DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputada María Marcela González Salas y Petricioli	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 21 de febrero de 2006	Sesión No. 8

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 346 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (a las 11:14 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de febrero.

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

Del diputado Quintín Vázquez García.

Protesta de ciudadana diputada.

Del diputado José Antonio Cabello Gil.

Del Congreso de Tlaxcala.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 507 aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero, a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 66 aniversario del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero, a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

Tres de la Asamblea Legislativa.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que esta soberanía pide al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüen los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del estado de Puebla y la procuradora general de Justicia de dicha entidad, así como la juez de la causa. (Votación)

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional Forestal, a modificar las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa para el Desarrollo Forestal (Prodefor), de tal forma que éstas continúen siendo incluyentes. (Votación)

Por el que se interpone controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006. (Votación)

Por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados en la XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo de 2006 en Valle de Bravo, estado de México. (Votación)

Relativo a la comparecencia del secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza, para que informe sobre el espionaje telefónico, la actitud del Gobierno Federal respecto al proceso electoral 2006 y la publicidad gubernamental. (Votación)

Relativo a la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora, para que informe sobre las acciones realizadas en contra del narcomenudeo y los programas federales de seguridad pública. (Votación)

Del Gobierno del Distrito Federal

Tres oficios, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Michoacán para solicitar a la Cámara de Diputados que dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 32, pasando la actual a ser X, y el 38 Quáter a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Con el que remite comunicación del Congreso del estado de Coahuila por el que se adhiere a otro del Congreso del estado de Sonora con relación a la Ley General de Población y a la Ley Aduanera.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el diverso de la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, mediante el cual solicita que se les hagan llegar las propuestas del Consejo Consultivo.

Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y Raymundo Salazar Mendoza puedan prestar servicios en las Embajadas de Italia y de la República de Paraguay en México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Minuta

Con proyecto de decreto, que concede el premiso constitucional necesario a los ciudadanos Claudio Edmundo Huízar de la Torre, Vidal Elías Gutiérrez, Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, María del Carmen García Plata Barrios y José Luis Gutiérrez Velarde para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa de la República Francesa, respectivamente. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Con proyecto de decreto, por el que se convoca al Congreso de la Unión a la celebración de una sesión solemne el 21 de marzo de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 399 y 399 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide una nueva Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley del Ejercicio Profesional, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 47, 48, 66 y 920 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Fuerzas Armadas Mexicanas'', a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley que Crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley que Crea la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 161 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Educación, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 99, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 168 Bis 1 al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Manuel Gómez Morín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1, 9, 10, 12 y 19 de la Ley General de Deuda Pública, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Energía, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Elí López Reyes para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Hella Mylene Audirac Lass y Aline Sol La Lande Vernier para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de Francia.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Hisa Susana Fukushima Taniguchi y Nina Irmeli Jaakkola para prestar servicios en las Embajadas de Japón y de Finlandia en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Guerra Elizondo, Lilia Francisca Villarreal Vega, Pedro Inés de la Cruz Hernández, Raúl Ramírez Ríos y Alain David Hernández Rubio para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Cortés Delgado y Francisco Tomás González Loaiza para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Oficial, y la ``Medalla del Pacificador'', que les confieren el Gobierno del Reino de España y el Ejército de la República Federativa de Brasil, respectivamente.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a Pemex a considerar las medidas pertinentes para atender los puntos relativos al desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejero Presidente del IFE rinda un informe acerca de los resultados obtenidos al transcurrir la vigencia del acuerdo denominado ``tregua navideña electoral'', a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal dar solución a la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria atiendan lo relacionado con el juicio de la pérdida de hectáreas de la superficie original del ejido Hoyo del Aire, localizado en el municipio de Taretan, en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se decrete la laguna de Tecocomulco, en Hidalgo, como área natural protegida, suscrita por los diputados Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Alfredo Bejos Nicolás, de los grupos parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro a suscribir el convenio que establece el Fideicomiso Pago, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la STPS, a la Ssa y a la Segob a intervenir en el problema de los trabajadores de la Moscamed en Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al comercio informal y ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a cargo del diputado Emiliano V. Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a investigar y sancionar a la empresa constructora Cocesa de Aguascalientes y la inacción del Centro SCT Jalisco por suspensión de obras, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para vigilar que no se utilicen los programas sociales a cargo del Gobierno Federal en beneficio de algún partido político en el próximo proceso electoral del 12 de marzo en el estado de México, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la Ssa y al Consejo Nacional contra las Adicciones a modificar el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a cumplir la ley que regula la materia y suspender cualquier trámite referido a la liberación experimental de maíz transgénico, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a actualizar el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, de fecha 10 de marzo de 1992, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al conflicto con Estados Unidos de América y la economía nacional, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger al Camino Real de Tierra Adentro, que recorría el país, como bien cultural, urbano y ambiental, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al ataque a pescadores por marinos en Progreso, Yucatán, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a conducirse dentro del marco legal que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a investigar las conductas ilícitas en que incurrió personal policial de la AFI al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato, a no promover centros comerciales que degraden la vida económica y social de dicho municipio, a cargo de la diputada Ofelia Ruiz Vega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el 14 de agosto como Día del Cine Mexicano y considerar la creación de un museo nacional del cine mexicano, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión que investigue la participación del gobernador de Puebla en la violación de garantías individuales en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP a ejercer eficiente, oportuna y transparentemente los recursos destinados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 2006, a cargo del diputado Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los ayuntamientos a establecer medidas para prevenir la violencia intrafamiliar, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el conflicto sindical y laboral de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales y a esta soberanía a promover la aprobación de una reforma hacendaria y analizar la aplicación de disposiciones fiscales relacionadas con el pago del ISR, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea en la Comisión de Gobernación una subcomisión encargada de dictaminar las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos en el país, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativa

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciséis de febrero de dos mil seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos cincuenta y seis diputadas y diputados, a las diez horas con siete minutos del jueves dieciséis de febrero de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Cinco comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que propone cambios en la integración en las mesa directivas de las Comisiones de la Función Pública; Seguridad Pública; Puntos Constitucionales; Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros; Especial para el Campo; y de Economía. Son aprobadas en sendas votaciones económicas.

Ocho comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que propone cambios en la integración de los Grupos de Amistad de República Checa; Chipre; Grecia; Serbia y Montenegro; así como en las Comisiones de Juventud y Deporte; de Investigación encargada de revisar las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Desarrollo Metropolitano; y de la Función Pública. De enterado.

Comunicación del diputado José Lamberto Díaz Nieblas con la que solicita licencia para separarse de su cargo como diputado electo en el séptimo distrito del estado de Sonora. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia y se llama al suplente. A las diez horas con veintisiete minutos la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia e informa del registro de trescientos treinta y ocho diputadas y diputados

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes acuerdos:

Por el que se exhorta a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a iniciar los procedimientos establecidos en la Constitución Política local a efecto de esclarecer en el ámbito de sus respectivas competencias la participación de servidores públicos, incluido el titular del Poder Ejecutivo, relativo al caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, a ejecutar las medidas disciplinarias, administrativas o penales, con estricto arreglo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación al montaje del rescate de personas secuestradas que realizó la Agencia Federal de Investigación el nueve de diciembre de dos mil cinco en un rancho ubicado en la carretera libre México-Cuernavaca. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Comunicación del Congreso del estado de Jalisco, con la que remite iniciativa que reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política sobre la proposición con punto de acuerdo presentada ante la Comisión Permanente el veinticinco de enero de dos mil seis por los diputados Rosario Herrera Ascencio y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Remítase a los promoventes para su conocimiento.

Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la Comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

Comunicación de la Comisión Reguladora de Energía, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la Comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

Comunicación de la Procuraduría General de la República, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la Comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las Comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Seguridad Privada. Remítase a la Comisión de Seguridad Pública.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Hella Mylene Audirac Lass y Aline Sol La Lande Vernier para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República de Francia. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Hisa Susana Fukushima Taniguchi y Nina Irmeli Jaakkola para prestar servicios en las Embajadas de Japón y de Finlandia en México, respectivamente. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Guerra Elizondo, Lilia Francisca Villarreal Vega, Pedro Inés de la Cruz Hernández, Raúl Ramírez Ríos y Alain David Hernández Rubio para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Cortés Delgado y Francisco Tomás González Loaiza para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Oficial, y la ``Medalla del Pacificador'' que les confieren el Gobierno del Reino de España y el Ejército de la República Federativa del Brasil, respectivamente. Es de primera lectura.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos doscientos sesenta y ocho Bis y doscientos sesenta y ocho Bis uno al Capítulo Octavo del Título Duodécimo, y reforma el artículo cuatrocientos diecinueve de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. El diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen. Sin nadie que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta votos en pro, ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo catorce de la Ley General de Desarrollo Social. Es de segunda lectura. El diputado Armando Rangel Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen. Sin nadie que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos treinta y cinco votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés constitucional. Es de segunda lectura. A discusión en lo general se concede la palabra para hablar en contra a los diputados: Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Franco Hernández y Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido el dictamen en lo general, el Presidente informa de los artículos del proyecto de decreto que se reservan para la discusión en lo particular y la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos dos votos en pro, treinta y dos en contra y veintiún abstenciones.

Para referirse al artículo quinto reservado se le concede la palabra al diputado Tomás Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, y propone modificaciones que la Asamblea desecha en votación económica.

Para referirse al artículo treinta y dos reservado se le concede la palabra al diputado Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, y propone modificaciones. Desde su curul el diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el apoyo de otros diputados solicita votación nominal la que da por resultado que se deseche la propuesta por ochenta y nueve votos en pro, doscientos cincuenta y uno en contra y seis abstenciones.

Sin nadie que solicite la palabra, se aprueban los artículos quinto y treinta y dos en los términos del dictamen por doscientos cuarenta y ocho votos en pro, ochenta en contra y ocho abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos constitucional.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones en materia indígena a la Ley General de Desarrollo Social. Es de segunda lectura. La diputada María Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen. Sin nadie que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y seis votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete y doscientos sesenta y dos y adiciona el artículo doscientos diecisiete de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. Sin nadie que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por doscientos cuarenta y dos votos en pro, dos en contra y ciento once abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, informe sobre los resultados de las visitas de inspección practicadas del año dos mil cuatro a la fecha, a las industrias maquiladoras establecidas a lo largo de las zonas fronterizas de los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Es aprobado en votación económica, comuníquese.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política, aprobada en votación económica, se incluye en el orden del día, acuerdo de la misma por el que se crea la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma. A discusión hacen uso de la tribuna los diputados: Germán Martínez Cázares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la primera en contra y la segunda para rectificar hechos; Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones para contestar alusiones personales; Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, en pro; y Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones la primera en pro y la segunda para rectificar hechos. Suficientemente discutido el punto, desde su curul el diputado José Pablo Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita que lo votación respectiva sea de forma nominal y realizada ella se aprueba el acuerdo de referencia por doscientos treinta y nueve votos en pro, ninguno en contra y ciento quince abstenciones.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que solicita modificar el orden del día, que se aprueba en votación económica, para incluir las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Juan José García Ochoa, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Carlos Martín Jiménez Macías, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que la Cámara de Diputados reafirma su compromiso con el contenido del documento México frente al fenómeno migratorio como instrumento base de una política migratoria del Estado mexicano. En votación económica se considera de urgente resolución, a discusión intervienen los diputados: Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Martín Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se considera suficientemente discutida la proposición en votación económica y, de la misma manera, se aprueba. Comuníquese.

José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el plazo por sesenta días, a partir del veintitrés de febrero de dos mil seis, para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que hayan sido internados en el país antes del veintidós de agosto de dos mil cinco. En votación económica se considera de urgente resolución y sin discusión se aprueba de la misma manera. Comuníquese.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que solicita modificar el orden del día para incluir posicionamiento de los grupos parlamentarios referente a los nuevos acontecimientos en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Desde su curul en dos ocasiones, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones que el Presidente realiza. Se realiza votación económica para aceptar la solicitud y ante los resultados, desde su respectiva curul realizan comentarios los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; José Pablo Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea aprueba en votación económica la solicitud para modificar el orden del día y desde su curul sobre el resultado intervienen los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y José Pablo Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Participan sobre el tema los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia; Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones las dos últimas para contestar alusiones personales; Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado José Pablo Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, realiza comentarios de procedimiento que el Presidente no avala.

La Asamblea considera en votación económica continuar con los posicionamientos, por lo que se concede la palabra a los diputados: Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; y María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos treinta y seis diputadas y diputados: El Presidente levanta la sesión a las quince horas con veintiún minutos, citando a la que tendrá lugar el martes veintiuno de febrero de dos mil seis a las once horas.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada, el acta. A continuación, la Secretaría continuará con comunicaciones.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

Distinguida señora Presidenta:

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted, a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo a partir del 21 de febrero de 2006.

Al mismo tiempo, le solicito atentamente tenga a bien requerir a mi suplente para que continúe con los trabajos legislativos.

Aprovecho la ocasión para agradecer la solidaridad, apoyo y comprensión de los compañeros integrantes de esta LIX Legislatura por el trato cordial y respetuoso recibido durante mis actividades legislativas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2006.--- Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Quintín Vázquez García para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el IX distrito del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Norma Patricia Rodríguez Guardado y Guadalupe Mendívil Morales, diputadas federales electas en el IX y en el VII distritos electorales de los estados de Jalisco y de Sonora, respectivamente. Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes compañeros diputados: María del Carmen Izaguirre Francos, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Víctor Hugo Islas Hernández, Angélica Ramírez Luna, Bernardino Ramos Iturbide y María Ávila Serna.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se pide a la comisión cumplir el encargo. (...)

Se pide a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadanas Norma Patricia Rodríguez Guardado y Guadalupe Morales Mendívil, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Norma Patricia Rodríguez Guardado y Guadalupe Morales Mendívil: Sí, protesto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Bienvenidas las dos a ésta, su casa. Continúe la Secretaría por favor.

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DIA DEL CINE MEXICANO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este medio le solicito amablemente gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea retirada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que se instaure el 14 de agosto como el Día del Cine Mexicano, presentada por un servidor y que fue turnada dos veces a la Comisión de Gobernación, una con fecha 8 de diciembre y la segunda ocasión con fecha 14 de febrero.

Sin más por el momento, y en espera de que mi petición sea valorada, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Como solicita el diputado José Antonio Cabello Gil, se retiran sus proposiciones presentadas los días 8 de diciembre de 2005 y 14 de febrero del año en curso. Comuníquese a la Comisión de Gobernación, y archívense los expedientes.

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ESTADO DE TLAXCALA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, remito a ustedes acuerdo aprobado en la novena sesión ordinaria pública de esta Quincuagésima Octava Legislatura, celebrada el 14 del mes en curso, por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión a reconsiderar la responsabilidad solidaria de la clase trabajadora y del Gobierno Federal para que el rescate del ISSSTE se haga sin omitir lo establecido en los artículos 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 16 de febrero de 2006.--- Lic. Felipe Nava Lemus (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.

Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 9, fracción III, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados integrantes de la LVIII Legislatura local nos permitimos exhortar al honorable Congreso de la Unión para que, previo análisis, discusión y antes de realizar la aprobación de una reforma que lesione los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, reconsidere la responsabilidad solidaria de la clase trabajadora y del Gobierno Federal para que el rescate del ISSSTE se haga sin omitir lo establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo que señala el artículo 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente; y, al mismo tiempo, buscar un mecanismo más eficiente que no vulnere o lesione los derechos de los 2.6 millones de trabajadores adheridos a ese sistema, evitando así el descontento social generalizado del sector dependiente de ese Instituto.

Segundo. Los diputados integrantes de la LVIII Legislatura local exhortan a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que se sirvan pronunciar en el mismo sentido al presente acuerdo.

Tercero. Se instruye al secretario parlamentario de este Poder Legislativo para que notifique el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales procedentes.

Cuarto. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis.--- Dip. Rafael Molina Jiménez (rúbrica), Presidente; Dip. Carlos Ixtlapale Gómez (rúbrica), Secretario; Dip. Alberto Ixtlapale Pérez (rúbrica), Secretario.»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Diputados Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa con motivo del (507) aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza, el próximo 23 de febrero a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angélica Barona del Valle, directora del Museo de la Ciudad de México.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para asistir en representación de la Cámara de Diputados, se designa a los siguientes compañeros: diputado Aníbal Peralta Galicia, diputado Jorge Triana Tena y diputado Francisco Diego Aguilar.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Diputados Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa con motivo del 66 aniversario del Día de la Bandera, el próximo 24 de febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angélica Barona del Valle, directora del Museo de la Ciudad de México.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para asistir en representación de la Cámara de Diputados, se designa a los siguientes compañeros: diputado Filemón Arcos Suárez Peredo, diputado Ernesto Herrera Tovar y diputado Emilio Serrano Jiménez.

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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, 50, fracciones IV y V, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de AcuerdoPrimero. Se solicita a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que aborde la problemática de las personas con discapacidad inconformes con el manejo del programa Emprendedores con Discapacidad, conocido como ``Ecodis'', de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República.

Segundo. Que si así lo estiman pertinente los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, soliciten la comparecencia del ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera, titular de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, para dar respuesta a los cuestionamientos y las denuncias realizadas por las personas con discapacidad afectadas.

Tercero. Que con pleno respeto de la esfera de competencias de cada órgano legislativo, sugerir a la citada comisión una auditoría a la Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, para aclarar el destino de los 40 millones de pesos que se destinaron para dicho programa a través de la Secretaría de Economía.

Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sírvase encontrar anexa al presente copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 8 de febrero de 2006.--- Dip. Juventino Rodríguez Ramos (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Honorable Asamblea:

En nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para su Gobierno Interior, por su amable conducto me permito someter a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa la proposición con punto de acuerdo ``para solicitar que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión atienda el problema de un importante número de personas con discapacidad que al parecer fueron defraudadas por el programa federal de Emprendedores con Discapacidad, conocido como Ecodis, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Que mi grupo parlamentario recibió en esta Asamblea una representación de 75 personas con discapacidad inscritas en el programa Emprendedores con Discapacidad, conocido como ``Ecodis'', de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, mismas que manifestaron su inconformidad debido a que las promesas y los planteamientos que les hicieron acerca del programa no se han cumplido y distan mucho de la realidad.

II. Que el gobierno del Presidente Vicente Fox promovió la creación del programa Emprendedores con Discapacidad (Ecodis) con el fin de apoyar a 8,500 personas con discapacidad instalando una red de distribución de diferentes productos; la creación de dicho programa fue delegada al ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera, titular de la Oficina de Representación de la Presidencia.

III. Que la convocatoria se hizo a través de los medios de comunicación como Telesistema Mexicano y Canal Once, invitando a la población a acudir a las instalaciones del Conalep más cercano los domicilios de los interesados. Ahí se les impartió un curso de capacitación, coordinado por el Instituto Politécnico Nacional, en el que se explicó el funcionamiento del programa, mismo que a continuación se describe:

a) Se dijo que cada emprendedor iba a iniciar su propia empresa en el área de ventas en un radio que comprendería de 200 a 250 familias más cercanas al domicilio del emprendedor. Las mercancías se comprarían en volumen, logrando mejorar los precios y así poder competir con las grandes cadenas de tiendas como Wal-Mart, Carrefour y Comercial Mexicana.

b) Para esta finalidad se crearon 18 cooperativas, distribuidas en el Distrito Federal y en la zona metropolitana. Cada cooperativa tendría una tienda, llamada Tienda Súper 100, y motorrepartidores de productos Ecodis que, en un plazo de 24 horas después de haberse hecho el pedido, llevarían la mercancía hasta el domicilio del emprendedor que solicitó dicho pedido.

c) Se entregaría a los emprendedores con discapacidad un celular en red, con el cual harían los pedidos a la tienda. También se les daría una tarjeta bancaria con un crédito de 5,000 pesos en mercancías para pagarse en un plazo de 30 días. De tal manera que, cuando un emprendedor hiciera un pedido, se le cargaría a su tarjeta bancaria y el emprendedor posteriormente depositaria en el banco el costo de las mercancías, descontando su comisión.

d) Se dijo que se promoverían los productos a través de telemarketing y que se contrataría un call center para que, cuando un televidente hiciera un pedido, el call center lo comunicara con el emprendedor más cercano al lugar de donde estaba llamando el televidente. Hasta aquí, el funcionamiento del programa.

IV. Que con fecha 7 de septiembre de 2005, en una reunión pública con discapacitados en el Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en Tlalpan, el Presidente Vicente Fox dijo al ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera que le entregaba 40 millones de pesos para arrancar el programa y que si necesitaba más dinero, se lo hiciera saber. En otra reunión con los emprendedores, también pública, en Santa Fe y en presencia de los medios de comunicación, el ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera afirmó que ya tenía en las manos los 40 millones de pesos y que con el recurso que se estaba solicitando al Fonaes y a la Sagarpa esperaba alcanzar 50 millones de pesos.

V. Que de todo lo anterior, lo único que se ha cumplido es la entrega de un teléfono celular en red y proporcionado catálogos de juguetes y de zapatos que en realidad no sirven para gran cosa, pues sin la tarjeta bancaria la mercancía la tendrían que pagar al contado, además de que los costos de Price Shoes son los mismos que dan a sus clientes que no pertenecen al programa Ecodis, por lo que no hay ventaja competitiva ni beneficio alguno.

También se dio a vender un paquete de cuatro películas atrasadas a un precio de $200, siendo ésta la única mercancía que se les ha dado a consignación.

VI. Que, en términos generales, el programa Ecodis no ha funcionado como se planteó en un inicio y los afectados han detectado las siguientes anomalías:

a) La Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, envió al Fonaes cartas falsas y con nombres distintos de la razón social de cada una de las sociedades cooperativas para solicitar un recurso económico.

b) La Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, ha solicitado a las diferentes secretarías de Estado apoyo económico en nombre de las diferentes cooperativas, sin que éstas lo hayan solicitado.

c) La Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, está ubicada en el número 47, primer piso, de la calle Leibniz, en cuyo domicilio se encuentra ubicado también el Corporativo Reacción, SA de CV, quien funge como grupo financiero para el programa Emprendedores, aportando capital para el financiamiento de este proyecto con un interés anual de 35 por ciento, sin que esto debiera hacerlo, pues los recursos con que se echó a andar el programa son recursos federales proporcionados por el Fonaes y la Sagarpa.

d) Las bodegas para cada cooperativa no existen; en su lugar se improvisaron algunas casas de algunos emprendedores.

e) Los emprendedores tienen que capitalizar la tienda aportando $20.00 de cada producto que vendan para poder pagar la renta de la red telefónica, las bodegas y de los vehículos de distribución de la mercancía, así como los salarios y gastos administrativos.

VII. Que por lo dicho por este grupo representativo, existen en el Distrito Federal 5,600 personas con discapacidad con el mismo problema y no están de acuerdo en que se engañe ni ilusione a quienes demandan con dignidad oportunidades de desarrollo e integración social.

VIII. Que de la documentación exhibida y proporcionada a nuestro grupo parlamentario se puede observar una serie de irregularidades, que darían pauta por lo menos a que al funcionario federal se le iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa e incluso acciones de tipo penal.

IX. Que si bien estamos ante un problema de índole federal, no sólo por el origen de los recursos sino también por la calidad de los sujetos implicados, esta situación afecta a población con discapacidad del Distrito Federal. Como representantes populares de la ciudad, tenemos la obligación, como marca la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en las fracciones VII y VIII del artículo 17 del citado ordenamiento de

Gestionar ante las autoridades la atención de las demandas de sus representados.

Orientar a los habitantes del Distrito Federal acerca de los medios jurídicos y administrativos tendentes a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales.

X. Que, por tal motivo, es necesario que esta Comisión Permanente formule una atenta petición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que aborde la problemática de este importante grupo de personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este órgano permanente deliberativo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que aborde la problemática de las personas con discapacidad inconformes con el manejo del programa Emprendedores con Discapacidad, conocido como ``Ecodis'', de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República.

Segundo. Que si así lo estiman pertinente los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, soliciten la comparecencia del ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera, titular de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, para dar respuesta a los cuestionamientos y denuncia realizada por las personas con discapacidad afectadas.

Tercero. Que con pleno respeto de la esfera de competencias de cada órgano legislativo, sugerir a la citada Comisión una auditoría a la Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, para aclarar el destino de los 40 millones de pesos que se destinaron para dicho programa a través de la Secretaría de Economía.

Recinto Legislativo de Donceles, a 1 febrero de 2006.--- Firman el presente punto de acuerdo, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Dip. Jorge García Rodríguez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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MARIO MARIN TORRES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 50, fracciones IV y V, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de acuerdoPrimero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Congreso de la Unión a que llame al gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, a juicio político, así como lo destituya del cargo hasta la aclaración de los hechos.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal propone ante el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 2006, a Lydia Cacho, que éste otorga a los periodistas destacados por su labor social.

Lo anterior para los efectos legales conducentes. Sírvase encontrar anexa al presente copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 15 de febrero de 2006.--- Dip. Juventino Rodríguez Ramos (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a ejercer acciones en el caso Lydia Cacho, y se propone a la periodista para recibir el Premio Nacional de Periodismo 2006

El suscrito diputado, firmante del presente punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración de este honorable Pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En un país como el nuestro, saturado de problemas sociales, corrupción, pobreza, inseguridad, violencia, narcotráfico, desempleo, inequidad, etcétera, numerosos personajes han figurado por su pensamiento y actuar en pro de la población, a través de sus funciones.

Tal es el caso de la periodista y activista social Lydia Cacho Ribeiro, la cual dirige en Cancún un centro integral para mujeres víctimas de la violencia, CIAM. Es autora de la novela Las provincias del alma (Demac 2003); columnista política de La Voz del Caribe; directora editorial de la revista Esta boca es mía: apuntes de equidad y género, y conductora del programa de televisión con el mismo nombre; colaboradora de opinión en el noticiero Detrás de la noticia, con Ricardo Rocha; especialista en temas de violencia y género para la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Ha publicado más de dos centenares de artículos en diversos diarios y revistas del país. Es consejera de la Universidad del Caribe; cofundadora de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y corresponsal de la agencia de noticias CIMACLydia.

Su labor como dirigente del CIAM le permitió tener un acercamiento a la realidad de decenas de niños (mayoritariamente mujeres) obligados a tener sexo y ser grabados; recabó testimonios para documentar su libro Los demonios del edén, en el cual toca el tema de la pornografía infantil en Cancún, México. En el desarrollo del texto describe crudamente ``una sociedad adormilada que no mueve un dedo ante un hecho tan despreciable'', y en el cual involucra a policías, políticos corrompidos y a redes de narcotráfico y pornografía infantil.

Señala como responsable de dichos actos, además de la corrupción e ineficiencia de las autoridades, a Jean Thouma Hannah Succar Kuri, el cual en una grabación deja al descubierto la confesión más cínica al respecto, en la que admite haber tenido siempre sexo con niñas hasta de cinco años de edad y deja ver su inminente participación en redes de pornografía infantil.

La industria de la pornografía infantil, directamente relacionada con el abuso sexual, el secuestro (secuestro para fines sexuales) y la explotación infantil, generan ganancias multimillonarias. Según la propia Lydia Cacho, todo ello no sería posible sin tres elementos: la protección de hombres de poder al crimen organizado que sustenta estos males sociales, la corrupción del Estado y la visión androcéntrica que protege los intereses masculinos (se calcula que más de trescientos millones de hombres adultos en América Latina pagan por tener sexo con mujeres jóvenes [Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM])

Lydia Cacho ha sido víctima de amenazas e intimidaciones a consecuencia de las actividades realizadas en pro de los derechos humanos, recientemente estuvo detenida por treinta horas, tras la querella de difamación presentada por el empresario Kamel Nacif Borge ``El Rey de la Mezclilla'', con sede en Puebla. Dicha detención fue calificada por Amnistía Internacional como acoso judicial, lo cual constituye una amenaza a su derecho de libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable, sustento para la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Cuando no es posible opinar libremente, proponer un debate firme e independiente, denunciar abusos y atropellos para exigir justicia, entonces la sociedad está condenada a la opresión.

Los demonios del edén, recuenta la historia de mujeres y niñas que rompieron el silencio con el propósito de denunciar este tipo de abusos, imputa claramente responsabilidades, con el objetivo de hacer pública esta situación tan grave que gozaba de total impunidad.

La detención de la directora del CIAM ha causado conmoción en diversos sectores de la sociedad, periodistas, redes feministas, legisladores, defensores de los derechos humanos, etcétera, reiteraron sus críticas contra la acción legal emprendida por las autoridades judiciales.

A nivel internacional las protestas no se han hecho esperar, la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés) que engloba a 140 organizaciones no gubernamentales de todos los continentes, especializada en la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, así como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) han manifestado su inconformidad al respecto.

Recientemente se dio a conocer en el periódico La Jornada una conversación telefónica entre Kamel Nacif Borge ``El Rey de la Mezclilla'' y el gobernador de Puebla, Mario Marín, la cual dejó al descubierto la interferencia de éste último en la orden de detención de la periodista Lydia Cacho.

Dicha situación es inadmisible, la persecución de la que fue objeto la periodista por haber publicado el libro Los demonios del edén, constituye más que una violación al derecho de la libertad de expresión, pone al descubierto la vulnerabilidad de autoridades judiciales y de gobierno ante el tráfico de influencias y corrupción.

En este momento existen ya numerosos pronunciamientos en pro de la renuncia del gobernador de Puebla, por nuestra parte hacemos lo propio, pues consideramos necesario su enjuiciamiento político y el retiro del cargo hasta en tanto sea resuelto el caso.

Asimismo exigimos la destitución de la procuradora general de Justicia del estado, a fin de que no sea entorpecida la investigación sobre su participación.

Me sumo a la exigencia que innumerables grupos defensores de derechos humanos hacen: la aclaración absoluta de los hechos, por el bien del país.

Por otra parte, considero que trabajos de investigación como éste merecen el reconocimiento generalizado, pues se traduce en acciones encaminadas a desmantelar organizaciones delictivas, máxime si se trata de las de explotación y pornografía infantil.

Como es del conocimiento general, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo entrega cada año el reconocimiento al trabajo de mayor calidad periodística, y de acuerdo con las bases del concurso, en su numeral 2 ``De la Participación'', pueden ser presentadas candidaturas de reconocido prestigio social en la categoría de orientación y servicio a la sociedad.

Considerando que la periodista mexicana Lydia Cacho ha realizado una digna lucha en contra de la violación de los derechos humanos, y ha denunciado con admirable valor civil a través de los medios en los que participa la constante violencia de la cual son víctimas mujeres y niñas, es que resolvemos su propuesta para recibir dicha distinción.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Congreso de la Unión a que llame al gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, a juicio político, así como lo destituya del cargo hasta la aclaración de los hechos.

Segundo.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal propone ante el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 2006 a Lydia Cacho, que éste otorga a los periodistas destacados por su labor social.

Dado en el Salón Heberto Castillo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, a quince de febrero de 2006.--- Dip. Víctor G. Varela López (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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LYDIA CACHO RIBEIRO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI; 50, fracciones IV y V, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro resolvió aprobar el siguiente

Punto de AcuerdoPrimero. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso que constituya una Comisión Especial que investigue los hechos relativos a las comunicaciones telefónicas entre el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif y demás personas involucradas sobre el caso Lydia Cacho y, en su caso, de resultar procedente, se inicien los trámites necesarios para iniciar el procedimiento de juicio político contra el gobernador del estado de Puebla.

Segundo. Se solicita a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso Lydia Cacho, por su importancia y trascendencia, ya que se encuentra involucrado un gobernador de un estado de la Federación, con el objetivo de que se deslinden las responsabilidades penales, ya que de las comunicaciones telefónicas antes referidas puede desprenderse la comisión de delitos cometidos por servidores públicos, como el abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación, hasta la tentativa de violación.

Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de la República que, en caso de que se configuren delitos federales y se cumplan los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público correspondiente solicite a la Cámara de Diputados el procedimiento para la declaración de procedencia del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín.

Cuarto. Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombre una comisión investigadora que se aboque a la investigación del caso de mérito, toda vez que nos encontramos en presencia de una violación grave a los derechos humanos.

Lo anterior para los efectos legales conducentes. Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 15 de febrero de 2006.--- Dip. Juventino Rodríguez Ramos (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; los artículos 10, fracción XXI, 17, fracción VI, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a consideración de esta Diputación Permanente para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente propuesta con punto de acuerdo sobre la situación en el estado de Puebla, bajo los siguientes

Antecedentes

1. En el año de 2005 la periodista Lydia Cacho Ribeiro publicó un libro titulado Los demonios del edén, donde da a conocer un diagnóstico de las redes de prostitución infantil en el sureste, así como las complicidades entre los intereses políticos y económicos que las hacen posibles y las protegen.

2. Como resultado de dicha publicación, uno de los personajes señalados en el libro interpuso una demanda por difamación y calumnia a su persona, misma que tuvo sus efectos a través de una orden de aprehensión emitida por la juez quinta de lo penal en el estado de Puebla.

3. El pasado 16 de diciembre la periodista Lydia Cacho fue detenida en su residencia en el estado de Cancún por parte de la Policía Judicial del estado de Puebla.

4. La autora de Los demonios del edén fue puesta en libertad bajo fianza el 17 de diciembre de 2005.

5. Sobre el tema se han manifestado diversos actores sociales y políticos defendiendo la libertad de expresión. Tal ha sido el caso de la propia Cámara de Diputados, donde el 21 de diciembre de 2005 se aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la PGR para que garantice eficazmente la seguridad, integridad y el derecho a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho.

Esta misma Diputación Permanente aprobó el pasado 11 de enero una propuesta con punto de acuerdo en la que nos manifestamos en contra de la persecución de la periodista Lydia Cacho y a favor de la libertad de expresión.

6. El día de ayer se dieron a conocer, a través de diversos medios de comunicación, una serie de grabaciones entre el gobernador del estado de Puebla y el empresario señalado por Lydia Cacho como participante en las redes de pederastia, en las que se aprecia de manera explícita la intervención del gobernador para favorecer la posición de dicho empresario por medio de la detención y encarcelamiento de la periodista.

Considerandos

1. Que el artículo 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y el artículo 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal facultan a la Diputación Permanente a comunicarse con cualquier dependencia o entidad por medio de su Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso.

2. Que al artículo 109 de la Constitución señala que se impondrán sanciones, mediante juicio político, a los servidores públicos señalados en el artículo 110 constitucional, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

3. Que el artículo 110 de nuestra Ley Fundamental señala que podrían ser sujetos a juicio político los gobernadores de los estados por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanan.

4. Que el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula el procedimiento para proceder penalmente contra los gobernadores de los estados por delitos federales cometidos durante su encargo.

5. Que ese mismo ordenamiento faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nombrar una comisión investigadora cuando se encuentre en presencia de una violación grave de los derechos humanos, y es el caso que nos ocupa una violación flagrante no sólo de los derechos públicos subjetivos de la periodista, sino una conducta que representa un quebrantamiento al Estado de derecho, según lo dispuesto por el artículo 97 en su párrafo segundo.

6. Que de las comunicaciones telefónicas mencionadas en el apartado de antecedentes del presente punto de acuerdo se presume la existencia de diversos delitos tipificados en el Código Penal Federal relativos a los servidores públicos, tales como el abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación hasta tentativa de violación, entre otros.

7. Que dicha situación contraviene la vigencia del Estado de derecho, por lo que las autoridades involucradas deben actuar con estricto apego a los marcos normativos, por lo que la intervención del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados se hace urgente y necesaria.

8. Que esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como órgano legislativo de una entidad federativa, no puede quedarse callada ante las graves violaciones a las leyes y el abuso de poder que se presentan en otras entidades, lesionando el Estado democrático de derecho.

9. Que en esta etapa del desarrollo de la democracia en nuestro país las autoridades no podemos ser cómplices de las acciones y formas de proceder de quienes ocupan el poder para beneficiarse personalmente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Diputación Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso que constituya una Comisión Especial que investigue los hechos relativos a las comunicaciones telefónicas entre el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif y demás personas involucradas sobre el caso Lydia Cacho y, en su caso, de resultar procedente, se inicien los trámites necesarios para iniciar el procedimiento de juicio político contra el gobernador del estado de Puebla.

Segundo.- Se solicita a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso Lydia Cacho por su importancia y trascendencia, ya que se encuentra involucrado un gobernador de un estado de la Federación, con el objetivo de que se deslinden las responsabilidades penales, ya que de las comunicaciones telefónicas antes referidas puede desprenderse la comisión de delitos cometidos por servidores públicos, como el abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación hasta la tentativa de violación.

Tercero.- Se solicita a la Procuraduría General de la República que, en caso de que se configuren delitos federales y se cumplan los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público correspondiente solicite a la Cámara de Diputados el procedimiento para la declaración de procedencia del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín.

Cuarto.- Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombre una comisión investigadora que se aboque a la investigación del caso de mérito, toda vez que nos encontramos en presencia de una violación grave a los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 15 días del mes de febrero de 2006.--- Dip. Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez sustituya como Presidenta en el Comité de Comunicación Social a la diputada con licencia Patricia Flores Fuentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios solicitados por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado José Evaristo Corrales Macías sustituya al diputado José Orlando Pérez Moguel como secretario en la Comisión de Pesca.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), y 44, punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Jesús Morales Flores, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que la diputada Marcela Guerra Castillo cause baja como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Que el diputado Gonzalo Moreno Arévalo cause baja como integrante en la Comisión de Transportes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterada.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), y 44, punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Jesús Morales Flores, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que la diputada Ofelia Ruiz Vega cause alta como integrante en las Comisiones de Desarrollo Social, y de Participación Ciudadana.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterada.

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LYDIA CACHO RIBEIRO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que esta soberanía pide al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del estado de Puebla, la procuradora general de Justicia de dicha entidad, así como la juez de la causa.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único.- Esta soberanía pide al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüen los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del estado de Puebla, la procuradora general de Justicia de dicha entidad, así como la juez de la causa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rubrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta Presidencia la solicitud de compañeros diputados para posicionamiento con referencia a este punto. En consecuencia, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, diputada Presidenta; legisladoras y legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por la aprobación de la propuesta que nos presenta la Junta de Coordinación Política. En esencia, se trata de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de nuestra Constitución, nombre a alguno o algunos de sus miembros para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual. La petición de esta soberanía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación será en el entorno de las graves violaciones de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, realizadas por las autoridades del estado de Puebla.

La sociedad mexicana se conmovió con la difusión de la conversación telefónica realizada por el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif. Y de esa conversación se desprende claramente cómo los órganos de procuración e impartición de justicia actuaron por consigna y, en consecuencia, violentando el orden jurídico previsto en la Constitución General de la República y en las leyes del estado de Puebla. En el caso que nos ocupa, el gobernador determinó la culpabilidad de Lydia Cacho sin que mediara proceso penal alguno. Se sujetaron los órganos jurisdiccionales a la consigna política y actuaron de manera parcial.

Ante esa situación, la Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva y observando cómo transcurren los acontecimientos. Ésta es la casa donde se hace la ley, y todos los servidores públicos, al tomar posesión del cargo, protestan el cabal cumplimiento del orden jurídico vigente. El gobernador de Puebla actuó como personero de Kamel Nacif; con ello pone en entredicho la función e imparcialidad del Poder Judicial del estado de Puebla. Se ponen también en entredicho la vigencia y el respeto de las garantías individuales a que tiene derecho todo procesado.

En síntesis, se pone en entredicho la vigencia del Estado de derecho por una actitud facciosa de las autoridades del estado de Puebla. Por esa situación, nuestro grupo parlamentario apoya que esta soberanía solicite al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que averigüe la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. Desde esta Cámara debemos decir un ``no'' rotundo a la impunidad, venga de donde venga; que la Suprema Corte intervenga y se deslinden las responsabilidades. Basta ya de que desde el Poder Ejecutivo estatal se ``tire línea'' para que los hechos se ajusten al deseo del gobernante y con ello la justicia se aplique de manera facciosa. Confiamos en que se apruebe esta propuesta y que este lamentable hecho sirva de ejemplo a todos los que, bajo el amparo del poder público, pretendan subordinar la justicia a sus mezquinos intereses. Es cuanto, diputada Presidenta; gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Pedro Vázquez. Damos la más cordial bienvenida a compañeros estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de Cuautitlán Izcalli y personal que los acompaña. Ellos son invitados por el diputado Edmundo Valencia Monterrubio.

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REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Asimismo, solicito a la Secretaría que se instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Falta alguna ciudadana o ciudadano diputado de registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. (A las 11:39 horas) Presidenta, hay una asistencia registrada de 395 ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados. Se comenta a los ciudadanos legisladores que aún no hubieran registrado asistencia: tienen 15 minutos para hacerlo mediante cédula.

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LYDIA CACHO RIBEIRO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Continuamos con el posicionamiento de acuerdo con... Tiene la palabra por el partido de Convergencia nuestro compañero diputado Jesús González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadana Presidenta. En efecto, como habíamos señalado en ocasión anterior, la instancia que hoy se abre a la nación para conseguir, para lograr justicia en este deleznable, en este terrorífico caso de colusión de autoridades de dos poderes del estado de Puebla, unidos --yo diría ``uncidos''-- para conseguir la violencia del Estado de derecho cuyo objeto era nada menos que la periodista Lydia Cacho, no puede quedar simplemente como un episodio, por más negro y oscuro que sea, de nuestra vida histórica si no fuese porque hay una oportunidad de que la impunidad no se consagre una vez más en nuestra vida institucional para permitir que estos actos se multipliquen en los tiempos venideros.

Esta oportunidad de terminar con la impunidad, evidentemente, va a estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia, que sin lugar a dudas tiene que atraer a su conocimiento, a su competencia la investigación del caso porque no se trató de una insignificancia; no se trató de un hecho que pudiera, en una memoria débil, dejarse transcurrir sin mayor connotación, sin mayor marca en nuestra vida pública.

Es un hecho que cimbró a la opinión pública, que nos ha conmovido por dos razones y en dos vertientes: porque se trata de una luchadora social agraviada mediante una simulación de notificación para secuestrarla desde Cancún y recluirla en la cárcel en Puebla; y porque esta luchadora social ejercitaba sus derechos plenos, constitucionales en el ejercicio de la libertad de expresión, pero también porque se trataba de algo todavía más grave. Se trataba de la práctica de la pederastia. Se trataba quizá de la comisión del delito más inhumano, más cobarde, más deleznable: abusar, hacer víctima de la peor degradación humana, de la peor perversión nada menos que a una criatura, a un niño o a una niña para arruinarles el futuro, para romperles el horizonte del crecimiento en el equilibrio psicológico en la plenitud de sus facultades para realizarse en el orden humano.

Esto, pues, conjuga dos aspectos que deben tener a esta Cámara de Diputados alerta, en plena y permanente alerta para que la Suprema Corte de Justicia, al atraer esta investigación, ahonde, profundice en estas causas, en estos hechos y, como señalaba, que la impunidad no vuelva a envolverlos y a cobijarlos en el olvido. Y además, para que se cimbre la conciencia nacional de por qué estos actos inhumanos, estos actos terroríficos de abusar de los menores están en crecimiento en México, por qué se repiten continuamente y se multiplican a nuestra vista. Y son hombres del poder, del dinero, de la mejor condición social los que llegan a estas prácticas, degradantes, negativas o negadoras de la propia esencia y condición humana. Yo diría, pues, que en qué buen momento esta Cámara asume esta responsabilidad y traslada a la Suprema Corte de Justicia la obligación de dar al pueblo la satisfacción de la justicia ahora y darnos a todos los elementos profundos de reflexión de por qué están ocurriendo estos horrores en nuestra patria y cómo debemos actuar y responder para evitar que prosigan en el futuro próximo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado González Schmal. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados: celebro que se haya producido en la Cámara un acuerdo político para solicitar a la Suprema Corte de Justicia una investigación sobre la posible violación de los derechos humanos de una escritora, Lydia Cacho, y de los elementos que se han dado alrededor del asunto, la posible confabulación de servidores públicos con el propósito de procurar impartir justicia de manera confabulada, lo cual viola la Constitución y las leyes del país. Espero también que el Senado de la República acuerde exactamente lo mismo el día de hoy y que una comisión nombrada por la Suprema Corte se aboque al esclarecimiento.

Quiero, sin embargo, decir que espero que el resultado de esta investigación no tenga la misma suerte que la que se abrió en el caso de la matanza de Aguas Blancas, donde el gobernante que tuvo responsabilidad en esa violación tan terrible de los derechos humanos solamente fue separado de su puesto por voluntad de él y bajo instrucciones del Ejecutivo federal y nunca fue sometido a ningún procedimiento de carácter jurisdiccional. Creo que el estado de la impunidad es producto de la inmadurez de la democracia o de la ausencia de la misma. El estado de la impunidad es contrario a la República, recuerda los privilegios de las viejas monarquías, de los señores feudales, dueños de tierras e individuos, señores de horca y cuchillo.

Tenemos ante nosotros un caso bastante claro: el gobernador da órdenes siguiendo los deseos o para satisfacer a un amigo suyo. El gobernador de Puebla no puede seguir gobernando. Puebla no merece tener un gobernador que se pueda parar más de cinco años, que es lo que resta de su periodo constitucional, en la situación en que está actualmente el señor Marín. ¿Quién quiere acercársele? ¿Quién quiere pactar con él? ¿Quién quiere hacer algo con él? ¿Quién quiere aparecer junto con él en algo? Pienso que el señor Marín, después de lo que hemos conocido, no puede seguir siendo gobernador porque perjudica a los poblanos, perjudica a la República, perjudica a la Federación. Pero pido a la Cámara, a todas las bancadas que abramos el juicio político porque es nuestra obligación.

Aquí, este Poder de la Unión tiene que hacer lo que la Constitución dice que debe hacer. Si pedimos a la Corte que investigue, ¿por qué no habremos de hacer nosotros lo que la Constitución dice que es nuestra obligación hacer? Que se reúna la Comisión de Examen Previo, que los Presidentes de las Comisiones de Gobernación, y de Justicia convoquen a la Comisión de Examen Previo, que la Comisión de Examen Previo resuelva que se reúna la plenaria de Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia y resuelva. Y si no hay mayoría, si hay empate, que resuelva el Pleno y que se turne el asunto a la Sección Instructora, que es lo que corresponde, de acuerdo con la ley. Que se abra ese procedimiento; debe incoarse el procedimiento contra el gobernador Marín, y este Poder de la Unión ejercer las facultades que en materia de responsabilidad política le asigna la Constitución. Renunciar a esas facultades es en sí mismo una transgresión del texto constitucional y de los deberes que el pueblo ha conferido al Congreso de la Unión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Pablo Gómez. A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso, señora Presidenta. Por supuesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está totalmente sumado al punto de acuerdo que hiciera suyo la Junta de Coordinación Política porque, de manera muy expresa, los diputados federales poblanos del grupo parlamentario del PAN, las ciudadanas y los ciudadanos, distinto de lo que el gobernador nos ha querido decir y manifestar, como hiciera el pasado domingo haciéndonos convertir esta Cámara de Diputados como una de las ``fuerzas oscuras, ocultas'', que nos estamos equivocando... Distinto de todo ello, nos encontramos, los poblanos, sumamente indignados y avergonzados con la República por la falta de carácter, por la falta de valores, por la falta de sensibilidad de nuestro gobernador en el estado.

Quiero decirles, amigas y amigos diputados, que no nos encontramos por supuesto más que de acuerdo en la solicitud del juicio político porque entendemos perfectamente lo que acá ha venido a expresar el diputado y compañero nuestro González Schmal en el sentido de que no podemos dejar impune un asunto que va más allá de la violación de los derechos humanos, de la libertad de expresión, más allá de que a una periodista, y que hoy se ha hecho una práctica común y recurrente por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de estar atentando cada que la pregunta obligada es ¿qué está sucediendo con el gobernador Marín? Más allá de ello, como manifestaba en esta tribuna nuestro compañero González Schmal, la violación, el atentado contra la dignidad de las personas, que se hace todavía peor cuando estas personas son menores de edad, son pequeñas que han sido vulneradas no solamente en sus derechos sino en su propia dignidad, nos avergüenza, y nos avergüenza muchísimo.

Quiero decirles, amigas y amigos diputados, que verdaderamente en nosotros, los poblanos, pesa, y pesa profundamente, la pérdida de valores que han tenido nuestras autoridades en el estado de Puebla. Señor gobernador, no se equivoque: no hay ``fuerzas oscuras'' que estén atentando contra usted; fue usted quien provocó esta situación en el estado de Puebla, en la República Mexicana y en el exterior, más allá de nuestras fronteras. Nos ha amenazado, señor gobernador, a todos los que hemos señalado la barbarie que usted ha hecho en el estado. Ha dicho que no provoquen a los poblanos; usted los provocó.

Ha dicho que hay ``fuerzas ocultas'' que están en su contra; que no se equivoquen: ésta, señor gobernador, esta Legislatura no es una ``fuerza oculta''. Nos ha dicho que no nos metamos con usted. ¿Es acaso otra más de sus amenazas? Ha llamado usted a la provocación y a la polarización en el estado de Puebla; ha dicho el secretario de Gobernación, el día de ayer, que han sido los partidos políticos los encargados del espionaje. ¿Hubo o no entonces la llamada telefónica? ¿Hay ingobernabilidad en el estado de Puebla? Por supuesto que sí. ¿Hay desconfianza en usted? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos que renuncie? Por supuesto que sí, por dignidad de los poblanos, por dignidad de la República, por nuestra dignidad frente a los organismos internacionales y a los medios de comunicación internacionales. No lo queremos más como gobernador de los poblanos. No lo queremos más. Dé usted la cara, sea usted pulcro si en algo le queda la palabra en estos momentos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Flores Mejía. Tiene el uso de la tribuna nuestro compañero diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias. Fíjense que cuando me apunté para ser diputado, me puse como obligación legislar. Entendía por legislar, pues, hacer leyes, armar puntos de acuerdo. Luego me dijeron que también había que hacer tareas de presupuestación y, bueno, pues le entramos. Y una horrible fue como la de hacer política fiscal. Pero la que nunca me imaginé que me tocara hacer, y menos en la tribuna, es la más importante quizá de las tareas de un legislador: velar por la legalidad. La legalidad es esa superficie normativa en que todos, incluidos los diputados y los que tenemos fuero para hablar y hablar y hablar, también tenemos que someternos. Hoy venimos nosotros, como grupo parlamentario, a apoyar este punto de acuerdo, pero lo vamos a apoyar no por el escarnio, no por el oportunismo, no por la contienda electoral, no por la venganza, no por un fin mórbido sino por valores superiores a ésos y que tienen que ver con la ética, con el comportamiento serio, honesto de la política y por la reivindicación del papel de este Congreso.

La Cámara debe ejercer su papel; y el papel que ahora va a ejercer por este acuerdo es demandar a la Corte que supervise, que revise, que verifique y juzgue si alguna garantía de la compañera periodista ha sido violada, y si así ha sido, que la ley se cumpla y que se obre en consecuencia. Pero si no, que se reivindiquen la libertad, la legalidad y, sobre todo, los valores de la convivencia política. Este caso empezó mal, muy mal; empezó fuera de la ley, ha seguido mal, con una pésima actuación de comunicación también de parte de los involucrados.

Empezó mal, sigue mal, pero debe acabar bien y debe acabar bien por los valores, ya dije uno. Suficiente sería ¡eh!, la legalidad. Pero hay más, por ejemplo, la libertad de expresión. Éste es un valor tan importante como el de la propia legalidad. No hay manera, no debe haber manera de que un exponente de los medios de comunicación, desde el reportaje, la investigación, la noticia, la crónica, la opinión sea reconvenido por nadie, y mucho menos por quien tiene poder; eso no se vale. Nosotros no lo vamos a admitir y vamos a apoyar este punto de acuerdo porque, junto a la legalidad, está el principio también...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor, diputado Flores Rico. Sonido a la curul del diputado Felipe de Jesús Díaz.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde la curul): Si el vocero del gobernador Mario Marín me permite hacerle una pregunta.

El diputado Carlos Flores Rico: Encantado, señor vocero de Calderón.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde la curul): Gracias, un orgullo, un orgullo... ¿A qué se refiere cuando usted manifiesta actos de venganza? Si nos puede explicar: usted nos manifestó que no vienen por venganza o no está firmándose por venganza; que está de acuerdo primero por asuntos de venganza. ¿A qué se está refiriendo usted?

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias. ¿Puedo contestar?

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si usted considera, diputado, adelante.

El diputado Carlos Flores Rico: Cuando termine, señor diputado, con mucho gusto; ahora sigo mi discurso y, con mucho gusto, al final ¿Le parece bien? Cuando hablo de que se tiene que reivindicar el principio de la legalidad, también igualo el de la libertad de expresión, pero hay uno más: es el de la perspectiva de género. Tampoco es posible admitir que porque se trate de la ley o en nombre de la ley se viole uno de los más sagrados conceptos de la modernidad, que es la perspectiva de género.

Entonces, fíjense ustedes: por legalidad, por libertad de expresión, por perspectiva de género y por uno que está en el fondo del fondo, que es el ominoso caso de pederastia que está dando origen a toda esta situación, de ninguna manera, de ninguna manera el priísmo va a socavar alguno de estos principios; por eso lo vamos a apoyar. Pero hay que deslindarlo completamente, uno, de la política electoral, que ahora nos agobia a todos, de la venganza --y por eso entiendo diputado, y lo hago dentro de mi tiempo--, aquella actitud que de manera indebida quiere cobrar facturas fuera de la ley y más cercana a la pasión que a la ética de las personas. Ésa es la venganza y, por si usted seguramente lo sabe, ocurre también de vez en cuando en esta Cámara. Muchas gracias.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señora Presidenta, pido la palabra para hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul del diputado Rogelio Flores Mejía.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (desde la curul): Nada más, diputada, si me registra usted para rectificación de hechos por favor.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Y también la pidió el diputado Pedro Ávila. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía. Posteriormente, diputado Pedro Ávila, usted tendrá el uso de la voz.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputado Flores Rico, nada más quiero comentar a usted que no nos encontramos en esta tribuna discutiendo un acto de campaña ni venimos acá por una venganza política. El hecho de que se haya generado una conversación vergonzosa entre la máxima autoridad de nuestro estado y un empresario prominente en el estado de Puebla para violentar los derechos individuales de una periodista, el hecho de que en la actualidad el staff del señor gobernador del estado de Puebla no permita siquiera acercarse a los reporteros a la máxima figura del estado, el hecho de que se haya generado de manera muy pronta y expedita la justicia en Puebla con el caso de la periodista Lydia Cacho, por el hecho de que hoy el gobernador está pidiendo la polarización en el estado de Puebla, por el hecho de llamar ``fuerzas ocultas y oscuras'' a quienes estamos queriendo la legalidad en el estado, el hecho de que la justicia en Puebla vale dos botellas de coñac, y así lo manifestó el vocero del señor gobernador, que no sabía si se las habían tomado o no en el mes de diciembre... esos hechos nos avergüenzan; y pido a usted que pueda ser sensible ante esta situación.

Si bien es cierto que ustedes están puestos con este punto de acuerdo, quiero considerar que es porque queremos recobrar la ética y los valores, el escrutinio mismo al cual estamos expuestos todos los políticos en la República y más allá de nuestras fronteras. Quiero decir a usted que el discurso tendría que ser desde esta tribuna, que estamos apostados con la ética y los valores, que queremos de ahora en adelante que la prudencia política de cada uno de nosotros nos lleve a la búsqueda y consecución del bien común, del respeto de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, y que no sea la confusión de que nos mueven las pasiones, de que nos mueve el proceso electoral. Desgraciadamente, esto cayó durante este periodo electoral, pero no tiene nada que ver con la indignación que tenemos los mexicanos y de la cual estamos siendo portavoces muchos de los diputados, muchos de los medios de comunicación. Y pido a usted que pueda consultar las encuestas que se han levantado en Puebla para saber cuál es el sentimiento de los ciudadanos en nuestra entidad y más allá de ella. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Flores Mejía. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Pedro Ávila, hasta por tres minutos.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, compañera Presidenta. Qué tristeza da ver que una persona de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, el señor ése, que no debe llamarse ``señor'' porque es un depravado y un degenerado, Marín, ha hecho, ha hecho toda una confusión y una --podría decir--ofuscación de todos los verdaderos priístas de México, de los que admiramos a López Mateos, de los que admiramos a Lázaro Cárdenas, de los que admiramos la labor que nuestro partido ha hecho durante 70 años. Los verdaderos priístas, los que en realidad sentimos en carne propia este problema, porque se trata de nuestra niñez, a la que se le está pervirtiendo y anulando su vida, pedimos justicia, que se haga justicia y que caiga ese sátrapa del poder porque no puede un degenerado estar gobernando un estado tan heroico como el estado de Puebla.

Qué tristeza da venir aquí y escuchar cosas que no deben decirse en una tribuna tan sagrada como es la tribuna de la patria. Ese estado, el de Puebla, que ha sido heroico en mil ocasiones, que no sólo se dio la Batalla del 5 de Mayo, que se han dado infinidad de batallas como las que dio Manuel Ávila Camacho al hacer el Seguro Social o mandar el Escuadrón 201 a combatir a la segunda Guerra Mundial, ahora gobernado por un individuo que se vende por dos botellas de coñac. Ésos, ésos no son los verdaderos priístas; esos degenerados, como Salinas de Gortari, que mandó matar a Ruiz Massieu y a Colosio... ésos no son los verdaderos priístas.

Los verdaderos priístas están en las escuelas, en las fábricas, en los gobiernos que se llevan bien, que se dirigen bien y que llevan a México hacia delante. Por eso, en este día, en nombre de los priístas bien nacidos, condenamos este acto porque nuestro partido, nuestro partido --que se oiga bien-- no es parapeto de sinvergüenzas. Hace 70 años, nuestro partido nacionalizó la industria eléctrica, el petróleo, creó las instituciones educativas de México, creó el Banco Ejidal, creó todas las instituciones sobre las que ahora gobierna el Presidente Fox, y sigue y entregó el poder en forma limpia, pero ahí al partido se han adherido muchas gentes que no quieren a México, gentes que van en puestos de elección popular para hacer esas trapacerías que está haciendo este señor Marín. En el PRI hay gente buena, gente que gobierna, que es la mayoría del pueblo de México; ése es el verdadero PRI, el PRI que está al lado de los intereses del pueblo y de la gente humilde y que en este caso pide justicia porque no estamos al servicio de la barbarie, y menos en contra de una periodista como Lydia Cacho, a quien se iba a asesinar vilmente con la autoridad de esas gentes que no tienen nada de moral. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul de la diputada Portillo por favor.

La diputada Cristina Portillo Ayala (desde la curul): Gracias, señora Presidenta: si me permitiera hacer uso de la palabra para hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por tres minutos, pase a la tribuna.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias, señora Presidenta. A Lydia Cacho Ribeiro se le agredió en su doble carácter, de periodista y de defensora de derechos humanos. Los abusos que ha estado sufriendo van más allá de su persona: son un atentado en contra de la sociedad misma y de su derecho a estar bien informada de manera veraz, oportuna y plural. Cada vez que un periodista o una periodista son víctimas de la violencia, la intimidación o la detención arbitraria en razón de su empeño, por dar a conocer la verdad, todos somos, ciudadanas y ciudadanos, los que nos vemos privados de nuestros derechos a ser informados o expresarnos y actuar de acuerdo con nuestra conciencia. En la arbitraria detención de Lydia nos encontramos de nuevo y evidentemente ante el uso de las instituciones de justicia y de procuración de justicia para fines distintos de los que marca la Constitución.

En este mismo caso, las instituciones del estado de Puebla han sido arrastradas a una profunda crisis de legitimidad; el Poder Ejecutivo no es ya mandatario de la sociedad, y el Poder Judicial ya no administra justicia. Se trata de un caso de violación de garantías individuales que, por su gravedad y magnitud, se ha convertido en un verdadero problema de Estado, que impone, como hemos estado aprobando aquí, la intervención de la Suprema Corte.

Señor gobernador: si tiene dignidad, debe dejar su cargo. Señor gobernador: le recordamos desde aquí, desde la máxima tribuna de la nación, que los estados no son de personas ni las leyes son de aplicación a conveniencia de los poderosos hoy en este país. Este país ya cambió; este país es democrático. Y queremos que usted, como cualquier ciudadano, enfrente la ley por toda la serie de agravios que no sólo ha sido capaz de propinar a la periodista sino a la sociedad; somos una sociedad libre y queremos estar bien informados. Si tiene dignidad, deje su cargo cuanto antes. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Portillo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutido. Sonido a la curul del diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Para hacer una solicitud respetuosa a dos situaciones: la primera de ellas, a que instruya a la Secretaría para que dé lectura al punto de acuerdo para que quede perfectamente precisado el acuerdo de esta honorable Cámara de Diputados; y, en un segundo término, si esta votación pudiera ser nominal.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quién apoya su solicitud en el segundo punto? (...)

Se instruye a la Secretaría para leer el punto de acuerdo y, posteriormente, abrir el sistema electrónico hasta por 10 minutos para recabar la votación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señora Presidenta:

Acuerdo. Único. Esta soberanía pide al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del estado de Puebla, la procuradora general de Justicia de dicha entidad, así como la juez de la causa.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por 10 minutos, secretaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por 10 minutos. (...)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia da una cordial bienvenida... damos una cordial bienvenida y un saludo a estudiantes de licenciatura de derecho de la Universidad Cuautitlán Izcalli y personal que los acompaña, que han sido invitados por nuestro compañero, el diputado Edmundo Valencia Monterrubio. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta: se emitieron 373 votos en pro, 1 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional Forestal, a modificar las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa para el Desarrollo Forestal, de tal forma que éstas continúen siendo incluyentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

ACUERDO

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional Forestal, a modificar las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa para el Desarrollo Forestal (Prodefor), de tal forma que éstas continúen siendo incluyentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rubrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta Presidencia la solicitud para hablar a favor del punto de acuerdo del diputado Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática, y del diputado Guillermo Tamborrel Suárez. En consecuencia, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Pascual Sigala.

El diputado Pascual Sigala Páez: Con su permiso, diputada Presidenta; muchas gracias. He pedido, compañeros y compañeras, hacer uso de esta tribuna para manifestar nuestro respaldo al planteamiento que ha retomado la Junta de Coordinación Política, en el sentido de exhortar al Ejecutivo federal para que las Reglas de Operación para el Otorgamiento de los Apoyos del Prodefor, del Programa para el Desarrollo Forestal, sean revisadas y modificadas. Desde hace algunos meses, las cinco organizaciones de alcance nacional de productores forestales de este país, y me refiero a la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, a la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunal, a Productores Forestales y Agropecuarios de la República Mexicana, a la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Forestales y a la CNPR, a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales del Sector Forestal, han estado planteando la necesidad de que la Comisión Nacional Forestal, a través del Consejo Nacional Forestal, retome el tema de las reglas de operación para canalizar los recursos que esta Cámara de Diputados ha designado para el impulso del desarrollo forestal en el país.

Hay cerrazón en la Comisión Nacional Forestal para escuchar los planteamientos de las organizaciones de productores, y sí, en cambio, han estado constituyendo, construyendo, apuntalando una organización nacional, que han dado en llamar ``Confederación Nacional de Silvicultores'', creada ex profeso para poder canalizar y bajar los recursos destinados al sector forestal a través de esta organización. Con esto violan evidentemente principios constitucionales de la libre asociación de los productores y limitan el acceso de nuestros productores, los productores forestales, de las áreas más pobres del país, las áreas más marginadas del país para que accedan a los limitados recursos que esta honorable Cámara ha destinado para el ejercicio del año 2006.

Por eso manifestamos nuestro absoluto respaldo en nombre de la subcomisión forestal de esta Cámara para que el Ejecutivo retome, escuche, haga suyo este planteamiento y plantee una mesa de diálogo donde las organizaciones de productores forestales puedan ser escuchadas, puedan ser atendidas y puedan ser incluidos sus planteamientos para el tema que tiene que ver con la modificación de las reglas de operación y finalmente la canalización de los recursos que la Cámara de Diputados ha destinado al sector, al ninguneado sector forestal de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Sigala. A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Muchas gracias; con el permiso de la Presidencia: las nuevas Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Forestal ya fueron modificadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de febrero. Para su modificación se hizo una amplia consulta, en la que se escucharon las voces más representativas del sector. Fueron objeto de análisis y discusión en cuatro reuniones del Consejo Nacional Forestal y se resolvieron más de 10 impugnaciones ante la Cofemer. Sí, son incluyentes y dan un paso en esta materia en relación con las anteriores. Ahora, los beneficiarios del programa son principalmente los propios silvicultores. En efecto, los apoyos privilegian a las asociaciones de silvicultores, cuyo objetivo principal consiste en lograr el ordenamiento forestal de México, pero no excluyen de los apoyos a otros tipos de organizaciones ni a particulares.

Una de las principales diferencias es que con estas reglas de operación se atienden los mandatos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que en cuando menos cinco artículos señala puntualmente que la Conafor y los gobiernos estatales deben promover, asesorar y apoyar la organización de los dueños de los recursos forestales. No olvidemos que en México, 95 por ciento de la superficie forestal es de ejidos y comunidades.

Por ello hoy existen 218 regiones forestales y hoy hay 218 asociaciones de silvicutores, que representan a 677 mil silvicutores. Ahora, los únicos que podrían sentirse excluidos son algunos, muy pocos, simuladores que se hacían pasar por silvicutores desplazando y explotando a los verdaderos silvicultores. Y encontraban en los programas forestales recursos que nunca llegaban a los bosques y las selvas. Las organizaciones de silvicultores, principalmente beneficiarios de este programa, son la vía que nos marca la ley para garantizar el ordenamiento de nuestro país.

Ordenar el sector forestal implica un estudio regional previsto en la ley, que determinará los proyectos requeridos para detonar el sector a nivel regional. Hablamos de infraestructura de caminos, labores de conservación, prevención de suelos, control de incendios y plagas, y las áreas de servicios ambientales y las sujetas a manejo forestal. De no contar con una organización regional que en forma consensuada oriente su ordenamiento, seguirán el dispendio de recursos públicos y el desorden, apoyando caminos que no llevan a ninguna parte y que sólo dejan a su paso erosión y desertificación. --Concluyo, diputada Presidenta.-- Las asociaciones de silvicultores son una nueva forma de entender la participación social porque garantizan que la voz de los auténticos silvicultores sea escuchada.

Por ello, y con mucho respeto, me permito someter a la consideración de la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política y, en sí, de este Pleno que se lleve a cabo una reunión de trabajo en comisiones unidas en la que participe como invitado el director general de la Comisión Nacional Forestal para que dialoguemos directamente con él de las dudas que las señoras y los señores diputados tengamos en la materia. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Tamborrel. Consulte la Secretaría a la Asamblea si está suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si el punto de acuerdo está suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se interpone controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, cuyo original se anexa, suscrita por diversos diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados acuerda interponer controversia constitucional en contra de actos del Poder Ejecutivo federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006.

Segundo: Se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional de mérito y, a la vez, se instruye solicitar la suspensión del acto reclamado, previo análisis para sustento legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2006.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta Presidencia solicitud para hablar en contra de este punto de acuerdo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; y a favor, del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI, y del diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada María Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar en contra del punto de acuerdo, hasta por cinco minutos.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de la Mesa Directiva y de esta honorable Asamblea. Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD han considerado, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social se extralimita y viola la Ley General de Desarrollo Social. Nuestro grupo parlamentario considera que están en todo su derecho de presentar esa controversia constitucional, en términos de sus propios argumentos, con los cuales no coincidimos, y que será la Suprema Corte de Justicia la que decida la procedencia o no de esta pretendida controversia.

Anteriormente, la Cámara de Diputados, también con la aprobación de estos grupos parlamentarios, ha presentado otras controversias, como en el caso del Presupuesto del año fiscal anterior, y bueno, la Corte falló en contra de esa controversia. Ahora, esperemos a ver qué pasa con ésta, que nosotros consideramos no tiene una argumentación sólida legal y que está sujeta y responde a consideraciones de coyuntura política. En la pretendida controversia señalan que el artículo 16 del Reglamento está violando o extralimita el 27 de la Ley General de Desarrollo Social porque consideran que para la integración del padrón de beneficiarios de los programas sociales, no debe o no se permite o no se establece que participen los gobiernos de las entidades federativas.

Realmente, el artículo 16 del Reglamento considera que los elementos y la información que señale la Comisión Nacional de Evaluación serán considerados para establecer la integración de este padrón y la Secretaría tendrá en cuenta las opiniones y los elementos técnicos, la Secretaría de Desarrollo Social, que aporten los gobiernos de las entidades federativas, así como los gobiernos municipales. No nos parece que haya una extralimitación o una falta al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

También señalan que el artículo 37 del Reglamento no considera o excluye al Consejo Nacional de Evaluación para identificar a los grupos personas que se encuentran en situación de pobreza. Nada más que ese artículo 37 establece muy claramente que las personas o grupos en situación de pobreza son los que identifique la Secretaría con sujeción... Utiliza la palabra ``con sujeción'', que nos parece determinante y clara, a los lineamientos y criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Muy claro.

También señalan que el artículo 38 del Reglamento deja fuera al Consejo Nacional de Evaluación en cuanto a los indicadores que va a producir el INEGI para los criterios de medición de la pobreza. Pero se dice en ese artículo que su diseño, el diseño de los indicadores que hará el INEGI tomará en cuenta las opiniones del Consejo Nacional de Evaluación; otra vez muy claro. Y seguimos: también se dice en la pretendida controversia que se viola el artículo 50, fracción IX, de la ley, en los artículos 44 a 65, al eliminar una facultad de la Comisión Nacional de Evaluación como órgano de coordinación de las entidades federativas. En primer lugar, el espíritu del legislador no puede ser que la Comisión Nacional de Evaluación coordine a los gobiernos autónomos y las entidades federativas, pero además se dice que la Secretaría propondrá esas reglas de participación social y se ajustarán muy claramente al Reglamento y a la Ley de Desarrollo Social.

No consideramos que haya elementos para esta controversia constitucional. También se dice que las entidades federativas no pueden realizar evaluaciones de sus programas, pero el artículo 81 de la Ley dice muy claramente que podrán hacerlo. Dice: ``El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social es un organismo público descentralizado, con patrimonio propio --etcétera--... y de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social que ejecutan las dependencias públicas''.

Con toda claridad, ahí está. No encontramos nada que violente la Ley de Desarrollo Social; están en todo su derecho de presentar esta controversia y esperaremos, si así lo decide esta Cámara, los resultados de la Corte. Esperamos que rectifiquen y que se den cuenta de que se ajusta el Reglamento a la Ley de Desarrollo Social. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Zavala Peniche. A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero, el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Asimismo, queremos dar la más cordial bienvenida a personal docente y a estudiantes de la escuela primaria Miguel Hidalgo del municipio de Puente de Ixtla, del estado de Morelos. Todos ellos han sido invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka: Con su venia, señora Presidenta. Creo que no fue muy elocuente quien me precedió en el uso de la palabra para argumentar a favor o en contra de la ley y el reglamento y el decreto que regulan el Consejo, pues hay que conocer la ley... la ley a fondo, y pues no es el caso de la fracción del PAN, pues no ha hecho su tarea. Por eso no percibe las diferencias que hay entre la ley y el reglamento. Es muy claro que excede las atribuciones reglamentarias del Ejecutivo federal, invade las facultades legislativas del Congreso de la Unión porque en el reglamento va más allá de la ley, niega cosas que están en la ley y modifica otras sustancialmente. Los argumentos que dio la diputada Zavala pues no se sostienen. Miren, en medición de la pobreza, para dar ejemplos importantes, el Reglamento da a la Secretaría la facultad de identificar a las personas y los grupos en pobreza; pero eso va en contra de lo que dice la ley en los artículos 36 y 37, que da las facultades de medición de la pobreza al Consejo Nacional de Evaluación, no sólo las normativas sino también las ejecutivas.

Es muy clara la ley. Dice: ``Los estudios que hará el Consejo cada dos años a nivel de entidad federativa y cada cinco a nivel de municipio...'' Y está muy claro quién está identificando a las personas pobres; no sólo la norma. Lo mismo pasa con el argumento de la diputada con relación a las facultades de evaluación. Lo que señalaste, Beatriz; efectivamente, el artículo 37 del reglamento dice: ``... con sujeción a los lineamientos que establezca el Consejo'', pero eso deja al Consejo solamente las facultades normativas, y el Consejo, en la ley es muy claro, tanto en medición como en evaluación tiene facultades normativas y de llevar a cabo las tareas de medición y de evaluación.

Y luego, en la cosa de la Comisión Nacional, Beatriz, no es un problema de que si coordina o no coordina; el asunto es que la ley da la facultad a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, no a la Comisión Nacional de Evaluación, como dijiste en la tribuna, sino a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que es lo que llamo la ``república del desarrollo social'', para aprobar las reglas de participación social, y casi la mitad del reglamento es lo que hace: establecer reglas de la participación social a través de convenios de concertación, coinversión social, etcétera, que ocupan una buena parte del reglamento y no consultó a la Comisión Nacional de Desarrollo Social para hacer esa inclusión de cosas que, obviamente, van más allá de la ley.

Es decir, está muy claro el asunto, no es la primera vez que la Secretaría de Desarrollo Social hace lo mismo. Cuando publicaron el decreto que regula el Consejo Nacional de Evaluación, el 24 de agosto pasado, la Junta de Coordinación Política había acordado que la Cámara se fuera a controversia constitucional, pero --con sabiduría-- abrió un espacio de negociación entre la Cámara de Diputados y la Sedesol para que nos pusiéramos de acuerdo y llegáramos de acuerdo a reformas de ese decreto. Llegamos a ese acuerdo: vino Josefina Vázquez Mota, en comparecencia, y afirmó ahí que ya habían enviado las reformas del decreto que regula el Consejo, los órganos que tienen que revisar esto en el Ejecutivo federal. El hecho es que en la reciente comparecencia de la nueva secretaria ella dejó en claro que no va a haber reformas del decreto; es decir, en esa ocasión la Cámara confió en la vía de negociación, en la palabra de los funcionarios de la Sedesol.

Pero parece que no tienen palabra, y entonces nos dejaron colgados y por eso, compañeros, compañeras, es muy importante que vayamos a esta controversia constitucional. Y como dice la diputada, claro, las controversias constitucionales son para que decida la Corte quién de las partes tiene razón. Si los argumentos del Gobierno Federal para defender el Reglamento de la ley fueran tan débiles, Beatriz, como los que hiciste aquí, en la tribuna, pues creo que está muy claro que la Corte nos va a dar la razón a nosotros. Esperemos que el contendiente del otro lado sea de más nivel y pueda hacer un buen debate y una buena disputa. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra para hablar a favor del punto de acuerdo el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias, diputada Presidenta. Tengo que reconocer dos cosas inicialmente: una es que en la Comisión de Desarrollo Social, donde ese tema se ha ventilado, siempre hemos tenido un excelente ambiente de diálogo y de comunicación, que nos ha permitido sacar muchas cosas juntos y que hemos logrado avances enormes. La muestra más relevante es la propia ley, que salió con un voto unánime de todo este Pleno y, además, el voto unánime en el Senado.

De manera que es una cuestión relevante que hoy vengamos con una diferencia, si bien menor, porque es del reglamento, es fundamental que quede claro hasta dónde llega la ley y hasta dónde el reglamento. Y la otra cuestión es que, por razones que --me imagino-- tienen que ver con el enjambre burocrático, este reglamento que ahora discutimos debió haber salido 90 días después que se publicó la ley; es decir, hace ya casi dos años. Por eso es lamentable que ahora que sale tenga imperfecciones. Tiene este reglamento una riqueza enorme porque recogió muchas opiniones de mucha gente durante mucho tiempo.

De hecho, se refleja en su factura, pero tiene todavía detalles. Creo que esta controversia va a ser útil porque va a poner precisión en tres o cuatro puntos que, me parece, pueden ser perfectamente aclarados para evitar conflictos posteriores entre el Consejo Nacional de Evaluación y la Secretaría y entre la Comisión Nacional de Desarrollo Social y el propio sector central. Me parece, entonces, que es una controversia que debemos apoyar, tanto el PAN como el PRD y el PRI, porque no obstaculiza la continuación de una negociación con el sector para aclarar estos puntos. Incluso, sirve como presión para todos nosotros, para que si nosotros y la Secretaría no logramos apoyarnos mutuamente y sacarlo adelante, la Corte lo diga. Es una pena, pues, que todo vaya a la Corte hoy día: elecciones, asuntos judiciales estatales, asuntos de otro orden y hasta la cuestión reglamentaria. Pero, bueno, ése es el camino de la democracia hay que abordarlo.

Y pediría dos cosas: primero, que aprobáramos este punto de acuerdo para que la Corte tome cartas en el asunto y revise quién tiene razón en qué parte; y, segundo, para que nos dé un buen entorno y pudiéramos acercarnos a la Secretaría y sus áreas de apoyo, como son la de Hacienda, la Consejería Jurídica, la Cofemer y el Jurídico de Presidencia, y podamos acordar de manera tácita, republicana una mejor forma de tratar estos tres puntos que están en la controversia. Finalmente, me gustaría muchísimo también hacer un exhorto a la Secretaría en esta tribuna para que, con el mismo espíritu que la Secretaría compartió la atribución del Presidente de la República de enriquecer la propuesta de reglamento, pudiera --ahora que se ha llegado a este nivel-- abrir este espacio de conciliación, de revisión y de corrección del decreto. Me parece que, en el fondo, estamos todos de acuerdo; lo que queda pendiente es si refleja o no el texto explícito del reglamento.

En tanto eso ocurre, el reglamento opera, funciona y puede ser tergiversado en su manejo en una evaluación que puede aproximarse hacia mayo o junio y que pudiera ser el juego apologético de crear un panegírico de la política nacional de México a favor de un candidato. Creo que no es necesario; podríamos evitar la pena de hacer una apología electoral en mayo o junio si aceptamos ahora abrir la posibilidad de que sean el acuerdo, la conciliación, el diálogo, la comunicación entre Congreso y Ejecutivo, o bien, dejar a que la Corte, con su imperio, establezca quién tiene la razón y en qué. Les pido, pues, que por esta ocasión aprobemos este punto de acuerdo --requiere mayoría calificada-- para que vaya a ser la Corte la que lo defina y no el interés coyuntural de la temporada electoral. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Carlos Flores Rico. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul de la diputada Beatriz Zavala.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Le solicitaría que la votación fuera nominal. Sería importante que constara, para envío a la Suprema Corte en esta --si se aprueba así--... en esta controversia que se pretende aprobar por parte de la Cámara.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quién apoya su solicitud? (...) Bien. En virtud de que se encuentra suficientemente discutido, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación...

La diputada Sofía Castro Ríos (desde la curul): Ya está votada la proposición.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No, no está votado. Lo que se votó exclusivamente es si estaba suficientemente discutido, y sí está suficientemente discutido. En tal virtud, a solicitud de la diputada Beatriz Zavala y acompañada por el número de compañeros diputados suficiente, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para recabar la votación del punto de acuerdo que hemos estado discutiendo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar la votación.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la señora Nora Hilda Tamez, regidora del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y a las personas que la acompañan. Sean ustedes bienvenidas. Ellas han sido invitadas por la diputada Blanca Judith Díaz Delgado. (...)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz:

La diputada Guadalupe Mendívil Morales (desde la curul): A favor.

La diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputada Presidenta: se emitieron 233 votos en pro, 116 en contra y 4 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, está aprobado; comuníquese. Favor de continuar con el orden del día, dando lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política por favor.

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REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados en la XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo de 2006 en Valle de Bravo, estado de México

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted, con objeto de que se someta al Pleno, la integración de la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de Norteamérica, que tendrá verificativo del 2 al 4 de marzo del año en curso, en Valle de Bravo, estado de México.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, GPPRI

Diputado Carlos Jiménez Macías, GPPRI

Diputada Laura Elena Martínez Rivera, GPPRI

Diputado Raúl Pompa Victoria, GPPRI

Diputada Adriana González Carrillo, GPPAN

Diputado Francisco Barrio Terrazas, GPPAN

Diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, GPPAN

Diputado Juan José García Ochoa, GPPRD

Diputado Jorge Martínez Ramos, GPPRD

Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, GPPVEM

Diputado Pedro Vázquez González, GPPT

Pendiente, GPC

La delegación estará presidida por el diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, para que informe sobre el espionaje telefónico, la actitud del Gobierno Federal respecto al proceso electoral de 2006 y la publicidad gubernamental

Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

La Junta de Coordinación Política, en sesión del 20 de febrero de 2006, acordó citar a comparecer al secretario de Gobernación para que informe sobre el espionaje telefónico, la actitud del Gobierno Federal respecto al proceso electoral 2006 y la publicidad gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se cita ante el Pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, para que informe sobre el espionaje telefónico, la actitud del Gobierno Federal respecto al proceso electoral 2006 y la publicidad gubernamental.

Segundo. La comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación se realizará de acuerdo con el siguiente formato:

1. En la comparecencia del secretario participarán 3 diputados del GPPRI, 2 del GPPAN, 2 del GPPRD y 1 de los grupos parlamentarios del PVEM, PT y Convergencia.

2. El secretario tendrá una intervención inicial de hasta por 10 minutos.

3. Se llevarán a cabo 3 rondas de participación. En la primera intervendrá un diputado por cada grupo parlamentario representado en esta soberanía, en orden ascendente, de acuerdo con el número de sus diputados. En la segunda, un diputado del grupo parlamentario del PRD y uno del grupo parlamentario del PRI, y en la tercera, un diputado del grupo parlamentario del PAN y uno del grupo parlamentario del PRI.

4. Las preguntas, réplicas y contrarréplicas entre diputados y secretario se realizarán de acuerdo con los siguientes tiempos:

Diputado 5 minutos.

Secretario 5 minutos.

Diputado 5 minutos.

Secretario 5 minutos.

Diputado 3 minutos.

Los diputados de los grupos parlamentarios de Convergencia, PT y PVEM tendrán en su primer uso de la palabra un tiempo de hasta por 8 minutos.

Tercero. La comparecencia del secretario de Gobernación se realizará el día 28 de febrero de 2006, a las 11:15 horas, en el salón de sesiones del Pleno.

Cuarto. En términos del numeral 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la comunicación correspondiente al Ejecutivo federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2006.---Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora, para que informe sobre las acciones realizadas en contra del narcomenudeo y los programas federales de seguridad pública.

Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

La Junta de Coordinación Política, en sesión del 20 de febrero de 2006, acordó citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública para que informe sobre las acciones realizadas en contra del narcomenudeo y los programas federales de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se cita ante el Pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora, para que informe sobre las acciones realizadas en contra del narcomenudeo y los programas federales de seguridad pública.

Segundo. La comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizará de acuerdo al siguiente formato:

1. En la comparecencia del secretario participarán 3 diputados del GPPRI, 2 del GPPAN, 2 del GPPRD y 1 de los grupos parlamentarios del PVEM, PT y Convergencia.

2. El secretario tendrá una intervención inicial de hasta por 10 minutos.

3. Se llevarán a cabo 3 rondas de participación. En la primera, intervendrán un diputado por cada grupo parlamentario representado en esta soberanía, en orden ascendente de acuerdo al número de sus diputados. En la segunda, un diputado del grupo parlamentario del PRD y uno del grupo parlamentario del PRI, y en la tercera, un diputado del grupo parlamentario del PAN y uno del grupo parlamentario del PRI.

4. Las preguntas, réplicas y contrarréplicas entre diputados y secretario, se realizarán de acuerdo con los siguientes tiempos:

Diputado 5 minutos.

Secretario 5 minutos.

Diputado 5 minutos.

Secretario 5 minutos.

Diputado 3 minutos.

Los diputados de los grupos parlamentarios de Convergencia, PT y PVEM tendrán en su primer uso de la palabra un tiempo de hasta por 8 minutos.

Tercero. La comparecencia del secretario de Seguridad Pública Federal se realizará el día 2 de marzo de 2006 a las 10:15 horas, en el salón de sesiones del Pleno.

Cuarto. En términos del numeral 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice la comunicación correspondiente al Ejecutivo federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos que estén por la afirmativa...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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CERTIFICADO DE MATRICULA CONSULAR

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

Dip. María Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio número SEL/300/7428/2005 y D.G.P.L. 59-II-0-2842/2005, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 13 de diciembre de 2005, mediante el cual se solicita al Gobierno Federal que realice las gestiones necesarias con el sector financiero y el privado, y los distintos niveles de gobierno y la Administración Pública Federal para que el certificado de matrícula consular de alta seguridad, o digital, expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, sea aceptado como identificación oficial en todo el territorio mexicano.

Anexo envío a usted oficio número DIF-DF/DEAJ/- 116/06, con la información que proporciona la licenciada Margarita Álvarez Sánchez, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF) del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de febrero de 2006.--- Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica).»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- DIF-DF.

Lic. Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno.--- Presente.

Con relación a su similar número SG/00224/2006, en el cual hace del conocimiento de este organismo el acuerdo emitido por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, de fecha 13 de diciembre de 2005, en el que acuerda que el certificado de matrícula consular de alta seguridad, o digital, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea aceptado como identificación oficial en todo el territorio nacional, me permito comunicarle:

Que en los trámites correspondientes de los programas se aceptará como identificación oficial dicho documento, que emitirá la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Ciudad de México, a 30 de enero de 2006.--- Lic. Margarita Álvarez Sánchez (rúbrica), directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

TS Beatriz Cosío Nava, asesora del secretario de Gobierno.--- Presente.

Anexo al presente me permito enviarte, para tu conocimiento, oficio de la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, licenciada Margarita Álvarez Sánchez, quien remite respuesta al oficio número SG/00224/2006, referente al punto de acuerdo aprobado el pasado 13 de diciembre de 2005 en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.

Sin otro particular, me es grato enviarte un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 7 de febrero de 2006.--- Lic. Justina Castro Castro (rúbrica), secretaria particular del secretario de Gobierno.»

Presidencia del diputado Álvaro Elías LoredoEl Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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CONTINGENCIAS AMBIENTALES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio número SEL/300/7547/2005 y D.G.P.L.59-II-1-1704/2005, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado el 14 de diciembre de 2005, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal revisar y modificar los programas de contingencias ambientales de tal forma que se reduzcan los valores para declaración de contingencia.

Anexo envío a usted el oficio número SMA/067/06, con la información que proporciona la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de febrero de 2006.--- Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.--- Secretaría de Medio Ambiente.

Lic. Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno del Distrito Federal.--- Presente.

Me refiero a su escrito número SG/00204/2006, del 9 de enero del año en curso, por el cual nos envía copia del oficio dirigido al jefe del Gobierno, licenciado Alejandro Encinas, mediante el cual los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduña Morales, Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en oficio número SEL/300/7547/05, del 19 de diciembre de 2005, comunican el punto de acuerdo aprobado en sesión de esa fecha en el acuerdo ``Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal revisar y modificar los programas de contingencias ambientales de tal forma que se reduzcan los valores para declaración de contingencias''.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Secretaría, junto con las autoridades ambientales del estado de México, está trabajando una propuesta de modificación del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA), la cual fue enviada el 18 de mayo de 2005 (copia del oficio anexa) al entonces titular de la Semarnat, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez. Dicha propuesta establece reducir la activación del PCAA por ozono y partículas suspendidas PM10 en un esquema gradual de mediano plazo hasta alcanzar el nivel de 150 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire en 2011. Asimismo, le comento que esta propuesta fue pensada con la finalidad de no afectar las actividades de los sectores industrial y de servicios, instaurando mecanismos para que esos establecimientos exenten el PCAA.

A la fecha se sigue en el proceso de revisión y análisis en el seno de la Comisión Ambiental Metropolitana para fijar los niveles de aplicación para dicho programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2006.--- Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (rúbrica), secretaria del Medio Ambiente.»

«Comisión de Medio Ambiente Metropolitana.

Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, secretario federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Presente.

Estimado señor secretario:

Derivado de nuestra última conversación y en cumplimiento del compromiso establecido en el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2002-2010, referente a la actualización del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA), nos permitimos proponer los siguientes niveles de activación para contingencias ambientales por ozono y partículas suspendidas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Respecto al nivel de activación de contingencias por ozono, se propone disminuir en 30 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) en el presente año y establecer un mecanismo gradual que permita disminuir 20 puntos cada dos años. En este sentido, se disminuirán 20 puntos adicionales de manera automática para el año 2007, y posteriormente, para 2009, previa evaluación del comportamiento de los contaminantes atmosféricos en el Valle de México, realizar otra disminución de 20 puntos y así sucesivamente hasta alcanzar la meta de 150 puntos del Imeca en 2011, parámetro que sería similar a estándares internacionales de programas semejantes.

Para el caso de los niveles de activación de las contingencias por partículas menores de 10 micrómetros (PM10), se propone bajar 5 puntos del Imeca en el presente año y establecer un mecanismo gradual para disminuir 10 puntos cada 2 años; es decir, para 2007 se contaría con un nivel de activación para PM10 de 160 puntos del Imeca y para 2009, previa evaluación del comportamiento de los contaminantes atmosféricos, bajar 10 puntos más hasta llegar a 150 puntos. Considerando lo anterior, el calendario de aplicación sería el siguiente:

OzonoNivel de activación (Imeca) Año de aplicación

240 actual

210 2005

190 2007

170* 2009

150* 2011Partículas PM10Nivel de activación (Imeca) Año de aplicación

175 actual

170 2005

160 2007

150* 2009

*Previa evaluación del comportamiento de los contaminantes.

La aplicación de esta propuesta representaría un avance importante en las acciones tendentes a la protección de la salud de la población del Valle de México, evitando que los habitantes se expongan a altos índices de contaminación del aire.

Sobre el particular, es importante señalar que en la implantación de esta propuesta debe garantizarse la consolidación de acciones paralelas, como la actualización de las normas oficiales mexicanas para el control de emisiones vehiculares y mejoramiento de combustibles, así como establecer los plazos para la reducción del contenido de azufre en la gasolina y el diesel, acciones en las que sin duda la valiosa intervención de la Secretaría a su digno cargo será imprescindible.

Reiterando a usted nuestro más alto compromiso para continuar colaborando estrechamente en la gestión de la calidad del aire del Valle de México, hacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Tlalnepantla de Baz, México, a 18 de mayo de 2005.--- Integrantes del Secretariado Técnico de la Comisión Ambiental Metropolitana; M en C Arlette López Trujillo (rúbrica), secretaria de Ecología del Gobierno del estado de México; Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (rúbrica), secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

TS Beatriz Cosío Nava, asesora del secretario de Gobierno.--- Presente.

Anexo a la presente me permito enviarle, para su atención, el oficio número SMA/067/2006, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria del Medio Ambiente, en el que informa con relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2005.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 7 de febrero de 2006.--- Lic. Justina Castro Castro (rúbrica), secretaria particular del secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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ACCIDENTES DE TRANSITO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio No. D.G.P.L.59-II-3/2006, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 8 de diciembre del 2005, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Pública, y de Turismo que impulsen la planeación, definición o ejecución de acciones y programas en materia de seguridad vial, así como la instrumentación de las medidas necesarias para brindar la atención médica oportuna a las víctimas al verificarse los accidentes y con posterioridad a los mismos.

Anexo envío a usted oficio No. SECTURGDF/AOM- /004/06, con la información que proporciona la maestra Anabel Ortega Muñoz, asesora de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de febrero de 2006.--- Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

Lic. Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal.--- Presente.

Por instrucciones de la doctora Julia Rita Campos de la Torre, secretaria de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, acusamos de recibo su oficio número 00220, del 9 de enero del presente año, y me permito informarle que se tomarán las medidas necesarias para atender el punto de acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, relativo a impulsar una política nacional de prevención de accidentes de tránsito, en lo que corresponde a las atribuciones de esta Secretaría de Turismo, que remiten los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente.

Mtra. Anabel Ortega Muñoz, asesora de la C. Secretaria.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

TS Beatriz Cosío Nava, asesora del secretario de Gobierno.--- Presente.

Anexo a la presente me permito enviarle, para su atención, oficio número SECTURGDF/AOM/004/06 de la maestra Anabel Ortega Muñoz, asesora de la secretaria de Turismo, en el que informa sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2005.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente.

Lic. Justina Castro Castro, secretaria particular del secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó acuerdo de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional, expediente correspondiente a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, recibido el 26 de abril de 2005.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Salud.

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LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que se recibió del Congreso del estado de Michoacán acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X, y 38 Quáter de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; y 62 Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

La Mesa Directiva acordó que se hiciera llegar dicha documentación a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

C. Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, se le remite acuerdo, por medio del cual se exhorta a la Cámara de diputados del Congreso de la Unión a dictaminar la iniciativa de decreto emanada y remitida por la Cámara de Senadores, en la que se adicionan los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X, y 38 Quáter de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; y 62 Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero de 2005.--- Diputados: Jorge Adolfo Reza Maqueo (rúbrica), Presidente; Fernando Cano Ochoa (rúbrica), primer secretario; Minerva Bautista Gómez (rúbrica), segunda secretaria; José Miguel Cázares Higuera (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a dictaminar la iniciativa de decreto emanada y remitida por la Cámara de Senadores, en la que se adicionan los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X, y 38 Quáter de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; y 62 Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a los nueve días del mes de febrero de dos mil seis.--- Diputados: Jorge Adolfo Reza Maqueo (rúbrica), Presidente; Fernando Cano Ochoa (rúbrica), primer secretario; Minerva Bautista Gómez (rúbrica), segunda secretaria; José Miguel Cázares Higuera (rúbrica), tercer secretario.»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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LEY GENERAL DE POBLACION - LEY ADUANERA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que se recibió del Congreso del estado de Coahuila acuerdo por el que se adhiere a otro del Congreso del estado de Sonora con relación a la Ley General de Población y la Ley Aduanera.

La Mesa Directiva acordó que se hiciera llegar dicha documentación a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

C. Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión celebrada el 17 de enero de 2006, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a un dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Legislatura, con relación a un acuerdo del Congreso del estado de Sonora en el que se determinó plantear ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población y para adicionar una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, con el fin de permitir la admisión temporal de personas y vehículos extranjeros cuyo ingreso en el país tenga por objeto apoyar a las autoridades mexicanas durante el tiempo que se presente alguna contingencia ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas en los municipios fronterizos.

Conforme a lo propuesto en dicho dictamen, la propia Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo en el que se manifiesta la adhesión de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza al mencionado acuerdo, del H. Congreso del estado de Sonora.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica de este Congreso del estado y conforme a lo que se dispone en el resolutivo segundo del punto de acuerdo aprobado por esta Legislatura, se comunica lo anterior a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos procedentes, acompañándose asimismo una copia del dictamen relativo a este asunto, para el debido conocimiento de sus términos.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 19 de enero de 2006.--- Profr. y Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica), oficial mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Séptima legislatura, en relación con el oficio que envía el Congreso del estado de Sonora en el cual se informa de la aprobación de un acuerdo en el que se determinó presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para adicionar una fracción XVIII al artículo 61 de la ley Aduanera, con el fin de permitir la admisión temporal de personas y vehículos extranjeros cuyo ingreso en el país tenga por objeto apoyar a las autoridades mexicanas durante el tiempo que se presente alguna contingencia de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosivos de sustancias tóxicas en los municipios fronterizos.

Resultando

Primero. Que en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2005, por el Pleno del Congreso se dio cuenta del oficio que envía el Congreso del estado de Sonora mediante el cual se informa de la aprobación de un acuerdo en el que se determinó presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para adicionar una fracción XVIII al artículo 61 de la ley Aduanera, con el fin de permitir la admisión temporal de personas y vehículos extranjeros cuyo ingreso en el país tenga por objeto apoyar a las autoridades mexicanas durante el tiempo que se presente alguna contingencia de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosivos de sustancias tóxicas en municipios fronterizos.

Segundo. Que dicho documento se turnó a esta Comisión, para los efectos que resulten procedentes; y

Considerando

Primero. Que esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen, tanto por el acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva como por lo dispuesto en los artículos 103, 132 y 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Segundo. Que se anexan al presente dictamen, formando parte del mismo, el oficio que presenta el Congreso del estado de Sonora, mismo que, en obvio de innecesarias repeticiones, se tiene por íntegramente reproducido.

Tercero. Ahora bien, en análisis del documento remitido por el Congreso del estado de Sonora, la que dictamina advierte que, con vista en la propuesta que se formula y ponderando el interés en todos los asuntos que se refieren a acontecimientos derivados de casos fortuitos, como contingencias de tipo ambiental causadas por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas en municipios fronterizos y en los cuales las diferentes instituciones y órganos encargados de brindar protección y apoyo resulten insuficientes dada la magnitud del evento, deviene procedente que en dichos casos el Instituto Nacional de Migración, sin la autorización de la Secretaría de Gobernación, facilite la admisión temporal. a nuestro país de personas y vehículos extranjeros que formen parte de grupos de emergencia, y cuyo ingreso en nuestro país consista en colaborar a controlar y combatir las contingencias mencionadas que se presenten en municipios fronterizos de la República Mexicana, con la condición de que, una vez concluida la contingencia, sean regresados a su país de origen. Por ello esta Comisión estima que debe aprobarse la propuesta de reforma, adhiriéndose a la misma en los términos que el Congreso de Sonora ha sugerido.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Congreso el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza se adhiere y apoya el acuerdo emitido por el Congreso del estado de Sonora mediante el cual propone al Congreso de la Unión que se adicione un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población, así como para adicionar una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, en los siguientes términos:

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

El Instituto Nacional de Migración, sin necesidad de autorización de la Secretaría de Gobernación, facilitará la admisión temporal a nuestro país de extranjeros que formen parte de grupos de emergencia y cuyo ingreso en el país consista en colaborar con autoridades mexicanas durante el tiempo que se presente alguna contingencia de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas en municipios fronterizos para el efecto de disminuir o eliminar riesgos a la población y sus bienes.

Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Articulo 61. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Los vehículos que se introduzcan en el país para efectos de combatir y controlar contingencias de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas y que se presenten en municipios fronterizos de la República Mexicana, debiendo regresarlos a su país de origen una vez concluida la contingencia.

Segundo. Gírese atento oficio al Congreso de la Unión mediante el cual se le comunique la adhesión de este Congreso al acuerdo mencionado en el apartado primero de este punto de acuerdo.

Tercero. Comuníquese el presente punto de acuerdo al Congreso del estado de Sonora, para los efectos procedentes.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado: diputado Francisco Saracho Navarro, coordinador; diputado Román Cepeda González, diputado Juan Alejandro de Luna González, diputado Demetrio Zúñiga Sánchez, diputado Guadalupe Sergio Reséndiz Boone, diputado José Ignacio Máynez Varela, diputado Jesús Manuel Pérez Valenzuela, diputado Virgilio Maltos Long, diputado Lorenzo Dávila Hernández. Saltillo Coahuila, a 16 de enero de 2006.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: Francisco Saracho Navarro (rúbrica), coordinador, Román Cepeda González, Juan Alejandro de Luna González (rúbrica), Demetrio Zúñiga Sánchez, Guadalupe Sergio Reséndiz Boone (rúbrica), José Ignacio Máynez Varela (rúbrica), Jesús Manuel Pérez Valenzuela (rúbrica), Virgilio Maltos Long (rúbrica), Lorenzo Dávila Hernández (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio número OG/DG/ 0F/06/010, signado el día 9 del actual por la C. Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el cual solicita que se les hagan llegar las propuestas del Consejo Consultivo derivadas de la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de esa Comisión, celebrada el día 20 de octubre de 2005.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el anexo que en el mismo se menciona, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Lic. Carlos María Abascal Carranza, secretario de Gobernación.

Hago referencia a la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de esta Comisión, celebrada el pasado 20 de octubre, con la presencia del señor Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en la cual el Consejo Consultivo entregó a la Junta de Gobierno diversas propuestas y recomendaciones en materia de desarrollo indígena.

Al respecto, en anexo me permito enviar a usted las propuestas del Consejo Consultivo que competen al Congreso de la Unión.

Agradeceré tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a fin de hacerlas llegar al Poder Legislativo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 9 de febrero de 2006.--- Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica), directora general.»

«Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Propuestas del Consejo Consultivo

Hacer las gestiones necesarias con quien corresponda con el fin de promover ante el Poder Legislativo la derogación del ``Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles'' en su título primero.

RespuestasSecretaría de Salud

Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios

Antes de entrar en vigor el acuerdo se presentaron casos de envenenamiento e incluso fallecimientos por la ingesta indiscriminada de productos, que incluían alguna de las plantas listadas en el título I del acuerdo.

El acuerdo ha sido útil para proteger a la población por el uso indiscriminado de estos productos, por lo que se considera no procedente la derogación del mismo, haciendo hincapié en que éste, no aplica a la venta a granel de las plantas, ya que se considera que la persona que los vende, otorga la información de uso al consumidor.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Propuestas del Consejo Consultivo

Se promueva una urgente reforma a la Ley de Radio y Televisión para que sea congruente con las leyes actuales relacionadas con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, debe contemplar los principios y mandatos del artículo 2o. constitucional y del Convenio 169 de la OIT.

Tomar en cuenta que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación para la proyección y difusión de la lengua, el arte y cada uno de los valores y manifestaciones culturales y de identidad.

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Promover la participación de los propios hablantes de lenguas indígenas para el impulso de las perspectivas de desarrollo en los medios de comunicación: radio, televisión, cine, Internet.

Mandatar que las instancias involucradas con el de-sarrollo cultural implementen políticas públicas que propicien el desarrollo cultural de los pueblos indígenas en general y de cada uno de ellos en lo particular, y se efectúen acciones de emergencia para contener la tendencia a la extinción de las culturas amenazadas, haciendo efectivo el acceso a los medios de comunicación nacional.

Ampliar el tiempo que las concesionarias y permisionarias deben brindar gratuitamente en los medios de comunicación a las instancias culturales y educativas, así como hacer cumplir esta obligación a los empresarios por gozar ellos de estos beneficios en el país.

Hacer las gestiones necesarias con quien corresponda, con el fin de promover ante el Poder Legislativo la modificación del último párrafo del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente cambiar los términos ``entidades de interés público'' por el de ``sujetos de derecho público'', garantizando:

Que los pueblos y comunidades indígenas adquieran personalidad jurídica.

El ejercicio de la autonomía en la forma propia de cada uno de los pueblos y comunidades indígenas.

El ejercicio de la libre determinación mediante la autonomía.

La asignación de presupuesto directo a los pueblos y comunidades indígenas para cada ejercicio fiscal.

El reconocimiento de las autoridades tradicionales emanadas de cualquiera de sus formas propias para que sus actos tengan validez oficial.

El reconocimiento de los sistemas normativos internos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

La competencia de la autoridad tradicional para aplicar sus sistemas normativos internos tradicionales y resolver conflictos al interior de su pueblo y/o comunidad.

La potestad de la autoridad tradicional para representar y asistir a los miembros fuera de su comunidad.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones de Salud, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Eugenia Mesta Espinosa.

Puesto: Analista de Mercado en la Sección para la Promoción de México. Intercambios Comerciales del Instituto Italiano para el Comercio Exterior.

Lugar de trabajo: Embajada de Italia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 7 de febrero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Raymundo Salazar Mendoza.

Puesto: Chofer-gestor.

Lugar de trabajo: Embajada de la República del Paraguay en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su currículum vitae e identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 7 de febrero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

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DELINCUENCIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-1988, signado el 25 de enero del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SP/ 024 /2006, suscrito el 9 del actual, por el licenciado Fernando Castillo Tapia, secretario particular del secretario de Seguridad Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar acciones coordinadas con las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios para enfrentar la delincuencia y la violencia en el país.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de febrero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del licenciado Eduardo Medina-Mora I. y en respuesta a su oficio número SEL/300/441/06, me permito enviarle los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima sesión, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 8 de febrero de 2006, para que por su amable conducto sean remitidos a los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

``Por un México mejor, por un México más seguro.''

México, DF, a 9 de febrero de 2006.--- Lic. Fernando Castillo Tapia (rúbrica), secretario particular.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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PREMIO NOBEL DE LA PAZ

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-11-3-2096, signado el 11 de enero último por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga y la senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DCP-0216/05, suscrito el 7 del mes en curso, por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que el citado órgano legislativo propone al doctor Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al pronunciamiento aprobado por la Comisión Permanente el día 11 de enero de 2006, en relación con el siguiente punto de acuerdo:

``Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión propone al doctor Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.

Segundo.- Remítase el presente punto de acuerdo al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haga llegar, antes del primero de febrero de 2006, al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.''

Dando seguimiento al pronunciamiento aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, le informo que el día martes 31 de enero, dicho punto de acuerdo fue entregado al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 7 de febrero de 2006.--- Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CONNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mis similares números SEL/300/146/06 y SEL/300/546/06, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio número 315-A- 00518, signado el 2 del actual por el ciudadano Sergio Montaño Fernández, director general de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a los recursos económicos de los consulados mexicanos para la repatriación de cadáveres.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de febrero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En alcance a mi similar número 315-A-00299, de fecha 23 de enero del presente año, referente a la solicitud de información que realizó la H. Cámara de Diputados sobre los criterios que se están utilizando para brindar apoyo económico en el caso de traslado de cadáveres, así como los montos que son entregados a cada consulado en este concepto.

Sobre el particular, con oficio número POP- 0464/06, de fecha 25 de enero del presente, el director general de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), remite copia de un documento que contiene la respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, relativo al traslado de restos de migrantes. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envío a usted la documentación descrita, para los efectos a que haya lugar.

Le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 2 de febrero de 2006.--- Sergio Montaño Fernández (rúbrica), director general.»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CONDECORACIONES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mayor de Infantería DEM Claudio Edmundo Huízar de la Torre, licenciado Vidal Elías Gutiérrez, licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, María del Carmen García Plata Barrios y General de Brigada DEM José Luis Gutiérrez Velarde, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa de la República Francesa, respectivamente.

Atentamente.

México, DF, a 14 de febrero de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso al C. Mayor de Infantería DEM Claudio Edmundo Huízar de la Torre, para que pueda aceptar y usar la Medalla ``Minerva'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al C. Lic. Vidal Elías Gutiérrez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al C. Lic. Jaime Virgilio Nualart Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al C. Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la C. María del Carmen García Plata Barrios, para que pueda aceptar y usar la condecoración Member of the British Empire, que le otorga el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al C. General de Brigada DEM José Luis Gutiérrez Velarde, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional ``Échelon Or'' que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de febrero de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de febrero de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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BENITO JUAREZ GARCIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca al Congreso de la Unión a la celebración de una sesión solemne el 21 de marzo de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se convoca al Congreso de la Unión a la celebración de una sesión solemne, el 21 de marzo de 2006, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Honorable Asamblea:

Los que suscribimos, diputados Pablo Gómez Álvarez, Emilio Chuayffet Chemor, José González Morfín, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alejandro González Yáñez, Jesús Martínez Álvarez y Eduardo Espinoza Pérez, a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca al Congreso de la Unión a la celebración de una sesión solemne, el 21 de marzo de 2006, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, de Don Benito Juárez García.

Exposición de Motivos

El próximo 21 de marzo del presente año se cumplen 200 años del natalicio de don Benito Juárez García, aniversario que representa la primera luz de una vida ejemplar puesta al servicio de la patria.

Juárez es ejemplo, símbolo, prócer y orgullo de los mexicanos. En la sociedad del siglo XIX superó los prejuicios de la época y, enalteciendo su raza, logró ascender desde la más humilde condición social hasta la primera magistratura del país.

La historia de su existencia está indisolublemente ligada al alumbramiento y consolidación de la República Mexicana, de ahí su carácter de patricio y de patriota.

Juárez dejó un legado ético, político y jurídico no sólo a los mexicanos sino también al mundo entero, al sostener indeclinablemente, a pesar de los ataques y las adversidades internos y externos, las instituciones republicanas de la nación y al constituir principios que hasta el presente permanecen inalterables: la supremacía de la Constitución; la fe en la República; el imperio de la Ley; la secularización del Estado; la libertad de culto; y la libre autodeterminación de los pueblos.

Juárez fue actor fundamental y héroe de cruentos episodios: la Guerra de Reforma, la intervención extranjera y el imperio, que forjaron con sangre la identidad nacional, el amor a la independencia y el derecho de México a definir por sí mismo su camino.

La fuerza y tenaz perseverancia de sus ideales permitieron que los mexicanos, bajo su conducción, expulsaran a los invasores y allanaran el camino para el triunfo de la República, el 15 de mayo de 1867, dando Juárez entonces una lección universal que expresada en su apotegma inmortal inscrito en el Muro de Honor del Palacio Legislativo: ``Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''.

No es gratuito que en su época en Italia se le llamara el Presidente de la República Universal; que los principios de su política internacional sigan rigiendo las relaciones de México con el exterior y sean considerados una aportación a la diplomacia mundial, ni mucho menos que hasta la fecha se hayan escrito miles y miles de páginas sobre su vida y obra y reconocido en innumerables homenajes.

Conmemorar el bicentenario del natalicio de tan universal mexicano es ocasión propicia para evocar los valores que defendió sin claudicar; para recordar con él que la política no es sólo cuestión de ideas, sino de actos y conductas que coincidan con ellas, y que la función pública es más digna cuando se ejerce con vocación y apego a la ley; y para reafirmar y dar vigencia a los principios sustanciales de nuestra vida republicana, representados en la figura histórica inolvidable de don Benito Juárez García, héroe de la Reforma y Benemérito de las Américas que, junto con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, y don José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación, conjugaron las ideas y acciones que dieron nacimiento, independencia y fortaleza a la nación mexicana.

Por tal motivo, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, y el Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se declara 2006 como ``Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

De la misma manera, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que cite a sesión solemne a efecto de celebrar el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, el próximo 21 de marzo.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en la importancia de conmemorar tal acontecimiento y que la sesión solemne propuesta sea de Congreso General para dotarla de la mayor formalidad, por lo que nos permitimos someter a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos celebrará una sesión solemne el martes 21 de marzo de 2006, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.

Segundo. El Presidente del Congreso citará oportunamente a la sesión solemne y definirá el protocolo de la misma.

Tercero. El Presidente del Congreso hará las invitaciones de manera oficial a los titulares de los Poderes de la Unión y a los representantes de las entidades federativas, instituciones docentes y académicas, organizaciones sociales, cívicas y culturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 21 días del mes febrero de 2006.

Diputados: Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; José González Morfín (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Iniciativas de ciudadanos diputados. Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: comparezco ante ustedes, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El artículo 8o. constitucional establece la prerrogativa que tienen los individuos de hacer peticiones escritas a las autoridades y la correlativa obligación de éstas de responderlas en breve término, sin que ello signifique que deban hacerlo en el sentido deseado por los signatarios. Los requisitos para el ejercicio de este derecho son que las peticiones se formulen de manera respetuosa y por escrito, y que las referentes a aspectos políticos sean planteadas por las personas que tengan la calidad de ciudadanos, sin más limitaciones que las pronunciadas en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre las más destacadas cobra interés el criterio de la Segunda Sala del máximo tribunal publicado en el Semanario Judicial de la Federación de julio de 1995, página 95, el cual señala que la institución denominada negativa ficta, aplicable en las materias fiscal y administrativa, regulada por el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que las peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo y mientras no se dicte resolución.

La jurisprudencia de mérito expresa que la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una petición escrita cuando la autoridad omite resolverla en el plazo previsto de los tres meses. Su objeto es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que debe emitir respuesta, romper la situación de indefinición derivada de una omisión, pudiendo el interesado interponer los medios de defensa previstos en los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Esta figura trasciende en la necesidad de realizar una reforma porque si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la negativa ficta y el derecho de petición no deben ser considerados instituciones idénticas, podemos estimar que la negativa ficta obra en el sentido de la respuesta que la norma presume ha recaído a una petición cuando la autoridad no resuelve en un periodo determinado. Por tanto, el concepto es congruente con la Constitución, y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de ningún modo deben operar los supuestos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

Este fundamento ha sido motivo de diversas críticas por las inconformidades expresadas con la reforma del 1 de enero de 2004, porque dio lugar a que los contribuyentes contasen con la posibilidad de formular consultas de criterio con relación a la aplicación de las disposiciones fiscales que por su complejidad son difíciles de comprender. Esta facultad obliga a las autoridades a que resuelvan las consultas siempre que versen sobre situaciones concretas, es decir, que no sean hipotéticas y se desee conocer el punto de vista de la autoridad.

No es posible que en nuestro país se deje al contribuyente a la suerte de criterios de la autoridad que si bien es cierto pueden los promoventes recurrir, se viola la garantía de petición, toda vez que la Constitución por antonomasia es la que debe prevalecer. Asimismo, las disposiciones que establecen cargas tributarias a los particulares son de aplicación estricta, pero para el caso de situaciones litigiosas o sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, mas no en el caso de las consultas. Por ende, no existe justificación para que el contribuyente interprete la afonía de la autoridad como algo ajeno a la grave negativa ficta porque es un caso de grave arbitrariedad que consiente el párrafo segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

Por tales consideraciones, exhorto respetuosamente a esta honorable Asamblea a que hagamos una profunda valoración de la objetividad de la presente iniciativa a fin de corregir los dispositivos notoriamente transgresores de la Ley Fundamental y que atentan contra los intereses de los contribuyentes.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación:

``Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, para quedar...'' como apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 16 de febrero del año en curso.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2006.

Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primero y segundo párrafos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 8 de la Constitución establece la prerrogativa que tienen los individuos de hacer peticiones escritas a las autoridades, y la correlativa obligación de éstas de responderlas en breve término, sin que ello implique que deban hacerla en el sentido deseado por los signatarios.

Los requisitos para el ejercicio de este derecho son que las peticiones se formulen de manera respetuosa, por escrito, y que las referentes a aspectos políticos sean planteadas por las personas que con arreglo al artículo 34 de la propia Ley Fundamental hayan adquirido la edad de 18 años y tengan un modo honesto de vivir, sin más limitaciones que las establecidas en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre las más destacadas cobra actualidad, un criterio, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicado en el Semanario Judicial, de la Federación, del mes de julio de 1995, página 95, el cual señala que la institución denominada negativa ficta, aplicable en las materias fiscal y administrativa regulada por artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, no debe confundirse con el derecho constitucional de petición, máxime que este precepto legal señala:

``La instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.

El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A será de ocho meses.

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.''

La jurisprudencia de mérito expresa que la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una petición, instancia o recurso formulado por escrito por un particular, cuando la autoridad omite resolverlo en el plazo previsto por el citado numeral.

Su objeto es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que debe emitir la respuesta correspondiente, que se rompa la situación de indefinición derivada de una omisión, en consecuencia pudiendo el interesado interponer los medios de defensa previstos en los artículos 11 y 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa.

Esta figura jurídica trasciende en la necesidad de realizar una reforma, porque si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la negativa ficta y el derecho de petición no deben ser considerados como instituciones idénticas, podemos estimar que la negativa ficta obra en el sentido de la respuesta que la norma presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, cuando la autoridad no resuelve en un determinado periodo.

Por lo tanto el concepto cuenta con los presupuestos necesarios de congruencia que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de ningún modo debe operar estos supuestos en el caso de las hipótesis que regula el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, este fundamento ha sido motivo de diversas críticas jurídicas, por las inconformidades expresadas con la reforma del 1 de enero del 2004.

Esta modificación dio lugar a que los contribuyentes contasen con la posibilidad de formular consultas y elaborar confirmaciones de criterio con relación a la aplicación de las disposiciones fiscales, que por su complejidad y extrema falta de claridad, son difíciles de comprender, esta facultad obliga a las autoridades a resolver las consultas, siempre que versen en situaciones concretas, es decir que no sean hipotéticas y de la cual se desee conocer un punto de vista de la autoridad.

Por lo tanto su espíritu es que los contribuyentes cuenten con los elementos indispensables para dar certidumbre en la aplicación de las disposiciones impositivas y el problema recurrente, objeto de la presente iniciativa se erige al momento en que las autoridades fiscales resuelven las consultas dentro del término de tres meses que refiere el artículo 37 de la ley de la materia y más allá de eso al momento en que se ven privados de la respuesta concreta, ya que el silencio debe interpretarse como tácita negación, y por ende como una negativa ficta.

No es posible que en nuestro país se deje al contribuyente a la suerte de criterios burocráticos de la autoridad, que si bien es cierto pueden los promoventes recurrir a fin de no dejarlos en estado de indefensión, aún así se viola la garantía de petición de los mexicanos, toda vez que la Constitución por antonomasia debe prevalecer en todas las materias, y no así los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estos se hayan en el marco del exceso o el error notorio.

Asimismo, las disposiciones que establecen cargas tributarias a los particulares son de aplicación estricta, por lo que en consonancia con lo establecido en el artículo 5 del propio Código Fiscal de la Federación, esto opera en el caso de situaciones litigiosas o en el caso del cumplimento de las obligaciones fiscales, más no en el caso de las consultas, por ende no existe justificación para que el contribuyente interprete la afonía de la autoridad como algo ajeno a la negativa ficta, porque es un caso de grave arbitrariedad que consiente el párrafo segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, el cual puede incluso calificarse de inconstitucional, porque va en contra de lo establecido en el numeral 8 de la Ley Fundamental que hemos invocado.

Finalmente, se estima que la reforma que se requiere para evitar estas injusticias debe versar en los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, porque los fines de este precepto son perseguir que la administración pública federal en su actuación como recaudador de impuestos, no pretenda asegurar que el fisco continúe aplicando normas que violan la Norma Suprema, procurando evitar la posibilidad de que los contribuyentes tengan acceso a una resolución que les permita quedar fuera de su aplicación.

Por tales consideraciones exhorto a esta honorable asamblea a que hagamos una profunda valoración de la objetividad de la presente iniciativa, a fin de erradicar los fundamentos notoriamente transgresores de la Ley Fundamental y que atentan contra los intereses de los contribuyentes, máxime que todos los mexicanos somos susceptibles de aplicación de los supuestos de mérito y con ello dotar de legalidad a las actuaciones fiscales en favor de la nación mexicana.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma el primero y segundo párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación

Artículo Único: Se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 34.- Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello, en los términos del derecho de petición.

Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, procederá de oficio la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este Código.

...

...

Transitorio

Articulo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días de febrero de dos mil seis.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Como solicita el señor diputado, publíquese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO DE COMERCIO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente: el que suscribe, Ricardo Alegre Bojórquez, en su carácter de diputado federal, perteneciente a esta Legislatura, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El análisis ético sobre los honorarios médicos presenta actualmente una complejidad acorde con las múltiples variables que caracterizan a la sociedad y cultura en la cual la actividad médica está inserta. En efecto, el médico desarrolla su actividad en una sociedad pluralista con concepciones tanto materialistas en sus diversas acepciones como otras espirituales extremas, que se complica además con un sistema mixto de salud pública y privada, la cual trasciende en el tema económico y social referente a los pacientes por la estrecha relación existente entre ellos.

Por ello, la dicotomía --tema ya considerado anteriormente-- es un tema cuya insistencia se refiere a una correcta legislación de esta práctica, entendida en su generalidad como la participación del médico en los ingresos que laboratorio clínico y gabinetes obtienen y que es debida al envío de pacientes; esto es, una deformación del convenio entre el médico y su paciente. Este convenio, materializado en el acto médico, se fundamenta en la relación médico-paciente que, por ser una relación de interdependencia entre dos personas, exige el respeto de la dignidad de ambos. Por un lado, el paciente se pone en las manos del médico con la expectativa de mejorar su salud y, por otro lado, el médico solicita una remuneración a cambio de su servicio.

Dentro de esa relación se encuentran los laboratorios clínicos y los gabinetes de diagnóstico, que tienen como misión contribuir al diagnóstico médico, la cual al ser manipulada y al existir una necesidad por parte del paciente para saber cuál es su estado de salud y cuáles son los medios para el tratamiento, es donde surge la forma antiética, la ya mencionada dicotomía, dando lugar a la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos o entre médicos y miembros de otras profesiones sanitarias con objeto de obtener ganancias económicas.

Las formas en que es posible la dicotomía pueden ser directa, que es cuando el laboratorio entrega el dinero o equivalente a un médico a cambio de que solicite estudios a sus pacientes. Ésta presenta dos modalidades, que es obvia y disimulada. La obvia puede ser una participación en dinero calculada en un tanto por ciento, una participación en bienes o servicios que pueden ser calculados por puntos o metas; o bien, puede ser disimulada, como un pago simbólico y exentarlo del pago del arrendamiento del consultorio, un préstamo de automóvil o de equipo médico, pago de viajes o cursos médicos. En ambas formas generalmente esta participación es proporcional al volumen de trabajo que es referido por el médico, y es un ingreso que por su origen inmoral el médico oculta tanto al paciente como a las autoridades y a la sociedad en general.

La dicotomía se presenta en forma de cohecho, ya sea en una institución oficial o en una empresa privada, cuando el funcionario responsable de seleccionar el laboratorio en que deben llevarse a cabo los exámenes para el cual trabaja pide o recibe una participación para él, o asigna el contrato de prestación de servicios o de subrogación, según su beneficio económico particular, u oculta el ingreso y además evade al fisco. La dicotomía está presente en México desde hace muchos años. Se estima que al menos 30 por ciento de los laboratorios y gabinetes la proporcionan a los médicos. La gran mayoría de los médicos de prestigio no aceptan ésta. Sin embargo, en la vida de cada laboratorio de análisis se conocen casos muy sorprendentes de médicos de gran renombre que no sólo aceptan la dicotomía sino que la piden y la exigen al laboratorio y que señaladamente dirigen a sus pacientes hacia laboratorios que son ampliamente conocidos por practicar la misma.

El porcentaje de estos laboratorios y gabinetes ofrecen entregar al médico la comisión que oscila entre 20 y 50 por ciento de lo que el laboratorio cobra. Esta situación tiene graves consecuencias. Al anteponer el interés del laboratorio y del médico en obtener beneficios de lucro al interés de contribuir el diagnóstico del paciente, aminora o nulifica la capacidad de contribuir al diagnóstico y afecta éste, demorándolo o alterándolo; y al realizarse esta práctica, impide al médico exigir calidad.

Con ello se da lugar a la realización de una infinidad de exámenes, haciendo creer al paciente, quebrantando la confianza conferida al médico, que todos ellos son necesarios; en razón de eso, no se pueden sancionar dentro de este ordenamiento tales actividades. Pero no hay que dejar de lado la necesidad en cuanto a la contemplación, dentro de ese Código, de establecer que los laboratorios clínicos o farmacias, como comerciantes, deben desempeñar sus actividades de acuerdo con los usos honestos, así como también constituir una fuerte decisión ante la comisión mercantil y la dicotomía para evitar el disfrazamiento de esa actividad en una figura jurídica legal donde tal participación oculta de honorarios es injusta y que tiende a una elevación de los gastos al paciente.

Casi siempre, la participación oculta de honorarios es en su estructura ética una injusticia. Lo es en primer lugar si provoca una elevación de los honorarios, la que se entrega precisamente como comisión al colega. La injusticia es todavía mayor si se ocasiona un exceso de prescripción o de ciertas indicaciones superfluas de procedimientos y diagnósticos. El resultado práctico de la dicotomía que nos atañe hoy día obliga a cirujanos que pagan por el envío de pacientes a elevar sus tarifas para dividirlas con el médico que los envía, deteriorando así la consulta privada de los médicos y cirujanos, tomando en consideración que los pacientes que son afectados por la práctica.

Aunado a ello, no tener más recursos para continuar los tratamientos reales y necesarios para su salud. Así, en este acto, exhorto a las Legislaturas de los estados para que en sus respectivos códigos penalicen esta práctica deshonesta, que influye en la salud, aspectos que como representante debemos considerar buscar siempre soluciones para la erradicación de estas prácticas. Por tanto, esta actividad debe ser sancionada de tal forma que se pueda erradicar la corrupción existente en la práctica médica y recobrar el interés fundamental en los profesionistas de la salud. Ésta debe ser siempre por el bien del paciente, delimitando con ello la ética y el profesionalismo que requiere su actividad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas, atendiendo a la iniciativa previa sobre el mismo tema, me permito someter a consideración de este honorable consejo la siguiente iniciativa.

En virtud de ello propongo adicionar el artículo 6 del Código de Comercio, a fin de establecer normativamente un principio ético ampliamente difundido en la comunidad médica, el de beneficencia. Esto nos lleva a que los profesionales de la salud pongan por encima el cuidado de tan preciado bien en las personas antes que cualquier beneficio económico. En este tenor, con la adición del artículo 308 Bis se busca sancionar con la clausura o suspensión del ejercicio de la profesión el acto de participar en la transferencia de comisiones o referenciar pacientes entre médicos o a establecimientos de análisis clínicos u otros servicios de diagnóstico o tratamiento.

Este proyecto también establece supuestos en los que no habría dicotomía, los cuales son cuando la derivación de pacientes se haga por compañerismo profesional y cuando el paciente pueda otorgar un consentimiento informado en el caso de que el profesional sea accionista o propietario del establecimiento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, atendiendo a la iniciativa previa sobre el tema, me permito someter a consideración de este honorable Congreso, y el texto le pido, Presidente, que se anexe al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Alegre Bojórquez, en su carácter de diputado federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, al tenor de la consecuente

Exposición de Motivos

El análisis ético sobre los honorarios médicos presenta actualmente una complejidad acorde con las múltiples variables que caracterizan a la sociedad y cultura en la cual la actividad médica está inserta. En efecto el médico desarrolla su actividad en una sociedad pluralista, con concepciones tanto materialistas en sus diversas acepciones como otras espiritualistas extremas, que se complica además con un sistema mixto de salud pública y privada, la cual trasciende en el tema económico y social referente a los pacientes, por la estrecha relación existente entre ellos.

Por ello la dicotomía, tema ya considerado anteriormente, tema cuya insistencia se refiere a una correcta legislación a esta práctica, entendida en su generalidad como la participación del médico en los ingresos que el laboratorio clínico y gabinetes obtienen y que es debida al envío de pacientes, esto es, una deformación o patología del convenio entre el médico y su paciente. Este convenio materializado en el acto médico se fundamenta en la relación médico-paciente, que por ser una relación de interdependencia entre dos personas humanas, exige el respeto a la dignidad de ambos, por un lado el paciente se pone en las manos del médico con la expectativa de restablecer su salud dañada, y por otro lado el médico solicita una remuneración a cambio de su servicio y de su ciencia.

Dentro de esa relación médico-paciente se encuentran los laboratorios clínicos y los gabinetes de diagnóstico que tienen como misión contribuir al diagnóstico médico, la cual al ser manipulada dicha interrelación, al existir una necesidad por parte del paciente para saber cuál es su estado de salud y los medios para su tratamiento, es donde surge de forma antiética la ya mencionada dicotomía, dando lugar a la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos o entre médicos y miembros de otras profesiones sanitarias, con el objeto de obtener ganancias económicas.

Las formas en que es posible la presentación de la dicotomía:

Directa es cuando el laboratorio entrega el dinero o equivalente a un médico a cambio de que le solicite estudios a sus pacientes. Presenta dos modalidades, obvia y disimulada: obvia puede ser una participación en dinero calculada en un tanto por ciento, una participación en bienes o servicios que pueden ser calculados por puntos o metas; o bien puede ser disimulada, por ejemplo como un pago simbólico y exentarlo del pago de arrendamiento del consultorio, un préstamo de automóvil o de equipo médico, pago de viajes o cursos médicos, etcétera. En ambas formas, generalmente esta participación es proporcional al volumen de trabajo que es referido por el médico y es un ingreso que, por su origen inmoral, el médico oculta, tanto al paciente, como a las autoridades y a la sociedad en general.

La dicotomía se presenta en forma de cohecho, ya sea en una institución oficial o en una empresa privada, cuando el funcionario o empleado responsable de seleccionar el laboratorio en que deben llevarse a cabo los exámenes pagados por la empresa para la cual trabaja, pide o recibe una participación para él, asigna el contrato de prestación de servicios o de subrogación según su beneficio económico particular, oculta el ingreso y además evade al fisco.

La dicotomía está presente en México desde hace muchos años. Se estima que al menos 30% de todos los laboratorios y gabinetes la proporcionan a los médicos. La gran mayoría de los médicos de prestigio no aceptan la dicotomía, sin embargo en la vida de cada laboratorio de análisis clínicos se conocen casos muy sorprendentes de médicos de gran renombre que no sólo aceptan la dicotomía, sino que la piden y la exigen al laboratorio y que señaladamente dirigen a sus pacientes hacia laboratorios que son ampliamente conocidos por practicar la dicotomía.

El porcentaje que estos laboratorios y gabinetes ofrecen entregar al médico oscila entre 20% y 50% de lo que el laboratorio cobra al paciente.

Esta situación tiene graves consecuencias:

Al anteponer al interés del laboratorio y del médico en obtener beneficios puramente de lucro al interés de contribuir al diagnóstico del paciente, aminora o nulifica la capacidad de contribuir al diagnóstico y afecta éste, demorándolo o alterándolo y al realizarse esta práctica impide al médico exigir calidad.

Con ello se da lugar a la realización de una infinidad de exámenes, haciendo creer al paciente, quebrantando la confianza conferida al médico, que todos ellos son necesarios para lograr un análisis completo de la enfermedad o padecimiento del cual se esté sufriendo, y que en el momento de darse cuenta del engaño directo del médico, que da lugar a la inseguridad del público en general hacia los profesionales de salud como consecuencia de ese ambiente de corrupción provocado por los que prefieren obtener ganancias cuantiosas a cambio de la salud y bienestar de sus pacientes.

Eso naturalmente daña la economía de la institución o empresa, que puede incrementar los precios o hacer que el laboratorio proveedor tenga menor margen de utilidad, el que invariablemente compensa esta merma disminuyendo la calidad del servicio por el que la empresa o institución paga, donde de igual forma el funcionario no objeta la deficiencia en la calidad del servicio.

El fundamento de la condena a la dicotomía está en el carácter mercantilista del reparto de los honorarios, es decir, se reprueba por ser una comisión sobre la persona, que se da y se recibe por traficar con acciones médicas. En la actual actividad interdisciplinaria es normal que exista una participación proporcional de los profesionales que participan, llámense otros médicos u otros profesionales de la salud, siempre que halla transparencia hacia el paciente. Los honorarios expresan la independencia personal del médico y simbolizan su responsabilidad personal, por ello no pueden ser compartidos por quienes no han colaborado en la atención médica del enfermo.

Si bien es cierto que el Código de Comercio no contempla la prestación de servicio en materia de salud, en razón de ello no se pueden sancionar dentro de este ordenamiento tales actividades, pero no hay que dejar de lado la necesidad en cuanto a la contemplación dentro de ese Código, de establecer que los laboratorios clínicos o farmacias como comerciantes, los cuales deben desempeñar sus actividades de acuerdo a los usos honestos. Así también el de constituir una fuerte distinción entre la comisión mercantil y la dicotomía para evitar el disfrazamiento de esa actividad en una figura jurídica legal, donde tal participación oculta de honorarios es injusta que tiende a una elevación de los gastos al paciente por la comisión cobrada.

Casi siempre, la partición oculta de honorarios es, en su estructura ética, una injusticia. Lo es, en primer lugar, si provoca una elevación de los honorarios ordinarios en una cantidad suplementaria: la que se entrega precisamente como comisión al colega. La injusticia es todavía mayor si se ocasiona un exceso de prescripción, o se sientan indicaciones superfluas de procedimientos diagnósticos (de laboratorio, radiológicos, de especialidades diversas) o terapéuticos (quirúrgicos, rehabilitadores, psicoterápicos).

El resultado práctico de la dicotomía, que nos atañe hoy en día, en donde obliga a cirujanos que pagan por el envío de pacientes a elevar sus tarifas para dividirlas con el médico que los envía y que deriva en los pacientes, deteriorando la consulta privada de los médicos y cirujanos, tomando en consideración que los pacientes que son afectados por la práctica de la dicotomía, y aunado a ello, el de no tener más recursos para continuar con los tratamientos reales y necesarios para su salud, por los gastos excesivos erogados anteriormente, la misma se ve mermada, o en su caso la incertidumbre en la realidad de los resultados de análisis clínicos practicados.

Y es así que en este acto exhorto a las Legislaturas de los estados para que en sus respectivos códigos penalicen esta práctica deshonesta que infringe en la salud y economía tanto de los pacientes como de la nación, por la notable evasión al fisco, por la forma en que opera la dicotomía, aspectos que como representantes debemos considerar y buscando siempre soluciones para la erradicación de estos problemas.

Por lo tanto, esta actividad debe ser sancionada de tal forma que se pueda erradicar la corrupción existente en la práctica médica, y recobrar el interés fundamental en los profesionistas de la salud debe ser siempre el bien de su paciente, delimitando con ello la ética y profesionalismo que requiere su actividad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, atendiendo a la iniciativa previa sobre el mismo tema, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 6 en sus fracciones IV y V, y adiciona un artículo 308 Bis en su Título Tercero, referente a la Comisión Mercantil, en su Capítulo Primero ``De los Comisionistas'', al Código de Comercio. Para quedar como sigue:

Artículo 6. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

I. a III. ...

IV. Antepongan el beneficio puramente lucrativo, al de contribuir a un verdadero y correcto diagnóstico médico de pacientes, respecto de los establecimientos de laboratorios clínicos o farmacia, creando una incertidumbre en dichos estudios clínicos.

V. Se encuentren previstos en otras leyes.

Artículo 308 Bis. No se reputa comisión el reparto de honorarios o la participación económica que se da y se recibe por el envío de pacientes a otros médicos o laboratorios clínico u otros servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, bajo pena de indemnización de daños y perjuicio a los participantes de la presente práctica.

No se tendrá por dicotomía cuando en igualdad de condiciones técnicas y de calidad profesional, la derivación de pacientes se haga por motivos de compañerismo profesional, incluso cuando los médicos tienen participación económica como accionistas o propietarios, siempre y cuando sea con el consentimiento del paciente, quien puede elegir en todo momento el laboratorio clínico u otro servicio auxiliare de diagnóstico de su preferencia.

El laboratorio clínico u otros servicios auxiliares de diagnóstico que reiteren en la práctica de la dicotomía, tendrán como sanción la clausura de su establecimiento, y para el caso de los profesionales de la salud, la suspensión para ejercer la profesión hasta por tres años.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Ricardo Alegre Bojorquez (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Insértese íntegro el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.

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LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.La diputada Rocío Sánchez Pérez: Con su venia, diputado Presidente; ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: ejerzo las prerrogativas que otorga la Constitución General de la República para presentar la iniciativa de reformas y adiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable soberanía la presente iniciativa, que reforma y adiciona la Ley General de las Personas con Discapacidad, con base en la siguiente exposición de motivos:

La presente iniciativa tiene por objeto incluir el principio de transversalidad a las políticas públicas de Estado contenidas en la presente ley; ampliar las facultades del Consejo Nacional para que elabore un informe del estado que guardan las políticas en las dependencias del Gobierno Federal en la materia; integrar a la Secretaría de Gobernación el Consejo Nacional, que permita la participación del Conapred; y, finalmente, establecer algunas normas con relación al Consejo Consultivo. Esta reforma coadyuvará a la viabilidad jurídico-administrativa de la ley y, en consecuencia, a que su positiva vigencia se perciba en la sociedad mexicana. Proponemos que el principio de transversalidad se sume a las características de las políticas del Estado en materia de discapacidad y que haya una perspectiva integrada de las políticas públicas de Estado.

La transversalidad ya se desarrolla en la administración pública; un ejemplo es la transversalidad de políticas públicas para el desarrollo sustentable de la Semarnat, en el que se suscriben acuerdos de concertación entre más de 32 instituciones de la Administración Pública Federal para reforzar la integralidad y congruencia del Gobierno Federal en la operación de las políticas públicas. En este esfuerzo interinstitucional participan la Sagarpa, Pemex, el Conapo, el Fonatur, el Banobras, la Sedesol, el INEGI y el Conacyt. En síntesis, la transversalidad propiciará que las dependencias de la Administración Pública Federal elaboren, ejecuten y evalúen planes, programas y demás acciones que se deriven de la aplicación de la ley o de acuerdos de concertación.

Proponemos, por otro lado, sumar el quehacer político-social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Gobernación. El Consejo es el organismo rector para promover políticas y medidas tendentes a avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. También se encarga de recibir y resolver las reclamaciones... los reclamos y las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones, y desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos de distinciones o exclusiones derivadas de su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Lo anterior dará soporte jurídico y programático a los objetos de esta ley, ya que una de las razones que dieron origen a la ley fue contar con un ordenamiento que elimine en la sociedad las prácticas discriminatorias de que son objeto las personas con discapacidad. La inclusión de la Secretaría de Gobernación, por medio del Conapred, en el Consejo Nacional será un importante aporte para el logro de los fines de la ley. La vigente Ley General de las Personas con Discapacidad no establece tiempo para que los seis miembros del Consejo Consultivo permanezcan en el Consejo Nacional, por lo que consideramos necesario adicionar un nuevo párrafo para establecer un periodo de tres años para éstos y que el Consejo Nacional en su estatuto norme las formas de renovar a estos consejeros, así como la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo.

La propuesta evitará la discrecionalidad en la aplicación de la ley y que organizaciones sociales con posturas diferentes de las del gobierno en turno sean excluidas del Consejo Consultivo por pensar diferente. En las políticas públicas de Estado no existen márgenes para la discrecionalidad.

Presidente, agradeceré que se inserte íntegramente el proyecto de decreto en el Diario de los Debates y se dé el turno procesal correspondiente. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de las Personas con Discapacidad, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto incluir el principio de transversalidad a las políticas públicas de Estado contenidas en la presente ley; ampliar las facultades del Consejo Nacional para que elaborare un informe del estado que guardan las políticas en las dependencias del Gobierno Federal en la materia; integrar a la Secretaría de Gobernación, que permita la participación del Conapred y, finalmente, establecer algunas normas con relación al Consejo Consultivo.

Esta reforma coadyuvará a la viabilidad jurídico-administrativa de la presente ley y, en consecuencia, que su positiva vigencia se perciba en la sociedad mexicana.

Proponemos que el principio de transversalidad se sume a las características de las políticas del Estado en materia de discapacidad y que haya una perspectiva integrada de las políticas públicas de Estado.

Un ejemplo de que en la actual administración se implementa el principio de transversalidad, lo constituye la ``transversalidad de políticas públicas para el desarrollo sustentable de la Semarnat'', en la que se suscriben acuerdos de concertación entre más de 32 instituciones de la Administración Pública Federal para reforzar la integralidad y congruencia del Gobierno Federal en la operación de las políticas públicas. En este esfuerzo interinstitucional participan, entre otros la Sagarpa, Pemex, Conapo, Fonatur, Banobras, Sedesol, INEGI y Conacyt.

En síntesis, la transversalidad propiciará que las dependencias de la Administración Pública Federal elaboren, ejecuten y evalúen planes, programas y demás acciones que se deriven de la aplicación de la ley o de acuerdos de concertación.

Proponemos, por otro lado, sumar el quehacer político-social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

El Consejo es el organismo rector para promover políticas y medidas tendientes a avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, también se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones y desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos de distinciones o exclusiones derivadas de su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Lo anterior, dará soporte jurídico y programático a los objetos de esta ley, ya que una de las razones que dieron origen a la ley fue la de contar con un ordenamiento que elimine en la sociedad las prácticas discriminatorias de que son objeto las personas con discapacidad.

La inclusión de la Secretaría de Gobernación, por medio del Conapred, en el Consejo Nacional será un importante aporte para el logro de los fines de la ley.

La presente ley no establece un tiempo para que los 6 miembros del Consejo Consultivo permanezcan en el Consejo Nacional, por lo que consideramos necesario adicionar un nuevo párrafo para establecer un periodo de tres años para éstos y que el Consejo Nacional en su estatuto norme las formas de renovar a estos Consejeros; así como la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo.

La propuesta evitará la discrecionalidad en la aplicación de la ley y que organizaciones sociales con posturas diferentes a las del gobierno en turno sean excluidas del Consejo Consultivo por pensar diferente.

En las políticas públicas de Estado no existen márgenes para la discrecionalidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara el presente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Único. Se adiciona el inciso i) al artículo 5; la fracción XIX al 30; la fracción VIII al 31; un párrafo al artículo 32 y un artículo 35 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Los principios...

a) al h) ...

i) Transversalidad.

Artículo 30.- El Consejo tendrá...

I. a XVIII. ...

XIX. Emitir informe de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

Artículo 31.- El Consejo estará integrado...

I. a VII. ...

VIII. Secretaría de Gobernación.

Artículo 32.- ...

Los integrantes del Consejo Consultivo serán miembros del Consejo Nacional por un periodo de tres años. El Consejo Nacional establecerá en su estatuto de las formas de renovar a estos consejeros; así como la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo.

Artículo 35 Bis.- El Consejo Consultivo estará integrado por un número no menor de diez ni mayor de veinte representantes de organizaciones sociales de y para personas con discapacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado a los 16 días del mes de febrero de 2006, en la sede del Poder Legislativo federal.--- Dip. Rocío Sánchez Pérez (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Como solicita la diputada, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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CODIGO DE COMERCIO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: De la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Alegre Bojórquez se corrige el turno: pasa a la Comisión de Salud para su dictamen, con opinión de la Comisión de Economía.

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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, 72, 73, fracción XXX, y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 57, 60, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a las Comisiones de Gobernación, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 74, en la fracción IV, a la letra dice que el Congreso debe ``aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''.

Siguiendo textualmente el espíritu de lo señalado en nuestra Carta Magna, como legisladores, debemos aprobar, vigilar, controlar y fiscalizar el ejercicio del gasto de recursos federales a fin de colaborar con el Ejecutivo federal. En una palabra, debemos fortalecer conjuntamente con el Ejecutivo federal el control del gasto público.

En el marco de la administración pública el control se refiere a aquellos elementos que se adoptan para cuidar los recursos, obtener información suficiente, oportuna y confiable, promover la eficiencia en las actividades y asegurar el apego a las leyes, normas y políticas vigentes, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el gobierno.

En un sentido moderno, el control debe entenderse como una acción preventiva que va más allá de la verificación financiera o de la sanción a infractores. El control implica realizar acciones de organización, programación de actividades, seguimiento y evaluación de los programas y de la gestión pública para ``garantizar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la adecuada utilización de los apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal, de tal manera que cumplan con los objetivos para los cuales fueron destinados dentro del marco de la ley''.

La finalidad del control es evitar actos contrarios a la legalidad; promover el mejoramiento, la corrección y la modificación de actitudes en los servidores públicos federales, estatales y municipales para contribuir a elevar la eficiencia, la calidad y transparencia en los servicios gubernamentales; es también, obtener la correcta utilización de los recursos del Estado para lograr el cumplimiento de los objetivos orientados al bienestar de la comunidad.

El control institucional consiste en las acciones que los gobiernos federal, estatal y municipal realizan para organizar las tareas que les corresponde llevar a cabo, tener un registro de la información, supervisar y verificar el desarrollo y cumplimiento de los programas, la actuación de los servidores públicos, y evaluar la gestión pública. Todo ello con el propósito de optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad y calidez de los servicios proporcionados, entregar cuentas claras y respetar el marco legal establecido.

Nuestro país necesita urgentemente fortalecer los mecanismos de control del ejercicio del gasto, control interno y evaluación que aseguren:

La utilización correcta de los recursos, conforme a los programas y presupuestos aprobados,

La eficiencia y eficacia en la ejecución de obras,

El comportamiento responsable, honesto y transparente de los servidores públicos.

La fiscalización debe ser una actividad permanente que debe ser coordinada desde el Congreso y asumida como responsabilidad constitucional con la participación de los órganos federales, estatales y municipales de control con el fin de verificar el cumplimiento.

Es precisamente en este sentido que como diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupados por el pobre desempeño del mercado interno y la economía nacional, proponemos la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV y recorre en orden creciente las fracciones subsecuentes del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue

Decreto

Artículo 37.- ...

Fracciones I a III, quedan igual.

Fracción IV. Coordinar y vigilar que cualquier organismo público que haga uso de recursos federales informe a más tardar en el primer trimestre de cada año, a la H. Cámara de Diputados, respecto de la administración y aplicación de los recursos del año inmediato anterior.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de febrero del 2006.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ARTICULOS 65 Y 66 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal David Hernández Pérez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos, presenta a la consideración del H. Congreso de la Unión propuesta que reforma de los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los diputados estamos obligados a escuchar el sentir de los ciudadanos que nos exige cumplir con la responsabilidad encomendada. Nuestra participación responsable en este Congreso es una oportunidad para mostrar a los mexicanos que la confianza puesta en nosotros tendrá respuesta positiva, modificando así la imagen que de nosotros, los diputados, tiene la sociedad.

Los tiempos han avanzado y en la actualidad que vivimos es evidente que el número de asuntos que debe atender el Congreso son cada vez mayores, por lo que los periodos previstos en la Constitución resultan insuficientes, por lo que se requiere mayor tiempo de actividad legislativa continua para que las Cámaras dispongan del tiempo necesario para tratar apropiadamente la variedad de asuntos que les competen, como marca la propia Constitución.

Como parte responsable del destino de nuestro país, debemos dar con anticipación y oportunidad los pasos adecuados para cumplir con este momento trascendental en la historia de México, modificando el segundo periodo ordinario de sesiones para que se logre un mejor deshago de los asuntos legislativos que se presenten.

El año legislativo es la suma de las actividades de los legisladores y de las Cámaras en conjunto durante todos los meses del año, y éste es la suma de actividades de los legisladores en el Pleno y en las comisiones.

Haciendo un recuento histórico, la Constitución de 1857, en el artículo 62, fue la primera en establecer dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, del 16 de septiembre al 15 de diciembre, sin la posibilidad de prorrogarse; y el segundo periodo, del 1 de abril al 31 de mayo. Con la reforma de 1874 de esta Constitución, el primer periodo ordinario de sesiones se podría prorrogar hasta por 15 días.

El texto original de la Constitución de 1917 consideró un solo periodo ordinario de sesiones, en los artículos 65 y 66. Éste iniciaría el 1 de septiembre de cada año y duraría el tiempo necesario para tratar los asuntos concernientes a la revisión de la Cuenta Pública, y el examen, la discusión y la aprobación del Presupuesto, así como de los impuestos necesarios para cubrirlos y, por último, para conocer de las iniciativas de ley que se le presentaran. Dicho periodo ordinario de sesiones tenía como fecha límite el 31 de diciembre del mismo año.

En 1986 se realizó la modificación a través de la cual se estableció un doble periodo ordinario de sesiones, iniciándose el primero el 1 de noviembre, que no podría prolongarse más allá del 31 de diciembre, y el segundo del 15 de abril hasta como máximo el 15 de julio.

En 1993 ocurrió la segunda reforma de ese precepto constitucional. Se estableció que el primer periodo de sesiones no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre; y que se podría extender hasta el 31 de diciembre cuando el Presidente de la República inicia su periodo de gobierno. Esto tiene que ver, sobre todo, con el tiempo disponible por el nuevo Presidente para la presentación de la iniciativa del Presupuesto de Egresos para el siguiente año.

En la LIX Legislatura aprobamos las reformas apropiadas de nuestra Constitución ampliando el periodo de sesiones con el objetivo de mejorar el trabajo legislativo y así cumplir de manera responsable las necesidades del país. Sin embargo, esta modificación disminuyó el primer receso y continúa el segundo receso con una aparente inactividad de este Congreso.

El propósito de esta iniciativa es mejorar el desempeño de la función legislativa equilibrando el tiempo efectivo de trabajo continuo para que, por una parte, las comisiones de las Cámaras y los legisladores que las integran dispongan de más tiempo de actividad para realizar su trabajo de estudio y dictamen.

Por tanto, al actual periodo de sesiones ordinarias que va del 1 de febrero al 30 de abril, propongo sea del 1 de marzo al 31 de mayo del mismo año.

De resultar aprobada la modificación propuesta, será necesario realizar también ajustes a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para actualizar su concordancia con la reforma que se propone del artículo 66 constitucional.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado David Hernández Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta H. Cámara la siguiente:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones.

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo deberá terminar el 31 de mayo del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Transitorio

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor en el próximo periodo ordinario al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días de febrero de 2006.--- Dip. David Hernández Pérez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación.El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su anuencia, diputado Presidente. El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la normatividad vigente, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, con fundamento en la siguiente exposición de motivos:

El sistema federal bajo el cual se organiza la República Mexicana implica la coexistencia de distintos órdenes de gobierno que, regidos bajo una misma Constitución nacional, tienen un conjunto de atribuciones que deben ejercer de forma individual, la mayoría de las veces, en algunas ocasiones de forma conjunta y en ciertos casos deben ejercerlas de manera compartida, a pesar de que el ámbito material de competencia sea el mismo. En el caso concreto de la educación prestada por particulares, el artículo 3o. constitucional establece en la fracción VI lo siguiente --cito un fragmento de la citada fracción--: ``Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen en planteles particulares''. Fin de la cita.

La anterior disposición representa el fundamento constitucional para prestación de servicios educativos de cualquier nivel por los particulares. Concretamente, es la base para que existan las instituciones particulares de educación superior, las que concentran 33 por ciento de la matrícula total de dicho nivel educativo. A su vez, existen otras normas que establecen la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de registros de validez oficial, como son la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la Ley General de Educación. El primer cuerpo normativo citado establece, en el artículo 16 --cito textualmente--: ``la autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial de otros estudios de tipo superior se regirán por la Ley Federal de Educación, por la presente ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirían, según el caso, autorización y reconocimiento. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por los gobiernos de los estados sólo cuando los planteles funcionen en su territorio''. Por otra parte, la Ley General de Educación, en el numeral 14, establece, entre otras atribuciones, que ``pertenecen a las autoridades locales y federales otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares''. Fin de una cita textual de la Ley General de Educación, artículo 14, fracción IV.

Con base en lo anterior, tanto las autoridades federales como las locales otorgan reconocimiento de validez oficial a instituciones particulares, que tienen --entonces-- la opción de registrar sus programas en cualquiera de los dos ámbitos: el federal o el estatal. Siguiendo la legislación citada, la Secretaría de Educación Pública ha emitido el acuerdo número 279, que establece tanto los requisitos como el procedimiento y los formatos para registrar un programa académico en una institución de educación superior particular. De igual manera, cada entidad federativa plantea en su legislación local el procedimiento y los requisitos por cumplir para otorgar un registro de validez oficial local.

En particular, se aprovecha la estructura de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, Coepes, para la revisión de las distintas propuestas educativas. Sin embargo, la situación anterior provoca dos conflictos. Primero. No hay coincidencia entre los requisitos y el procedimiento federal y los locales. Si bien en algunas entidades se utiliza como base el referido artículo 279, en otras los requisitos son diversos; igual sucede con los procedimientos. Segundo. No en todas las entidades la Coepes funciona de forma armónica: en algunas se revisan con profundidad las propuestas educativas y en otras no.

En consecuencia, lo que sucede es que la citada ley no ofrece a las autoridades de las instituciones particulares la certeza sobre el procedimiento por seguir, ya que éste es diferente para cada tipo de registro. Lo anterior tiene un impacto importante en la calidad educativa, pues según sea el caso se puede regir el procedimiento lo más laxo, ya sea local o federal, con la consiguiente disparidad en la calidad educativa.

Por tanto, es conveniente y necesario llevar a cabo la revisión acerca de la pertinencia de la disposición legal actual; esto es, que los dos ámbitos de gobierno compartan la atribución de otorgar registros de validez oficial de estudios. Es probable que el diseño actual obedezca a que en una forma útil de permitir que los sistemas educativos estatales cuenten con herramientas para que los planes de estudio, en el ámbito de la educación superior, se adapten a su realidad social. En todo caso, se propone que mediante convenios de colaboración entre autoridades se puedan definir un procedimiento y requisitos únicos, lo que redundará en mayor claridad del camino a seguir para obtener el registro de validez oficial, el famoso RVO, unificando así lo que hasta ahora queda sujeto a 32 criterios distintos, uno por cada entidad federativa del país. Así se lograría, en un esquema de concertación, unificar y concordar los procedimientos y requisitos, en beneficio de una educación de calidad en todo el ámbito nacional.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, que reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación: ``Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente forma: Fracción IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares''. Y se agregaría lo siguiente: ``Las autoridades educativas federales y las locales deberán establecer mediante convenios de colaboración la uniformidad entre los procedimientos y los requisitos para el otorgamiento, la negación o el retiro del reconocimiento de validez oficial''.

Señor Presidente, dado que esta iniciativa ya fue publicada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria, le agradeceré que se sirva ordenar que sea insertada tal cual apareció en la Gaceta Parlamentaria en el Diario de los Debates y no de la forma sintetizada que, por economía parlamentaria, he presentado. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema federal bajo el cual se organiza la República Mexicana implica la coexistencia de distintos órdenes de gobierno que, regidos bajo una misma Constitución nacional, tienen un conjunto de atribuciones que deben ejercer de forma individual la mayoría de las veces, en algunas ocasiones de forma conjunta, y en ciertos casos deben ejercerlas de manera compartida, a pesar de que el ámbito material de competencia sea el mismo.

En el caso concreto de la educación prestada por particulares, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción VI lo siguiente:

``VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán...''

La anterior disposición representa el fundamento constitucional para la prestación de servicios educativos, de cualquier nivel, por parte de particulares. Concretamente, es la base para que existan las instituciones particulares de educación superior, en las que actualmente encontramos aproximadamente 33 por ciento de la matrícula de dicho nivel educativo.

A su vez, existen otras normas que establecen la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de otorgamiento de registros de validez oficial, como la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la Ley General de Educación.

El primer cuerpo normativo citado establece en el artículo 16:

``La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior se regirán por la Ley Federal de Educación, por la presente ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento.

La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por los gobiernos de los estados sólo cuando los planteles funcionen en su territorio.''

Por otra parte, la Ley General de Educación, en el numeral 14, establece entre otras atribuciones que pertenecen a las autoridades locales y a las federales:

``IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares.''

Con base en lo anterior, tanto las autoridades federales como las locales otorgan reconocimientos de validez oficial a instituciones particulares, que tienen entonces la opción de registrar sus programas en cualquiera de los dos ámbitos.

Siguiendo la legislación citada, la Secretaría de Educación Pública ha emitido el acuerdo 279, que establece tanto los requisitos como el procedimiento y los formatos para registrar un programa académico en una institución de educación superior particular.

De igual manera, cada entidad federativa plantea, en su legislación local, el procedimiento y los requisitos por cumplir para otorgar un registro de validez oficial local. En particular, se aprovecha la estructura de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) para la revisión de las diversas propuestas educativas.

Sin embargo, la situación anterior provoca dos conflictos:

1. No hay coincidencia entre los requisitos y el procedimiento federal y los locales: si bien en algunas entidades se utiliza como base el referido acuerdo 279, en otras los requisitos son diversos; igual sucede con el procedimiento; y

2. No en todas las entidades la Coepes funciona de forma armónica: en algunas se revisan con profundidad las propuestas educativas y en otras no.

En consecuencia, lo que sucede es que la ley no ofrece a las autoridades de las instituciones particulares la certeza sobre el procedimiento por seguir, ya que éste es diferente para cada tipo de registro. Lo anterior tiene un impacto importante en la calidad educativa pues, según sea el caso, se puede elegir el procedimiento más laxo, ya sea el local o el federal, con la consiguiente disparidad en la calidad educativa. Por tanto, es conveniente y necesario llevar a cabo la revisión acerca de la pertinencia de la disposición legal actual; esto es, de que dos ámbitos de gobierno compartan la atribución de otorgar registros de validez oficial de estudios. Es probable que el diseño actual obedezca a que es una forma útil de permitir que los sistemas educativos estatales cuenten con herramientas para que los planes de estudio en el ámbito de la educación superior se adapten a su realidad social.

En todo caso, se propone que, mediante convenios de colaboración entre autoridades, se pueda definir un procedimiento y requisitos únicos, lo que redundará en mayor claridad del camino por seguir, unificando así lo que hasta ahora queda sujeto a 32 criterios distintos. Así se lograría, en un esquema de concertación, unificar y concordar los procedimientos y requisitos, en beneficio de una educación de calidad en todo el ámbito nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a III. ...

IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares. Las autoridades educativas federales y las locales deberán establecer, mediante convenios de colaboración, la uniformidad entre los procedimientos y requisitos para el otorgamiento, negación o retiro del reconocimiento de validez oficial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los reconocimientos de validez oficial expedidos hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto mantendrán su vigencia, pero los que se deban renovar o revisar deberán cumplir los requisitos y el procedimiento establecidos en el convenio de colaboración respectivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Norberto Enrique Corella Torres.» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se obsequia la petición del diputado y se dispone que se inserte íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del diputado Javier Manzano Salazar, se retira del orden del día. La iniciativa que reforma los artículos 399 y 399 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, del diputado Jorge Legorreta Ondorica, se pospone.

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LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que expide una nueva Ley de Energía para el Campo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Iniciativa de nueva Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de Energía para el Campo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa se sustenta en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los cuales corresponde al Estado el dominio directo de nuestros recursos naturales; la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que , mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En especial, se asigna al Estado la función de promover las condiciones para el Desarrollo Rural Integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra.

La planeación democrática del desarrollo nacional, que igualmente corresponde al Estado, debe ser tal que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Inspirados por estos conceptos, concebimos la soberanía nacional como una idea que integra no sólo nuestra independencia política, militar, económica y cultural sino que incluya también la soberanía alimentaria sostenida por el dominio y explotación de nuestros recursos naturales, en nuestra productividad eficiente y suficiente, y en la autodeterminación de nuestro desarrollo futuro.

Por ello, el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé que el Estado impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Consecuente y receptora de tales ideas y orientaciones, la Ley de Energía para el Campo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, asumió expresamente el compromiso de que sus disposiciones, de orden público, estén dirigidas a coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, de conformidad con lo que establecen el artículo 13, fracción IX, y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Desgraciadamente, el bello cuadro conceptual y propositivo de nuestras normas constitucionales y legales en el ámbito agrario no ha tenido representación en la realidad del campo mexicano y de sus habitantes.

México es un país privilegiado en cuanto a producción de hidrocarburos y, sin embargo, dicho privilegio no se traduce en un beneficio para sus habitantes, pues compran la gasolina, el diesel y el combustóleo al doble de precio que en Estados Unidos de América; el gas y los fertilizantes, a una tercera parte más elevados. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en los últimos 5 años, los precios de la gasolina aumentaron en un 280%, el diesel 360% y la energía eléctrica de alta tensión 160%, y de acuerdo con la política de precios de los hidrocarburos y energéticos que rigen en México, dichos precios continuarán aumentando mes por mes, afectando a la actividad rural de México. Esto sucede porque se gravan estos insumos con alrededor del 50% de impuestos y los ingresos resultantes no se utilizan para el desarrollo rural de México.

En el mismo sentido encontramos que en los años que tenemos con el Tratado de Libre Comercio, (1994-2005), los precios de los insumos provenientes de los hidrocarburos y que se usan para la producción agropecuaria, forestal y pesquera, han aumentado del 100% hasta 500%, y las cosechas nacionales han mantenido sus precios nominales de 1994, incluso el maíz, trigo, avena, sorgo y frijol han disminuido del 20% al 40%; los productores de maíz han perdido el 54% de su ingreso real, trigo el 47% y soya el 50%. Esto es, los productores del sector rural de México, en los 10 años que lleva vigente el Tratado de Libre Comercio, han perdido, según estimaciones del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, alrededor de 60% de sus ingresos reales.

En México, el Gobierno Federal ha venido aplicando políticas adversas a los productores rurales, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 1994, hasta la actualidad.

Estas políticas consisten, principalmente, en una apertura comercial unilateral y abrupta, bajando la protección arancelaria al 9%, cuando en EUA es del orden del 44% del valor de sus importaciones, llegando al extremo de abrir las fronteras legal e ilegalmente, para que los comerciantes introdujeran productos e insumos principalmente rurales, que en su mayor parte no son vendidos en sus países de origen por estar caducos, contaminados y fuera de las normas sanitarias de dichos países, sin que intervenga la Secretaría de Salud. Esto permite ofrecerlos a precios menores, con lo que los productores nacionales no pueden competir.

Otra política desfavorable al sector rural mexicano ha sido la supresión y disminución drástica de los planes y programas de fomento económico, privatizando las principales instituciones públicas de fomento (Extensión Agrícola, Banrural, Pronase, Agroasemex, etcétera) y disminuyendo considerablemente la inversión pública del sector rural.

Otras políticas del Gobierno contrarias al desarrollo rural del país han sido la extranjerización de los mercados financieros y la liberalización de las reglas en materia de inversión extranjera.

Las consecuencias de estas políticas del Gobierno Federal han sido desastrosas en la economía de los productores rurales y de todos los mexicanos, porque han provocado una caída en el Producto Interno Bruto Agropecuario y Forestal del 13% en los últimos 10 años. Por ejemplo, en la producción de los 8 principales granos, maíz, trigo, arroz ajonjolí, cártamo, cebada, soya y garbanzo, la disminución ha sido del 30%, y en carnes rojas la baja ha sido del 34%.

En tal virtud, la dependencia alimentaria de los mexicanos con el extranjero crece dramáticamente. Mencionaré algunos indicadores: en maíz es ya del 22%, frijol 20%, trigo 49%, arroz 58%, carne de res 28%, carne de porcino 23%, carne de ave 15% y productos maderables 30%. Esta situación ha llevado a México, de ser un país exportador de productos rurales en los años de los sesenta, setenta y ochenta, a un país importador a partir del año de 1988, empezando a ser significativo en el año de 1994, donde se importaron mil millones de dólares, hasta llegar en el año de 2003 a los 10 mil 500 millones de dólares.

En Estados Unidos de América se promulgó el 3 de mayo de 2002 la Ley Agrícola, que contempla el aumento del 80% de subsidios directos al productor, incluye un paquete de más de 180,000 millones de dólares a los agricultores y 173,500 millones de dólares en subsidios directos durante un periodo de 10 años.

No obstante las graves desventajas y asimetrías frente a nuestro vecino del norte, que se aprecian de manera dramática en el sector rural, el Estado mexicano ha sido incapaz de crear los instrumentos indispensables y urgentes, ya no para resolver dicha situación que nos empobrece y hace más dependientes día con día, sino al menos para atenuarla de manera significativa.

La Ley de Energía para el Campo de 2002 autodefinió su objeto (como estamos insistiendo ahora en la presente iniciativa) en coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, inspirándose en lo dispuesto por el artículo 13 de la fracción IX y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La Ley de Energía para el Campo vigente definió los sujetos beneficiarios de sus acciones y que son los productores rurales identificados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; los mecanismos para lograr sus objetivos: precios y tarifas de estímulo y los requisitos y procedimientos para lograr sus fines. En el artículo segundo transitorio estableció la obligación del Ejecutivo federal de expedir dentro de los 75 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, es decir, el 1 de enero de 2003, el reglamento de la propia ley y demás disposiciones administrativas necesarias.

Fue hasta el 4 de diciembre de 2003 en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, expedido por el Presidente de la República en uso de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de nuestra Constitución General, lo cual se realizó después de haber transcurrido más de 11 meses de entrada en vigor de la Ley que se pretendió reglamentar, habiendo transcurrido en exceso el plazo de 75 días ordenado en el artículo segundo transitorio del ordenamiento citado, en claro desacato y contravención a dicha disposición legal.

Lo más grave fue que dicho reglamento extemporáneo no cumplió con su función constitucional de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso sino que se limitó a reproducir básicamente los principios y reglas de la ley de la materia expedida por el Congreso de la Unión y a prever la expedición por parte del Ejecutivo de un Programa Especial de Energía para el Campo. Dicho programa fue publicado el mismo el 4 de diciembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y en este instrumento el titular del Ejecutivo federal se limitó prácticamente a delegar facultades en favor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que expidiera los lineamientos para regular el Programa Especial de Energía para el Campo.

La Sagarpa publicó en el Diario Oficial de la Federación del 4 de abril de 2005 los lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, y el 5 de abril de 2005 se publicaron en el mismo órgano de publicidad de la Federación los lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Acuícola.

Con lo anterior, el Poder Ejecutivo federal se constriñó a crear la apariencia de cumplir su función constitucional de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión; pero, además, tal cumplimiento aparente era evidentemente parcial: únicamente atendía a dos actividades productivas del campo, la agrícola y la acuícola, dejando sin atender la forestal, la ganadera y la de pesca ribereña, y sólo preveía supuestos precios o tarifas de estímulo para un insumo energético, la energía eléctrica, sin considerar a los demás, que son el diesel, el combustóleo y la gasolina; y lo poco que atendía lo hacía mal, a través de un mecanismo de cuotas que se asignaban arbitrariamente y aplicando precios y tarifas diferentes a las diversas actividades productivas del campo, en contravención del principio de igualdad consagrado en artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo vigente.

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuó expidiendo acuerdos para fijar tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de 7 de enero, 5 de julio y 8 de agosto de 2003, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (que es un ordenamiento de aplicación general a toda clase de usuarios), sin citar siquiera la Ley de Energía para el Campo ni mucho menos pretender cumplirla.

Posteriormente, la propia SHCP publicó los decretos del 16 de junio y 19 de julio de 2005, para reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, en los que se invoca como sustento la Ley de Energía para el Campo, pero que distan mucho de proveer a la aplicación de sus disposiciones y al alcance de sus objetivos.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó demanda de controversia constitucional reclamando la invalidez del Reglamento de Energía para el Campo expedido por el titular del Poder Ejecutivo el 4 de diciembre de 2003, el programa, los lineamientos y los acuerdos tarifarios antes mencionados, por contravenir disposiciones expresas de la Ley de Energía para el Campo y por omitir el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley en relación con diversas actividades agrarias e insumos energéticos, en los términos en que he mencionado brevemente con anterioridad.

El caso es que del 1° de enero de 2003 en que entró en vigor la Ley de Energía para el Campo, hasta la fecha, han transcurrido más de 3 años sin que se haya cumplido el objeto de la Ley de Energía para el Campo, que es el de reducir las asimetrías del desarrollo rural del país, en productividad y competitividad, con respecto a otros países. Por el contrario, la situación del campo se ha venido agravando seriamente en los últimos años y dichas asimetrías se han acrecentado, entre otras razones, porque no se han hecho efectivos de manera suficiente y oportuna los apoyos y estímulos ordenados por la Ley de Energía para el Campo.

Esta situación requiere de una solución pronta y urgente; los problemas del campo mexicano ya no resisten más frustraciones ni dilatorias. Independientemente de seguir promoviendo la controversia constitucional en contra de los actos de las diversas instancias y dependencias del Poder Ejecutivo federal en materia de energía para el campo, así como de las responsabilidades que puedan derivarse por su incumplimiento o contravención, es imperativa la aprobación de reformas a la Ley de Energía para el Campo para que se cumplan a cabalidad los objetivos principales previstos en la ley que entró en vigor el 1 de enero de 2003, para que los sectores agrícola, ganadero, forestal, acuícola y pesquero cuenten efectiva y oportunamente con precios y tarifas de estímulo de energía eléctrica, diesel, combustóleo, gasolina, gas natural, añadiendo ahora el gas LP y los fertilizantes, para que de esta manera nuestra productividad rural se desarrolle y sea competitiva en el ámbito del Tratado de Libre Comercio, y nuestro país fortalezca su productividad y competitividad ante la feroz globalización que impera en el mundo.

Esta iniciativa de reformas de la Ley de Energía para el Campo cuenta con el apoyo y el impulso del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional, del Congreso Agrario Permanente y de las organizaciones campesinas y de productores de México, que firmaron con el Ejecutivo federal el Acuerdo Nacional para el Campo. Es decir, cuenta con un amplio respaldo popular.

La iniciativa de reformas a la Ley de Energía para el Campo que se somete a consideración de esta honorable asamblea tiene el propósito de precisar los conceptos, sujetos, fórmulas para la determinación de las tarifas y precios de estímulo, con el fin de acotar las facultades discrecionales tan amplias que se conceden por la ley de la materia vigente al Poder Ejecutivo para reglamentar y ejecutar dicha ley.

De esta manera, se propone aprobar un ordenamiento eficiente y suficiente para la realización de los objetivos planteados en la propia ley y en la de Desarrollo Rural Sustentable, fijando en su texto las fórmulas porcentuales para la determinación del beneficio que se otorga a los productores agrícolas mediante los precios y tarifas de estímulo a los insumos energéticos.

Para el cumplimiento de tales objetivos y una mejor cobertura de las necesidades de los productores del campo, se adicionan el gas LP y los fertilizantes derivados de hidrocarburos dentro de la lista de insumos energéticos objeto de precios de estímulo.

Se establece expresamente que el costo financiero del otorgamiento de los beneficios derivados de los precios y tarifas de estímulo no gravite sobre el gasto sino sobre el ingreso federal, y que sea previsto en las leyes de Ingresos, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de Derechos, como mecanismo mediante el que la Federación sacrifica determinados ingresos para fomentar e impulsar la productividad y competitividad del campo y promover nuestra soberanía alimentaria, en la inteligencia de que podrá recuperar dicho costo financiero en la medida de que se cumpla el objetivo de impulsar la productividad del campo y se amplíen con ello las fuentes recaudatorias de ingresos de la Federación.

En el artículo segundo transitorio se otorga ahora un plazo de 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la ley para que el Ejecutivo federal expida el reglamento del presente cuerpo normativo, confiando que, con base en las experiencias tenidas en los últimos 3 años, en las precisiones y perfeccionamientos introducidos en la presente iniciativa, el Ejecutivo cumpla en forma oportuna, cabal y eficiente con su función constitucional de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expide el Congreso de la Unión.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa de decreto por el que se expide una nueva Ley de Energía para el Campo.

Artículo Único.- Se expide la nueva Ley de Energía para el Campo, conforme a lo siguiente:

Ley de Energía para el Campo

Objeto y Capítulo Primero De la Aplicación de la Ley

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, 27, fracción XX, y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República Mexicana. Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a coadyuvar el desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece el artículo 13, fracción IX, y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para lo cual establecerá los convenios de cooperación necesarios con otras dependencias y entidades de la administración pública, y de coordinación con los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal y municipios.

Artículo 2o. Son sujetos de esta ley los productores del campo, los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal y comunal de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Actividades rurales. Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables y no renovables como son: agricultura, pecuaria, recursos no minerales, silvicultura, acuacultura y pesca ribereña o cualquier otra actividad preponderantemente rural.

II.- Beneficio de insumo energético. La cantidad de insumos energéticos, que se requiera para la producción rural cada uno de los motores, maquinaria, equipo y lanchas pesqueras, así como para fertilizar un área de tierra, para la producción rural.

III. Desarrollo rural sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social y económico de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.

IV. Empresa energética. La entidad o unidad vendedora, distribuidora o suministradora de insumos energéticos.

V. Insumos energéticos agropecuarios. Son la energía eléctrica, el diesel, combustóleo, gasolina, gas LP, gas natural y los fertilizantes provenientes de los hidrocarburos, empleados directamente en las actividades rurales.

VI. Ley. La Ley de Energía para el Campo.

VII. Precio de mercado. Es la cantidad de dinero que se establece u ofrece al público en general por una unidad de medida de insumo energético de diesel, combustible, gasolina, gas LP, gas natural y fertilizantes.

VIII. Tarifa de mercado. Es la cantidad de dinero que se establece u ofrece al público en general por una unidad de medida de energía eléctrica (kw/hora).

IX. Precio de estímulo. Es la cantidad de dinero pagado por una unidad de medida de insumo energético menor al precio de mercado y cuyo propósito es estimular las actividades rurales para el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector.

X. Tarifa de estímulo. Es la cantidad de dinero pagado por una medida de energía eléctrica, menor a la tarifa de mercado y cuyo propósito es estimular las actividades rurales para su mejoramiento de la productividad y competitividad del sector.

XI. Estímulo. El diferencial que existe entre el precio y tarifa de mercado y el precio y tarifa de estímulo.

XII. Recursos naturales. Todos aquellos bienes naturales, renovables y no renovables, susceptibles de aprovechamiento, a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos no minerales, agua, comunidades vegetativas, animales y recursos biogenéticos.

XIII. Secretaría. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XIV. Padrón. Padrón de Beneficiarios de la Ley de Energía para el Campo.

XV. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Energía para el Campo.

XVI. Sujetos productivos. Aquellas personas que realicen preponderantemente actividades rurales y que cumplan con las obligaciones y requisitos establecidos en la ley, en el reglamento y en las demás disposiciones aplicables.

XVII. Unidad de producción rural. La parcela de tierra y ganado; o estanque o depósito de agua, peces y embarcaciones incluyendo motores, maquinaria, equipo trabajo y capital, organizada por el productor, persona física o moral, en la calidad de propietario o legítimo poseedor.

Artículo 4o. La presente ley tiene por objeto:

I.- Establecer y regular una obligación directa a cargo del Poder Ejecutivo federal de aplicar de manera eficiente, suficiente y oportuna, precios y tarifas de estímulo a los insumos energéticos para fomentar la actividad rural y la producción del sector campesino para contribuir:

I.- Al Desarrollo Rural Sustentable del país.

II.- Al crecimiento y desarrollo integral de la producción rural del país haciendo competitivos internacionalmente los precios de producción mediante el otorgamiento de precios y tarifas de estímulo de los insumos energéticos.

III.- A la aplicación de métodos modernos de producción al desarrollo de la tecnología más apropiada para el óptimo aprovechamiento de recursos.

IV.- Al mejoramiento del bienestar de la población rural, a través del incremento de los niveles productivos y mejoramiento de los niveles de vida de la población del sector.

V.- A que la mayoría de los productores rurales sean beneficiados por esta ley y queden integrados en el padrón de beneficiarios.

Capítulo Segundo De los Programas de Apoyo con Precios de Estímulo para los Insumos Energéticos

Artículo 5o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los insumos energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional. Los precios y tarifas de estímulo que se apliquen a cada actividad rural, en cumplimiento a los ordenamientos de esta ley, serán iguales para todos los productores del país.

Los precios y tarifas de estímulo para cada uno de los insumos energéticos previstos en esta ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:

I.- Tarifas de estímulo para energía eléctrica.a).- Para bombas de extracción de agua.- la tarifa de estímulo es de 50% menos que la tarifa de mercado.

b).- Para otro tipo de motores, como son los motores de rebombeo para uso en instalaciones ganaderas, motores para rastros TIF, para alumbrado, motores para molinos de alimentos, la tarifa de estímulo es de 50% menos que el precio de mercado.

II.- Precios de estímulo para diesel.Un 60% menos del precio de mercado.III.- Precios de estímulo para combustóleo.Un 70% menos del precio de mercado.IV.- Precios de estímulo para gasolina.Un 50% menos del precio de mercado.V.- Precios de estímulo para gas natural.Un 30% menos del precio de mercado.VI. Precios de estímulo para gas LP.Un 30% menos del precio de mercado.VII.- Precios de estímulo para fertilizantes.Un 40% menos del precio de mercado.

El costo financiero del estímulo será cubierto, hasta donde alcance, con la deducción por la empresa energética del monto de las contribuciones que correspondan a la producción y consumo de cada uno de los insumos energéticos, el Poder Ejecutivo federal incluirá en sus iniciativas anuales de Ley de Ingresos y Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y Ley del Impuesto al Valor Agregado, las previsiones necesarias para regular lo dispuesto en este artículo.

Capítulo Tercero De los Requisitos y Trámites para ser Beneficiario de la Ley.

Artículo 6o. Serán sujetos beneficiarios de esta ley, los previstos en el artículo 2o. de la misma que reúnan las características establecidas en este artículo y los requisitos del artículo 7o., conforme a lo siguiente:

I.- Quienes produzcan en unidades de producción rural y utilicen motores, maquinaria, equipos y lanchas pesqueras propios, en legítima posesión o bajo cualquier título legal y que requieran de insumos energéticos.

II.- Quienes realicen actividades productivas rurales en parcelas de su propiedad, con derechos agrarios o en posesión legítima y requieran de los insumos energéticos para cualquier actividad rural en los términos de las definiciones de esta ley y que requiera insumos energéticos para la explotación o fertilización de sus tierras.

III.- Quienes sean legítimos poseedores de motores, maquinaria y equipos para las unidades de producción rural, tales como motores para extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo, motores para la acuacultura y pesca ribereña; y que cuenten con título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, debidamente registrado en el Registro Público de Derechos de Agua o, en su caso, la acreditación de los derechos de posesión parcelaria o sentencias agrarias favorables definitivas.

Artículo 7o. Los sujetos beneficiarios, para obtener los insumos energéticos a precios y tarifas de estímulo para las actividades rurales, deberán cumplir, con lo siguiente:

I.- Presentar, ante las oficinas de las delegaciones estatales de la Secretaría, de los distritos de desarrollo rural o de los centros de apoyo al desarrollo rural, una solicitud por escrito de los requerimientos de insumos energéticos a precios y tarifas de estímulo, que deberá contener:a) Datos de la maquinaria y equipo:

b) Determinación de la cantidad de insumos energéticos que requiera por mes, por año, por ciclo agrícola o por ciclo productivo.

c) Datos del Predio: Superficie, ubicación, tipo de tenencia, uso de suelo y tipo de cultivo o producción preponderante.

d) El compromiso del sujeto de aplicar los insumos energéticos, con precios y tarifas de estímulo a la producción rural, para mejorar sus sistemas productivos a través de la modernización de maquinaria, embarcaciones y equipos de riego.

e) Presentar las características de los motores con los que realizan sus actividades rurales y, en su caso, la información referente a la concesión del derecho de aguas.

II.- Adjuntar copia de la documentación siguiente:a) La Clave Única de Registro de Población (CURP) o documento oficial que la contenga, sino la tienen, copia del acta de nacimiento.

b) Identificación oficial con fotografía.

c) Documentos que acrediten la propiedad o la legítima posesión de su unidad de producción rural y de la maquinaria empleada en actividades rurales o en su caso, el título de concesión de derechos de agua, y

d) En el caso de contratación de servicios de maquila para los procesos desde la siembra hasta la cosecha, el documento que acredite dicha situación.

Tratándose de personas morales, adicionalmente a los requisitos anteriores, deberán acreditar su objeto social que sea preponderantemente la realización de actividades rurales, mediante la presentación del acta constitutiva y Cédula de Identificación Fiscal. Además, la constancia de registro agrario como organización o asociación rural.

III.- Además anexará en documentos originales,

a) Datos del Productor, que incluyan: nombre; domicilio; teléfono, fax y correo electrónico, si los tiene; fecha de inicio de operaciones; Registro Federal de Contribuyentes o CURP o Registro Federal de Electores.

Artículo 8o. La Secretaría dentro del término de diez días hábiles resolverá la incorporación del solicitante en el padrón y participación en el programa que corresponda:

I.- Si resulta favorable, procederá a la inscripción del solicitante en el padrón, hará del conocimiento del interesado su clave de registro y se le entregará el instrumento que lo acredite para disfrutar del precio y tarifa de estímulo del insumo energético correspondiente, y

II.- Si resulta insuficiente o improcedente la solicitud de conformidad con los instrumentos jurídicos específicos, se notificará de inmediato al interesado haciéndole saber las razones que motivaron la negativa, mismas que, de ser subsanadas y satisfechos los requisitos previstos en el artículo anterior, darán lugar a la inscripción del interesado en el padrón.

Artículo 9o. Con base en la información que los interesados proporcionen, la Secretaría establecerá un Padrón de Beneficiarios de insumos energéticos, en el que se anotarán los nombres de los sujetos beneficiarios del programa correspondiente, así como los datos asentados en la solicitud.

Capítulo Cuarto Del Beneficio de Insumo Energético

Artículo 10. Se considera el beneficio de insumo energético parte indivisible de la tierra, por lo que el productor que trasmita su uso o posesión, deberá hacerlo conjuntamente con dicho beneficio. Para tal efecto, la transmisión del uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a la Secretaría.

Artículo 11. El beneficio de insumo energético se otorgará a los productores del campo, de acuerdo a las necesidades productivas específicas.

Artículo 12. Para efectos del artículo anterior, el beneficiario de insumo energético registrado precisará y justificará, en la solicitud respectiva, bajo protesta de decir verdad, la cantidad de insumo energético que requiera para cada ciclo productivo o periodo de producción determinado.

La empresa energética dictaminará la solicitud y con base en los datos proporcionados en ella, debidamente verificados en los términos de lo dispuesto por el capítulo siguiente, determinará la cantidad de insumo energético que se otorgará al productor beneficiario solicitante del insumo energético.

Capítulo Quinto De los Mecanismos de Supervisión, Verificación y Evaluación

Artículo 13. La empresa energética verificará los datos base de la solicitud de beneficio de insumo energético, incluyendo la existencia y características de las unidades de producción rural, a efecto de hacer las correcciones y ajustes que correspondan a la solicitud respectiva.

Artículo 14. La resolución que otorgue tendrá vigencia por todo el ciclo productivo o periodo determinado de producción que no exceda de un año natural.

La Secretaría o la empresa energética en cualquier etapa de la operación del beneficio de insumo energético, la Secretaría podrán verificar la veracidad de la información proporcionada por los sujetos beneficiarios, así como la observancia de esta ley.

Artículo 15. Para garantizar la correcta aplicación del beneficio de insumo energético, la Secretaría instrumentará mecanismos de supervisión permanente a los sujetos beneficiarios de esta ley, mediante la práctica de visitas de inspección y verificación de conformidad con acuerdos que se tengan con los representantes de las organizaciones de productores.

Artículo 16. Las visitas de verificación que se practiquen por la Secretaría tendrán como objetivo el constatar que los sujetos beneficiarios hayan recibido a satisfacción el beneficio del insumo energético y hayan realizado una correcta utilización del mismo.

Artículo 17. La Secretaría realizará evaluaciones de los ciclos productivos o periodos determinados de producción con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, así como que el beneficio del insumo energético, haya significado para el los sujetos beneficiarios, mayor productividad y competitividad en su unidad productiva del sector.

Las evaluaciones que se refiere el párrafo anterior serán presentadas de forma anual por la Secretaría.

Capítulo Sexto De las Infracciones y Sanciones

Artículo 18. Se consideran infracciones a la presente ley y se sancionarán administrativamente las acciones del productor o del servidor público que:

a) Dolosamente se ostente como sujeto productivo rural o sujeto beneficiario de insumos energéticos sin serlo, con el propósito de obtener el otorgamiento de beneficios de insumos energéticos.

b) Utilice los beneficios de insumos energéticos que se le hayan otorgado, aunque sea parcialmente, para fines o destinos distintos a los expresados en su solicitud o precisados en la resolución respectiva.

c) Al servidor público que manipule o falsee los datos resultado de una verificación, de las previstas en el capítulo quinto de esta ley.

Artículo 19. La sanción administrativa será impuesta por la Secretaría, previo dictamen de la empresa energética y consistirá en:

a) Multa de 200 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

b) Suspensión de tres meses y a un año del otorgamiento de cualquier beneficio de insumo energético.

c) Cancelación de la inscripción en el registro de beneficiarios de insumos energéticos.

d) Al servidor público que incurra en las infracciones previstas en el inciso c) en el artículo anterior, se le aplicarán las sanciones del inciso a) o la suspensión de tres meses a un año en el ejercicio de su cargo.

Artículo 20. La imposición de sanciones administrativas será sin menoscabo de la actuación jurisdiccional en caso de que la conducta constituya un delito o se constituya una responsabilidad civil.

Capítulo Séptimo De la Denuncia Ciudadana

Artículo 21. El servidor público que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo a violar las disposiciones de esta ley y su reglamento, para realizar conductas que no constituyan delito, será sancionado en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Capítulo Octavo De los Recursos

Artículo 22. Los afectados por los actos y resoluciones de una empresa energética podrán ejercitar el recurso de apelación ante la Secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes a que le sea notificado el acto que pretenden impugnar.

Artículo 23. Los afectados por una resolución de la Secretaría que resuelva la apelación prevista en el artículo anterior, podrán interponer recurso de revisión en términos de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el reglamento del presente cuerpo normativo y demás disposiciones administrativas necesarias.

Tercero. Se abroga la Ley de Energía para el Campo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 2002 y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Febrero 16 de 2006.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Energía.

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LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.El diputado José Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente. Desde los movimientos de José Vasconcelos por lograr la ansiada autonomía universitaria nace la idea de que los jóvenes estudiantes y los recintos académicos no fueran almas y espacios muertos sino actores necesarios para la transformación de México. Posteriormente, el doctor Gustavo Baz Prada propuso al rector de la Universidad Nacional la prestación del servicio social por parte de los estudiantes de medicina, en atención de grupos y regiones desfavorecidos; específicamente, la primera tarea se llevó a cabo en el estado de Puebla, en el año de 1936. De esa forma, el servicio social se fue generalizando en la universidad y, finalmente, por iniciativa aprobada en 1942, se incorporaron como obligatorios los servicios profesionales de índole social en el párrafo cuarto del artículo 5o. constitucional, y su reglamentación quedó establecida en la ley correspondiente del año de 1945. El servicio social compromete a los jóvenes a devolver a la sociedad un beneficio por la oportunidad recibida de acceder a la educación, a la cual muchos otros no han podido aspirar.

No obstante, el servicio social también es una etapa para que el estudiante viva un primer encuentro con la realidad social, una primera experiencia de aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, un espacio para confrontar la teoría con la práctica; todo esto, en el marco del apoyo para los que menos tienen. Según información oficial, el número de prestadores de servicio social al año es de 300 mil; sin embargo, ese potencial no es aprovechado al máximo, en virtud del cambio de estrategias, la desaparición de instancias complementarias con la labor de las instituciones de educación superior y, sobre todo, el trabajo aislado que realizan algunas dependencias.

Por ello es importante la cooperación de todos los actores en el desarrollo, que lleve a potenciar el servicio social. Es urgente que se clarifiquen las metas y los caminos de este servicio, se privilegie la evaluación y se tomen en cuenta tanto las características específicas de los prestadores como las de los beneficiarios y --también-- de las regiones para lograr que este servicio tenga mejor impacto. Con tal motivo, las instituciones de educación superior, públicas y privadas, a través de sus asociaciones han entablado un diálogo productivo y constantemente han realizado congresos, coloquios, encuentros, foros sobre el tema.

De las discusiones realizadas en esos encuentros se desprende que el estudio y la discusión de los temas expuestos se orientan a evaluar las actividades del servicio social, con el propósito de conocer el impacto académico y social, a establecer redes de intercambio de información y proyectos sobre temas de áreas comunes, a promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones, para que no exista duplicación y también se rescatan nuevas y varias metodologías de intervención en las comunidades. Por otro lado, se busca establecer un sistema que permita la elaboración de un padrón de proyectos de servicio social que incorpore los mejores programas en las instituciones de educación superior.

Por ello, el servicio social contribuye a la formación integral del estudiante y permite a los futuros profesionistas deseosos de trascender ser generosos con sus conocimientos y solidarios con quienes menos tienen. En ese sentido, de acuerdo con las necesidades planteadas por los diferentes actores, buscamos dar respuestas y proponemos a través de esta iniciativa una definición del servicio social y de sus principales objetivos, pues no existe claridad jurídica respecto al tema. Al mismo tiempo, se pretende que los proyectos de servicio social se orienten a los sectores más desprotegidos de la sociedad, apoyándose en el conocimiento científico y técnico existente en las instituciones de educación superior. Para reforzar esta acción se propone conferir a la Federación, sin perjuicio de la concurrencia de los estados y los municipios, la función de promover y fomentar acciones que impulsen el desarrollo de los proyectos de servicio social.

Además, esta iniciativa busca que se tomen en cuenta los derechos mínimos del estudiante prestador del servicio social. Si bien es cierto que la prestación del servicio social no crea ninguna relación laboral, también lo es que ninguna instancia en la actualidad se hace responsable siquiera de su salud durante el transcurso de su actividad, por lo que esta iniciativa pretende resarcir dicha omisión: se propone el desarrollo de un sistema nacional de información sobre el servicio social en el cual cooperen todos los actores de dicho servicio para que éste sea un sistema integral que contenga información completa y actualizada y permita a los diferentes usuarios decidir la distribución y el contenido de los proyectos.

Por otro lado, se busca potenciar la evaluación del servicio social para colocarlo en una posición de mejora continua y ofrecer a las universidades e instituciones de educación superior una herramienta más para elevar sus estándares de atención y profundizar en su función social. Por lo anterior es muy importante que desde los diferentes ámbitos de acción y en la Cámara de Diputados apoyemos y fomentemos este servicio, revaloremos su misión y lo fortalezcamos, no simplemente con un mero trámite, un requisito o una mera prueba de resistencia, sino como una forma de capitalizar lo más valioso de la juventud: las ganas de servir, de participar, de ayudar a quien lo necesita, de compartir conocimientos.

Por ello los invito a permitir que miles de estudiantes se comprometan de manera organizada y provechosa en favor de las comunidades y los grupos más desprotegidos, a estudiar esta propuesta y darle su voto de confianza. Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 12 y el Capítulo III, ``Del Servicio Social'', en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito diputado José Francisco Landero Gutiérrez, perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 12 y el Capítulo III ``Del Servicio Social'' de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Fue en los movimientos juveniles liderados por José Vasconcelos, cuyo objetivo era lograr la autonomía universitaria, que cobra fuerza que la idea de que los jóvenes deben ser actores estratégicos para el desarrollo de la nación. Asimismo, toman relevancia los recintos escolares como espacios de participación, no sólo académica, sino también social, cultural y política. También resalta la idea de que los estudiantes debían retribuir a la misma sociedad que les daba oportunidad de incrementar sus conocimientos y habilidades en esos recintos. Así nacen formalmente, los primeros conceptos de servicio social.

Posteriormente, el doctor Gustavo Baz Prada propuso al rector de la Universidad Nacional la prestación del servicio social por parte de los estudiantes de Medicina para atender a grupos y regiones desfavorecidas. Es así como el primer servicio social formal se llevó a cabo en el estado de Puebla, en el año 1936.

El servicio social se fue generalizando al interior de la Universidad, y finalmente, por iniciativa aprobada en 1942, se incorporan como obligatorios los servicios profesionales de índole social en el párrafo cuarto del artículo 5o. constitucional, y su reglamentación quedó establecida en la ley correspondiente del año 1945.

El servicio social compromete a los jóvenes a devolver a la sociedad un beneficio por la oportunidad recibida de acceder a la educación a la cual muchos otros no han podido acceder.

El servicio social también es una etapa en la que el estudiante vive un encuentro con la realidad social, también llega a ser una primera experiencia de aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, un espacio para confrontar la teoría con la práctica.

Además, como parte de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior, se encuentra el de llevar los progresos de la ciencia, las humanidades y la técnica al servicio de los ciudadanos, convirtiéndose el servicio social en una herramienta importante para lograr este importante objetivo.

Según información oficial, el número de prestadores de servicio social anualmente es aproximadamente de 300 mil, sin embargo, este potencial numérico y virtuoso, no es aprovechado al máximo en virtud de la falta de continuidad de las políticas, el cambio en las estrategias, la carencia de instancias complementarias con la labor de las Instituciones de Educación Superior, la falta de coordinación entre diversas instituciones y la falta de información.

El servicio social, a casi 70 años de su inicio formal, ha sufrido múltiples cambios, sin embargo su efectividad no ha sido constante, por lo que se han establecido Comisiones y Departamentos Administrativos1 o bien ha permanecido relegado de las prioridades de la política educativa o social. Esto ha provocado que en muchas ocasiones el servicio prestado no aproveche el potencial juvenil o no se lleven los mismos a los beneficiarios adecuados, subutilizando el tiempo y los conocimientos de muchos profesionistas.

Por ello, es importante la cooperación de todos los actores en el desarrollo y potencialidad del servicio social. Es urgente que se clarifiquen las metas y los caminos del servicio social, se privilegie la evaluación y se tomen en cuenta las características específicas de los prestadores, de los beneficiarios y de las regiones con el objetivo de que las actividades tengan alto impacto social.

Por lo anterior, las Instituciones de Educación Superior, Públicas y Privadas, a través de sus asociaciones legalmente establecidas, han entablado un diálogo productivo y constante en esta materia. Como resultado de ese diálogo se han organizado desde hace 20 años diversos congresos, coloquios, encuentros, foros y eventos. Ejemplos de esto son los congresos organizados por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (CISS) o los coloquios internacionales de servicio social comunitario convocados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, AC (ANUIES).

De los debates realizados, se desprenden como conclusiones la importancia de evaluar las actividades del servicio social, con el propósito de conocer el impacto académico y social de sus programas; establecer redes de intercambio de información y proyectos sobre temas y áreas comunes; promover la coordinación interinstitucional de las dependencias e instituciones para que no exista duplicidad de acciones; la importancia del rescate de nuevas y variadas metodologías de intervención en las comunidades; la necesidad de acercar los programas de servicio social a las comunidades marginadas de nuestro país; la necesidad de establecer un sistema que permita la elaboración de un padrón sistematizado de proyectos de servicio social, que incorpore los mejores programas y proyectos de las instituciones de educación superior que se llevan a cabo en comunidades marginadas y en zonas de atención prioritaria, entre otros.

Para Acción Nacional el servicio social contribuye a la formación integral del estudiante y permite a los futuros profesionistas satisfacer la necesidad de trascendencia, ser solidarios y generosos para poner a disposición de las comunidades, en forma subsidiaria, sus conocimientos.

Es en ese sentido y de acuerdo con las necesidades planteadas por los diferentes actores, que se busca dar alternativas. La presente iniciativa establece la definición del servicio social y sus principales objetivos. Al mismo tiempo se pretende que los proyectos de servicio social se orienten a los sectores más desprotegidos de la sociedad, apoyándose en el conocimiento científico y técnico existente en las instituciones de educación superior.

Para reforzar esta acción, se propone que la Federación, sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios, refuerce la función de promover y fomentar acciones que impulsen el desarrollo de los proyectos de servicio social.

Asimismo, esta iniciativa busca que se tome en cuenta el derecho a la protección de su salud, ya que si bien es cierto que la prestación del servicio no crea relación laboral alguna, también lo es la necesidad de que el prestador cuente con alguna alternativa médica para afrontar los posibles riesgos a su salud durante el tiempo en que presta el servicio.

Se propone el desarrollo de un Sistema Nacional de Información sobre el Servicio Social, el cual sea alimentado por todos los actores involucrados en el tema. Este sistema permitirá contar con la información necesaria para decidir la distribución y contenido de los diversos proyectos, su alcance y las estrategias para alcanzar un mejor impacto social.

Por otro lado, se busca potenciar la evaluación, para colocar al servicio en una posición de mejora continua y ofrecer a las universidades e instituciones de educación superior una herramienta más para elevar sus estándares de atención y profundizar en su función social.

Legisladores y legisladoras, es importante impulsar el esfuerzo de los jóvenes estudiantes como protagonistas activos de su desarrollo y el de sus comunidades. Es importante que desde nuestros ámbitos de acción apoyemos y fomentemos el servicio social no como un trámite, un requisito o una prueba sin sentido, sino como una forma de capitalizar lo más valioso de la juventud: el deseo de servir, de participar, de ayudar a quien lo necesita, de generosidad.

Los invito a permitir que miles de estudiantes se comprometan de una manera organizada y provechosa a favor de las comunidades y grupos más desprotegidos.

Los invito a estudiar esta propuesta y en su momento darle un voto de confianza.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 12 y el Capítulo III ``Del Servicio Social'', de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior

Artículo Único.- Se adiciona en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior la fracción V al artículo 12 y el Capítulo III ``Del Servicio Social'', recorriéndose el Capítulo ``Asignación de Recursos'', con sus correspondientes artículos, para quedar como sigue:

Artículo 12. Sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios para proveer a la coordinación que se refiere el artículo anterior, la Federación realizará las funciones siguientes:

I. a IV. ...

V. Promover y fomentar acciones que impulsen el desarrollo del servicio social, y

VI.- Las demás previstas en la presente ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo III Del Servicio Social

Artículo 21. El Servicio Social es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los estudiantes y egresados en interés de la sociedad y el Estado. El objeto del servicio social es contribuir a la formación académica y profesional del prestador del servicio, y desarrollar en él una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece.

Artículo 22. Los prestadores de servicio social tienen derecho a un trato respetuoso a su dignidad por parte de las autoridades responsables de la dependencia o entidad asignada para el cumplimiento de dicho servicio.

Artículo 23. Los prestadores de servicio social deberán contar con un seguro médico proporcionado por la instancia ejecutora durante el tiempo total en que desarrollen sus actividades, o en su caso, ésta deberá verificar que se encuentren afiliados a alguna dependencia o entidad del sistema nacional de salud.

Artículo 24. Las instituciones de educación superior procurarán orientar las actividades de servicio social preferentemente a los programas y acciones públicas dirigidas a la población de las zonas de atención prioritaria, definidas éstas en los términos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 25. La Secretaría de Educación Pública creará y tendrá a su cargo un Sistema Nacional de Información sobre el Servicio Social, el cual tendrá por objeto hacer del conocimiento de los estudiantes, instituciones de educación superior y dependencias o entidades interesadas toda la información referente a las actividades del servicio social, dar transparencia a los procedimientos, asignación y evaluación de las actividades del servicio social y, vincular la oferta de servicio social con la demanda de atención de programas y acciones sociales, particularmente los dirigidos a las zonas de atención prioritaria.

Artículo 26. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Secretaría Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, participarán con la Secretaría de Educación Pública en la conformación del Sistema de Información sobre el Servicio Social a que se refiere el artículo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 27. La Secretaría de Educación Pública elaborará anualmente un informe sobre el impacto social del servicio social, el cual además de servir de insumo para los programas y acciones correspondientes, será enviado a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su consideración durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Capítulo IV Asignación de Recursos

Artículo 28. La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines.

Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento.

Artículo 29. Los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas.

Artículo 30. Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos.

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas.

Artículo 31. Para los fines de esta ley, los recursos que la Federación otorgue a las instituciones de educación superior serán ordinarios o específicos.

Para la satisfacción de necesidades extraordinarias las instituciones podrán solicitar recursos adicionales.

Artículo 32. Las ministraciones de los recursos ordinarios se sujetarán al calendario aprobado, debiendo iniciarse durante el primer mes del ejercicio fiscal.

Artículo 33. Cuando las instituciones requieran desarrollar proyectos adicionales de superación institucional y carezcan de fondos para ello, el Ejecutivo federal podrá apoyarlas con recursos específicos, previa celebración del convenio respectivo y, en su caso, atendiendo al desarrollo de los convenios anteriormente celebrados.

Artículo 34. Las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por la Federación, estrictamente a las actividades para las cuales hayan sido asignados y de conformidad con las leyes respectivas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en un término de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, actualizará el reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República Mexicana, en términos del presente decreto y creará el Sistema Nacional de Información sobre el Servicio Social.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública, enviará anualmente en el mes de septiembre a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el informe establecido en el artículo 27 del presente decreto. El primer informe será enviado a dichas comisiones al año siguiente de la instrumentación del Sistema Nacional de Información sobre el Servicio Social.

Nota:

1 Por ejemplo, la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (Cossies), Dirección de Apoyo al Servicio Social del Estudiante y Análisis de Empleo (Dasseae), etcétera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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ARTICULO 75 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Con la venia de la Presidencia. El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Uno de los derechos más preciados de la sociedad contemporánea es la remuneración justa del trabajo desempeñado, suficiente para proporcionar una vida decorosa a quien lo devenga y a su familia. Su consecuencia natural sería la justa distribución de la riqueza que, en nuestro país --lamentablemente--, no es una realidad. Los siguientes datos son muy ilustrativos de lo anterior: de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares 2004, más de 30 millones de mexicanos sobreviven con menos de un salario mínimo. No se diga del dramatismo de la población en pobreza extrema: unos 10 millones de mexicanos sobreviven con 12 pesos y 21 centavos al día, poco más de una cuarta parte del salario mínimo o lo equivalente a 1 dólar. En el otro extremo, una quinta parte de la población concentra 52.7 del ingreso total generado por la sociedad.

Esta quinta parte de los mexicanos percibe ingresos 173 por ciento superiores a lo que obtienen en conjunto 51 millones 600 mil habitantes, equivalentes a la mitad de la población de nuestro país. Resaltan también los contrastes entre los pudientes: el ingreso de 10 por ciento de la población que ocupa el vértice de la pirámide social duplica el que recibe el 10 por ciento que le precede. Estos contrastes económicos, surgidos luego de las altas expectativas que el 2 de julio de 2000 trajo consigo, explican la generalizada percepción de que los servidores públicos de alto rango no cumplen debidamente su trabajo y que constituyen un grupo privilegiado en medio de una población que se sabe pobre y, por tanto, vulnerable.

Quisiera darles unos datos, publicados en el número 19 de la revista Pulso Ciudadano en diciembre del año pasado, que publica un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara que plantea los siguientes indicadores: los ciudadanos otorgan una calificación a su Presidente, en el mejor de los casos, de 6.9 puntos; entre 56 y 65 por ciento de la población considera que los problemas se han salido de control del Presidente; sólo 24 por ciento de la población se dice satisfecho con el funcionamiento de la democracia. La eficacia política es media según 40 por ciento de la población, y baja según 25 por ciento.

El 34 por ciento de la población percibe como responsable de que la situación económica empeore al Presidente y 58 por ciento considera que son los diputados y los senadores. En 2003, a la salida de la Legislatura anterior, 59 por ciento de los mexicanos consideraba poco eficiente el trabajo de los legisladores y sólo 1 de cada 10 dijo que los legisladores trabajan mucho. Sólo 9 por ciento de los ciudadanos encuestados creía que los diputados toman decisiones por el interés de sus representantes, aunque no hace falta una encuesta para saber cómo percibe la población a quienes ocupamos cargos de elección popular o altos puestos en la Administración Pública Federal. Eso puede recogerse en una conversación cualquiera en nuestro país, amén de que periódicamente los medios de comunicación retratan como piedra de escándalo los montos de los emolumentos públicos.

Una sencilla comparación nos demuestra muy bien la desproporción de los salarios de los altos funcionarios: el ingreso neto del Presidente de los Estados Unidos de América es de 400 mil dólares al año, que es cerca de 10 veces --¡10 veces!-- el ingreso per cápita en aquel país, pero el salario del Presidente de México es de 176 mil dólares anuales, sin contar prestaciones, que equivale a 18 veces más el ingreso per cápita de nuestro país --¡18 veces más!--. La remuneración de nuestro Presidente es 57 por ciento más alta que la del Presidente anterior y duplica la inflación acumulada desde noviembre de 2002. El salario del Presidente de México es seis veces mayor que el del Presidente de Argentina y tres veces más que el Presidente de Brasil. En términos netos, nuestro Presidente gana más que el Primer Ministro de Inglaterra o el canciller alemán, además de que los gastos del Ejecutivo corren por cuenta del erario, lo que permite una capacidad de ahorro impresionante. Y por si fuera poco, señala una pensión de ayudantía del Estado Mayor Presidencial vitalicia.

También los ingresos de los secretarios de Estado son escandalosos: 165 mil pesos netos mensuales, equivalente a 120 veces el salario mínimo mensual, con el que tienen que conformarse 30 millones de mexicanos. Cabe mencionar que los Presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Alejandro Toledo, de Perú, así como el entonces jefe del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, redujeron voluntariamente sus salarios al asumir sus cargos, acto que, cualquier consideración aparte, es coherente con la comprometida situación financiera de los mexicanos.

Por ello creemos que la mejor forma de responder a todo lo descrito es la acción directa de los depositarios de la soberanía popular. Estamos obligados a responder ante las demandas de la población, con mayor apuro y diligencia cuanto más justas son. Por eso, la intención de este proyecto es --en primer lugar-- la reducción de los salarios de los servidores públicos de alto rango a nivel federal para ajustarlos razonablemente con la mayor brevedad y, en el futuro, a los parámetros siguientes: la realidad económica y social del país, los parámetros internacionales y la justicia social, entendida ésta como el usufructo del avance económico, político y cultural por parte de todos los habitantes de nuestro país, por el solo hecho de pertenecer al esfuerzo común que lo hace posible.

También tiene como intención este proyecto evitar en el futuro que los sueldos de los servidores públicos aumenten más allá de la inflación estimada por el Banco de México, a fin de ligarlo a la marcha de la economía y no a las expectativas de lucro de los miembros del aparato gubernamental. Así no se reduce el poder adquisitivo de los funcionarios a largo plazo. Y la tercera intención de este proyecto es que el artículo transitorio pretende reducir los salarios en 15 por ciento al momento de entrar en vigencia para responder así a la necesidad de ahorro y austeridad, imperativa desde la perspectiva de la población mexicana. Los sueldos resultantes serán el piso de aplicación de este proyecto una vez convertido en parte de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos_

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 75, para quedar de la siguiente manera:

Los sueldos del Presidente de la República y de los funcionarios públicos que ocupen los cuatro grupos jerárquicos por debajo de aquél sólo podrán aumentar en una cantidad igual al índice inflacionario estimado por la autoridad competente, pero en ningún caso el aumento podrá exceder de 5 por ciento.

Los sueldos de los diputados y los senadores del Congreso de la Unión se sujetarán a lo dispuesto en el párrafo anterior por lo que al Presidente se refiere.

Y también queremos agregar: Transitorios.Primero. Los salarios del Presidente de la República, de los funcionarios públicos que ocupen los cuatro grupos jerárquicos por debajo de aquél, de los diputados y de los senadores del Congreso de la Unión, se ajustarán a la baja en 15 por ciento en el Presupuesto siguiente a la entrada en vigor de esta modificación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, en mi carácter de diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.- Uno de los derechos más preciados de la sociedad contemporánea es la remuneración justa al trabajo desempeñado, suficiente para proporcionar una vida decorosa a quien lo devenga y a su la familia. Consecuencia natural de esto sería la justa distribución de la riqueza que en nuestro país no es una realidad.

II.- Los siguientes datos son muy ilustrativos de lo anterior:

1. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares 2004, más de 30 millones de mexicanos sobreviven con menos de un salario mínimo;

2. No se diga del dramatismo de la población en pobreza extrema, unos 10 millones de mexicanos sobreviven con 12.21 pesos al día, poco más de una cuarta parte del salario mínimo, o bien 1.1 dólares;

3. En el otro extremo, una quinta parte de la población concentra el 52.7% del ingreso total generado por la sociedad. Esta quinta parte de los mexicanos percibe ingresos 173% superiores a los que obtienen en conjunto 51 millones 600 mil habitantes equivalentes a la mitad de la población;

4. Resaltan también los contrastes entre los pudientes: el ingreso de 10 por ciento de la población que ocupa el vértice de la pirámide social duplica al que recibe el 10 por ciento que le precede.

III.- Estos contrastes económicos, surgidos luego de las altas expectativas que el dos de julio del dos mil trajo consigo, explican la generalizada percepción de que los servidores públicos de alto rango no cumplen debidamente con su trabajo y que constituyen un grupo privilegiada en medio de una población que se sabe pobre y por lo tanto vulnerable. En el número 19 de la revista Pulso Ciudadano, fechado en diciembre de 2005, que publica el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara, se consignan entre otros, lo siguientes indicadores:

1. Los ciudadanos otorgan una calificación a su Presidente, en el mejor de los casos, de 6.9;

2. Entre el 56 y el 65% de la población considera que los problemas se han salido del control del Presidente;

3. Sólo el 24% de la población se dice satisfecho con el funcionamiento de la democracia;

4. Apenas el 32% de la población considera que ``estamos progresando'';

5. El 62% achaca los tropiezos del presidente en política exterior a ``consejos inadecuados de su equipo'';

6. Sólo entre el 41 y el 30% de la población afirma tener ``mucha'' o ``algo'' de confianza en el Presidente, mientras que entre el 28 y el 4% afirma lo mismo sobre el Congreso;

7. La eficacia política es ``media'' según el 40% de la población y ``baja'' según el 25%;

8. El 34% de la población percibe como ``responsable de que la situación económica empeore'' al Presidente y el 58% considera que son los ``diputados y senadores'';

9. En 2003, a la salida de la Legislatura anterior, el 59% de los mexicanos consideraba ``poco eficiente'' el trabajo de los legisladores'' y sólo uno de cada diez dijo que ``los legisladores trabajan mucho'';

10. Sólo el 9% creía que los diputados tomaban decisiones por el interés de sus representantes.

IV.- Cierto es que, en gran medida, las cifras citadas relativas al Congreso son producto del desconocimiento respecto al funcionamiento de esta soberanía y su colegisladora. En la opinión pública no trasciende el volumen, complejidad y relevancia del trabajo legislativo, menos aún la importancia que tiene para la vida diaria de los mexicanos. Sin embargo esto es materia de otras medidas, que nada tiene que ver con el fondo del asunto que nos ocupa.

V.- En todo caso, no necesitamos una encuesta para saber cómo se percibe la actuación de quienes ocupamos cargos de elección popular o altos puestos en la Administración Pública Federal: puede recogerse en una conversación cualquiera en nuestro país, amén de que periódicamente los medios retratan como piedra de escándalo los montos de los emolumentos públicos. No falta razón en estos señalamientos, habida cuenta de que los sueldos de nuestros funcionarios son considerablemente más altos que los de sus homólogos de otros países, tales como Brasil y Argentina, cuyos titulares del Poder Ejecutivo ganan un tercio y un sexto de lo que recibe el Presidente mexicano, respectivamente. El Ejecutivo norteamericano gana alrededor de cuatrocientos mil dólares al año menos impuestos, mientras el ingreso per cápita en su país es de cuarenta mil dólares; en contraste, el Ejecutivo federal mexicano gana en términos netos $175,977.6 dólares anuales sin prestaciones de ley ni extralegales, con un ingreso per cápita de $9,600 dólares. De hecho el Presidente mexicano gana más que el primer ministro de Inglaterra o el canciller alemán. La remuneración del Presidente es 57% más alta que la de su antecesor, y duplica la inflación acumulada desde noviembre de 2000, que ha sido de 26.07%.

Debe señalarse que los gastos del Ejecutivo corren por cuenta del erario, lo que le permite una capacidad de ahorro impresionante. Por último, se añade una pensión y ayudantía del Estado Mayor Presidencial vitalicias.

Cabe mencionar que los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Alejandro Toledo, de Perú, así como el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, redujeron voluntariamente sus salarios al asumir sus cargos, acto que cualquier consideración aparte, es coherente con la comprometida situación financiera de sus gobernados.

VI.- Debemos añadir que los ciudadanos carecen de medios directos para controlar a los servidores públicos durante su encargo. En general, los ciudadanos no tienen mayor contacto con sus funcionarios y mucho menos sancionarlos ante alguna falla o acto contrarios a los intereses de quienes los eligen. Esto anula de facto la soberanía popular y cimienta el desencanto con la democracia que parece ser el signo de este tiempo.

VII.- La mejor forma de responder a todo lo descrito es la acción directa de los depositarios de la soberanía popular. Estamos obligados a responder ante las demandas de la población, con mayor apuro y diligencia entre más justas son. Para ello tenemos cuatro aspectos claves que obligan sin sombra de duda a una acción contundente respecto a las percepciones de los servidores públicos en este país:

1. La por lo menos difícil situación económica de gran parte de los mexicanos.

2. La desaprobación al desempeño de sus gobernantes.

3. La falta de medios de control inmediatos y claros sobre los servidores públicos.

4. Existen antecedentes de reducción de sueldos de altos funcionarios.

El imperativo emanado de estos factores es la reducción de los salarios de los altos servidores públicos, a fin de que se ajusten a la realidad económica y social del país, los parámetros internacionales y a la justicia social, que reclama moderación y austeridad a los servidores públicos, pues sus actuales salarios no corresponden a ninguno de los factores mencionados.

VIII.- Este proyecto no atenta contra los derechos o conquistas laborales, pues no hablamos de trabajadores, sino de altos funcionarios considerados de confianza o miembros de entes soberanos, cuyas percepciones no pueden considerarse bajas, sino sumamente altas, por lo tanto suficientes para asegurar un modo de vida desahogado, un alto poder adquisitivo y capacidad de ahorro, incluso si su ingreso se viera disminuido. Reiterando: no hablamos de un sector vulnerable, sino de quienes detentan el poder público, que no pueden considerarse a sí mismos como desprotegidos. En todo caso, hablamos de un ahorro a las finanzas públicas, que puede ser canalizado al cumplimiento de las metas del Estado mexicano, como salud, vivienda y desarrollo en general de la población que sí es un sector desprotegido.

Amén de lo anterior, este proyecto responde al clamor social que exige mayor conciencia de los problemas que aquejan y aquejarán al país, los cuales en total, exigen que el gobierno genere bienestar para los gobernados, no sólo para sus funcionarios.

IX.- La intención de este proyecto es:

1. Reducción de los salarios de los servidores públicos de alto rango a nivel federal para ajustarlos razonablemente, a la brevedad y en el futuro, a los tres parámetros siguientes: a) La realidad económica y social del país;

b) Los parámetros internacionales;

c) La justicia social, entendida esta como el usufructo del avance económico, político y cultural por parte de todos los habitantes de nuestro país, por el sólo hecho de pertenecer al esfuerzo común que lo hace posible. 2. Evitar en el futuro que los sueldos de los servidores públicos aumenten más allá de la inflación estimada por el Banco de México, a fin de ligarlo a la marcha de la economía y no a las expectativas de lucro de los miembros del aparato gubernamental. Así no se reduce el poder adquisitivo de los funcionarios a largo plazo.

3. El artículo transitorio pretende reducir los salarios en 15%, al momento de su entrada en vigencia, para responder así a la necesidad de ahorro y austeridad, imperativa desde la perspectiva de la población. Los sueldos resultantes serán el piso de aplicación de este proyecto una vez convertido en parte de la Constitución.

Es procedente esta reforma en base a la siguiente

Fundamentación

I.- Competencia del Congreso de la Unión:

La señala nuestra Carta Magna en su artículo 73, fracción XI, que a la letra dice:

``Artículo 73.- El Congreso tiene facultad para:

(...)

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.''

Igualmente fundamentan este proyecto los artículos constitucionales 13, segunda parte, que a la letra dice:

``Artículo 13.- (...) Ninguna persona puede gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. (...)''

Los artículos anteriores encuentran referencia en la interpretación sistemática en lo dispuesto por el artículo 126 constitucional, mismo que establece que:

``Artículo 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.''

Se entienden lo términos ``dotaciones'' y ``emolumentos'' como la contraprestación económica a la que se obliga el Estado mexicano con los servidores públicos a su servicio, tal como se aprecia en las definiciones de los mismos, según la Academia Española de la Lengua:

``Emolumento: (Del latín emolumentum, utilidad, retribución).

1. m. Remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo. U. m. en pl.'';

Dotación:

1. f. Acción y efecto de dotar.

2. f. Aquello con que se dota.

3. f. Conjunto de personas asignadas al servicio de un buque de guerra o de una unidad policial o militar.

4. f. Conjunto de individuos asignados al servicio de un establecimiento público, de una oficina, de una fábrica, de un taller, etcétera.

5. f. En urbanismo, suelo destinado a usos o instalaciones del conjunto de los ciudadanos.''

Todos estos preceptos concatenados por los criterios interpretativos literal, sistemático y funcional, arrojan sin equívoco la facultad legal del Congreso para fijar los empleos públicos y los sueldos correspondientes a través del Presupuesto o ley posterior. Habida cuenta de que ni esta asamblea ni la Colegisladora pueden determinar el número de servidores públicos, dotación no puede ser sino el emolumento que estos recibirán. Cualquier otra interpretación llevaría a equívocos insostenibles.

Por lo tanto la aprobación de esta iniciativa no violenta el marco jurídico existente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Se adicionan dos párrafos al artículo setenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

``Artículo 75.- ...

Los sueldos del Presidente de la República y de los funcionarios públicos que ocupen los cuatro grupos jerárquicos por debajo de aquél, sólo podrán aumentar hasta en una cantidad igual al índice inflacionario estimado por la autoridad competente, pero en ningún caso el aumento podrá exceder el cinco por ciento.

Los sueldos de los diputados y senadores del Congreso de la Unión se sujetarán a lo dispuesto en el párrafo anterior en lo que al Presidente se refiere.''

Transitorios

Primero.- Los salarios del Presidente de la República, de los funcionarios públicos que ocupen los cuatro grupos jerárquicos por debajo de aquél, de los diputados y de los senadores del Congreso de la Unión se ajustarán a la baja en un 15%, en el presupuesto siguiente a la entrada en vigor de esta modificación.

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil seis.--- Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

Exposición de Motivos

El desarrollo de la sociedad mundial hacia el siglo XXI, en sus relaciones comerciales está tendiendo hacia una estandarización de mercados y una globalización de la economía. Todo país que aspire al progreso continuado y busque mejorar las condiciones de existencia de sus miembros, necesita asumir el reto de los tiempos modernos, enfrentándolos con audacia, creatividad y sobre todo con una unidad nacional, en torno a propósitos claros y precisos que permitan elevar la calidad de los servicios públicos.

Ante esta mejoría en la economía mexicana y su necesidad de competir en un mercado globalizado, lo cual no implica solamente cambios económicos, comerciales, sino también políticos, culturales y, sobre todo, en educación, ya que revisando nuestras leyes nos damos cuenta de la necesidad de elevar la preparación de nuestros servidores públicos.

El derecho del trabajo está considerado como un derecho social, ya que se pretende mediante esta disciplina jurídica dirimir las controversias entre los patrones y los trabajadores, cabe mencionar que el derecho del trabajo se encuentra dentro del derecho social, ya que pretende proteger a las clases más vulnerables como lo es la clase trabajadora, por ello la labor de los inspectores del trabajo se vuele primordial y delicada, ya que se encargaran de que los dueños de los medios de producción cuenten con medidas de seguridad y de higiene para que el empleado u obrero realice sus funciones dentro del marco de la ley.

Como nos menciona el artículo 123 de nuestra Constitución Política, toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

En el artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que el empleo de la inspección del trabajo tiene como funciones vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo, poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos, realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones.

En el grupo parlamentario del Partido Verde de México creemos que hoy en día para toda empresa los recursos humanos son una parte esencial para su buen funcionamiento, ya que el personal de una organización es uno de los recursos más importantes, por medio de ellos se puede alcanzar los objetivos establecidos y también se puede llegar a un mejor desarrollo de la empresa para alcanzar un alto nivel de competitividad.

El valor de una empresa lo determina su personal, por eso es importante elaborar un inventario de sus recursos humanos, ya que es una herramienta muy útil para la administración del personal y su planeación estratégica, el inventario de recursos humanos abarca una serie de registros históricos de la suma de aptitudes, experiencias y cualidades de los empleados que permite generar un análisis y una evaluación del nivel competitivo en un momento determinado.

Es importante mencionar que también ayuda a considerar qué empleados pueden ocupar un puesto en el momento que exista una vacante antes de pensar en contratar personal externo, ya que permite tener un enfoque más claro del desempeño de los trabajadores.

Otro de los aspectos importantes dentro de los recursos humanos es la capacitación. Toda capacitación genera un cambio, lo que induce que el personal se empiece a sentir amenazado e inseguro, ya que un cambio puede poner en peligro su trabajo y forma de vida.

Estos factores nos permiten tener una visión más amplia de la reacción que pueda tener el empleado frente al cambio, aquí empieza el trabajo del gobierno para hacer que todos los empleados entiendan que siempre existirán cambios en el trabajo pues la tecnología avanza a pasos agigantados. Una vez visto todo lo que puede ocurrir por un cambio se puede empezar con la capacitación.

Como nos menciona el artículo 541 de la Ley Federal del Trabajo, los Inspectores del Trabajo tienen deberes y atribuciones dentro de las más importantes se encuentra vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las normas de trabajo, así como también examinar las sustancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos.

La capacitación el estudio y la práctica son maneras de proporcionar a los empleados las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo con mayor eficiencia, ya que dentro de sus atribuciones está valorar los riesgos de trabajo al tener que manejar y conocer en algunos casos productos químicos.

Como punto de vista, podemos decir que el gobierno no se ha preocupado por este tipo de capacitación puesto que a él sólo les preocupa la productividad del empleado, sin tomar en cuenta que este método influye en el buen desempeño del empleado, pero dentro del gobierno tenemos que preocuparnos por que los servidores públicos tengan la preparación suficiente para poder desarrollar mejor sus funciones.

Hoy en día no basta tener buenas instalaciones dentro del gobierno debemos tener empleados públicos preparados, es por ello que en la presente iniciativa proponemos que se eleve el nivel educativo de secundaria a bachillerato o sus equivalentes como uno de los requisitos para poder ser inspector del trabajo, sin dejar atrás los demás requisitos que marca la ley.

El objetivo principal es capacitar a los inspectores del trabajo, éste es uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta, la manera en que los inspectores del trabajo se dirigen a los empleados y a los empresarios es primordial, al capacitarlos, dándoles oportunidad de estudiar podremos aspirar a un México más preparado, estamos seguros que un principio es todo lo que se necesita para empezar el cambio en las estructuras de los servidores públicos y de esta manera lograr mejorar la comunicación y el trato entre el inspector de trabajo, los trabajadores y los empresarios.

Toda una gama de valores deberán ser introducidos y otros replanteados dentro de nuestra sociedad, así mismo, el contar con servidores públicos altamente capacitados y especializados sólo podrá obtenerse a través de la educación. Aquí es justamente donde las instituciones de educación media superior y superior tienen un papel primordial para el logro de estos objetivos implementando programas de estudio para los trabajadores promoviendo becas y programas de estudio que se adecuen al horario de los trabajadores.

Creemos firmemente que este principio puede llevarnos a un cambio más profundo en las estructuras gubernamentales capacitando y elevando el nivel escolar y cultural de todos los servidores públicos que se necesite, teniendo la intención de contribuir a erradicar el fenómeno de la corrupción.

Existen programas de capacitación y orientación en donde el primer punto es familiarizar a los empleados con el origen de la empresa donde se encuentran laborando y las expectativas de la misma, estos programas de capacitación también enseñan a los empleados las actitudes necesarias que deben tener para ofrecer un buen servicio.

Los empleados capacitados deben mejorar su eficiencia y desempeño en el trabajo debido a que cuentan con más herramientas y están más preparados para desempeñar su labor, el aprendizaje es la forma en que el empleado comprende los principios y habilidades.

Es entonces donde se puede evaluar si la conducta cambió debido a la capacitación y cuáles son los resultados que podemos obtener.

La capacitación se debe dar en la medida que cambian las exigencias del puesto, se tienen que modificar y actualizar las habilidades de los inspectores del trabajo para brindar un mejor servicio.

Invertir en la gente en capacitación laboral, hace que se pueda mejorar la calidad de vida de los mexicanos, y que el país se encamine al objetivo de tener una nación en vías de desarrollo.

Podemos concluir que para lograr una excelente capacitación se deben llevar a cabo acciones que proporcionen un desarrollo de las habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que el personal requiere para desempeñar su labor. Los principales medios para formar profesionalmente a los recursos humanos son cursos, eventos, conferencias, lecturas, instrucción programada, educación en línea, becas y otras formas de educación a distancia.

Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la importancia de elevar el nivel de escolaridad en los inspectores del trabajo es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de atención tanto a los trabajadores, como a las empresas y así poder brindar mejores sugerencias en los conflictos que se generan entre ambas partes.

Por todo ello someto a la consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 546.- Para ser inspector del trabajo se requiere:

I.- ...

II.- Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes.

III. a VI. (quedan igual).

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de febrero de 2006.--- Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, presento ante esta H. soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Traigo a esta tribuna una vez más el fortalecimiento de los principios de libertad, soberanía e independencia de nuestra patria, y que en las horas recientes de nuestra historia se agigantan ante el enmohecimiento de quienes ahora gobiernan.

La radiodifusión en nuestro país, antes que la televisión, fue y sigue siendo un vínculo del pueblo con el acontecer nacional. Su realidad, formada desde una cabina o en el trabajo de campo, permitió a generaciones de mexicanos conocer los grandes hechos que han transformado nuestra historia.

La radio y la televisión se convirtieron en el principal generador de opinión, y se constituyen constantemente en un espacio para la expresión de la diversidad social y política del país. Esta función social requiere establecer nuevas formas en el campo de la comunicación: se requieren nuevas reglas en la participación del Estado como garante del derecho a la libertad de expresión y de información.

La actual ley, que entró en vigor en el gobierno de don Adolfo López Mateos, establece la función social de la radio y la televisión; el Estado debe proteger y vigilar el debido cumplimiento.

Debemos establecer nuevos elementos que lleven al cumplimiento seguro y eficiente de sus fines, y garantizar la participación de todos los sectores en esta actividad. La verdadera democratización de los medios de comunicación electrónica es la integración a éstos de los pequeños empresarios, organizaciones y grupos de la sociedad, que representan el mosaico del pueblo de México.

Por eso propongo a ustedes que el Estado garantice la igualdad de oportunidades y equidad de las condiciones para las concesiones y los permisos que otorga a esta tarea fundamental el Estado mexicano. No se debe privilegiar el poder económico sobre la diversidad de pensamiento e intereses de todos los mexicanos.

¿Quién tiene, entonces, el patrimonio de la verdad? ¿Quién tiene la voz segura para decirla? ¿Cuáles son las estrategias para persuadir de que se tiene ese patrimonio? Las formas para demostrar la verdad y la valentía son diferentes según la madurez de medios, las exigencias de las audiencias, la competencia y las capacidades para informar.

Debe ser obligación de los concesionarios el respeto de la divergencia, de los derechos de las minorías y, sobre todo, de la competencia, ya que sin ésta sólo estaremos creando monopolios de opinión, arrullaremos la dictadura de la moralidad de los púlpitos que sólo sirven para hacer fogatas donde quemen los libros de la historia y del conocimiento.

Seamos capaces de madurar una nueva generación de hombres y de mujeres que, teniendo para sí la banda de frecuencias, permitan la diseminación de la semilla que los liberales, guiados por el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, nos heredaron; que prevalezca el conocimiento sobre la ignorancia, la ciencia sobre el dogmatismo.

Hagamos la democratización de los medios electrónicos, privilegiemos el interés de la nación sobre el interés de unos cuantos, aseguremos la libertad de información y de opinión.

Por lo anterior presento a esta H. soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo a los artículos 2 y 7, así como se modifican los artículos 4, 5, incisos I, II y IV, 13 y 36; y se adicionan un nuevo inciso X al artículo 31 y un inciso V al artículo 37, todos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 2

...

Para el otorgamiento de éstos, el Estado deberá garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de condiciones, evitando en cualquier caso el monopolio de este servicio.

Artículo 4

La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público; por tanto el Estado deberá vigilar y proteger el debido cumplimiento de su función social, garantizando el derecho a la libertad de expresión e información.

Artículo 5

La radio y la televisión tienen la obligación social de contribuir al fortalecimiento de la soberanía, nacionalidad, independencia e integración de la nación y el mejoramiento de todas las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, deberán

I. Afirmar el respeto a los principios de libertad, tolerancia, pluralidad de ideas, derechos individuales y sociales, la dignidad humana y los vínculos familiares; y

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, así como evitar todo lo que signifique la violencia y explotación de éstos.

III. ...

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales, así como la lucha contra toda forma de discriminación.

Artículo 7

...

El Estado garantizará y otorgará las facilidades para la operación de la radio a las comunidades indígenas, mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables, así como a grupos y asociaciones no lucrativas con fines sociales, culturales, de servicios comunitarios y educativos.

Artículo 13

...

Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos, así como los grupos y asociaciones con actividades no lucrativas con fines sociales en beneficio de la comunidad, para el cumplimiento de sus fines y servicios sólo requerirán permiso.

Artículo 31

Son causas de revocación de las concesiones:

I. a IX. ...

X. Cualquier acto u omisión que vaya contra lo que establece el artículo 5 de esta ley.

Artículo 36

...

No podrá otorgarse otra nueva concesión al que hubiere incurrido en alguna de las causas enumeradas en las fracciones IV, VI, VII y X del artículo 31.

Artículo 37

Los permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán ser revocados por los siguientes motivos:

I. a V. ...

VI. Cualquier acto u omisión que vaya contra lo que establece el artículo 5 de esta ley.

Palacio de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

Qué bueno que la Cámara de Senadores detuvo la ley que en esta representación popular se aprobó porque tenía serias deficiencias que solo protegía a los grandes consorcios nacionales de radio y televisión y dejaba desprotegidos a la mayoría de los concesionarios pequeños de provincia y de la capital del país. Seamos capaces de madurar una nueva generación de hombres y mujeres que teniendo para sí la banda de frecuencias, permitan la diseminación de la semilla que los liberales guiados por el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, nos heredaron; que prevalezca el conocimiento sobre la ignorancia, la ciencia sobre el dogmatismo.

Esta iniciativa será el mejor homenaje que podremos rendir a los grandes fundadores de la radio y la televisión mexicanas, como el duranguense Alejandro Stevenson, quien entregó su vida al servicio de la radio y la televisión mexicanas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

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LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley del Ejercicio Profesional.El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, diputado Presidente: el suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en la normatividad vigente, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ejercicio Profesional, bajo la siguiente exposición de motivos:

La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que se encuentra en vigor y que se conoce como ``Ley de Profesiones'', mantiene la misma estructura desde hace 60 años. Podemos observar que esta ley ha sido reformada en tres ocasiones en más de medio siglo: dos en 1974 y, la más reciente, a finales de 1993, con motivo de las adecuaciones legales necesarias para la implantación en México del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No obstante, la realidad del tema se ha modificado de manera sustancial en el país, y la conocida Ley de Profesiones es totalmente obsoleta.

En primer término, la estructura de profesiones que actualmente ofrecen las diversas instituciones educativas de nivel superior es mucho mayor que cuando se promulgó la ley, en 1945. Además, la oferta educativa de este nivel ya no se restringe a la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional: a estas dos instituciones se deben agregar las instituciones públicas de educación superior que existen en los estados del país, así como la cada vez mayor oferta de instituciones particulares que ofrecen estudios profesionales. Por otra parte, el cambio de la estructura demográfica y socioeconómica de la población permite que hoy día un número cada vez mayor de personas con interés de continuar sus estudios en el nivel profesional puedan hacerlo.

Estas dos circunstancias, sólo por mencionar las fundamentales, obligan a modernizar el marco legal en que se desenvuelven los profesionistas de nuestra nación, así como las atribuciones y los mecanismos para ejercerlas y con que la ley dota a las autoridades educativas y administrativas. El primer cambio estructural de esta iniciativa de ley con relación a la norma vigente se refiere a establecerla como una Ley del Ejercicio Profesional, se establecen principios y criterios, así como atribuciones específicas que deben ser aplicadas por las autoridades educativas del Distrito Federal en los asuntos de orden común y en toda la República en los asuntos de orden federal. La principal finalidad de esta propuesta es dotar de vigencia distintas circunstancias que en la actualidad se presentan y que no se reflejan en un marco normativo que en verdad las regule.

Las circunstancias de cada día han superado por mucho el marco normativo que las regula, y en este caso la ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional. El proyecto de ley que se presenta el día de hoy tiene diversos objetivos. En particular, el primero de ellos se refiere a insertar en el marco jurídico secundario las disposiciones constitucionales en materia de expedición de títulos y registro profesional, que los artículos 5o., en su segundo párrafo, 73, fracciones XXV, y fracción V del artículo 121 prevén como atribución de los estados que integran la Federación. En este rubro es importante señalar que el Congreso federal ha mantenido la atribución de legislar en la materia por lo que respecta al Distrito Federal, ya que el tema del ejercicio profesional no fue incluido expresamente como una atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la reforma constitucional que especificó el reparto de atribuciones legislativas entre el Congreso General y la propia Asamblea.

Las ventajas de la iniciativa que presento hoy sobre la actual ley son las siguientes: primero, se establecen un catálogo de conceptos empleados en el articulado de la propuesta, las profesiones que requieren título y cédula para su ejercicio, y las características bajo las cuales podrán los extranjeros ejercer su profesión en territorio nacional; también se señala qué instituciones están facultades para expedir títulos. Se agregan también las características del Registro Público Profesional, así como las facultades de la Dirección General de Profesiones sobre las actividades y obligaciones del ejercicio profesional. Además, encontramos las sanciones para los que ostentan un grado sin tenerlo, así como la posibilidad de permiso a los pasantes de una profesión para su ejercicio y el derecho a una remuneración por el desempeño profesional sobre las actividades de los colegios profesionistas, así como el servicio social y las sanciones. Por lo expuesto, presento a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, de Ley de Ejercicio Profesional.

Señor Presidente: dado que la iniciativa completa ya fue insertada en la Gaceta Parlamentaria y que por economía parlamentaria y procesal omitiré leer la iniciativa completa de Ley del Ejercicio Profesional, ruego a usted que ordene la inserción completa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa de Ley del Ejercicio Profesional, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ejercicio Profesional, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal que actualmente se encuentra en vigor, mantiene la misma estructura de hace sesenta años. Podemos observar que esta ley ha sido reformada en tres ocasiones en más de medio siglo, dos en 1974 y la más reciente a finales del año 1993, con motivo de las adecuaciones legales necesarias para la implementación en México del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No obstante, la realidad del tema se ha modificado de forma sustancial en el país.

En primer término, la estructura de profesiones que actualmente ofrecen las diversas instituciones educativas de nivel superior es mucho mayor que cuando se promulgó esta ley 1945. Además, la oferta educativa en este nivel ya no se restringe a la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional, a estas dos instituciones se deben agregar las instituciones públicas de educación superior que existen en los estados del país, así como la cada vez mayor oferta de instituciones particulares que ofrecen estudios profesionales.

Por otra parte, el cambio en la estructura demográfica y socioeconómica de la población permite que hoy en día un número cada vez mayor de personas con interés de continuar sus estudios en el nivel profesional puedan hacerlo. Estas dos circunstancias, sólo por mencionar las fundamentales, obligan a modernizar el marco legal en el que se desenvuelven los profesionistas de nuestra nación, así como las atribuciones y los mecanismos para ejercerlas, y con que la ley dota a las autoridades educativas y administrativas.

El primer cambio estructural de esta iniciativa de ley con relación a la norma vigente, se refiere a establecerla como una Ley del Ejercicio Profesional. Se establecen principios y criterios, así como atribuciones específicas que deben ser aplicadas por las autoridades educativas, del Distrito Federal en los asuntos del orden común, y en toda la República en los asuntos del orden federal.

La principal finalidad de esta propuesta tiene por objeto dotar de vigencia distintas circunstancias que en la actualidad se presentan y que no se reflejan en un marco normativo que en verdad las regule, las circunstancias de cada día han superado por mucho al marco normativo que las regula, en este caso la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional.

El proyecto de ley que se presenta el día de hoy, tiene diversos objetivos en lo particular. El primero de ellos se refiere a insertar en el marco jurídico secundario las disposiciones constitucionales en materia de expedición de títulos y registro profesional, que los artículos 5o., en su segundo párrafo, 73, fracciones XXV, y la fracción V del 121 prevén como una atribución de los estados que integran la Federación. En este rubro, es importante señalar que el Congreso Federal ha mantenido la atribución de legislar en la materia por lo que respecta al Distrito Federal, ya que el tema del ejercicio profesional no fue incluido expresamente como una atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la reforma constitucional que especificó el reparto de atribuciones legislativas entre el Congreso General y la propia Asamblea.

La propuesta establece un catálogo de conceptos empleados en el articulado de la propuesta, las profesiones que requieren título y cédula para su ejercicio, las características bajo las cuales podrán los extranjeros ejercer su profesión en territorio nacional, qué instituciones están facultadas para expedir títulos, características del Registro Público Profesional, facultades de la Dirección General de Profesiones sobre las actividades y obligaciones del ejercicio profesional, sanciones para aquellos que ostenten un grado sin tenerlo, posibilidad de permiso a los pasantes de una profesión para su ejercicio, el derecho a una remuneración por el desempeño profesional, sobre las actividades de los colegios de profesionistas, sobre el servicio social y las sanciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto de Ley del Ejercicio Profesional

Artículo Único. Se expide la Ley del Ejercicio Profesional, para quedar como sigue:

Ley del Ejercicio Profesional

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1

1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 5o. y 121 constitucionales en materia del ejercicio profesional en el Distrito Federal en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden federal.

Artículo 2

1. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Cédula: Documento con efectos de patente expedido por las autoridades de los estados y del Distrito Federal que autoriza e identifica a su titular para el ejercicio de la profesión que el propio documento señala;

b) Dirección: Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;

c) Ejercicio profesional: La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto, o de la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter de profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo;

d) Profesionista: Persona que al cumplir todos los requisitos establecidos por las instituciones legalmente facultadas para ello hubiera recibido un título profesional;

e) Registro Nacional: Registro Público Nacional Profesional;

f) Secretaría: Secretaría de Educación Pública;

g) Servicio social: Actividad profesional temporal y retribuida llevada a cabo por los estudiantes de todas las profesiones en beneficio de la sociedad;

h) Título profesional: documento legalmente expedido por instituciones de educación superior públicas o privadas que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de las personas que hayan cumplido con los requisitos que las propias instituciones establezcan en sus planes y programas de estudio y en lo dispuesto en la presente ley; y

i) Gobierno local: la dependencia de cada gobierno del estado encargada del Registro Público Profesional.

Artículo 3

1. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.

2. En el Distrito Federal, la autoridad educativa local determinará las profesiones que requieren título para su ejercicio.

Artículo 4

1. Para ejercer una profesión en el Distrito Federal se requiere ser profesionista y haber obtenido la cédula correspondiente, así como estar en pleno goce de sus derechos civiles.

2. Para ejercer una especialidad en el Distrito Federal se requiere estar en pleno goce de sus derechos civiles y la autorización de la Dirección, debiendo comprobarse previamente:

a) Ser profesionista legalmente facultado;

b) Haber obtenido un diploma o título de especialidad expedido por una institución de educación superior pública o privada con reconocimiento de validez oficial de estudios legalmente autorizada para ello.

Artículo 5

1. Los extranjeros podrán ejercer su profesión en el Distrito Federal con sujeción a lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte, además de que cumplan con los requisitos que las leyes en materia de población establezcan para su condición migratoria.

2. Cuando no hubiere tratado en la materia, el ejercicio profesional de los extranjeros estará sujeto a la reciprocidad en el lugar de residencia del solicitante.

3. Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la Secretaría, siempre que los estudios que comprenda el título profesional, sean iguales o similares a los que se impartan en instituciones que formen parte del sistema educativo nacional.

4. En los casos en que resulte imposible establecer la igualdad o similitud de estudios en la forma prevista en los términos del numeral anterior, se establecerá un sistema de equivalencia de estudios, sometiendo, en su caso, a los interesados a pruebas o exámenes, para la comprobación de sus conocimientos.

Artículo 6

1. Las instituciones públicas de educación superior y las privadas que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán cumplir con lo dispuesto por las leyes que las rijan y las demás disposiciones reglamentarias aplicables para poder expedir el título profesional.

2. Sólo las instituciones señaladas en el inciso anterior están facultadas para expedir títulos profesionales

Capítulo II. Registro Público Profesional

Artículo 7

1. El Registro Público Profesional del Distrito Federal a cargo de la Dirección, se integrará con la información que se establezca en el reglamento de esta ley, y deberá incluir la siguiente información:

a) Las instituciones de educación superior públicas y las privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios facultadas para la expedición de títulos profesionales y diplomas de especialización, así como de maestría y doctorado dentro del Distrito Federal;

b) La inscripción de los títulos profesionales expedidos en el Distrito Federal, así como la inscripción de los títulos y diplomas de especialización, maestría y doctorado;

c) Las autorizaciones provisionales para el ejercicio profesional que se otorguen en arreglo a la presente ley;

d) Los colegios de profesionistas que actúen dentro del Distrito Federal, y

e) La hoja de servicios de cada profesionista, donde se deberán registrar las sanciones aplicadas a los profesionistas por las autoridades competentes con motivo de su ejercicio profesional.

Artículo 8

1. Con objeto de integrar en un sistema de información único los datos relativos al ejercicio profesional, la Secretaría podrá celebrar convenios con las autoridades de los estados para el establecimiento del Registro Público Nacional de Profesiones.

2. El Registro Público Nacional de Profesiones se integrará con la información que esta ley prevé para el Registro Público Profesional del Distrito Federal y será administrado por la Dirección.

3. La inscripción de datos en el Registro Público Nacional de Profesiones sólo podrá llevarse a cabo por las mismas autoridades que las leyes locales faculten para la administración del Registro Profesional de cada estado, y por la Dirección para el caso del Distrito Federal.

Capítulo III. De la Dirección General de Profesiones

Artículo 9

1. La Secretaría establecerá una Dirección General de Profesiones que ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Vigilar el ejercicio profesional;

b) Ser órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas;

c) Integrar comisiones técnicas relativas a cada una de las profesiones para atender los asuntos de su competencia, cada comisión se integrará con un representante de la Secretaría, uno de alguna institución de educación superior pública y otro del colegio de profesionistas correspondiente, en caso de no existir el colegio respectivo se integrará otro representante de una institución de educación superior pública;

d) Registrar todos los datos necesarios para integrar y administrar el Registro Público Profesional del Distrito Federal conforme a lo que dispone esta ley y su reglamento;

e) Registrar los datos necesarios para integrar y administrar el Registro Público Nacional de Profesiones conforme a lo que dispone esta ley y su reglamento;

f) Autorizar a los profesionistas para el ejercicio de una especialidad;

g) Expedir al interesado la cédula personal con efectos de patente para el ejercicio profesional y para efectos de identidad en todas sus actividades profesionales;

h) Realizar la revalidación oficial de estudios y títulos profesionales, así como de especialidad para efectos del ejercicio profesional, e

i) Las demás que establezcan esta ley y el reglamento correspondiente.

Capítulo IV. Del Ejercicio Profesional

Artículo 10

1. En el desarrollo del ejercicio profesional todo profesionista está obligado a guardar el secreto profesional de los casos a su cargo, salvo mandato judicial en contrario, y siempre que la guarda del secreto no implique la comisión de un ilícito.

2. No se considerará ejercicio profesional cualquier acto realizado en casos de urgencia con propósito de auxilio inmediato.

Artículo 11

1. Todo profesionista que ofrezca sus servicios como tal, queda obligado, a solicitud del interesado, a exhibir la documentación legalmente obtenida que le faculte para ello. Esta documentación podrá ser el título profesional o diploma de especialización según sea el caso; las constancias de registro respectivas, y la cédula profesional.

2. El profesionista o especialista, al ostentarse como tal, o participar en actividades profesionales, deberá incluir en la documentación que utilice, el número de cédula profesional o de especialidad.

Artículo 12

1. Las personas que sin tener un título y cédula profesional legalmente expedidos, se ostentaren como profesionistas, quedan sujetos a las sanciones que establece esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivar.

2. Las autoridades judiciales deberán comunicar oportunamente a la Dirección, las resoluciones que dicten sobre inhabilitación o suspensión en el ejercicio profesional, cuando éstas hubiesen causado ejecutoria, a efecto de integrarla de forma inmediata en el Registro Público Nacional de Profesiones.

Artículo 13

1. La Dirección podrá autorizar a los pasantes de las diversas profesiones a iniciar el ejercicio profesional por un término no mayor de tres años, siempre y cuando se demuestre su carácter de estudiantes de la profesión respectiva y se respalde su capacidad con los informes que para el efecto presenten las instituciones de educación superior donde hubieren realizado sus estudios.

Artículo 14

1. El profesionista tiene derecho a percibir como contraprestación por su ejercicio profesional, honorarios o salarios cuyo monto mínimo se establecerá en congruencia con su formación, capacidades y niveles de riesgo y responsabilidad.

2. Los colegios de profesionistas pueden proponer los aranceles aplicables para el ejercicio profesional de la profesión que se trate.

3. Para los trabajos no comprendidos en los honorarios y salarios antes especificados, el profesionista deberá celebrar contrato con su cliente a fin de estipular los honorarios, así como los demás derechos y obligaciones de las partes.

Artículo 15

1. El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo convenido.

2. Cuando hubiere inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de peritos, ya en el terreno judicial, ya en privado si así lo convinieren las partes. Los peritos deberán tomar en consideración para emitir su dictamen, las circunstancias siguientes:

a) Si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios científicos y técnica aplicable al caso y generalmente aceptados dentro de la profesión de que se trate;

b) Si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse, atendidas las circunstancias del caso y el medio en que se presente el servicio;

c) Si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener buen éxito;

d) Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio convenido, y

e) Cualquiera otra circunstancia que en el caso especial pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado.

3. Si el laudo arbitral o la resolución judicial en su caso, fueren adversos al profesionista, no tendrá derecho a cobrar honorarios y deberá, además, indemnizar al cliente por los daños y perjuicios que sufriere. En caso contrario, el cliente pagará los honorarios correspondientes, los gastos del juicio o procedimiento convencional y los daños que en su prestigio profesional hubiere causado al profesionista. Estos últimos serán valuados en la propia sentencia o laudo arbitral.

Artículo 16

1. Queda prohibido a los profesionistas:

a) Respaldar o revalidar con sus firmas documentos, recetas, gestiones, investigaciones, proyectos o trabajos presentados en sustento electrónico, magnético, fílmico, en papel, o en cualquier otra forma, ejecutados por personas que sin tener la cédula correspondiente, se dedique al ejercicio de una profesión; se exceptúan de esta disposición, los proyectos que se elaboren con el propósito de obtener una patente o registro y que impliquen un invento o innovación;

b) Utilizar o permitir que se utilicen en instalaciones productivas, de servicios o de investigación, donde se requiera la intervención de profesionistas, los servicios de personas que no lo sean, salvo del personal de apoyo del mismo;

c) Figurar o aparecer como responsable de servicios profesionales que no atiendan personalmente, en el lugar en que tales servicios deban rendirse;

d) Delegar su responsabilidad profesional o permitir la simulación de su responsabilidad a otra persona que no sea profesionista.

Capítulo V. De los Colegios de Profesionistas

Artículo 17

1. Los colegios de profesionistas son las personas morales establecidas bajo la modalidad de asociaciones civiles con arreglo a las disposiciones del derecho privado, surgidas del convenio de varios profesionistas para reunirse de manera no transitoria, a efecto de realizar todo tipo de actividades relacionadas con la superación, prestigio y correcto ejercicio profesional de la rama que les homologa.

2. Todos los profesionistas de una misma rama tendrán derecho a pertenecer al colegio o colegios de su rama profesional mientras cumplan con los requisitos de los estatutos que los rigen.

3. En el Distrito Federal no podrá haber más de cinco colegios de una misma rama profesional.

Artículo 18

1. Los colegios deberán presentar la siguiente documentación para obtener su inscripción en el Registro Público Nacional de Profesiones:

a) Una copia del testimonio de la escritura de protocolización del acta constitutiva y de los estatutos que lo rigen;

b) Un directorio de miembros profesionistas con el número y fotocopia de su cédula profesional;

c) Una relación de los socios que integran el Consejo Directivo con el número de su cédula profesional, acompañado de las firmas para que sean registrada;

Artículo 19

1. Los colegios de profesionistas podrán llevar a cabo las actividades propias para la consecución de sus fines, dentro de los que se consideran los siguientes:

a) Vigilar el ejercicio profesional de sus integrantes y de quienes ejerzan dentro de su rama profesional para promover que éste se realice dentro del marco legal;

b) Proponer la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio y formación profesionales;

c) Denunciar ante la Secretaría o las autoridades correspondientes las presuntas violaciones a la presente ley;

d) Representar los intereses de sus asociados ante la Dirección y ante otras instituciones o autoridades, así como en los actos profesionales que se realicen;

e) Proponer los aranceles profesionales;

f) Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre éstos y sus clientes, cuando las partes acuerden someterse a los mismos;

g) Prestar la más amplia cooperación a los poderes federales, de los estados y del Distrito Federal, así como a los órganos constitucionales autónomos como cuerpos consultores;

h) Realizar planes, proyectos y programas que impulsen la formación y el ejercicio profesionales, así como proponer adecuaciones en los programas de estudio de las instituciones de educación superior, e

i) Integrar listas de peritos profesionales con los miembros correspondientes, que hayan obtenido el certificado de perito, emitido por el órgano correspondiente del propio colegio. Los peritos que integren estas listas serán los únicos reconocidos oficialmente.

2. Los colegios de profesionistas serán ajenos a toda actividad política o religiosa con fines partidistas o proselitistas, por lo que les está prohibido realizar cualquier actividad que persiga tales fines.

Capítulo VI. Del Servicio Social

Artículo 20

1. El servicio social será considerado un requisito indispensable para que los estudiantes obtengan el título profesional en el Distrito Federal.

2. El servicio social se prestará por un periodo no menor de seis meses ni mayor de dos años, dependiendo de la rama profesional de que se trate y de las condiciones donde se realice.

Capítulo VII. De las Sanciones

Artículo 21

1. Los delitos que cometan los profesionistas dentro del ejercicio profesional en términos de esta ley, serán sancionados por las autoridades competentes según lo prevea la legislación penal aplicable.

2. Comete el delito de usurpación de profesión, toda aquella persona que incurra dentro del ámbito del ejercicio profesional, sin poseer el título respectivo, cuando de conformidad con esta ley, se requiera poseer dicho documento.

3. A quien cometa el delito de usurpación de profesión, se le sancionará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 250 del Código Penal Federal.

Artículo 22

1. Se le impondrá multa de hasta quinientas veces el salario mínimo diario, vigente en la zona de que se trate, a toda aquella persona que resulte responsable de la presentación de documentos apócrifos para la tramitación de cualesquiera de los asuntos regulados por esta ley sin perjuicio de las sanciones penales que se hicieren legalmente procedentes.

2. Para que la Dirección determine esta sanción, la infracción deberá ser comprobada mediante peritaje profesional y después de que el presunto responsable hubiera presentado las pruebas que en su descargo hubiere.

Artículo 23

1. La Dirección, a solicitud y previa audiencia de parte interesada en sus respectivos casos cancelará las inscripciones, de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que deban registrarse, por las causas siguientes:

a) Se demuestre falsedad en los documentos inscritos;

b) Por expedición del título sin los requisitos que establece la ley;

c) Por resolución de autoridad competente;

d) Por desaparición de la institución educativa facultada para expedir títulos profesionales o grados académicos equivalentes; revocación de la autorización o retiro de reconocimiento oficial de estudios. La cancelación no afectara la validez de los títulos o grados otorgados con anterioridad;

e) Por disolución del colegio de profesionistas, y

f) Las demás que establezcan las leyes o reglamentos.

2. La cancelación del registro de un título o autorización para ejercer una profesión, producirá efectos de revocación de la cédula o de la autorización.

Artículo 24

1. Se exceptúan de las sanciones previstas en este apartado, a las personas que sin tener título profesional, incursionen en el ejercicio profesional, con motivo de la defensa de algún asunto propio; cuando actúen en calidad de gestores en asuntos obreros, agrarios o cooperativos en los términos de las leyes respectivas; cuando se encuentren dentro de la hipótesis contemplada por la fracción IX, apartado A, del artículo 20 constitucional, o cuando actúen en atención a un caso de extrema y comprobable urgencia.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública deberá expedir el reglamento de esta ley en un plazo de 90 días a la entrada en vigor de la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de la iniciativa del diputado en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

Ningún sistema jurídico es perfecto pero sí perfectible, es así que la Ley de Amparo, como parte del sistema legal contempla las bases para la protección de las garantías individuales a través del juicio de amparo, como medio de defensa instituido para salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la autoridades en este caso, de autoridades de tipo administrativas, consecuentemente es una prioridad que los marcos jurídicos estén actualizados, para evitar que ``autoridades administrativas'' que jurídicamente no existen, sigan plasmadas en la Ley de Amparo como la figura jurídica de ``Jefe de Departamento Administrativo'', que eran el titular de los departamentos administrativos, debemos recordar que su labor era prestar auxilio de servicios técnicos y de coordinación administrativa para el Ejecutivo, pero que en la actualidad son inoperantes, ya que no existe ninguno dentro de la estructura jurídico administrativa que sigue estando a cargo del Poder Ejecutivo.

Desde sus orígenes como su auge en la Constitución de 1917 los departamentos administrativos tenían un titular al cual se le dio el nombre de ``Jefe de Departamento'', encargado del despacho de los negocios del órgano administrativo de gobierno que no se desempeñó conforme a la naturaleza jurídica para lo que fue creado, sino sirvieron solamente a la administración y control del propio Ejecutivo. La trayectoria administrativa nos enseña a través de su devenir histórico que estos Departamentos en vez de seguir los lineamientos de la extinta Ley de Secretarías de Estados y Departamentos Administrativos, y demás Dependencias del Ejecutivo Federal, han servido para que el Ejecutivo tenga el manejo y control de la administración pública.

Baste recordar que en el año de 1917, los titulares de los tres departamentos administrativos que se crearon, lograron descentralizar la administración, no para el apoyo técnico-administrativo sino para lo que fueron instituidos.

En la administración de 1928, los ``Jefes de Departamento'' fueron utilizados para una función específica conforme a su naturaleza jurídica, sin embargo el Ejecutivo logró que en la práctica estos departamentos no funcionaran en una forma ideal.

Tan fue así que, en ese mismo año se promovió la reforma constitucional que sustituía a la figura de Gobernador del Distrito Federal, por la de Jefe del Departamento del Distrito Federal, logrando el Ejecutivo de esta manera el control para nombrar y removerlo libremente, así como para evitar la duplicación de mandos en al ámbito territorial, por una parte del titular del Ejecutivo federal y por la otra de los titulares de las municipalidades.

En el año de 1935, se cambió la denominación de Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y demás Dependencias del Ejecutivo Federal, por la de Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, esto se hizo para evitar que algunas de las secretarías o departamentos administrativos, tuvieran preeminencia sobre las otras, con la finalidad de jerarquizar a los ``Jefes de Departamentos'' con los Secretarios de la misma manera, y así los ``Jefes de Departamentos'' Administrativos tuvieran el mismo rango que un Secretario de Estado. Ley en la que se siguió considerando como autoridad al Jefe de Departamento.

La administración de 1936, empieza con desaparecer algunos de los siete departamentos, ya que los Jefes Administrativos no eran funcionales para el Ejecutivo en turno, reabsorbiendo sus funciones las Secretarías de Estado respectivas, sin embargo en 1937, se crean otros tres departamentos administrativos en donde estaban al frente las Autoridades Administrativas que respondían a las necesidades políticas del Ejecutivo Federal, como el departamento de ferrocarriles nacionales, el cual fue sustituido posteriormente por un organismo descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México.

Fue a partir de 1937, que se determinó cambiar la naturaleza administrativa de algunos de los departamentos administrativos, convirtiéndolos en Secretarías de Estado en donde a las autoridades administrativas se les denominó ``Secretarios de Estado'', con lo cual se inicia una inconveniente tradición de considerar a los departamentos como pequeñas Secretarías de Estado, circunstancia que obligó a las administraciones posteriores a transformar en secretarías de Estado a los departamentos administrativos y por ende ir desapareciendo la figura jurídica de Jefe de Departamento Administrativo, ya sea por atender presiones de tipo político o electoral de quienes eran sus titulares o aspiraban a serlo.

De hecho la última autoridad administrativa como Jefe de Departamento, que existió hasta 1994, fue el Jefe del Departamento del Distrito Federal, que duró dentro de la legislación hasta 1997, como Jefe Departamento, siendo modificada la denominación de su titular, por la de ``Jefe de Gobierno'' autoridad administrativa que además se convirtió en un cargo de elección popular.

Es preciso mencionar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual, misma que ha sido delimitada en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado, limitando la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, para que la autoridad responsable responda por la sviolaciones a las garantías individuales.

Es así, que la Ley de Amparo, es el ordenamiento que norma el juicio de amparo, que constituye el instrumento protector de las garantías individuales, sobre los abusos de la actividad jurídico administrativa de las autoridades, todavía se consagra la figura jurídica de ``Jefes de Departamentos Administrativos'', los cuales ya no existen porque están en desuso y continúan plasmadas como figuras de derecho positivo sin estar vigentes.

Para demostrar lo antes dicho se puede observar que en el capítulo II referente a la capacidad y personalidad, el artículo 19 autoriza al Ejecutivo a nombrar representantes; así mismo el capítulo IV que prevé las notificaciones, el artículo 27 establece quiénes son las autoridades competentes para recibir las notificaciones del Ejecutivo, ambos prevén como representante al ``Jefe de Departamento Administrativo'', lo cual es incongruente que se siga considerando a un ente que jurídicamente no existe.

Con el fin de afirmar y definir que los departamentos administrativos ya no están vigentes, está el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, precepto que contemplaba las funciones que desempeñan los Departamentos Administrativos actualmente está derogado; consecuentemente es un órgano del Estado que está en desuso por no ser funcionales, en ese sentido de no llevarse a cabo la reforma estaríamos ante una incongruencia y una falta de lógica jurídica, pues a pesar de ya no existir la figura jurídica y normatividad que los regule se sigue estimando en nuestra ley como autoridad al ``Jefe de Departamento Administrativo''.

Por eso el propósito de la presente iniciativa es que se elimine de la Ley de Amparo, a la autoridad de ``Jefe de Departamento Administrativo'', ya que a mayor abundamiento podemos observar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 26, Capítulo I, se establece el organigrama de la Administración Pública Federal, en donde no aparecen ni se reconocen a los departamentos administrativos para que formen parte de la Administración Pública Federal, al igual que en el capítulo II que establece cual es la competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no se regula un solo Departamento Administrativo.

Como ha quedado demostrado la ineficiencia e ineficacia con la que se manejaron los Jefes de Departamentos Administrativos en su devenir histórico, fueron las causas por lo que fueron subsumidas sus funciones como autoridades administrativas por los secretarios de Estado, o por otras autoridades de carácter administrativo que han servido tanto jurídica como políticamente al Ejecutivo.

Es preciso subrayar que en la Organización de la Administración Pública no se contempla como autoridad a los Jefes de Departamento, debido a que en la actividad administrativa, el concepto se refiere a los responsables de determinadas áreas técnicas, que se manejan en las empresas privadas o públicas como es el jefe del departamento administrativo de recursos humanos, o el de recursos materiales, y no así como órganos administrativos de gobierno que fue el concepto que se creó en 1917, con el propósito que la administración se pudiera conducir en forma organizada, sistemática y técnica un tema de la agenda del Ejecutivo.

Por otro lado queda abierta la posibilidad de que el Ejecutivo cree los departamentos administrativos, que sirvan a sus intereses, lo cual no se debe permitir en donde sin lugar a dudas se contemplaría a los jefes de departamento administrativo, por lo tanto debe desaparecer la autoridad administrativa mencionada, ya que hay que recordar que se han creado, otro tipo de autoridades encargadas de organismos como los descentralizados, los desconcentrados y las empresas de participación estatal, por lo que no se da una certidumbre jurídica al continuar usando un término como el de departamento administrativo que en la práctica ha caído en desuso.

De esta manera, el sistema legal administrativo sufrió transformaciones que repercutirían en la composición orgánica de la administración pública, sin que se afectara la existencia de los secretarios de Estado.

No debe pasar desapercibido, que la función de la administración pública, es la de proporcionar los satisfactores y servicios necesarios, para generar el bien común de la sociedad, que es la encargada de llevar la administración que tiene como misión servir de manera efectiva y eficaz a la sociedad lo cual no se logrará hasta que haya una verdadera voluntad. El que siga apareciendo una autoridad administrativa en desuso en nuestra Ley de Amparo provoca una incertidumbre jurídica, pues la misma podrá ser utilizada para fines personales del Ejecutivo, y no para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa que realiza fundamentalmente el Estado.

De lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo.

Único. Se reforman los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 19

...

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República y por los secretarios de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

...

Artículo 27

...

...

Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el secretario de Estado que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el procurador general de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera que una vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al procurador general de la República le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial.

Transitorio

Único. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de febrero de 2006.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LETRAS DE ORO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Fuerzas Armadas Mexicanas''.El diputado Fernando Alberto García Cuevas: Con su permiso, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Fuerzas Armadas Mexicanas''

El que suscribe, diputado federal Fernando Alberto García Cuevas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto a fin de que se inscriba en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Fuerzas Armadas Mexicanas'', de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar de nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas es hablar de los más acendrados valores de la sociedad mexicana: lealtad, patriotismo, valor, entrega, sacrificio y honestidad.

Desde los poderosísimos ejércitos de México-Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, que al unirse en la Triple Alianza formaron la primera potencia militar de Mesoamérica, hasta las instituciones patrióticas y leales que son hoy, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han sido parte fundamental de la vida y el desarrollo nacionales.

Desde sus orígenes, incluso los más remotos, nuestro pueblo ha manifestado gran capacidad de organización militar y ha demostrado su inclinación a que sus ejércitos sean la salvaguarda de sus sistemas políticos y económicos; es decir, de sus instituciones, por incipientes que entonces éstas hayan sido.

Por ello, los ejércitos de la Confederación de Anáhuac, que llegaron a sumar mas de 18 mil hombres perfectamente adiestrados, lucharon hasta desfallecer para evitar la invasión española por parte de las huestes de Cortés, logrando incluso varias victorias que parecerían increíbles frente a un enemigo militar y tecnológicamente superior. Recordemos la poderosa infantería texcocana, que se batió a pie firme en las mesetas tenochcas respaldada en los flancos por la fuerza naval del Señorío Mexica. Casi cuatro mil lanceros y flecheros se movilizaron en las aguas del lago de Texcoco, organizados impecablemente en pequeñas flotas, para hacer frente a la escuadra de 13 bergantines que el conquistador construyó en Tlaxcala. Ésa fue la primera batalla naval de gran envergadura que protagonizó una incipiente flota armada mexicana. Y ésas fueron las primeras páginas que se escribieron en la historia nacional referentes al valor y al heroísmo de nuestro ejército de tierra.

Y posteriormente, ¿cómo podríamos no referirnos al ejército de don Miguel Hidalgo, que formó sus tropas con pequeños grupos de labriegos y campesinos que murieron por el ideal de la libertad? ¿Y el genio militar de Abasolo y Allende? ¿Y el del Generalísimo Morelos, que desarrolló con acierto una institución bien disciplinada y entrenada, que lo hizo ser reconocido como la figura militar más grande de esa etapa de la Guerra de Independencia? ¿Y las tropas de Vicente Guerrero, que consumaron la separación del gobierno español?

Ya como nación independiente, México organizó sus Fuerzas Armadas teniendo como preocupación fundamental la respuesta a las agresiones extranjeras, factor mismo de supervivencia como Estado nacional. En forma recurrente, las tropas mexicanas se cubrieron de gloria en distintos acontecimientos, en guerras diferentes contra potencias distintas, pero destaca siempre el hecho de que las Fuerzas Armadas Mexicanas han sido siempre un ejército de paz y nunca un instrumento de agresión o de conquista externa.

Recordemos las páginas más sentidas donde haya quedado de manifiesto el valor de un mexicano, y ahí, casi seguramente, estará un militar o un marino. La batalla de Puebla, el sitio y la defensa de Veracruz, la batalla del Molino del Rey, la toma del Castillo de Chapultepec, sólo por mencionar unos cuantos acontecimientos gloriosos, son ejemplo del desdén de un soldado mexicano por la vida cuando se trata de ofrendarla por la patria.

Y como están formadas por el pueblo, nuestras tropas han luchado siempre por la preservación de los principios que nuestro pueblo más aprecia: libertad, paz y justicia social. Por ello, en ocasiones, las Fuerzas Armadas de México incluso se han formado por revolucionarios que se han cohesionado por la consecución de esos ideales, como ocurrió al incendiarse el país hace casi ya un siglo, en 1910, para derrocar a Porfirio Díaz.

Durante esa gesta nació también nuestra Fuerza Aérea, formalizada por el Primer Jefe Constitucionalista en 1915, luego de quedar éste convencido de que las incursiones practicadas por la incipiente ``Escuadrilla Aérea de la Milicia Auxiliar del Ejército'' había desempeñado un papel crucial para lograr batallas decisivas, tanto en tierra como en zonas portuarias. Y sólo 30 años después de esos modestos inicios, las alas militares mexicanas ya contribuían a la consecución de la paz mundial al batirse en el teatro de operaciones del Pacífico contra el Ejército Imperial del Sol Naciente, al conducir el Escuadrón 201 cincuenta y tres misiones de combate en la zona de Luzón.

Así, desde su inicio en la vida moderna, al integrarse el Ejército Constitucionalista de Carranza, y luego, al entrar en la época de actuación contemporánea después de la II Guerra Mundial, nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas, herederas de esas gloriosas tradiciones de justicia, valor y lealtad, también se han destacado por sus tareas de apoyo a la población y autoridades civiles en tiempos de paz: campañas permanentes contra el narcotráfico, de reforestación, de alfabetización, de vacunación infantil, de extinción de incendios forestales y de auxilio a la población en casos de desastre. En este último rubro, recientemente nuestras tropas han tenido una muy destacada participación internacional, al auxiliar con medicinas, alimentos y personal militar a las víctimas del tsunami en el sureste de Asia, así como a la población de varias comunidades del estado de Louisiana, devastadas por el huracán Katrina. Nuestras tropas salen al exterior en misiones humanitarias y de auxilio a la población; jamás para acciones de agresión, y menos, como recientemente se ha inferido, para involucrarse en actos delictivos en territorio extranjero.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas constituyen la síntesis del pueblo de México, con sus luchas, sus victorias, sus empeños por la defensa de la patria, por garantizar su independencia, su libertad y su democracia. Sus tropas están formadas por la raíz misma de nuestra nación. Ellas, no hay duda, son el pueblo, y a él se han debido en los grandes momentos que han definido el rumbo nacional.

Por estas consideraciones, propongo la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro del H. Congreso de la Unión el nombre ``Fuerzas Armadas Mexicanas''

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Fuerzas Armadas Mexicanas''.

Transitorios

Primero. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que, en coordinación con la Mesa Directiva de esta Cámara, organice la ceremonia con que se dé cumplimiento al decreto alusivo.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Iniciativa que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y demás que se correlacionan del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Educación, con fundamente en la siguiente

Exposición de Motivos

En estos tiempos existen distintas formas de participación social, que varían en cuanto a su complejidad e incidencia en el proceso de aprendizaje y gestión en los establecimientos educativos. Entre las más simples podemos señalar la presencia de padres de familia en los actos oficiales de la escuela, hasta otras más complejas asociadas a la colaboración de los padres con el profesor en el aula o en la integración de los equipos de gestión a favor de los planteles educativos.

Existe, de la misma manera, gran cantidad de estrategias orientadas a comprometer a los padres de familia en la educación de niños y niñas. Algunas de ellas se refieren a la comunicación entre el hogar y la escuela, el apoyo que los padres pueden brindar a la escuela para la educación de los hijos, el fortalecimiento del rol educador de la familia y a la colaboración de los padres en la gestión de los establecimientos respondiendo a consultas y participando en ciertas decisiones, sobre todo de tipo económico, ya que de acuerdo con el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, no se permite a los padres de familia participar en los aspectos pedagógicos y administrativos de los centros escolares.

Ese tipo de participación no se encuentra exento de problemas: el trabajo fuera del hogar del padre o de la madre dificulta su presencia en la escuela; la educación de los hijos sigue siendo un ámbito reservado a la mujer; muchos padres se limitan a la preocupación por sus propios hijos, sin percibir la importancia de la participación organizada para el mejoramiento de la educación otorgada por el establecimiento.

La participación de los padres de familia adquiere una forma organizada a través de las asociaciones de padres de familia. Los roles, funciones, su inserción y su forma de trabajo presentan distintas formas, de acuerdo con el contexto social y educacional en que se desarrollan.

Las asociaciones de padres de familia son muy activas en la mayor parte de los países. A pesar de que su papel está limitado a las recaudaciones de fondos y al suministro de recursos para el mantenimiento de instalaciones escolares y deportivas. Por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país, los padres de familia tienen un papel fundamental en la supervisión de la asistencia de los profesores a clases.

Pero el trabajo de las asociaciones de padres de familia debe ir aparejado con el conocimiento y el significado de la familia, la educación, la participación social en la educación y el marco jurídico en que se desenvuelve la educación en nuestro país, intentando con ello crear un marco de trabajo claro y preciso para las asociaciones de padres de familia.

La familia juega un importante papel en este sentido, pero hay que ayudarla a tomar conciencia de ello. Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su función y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de esa comunidad. ¿Cómo? En un clima de comunicación se establecen las pautas para la distribución y organización de tareas, en función de las necesidades y posibilidades de cada miembro.

En ese contexto, la comunicación adquiere un valor esencial si desea educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera de superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones de la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y fuera de él.

Uno de los espacios de participación son precisamente las asociaciones de padres de familia, las cuales desde siempre han estado comprometidas con la educación de los hijos, pues los padres tienen el derecho natural de educar a sus hijos.

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de niños y niñas. Entre sus objetivos se encuentra fomentar la participación, cooperación y colaboración entre los alumnos. En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y la escuela formaría parte de las experiencias y vivencias de los alumnos, desde los dos ámbitos en que interactúa cada día, configurando su identidad y el concepto que de sí mismo van adquiriendo.

En una sociedad como la nuestra, la familia y la escuela han de tener claros sus papeles y fomentar la vida comunitaria, como fundamento de toda posterior experiencia social. La autoridad basada en el compromiso ético, el ejemplo como coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace y el amor como el motor que impulsa y da vida.

La experiencia temprana en la familia de formas de comunicación basadas en el diálogo y el consenso sustentará actitudes democráticas de participación, colaboración y cooperación. En consecuencia, este aprendizaje será reforzado en la escuela si pone en práctica actividades en que los alumnos trabajen en equipo, utilicen la negociación para resolver conflictos y pongan en práctica los valores de la vida comunitaria, en los que se han iniciado en el hogar.

En definitiva, es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela para que sus relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a los desafíos que les presenta este mundo en cambio, lo que va a repercutir de forma positiva en la educación de los niños y va dar coherencia a sus experiencias.

Creemos que la mejor forma es apoyar la participación social en la educación, donde participen los padres de familia a través de sus asociaciones, los alumnos, las autoridades y los maestros, formando una comunidad educativa para el mejoramiento de la escuela y de la educación que en ella se imparte.

Debe recordarse que las asociaciones de padres de familia vienen apoyando el proceso educativo de manera organizada desde su fundación, en 1929, cuando se constituyó la Confederación Nacional de Padres de Familia y Maestros, hoy Asociación Nacional de Padres de Familia.

De la misma manera, desde los propios centros escolares es preciso encontrar un sistema que facilite la comunicación entre la escuela y la familia, basado en los presupuestos que fundamentan el sentido de comunidad, caracterizado por la participación y el compromiso común hacia una acción conjunta. La dificultad radica en cómo llevarla a cabo.

En nuestro país, este sistema de comunicación fue establecido desde 1929, con la puesta en marcha de las asociaciones de padres de familia por el entonces secretario de Educación Pública, Ezequiel Padilla, que a la fecha están vigentes a través del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia.

Una vía para superar dicha dificultad es facilitar el encuentro entre padres de familia, autoridades educativas, alumnos y profesores --o sea, la comunidad educativa--, donde pongan de manifiesto el deseo de buscar formas innovadoras de fomentar la participación de la familia, así como de crear un clima abierto de comunicación en que se expresen los problemas, las inquietudes, los temores, los miedos y las inseguridades, y mutuas necesidades de ayuda y colaboración.

En ese sentido, un importante objetivo es que la familia tome conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios, que influyen en sus prácticas educativas en el hogar. Para lograrlo es preciso ayudarla a descubrir la importancia de su colaboración en la escuela, aceptando que existen objetivos que son comunes y en los que es necesario unir los esfuerzos de padres y profesorado para su consecución.

La implicación de las familias en la vida del centro se alcanza aprendiendo a trabajar juntos en diversas actividades, que en relación con sus respectivas funciones los padres y profesores pueden programar, asumiendo que un trabajo en equipo es un medio eficaz para estimularse y apoyarse mutuamente.

Esto conlleva valorar el enriquecimiento que para el propio desarrollo personal supone la aportación de las ideas e iniciativas de los demás. La visión de un trabajo en colaboración mutua parte de un concepto de cambio y mejora de la realidad, que puede ser modificada a través de la acción conjunta de todos los implicados, a la vez que repercute en una mejora de la calidad de la enseñanza y de la vida escolar.

Uno de los elementos primordiales para invitar a los padres a la participación en la vida del centro es proporcionarles información y facilitarles su organización en todos los niveles, apoyar sus iniciativas. Es reconocido por diferentes autores que los alumnos que pertenecen a familias de estatus socioeconómicos bajos normalmente no están bien informados de las convocatorias de becas y ayudas a que pueden acceder, por lo cual no las solicitan.

Es indudable, y una gran cantidad de estudios lo demuestra, que cuando los padres participan de manera organizada en todos los aspectos de la vida escolar se incrementan los efectos positivos sobre el rendimiento de los hijos; puede ayudarles a valorar las consecuencias de su apoyo en la tarea educadora de la escuela, en la que tienen una función por desempeñar.

La necesidad de implicar a la familia en la tarea educativa no es ninguna novedad. En estas últimas décadas, a través del marco legal, como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia y una diversidad de acuerdos y convenios internacionales en la materia, se ha insistido en la gran importancia que tiene la coordinación de la familia y la escuela para diseñar un proyecto educativo común, cuya finalidad es la educación integral de todos los alumnos.

Pero, aunque en todos los centros existen asociaciones de padres de familia, no en todos funcionan de forma dinámica e impulsora de la participación de los padres, lo que invita a reflexionar sobre medidas innovadoras por utilizar.

Esas acciones han de fundamentar las relaciones entre la escuela y la familia, favoreciendo la comunicación, la participación social y la colaboración para superar los factores estructurales de la propia escuela, así como las teorías implícitas de padres y de profesores sobre la educación, la enseñanza, la familia, la escuela, el papel de cada uno en esa tarea.

Es necesario abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y sus formas organizativas en la escuela y la propia escuela en su tarea educativa. Ambas instituciones requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la vida comunitaria.

Por ello se propone modernizar, eficientar y organizar la participación social de los padres de familia, a través de la modificación de la Ley General de Educación, la cual debe enunciar con toda claridad que los padres de familia, en el marco de la Constitución General de la República, tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito de la educación pública y privada, a la existencia de asociaciones de padres de familia en cada uno de los centros escolares, ya sean públicos o privados, y a que reglamentariamente se establezcan, de acuerdo con la ley, las características específicas de las asociaciones de padres de familia en las escuelas públicas y en las privadas del sistema educativo nacional en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior o bachillerato. Para la aplicación de dicho reglamento se considera la creación de la Coordinación General de Atención a Padres de Familia de las Escuelas Públicas y Privadas del sistema educativo nacional.

Dicho reglamento ya existe y tiene su primer antecedente en 1929, cuando a instancias del entonces secretario de Educación Pública, Ezequiel Padilla, emitió un acuerdo para la creación de la Confederación de Padres de Familia y Maestros, que fue reformado en 1933 por el Presidente de aquella época, general Abelardo R. Rodríguez. Posteriormente, en 1949, el entonces Presidente, Miguel Alemán, vuelve a reformar dicho documento, dando pie a la creación del Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública, para 1980 se vuelve a reformar dicho instrumento y se crea el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, y finalmente en 1981 se expide el decreto de adiciones al Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, dando pauta para la creación de las asociaciones promotoras de educación comunitaria.

Tanto el Reglamento de 1980 como su adición de 1981 se encuentran vigentes, dado que no han sido abrogados o derogados y no se contraponen a la Ley General de Educación sino, al contrario, al no remitirnos la ley a un reglamento, se considera que dichos documentos resultan de aplicación supletoria para el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en los términos del último párrafo del artículo 67 de la Ley General de Educación, el cual establece que la organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, por lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

Como se puede observar, sólo se requiere modificar algunos artículos de la Ley General de Educación para que quede establecido con toda claridad que reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley General de Educación, las características específicas de las asociaciones de padres de familia en las escuelas públicas y en las privadas del sistema educativo nacional en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y educación media superior o bachillerato.

Lo anterior nos permitirá establecer en el mencionado reglamento que, de acuerdo con la fracción IV del artículo 65 de la Ley General de Educación, reguladora del derecho a la educación, se garantiza la libertad de asociación de los padres de familia.

De la misma manera, el último párrafo del artículo 67 de la propia ley nos remitirá a un reglamento posterior, la regulación de las características específicas de dichas asociaciones, dando cumplimiento a dicha previsión legal, dictándose de acuerdo con la autorización que al Poder Ejecutivo concede la disposición de la citada Ley General de Educación.

De acuerdo con lo anterior, se suprimirá el último párrafo del artículo 67 de la mencionada ley, recuperando las asociaciones de padres de familia la autonomía y los derechos que les han sido conculcados a través de la mencionada norma jurídica.

Cabe hacer notar que, hasta estos momentos, las autoridades educativas no han establecido ninguna política pública sobre la participación de los padres de familia en el sistema educativo nacional, siendo que dichas asociaciones se consideran coadyuvantes de dicho sistema, pues en todo caso son supletorias de la autoridad educativa, en los términos del artículo 67 de la ley arriba señalada.

Por el contrario, las autoridades educativas cancelaron las instancias que ellas mismas habían creado para atender a los padres de familia, como la Coordinación de Atención da Padres de Familia de la Secretaría de Educación Pública, la cual cedió todos sus activos a favor de la Coordinación de la Participación Social en la Educación, quedándose la atención a los padres de familia y sus organizaciones completamente rezagada, si no es que desaparecida, en la propia Secretaría, propiciando con ello la dispersión y la unidad de las asociaciones. No obstante lo anterior, las asociaciones continúan apoyando las acciones de las escuelas, los maestros y los niños.

Las propias autoridades no están debidamente conscientes de los aportes que en especie, dinero, materiales y mano de obra realizan los padres de familia a los planteles educativos, pues además de las cuotas en dinero, éstos trabajan a favor de la escuela, de sus cuotas se paga en muchas ocasiones a gran cantidad de conserjes y maestros de actividades especiales no consideradas en el programa oficial de la escuela, como música o física.

Es importante señalar también que la mayoría de los planteles de la educación media superior siguen dependiendo orgánicamente de las autoridades de educación en todos sus niveles, por lo que se propone la creación de asociaciones de padres de familia en ese nivel, ya que los alumnos todavía requieren el cuidado de la familia, pues están expuestos a muchos riesgos, entre ellos la inseguridad, las drogas, el alcohol y otros factores que ponen en riesgo su integridad personal.

Para el caso de las asociaciones de padres de familia que se establezcan en la educación media o bachillerato, se deberá tener especial cuidado en no contravenir la autonomía de que gozan algunas instituciones educativas que prestan los mencionados servicios de educación, por lo que la creación de las mencionadas asociaciones tendrá que ser de común acuerdo con las autoridades educativas y escolares de dichas instituciones. Cabe señalar que la Ley de Educación del Distrito Federal contempla la creación de asociaciones de padres de familia en la educación media superior.

Lo antes descrito nos da una visión amplia de por qué es necesario modificar la Ley General de Educación en lo relativo a la reglamentación eficiente, oportuna y eficaz de la participación de los padres de familia y sus organizaciones en el sistema educativo nacional, con el fin de colaborar y apoyar a las autoridades educativas, a los maestros y a los niños en el esfuerzo que vienen realizando a favor de de la educación nacional y retomar las instancias de atención a los padres de familia.

De acuerdo con lo anteriormente establecido, en mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo con las facultades que me otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, a través del cual se propone modificar el artículo 67 de la Ley General de Educación.

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 67. ...

I. a V. ...

La última fracción se deroga

Artículo 67 Bis. Se crea, como un órgano administrativo de interés público, la Coordinación General de Atención a Asociaciones de Padres de Familia, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para atender las regionales, municipales y escolares de padres de familia de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria del sistema educativo nacional y estatal y de las escuelas o colegios de estos niveles, que las autoridades educativas nacionales o estatales registren, autoricen o reconozcan de acuerdo con lo que establece la presente ley.

Artículo 67 Ter. Las actividades realizadas por las asociaciones de padres de familia son de orden público e interés social, de apoyo, consulta y orientación para la autoridad educativa y escolar y como un vínculo organizado entre la familia y la escuela, por lo que se les considera coadyuvantes del sistema educativo nacional y parte fundamental de la participación social en la educación.

Artículo 67 Quáter. Las asociaciones de padres de familia se deberán constituir de acuerdo con la presente ley y el reglamento correspondiente. Corresponde a la Secretaría, previa consulta con la Asociación Nacional de Padres de Familia, elaborar una política pública sobre la participación de los padres de familia en el sistema educativo nacional.

Artículo 67 Quintus. Reglamentariamente, se establecerán las características específicas de las asociaciones de padres de familia, tomando en consideración siempre que éstas son asociaciones consideradas de orden público e interés social, por lo que deben ser coordinadas por una organización de interés público y no por organizaciones de carácter privado, sea cual fuere la figura jurídica que se establezca para ello.

Primer Transitorio. ...

Segundo Transitorio. En tanto no se expida el nuevo Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, continuará vigente el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, expedido el 2 de abril de 1980 y su adición de fecha 16 de octubre de 1981.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Jorge Castillo Cabrera (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que deroga la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.El diputado José Julio González Garza: Con su venia, señor Presidente. Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pongo a consideración de esta H. soberanía iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 31, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En el proyecto de miscelánea fiscal para 2005, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reformó el artículo 31 de la Ley del ISR, estableciendo que todos los contribuyentes que incluyeran consumos de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres en sus gastos deducibles tendrían que utilizar como medio de pago cheques nominativos, o tarjetas de crédito, de débito y de servicios, además de monederos electrónicos autorizados por el SAT, aun cuando dichos consumos de combustible no excedieran el monto de 2 mil pesos.

Entre los principales objetivos de dicha reforma estaban reducir los costos de operación de las empresas, tener mayor información sobre la deducción por combustibles por parte de las autoridades, contar con opciones de pago más seguras que portar dinero en efectivo, y evitar la alteración de contenido registrado en los comprobantes y el mercado negro de facturas, así como disminuir la venta ilegal de estos productos, entre otros; al día de hoy podemos constatar que dichos objetivos no se han cumplido. Hemos escuchado las quejas de las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a que los medios de pago electrónicos establecidos en la ley, como las tarjetas de crédito, de débito y de servicios, así como el monedero electrónico, resultan inapropiados debido a que no se puede acceder fácilmente a esos instrumentos financieros, lo que inhibe la deducibilidad en el consumo de combustibles.

Más complicado aún resulta el uso de cheques nominativos, ya que no son recibidos por cualquier establecimiento por el temor a falsificaciones, lo que limita el uso de los mismos de una manera notable. En virtud de lo anterior, al tener dificultades para poder ser tarjetahabiente calificado como persona moral debido a los diferentes requisitos que determina la banca comercial, no todas las empresas pueden contar con la posibilidad de tener una tarjeta empresarial o chequera empresarial para el pago de combustibles.

Por otra parte, no todas las gasolineras cubren los requisitos para tener la terminal punto de venta para cobrar vía tarjeta. Adicionalmente, no todas las gasolineras aceptan cheques, con lo que se orilla a que las empresas busquen un medio de pago empresarial para poder hacer deducibles estos gastos en combustibles, lo cual genera a su vez más gasto administrativo relacionado con los controles de pago, con lo que el proceso de deducción se complica, en lugar de simplificarse como originalmente estaba previsto. Y no sólo esto: a poco más de un mes de haberse iniciado la vigencia de la obligatoriedad de utilizar los medios mencionados para la deducción de combustibles, los contribuyentes han enfrentado otras dificultades para cumplir esta medida, como han sido la carencia de terminales punto de venta para recibir pagos por medios electrónicos en las gasolineras, el traslado indebido de comisiones en el pago con tarjetas de crédito o débito y la lentitud en el cobro cuando se paga con esos medios.

Este tipo de medidas ha generado enormes costos a todos los agentes económicos involucrados: por una parte, los concesionarios de estaciones de servicio tienen que invertir en una exhibición y en un momento en cambios tecnológicos que representan un incremento significativo en su estructura de costos y que de momento no pueden ser compensados con el margen de utilidad que obtienen de la venta de combustibles. Adicionalmente, los concesionarios han tenido que invertir el tiempo de capacitación de su personal para aprender a utilizar dichas terminales. Esto ha sido reconocido por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que a través del SAT ha instrumentado medidas transitorias para tratar de resolver la situación. Sin embargo, estas soluciones no han sido satisfactorias, pues se siguen presentando las mismas anomalías y --además-- se ha agregado al consumidor una responsabilidad de fiscalizador, que no debe tener y que corresponde únicamente al gobierno cumplir.

Si bien en las medidas transitorias aplicadas por el SAT se permite al contribuyente pagar en efectivo, solicitando la factura correspondiente cuando la gasolinera no cuente con los medios electrónicos o se pretendan cobrar comisiones o cargos adicionales al del combustible por utilizar medios de pago electrónico, como tarjetas de crédito o de débito, así como cuando exista tardanza por parte del expendedor para aceptar pagos por medios electrónicos, en estos casos se obliga al contribuyente a que mensualmente informe ante el SAT el número de las estaciones de servicio donde se realizó el consumo del combustible y el pago en efectivo, el monto total de la compra por estación y las razones por las que se hizo dicho pago.

Entonces, los consumidores también incurren en costos adicionales, al atribuírseles obligaciones de fiscalización que no les corresponden y que no tendrían que realizar si existieran las condiciones necesarias y adecuadas para la aplicación de las reformas que la Secretaría propuso. A esa situación hay que aunar el hecho de que dichas reformas no logran resolver la problemática de deducción en las zonas rurales, donde hay numerosos casos en que las gasolineras no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir el pago de las gasolineras con monedero electrónico u otra vía. Asimismo, se deja a un lado la opción de pago de los gastos por consumo de combustible mediante vales de gasolina, debido a que ya no son válidos para la deducción, con lo que se renuncia a un esquema de pago que por muchos años fue de gran utilidad para el manejo administrativo de las empresas respecto al consumo de combustible.

Por esa razón, esta disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta podría resultar violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se podría dejar de reconocer la existencia de un gasto real, con lo cual resultaría el pago de un Impuesto sobre la Renta que no estaría vinculado, a su vez, a la capacidad real contributiva.

Asimismo, se está realizando una injustificada distinción entre las deducciones en general y las deducciones de consumo de combustible, atendiendo únicamente a la forma de pago de los mismos. Existe otro problema adicional ligado con esta disposición de la ley, y es que las terminales punto de venta que proporciona la banca comercial para el pago con tarjetas de débito o de crédito conllevan el pago de una comisión a la banca por transacción realizada; esa comisión debe ser pagada en este caso por el concesionario de las estaciones del servicio de combustible.

Sin embargo, y en virtud de que la comisión oscila --significativamente-- entre 4 y 7 por ciento, el margen de utilidad del concesionario se ve reducido. Si el concesionario, como está ocurriendo en la actualidad, se ve obligado por ley a contar con una terminal punto de venta para realizar los cobros de manera electrónica y --además-- el contrato de la banca comercial le impide trasladar la comisión del cobro de tarjeta al consumidor, so pena de retirarle la terminal, es de suponer que el concesionario buscará una nueva forma de no perder su margen de utilidad. Esto es lo que ha generado las quejas del consumidor porque observa que las estaciones de servicio están vendiendo ``litros'' de gasolina que no son de litro. Es decir, puede estar ocurriendo que la pérdida del margen de utilidad por el pago de comisiones a la banca la estén compensando con una venta ficticia de combustible.

Esto sin duda genera una externalidad negativa para los consumidores, en la medida en que ellos, además de convertirse en contribuyentes fiscalizadores, no obtienen el número de litros que efectivamente están pagando al concesionario de la estación de servicio, de acuerdo con las quejas que los consumidores han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Considerando lo anterior, proponemos la derogación del artículo 31, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que deroga la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del PAN

Como diputado federal Julio González Garza, a nombre de los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pongo a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 31, fracción III, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el proyecto de miscelánea fiscal para 2005, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reformó el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estableciendo que todos los contribuyentes que incluyeran consumos de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres dentro de sus gastos deducibles, tendrían que utilizar como medios de pago, cheques nominativos, tarjetas de crédito, débito y de servicios, además de monederos electrónicos autorizados por el SAT, aun cuando dichos consumos de combustible no excedieran el monto de dos mil pesos.

Dentro de los principales objetivos de dicha reforma estaban el reducir los costos de operación de las empresas, tener mayor información sobre la deducción por combustibles por parte de las autoridades, contar con opciones de pago más seguras que portar dinero en efectivo, evitar la alteración del contenido registrado en los comprobantes y el mercado negro de facturas, así como disminuir la venta ilegal de estos productos, entre otros.

Al día de hoy podemos constatar que dichos objetivos no se han cumplido. Hemos escuchado las quejas de las micro, pequeñas y medianas empresas, respecto a que los medios de pago electrónicos establecidos en la ley, tales como las tarjetas de crédito, débito y servicios, así como el monedero electrónico, resultan inapropiados, debido a que no se puede acceder fácilmente a estos instrumentos financieros, lo que inhibe la deducibilidad en el consumo de combustibles.

Más complicado aún resulta el uso de cheques nominativos, ya que no son recibidos por cualquier establecimiento, por el temor a falsificaciones, lo que limita el uso de los mismos de una manera notable.

En virtud de lo anterior, al tener dificultades para poder ser tarjetahabiente calificado, como persona moral, debido a los diferentes requisitos que determina la banca comercial, no todas las empresas pueden contar con la posibilidad de tener una tarjeta empresarial o chequera empresarial para el pago de combustibles y, por otra parte, no todas las gasolineras cubren los requisitos para tener la terminal punto de venta para cobrar vía tarjeta.

Adicionalmente, no todas las gasolineras aceptan cheques, con lo que se orilla a las empresas a buscar un medio de pago empresarial para poder hacer deducible estos gastos en combustibles, lo cual genera a su vez más gasto administrativo relacionado a los controles de pago, con lo que el proceso de deducción se complica en lugar de simplificarse, como originalmente estaba previsto por el Gobierno Federal al momento de proponer estas medidas.

Y no sólo eso, a poco más de un mes de haberse iniciado la vigencia de la obligatoriedad de utilizar los medios mencionados para la deducción de combustibles, los contribuyentes han enfrentado otras dificultades para cumplir con esta medida, como ha sido la carencia de terminales punto de venta para recibir pagos por medios electrónicos en las gasolineras; el traslado indebido de comisiones en el pago con tarjetas de crédito o débito; y la lentitud en el cobro cuando se paga con estos medios.

Este tipo de medidas han generado enormes costos a todos los agentes económicos involucrados. Por una parte, los concesionarios de estaciones de servicio tienen que invertir, en una exhibición y en un momento, en cambios tecnológicos que representan un incremento significativo en su estructura de costos y, que de momento, no pueden ser compensados con el margen de utilidad que obtienen de la venta de combustibles. Adicionalmente los concesionarios han tenido que invertir en tiempo de capacitación de su personal para aprender a usar la terminal punto de venta que proporciona la banca comercial.

Esto ha sido reconocido por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que a través del SAT, ha instrumentado medidas transitorias para tratar de resolver la situación. Sin embargo estas soluciones no han sido satisfactorias, pues se siguen presentando las mismas anomalías y además se le ha agregado al consumidor una responsabilidad de fiscalizador que no debe tener y que le corresponde únicamente al Gobierno cumplir.

Si bien, en las medidas transitorias aplicadas por el Servicio de Administración Tributaria se permite al contribuyente pagar en efectivo solicitando la factura correspondiente cuando la gasolinera no cuente con los medios electrónicos para recibir el pago; o se pretenda cobrar comisiones o cargos adicionales al del combustible, por utilizar medios de pago electrónico, como tarjetas de crédito o débito; así como cuando exista tardanza por parte del expendedor para aceptar pagos por medios electrónicos, en estos casos se obliga al contribuyente que mensualmente informe ante el Servicio de Administración Tributaria el número de las estaciones de servicio donde se realizó el consumo de combustible y el pago en efectivo, el monto total de la compra por cada estación de servicio y las razones por la que hizo dicho pago.

Entonces, por otra parte, los consumidores también incurren en costos adicionales al atribuirles obligaciones de fiscalización, que no le corresponden y que no tendría que realizar si existieran las condiciones necesarias y adecuadas para la aplicación de las reformas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso.

A esta situación, hay que aunarle el hecho de que dichas reformas no logran resolver la problemática de deducción en las zonas rurales, en donde hay numerosos casos en los que las gasolineras no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir el pago de la gasolina con monedero electrónico, tarjeta de crédito, débito o cheque, por lo que no se podrá deducir el gasto para efectos fiscales, salvo previa solicitud de los interesados.

Asimismo, se deja a un lado la opción del pago de los gastos por consumos de combustibles mediante vales de gasolina debido a que ya no son válidos para la deducción, con lo que se renuncia a un esquema de pago que por muchos años fue de gran utilidad para el manejo administrativo de las empresas respecto a su consumo de combustible.

Por esta razón es que esta disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta pudiese resultar violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se podría dejar de reconocer la existencia de un gasto real, con lo cual resultaría el pago de un impuesto sobre la renta que no estaría vinculado a su vez a la capacidad real contributiva. Asimismo, se está realizando una injustificada distinción entre las deducciones en general y las deducciones del consumo de combustible, atendiendo únicamente a la forma de pago de los mismos.

Existe otro problema adicional ligado con esta disposición de la ley, y es que las terminales punto de venta que proporciona la banca comercial para el pago con tarjetas, de débito o crédito, conllevan el pago de una comisión a la banca por transacción realizada. Esa comisión debe ser pagada, en este caso, por el concesionario de las estaciones de servicio de combustibles. Sin embargo, y en virtud de que la comisión oscila significativamente entre el 4 y el 7 por ciento, el margen de utilidad el concesionario se ve reducido al mínimo.

Si el concesionario, como está ocurriendo en la actualidad, se ve obligado por ley a contar con una terminal punto de venta para realizar cobros de manera electrónica y, además, el contrato con la banca comercial le impide trasladar la comisión por el cobro con tarjetas al consumidor so pena de retirarle la terminal punto de venta, es de suponer que el concesionario buscará una nueva forma de no perder su margen de utilidad. Esto es lo que ha generado las quejas de consumidores porque observan que las estaciones de servicio no están vendiendo ``litros'' de gasolina que no son de litro. Es decir, puede estar ocurriendo que la pérdida del margen de utilidad por el pago de comisiones a la banca comercial la estén compensando con una venta ficticia de combustible.

Esto, sin duda, genera una externalidad negativa para los consumidores, en la medida en que ellos, además de convertirse en contribuyentes fiscalizadores, no obtienen el número de litros que efectivamente están pagando al concesionario de la estación de servicio, de acuerdo a las quejas que los consumidores han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Considerando lo anteriormente planteado respecto a las reformas aprobadas sobre el consumo de combustible, podemos afirmar que todavía no estamos capacitados para llevar a cabo las medidas que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por las anteriores consideraciones, los diputados firmantes ponemos a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 31, fracción III, inciso a de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único.- Se deroga el artículo 31, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. ...

II. ...

III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien la expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00, se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.

Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios.

Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión ``para abono en cuenta del beneficiario''.

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pide a la Secretaría que dé lectura a la solicitud de licencia del diputado David Hernández Pérez.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2006. Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva. H. Cámara de Diputados, presente: Con fundamento en el artículo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos...

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Un momento, secretaria. La solicitud de licencia.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Con gusto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo que establece el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito de la manera más atenta se me conceda licencia por tiempo indefinido a partir del día 21 de febrero de 2006, del cargo que ostento como diputado federal por el XVI distrito electoral con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco.

Lo anterior con el fin de participar en el proceso interno que mi partido, el Revolucionario Institucional, está llevando a cabo en el estado.

Sin más por el momento me despido de usted.

Palacio Legislativo, a 21 de febrero de 2006.--- Dip. David Hernández Pérez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado David Hernández Pérez para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XVI distrito del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobados; comuníquense.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que solicita proponer al Pleno la incorporación en el orden del día de un acuerdo. Solicito a la Secretaría dar cuenta con ésta y consultar a la Asamblea, en votación económica, si es de modificarse y dar curso al asunto para el trámite correspondiente.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día de esta sesión, en el primer turno posible del capítulo correspondiente, el siguiente asunto:

1.- Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativa al derrumbe de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para incorporar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, secretaria. Dé lectura por favor a la proposición con punto de acuerdo.

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ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al derrumbe de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, que presentan diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad con los trabajadores de la mina de carbón Pasta de Conchos en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, y con sus familiares, con motivo del derrumbe acontecido en la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006.

Segundo.- Se solicita al secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Flores y Pérez, un informe detallado sobre el cumplimiento de los preceptos de seguridad e higiene, de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, así como el resultado de las inspecciones realizadas al establecimiento de referencia.

Tercero.- Se solicita a las autoridades mencionadas que, en coadyuvancia con las instancias federales, estatales y municipales que conozcan del caso, presenten un informe de las causas que provocaron el incidente objeto de este acuerdo; el deslinde de posibles responsabilidades, y en cumplimiento de derechos, las prestaciones e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores y sus familiares conforme a la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 21 de febrero de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han registrado para hablar a favor de la propuesta el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alonso Raya hasta por tres minutos.El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias; con su permiso, señor Presidente: como es conocido, compañeras y compañeros, por todos ustedes, en la madrugada de este domingo una explosión de gas grisú provocó un derrumbe en el interior de la mina carbonífera Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan Sabinas, en el estado de Coahuila. De acuerdo con la información disponible, el derrumbe impidió la salida de 65 mineros y provocó lesiones en 11 de sus compañeros que se encontraban en la boca de la mina.

Desde ese momento, las labores de rescate continúan, con la presencia de familiares y vecinos de la comunidad que esperan con angustia los resultados de las labores de rescate, que se dan en condiciones difíciles y con el tiempo en contra pues, por lo que se ha revelado en los medios, las posibilidades de supervivencia de esos trabajadores son mínimas. Esta situación no sólo es conmovedora en sí misma y debería mover a la solidaridad inmediata y unánime de este cuerpo colegiado sino que, además, mueve a la reflexión sobre la situación que enfrentan los trabajadores de este país. Según reportes de la Organización Internacional del Trabajo, la globalización económica se ha construido sobre las espaldas de millones de personas debido al elevado índice de muertes y accidentes de trabajo en todo el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde la clase obrera se encuentra más vulnerable: alrededor de 2.2 millones de personas fallecen cada año víctimas de riesgos de trabajo. Esto se agrava en países como el nuestro, donde menos de la mitad de los trabajadores gozan de seguridad social, debido al crecimiento del trabajo informal y a la inobservancia de normas de seguridad e higiene en las empresas formales.

Con datos hacia 2001, América Latina y el Caribe reportan un promedio de 39 mil accidentes mortales al año, 34 por ciento más que los reportados en 1998. En nuestro país, según la Secretaría del Trabajo los índices de siniestralidad en las unidades productivas se han mantenido estables en los últimos cinco años, con un promedio de 2.3 casos de accidentes y enfermedades laborales por cada 100 trabajadores. Sin embargo, las propias autoridades reconocen que estos riesgos sólo abarcan las empresas formalmente establecidas y con registro en el Seguro Social, por lo que el indicador está subestimado, tomando en cuenta que de una Población Económicamente Activa de 43 millones de personas, poco más de 13 millones están aseguradas en el régimen obligatorio. Según testimonios recogidos en el lugar del desastre, estamos no sólo ante una tragedia personal y humanan sino ante un evento que pudo evitarse.

La presencia de los familiares a la puerta del establecimiento no es casual. Los rescates se realizan a puerta cerrada, la información fluye con lentitud. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió recomendaciones en enero, sin que se sepa si fueron atendidas. Incluso, una de las personas que participó en la inspección en éstas quedó atrapada e incluso el propio titular de la dependencia declaró en el lugar de los hechos que no sabe qué pasó con la inspección. Los familiares denunciaron los bajos salarios, la falta de medidas de seguridad, la falta de inscripción de los trabajadores en el Seguro Social y el ocultamiento de información sobre estos lamentables sucesos.

Por todo ello, compañeras y compañeros, estamos solicitando que se apoyen los puntos de acuerdo ya informados por la Secretaría de esta Mesa Directiva para que de inmediato se proceda a que las autoridades informen a este cuerpo colegiado detalladamente sobre lo acontecido en la mina y qué ha pasado con las condiciones y la supervisión y el resultado de la misma en el caso de este accidente tan lamentable que se ha dado en la mina de carbón. Por su atención, muchas gracias a todos ustedes.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal para hablar en favor de la propuesta. Esta Presidencia le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente. Efectivamente, en el centro del estado de Coahuila se localiza la zona carbonífera más importante de Latinoamérica. Los yacimientos carboníferos en el subsuelo del estado de Coahuila han sido en los últimos tiempos objeto de graves conflictos porque los explotadores en pequeñas escalas han sido copados por los grandes acaparadores, por los grandes extractores de esta materia prima. Por ejemplo, la misma proveeduría de la Comisión Federal de Electricidad en la carboeléctrica situada ahí, en el estado de Coahuila, ha tenido incluso que importar carbón de Estados Unidos de América.

Ahí también, como todos ustedes saben, se localiza la compañía acerera más grande de América Latina, Altos Hornos de México, que fuera una empresa de las muy grandes, gigantescas que el Estado mexicano tuvo y que fue privatizada y que hoy, desde luego, desarticulada, también se desvinculó con el proveedor de carbón y está de alguna manera permitiendo una desarticulación entre la materia prima y su procesamiento acerero que de alguna manera cundió para hacer que este cuadro de explotaciones particulares, y muchas de ellas incluso de empresas extranjeras, se esté dando de alguna manera anárquicamente y sin cuidar, sin dar garantía de las condiciones de un trabajo tan delicado, tan riesgoso, tan difícil, tan --diríamos-- agotador, como es el de trabajo en el subsuelo en esas temperaturas y con esas condiciones de enrarecimiento del aire que muchas veces, incluso, sin necesidad de derrumbes, han tenido y han dejado incapacitados a muchos trabajadores.

De modo que nosotros nos sumamos a la solidaridad de esta Cámara, a la excitativa para que se colabore, se contribuya a la salvación de los mineros que están ahora atrapados en esas condiciones tan difíciles, angustiantes, y que en el futuro se tomen evidentemente las medidas para que esta actividad tan delicada, tan riesgosa se lleve a cabo respetando condiciones de previsión, de seguridad social, de seguridad en la extracción y en la industrialización que permita la preservación de la vida humana y el respeto de la integridad de los trabajadores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Eppen Canales para hablar a favor de la propuesta.La diputada Blanca Eppen Canales: Con su permiso, señor Presidente. Hago uso de la voz en nombre de las y los diputados que integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, y especialmente los de Coahuila, para apoyar este acuerdo y solidarizarnos con las familias de los miembros afectados por la explosión de la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas, y deseamos el pronto rescate de los mineros. Asimismo, nos sumamos para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la de Economía investiguen estos lamentables hechos para que no se vuelvan a repetir. No obstante que este Congreso de la Unión recientemente aprobó reformas de la Ley Minera, que precisamente buscan mejorar las condiciones de las minas y de sus trabajadores, es claro que se requieren más acciones, además de las legislativas, para que las disposiciones de las leyes realmente incidan en el bienestar de las personas a que van dirigidas.

De ahí el compromiso necesario de todos los actores involucrados, autoridades y sociedad civil, para garantizar su efectivo cumplimiento. Por lo anterior, en el grupo parlamentario de Acción Nacional nos sumamos a esta propuesta e invitamos a todas y a todos los diputados para que apoyen a las familias coahuilenses en desgracia. Reconocemos el apoyo del Gobierno Federal y nos sumamos a los esfuerzos que se están realizando con el fin de que estas personas regresen con bien a sus familias. Enviamos un mensaje de solidaridad a los mineros y a los familiares de estos trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Coahuila, y haremos todo y más de lo que está al alcance para rescatarlos y llevarlos de regreso a casa. Les queremos decir que en la Cámara de Diputados estamos unidos y que no dudaremos en ayudarlos en cuanto sea necesario. Seguiremos en contacto y atentos a hacer todo lo que esté al alcance para el rescate de estos trabajadores.

Quiero hacer mención de la solidaridad que une a las distintas fuerzas políticas representadas en este Congreso, más allá de las distintas ideologías. Estamos en la mejor disposición de ayudar, dentro de nuestras facultades, a las familias de estas personas. Hacemos un llamado a las autoridades federales, a las locales y demás equipos de apoyo y de rescate para que redoblen los esfuerzos para el pronto y eficaz rescate de los mineros. Gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor de la propuesta.La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Acudo a esta tribuna en representación de los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para apoyar la propuesta de la Junta de Coordinación Política, pero especialmente para expresar nuestra solidaridad a los familiares de los 65 mineros atrapados en las entrañas de la mina Pasta de Conchos, del municipio de San Juan Sabinas, de mi estado, el de Coahuila, desde el pasado domingo. Minuto a minuto se apagan las vidas de estos esforzados trabajadores y que gracias a su sacrificio millones de mexicanos pueden encender un foco en sus hogares.

La zozobra y la incertidumbre reinan en los alrededores de las minas; sus familiares hacen guardia con la esperanza de que salgan con vida, pero es en vano, cada momento se extingue esta posibilidad. Esta difícil circunstancia nos obliga no sólo a expresar nuestro pesar y dolor por esta tragedia, así como nuestra solidaridad y apoyo para sus deudos. Pero todo ello no es suficiente: requerimos y solicitamos la acción firme y decidida para que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y del Instituto Mexicano del Seguro Social cumplan un Estado de derecho y el orden jurídico a que están obligadas estas autoridades para evitar que en lo futuro puedan repetirse actos tan pesarosos. Es necesario recordar la recurrencia y los reiterados accidentes en el pasado remoto y en el reciente. De acuerdo con la ley, es obligación primera de la empresa la seguridad de los trabajadores. La Ley Minera obliga también al Ejecutivo federal a establecer los lineamientos de seguridad y supervisión de su atribución; pero más allá de buscar culpables, que será resultado de una investigación, como ya expresó nuestro gobernador, el profesor Humberto Moreira, debemos acelerar los trabajos de rescate con todos los recursos a nuestra disposición.

Desde esta tribuna, deseamos ratificar nuestro compromiso y esfuerzo para una pronta solución, y esperemos no ocurra lo que se está vislumbrando. Agradezco a todos mis compañeros la solidaridad que han mostrado para nuestros mineros en Coahuila y expresamos también la necesidad de que estas cosas no se repitan y que se haga una exhaustiva investigación y que después de este suceso no vuelvan a repetirse estas muertes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Esta Presidencia informa que ya no hay oradores registrados, por lo que se considera el asunto suficientemente discutido. Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobado; comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de licencia del diputado José Manuel Carrillo Rubio.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

Estimada Presidenta:

El suscrito, diputado federal por el XV distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en el municipio La Barca, José Manuel Carrillo Rubio, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, anteponiendo un respetuoso saludo, por este conducto me permito presentar a su elevada consideración solicitud de licencia al citado cargo, por tiempo indefinido y a partir del primer minuto del día miércoles 22 de febrero del año en curso.

La referida solicitud es para estar en posibilidad de atender asuntos relacionados con mis derechos políticos, que se encuentran amparados por la Constitución Mexicana y que se relacionan con aspiraciones personales y sociales, además de no afectar las tareas legislativas que el pueblo de los municipios que conforman el distrito XV me confirió.

Por lo anterior, mucho agradeceré la atención que le otorgue a la presente y se proceda conforme lo establece el marco legal y reglamentario aplicable.

Atentamente.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2006.--- Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica).»

El Presidente, diputado Álvaro Elías Loredo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Manuel Carrillo Rubio para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XV distrito del estado de Jalisco, a partir del 22 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobados; comuníquense.

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CUENCA DE BURGOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a Pemex a considerar medidas pertinentes para atender los puntos relativos al desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a Pemex a considerar medidas pertinentes para atender los puntos relativos al desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat y a Pemex que consideren los puntos aquí especificados para el desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos, con base en las siguientes

Consideraciones

El proyecto se inicia con la percepción de que los ambientes terrestres y sistemas biológicos de la región noreste de México (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) tienen un valor social, cultural y ambiental que no se incluyen en los cálculos de los proyectos económicos de grandes dimensiones, donde no se entiende la diversidad y riqueza del desierto chihuahuense y del matorral espinoso tamaulipeco (MET) y, por consecuencia, no se considera de importancia la afectación del entorno natural. Tampoco se incorpora la fragilidad de los suelos y la conservación del hábitat en los proyectos de uso general del territorio, por consiguiente, que las cuencas hidrográficas no son evaluadas de forma integral y su manejo no incluye conceptos como costos ambientales, cosecha de agua, servicios ambientales y ordenamiento del territorio.

En general, que los distintos proyectos no incluyen los impactos sinérgicos que están modificando el funcionamiento y estructura del entorno natural del noreste de México, alterando parámetros de salud pública, calidad de vida y oportunidades de aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de 60 años de desarrollo agropecuario y urbanización, la región noreste mantiene coberturas vegetales esenciales para la conservación del suelo, cosecha de agua, banco de semillas y fauna nativa.

De acuerdo con la sismología actual, las distintas áreas de producción potencial en los tres estados, suman 100,000 km2, es decir diez millones de hectáreas.

La Cuenca de Burgos colinda con los yacimientos del distrito IV del río Grande al sur de Texas y en conjunto conforman una región de gas de importancia mundial.

La actividad actual de proyecto integral cuenca de Burgos afecta las cuencas del bajo río San Juan y bajo río Bravo, aumenta los problemas de colecta y calidad de agua y afecta la conservación del suelo. Impacta la presa Marte R. Gómez y colateralmente los distritos de riego en Tamaulipas. Los impactos directos que incluyen un despalme permanente de vegetación, suman más de 2,000 hectáreas de terrenos forestales o preferentemente forestales.

El 86% de la actividad de Pemex del 2000 al 2002, se concentró en las cuencas 24A, 24B, 25C y 25D.

La concentración de obras del Proyecto Integral Cuenca de Burgos es acumulativa con los impactos agrícolas y pecuarios, la urbanización, la construcción de caminos y brechas rurales, con las obras hidráulicas para riego y agua potable. Estas sinergias potencializan los impactos en forma e intensidad desconocidas y favorecen una crisis de salud y ambiental por falta de agua, erosión eólica, degradación del paisaje, pérdida de germoplasma y destrucción de corredores biológicos.

Las obras de exploración, las brechas y caminos de acceso, los ductos y líneas de descarga, fragmentan el hábitat natural, afectan la fauna diurna y nocturna, favorecen la desertización del matorral espinoso tamaulipeco. Los impactos temporales y los impactos indirectos por fragmentación, ambos producto de los estudios sismológicos 2D y 3D, posiblemente superen las 5,000 hectáreas forestales afectadas.

Estos impactos solo podrán ser estimados hasta que se genere un dictamen ambiental preciso y un modelo de impacto por cuenca hidrográfica.

La fragmentación del hábitat se multiplica por la acumulación de actividades agrícolas, urbanas y extractivas, reduciendo los espacios naturales. La destrucción y degradación secundaria del hábitat es el verdadero problema a corto plazo.

Por esta razón creemos que deben ser considerados los siguientes puntos en el desarrollo sustentable de la Cuenca de Burgos.

1. Atender la dimensión espacial (25,000 km2) y la dimensión temporal (2000-2040), del actual proyecto cuenca de Burgos.

2. Establecer un patrón base de la situación al 2006, a partir de un dictamen ambiental estratégico para impactos sinérgicos en espacio y tiempo, con evaluación ex post de Comisión de Cooperación Ambiental.

3. Establecer una planeación y administración del territorio, mediante un programa de ordenamiento ecológico territorial y un programa estatal de ordenamiento territorial compatibles para cuenca de Burgos. Establecer acuerdos de trabajo y seguimiento con los municipios involucrados en el ordenamiento territorial y con los consejos de cuenca para servicios ambientales.

4. Desarrollar una estrategia de conservación de germoplasma in situ, a través de áreas naturales protegidas en Laguna Madre (delta del Bravo), matorral espinoso tamaulipeco (corredor biológico del Bravo), Cinco Manantiales (río Escondido), sierra Picachos (río Salado), sierra de San Carlos (río Conchas).

5. Manejo integral de cuencas hidrográficas: bajo río San Juan, bajo río Bravo, río Salado, río Escondido, río San Fernando y río Conchas. Identificación de suelos permeables en cuenca alta y media, manejo de cubierta vegetal en cuenca de drenaje, consolidación de bosques de galería en valle aluvial, manejo de humedales interiores en planicie deltaica, control de calidad de agua con monitoreo en tiempo real, identificación de acuíferos y monitoreo de cuencas subterráneas.

6. Manejo comunitario de recursos naturales, diagnóstico socioambiental por cuenca, atención a segmentos identificados de población rural y urbana, apoyo técnico a consejos de cuenca, consejos de desarrollo rural y equipos de ordenamiento municipales, para incorporar variables ambientales a los proyectos de desarrollo.

7. Fondo para servidumbres ecológicas y reservas privadas, en sitios prioritarios para medidas de protección, banco de semillas y germoplasma, bosques de galería, áreas de reproducción de fauna nativa; y en general para el funcionamiento de los distintos ecosistemas.

8. Consolidación de un sistema de vigilancia participativa, Profepa, autoridades locales y sociedad civil. Monitoreo sistemático mediante imágenes de satélite de alta resolución y geoposicionamiento de obras tipo. Desarrollo de un sistema de información geográfica para modelaje de impactos acumulativos por cuenca.

9. Creación del fondo ambiental Tamaulipas, con recursos de Pemex, del gobierno del estado, de la Semarnat y de la sociedad civil para la ejecución de los puntos anteriores, desarrollo de proyectos bajo concurso, conformación de equipo de seguimiento técnico.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Semarnat y a Pemex que considere los puntos aquí especificados para el desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.--- Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente.

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AUTOPISTA COLIMA-POBLACION DE VILLA CORONA, JALISCO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a investigar y sancionar a la empresa constructora Cocesa de Aguascalientes, y la inacción del Centro SCT Jalisco por suspensión de obras.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a investigar y sancionar a la empresa constructora Cocesa de Aguascalientes y la inacción del Centro SCT Jalisco por suspensión de obras, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI

Con las facultades que me confieren los artículos 55, fracción II, y 58 fracciones I, II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 34, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante ustedes para someter a consideración del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

En el decreto de Presupuesto para el ejercicio de 2004, el Pleno de este H. Congreso autorizó recursos por 32.1 millones de pesos para la ampliación a cuatro carriles de un tramo de la carretera federal número 80, comprendido del kilómetro 0+000 al 13+000, que corre del entronque de la autopista a Colima a la población de Villa Corona, en Jalisco.

En ese ejercicio presupuestal, el Centro SCT Jalisco publicó la licitación respectiva y, mediante concurso, el contrato de la obra para modernización y ampliación a cuatro carriles en cuatro kilómetros, del tramo kilómetro 9+000 a 13+000, fue asignada a la empresa Cocesa de Aguascalientes, que en octubre de 2004 dio inicio a la obra. De manera sorpresiva, unos meses después se observa nulo avance de la obra en comento y más recientemente la empresa retira del área de la obra todo equipo y maquinaria, siendo ya más de un año que la obra quedó iniciada, apreciándose un avance no mayor de 50 por ciento.

Este tramo inconcluso representa ahora mayor peligro para los usuarios de esta carretera, pues carece de acotamientos y por el sistema constructivo se eliminaron los taludes de la cinta asfáltica, lo que ya ha ocasionado graves accidentes.

Al parecer, el Centro SCT Jalisco, con base en ``preestimaciones'', como semánticamente llaman a los anticipos de recursos, pagó por adelantado casi la totalidad de la obra y la empresa irresponsablemente abandonó su compromiso legal.

En el Presupuesto para 2005, la Cámara de Diputados aprobó 80 millones de pesos para continuar los trabajos de modernización y ampliación de la carretera 80, Guadalajara-Barra de Navidad. El Centro SCT Jalisco generó entonces dos nuevos tramos para licitar los proyectos, el comprendido del kilómetro 0+000 al 4+000 y del 4+000 al 9+000.

Ambos fueron licitados y concursados. Respecto del tramo 4+000 a 9+000, se viene ejecutando normalmente con una compañía distinta. Sin embargo, en el primer tramo del kilómetro 0+000 al 4+000, no obstante lo comentado sobre la constructora Cocesa, ésta es admitida en la licitación y su propuesta resulta en primer lugar, pero dados sus antecedentes la obra se asignó al segundo lugar; por tanto, la multimencionada constructora Cocesa establece un recurso legal de inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la SCT. Por el gran tiempo transcurrido, el concurso se declaró desierto y con ello se perdió la inversión de 40 millones de pesos, además de retrasar esta obra, que es de suma importancia para más de 600 mil habitantes de 45 municipios de las regiones Valles, Ciénega, Sierra de Amula y Costa Sur, del estado de Jalisco, y que dicha carretera presenta un aforo de casi 4 mil 500 vehículos por día.

La evidente irresponsabilidad de la compañía Cocesa de Aguascalientes y la inacción por parte del Centro SCT Jalisco ha generado un gran cuello de botella para el desarrollo de más de 50 municipios de Jalisco, en tanto que con los recursos que aprobamos los diputados en 2004 y 2005, 112.1 millones de pesos, debería llevarse un avance cercano a 10 kilómetros terminados y lo que tenemos son 4 kilómetros, con menos de 50 por ciento de avance, y un tramo, el más importante por su cercanía a Guadalajara, que no ha sido licitado y construido, a pesar de que los diputados federales otorgamos recursos suficientes para su ejecución.

Por lo anterior, me permito someter a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública para que realicen las investigaciones y, en su caso, apliquen las medidas pertinentes relativas a las irregularidades que ha cometido la empresa constructora Cocesa de Aguascalientes y a la inacción del Centro SCT Jalisco en la suspensión de la construcción de la carretera 80, en el tramo comprendido entre la autopista a Colima y la población de Villa Corona, Jalisco.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a esta soberanía de los resultados de las investigaciones.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones para que implemente las acciones necesarias para que se continúen y concluyan las obras de ampliación y modernización de la carretera 80, en el tramo comprendido entre el entronque de la autopista a Colima y la población de Villa Corona, en Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de la Función Pública.

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ADICCIONES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Salud, así como al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que modifiquen el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la SS y al Consejo Nacional contra las Adicciones a modificar el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Chihuahua e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta honorable asamblea, se permite someter a la consideración de las señoras y los señores legisladores el presente punto de acuerdo, basándose para ello en las siguientes

Consideraciones

El punto de acuerdo que el día de hoy presento ante esta asamblea tiene su antecedente inmediato en

a) Artículos 4o., párrafo tercero, parte inicial; y 123, párrafo primero, apartado A, fracción XII, párrafo final, fracciones XIV --primera parte--, XV, XVI y XXIX, apartado B, fracciones XI, primera parte, y XIV, así como 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Numerales 39, fracciones VIII y XVII, y 40, fracciones I y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

c) Preceptos 1, 4, 23, 27, párrafo inicial, fracciones III y VI, 32, 33, 72, parte inicial, y 73, párrafo primero, fracciones I y II, de la Ley General de Salud.

d) Dispositivos 132, fracciones I, XVI y XVII, y 133, parte inicial y fracción XI, de la Ley Federal del Trabajo.

e) Otras disposiciones sobre el tema.

En efecto, la fundamentación jurídica anunciada se corrobora con el texto de los argumentos siguientes:

A) Inicialmente, debe tenerse en cuenta que el numeral 4, párrafo tercero, parte inicial, de la Constitución Federal, consagra el derecho que toda persona tiene a la protección de su salud.

El derecho aludido se regula en la Ley General de Salud, según se expresa en su primer numeral, donde también se alude a que la ley en cuestión es de aplicación en toda la República y que sus disposiciones son de orden público y de interés social, lo cual se reafirma con el texto de su numeral 4, donde se señala a las autoridades sanitarias, a saber: el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud, y los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Ahora bien, para comprender mejor el alcance de los servicios inherentes al derecho a la salud, es útil destacar lo dispuesto en el diverso artículo 23 de la Ley General de Salud, en el que se comprenden todas las acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

En tales circunstancias si, por ejemplo, se tiene en cuenta que con el uso indebido y abuso del consumo de tabaco, alcohol, drogas, enervantes, estupefacientes y toda clase de productos y sustancias nocivas a la salud, se afecta la salud de las personas de diversas formas y en concreto, con las drogas, enervantes y estupefacientes, específicamente se daña el organismo y la salud mental, que atento a lo previsto en el artículo 27, párrafo inicial, fracción VI, de la ley en comento, se reconoce como un servicio básico, por lo que cualquier ciudadano que padezca alguna enfermedad derivada del uso indebido o abuso de los productos o sustancias de referencia, en cualquier lugar de la República, tiene derecho a la atención médica, misma que legalmente se contempla como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, tal y como lo determinan el artículo 27, fracción III, y el 32 de la ley en cita. Ello, además, en las diversas actividades de atención médica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General de Salud, es decir, en actividades preventivas, curativas y de rehabilitación.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente hacer notar que el artículo 72, parte inicial, de la Ley General de Salud determina un carácter prioritario a la prevención de las enfermedades mentales; y a su vez, el numeral 73, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal indica como actividades de la Secretaría de Salud la promoción de la salud mental y su contribución para el logro de ésta.

En abundamiento a lo expuesto en la parte final del párrafo que antecede, es pertinente advertir que en el precepto 39, parte primera, fracciones VIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se determina que la Secretaría de Salud tiene la función y, por ende, la obligación para con los ciudadanos de dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores público, social y privado, y verificar su cumplimiento; y poner en práctica las medidas tendentes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, respectivamente.

B) De igual forma, en lo relativo a las actividades laborales, sirve de fundamento a las acciones que se sugieren en el programa que nos ocupa lo establecido, en lo conducente, en el dispositivo 123 de la Constitución General, como se procede a evidenciar.

La norma constitucional en cuestión señala en su parte inicial que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Al respecto, se hace notar que el principio de la dignidad de la persona implica el reconocimiento de su autonomía ética y de su indemnidad personal.

En cuanto a la autonomía ética, quiere decir que la persona es un fin en sí mismo, que jamás puede ser medio para otro objetivo y que el Estado está a su servicio. Luego, no puede ser considerada la persona como un objeto. A su vez, la indemnidad (inmunidad, invulnerabilidad) personal se refiere a que ninguna intervención del Estado puede significar una afectación a la persona como tal. En este sentido, significa que el Estado no puede incidir (transgredir, violar, quebrantar) en la esencia de un derecho o impedir absolutamente su ejercicio.

Atento a lo expuesto, es de tener en cuenta que en el apartado A, fracción XII, párrafo final, se contiene el imperativo consistente en que queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes.

Lo anterior nos muestra que bajo ningún supuesto es deseable el consumo de bebidas embriagantes en los centros de trabajo, toda vez que no está permitido y tan importante lo consideró el Constituyente de 1917, que quiso expresamente y a nivel constitucional, prohibir incluso el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes.

De lo expuesto, válidamente se colige que si se consideró perjudicial para quienes acuden a los centros de trabajo poder adquirir y, en consecuencia, consumir embriagantes, con mucho más fuerza se rechaza el uso indebido y abuso en el consumo de tabaco, alcohol, drogas, enervantes, estupefacientes y toda clase de productos y sustancias nocivas a la salud.

Lo anterior es entendible dadas las consecuencias negativas que se pueden producir por personas que hayan usado indebidamente o abusado del consumo de tabaco, alcohol, drogas, enervantes, estupefacientes y toda clase de productos y sustancias nocivas a la salud. Tal sería el caso del acontecimiento de accidentes de trabajo, mismos que conforme a lo previsto en el numeral 123, apartado A, fracción XIV, de la Constitución federal, son responsabilidad de los empresarios.

Pero aún más, en la fracción XV siguiente se expresa la obligación para el patrón de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, así como a organizar de tal manera el trabajo, que éste resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, e incluso se indica que las leyes contendrán las sanciones procedentes.

Asimismo, no debe pasar inadvertido que al ser la salud un derecho de indudable necesidad e interés para todas las personas y en consecuencia para los trabajadores y patrones, el Constituyente de 1917 les otorgó el derecho de coligarse los primeros en sindicatos y los segundos en asociaciones para la defensa de sus respectivos intereses, según se aprecia en el precepto 123, apartado A, fracción XVI, de la Carta Magna.

En efecto, es tan importante y de preferencia el rubro salud, que en la fracción XXIX del apartado y numeral citados se concede el carácter de utilidad pública a la Ley del Seguro Social, señalando que comprende enfermedades, accidentes de trabajo y cualquier otro servicio encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y a sus familiares.

Así, al regularse los derechos laborales antes indicados, la Ley Federal del Trabajo, en su numeral 132, fracciones I, XVI y XVII, estableció como obligaciones de los patrones cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas y establecimientos; instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador; y cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores, respectivamente.

Aún más, para reafirmar la preocupación de que en los centros de trabajo no se permanezca en ningún estado inconveniente, en la norma 133, parte inicial y fracción XI, de la Ley Federal del Trabajo se prohíbe a los patrones presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante.

De igual forma, no debe pasar desapercibido que al señalarse en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los asuntos cuyo despacho corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente en el dispositivo 40, en sus fracciones I y XVI, indicó las siguientes: vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; y establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la ley, respectivamente.

Ahora bien, por lo que hace a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, a lo cual se refiere el artículo 123, apartado B, de la Constitución General, se contienen derechos semejantes a los ya indicados en el apartado A), por ello baste decir que en la parte de interés para la fundamentación que se muestra, establece en su fracción XI, incisos a) y b), el derecho a que se organice la seguridad social de forma tal, que cubra, entre otros rubros, los accidentes y las enfermedades profesionales y las no profesionales, pudiendo conservar el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley; en ello quedan incluidos los trabajadores de confianza, acorde con lo expuesto en la fracción XIV de la norma y apartado que aquí nos ocupa.

C) Por lo que hace al ámbito internacional, resulta pertinente destacar que el dispositivo 133 de la Carta Magna contiene la cláusula de la supremacía federal, al reconocer el carácter de Ley Suprema de toda la Unión a los tratados que estén de acuerdo con la Constitución federal celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado.

En forma breve, el alcance del texto del precepto constitucional de referencia se entiende al tener presente que México es parte de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, en vigor desde el 27 de enero de 1980 y ratificada por nuestro país el 25 de septiembre de 1974. Esta Convención se apega al criterio contemporáneo y más generalizado en cuanto a la utilización del término ``tratado'' como el más adecuado para abarcar todos los instrumentos en que de cualquier modo se consigna un compromiso internacional, sobre los que existe gran variedad de denominaciones, como convenciones, protocolo, pacto, carta, acuerdo o canje de notas.

Por ello, las convenciones, convenios, programas, informes, declaraciones y recomendaciones a que se alude en el Programa Integral para la Prevención y el Combate al Uso Indebido y Abuso en el Consumo de Tabaco, alcohol, Drogas, Enervantes, Estupefacientes y Toda Clase de Productos y Sustancias Nocivas a la Salud, en los diversos ámbitos que forman la sociedad mexicana, deben entenderse como verdaderos tratados y, por consiguiente, se les debe reconocer su calidad de Ley Suprema en toda la Unión, y aplicarlos en sus justos términos, a menos que se pretenda omitir la observancia de sus disposiciones, que --se insiste-- tienen igual rango y jerarquía que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, es indudable que deben aplicarse los instrumentos jurídicos internacionales de referencia, dado que el Estado mexicano, en su oportunidad, otorgó su consentimiento e hizo que naciera una convicción legítima frente a sus co-contratantes, y por ello debe asumir las consecuencias que esas circunstancias llegaron a generar; en síntesis, debe cumplir sus compromisos internacionales, sobre todo cuando, como es el caso, redundan en aspectos benéficos para sus gobernados.

En esos términos, debe observarse lo establecido en convenciones, convenios, programas, informes, declaraciones y recomendaciones en materia de drogas, mismos que son los siguientes:

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada en el Protocolo de 1972.

El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Acuerdos, memorandas y convenios bilaterales de cooperación con más de 20 países para combatir el tráfico ilícito y el uso indebido de sustancias, la farmacodependencia y los delitos contra la salud.

Es prudente señalar que la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del vigésimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicado al problema mundial de las drogas, celebrado en junio de 1998, aprobó la Declaración sobre los Principios Rectores en Reducción de la Demanda de Drogas. Posteriormente, la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Acción para su implementación, la cual constituye una importante iniciativa del organismo mundial contra el uso indebido de drogas, y responde a la necesidad de contar con un instrumento de política sobre la adopción de medidas eficaces de ámbito nacional, regional e internacional, contra la demanda de drogas ilícitas. Posteriormente, la misma ONU procedió a la implementación del Programa ONU-Drogas y Delito, cuya representación en nuestro país ha tenido una destacada intervención en el combate y la prevención de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas.

Asimismo, durante la realización de la 259 reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo se convocó a una reunión de expertos en Ginebra, del 23 al 31 de enero de 1995, para examinar un repertorio de recomendaciones prácticas sobre el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas en los lugares de trabajo.

En dicha reunión se acordaron algunos puntos que se consideraron esenciales, ya que tienen por ``objeto brindar orientaciones a todos los encargados de los problemas vinculados al consumo de alcohol y drogas en el trabajo''. Entre los puntos del repertorio destacan:

``Las políticas y los programas en materia de consumo de alcohol y de drogas deberían promover la prevención, la reducción y el tratamiento de los problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas que se plantean en el lugar de trabajo. Este repertorio se aplica a todos los tipos de empleo, públicos y privados, incluidos los del sector no estructurado. La legislación y la política nacional relativas a estos problemas deberían establecerse tras consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas...

``... los problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas deberían considerarse como problemas de salud y, por consiguiente, tratarse, sin discriminación alguna, como cualquier otro tipo de problema de salud en el trabajo y quedar dentro del alcance de los servicios de salud (públicos y privados), según corresponda...

``... Los empleadores y los trabajadores y sus representantes deberían evaluar conjuntamente los efectos del consumo de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo y deberían cooperar para elaborar por escrito una política para la empresa...

``... Para fomentar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, se deberían llevar a cabo programas de información, instrucción y capacitación sobre el alcohol y las drogas que deberían, en la medida de lo posible, ser integrados en programas de salud más amplios...''

Dicho repertorio contiene recomendaciones sobre las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de las autoridades, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones, la elaboración de una política relativa al alcohol y las drogas en el lugar de trabajo, las disposiciones para reducir los problemas relacionados con el alcohol y las drogas mediante prácticas satisfactorias de empleo, las restricciones en materia de alcohol y de drogas lícitas e ilícitas en el lugar de trabajo, la prevención mediante programas de información, instrucción y capacitación, entre otros temas.

Es prudente manifestar que nuestro país y otros 106 Estados firmaron el 19 de diciembre de 1988, en la ciudad de Neue-Hofburg, Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en cuyo artículo 5, relacionado con el decomiso, se establece:

``1. Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto;

b) De estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3''.

``5.a) La parte que haya decomisado el producto o los bienes conforme los párrafos 1 o 4 del presente artículo dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

b) Al actuar a solicitud de otra parte, con arreglo a lo previsto en el presente artículo, la parte podrá prestar particular atención a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de

i) Aportar la totalidad o una parte considerable del valor de dicho producto o de dichos bienes, o de los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

ii) Repartirse con otras partes, conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso, dicho producto o dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.''

De acuerdo con lo anterior, el gobierno mexicano está obligado a aportar a las instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan sobre el tema de las adicciones un porcentaje de los recursos que se obtienen producto de los decomisos a todas las personas que se dedican a esta actividad.

e) Otras disposiciones sobre el tema

Además, en el ámbito nacional se establecen una serie de normas que se relacionan con lo relacionado con los procedimientos, prevención y control, fomento de la salud de los mexicanos en materia de adicciones, destacando entre ellas las siguientes:

NOM-001-SSA1-1993, que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

NOM-009-SSA2-1993, para el fomento de la salud escolar.

NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.

NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.

La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones establece con claridad meridiana: ``El uso, abuso y dependencia al tabaco; el abuso y la dependencia a las bebidas alcohólicas y el uso y dependencia a otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito constituyen un grave problema de salud pública y tienen, además, importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad'', comentando además que ``diversos estudios y sistemas de información y vigilancia dan cuenta de la magnitud y de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas''.

Sería largo enumerar los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas, pues son de sobra conocidos por la sociedad.

La misma norma establece que en materia de promoción de la salud se deberá ``6.2.1.3 Llevarla a cabo, con énfasis en los ámbitos escolar, familiar y laboral, especialmente, en los grupos de alto riesgo''. De la misma forma, en materia de educación para la salud convoca a ``6.2.2.8 Promover el desarrollo de factores protectores a nivel personal, escolar, familiar, laboral y colectivo para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas''.

De la misma forma, establece que se debe ``establecer comunicación entre los sectores, grupos, autoridades y líderes de la comunidad, tal manera que permita y favorezca la realización de acciones coordinadas y permanentes''. De la misma forma, convoca a ``promover la participación activa de la comunidad para que, con base en el conocimiento de la normatividad vigente, coadyuve en la vigilancia y cumplimiento de la misma''.

Es prudente comentar que el Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones, publicado en el Diario Oficial el 20 de julio de 2000, señala en el artículo 1o. que este órgano tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, privado y social tendentes a la prevención y el combate de los problemas de salud pública, causados por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como proponer y evaluar los programas relativos a esa materia.

En forma adicional, las fracciones IV y X del artículo 2o. del referido ordenamiento establecen como atribuciones del Consejo fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo incorporen conceptos que tiendan a disminuir en la población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, tabaquismo y farmacodependencia, así como promover acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados con su consumo.

Para reforzar lo anterior, es prudente comentar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha venido operando un programa de esta naturaleza entre los trabajadores al servicio del Estado, contribuyendo a promover su salud y bienestar, a la vez que garantizar que la prestación de los servicios que ofrece la administración pública reúnan en todo momento los parámetros de eficiencia y calidad.

El ISSSTE ha considerado que los medios más adecuados para hacer frente a las adicciones entre prestadores y usuarios de servicios en el sector público son el de las comisiones mixtas de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, las cuales se crean en las instalaciones del propio Instituto a nivel nacional.

Estamos conscientes de que si bien el objetivo que persiguen las comisiones mixtas es propiciar entre la población trabajadora una cultura de la seguridad, higiene y protección del medio ambiente en sus centros laborales, de igual manera contribuyen a fomentar un estado de salud propicio, ajeno a cualquier tipo de adicción, para dar eficiencia a su labor y evitar su exposición a cualquier factor de riesgo, con lo que se estaría cumpliendo el fin último de estos órganos preventivos.

El objetivo del programa establecido por el Instituto consiste en promover, a través de las comisiones mixtas de seguridad e higiene en trabajo del mismo, diversas acciones orientadas a prevenir y controlar las adicciones entre los trabajadores al servicio del Estado.

Las comisiones mixtas de seguridad e higiene, como órganos de carácter preventivo, son las encargadas de coordinar y aplicar en sus respectivos centros de trabajo todas las acciones que desarrolla el Consejo Nacional contra las Adicciones, con énfasis en las sustancias que por el uso reiterado exponen al trabajador a un accidente o a ausentarse del trabajo.

Lo anterior coincide plenamente con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA-1999, donde queda establecido con claridad que ``13.1 Las acciones de capacitación y enseñanza deberán aplicarse con objeto de contar con recursos humanos, profesionales y técnicos suficientes y bien preparados para afrontar el problema, apoyar la creación de programas integrales sobre prevención, investigación, tratamiento, rehabilitación y control del tabaquismo, alcoholismo, el abuso de bebidas alcohólicas y de la farmacodependencia, así como elevar la calidad de tales acciones y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos''; pero además especifica que se debe ``13.2.3 Capacitar a grupos de diversos sectores (familiar, educativo, laboral y comunitario) para realizar acciones preventivas''.

De conformidad con todo lo expuesto, válidamente se puede concluir que los cambios que se solicitan del artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente son sustentables jurídicamente y su puesta en marcha resulta legalmente procedente porque, a partir de los derechos constitucionales de protección a la salud de los ciudadanos mexicanos (artículo 4o.), del trabajo digno (numeral 123), de la supremacía federal de que gozan los tratados celebrados por el Estado mexicano, en términos de lo establecido en el artículo 133; y otras disposiciones consideradas en normas y reglamentos, es claro que ya existen las bases jurídicas para ello, mismas que deben cumplirse con la mayor brevedad, toda vez que su observancia es necesaria, urgente y de preferencia, para el bienestar social, ya que se avanzaría en la prevención de accidentes, enfermedades, faltas, infracciones y delitos, lo cual es de reconocerse, sería útil para lograr la válida convivencia social.

Señoras y señores diputados:

Los grandes centros de decisión del mundo están de acuerdo en la urgente necesidad de abordar las graves repercusiones del problema de las adicciones en el mundo laboral, tanto si el origen de la dependencia se encuentra en el centro de trabajo como si llega hasta el mismo de la comunidad o la familia del propio trabajador.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa de drogas y delito, la Organización Internacional del Trabajo, Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud mantienen un criterio fuertemente critico y de evidente preocupación, al entender que las sociedades pagan un pesado tributo por el uso indebido de drogas, alcohol y tabaco, tanto en términos económicos como humanos.

Porque disminuye no sólo la salud de los trabajadores sino, también, la productividad, la calidad y la competitividad empresarial. En consecuencia, aumenta los accidentes y enfermedades profesionales, los costos de la empresa, el ausentismo, y los gastos sociales y de salud.

Se ha concluido que ninguna industria o empresa puede permitirse ignorar la realidad, ya que si el costo de la falta de reacción puede ser muy alto, por el contrario, la implantación de un programa para la prevención y la atención de las adicciones no requiere un gran desembolso financiero si se aprovechan los recursos existentes.

En nuestro país, el marco legal sobre riesgos laborales es muy claro, estableciendo el derecho de todos a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a la seguridad e higiene en el trabajo, incluida la información y la readaptación profesional; pero en materia de adicciones en la empresa o el ámbito laboral seguimos con lagunas legales, con disposiciones de corte disciplinario y no de apoyo al trabajador.

En el mundo de las organizaciones sindicales existe una grave preocupación ante un problema que se considera una enfermedad del comportamiento. Por ello debemos apoyar programas que abandonen los modelos represivos y marginadores y que incluyan los problemas adictivos en actividades generales de promoción, prevención, fomento y educación para la salud, higiene y bienestar en el trabajo, que aseguren la participación clara y específica de los trabajadores y de las propias empresas.

El criterio de las organizaciones consiste en que las actividades preventivas deben estar encaminadas a la formación, la reducción o eliminación de la disponibilidad de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas en la empresa y el control de las condiciones de trabajo.

Es enorme el reto que tienen las comisiones de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, las cuales pueden convertirse en las entidades gestoras de programas específicos de prevención y rehabilitación funcional y laboral en materia de adicciones, pero habrá que dotarlas de las funciones específicas sobre el tema, a través de las modificaciones del marco legal, tanto en el reglamento como en la norma correspondiente, haciéndolas compatibles con otros ordenamientos y normas que ya establecen con claridad esta participación.

Algunas empresas ya vienen realizando campañas específicas de asesoramiento, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en beneficio de sus trabajadores, los propios empresarios y las familias de ambos, incidiendo no sólo en la prevención, asesoramiento y divulgación sino, también, en la puesta a disposición, tanto en sus propias instalaciones sanitarias como de las que se han podido conseguir con los sectores público, social y privado, pero son acciones aisladas de la generalidad del ámbito laboral, la comunidad y la familia de los trabajadores.

Lo anterior hace necesaria la puesta en marcha por parte de la autoridad de un programa integral de combate y prevención del uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y otras sustancias adictivas en el ámbito laboral, la comunidad y la familia de los trabajadores; modificar el marco legal; y otorgar recursos provenientes de la decomisos a las instituciones y organizaciones sociales, complementados con recursos etiquetados para la operación del programa y acciones de capacitación para niños y jóvenes en condiciones de alto riesgo.

Por lo anterior, solicito a esta honorable asamblea su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice las acciones necesarias a fin de que se adicione el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo con una fracción que establezca con claridad que los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene pueden realizar actividades de asesoramiento, promoción, prevención y canalización entre los trabajadores relacionadas con el uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas en las empresas, a fin de hacerlo congruente con el Reglamento del Conadic y con la NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en uso de sus facultades, convoque a los empleadores y trabajadores a la puesta en marcha de un programa tripartito en materia de combate de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y toda clase de sustancias nocivas a la salud en el ámbito laboral, la comunidad y la familia de los trabajadores, tomando como base el Programa Integral de Combate y Prevención del Uso y Abuso de Drogas, Alcohol, Tabaco, Enervantes y Estupefacientes y otras Sustancias Adictivas en el Ámbito Laboral, la Comunidad y la Familia de los Trabajadores, propuesto por la Confederación de Trabajadores de México.

Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorgue a las instituciones y organizaciones sociales que realizan acciones en contra del uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas parte de los recursos que se obtienen por concepto de los decomisos que se realizan a las personas que se dedican a este tipo de actividades, cumpliendo de esa manera los compromisos establecidos en el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Cuarto. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorgue estímulos fiscales a las empresas que realicen programas de asesoramiento, promoción, prevención y canalización de trabajadores con problemas de adicción, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas.

Quinto. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, de aceptarse las modificaciones del artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, se modifique igualmente la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, a fin de que de manera consensuada y guardando el equilibrio de los factores de la producción se incluya un miembro más en la comisión de seguridad e higiene a fin de que sea el responsable de diseñar, operar, evaluar y dar seguimiento a los programas u otras actividades relacionadas con el uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y toda clase de de productos y sustancias nocivas a la salud en la empresa, la comunidad y la familia de los trabajadores.

Sexto. Exhortar a las Secretarías de Educación Pública, y del Trabajo a que, de manera coordinada, establezcan centros integrales de capacitación para el trabajo para todos los niños y jóvenes que se encuentran en situación de calle, que no tienen posibilidades de asistir de manera regular a las escuelas del sistema educativo nacional o que requieren forzosamente una especialización para el trabajo al momento de reinsertarlos laboralmente cuando dejan alguna adicción. El programa de drogas y delito que viene operando la Organización de las Naciones Unidas que se aplica en otros países de América Latina puede ser de utilidad para estos propósitos.

Séptimo. Exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para que realicen programas de prevención de adicciones en el ámbito laboral para las mujeres trabajadoras y madres de familia, ya que la doble jornada de son objeto las mismas se convierte en factor de riesgo en materia de adicciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Salud.

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SERVICIOS EDUCATIVOS IMPARTIDOS POR PARTICULARES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a que actualicen el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, de fecha 10 de marzo de 1992.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a actualizar el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, de fecha 10 de marzo de 1992, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El punto de acuerdo que se presenta ante esta honorable asamblea, tiene su antecedente y sustento en las reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1993, conforme a lo siguiente:

El primer párrafo del artículo 3o. establece: ``Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --Federación, estados y municipios-- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria''.

La fracción III del mismo artículo dispone: ``Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale''.

En la fracción VI del mismo artículo 3o., se establece:

``Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal los particulares deberán:a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así, cumplir los planes y programas que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley''.

El artículo 31 constitucional se reformó para precisar que es obligación de los mexicanos: ``Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley''.

El 10 de marzo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de Información para la Comercialización de los Servicios Educativos que Prestan los Particulares, en cuyo artículo 1o. se declara que: ``Las disposiciones establecidas en este acuerdo, regirán en toda la República y serán de aplicación general para todos los particulares, prestadores de servicios educativos de tipo elemental y medio con autorización o reconocimiento de validez oficial, o aquellos que deban estar inscritos en el listado de planteles no incorporados''.

En el citado acuerdo se obliga a los prestadores de servicios educativos a que se refiere el artículo arriba señalado, a informar por escrito a los padres de familia, tutores o usuarios, previamente a la inscripción, todo lo referente a:

1. El contenido del acuerdo.

2. La relación de los tipos educativos y los grados escolares ofrecidos en cada ciclo lectivo.

3. La fecha y número del acuerdo por el cual se le otorgó la incorporación y, a falta de este, el número de la inscripción como plantel no incorporado y la mención de que dichos estudios carecen de reconocimiento de validez oficial.

4. El costo de la inscripción y la reinscripción.

5. Las colegiaturas, así como el número de éstas.

6. El pago de derechos por incorporación, en su caso.

7. El cobro por los exámenes extraordinarios, cursos de regulación, duplicados y certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario de clases, prácticas deportivas especiales y otras actividades extracurriculares.

8. El uso de transporte escolar.

9. Los servicios de alimentación.

10. El calendario de pagos.

11. La lista de actividades opcionales.

12. El nombre de los principales directivos y horas de oficina.

13. El reglamento escolar y

14. Cualquier otro elemento que los prestadores del servicio educativo consideren de utilidad para los padres de familia, tutores o usuarios.

De la misma manera, establece que los particulares prestadores de servicios educativos sólo podrán cobrar de manera general y obligatoria, la inscripción o reinscripción; las colegiaturas, y los derechos de incorporación, garantizando que tales conceptos correspondan a la prestación de todos los servicios para que el alumno pueda cumplir con los planes y programas de estudios.

Establece también dicho documento que por ningún motivo los diferentes conceptos podrán pactarse en moneda extranjera. Además, de que los prestadores de servicios educativos, deberán aceptar sin recargo alguno los pagos por concepto de colegiaturas dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

Asimismo, los particulares prestadores de servicios educativos se encuentran obligados a:

Presentar a los padres de familia, tutores o usuarios, por conducto de la Asociación de Padres de Familia o del grupo que represente los usuarios del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y a la información que proporcionen a aquellos, por escrito y con anticipación al periodo de inscripción.

No incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, a menos que esto se acuerde por la mayoría de los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas de fuerza mayor que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación.

No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia, en efectivo o en especie y devolver, en su caso, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones, de manera íntegra e inmediata, cuando se avise que el estudiante no participará en el siguiente curso escolar.

No exigir a los padres de familia, tutores o usuarios que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general.

No exigir libros, útiles escolares y vestuarios nuevos. Además, de que el uso del uniforme no es obligatorio.

Corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las autoridades educativas vigilar el cumplimiento del acuerdo antes mencionado en el ámbito de su competencia.

El artículo 11 del acuerdo que se comenta, establece que los contratos del servicio educativo que se encuentren acordes a las bases mínimas del acuerdo, no requerirán de su inscripción ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto ha propiciado que el cumplimiento de las bases mínimas del acuerdo no sean respetadas por los prestadores de estos servicios educativos y se abuse de los usuarios de los servicios, con un impacto negativo a la economía de los padres de familia que envían a sus hijos a escuelas particulares. Por ello consideramos que dichos contratos deben ser obligatorios y convertirse en contratos de adhesión en los términos previstos por la Ley Federal del Consumidor.

Para estos efectos, el artículo 85 de dicha ley establece que se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio.

Por su parte, el artículo 86 de la misma ley dispone que la Secretaría de Economía, ``mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor, cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento --las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio--. Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Secretaría''.

En la mayoría de los países, los padres tienen derecho a elegir libremente el tipo de escuela que desean para sus hijos, ya sea pública o privada; gratuita o de pago.

Los padres cuentan también con el derecho a la información sobre los progresos de sus hijos y sobre sus propios derechos, como en el caso de los Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otros. En el Reino Unido se concede una importancia capital a este derecho; así, la ley estipula que las escuelas deben proporcionar información sobre la organización interna, la gestión y el financiamiento de la misma. En Austria se ha introducido un sistema de alerta precoz, para que los padres puedan ser informados a tiempo sobre la dificultad de aprendizaje de su hijo, de la misma forma, los padres deben ser informados sobre las medidas para prevenir el fracaso escolar.

Todos los países, incluido el nuestro, desarrollan una política pública explícita a favor de la participación colectiva de los padres de familia, por lo que los padres de familia tienen derecho a organizarse en asociaciones, que les permitan expresar sus opiniones y puntos de vista, sobre diversos aspectos de la vida escolar de sus hijos.

Como se puede observar, la familia y la escuela son dos elementos fundamentales en el desarrollo de las políticas educativas de nuestro país, la escuela influye en la vida de la familia y de la comunidad en la que esta se desarrolla y a la vez la familia es parte fundamental en el desarrollo de los niños y de la buena marcha de las escuelas, ya sean éstas públicas o privadas.

Es necesario que las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor promuevan y protejan los derechos de los consumidores, propiciando conjuntamente con los padres de familia, una cultura de la defensa de sus derechos como consumidores de servicios educativos, a través de la organización y la capacitación, dándoles certeza y seguridad jurídica en sus relaciones como proveedores y consumidores.

Es difícil tener un diagnóstico puntual de la problemática que enfrentan los padres de familia, en su relación con las escuelas privadas, pero lo que ahí sucede es bastante conocido: falta de información; aumento unilateral y desproporcionado de colegiaturas; aportaciones o cobros extraordinarias; maltrato a escolares; venta de uniformes y libros en escuelas; exigencia de libros y útiles nuevos y no reciclados; uso de uniforme obligatorio; retención indebida de documentación oficial; exhibición de alumnos en listas por no pagar colegiaturas; y en fin, una serie de acciones que son violatorias del acuerdo en comento, que van en detrimento de las familias, los niños y de la propia educación.

Lo anterior revela la necesidad de actualizar el acuerdo en materia educativa que entró en vigor en 1993, ampliamente comentado en párrafos anteriores, a efecto principalmente de proveer a que existan medios de vigilancia y supervisión de su cumplimiento; para dar a los contratos de servicios educativos el carácter de contratos de adhesión en los términos previstos en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para dar mayor participación a las asociaciones de padres de familia, y para que se prevean sanciones adecuadas al incumplimiento del acuerdo por parte de los particulares prestadores de los servicios educativos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Honorable Asamblea su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el uso de las facultades que les conceden la Ley General de Educación y la Ley Federal de Protección al Consumidor, procedan a actualizar el Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de Información para la Comercialización de los Servicios Educativos que Prestan los Particulares, de fecha 10 de marzo de 1992. Dicha actualización deberá contemplar, cuando menos, los siguientes aspectos:

1. Establecer medidas de vigilancia y supervisión a los particulares prestadores de servicios educativos que provean al estricto cumplimiento del acuerdo.

2. Modificar el texto del artículo 11 del acuerdo vigente, pudiendo quedar redactado de la siguiente manera:

``Los contratos del servicio educativo, además de cumplir con las bases mínimas de este acuerdo, tendrán el carácter de ``contratos de adhesión'' en los términos previstos en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y, en consecuencia, estarán sujetos a registro previo ante la Procuraduría Federal del Consumidor''.3. Dar mayor participación a la asociación de padres de familia.

4. Establecer sanciones adecuadas al incumplimiento del Acuerdo por parte de los prestadores de servicios.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Economía a que, en los términos del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, expida una norma oficial mexicana para sujetar los contratos de servicios educativos al registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor, como contratos de adhesión.

Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que implemente un programa de difusión entre padres de familia, en su carácter de consumidores en materia educativa, y proceda a brindarles todo tipo de información para su organización y defensa.

Cuarto.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en coordinación con la Asociación Nacional de Padres de Familia y en el marco del mencionado acuerdo establezcan un programa de contraloría social en la educación privada y elabore una norma oficial sobre la participación de los padres de familia en la educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Economía.

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HISTORIA DE LA MINERIA EN MEXICO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger al Camino Real de Tierra Adentro, que recorría el país, como bien cultural, urbano y ambiental.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger como bien cultural, urbano y ambiental el Camino Real de Tierra Adentro que recorría el país, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Chihuahua e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El punto de acuerdo que hoy presento a esta asamblea tiene su antecedente inmediato en el artículo 3o. constitucional, que a la letra dice: ``b) Será nacional, en cuanto --sin hostilidades ni exclusivismos-- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura''.

El territorio mexicano estuvo interconectado desde tiempos prehispánicos por una notable y extensa red de comunicación, ya sea en la aridez del norte, en las profundas selvas y tierras bajas del sureste, así como en el altiplano central y las penínsulas de Baja California y Yucatán.

Estas rutas se conservaron en activo hasta la conquista española, dando origen entonces a los sistemas carreteros del virreinato. Con el descubrimiento de la plata, los conquistadores avanzaron rumbo al norte, estableciendo en cada sitio un presidio o una misión, que vienen siendo los orígenes de las ciudades del norte del país, pueblos fundados para la defensa de los chichimecas, grupos bravos y nómadas. Muchos caminos se dirigieron hacia el norte en la segunda mitad del siglo XVI para erigirse como primeros eslabones entre la barbarie y la civilización; se utilizaban para transportar mercancías, bestias y carretas. El Camino Real de Tierra Adentro, conocido también como ``Camino de la Plata'' o ``Camino a Santa Fe'', fue la primera gran ruta de la zona continental no poblada: una estrecha línea surcada y apisonada por los presurosos mineros en mitad de los campos vírgenes. El desarrollo de la minería consolidó y extendió esta ruta por donde se hacían circular grandes cantidades de plata y mercurio, además de trigo, maíz, leña y diversas mercancías que abastecían las comunas norteñas y otras regiones.

A lo largo de su recorrido se formaron importantes poblaciones, como Querétaro, Zacatecas, Sombrerete, Durango, Chihuahua, El Paso, Albuquerque y Santa Fe, entre muchas otras. Dichos asentamientos sirvieron de apoyo a la colonización y evangelización de los vastos territorios conquistados para la corona española. Hoy todavía se puede observar que la parte del Camino Real que va de El Paso del Norte hasta San Juan Pueblo, en Nuevo México, conserva su trazo original.

Con una extensión cercana a 2 mil 900 kilómetros, el Camino Real de Tierra Adentro se inicia en la Ciudad de México y termina en Santa Fe, Nuevo México. Desde la ciudad de Chihuahua hasta Santa Fe se pueden admirar excepcionales paisajes naturales, perfectamente integrados a las zonas rurales y algunas áreas urbanas.

El Camino Real de Tierra Adentro es el más antiguo y extenso del continente americano, trazado por los conquistadores españoles para desarrollar el comercio, facilitar las campañas militares, y apoyar la colonización y evangelización en los vastos terrenos situados al norte de la capital del virreinato de la Nueva España.

A lo largo de este camino y durante más de 300 años se fueron intercambiando elementos culturales de una población a otra, como el lenguaje, la medicina, música, sistemas de irrigación, conceptos, y tecnologías. La mayor cantidad de plata exportada de la Nueva España entre 1561 y 1630 fue extraída de los yacimientos de Zacatecas y Guanajuato; esta riqueza argentífera constituyó el factor decisivo para la colonización del norte mexicano. Por tanto, la prosperidad de pueblos, villas, ciudades y haciendas ubicadas a la vera de este Camino Real se debe a las grandes utilidades obtenidas por la actividad minera.

Para dar una idea de la extensión del Camino Real de Tierra Adentro, basta saber que cualquier carruaje que salía de México con rumbo a Santa Fe recorría una distancia mayor que la cordillera de los Alpes, si ésta se prolongara sin interrupción desde Ginebra hasta las costas del Mar Negro.

Pocas rutas culturales podrían compararse con el Camino Real de Tierra Adentro. Una de ellas, aunque con otro significado, es la Ruta de Santiago de Compostela. Este camino fue y sigue siendo utilizado por los peregrinos, a partir de la frontera franco-española; constituye por sí mismo el testimonio del poder de la fe cristiana sobre los hombres de todas las clases sociales y todos los países de Europa.

Compañeras y compañeros diputados:

A pesar de no existir una legislación en nuestro país sobre este Camino Real, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado diversas labores con las autoridades de Nuevo México, en Estados Unidos, encaminadas a documentar y cooperar en diversos estudios sobre el tema.

Estados Unidos ya ha legislado sobre la parte que le corresponde de dicho Camino Real, situación que en nuestro país no ha sucedido.

Por eso, para su verdadera preservación, debe asumirse un compromiso real para protegerlo como bien cultural, urbano y ambiental, por lo que deberá se considerado en una declaratoria nacional de carácter especial.

Por lo anterior, solicito a esta honorable asamblea su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Presidente de la República para que, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicte instrucciones a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen todas las gestiones, investigaciones y trabajos que fuesen necesarios para que a través de una declaratoria nacional de carácter especial se proteja el Camino Real de Tierra Adentro como un bien cultural, urbano y ambiental, junto con el mobiliario, los sitios e inmuebles aislados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en su momento, inicie la investigación que corresponda a fin de que el Camino de Tierra Adentro sea declarado patrimonio cultural, histórico e intangible de la humanidad.

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, a 16 de febrero de 2006.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral a rendir un informe acerca de los resultados obtenidos al transcurrir la vigencia del acuerdo denominado ``tregua electoral navideña''. No encontrándose en este salón de sesiones el señor diputado, pasa al final de este capítulo.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar solución a la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.El diputado Alfonso Moreno Morán: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Alfonso Moreno Morán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno Federal a dar solución a la constante alza de tarifas en el servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, conforme a las siguientes consideraciones:

Desde hace algunos años, la población mexicana ha sufrido un grave deterioro en su ingreso debido a las constantes alzas de la electricidad, el gas, el diesel y la gasolina. Esta situación se agudiza más en la población que por su condición económica carece de recursos suficientes para atender sus necesidades más prioritarias. Es el caso que se presenta en comunidades del norte de Guanajuato, de los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, donde destinan hasta 30 por ciento de su ingreso para pagar el consumo de este servicio.

En dichos cobros se nota un comportamiento anormal, en el que se disparan enormemente las lecturas de dicho consumo, con una importante repercusión económica que afecta --lamentablemente-- el bienestar familiar. A la fecha se ha presentado tanto en el Senado como en esta Cámara gran cantidad de puntos de acuerdo donde se exige al Gobierno Federal dar solución al problema de la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico. En todos esos pronunciamientos ha quedado claro que las familias mexicanas ya no podrán soportar por mucho tiempo esta situación. Resulta por tanto urgente que las autoridades den una solución favorable y definitiva a este grave problema.

Estamos conscientes de la necesidad que se tiene de la aprobación de una reforma energética que, siendo de vital importancia para el país, haría posible una reducción de los costos de este servicio, minimizando un problema social cuya manifestación pondría en riesgo la estabilidad económica y social de las familias mexicanas.

Por mucho tiempo se ha postergado la actualización de las tarifas eléctricas para ponerlas a la par de los costos de producción, lo que ha propiciado que el monto de los subsidios gubernamentales haya crecido considerablemente; por ejemplo, en 1995 el subsidio de las tarifas fue de 11 mil 124 millones de pesos, en 2002 alcanzó 40 mil 700 millones de pesos, en 2005, por los decretos del 7 de febrero y 5 de abril, la Secretaría de Hacienda autorizó a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas eléctricas y se redujo el monto de este subsidio.

Con el nuevo ordenamiento se modificó la estructura tarifaria y en 1995 se establecieron costos más altos y diferenciados a partir de criterios de consumo máximo y temporalizado. Por ello se hace un atento llamado para que el Ejecutivo federal modifique las tarifas de energía eléctrica, a fin de que los más de 24 millones de usuarios se vean beneficiados con cobros que estén al alcance de sus posibilidades económicas. Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Exhortar al Gobierno Federal para que dé solución a la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar la constante alza del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Alfonso Moreno Morán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que dé solución a la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, conforme a las siguientes

Consideraciones

Desde hace ya algunos años, la población mexicana ha sufrido un grave deterioro en su ingreso debido a las constantes alzas de los energéticos, como la electricidad, el gas y las gasolinas.

Esta situación se agudiza más en la población que por su condición económica carece de recursos suficientes para atender sus necesidades más prioritarias. Es el caso que se presenta en comunidades del norte de Guanajuato, de los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, donde destinan hasta 30 por ciento de su ingreso a pagar el consumo de este servicio. En dichos cobros se nota un comportamiento (por lo que se refiere a los recibos) completamente anormal y en el que se disparan enormemente las lecturas de dicho consumo, con una importante repercusión económica que afecta, lamentablemente, el bienestar familiar.

A la fecha se ha presentado tanto en el Senado como en esta Cámara gran cantidad de puntos de acuerdo donde se exige al Gobierno Federal dar solución al problema de la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.

En todos estos pronunciamientos ha quedado claro que las familias mexicanas ya no podrán soportar por mucho tiempo esta situación. Resulta urgente que las autoridades den una solución favorable y definitiva a este grave problema.

Estamos conscientes de la necesidad que se tiene de la aprobación de una reforma energética que, siendo de vital importancia para el país, haría posible una reducción en los costos de este servicio, minimizando un problema social cuya manifestación pondría en riesgo la estabilidad económica y social de las familias mexicanas.

Por mucho tiempo se ha postergado la actualización de las tarifas eléctricas para ponerlas a la par de los costos de producción, lo que ha propiciado que el monto de los subsidios gubernamentales haya crecido considerablemente, por ejemplo:

En 1995, el subsidio de las tarifas fue de 11 mil 124 millones de pesos y en 2002 alcanzó 40 mil 700 millones de pesos. En este último año, por los decretos del 7 de febrero y 5 de abril, la Secretaria de Hacienda autorizó a la CFE y a Luz y Fuerza del Centro el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas eléctricas, se redujo el monto del subsidio. Con el nuevo ordenamiento se modificó la estructura tarifaria de 1995, se establecieron costos más altos y diferenciados a partir de criterios de consumo máximo y temporalizados, por lo que en muchas regiones del país el problema para pagar las tarifas de uso domestico se agudizó aún más.

El subsidio no ha permitido nivelar las tarifas del servicio eléctrico domiciliario con el presupuesto familiar, ya que los costos de la electricidad en México entre 1994-2004 crecieron más que la inflación. Este sector, que integran más de 24 millones de usuarios, consumió, de acuerdo con estudios realizados, 24.7 por ciento del total del consumo de energía eléctrica en 2004.

Vemos con alarma que las tarifas eléctricas han aumentado 58.5 por ciento en las industrias y 57.1 por ciento para las familias en lo que va de la presente administración, superando en mucho la inflación acumulada, que fue de 20.5 por ciento.

No soslayamos el esfuerzo que en materia de electricidad se han realizado para reducir el costo de las tarifas eléctricas, pero cabe señalar que no han sido suficientes, ya que la problemática se ha agudizado sobre todo en comunidades de alta marginación, donde los pobladores se ven en la disyuntiva de pagar el consumo de luz o destinar estos recursos a la manutención familiar.

Por ello se hace un atento llamado para que el Ejecutivo federal modifique las tarifas de energía eléctrica a fin de que los más de 24 millones de usuarios se vean beneficiados con cobros que estén al alcance de sus posibilidades económicas.

Por lo anterior, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al Gobierno federal para que dé solución a la constante alza en las tarifas de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.

Febrero 16 de 2006.--- Dip. Alfonso Moreno Morán (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

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ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria atiendan lo relacionado con el juicio de la pérdida de hectáreas de la superficie original del ejido Hoyo del Aire, localizado en el municipio de Taretan, en el estado de Michoacán.El diputado Carlos Hernán Silva Valdés: Con su anuencia, ciudadano Presidente. El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Hernán Silva Valdés: En México, los Tribunales Agrarios fueron creados fundamentalmente para lograr que la impartición de justicia en el agro sea ágil, pronta y expedita. Asimismo, la Procuraduría Agraria tiene como obligación prevenir y denunciar ante la autoridad competente las violaciones de las leyes agrarias, estando obligada además a denunciar el incumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios y empleados de la administración de justicia agraria. En Michoacán, tanto el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Decimonoveno como la Procuraduría Agraria de esa delegación han actuado sistemáticamente de manera defectuosa, en particular en la solución de los conflictos tipificados como focos rojos y han permitido con su ineficiente actuación que controversias simples se eleven a esta peligrosa categoría.

En particular, en el municipio de Taretan, Michoacán, el ejido Hoyo del Aire promovió juicio sobre restitución de 100 hectáreas contra sedicente pequeño propietario que indebidamente invadió, obteniendo un resolutivo absurdo y alejado absolutamente de la justicia. En este caso, pese a la encomienda formal escrita que dicho ejido hizo a la autoridad procuradora, ésta la abandonó a su suerte irresponsablemente, pues nunca estuvo atenta a los términos y plazos procesales ni se inconformó en tiempo y forma con la sentencia.

Por su parte, el Tribunal Unitario aludido resolvió a favor de la actora, pero desechando la documental pública representada por las certificaciones del Procede y aceptando sólo parcialmente los peritajes que demostraban la invasión de la superficie tenida desde siempre como parte del núcleo agrario. En consecuencia, ambas autoridades son responsables de la pérdida de 30 hectáreas por la irresponsabilidad y negligencia con que atendieron la encomienda que les fue dada, omitiendo utilizar las atribuciones e incumpliendo las obligaciones de la Ley Agraria.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del PRD ante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno de este honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones y facultades, solicite al Tribunal Superior Agrario y, en particular, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial Decimonoveno que actúen con irrestricto apego al marco jurídico en vigor y reabran el viciado juicio cuya resolución lesiona severamente el ejido Hoyo del Aire, del municipio de Taretan.

Segundo. De igual forma, a que ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria que indemnice, en su caso, a dicho ejido por los daños y perjuicios consistentes en la pérdida de más de 30 hectáreas de su superficie original.

Tercero. Asimismo, a que se asegure de que la Procuraduría Agraria cumpla cabalmente el mandato constitucional que tiene impuesto a través de la Ley Agraria, en particular para que la delegación en Michoacán tenga un desempeño eficaz.

Cuarto. Y a que instruya al procurador agrario para que dé inmediata solución a la queja administrativa promovida por dicho ejido agraviado en contra del personal de la delegación de esa Procuraduría en Michoacán. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, atiendan lo relacionado con el juicio de la pérdida de hectáreas de la superficie original del ejido ``Hoyo del Aire'', localizado en el minicipio Taretan, en el estado Michoacán, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES 1. Los Tribunales Agrarios fueron creados fundamentalmente para lograr que la impartición de justicia en el agro sea ágil, pronta y expedita; para establecer mecanismos y reglas claras que permitieran la solución de las controversias que se presentan en materia agraria y, para garantizar la seguridad jurídica en el campo, tal y como lo establece la fracción XIX del artículo 27 Constitucional.

2. Con este mismo propósito, la Procuraduría Agraria tiene como competencia y obligación: prevenir y denunciar ante la autoridad competente, las violaciones de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus defendidos, e instar a las autoridades agrarias al desempeño de las funciones a su cargo, y emitir las recomendaciones que considere pertinentes,

3. Por estas razones, la Procuraduría Agraria está obligada a denunciar el incumplimiento de las obligaciones, y responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria, e investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas por la ley,

4. Igualmente, está obligada, a asesorar y representar a los agentes agrarios en sus trámites y gestiones, para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda,

5. Teniendo por obligación principalísima, asumir la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, auxiliando a los actores para formular su demanda por escrito y darle el debido seguimiento hasta lograr una solución de las controversias suscitadas, apegada a estricto derecho,

6. Corresponde asimismo a la Procuraduría Agraria estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo, actuando en todo momento como factor de equilibrio en las nuevas relaciones sociales y económicas entre los núcleos agrarios, el Estado y los particulares,

7. Por otra parte, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, debe atender, voluntaria y gratuitamente y, a solicitud de parte, la libre decisión campesina de delimitación, destino y asignación de sus tierras,- y lo debe hacer con estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios ejidatarios y comuneros, manifestada en sus asambleas, con la presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico establecido-,

8. Su objetivo principal es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos, así como de los títulos de solares, en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten,

9. Asimismo, promover entre los campesinos, garantizando la propiedad social, acciones orientadas al cuidado, conservación y mantenimiento de lo que legalmente es suyo, así como alentar la explotación racional de los recursos naturales, y fomentar el reconocimiento y respeto mutuo de la propiedad ajena, sobre una base de tenencia de la tierra plenamente definida,

10. Siendo las instituciones directamente responsables de su ejecución, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN) y otras diversas dependencias concurrentes de los tres ámbitos de gobierno, así como profesionistas privados tales como los fedatarios públicos y, de manera fundamental, los campesinos, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares PROCEDE debe constituir el instrumento idóneo básico e insustituible para llevar a cabo la regularización de la propiedad social, con el propósito de proteger y consolidar los derechos sociales de los campesinos mexicanos y sus familias, y así, otorgar certidumbre jurídica a la propiedad social y estimular la asociación productiva.

11. En consecuencia, los Tribunales Agrarios, tanto los Unitarios como el Superior, deben otorgar pleno valor probatorio a la Certificaciones de Derechos que este programa emita, pues siendo un documento público hace prueba plena.

12. En Michoacán, tanto el Tribunal Unitario Agrario Distrito XIX como la Procuraduría Agraria Delegación Michoacán, han actuado sistemáticamente de manera defectuosa, en particular en la solución de los conflictos tipificados como ``focos rojos'' y han permitido, con su ineficiente actuación, que controversias simples se eleven a esta peligrosa categoría,

13. En particular en el Municipio de Taretan, Michoacán, circunscrito al Noveno Distrito Electoral Federal, el Ejido ``Hoyo del Aire'' promovió JUICIO 202/98 sobre RESTITUCIÓN de 100-00-00 cien hectáreas, contra sedicente pequeño propietario que, indebidamente invadió, obteniendo un resolutivo absurdo y alejado absolutamente de la justicia de hecho, tanto como la de derecho.

14. En este caso, pese a la encomienda formal escrita que el ejido ``Hoyo del Aire'' hizo a la autoridad procuradora, ésta lo abandonó a su suerte irresponsablemente, pues nunca estuvo atenta a los términos y plazos procesales, ni se inconformó en tiempo y forma con la sentencia, perdiendo el núcleo agrario, tanto el recurso de revisión como, en su oportunidad, la protección del Juicio de Amparo.

15. Fundado en lo anterior, el 20 veinte de Octubre de 2004, el ejido ``Hoyo del Aire'' presentó QUEJA ADMINISTRATIVA en contra del personal de la Procuraduría Agraria Delegación Michoacán, en particular en contra del abogado asignado a la Residencia Uruapan, jurisdicción a la que corresponde el núcleo agrario quejoso, promoción a la que se dio número de registro 312/2004, y que a la fecha, inexplicablemente, no se ha sido resuelta.

16. Por su parte el Tribunal Unitario Agrario Distrito XIX, resolvió a favor de la actora, pero desechando la documental pública, representada por las certificaciones del PROCEDE y aceptando, sólo parcialmente, los peritajes que demostraban la invasión de la superficie tenida, desde siempre, como parte del núcleo agrario.

17. Este resolutivo reintegra al Ejido sólo 70-00-00 setenta hectáreas de las 100-00-00 cien hectáreas reclamadas en restitución, lo que representa una pérdida, de 30-00-00 hectáreas de la superficie original del núcleo agrario en cita.

18. En consecuencia, ambas autoridades son responsables, de la pérdida de superficie mencionada, pero lo es mayoritariamente la Procuraduría Agraria, por la irresponsabilidad y negligencia con las que atendió la encomienda que le fue dada, omitiendo utilizar las atribuciones e incumpliendo con las obligaciones que la Ley Agraria le tiene perfectamente ordenadas, tanto como el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, específicamente en sus numerales 2o., 4o., 5o. y 19.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la aprobación de esta Soberanía la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades, (1) solicite al Tribunal Superior Agrario y en particular al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial XIX, actúen, con irrestricto apego al marco jurídico en vigor y con vistas a tornar realidad la justicia agraria para la que fueron concebidos; (2) reabra el viciado juicio cuya resolución lesiona severamente, no sólo al Ejido ``Hoyo del Aire'', del Municipio de Taretan, sino al elemental sentido de justicia, para que de su revisión se desprenda la justicia social que se espera de esta Institución.

Segundo. En igual forma, a que ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria, indemnice, en su caso, al Ejido ``Hoyo del Aire'', por los daños y perjuicios consistentes en la pérdida de más de 30-00-00 treinta hectáreas de su superficie original, ocasionados por la irresponsabilidad y negligencia de este organismo Procurador de Justicia Agraria.

Tercero. Asimismo, a que se asegure de que la Procuraduría Agraria, cumpla cabalmente, con el mandato que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Ley Agraria, le ha impuesto en la prosecución de la justicia agraria, en particular para que la Delegación en Michoacán de este organismo público descentralizado, tenga un desempeño no sólo eficaz, sino honorable.

Cuarto. Y, a que instruya al Procurador Agrario para que, por conducto de la Dirección General de Quejas y Denuncias, dé inmediata solución, a la queja administrativa 312/2004 promovida, por dicho Ejido agraviado, contra del personal de la Delegación de esa Procuraduría en Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de febrero del año dos mil seis.--- Dip. Carlos Silva Valdés (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria.

Se pospone la presentación de proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se decrete la laguna de Cocomulco, en el estado de Hidalgo, como área natural protegida, suscrita por los diputados Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Alfredo Bejos Nicolás, de los grupos parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, y Revolucionario Institucional, respectivamente.

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FIDEICOMISO PAGO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de Guanajuato y de Querétaro a suscribir el convenio que establece el Fideicomiso Pago, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados: en nombre de los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pongo a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ahorradores defraudados de los estados de Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Morelos presentaron el 27 de julio del año 2005 una petición a esta soberanía a efecto de que diputadas y diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social realizaran una investigación con relación a que los titulares de los gobiernos de dichas entidades federativas no han suscrito el convenio de colaboración establecido en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocido como ``Fideicomiso Pago''.

Se solicitó información al licenciado Guillermo Barnés García, comisionado de dicho Fideicomiso, quien informó el 7 el octubre de 2005 que el gobernador del estado de Oaxaca había suscrito el convenio de colaboración, ``no corriendo la misma suerte los estados de Querétaro, Guanajuato y Morelos''. Por tanto, se constituyó grupo de trabajo para asistir al estado de Morelos, donde hubo compromiso del representante del gobierno de que el gobernador suscribiría el convenido respectivo. En virtud de que cuenta con recursos suficientes para cubrir la cantidad que corresponde aportar, se daría inicio al proceso de pago en la entidad, compromiso que se realizó en presencia del Presidente del Congreso local.

Respecto al estado de Guanajuato, se sabe que existe disposición de todos los grupos parlamentarios, toda vez que se hizo un esfuerzo institucional sobre el problema que aqueja a los ahorradores de esta entidad. Sin embargo, el gobernador constitucional a la fecha no ha suscrito el convenio para iniciar el proceso de pago correspondiente, máxime cuando la Junta de Gobierno y de Coordinación Política en el Congreso estatal ordenó que el gobernador suscribiera el instrumento jurídico respectivo. En cuanto al estado de Querétaro, se arriba a la conclusión de que diputados de diversos grupos parlamentarios realizaron una labor importante para resolver el problema. Se desglosa que la no aprobación de dicho punto de acuerdo no fue por falta de recursos, toda vez que en el informe de gobierno existió un subejercicio en el estado.

Además, el gobernador de Querétaro no mostró sensibilidad al problema de los ahorradores. Cabe precisar que la investigación se realizó en los estados de Oaxaca, Morelos, Querétaro y Guanajuato, y fue lo mismo lo que sucedió en los estados de Michoacán, Durango y Jalisco: existió disposición tanto de los Congresos locales como de los gobiernos para recibir al grupo de trabajo que se constituyó con este Poder Legislativo. Por lo anterior, ponemos a consideración de esta Asamblea:

Primero. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura exhorte respetuosamente a los gobernadores de los estados de Querétaro y de Guanajuato a efecto de que formalicen los respectivos convenios de coordinación y estén en posibilidades de cumplir lo establecido con la ley del Fideicomiso Pago; y

Segundo. La Cámara de Diputados se congratula por los trabajos realizados en los gobiernos de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco; así como de los diputados que integran los honorables Congresos de Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco para dar cumplimiento cabal a lo establecido en el ordenamiento legal señalado. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro a suscribir el convenio que establece el Fideicomiso Pago, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Honorable Asamblea:

El Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XIV, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual esta Comisión señala los siguientes

Antecedentes

Primero.- El veintisiete de julio de dos mil cinco comparecieron en las oficinas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el licenciado José Luis Sánchez Martínez y otros veintisiete representantes de ahorradores, quienes informaron que los gobernadores de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca han hecho caso omiso al exhorto que había aprobado por mayoría los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para que suscribieran los convenios de coordinación que establece la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

Asimismo, solicitaron que se forme un grupo de trabajo de diputados federales para que asistan a los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca, a fin de llevar a cabo una reunión con diputados locales y servidores públicos de dichas entidades federativas, para efecto de poder encontrar a la brevedad posible una solución a la problemática de los ahorradores y puedan resarcir sus ahorros mediante la suscripción de los convenios respectivos.

Segundo.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco, que aprobaron por mayoría los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se estableció lo siguiente:

``Primero.- Se constituye un grupo de trabajo especial de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrado por diputadas y/o diputados de cada grupo parlamentario que forman parte de esta Comisión y el equipo técnico necesario, con el objeto de llevar a cabo una reunión con los gobernadores de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca; diputados integrantes del honorable Congreso de dichas entidades federativas y el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago.

Segundo.- Gírense atentos oficios a los gobernadores constitucionales de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca; a diputados integrantes de los honorables Congresos de dichas entidades federativas y al licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, para efecto de llevar a cabo una reunión en conjunto, respectivamente y se pueda obtener la solución del problema concerniente al pago de los ahorradores''.

Tercero.- Mediante los oficios con número CFCyES/- 101005-361, de fecha diez de octubre del año dos mil cinco, el diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, solicitó a los honorables Congresos de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Morelos y Querétaro que atendieran al grupo de trabajo que formó el pleno de la Comisión e informaran si se contempló en el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco el pago a ahorradores defraudados en dichas entidades federativas, de conformidad con lo establecido por la ley de la materia.

De igual forma, con el número de oficio CFCyES/ -101005-362, de fecha diez de octubre del año dos mil cinco, el diputado presidente de la Comisión señalada en el párrafo que antecede, solicitó a los gobernadores constitucionales de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Morelos y Querétaro, respectivamente, que nombraran a un representante de los gobiernos correspondientes, para efecto de atender al grupo de trabajo que formó el pleno de dicha Comisión e informaran el cumplimiento de los compromisos que corresponden al Fideicomiso Pago y con el mismo número de oficio se solicitó al licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, para que formara parte del grupo de trabajo e informara el estado que guarda el fideicomiso con relación a dichas entidades.

Cuarto.- Con el oficio número FAFOSCAP/CFP/064/ 2005, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil cinco, dirigido al diputado presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, suscrito por el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, por el cual informó lo siguiente:

``Al respecto, informo a usted que este Fideicomiso tiene gran interés en participar y contribuir con el citado grupo de trabajo en el análisis y determinación de una vía de solución al problema social de los ahorradores en los cuatro estados mencionados.

Con los gobiernos de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, y Morelos se analiza la posibilidad de suscribir un convenio, mediante el cual se incluya a los ahorradores que quedaron pendientes de pago en esas entidades federativas. Aprovecho la ocasión para manifestarle que el pasado 7 de octubre de 2005 se suscribió el convenio de coordinación con el estado de Oaxaca''.

Quinto.- El veintiocho de noviembre de dos mil cinco, el diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente e integrante del grupo de trabajo que constituyó la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, informó a sus integrantes que el día veinticinco del mes y año señalado, se había constituido en el estado de Guanajuato, en el salón ejecutivo del hotel Gran Plaza, donde estuvieron presentes los diputados locales Antonino Lemus López, José Luis Nieto Montoya, Verónica Chávez de la Peña, José Francisco Durán Villalpando y Fernando Ugalde de la Peña, integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, el licenciado Tomás López Martínez, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, el licenciado Enrique Cervantes, en representación del licenciado Guillermo Barnes, comisionado del Fideicomiso Pago y la licenciada Soledad Aguayo, asesora del gobierno del estado, reunión en la que se expuso principalmente lo siguiente: ``El licenciado Enrique Cervantes señaló los antecedentes del Fideicomiso Pago y precisó que existe disposición del fidecomiso; asimismo, precisó que se pudiera dar solución parcial al cubrir tres cajas auditadas por el gobierno estatal, siendo una cantidad de aproximadamente siete millones y medio que tendría que aportar; la licenciada Aguayo manifestó que el gobierno no cuenta con cuarenta millones de pesos para que el gobernador suscriba el convenio (de la totalidad de las cajas populares) y el diputado Durán señaló que el problema fue originado entre los particulares; de igual forma, los diputados de la entidad federativa, señalaron que no era un problema del estado, sino de la Federación, y que se tendría que reformar la ley para que la Federación pague el setenta por ciento que establece la ley sin la participación estatal''.

Por otra parte, el Congreso estatal en Guanajuato aprobó el veinticinco de noviembre del dos mil cinco un punto de acuerdo suscrito por la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, misma que se encuentra integrada por los distintos grupos parlamentarios, que a la letra señala:

``Primero.- Se cree una partida, en la Ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2006, destinada a asignar los recursos suficientes para el pago de los ahorradores defraudados del estado, de conformidad a lo establecido en la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

Segundo.- Se establezca en un punto transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2006, la obligación al Ejecutivo del estado de suscribir el convenio con el Fideicomiso, en los términos de ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores''.

Sexto.- El diputado Francisco J. Saucedo Pérez informó el doce de diciembre del dos mil cinco, que había asistido al estado de Morelos el día nueve del mes y año señalado, en las instalaciones del honorable Congreso, en donde estuvieron presentes el diputado Enrique Iragorri Durán, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de dicha entidad federativa; diputado Salvador Sandoval Palazuelos, Presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Pública; licenciado Rafael Martínez Flores; director general de Gobierno; el licenciado Enrique Robledo, en representación del licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, siendo que en dicho informe se destaca lo que sucedió en la reunión de trabajo: ``el licenciado Rafael Martínez, señaló que el Gobierno del estado está en la mejor disposición de suscribir el convenio de colaboración con el Fideicomiso Pago y que no se había suscrito por falta de recursos económicos; motivo por el cual, la representación de dicho Fideicomiso le entregó el convenio para su estudio y valoración y que a la brevedad se ponían en contacto para agotar los trámites administrativos; además, señalaron dichos actores políticos que una vez suscrito el convenio se iniciará con el proceso de pago a los ahorradores y que recibirían sus recursos a principios del dos mil seis''

Séptimo.- El diecinueve de diciembre de dos mil cinco, el diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social informó que se había presentado al estado de Querétaro el dieciséis del mes y año mencionado para dar cumplimiento al acuerdo de dicha Comisión y que la reunión de trabajo se llevó a cabo en el Congreso estatal, en la que estuvieron presentes el diputado Miguel Calzada Mercado y aproximadamente veinte ahorradores, sin que estuviera en la reunión un representante del gobierno del estado, reunión en la que se expuso principalmente lo siguiente: ``El diputado Miguel Calzada señaló que diputados de distintos grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática elaboraron y presentaron un punto de acuerdo en el pleno del Congreso para efecto de que se incluyera en el Presupuesto de Egresos 2006 una partida para el pago a los ahorrador es defraudados; sin embargo, el día quince de los corrientes se votó en contra por diputados de Acción Nacional; además, manifestó el diputado Calzada que el gobierno del estado sí contaba con recursos suficientes para cubrir la demanda de los ahorradores, ya que en la sesión que se había celebrado un día antes a la reunión, se informó que existía un subejercicio por un monto aproximado de $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 m.n.) y el diputado Francisco J. Saucedo Pérez señaló que el monto que tiene que aportar el estado de Querétaro es por un monto aproximado de $6,200,000.00 (seis millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) respecto a tres cajas que habían sido auditadas por el gobierno del Estado y que con este recurso se cubriría aproximadamente 4,190, cuatro mil ciento noventa ahorradores; de igual forma, señaló que en todos los estados de la República se han tenido avances para resolver el problema de los ahorradores y en otros ya se encuentran en procesos de pago y que ésta es la única entidad federativa que falta resolver y poder atender el problema en cuestión''.

Consideraciones

Primero.- El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social arriba a la conclusión de que del análisis realizado a la petición formulada por los ahorradores defraudados en los estados de Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Morelos, el problema radica principalmente en que los gobernadores de dichas entidades federativas no han suscrito el convenio de colaboración establecido en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

Sin embargo, del informe que rindió el Lic. Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, mediante oficio de fecha veinticuatro de octubre de dos mil cinco, se desprende que el siete de octubre de dicho año, el gobernador del estado de Oaxaca suscribió el convenio de colaboración.

Motivo por el cual, esta Comisión solicitó información a los ahorradores para que señalaran si ya se encontraban en el proceso del pago respectivo, quienes señalaron que efectivamente ya se les estaban resarciendo del daño ocasionado desde el año dos mil, no corriendo la misma suerte en los estados de Querétaro, Guanajuato y Morelos, por lo que la Comisión de Fomento Cooperativo continuó con el proceso para celebrar las reuniones de trabajo en dichas entidades federativas.

Segundo.- Del análisis que se realizó al informe que rindió el diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente e integrante del grupo de trabajo que constituyó la Comisión de mérito, con relación al estado de Morelos, se desprende que el gobierno de la entidad federativa cuenta con los recurso suficientes para cubrir la cantidad que le corresponde aportar, según lo establecido por la Ley que crea el Fideicomiso Pago.

Motivo por el cual, existe la disposición del gobernador constitucional de suscribir el convenio de colaboración entre la Federación y el estado, para que una vez agotados los trámites administrativos y de logística entre los órdenes de gobierno, se dé inicio al proceso del pago correspondiente a los ahorradores de dicha entidad federativa.

Por lo anterior, esta honorable Cámara de Diputados se congratula por la disposición del gobernador para suscribir el instrumento jurídico entre la Federación y el estado a fin de hacer frente a los problemas que se suscitaron con los ahorradores defraudados.

Tercero.- Por lo que corresponde al estudio que se efectuó al informe de fecha veintiocho de noviembre del año próximo pasado y al punto de acuerdo que aprobó el honorable Congreso del estado de Guanajuato, de los que se desglosa que existe disposición de todos los grupos parlamentarios, toda vez que se hizo un esfuerzo institucional al problema que aqueja a los ahorradores defraudados en dicha entidad federativa.

Sin embargo, a la fecha el gobernador constitucional no ha suscrito el convenio de colaboración para iniciar el proceso de pago correspondiente, máxime cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso estatal ordenó en su segundo punto de acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del año próximo pasado que suscribiera el instrumento jurídico respectivo.

Por lo anterior, se estima necesario reconocer el trabajo parlamentario del Congreso del estado de Guanajuato, por lo tanto y como consecuencia, esta Cámara de Diputados se muestra conforme con la labor realizada y parcialmente con el gobernador de dicha entidad federativa, en virtud que a éste le ha faltado concretar la parte que le corresponde, siendo la suscripción del convenio de colaboración.

Cuarto.- En cuanto al análisis del informe que rindió el diputado Presidente Francisco J. Saucedo Pérez, el día diecinueve de diciembre de dos mil cinco, con relación al estado de Querétaro, se arriba a la conclusión de que diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática realizaron una labor importante para resolver el problema que les aqueja a los ahorradores defraudados, siendo la elaboración de un punto de acuerdo para incluir en el Presupuesto de Egresos recursos suficientes y poder pagar a cuatro mil ciento noventa ahorradores, mismo que fue rechazado por una oposición mayoritaria de diputados.

De igual manera, se desglosa de dicho documento que la no aprobación del punto de acuerdo no fue por falta de recursos, sino por falta de interés social, en virtud que existió un subejercicio en el gobierno del estado por un monto aproximado de dos mil millones de pesos, cantidad superior a la que tendría que aportar el gobierno estatal al Fideicomiso Pago, siendo un monto de seis millones doscientos mil pesos.

Además, el Gobernador de dicha entidad federativa no tuvo tacto político, ni sensibilidad al problema de los ahorradores, toda vez que no asistió a la reunión convocada por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta Cámara de Diputados, ni tampoco delegó su responsabilidad a otro servidor público para que asistiera a la citada reunión de trabajo.

Motivo por el cual esta Cámara de Diputados considera importante exhortar muy respetuosamente al gobernador constitucional, respetando la soberanía y autonomía del estado de Querétaro, a efecto de suscribir el convenio de colaboración con el denominado Fideicomiso Pago.

Quinto.- Se estima necesario precisar que el mismo esquema de trabajo que se siguió en el presente asunto con relación a los estados de Oaxaca, Morelos Querétaro y Guanajuato, se llevó con los estados de Michoacán, Durango y Jalisco, en donde de igual forma los gobernadores constitucionales no habían suscrito los convenios de colaboración por diversas razones.

Sin embargo, existió disposición tanto por los Congresos locales como de los gobiernos para recibir al grupo de trabajo que había constituido la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, por el cual, en diversas reuniones se pudo llegar a buen término y concluir con la suscripción de los convenios respectivos, motivo por el cual, en algunas de las entidades federativas señaladas ya se inició con el proceso de pago respectivo y en otras ya se concluyó con el mismo.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo establecido por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobernadores de los estados de Querétaro y Guanajuato, para efecto de que formalicen los respectivos convenios de coordinación y estén en posibilidades de cumplir con lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago); lo anterior, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto del presente instrumento legislativo.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, se congratula por los trabajos realizados en los gobiernos de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco, así como de los diputados que integran los honorables Congresos de Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco, por dar cabal cumplimiento a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), según lo estipulado por los considerandos primero, segundo, tercero y quinto, del presente instrumento legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil seis.

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez, Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Raúl Rogelio Cavaría Salas, Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica), David Ferreyra Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Valentín González Bautista, José Julio González Garza, Benjamín Fernando Hernández Bustamante (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; en consecuencia, considera que el asunto está suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada; comuníquese.

Ruego a la Secretaría que dé lectura a una solicitud de licencia del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, que acaba de llegar en este momento.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el 5 distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en el municipio de Puerto Vallarta, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito me sea concedida licencia por tiempo indefinido al cargo que actualmente ostento, a partir del día 22 de febrero del año en curso. Lo anterior para atender asuntos de carácter personal.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Palacio Legislativo Federal, febrero 21 de 2006.--- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Francisco Javier Bravo Carbajal para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el V distrito del estado de Jalisco, a partir del 22 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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MOSCA DEL MEDITERRANEO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación a intervenir en el problema de los trabajadores de la Moscamed en Chiapas y Tabasco.El diputado Belizario Iram Herrera Solís: Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados: presento ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación; del Trabajo, de Salud; y de Gobernación su intervención en el problema de los trabajadores de Moscamed de la vasta región Chiapas-Tabasco con Guatemala, al tenor de los antecedentes y las consideraciones siguientes antecedentes:

El programa de Moscamed se encuentra vinculado a un esquema de cooperación internacional. Éste se ha venido desarrollando desde hace 27 años, con un gran avance en la tecnología aplicada moderna, en el moderno integrado de plagas vegetales, insecto estéril, control biológico a gran escala, con resultados reales para el beneficio del área agroalimentaria, asegurando con ello la economía de nuestra fruticultura y evitando el aseguramiento de la plaga mosca del Mediterráneo en territorio mexicano.

Durante 1978 y 1979, por las alianzas tripartitas y el apoyo de organismos internacionales como la FAO y la OEA, se construyó en Metapa, Chiapas, la planta de cría y esterilización de moscas del Mediterráneo. En 1980 se alcanzaron los objetivos de producción de hasta 500 millones de moscas estériles por semana, cumpliendo la liberación del insecto, sobre todo en la vasta zona de los límites de Chiapas, Tabasco y Campeche con Guatemala, lo cual contribuyó eficazmente a evitar el establecimiento de la plaga en México, situación que permitió mantener el área libre y erradicar los brotes recurrentes en la frontera con Guatemala, con la constante de alcanzar la barrera de contención de la plaga en el mediano plazo hacia el interior de Centroamérica, al menos 100 kilómetros.

Con el acuerdo de la Sagarpa e ICA, todos los trabajadores contratados para cumplir las metas de cooperación internacional para la erradicación de la plaga mosca del Mediterráneo han venido siendo sujetos de maltrato, hostigamiento y, sobre todo, acoso laboral, incumplimiento de sus derechos, de garantía social a la salud, con falta de equipo apropiado para laborar, la constante presión psicológica de pronto despido por parte de sus jefes inmediatos y funcionarios del Senasica, manteniéndolos en condiciones deplorables de estabilidad para alcanzar que México como país hortícola por excelencia pueda cumplir los acuerdos internacionales de combate de esta temible plaga.

Consideraciones: Si en tres años en el pasado los trabajadores de este programa ``Proyecto de erradicación y control de plaga mosca del Mediterráneo'' alcanzaron la meta de producción de insectos estériles, para esos momentos en administraciones de otros gobiernos de conciencia clara, que cumplieron proyectos compartidos internacionales, no se entiende por qué, sobre todo en esta administración, no se procura apoyo a los trabajadores que se encuentran en constante riesgo de salud, por estar en contacto con estas pupas que sirven para el control, la erradicación de la terrible plaga, que mucho afecta la producción frutícola del sur-sureste de nuestro país. Quiero hacer énfasis en la responsabilidad con que todos los trabajadores y las trabajadoras de Moscamed han brindado todo su esfuerzo, conocimiento en la aplicación del programa fitosanitario de producción y liberación del insecto estéril para la protección de la plaga mosca del Mediterráneo.

Punto de Acuerdo. Único. Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Recursos Hidráulicos, del Trabajo, de Salud, y de Gobernación a su intervención en la problemática de los trabajadores de Moscamed de Chiapas y Tabasco, en virtud de que se puede generar un conflicto donde salga afectado el programa del control de la plaga mosca del Mediterráneo, barrera fitosanitaria de seguridad nacional que permite la explotación de productos frutícolas del sur-sureste del país. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la STPS, a la SS y a la Segob a intervenir en el problema de los trabajadores del programa Moscamed en Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Trabajo y Previsión Social; de Salud, y de Gobernación, su intervención en el problema de los trabajadores de Moscamed, de la vasta región de Chiapas y Tabasco con Guatemala, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes.

Antecedentes

El programa de la Moscamed se encuentra vinculado a un esquema de cooperación internacional, éste se ha venido desarrollando desde hace 27 años con gran avance en la tecnología aplicada, moderna en el manejo integrado de plagas vegetales, insecto estéril, control biológico a gran escala, con resultados reales para el beneficio del área agroalimentaria, asegurando con ello la economía de nuestra fruticultura y evitando el aseguramiento de la plaga de la mosca del Mediterráneo en territorio mexicano.

Durante 1978 y 1979, por las alianzas tripartitas y el apoyo de organismos internacionales como la FAO, la OIEA, se construyó en Metapa, Chiapas, la planta de cría y esterilización de moscas del Mediterráneo, en 1980 se alcanzaron los objetivos de producción hasta 500 millones de moscas estériles por semana, cumpliendo con la liberación del insecto sobre todo en la basta zona de los límites de Chiapas, Tabasco y Campeche con Guatemala, lo cual contribuyó eficazmente a evitar el establecimiento de la plaga en México, situación que permitió mantener el área libre y erradicar los brotes recurrentes en la frontera con Guatemala, con la constante de alcanzar la barrera de contención de la plaga en el mediano plazo hacia el interior de Centroamérica de al menos 100 kilómetros.

Con el acuerdo Sagarpa-IICA, todos los trabajadores contratados para cumplir con las metas de cooperación internacional para la erradicación de la plaga mosca del Mediterráneo han venido siendo sujetos de maltrato, hostigamiento, y sobre todo de acoso laboral, incumplimiento de sus derechos de garantía social, salud con falta de equipo apropiado para laborar, la constante presión psicológica de pronto despido por parte de sus jefes inmediatos y funcionarios de Senasica, manteniéndoles en condiciones deplorables de estabilidad para alcanzar que México, como país frutícola por excelencia, pueda cumplir con lo acuerdos internacionales de combate a esta temible plaga.

Consideraciones

Si en tres años en el pasado, los trabajadores de este programa de erradicación y control de la plaga mosca del Mediterráneo alcanzaron la meta de producción de insectos estériles para esos momentos, en administraciones de otros gobiernos de conciencia clara que cumplieron con proyectos compartidos internacionales, no se entiende por qué sobre todo en ésta administración no se les procura apoyo a los trabajadores que se encuentran en constante riesgo de salud, por estar en contacto con estas pupas que sirven para el control erradicación de la terrible plaga que mucho afecta a la producción frutícola del sur-sureste de nuestro país.

Quiero hacer énfasis, sobre la responsabilidad conque todos los trabajadores y trabajadoras del Moscamed han brindando todo su esfuerzo, conocimiento en la aplicación del programa fitosanitario, producción y liberación del insecto estéril para la protección de la plaga mosca del Mediterráneo, con lo que en fechas recientes podemos decir que 927,543 hectáreas se encontraban libres de plaga con producción frutícola, con un valor en la producción de 12,501,390,223.00 millones de pesos, de especies como el mango, guayaba, papaya, café, tomate, chile, aguacate, durazno y cítricos; todo ello, por el trabajo conjunto de todos y cada uno de los empleados que han dedicado parte de su vida a tan grande desempeño compartido con organizaciones internacionales.

Lo alcanzado hasta hace dos o tres años anteriores se puede venir abajo, esta plaga no se erradica totalmente, sino que se controla, es por ello; que las condiciones que están padeciendo dichos trabajadores deben ser atendidas con prontitud, precisamente por estas dependencias involucradas, no se trata de trabajadores comunes, sino de empleados que a través de los años han adquirido experiencia, ahí están los resultados del pasado reciente, mismos que se pueden perder por estas presiones inhumanas de falta de quehacer en la administración pública, así como de conocimiento de técnicas sobre la materia fitosanitaria, o pudiéramos pensar, como lo puntualiza la presunción de la propia lógica del actuar, que se trata de que los trabajadores no cumplen y estemos desprovistos de elementos que nos permitan competitividad en el mercado, esos jefes que acosan a los trabajadores de la Moscamed estarán haciéndole el trabajo sucio a los distribuidores comerciales internacionales de frutas de otros países, observemos ésta posibilidad, que las dependencias involucradas hagan su trabajo.

Ejemplo claro de éstas presunciones es la falta de terminación de la obra en la planta productora de moscas estériles, que desde hace dos años ha quedado inconclusa y no funcional, por consiguiente el retraso en alcanzar las metas de producción y su correspondiente liberación del insecto, son prueba de estos hechos, ganando terreno la plaga cada día que no se cumple con las metas actuales, con sus fatales consecuencias, que en lo futuro, como nos sucede con muchos productos, consumiremos lo de otros países, porque nuestra producción no sirve o está afectada sin rendimiento, entonces estos funcionarios de Senasica habrán cumplido con su cometido, actuemos y que las dependencias involucradas intervengan.

Por lo anterior, solicito a esta soberanía su amplio apoyo para este punto de acuerdo, para que se cumpla con la normatividad de garantías a todo trabajador, laboral, de salud, seguridad social y sobre todo que se siga aplicando el programa mosca del Mediterráneo con los apoyos necesarios para la contención de la barrera fitosanitaria establecida en los estados del sur-sureste de nuestro país, que hasta en estos tiempos ha permitido al campo sobrevivir con sus productos frutícolas.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Trabajo y Previsión Social; de Salud, y de Gobernación, su intervención en la problemática de los trabajadores de la Moscamed de Chiapas y Tabasco, en virtud de que se puede generar un conflicto donde salga afectado el programa del control de la plaga mosca del Mediterráneo, barrera fitosanitaria de seguridad nacional, que permite la explotación de productos frutícolas del sur-sureste del país.

Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Emiliano Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al comercio informal y al ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro.El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Con la venia de la Presidencia. En este sexenio, la situación económica de las familias mexicanas se ha mermado con el fracaso del sistema económico neoliberal. Ante esta realidad indiscutible y por la falta de empleos remunerados y la pérdida de los mismos, miles de personas se han visto en la necesidad de sumarse a las filas del comercio informal para subsistir de alguna manera y subsanar las necesidades primordiales de sus familias.

Tal es el caso, como muchos otros, de una comerciante en el Metro, conocida como doña Refugio, jubilada por un accidente y de 58 años de edad, quien no ha conseguido trabajo desde hace varios años y actualmente vende dulces de producción mexicana en los vagones del Metro para llevar unos pesos extra a su casa. Fue detenida y retirada, en razón de la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, de una estación del Metro. Lo grave es que en su detención hubo abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza y vejación de sus derechos humanos y constitucionales. Es el trato que da la policía que labora en el interior del Metro. Cabe destacar que ella no vende piratería ni productos ilegales; vende productos nacionales. Es cierto que la ley prohíbe el ambulantaje en el Metro, pero no permite la violación de los derechos humanos y constitucionales.

El objetivo de la ley es prevenir y castigar los delitos, pero no puede haber una homologación entre asaltantes y vendedores. No debe haber una criminilización de la pobreza en este país. Tenemos que considerar lo siguiente: nuestro país atraviesa por una crisis profunda en cuanto a generación de empleos y, por tanto, el número de personas que se autoemplean. También tenemos que considerar que los pocos empleos que se generan son por lo común mal remunerados y que se ha perdido el poder adquisitivo de la clase trabajadora de manera alarmante a raíz del año de 1978, cuando comenzaron las crisis económicas. También debemos considerar que, por tanto, muchísimas familias han tenido que recurrir al comercio en pequeña escala en las redes del Metro. Esto, efectivamente, constituye una falta administrativa, pero es inadmisible que sean tratados como delincuentes. El Estado debe aceptar su corresponsabilidad al ser incapaz de ofertar alternativas de otra naturaleza a las familias que se ven obligadas a subsistir mediante el comercio ambulante. También hay que considerar que se han violentado los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor, generando un caldo de cultivo que puede derivar en enfrentamientos de proporciones peligrosas. En este sexenio, tan sólo en los primeros tres años ha crecido más la tasa de desempleo que en todo el sexenio anterior.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Conforme al Pacto Federal y total respeto de la división de poderes, se exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que gire las instrucciones pertinentes para que las sanciones correspondientes a quienes ejercen el comercio en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sean realizadas con apego a derecho y en estricta vigilancia del respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa para que de inmediato se entable una mesa de negociación y acuerdos con los representantes de las agrupaciones que ejercen el comercio en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, para alcanzar acuerdos mínimos que tiendan a resolver este conflicto latente. Es cuanto. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, relativo al comercio informal y ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En lo que va del sexenio, la situación económica de las familias mexicanas ha venido mermando con el fracaso del sistema económico neoliberal. Ante esa realidad y por la falta de empleos remunerados y la pérdida de los mismos, miles de personas se han visto en la necesidad de sumarse a las filas del comercio informal para poder de alguna manera subsistir y subsanar las necesidades primordiales de sus familias.

Tal es el caso de una comerciante en el Metro, doña Refugio, quien fue jubilada por accidente y actualmente tiene 58 años de edad, la cual no conseguido trabajo desde hace varios años y actualmente compra dulces de producción mexicana para venderlos en los vagones del Metro y así poder llevar algunos pesos extra a su casa. Pero en días pasados, con la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, fue detenida y retirada de una estación del Metro. Lo grave resultó que en su detención hubo abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza, y vejación de sus derechos humanos y constitucionales. Ese trato impera con la policía que labora en el Metro. Cabe destacar que ella no vende piratería, ni productos ilegales: vende productos nacionales.

Si bien es cierto que la ley prohíbe el ambulantaje en el Metro, la misma no permite la violación de los derechos humanos y constitucionales. El objetivo de la ley es prevenir y castigar los delitos, pero no puede haber una homologación entre asaltantes y vendedores, no debe haber una criminalización de la pobreza en nuestro país.

Por lo anterior consideramos los siguientes argumentos:

1. Que en la actualidad, nuestro país atraviesa por una crisis profunda en cuanto a generación de empleos, aumentando día con día el número de personas desempleadas y subempleadas, así como el número de personas que se autoemplean en el marco de la economía informal.

2. Que los pocos empleos que se generan en nuestra sociedad son por lo común pésimamente remunerados, y que se ha venido perdiendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora de manera alarmante a partir de 1978.

3. Que en estas circunstancias, muchísimas familias han tenido que recurrir al comercio en pequeña escala (entre otros lugares, en las redes del Metro) para poder generar un ingreso digno para que sus familias puedan subsistir.

4. Que si bien dicha acción corresponde a una falta administrativa, es inadmisible que pueda ser tratada como un delito y perseguida en la forma en que actualmente se realiza, ya que el Estado debe aceptar su corresponsabilidad al ser incapaz de ofertar alternativas de otra naturaleza a las familias que así se ven obligadas a subsistir.

5. Que en el marco de la agudización de la persecución de quienes ejercen el comercio en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, se han violentado los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor, generando un caldo de cultivo que en cualquier momento puede derivar en enfrentamientos de proporciones peligrosas.

Punto de Acuerdo

Primero. Conforme al Pacto Federal y total respeto de la división de poderes, se exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que gire las instrucciones pertinentes para que las sanciones correspondientes a quienes ejercen el comercio en el STC Metro sean realizadas con apego a derecho y en estricta vigilancia del respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor.

Segundo. Se exhorte al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa para que de inmediato se entable una mesa de negociación y acuerdos con los representantes de las agrupaciones que ejercen el comercio en el SCT, Metro, a razón de que se puedan lograr algunos acuerdos mínimos que tiendan a resolver y, en su caso, regularizar este conflicto latente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.--- Diputados: Emiliano Ramos Hernández (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Eliana García Laguna, Alfonso Ramírez Cuéllar.» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Tiene la palabra la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para vigilar que no se utilicen los programas sociales a cargo del Gobierno Federal en beneficio de algún partido político en el próximo proceso electoral, del 12 de marzo, en el estado de México. No se encuentra; se reserva su lectura. El diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos ha pedido que se retire la proposición con punto de acuerdo que había presentado del orden del día. Ruego a la Secretaría que dé lectura a la solicitud de licencia del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, con la que nos acaba de dar cuenta en este momento.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

El suscrito, diputado federal por el 7° distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en el municipio de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, anteponiendo un respetuoso saludo, por este conducto me permito presentar a su elevada consideración solicitud de licencia al citado cargo, por tiempo indefinido y a partir del primer minuto del día miércoles 22 de febrero del año en curso.

La referida solicitud es para estar en posibilidad de atender asuntos relacionados con mis derechos políticos, que se encuentran amparados por la Constitución Mexicana y que se relacionan con aspiraciones personales y sociales, además de no afectar las tareas legislativas que el pueblo de Tonalá me confirió.

Por lo anterior, mucho agradeceré la atención que le otorgue a la presente y se proceda conforme lo establece el marco legal y reglamentario aplicable.

Atentamente.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2006.--- Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Sergio Armando Chávez Dávalos para separase de sus funciones como diputado federal, electo en el VII distrito del estado de Jalisco, a partir del día 22 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados; comuníquese.

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SECRETARIAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto con Estados Unidos de América y la economía nacional.El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al conflicto con Estados Unidos de América y la economía nacional.

El suscrito, diputado federal en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde el inicio de la presente administración, pero especialmente en el último año, muchos y muy graves han sido los problemas que aquejan la relación de México con nuestro vecino y principal socio comercial, Estados Unidos.

En cascada, se han sucedió una serie de debates, críticas y acusaciones, en la que debiera ser para nuestro país, por razones estratégicas, la relación más cuidada y mejor llevada del mundo.

Un distanciamiento evidente y un deterioro progresivo de los canales de comunicación, han puesto de relieve la incapacidad de nuestra Política Exterior, para construir una relación respetuosa y ordenada y con el gobierno de la nación más poderosa de la Tierra.

Lamentablemente, los tropiezos y desatinos de la diplomacia mexicana se han ido trasminando hacia otras áreas de la actividad pública, y amenazan con poner en riesgo la imagen de México en el mundo de los negocios, el turismo y la economía en general.

Los constantes llamados de diversas autoridades estadounidenses sobre la problemática que se vive en la frontera, donde el narcotráfico y la inseguridad son problemas comunes, y el clima nacional de inseguridad desalientan las inversiones.

Frente a esos llamados y a las diversas intentonas por dirigir desde el exterior la política interior de México, diversos actores políticos y sociales, hemos reclamado con energía el respeto a la soberanía nacional.

Con todo, quienes tienen en sus manos los instrumentos y las riendas del Gobierno Federal, sólo han lanzado, entre la estridencia y la tibieza, algunos pronunciamientos que terminan por no decir nada.

Pero más allá de los desplantes nacionalistas de algunos secretarios de Estado, desde el Ejecutivo federal no se ha querido o no se ha podido mandar señales claras al Gobierno de Estados Unidos de que en México estamos ocupados en solucionar nuestros problemas.

La geografía, la historia y la economía, nos obligan a llevarnos bien con Estados Unidos, a defender nuestros intereses con inteligencia, a buscar mecanismos de protección para los connacionales, que cada año envían 16 mil millones de dólares en remesas, pero sobre todo a saber negociar los temas de nuestra agenda.

Es en la economía donde estamos resintiendo ya los efectos de una política exterior sin objetivos, metas, ni rumbo. Un desplante diplomático nos alejó del Mercosur y otro más podría costarnos un acuerdo comercial de largo plazo con Bolivia para obtención de gas a bajo costo.

No se trata aquí de decidir si somos del norte o del sur, que si México debe estar en la órbita latinoamericana o norteamericana. Se trata de encontrar las fórmulas que nos permitan, como nación, tomar decisiones estratégicas para el futuro de México.

La geopolítica mundial es más, mucho más compleja que las viejas batallas de la guerra fría. Entender la globalización significa saber que necesitamos estar bien con todos los países con los que comerciamos, con los que intercambiamos tecnología y a los que vemos como prospectos para invertir o para recibir de ellos inversión.

Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita la comparecencia, ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía para conocer los impactos que está teniendo en nuestro país el prolongado conflicto con Estados Unidos y de los instrumentos que se están empleando para minimizar sus efectos.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de febrero de 2006.--- Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica).»

Es cuanto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía.

Tiene la palabra el diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al ataque a pescadores de marinos en el municipio de Progreso, Yucatán. ¿No está? Muy bien. En consecuencia, ruego a la Secretaría que dé cuenta con los asuntos en cartera o, en su caso, con el orden del día para la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

23 de febrero de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Dictámenes a discusión

Seis dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

Y los demás asuntos con que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Es cuanto, diputado Presidente.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior; ábrase el sistema electrónico por seis minutos para recabar la asistencia. (...)

De viva voz:

La diputada Guadalupe Mendívil Morales: Presente.

La diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado: Presente.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Gracias. Diputado Presidente, se encuentran presentes 375 diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 23 de febrero, a las 10:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 00 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 57 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 346 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 395 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 375 diputados.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.

Diputados que solicitan licencia: 5.

Diputados suplentes que se incorporan: 2.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 7.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 10.

Punto de acuerdo, aprobado: 1.

Oradores en tribuna: 33 PRI-8, PAN-11, PRD-11, PT-1, Conv-2.

Se recibió:

1 comunicación del diputado José Antonio Cabello Gil, con la que solicita sean retiradas las proposiciones con puntos de acuerdo por las que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que se instaure el 14 de agosto como el Día del Cine Mexicano, presentadas el 8 de diciembre de 2005 y el 14 de febrero del presente año;

1 comunicación del Congreso del estado de Tlaxcala;

2 invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonias cívicas conmemorativas;

3 comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

4 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que propone cambios en la integración del Comité de Comunicación Social y de las Comisiones de Pesca; Ciencia y Tecnología; Transportes; Desarrollo Social; Participación Ciudadana; Juventud y Deporte;

3 oficios del Gobierno del Distrito Federal, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Michoa-cán para solicitar a la Cámara de Diputados, dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 32, pasando la actual a ser X, y el 38 Quáter a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite comunicación del Congreso del estado de Coahuila;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el diverso de la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y Raymundo Salazar Mendoza puedan prestar servicios en las embajadas de Italia y de la República de Paraguay en México, respectivamente;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a seis ciudadanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa de la República Francesa, respectivamente;

1 minuta proyecto de ley, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional;

1 iniciativa del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia;

6 iniciativas del PRI;

5 iniciativas del PAN;

2 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alegre Bojórquez, Ricardo (PAN) Código de Comercio: 71

Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD). Estado de Coahuila: 132

Ávila Nevárez, Pedro (PRI). Ley Federal de Radio y Televisión: 106

Ávila Nevárez, Pedro (PRI). Lydia Cacho Ribeiro: 42

Boltvinik Kalinka, Julio (PRD). Reglamento de la Ley General de Desa-rrollo Social: 48

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN). Ley del Ejercicio Profesional: 108

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN). Ley General de Educación: 81

Díaz González, Felipe de Jesús (PAN). Lydia Cacho Ribeiro: 41 desde curul

Eppen Canales, Blanca (PAN). Estado de Coahuila: 133

Flores Mejía, Rogelio Alejandro (PAN). Lydia Cacho Ribeiro: 40, 42

Flores Rico, Carlos (PRI). Lydia Cacho Ribeiro: 41

Flores Rico, Carlos (PRI). Reglamento de la Ley General de Desa-rrollo Social: 49

García Cuevas, Fernando Alberto (PRI). Letras de Oro: 119

Gómez Álvarez, Pablo (PRD). Lydia Cacho Ribeiro: 39

González Garza, José Julio (PAN). Ley del Impuesto sobre la Renta: 125

González Schmal, Jesús Porfirio (Conv). Estado de Coahuila: 133

González Schmal, Jesús Porfirio (Conv). Lydia Cacho Ribeiro: 39

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI). Lydia Cacho Ribeiro: 43 desde curul

Herrera Solís, Belizario Iram (PRI). Mosca del Mediterráneo: 163

Landero Gutiérrez, José Francisco Javier (PAN). Ley para la Coordinación de la Educación Superior: 93

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI). Estado de Coahuila: 134

Moreno Morán, Alfonso (PAN). Tarifas eléctricas: 151

Portillo Ayala, Cristina (PRD). Lydia Cacho Ribeiro: 43

Ramos Hernández, Emiliano Vladimir (PRD). Artículo 75 constitucional: 98

Ramos Hernández, Emiliano Vladimir (PRD). Sistema de Transporte Colectivo, Metro: 165

Salinas Narváez, Javier (PRD). Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía: 168

Sánchez Pérez, Rocío (PRD). Ley General de las Personas con Discapacidad: 75

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI). Código Fiscal de la Federación: 68

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD). Fideicomiso Pago: 157

Sigala Páez, Pascual (PRD). Programa para el Desarrollo Forestal: 45

Silva Valdés, Carlos Hernán (PRD). Estado de Michoacán: 154

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Programa para el Desarrollo Forestal: 45

Vázquez González, Pedro (PT). Lydia Cacho Ribeiro: 38

Zavala Peniche, María Beatriz (PAN). Reglamento de la Ley General de Desa-rrollo Social: 47, 50 desde curul PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arevalo Gallegos Daniel Raúl Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bejos Nicolás Alfredo Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chávez Montenegro Benito Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel Dávila Salinas Norma Violeta Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez Homero Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Hernández Bustamante Benjamín Fernando Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Rayón Oscar Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez Hernández Aldo Mauricio Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Mazari Espín Rosalina Mendivil Morales Guadalupe Meza Cabrera Fidel René Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Murat Hinojosa Alejandro Ismael Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Guardado Norma Patricia Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Ruíz Cerón Gonzalo Ruíz Vega Ofelia Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sandoval Figueroa Jorge Leonel Silva Santos Erick Agustín Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vega Carlos Bernardo Vega Rayet Juan Manuel Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 154 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 22 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 34 Total diputados: 213 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castillo Reyes María Eugenia Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Marín Ciro García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Becerril Luz María Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Alejo Ana Luz Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Saldaña Hernández Margarita Sánchez De La Peña Rodrigo Sánchez Hernández Víctor Manuel Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 119 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 9 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 17 Total diputados: 147 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Álvarez Pérez Marcos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Boltvinik Kalinka Julio Cabrera Padilla José Luis Candelas Salinas Rafael Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Flores Mendoza Rafael García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Solís Iván Gómez Álvarez Pablo González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Guillén Zárate Edith Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Meza Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Montiel Fuentes Gelacio Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández Daniel Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Hernández Emiliano Vladimir Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Silva Valdés Carlos Hernán Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Asistencias: 57 Asistencias por cédula: 4 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 25 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Arias Staines María de la Luz Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro González Roldán Luis Antonio Legorreta Ordorica Jorge Mazoy Kuri José Luis Méndez Salorio Alejandra Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Asistencias: 7 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 4 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 5 Total diputados: 17 PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos Francisco Amadeo Vázquez González Pedro Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS SIN PARTIDO Camarillo Zavala Isidro Clouthier Carrillo Tatiana Reyes Retana Ramos Laura Sagahon Medina Benjamín Total diputados: 5 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguirre Rivero Ángel Heladio Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Bazan Flores Omar Blackaller Ayala Carlos Celaya Luría Lino Córdova Martínez Julio César Dávalos Padilla Juan Manuel Del Valle Reyes Guillermo Fajardo Muñoz María Concepción Figueroa Smutny José Rubén García Ortiz José González Huerta Víctor Ernesto Guerra Castillo Marcela Hernández Bustamante Benjamín Fernando Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Lucero Palma Lorenzo Miguel Martínez De La Cruz Jesús Humberto Murat Hinojosa Alejandro Ismael Nava Díaz Alfonso Juventino Orantes López María Elena Pérez Góngora Juan Carlos Ponce Beltrán Esthela de Jesús Rodríguez Cabrera Oscar Rojas Gutiérrez Francisco José Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Silva Santos Erick Agustín Suárez y Dávila Francisco Villacaña Jiménez José Javier Faltas por grupo: 34 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Barrio Terrazas Francisco Javier Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Garza José Julio Gutiérrez Ríos Edelmira Hernández Martínez Ruth Trinidad López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Martínez Cázares Germán Mendoza Ayala Rubén Molinar Horcasitas Juan Francisco Ortíz Domínguez Maki Esther Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Torres Ramos Lorena Treviño Rodríguez José Luis Valdéz De Anda Francisco Javier Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Faltas por grupo: 17 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Casanova Calam Marbella Cota Cota Josefina de la Peña Gómez Angélica Herrera Ascencio María del Rosario Lagarde y de los Ríos María Marcela Martínez Ramos Jorge Naranjo Y Quintana José Luis Portillo Ayala Cristina Torres Baltazar Edgar Zebadúa González Emilio Faltas por grupo: 10 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Arias Staines María de la Luz Espino Arévalo Fernando Legorreta Ordorica Jorge Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Faltas por grupo: 5