arqueológicas, las tres grandes culturas que conformaron la triple alianza establecida por Texcoco-Tenochtitlan-Azcapotzalco, esta última de la cual tenemos pocos asentamientos estudiados y rescatados a pesar de su valiosa aportación e importancia.

Actualmente Azcapotzalco, delegación política del Distrito Federal habitada por más de 455 mil personas, encontramos entre éstos, los antiguos barrios de Amantla y Auhizotla, presencia de los más antiguos asentamientos en el Valle de México y a pesar de esto, Azcapotzalco no cuenta con un solo sitio arqueológico y menos con un museo adecuado que ponga a disposición de la población el acercamiento con nuestra cultura.

El INAH y la SEP, hacen la función clave ante esta alta tribuna de la Nación para que expida declaratoria correspondiente de zona de monumentos en virtud de que en la Delegación Azcapotzalco de esta Ciudad de México se encuentra en riesgo parte significativa de nuestro patrimonio cultural.

La amenaza a nuestro patrimonio se está dando en este momento en la zona de los antiguos pueblos de San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla y Santa Lucía, hoy parte del conglomerado urbano de la citada demarcación, que han sido objeto de estudio e investigación desde inicios del siglo XX por parte de connotadas arqueólogas y arqueólogos, entre los que destaca el ilustre Manuel Gamio.

Particularmente en San Miguel Amantla, en las calles de Santa Lucía No. 30, esquina con Calzada de la Naranja, se encuentra el predio denominado ``Rancho las Trancas'', donde de 1986 a 1989 la Subdirección de Salvamento Arqueológico del INAH realizó investigaciones, de las cuales se desprendió que existe un continum en la ocupación de la zona desde el año 800 antes de nuestra era, en la etapa denominada como preclásico superior, hasta el año 1100 aproximadamente, correspondiente al postclásico tardío.

Afirman que aunado al acuerdo en comento, es en esta zona donde existen grupos de solicitantes de vivienda que han demandado desde hace unos meses la utilización de ese predio para construir vivienda de interés social. Ante esa petición, tanto el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México como la Delegación Azcapotzalco han solicitado opinión del INAH para determinar la viabilidad del proyecto, a lo que esta institución ha respondido negativamente reiterando los dictámenes emitidos en 1990 y 1993, donde recomienda la conservación del sitio como una de las más importantes evidencias arqueológicas de la época en su tipo, dentro de la cuenca de México, y principalmente en una ciudad tan grande como la nuestra, lo que nos permite con su estudio entender nuestro pasado cultural, sus cambios y transformaciones.

De conformidad con las atribuciones legales conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los dictámenes de los puntos de acuerdo presentados, la Comisión de Cultura, se encargó de preparar el presente dictamen, tomando en consideración las aportaciones de los diputados, de los diversos grupos parlamentario, al tenor de las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Avocada la Comisión al estudio del punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón para su atención y respuesta, se desprende que de la investigación realizada con las facultades para conocer y resolver el asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala:

A. Es necesario de recuperar y salvaguardar nuestras riquezas arqueológicas que constituyen una herencia cultural para México y el mundo.

B. En nuestro país siempre ha buscado recuperar su pasado para entender su presente y construir su futuro. De ahí que a lo largo del siglo XX se hayan constituido múltiples instituciones y normas que buscan regular la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y que actualmente integran la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

C. Esta ley establece en su artículo 28 que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y de la fauna relacionados con esas culturas. Asimismo señala, en su artículo 30, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia la instancia encargada de realizar toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos y que en su artículo 5°, faculta al Presidente de la República o en su caso el Secretario de Educación Pública para que expidan la declaratoria correspondiente de zona de monumentos.

D. La cantidad y calidad de los vestigios encontrados han permitido al INAH caracterizar a estas ocupaciones como un lugar importante durante el periodo clásico en la cuenca de México, según se desprende de las conclusiones de diversos dictámenes técnicos.

E. El peligro en el que se encuentra el predio se ha agudizado de unos meses a la fecha, debido a la demanda de espacios para reubicar a los habitantes ante esas presiones para darle un uso diferente al predio a lo dispuesto por el INAH, y en previsión de posibles conflictos entre los solicitantes de vivienda y los vecinos del predio y el gobierno local, y esta comisión dictaminadora coincide con el propósito que motiva el punto de acuerdo en lo que hace a la necesidad al resguardo y declaratoria de zona arqueológica del predio denominado ``Rancho las Trancas'', por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

IV. MODIFICACIONES

Esta comisión dictaminadora encuentra fuera de tiempo el numeral primero ya que se han realizado minuciosos estudios a través de sus unidades de Salvamento Arqueológico, de Monumentos Históricos, de Registro Público y de su Área Jurídico, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, lo que ha producido, entre otros resultados, el Registro del Predio denominado Trancas o Van Beuren con clave de registro E14A39-09-129 en el año de 1988, y con esto el INAH ha dado cabal cumplimiento a lo que la Ley en comento.

El tercer numeral en el cual solicita a las Comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que lleven a cabo el análisis que les permita otorgar dentro del PEF para el ejercicio 2004 destinar recursos para que el INAH lleve las acciones necesarias para el estudio y rescate de la zona en comento.

Por lo que estima eliminar de la proposición que se dictamina, el numeral tercero dejando los dos primeros en sus términos para que se lleve a cabo para alcanzar el importante propósito de este punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Cultura de la LIX Legislatura, con atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración los siguientes:

V. ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorte al Presidente de la República y en su caso, al Secretario de Educación Pública, para que expidan la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado ``Rancho las Trancas'' cuente con toda la protección legal que le corresponde, de conformidad con los artículos 5°, 21 y 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Diputados: Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica), Presidente; José Antonio Cabello Gil (rúbrica), secretario; María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), secretaria; Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), secretario; Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Rafael Candelas Salinas, Marbella Casanova Calam (rúbrica), Florencio Collazo Gómez, María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría Pineda, Blanca Eppen Canales (rúbrica), Rafael Flores Mendoza, Patricia Flores Fuentes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Bernardo Loera Carillo (rúbrica), Germán Martínez Cázarez (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica), Carla Rocín Nieto (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica), Francisco Diego Aguilar.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.

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SORTEOS EN TELEVISION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo los que se están otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen sorteos

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo de la LIX Legislatura les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo los que se están otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen sorteos.

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 89, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competentes y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES1. Con fecha 5 de abril de 2004, el diputado Arturo Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo los que se están otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen sorteos.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 26 de octubre de 2004, el Diputado Arturo Nahle García, presentó solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación para que dictaminara la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, solicitud que fue obsequiada por la Presidencia de la Mesa Directiva en esa misma sesión.

4. En sesión del 20 de abril de 2005 se sometió a consideración de los miembros integrantes de las Comisiones Unidas el anteproyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado en esa misma sesión.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES1. Que ha atraído al interés de esta soberanía la problemática de los sorteos que se realizan por televisión;

2. Que el Diputado Nahle García relata en la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen que ``las televisoras nacionales todos los días llevan hasta millones de hogares y centros de trabajo sorteos de diversos bienes, tales como automóviles, casas e inclusive dinero en efectivo, a través de llamadas telefónicas con un costo que oscila entre los 25 y 30 pesos. Invariablemente se registra un número considerable de llamadas, recaudando montos que rebasan por mucho el costo del bien sorteado.''

3. Que el Diputado Nahle García afirma que en muchas ocasiones el número de permiso de la Secretaría de Gobernación correspondiente no se hace público en dichas trasmisiones, así como tampoco se publicita el número de boletos participantes, en clara violación de la normatividad vigente;

4. Que en el Informe de Gobierno del 4° Año de Ejercicio Constitucional, la Secretaría de Gobernación informa haber otorgado 923 permisos para sorteos y que, durante el mismo lapso se giraron 99 citatorios por violaciones a los permisos otorgados y/o por la realización de eventos no autorizados en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

RESULTANDO1. Que la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947 ha regulado durante 58 años la actividad de juegos y sorteos que se realizan en nuestro país;

2. Que de acuerdo con el artículo 27, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación el reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos, las apuestas, las loterías, las rifas y los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional, que se rige por su propia ley.

3. Que el artículo 3 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos define a los sorteos de la siguiente manera:

XXIII. Sorteo: Actividad en la que los poseedores o titulares de un boleto mediante la selección previa de un número, combinación de números o cualquier otro símbolo, obtienen el derecho a participar, ya sea de manera gratuita o mediante un pago, en un procedimiento previamente estipulado y aprobado por la Secretaría, conforme al cual se determina al azar un número, combinación de números, símbolo o símbolos que generan uno o varios ganadores de un premio;

XXV. Sorteo con venta de boletos: Modalidad de sorteo en la que el concursante, mediante el pago de una cantidad determinada de dinero, adquiere un boleto que sirve de comprobante de participación en un sorteo;

4. Que el artículo 4 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente señala que no podrán practicarse juegos con apuestas ni sorteos de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación; y faculta a ésta, para fijar en cada caso los requisitos y condiciones que deban cumplirse para tal efecto.

5. De igual manera el artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, establece a la letra:

Artículo 5.- En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente punto de:

ACUERDO

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía sobre el fundamento, criterios y condiciones bajo las cuales se otorgan permisos para realizar sorteos por televisión y sobre el número de permisos otorgados para este fin.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía respecto a las participaciones que han correspondido al Gobierno Federal por los productos obtenidos por los permisionarios que realizan sorteos por televisión.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a la Secretaría de Gobernación para que informe a qué establecimientos de prevención social y de asistencia se han canalizado las participaciones generadas por el otorgamiento de permisos para llevar a cabo sorteos por televisión.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía, si la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos ha tomado conocimiento de quejas motivadas por el incumplimiento de la normatividad vigente o de las bases que rigen los sorteos por televisión, así como del estado que guardan dichas quejas.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de abril de dos mil cinco.

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Claudia Ruíz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín, Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal, Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Sergio Vázquez García (rúbrica).

Por la Comisión de Turismo, diputados: Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez (rúbrica), María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica), María Mercedes Rojas Saldaña, Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Rafael Candelas Salinas, Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera, Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares, Benjamín Hernández Bustamante (rúbrica), J. Jesús Lomelí Rosas, Margarita Martínez López (rúbrica), Raúl José Mejía González, Beatriz Mojica Morga, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio, Janette Ovando Reazola (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Pablo A. Villanueva Ramírez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.

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LIZETH PEÑA SOSA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Distrito Federal, en particular a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico de los hospitales del Gobierno del Distrito Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaria de Salud para que se realice una investigación a fondo de la situación en que se encuentra el servicio médico en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal, presentada por la Diputada María Avila Serna, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 23 del mes de Septiembre de 2003.

Los integrantes de Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente.

METODOLOGÍA

La Comisiones encargadas del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente, desarrollan su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe.

I.- En el Capitulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del tramite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo.

II.- En el Capitulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capitulo de ``CONSIDERANDOS'', la Comisiones mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

I.-ANTECEDENTES

En sesión celebrada el día 23 de Septiembre del año 2003, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la diputada María Avila Serna, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LIX Legislatura, con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Salud a realizar una investigación acerca de la situación en que se encuentra el servicio médico en los hospitales del gobierno del Distrito Federal.

En dicha fecha la Mesa Directiva turnó el mencionado punto de acuerdo a la Comisión de Salud así como a la de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En dicha intervención la Diputada, hizo referencia al caso ocurrido el 15 de Septiembre en el cual por el festejo de dicho día una bala perdida hizo blanco en la niña Lizeth Peña Sosa, menor de edad, quien durante 8 horas solicito atención medica en distintos hospitales del Gobierno del Distrito Federal, la cual le fue negada por la falta de personal capacitado y material quirúrgico.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Dicho Punto de Acuerdo pretende exhortar a que la Secretaría de Salud realice una Investigación a fondo de la situación que los hospitales del Gobierno del Distrito Federal, tienen en cuanto, a su servicio médico, así como a la falta de personal especializado y del material quirúrgico que se encuentran en los mismos hospitales.

III. CONSIDERANDOS

La atención medica es el punto esencial en el sector salud en nuestro país, el atender a una persona en el contexto de urgencia significa darle todo el apoyo para curarla o aún más salvarle la vida.

Nuestra Constitución Política en su artículo cuarto, sustenta el derecho a la protección de la salud, con toda equidad e igualdad, sin ninguna discriminación de cualquier aspecto.

En la atención medica a toda persona que lo necesite de urgencia, esta fundamentado en el artículo cincuenta y cinco de la Ley General de Salud, el cual menciona que las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud mas cercano, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones.

Si al ser de prioridad del Estado la atención medica a población abierta, se tendrá que considerar ``atención medica de urgencias'', cuando el individuo por sus características patológicas requiere de atención medica inmediata, así como los estudios que permitan establecer un diagnostico e iniciar un tratamiento que solucione o limite el daño lo mas pronto posible.

En este sentido se hace referencia a los plasmado en el articulo setenta y uno del Reglamento en materia para la Prestación de Servicios de Atención Medica, en donde nos ratifica que: LOS ESTABLECIMIENTOS, PÚBLICO, SOCIALES Y PRIVADOS QUE BRINDEN SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA PARA EL INTERNAMIENTO DE ENFERMOS, ESTÁN OBLIGADOS A PRESTAR ATENCIÓN INMEDIATA A TODO USUARIO, EN CASO DE URGENCIA QUE OCURRA EN LA CERCANÍA DE LOS MISMOS.

En cuanto a tener o no obligación, el propio artículo setenta y tres del Reglamento en materia para la Prestación de Servicios de Atención Medica, marca la línea de que; el responsable del servicio de urgencias del establecimiento, esta obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido.

Así mismo en esta misma reglamentación nos dice que cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución definitiva del problema se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, que asegure su tratamiento y que estará obligada a recibirlo. En este caso al hacer un análisis del caso especifico, consideramos que se realizaron diversas violaciones a distintos preceptos legales establecidos en la Legislación de Salud.

Por otro lado, escudarse en la falta de equipamiento para negarse a prestar un servicio de salud, no tiene sentido, ya que existe una Norma Oficial Mexicana (NOM-197-SSA1-2000), que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, de modo que ninguna unidad que preste servicios de ésta índole puede carecer de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unido Mexicanos, y derivado del análisis y estudio hecho a la proposición con punto de acuerdo por la Diputada proponente, los integrantes de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, emiten el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se exhorta a las autoridades del Distrito Federal, en lo particular a la Secretaría de Salud, a que se lleve a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico en los Hospitales del Gobierno del Distrito Federal.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados.

Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), secretario; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica en contra), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz Del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, María Del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo, Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Amalín Yabur Elías (rúbrica), secretaria; Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), secretario; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica), Diana Rosalía Ladrón de Guevara (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.

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PESCA DE CAMARON

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, a decretar una norma oficial mexicana para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería del camarón y especies de escama

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputados Maximino Fernández Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 29 de abril de 2004, proposición que pretende que el Ejecutivo Federal decretar una Norma Oficial Mexicana, para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería del camarón y especies de escama.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 28 de abril de 2001, el diputado Maximino Fernández Ávila, presentó la proposición con punto de acuerdo con las propuestas siguientes:

Primero: el Ejecutivo Federal decrete una Norma Oficial Mexicana, para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería del camarón y especies de escama.

Segundo: exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a estandarizar de manera regional las artes de pesca de camarón, así como homogeneizar las características técnicas de las redes de esta pesquería al realizar el ordenamiento pesquero.

Tercero: exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a agregar a la norma oficial mexicana 002-PESC-1993, ``para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos'', un apartado relativo al aprovechamiento de la fauna de acompañamiento adicional a dispositivos excluidores de tortugas y mamíferos marinos

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión, formulamos los siguientes:

Considerandos

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) ha estimado para el año de 2003 una producción de 122,300 toneladas; de las cuales 40,441 fueron obtenidas por la flota de alta mar de ambos litorales del país.

Por su volumen de producción la pesquería de camarón es la tercera en importancia para el país, pero por el valor económico que aporta es la principal pesquería, con un valor en el 2002 de 5 mil 019 millones 772 mil pesos a precio de playa o de primera mano.

En el año 2002 se registraron para ambos litorales 2,412 embarcaciones mayores dedicadas a la captura de camarón, las cuales operaron por medio de redes de arrastre.

Que estudios efectuados por el Instituto Nacional de la Pesca (INP), mostraron que las redes de arrastre empleadas en la captura del camarón desde el punto de vista de la selectividad multiespecífica presentan una clara tendencia a capturar más las especies que componen la fauna de acompañamiento, que las especies de camarón.

Que la proporción de fauna de acompañamiento con relación al camarón varía en dependencia del diseño de la red y del tamaño de la malla utilizada. La proporción señalada en la Proposición con Punto de Acuerdo que da origen al presente dictamen, se encuentra dentro de los parámetros señalados por diversos autores para la pesquería del camarón en el Pacífico, siendo de alrededor de 10 kilogramos de fauna de acompañamiento por cada kilogramo de camarón capturado, pero dicha proporción es menor para la pesquería en el Golfo de México, en la cual se estima que la fauna de acompañamiento representa en promedio tres veces el volumen del camarón capturado.

Que el costo de traslado a puerto de la fauna de acompañamiento capturada no es rentable, mientras exista una baja demanda de especies poco conocidas y la utilidad sea inferior a los costos de almacenamiento y transporte.

La mayoría de las especies pertenecientes a la fauna de acompañamiento son pequeñas lo que dificulta su consumo directo, por lo tanto, es necesario someterlas a procesos de transformación y en México la infraestructura para tal fin es prácticamente inexistente.

Que se han publicado trabajos respecto al posible empleo de la fauna de acompañamiento para la elaboración de surimi, embutido, pasta o croquetas de pescado, pero, estos productos no se pueden elaborar a bordo de las embarcaciones que actualmente se emplean para la pesca del camarón.

Actualmente algunas embarcaciones camaroneras del estado de Sinaloa venden parte de la fauna de acompañamiento a empresas exportadoras de productos pesqueros.

Que a nivel mundial la FAO señala que una medida de ordenamiento de la pesquería es la reducción del volumen de las capturas incidentales, por medio de la utilización de prácticas y artes de pesca más selectivos.

Que el INP cuenta con diseños experimentales de redes de arrastre, los cuales han presentado una mayor selectividad, tanto intraespecífica como multiespecífica, caso concreto el de la red ``Moogose modificada'', la cual ha reducido en 41% la cantidad de fauna de acompañamiento, pero, como los mismos investigadores señalan, es necesario continuar con los trabajos de experimentación. Además ha realizado planes piloto para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento.

El uso de algunos diseños de dispositivos excluidores de peces (DEP´s) permiten disminuir el volumen de la fauna de acompañamiento en niveles de hasta el 45%. Pero, modelos para determinar biomasas, desarrollados en Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) del Instituto Politécnico Nacional, indican que al reducirse la fauna de acompañamiento se tendrá un decremento en la biomasa de camarón.

Que debido a la importancia económica y social de la pesquería de camarón, es necesario promover el uso de tecnologías de captura de menor impacto ambiental y cuya aplicación sea técnica y económicamente factible.

Que la mayoría de los científicos especializados en la pesquería del camarón coinciden en la necesidad de continuar con la investigación experimental, para tener resultados concluyentes, que nos permitan una pesquería del camarón que impacte en menor medida al ambiente y que sea económicamente viable.

La cantidad de descartes que genera la flota camaronera plantea una situación que debe ser atendida. Asimismo, es necesario continuar con las investigaciones en existentes y se inicien las complementarias a fin de alcanzar una pesquería con un índice mínimo de fauna de acompañamiento, o en su caso, los estudios que permitan encontrar las formas de utilizar dicha fauna, pero en ambos casos, sin hacer inviable económicamente esta actividad.

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se instruya al Instituto Nacional de la Pesca para que por si o en coordinación con instituciones científicas y universidades continué con las investigaciones necesarias para optimizar los diseños de las redes de arrastre empleadas por la flota camaronera comercial, de tal manera que se reduzca significativamente la relación de las capturas de fauna de acompañamiento con respecto a la captura de camarón. Así mismo, se lleven a cabo las investigaciones que permitan la utilización rentable de la fauna de acompañamiento.

Segundo: los resultados y recomendaciones que arrojen los estudios referentes al punto anterior, se entreguen al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a fin de que dicho Comité determine que resultados y recomendaciones podrían se incorporados por medio de modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Presidente; Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), secretarios; José Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), José Corrales Macías (rúbrica), Josefina Cota Cota (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Yolanda Valladares Valle (rúbrica exhorto a Sagarpa normas ofc. mex. fauna acompañamiento), Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo sometidos a su consideración.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo sometidos a consideración del Pleno.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados; comuníquense.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores: esta Presidencia ha recibido dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política a efecto de incluir en el orden del día uno que tiene que ver con la integración de la delegación de diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, y otro que tiene que ver con licencia de ciudadano diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de incluirse en el orden del día los asuntos que he mencionado.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si se acepta que se incluyan en el orden del día los asuntos referidos.

En votación económica se pregunta si se acepta.. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así pues, se ruega a la Secretaría dar cuenta con el comunicado de la Junta de Coordinación Política que tiene que ver con la integración de la delegación de diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México.

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COMISION PARLAMENTARIA MIXTA UNION EUROPEA - MEXICO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la delegación de diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México

Considerandos

I. Que el pasado 4 de mayo del presente año la Junta de Coordinación Política conoció de la solicitud de la Mesa Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de integrar una Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, presidida por la Eurodiputada Erika Mann.

II. Que la reunión entre las delegaciones representantes del Congreso Mexicano y el Parlamento Europeo tenía como fecha tentativa los días 23 y 24 de mayo l presente año, por lo que esta Junta de Coordinación Política, en su momento, tomó acuerdo respecto a su integración.

III. Que al respecto y tomando en consideración que la contraparte europea propuso que dicha Comisión quede conformada por catorce miembros nombrados, respectivamente, por el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión, el 9 de mayo del presente esta Junta acordó proponer a la Cámara de Senadores que la delegación mexicana se integre por siete diputados y siete senadores, designados de conformidad con las normas y prácticas propias de cada Cámara.

IV. Que lo anterior consta en el acta de la Junta de Coordinación Política de fecha 4 de mayo de 2005, en su punto IV, inciso a), por tanto la delegación de la Cámara de Diputados se integrará por tres diputados del Partido Revolucionario Institucional, dos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y dos del Partido de la Revolución Democrática.

V. Que la próxima reunión acordada entre las delegaciones representantes del Congreso Mexicano y el Parlamento Europeo se ha programado para los próximos 28 y 29 de septiembre de 2005, en la sede del Consejo de Europa (Estrasburgo, Francia).

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General, en el que se atribuye a la Junta de Coordinación Política la facultad de proponer al Pleno de la Cámara de Diputados la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral, este órgano de gobierno somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Que la delegación permanente de diputados representantes ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México esté integrada por los diputados Carlos Jiménez Macías, Homero Díaz Rodríguez y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI; Sergio Penagos García y Gustavo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del PAN; y Jorge Martínez Ramos y Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia del señor diputado don Arturo Osornio Sánchez.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárrga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, electo pro el distrito I del estado de México, con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito me sea autorizada una licencia por tiempo indefinido a partir del 15 de septiembre del año en curso al cargo que actualmente ostento.

Asimismo, le pido de la manera más atenta que se llame a mi suplente.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo 13 de septiembre de 2005.--- Dip. Arturo Osornio Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se ruega a la Secretaría someter a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Puntos de acuerdo. Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo: ``Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Arturo Osornio Sánchez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el primer distrito del estado de México a partir del 15 de septiembre del año en curso. Segundo. Llámese al suplente''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados.

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ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas a fortalecer de manera urgente las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas para que de manera urgente fortalezcan las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico que se ha desatado en la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico, con base en los siguientes

Considerandos

El dengue es una enfermedad trasmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia Flaviviridae, que tiene cuatro serotipos. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque grave en menor cantidad.

Se trasmite a través de la picadura de mosquitos infectantes, principalmente el Aedes aegypti. Éstos se infectan cuando pican a una persona enferma de Dengue, luego lo trasmiten cuando pican a otros seres humanos.

Durante la actual temporada de lluvias el estado de Tamaulipas ha experimentado fuertes precipitaciones, así como, el paso del huracán Emily y la tormenta tropical Gert, eventos que han provocado severas inundaciones. Esta situación ha sido propicia para que abunden los criaderos de los mosquitos transmisores del dengue.

A consecuencia de lo anterior, el número de casos de dengue clásico y hemorrágico se ha disparado en el estado. Hasta el reporte de la semana 34 del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, en el 2005 se han registrado 628 casos del tipo clásico y 139 del hemorrágico cifras por demás superiores a las acumuladas el año pasado de 7 y 1 respectivamente. Incluso, se sospecha de que ya han ocurrido decesos por esta causa.

El artículo 134 de la Ley General de Salud obliga a la Secretaría de Salud Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades transmisibles entre las que se encuentra el dengue.

Sabemos que actualmente las autoridades sanitarias estatales y federales realizan acciones para combatir al mosquito transmisor de esta enfermedad, principalmente a través de la aplicación de operativos de fumigación y concienciación a la población para que eviten los recipientes de agua que sirven de criaderos de mosquitos.

No obstante, la magnitud del brote de dengue que ha alcanzado a Tamaulipas y a zonas circundantes de Veracruz y San Luis Potosí hace indispensable poner más énfasis en la contención de este problema de salud.

Con base en lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas para que de manera urgente fortalezcan las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico que afecta a la entidad, particularmente a la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Salud.

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LIBERTAD DE EXPRESION

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de crear una comisión especial para fortalecer la protección de periodistas y medios de comunicación, y la libertad de expresión, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 23, numeral 1, inciso f), 42, numeral 1, 43, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 78, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para fortalecer la protección a periodistas, medios de comunicación y la libertad de expresión, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Grave y difícil es el momento que vive nuestro país en la era de la alternancia política, en la que se nos dice que la crítica y las libertades plenas son ``bienvenidas'', y se nos habla de la vigencia del estado de derecho, así como de la impunidad extirpada.

Grave y de zozobra porque no se puede negar que hoy el principal problema que aqueja a la sociedad mexicana es, sin lugar a duda, la inseguridad que campea a lo largo y ancho del país.

Paradójico es el momento porque ahora que el país logró la alternancia en el gobierno y se supone estamos en una democracia plena, se ha recrudecido un fenómeno que debe ser de preocupación nacional: las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que van desde las amenazas, las desapariciones, hasta los asesinatos, lo que implica la inhibición de la libertad de expresión y de imprenta, derechos consagrados en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Magna.

Los ataques contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México son cada vez más frecuentes, lo cual resulta preocupante. Las cifras son contundentes: en este sexenio se tiene registro de 214 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Tan sólo en los últimos 18 meses se tiene conocimiento de siete homicidios y en 2005 de 54 quejas relacionadas con ataques a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Cabe señalar que en la administración de Ernesto Zedillo se tuvo un registro de 157 casos y en la anterior a ésta se registraron 88 casos.1

En el ámbito internacional las cifras se dispararán aún más, ya que mientras en Afganistán, Pakistán, Palestina, Kosovo y Colombia (naciones con fuertes conflictos bélicos) ha habido de 2004 a la fecha dos asesinatos por país, en México hay registro de siete homicidios de comunicadores, incluyendo un desaparecido.

Si bien se ha ampliado el disfrute de la libertad de expresión, lo que no se tiene es garantía para ejercerla plenamente, pues del año 2000 a la fecha se elevó el número y la gravedad de los ataques y agresiones registradas a periodistas, y se diversificaron los riesgos de los comunicadores por parte del crimen organizado ante la complacencia de gobiernos local y federal.

Es tal la gravedad que la CNDH y la organización Reporteros Sin Fronteras han señalado en sus últimos informes que 2005 es considerado en México como el ``año negro para los periodistas'', ya que observan con preocupación ``un clima adverso que afecta el pleno derecho de los comunicadores para realizar su labor con seguridad''.2

Es imperativo mencionar que la mayoría de las agresiones a comunicadores obedecen a la omisión en las actuaciones de algunos funcionarios formados en la cultura del nulo respeto a las instituciones, las leyes y los derechos humanos.

Los ataques a periodistas se han incrementado y son cada vez más frecuentes y pareciera que las autoridades no pueden cumplir con su obligación de preservar la seguridad y las garantías al gremio, especialmente cuando les resultan incómodos.

La libertad de expresión debe coexistir con la seguridad y con un marco jurídico adecuado a las actuales circunstancias, porque de lo contrario la libertad de exteriorizar lo que se piensa puede quedar afectada considerablemente, pero sobre todo el acceso a la información al que toda la población tiene derecho.

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de la ONU, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, así como en otros instrumentos internacionales.

Que señalan, entre otras cosas, que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; por lo tanto la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación debe estar prohibida por la ley.

A su vez, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión señala que ``todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales, y que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión''.

Por ello es ``deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada''.3

Por otra parte, el relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Anbyi Ligabo, ha señalado que en México las agresiones a periodistas se han dado en la mayoría de los casos por investigar asuntos relacionados con la corrupción e irregularidades en el ejercicio de la gestión pública.

Además, ha instado a los gobiernos a ``aplicar las medidas necesarias para reformar las practicas vigentes y adoptar acciones para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión''.4

La agresión en las diversas modalidades a los periodistas rompe el vínculo de la comunicación entre las autoridades y la población que tiene el derecho a ser informada, por ello se convierte en un serio problema social que tiene que ser resuelto a la brevedad, si se busca una democracia plena.

En esa disyuntiva, es necesario conjuntar esfuerzos entre todos los órdenes y poderes del Estado mexicano para tomar medidas que erradiquen los vicios que ponen en peligro la integridad física y la vida de los comunicadores y sus familias, así como la libertad de expresar otras ideas u opiniones.

De ahí la importancia de la disposición de este Poder Legislativo de tomar cartas en el asunto y considerar como urgente la creación, dentro de las facultades del Congreso de la Unión, de una Comisión Especial que de seguimiento a las agresiones a periodistas y a los medios de comunicación, con el propósito de contar con información confiable para tomar medidas y proponer las reformas legislativas conducentes.

La nueva instancia legislativa realizaría múltiples acciones de coadyuvancia y tendría las facultades de allegarse la información que considere pertinente para dar seguimiento a las agresiones, a fin de que estas no queden impunes y elaborar materiales para adecuar las leyes que norman la libertad de expresión en México para fomentar una cultura de respeto y tolerancia.

El Estado tiene la responsabilidad y la obligación internacional de proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra ataques, intimidaciones y amenazas, que buscan inhibir las informaciones generadas por los comunicadores para que estas no lleguen a su destinatario y, por ende, no reciban el debate público que merecen.

El Poder Legislativo tiene que convertirse en el garante de la libertad de expresión consagrada en la Constitución y lo mínimo que podemos hacer como representantes populares es crear instancias legislativas de vigilancia y coadyuvancia para dar garantías plenas a los mexicanos.

Por las consideraciones antes señaladas y con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para Fortalecer la Protección a Periodistas, Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.

La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión y no agresión a periodistas y medios de comunicación se presenten ante esta soberanía.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por 12 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero.- La Comisión Especial podrá solicitar a todas las oficinas o archivos de la Nación toda la información y documentos que estime pertinente para el desempeño de sus funciones.

Asimismo, podrán entrevistarse con todos aquellos servidores públicos federales, estatales y municipales que sean necesarios, así como con los titulares de los organismos protectores de derechos humanos del país e internacionales, a efecto de intercambiar puntos de vista en relación al objeto de la Comisión Especial.

Cuarto.- La Comisión Especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Notas

1 Fuente: CNDH; Boletín DGCS/076/05.

2 Fuente: CNDH. Informe Anual 2005 y Reporteros Sin Fronteras. Informe Anual 2005.

3 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

4 Fuente: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Informe del Relator Especial sobre el Derecho a Libertad de Opinión y Expresión. 17/12/04.

Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

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COMISION ESPECIAL DE LA FUNCION PUBLICA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Hugo Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial de la función pública.El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Señor Presidente: el que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para proponer la creación de la comisión de la función pública, con base en los siguientes considerandos:

El Poder Legislativo mexicano ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor rigor las funciones que le corresponden. De esta manera, la actividad legislativa es más profusa. Resalta el hecho de que, a diferencia de años pasados, la pluralidad democrática del país permite que la proporción de proyectos legislativos que presentan los legisladores con relación a los del Poder Ejecutivo haya variado en su correlación de manera radical. En Legislaturas pasadas, los porcentajes de presentación de iniciativas eran hasta de 90 por ciento para el Ejecutivo. Hoy día, los legisladores federales y los Congresos locales, en los términos dispuestos en el artículo 75 de la Constitución Política, tenemos el mayor porcentaje de elaboración y presentación de propuestas de reforma constitucional, modificaciones de leyes secundarias y proposiciones vinculadas a temas coyunturales de la mayor importancia para todos los mexicanos.

El nuevo activismo del Congreso deviene mejor equilibrio entre los poderes, en una representación más fidedigna de la voluntad ciudadana y en la consolidación del camino democrático que hemos elegido los mexicanos, edificando, durante más de medio siglo, instituciones y procedimientos deliberantes, participativos, sustentados en la soberanía popular. Ésta es la era del Poder Legislativo, de acuerdo con los datos de Freedom House, en el año 2000, 66 por ciento de los gobiernos nacionales en el mundo fue electo mediante el sufragio universal. La victoria de la democracia se constata al comparar este dato con el hecho de que en 1950 solamente 30 por ciento de los gobiernos se elegía por esa vía, que es la esencia misma del Estado social y del sistema democrático.

No obstante, creemos que el avance cuantitativo y las condiciones del entorno democrático de las instituciones parlamentarias no bastan para que el Parlamento esté a la altura de las condiciones sociales y económicas y de la eficacia de las respuestas legales y políticas que la sociedad demanda a sus múltiples y cambiantes problemas. Si no se propicia una evolución rápida hacia la profesionalización y se... -¿termino?- Bueno, ahí tienen ustedes. Señor Presidente, vamos a dejar aquí ya esta propuesta, que dará como resultado la oportunidad que tengamos todos de que la función pública cumpla cabalmente su delicada responsabilidad.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de la Función Pública, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la creación de la Comisión de la Función Pública, con base en los siguientes

Considerandos

El Poder Legislativo Mexicano ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor vigor las funciones que le corresponden. De esta manera, la actividad legislativa es más profusa, resaltando el hecho de que, a diferencia de años pasados, la pluralidad democrática del país permite que la proporción de proyectos legislativos que presentan los legisladores, con relación a los del Poder Ejecutivo, han variado su correlación, de manera radical. En legislaturas pasadas, los porcentajes de presentación de iniciativas eran hasta más del 90% para el Ejecutivo y, hoy día, los legisladores federales y congresos locales, en los términos dispuestos por el artículo 71 de la Constitución Política, tenemos el mayor porcentaje de elaboración y presentación de propuestas de reforma constitucional, modificación de leyes secundarias y proposiciones vinculadas a temas coyunturales de la mayor importancia para todos los mexicanos.

El nuevo activismo del Congreso deviene en un mejor equilibrio entre los poderes, en una representación más fidedigna de la voluntad ciudadana y en la consolidación del camino democrático que hemos elegido los mexicanos, edificando durante más de un siglo instituciones y procedimientos deliberantes, participativos y sustentados en la Soberanía Popular.

Esta es la era del Poder Legislativo. De acuerdo con los datos de Freedom House, en el año 2000 el 63% de los gobiernos nacionales, en el mundo, fueron electos mediante el sufragio universal. La victoria de la democracia se constata si comparamos este dato, con el hecho de que en 1950 solo 30% de los gobiernos se elegían por esta vía, que es la esencia misma del Estado social y del sistema democrático.

No obstante, creemos que el avance cuantitativo y las condiciones del entorno democrático de las instituciones parlamentarias, no bastan para que el parlamento este a la altura de las condiciones sociales y económicas y de la eficacia de las respuestas legales y políticas que la sociedad demanda a sus múltiples y cambiantes problemas. Si no se propicia una evolución rápida hacia la profesionalización y sistematización de los procedimientos y funciones legislativas, podría darse lugar al desencanto social con la democracia, toda vez que las expectativas puestas en la revitalización del Legislativo son muy amplias, pero también legítimas.

Entre los aspectos fortalecidos en la función parlamentaria, encontramos una creciente influencia en la formulación de las políticas públicas. En la realidad, la tarea de legislar ya no es la única función de los congresos. A la tarea de hacer leyes se agregan las de control, fiscalización y supervisión del Poder Ejecutivo; el debate de los grandes temas nacionales; la apertura a distintas corrientes de opinión y la constitución de una arena para el diálogo y los acuerdos políticos nacionales. Todas ellas fortalecen las prácticas y valores democráticos.

En ese sentido, la ciudadanía espera que el Congreso sea una piedra angular en el logro de un gobierno más honesto y transparente, así como en el alcance de objetivos de gran dimensión que se han soslayado tradicionalmente, como la profesionalización del servicio público; la simplificación administrativa; la desregulación; un enfoque humano en la administración pública; la actualización del sistema de compras y de obras públicas gubernamentales; la flexibilización de los mecanismos de coordinación intergubernamental; los mecanismos de corresponsabilidad, coinversión y concesión hacia los particulares; la delegación de responsabilidades; la descentralización de decisiones, responsabilidades y recursos, entre muchas otras.

Vivimos tiempos, en los cuales la administración pública no puede ser una caja cerrada. Es necesario impulsar mecanismos que la hagan más eficiente, eficaz, oportuna y que justifique adecuadamente el gasto que hace de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, transitamos hacia una comprensión, operación y evaluación permanente de la función pública, diferenciándola claramente de las funciones social y privada.

La comprensión del nuevo esquema administrativo, político y social, es importante para ajustar los procedimientos de carácter legislativo a las nuevas necesidades. Al hacerlo, el Poder Legislativo gana en confianza social, lo que permite que la sociedad se interese más por los asuntos públicos, que se fortalezca la comunicación, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones en la vida pública. Por ello, debemos trabajar en esquemas nuevos de control de la función pública, que superen el mero espíritu financiero, para profundizar en la manera como podemos contribuir a un más amplio servicio público.

Como las diputadas y diputados saben, en el pasado, la función de control estaba acotada a la mera fiscalización de recursos públicos. Su evolución, a través de la creación de la Ley de Auditoria Superior de la Federación, especializó esta tarea.

Sin embargo, en la actualidad no existe una comisión que conozca los demás aspectos, que son numerosos cuantitativa y cualitativamente de la función pública, aún cuando el artículo 39 de la Ley Orgánica establece que debe haber una competencia correlativa entre las dependencias federales y las comisiones, incluso a partir de su denominación.

Por ello, a fin de que todas las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, estimamos que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una Comisión Especial de la Función Pública, que desarrolle los temas señalados, desde una perspectiva de verdadera modernización de la administración pública. Esta aportación de la LIX Legislatura al enriquecimiento de las funciones legislativas podría llevar, más adelante, a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se propone la creación de la Comisión de la Función Pública, para adecuar la estructura de comisiones de la Cámara a los ramos de la administración pública, dirigida al ámbito de control y modernización administrativa. Tendrá el carácter de especial y se integrará conforme a lo dispuesto para las comisiones ordinarias y especiales, por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le ruego que me disculpe, diputado. Es obligación de esta Presidencia cuidar los tiempos en tribunal. Su propuesta se turna a la Junta de Coordinación Política. Gracias, diputado Víctor Hugo Islas.

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VIVIENDA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que comparezca el director general de Infonavit ante las Comisiones de Vivienda, y de Seguridad Social e informe sobre el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada ``Línea 1''.La diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados: ya no más mentiras, no más acuerdos a espaldas de la gente. En mi oficina distrital contamos con copias de escrituras de más de un conjunto habitacional que reflejan la deficiente aplicación de las facultades que otorga el artículo 42 de la Ley del Infonavit. Con motivo de mis funciones como diputada federal consistentes en formular iniciativas de ley que atiendan las denuncias parlamentarias de la ciudadanía, requerí informes al Infonavit a través de un procedimiento parlamentario.

El Infonavit, a través de su jurídico en Puebla, Roberto Peralta, y bajo las órdenes de Jorge Pulido, jurídico de oficinas centrales, ambos nombrados por el director general, rindieron informes, es decir, contestaron a interrogatorios escritos a través de un documento oficial, un documento público, un documento federal. ¿Qué informaron? Que 6 mil 2 personas son copropietarias, propiedad privada, patrimonio de 6 mil 2 trabajadores, más de 440 mil metros cuadrados que no están regularizados y que para que se regularicen se necesita una sola asamblea con 6 mil 2 propietarios que aprueben reglamento. Sin embargo, el delegado del Infonavit en Puebla informó en audiencia parlamentaria que se habían vendido dos terrenos a terceras personas, terrenos que formaban parte de la propiedad privada irregular. Justo dentro del plazo para querellarse, propietarios presentaron denuncia penal contra el Infonavit por la probable comisión del delito federal de fraude por doble venta, probable responsabilidad penal que se detectó a través de mi actividad parlamentaria.

Al rendir su declaración ante el Ministerio Público Federal, el Infonavit aseguró que no todos los 6 mil 2 eran copropietarios de las áreas comunes y que se trata no de un solo régimen de propiedad, sino de cinco. Señor director del Infonavit, le pregunto -y solicito que informe-: 1. ¿Son 6 mil 2 propietarios?; 2. ¿Son cinco regímenes de propiedad en condominio en La Margarita o sólo un solo régimen?; 3. ¿El Infonavit mintió en la averiguación previa o mintió en documentos públicos? Presentaré la denuncia penal por falsedad de documentos y falsedad en informes dados a una autoridad con motivo de sus funciones.

Por eso le pido que responda y que reconozca el derecho de propiedad privada de 6 mil 2 copropietarios trabajadores de la unidad habitacional La Margarita por más de 440 mil metros cuadrados, al tiempo que desconozca que el ayuntamiento de Puebla se haga cargo de áreas privadas que son comunes a 6 mil 2 personas -termino, señor Presidente-. Acuerde la regularización de estos más de 400 metros cuadrados a los 6 mil 2 propietarios mediante un fideicomiso de administración, que el Infonavit renuncia a sus derechos como fideicomitente y que el fiduciario se someta a la voluntad de los 6 mil 2 condóminos porque los derechos de los trabajadores se logran cuando se aplica la ley. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que comparezca el director general del Infonavit ante las Comisiones de Vivienda, y de Seguridad Social, e informe sobre el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada línea 1, a cargo de la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Myriam De Lourdes Arabian Couttolenc, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del Infonavit, Víctor Borrás Setién, para que informe a las Comisiones de Vivienda, y de Seguridad Social, el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1 y responda a esta soberanía y a los propietarios de vivienda de las unidades habitacionales cuáles son los derechos vigentes de los acreditados.

Consideraciones

1. Que el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución federal establece que cualquiera de las cámaras podrá citar a los directores de organismos descentralizados cuando discuta una ley concerniente a su respetivo ramo.

2. Que el artículo 42 de la Ley del Infonavit, contempla la posibilidad de que dicho organismo financie directamente la construcción de conjuntos habitacionales destinados a se adquiridos por los trabajadores.

3. Que desde su creación el Infonavit, y hasta hace algunos años, financió diversos conjuntos habitacionales en todo el país. Hoy en día ha cobrado auge la construcción a través de constructoras con pagos diferidos.

4. Es el caso que en diversos conjuntos habitacionales del país existen problemas con la administración de áreas comunes a los conjuntos habitacionales.

5. Que estos problemas están basados en la, por lo menos, incompleta, escrituración de las áreas comunes.

6. Que es necesario que el Infonavit aclare tanto a esta soberanía como a los propietarios y habitantes de estos conjuntos habitacionales cuáles son sus derechos como acreditados o como propietarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone.

Acuerdo: (rubro).

Proposición con Punto de Acuerdo

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del Infonavit, Víctor Borrás Setién, para que informe a las Comisiones de Vivienda y de Seguridad Social, el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1 y responda a esta soberanía y a los propietarios de vivienda de las unidades habitacionales cuáles son los derechos vigentes de los acreditados-propietarios, que presenta la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc.

Dip. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica)» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a vecinos del municipio de Tlalnepantla de Baz, que hoy nos visitan en la honorable Cámara de Diputados, invitados por la diputada Adriana González Furlong.

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ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y a funcionarios del gobierno del estado de San Luis Potosí y del Conalep a reinstalar a los profesores de esta institución educativa injustamente despedidos por respetar sus derechos a la libre sindicalización e iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas y de otra índole contra los servidores públicos que resulten implicados.El diputado Juan Pérez Medina: El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, creado por decreto presidencial en 1978, como un órgano público descentralizado del Gobierno Federal, es una institución educativa de nivel medio superior, integrante del sistema nacional de educación tecnológica, orientado de manera sustancial a educación profesional técnica. Y bien, hace ocho años los profesores de Conalep del estado de San Luis Potosí iniciaron un movimiento en defensa de sus derechos laborales, ya que se les obliga a firmar contratos de prestación de servicios profesionales de carácter civil renovables de manera semestral, bajo el falso argumento de que no son trabajadores, privándoseles en consecuencia de todas las prestaciones que en derecho les corresponden, incluida la prestación médica en general, su acceso a la seguridad social. Asimismo, se les obliga a la entrega de las llamadas "cartas de procedencia laboral" para delegar en otro supuesto patrón la responsabilidad derivada de la prestación de sus servicios.

La lucha de estos trabajadores obtuvo un significativo triunfo cuando, el l de enero del año 2005, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquella entidad otorgó el registro y la toma de nota a su Sindicato Académico de Trabajadoras y Trabajadores del Conalep. Aunque las autoridades de este Colegio se inconforman contra la determinación de esta Junta, tanto el Juzgado Segundo de Distrito como el revisor del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito les negaron el amparo de la justicia federal.

Sin embargo, días después, en abierta violación de nuestra Carta Magna, de la Ley Federal del Trabajo y de los más mínimos derechos humanos laborales y hasta de la lógica de las autoridades del Conalep, se solicita -y la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje concede- la cancelación del registro al Sindicato Académico de Trabajadoras y Trabajadores del Conalep, bajo la argucia inadmisible de que estos profesores no prestan un servicio personal subordinado a esta institución. Desde luego, todo este juicio sumarísimo se hizo en abierto contubernio con el gobierno del estado, que encabeza Marcelo de los Santos Fraga. Finalmente, refiero que en algunos estados del país ya fueron reconocidos los sindicatos académicos de los profesores del Conalep y tienen ya celebrados contratos, como ha sucedido con los estados de Sonora, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Baja California. En el resto del país, los profesores del Conalep padecen, como en San Luis Potosí, las condiciones de semiesclavitud ya señaladas. Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que intervengan ante el director del Conalep del estado de San Luis Potosí para que proceda a reinstalar de manera inmediata a los 38 profesores que fueron despedidos injustificadamente de este Colegio con motivo de su lucha constitucional por el registro de su sindicato, exhortándolos al propio tiempo para que a todos los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí se les reconozca su carácter de trabajadores y se les restituya de manera retroactiva el pago de todas y cada una de sus prestaciones, incluidas las de seguridad social.

Segundo. Se exhorte al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, al gobernador del estado de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, al director del Conalep del estado de San Luis Potosí, al secretario del Trabajo del estado y al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a respetar el derecho constitucional de libre sindicalización a favor de los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí, evitando entremeterse de cualquier manera en la vida sindical de los mismos. Por lo que respecta a la decisión de las autoridades de amparo, procedan a reconocer el registro a favor del Sindicato Académico de Trabajadoras y Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de San Luis Potosí.

Tercero. Se exhorta al secretario de la Función Pública para que, de conformidad con sus facultades de atracción, dicte las apreciables instrucciones con objeto de que se inicien los procesos de responsabilidad contra los servidores públicos que omitieron o realizaron conductas contrarias a la legalidad, imparcialidad y honradez.

Ruego a usted que se inserte de manera íntegra este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, así como a funcionarios del gobierno del estado de San Luis Potosí y del Conalep, a reinstalar a los profesores de esta institución educativa despedidos injustamente, a respetar su derecho a la libre sindicalización y a iniciar procedimiento de responsabilidades administrativas y de otra índole contra los servidores públicos que resulten implicados, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del PRD

Consideraciones

1.--- El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), creado por decreto presidencial en 1978 como un organismo público descentralizado del gobierno federal, es una institución educativa del nivel medio superior a integrante del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, orientándose de manera substancial a la educación profesional técnica. Contando con treinta colegios estatales.

2.--- Y bien, desde hace ocho años los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí iniciaron un movimiento en la defensa de sus derechos laborales ya que se les mantiene en un estado de absoluto pisoteamiento de los mismos, ya que se les obliga a firmar contratos de prestación de servicios profesionales de carácter civil, renovables de manera semestral, bajo el falso argumento de que no son trabajadores, privándoseles en consecuencia de todas sus prestaciones que en derecho les corresponden incluida la prestación médica y, en general su acceso a la seguridad social; asimismo se les exige la entrega de las llamadas ``cartas de procedencia laboral'' para delegar en otro supuesto patrón la responsabilidad derivada de la prestación de sus servicios.

3.--- La lucha de estos trabajadores obtuvo un significativo triunfo cuando el primero de enero del año 2005 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquella entidad otorgó el registro y toma de nota a su Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de Conalep. Aunque las autoridades de este Colegio se inconforman contra la determinación de esta Junta, tanto el Juzgado Segundo de Distrito como el revisor el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito les negaron el amparo de la justicia federal.

4.--- Sin embargo días después, en abierta violación a nuestra Carte Magna, a la Ley Federal del Trabajo y a los más mínimos derechos humanos laborales, y hasta a la lógica las autoridades de Conalep solicitan y la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje concede la cancelación del registro al Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de Conalep bajo la argucia inadmisible de que estos profesores no prestan un servicio personal subordinado a esta Institución. Desde luego, todo este juicio sumarísimo se hizo en abierto contubernio con el Gobierno del estado que encabeza Marcelo de los Santos Fraga.

5.--- Y es así como los profesores del Colegio de Educación Profesional Técnica en el estado de San Luis Potosí, producto de una grosera chicana jurídica y un uso abusivo del poder, se encuentran cercados en un estado de discriminación laboral al pretender negárseles el carácter laboral a la relación jurídica que mantienen con este Colegio, y siendo víctimas de una artera intromisión en el derecho a la libertad sindical que consagra nuestra Constitución federal y la normative laboral.

6.--- Por otra parte, surge la fundada inquietud de que los recursos presupuestales que debieran estar destinados al pago de las prestaciones de estos trabajadores, estén siendo desviados a otros fines.

7:--- Finalinente refiero, que en algunos estados del país ya fueron reconocidos los sindicatos académicos de los profesores de Conalep y tienen ya celebrados contratos colectivos de trabajo; concretamente esto ha sucedido en Sonora, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Baja California. En el resto del país los profesores de Conalep padecen, como en San Luis Potosí, las condiciones de semiesclavitud ya señaladas.

8.--- Si esto es intolerable en cualquier empresa o entidad, lo es aún más en el seno de una institución educativa que no puede separar la calidad de su enseñanza del respeto a los derechos básicos de sus profesores y, que en un acto de mínima coherencia debe comenzar dando ejemplo de legalidad, tolerancia y humanismo.

Por todo lo expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorte al secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra y, a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), para que intervenga ante el director del Conalep del estado de San Luis Potosí, el técnico José Antonio Chávez Vargas, con el objeto de que en el marco de sus respectivas atribuciones procedan a reinstalar de manera inmediata a los 38 profesores que fueron despedidos injustificamente de este Colegio, con motivo de su lucha constitucional para el registro de su sindicato. Exhortándoles al propio tiempo para que a todos los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí se les reconozca su carácter de trabajadores y se les restituya de manera retroactiva el pago de todas y cada una de sus prestaciones, incluidas las de seguridad social.

Segundo.--- Se exhorte al secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra, a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), al gobernador del estado de San Luis Potosí Marcelo de los Santos Fraga, al director del Conalep del estado de San Luis Potosí, el técnico José Antonio Chávez Vargas, al secretario del Trabajo del estado licenciado Jorge Ricardo Domínguez Casanova y al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje licenciado Fabio Antonio Leura a respetar el derecho constitucional de libre sindicalización en favor de los profesores de Conalep del estado de San Luis Potosí, evitando entrometerse de cualquier manera en la vida sindical de los mismos. Por lo que en respeto a la decision de las autoridades de amparo procedan a reconocer el registro a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí.

Tercero.--- Se exhorte al secretario de la Función Pública para que de conformidad a sus facultades de atracción gire las apreciables instrucciones con el objeto de que se inicien los procesos de responsabilidades en contra de los servidores públicos que omitieron o realizaron conductas contrarias a la legalidad, imparcialidad y honradez, a que estaban obligados tanto respecto al derecho constitucional de libre sindicalización de estos trabajadores, como por el presunto daño patrimonial causado a la entidad al realizar despidos injustificados en detrimento del presupuesto que le fue asignado y, posible desvio de recursos. Incluidas las acciones penales en su caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese de manera íntegra el texto de la presente proposición en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la proposición. Esta Presidencia no tiene registrados oradores... ¿A favor...? Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Pablo Franco Hernández: Con la venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros: nos parece que es de urgente resolución este punto porque sí es necesario hacer un llamado a un gobierno estatal que se ha caracterizado por asumir una actitud de intromisión en los asuntos sindicales, pero además de tratar de ir en contra siempre de la organización de los trabajadores.

En el caso de los trabajadores de General Tire, el gobernador Marcelo de los Santos hizo campaña contra el sindicato en los medios de comunicación, hizo campaña contra un sindicato que busca participación de los trabajadores. En el caso del Conalep, utilizando el poder del control que se tiene sobre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin tener legitimación activa, demanda la cancelación de registros, se lauda favorablemente, simplemente buscando legitimar un problema que estamos viviendo en México, que es el de la precariedad en el trabajo.

Tenemos a la gente trabajando. La autoridad primero permite que los patrones contraten a la gente sin prestaciones, con contratos de prestación de servicios profesionales, cuando son trabajadores, cuando sus actividades se prestan en términos de los artículos 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo y luego, con el mismo pretexto, se les niega el derecho a organizarse. Es decir, primero se permite que los patrones tengan trabajadores en una condición simulada, en una relación laboral fraudulenta, y después esto se utiliza contra los propios trabajadores. Preocupante es de suyo esta política laboral, que tiende a terminar con los trabajadores y pretende convertirlos en supuestos prestadores de servicios profesionales, cuando no lo son, pero más preocupante es la actitud de un gobernador que se asume por encima de la ley, como el único ``determinador'' de quién tiene derecho o no a organizarse. Esta preocupación la hemos manifestado antes, lo hemos dicho en más de una ocasión. Este gobernador tiene que ser perfectamente ubicado como un gran enemigo de los derechos de los trabajadores y, particularmente, como un gran enemigo de los derechos laborales de los sindicatos. Por eso debe aprobarse este punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde la curul): Para hablar a favor, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Disculpe usted; no lo teníamos registrado. Adelante, don Agustín, adelante. Tiene usted el uso de la palabra y, en términos del Reglamento, habiendo sólo dos oradores a favor, cerramos la lista de oradores.El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Con su permiso, señor Presidente; y una disculpa por insistir en un planteamiento tan importante como es el del respeto de la libre sindicalización. No puede ningún gobierno, ninguna autoridad limitar el derecho que tienen todos los trabajadores mexicanos a sindicalizarse. Y si por ejercer ese derecho se les aplica la sanción de rescindirles su contrato, con la justificación de que es ha concluido su contratación, existiendo y manteniéndose la fuente de trabajo, está claro entonces que se está violentando de manera muy contundente el artículo 123, donde se establece el derecho a la libre sindicalización.

Por esa razón es importante que los trabajadores que tienen interés en organizarse lo hagan con la garantía constitucional, pero además lo hagan con el absoluto conocimiento de causa de que esta Cámara de Diputados estará en todo momento atenta a que sean respetados sus derechos en este ejercicio de libre sindicalización. Por esa razón solicito a esta honorable Asamblea que aprobemos el exhorto que está planteando mi compañero diputado Juan Pérez Medina, que será hacerle un acto de justicia a compañeros maestros del Conalep y que tendrán en todo momento un reconocimiento de la Cámara por estar al pendiente del respeto del libre ejercicio de sus derechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, don Agustín Rodríguez Fuentes. Esta Presidencia informa que se ha inscrito en contra, y el Reglamento le da todo el derecho de hacerlo, al diputado Marco Gama, del Partido Acción Nacional.El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado Presidente. Efectivamente, compañeros diputados, vengo a convocarlos a manifestarnos contra el punto de acuerdo presentado, no sin antes dejar perfectamente claro que de ninguna manera se limitaría ni se está limitando en el estado de San Luis Potosí el derecho a la libre organización y a la libre sindicalización. Este proceso se está llevando a cabo por parte del comité del Conalep y no es un asunto resuelto. De ninguna manera aceptamos que se manifieste como cierta la intromisión del gobierno del estado en el asunto. En este momento, el procedimiento jurídico que lleva con toda claridad la parte demandante, los trabajadores, se encuentra vigente. La cancelación que generó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en este momento está vigente, por lo cual las personas inconformes no pueden ser consideradas, en este momento, como trabajadores sino como prestadoras de servicio.

Estamos a favor, sí, por supuesto, de la legalidad y que se haga el procedimiento con toda claridad y se expida, por parte de la autoridad competente, a este Pleno el resultado de este juicio. El resultado que hasta el momento tenemos en vigencia es combatible por parte de la parte demandante. Esto se puede combatir a través de un juicio de amparo directo, lo cual en este momento no se ha hecho. Sin embargo, están los cauces abiertos por parte de las autoridades y dentro del proceso legal para que esto se haga. Estamos en favor de la legalidad y no de juicios a priori sobre la situación que prevalece dentro del ámbito judicial en San Luis Potosí. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Franco para rectificar hechos, en términos del 102, pero -por analogía- por tres minutos.El diputado Pablo Franco Hernández: Gracias, diputado Presidente. Pues sí, efectivamente; resulta que la autoridad laboral se excede en sus facultades, admite una demanda de cancelación de registro cuando debió desecharla por reclamar alguien que no estaba legitimado para reclamar la cancelación de registro. La ley es clara. En materia de registro sindical, los patrones no son parte. Ése es un asunto que depende exclusivamente de los trabajadores.

Por tanto, el registro otorgado a la organización sindical debía estar firme y no tendrían por qué los trabajadores estar recurriendo al amparo directo, efectivamente, para combatir un laudo que desde luego van a echar abajo, pues estamos presenciando una flagrante violación de la ley. El problema a fin de cuentas no es ése. El problema aquí es de la política de un gobernador que utiliza los instrumentos del estado para obstruir la organización sindical. Ése es el punto; ése es el punto. Y ahí vienen también, decía, los trabajadores de General Tire: el señor trató de imponer a un sindicato a su gusto; los trabajadores lo rechazaron. Los líderes sindicales fueron despedidos; hoy tienen laudo favorable y la Junta se niega a reinstalarlos. Ése es el problema. El problema es no nada más de los trabajadores del Conalep; es un problema de todos los trabajadores de San Luis Potosí, que tienen que estar padeciendo un gobernador de esa naturaleza. Por eso, pues, aquí nos pueden venir a decir que tienen derecho a reclamar, pero también tienen ante todo un derecho constitucional a sindicalizarse. Y la autoridad está obligada a tutelar ese derecho constitucional. Gracias, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados, se considera el tema suficientemente discutido...

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde la curul y sin micrófono): Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Marco Gama? Para rectificar hechos. Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado Presidente. Con el respeto que me merece el diputado que me antecedió en el uso de la voz, es importante reiterar el llamado a este Pleno a que desechemos el punto de acuerdo que se está presentando, debido a que de ninguna manera nosotros nos podemos erigir como parte juzgadora en este tema. No podemos de ninguna manera prejuzgar ni, mucho menos, enviar determinaciones a la instancia que en este momento es competente para el asunto que se comenta. No podemos de ninguna manera transgredir el ámbito del resto de nuestras instituciones. Permitamos entonces, en el juicio que se comenta, que se generen los juicios necesarios, el procedimiento jurídico necesario, para entonces sí conocer un resultado y venir aquí a este Pleno a hablar con claridad. No podemos porque, de repente, resulta fácil en esta tribuna pintar escenas dramáticas y escenarios dramáticos en cada uno de los estados. Creo que nuestra responsabilidad es actuar con claridad, con transparencia en cada uno de los asuntos que se nos presentan, respetando el ámbito de competencia del resto de las autoridades. Reitero, pues, la invitación para desechar este punto de acuerdo y esperar el resultado del proceso judicial que se lleva a cabo. Es cuanto, diputado Presidente. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene la solicitud, del diputado Salvador Martínez Della Rocca, de rectificar hechos...El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde la curul y sin micrófono): Es una pregunta al orador...El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ah, es una pregunta. Diputado Marco Gama, ¿acepta una interpelación...? Ya bajó de la tribuna. Entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el tema se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si la propuesta se considera suficientemente discutida.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Para solicitar votación nominal, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes apoyan su propuesta?... En términos reglamentarios y de ley, del 148 de nuestra Ley Orgánica, ordene la Secretaría la apertura del sistema electrónico, hasta por tres minutos, en el entendido de que esta votación no se tomará en cuenta para efectos de registro de asistencia porque así lo dice el acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Vamos a ampliar el término por cinco minutos porque hay varios compañeros que...

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente: se emitieron en pro 212 votos, en contra 121 y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese.

Esta Presidencia repite que, por ser ésta una votación de origen económica, pero en términos del 148 haberse registrado de manera nominal, no opera en cuanto al acuerdo de asistencia.

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ESTADO DE TABASCO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Ángel Alonso Díaz Caneja para presentar proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal libere los recursos para la continuidad de la construcción del puerto fronterizo El Ceibo, en el estado de Tabasco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste.El diputado Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja: Con su venia, señor Presidente: en nombre de los diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste de México, de la LIX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública, dé cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y libere los recursos para la continuidad de la construcción del puerto fronterizo de El Ceibo, en el estado de Tabasco.

Consideraciones: primero. Que el Poder Legislativo federal, derivado de la necesidad de atender la problemática de la región sur-sureste del país, estableció en el anexo 19 del Presupuesto de 2005 destinar recursos fiscales al puerto fronterizo de El Ceibo, en el estado de Tabasco.

Segundo. Que el referido proyecto inició formalmente su construcción en el año 2004, con una inversión inicial de 30 millones de pesos y para el presente ejercicio fiscal, el de 2005, se autorizaron 60 millones de pesos, recursos que fueron recortados por la Secretaría de la Función Pública, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo cual se afecta crucialmente un proyecto que se encuentra en proceso de construcción y que por su ubicación adquiere relevancia de seguridad nacional.

Tercero. Que la importancia de destinar esos recursos al estado de Tabasco para la ejecución del proyecto fronterizo de El Ceibo tiene como propósito garantizar la presencia de autoridades en el cruce colindante en esa región de México con Guatemala.

Por los razonamientos expuestos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública, a que den cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, especialmente a los recursos que corresponden a la construcción y conclusión del puerto fronterizo de El Ceibo.

Segundo. Túrnese, para estudio y dictamen, este punto de acuerdo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la honorable Cámara de Diputados:

Tercero. Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que el presente punto de acuerdo se turne de urgente y obvia resolución, además de que se inserte el texto de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que el Ejecutivo federal libere los recursos para la continuidad de la construcción del puerto fronterizo El Ceibo, en Tabasco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste

El suscrito, Ángel Alonso Díaz-Caneja, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur-Sureste de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

Primero. Que históricamente la región Sur-Sureste de nuestro país, ha presentado rezagos sociales que mantienen en condiciones de atraso a poco más de una cuarta parte de la población nacional, sobre todo en niveles bajos de educación, salud, infraestructura y empleo.

Segundo. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Tercero. Que en ese sentido el Poder Legislativo Federal derivado de la necesidad de atender la problemática de la región Sur-Sureste del país, estableció en el anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, destinar recursos fiscales al puerto fronterizo El Ceibo.

Cuarto. Que el proyecto del Ceibo inicio formalmente su construcción en el año de 2004 con una inversión inicial de 30 millones de pesos y para el presente ejercicio fiscal se tienen autorizados 60 millones de pesos; mismos recursos que fueron recortados a la Secretaría de la Función Pública destinados al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Afectando crucialmente un proyecto que se encuentra en proceso de construcción y que por su ubicación adquiere una relevancia de seguridad nacional.

Quinto. Que la importancia de destinar estos recursos al estado de Tabasco para la ejecución del proyecto del Puerto Fronterizo ``El Ceibo'' dará solución a la problemática causada por la falta de regulación de flujos migratorios y de mercancías que actualmente no se atienden; lo que significa tener presencia de autoridades federales en el sitio, cubriendo los siguientes ámbitos.

Migratorio: Evitando el tráfico ilegal de personas, así como los flujos migratorios procedentes de Centroamérica, que impactan la zona con actividades de índice delictivo y de seguridad pública.

Fiscal: Evitar la introducción y comercialización de productos y artículos de baja calidad, sin la regulación fiscal correspondiente, que propicia una competencia desleal con los productores mexicanos.

Sanitario: A fin de que no se propaguen enfermedades dentro del estado y amenacen con avanzar hacia el interior del país, donde se provocarían daños incalculables, entre otras causas por el resurgimiento de enfermedades ya controladas y/o erradicadas.

Turístico: Fortalecimiento e impulso al turismo ligado al mundo Maya, al crear una base de circuitos nuevos que vinculen a la zona de Tabasco y Chiapas con la Región del Petén en Guatemala.

Seguridad nacional: Actualmente se presenta un cruce de mercancías, armas y sustancias ilícitas por la falta de autoridades.

Compromiso binacional: Existe el compromiso con el Gobierno de Guatemala de tomar acciones inmediatas a fin de establecer autoridades en el sitio.

Sexto. Que de no terminarse la construcción del Puerto Fronterizo el Ceibo en el Estado de Tabasco agravaría la problemática al presentarse un incremento sustancial de indocumentados por esta frontera, por lo que resulta prioritario para el país ejercer los recursos públicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, y por las anteriores consideraciones, resulta pertinente, se le comunique y se le exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública den cumplimiento a lo establecido en el anexo 19, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, especialmente a los recursos que corresponden a la construcción y conclusión del Puerto Fronterizo el Ceibo en el Estado de Tabasco.

Segundo. Túrnese para su estudio y dictamen este punto de acuerdo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Población, frontera y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados.

Tercero. Solicitamos que el presente punto de acuerdo se turne de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.--- Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Presidente; Francisco Herrera León (rúbrica), Jesús Vázquez González (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), secretarios; Rogelio Rodríguez Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belizario Iram Herrera Solís, Roger David Alcocer García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Juan García Costilla, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Jesús Martínez Álvarez.» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia obsequia su petición de insertar íntegramente el texto en el Diario de los Debates. No opera la urgente resolución, en función de que no fue acordado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política; lo que opera es turnarla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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EVALUACION EDUCATIVA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, a apercibir a las autoridades de los centros educativos particulares a que se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, a apercibir a las autoridades de los centros educativos particulares de que se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que los particulares autorizados a impartir educación en México cumplan con las normas establecidas en la conducción de los programas vigentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes

Considerandos

La enseñanza en cualquier país del mundo es un factor importante en el desarrollo de un Estado, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación.

Sin embargo, esta labor por garantizar esta garantía individual a toda la población mexicana es complicada debido a la densidad demográfica del país, por lo que las autoridades en la materia han respondido a esta necesidad mediante el otorgamiento de permisos para que entes privados impartan los servicios educativos en todos los niveles académicos, debiendo observar los principios que dicta la Secretaria de Educación Pública y la Ley General de Educación.

Entre las normas vigentes que señalan obligaciones para los particulares autorizados a impartir educación, se localiza el Acuerdo número 17, el cual establece que deberán emplear los procedimientos de evaluación del aprendizaje a los educandos en sus distintos tipos y modalidades en la educación básica, media, así como media superior bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública.

Pese a lo anterior algunas instituciones particulares encargadas de impartir educación, han establecido sus propias formas de evaluación, sin tomar en cuenta la escala de calificaciones por la que se rige la Secretaría de Educación Pública, en la que un educando acreditará un ciclo, grado, materia, área de estudio o asignatura de acuerdo con el plan de estudios, cuando obtenga según lo ordenado en la escala de calificaciones la anotación de 6 o más; en tanto algunos colegios particulares reconocen como cifra mínima probatoria a partir de 8.

Estas instituciones están incumpliendo las normas y acuerdos emitidos por la autoridad competente, toda vez que dichas acciones carecen de sustento legal para establecer unilateralmente políticas discriminatorias del conocimiento adquirido por el alumnado, habida cuenta que en muchas ocasiones las escuelas particulares imponen la calificación conforme al cabal cumplimiento que se haya dado a una política ajena a la evaluación del conocimiento adquirido por el educando.

La actividad académica debe ser considerada una labor institucional especializada, que cumple con la función de formar, fomentar e instruir conocimientos, valores y tradiciones nacionales; sin embargo los particulares lejos de ver a sus recintos educativos bajo esta política, se han polarizado con un fin lucrativo, ya que cobran por realizar los exámenes correspondientes para acreditar el curso con tarifas que por su cuantía más que funcionar como una contraprestación evidentemente se ha convertido en un mecanismo de abuso del interés de las comunidades por consolidar su formación académica.

Por lo anterior pareciera que la misión de los particulares autorizados para impartir educación estuviese enfocada a evitar que los alumnos acrediten las asignaturas con un índice mayor al que presenta exámenes extraordinarios, por lo tanto al exigirles la calificación mínima de 8, se reduce el número de acreditados y como consecuencia aumentan ilegalmente los ingresos de los particulares.

Por otro lado, la reducida matricula que se tiene en las instituciones públicas limita el acceso de estudiantes a los recintos oficiales, ante tal circunstancia la población toma como alternativa las opciones que ofrecen los particulares para la formación académica de los mexicanos, lo cual de ningún modo denota economías familiares con recursos abundantes, ni mucho menos les implica que su desembolso garantizará contar con futuros mejores profesionistas.

Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre que se obtenga previamente, la autorización expresa del Estado, así como seguir los lineamientos establecidos, para lo cual en este caso concreto la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, dentro de la cual hay una Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, siendo cuyo titular el licenciado Ignacio Villagordoa Mesa tiene la encomienda de resolver las irregularidades que se generen sobre el particular, sin embargo hasta ahora no han dado solución ante los casos de incumplimiento a las normas que se les exigen a los particulares responsables de la impartición de la educación en México.

Para nuestro país es importante dirigirse bajo principios de legalidad y hacer que las normas se cumplan, pero cobra mayor importancia cuando los centros encargados de formar a los mexicanos son precisamente quienes incumplen las disposiciones emanadas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo es que hago un llamado a esta honorable asamblea para que juntos tomemos en consideración que el elemento esencial del progreso de la sociedad estriba en la educación, por ende no existe justificación alguna para mantener condenada a la comunidad de estudiantes de toda la república a satisfacer criterios caprichosos y estos viéndose obligados a satisfacerlos con la finalidad de evitar frustrar sus metas de vida, por tal motivo es que el presente punto de acuerdo no sólo se solidariza con los intereses de la población, sino alenta la consolidación de la excelencia académica a través del estricto cumplimiento de las normas vigentes.

Por lo anteriormente expuesto se desprende el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a esta honorable asamblea se sirva realizar una atento exhorto al titular de la Secretaría de Educación Publica, doctor Reyes Taméz Guerra, para que aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país.

Segundo.- Que se mantenga informada a esta soberanía sobre los avances de la dictaminación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil cinco.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil de su competencia, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes.El diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio: Con su permiso, señor Presidente: por razón de tiempo, solicito a la Presidencia que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. honorable Asamblea: el de la voz, diputado federal Edmundo Valencia Monterrubio, integrante del Partido Acción Nacional, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones:

Facilitar la adquisición de vivienda digna a un mayor número de habitantes en la Ciudad de México es prioritario, por lo que es de observar que el artículo 2317 del Código Civil, ahora del Distrito Federal, reflejaba el espíritu del legislador que consideró el derecho de propiedad un medio para cumplir una verdadera función social, simplificando las formalidades en la enajenación de inmuebles, facilitando así a los más desamparados la adquisición de una vivienda digna. Sin embargo, la cantidad establecida como base de aplicación no ha sido actualizada con relación al costo actual de las viviendas, por lo que la reforma sugerida se funda en ajustar dicha disposición a la realidad económica del país y, con ello, permitir que las enajenaciones de interés social puedan otorgarse en documento privado, así como también los contratos en que el gobierno local enajene terrenos o casas para constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos. En los casos del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, previendo la inscripción de éstos en el Registro Público de la Propiedad, logrando reducir los gastos, otorgar seguridad jurídica, respeto de la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal. Por lo anteriormente expuesto, y convencido de lo importante que es poner al alcance de un mayor número de habitantes vivienda digna, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que revise y, en su caso, analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda estipulada en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de aumentar el tope máximo del valor de las viviendas establecido en los artículos 2317 y 2320 a una cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presentan hoy día esa clase de viviendas, con objeto de garantizar que las enajenaciones de inmuebles de interés social pueden otorgarse en documento privado, así como también en los contratos en que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, en los casos del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, previendo en todo momento los referidos actos ante el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de abaratar los gastos correspondientes, de otorgar seguridad jurídica respecto a la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal.

Por su atención, gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil de su competencia a efecto de facilitar a un mayor número de habitantes la adquisición de una vivienda digna, a cargo del diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe diputado federal, Edmundo Valencia Monterrubio integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que analice la posibilidad de reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como producto de las facultades para legislar que corresponden a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 25 de mayo de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal.

Dentro de las reformas publicadas en el decreto, se encuentra la que modifica los tres últimos párrafos del artículo 2317, sustituir el nombre de Departamento del Distrito Federal por el de Gobierno del Distrito Federal no así actualizando el establecido tope máximo de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, para que las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda de dicho tope, puedan:

Otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad, aplicando la misma cantidad.

Otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas, para el caso de los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos.

Otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior, para el caso de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular.

El espíritu del legislador al llevar a cabo dicha reforma, era considerar el derecho de propiedad como un medio para cumplir una verdadera función social, simplificando las formalidades en la enajenación, para facilitar a los más desprotegidos la adquisición de una vivienda digna; sin embargo, la cantidad que se establece como base de aplicación no ha sido actualizada con relación al costo actual de las viviendas.

En este sentido, la reforma que se sugiere se funda en la necesidad de ajustar el contenido de la citada disposición, a la realidad económica del país, puesto que hoy en día no existe propiedad alguna cuyo valor sea de 17,082.00 pesos (diecisiete mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que es la cantidad que representa 365 veces el salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal.

Por lo anterior se propone reformar el artículo en comento, a efecto de cambiar la citada cantidad por la de quince salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal, con el propósito de otorgar a los compradores, mayores ventajas al momento de enajenar un bien inmueble, con base a la suma de dinero que resulte del avalúo realizado al bien de que se trate.

Finalmente, él último párrafo del citado artículo establece que para el caso de los contratos por los que el Gobierno del DF enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, o que se otorguen con motivo de programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el mismo gobierno local, dichos actos se podrán otorgar en protocolo abierto especial, sin embargo, mediante decreto publicado en la gaceta oficial del DF el 28 de marzo de 2000, se abrogó la Ley del Notariado para el DF de 1980, que preveía la figura del protocolo abierto especial (artículo 43), sin que la nueva ley de la materia determinara figura similar o sustitutiva, por lo que el llamado protocolo abierto especial ya no es parte de los supuestos normativos de la nueva Ley del Notariado, por lo tanto, constituye un error de concordancia el hecho de que en el articulo 2317 del Código Civil del Distrito Federal se aluda a ese protocolo hoy inexistente.

En consecuencia, se estima oportuna una reforma al artículo 2320 de dicho Código, ya que su aplicación se realizará en relación con la modificación del numeral 2317.

Por lo anterior, y en virtud de las consideraciones expuestas me permito presentar al Pleno de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que revise, y en su caso, analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda estipuladas en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de aumentar el tope máximo del valor de las viviendas establecidos en el artículo 2317 y su correlativo artículo 2320, a una cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presentan hoy en día ésta clase de viviendas, con el objeto de garantizar que las enajenaciones sobre inmuebles de interés social puedan otorgarse en documento privado, así como también los contratos en los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, y en los casos de programas de regularización de la tenencia de la tierra, previéndose en todo momento, la inscripción de los referidos actos ante el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de abaratar los gastos tendientes a otorgar seguridad jurídica respecto a la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

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PETROLEOS MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Profepa que verifique e inspeccione las instalaciones de la planta de gas Satélite Oriente.La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Gracias, diputado Presidente: la Terminal de Almacenamiento y Distribución Satélite Oriente se encuentra ubicada en la colonia Granjas México, a un costado del Palacio de los Deportes, una planta de Pemex que implica un riesgo latente para la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la zona. En esa terminal de almacenamiento, en la calle de Añil, en la colonia Granjas México, muy cerca de esta Cámara de Diputados, se maneja un volumen de almacenamiento diario de 13 millones de litros de gasolina y 8 millones de litros de diesel, que son grandes cantidades de combustible que se almacenan y se distribuyen en ese lugar. Es necesario que se lleve a cabo una verificación de la terminal de Pemex para el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, que redundará en beneficio y seguridad de los habitantes que viven en las cercanías de estas instalaciones petroleras. Las actividades que realice Protección Civil contribuyen a promover la cultura de protección civil entre las comunidades educativas, las empresariales y las industriales de esta demarcación, que esta verificación signifique también una oportunidad para que los habitantes de esta demarcación se encuentren tranquilos y seguros, de que la presencia de una planta de Pemex en la ciudad más grande del mundo no genera riesgos para sus vidas y para sus inmuebles. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Dirección General de Protección Civil y a la Profepa para que practiquen una verificación a las instalaciones de la planta de Pemex en la zona de Iztacalco, con el fin de garantizar la integridad física de los habitantes de esta zona. Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Profepa que verifique e inspeccione las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD

Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada por el IX Distrito electoral de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que practique una verificación e inspección a las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades riesgosas y que salvaguarden la integridad física de los vecinos de la zona, bajo las siguientes

Consideraciones

1.-Los fenómenos destructivos no conocen límites políticos y pueden presentarse en cualquier delegación o municipio de esta zona metropolitana, sucesos como fuga, derrame, incendio y explosión.

2.- Que entre 1990 y 1997 se presentaron en el Distrito Federal 160 eventos en los que se involucran sustancias químicas.

3.- Otro elemento que favorece la existencia de zonas de riesgo en esta Ciudad es la Falla de San Andrés, la cual es susceptible se afectar con movimientos telúricos al Distrito Federal como sucedió en 1957 y 1985. La delegación Venustiano Carranza se encuentra en la zona de mayor grado de vulnerabilidad debido a las características del suelo de material arcilloso y fondo lacustre.

4.- Que la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Satélite Oriente que se encuentra ubicada en la colonia Granjas México a un costado del Palacio de los Deportes colindando con las colonias Jardín Balbuena y Magdalena Mixhuca, del Distrito que me honro en representar. Esta estación maneja un volumen de almacenamiento diario de 13 millones de litros de gasolina y 8 millones de litros de diesel y es alimentada por la terminal de Azcapotzalco por dos poliductos, los cuales salen por un poliducto con destino a Cuernavaca , y en caso de una explosión se estima que el radio de daños severos a partir del punto de siniestro es de al menos 30 metros.

5.- Que de conformidad con el artículo 5º, fracción VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) corresponde realizar actos de verificación e inspección sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades altamente riesgosa a la Procuraduría Federal y de Protección al Ambiente; entendiéndose como accidente de alto riesgo, una explosión, incendio fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las actividades en los que intervengan uno o varios materiales o sustancias peligrosas y que supongan en peligro grave para la población, el ambiente y los ecosistemas.

6.- En tal virtud, y por la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la zona de Venustiano Carranza y de Iztacalco en el Distrito Federal, es importante una inspección verificación a la planta de Pemex Satélite Oriente, garantizando que la presencia de una planta de Pemex no genera riesgo para sus vidas, sus inmuebles y el entorno ecológico.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que practique una verificación e inspección a las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades riesgosas y que salvaguarden la integridad física de los vecinos de la zona.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Guadalupe Morales Rubio (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto de la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas innecesarias. No está en el salón de sesiones; luego entonces, queda para el final del capítulo, como marca el Reglamento.

Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e iniciar una investigación para determinar las causas de los asesinatos de mujeres que en recientes fechas se han verificado en la localidad de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Lo retira del orden del día.

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MARA SALVATRUCHA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente, con el fin de prevenir el arribo de inmigrantes centroamericanos integrantes de la organización conocida como Marasalvatrucha.La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Gracias, Presidente: como todos sabemos, el fenómeno de las Marasalvatrucha se ha convertido en un problema de inmigración violenta y de seguridad nacional para nuestro país, la situación es cada vez más preocupante, al considerar que por la frontera sur de México en los últimos años han ingreso entre 10 mil y 15 mil mara hacia nuestro territorio. Los mara han traspasado nuestras fronteras y están contaminando a nuestra sociedad, a nuestra juventud.

Las cifras reflejan un alto grado de imitación por parte de nuestros compatriotas: durante el periodo de 2003 y 2004, tan sólo en Chiapas fueron detenidos 365 pandilleros pertenecientes a las células de esa organización; y de éstos, 70 por ciento de los detenidos resultó ser de origen mexicano, y 30 por ciento resultó proveniente de El Salvador, Nicaragua,. Honduras y Guatemala. Durante la visita que realizó a Washington el Grupo de Trabajo de Seguridad Hemisférica de la Cámara de Diputados, a las oficinas del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales, se pronunciaron porque el asunto es muy preocupante para ellos y está siendo considerado como un asunto de seguridad nacional. Nos transmitieron también su preocupación por el crecimiento de esta problemática. Soy representante popular del IX distrito electoral, en donde se encuentra la central de autobuses Tapo, puerta de ingreso del Distrito Federal para todas las personas procedentes de los estados sureños del país y que, debido a la vulnerabilidad de nuestra frontera sur, logran llegar a esta ciudad miembros de estas Maras.

Por ello solicito del Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo en la terminal conocida como Tapo, de esta ciudad, para que frene el avance al centro-norte del país de este violento fenómeno migratorio, además de que muchas de estas personas se quedan instaladas por algún tiempo alrededor de estas colonias y es un fenómeno de inseguridad para nuestros vecinos. El Instituto Nacional de Migración tiene por objeto facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural de este país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacionales, y nosotros tenemos el deber de combatir y evitar la imitación por parte de nuestros connacionales.

Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo: Se solicita la instalación de un módulo del Instituto Nacional de Migración en la Terminal de Autobuses de Oriente, Tapo, con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como Marasalvatrucha por esta terminal de autobuses. Muchas gracias, Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente (Tapo), con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD

Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente (Tapo) con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como la Mara Salvatrucha, bajo las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, el fenómeno de los Maras Salvatruchas, se ha convertido en un problema de migración violenta y de seguridad nacional para nuestro país. La situación es cada vez más preocupante al considerar que por la frontera sur de México en los últimos años ingresaron entre 10 y 15 mil maras hacia nuestro territorio.

Los Maras han traspasando nuestras fronteras y están contaminando a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Las cifras reflejan un alto grado de imitación por parte de nuestros compatriotas. Durante el periodo 2003-2004 tan sólo en Chiapas han sido detenidos 365 pandilleros pertenecientes a células de esta organización, y de estos, el 70 por ciento de los detenidos resultó ser de origen mexicano; el 30 por ciento restante resultó proveniente del Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Durante la visita que realizamos como grupo de trabajo de Seguridad Hemisférica de esta Cámara de Diputados a las oficinas del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, nos dieron a conocer que el asunto de las Maras Salvatruchas, está siendo considerado como un asunto de Seguridad Nacional y nos trasmitieron su preocupación por el crecimiento de esta problemática.

Soy representante popular del distrito noveno electoral en cuyo territorio se encuentra asentada la Terminal Central de Autobuses de Oriente (Tapo), puerta de ingreso al Distrito Federal de todas aquellas personas procedentes de las entidades del sur del país y que a causa de la vulnerabilidad de aquella frontera, logran llegar miembros de las Maras hasta esta Ciudad de México.

Por ello solicito del Instituto Nacional de Migración, la instalación de un módulo en la terminal conocida como la Tapo en esta ciudad, para que frene el avance al centro y norte del país de este violento fenómeno migratorio. El Instituto Nacional de Migración tiene por objeto facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacional, y nosotros tenemos el deber de combatir y evitar la imitación de este fenómeno por parte de nuestros connacionales tomando las medidas que sean necesarias.

Por lo anterior, se somete a consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal Central de Autobuses de Oriente (Tapo) con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Guadalupe Morales Rubio (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo ha pedido a esta Presidencia que su propuesta quede para la siguiente sesión.

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CONNACIONALES DEPORTADOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos de América, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y las municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a los connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos de América.La diputada Blanca Gámez Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente: en fechas recientes, autoridades migratorias y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua han manifestado que carecen de algún tipo de padrón que identifique a los connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves, como homicidio o violación sexual, en Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones de Julieta Núñez, delegada del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, la única instancia que tiene esa información es la Agregaduría de la Procuraduría General de la República en los consulados mexicanos, pero sólo en los casos en que los paisanos tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas. Por ello se hace indispensable que las autoridades de la Unión Americana den aviso al Gobierno Federal y a las Procuradurías estatales acerca de los delincuentes sexuales repatriados. De acuerdo con informes de la Oficina de Aplicación de la Ley de Inmigración y Aduana de Estados Unidos en El Paso, han sido deportados a México más de 90 individuos arrestados por delitos sexuales en los últimos seis años, desde que se implantó el operativo denominado ``Depredador'', además de que gran cantidad de pederastas y agresores sexuales, muchos de origen mexicano a quienes autoridades policiacas estadounidenses consideran muy peligrosos, viven en El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, poblaciones vecinas al municipio de Ciudad Juárez, sin que las autoridades mexicanas tengan control domiciliario sobre ellos. La gran mayoría de estas detenciones incluye a connacionales que residen de manera legal o indocumentada en Estados Unidos, mismos que son deportados a México una vez cumplidas sus sentencias en el vecino país del norte.

Para nuestro país, resulta de la mayor importancia contar con estos datos, en virtud de que con ellos se pueden tener elementos para iniciar investigaciones que puedan ayudar a resolver casos de violaciones o, peor aún, casos de feminicidios como los que aquejan a los estados fronterizos. La necesidad de obtener esta información se justifica debido a las cifras que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ciudad Juárez, que afirma que 40 por ciento de los violadores o agresores sexuales que son arrestados al mes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal reincide en la comisión de los mismos delitos. Creemos que es la cooperación la única vía para enfrentar la inseguridad en la frontera y, por tanto, que compartir la información sobre los agresores sexuales, que aportarán las autoridades estadounidenses a México, será de gran importancia para mejorar la seguridad, la prevención de delitos y la impartición de justicia en la zona. Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y las municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a los connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos de América.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de Estados Unidos proporciones con suficiente antelación, tanto a la Procuraduría General de la República como a las Procuradurías de los estados fronterizos, la fecha y los datos generales de deportaciones que efectúen de mexicanos que hayan compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos, aun si no tienen cuenta pendiente con la justicia mexicana. Muchas gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, mediante la Embajada de México en Estados Unidos de América, las gestiones necesarias para obtener y compartir con las autoridades estatales y las municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a los connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en ese país, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América en virtud de las siguientes:

Consideraciones

En fechas recientes, autoridades migratorias y la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua han manifestado que carecen de algún tipo de padrón que identifique a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves, como homicidio o violación sexual, en Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones de Julieta Nuñez, delegada del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, la única instancia que tiene esa información es la agregaduría de la Procuraduría General de la República en los Consulados Mexicanos pero sólo en los casos en que los paisanos tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas.

Es por ello que se hace indispensable que las autoridades de la Unión Americana den aviso al Gobierno Federal y a las procuradurías estatales acerca de los delincuentes sexuales repatriados.

De acuerdo con informes de la oficina de aplicación de la ley de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, en El Paso han sido deportados a México más de 90 individuos arrestados por delitos sexuales en los últimos dos años, desde que se implementó un operativo denominado Depredador.

La gran mayoría de estas detenciones incluyen a connacionales que residen de manera legal o indocumentada en Estados Unidos, mismos que son deportados a México una vez cumplidas sus sentencias en el vecino país del norte. Para nuestro país resulta de la mayor importancia contar con estos datos en virtud de que con ellos se pueden tener elementos para iniciar investigaciones que puedan ayudar a resolver casos de violaciones o, peor aún, casos de feminicidios como los que aquejan a los estados fronterizos.

Adicionalmente, si las autoridades federales y estatales de procuración de justicia contaran con ese listado, se les podría aplicar una marca personal que impida que su reincidencia de este lado de la frontera.

La necesidad de obtener esta información se justifica debido a las cifras que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, que afirma que el 40 por ciento de los violadores o agresores sexuales que son arrestados al mes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, reinciden en la comisión de los mismos delitos.

A este reclamo también se han unido tanto organismos no gubernamentales como la iniciativa privada y las iglesias, instituciones que han manifestado la necesidad de una mayor coordinación de los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de deportaciones.

En efecto, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, los jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá acordaron el desarrollo e implementación de un enfoque común en materia de seguridad, a fin de proteger a América del Norte. Mientras tanto, en las últimas semanas, se ha venido señalando por parte de las autoridades estadounidenses su preocupación por el que juzgan es un aumento de la violencia en la frontera.

Creemos que es la cooperación la única vía para enfrentar la inseguridad en la frontera y por tanto que compartir la información sobre los agresores sexuales que deportarán las autoridades estadounidenses a México será de gran importancia para mejorar la seguridad, la prevención de delitos y la impartición de justicia en la zona. Para el caso concreto de los feminicidios sería de enorme utilidad, pues hay que recordar que uno de los presuntos agresores de la menor Airis Estrella Enríquez Pando, había sido detenido en Estados Unidos por la comisión de delitos sexuales.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias para que el gobierno de los Estados Unidos de América informe con suficiente antelación, tanto a la Procuraduría General de la República como a las Procuradurías de los estados fronterizos, la fecha y los datos generales de las deportaciones que efectúen de mexicanos que hayan compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos aún si no tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2005.--- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si considera de urgente y obvia resolución.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias; se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta la proposición presentada por la diputada Blanca Gámez.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

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ESTADO DE CHIHUAHUA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia recibió del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a modificar el decreto del 16 de mayo de 2005 e incluir el estado de Chihuahua dentro del esquema del subsidio para el gas doméstico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Omar Bazán Flores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ala LIX legislatura, con lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a que modifiquen el decreto del pasado 16 de mayo de 2005 y que contemplen el estado de Chihuahua dentro del esquema del subsidio para el gas doméstico.

Antecedentes

Desde el pasado 16 de mayo a través de un decreto presidencial, el titular del Ejecutivo anuncio un descuento escalonado al precio del gas natural sólo para usuarios del sector domestico. Menciono que hay un tabulador de descuento en donde según el nivel de consumo promedio de los últimos doce meses que tienen los usuarios será el ajuste en su factura. Aquellos que tienen consumos debajo de lo cuarenta y siete metros cúbicos podrán acceder a un descuento en su facturación del orden del veintiocho por ciento.

Los usuarios que hayan consumido hasta sesenta metros cúbicos tendrán un descuento porcentual menor.

Se estima que bajo estos parámetros unas veintidós mil familias chihuahuenses se verían beneficiadas con el descuento máximo del 28 por ciento y otras treinta y dos mil con un porcentaje mínimo.

Aquí sólo hace falta un aspecto semántico, que la autoridades federales cambien en el decreto la palabra ``gas de primera mano'' o ``gas nacional'' para poder aplicar el descuento a los usuarios en Chihuahua.

A efecto de que se llegara a dar este cambio, los usuarios se verán doblemente beneficiados por que la primera facturación tendría un descuento retroactivo desde el 15 de abril de 2005 a la fecha.

Por otro lado se debe comentar que las autoridades federales accedan a modificar el reglamento que regula el subsidio para ampliarlo al gas de importación.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a que modifiquen el decreto del pasado 16 de mayo de 2005 y que contemplen el estado de Chihuahua dentro del esquema del subsidio para el gas doméstico.

A los 13 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

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GAS DOMESTICO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Asimismo, esta Presidencia recibió del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial destinada a subsidiar el gas doméstico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX legislatura, con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta publica a que autorice una partida especial para subsidiar el gas doméstico al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

Antecedentes

Las condiciones climáticas con que cuenta el estado de Chihuahua tanto en temporada de verano como en la de invierno son de carácter extremoso por lo que las temperaturas oscilan de 40 a 26° C y de -10 a 10° C, respectivamente, por lo que es necesario en esta temporada de invierno que se avecina considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 un subsidio al gas domestico que se requiere para las familias Chihuahuenses tomando en cuenta que no hay otro energético con que se cuente para mitigar el intenso frió. No obstante que esta LIX legislatura en sus dos años transcurridos ni las anteriores legislaturas han puesto letra para beneficio de dichas personas que día a día contribuyen al progreso de nuestro país.

Y en consecuencia también hay que actuar por los más de un millón de estudiantes entre niños y adolescentes que a tempranas horas entre 6 a.m. y 7 a.m. se preparan para ir a clases.

Es urgente que se tome en cuenta al Estado, por sus variaciones en el clima, mismo que hace que las personas de bajos recursos no se puedan defender de los cambios climáticos que se han venido dando, y también por que no decirlo, son indefensos a las decisiones del ejecutivo federal de no hacer posible el subsidio de gas en el estado.

Por lo anteriormente expuesto se solicita el apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dar el trámite correspondiente al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que autorice una partida especial para subsidiar el gas doméstico, al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE TLAXCALA - ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestra compañera, la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita que se incorpore en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2006 una partida especial a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción y pavimentación de tramo Altzayanca de la carretera Tlaxcala-Libres, Puebla.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señora Presidenta; estimadas señoras y señores diputados: el estado de Tlaxcala, con sus poco más de 4 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, con una participación en el PIB de 0.5 por ciento y una población cercana a 1 millón 100 mil habitantes, se dice que es la entidad mejor comunicada del país y también la más pequeña. Con poco más de 2 mil 470 kilómetros de infraestructura carretera, que incluye 260 kilómetros de red federal de carreteras principales pavimentadas, mil 20 kilómetros de red federal secundaria pavimentada, la entidad presenta municipios que por su falta de comunicación, sobre todo en infraestructura carretera, muestran rezagos. El municipio de Altzayanca, ubicado al oriente de la entidad, es uno de los más extensos y olvidados por los gobiernos tlaxcaltecas. Fundado en 1871, ha mantenido una relación de amistad y cooperación permanente con el municipio de Libres, del estado de Puebla. Son 16 kilómetros que separan la cabecera municipal de Altzayanca con Libres y, sin embargo, las diferencias en oportunidades de desarrollo y desigualdad resaltan notablemente. Por ejemplo, el municipio de Altzayanca jamás ha sido considerado una opción para crear nuevas empresas generadoras de empleo; lo mismo sucede con la formación y capacitación de profesionales, toda vez que no cuenta con algún centro de enseñanza de educación superior. Esto provoca la emigración de los jóvenes a otras zonas del estado y del país, en busca de mayor preparación y mejores oportunidades de vida. Cabe mencionar que una de las industrias o agroindustrias que tuvieron mucho auge en la región, y que constituyó el sustento de miles de familias, fue la producción del pulque. Hoy, esta industria, trabajada de manera artesanal, está prácticamente extinguida, situación que agudiza la pobreza de miles de paisanos. Por eso, por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal por el grupo parlamentario del PRI, vengo ante esta honorable Asamblea a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 una partida especial por un monto de 48 millones a fin de destinarlas a la construcción y pavimentación de la carretera, en el tramo Altzayanca, Tlaxcala-Libres, Puebla.

Segundo. Que este punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes.

Le solicitaría, diputada Presidenta, que esta proposición sea publicada en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria, de no haber sido publicada. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se incorpore una partida especial destinada a la SCT a fin de construir y pavimentar el tramo Altzayanca de la carretera Tlaxcala-Libres, Puebla, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Uno de los graves problemas que vive nuestro país es la falta de diagnósticos bien elaborados, claros y objetivos que permitan conocer las deficiencias e insuficiencias que presentan determinadas regiones -sobre todo las mas pobres y marginadas- y la manera propositiva para enfrentar y superar estos rezagos, en muchas ocasiones milenarios.

El estado de Tlaxcala con sus poco más de 4 mil kilómetros cuadrados, una participación en el PIB del 0.5%, con una población cercana a los un millón 100 mil habitantes, se dice que es la entidad mejor comunicada del país.

Con poco más de 2, 470 Kilómetros de infraestructura carretera, que incluye 260 kilómetros de red federal de carreteras principales pavimentadas; 1,020 kilómetros de red federal secundaria pavimentada y 1,190 kilómetros de caminos rurales revestidos, la entidad presenta municipios que por su falta de comunicación, sobre todo en infraestructura carretera muestran rezagos, todos ellos superables, si se contara con ella.

Esto es producto de solo pensar en las obras de relumbrón, que sólo busca el efecto mediático, a falta de estudios realizados que diagnostiquen la realidad que se vive a diario esas regiones.

El municipio de Altzayanca, ubicado al oriente de la entidad, es uno de los mas grandes y olvidado de los gobiernos tlaxcaltecas.

Fundado en 1871 (hace 134 años), ha mantenido una relación de amistad y cooperación permanentes, con el municipio de Libres del estado de Puebla.

Son 16 kilómetros que separan a la cabecera municipal de Atzayanca con Libres; y sin embargo las diferencias en oportunidades de desarrollo y desigualad social contrastan notablemente.

Por ejemplo el municipio de Altzayanca jamás ha sido considerado como una opción para crear nuevas empresas generadoras de empleo; lo mismo sucede en la formación y capacitación de profesionales, toda vez que no cuenta algún centro de enseñanza de educación superior. Esto provoca la emigración de los jóvenes a otras zonas del estado y del país que buscan mayor preparación y mejores oportunidades de vida.

Cabe mencionar que una de las industrias o agroindustrias que tuvieron mucho auge en la región y que constituyó el sustento de miles de familias fue la producción de pulque. Hoy esta industria (trabajada de manera artesanal) está prácticamente extinguida, situación que agudiza la pobreza de miles de paisanos.

Por eso es importante encontrar nuevas maneras de aprovechar los recursos de la región como:

- Abrir nuevos canales de mercado para los productos agrícolas de la región a estados aledaños como Puebla y Veracruz.

- Aprovechar la riqueza forestal de la zona, que ya esta en proceso, así como los programas de ecoturismo, que por falta de vías de comunicación no se ha desarrollado.

- Desarrollar la fruticultura es otra de las opciones que tiene este municipio, a través de la producción de durazno de alta calidad que registra una amplia demanda en Puebla y Veracruz, vía Teziutlán.

- Aprovechar recursos naturales como: la cantera rosa y gris, piedra para cimientos y muros de apariencia natural y laja para la decoración de muros, son otros de los productos que tienen una alta demanda en la industria de la construcción en los estados mencionados.

Todas estas opciones que presenta el municipio abre la posibilidad de desarrollo de la región y otras mas que son factibles, si contamos con la infraestructura necesaria, que facilite unir a las zonas de producción con las zonas de consumo, así como el desplazamiento y la disminución en los tiempos de recorrido.

Actualmente se hace un recorrido de 65 kilómetros de la cabecera de Altzayanca a Libres. La ventaja en tiempo y oportunidad es obvia al contar con una vía de 16 kilómetros nada más.

Es por ello que a esta región de mi estado le es urgente la construcción una carretera moderna que enlace a Altzayanca con el municipio de Libres y de ahí a los demás estados de esta región del país. El costo de construcción de la carretera de casi 16 kilómetros (7.1 kilómetros de Tlaxcala y 8.6 de puebla) es de $48 millones (de acuerdo al proyecto de factibilidad que se anexa), que incluye: pavimentación, construcción de puente, otras obras diversas y gastos indirectos.

Es inconcebible que se cancele la posibilidad del desarrollo de la región de Altzayanca y no se aprovechen los recursos y las ventajas comparativos que posee y sobretodo se anule la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población, por no contar con infraestructura mínima, como la que hoy demanda la autoridad municipal.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario del PRI es que vengo ante esta honorable Asamblea a solicitar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

I. Que la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 una partida especial por un monto de $48 millones, a fin de destinarlas a la construcción y pavimentación de la carretera, en el tramo Altzayanca, Tlaxcala- Libres, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre del 2005.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De acuerdo con su solicitud, favor de publicar íntegro en el Diario de los Debates y, en su caso, en la Gaceta y turnarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Por favor, uso de la palabra allá, en la curul del diputado Murat.

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado José Adolfo Murat Macías (desde la curul): Sí, Presidenta; para hacerle una solicitud de rectificación de quórum por favor.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. Se solicita a la Secretaría: favor de ordenar que se abra el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para verificación de quórum.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico, hasta por 10 minutos.

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ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, seguiremos con la sesión. Para ello tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de 2006 se asignen recursos adicionales para la construcción de un hospital en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La diputada Janette Ovando Reazola: Con su permiso, señora Presidenta. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara a que dentro del análisis del presupuesto de 2006, asigne recursos adicionales por 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La vida es el bien más preciado de la persona humana, y la salud es primordial para su preservación y dignificación. La salud es definida como la ausencia de padecimientos de naturaleza biosocial; la salud es necesaria para la potencialización de la persona. Si bien el gobierno mexicano ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso de la población a los servicios de salud, con la implantación de programas y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003 del decreto por el que se crea el Seguro Popular, que ha significado el avance más significativo en materia de salud desde la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, con este seguro hemos hecho grandes avances, pero también han quedado grandes rezagos en la materia. La zona de Los Altos, en Chiapas, ha sufrido uno de los más graves rezagos en materia de servicios de salud, debido en gran medida a la indiferencia que se ha mostrado durante muchos años de los tres niveles de gobierno respecto a estos asuntos. No podemos dejar de señalar que las administraciones federales y las estatales actuales han tratado de abatir este rezago, lo cierto es que aún falta mucho por hacer. En la zona de Los Altos de Chiapas existen 21 municipios indígenas, la mayoría poblados por habitantes de habla indígena, que son los más atrasados y los más necesitados. Por otro lado, si bien el estado no se destaca por su industrialización, sí cuenta con una de las mayores riquezas nacionales: sus reservas petroleras, sus reservas de agua, y genera 45 por ciento del suministro eléctrico nacional. Lo anterior es claramente descriptivo de la situación deficitaria en materia de salud que aqueja a los chiapanecos. Por eso, en esta ocasión aprovecho este espacio, la tribuna, para hacer la petición sentida de no sólo los habitantes de la ciudad de San Cristóbal sino de las indígenas que acuden a la ciudad de San Cristóbal en busca de servicios de salud y que tienen que pasar horas sentadas en el piso esperando a que un doctor las reciba, donde no tenemos sala de urgencias, donde no contamos con un tomógrafo, tenemos goteras en el hospital. Y es una ciudad que cuenta con 300 mil habitantes, y los indígenas haciendo cola para recibir servicios de salud. Apelo al sentido común de la gente, de los diputados que nos acompañan, para que nos olvidemos de los partidos políticos, que podamos atender esta zona prioritaria de salud en San Cristóbal. Y respondo a la petición que han hecho muchas personas de distintos partidos para que esta tribuna sea utilizada en beneficio de la salud de los habitantes de la zona de Chiapas. Por lo anteriormente señalado, comparezco ante esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara a que, dentro del análisis del Presupuesto de 2006, asigne dentro de su presupuesto al ejercicio de 2006 recursos adicionales por 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Atentamente, diputada Janette Ovando Reazola. Muchas gracias, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de 2006 recursos adicionales para construir un hospital en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita Janette Ovando Reazola, diputada federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se turne a las Comisiones correspondientes la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a que dentro del análisis del Presupuesto 2006 asigne recursos adicionales por 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que cubra el déficit de centros de salud que padece esta región del estado. Para lo cual hago las siguientes

Consideraciones

La vida es el bien más preciado de la persona humana, y la salud, es primordial para su preservación y dignificación. La salud es definida como la ausencia de padecimientos de naturaleza biopsicosocial, la salud es necesaria para la potencialización de la persona. Si bien, el gobierno mexicano ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso de la población a los servicios de salud con la implementación de programas y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2003 del decreto por el que se crea el Seguro Popular, que ha significado el avance mas significativo en materia de salud desde la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social; con este seguro se pretende beneficiar a los mexicanos que no cuentan con ningún servicio de seguridad social; el gobierno federal ha demostrado su conciencia del rezago que arrastra el país en servicios médicos públicos.

El derecho a la salud esta contenido en el artículo cuarto constitucional; dicho ordenamiento obliga a la Federación, estados y municipios a garantizar la salud y en particular el acceso a los servicios de salud de la población en general; para permitir el desarrollo armónico de las facultades y potencialidades de la persona humana. Los legisladores mexicanos conscientes de la problemática, reformaron la Constitución en 1983 la reforma fue publicada el 3 de febrero de 1983, con la finalidad de introducir un tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución y de esta manera elevar el derecho a la salud a nivel constitucional.

Algunos de los objetivos que se persiguieron con la adición fueron:

Lograr el desarrollo y bienestar físico de los mexicanos;

Prolongar y mejorar la calidad de vida en todos nuestros sectores sociales, con especial atención a los grupos más débiles y vulnerables;

Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre la población para la preservación de la salud;

Brindar servicios de salud que satisfagan eficazmente las necesidades de la población en esta materia;

El ``Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos'' en su artículo 10, señala: que toda persona tiene derecho a la salud, entendiendo por esta el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Existe la obligación para los suscriptores del convenio de reconocer el derecho a la salud como un bien público; y a adoptar una serie de medidas que ayuden a garantizar la salud de sus nacionales. El gobierno mexicano lo ha suscrito y ratificado sin hacer ninguna reserva.

Elevar la calidad y los servicios de Salud implica erogaciones al Estado que está obligado a garantizar la protección de este derecho, no obstante, no se puede exigir su cumplimiento más allá de los limites materiales, y de los recursos con los que cuenta el propio Estado. Lo anterior no ha sido obstáculo para la aprobación de una serie de programas en materia de Salud, que si bien en un principio han significado un mayor gasto para el Erario de la Nación, se han convertido en una inversión en la salud de sus gobernados. Como se suele decir ``la salud no tiene precio'' no podemos dejar de atender la salud de los más necesitados.

La zona de los Altos de Chiapas ha sufrido uno de los más graves rezagos en materia de servicios de salud; debido en gran medida, a la indiferencia que mostraron durante muchos años los tres niveles de gobierno. No podemos dejar de señalar que las administraciones federal y estatal actuales, han tratado de acabar con este rezago; lo cierto es que aún falta mucho.

Los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, reportan una población total en el país de 97,361,711 mexicanos, de los cuales 3,920,515 son chiapanecos, se trata de la 8ª. entidad federativa más poblada de la República, con el 4.03% de la población total, y con el 7º lugar respecto a densidad poblacional, con una cifra 53 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media nacional es de 50.

Datos del mismo censo muestran que la población de Chiapas solo creció en 3,920,515 habitantes, lo que es alentador a los programas de planificación familiar y control demográfico, que están cumpliendo con su finalidad al frenar el desmesurado crecimiento demográfico que registraba con anterioridad esta entidad federativa.

Resulta de gran relevancia el hecho que según datos del censo del año 2000 Chiapas ocupa el lugar 17 en relación a población en localidades con más de 10,000 habitantes. El mismo documento menciona que el 54.45% de nuestra población (2,134,800 de nuestros 3,920,515 habitantes), se ubica en localidades con menos de 2500 habitantes, cuando la media nacional es de 25.32%, superado únicamente por Oaxaca con el 55.32%. Lo anterior es claramente descriptivo de la distribución poblacional del Estado de Chiapas la cual se encuentra ampliamente dispersa en su territorio, lo que dificulta prestarle servicios básicos como agua potable, drenaje, luz y salud entre otros.

Ocupa el 9º lugar respecto a las entidades con mayor número de viviendas en el país. Sin embargo en el mismo documento, nuestro promedio de ocupantes por vivienda, es de 4.85, cuando la media nacional es de 4.42, superado solo por Tlaxcala con 4.92 y Guanajuato con 5.02.

En 21 municipios chiapanecos el promedio de ocupantes por vivienda rebasa 5.5. Trece de los cuales se encuentran situados en la zona de los Altos de Chiapas, estos son:

Francisco León, Chapultenango, Amatán, Ixtapangajoya. Pueblo Nuevo Solistahuacán, Huitiupán, Tila, Tumbalá, Tenejapa, Oxchuc, Huixtán, Totolapa y Las Margaritas.

Por otro lado, si bien el estado no se destaca por su industrialización, si cuenta con una de las mayores riquezas nacionales. Sus reservas petroleras, el 25% de las aguas superficiales del país, el 33% de los ríos de México; genera el 45% del suministro eléctrico nacional.

La Selva Lacandona es otro de los grandes tesoros con los que cuenta el estado, se trata de una de las últimas selvas tropicales en el hemisferio norte, con 600,000 hectáreas, en donde se albergan el 60% de las especies mexicanas de árboles tropicales, 3,500 especies de plantas, 1,157 de invertebrados y más de 500 vertebrados conocidos. En realidad aún se desconoce gran parte de la enorme biodiversidad Chiapaneca. (Diagnóstico de los pueblos indígenas de Chiapas http:/www.sedesol.gob.mx/perfiles/estatal/chiapas/07_economia. html). Por lo que representa uno de los sitios con mayor diversidad ecológica de México, gracias a sus nueve regiones fisiográficas.

El estado se encuentra dividido en nueve regiones, a saber: Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, Sierra, Centro, Fronteriza, Norte, Altos y Selva. Dentro de éstas, debe esclarecerse que aunque en su conjunto la población chiapaneca presenta los mayores índices de marginación de México, existen diferencias regionales que definen diversos niveles de bienestar. Así pues, las regiones Soconusco y la de Istmo-Costa, pueden considerarse de un alto nivel productivo que conlleva mejores niveles de bienestar, por contar con suelos planos, profundos y fértiles, con grandes fincas de cafeto, plátano, cacao, frutales, etc., en tanto que en las regiones de Los Altos, Fronteriza, Norte y Sierra, ocupadas por asentamientos indígenas, dominan suelos de topografía accidentada, con delgada capa vegetal, propios para plantaciones de cafeto, uso forestal o reservas ecológicas, con prácticas tradicionales de agricultura, poco mecanizadas, con niveles de alta marginación.

El Centro de Información y Análisis de Chiapas (CIACH ) en su reporte ``Para entender Chiapas. Chiapas en Cifras.'', señala lo siguiente:

De 111 municipios, 37 se catalogan de marginación muy alta, 57 de marginación alta, 12 de marginación media, 5 con marginación baja y ninguno con marginación muy baja.

En 1990, el 38.8% de la población agrícola percibió ingresos de menos de medio salario mínimo, el 36.6% percibió más del 50% pero menos de un salario mínimo.

Hasta 1996 Chiapas estaba considerada como una entidad dentro de la zona ``C'', por lo que el salario mínimo fue de 19.05, el más bajo del país.

El 66.74% de la población sufre de desnutrición, ocupando el primer lugar a nivel nacional.

Los 14 municipios que registran el mayor número de nacimientos son:

Tuxtla Gutiérrez 20,198

Chilón 4,820

Tapachula 12,297

Villacorzo 4,728

Ocosingo 10,941

Villaflores 4,386

Las Margaritas 8,725

Tonalá 4,351

San Cristóbal L.C. 8,235

Tecpatán 4,107

Comitán 6,460

Frontera Com 3,945

Tila 5,365

Motozintla 3,901

El Centro de Información y Análisis de Chiapas (CIACH) en su reporte ``Para entender Chiapas. Chiapas en Cifras.'', en materia de salud señala lo siguiente:

El porcentaje de hijos fallecidos es de 7.3%, comparado con un 4.9% global en el país.

La edad mediana de nuestra población es de 17 años, comparada con 19 años en el país.

El número de muertes por infecciones intestinales es de 152.2 por cada 100,000 habitantes, comparada con 38 en el resto del país.

El promedio de fallecimientos por cada mil nacimientos es de 55-56, comparada con 34.8 en el país.

Ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de mujeres fallecidas por complicaciones del parto.

Ocupa el primer lugar a nivel nacional por sus índices más altos de mortalidad, en casos reportados de cólera, muertes por tuberculosis y el primero en enfermedades diarreicas.

1er. lugar en tuberculosis pulmonar, con tasa de 47.47 por 100,000 hab.

1er. lugar en absceso hepático amibiano, con tasa de 15.88 por 100,000 hab.

2o. lugar en paratifoidea y otras salmonelosis, con tasa de 616.27 por 100,00 hab.

2o. lugar en shigelosis, con tasa de 175.86 por 100,000 hab.

2o. lugar en paludismo por p. falciparum, con tasa de 0.28 por 100,000 hab.

2o. lugar en paludismo por p. vivax, con tasa de 39.45 por 100,000 hab.

2o. lugar en síndrome coqueluchoide, con tasa de 1.50 por 100,000 hab.

2o. lugar en tosferina, con tasa de 0.76 por 100,000 hab.

3er. lugar en tracoma, con tasa de 0.10 por 100,000 hab.

7o. lugar en amibiasis intestinal, con tasa de 2984.30 por 100,000 hab.

7o. lugar en tifoidea, con tasa de 21.61 por 100,000 hab.

7o. lugar en oxiuriasis, con tasa de 259.76 por 100,000 hab.

Lo anterior es claramente descriptivo de la situación deficitaria en materia de salud que aqueja a los chapanecos.

Por otro lado, 58 de sus municipios son considerados Municipios Indígenas; de acuerdo al criterio adoptado por el Instituto Nacional Indigenista (INI), que clasifica así, a los municipios en los cuales el 30% de su población habla alguna lengua indígena. En 19 de estos municipios el 90% de sus pobladores habla una lengua indígena, estos son: El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chilón, Huixtán, Larrainzar, entre otros.

La riqueza de los recursos naturales con los que cuenta el Estado contrastan con la extrema pobreza en que vive gran parte de su población; muestra de lo anterior son las siguientes cifras reportadas por el CIACH.

Primer lugar nacional en la producción de café, segundo en ganado, noveno en leche y tercero en producción de maíz.

Primer lugar en la producción de energía hidroeléctrica, aportando el 55% de la producción nacional total.

Mantos petroleros ricos, con pozos en producción que superan holgadamente la producción promedio de pozos estadounidenses y canadienses.

Es lamentable que estas cifras no hayan contribuido en un mejorar el nivel y calidad de vida de los chiapanecos; que por el contrario solo se sienten despojados de sus riquezas naturales, en beneficio de todos menos de ellos.

Es por lo anteriormente descrito que se hace necesaria la construcción de un hospital de segundo nivel, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; que alivie el déficit que sufre la zona de los Altos de Chiapas. El hospital que se pretende construir es de primer nivel y contaría con una capacidad de 70 camas en una superficie de 500m2 (355) un presupuesto de la federación de 300 millones de pesos (250) para su construcción y equipamiento.

El Gobierno estatal (mediante acuerdo entre los dos gobiernos federal y estatal) se encargaría de la administración del hospital. De esta forma el Gobierno del estado sufragaría los gastos de manutención y funcionamiento del hospital.

San Cristóbal es una ciudad del estado de Chiapas donde concurren una serie de poblaciones con población, en su gran mayoría indígena que no cuentan con ningún servicio de seguridad social y que los centros hospitalarios con los que cuenta la citada ciudad no cuentan con la capacidad técnica y logística para atender a la creciente población que solicita la atención medica. Hoy día muchos de los enfermos que llegan a los centros públicos de salud en San Cristóbal, son enviados a hospitales de Tuxtla Gutiérrez ya sea por que no se cuenta con el instrumental medico para atender los padecimientos del enfermo o peor aun, por que no hay camas disponibles para cubrir las necesidades de la región de los Altos.

San Cristóbal de las Casas es una ciudad ubicada en los Altos de Chiapas, con una población mayor a los 120,000 habitantes; es un polo de turismo ecológico que requiere de servicios de salud. Además de ser un centro urbano donde confluyen una serie de comunidades que requieren de servicios médicos por lo que la ciudad de San Cristóbal de las Casas no sería la única población en resultar beneficiada con la construcción de la multicitada clínica, también se verían beneficiados una veintena de poblados como son: Amatenango; El Bosque; Chalchihuitán; Chamula; Chanal; Chenalhó; Chilón; Huixtán; Huitiupán; San Andrés Larráinzar; Mitontic; Oxchuc; Pantelhó; Simojovel; Sitalá; Tenejapa; Teopisca; Yajalón y Zinacantán., entre otros, que a excepción de alguno, ninguno cuenta -ya no digamos con clínicas- con unidades médicas familiares.

Los beneficios que traería la construcción del hospital de segundo nivel en esta ciudad serían considerables, sin dejar de mencionar el avance que significaría en la reducción del rezago en déficit en servicios de salud que padece el estado de Chiapas y en especial esta zona de los Altos del estado.

Compañeros los conmino a no hacer oídos sordos de las exigencias de nuestro pueblo, en especial de las provenientes de nuestros indígenas, que son nuestras raíces, y que viven en situación vulnerable --económica, política y social-- por lo que requieren de nuestra intervención para hacerse oír. Hoy piden nuestra intervención para dotarlos de un hospital de segundo nivel, que representa una cantidad ínfima para el Presupuesto de la Federación que estaremos aprobando para el año próximo; pero para ellos representará, en muchos de los casos, su único medio para acceder a servicios de salud dignos de la persona humana.

La petición de la construcción del hospital es de todos los ciudadanos de esta zona de Chiapas, que vemos con gran tristeza y desesperación que los hospitales existentes, desafortunadamente no cuentan ni con el número de camas que requiere esta población ni con el instrumental medico requerido para su funcionamiento.

De ser beneficiados para la construcción del mencionado hospital, estaremos combatiendo la desigualdad social que ha sido la causa de los descontentos sociales y la violencia que ha vivido esta zona en el pasado.

Por lo anteriormente señalado comparece ante esta honorable soberanía a presentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara que dentro del análisis del Presupuesto 2006 asigne dentro de su presupuesto del ejercicio 2006, recursos adicionales por 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Dip. Janette Ovando Reazola (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Queremos hacer la aclaración de que el reloj que está en el tablero lleva el tiempo de los oradores. Estamos tomando los 10 minutos para verificación de quórum en el reloj que tenemos aquí... la señorita María Elena.

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ESTADO DE TLAXCALA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene nuevamente el uso de la voz nuestra compañera diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial a la Secretaría de Salud para la construcción de un hospital de especialidades en el municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Tlaxcala, entidad enclavada en grandes urbes del país como la Ciudad de México, a 120 minutos de Puebla, capital, constituye para los tlaxcaltecas el principal espacio para la atención médica. Esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad y desventaja, en especial para la gente pobre, sobre todo poblaciones alejadas, como los municipios de Tequexquitla, Terrenate, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, Citlaltépetl, Quiztenco y Altzayanca, entre muchos otros.

En Tlaxcala ocupamos el lugar 29 en unidades médicas; en hospitales, el último lugar; en recursos materiales, el penúltimo lugar, que incluye camas censables, consultorios, laboratorios de análisis clínicos; en personal médico, el lugar 29; y el penúltimo lugar en médicos en consultas externas, y el último lugar en urgencias y medicina especializada. En diabetes, de cada 100 mil anualmente se mueren en nuestra entidad por causa de esta enfermedad casi 100 hombres y 92 mujeres, cuando el promedio nacional no es mayor de 80; en cirrosis hepática, 79, cuando el promedio nacional es de 60. La procuración de la salud es un asunto de Estado, así la ha concebido nuestro país desde hace más de 62 años. Y Tlaxcala no debe permanecer al margen de las políticas de salud pública. Es cierto: no somos una entidad que genere tantos recursos para que sea atractiva a la Federación, pero sí lo necesarios para ser autosuficientes si avanzáramos en un verdadero federalismo fiscal. De los 493 nosocomios con que cuenta la Secretaría de Salud, 30 por ciento --alrededor de 130-- es certificado.

En Tlaxcala ninguno se ubica en este rubro. Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario del PRI, vengo ante esta honorable Asamblea a solicitar la siguiente proposición con punto de acuerdo: que en la Secretaría de Salud se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 una partida especial por un monto de 70 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital de alta especialidad, certificado, en el municipio de Huamantla, estado de Tlaxcala, y que este punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud.

Le solicitaría, diputada Presidenta, que este punto de acuerdo sea publicado, de no haber sido así. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se incorpore una partida especial destinada a la Secretaría de Salud a fin de construir un hospital de especialidades en Huamantla, Tlaxcala, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

La salud y el derecho a la salud de todos los mexicanos, es un binomio indisoluble que tiene que ver con la vida y la calidad de vida de nuestra población

Tlaxcala, con sus casi un millón 100 mil habitantes y una extensión territorial de 4,037 Kilómetros cuadrados (la entidad mas pequeña territorialmente después del Distrito Federal), con una participación del 0.5% del Producto Interno Bruto Nacional, nos ofrece un cuadro dramático en materia de prestación del servicio de salud.

La entidad, enclavada en grandes urbes del país como la Ciudad de México a 120 minutos y Puebla capital a 40 minutos, constituyen para los tlaxcaltecas el principal espacio para la atención médica y mas cuando de urgencias se trata.

Esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad y desventaja, en especial para la gente pobre, sobre todo de poblaciones alejadas como Tequexquitla, Terrenate, Emiliano Zapata, Tlaxco, Altzayanca, entre muchas otras.

Si la Constitución General de la República, en su artículo 4° señala que el acceso a la salud y a mejores condiciones de vida es un derecho de todos los mexicanos, Tlaxcala no tiene porque quedar fuera de este derecho.

Solo unos datos para mostrar la situación, lamentable, en que se encuentra la prestación de este servicio en nuestro estado.

Ocupamos el 29° lugar en unidades médicas: hospitales el último lugar (32°) y unidades de consulta externa el 28°; en recursos materiales el penúltimo lugar, que incluye camas censables, consultorios, laboratorios de análisis clínicos; en personal médico el 29°, de los cuales ocupamos el penúltimo lugar en médicos especialistas: en consultas externas el 29° y el último lugar en urgencias y medicina especializada.

Por si esto fuera poco, no contamos con un solo hospital certificado, pero, eso si, somos de los estados que mas partos realiza (proporcionalmente) por cesárea, siendo en los privados de casi 57% equivalente al promedio nacional, sin contar con un solo hospital certificado del sector salud para ello.

Esto explica, en parte, el porque enfermedades del llamado ``rezago epidemiológico'' todavía permanezcan de manera importante en la entidad. Por ejemplo, en Tlaxcala se mueren casi 6 niños menores a un año de cada cien mil, cuando el promedio nacional es de tres.

Pero Tlaxcala también presenta indicadores preocupantes en esta nueva ``transición epidemiológica'' que estamos viviendo. En diabetes, de cada 100 mil, anualmente se mueren en nuestra entidad por causa de esta enfermedad casi 100 hombres y 92 mujeres, cuando el promedio nacional no es mayor a 80; en cirrosis hepática 79, cuando el promedio nacional es de 60.

La procuración de la salud, compañeras y compañeros legisladores, es un asunto de Estado. Así la ha concebido nuestro país desde hace más de 62 años. Por ello es lamentable que todavía se den estos hechos de excepción, que atentan en contra de la salud y la vida de millones de mexicanos.

Tlaxcala no debe, no puede permanecer al margen de las políticas de salud pública del Gobierno Federal. De acuerdo al documento de Salud: México 2004, que publicó la Secretaría de la Salud, Tlaxcala hace un gran esfuerzo para superar estos rezagos. Por ejemplo, mientras a nivel nacional se destina el 3% del PIB a inversión en salud, Tlaxcala destina el 4.3%; del rubro de gasto público total, 17.4% se destina a la salud, en Tlaxcala representa el 22.3%. Sin embargo, mientras que en el país el 82% del gasto en salud es federal y el 17.4% corresponde a los estados; en Tlaxcala el 96 del gasto en salud es federal y solo el 4% es estatal.

Es cierto, no somos una entidad que genere tantos recursos para que le sea atractiva la federación, pero si los necesarios para ser autosuficientes, si avanzáramos en un verdadero federalismo fiscal.

Por ello recurrimos a la Federación, para solicitarle una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, a fin de llevar a cabo la construcción de un hospital certificado en el municipio de Huamantla.

El hospital que hoy existe tiene décadas de prestar servicio con el mismo equipo sin haber sido modernizado o por lo menos sustituido algunos.

De los 433 nosocomios con que cuenta la Secretaria de la Salud, el 30% (alrededor de 130 son certificados). Ninguno de estos se ubica en Tlaxcala.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario del PRI, es que vengo ante esta honorable Asamblea a solicitar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

I. Que en la Secretaría de Salud se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 una partida especial por un monto de 70 millones de pesos, destinados a la construcción de un hospital de especialidades (certificado) en el municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de septiembre del 2005.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Palafox. Sí, ya ha sido publicado, y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CALENDARIO CIVICO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare el primer sábado de julio como Día Nacional del Cooperativismo.

El diputado José Juan Bárcenas González: Con su permiso, diputada Presidenta: en 1923, el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional recomendó conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la ONU, a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un día internacional de las cooperativas que, a partir de julio de 1995, en conmemoración del centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, se institucionalizó. En la actualidad, las sociedades cooperativas desempeñan una importante labor en nuestro país desde los diferentes sectores en su quehacer económico y social: transporte, turismo, agropecuario, pesca, cajas de ahorro y préstamo, producción industrial, consumo, servicios y actividades diversas, promoviendo la competitividad, la productividad y la calidad en las actividades que las mismas desarrollan, así como la promoción de la participación social más activa, con criterios de equidad.

Lo anterior, en beneficio de sus respectivos socios y las comunidades, zonas y regiones en donde se desarrolla. Mención aparte es la contribución en la generación de empleos. La celebración del Día Internacional del Cooperativismo se proyecta como un motivo para impulsar en la población nacional la importancia, desarrollo histórico y proyección del cooperativismo en el impulso de la economía del país, principalmente la de los pequeños productores agropecuarios, los pequeños ahorradores y la pequeña y mediana industrias. Por ello, en cada celebración de este día deberemos promover conferencias, talleres y foros de divulgación y capacitación sobre los temas del cooperativismo como la forma más positiva de recordar y enaltecer el Día Nacional del Cooperativismo.

Me queda la convicción de que, de celebrar un día nacional del cooperativismo, estaríamos reconociendo las instituciones, grupos y personas del sector cooperativo de este país que durante décadas de trabajo arduo han tenido la capacidad de alcanzar un nivel de rentabilidad que no sólo beneficia a sus socios sino mejora la calidad de vida y el desarrollo económico de la comunidad a que pertenecen y de nuestra patria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que incluya el primer sábado del mes de julio en el calendario cívico de conmemoraciones como el Día Nacional del Cooperativismo. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar el primer sábado de julio como Día Nacional del Cooperativismo, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe Juan Barcenas González, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XXVI del artículo 27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde: ``Fijar el calendario oficial''.

Segundo.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la fracción IX del artículo 19 señala que la atribución de la Dirección General de Desarrollo Político de dicha Secretaría tendrá la atribución de: ``Definir, editar y difundir el Calendario Cívico de Conmemoraciones''.

Tercero.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la fracción XXX del artículo 25 señala que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de dicha Secretaría tendrá la atribución de: ``Supervisar la cobertura y producción para la televisión de los programas informativos relacionados con las actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoración.

Cuarto.- En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un ``Día Internacional de las Cooperativas'' a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones de miembros).

Quinto.- Una sociedad cooperativa es una organización social autónoma integrada por personas unidas voluntariamente con base en intereses comunes para beneficio de todos. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos.

Sexto.- En la actualidad las sociedades cooperativas desempeñan una importante labor en nuestro país, desde los diferentes sectores de su quehacer económico y social: transporte, turismo, agropecuario, pesca, cajas de ahorro y préstamo, producción industrial, consumo, servicios y actividades diversas; promoviendo la competitividad, la productividad y la calidad en las actividades que las mismas desarrollan; así como la promoción a la participación social más activa con criterios de equidad, lo anterior en beneficio de sus respectivos socios y las comunidades, zonas y regiones en donde se desenvuelven. Mención aparte, es la contribución en la generación de empleos.

Séptimo.- La celebración del ``Día Nacional del Cooperativismo'' se proyecta como un motivo para impulsar en la población nacional la importancia, desarrollo histórico y proyección del cooperativismo en el impulso de la economía del país, principalmente la de los pequeños productores agropecuarios, los pequeños ahorradores y la pequeña y mediana industria. Por ello, en cada celebración de ese día deberemos promover conferencias, talleres y foros de divulgación y capacitación sobre los temas del cooperativismo, como la forma más positiva de recordar y enaltecer el ``Día Nacional del Cooperativismo''.

Octavo.- Me queda la convicción de que al celebrar un ``Día Nacional del Cooperativismo'' estaríamos reconociendo a las instituciones, grupos y personas del sector cooperativo de este país, que durante décadas de trabajo arduo han tenido la capacidad de alcanzar un nivel de rentabilidad que no sólo beneficie a sus socios, sino a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico de la comunidad a la que pertenecen, y de nuestra patria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación que incluya el primer sábado del mes de julio en el Calendario Cívico de Conmemoraciones, como el ``Día Nacional del Cooperativismo''.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Bárcenas. Se turna a la Comisión de Gobernación.

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VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Hay un registro de 343 ciudadanos diputados, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, secretaria. Hay quórum, continuamos la sesión.

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ESTADO DE JALISCO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En tal virtud, tiene la palabra nuestro compañero diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al procurador general de la República que ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable, y establezca los contactos necesarios y pertinentes a través de los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputada Presidenta. Con las facultades que me da la Constitución Política Mexicana, y como diputado federal, propongo el siguiente punto de acuerdo. Como es públicamente conocido, en el amanecer del 1 de agosto de este año, en un lugar conocido como ``El Carril'', del municipio de Tonalá, Jalisco, se suscitaron una serie de hechos delictivos en los cuales fallecieron cuatro personas y varias resultaron heridas. Por información periodística, estas pérdidas se debieron a la utilización de granadas de fragmentación y a la presencia de personas fuertemente armadas, y con visos de enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes, totalmente ajenos al municipio de Tonalá.

Es decir, los hechos tanto de armas como de narcotráfico caen de manera plena bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, a los pocos días de los eventos el procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, señaló que había policías municipales de Tonalá custodiando a los narcotraficantes, pero olvidó decir los cómo y los porqué. En ningún momento informó por qué había gente con granadas, con armas de alto poder, con todas las señales de la delincuencia organizada. No recordó señalar dónde estaban sus investigadores y por qué circulaba sin problema esta gente armada. En todo caso, si los policías estaban o no cuidando a los narcotraficantes, el procurador tiene la obligación de investigar y no andarlo divulgando. En otras palabras: callar y trabajar, y no andar buscando la nota periodística para favorecer su imagen.

El procurador no debió publicar porque eso es evidenciar líneas de investigación que, por mandato legal, está obligado a reservar hasta en tanto se detenga a los culpables. Se debe resaltar que dentro de la legislación vigente encontramos claros ejemplos de la reserva que debe prevalecer en los procedimientos indagatorios tendentes a la persecución de los delitos. Atendiendo la fundamental legal referida, hay que valorar si el propio procurador cayó en violaciones de la ley, de la que --se supone-- es el primer garante en materia federal.

Por lo anterior, y ante la gravedad de los hechos y la actuación del procurador general de la República y con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito en obvia y urgente resolución se apruebe el siguiente punto de acuerdo:

Único. Solicítese al licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca, procurador general de la República, que en el desarrollo de su actuación como titular de la instancia referida ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable y, en su caso, establezca los contactos necesarios y pertinentes a través de los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al procurador general de la República que ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable, y establezca los contactos pertinentes por los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Como es públicamente conocido en el amanecer del día primero de agosto de este año, en un lugar conocido como ``El Carril'' del municipio de Tonalá, Jalisco, se suscitaron una serie de hechos delictivos en los cuales fallecieron cuatro personas y varias resultaron heridas.

Por información periodística, estas pérdidas se debieron a la utilización de granadas de fragmentación y a la presencia de personas fuertemente armadas y con visos de enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes, totalmente ajenos al municipio de Tonalá.

Es decir, los hechos tanto de armas como de narcotráfico, caen de manera plena bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la Republica.

Sin embargo a los pocos días de los eventos, el Procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, señaló que había policías municipales de Tonalá, custodiando a los narcotraficantes, pero olvidó decir los comos y los porqués.

En ningún momento informó, porque había gente con granadas, con armas de alto poder, con todas las señales de delincuencia organizada, no recordó señalar donde estaban sus investigadores y por qué circulaban sin problemas esta gente armada.

En todo caso, si los policías estaban o no ``cuidando'' a los narcotraficantes, el Procurador tiene la obligación de investigar y no andarlo divulgando, en otras palabras, callar y trabajar y no andar buscando la nota periodística para favorecer su imagen pública.

El Procurador no debió publicar, porque eso es evidenciar líneas de investigación, que por mandato legal está obligado a reservar hasta en tanto se detengan a los culpables.

Se debe resaltar que dentro de la legislación vigente encontramos claros ejemplos de la reserva que debe prevalecer dentro de los procedimientos indagatorios tendientes a la persecución de los delitos.

Así, el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, entre otras disposiciones las de que la información y documentos obtenidos en los procesos indagatorios sólo podrán ser utilizados en la investigación y para efectos del proceso penal, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad.

Al servidor público que quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obran en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.

La propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica establece en la fracción XII del artículo 54 que: Son obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de los Agentes de la Policía Federal Investigadora y de los Peritos, Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan.

Finalmente, la fracción III del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental define que: ``También se considerará como información reservada, Las averiguaciones previas''.

Atendiendo la fundamentación legal referida, hay que valorar si el propio Procurador cayó en violaciones a la ley, que se supone él es el primer garante en materia federal.

Por lo anterior, y ante la gravedad de los hechos y la actuación del Procurador General de la Republica, y en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito en obvia y urgente resolución, se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese al Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández; Procurador General de la Republica, que en el desarrollo de su actuación como Titular de la instancia referida ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable y en su caso, de ser ello procedente, establezca los contactos necesarios y pertinentes a través de los medios oficiales con el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Chávez Dávalos. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Hay duda, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte nuevamente, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, nuevamente consultamos si se considera de urgente y obvia resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicite, para evitar problemas, que la votación sea nominal. Se instruye a la Secretaría que se abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos.

(Votación.)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de cerrar el sistema. Es que eran tres minutos, señores diputados, y ya concluyeron. Señores, señoras diputados: fue un acuerdo de tres minutos. Favor de cerrar el sistema electrónico.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Presidenta: se emitieron 206 votos en pro, 118 en contra y 5 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No hay mayoría calificada; por tanto, en virtud de que no hay las dos terceras partes que requiere el Reglamento, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ABASTO DE MEDICAMENTOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones del sector público de salud, integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumplan las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención con grupo terapéutico número 20.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Gracias, diputada Presidenta. En últimas fechas se han alzado voces de muchísimos ciudadanos y organizaciones civiles, entre ellas la de Voz pro Salud Mental, por el desabasto de medicamentos incluidos en el cuadro básico. Destaca particularmente el caso de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención del grupo terapéutico número 20, referente a la psiquiatría. Por lo antes fundado y expuesto, y pidiendo que se incorpore el texto completo del punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a las instituciones del sector público de salud, integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumplan cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.

Segundo. Se exhorta en forma especial a las instituciones del sector público de salud, integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumplan las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención del grupo terapéutico número 20, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud; y

Tercero. Se exhorta al Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos, a que se redoblen los esfuerzos y las acciones tendentes a enriquecer y mantener actualizados los insumos integrados en el cuadro básico del primer nivel de atención médica y el catálogo de insumos del segundo y tercer niveles, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología en el campo médico, como marca el artículo 3o. del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones públicas del sector salud integradas en el Consejo de Salubridad General a cumplir las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención del grupo terapéutico número 20, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20, al tenor de la siguiente

Exposición de MotivosI.- La Ley General de Salud, en su artículo 27, expresa que la salud mental es uno de los servicios básicos de salud, y que se reconoce como parte del derecho a la protección de la salud. De igual forma este mismo artículo afirma que, de igual forma, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud se considera como un servicio básico.

II.- La misma ley en su artículo 28 establece que, para los efectos del artículo 27, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud.

III.- El artículo 29, de la ley en comento, establece que la Secretaría de Salud determinará del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Para que se cumpla lo anterior, el artículo 30 de la misma ley dictamina que la Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración.

IV.- La aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud. Dichos insumos para la salud son un componente esencial de la atención a la salud, por lo que es necesario garantizar su efectividad y seguridad, su abasto eficiente y oportuno, su prescripción racional y su venta a un costo razonable.

V.- Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1983, se instituyó el cuadro básico de insumos y se creó la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos, como grupo de trabajo del Consejo de Salubridad General, encargada de introducir las modificaciones que oportunamente requiriera dicho cuadro y se previó la formación de comités específicos dedicados a cada uno de los distintos tipos de insumos.

El llamado Comité de Medicamentos está constituido por representantes de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo la coordinación de la Secretaria del Consejo de Salubridad General y Presidenta de la Comisión Interinstitucional.

VI.- El Programa Nacional de Salud 2001-2006, planteó la democratización de la salud, decisión que permite disponer de un sistema de salud que haga posible que todos los hombres y todas las mujeres tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades. Alcanzar un sistema como el propuesto, ha significado tres retos: la equidad, la calidad y la protección financiera en el marco de un sistema de salud que garantice el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad.

El reto de la calidad entendida como el grado en que los servicios mejoran los niveles de salud de manera congruente con las normas profesionales y los valores de los pacientes, se atendió desde el principio de la actual administración con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Para enfrentar el reto de la protección financiera se llevó a cabo el cambio de mayor trascendencia que se ha dado en la época moderna de nuestro sistema de salud, la reforma de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, que entró en vigor el 1º de enero de 2004.

Es así que los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud son un instrumento fundamental en la política de adquisición de insumos, sobre todo ahora con el nuevo sistema de salud integrado por tres seguros públicos de salud, el del IMSS, el del ISSSTE y el Seguro Popular del Sistema de Protección Social en Salud, que significa la atención médica integral incluyendo el acceso a medicamentos en forma gratuita, ya que son un componente esencial de la atención de la salud.

VII.- Sin embargo, en últimas fechas se han alzado las voces de muchísimos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales sobre el desabasto de los medicamentos incluidos en el cuadro básico, pero particularmente resalta el caso de los medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20 referente a la Psiquiatría. El organismo no gubernamental llamado ``Voz Pro Salud Mental'', y que tiene presencia a nivel nacional, ha hecho muchos llamamientos a las autoridades correspondientes sobre este aspecto y sin muchos resultados favorables.

VIII.- Debemos tener presente que, de acuerdo a cifras estadísticas oficiales, la salud mental en México recibe únicamente el 0.85% del presupuesto de salud, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos de las países el destinar al menos un 10%. En México, según la Secretaría de Salud, existen al menos 15 millones de personas que tienen alguna enfermedad mental.

Tanto el Programa de Acción en Salud Mental 2001-2006 como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, han diagnosticado que en México las principales enfermedades mentales, por su incidencia, son la depresión (del 7 al 10% de la población), el trastorno bipolar (1.6% de la población), la esquizofrenia (1% de la población), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH (entre el 5% de los niños de 6 a 16 años), y más de 500,000 adultos mayores de 65 años son potencialmente susceptibles de padecer demencia.

IX.- A este segmento de la población se les debe de asegurar el acceso a los medicamentos integrado en el Cuadro Básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20. Asimismo, se debe poner especial atención al acceso a medicamentos de última generación y que reciban un tratamiento adecuado que les permita la reintegración y una vida digna.

X.- Desde un punto de vista, el Estado tiene el privilegio de influir de manera directa en la salud y en la calidad de vida de las personas, mediante el otorgamiento de medicamentos seguros, eficaces y accesibles, y también con su participación activa en los planes y políticas nacionales en materia de salud. En el legislativo apoyamos los proyectos en materia de salud que permitan satisfacer la demanda de la población a través del otorgamiento de medicamentos seguros, eficaces y disponibles, en una estructura operativa sustentable que asegure la permanencia y el perfeccionamiento de dicho esfuerzo. Y ello por que el desarrollo que todos deseamos para México requiere evidentemente de una población saludable que permita superar los desafíos sociales y productivos de hoy y de mañana. Por ello, el impulso a la salud con calidad, constituye la prioridad más elevada de nuestro país.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta en lo general a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo a las disposiciones de los artículo 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.

Segundo.- Se exhorta en forma especial a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20, de acuerdo a las disposiciones de los artículo 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.

Tercero.- Se exhorta al Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos, a que se redoblen los esfuerzos y las acciones tendientes a enriquecer y mantener actualizados los insumos integrados en cuadro básico del primer nivel de atención médica, y el Catálogo de Insumos del segundo y tercer nivel, de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología en medicina. Tal y como lo marca el artículo 3 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2005.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Cabello Gil. Se turna a la Comisión de Salud.

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EXCEDENTES PETROLEROS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una partida especial de apoyo a las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Las finanzas estatales están debilitadas; tienen que absorber servicios educativos y de salud, entre otros. Y a partir de su descentralización, se han establecido maneras uniformes, sin conceder diferencias territoriales de productividad petrolera, que tomando en consideración la alta siniestralidad de las instituciones petroleras no compensan los daños ecológicos, habitacionales, productivos, sociales y --especialmente-- humanos en las entidades federativas que poseen pozos petroleros y refinerías importantes.

Es cierto que enfrentamos el reto de reformar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, a la luz de favorecer su expansión sostenida en el largo plazo, generar recursos para el financiamiento de los programas públicos y, a la vez, liberarlos para que se invierta en más infraestructura propia, así como en la conservación y el mantenimiento de sus instalaciones, que acusan un serio déficit de más de 20 años. Estos problemas se han reflejado en la ocurrencia de un importante número de accidentes en las instalaciones de Pemex, catalogados como verdaderos desastres y como un fuerte impacto, muchas veces en varios kilómetros a la redonda de los sitios en que acontecen, sin dejar de considerar que más allá de las indemnizaciones, la recuperación de infraestructura y la fertilidad del suelo, el saneamiento ambiental y la reintegración de la vida de las comunidades pueden llevar un largo periodo, que no se compensa con el esquema actual de indemnizaciones y apoyos. En este año han ocurrido varios desastres importantes en lugares como Veracruz, Tabasco y, recientemente, Francisco Z. Mena, en la sierra norte del estado de Puebla.

Por lo anterior, presento esta proposición, con la posibilidad de que con un sentido de justicia federalista se establezca un mecanismo para que se compense a las entidades federativas que presentan más riesgos y siniestros petroleros, por el número de instalaciones existentes en su territorio, con recursos adicionales que les permitan enfrentar de inmediato y en el largo plazo los efectos de tales desastres. La propuesta consiste en establecer en el Presupuesto de Egresos para el año 2006 una disposición por la cual un porcentaje de dichos recursos se distribuya conforme al riesgo de siniestralidad, o bien, por la cuantía del equipamiento petrolero existente para fortalecer las entidades señaladas ante los riesgos naturales a la infraestructura y a la vida de sus habitantes. En el año 2006 se prevé una perspectiva positiva en los mercados petroleros, por lo que consideramos que nuestra propuesta, además de justa, redistributiva y federalista, es plenamente viable. Por ello solicito la aprobación de esta honorable Asamblea para que, en su momento, se integre en el decreto de Presupuesto aprobado para el año 2006.

Único. Se solicita la asignación de recursos adicionales derivados de los excesos petroleros para las entidades federativas que presentan mayor riesgo de siniestralidad por existir en su territorio pozos petroleros y complejos petroquímicos, a efecto de que puedan enfrentar la atención a la población damnificada, la recuperación de la riqueza del suelo, y la rehabilitación de la infraestructura y de viviendas, así como dar seguimiento a estas acciones en el mediano y largo plazos. Para ello se establecerá una fórmula específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006. Es cuanto, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una partida especial de apoyo para las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la integración de una partida específica de apoyo a las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior, con base en los siguientes

Considerandos

En las últimas dos décadas y media se ha vivido un proceso de revisión y replanteamiento del esquema federal de nuestro país. En él han sido protagonistas los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a fin de hacer realidad las disposiciones constitucionales de los artículos 40, 115 y 122 de la Constitución Política, que definen un avanzado esquema descentralizado y de coordinación entre sujetos paritarios, mismos que en la realidad se sustituyeron durante un largo periodo por una férrea centralización.

Las reformas impulsadas en el año de 1982 representaron un avance jurídico de reconocimiento a los gobiernos locales, pero que no trascendieron en el fortalecimiento verdadero de estos ámbitos territoriales de gobierno, sino hasta el año de 1989, en donde se empezaron a establecer programas de generación de infraestructura y de combate a la pobreza que tuvieron como columna vertebral a las regiones del país.

Hasta 1998 se logra legalizar como parte de la recaudación federal no participable al Ramo 33, asegurando el traspaso a los gobiernos locales de importantes recursos para atender crecientemente las obligaciones que le señala la propia Carta Magna. En 1999 se reforma el artículo 115 Constitucional, para reconocer al Ayuntamiento como órgano de gobierno, toda vez que desde el inicio de la Guerra de Independencia de ese año, es decir por 189 años, fue considerado un ente auxiliar administrativo del gobierno central.

A pesar de estas reformas, la proporción de ingresos fiscales continúa siendo claramente favorable a la Federación, cuya apropiación del ingreso nacional se sitúa en el orden del 95% del total de los ingresos públicos. Con motivo de la situación favorable del mercado del petróleo, desde hace poco se estableció que una parte de los ingresos excedentes de su venta al exterior se canalizara a diversos fondos, destinándose el Fondo de Inversión en Infraestructura en los Estados, constituido por el 25% de la diferencia entre el precio proyectado y el precio real alcanzado, a las entidades, para generar obras de infraestructura, etiquetadas para carreteras, sistemas de agua potable y alcantarillado, educación y salud, fundamentalmente.

El alivio que estos recursos han representado para las debilitadas finanzas estatales, que han tenido que absorber rápidamente servicios educativos y de salud, entre otros, a partir de su descentralización, se han establecido de manera uniforme, sin considerar las diferencias territoriales y de productividad petrolera que, tomando en consideración la alta siniestralidad de las instalaciones petroleras, no compensan los daños ecológicos, habitacionales, productivos, sociales y especialmente humanos en las entidades federativas, que poseen pozos petroleros y refinerías importantes.

Es cierto que enfrentamos el reto de reformar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, a la luz de favorecer su expansión sostenida en el largo plazo, generar recursos para el financiamiento de los programas públicos y, a la vez, liberarlos para que invierta en más infraestructura propia, así como en la conservación y mantenimiento de sus instalaciones, que acusan un serio déficit de más de 20 años.

Estos problemas se han reflejado en la ocurrencia de un importante número de accidentes en las instalaciones de Pemex, catalogados como verdaderos desastres y con un fuerte impacto, muchas veces en varios kilómetros a la redonda de los sitios en que acontecen sin dejar de considerar que, más allá de las indemnizaciones, la recuperación de infraestructura y de la fertilidad del suelo, el saneamiento ambiental y la reintegración de la vida de las comunidades, puede llevar un largo periodo de tiempo, que no se compensa con el esquema actual de indemnizaciones y apoyos.

En este año han ocurrido varios desastres importantes, en lugares como Veracruz, Tabasco y, recientemente, en Francisco Zeta Mena, en la sierra norte del estado de Puebla.

Por lo anterior, presento esta proposición, con la finalidad de que, con un sentido de justicia federalista, se establezca un mecanismo para que se compense a las entidades federativas que presentan más riesgos de siniestros petroleros, por el número de instalaciones existentes en su territorio, con recursos adicionales que les permitan enfrentar de inmediato y en el largo plazo, los efectos de tales desastres.

La propuesta consiste en establecer en el Presupuesto de Egresos para el año 2006, una disposición, por la cual, un porcentaje de dichos recursos se distribuyan conforme al riesgo de siniestralidad o bien por la cuantía del equipamiento petrolero existente, para fortalecer a las Entidades señaladas ante los riesgos naturales, a la infraestructura y a la vida de sus habitantes.

En el año 2006 se prevé una perspectiva positiva en los mercados petroleros, por lo que consideramos que nuestra propuesta además de justa, redistributiva y federalista, es plenamente viable. Por ello, solicito la aprobación de esta honorable Asamblea para que, en su momento, se integre en el decreto de Presupuesto aprobado para el año 2006.

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita la asignación de recursos adicionales, derivados de los excedentes petroleros, para las entidades federativas que presentan un mayor riesgo de siniestralidad, por existir en su territorio pozos petroleros y complejos petroquímicos, a efecto de que puedan enfrentar la atención a la población damnificada, la recuperación de la riqueza del suelo, la rehabilitación de infraestructura y de viviendas, así como dar seguimiento a estas acciones en el mediano y largo plazos. Para ello, se establecerá una formula específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Islas Hernández. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CALENDARIO CIVICO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz el diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare el 6 de julio como el día cuando 400 familias indígenas tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización.

El diputado José Juan Bárcenas González: Con su permiso, diputada Presidenta: desde sus inicios, la sociedad tlaxcalteca se ha caracterizado por mostrar una notable cohesión y homogeneidad, debido --entre otras causas-- a que tuvo su origen en un grupo indígena muy definido, el cual también integró la parte medular de su desarrollo posterior. Este núcleo social reconfiguró y consolidó su diferenciación, a raíz de su constante lucha por sostener su autonomía frente al señorío tenochca, especialmente durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, y luego por mantener vigentes los privilegios exclusivos que le concediera la corona española durante la etapa virreinal.

La población tlaxcalteca comenzó a reducirse tras los enfrentamientos con los españoles y después, con su participación en la toma de Tenochtitlan y en las expediciones, descubrimientos y conquistas organizadas por los capitales españoles, de las cuales muchos ya no regresaron. Otro factor que influyó en el abatimiento de la población fue la colonización de la Gran Chichimeca, en 1591, lo que implicó por disposición del virrey Luis de Velasco II la salida de 400 familias a colonizar, pacificar y culturizar algunas zonas de los actuales estados de San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. El 6 de julio de 1591, después de reunirse en el pequeño valle del convento franciscano de Nuestra Señora de las Nieves, salieron 100 carretas con poco más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, de los cuatro señoríos, de Tepeticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlán y Tizatlán. Este hecho ha marcado la historia de México y Tlaxcala, por lo que cada año se recuerda con una magna escenificación y diversos eventos culturales, hecho que me anima como orgulloso tlaxcalteca a solicitar sea incluida esta fecha en el calendario cívico de conmemoraciones. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que incluya la fecha del 6 de julio en el calendario cívico de conmemoraciones como el día cuando 400 familias tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización.

Es cuanto; muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar el 6 de julio como el día cuando 400 familias indígenas tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe Juan Barcenas González, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XXVI del artículo 27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde ``fijar el calendario oficial''.

Segundo. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la fracción IX del artículo 19 señala que la atribución de la Dirección General de Desarrollo Político de dicha Secretaría tendrá la atribución de: ``Definir, editar y difundir el Calendario Cívico de Conmemoraciones''.

Tercero. El Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación, en la fracción XXX del artículo 25 señala que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de dicha Secretaría tendrá la atribución de: ``Supervisar la cobertura y producción para la televisión de los programas informativos relacionados con las actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoración.

Cuarto. Desde sus inicios, la sociedad tlaxcalteca se ha caracterizado por mostrar una notable cohesión y homogeneidad, debido, entre otras causas, a que tuvo su origen en un grupo indígena muy definido, el cual también integró la parte medular de su desarrollo posterior. Este núcleo social reconfiguró y consolidó su diferenciación a raíz de su constante lucha por sostener su autonomía frente al señorío tenochca --especialmente durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin-- y luego por mantener vigentes los privilegios exclusivos que le concediera la Corona española durante la etapa virreinal.

Quinto. La población tlaxcalteca comenzó a reducirse tras los enfrentamientos con los españoles y después con su participación en la toma de Tenochtitlan y en las expediciones, descubrimientos y conquistas organizadas por los capitanes españoles, de las cuales muchos ya no regresaron. Otro factor que influyó en el abatimiento de la población fue la colonización de la Gran Chichimeca en 1591, lo que implicó por disposición del Virrey Luis de Velasco II, la salida de cuatrocientas familias a colonizar, pacificar y culturizar algunas zonas de los actuales estados de San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

Sexto. Finalmente, el 6 de julio de 1591, después de reunirse en el pequeño valle del convento Franciscano de Nuestra Señora de las Nieves, salieron 100 carretas con poco más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, de los cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlán y Tizatlán. Este hecho ha marcado la historia de México y Tlaxcala, por lo que cada año se recuerda con una magna escenificación y diversos eventos culturales. Hecho que me anima como orgulloso tlaxcalteca a solicitar sea incluida esta fecha en el calendario cívico de conmemoraciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En el marco de la división de poderes, la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación que incluya la fecha del 6 julio en el Calendario Cívico de Conmemoraciones, como el ``Día cuando 400 familias tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización''.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Bárcenas González. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud apoye con un recurso emergente al estado de Tamaulipas para prevención y control del dengue.

El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Muchas gracias, señora Presidenta: el suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Consideraciones: hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo a efecto de que esta representación popular tome medidas urgentes ante un problema muy importante que afecta la salud pública. Tamaulipas se encuentra en estado de alerta, al haber detectado que, en lo que va de este año, se han confirmado mil 371 casos de dengue clásico y 345 de hemorrágico. Y se tiene la estimación de que a la fecha existen 6 mil 288 casos probables de dengue clásico y mil 143 de dengue hemorrágico que, comparados con los tres casos de dengue clásico en 2004, representan un crecimiento exponencial. De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno del estado, los índices se encuentran en niveles de alarma y emergencia en la mayor parte de las jurisdicciones. Las lluvias producidas por el huracán Emily han favorecido las condiciones de brotes de este padecimiento. Por ello es imperativo establecer en la región un plan de emergencia para la atención de pacientes por dengue hemorrágico, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica para controlarlo.

Asimismo, se requiere controlar la reproducción de larvas y llevar a cabo acciones de nebulización, sobre todo en poblaciones donde existe mayor riesgo. Se debe implantar un operativo emergente de atención médica, estableciendo planes de atención hospitalaria en cada unidad del sector salud. Quiero señalar que el gobierno del estado está realizando un gran esfuerzo, tanto en trabajo como en aportación de recursos, para llevar a cabo las acciones necesarias ya mencionadas. Pero desgraciadamente, el estado de Tamaulipas no cuenta con recursos suficientes, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Único. Esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, para que considere coordinar con las autoridades correspondientes del estado de Tamaulipas un operativo de emergencia para coadyuvar en la solución de este grave problema de salud y evitar que se extienda a otras regiones del país.

Solicito respetuosamente a esta Mesa Directiva que se publique este documento íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Salud apoye con recursos emergentes al estado de Tamaulipas para prevenir y controlar el dengue, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo, a efecto de que esta representación popular tome medidas urgentes ante un problema muy importante que afecta a la salud pública; Tamaulipas se encuentra en estado de alerta al haber detectado que en lo que va de este año, se han confirmado 1,371 casos de dengue clásico y 345 de hemorrágico.

Y se tiene la estimación que a la fecha existan 6,288 casos probables de dengue clásico y 1,143 de dengue hemorrágico, que comparados con los tres casos de dengue clásico de 2004, presentan un crecimiento exponencial.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno del estado, los índices se encuentran en niveles de alarma y emergencia en la mayor parte de las jurisdicciones.

Las lluvias producidas por el huracán Emily han favorecido las condiciones de brotes por este padecimiento.

Por ello es imperativo establecer en la región, un plan de emergencia para la atención de pacientes por dengue hemorrágico, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica para controlarlo.

Para prevenirlo es necesario llevar a cabo una campaña de información y sensibilización a la población.

Asimismo, se requiere controlar la reproducción de larvas, y llevar a cabo acciones de nebulización sobre todo en poblaciones en donde existe un mayor riesgo.

Se debe implementar un operativo emergente de atención médica estableciendo planes de atención hospitalaria en cada unidad del sector salud.

Quiero señalar que el gobierno del estado, encabezado por el ingeniero Eugenio Hernández Flores, está realizando un gran esfuerzo tanto en trabajo como en aportación de recursos para llevar a cabo las acciones necesarias ya mencionadas, pero desgraciadamente el estado de Tamaulipas no cuenta con recursos suficientes, por ello pido a la Presidencia que le otorgue a esta proposición el carácter de urgente y obvia resolución y solicito su compromiso con la defensa de la salud de los mexicanos, aprobando el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Esta H. Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, a que considere coordinar con las autoridades correspondientes del estado de Tamaulipas, un operativo de emergencia para coadyuvar en la solución de este grave problema de salud y evitar que se extienda a otras regiones del país.

Solicito a la Mesa Directiva que se publique este documento íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Alemán Migliolo. De acuerdo con su solicitud, en caso de que no haya sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, favor de hacerlo e inscribirlo íntegro en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señora Presidenta. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución. Como consecuencia de que no tenemos registrados oradores a favor ni en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

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OBESIDAD INFANTIL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, vicepresidenta González Salas. Tiene la palabra el señor diputado don Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que presente un informe sobre los contenidos de los programas de actividades de educación en materia de combate de la obesidad infantil.El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su debido permiso, señor Presidente: el suscrito diputado, Norberto Enrique Corella Torres, de la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en la normatividad vigente, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados la solicitud para que se pida a la Secretaría de Salud que presente ante las comisiones correspondientes de esta Cámara de Diputados un informe sobre los contenidos de los programas de actividades de educación en materia de combate de la obesidad infantil, con base en las siguientes consideraciones:

Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, luchar por el bienestar humano es una premisa ineludible. Pero para el buen desarrollo y desempeño de cualquier ser humano, es indispensable contar con una salud que le permita su realización como ser. Debe tenerse entendido que gozar de salud plena es una prioridad para cualquier nación, de la que parte su desarrollo sustentado en su propia población, más aún en los que representan el futuro, que son los niños. Por ello creemos que la atención que se da a la obesidad infantil debe incrementarse, ya que es una verdadera enfermedad, la cual, sin control, eleva el riesgo de que se torne grave, por lo que la prevención se vuelve la mejor herramienta para su combate. Existen algunas personas que creen que un niño obeso es sinónimo de salud; al paso del tiempo y con su crecimiento, esto dejará de serlo. Sin embargo, estas ideas están equivocadas, ya que en realidad los niños obesos corren mayor riesgo de padecer obesidad en la edad adulta, más los niños que la padecen entre los 6 y los 12 años. La Cámara tiene la obligación de supervisar que las dependencias encargadas de ejecutar los programas y las actividades en materia educativa para la prevención, tratamiento y control de la obesidad cumplan su finalidad, de conformidad con el espíritu de esa disposición legal. Por lo anteriormente expuesto, solicito que se presente el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita a la Secretaría de Salud que presente ante las Comisiones de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados un informe sobre los contenidos de los programas y las actividades para la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad infantil.

Señor Presidente: este punto de acuerdo ya fue publicado en la Gaceta; sin embargo, le solicito que sea publicado en el Diario de los Debates, tal y como fue integrada su versión escrita y no en esta síntesis que acabo de presentar. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud que presente un informe sobre los contenidos de los programas y las actividades de educación en materia de combate de la obesidad infantil, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita que la Secretaría de Salud presente ante las comisiones correspondientes de esta Cámara de Diputados, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades de educación en materia de combate a la obesidad infantil basado en las siguientes:

Consideraciones

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional luchar por el bienestar humano es una premisa ineludible. Pero para el buen desarrollo y desempeño de cualquier ser humano, es indispensable contar con una salud que le permita su realización como ser. Es en este entendido, que gozar de salud plena es una prioridad para cualquier nación de la que parta su desarrollo sustentado en su propia población, más aun, en aquellos quienes representan el futuro de esta, los niños. Desafortunada y alarmantemente, es cada vez más común encontrar en distintos medios de comunicación, prensa escrita y medios electrónicos, el tema de la obesidad infantil, no solo a nivel nacional si no más allá de nuestras fronteras.

Información publicada por la misma UNICEF, indica que países como los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Kuwait, Arabia Saudita entre otros, enfrentan problemas en una adecuada nutrición, que contribuye y propicia la obesidad infantil, fenómeno creciente principalmente en las zonas urbanas.

La atención que se le da a la obesidad infantil debe incrementarse, ya que es una verdadera enfermedad la cual, sin control, eleva el riesgo de que se torne como grave, por lo que la prevención se vuelve la mejor herramienta para su combate.

En nuestro país distintos sectores han coincidido en que una vida sedentaria, combinada con desórdenes alimenticios y dietas enriquecidas, convertidas en exceso de calorías, las cuales no alcanzan a ser quemadas por la actividad misma de la persona, así como factores genéticos, económicos, y de una cada vez mayor inactividad física, han sido un gran detonante del problema, que contribuye a que se disparen estos indicies preocupantemente. Inclusive en palabras del mismo secretario de salud, el seis por ciento de niños menores de 6 años a nivel nacional, padecen de obesidad infantil, porcentaje que lejos de disminuir va en aumento.

Existen algunas personas que persisten en la idea de que un niño obeso, es sinónimo de salud, y que al paso del tiempo, con su crecimiento, dejará de serlo. Sin embargo estas ideas están equivocadas, ya que en realidad los niños obesos corren un mayor riesgo de padecer obesidad en su edad adulta, más aquellos niños que la padecen entre los 6 y los 12 años.

La obesidad no es otra cosa sino el producto y consecuencia de alteraciones en el metabolismo caracterizada por un aumento desproporcionado de grasa en el cuerpo, en este caso, el de un niño, el cual se enfrenta a una cadena de eventos cuya consecuencia es la obesidad. Es decir, una dieta que supera en exceso los nutrimentos de ingesta diaria, se traducen en grasa y, combinada con una vida cada vez mas sedentaria, producto de problemas de inseguridad, urbanización, y el pasar mucho tiempo frente a un televisor o computadora, contribuyen a una disminución en la actividad física, trayendo consigo consecuencias como el hipotiroidismo, depresión, obesidad en edad adulta, hipercolesterolemia, hiperinulinemia, enfermedades cardiacas y diabetes, entre otros muchos padecimientos relacionados con la obesidad.

Al inicio de esta legislatura, durante el primer periodo de sesiones ordinarias de la H. Cámara de Diputados, se aprobó la reforma a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud. Esta reforma aprobada por unanimidad por los partidos políticos con representación en esta Cámara, demuestra la preocupación, interés y reconocimiento de este problema de salud pública, por ello, hoy es necesario dar más pasos en ese sentido.

La reforma señalada tiene como objeto concientizar a la población sobre este problema de salud pública, y que sea desde las mismas políticas educativas, que programas de prevención, sean implementados con la finalidad de revertir esta tendencia desfavorable en la salud de nuestra niñez. Desde la misma escuela, en que la formación de los hábitos se desarrollan, es donde más se debe intensificar la atención a este problema.

No obstante, esta Cámara aún tiene la obligación de supervisar que las dependencias encargadas de ejecutar los programas, y actividades en materia educativa para la prevención, tratamiento y control de la obesidad, cumplan con su finalidad de conformidad al espíritu de esta disposición legal. Por lo anteriormente dicho es que considero indispensable que la Secretaría de Salud presente un informe ante las comisiones correspondientes de la Cámara, para que los legisladores podamos conocer los contenidos y alcances de dichos programas, así como la planeación que se está desarrollando para su puesta en práctica. De esta forma, tendremos la oportunidad de hacer llegar las propuestas que consideremos pertinentes, siempre con un ánimo de respeto y colaboración con la actuación de los servidores públicos, pero sin dejar pasar más tiempo, durante el cual el problema se agudiza y aumenta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita que la Secretaría de Salud presente ante las comisiones de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de justicia y de seguridad pública del estado de Jalisco a efecto de que entreguen los recursos del Fondo de Seguridad destinados al pago de dotación complementaria para los trabajadores del área.El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se haga un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco y de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública a efecto de que entreguen los recursos del Fondo de Seguridad Pública del estado de Jalisco destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública. Lo anterior, derivado de los siguientes antecedentes:

En junio de 1998, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales suscribieron el convenio de coordinación del Programa de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un fideicomiso estatal para la distribución de fondos, mediante el cual se administran recursos económicos con la finalidad de capacitar y equipar, dotar de infraestructura y dignificar las instalaciones encargadas de la prevención, procuración y administración de justicia en el estado. Parte de los fondos de ese fideicomiso se utilizan para dignificar la actividad de los servidores públicos del área de la seguridad pública del estado de Jalisco; esto, a través de la implantación de estímulos económicos, ya que su sueldo es realmente bajo. Cabe señalar que, recientemente, en el estado de Jalisco se aprobaron diversas reformas de la Constitución Política de la entidad, así como diversas reformas de la Ley de Servidores Públicos del estado y sus municipios, que buscaban limitar el otorgamiento de bonos, estímulos económicos o compensaciones desproporcionados. Sin embargo, las reformas citadas fueron de tal generalidad, que restringieron estas situaciones en todos los casos y han generado una serie de arbitrariedades laborales que causan preocupación.

Por lo anterior y en los términos señalados, someto a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se hace un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco y de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública a efecto de que no se limite ni disminuya la dotación complementaria que se entrega semestralmente a los trabajadores de las diferentes corporaciones del área de seguridad pública del estado de Jalisco y sus municipios, mismos que son entregados a través del Fideicomiso de Seguridad Pública, en cumplimiento de los diversos convenios celebrados y toda vez que esta prestación no es contraria a derecho. Solicito atentamente la publicación íntegra de la presente proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de justicia y de seguridad pública del estado de Jalisco a entregar los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, C. Francisco Javier Bravo Carbajal, en su carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual, respetuoso de la división de los Poderes de la Unión y de su autonomía, se hace un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco y de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública a efecto de que entreguen los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública, sin reducciones en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos I. El pasado 14 de septiembre de 2004 fueron publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco diversas reformas de la Constitución Política de la entidad en su artículo 111, así como la adición del artículo 54 Bis y diversas reformas de la Ley de Servidores Públicos del Estado y sus Municipios todas, como se desprende de la exposición de motivos que propician su creación, tendentes a eliminar cualquier posibilidad que funcionarios de la administración pública que tengan el nivel de titular, mando superior o director puedan percibir bonos o gratificaciones, independientemente de su denominación, ajenas al sueldo que en virtud de la determinación presupuestal deban recibir. Lo anterior, en virtud de las necesidades actuales de legislar en la materia, y establecer lineamientos específicos que imposibiliten prácticas de autodeterminación de beneficios económicos en su favor no previstos en su concepto salarial.

II. Por ello, el adicionado artículo 54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece la posibilidad de que servidores públicos que no tengan la condición de titulares, mandos superiores y directores puedan recibir compensaciones o estímulos, siempre y cuando se colmen las siguientes reglas:

a) Los estímulos o compensaciones deben ser equitativos a las categorías y niveles existentes en las plantillas de servidores públicos de cada dependencia o entidad. Los incentivos o compensaciones que se entreguen a los servidores públicos en ningún caso pueden ser superiores al salario mensual que perciban.

c) Las autoridades deben sujetar la entrega de los estímulos o compensaciones exclusivamente como incentivo a la puntualidad, asistencia, productividad o cualquier otro criterio o condición de similar naturaleza establecido expresamente en los reglamentos aplicables.

d) La entrega de las compensaciones o estímulos se realizará exclusivamente una vez por año.

e) El pago de estos beneficios debe registrarse en el recibo de nómina del servidor público que corresponda.

f) La información relativa a los criterios y procedimientos para la asignación de compensaciones o estímulos, así como los nombres de los servidores públicos merecedores de ellos, debe publicarse en los medios oficiales de divulgación correspondientes a cada autoridad.

III. Desde luego, esta adición se realizó con la clara intención de establecer la posibilidad de que dichos servidores accedan a prestaciones de esta naturaleza, pero siempre que se cumplan reglas claras al respecto. Sin embargo, la redacción actual de este dispositivo genera situaciones de conflicto jurídico para el cumplimiento del Programa de Dotaciones Complementarias que el gobierno del estado de Jalisco tiene instrumentado en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con el Gobierno Federal. Lo anterior, en virtud de lo siguiente:

IV. A partir de 1998 y a la fecha, el gobierno de estado de Jalisco ha celebrado convenios de coordinación en materia de seguridad pública con el Gobierno Federal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, así como en los diversos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 4, 11 y demás relativos y aplicables de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el cumplimiento de las acciones y ejes que ha determinado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aportando cada una de las partes recursos para el cumplimiento de dichos fines.

V. Uno de los ejes que a partir de ese año, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública, ha determinado el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el de profesionalización, cuyo propósito fundamental consiste en la instrumentación de acciones tendentes a lograr la capacitación, el desarrollo, la evaluación permanente y la mejora continua en el personal operativo de los elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública del estado de Jalisco.

VI. Los convenios a que se ha hecho referencia y la determinación de los ejes que integran el Programa Nacional de Seguridad Pública son normados desde el punto de vista sustantivo por lo establecido en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que en lo conducente dispone en su numeral 1, el ámbito competencial en todo el territorio nacional y el carácter de ley marco en dicha materia y cuyo objeto central consiste en establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo sus disposiciones de orden público e interés social.

VII. Aunado a lo anterior, el gobierno de Jalisco constituye una de las instancias de coordinación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, atento a lo que dispone el arábigo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

VIII. En este sentido, el numeral 9, fracción III, de la ley antes referida establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán coordinarse para establecer lineamientos, políticas y criterios que permitan la profesionalización de los elementos de las corporaciones de seguridad pública. Ello viene a reiterarse en lo establecido en el articulo 10, fracciones I y II, de la citada ley, que enuncian la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establezcan un sistema de ingreso, permanencia, promoción, disciplinario, estímulos y recompensas en las corporaciones de seguridad pública. Y, por último, en los artículos 23 y 24 se dispone que la carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales y comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación del servicio y su evaluación e implementación tiene el carácter de obligatorio y permanente en todo el territorio nacional y de manera coordinada, a través de un servicio nacional de apoyo que homologue procedimientos y busque la equivalencia de los contenidos mínimos de los planes y programas para la formación de los integrantes de las instituciones policiales.

IX. La dignificación de las corporaciones policiales será considerada por las legislaciones federal, estatales y del Distrito Federal, acorde con la calidad y riesgo de la función y las posibilidades de cada entidad.

X. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley Coordinación Fiscal establece que los recursos que las entidades federativas reciban con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) prevista en la fracción VII del artículo 25 de la misma ley, denominado como Ramo 33, sólo podrán destinarse a los fines que en el primero de los numerales se describen y en lo que destaca para el planteamiento que aquí se formula, para complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores.

XI. Según lo establecido en líneas precedentes, el gobierno del estado en los diversos convenios que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha suscrito con el Gobierno Federal, estableció el Programas de Dotaciones Complementarias dentro del Eje de Profesionalización, cuyo otorgamiento tiene como finalidad estimular el desempeño del personal operativo en activo que haya participado en los programas de capacitación, apoyando la búsqueda de la excelencia en la calidad de su desempeño y profesionalización; considerándose que a partir de esa motivación económica, el personal que la reciba permanecerá en sus cargos contribuyendo al establecimiento civil de carrera en materia de seguridad pública.

XII. Cabe señalar que dichas dotaciones complementarias sólo se otorgan a los elementos operativos que se encuentren en la hipótesis del numeral 45 de la Ley de Coordinación Fiscal que presten servicios como elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Vialidad y Transporte y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, siempre que colmen los requisitos previstos en el anexo técnico respectivo, que constituye el instrumento jurídico emanado de dichos convenios y que norma el Programa de Dotaciones Complementarias y además que les hayan sido aplicadas las siguientes evaluaciones:

Médica;

Toxicológica;

Conocimientos;

Personalidad; y

Habilidades psicomotrices.

XIII. Debe establecerse que sólo se aluden a dependencias de la administración Pública Estatal en virtud de que el fondo de origen de los recursos constituye un apoyo exclusivo para las entidades federativas y distinto al fondo para el fortalecimiento de los municipios previsto por el artículo 25, en su fracción IV, y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

XIV. Cabe señalar que las reglas para el otorgamiento de las dotaciones complementarias pueden variar en virtud de que anualmente las partes que intervienen en los convenios de Coordinación en la materia precisan las normas al respecto en función de las prioridades y necesidades existentes.

XV. Es el caso de que en el estado de Jalisco, las normas para el otorgamiento de las dotaciones complementarias presenten una gran similitud con las reglas que ahora establece el artículo 54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues las mismas se otorga atendiendo el principio de equidad dependiendo de las categorías y niveles existentes en la dependencias aludidas, se otorgan con el propósito de estimular el desempeño, la puntualidad y otros factores que abonen a la profesionalización y la debida prestación de los servicios y además están condicionados al cumplimiento de reglas generales y claras; todo lo anterior pese a que las reformas del mencionado artículo son posteriores a la entrega del estímulo, que desde el año de 1998 mil novecientos noventa y ocho se ha otorgado; sin embargo el caso que genera el planteamiento formulado es el siguiente:

XVI. El artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos que las entidades federativas reciban de entre otros fondos, el de Aportaciones para la Seguridad Pública, deben ser ejercidos y administrados por lo dispuesto en la leyes locales, es el caso que el artículo 54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, pese a que el Programa de Dotaciones Complementarias es de carácter federal y el fondo a través del cual se canalizan los recursos para su otorgamiento es un Fideicomiso Público denominado ``Fondo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco'', por su siglas Foseg, podría incidir y limitar el cumplimiento del programa aludido en virtud de lo siguiente:

XVII. Las dotaciones complementarias en el estado de Jalisco, como ocurre en diversas entidades federativas, se otorgan más de una ocasión al año, concretamente una cada semestre, y su importe supera en algunos casos el importe de un mes del salario de quien lo recibe, no coincidiendo lo anterior con lo ordenado con la ley estatal citada en su dispositivo 54 Bis; por ello resulta necesario y justificado para continuar con el cumplimiento del citado programa una adición al último numeral citado, que posibilite hacer excepción, para que en el caso de los elementos operativos en el marco del Programa de Dotaciones Complementarias, continúen recibiendo las mismas de conformidad a lo establecido en la reglas emanadas de los convenios de coordinación de seguridad pública que se tengan celebrados o que se celebren por parte del gobierno del estado de Jalisco con el Gobierno Federal.

XVIII. El caso de excepción que se plantea en el párrafo anterior no surge en forma infundada, ni pretende contrariar el propósito equitativo, justo y honesto del artículo 54 Bis en comento, sino que se plantea la posibilidad de continuar con la entrega de las dotaciones complementarias, ya que en el caso de observar las reglas del numeral antes mencionado, podría implicar una aplicación en forma retroactiva de una ley en perjuicio del gobernado, en contravención al primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además se trata de un estímulo que se ha reiterado año con año, a partir de 1998 a la fecha, y por último es congruente con diversas consideraciones jurídicas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales han establecido en la tesis de Jurisprudencia con los rubros ``Seguridad Pública del Estado de Jalisco. De los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de sus agentes corresponde conocer, por afinidad, al tribunal de lo administrativo'' y ``competencia para conocer de los conflictos planteados contra la dependencia relativa por un policía municipal en el estado de Jalisco, con motivo de la prestación de servicios. corresponde por afinidad al Tribunal Administrativo de esa entidad federativa'', que al respecto se han emitido y las que en forma reiterada mencionan que las relaciones de los elementos operativos integrantes de cuerpos policíacos, como trabajadores y las corporaciones como patrones, deben normarse por las disposiciones jurídicas de sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables; en ese sentido es clara la intención de los Tribunales Federales, que en el ejercicio de su facultad de interpretación de la norma, determinen que dichas relaciones se normen en un contexto jurídico especial, dado la condición sui géneris que priva en la actividad policíaca, cuya condición de riesgo permanente de entrega de la seguridad personal por la seguridad de la comunidad, constituyen la constante para hacer posible la conservación de la paz pública y el orden social.

Antecedentes

El 17 de junio de 1998, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para realizar acciones en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (Foseg) mismo que quedó formalizado con fecha 4 de septiembre de 1998, al igual que en los demás estados de la República y el Distrito Federal.

Año con año se firman convenios de coordinación similares y son normados por anexos técnicos, mismos que se firman por funcionarios federales y estatales.

El Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública es la entidad gubernamental encargada de poner en estado de resolución y en estricto apego a la normatividad del Ejecutivo estatal, los acuerdos emanados del Comité Técnico, con la finalidad de capacitar, equipar, dotar de infraestructura y dignificar las instalaciones de las entidades encargadas de la prevención, procuración y administración de justicia en el estado.

En algunos estados como en el caso del estado de Jalisco, parte de los fondos de ese fideicomiso se utilizan para dignificar la actividad de los servidores públicos del estado de Jalisco, esto a través de la implementación de estímulos económicos para aquellos trabajadores del área de seguridad pública cuyo sueldo es realmente bajo para las obligaciones y responsabilidades propias del cargo.

Es de señalarse y destacarse que estos fondos son compartidos con aportaciones estatales y federales, y buscan la unificación de todas las entidades, en cuanto a capacidad técnica, humana y de percepciones económicas, sin embargo cabe señalar que en el estado de Jalisco está ocurriendo una situación grave que considero debemos atender.

Cabe señalar que recientemente en el estado de Jalisco, se aprobaron diversas reformas a la legislación de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, que buscaban limitar el otorgamiento de bonos, estímulos económicos o compensaciones desproporcionados en atención a algunos abusos que se dieron por parte de funcionarios públicos de alto nivel, sin embargo las reformas citadas fueron de tal generalidad que restringieron estas situaciones en todos los casos, lo cual, de inicio vemos con buenos ojos, sin embargo, cabe señalar que estas disposiciones en su aplicación, han generado una serie de arbitrariedades laborales que causan preocupación.

Una de ellas es el hecho de que con esta legislación se está impidiendo indebidamente a los trabajadores del área de la seguridad pública, que gocen de la prestación a que nos hemos referido, es decir de los fondos que les venían asignando a través del Foseg, lo que evidentemente es un error, pues de entrada las autoridades que han aplicado estos fondos, no han considerado que los mismos, al provenir del presupuesto federal, no son regulados por la normatividad del estado de Jalisco, sino en todo caso por las reglas de coordinación establecidas en los convenios suscritos expresamente para estos efectos.

Se tiene conocimiento de la aplicación errónea de esta legislación estatal en relación con trabajadores de la Procuraduría General del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación, ambas dependencias del estado de Jalisco, y se corre el riesgo igualmente, de que autoridades de los ayuntamientos puedan aplicar disposiciones similares en perjuicio de elementos de las policías preventivas municipales lo que evidentemente sería perjudicial para los elementos operativos que merecen esa prestación.

Además de lo anterior, es de señalar que los recursos se entregan al gobierno local, existen con una finalidad propia y claramente definida, por lo que es necesario que se distribuyan con total transparencia y apego a derecho, pues de no entregarse a los servidores públicos, como está previsto, pueden aplicarse o distraerse para otros efectos no previstos expresamente.

De igual forma, es de señalar que si los fondos federales fueron destinados a una prestación económica directa para esos servidores públicos del área de la seguridad pública, es en virtud de que evidentemente su sueldo nos es proporcional a sus responsabilidades y no puede ser considerado como un abuso de los servidores públicos el recibirlo, lo que es en sí el espíritu de la reciente reforma a la legislación del estado de Jalisco.

Además de lo anterior, es de señalar a favor de los trabajadores de seguridad pública del estado de Jalisco y sus municipios, que al venir percibiendo ese bono desde el año de 1999 a la fecha, el mismo se ha integrado a su sueldo, aún cuando éste se les entregaba en dos presentaciones, una en julio y otra en diciembre. Lo que evidencia esa disparidad de la norma estatal que en forma evidente no puede ser aplicada a los servidores públicos del área de la seguridad pública, en primer lugar por ser retroactiva en perjuicio del servidor y en segundo lugar por ser inaplicable por la situación sui géneris, propia de la prestación, que es otorgada con fondos federales, lo que hace inaplicable la reducción por una norma de la entidad federativa.

Así la cosas. consideramos un exceso que las autoridades del seguridad pública estén limitando esa prestación y solicitamos que la misma se les reintegre a los servidores públicos afectados pues al ser un programa compartido entre el estado y la Federación, no puede ser limitado por disposiciones locales, que además no encuentran justificación, pues es para todos evidente que en el área de la seguridad pública se requieren que los servidores encuentren una retribución económica justa y equitativa al gran servicio que prestan a la sociedad.

Por lo anterior y, en los términos de los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución por la que se hace un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y a los titulares de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública, a efecto de que no se limite ni disminuya la dotación complementaria que se entrega semestralmente a los trabajadores de las diferentes corporaciones del área de seguridad pública del estado de Jalisco y sus municipios, mismos que son entregados a través del Fideicomiso de Seguridad Pública, Foseg, en cumplimiento de los diversos convenios celebrados y toda vez que esta prestación no es contraria a derecho.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así se hará, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si considera de urgente resolución estos puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... No hay mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

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PARLAMENTOS DE NIÑAS Y NIÑOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil. Y antes de eso, damos la más cordial bienvenida a invitados de Tlaquepaque, Jalisco, invitados por el señor diputado don David Hernández Pérez.La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros: Con su permiso, diputado Presidente: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar esos derechos; y al Estado, el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno del mismo. De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, vigente a partir de mayo de 2000, otorga a los niños y a los adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica y el inalienable derecho a recibir información. Como consecuencia de estos argumentos y en uso de las atribuciones que, como diputada federal de la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, y en aras del desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de este honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos locales para que realicen anualmente el Parlamento de las Niñas y los Niños en su estado, invitando a la autoridad educativa local, al Instituto Electoral de la entidad y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a los Institutos Estatales Electorales a que realicen, de manera simultánea a las elecciones locales, ejercicios de participación cívica infantil y juvenil orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia y participación en la resolución de los problemas locales.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del PAN

Martha Leticia Rivera Cisneros, en mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil. La petición se sustenta en las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar esos derechos y al Estado el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno del mismo.

En la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN), de la cual nuestro País es parte y que conforme con el articulo 133 Constitucional, es Ley Suprema de toda la Unión, reconoce el derecho de las niñas y los niños a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, además, este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo.

El Comité de Vigilancia del Cumplimiento de la CDN. Ha subrayado siempre que las niñas y niños deben ser considerados como sujetos activos de Derecho. El artículo 12 de la convención referida no reconoce el derecho a la autodeterminación, pero si el de participar en la toma de decisiones.

De igual forma, la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vigente a partir de mayo de 2000, en el capitulo XIII otorga a los Niños y a los Adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica y el ina-lienable derecho a recibir información.

La capacitación y educación cívica son, por disposición constitucional, responsabilidad del Instituto Federal Electoral (IFE), el cual considera ``la educación cívica como un proceso de formación de los individuos que, a la vez que alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en su contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático.

La educación cívica se concibe como un proceso integral de desarrollo humano, que prepara ciudadanos concientes, informados y participativos, cuyo desempeño sea acorde con los valores, las instituciones y las prácticas democráticas.

Por tal motivo, en cumplimiento de esa tarea, el IFE ha desarrollado una diversidad de actividades a favor de la formación Cívica, destacando desde hace siete años las consultas cívico-políticas para los niños, las niñas y los adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.

Los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil incorporan contenidos y condiciones para que esos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en practica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio critico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.

Esos procesos colocaron a México en la vanguardia en materia de promoción de la participación infantil y juvenil. En un claro reconocimiento de ese hecho, la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, seleccionó a México para presentar el informe Estado mundial de la infancia 2003.

Con motivo del mismo informe, Koffi Annan, Secretario de las Naciones Unidas, declaró que solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos. ``si los gobiernos cumplen la promesa de escuchar a los niños y los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara, si aseguramos la participación plena de los niños en la labor de construir un futuro mejor.

Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos Públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios. Requerimos que los Ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.

Para dar cumplimiento cabal a esos postulados, se requiere que desde hoy se emprendan las acciones necesarias para formar desde la niñez los futuros ciudadanos.

Es de suma importancia mencionar, que en el mes de abril del 2002, fueron presentados ante las reuniones plenarias del Senado de la República, así como de la Cámara de Diputados, los Puntos de Acuerdo para establecer anualmente la realización del Parlamento de las Niñas, y los Niños de México, indistintamente en cada Cámara, coordinadamente por el H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Derechos y Desarrollo Social por parte del Senado de la República y de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Participación Ciudadana, por la Cámara de Diputados; la Secretaria de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; ambos acuerdos fueron aprobados por las respectivas Cámaras.

Como consecuencia de esos argumentos, en uso de las atribuciones a que he hecho referencia, en aras de nuestro desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos Locales para que realicen anualmente el Parlamento de las Niñas y los Niños en su Estado, invitando a la autoridad educativa local, el Instituto Electoral de la entidad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Segundo.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta a los Institutos Estatales Electorales a que realicen, de manera simultánea a las elecciones locales, ejercicios de participación cívica infantil y juvenil orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia, derecho de la niñez y participación en la resolución de los problemas locales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre 2005.--- Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros.» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra la diputada Ruth Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria. Se pospone para la siguiente sesión.

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VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Vacunación a fin de que se reactiven los proyectos para iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo.El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente: el que suscribe, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, somete a la consideración de este honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación de la vacuna contra el neumococo en el esquema básico de vacunación. La Organización Mundial de la Salud reconoce el neumococo como la principal causa de mortalidad en menores de cinco años, entre las enfermedades que se pueden evitar a través de esta vacuna.

Las enfermedades provocadas por esta bacteria son la primera causa de muerte en el mundo en niños menores de dos años, alrededor de 1.2 millones de muertes estimadas. Pese a las dificultades para registrar padecimientos de origen neumocócico, en México se estiman alrededor de 7 mil 500 muertes anuales por neumonía y mil 500 por meningitis en niños menores de cinco años. En México, 95 por ciento de los casos de meningitis en niños es atribuido a infecciones provocadas por neumococo, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El neumococo puede provocar enfermedades mortales, como la meningitis, que en los chiquitos que presentan este problema va a causar retraso psicomotriz en 25 por ciento de los sobrevivientes; además, sordera en 32 por ciento y muerte en aproximadamente 8 por ciento. La neumonía que, en ésta... El neumococo es el responsable de entre 50 y 70 por ciento de los casos de neumonía. Y, además, pueden tener bacteriemia estos niños. El costo se estima, de estas enfermedades causadas por neumococo, fueron en 2002 de aproximadamente 3 mil 100 millones de pesos.

La Secretaría de Salud maneja para el programa de vacunación el esquema universal y el esquema básico para menores de cinco años. Sin embargo, y a pesar de que el pleno del Consejo Nacional de Vacunación en su primera reunión, el 17 de febrero de 2004, acordó incorporar la vacuna contra el neumococo, esto no fue dado por insuficiencia de recursos presupuestales.

Por otro lado, es bien conocido que existe el riesgo de una epidemia de influenza que, además, favorece la presentación de neumonías por neumococo en todo el mundo. Por ello resulta fundamental esta protección para todos los niños, y en particular para los niños de zonas de alta marginalidad o niños que tienen alguna causa de inmunosupresión, como puede la presencia de un cáncer.

Por ello ponemos a su consideración este punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación de la vacuna contra el neumococo en el esquema básico de vacunación, iniciando con la población de mayor riesgo, como son niños con inmunosupresión o habitantes de zonas de alta marginalidad. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Vacunación a reactivar los proyectos correspondientes a fin de iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, Fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Vacunación a fin de que se reactiven los proyectos para iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo.

Consideraciones

El streptococus pneumoniae o neumococo fue una de las primeras bacterias descritas a través de un microscopio y es reconocido como el principal causante de neumonía.

Existen más de 90 tipos distintos de neumococo identificados hasta el momento y permanece como un causante importante de enfermedades y muerte en el mundo.

La distribución del neumococo se considera universal puesto que ha sido detectado en regiones tan diversas como el Ártico y regiones Ecuatoriales. No distingue entre países ricos y en vías de desarrollo y ataca tanto a lactantes como adultos mayores. Los tipos de neumococo que existen en México son cercanos a aquellos encontrados en estados Unidos Mexicanos y Canadá.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al neumococo como la principal causa de mortalidad en menores de 5 años, entre las enfermedades que se puedan evitar mediante una vacuna.

Se estima que todos los bebés lo tienen en su garganta antes de los 6 meses de vida. Ahí el neumococo se hace un residente habitual y es donde se aprovecha de los virus para provocar invasión y viceversa, siendo la conjunción de estos un factor de potenciación para generar enfermedad.

Una vez que el niño es portador nasofaríngeo, el neumococo puede tomar distintos caminos para provocar enfermedad, uno es invadir a través de la garganta y acceder al torrente sanguíneo y genera enfermedad, a este mismo se le conoce como Enfermedad Neumocócica Invasiva.

Las enfermedades provocadas por el Streptococcus pneumoniae o neumococo son al primera causa de muerte en el mundo en niños menores de 2 años -- 1.2 millones de muertes estimadas.

Pese a las dificultades para registrar padecimientos de origen neumocócico, en México se estiman alrededor de 7,500 muertes anuales por neumonía y 1500 por meningitis en niños menores de cinco años. En México, el 95% de los casos de meningitis en niños son atribuibles a infecciones provocadas por neumococo, de acuerdo con datos del IMSS.

Los efectos de la presencia del neumococo se manifiesta principalmente en bebés y niños pequeños en forma de enfermedades que pueden llegar a ser mortales como:

Meningitis: que es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, esta deja secuelas graves como retraso psicomotriz en el 25 por ciento de los sobrevivientes, sordera en el 32 por ciento de los casos y muerte en aproximadamente el 8 por ciento.

Neumonía: en esta el neumococo es responsable entre el 50 y 70 por ciento de todos los casos de neumonía.

Bacteremia: su mortalidad varia entre el 5 y 6 por ciento presentándose tanto en la infancia como en la senectud.

Las temporadas de más alta prevalencia son invierno en el caso de las neumonías y abril y mayo en el caso de la meningitis.

En 2002, se estima que los costos de atención de enfermedades causadas por neumococo fueron de aproximadamente 3,100 millones de pesos.

Los infantes que viven en comunidades marginadas, por desnutrición, hacinamiento y carencia de servicios de salud, tienen mayores riesgos de contraer enfermedades provocadas por la bacteria.

Existen dos tipos de vacunas que ayudan a prevenir el neumococo, la no conjugada o polisacárida, desarrollada para los adultos mayores, misma que no funciona en niños menores de 2 años de edad y la vacuna conjugada heptavalente (que es autorizada y aprobada por la Secretaría de Salud como la única vacuna antineumocócica para niños desde los 2 meses de edad y hasta los 9 años.

La no aplicación de la vacuna antineumocócica tiene su principal fundamento en los presupuestos asignados para tal efecto, por lo que acontinuación se plasma el presupuesto para el Programa Nacional de Vacunación 2001-2005, en precios corrientes y Millones de pesos.

La Secretaría de Salud maneja para el programa de vacunación el esquema universal y el esquema básico para menores de 5 años. La vacuna antineumocócica se incorporo al cuadro básico de medicamentos del sector salud, aprobado por el Consejo de Salubridad General el 1 de Junio de 2003 con la clave 0145.

Para el 4 de julio de 2003 apareció en la lista de medicamentos asociados al catálogo de beneficios médicos del seguro popular.

El pleno del Consejo Nacional de Vacunación, en la primera reunión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2004, acordó incorporar en el periodo de la administración actual las vacunas antineumococo heptavalente, para disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias agudas.

En la segunda reunión extraordinaria del Consejo nacional de Vacunación, celebrada el 5 de julio de 2004, se acordó iniciar la aplicación gradual de la vacuna antineumocócica con un millón de dosis.

Sin embargo cabe mencionar que la insuficiencia de recursos presupuestales, impidió poner en marcha este proyecto.

Cabe destacar que la Academia Mexicana de Pediatría así como la Asociación Mexicana de Pediatría A.C. y la Confederación Nacional de Pediatría de México, S.C. respaldan ampliamente la aplicación de la vacuna antineumocócica y su incorporación al esquema nacional de vacunación.

Existe el temor fundado de la proximidad de una pandemia de influenza proveniente de Asia y Europa. La pandemia de influenza contribuye sustancialmente a pérdidas económicas, exceso en el número de hospitalizaciones y muertes.

Se estima que en EUA provocaría hasta 207 mil muertes, 734 mil hospitalizaciones, 42 millones de visitas médicas y 47 millones de casos, con un costo de 150 mil millones de USD. En México, el impacto podría tener dimensiones inéditas.

La influenza va cambiando de cepas año tras año por lo que las vacunas también.

Existe una sinergia letal entre la influenza y el neumococo que representa altos índices de mortalidad por neumonía bacteriana secundaria durante las epidemias de influenza.

Un 70% de los casos de muerte en las pandemias de 1957 y 1968 fueron causadas por neumonía bacteriana.

Una ventaja principal es que esta vacuna permite la creación de memoria, además de que, cuando se completa el esquema recomendado, el niño modifica su estado de potador y no transmite los tipos de neumococo contenidos en la vacuna evitando la contaminación, es decir, protege a los sectores de población que no han sido vacunados.

Reconocemos que debido al costo del biológico, su implementación probablemente deberá ser progresiva iniciando con las poblaciones de mayor riesgo como los niños inmunosuprimidos o los que habitan en zonas de alta marginalidad, pero que poco a poco deberá integrarse a toda la población infantil dentro del esquema básico de vacunación, pues en salud debemos prioritariamente establecer acciones preventivas que finalmente redundaran en menor incidencia de enfermedades y muerte y en consecuencia en menor gasto de atención.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones pongo a consideración de esta LIX Legislatura el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación de la vacuna contra el neumococo dentro del esquema básico de vacunación iniciando con la población de mayor riesgo como son los niños con inmunosupresión o habitantes de zonas de alta marginalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2005. --- Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Córdova. Túrnese a la Comisión de Salud.

Esta Presidencia da más cordial bienvenida a este recinto a un grupo de invitados del señor diputado Jaime del Conde Ugarte, del estado de Aguascalientes; sean ustedes bienvenidos.

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SECTOR PESQUERO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas locales a que integren una comisión de pesca y acuacultura.El diputado Evaristo Corrales Macías: Con su permiso, diputado Presidente. En México, el sector pesquero ha aprovechado en cierta medida el proceso de desarrollo pesquero mundial sin precedente, caracterizado por el uso de motores de diesel, el empleo de materiales sintéticos para construir redes, líneas, la polea motriz, el uso de refrigerantes, las bombas de succión e intercambiadores de calor, lo cual permitió mejorar notablemente sus técnicas y métodos de captura, así como la autonomía en embarcaciones y su poder de pesca.

De 1970 a 1982, la pesca recibió el mayor apoyo que se le ha dado. Se crea el Departamento de Pesca, en 1976, como dependencia autónoma, y en 1982 se transforma en la Secretaría de Pesca, que funcionó durante los sexenios 1982-1994. En esta etapa se impulsa la investigación, fundamentalmente para el crecimiento, desarrollo pesquero, se apoya la acuacultura, inicia técnicamente la camaronicultura. La producción pesquera se incrementó considerablemente, de 254 mil toneladas en 1970 a 1 millón 565 mil en 1981. En el sexenio 1994-2000, la pesca sufre un fuerte golpe, y al desaparecer la Secretaría de Pesca y transformarse nuevamente en una Subsecretaría, en 2001 la Subsecretaría de Pesca se transformó en una Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), con sede en Mazatlán, Sinaloa y el decreto que crea la Comisión la cataloga como un órgano desconcentrado de la Sagarpa, con múltiples funciones, pero con facultades reales y poder de decisión sumamente limitados, lo que relega su importancia, su lejanía geográfica del sur y del noreste del país, aunado a su escaso poder de decisión. Han dificultado su accionar, en detrimento de los agentes del sector pesquero y acuícola.

Por lo que toca al marco jurídico que regula la pesca, el año pasado se reformó el artículo 73 de la Constitución Política para facultar a los Congresos locales, al Congreso de la Unión, perdón, a expedir leyes que establezcan la concurrencia al Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. De esa participación local, promovida por dicha reforma, se hace cada vez necesaria la intervención de los estados en la elaboración del marco jurídico local que permita construir normas que estimulen el desarrollo de la actividad pesquera en nuestro país. Necesitamos que nuestros Congresos locales, por medio de un ente especializado, atiendan de manera directa y específica los asuntos relacionados con el sector. El ejemplo más claro de la importancia de la Comisión de Pesca está en esta propuesta, que ha promovido la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, a través de la cual se han impulsado reformas legales, mayores recursos presupuestarios a la pesca, el acercamiento de las propuestas del sector pesquero a este cuerpo legislativo y una comunicación más estrecha con las Legislaturas locales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito que se someta a la consideración de la H. Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo:

Único. Con pleno respeto de la autonomía estatal, se exhorta a las Legislaturas locales, de las distintas entidades federativas de la República Mexicana, a que integren en sus respectivos órganos de gobierno una comisión de pesca y acuacultura, que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero.

Señor Presidente: quisiera solicitar, con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 59... Quisiera solicitar que sea sometido a esta honorable Asamblea este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Es cuanto, y muchas gracias por su apoyo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas locales a integrar una comisión de pesca y acuacultura, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a la consideración de esta soberanía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existe evidencia de que la pesca se practica en México desde la época prehispánica. Sin embargo, dentro de los sectores agroindustriales del país, el pesquero ha sido el de más lento desarrollo. Prueba de ello son la mayoría de las técnicas de pesca que se emplean, mismas que se dan de manera artesanal, con poco impacto fuera de las zonas costeras. El procedimiento básico de pesca que se utilizaba en el siglo XIX era similar al que actualmente usan los pescadores: localización del recurso, captura, transportación y procesado, principalmente salado y secado.

A pesar de lo anterior, México ha aprovechado en cierta medida, el proceso de desarrollo pesquero mundial sin precedentes, caracterizado por el uso de motores a diesel, el empleo de materiales sintéticos para construir redes y líneas, la polea motriz, el uso de refrigerantes, las bombas de succión, intercambiadores de calor, lo cual permitió mejorar notablemente las técnicas y métodos de captura, así como la autonomía de las embarcaciones y su poder de pesca.

Aunado a lo anterior, en nuestro país la apertura de caminos, la electrificación, la aparición de sistemas de enfriamiento sencillos y baratos como las plantas productoras de hielo y cuartos fríos, transformaron por completo las pesquerías, sobre todo aquellas cercanas a la capital y a las ciudades con mayor población.

Entre 1970 y 1982, la pesca recibió el mayor apoyo que se le ha dado, se crea el Departamento de Pesca en 1976 como dependencia autónoma, y en 1982 se transforma en la Secretaría de Pesca, realizando una importante labor durante los dos siguientes sexenios (1982-1994).

En esa etapa se impulsa la investigación, fundamental para el crecimiento y desarrollo pesquero, se apoya la acuicultura e inicia técnicamente la camaronicultura. La producción pesquera se incremento considerablemente de 254 mil toneladas en 1970, a un millón 565 mil en 1981. De esta forma la población, dedicada a la actividad de la pesca se incremento casi el doble pues en 1982, se tenia un registro de 117 mil 106 personas y para 2003 se tenia un estimado de 273 mil.

En el sexenio de 1994-2000, la pesca sufre un fuerte golpe al desaparecer la Secretaría de Pesca y transformarse nuevamente en Subsecretaría, desconociendo su importancia y centralizándose toda la administración e investigación en el Distrito Federal.

En el año 2001, la Subsecretaria de Pesca se transformó en una Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con sede en Mazatlán. El decreto que crea la Comisión la cataloga como órgano desconcentrado de la SAGARPA, con múltiples funciones, pero con facultades reales y poder de decisión sumamente limitados que relegan su importancia. Su lejanía geográfica del sur y del noreste del país, aunado a su escaso poder de decisión han dificultado su accionar, en detrimento de los agentes del sector pesquero y acuícola.

Consideramos que la pesca es una actividad fundamental para el desarrollo y crecimiento del país. No obstante, el sector se ha desarrollado de manera asimétrica entre las distintas entidades del país y en las propias regiones pesqueras.

La importancia de este sector le ha valido ser reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo. No cabe duda que es fuente importante de alimentos para la población, aporta insumos para la industria y divisas por la venta de productos de alto valor comercial. En el ámbito local, las actividades pesqueras se han convertido en elementos fundamentales del ingreso de segmentos importantes de la población y han impulsado el desarrollo económico regional.

Por lo que toca al marco jurídico que regula la pesca, el año pasado se reformó el artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

De esa participación local promovida por dicha reforma, se hace cada vez más necesaria la intervención de los estados en la elaboración del marco jurídico local que permita construir las normas que estimulen el desarrollo de la actividad pesquera. Necesitamos que nuestros Congresos locales, por medio de un ente especializado, atiendan de manera directa y específica, los asuntos relacionados con este sector.

El ejemplo más claro de la importancia de una Comisión de Pesca, está en las propuestas y avances que ha promovido la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados Federal, a través de la cual se han impulsado reformas legales, mayores recursos presupuestarios a la pesca, el acercamiento de las propuestas del sector a este cuerpo legislativo y una comunicación más estrecha de las legislaturas locales.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Con pleno respeto a la autonomía estatal, se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana a que integren, en sus respectivos órganos de gobierno, una comisión de pesca y acuacultura que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. José Evaristo Corrales Macías (rúbrica).» El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene usted razón en cuanto al fundamento del Reglamento; en lo que no tendría usted razón es en que el acuerdo marca que la Junta de Coordinación Política tome un acuerdo previo. Luego entonces, esta Presidencia lo turna a la Comisión de Gobernación.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí, señor diputado De la Vega Asmitia. Sonido en la curul del diputado De la Vega Asmitia.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente: si bien, efectivamente, hemos establecido esa práctica para que un asunto que no sea de urgente resolución previamente comunicado se turne a comisión, en muchas ocasiones esta Presidencia ha concedido, siempre y cuando el Pleno así lo acuerde, la posibilidad de que el asunto sea considerado de urgente y obvia resolución cuando lo amerita el tema, como es el caso, por lo cual le solicitaríamos que consultara a la Asamblea si el asunto pudiera considerarse de urgente y obvia resoluciónEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Usted considera que el tema de que se integren comisiones de pesca y acuacultura en las diversas Legislaturas es de urgente resolución?

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): ¡Sí, señor!

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si así se considera, en votación económica, en el entendido de que son dos terceras partes.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se acepta la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

Esta Presidencia da la bienvenida a personas que provienen de los municipios de Saltillo, La Fragua y Atzitzihuacan, del estado de Puebla, invitados por el señor diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja.

Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal... Perdón, ésta ya se turnó; ésta ya se turnó. Les ruego que me disculpen. Señoras y señores legisladores.

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GAS NATURAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a solicitud de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI

La Diputada Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formular una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes:

Antecedentes

Uno.- Con fecha 10 de marzo de 2004 fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente, por la suscrita, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a las Secretarias de Hacienda y Crédito Publico, y de Energía, así como a la Comisión Reguladora de Energía, a replantear la fórmula del precio del gas natural en México.

Dos.- La proposición en cuestión fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía para efectos de Dictamen en los términos de los artículos 87 y 88 del Reglamento antes invocado.

Consideraciones

I. Se sustentó la Proposición de referencia, en lo siguiente:

1. Actualmente, Pemex Gas y Petroquímica Básica ocupa una posición estratégica, al tener la responsabilidad del procesamiento del gas natural y sus líquidos, así como del transporte, comercialización y sus productos.

2. Pemex Gas, de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es un organismo público descentralizado de carácter técnico, industrial y con personalidad jurídica propia.

Este organismo está facultado para realizar las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto legal, el cual consiste en el procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos; así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.

3. La Comisión Reguladora de Energía debe contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomenta una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propicia una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

4. En el ámbito internacional en el año 2002, Pemex Gas se situó como la 8ª empresa procesadora de gas natural, con un volumen procesado cercano a los 4,000 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), y como la 3ª empresa productora de líquidos, con una producción de 418 mil barriles diarios (mbd). Cuenta con una extensa red de gasoductos, a través de la cual se transportaron poco más de 4,000 mmpcd de gas natural, lo que la ubicó en el 10° lugar entre las principales empresas transportistas de este energético en Norteamérica.

5. En México, en el año 2002 Pemex Gas se posicionó como la 8ª empresa más grande del país por su nivel de ingresos, cercanos a los 9,000 millones de dólares, con activos del orden de 6,230 millones de dólares. Adicionalmente, Pemex Gas constituye una fuente importante de trabajo, al emplear a poco más de 12,000 trabajadores.

6. México es uno de los países con mayores reservas probadas de gas natural, las cuales se calculan en 22 billones de pies cúbicos (equivalentes a 4,460 millones de barriles de petróleo crudo) que al ritmo de producción actual son suficientes para satisfacer la demanda de gas natural del país durante los próximos 22 años.

7. Es incongruente que en México el gas natural tenga uno de los precios más altos del mundo y al mismo tiempo cuente con amplias reservas probadas de gas natural.

México, siendo país productor e importador de gas natural cuenta con precios por encima de otros países, incluso no productores. En contraste, a pesar de este aumento de precios no se ha logrado aumentar la producción de gas natural, ni mejorar la calidad del suministro.

II. Es importante reconocer, que actualmente los seis Contratos de Servicios Múltiples que operan empresas privadas han contribuido a disminuir las compras al extranjero del combustible; sin embargo esto no ha sido suficiente.

México seguirá importando gas natural mientras no invierta recursos suficientes para aumentar la producción y así lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda.

En resumen, a pesar de que el Presidente Vicente Fox anunció que publicará un decreto sobre los precios de gas natural, para evitar que el desastre en Estados Unidos por el huracán Katrina incremente los costos del energético e impacte de manera negativa en la economía nacional, el gobierno no ha sabido plantear las modificaciones requeridas, ni implementar una política energética que permita la reinversión en la exploración y explotación del gas natural.

Consecuentemente, solicito de esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se sirva:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía de la Cámara de Diputados, a fin de que presente el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que se identifica en esta excitativa.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía para que emitan el dictamen correspondiente en cuanto al replanteamiento de la fórmula para el establecimiento del precio del gas natural en México.

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LEY DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MANGLAR - LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, de igual manera, recibió de parte del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ganadería.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Excitativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería, a solicitud del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicitó respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería, para que a la brevedad posible dictaminen para su presentación en el pleno de esta soberanía la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada el pasado 4 de mayo del 2005 al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El pasado 4 de mayo del 2005, el que suscribe presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería, por ser un tema de su competencia, para que emitieran el dictamen correspondiente.

Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento, el que suscribe insiste y hace énfasis en la necesidad de expedir la normatividad que regule y proteja al ecosistema manglar.

En razón de lo anterior se expresan las siguientes:

Consideraciones

Primero.- El deterioro en el ambiente es innegable, lo podemos observar en los mares, las montañas, las zonas selváticas, las zonas forestales y todos aquellos ecosistemas a los cuales tenemos acceso como es el caso de los humedales costeros en zona de manglar.

Segundo.- En las zonas de manglar se encuentran innumerables especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas epifitas, líquenes, hongos, los cuales constituyen una fuente de riqueza ambiental inigualable.

Tercero.- Los manglares son zonas de apareamiento y cría de gran cantidad de especies que sirven como base de la alimentación humana, son refugio para formas de vida marina en etapa larvaria, además protegen a las costas de la erosión, y han proporcionado durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales. Asimismo constituyen una verdadera fuente de centros de crianza de numerosas especies de importancia comercial para la pesca, de mantenimiento de la calidad del agua para la acuacultura y, de estabilidad a la zona costera para la permanencia de centros poblacionales.

Cuarto.- La destrucción de estos ecosistemas son alarmantes, hasta ahora, más del 50 por ciento de los manglares del mundo han desaparecido, históricamente se consideraba que el 75 por ciento de la línea de costa de los trópicos estaba cubierta por manglar; de ese total, hoy sólo queda 25 por ciento.

Quinto.- Además de las bondades ya mencionadas los manglares proveen protección contra inundaciones, huracanes y efecto del oleaje; control de la erosión de la línea de costa y cuencas; soporte biofísico a otros ecosistemas costeros; son proveedores de áreas de crianza, reproducción y alimentación de especies de importancia comercial; brindan mantenimiento de la biodiversidad; funcionan como trampas y almacenamiento de material orgánico, nutrientes y contaminantes; ayudan a la exportación de material orgánico; son pilar de la resistencia de sistemas costeros adyacentes; sirven como productores de oxígeno y lavadero del bióxido de carbono; se erigen como una trampa de agua dulce y recarga de mantos freáticos; ayudan a la formación de suelos y mantenimiento de fertilizantes además en la regulación de clima local y global; son hábitat temporal o total de especies de importancia comercial para la pesca; ayudan al mantenimiento de la calidad de agua para actividades acuícolas; se identifican íntimamente con los valores culturales, espirituales y religiosos asociados; son fuente de inspiración artística y sobre todo fuente de información científica.

Sexto.- La tala irracional de los árboles, ya sea con el fin de aprovechar la madera, destruir el manglar para reemplazarlo con alguna construcción turística o industrial, o de utilizar esas tierras para agricultura o ganadería trae graves consecuencias, tanto para el entorno marino, debido a que hay pesquerías dependientes del manglar, como el terrestre, porque ya no hay freno a la erosión o inundación por el mar.

Séptimo.- La preservación de los manglares tiene un papel fundamental para los seres humanos en muchos sentidos por lo que su protección a través de ordenamientos jurídicos se constituye como una prioridad, de ahí que la intención de la presente iniciativa se remonta a la omisa atención que dan las autoridades competentes al problema de la devastación de los manglares, denominados también humedales costeros en zona de manglar.

Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, solicito se sirva excitar a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería, para que presente el dictamen de la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desa-rrollo Forestal Sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro 12 de septiembre 2005.--- Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería, para que presente el dictamen de la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, esta Presidencia recibió de integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste la solicitud de excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión Sur-Sureste con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el Pleno de esta soberanía, la iniciativa por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, adquiera el carácter de comisión ordinaria y se le denomine Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

Antecedentes

Durante la sesión del día 7 de octubre del 2004, el suscrito presentó a nombre de los diputados integrantes de la Comisión Especial del Sur-Sureste de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, adquiera el carácter de comisión ordinaria y se le denomine Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.

En razón de lo anterior se expresan las siguientes:

Consideraciones

Primero.- El desarrollo regional se perfila como el medio más idóneo, mediante el cual se orientan las políticas sociales, económicas, ambientales, culturales y demográficas afines a los perfiles particulares de cada entidad federativa. En este marco, la planeación regional constituye un instrumento para armonizar la planeación a nivel federal y estatal que impacten en las políticas económicas-sociales y consecuentemente modifiquen la vida de todos los mexicanos, especialmente de los que viven en esa zona del país.

Segundo.- Con base en el principio de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los individuos de la sociedad mexicana, cuidando que las leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en ésta región. Considerando para las entidades federativas un marco respetuoso de concertación, entendimientos y consensos y de pleno respeto a la soberanía de los estados.

Tercero.- Consolidar un modelo de planeación para el desarrollo regional como un proceso continuo y permanente, donde el quehacer del Poder Legislativo esté acompañado de la necesidad de legislar al respecto, pensando permanentemente en las estrategias y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo, para atacar los problemas de la reforma estructural corrigiendo los sesgos que han afectado negativamente la región Sur-Sureste de México.

Cuarto.- La región Sur-Sureste de la República Mexicana, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestran un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del Centro y Norte. Entre otros factores, ello también ha derivado la aparición de intensos procesos migratorios tanto hacia las cabeceras regionales como en áreas de colonización espontánea, trayendo consigo un aumento de las economías informales urbanas y una ampliación de la frontera agrícola con impactos severos en las superficies forestales.

Quinto.- En virtud, de que la Comisión Especial del Sur-Sureste vislumbra urgente que en lo inmediato los gobiernos estatales cuenten con un canal para exponer sus necesidades y oportunidades, y estén en mejores posibilidades de contribuir al proceso de planeación-programación-presupuestación e incorporen sus propuestas, a objeto de elaborar los planes regionales de desarrollo, en la que los estados sean actores centrales y no espectadores en este proceso.

Sexto.- Crear una nueva visión de regionalización desde el Poder Legislativo, que garantice integración y articulación territorial considerando como básico los criterios de ataque a la pobreza, aprovechamiento intensivo de recursos en regiones con potencial, aspectos de regionalización, de recurrencia de mercados, organización social y cultural, aspectos étnicos, distribución de la población e ingreso, aspectos ambientales y localización de lugares regionales estratégicos para distribución de servicios, administración y apoyos a la producción.

Séptimo.- Que en virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Reglas y Prácticas Parlamentarias emita el dictamen correspondiente, de la iniciativa presentada ante este Pleno el 7 de octubre de 2004; acudo ante esta honorable asamblea de conformidad al artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a la Comisión antes mencionada a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo expuesto y fundado, se solicita, a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente se sirva:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales antes citados, se sirva excitar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente (rúbrica); Francisco Herrera León, Secretario (rúbrica); Jesús Vázquez González, Secretario (rúbrica); Francisco Chavarría Valdeolivar, Secretario (rúbrica); Rogelio Rodríguez Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belizario Iram Herrera Solís, Roger David Alcocer García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Juan García Costilla, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Martínez Álvarez.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

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CODIGO PENAL - LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De parte de los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional, a solicitud de los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del PRI

Los que suscriben, María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional a fin de elaborar el dictamen correspondiente a la iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 160, 161 y 162 del Código Penal Federal; se reforman los artículos 26, inciso D, y 83 Bis, fracción II, segundo párrafo, se adiciona el 85 Bis, numeral 1, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y se adiciona al artículo 194 inciso I, el numeral 9 Bis y a la fracción III los numerales 6, 7 y 8 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Antecedentes

El pasado martes 8 de febrero del año en curso, el Diputado Eduardo Bailey Elizondo y una servidora presentamos ante esta soberanía una iniciativa de ley que, en vista del desmedido crecimiento de la inseguridad y la delincuencia organizada en el país, y de la insuficiencia de las disposiciones legales actuales para hacer frente a estos flagelos, aporta elementos de valor que permiten reforzar la lucha que debe darse contra estos delitos en todos los niveles.

Es evidente que la acción del Estado mexicano hasta ahora ha sido claramente limitada para inhibir la portación y el uso de armas de fuego en la comisión de delitos. Sin ánimo de parecer alarmista, se debe reconocer que basta leer los periódicos o escuchar los noticieros cada mañana para darse cuenta de que es cada día más palpable que las instituciones encargadas de la prevención de la delincuencia y de la persecución de los delitos han sido rebasadas por el fenómeno de la delincuencia.

Nuestra tarea principal como legisladores es crear o mejorar los ordenamientos legales que, entre otras cosas, aporten seguridad a los mexicanos, no sólo con una persecución eficaz de los delitos, sino sobre todo, con la prevención de los mismos, ya que es por todos sabido que numerosos especialistas en el tema coinciden en señalar que este factor, el de la prevención, juega un papel de primer orden en el combate de los delitos.

En este sentido, la propuesta mencionada básicamente establece dos grandes acciones, una de carácter preventivo, permitiendo el otorgamiento de licencias para la portación de armas únicamente a quienes NO hayan cometido un delito doloso con el empleo de las mismas; y la otra acción, basada en el establecimiento de que dicha portación ilegal será calificada como delito grave, lo cual lleva implícita la disposición legal de no ser acreedores a los beneficio de la libertad bajo caución. En resumen la finalidad es que las autoridades competentes en la materia cuenten con los dispositivos legales para sancionar de manera más efectiva la inseguridad que cada día se va incrementado en nuestro país.

Por lo expuesto anteriormente, y atendiendo a que ha transcurrido el tiempo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que las Comisiones elaboren y presenten los dictámenes correspondientes a las iniciativas que se les turnan, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional para que procedan a la elaboración del dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan los ordenamientos mencionados en la introducción de la presente excitativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de septiembre de 2005. --- Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Dip. Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional para que procedan a la elaboración del dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan los ordenamientos mencionados en la introducción de la presente excitativa.

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CODIGO PENAL - LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo se recibió del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, Jorge Triana Tena, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la Iniciativa que reforma el artículo 230 del Código Penal; y adiciona el artículo 226 Bis y Reforma el 420 de la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas, en razón de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 30 de noviembre de 2004, presenté al Pleno de esta Soberanía una Iniciativa que reforma el artículo 230 del Código Penal; y adiciona el artículo 226 Bis y Reforma el 420 de la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas.

II. La iniciativa en comento fue turnada a las Comisiones unidas de Salud y Justicia y Derechos Humanos para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado por lo que me presento ante esta Soberanía para expresar las siguientes

Consideraciones

Primero. Las muestras médicas y los originales de obsequio son productos que únicamente tienen la finalidad de demostrar sus características. En este sentido, carecen de valor comercial y no pueden dedicarse a la venta interna en el país.

No obstante, y de manera muy desafortunada, cada vez es mas común en los tianguis de la Ciudad de México y otras ciudades del interior del país encontrar la venta clandestina de medicamentos en cuya presentación se encuentra impresa la leyenda ``muestra médica no negociable'', este fenómeno es cada vez mas recurrente e implica, indiscutiblemente, un riesgo para la salud de las personas que deciden comprar estos medicamentos en los tianguis, porque evidentemente realizan esa adquisición sin ningún tipo de prescripción médica.

Segundo. La práctica ilegal en la venta de medicamentos ha sido nota en los últimos meses. Se ha denunciado la venta de medicamentos muestra y original de obsequio en los estados de Jalisco y Michoacán, en el tianguis de Santa Cruz Meyehualco en el Distrito Federal, entre otros lugares.

Tercero. El Reglamento de Insumos para la Salud establece en el artículo 34 la prohibición de vender al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social. No obstante, dicho ordenamiento no lo vincula directamente con una sanción monetaria, como sí lo hace para quien infrinja la disposición de vender o suministrar medicamentos que requieren receta médica.

Cuarto. Por su parte, la Ley General de Salud faculta a la autoridad sanitaria, en casos como el descrito, para aplicar medidas que van desde la suspensión de trabajos o servicios hasta la revocación de autorizaciones, decomiso de mercancía y la clausura del establecimiento.

Quinto. La venta de dichas muestras implícitamente conlleva a la obtención de un lucro indebido, al comercializar una cosa cuya venta se encuentra prohibida.

Sexto. El bien jurídico que se pretende tutelar es la salud humana. Es una realidad indiscutible que la venta de muestras médicas, implica un riesgo para la salud, pues no existe control de la autoridad en su prescripción y suministro toda vez que se trata de un mercado negro. Y siendo este el caso, es recomendable que se sujete al ámbito de la legislación sanitaria.

Séptimo. La Ley General de Salud, establece las bases y modalidades para dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo cuarto de la Constitución.

Octavo. Por ende, además de considerar la incorporación del delito de venta de muestras médicas en el Código Penal, se debe incorporar en la ley general de salud la prohibición de dicha conducta enlazándola con una sanción administrativa que implique una multa, lo cual serviría para inhibir al potencial infractor.

Noveno. Dado el riesgo para la salud que representa la venta ilícita de medicamentos que se consideran no negociables, es pertinente la idea de reforzar la legislación con la prohibición de la conducta, la tipificación penal y las sanciones que inhiban dichas actividades.

Décimo. Por cuanto hace al robo de las muestras médicas, es menester indicar que el robo de dichas muestras, ya sea efectuado por personal que tenga acceso y custodia de las mismas o por cualquier persona ajena que se apodere de ellas, dichas acciones ya se encuentran contempladas y sancionadas en el código Penal Federal ya sea como robo genérico establecido en el artículo 367 o como abuso de confianza establecido en el artículo 383.

Undécimo. Sin embargo, respecto de la gravedad que implica la comercialización indebida de las muestras médicas, y que ha representado, indiscutiblemente, el desabasto y encarecimiento de medicinas en nuestro país, se propone que el marco jurídico abarque y contemple a cualquier persona que venda muestras médicas u originales de obsequio no negociables.

Duodécimo. La propuesta pretende aterrizar la reforma en la Ley General de Salud. Para ello, se propone establecer en esta ley la prohibición de vender medicamentos no negociables, en los términos vigentes en el reglamento de insumos para la salud. Así mismo, se propone una multa en la zona de que se trate, considerando que es el mismo rango para quienes vendan y suministren medicamentos con fecha de caducidad vencida.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que formulen el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de septiembre de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que formulen el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo se recibió también, del señor diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

I.- El derecho es un fenómeno social, por lo tanto es dinámico y la adopción como institución jurídica no es la excepción, ha variado tanto en sus objetivos que habiendo surgido como una institución que favorecía los intereses del adoptante, ya para satisfacer necesidades sucesorias, conservar el linaje familiar, el culto doméstico, asegurando para el adoptante oraciones para su alma después de la muerte que quedaban a cargo del adoptado, un remedio a la paternidad frustrada, hasta convertirse hoy en día en una auténtica forma de protección de menores e incapacitados, donde prevalece el interés público sobre la voluntad individual.1

II.- En el derecho mexicano la figura de la adopción comenzó a tratarse dentro de los Códigos Civiles de 1870 y 1884 sin ser conocida como tal, sino que más bien se mencionaba lo referente a la tutela de los hijos abandonados y al reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Posteriormente, en el Código Civil de 1928, vigente en la actualidad, se considera a la adopción como una institución de suma importancia dentro del ámbito de derecho mexicano.

El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal de 1928, que tuvo vigencia en el Distrito Federal desde 1932 hasta el 1° de Junio de 2000, reproduce disposiciones de la Ley de Relaciones Familiares que sólo permitía realizar adopciones bajo la forma simple. Las principales características de la adopción simple reguladas en este cuerpo legal, que fue vigente en México durante casi siete décadas y que en múltiples ocasiones sirvió de modelo para las legislaciones estatales, son:

Los derechos y obligaciones del parentesco natural no se extinguen, sufren modalidades.

La patria potestad se transfiere a los adoptantes.

El parentesco que surge es civil.

La filiación adoptiva simple se añade a la filiación biológica, según Zannoni a consecuencia de ello ``la persona se encuentra con una doble pertenencia familiar: el vínculo del parentesco con el adoptante y los vínculos de parentesco con la familia de origen''.2

Si la filiación consanguínea es determinada con posterioridad a la adopción simple, por medio del reconocimiento o de una sentencia judicial, la adopción continúa surtiendo efectos.

La vocación hereditaria es recíproca pero se restringe al adoptante y adoptado.

En materia de alimentos conserva sus derechos pero solo de manera subsidiaria.

Según Montero ``el adoptado no entra a formar parte de la familia del adoptante''.3 Los efectos son muy limitados, los hijos del adoptante no son sus hermanos, los padres del adoptante no son sus abuelos, los hermanos del adoptante no son sus tíos, etc.

Subsisten los impedimentos para contraer matrimonio con sus parientes, pero se extienden al adoptante, mientras subsista el vínculo; este impedimento no incluye a los hijos adoptivos simples del mismo adoptante, por lo que entre ellos no existe impedimento alguno para contraer nupcias, tampoco entre el adoptado y el cónyuge del adoptante, ni entre el adoptante y el cónyuge del adoptado, ni entre los descendientes biológicos del adoptante y el adoptado.

Es revocable, es impugnable. Sus efectos no son definitivos.

III.- El 28 de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adiciona al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal constituyendo un nuevo régimen jurídico en la materia. Los cambios fundamentales de esta reforma, fueron:

1. Se instituye la figura jurídica de la adopción plena, adicionalmente a la simple que ya se encontraba regulada, dando como resultado un sistema mixto.

2. Se permite la posibilidad de convertir la adopción simple a plena.

3. En los casos de adopción plena se establece que el acta de nacimiento se otorgará en los mismos términos que para los hijos consanguíneos, y a partir de su expedición, no se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado, ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio, consagrando con ello el llamado derecho a la identidad.4

4. El parentesco que surge con la adopción plena formalmente es consanguíneo, y se extiende con todos sus efectos a los parientes del adoptante y a los descendientes del adoptado, al autorizarse la adopción plena desaparece todo vínculo de parentesco del adoptado con su familia original, con todos sus efectos jurídicos, vocación hereditaria, alimentos, etc., con excepción de los impedimentos para contraer matrimonio que subsisten y se extienden en igual forma a los parientes del adoptante.

5. En la adopción simple sigue habiendo solo parentesco civil limitado al adoptante y al adoptado, subsistiendo el parentesco consanguíneo y algunos efectos jurídicos con la familia de origen, vocación hereditaria, alimentos de manera subsidiaria, impedimentos para contraer matrimonio, etcétera.

6. Prohíbe expresamente la adopción plena entre parientes consanguíneos.

7. Se incorpora al texto legal una sección especial sobre adopción internacional, especificándose que éstas siempre serán plenas, se regula lo relativo a las adopciones hechas por extranjeros, estableciendo la preferencia para ser adoptantes a los mexicanos con respecto a los extranjeros.

Sin embargo, el día 1° de Junio del año 2000, el Código Civil para el Distrito Federal nuevamente es reformado, lo cual transforma de nuevo el régimen jurídico de esta institución implementado en 1998. Lo más importante de esta reforma, es que se deroga la Adopción Simple permitiéndose sólo en su forma plena.

IV.- La adopción es el vínculo jurídico creador del parentesco civil, entre adoptante y adoptado y confiere los derechos y deberes establecidos entre padres e hijos. Rafael de Pina dice que: ``Adopción es un acto jurídico que se crea entre el adoptante y el adoptado, adoptando un vínculo de parentesco civil que se deriva en relaciones análogas a las que resulta de la paternidad y filiación legítimas''.

La palabra adopción desciende de la palabra adoptar que proviene de los vocablos latinos Adoptare que significa: recibir como hijos, y de Optare que es desear. Por lo tanto, según Antonio de Ibarrola adoptar es: ``el recibir como a un hijo a aquel que se le desea''.

Una vez conceptuado lo que es la adopción, podemos definir las dos formas de adopción que hay: una es la plena y otra es la simple, toda vez que son dos figuras jurídicas que se desglosan de la adopción en forma general.

Así, tenemos que adopción simple es aquella en la cual las consecuencias jurídicas se dan entre adoptante y adoptado o bien los efectos recaen solo en ellos, quedando lógicamente libres de cualquier obligación con el adoptado los familiares del adoptante, esto es el vínculo que se crea persistirá exclusivamente entre adoptante y adoptado.

La adopción plena es aquella cuyas consecuencias jurídicas se dan entre el adoptante y el adoptado, reconociendo a éste último como un verdadero hijo nacido del matrimonio y para el caso de no existir el vínculo matrimonial, como un hijo en el sentido amplio de la palabra; dándose sus efectos también entre el adoptado y los familiares del adoptante.

Sin embargo, el 28 de abril del año 2000 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un dictamen de la iniciativa de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, entre las que destaca que:

``Se deroga la figura de la adopción simple, pues toda adopción debe tener efectos plenos, dejando la excepción para el caso de que se realice entre parientes. De hecho desde que se estableció la misma no ha habido solicitudes de adopción simple, según pudimos investigar''.5 Por lo tanto, la Asamblea Legislativa derogó la Sección Segunda del Capítulo V referente a la adopción y que abarca del artículo 402 al artículo 410.

Sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en sus artículos 925 y 925-A remite a los artículos 407 y 404 del Código Civil para el Distrito Federal mismos que fueron derogados.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta H. Cámara de Diputados realice un atento y respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, con el objeto de eliminar el concepto de adopción simple, tomando en consideración que esta figura desapareció del Código Civil para el Distrito Federal, en el año 2000.

Notas:

1 Saldaña Pérez, Jesús. El régimen jurídico de la adopción en el Código Civil para el Distrito Federal. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

2 Zannoni, Eduardo A., Derecho civil. Derecho de familia, 2ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 1993, t. II, p. 137.

3 Montero Duhalt, Sara, Derecho de familia, 5ª edición, México, Porrúa, 1992, pp. 329 y 330.

4 El Límite de este anonimato es cuestionable, ``la defensa a ultranza del mismo si se le concibe como secreto absoluto (en lugar de lo que debe ser: simple protección de la intimidad...) podría llevar a un resultado adverso al pretendido... el hijo puede ver cercenado su derecho a conocer quien fue su progenitor biológico o a contar con ese dato para la defensa de sus intereses morales y materiales como así también los relacionados con la salud física o psíquica... ejemplo de ello constituye la eventual necesidad de transplantar (riñón) proveniente de un hermano, medio hermano, padre, madre, etcétera, como intento de una solución de enfermedad irreversible''. Verruno, Luis, et al., Banco genético y derecho a la identidad, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1988, p. 75.

5 Exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se derogan, reforman, adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, de fecha 17 de abril de 2000.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil cinco.--- Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Recibimos de parte de la diputada Adriana González Furlong una solicitud para ampliar el turno de la iniciativa que presentó el señor diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a efecto de que se tome en cuenta la opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ampliación que estamos acordando favorablemente en este acto.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el orden del día de la siguiente sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de septiembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Tres, por los que remite acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.

Dictámenes negativos

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Servicio Militar y su reglamento.

De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 56 de la Ley del Servicio Militar Nacional.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona una fracción XV al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma la fracción I del artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 195 y 199 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 294 y 296 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La última verificación de quórum cuenta como lista final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 14:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 20 de septiembre, a las 11: 00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto dos horas antes.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 52 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 259 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 392 diputados.

Verificación de quórum: 343 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 343 diputados.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 23.

Puntos de acuerdo, aprobados: 4.

Diputado que solicita licencia: 1.

Excitativas a comisiones: 6.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2.

Oradores en tribuna: 42

PRI-12; PAN-17; PRD-9; PVEM-1; PT-1; Conv-2.

Se recibió:

1 comunicación de la Cámara de Senadores;

1 comunicación de la Asamblea Legislativa;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, que propone cambios en la integración de la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV;

1 solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, para modificar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Seguro Popular, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, en sesión de la Comisión Permanente de fecha 3 de agosto de 2005;

5 iniciativas del PRI;

4 iniciativas del PAN;

2 iniciativas del PRD;

2 iniciativas del PVEM;

1 iniciativa del PT;

2 iniciativas de Conv.

Dictámenes aprobados:

1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que lleven a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules;

1 de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República y al Secretario de Educación Pública, a que expidan la declaratoria correspondiente con la protección legal que le corresponde como zona arqueológica al predio denominado ``Rancho Las Trancas'', en la delegación política de Azcapotzalco, del Distrito Federal;

1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que informe sobre el fundamento, criterios y condiciones bajo los que se otorgan permisos para realizar sorteos por televisión; sobre la cantidad de permisos otorgados; sobre las participaciones que han correspondido al Gobierno Federal por los productos obtenidos por los permisionarios que realizan sorteos por televisión, así como sobre su destino y el estado que guarden las quejas presentadas al respecto;

1 de las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades del Distrito Federal, en particular a la Secretaría de Salud, a que se lleve a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico de los hospitales del Gobierno del Distrito Federal, derivado del caso de la niña Lizeth Peña Sosa;

1 de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a que través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instruya al Instituto Nacional de la Pesca, para que continúe con las investigaciones necesarias para optimizar los diseños de las redes de arrastre empleadas por la flota camaronera comercial, a fin de reducir la relación de las capturas de fauna de acompañamiento con respecto a la captura de camarón.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 38

Alemán Miglolio Gonzalo (PRI) Estado de Tamaulipas: 142

Arabian Couttolenc Myriam de Lourdes (PAN) Vivienda: 101

Arias Martínez, Lázaro (PRI) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores: 69

Bárcenas González, José Juan (PAN) Calendario cívico: 131, 140

Bazán Flores Omar (PRI) Código Penal Federal: 32

Bravo Carvajal Francisco Javier (PRI) Estado de Jalisco: 146

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Abasto de medicamentos: 135

Córdova Villalobos José Ángel (PAN) Ley de los Institutos Nacionales de Salud: 60, 72

Córdova Villalobos José Ángel (PAN) Vacuna contra el neumococo: 153

Corella Torres Norberto Enrique (PAN) Obesidad infantil: 144

Corrales Macías José Evaristo (PAN) Sector pesquero: 156

Chávez Dávalos, Sergio Armando (PRI) Estado de Jalisco: 133

Chávez Ruiz, Adrián (PRD) Estado de Chiapas: 83

De la Peña Gómez Angélica (PRD) Código Penal Federal: 47

De la Vega Asmitia José Antonio Pablo (PAN) Sector pesquero: 159 desde curul

Díaz Caneja Ángel Juan Alonso (PAN) Estado de Tabasco: 108

Franco Hernández, Pablo (PRD) Estado de San Luis Potosí: 105, 107

Gama Basarte, Marco Antonio (PAN) Estado de San Luis Potosí: 106, 107

Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia (PAN) Connacionales deportados: 117

González Yáñez, Óscar (PT) Ley Federal de Telecomunicaciones: 75

Gutiérez de la Garza Héctor Humberto Orden del Día: 80 desde curul

Islas Hernández Víctor Hugo Adrián (PRI) Comisión Especial de la Función Pública: 99

Islas Hernández Víctor Hugo Adrián (PRI) Excedentes petroleros: 138

Madrazo Rojas Federico (PRI) Artículo 6o. constitucional: 56

Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Estado de San Luis Potosí: 108 desde curul

Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Mara Salvatrucha: 116

Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Petróleos Mexicanos: 114

Murat Macías, José Adolfo (PRI) Verificación de quórum: 123 desde curul

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 33

Ovando Reazola, Janette (PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 44

Ovando Reazola, Janette (PAN) Estado de Chiapas: 124

Palafox Gutiérrez, Martha (PRI) Estado de Tlaxcala: 129

Palafox Gutiérrez, Martha (PRI) Estado de Tlaxcala - Estado de Puebla: 121

Perdomo Bueno, Juan Fernando (Conv) Código de Comercio: 53

Perdomo Bueno, Juan Fernando (Conv) Código Federal de Procedimientos Civiles: 37

Pérez Medina, Juan (PRD) Estado de San Luis Potosí: 103

Pérez Zaragoza, Evangelina (PAN) Ley General de Desarrollo Social: 28

Rivera Cisneros, Martha Leticia (PAN) Parlamentos de niñas y niños: 151

Rodríguez Fuentes, Agustín (PRD) Estado de San Luis Potosí: 106

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 65

Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio (PAN) Código Civil del Distrito Federal: 112

Zepeda Burgos, Jazmín Elena (PRD) Ley General de Cultura Física y Deporte: 63 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chávez Montenegro Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante Benjamín Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Fitz María Eugenia López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez Hernández Aldo Mauricio Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vela Del Campo Ernesto Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 138 Asistencias por cédula: 4 Asistencias comisión oficial: 8 Permiso Mesa Directiva: 31 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 41 Total diputados: 222 Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez Alonso Adrián Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Peniche, María Beatriz Zavala Gómez del Campo, Margarita Ester Asistencias: 105 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 23 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 17 Total diputados: 148 Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez, Tomás de la Peña Gómez, Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández Emiliano Vladimir Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Asistencias: 52 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 24 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 13 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Velasco Coello, Manuel Velasco Rodríguez Guillermo Asistencias: 9 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 4 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 3 Total diputados: 17 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Camarillo Zavala, Isidro Clouthier Carrillo, Tatiana Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Total diputados: 3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Bueno, Jesús Alemán Migliolo, Gonzalo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arechiga Santamaría, José Guillermo Bedolla López, Pablo Blackaller Ayala Carlos Carrillo Guzmán Martín Echeverría Pineda, Abel Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Galván Guerrero Javier Alejandro García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca González Huerta, Víctor Ernesto Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez Romero, Marco Antonio Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Jiménez Sánchez, Moisés Larios Rivas Graciela Morales Flores, Jesús Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Murat Hinojosa Alejandro Ismael Nava Altamirano, José Eduviges Pano Becerra, Carlos Osvaldo Ramos Salinas, Óscar Martín Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Saenz López, Rosario Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez Vázquez Salvador Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Torres Hernández, Marco Antonio Uscanga Escobar, Jorge Yu Hernández, Nora Elena Faltas por grupo: 41 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Chávez Murguía Margarita Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cruz García, Concepción Díaz Delgado Blanca Judith Döring Casar, Federico Flores Mejía Rogelio Alejandro Gutiérrez Ríos Edelmira Hernández Martínez Ruth Trinidad López Mena Francisco Xavier Martínez Cázares Germán Morales De la Peña Antonio Pasta Muñuzuri Angel Ríos Murrieta, Homero Rojas Toledo, Francisco Antonio Userralde Gordillo, Leticia Socorro Vega Casillas Salvador Faltas por grupo: 17 Bagdadi Estrella, Abraham Chávez Castillo César Antonio Figueroa Romero, Irma Sinforina García Ochoa Juan José Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Mojica Morga Beatriz Moreno Álvarez, Inelvo Nahle García, Arturo Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Ramos Hernández Emiliano Vladimir Rodríguez Fuentes, Agustín Agundis Arias, Alejandro Alvarez Romo Leonardo Velasco Rodríguez Guillermo Faltas por grupo: 3