DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputada María Marcela González Salas y Petricioli	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 16 de marzo de 2006	Sesión No. 15

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 262 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 10:10 horas): Por tanto, se a abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 16 de marzo de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los diputados María Cristina Díaz Salazar, Juan Carlos Pérez Góngora, Adrián Villagómez García, Margarita Martínez López, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Omar Ortega Álvarez y Heriberto Enrique Ortega Ramírez.

Protesta de ciudadanos diputados.

De los Congresos de Jalisco y de Michoacán.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 68 aniversario de la expropiación petrolera (1938), tendrá lugar el 18 de marzo, a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del bicentenario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, tendrá lugar el 21 de marzo, a las 8:30 horas, en el hemiciclo erigido en su memoria en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se exhorta a Liconsa para que no compre leche a personas físicas o morales, así como a sus empresas filiales o asociadas que hayan recibido cupones de importación de leche en polvo por parte de la Secretaría de Economía y que exclusivamente compre leche a través de sus centros de acopio o centros de acopio de productores que acrediten ser pequeños productores que no importan leche en polvo. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite Liconsa para determinar con exactitud a quiénes compra leche. (Votación)

Por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de su competencia, revise el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. (Votación)

Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento al acuerdo, suscrito entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se conviene la homologación del salario mínimo burocrático de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano. (Votación)

De la Secretaría de Seguridad Pública

Con el que remite copia del expediente que se integró con la solicitud de donación a la persona moral Centro de Investigación para el Desarrollo, AC. (Turno a Comisión)

Con el que remite copia del expediente que se integró con la solicitud de donación a la persona moral Fundación Tony, AC. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la sesión solemne del Congreso General en conmemoración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García.

Minutas

Con proyecto de declaratoria, que reforma los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 3, 11, 31 y 71, y adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Pronunciamiento de los grupos parlamentarios con motivo del IV Foro Mundial del Agua

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos.

De las Comisiones Unidas de Energía, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Raúl Ibarra Vanoye y Edmundo Castañeda Hernández para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas; y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marina Stavenhagen Vargas y Miguel Stuart Escobedo y Fulda para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respectivamente.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a realizar las acciones necesarias a efecto de atender el conflicto de tierras que enfrenta la comunidad indígena Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, atienda y resuelva el asunto relativo a la problemática en el poblado Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del Servicio Postal Mexicano, se emita una estampilla conmemorativa del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para institucionalizar el Parlamento de Mujeres, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Amín González Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7, 25 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Irene Herminia Blanco Becerra y Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Sánchez de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, a cargo del diputado José Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, instrumente programas de educación en higiene bucal en las escuelas con nivel de enseñanza de primaria y secundaria y agregar en la lista oficial de útiles escolares un cepillo, una pasta dental e hilo dental, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, realice los estudios necesarios, a fin de decretar a la Sierra de San Luis Janos, Chihuahua, como área natural protegida, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos del Sureste Mexicano, a fin de que se lleve a cabo una revisión del proceso de reconstrucción de zonas afectadas por el huracán Stan, a cargo de la diputada Patricia Durán Reveles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Turismo y al Director del Consejo de Promoción Turística de México, aclaren la información respecto del gasto programado y ejercido por este Consejo en el 2005, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya al Secretario de la Función Pública, para que investigue los excesos en el desempeño de las funciones en que ha incurrido el Director General de Servicios y Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en torno a la venta de la cartera vencida de los ex trabajadores de Financiera Nacional Azucarera, SNC, y Banrural, SNC, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, estado de México, fortalezca los apoyos a Pyme y emprendedores naucalpenses, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto de la situación de los ciudadanos mexicanos que se enlistan en el ejército de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Grupo de Trabajo que da seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de esta soberanía, dé seguimiento al estudio y defensa en el caso de la editorial Plaza y Valdés, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone la creación del Centro de Estudios de la Función Pública, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Municipio de Tecámac, verifiquen el cumplimiento de la Norma Oficial NOM-083-SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario Waste Co. México, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Consejo General del IFE, informe a esta Soberanía las acciones emprendidas por este Instituto en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y legales, en relación con la intromisión de extranjeros en asuntos políticos, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la STPS, regule la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en las gasolineras del país, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, entregue a las entidades federativas los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 2005 que no han sido ejercidos, destinados a infraestructura, construcción y modernización de carreteras, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, audite los recursos federales correspondientes a los fondos del Ramo 33, ejercidos en diversos municipios del estado de Guerrero, en los ejercicios 2004 y 2005, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades con el objeto de que los trabajadores de la Empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, reciban el pago que les adeuda la empresa Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto, y que esta Soberanía cree una Comisión Especial que se encargue de coadyuvar junto con las autoridades gubernamentales, la investigación respectiva, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, no autoricen la bursatilización del 85% de la participación accionaría del Gobierno Federal pretendida por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, instaure el día 20 de enero como el día nacional del Municipio Libre, a cargo del diputado Jorge Romero Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobernadores de los estados, abstenerse en participar activamente en las campañas de los candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reinstalen en sus cargos a los profesores Tonatihu Herrera Gutiérrez, Tania Meza y Pablo Vargas, así como respetar cabalmente sus derechos humanos y constitucionales, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Comunicaciones de esta Soberanía, constituya una subcomisión tendiente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las diferentes empresas de televisión por cable, usuarias de su señal, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CNDH, efectué visitas a los diversos centros de readaptación y penitenciarías del país, a fin de detectar la existencia de actos que vulneren las garantías individuales de las reclusas, a cargo de la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, implementen programas específicos para atender los problemas relativos a la pobreza urbana, a cargo de la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, investigue los recursos federales que se están enviando al estado de Puebla, y que la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía forme una Comisión Especial que dé seguimiento a estos recursos durante el periodo electoral en curso, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT, al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SA de CV, informen a la Comisión de Comunicaciones de esta Soberanía de la suspensión fortuita del Servicio de radares en las terminales aéreas y de las medidas que tomaran para evitar dichas irregularidades, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal información relativa a las auditorias practicadas al Fonden, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, investiguen las posibles anomalías en que se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores de la Empresa Industrial Minera Mexicana, Compañía del Grupo México, a cargo del diputado Edmundo Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, atiendan la problemática derivada de la posible existencia de prácticas monopólicas en la comercialización de Gas LP, en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF, realice las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en la campaña de promoción del Partido de la Revolución Democrática, en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, respete la autonomía del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, conformen un grupo de especialistas en salud mental para la atención psicológica de los familiares de las victimas del siniestro ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a las dependencias correspondientes, lleven a cabo las acciones que contempla la ley en contra de quienes apliquen en territorio mexicano la ley estadounidense Helms-Burton, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión revisora que tenga por objeto conocer el destino que se le dio al fideicomiso creado en 1988, a favor de los trabajadores de las Empresas Mexicana de Cobre, Mexicana de Ácido Sulfúrico, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, cumpla con el acuerdo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que ordena declarar improcedente la cancelación del registro sindical a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Técnica del estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente Municipal de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, informe sobre la obra que se pretende realizar en el fraccionamiento Francisco I. Madero, relativa a la regeneración del cause del arroyo el Saucito, a cargo del diputado Raúl Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, a través de la Sedesol, vigile el cumplimiento de la normatividad por parte de las constructoras en la producción de la vivienda de interés social, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a los Congresos de los Estados, alerten a la ciudadanía por medio de spots de televisión y otros medios, de los fraudes realizados por vía telefónica, a cargo del diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, y a la SHCP, ejerzan con transparencia los recursos destinados a través del Programa Especial Concurrente en Materia de Conservación de Suelos y Agua al Suelo de Conservación del Distrito Federal, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla, reduzca el costo del emplacamiento vehicular, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, realice una auditoria a la Secretaría de Economía en relación con su actuación en la importación de leche en polvo, leche fluida y piernas de cerdo, sobre el desechamiento del dictamen de dumping a favor de los porcicultores mexicanos favoreciendo a los productores norteamericanos, asimismo la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue a los funcionarios involucrados, suscrita por los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, Reynaldo Valdez Manzo y Gonzalo Alemán Migliolo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, investigue las presuntas irregularidades presentadas en el Programa Emprendedores con Discapacidad conocido como Ecodis, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, autorice o en su caso libere las reservas que por participación de utilidades les corresponden a los trabajadores de la empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV, Ingenio San Cristóbal, del ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial para vigilar que no se utilicen los programas sociales a cargo del gobierno federal, en beneficio de algún partido político en el próximo proceso electoral del 12 de marzo en el Estado de México, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la ASF, audite los recursos del programa denominado Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo de la Sagarpa, ejercidos en el año 2005 y lo que va de éste, específicamente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y de la Segob, adopte medidas y programas para prestar auxilio y apoyo económico a los municipios de la zona serrana del estado de Chihuahua, para afrontar la prolongada sequía y el riesgo inminente de incendios forestales en el área, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y de la Dirección General de Aduanas, informen a las Comisiones: de Agricultura y Ganadería y a la especial de Ganadería de esta Soberanía, sobre las importaciones de leche en polvo, suscrita por los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, José María de la Vega Lárraga, Ramón González González, Reynaldo Valdez Manzo y Gonzalo Alemán Migliolo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, no efectué el cambio de sede anunciado del Hospital Psiquiátrico Infantil, hasta que no se informe a esta Soberanía los detalles del proyecto, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, decrete como área natural protegida el lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que a través de la Dirección General de Aduanas, lleve a cabo las medidas necesarias para aplicar la reforma hecha a la Ley Aduanera, referente a los vehículos que hayan tramitado su permiso de internación temporal antes de enero de 2006, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la SEP, analicen la incorporación del certificado de buena conducta como un elemento de corresponsabilidad de los beneficiarios del programa Oportunidades, a cargo de la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se resuelva la inconsistencia entre la Ley de Ingresos de la Federación y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, en materia de montos para proyectos de inversión financiada, contratados por la CFE, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Santa María Huatulco y estatales de Oaxaca, así como a las autoridades federales, para que otorguen los servicios urbanos indispensables a los habitantes del poblado de la Bahía de San Agustín en Huatulco, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a las Secretarías correspondientes para que envíen un informe detallado de los argumentos que empleó México en el proceso legal ante el órgano de apelación de la OMC, relativo a los edulcorantes y denominado ``México-medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas'', a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE, a la Segob, a la SRE y a la PGR, investiguen la injerencia del gobierno de Venezuela a favor de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, a cargo del diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación a las elecciones federales de 2006 en el Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la STPS, intervengan ante el director del Sepomex, a efecto de que sean reinstalados los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín y José Zubiri Ríos y otros, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa y demás dependencias competentes, investiguen el ingreso de las variedades de semilla contaminada con el hongo Fusarium moniliforme en diversos municipios del estado de Michoacán, a cargo del diputado Enrique Torres Cuadros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la Secretaría de la Función Pública, evalúen el trabajo de Senasica en su responsabilidad de verificar e inspeccionar los productos y subproductos de origen animal que se importan a México, suscrita por los diputados Reynaldo Valdés Manzo, José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga y Gonzalo Alemán Migliolo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, intervenga y solicite una antena de recepción de telefonía celular para el municipio de Parácuaro, Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de la Unión, manifieste al Senado de Estados Unidos de América, su más enérgico rechazo a la iniciativa H4437, por su contenido xenófobo, racista y antiinmigrante, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía celebra y reconoce la transparencia y apego a la legalidad del reciente proceso electoral en la República de Costa Rica, y exhorta al Ejecutivo federal extienda una invitación al Presidente electo de ese país, para que realice una visita de Estado a México, suscrita por los diputados Adriana González Carrillo, Homero Díaz Rodríguez y Reynaldo Francisco Valdés Manzo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que esta Soberanía solicite al Encuentro Mundial de Legisladores, paralelo al IV Foro Mundial del Agua, que incluya en su pronunciamiento o declaratoria oficial, un exhorto para que se respete el Derecho Internacional y el Derecho Humano de acceso al agua, y el manejo de las cuencas transfronterizas, a cargo del diputado Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, deje sin efectos el convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, investigue los procedimientos de comercialización del Fideicomiso Comercializador, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, respete el Tratado de Aguas del 3 de febrero de 1944 y el Acta 242, firmados por ese país y México, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, así como al titular de la PGJEM, urjan las investigaciones correspondientes y finquen responsabilidades penales a que haya lugar, respecto de los presuntos hechos delictivos ocurridos en el Aeropuerto de Atizapán de Zaragoza, estado de México, que se han presentado en fechas recientes, a cargo del diputado Rodrigo Sánchez de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, intervenga ante el IMSS y por conducto de su Consejo Técnico, autorice, por única vez, a los asegurados adultos mayores a pagar directamente ante este Instituto el tiempo de cotización necesario para acceder a una pensión, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Profeco solicite al Gobierno Federal suspenda toda publicidad que tenga la frase ``Si seguimos por este camino, México será mejor que ayer'' por ser una afirmación engañosa, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión).»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes catorce de marzo de dos mil seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con siete minutos del martes catorce de marzo de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicaciones de los diputados:

Gonzalo Ruiz Cerón, Paulo José Luis Tapia Palacios, Alfonso Rodríguez Ochoa, y José Guzmán Santos, con las que solicitan licencia para separarse de sus cargos como diputados electos en los distritos: undécimo y tercero del estado de Oaxaca, undécimo del estado de Nuevo León, y séptimo del estado de Oaxaca, respectivamente. En cada caso en votación económica se aprueban los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia y se llama al suplente.

Felipe Medina Santos y Juan Carlos Núñez Armas, con las que informan que se reincorporan a sus labores legislativas. De enterado.

Gustavo Moreno Ramos y José Guillermo Aréchiga Santamaría, con las que informan su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. De enterado, comuníquese.

Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua con acuerdo por el que solicita a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictaminen iniciativa que reforma los artículos veinticuatro, ciento diecinueve y ciento veinte de la Ley de Aguas Nacionales, sobre los títulos de concesión vencidos. Se remite a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que propone cambios en la integración de las mesas directivas de las Comisiones de Energía y de Economía. Son aprobadas en sendas votaciones económicas.

Cinco comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que propone cambios en la integración de las Comisiones de la Función Pública; Salud; Ciencia y Tecnología; Desarrollo Metropolitano; y de Energía. De enterado.

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes acuerdos:

Por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a auditar mediante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental; asimismo, se solicita a la Procuraduría General de la República que inicie una investigación a dicha dirección para deslindar responsabilidades en el otorgamiento de autorizaciones de impacto ambiental y, en su caso, finque responsabilidades. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Relativo a la Presidencia del Comité de Información, Gestoría y Quejas. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que propone cambios en la integración de la Comisión de Economía y del Grupo de Trabajo del Capítulo Mexicano de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción. De enterado.

Oficios del Congreso del estado de Nuevo León, con los que remite iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma el artículo doscientos quince del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Que reforma el artículo trescientos sesenta y uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Oficios con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados o por la Comisión Permanente, enviados por:

Uno, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Remítase a la Comisión correspondiente para su conocimiento.

Dos, del Gobierno del Distrito Federal. Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.

Dos, del Gobierno del Distrito Federal. Remítanse a las Comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.

Once, de la Secretaría de Gobernación. Remítanse a las Comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.

Oficios de la Cámara de Senadores con los que:

Devuelve la minuta con proyecto de decreto que adiciona un sexto párrafo al artículo treinta y seis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud.

Devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud.

Remite minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo doscientos setenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Pérez Cortés y Ramón Alvarado Jiménez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les otorga el Gobierno de la República Francesa.

Remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Adolfo Domínguez Martínez para que pueda aceptar y usar el Gafete y la Medalla con Listón de la Legión de Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América.

Remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ingeniero Genaro García Luna para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial, con Distintivo Rojo, que le otorga el Gobierno del Reino de España

Se consideran de primera lectura, los dictámenes de las Comisiones de:

Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción octava del artículo segundo y el artículo ciento cuarenta y uno del Código Federal de Procedimientos Penales.

Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento treinta y tres del Código Federal de Procedimientos Penales.

Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código Penal Federal.

Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Raúl Ibarra Vanoye y Edmundo Castañeda Hernández para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas; y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marina Stavenhagen Vargas y Miguel Stuart Escobedo y Fulda para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respectivamente.

A las once horas con cuarenta minutos la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia e informa del registro de trescientos ochenta y siete diputadas y diputados.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley del Seguro Social. Es de segunda lectura. El diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen. Sin discusión la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo seis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos veintisiete votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos constitucional.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha del doce de septiembre, ``conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio en mil ochocientos cuarenta y siete'', al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos treinta y dos votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y cinco Bis uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es de segunda lectura. A discusión en lo particular se concede la palabra al diputado Raúl Rogelio Chavaría Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y propone una modificación al artículo único del proyecto de decreto, que la Asamblea admite en votación económica. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, el cual se aprueba con la modificación admitida, por trescientos treinta y cinco votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo diez de la Ley de Asistencia Social. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y tres votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura a los dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos:

A los ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y Raymundo Salazar Mendoza, para prestar servicios en las embajadas de Italia y de la República del Paraguay en México, respectivamente.

A los ciudadanos Claudio Edmundo Huízar de la Torre, Vidal Elías Gutiérrez, Jaime Virgilio Naualart Sánchez, Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, Naría del Carmen García Platas Barrios y José Luis Gutiérrez Velarde, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa dela República Francesa, respectivamente.

Son aprobados en lo general y en lo particular por trescientos treinta y dos votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

Diez dictámenes con punto de acuerdo:

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, a implementar un programa de supervisión y vigilancia de las artes de pesca y evitar el uso de explosivos y cianuro que dañan el ecosistema en el estado de Guerrero, a fin de garantizar que esta actividad se desarrolle de manera sustentable conforme a derecho y se sancione a los responsables de causar dichos daños.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que evalúe si los beneficios del Programa Oportunidades son compatibles y complementarios con el programa de Abasto Social de Leche, Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para eliminar la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo de las ceremonias civiles matrimoniales.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, se dé a conocer la importancia del movimiento de Valladolid de mil novecientos diez, dentro del marco de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Legislaturas locales a reformar sus Códigos Civiles en materia de tutela y curatela, para posibilitar a las personas morales a ejercer dichos cargos.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y a los Congresos de los estados a implantar las prácticas profesionales como método de titulación en sus sistemas de educación superior.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de Chiapas, de Hidalgo, de Oaxaca y de Tabasco a expedir con la mayor brevedad normas en materia de transparencia y acceso a la información, a fin de asegurar el ejercicio pleno del artículo sexto constitucional.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a realizar trabajos de restauración y mantenimiento de los monumentos dedicados a don Benito Juárez García.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los delitos cometidos contra periodistas, editores y comunicadores.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender el otorgamiento de toda autorización de inicio de operaciones de los permisos otorgados para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional número noventa y siete/dos mil cuatro. Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, realiza comentarios en relación con la Epístola de Melchor Ocampo.

Sin discusión se aprueban en votación económica. Comuníquense.

Siete dictámenes negativos con puntos de acuerdo por los que se desechan las siguientes iniciativas o minutas con proyecto de decreto:

De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, recibida en la sesión del diecinueve de marzo de dos mil dos.

De la Comisión de Seguridad Social, que reforma los artículos treinta y uno y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, recibida en la sesión del veintisiete de noviembre de dos mil tres.

De la Comisión de Gobernación, que reforma y adiciona el artículo catorce de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada en la sesión del tres de noviembre de dos milo cinco.

De la Comisión de Defensa Nacional, que reforma el artículo dieciséis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentada en la sesión del ocho de junio de dos mil cinco. A discusión en lo general se concede la palabra para hablar en contra a los diputados: Iván García Solís y Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba el dictamen, archívese el asunto como asunto totalmente concluido.

De la Comisión de Gobernación, que adiciona diversas disposiciones al artículo cincuenta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada en la sesión del nueve de noviembre de dos mil cuatro.

De la Comisión de Gobernación, que reforma el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada en la sesión del ocho de junio de dos mil cinco.

De la Comisión de Gobernación, que reforma los artículos diecisiete y veinticuatro de la Ley de Seguridad Nacional, presentada en la sesión del cinco de abril de dos mil cinco.

Se aprueban en votación económica. Por lo que se refiere a los dos primeros dictámenes, se devuelven a la Cámara de Senadores y para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos constitucional. Por lo que se refiere a los siguientes dictámenes, excepto el cuarto dictamen que previamente fue aprobado, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Comunicación de la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo, con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado.

El Presidente designa una comisión que introduce y acompaña a rendir su protesta de ley al ciudadano Juan Alejandro Varela Hall, electo como diputado federal suplente en la primera circunscripción plurinominal.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo mil seiscientos sesenta y uno del Código Civil Federal. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Romero Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidencia del diputado Álvaro Elías Loredo

Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y siete Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinte de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Concepción Olivia Castañeda Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos primero, tercero y octavo de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento diez de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos treinta y cinco, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, sesenta y seis y novecientos veinte de la Ley Federal del Trabajo. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y uno, cincuenta y ocho y sesenta y cinco de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento setenta y siete y ciento ochenta y dos-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos sesenta y cinco, ochenta y cuatro y ciento treinta de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Francisco Xavier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintinueve, ochenta y dos, noventa, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cinco, ciento diez y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo once del Código Penal Federal. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y siete Bis cuatro de la Ley General de Salud. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Salud. Desde su curul el diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para el efecto

Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cien y ciento ocho de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que expide el Reglamento de la Cámara de Diputados, para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal. Se turna a la Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta Pública. La Secretaría confirma la existencia de quórum con el registro de trescientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que reforma los artículos doce y quince de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Jesús Porfirio González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, que reforma y adiciona el artículo cuarenta y seis de la Ley de Aeropuertos. Se turna a la Comisión de Transportes.

Fidel René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos mil noventa y dos y mil noventa y tres del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía.

Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y siete de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se establecen los mecanismos para concluir el proceso de desincorporación, mediante disolución y liquidación, de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gustavo Enrique Madero Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma la fracción sexta del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un título, denominado ``De las Precampañas Electorales'', al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Gobernación.

Comunicación del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, con la que solicita licencia para separarse de su cargo como diputado electo en el tercer distrito del estado de Nuevo León. En votación económica se aprueba.

El diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos séptimo, trece Bis y veintisiete de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía.

La Presidenta informa de la recepción de las siguientes solicitudes de excitativa de los diputados:

Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación, para que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, presentada el veinticinco de enero pasado.

Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dictamine minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción décima del artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y reforma la fracción primera del artículo tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, recibida el catorce de abril de dos mil tres.

María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que dictamine iniciativa con proyecto de decreto por la que reforma y adiciona la fracción sexta del artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el quince de marzo de dos mil cinco.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Comisión de Salud, para que dictamine iniciativas de decreto que adicionan los artículos cuatrocientos sesenta y nueve Bis y cuarenta y ocho Bis a la Ley General de Salud, presentadas el primero de junio y el seis de diciembre de dos mil cinco, respectivamente.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión del Distrito Federal, para que dictamine la proposición con punto de acuerdo para que el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, informe del proyecto del Metrobus, presentada el treinta y uno de marzo de dos mil cinco.

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que dictamine minuta proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo cuarto y un segundo párrafo a la fracción vigésima del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida el quince de diciembre de dos mil tres.

Fidel René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que dictamine iniciativa para adicionar al Código Penal Federal, el artículo trescientos nueve en su Capítulo segundo del Título décimo noveno y en el Código Federal de Procedimientos Penales en su Capítulo cuarto, el numeral treinta y cinco a la fracción primera del artículo ciento noventa y cuatro, presentada el diecinueve de abril de dos mil cinco.

Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintidós de noviembre de dos mil cinco.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión del Distrito Federal, para que dictamine la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno del Distrito Federal, a finiquitar el proceso de descentralización de los servicios de salud en la capital de la República, presentada el veintiocho de septiembre de dos mil cuatro.

María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que dictamine iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos cuarenta y cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos veintiuno y veintiocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión del Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que dictamine iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados el nombre del Instituto Politécnico Nacional, presentada el seis de noviembre de dos mil tres.

Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Gobernación, para que dictamine iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, presentada el ocho de enero de dos mil tres.

Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Gobernación, para que dictamine iniciativa que reforma los artículos sesenta y nueve y noventa y seis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el treinta de marzo de dos mil cuatro.

Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Comunicaciones, para que dictamine iniciativa que reforma el artículo sesenta y adiciona una sección primera al artículo sesenta y tres y crea un artículo sesenta y tres Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada el dieciséis de marzo de dos mil cinco.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para que dictaminen iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento veintiséis Bis-E, ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y ocho, ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y ocho y ciento setenta y uno de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el cuatro de octubre de dos mil cinco.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que dictamine iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Aparatado ``B'' del artículo ciento veintitrés constitucional, presentada el treinta de junio de dos mil cuatro.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión del Distrito Federal, para que dictamine la proposición con punto de acuerdo para integrar una Comisión Especial que verifique las condiciones de operación y laborales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada el diecinueve de octubre de dos mil cuatro.

Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Junta de Coordinación Política, para exhortar a la Cámara de senadores a que dictamine la minuta de reformas de la Ley Federal de Sanidad Animal, remitida el veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

El Presidente formula la excitativa que corresponde en cada caso.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos cincuenta y siete diputadas y diputados. El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas con once minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves dieciséis de marzo de dos mil seis a las diez horas.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter el acta a discusión.

La Secretaria diputada María Sara Medina Rocha: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, el acta. Continúe la Secretaría.

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DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva.--- Presente.

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, diputada federal por el estado de Nuevo León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en atención a los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23, fracciones f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia temporal, del día 16 al 22 de marzo del 2006, para atender asuntos de carácter personal.

Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente licencia temporal.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia a la diputada María Cristina Díaz Salazar para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la II circunscripción plurinominal, del 16 al 22 de marzo del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. María Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito diputado federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente le solicito pudiera realizar los trámites correspondientes para que se me otorgue licencia temporal para separarme de mi cargo del 15 al 22 de marzo de 2006.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia al diputado Juan Carlos Pérez Góngora para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el I distrito del estado de Nuevo León, del 15 al 22 de marzo del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. María Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, Adrián Villagómez García, diputado federal por el estado de Nuevo León, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, en atención a los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23 fracciones f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia temporal, del día 16 al 22 de marzo del 2006, para atender asuntos de carácter personal.

Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente licencia temporal.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Adrián Villagómez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia al diputado Adrián Villagómez García para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el IX distrito del estado de Nuevo León, del 16 al 22 de marzo del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Fed. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

La suscrita Margarita Martínez López, diputada federal del 10° Distrito, por el estado de Nuevo León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en atención a los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23, fracciones f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, la presente solicitud de licencia temporal, del día 16 al 22 de marzo del 2006, para atender asuntos de carácter personal.

Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente licencia temporal.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Margarita Martínez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Someta la Secretaría a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia a la diputada Margarita Martínez López para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el X distrito del estado de Nuevo León, del 16 al 22 de marzo de presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás aplicables, el suscrito, diputado Elpidio Concha Arellano, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, me dirijo con todo respeto a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios a efecto de que se me conceda licencia para separarme del cargo constitucional que desempeño, por tiempo indefinido a partir del jueves 16 de marzo del presente mes y año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la honorable Asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a consideración los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el II distrito del estado de Oaxaca, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados; comuníquense. Continúe la Secretaría.

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DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás, el suscrito, diputado Omar Ortega Álvarez, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación a mis actividades a partir del día 15 de marzo.

Sin otro particular de momento, le agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación a mis actividades legislativas a partir del día 16 de marzo de 2006.

Sin otro particular por el momento, le agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2006.--- Dip. Heriberto Enrique Ortega Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Araceli Velázquez Ramírez, Samuel Rosales Olmos, César Augusto Carrasco Gómez y Pedro Gustavo Cabrera Rivero, diputados suplentes electos en el V distrito del estado de Hidalgo, y III, VII y XI distritos del estado de Oaxaca. Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados: César Amín Orantes González, Ofelia Ruiz Vega, Alfredo Bejos Nicolás, Virginia Yleana Baeza Estrella, Ana Luz Juárez Alejo, Enrique Torres Cuadros, Jorge Legorreta Ordorica, Gustavo Zanatta, Benjamín Hernández y Jacobo Sánchez.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pide a la comisión cumplir el encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ciudadanos Araceli Velázquez Ramírez, Samuel Rosales Olmos, César Augusto Carrasco Gómez y Pedro Gustavo Cabrera Rivero, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Araceli Velázquez Ramírez, Samuel Rosales Olmos, César Augusto Carrasco Gómez y Pedro Gustavo Cabrera Rivero: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Bienvenidos. Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

C. Dip. Marcela González Salas, Presidenta de la H. Camara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándoles un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha aprobó el acuerdo legislativo número 1408/06, del que les adjunto copia, en el que se solicita a nombre del pueblo de Jalisco, la industria tequilera, los productores de agave y el consumidor en general, su intervención ante el Ejecutivo Federal, para que reconsidere la autorización que otorga la NOM 006 sobre uso de cabezas no maduras en la fabricación de tequila, así como el excluir de la norma la posibilidad; e inicien la tarea de promover la esencia y calidad de la bebida nacional en los términos expresados en el acuerdo legislativo en comento.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jal., a 3 de marzo 2006.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario general del Congreso del Estado de Jalisco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados integrantes de la LVII Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco.

Los suscritos diputados Benito Manuel Villagómez Rodríguez, Félix Bañuelos Jiménez, Celia Fausto Lizaola, José Ángel González Aldana, Salvador Barajas del Toro, Luis Alejandro Rodríguez, Enrique García Hernández, Julián Orozco González, Felipe Reyes Rivas, Jorge Urdapilleta Núñez y Armando Pérez Oliva integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147, fracción I, 150, fracción I, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hacemos uso de esta tribuna, con el objeto de someter a la elevada consideración de esta soberanía, la formal iniciativa de acuerdo legislativo, que tiene como fin solicitar a la Secretaría de Economía realizar cambios a la NOM-006-SCFI-2005 y solicitar el apoyo del Congreso de la Unión para ello, propuesta que se sustenta bajo los siguientes:

Antecedentes

I. El Tequila es un aguardiente elaborado en México, mediante la destilación del mosto fermentado que se obtiene del corazón del agave azul Tequilana Weber. De todos los mezcales que se producen en nuestro país, sin duda el más famoso es el de la región de Tequila, localizada a unas 15 leguas al noroeste de Guadalajara, Jalisco. La diferencia entre esta bebida y otros mezcales radica en que se fabrica industrialmente, con normas de calidad y tiene una denominación de origen franja central del paisaje jalisciense.

II.- A partir de 1950 se incorporaron mejoras tecnológicas en su producción, este esfuerzo ha colocado al tequila en la boca de muchos consumidores tanto nacionales como extranjeros. Hoy día los campos agaveros, comprenden una gran franja central del paisaje jalisciense. La industria comprende a unas 200 mil personas satisfechas de ofrecer al mundo una bebida cabalmente mexicana.

Desde los tiempos prehispánicos y aún después de la conquista, el agave azul prestaba enormes servicios a los pobladores, ya que distintas partes de esta planta eran aprovechadas para construir techumbres y fabricar agujas, clavos, cuerdas y papel; sus pencas secas se usaban como combustible y de las cenizas se elaboraba jabón o detergente, y su savia se utilizaba para curar heridas. En aquel tiempo, las tribus civilizadas de la región de Chimalhuacan utilizaban el maguey de Tequila para preparar miel o bebida alcohólica. La planta del maguey era aprovechada en su totalidad, ya que de las hojas se extraía una fibra que usaban sus tejidos y del tronco obtenían un alimento azucarado. En realidad el tequila tal como lo conocemos hoy, se debe al proceso de destilación que introdujeron los españoles. Anterior a este proceso, los indios tiquilas fermentaban el mexcalli al macerarlo con agua. Después de días de reposo se convertía en una bebida alcohólica utilizada para sus rituales. 1950 se incorporaron mejoras tecnológicas en su producción, este esfuerzo te mexicana1.

Todo esto en su conjunto han hecho del Tequila la bebida típica de nuestro país y un símbolo de nuestro estado, al mencionar Jalisco en otras entidades de las República, se piensan, entre otras cosas como los charros, en tequila y mariachi.

Las medidas legales, nacionales e internacionales que se han tomado y aplicado para la protección del Tequila, responden precisamente al arraigo cultural que tiene la bebida, a sus características de necesidades específicas para ser creado, como pasa, por ejemplo con el Cognac, en Francia.

Es precisamente el Cognac el producto que sirve de ejemplo para hacer entender la preocupación que motiva la creación de la presente iniciativa. En algún momento de la historia de esta bebida, los productores vieron la necesidad de elevar la calidad, mantener el producto en el nivel más puro posible y otra serie de acciones necesarias para conservar el buen nombre del producto.

En México estamos pasando por un momento donde nuestra bebida nacional ha venido sufriendo una serie de problemas y crisis, primero de escasez de agave y luego de exceso del mismo, donde la industria en algunos casos ha tenido que pasar a manos de extranjeros, y en una época en la que algunas manos se levantan para la modificación de las normas que rigen la calidad y los procesos de producción del mismo.

Las modificaciones de las que se habla en el párrafo anterior contienen lo mismo elementos que son bien vistos por la generalidad de los involucrados en la cadena productiva agave-tequila, y otros que evidentemente no lo están.

III.- Durante la primera semana del mes de marzo de 2006 entrará en pleno vigor la NOM 006 reformada en la cual se encuentran contenidos diversos temas que no son del agrado de un gran número de ciudadanos involucrados en la cadena productiva agave -tequila por distintas razones, que de manera global se pueden resumir en el hecho de que ayudan a la disminuir la pureza y tradición del Tequila, en demérito de su calidad y por lo tanto de su buen nombre internacional. Dentro de estas circunstancias podemos mencionar las siguientes:

a) La ausencia de la expresión de que el tequila debe fabricarse con cabezas maduras, abriendo con esto la posibilidad de usar agave que no ha llegado a su mejor punto.

b) La posibilidad de usar endulcolorantes, saborizantes, colorantes o aromatizantes, mediante la anexión de un párrafo en la definición de tequila.

c) El porcentaje permitido de azúcares distintos a los del agave, que queda establecido en 49% y que ha sido muy discutido.

Respecto del primer punto, la opinión general de los ciudadanos que se han acercado es que el uso de cabezas no maduras no es propicio para la fabricación de Tequila por diversas causas, por un lado, como los son el demérito en la tradición y el cambio en el nivel de los azucares entre otros.

Respecto del segundo punto, se opina que es una forma de reducir la pureza y calidad del Tequila, pues se abre la puerta a utilizar elementos que no son propios de la fermentación y maduración de la mezcla, sino que artificialmente se le ayuda a un líquido a oler y saber a Tequila, lo que de permitirse puede resultar en un paulatino crecimiento de estas acciones, que tomando en cuenta las experiencias en otros tipos de productos, nos puede llevar a crear el equivalente en tequila, al café hecho con sustituto de café, endulzado con sustituto de azúcar y aderezado con sustituto de crema, esto por que sabemos que en México cuando se retiran las restricciones nunca se pueden reestablecer, y permitirle llamarse a un producto como este Tequila se puede convertir en una falacia comercial, lo que no sería justo para el consumidor.

El reclamo en cuanto al uso de estos productos no se restringe a lo anterior, sino al hecho de que la redacción podría estar diseñada de una manera más cerrada, ya que la redacción actual permite una interpretación muy amplia, permitiría lo mismo el complementar el proceso de abocado que crear Tequilas altamente artificiales, así como la existencia de Tequila de sabores, lo cual, rompe con la tradición del Tequila y con el esquema de protección que se le ha estado dando, es cierto que el vodka ha aumentado sus ventas en el mundo con la aparición de sus versiones saborizadas, sin embargo hay que considerar algunos elementos alrededor de esto, como lo es el hecho de que el vodka no es una bebida que cuente con la misma protección que se le ha buscado dar al Tequila2, y por otro lado, sabemos de la existencia de una compañía mexicana que desde hace casi 4 años vende lo que se podría llamar tequila de sabores, pero que para evitar problemas y a sabiendas de que legalmente era imposible llamarles tequila a sus productos, creó un nombre nuevo y lo comercializa especificando que es una base de Tequila a la que se le agregan saborizantes, mas no como Tequila de sabores.

Si se quiere ser ecléctico y buscar un nuevo tipo de mercado con Tequilas saborizados, mientras se conserva la tradición, las costumbres y en su caso el prestigio de nuestra bebida nacional, suponemos que la postura correcta sería que se vendiera como bebida con base de Tequila3, pudiendo exhibir en la botella el tipo de Tequila con el que esta elaborado, sin que se le llame de forma directa Tequila.

Por último cabe señalar que este no es el primer intento de apoyo que se da desde este Congreso al sector de agaveros-tequileros, ya que, además del punto de acuerdo promovido por el Dip. Felix Bañuelos el 14 de septiembre de 2004 buscando proteger la denominación de origen, los diputados José Ángel González Aldana, Enrique García Hernández, Javier Haro Tello y de nuevo el mismo Félix Bañuelos promovieron un punto de acuerdo en el que también se hacen recomendaciones al titular del Ejecutivo local respecto de el tema de los agaveros y la NOM-006-2004 que se aprobó el l° de junio de 2005.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en los preceptos legales arriba mencionados

Primero: Gírese atento oficio a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para solicitarle de manera atenta y formal, tenga a bien reconsiderar las bases establecidas en la NOM 006 a la que aquí se hace referencia respecto de los siguientes temas:a) Madurez:

Se agregue en la definición de tequila la referencia expresa a que este sea hecho solo con cabezas maduras de agave Tequilana Weber Azul, hecho que se omite ya en el texto que entrará en vigor en el mes de marzo.

b) Saborizantes, Edulcolorantes y Aromatizantes:

Se elimine de la NOM la autorización a añadir edulcolorantes, aromatizantes o saborizantes con el objeto de proporcionar o intensificar su color aroma y/o sabor, como a quedado establecido en el segundo párrafo numeral 4.34.

Para efectos de lo anterior, se sugiere la siguiente redacción para el numeral:

``4.34 Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente del material extraído en las instalaciones de la fabrica de un productor autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas maduras de Agave Tequilana Weber, Variedad Azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de otros azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por esta norma y en la inteligencia de que no están permitidas las mezclas en frío. El tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo.''c) De igual forma, se le exhorte a analizar la posibilidad de reducir en corto plazo el porcentaje de azúcares reductores permitidos en la elaboración del Tequila, estudiando la opción de que solo quede permitido un 30%, en pro de las familias que dependen económicamente de la producción y venta de agave, y tomando en cuenta la situación actual de la producción del mismo.

Segundo: Gírese atento oficio al Congreso de la Unión de forma separada a ambas Cámaras para solicitarles a nombre del pueblo de Jalisco, la industria tequilera, los productores de agave y el consumidor en general, su intervención ante el Ejecutivo Federal para que reconsidere la autorización que otorga la NOM 006 sobre el uso de cabezas no maduras en la fabricación de tequila, así como el excluir de la norma la posibilidad; e inicien la tarea de promover la esencia y calidad de la bebida nacional en los términos expresados en este acuerdo.

Notas:

1 Artes de México, ``El tequila, arte tradicional de México'': núm. 27, México, 1994.

2 Actualmente se pueden encontrar en Veracruz fabricantes de vodka, así como en Rusia y en Finlandia. 110 presenta una denominación de origen ni otros sistemas de protección, no se ha buscado cuidar el producto y su relación con un territorio y en algunos casos ni siquiera con una tradición, mientras al tequila se ha buscado protegerlo respecto del origen, la tradición, los procesos y otras factores.

3 A similitud de lo que ocurre con las bebidas que circulan en el mercado nacional basadas en una mezcla de tequila con algún tipo de refresco.

Atentamente.

Guadalajara, Jal., a 2 de marzo de 2006.--- Salón de Sesiones del Congreso del Estado.--- Diputados: Benito Manuel Villagómez Rodríguez, Félix Bañuelos Jiménez, Celia Fausto Lizaola, José Ángel González Aldana, Salvador Barajas del Toro, Enrique García Hernández, Luis Alejandro Rodríguez, Julián Orozco González, Armando Pérez Oliva, Felipe Reyes Rivas, Jorge Urdapilleta Núñez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

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ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

C. Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, y atendiendo al artículo tercero del mismo, se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, que la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó el siguiente acuerdo:

``Primero.- Se exhorta al Gobierno Federal, para que por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y demás dependencias competentes, realicen las investigaciones pertinentes en torno al ingreso de las variedades de semilla contaminada con fusarium moniliforme a nuestro país, e imponga las sanciones que correspondan a los funcionarios que resulten responsables y a la empresa comercializadora Pioneer; asimismo para que determine el grado de contaminación de las tierras que fueron objeto del cultivo con semilla contaminada a fin de evitar futuras pérdidas.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno Federal y estatal a fin de que se ejerciten las acciones penales y/o civiles que correspondan en contra de la empresa comercializadora de semillas y se implementen medidas como el cierre de los centros de comercialización y/o embargo, hasta que la empresa asuma su responsabilidad e indemnice a los productores afectados.

Tercero.- Se exhorta al Congreso de la Unión, Congresos locales, ayuntamientos y al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a difundir la problemática que ocasionó a los campesinos de la región del Bajío con la siembra de semilla contaminada con el hongo fusarium moniliforme a fin de tomar las precauciones necesarias en otras regiones del país y evitar pérdidas futuras y la contaminación de suelos.

Cuarto.- Se exhorta a los Gobiernos Federal y estatal, a crear un esquema de apoyo con créditos preferenciales a través de la banca de desarrollo como la Financiera Rural, FOMICH o a través de los programas de Sedagro, fungiendo como aval el Gobierno del estado, para los campesinos afectados en virtud de que la mayoría de ellos han caído en cartera vencida e incumplimiento en sus contratos con las empresas comercializadoras que habían convenido la compra de la cosecha esperada.''

Reiteramos a usted la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2006.--- Dip. Jorge Adolfo Reza Maqueo (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Cano Ochoa (rúbrica), primer Secretario; Dip. Minerva Bautista Gómez (rúbrica), segunda Secretaria; Dip. José Miguel Cázares Higuera (rúbrica), tercer Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 68 aniversario de la Expropiación Petrolera (1938), el próximo sábado 18 de marzo a las 8:00 horas, en el Patio Poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, en la delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angelina Barona del Valle, directora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Pablo Pavón Vinales, Jorge Triana Tena y Rosa María Avilés Nájera. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, el próximo martes 21 de marzo a las 8:30 horas, en el Hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angelina Barona del Valle, directora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Lilia Isabel Aragón del Rivero, Jorge Triana Tena y Emilio Serrano Jiménez. Continúe la Secretaría.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, en alcance al oficio número JCP/AMF/1499/130306 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Jesús Morales Flores, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Gaspar Ávila Rodríguez cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que el diputado Salvador Vega Casillas se incorpore como secretario en la Comisión de la Función Pública.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2006.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba:

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), y 44, punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios, solicitados por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado Salvador Vega Casillas salga de la Comisión de Marina.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 febrero de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado. Continúe la Secretaria.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría instruir el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Señor Presidente, se informa a usted que hay un registro de 330 diputados y diputadas.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señora secretaria. Continúe con los asuntos listados en cartera.

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IMPORTACION DE LECHE EN POLVO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a Liconsa a no comprar leche a personas físicas o morales, así como a sus empresas filiales o asociadas que hayan recibido cupones de importación de leche en polvo por parte de la Secretaría de Economía, y exclusivamente comprar leche a través de sus centros de acopio o centros de acopio de productores que acrediten ser pequeños productores que no importan leche en polvo; asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite Liconsa para determinar con exactitud a quiénes compra leche

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, que suscriben los diputados Ramón González González, José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, José María de la Vega Lárraga, Reynaldo Valdés Manzo y Gonzalo Alemán Migliolo, integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se exhorta a Liconsa para que no compre leche a personas físicas o morales, así como a sus empresas filiales o asociadas, a las que se les hayan otorgado cupones de importación de leche en polvo por parte de la Secretaría de Economía y se establezca que la leche que compre Liconsa sea a través de sus centros de acopio o centros de acopio de productores que acrediten ser pequeños productores que no importan leche en polvo.

Segundo.- Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite a Liconsa para determinar con exactitud a qué empresas y personas les compra leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Hay un orador, es cierto: el diputado Ramón González González, del Partido Acción Nacional, en pro.El diputado Ramón González González: Con su permiso, diputado Presidente. Los diputados representantes del sector ganadero nacional agradecemos a la Junta de Coordinación Política que haya hecho suyo el acuerdo que manifiesta --pues-- la preocupación que tenemos los diputados en relación con el tema de la leche, que ayer fuimos testigos, en los medios de comunicación, de que varios productores de leche de distintas entidades de nuestro país estuvieron aquí, en la capital, regalando y hasta tirando leche porque, desgraciadamente, no ha sido posible colocarla dentro de la industria. Esto nos preocupa de antemano porque, si somos un país deficitario de leche, ¿cómo es posible que la industria no sea capaz de comprar toda la leche que producen nuestros ganaderos?

Los pequeños y los medianos productores nacionales se han visto desplazados por la indiscriminada importación de leche en polvo y de fórmulas lácteas que, por tener precios subsidiados, los han ido desplazando. A los diputados representantes del sector ganadero nacional nos preocupa que cada vez dependamos más de las importaciones, ya que esta despiadada competencia ha generado que muchos productores vendan el ganado. En el afán de apoyar este importante sector, que genera ingreso y trabajo para mucha gente, los diputados pusimos candados a través del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos, estableciendo un subsidio al precio de la leche.

La industria ha importado, en complicidad --de manera especial-- con la Subsecretaría de Economía, miles de toneladas de leche y de fórmulas lácteas, con lo que se deja de comprar leche a productores nacionales; por ello queremos dejar muy en claro que el subsidio está pensado para apoyar a los productores que apuestan por México y que todos los días se entregan trabajando para mantener sus fuentes de ingreso. Agradecemos una vez más a la Junta de Coordinación y, desde luego, el apoyo de todos los diputados para este sector, tan golpeado hoy día. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra don Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional. Y con esta intervención, en términos del 122, se cierra el registro de oradores.El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Muchas gracias, diputado Presidente; compañeros diputados federales... Gracias a la Junta de Coordinación Política por haber retomado y dado importancia a una situación que en este momento, para los productores lecheros nacionales, es preocupante, es necesario. Por eso, el martes pasado estuvimos un grupo de diputados federales del Partido Acción Nacional, del PRD y del PRI a apoyar a nuestros productores lecheros nacionales en un problema en el que comúnmente los ganaderos decimos: ``Es época de vacas flacas'', donde escasea la leche, donde no hay suficiente producción. Y nuestros productores lecheros batallan hoy por hoy para vender 1 millón 500 mil litros semanales de leche 100 por ciento pura, no de fórmulas lácteas, como actualmente la industria, ciertamente importante en esta cadena productiva, como un eslabón, se ha negado a comprar la leche 100 por ciento pura de nuestros productores nacionales. ¿Y por qué se ha negado?

Porque la Secretaría de Economía extralimitó sus facultades en cuanto a autorización de cupos. Así, vimos cómo en diciembre la Secretaría de Economía, después de haber agotado las 120 mil toneladas de leche en polvo que autoriza a los importadores, autorizó cerca de 47 mil toneladas. Llenaron sus inventarios los de la iniciativa privada, trayendo como consecuencia que... la leche en polvo en Estados Unidos es más barata que la leche 100 por ciento pura nacional. No es posible que un cuarto de agua valga más que el esfuerzo de nuestros productores nacionales, al producir leche 100 por ciento pura. No es posible que si se ven beneficiados con los permisos para importar leche en polvo, los excedentes se los estén vendiendo a Liconsa, quitando el beneficio a nuestros productores nacionales. Gracias, compañeros, por su apoyo --los productores ganaderos lecheros se los van a agradecer--, por su atención. Espero que voten a favor unánime de esta proposición de los compañeros diputados de la Comisión Especial de Ganadería.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Gonzalo Alemán Migliolo. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

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FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a revisar, en el ámbito de su competencia, el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que el diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia, revise el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. Particularmente que siga el proceso de remate de bienes muebles e inmuebles, así como la actuación del delegado fiduciario Enrique Rivas Zivy.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. Esta Presidencia saluda a alumnos de la escuela primaria Rey Tizoc, de Xochimilco, invitados por el diputado Francisco Herrera León.El diputado Tomás Cruz Martínez: Gracias, diputado Presidente. La Junta de Coordinación Política hizo suyo un punto de acuerdo que presentamos en relación con la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. Es un tema que ha trascendido a la prensa nacional por el desorden con que en toda la presente administración se han vendido, malbaratado los bienes del país, de manera particular los relacionados con esta empresa, de Ferrocarriles. Más recientemente, escuchamos, leímos con preocupación el remate público que han hecho, como si fueran no solamente fierros viejos sino como si se tratara, en el caso de los bienes inmuebles... el ofrecimiento que se ha hecho a través de la prensa, de la manera más irresponsable, oscura y falta de transparencia, el remate de los bienes de Ferrocarriles.

Enrique Rivas Zivy estuvo hace unos meses en una de las comisiones de este Congreso informando parcialmente de ese remate; dejó todo casi igual. Se comprometió a entregar antes que finalizara el año el inventario de los bienes que entregaría el INEGI y hasta el momento este Congreso no tiene claro cuáles son los inventarios de los bienes, que se están rematando de manera oscura y de manera de falta de procedimiento en cuanto a las reglas que dan el trámite correspondiente de la liquidación.

Por eso planteamos a la Junta de Coordinación Política, al órgano de gobierno de esta Cámara, la urgencia de exhortar a las autoridades correspondientes sobre el remate de los bienes muebles e inmuebles de Ferrocarriles Nacionales, que se ha hecho presuntamente en condiciones francamente faltas de transparencia, lo que hace sospechar que pueden estar colocadas a terceros, a personas interesadas, sin que exista el más mínimo escrúpulo y la más mínima transparencia sobre la venta de estos inmuebles. Eso sí, se ha negado a los trabajadores el cumplimiento de la Ley de Bienes Nacionales, a través de la cual este Congreso también planteó que se donarían a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los espacios donde los trabajadores de Ferrocarriles vivieran.

No se ha hecho, no se ha dado cumplimiento a esto y, sin embargo, ese desacato no ha sido observado por Comunicaciones y Transportes ni por la Secretaría de la Función Pública. Por ello solicitamos a ustedes, compañeros diputados, igual como fue aprobado en el pleno de la Junta de Coordinación, su voto a favor unánime de este planteamiento, de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

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SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir el acuerdo, suscrito entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y esa dependencia, en el que se conviene la homologación del salario mínimo burocrático de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente, que el diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento al acuerdo, suscrito entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se conviene la homologación del salario mínimo burocrático de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Cruz Martínez, hasta por tres minutos, en pro.El diputado Tomás Cruz Martínez: Muchas gracias, diputado Presidente. Nuevamente, este Congreso, esta Cámara de Diputados plantea un tema que tiene un rezago de esta administración pública, de la Administración Pública Federal actual, que es el tema de la homologación de los trabajadores del Servicio Postal, de los carteros, que no obstante haber firmado hace casi tres años un acuerdo entre la representación sindical de los trabajadores del Estado y la Secretaría de Hacienda para que los trabajadores del Servicio Postal tengan un salario, el salario mínimo burocrático, no obstante ello, la Secretaría de Hacienda, a pesar de que cuenta con los recursos necesarios, sencillamente se ha negado a dar cumplimiento, el secretario de Hacienda, al acuerdo que él mismo firmó, que él mismo se comprometió con los trabajadores del Servicio Postal.

Quisiera aquí hacer un paréntesis ante este Pleno, ante esta representación popular para señalar que, de acuerdo con varios organismos internacionales de correos, los trabajadores del Servicio Postal, nuestros carteros mexicanos, son los más eficientes del mundo; es decir, los carteros mexicanos entregan el mayor número de piezas por trabajador del planeta. No es un dato que aporte solamente el Servicio Postal Mexicano; es un dato que aportan los organismos internacionales. No obstante que traen bicicletas, ponchadas muchas de ellas, motocicletas viejas, o que andan a pie, sin seguridad suficiente para recorrer varios caminos inseguros, a nuestros carteros reiteradamente se ha negado el derecho a ser homologados, a que al menos se les pague el mínimo que ganan los trabajadores del Estado mexicano.

Por eso es de celebrarse este acuerdo unánime de la Junta de Coordinación Política. Seguramente, después de haber escuchado estos argumentos, por unanimidad será aceptado este exhorto al secretario de Hacienda para que honre no solamente su palabra, sino que honre la representación institucional que tiene como Gobierno de la República con este grupo de trabajadores, a los cuales reiteradamente, desde el año 2003, les ha negado la recuperación del salario mínimo burocrático al que tienen derecho y el cual ya fue suscrito desde hace varios años con el secretario de Hacienda. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba... Permítame un segundo, ¿con qué objeto, don Pedro? ¿Desea usted hacer uso de la palabra, en qué sentido?El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Dar mi punto de vista.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿A favor o en contra, don Pedro? A favor, es correcto; pase usted. En términos del 122 se cierra la lista de oradores.El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente. No es por venir a hacer uso de esta tribuna nomás por hacer uso de ella, después de escuchar al compañero Tomás Cruz Martínez, que ambos en la Comisión de Comunicaciones hemos luchado por estas dos causas, como es precisamente la que ahorita se acaba de tratar aquí, de los bienes de los Ferrocarriles Nacionales de México y de la homologación de nuestro humildes carteros, que son un parte histórica en la vida de México... No tenemos menos que felicitarnos todos los que estamos en este Congreso de la Unión porque, como representantes populares, estamos haciendo justicia a esos hombres que, con un bolsa de cuero, desde hace años y años, pasan por las calles de la provincia y por las grandes avenidas de la gran ciudad, llevándonos la correspondencia de nuestros seres queridos. Hoy se les ha homologado su sueldo; qué bueno que esta lucha... que todos los partidos políticos nos hayamos unido en la Junta de Coordinación Política, que dirige el compañero Pablo Gómez, para que todos, unidos, hayamos hecho justicia a los carteros de México.

Qué bueno que ellos reciban esta noticia; qué bueno que ellos reciban en este día esta gran sorpresa. Esos hombres que, con su familia humilde, no son capaces de romper los sobres para robar el dinero ni mucho menos para llevar a su familia dinero indebido. Nuestros carteros son lo más noble y lo más grande que hay, desde tiempos de la Colonia, en que el servicio postal se iniciara en esta patria nuestra. Y hoy me da mucho gusto estar en esta tribuna, y me felicito y felicito a todos mis compañeros diputados, de todos los partidos políticos, por haber aprobado este punto de acuerdo. En lo que sí no estoy de acuerdo, compañeros, es en lo de los ferrocarriles, aunque me van a decir que me estoy saliendo del tema...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Efectivamente, don Pedro. Le ruego que se sume al tema.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: Nada más quiero decir esto, señor Presidente: no estoy de acuerdo en que se vendan los terrenos de Ferrocarriles, que también Ferrocarriles es parte de la historia de México, y más porque Felipe Pescador, un paisano nuestro, durangueño, fue que en tiempos de Carranza y después, en tiempos de Lázaro Cárdenas, fue director de Ferrocarriles y luchó por la nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, que el traidor de Zedillo privatizó en perjuicio del pueblo de México. Eso no se hace porque es en perjuicio de nuestro pueblo; como priísta, como miembro del Partido Revolucionario Institucional, protesto porque esto no se hace a la patria ni a México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte a la Secretaría si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Comuníquese. Continúe la Secretaría.

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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

C. Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

En cumplimiento al artículo 30, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, anexo al presente, para conocimiento de las comisiones competentes, copia del expediente que se integró con la solicitud de donación a la persona moral ``Centro de Investigación para el Desarrollo, AC'', que con esta fecha fue autorizada la entrega de recursos.

En el cuerpo del expediente en comento se señala, entre otros, que la persona moral Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, es una asociación no lucrativa, que está al corriente de sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provienen del Presupuesto, salvo los que permita expresamente las leyes; asimismo, se incluye el proyecto que justifica y fundamenta la utilidad social a financiar con el donativo, entregando un presupuesto debidamente desglosado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de marzo de 2006.--- Lic. Rafael Ibarra Consejo (rúbrica), oficial mayor.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

En cumplimiento al artículo 30, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, anexo al presente, para conocimiento de las comisiones competentes, copia del expediente que se integró con la solicitud de donación a la persona moral ``Fundación Tony, AC'', que con esta fecha fue autorizada la entrega de recursos.

En el cuerpo del expediente en comento se señala, entre otros, que la persona moral Fundación Tony, AC, es una asociación no lucrativa, que está al corriente de sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provienen del Presupuesto, salvo los que permita expresamente las leyes; asimismo, se incluye el proyecto que justifica y fundamenta la utilidad social a financiar con el donativo, entregando un presupuesto debidamente desglosado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de marzo de 2006.--- Lic. Rafael Ibarra Consejo (rúbrica), oficial mayor.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública.

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BENITO JUAREZ GARCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la sesión solemne del Congreso General en conmemoración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, que a continuación se transcribe:

``Primero. La Cámara de Senadores acuerda que se realice sesión solemne de Congreso General, el próximo martes 21 de marzo, para conmemorar el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García.

Segundo. La organización de la sesión solemne se acordará con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.''

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio y proyecto de declaratoria que emite la Cámara de Senadores.

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ARTICULOS 26 Y 73 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, no permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene el proyecto de declaratoria de aprobación del decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Arturo Garita (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

PROYECTO DE DECLARATORIA

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 26 Y 73 FRACCIÓN XXIX-D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXIX-D del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I a XXIX-C. ...

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-E a XXX. ...

TRANSITORIOS

Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley de Información Estadística y Geográfica, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo, subsistirán los nombramientos, poderes, mandatos, comisiones y, en general, las delegaciones y facultades concedidas a los servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución.

Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y posteriormente ante el organismo creado en los términos del presente Decreto.

Sexto.- Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir la Ley a la que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución.

Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondientes, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios en este mecanismo, amparado por el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, del escrutinio y cómputo se informa que el Senado de la República remitió las aprobaciones de las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios a la minuta proyecto de decreto, que reforma los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, esta Presidencia hace la siguiente declaratoria: ``El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría.

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LEY DE AVIACION CIVIL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el antepenúltimo y el penúltimo párrafos del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 15.- ...

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- ...

VI.- ...

VIII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

X.- ...

XI.- ...

XII.- ...

XIII.- ...

La Secretaría revocará las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a V y VII anteriores. De igual forma procederá en el caso de la fracción X cuando a su juicio sea grave la infracción para la seguridad de la operación.

En los casos de las fracciones VIII, IX y XI, la Secretaría sólo revocará la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción. Para los supuestos de las fracciones VI, XII y XIII, se requerira que la sanción se haya impuesto por lo menos en cinco ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

...

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del a Federación.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos del inciso e), del artículo 72 constitucional.--- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Transportes.

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LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 75. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El patrimonio del organismo descentralizado denominado ``Comisión Nacional de Derechos Humanos'' pasa a formar parte del organismo autónomo ``Comisión Nacional de los Derechos Humanos''.

TERCERO. Para efectos de la regularización de los bienes inmuebles a que se refiere la presente reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá realizar el procedimiento administrativo correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 11, 31 y 71; y se adiciona un articulo 21 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 11, 31, 71 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 21 BIS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 3, 11, 31, 71 y se adiciona un Artículo 21 Bis; a la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

ART. 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I-XIII.- ...

XIV.- Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos, o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos, y

XV.- Radiocomunicación privada: el servicio de telecomunicaciones inalámbrico cuyos sistemas operan en segmentos específicos de las bandas de frecuencias menores a 512 Mhz, señaladas para tales efectos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

ART. 11.- Se requiere concesión de la Secretaría para:

I.- Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre, el servicio de radiocomunicación privada sin fines de lucro y el de uso oficial;

II-IV.- ...

ART. 21 bis.- Las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para radiocomunicación privada con fines de lucro, se licitaran zonificando el país en cuadrantes, utilizando diferentes conjuntos de frecuencias para evitar interferencias de operación.

Ninguna persona física o moral podrá de forma directa o indirecta tener mas del 25 por ciento de los canales disponibles en cada cuadrante.

ART. 31.- Se requiere permiso de la Secretaría para:

I.- ...

II.- Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras, y

III.- Operar un servicio de radiocomunicación privada sin fines de lucro.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación anual económica por el otorgamiento del permiso, para operar un servicio de radiocomunicación privada sin fines de lucro.

La frecuencia en que se permita operar el servicio de radiocomunicación privada sin fines de lucro, deberá ser acorde a la que se este licitando en dicha zona para evitar interferencias de operación.

ART. 71.- ...

A-B.- ...

C.- Con multa de 10 a 500 salarios mínimos por:

I-IV.- ...

V.- Otras violaciones a disposiciones de esta Ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella emanen, y

VI.- Operar sin permiso un servicio de radiocomunicación privada sin fines de lucro.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las personas físicas o morales que actualmente se encuentren operando un servicio de radiocomunicación privada deberán pagar una contra prestación al Gobierno Federal, por el uso del espectro radioeléctrico en frecuencias menores a 512 Mhz.

Quienes se encuentren en el anterior supuesto contaran con un plazo de 12 meses a partir de la publicación del presente, para regularizar su situación, solicitando la concesión o el permiso correspondiente según el uso.

SEGUNDO.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, definirá mediante acuerdo de carácter general la zonificación de cuadrantes, en los cuales se dividirá el territorio nacional, así como las distintas frecuencias que se utilizaran para evitar interferencias de operación.

Así como las disposiciones necesarias para la asignación de los permisos para la explotación de servicios privados de radiocomunicación sin fines de lucro y todas las demás disposiciones necesarias para la debida observancia de las presentes disposiciones.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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LEY DE AEROPUERTOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 6; se reforma la fracción II del artículo 11; se adicionan los incisos e) y f) de la fracción IV del artículo 11; se reforma la fracción VI del artículo 11; se adiciona la fracción VII del artículo 11; se adiciona el tercer párrafo al artículo 21; se reforma el primer párrafo del artículo 23; se adiciona la fracción XV del artículo 27; se reforma el tercer párrafo del artículo 27; se adiciona un segundo párrafo al artículo 33; se reforma la fracción I del artículo 48; se reforma el artículo 57; se reforma el artículo 67; se reforma el artículo 68; y se adiciona la fracción XVIII del artículo 81 de la Ley de Aeropuertos.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6; SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11; SE ADICIONAN LOS INCISOS E) Y F), DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 11; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 11; SE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 27; SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33; SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48; SE REFORMA EL ARTÍCULO 57; SE REFORMA EL ARTÍCULO 67; SE REFORMA EL ARTÍCULO 68; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AEROPUERTOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 6; se reforma la fracción II del artículo 11; se adicionan los incisos e) y f), de la fracción IV, del artículo 11; se reforma la fracción VI, del artículo 11; se adiciona la fracción VII del artículo 11; se adiciona el tercer párrafo al artículo 21; se reforma el primer párrafo del artículo 23; se adiciona la fracción XV del artículo 27; se reforma el tercer párrafo del artículo 27; se adiciona un segundo párrafo al artículo 33; se reforma la fracción I del artículo 48; se reforma el artículo 57; se reforma el artículo 67; se reforma el artículo 68; y se adiciona la fracción XVIII del artículo 81 de la Ley de Aeropuertos.

Artículo 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, promoviendo la competencia y desarrollo de prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II-XII. ...

Artículo 11. Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales, expedirá la convocatoria o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición. La Secretaría podrá declarar improcedente la petición por causas que pudieran afectar la soberanía o seguridad nacional, o cuando el interesado no demuestre que se cumplen las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto.

III...

IV. Las bases del concurso incluirán, como mínimo:

a) a d)...

e) La vigencia de la concesión;

f) La fecha límite para la recepción de proposiciones, y

g) Los criterios con que se seleccionará el ganador, que podrán tomar en cuenta, entre otros, los niveles de calidad ofrecidos, el monto de las inversiones requeridas, las especificaciones técnicas propuestas, la capacidad de operación, las tarifas y las contraprestaciones ofrecidas al Estado;

V...

VI. La Secretaría solicitará a la Comisión Federal de Competencia, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha límite para la recepción de proposiciones, que evalúe las propuestas para que a su vez emita una opinión que brinde mayores elementos que sustenten el fallo de la Secretaría. Dicha opinión deberá ser remitida a la Secretaría en un plazo que no podrá exceder los 60 días naturales posteriores a la fecha en que la citada Comisión haya recibido la información;

VII. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes;

VIII. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes, y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario, y

IX. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto, o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional; o bien las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría. En estos casos, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 12. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos:

I. A los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto, siempre que el cambio propuesto sea congruente con las políticas y programas para el desarrollo aeroportuario nacional, el aeródromo civil haya estado en operación continua por lo menos los últimos cinco años, y se cumpla con los requisitos para la concesión de que se trate, y

II. A los concesionarios que requieren un aeropuerto complementario, con el objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento, es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto; que la operación de ambos aeropuertos por el mismo concesionario será económicamente más eficiente, en comparación con otras opciones, para lograr una mejor coordinación y prestación de los servicios; que se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión y que se reúnen los requisitos que al efecto se señalen, para la nueva concesión.

Cuando por causas de interés público se ordene la reubicación de un aeropuerto, el concesionario del mismo, tendrá derecho a recibir en forma directa la nueva concesión, si cumple con los requisitos establecidos.

Artículo 21. Para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en esta Ley, se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.

La comisión intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría; y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.

La Secretaría podrá otorgar autorizaciones provisionales para la operación y explotación de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos, en tanto la comisión intersecretarial emita la opinión a que se refiere el presente artículo.

Artículo 23. Cuando cualquier interesado o grupo de personas pretenda adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar previamente a la Secretaría para que a su vez emita la autorización correspondiente. La Secretaría podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que evalúe la propuesta para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, una opinión que brinde mayores elementos que sustenten el fallo de la Secretaría. A su vez, tratándose del control de una sociedad concesionaria, la Secretaría podrá solicitar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que verifique la legalidad de dicha operación en términos de lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, el dictamen que permita sustentar el fallo de la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como autorizada.

...

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I a XIII...

XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil;

XV. Limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación mediante actos de simulación, y

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.

La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a VI anteriores.

En los casos de las fracciones VII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 33. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de ciento veinte días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones o permisos, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos que esta Ley exige para ser concesionario o permisionario, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.

La Secretaría podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que evalúe la propuesta para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, una opinión que brinde mayores elementos que sustenten el fallo de la Secretaría. A su vez, tratándose del control de una sociedad concesionaria, la Secretaría podrá solicitar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que verifique la legalidad de dicha operación en términos de lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, el dictamen que permita sustentar el fallo de la Secretaría.

Artículo 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:

I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil, entre los que están la inspección de pasajeros, su equipaje facturado y de mano, y a la extinción de incendios y rescate, entre otros;

II y III. ...

Artículo 57. Tratándose de los servicios complementarios a que se refiere el artículo 48, el concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas y no podrá limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación, siempre que éstos cumplan con los requisitos que para tal efecto expida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá la facultad de limitar el número de prestadores de servicios por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, según el aeropuerto de que se trate.

Artículo 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios, y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando exista poder sustancial de mercado por parte del concesionario de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.

Artículo 68. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que los servicios complementarios reflejan poder sustancial de mercado por parte del prestador de servicios complementarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, se establezca regulación tarifaria o de precios.

Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I a XVI...

XVII. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil, con multa de cinco mil a doscientos mil días de salario, y

XVIII. Limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de esta Ley, con multa de cinco mil a doscientos mil días de salario por evento.

...

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes.

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DISTRIBUIDORES DE GASOLINA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-3182 suscrito el 9 de febrero del año en curso, por las CC. diputadas Marcela González Salas P. y Ma. Sara Rocha Medina, Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CEI.-100.-2006.0068 signado el 6 del actual, por el C. Lic. Sergio J. González Muñoz, coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar programas emergentes que permitan prever y solucionar de manera expedita y efectiva paros en la operación de las estaciones de servicios de combustibles.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, 8 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a su atento oficio con número SEL/300/ 819/06, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su sesión del día 9 de febrero de 2006, mediante el cual solicitan instrumentar programas emergentes que permitan prever y solucionar de manera expedita y efectiva paros en la operación de las estaciones de servicios de combustibles.

Adjunto me permito enviarle copia del memorando interno número 500.-SH.- 0032/06, signado por el Dr. Héctor Moreira Rodríguez, subsecretario de Hidrocarburos de esta dependencia, por medio del cual informa de las acciones que se están llevando a cabo al respecto.

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, 6 de marzo de 2006.--- Lic. Sergio J. González Muñoz (rúbrica), coordinador de Enlace Institucional.»

«Secretaría de Energía.

Memorando Interno

Para: Lic. Sergio J. González Muñoz, coordinador de Enlace Institucional.

De: Dr. Héctor Moreira Rodríguez, subsecretario de Hidrocarburos.

Hago referencia a su comunicación CEI.-100.-2006.0034 del pasado 17 de febrero de los corrientes, mediante el cual nos da a conocer el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión del 9 de febrero de 2006, relativo al exhorto para instrumentar programas emergentes que permitan prever y solucionar de manera expedita y efectiva paros en la operación de las estaciones de servicio de combustibles.

Al respecto, informo a usted que el día 10 de febrero se llevó a cabo una reunión con la participación de esta Secretaría (Sener), la de Gobernación (Segob), la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la de Economía (SE), así como de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Refinación (PR), además de los representantes de las estaciones de servicio franquiciadas por PR como son: Onexpo, Hidrosina, CorpoGas y la Unión de Gasolineras de Jalisco.

Los acuerdos a que se llegó, con lo cual se previene la amenaza de paro de las estaciones de servicio son los siguientes:

1. La Secretaría de Economía convendrá establecerá los mecanismos de certificación de los modelos de dispensarios que están en operación y los que están ofreciendo los fabricantes de éstos.

2. La Profeco, la DGN y los fabricantes, realizarán visitas a las 7,200 estaciones de servicio para expedir el documento que acredite cuáles de ellas reúnen los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SCFI-2005.

3. Pemex Refinación establecerá en los contratos de franquicia el plazo que otorgará para el cambio de los dispensarios que no reúnan los requisitos de la Norma.

4. Pemex realizará negociaciones con la banca comercial para buscar reducir la comisión por el uso de tarjetas de crédito en la compra de combustibles en las estaciones de servicio.

5. Se mantendrá comunicación entre los diferentes actores involucrados para plantear cualquier problema que surja en la implantación del nuevo contrato de franquicia y la aplicación de la norma, así como la solución que se requiera.

Atentamente.

México, DF, 27 de febrero de 2006.--- Héctor Moreira Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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SORGO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-3176 signado el 9 de febrero del año en curso, por las CC. diputadas Marcela González Salas P. y Patricia Garduño Morales, Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. 112.- 000173 suscrito el 2 del actual, por el C. Lic. Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a impulsar políticas de asistencia técnica y de investigación para mejorar el proceso de producción, así como a crear programas que apoyen financiera y técnicamente a los productores de sorgo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, 8 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/816/06 del 10 de febrero de 2006, a través del cual nos comunica punto de acuerdo:

``Primero.- Se exhorta a la Sagarpa para que impulse políticas de asistencia técnica y de investigación para mejorar el proceso de producción y un mejor aprovechamiento de los paquetes tecnológicos existentes y que analice los mecanismos para que toda esta asistencia llegue a los productores de forma accesible y que estos tengan la facilidad de aplicarlos de una manera más simple e inmediata. Con la finalidad de eficientar y modernizar sus sistemas de producción y todo ésto se refleje en mejores costos para todos los involucrados en este sector.

Segundo.- Canalizar mayores recursos para el otorgamiento de subsidios y créditos oportunos a productores potenciales con tasas de interés preferenciales. Con el propósito de que realicen los costos de producción, en beneficio de los consumidores finales.

Tercero.- La creación de programas que apoyen tanto financieramente como técnicamente a los productores de sorgo mediante estímulos aplicados a su productividad y calidad total, y a su historial agrícola-productivo. Estos apoyos deberán llegar a los distintos niveles de productores ya sean independientes o asociación y principalmente a los productores potenciales, todo esto con la finalidad de motivar y eficientar la productividad en el cultivo y la producción de este importante y vital insumo agrícola-ganadero''.

Al respecto, anexo al presente encontrará fotocopia del oficio No. JAG.100.-00069 del 27 de febrero de 2006, elaborado por el Inifap para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 2 de marzo de 2006.--- Lic. Felipe Zavala Ponce (rúbrica), coordinador General de Política Sectorial.»

«Lic. Francisco Márquez Aguilar, secretario particular del secretario del Ramo de la Sagarpa.--- México, DF.

Hago referencia a su memorándum número. 741/2006 mediante el cual se envía en forma anexa escrito que remite el subsecretario de Enlace Legislativo de la secretaría de Gobernación, Dionisio A. Meade y García de León al Lic. Francisco Mayorga Castañeda secretario de Sagarpa y que se refiere a punto de acuerde aprobado en sesión realizada en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 9 de febrero y que consta de 3 elementos.

Primero.- Se exhorta a la Sagarpa para que impulse política de asistencia técnica y de investigación para mejorar el proceso de producción y un mejor aprovechamiento de los paquetes tecnológicos existentes y que analice los mecanismos para que toda esta asistencia llegue a los productores de forma accesible y que éstos tengan la facilidad de aplicarlos de una manera más simple e inmediata. Con la finalidad de eficientar y modernizar sus sistemas de producción y todo esto se refleje en mejores costos para todos los involucrados en este sector.

Al respecto informo a usted que siendo la función sustantiva del Inifap la investigación agropecuaria y forestal, y que a su vez el Inifap es el brazo técnico de Sagarpa, las políticas de apoyo a la investigación están sólidamente fundamentadas en la atención a la generación de tecnologías que atiendan problemas prioritarios del sector en base a demandas de los propios usuarios y de la sociedad en su conjunto y que derivado de la evaluación externa aplicada a la institución, está en fase terminal la reorganización del Inifap como Centro Público de Investigación para dar más autonomía de decisión a los Centros de investigación Regional para una expedita atención a sus responsabilidades.

Ahora bien, las políticas de asistencia técnica como tal a los productores, están fuera de la competencia del Inifap.

Segundo.- Canalizar mayores recursos para el otorgamiento de subsidios y créditos oportunos a productores potenciales, con tasas de interés preferenciales. Con el propósito de que realicen los procesos de cultivo y cosecha en los tiempos establecidos y no incrementen sus costos de producción, en beneficio de los consumidores finales.

La temática de este punto no es competencia de esta Institución.

Tercero.- La creación de programas que apoyen tanto financieramente como técnicamente a los productores de sorgo mediante estímulos aplicados a su productividad y calidad total y a su historial agrícola-productivo. Estos apoyos deberán llegar a los distintos niveles de productores ya sean independientes o en asociación, y principalmente a los productores potenciales, todo esto con la finalidad de motivar y eficientar la productividad en el cultivo y la producción de este importante y vital insumo agrícola-ganadero.

La participación del Inifap sobre estos asuntos, se circunscribe a poner a disposición de los productores toda la información de tecnología de producción disponible que permita mejorar sus sistemas de producción aumentando la productividad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 27 de febrero de 2006.--- Dr. Pedro Brajcich Gallegos (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-3230 signado el 14 de febrero último, por las CC. diputadas Marcela González Salas P. y Ma. Sara Rocha Medina, Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 312.A.-000236 suscrito el 2 del mes en curso, por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de Programación y Presupuesto ``B'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar los recursos aprobados y comprometidos para el ejercicio fiscal 2005 en el ramo carretero del estado de Coahuila, así como a entregar aquéllos para el ejercicio fiscal 2006.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, 8 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio núm. SEL/300/1028/06, mediante el cual informa que las CC. diputadas Marcela González Salas P. y Ma. Sara Rocha Medina, Presidenta y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remiten el punto de acuerdo aprobado en la sesión del pasado 14 de febrero y que se refiere a:

``Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal la inmediata liberación de los recursos aprobados y comprometidos para el ejercicio fiscal de 2005 en el ramo carretero, y la oportuna entrega de aquéllos para el ejercicio fiscal 2006, del estado de Coahuila''.

Al respecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente, y 65-A del Reglamento Interior de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle atentamente lo siguiente:

a) Por lo que se refiere a la liberación de los recursos del presupuesto 2005, de conformidad con lo señalado en los oficios circulares núms. 307-A-005, 206 y 338, de fechas 3 y 31 de enero y 27 de febrero, respectivamente, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario, el plazo para concluir con los pagos de las CLC's correspondientes al pasivo circulante de 2005, vence el próximo 14 de marzo de 2006.

b) En cuanto al Presupuesto 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejercerá los recursos conforme al calendario de presupuesto autorizado, el cual corresponde a la propuesta que la propia dependencia presentó a esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos que se consideren procedentes.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 2 de marzo de 2006.--- Pablo S. Reyes Pruneda (rúbrica), director general.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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LAGO DE CHAPALA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi similar No. SEL/300/1312/06 y en atención al oficio No. DGPL 59-II-5-1990 signado el 3 de noviembre de 2005, por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. 00319 suscrito el día 3 del mes en curso, por el C. Roberto López Izquierdo, secretario técnico del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a investigar la muerte de miles de peces en el lago de Chapala y a informar acerca de las acciones implementadas para frenar y revertir el daño ocasionado, independientemente de las acciones e investigaciones que haya realizado la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, 8 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación a su oficio N° SEL/300/60877/05 del 4 de noviembre de 2005, en relación al punto de acuerdo que los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, en el cual esa soberanía aprueba y exhorta a la CNA, para que investigue la calidad del agua y a la Semarnat para que sea investigada por la muerte de miles de peces en el Lago de Chapala e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado, independientemente de las acciones e investigaciones que haya realizado la Profepa.

Al respecto me permito informarle que, la titular de la Unidad Coordinadora de Comunicación Social de la CNA, MCC Heidi Storsberg Montes, con oficio N° BOO.00. 04.08.-022 del 23 de enero de 2006 dirigido al Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, le anexa el informe de la Gerencia Regional Lerma-Santiago-Pacífico, respecto a la calidad del agua y mortandad de peces en el Lago Chapala con oficio N° BOO.00.R12.07.3/114.005656 del 15 de diciembre de 2005, en el cual hacen mención de monitoreos, muestreos y parámetros de calidad del agua en el Sistema Lago de Chapala, el cual se encuentra en un rango aceptable para los usos que se le dan al agua del vaso.

Respecto a la mortandad de peces, se presentó una emergencia hidroecológica, ocasionada por la compactación del lirio acuático en el área, ocasionando la reducción de oxígeno y salida de peces, cabe señalar que es la primera vez que por este hecho hay mortandad de peces, sin que se haya repetido nuevamente este fenómeno. Lo anterior a fin de responder al exhorto del dicho punto de acuerdo.

Sin otro particular, manifiesto a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2006.--- Roberto López Izquierdo (rúbrica), secretario técnico.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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PROGRAMAS SOCIALES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-2141 signado el 25 de enero del año en curso, por los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. del Rosario Herrera Ascencio, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. DGVI/106/06 suscrito el 6 del actual, por el C. Javier Luna Grajeda, director general adjunto de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fomentar la firma o la renovación de los convenios de coordinación con las entidades federativas, a fin de integrar el Padrón Único de Beneficiarios Estatal de los programas sociales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, 8 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio No. SEL/300/341/06, referente al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del cual se exhorta a esta dependencia para que fomente la firma o la renovación de los convenios de coordinación con las entidades federativas, me permito enviarle la siguiente documentación:

Copia del oficio No. SSPPE.600.088/06, fechado el 27 del febrero del presente año, suscrito por el Mtro. Félix Vélez Fernández-Varela, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de esta dependencia, a través del cual se atiende el punto de acuerdo referido.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 6 de marzo de 2006.--- Javier Luna Grajeda (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Ing. Javier Luna Grajeda, director general adjunto de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional.--- Presente.

Me refiero a su oficio DGVI/050/06 en el que se hace referencia al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en la sesión del 25 de enero del presente año, mediante el cual se exhorta a esta Secretaría para fomentar la firma o renovación de los Convenios de Coordinación, Plandesoles, suscritos por los gobiernos estatales.

Al respecto, acuso recibo de dicho exhorto y le comento que desde el año 2002 la Subsecretaría ha promovido de manera permanente la celebración de los Plandesoles a fin de contar con un marco jurídico de referencia en el que se promuevan esquemas de colaboración con los gobiernos estatales, en materia de acciones de desarrollo social y combate a la pobreza.

En este sentido, a la fecha se han celebrado veintidós acuerdos de colaboración. Algunos de estos acuerdos siguen vigentes, mientras que otros, dado las terminaciones de los respectivos periodos de gobierno de las administraciones locales, han concluido. No obstante, algunos de estos acuerdos firmados se han ratificado con las nuevas administraciones entrantes. Cabe mencionar, además, que actualmente se lleva a cabo la negociación con otros estados para celebrar la firma de los acuerdos por primera vez. Por lo anterior, el mapa de celebración, renovación y negociación de los Plandesoles con los gobiernos estatales es el siguiente:

a) Catorce Plandesoles vigentes con administraciones locales actuales: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

b) Ocho Plandesoles no vigentes con administraciones locales pasadas: Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

c) Cinco Plandesoles renovados con administraciones locales entrantes: Durango, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

d) Cuatro Plandesoles en proceso de negociación para renovación: Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

e) Diez Plandesoles en proceso de negociación para firma de primera vez: Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Como se ve en la relación anterior, la promoción de los convenios ha sido muy activa y se han tenido resultados satisfactorios. Los productos principales de estos convenios han sido los padrones únicos de beneficiarios que, por sus características, son herramientas esenciales para la planeación estratégica de la política social estatal y federal.

Lograr esquemas de cooperación con las entidades estatales es uno de los objetivos más importantes para la Secretaría. Por ello, durante el transcurso del presente año se seguirá promoviendo la celebración de este útil instrumento a fin de consolidar los lazos de cooperación con las entidades estatales faltantes y renovar aquellos ya existentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``Desarrollo con Equidad, Contigo es Posible''

México DF, 27 de febrero de 2006.--- Mtro. Félix Vélez Fernández-Varela (rúbrica), subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase al promovente, para su conocimiento. Se ruega a la Secretaría dar lectura a la comunicación de la diputada Concepción Cruz García.

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DIPUTADA QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

De la diputada federal Concepción Cruz García, dirigida a la diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

Distinguida señora Presidenta:

Por este conducto, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios, debido a que a partir del 15 de marzo de 2006 me reincorporo a mis labores como diputada federal del distrito XXII de Naucalpan, estado de México.

Lo anterior para su conocimiento.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 marzo de 2006.--- Diputada Concepción Cruz García (rúbrica.)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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IV FORO MUNDIAL DEL AGUA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día es pronunciamiento de los grupos parlamentarios con motivo del IV Foro Mundial del Agua. Se han registrado para referirse al tema los siguientes ciudadanos diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Miguel Luna Hernández, Alfredo Rodríguez y Pacheco, y Marco Antonio Torres Hernández, de los distintos grupos parlamentarios que componen a LIX Legislatura. Se da la palabra al primero de los nombrados, don Juan Fernando Perdomo Bueno, en nombre de Convergencia, hasta por cinco minutos.El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso, Presidente; señoras y señores legisladores: dentro de unos minutos, en la Ciudad de México se está inaugurando el IV Foro Mundial del Agua, cuyos debates concluirán en cinco días, participando 120 países, cuyas delegaciones ya han llegado. El punto central de las discusiones consiste en analizar, estudiar y proponer qué hacer en términos locales con difusión global. Es decir, para señalarlo en términos llanos, ¿qué ha hecho México en cuanto al bien público que es el agua respecto a la posibilidad de su difusión positiva en otros países? Muchas preguntas todavía no tienen respuesta.

Este foro comenzó a organizarse en octubre de 2003, cuando la Junta de Gobierno del Consejo Mundial del Agua otorgó a nuestro país la organización del mismo. Así, en la logística se ha dispuesto que se reúna la Conferencia Magisterial los días 21 y 22 de marzo. En el grupo parlamentario de Convergencia hemos considerado que en México estamos llegando tarde a la defensa del agua como bien público. No olvidamos que con las modificaciones del artículo 27 constitucional se abrieron las puertas para la privatización del agua nacional y que se ha consolidado esa política privatista con una irreflexiva aprobación del TLC, o NAFTA --por sus siglas en inglés--, que agudizó esa política de privatización, y hoy hasta para la simple lectura de los medidores de consumo de agua dependemos de transnacionales.

Para recuperar plenamente desde ahora, hay que implantar una planeación educativa desde la educación básica que permita modificar la psicología consumista del desperdicio del agua. Al mismo tiempo, en México debemos proponer que se aumente considerablemente el rubro presupuestal de la inversión del Estado en investigación científica y tecnológica. Con justa razón, el rector de la máxima casa de estudios ha señalado que en el actual sexenio se rebajó la inversión en esa rama primordial para ascender al desarrollo, puesto que de .4 por ciento ahora, en 2006, se ha destinado .36 por ciento. En lugar de aumentársele, se le quitaron cuatro centésimas, cuando había prometido otorgársele 1 por ciento del PIB.

Puede catalogarse que este régimen se ha caracterizado por ser anticientífico si juzgamos esos indicadores. También, hay que decirlo, en México no existen hidrogeólogos, especialistas que deberían dedicarse en cuerpo y alma al estudio del agua, sus prospectivas y su mejor utilización. Por ejemplo, en el más reciente estudio de los mantos acuíferos de México, en materia de agua, específicamente de septiembre de 2005, donde el Instituto de Geofísica organizó un simposio, el doctor Luis Marín Stillman dio a conocer que México posee 654 acuíferos sin estudiar ni analizar; solamente se han estudiado 200. De éstos, más de 100 se han estudiado varias veces porque están localizados en el valle de México. Los otros 400 no han sido estudiados ni una sola vez, precisamente por falta de presupuesto.

Ante este panorama, desolador e incontrovertible, porque viene de autoridades científicas de la UNAM, el grupo parlamentario de Convergencia se pregunta: ¿vamos a decir nuestra realidad y expresarnos con veracidad ante los delegados de estos 120 países de la Conferencia Ministerial y en las mesas temáticas o, como es costumbre, nos esconderemos en la retórica típica de las relaciones públicas, y que ``el que venga atrás que arree''? Convergencia propone ante esta soberanía: uno, modificar sustancialmente los programas educativos para que el estudio, la protección y la cultura del respeto del agua de México y del mundo se estudie desde la educación básica; y, dos, que el Estado invierta desde ahora por lo menos 1 por ciento del Producto Interno Bruto para investigación en ciencia y tecnología, con un rubro especial para crear y desarrollar, a marchas forzadas, a los hidrogeólogos que hoy no tenemos.

Finalmente, que desde esta LIX Legislatura se revise a profundidad y con absoluta imparcialidad el verdadero estado de las concesiones que han entregado el uso --y abuso, digo yo--, mercantilizado hasta el hartazgo, de nuestra agua nacional. Es cuanto, diputado Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra don Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT, también por cinco minutos.El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: la popular, solidaria y mexicana frase que reza: ``A nadie se niega un vaso de agua'' está en riesgo de desaparecer. En el siglo XXI, este líquido es cada vez más preciado por su creciente escasez. Se conmemora el Día Mundial del Agua en un entorno donde las reservas de este bien son cada vez menores y, por tanto, cobra mayor relevancia garantizar que los seres humanos sin distinción puedan gozar de ella. El monto total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.4 miles de millones de kilómetros cúbicos. De este total, sólo 37 millones de kilómetros cúbicos son reservas de agua dulce, lo que representa la pequeña cantidad de 2.5 por ciento del agua que hay en el mundo.

Estas reservas de agua dulce se han ido alterando y extinguiendo, producto de la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos, del cambio climático derivado del calentamiento global, la deforestación y los patrones de consumo de algunas naciones industrializadas. Es innegable que el agua dulce, su aprovechamiento y su consumo son cuestiones de vida o muerte para infinidad de seres vivos del planeta. Por ello es de vital importancia para las naciones asegurarse el mayor volumen de este recurso. Sin temor a exagerar, podemos afirmar que el control de las reservas de agua puede provocar conflictos sociales, étnicos y bélicos, además de acciones autoritarias por parte de los Estados-nación, particularmente de los más desarrollados. Estudiosos del tema aportan información sobre este riesgo, que pone en peligro la ya de por sí precaria estabilidad mundial.

Este año se celebra en nuestro país el IV Foro Mundial del Agua, encuentro donde organismos públicos multilaterales y corporaciones privadas del mundo se reúnen para debatir sobre el futuro de este líquido y donde, de manera soterrada, se busca promover su privatización, bajo la premisa de darle un uso racional y eficiente. Los países desarrollados, los organismos multilaterales y las empresas multinacionales han iniciado una ofensiva para lucrar con el agua del planeta.

Este recurso natural es atractivo, ya que es un mercado con altos niveles de rentabilidad. Como se ha dicho en algunos foros, el agua es el oro negro del siglo XXI. El capitalismo, en su lógica de obtener ganancias, explota todo lo que esté a su alcance, sean productos, servicios o recursos naturales. No extrañe entonces que haya puesto las garras sobre algo que la naturaleza da al ser humano y que pertenece a toda la humanidad. A esta visión depredadora del capital debemos oponer una visión social, solidaria, en la que el agua sea vista como un derecho, como un producto de la naturaleza que es de la humanidad; un derecho humano y universal.

En México se han dado intentos por privatizar los servicios de distribución de agua potable y alcantarillado. Aguascalientes, Cancún, Navojoa y Saltillo son ejemplos de ciudades donde operan empresas privadas bajo las modalidades de concesión, prestación de servicios y empresa mixta. La primera consecuencia de este nuevo esquema fue el incremento de tarifas, incluso contra lo que se acordó entre gobierno, empresa y población. En Saltillo, por ejemplo, las tarifas en los dos primeros años de operación se incrementaron entre 32 y 68 por ciento.

Fiel a su lógica de privilegiar el capital privado, el gobierno de Vicente Fox ha otorgado un número importante de concesiones a las empresas embotelladoras de agua y refrescos para extraer agua de las cuencas y arrojar sus descargas en ella. El otrora gerente de Coca-Cola retribuyó a sus colegas con la explotación y beneficio para manos privadas de un bien propiedad de la nación. Compañeras y compañeros diputados, es fundamental que el Congreso de la Unión realice...--termino, señor Presidente-- las reformas legislativas necesarias para mantener la propiedad de la nación sobre este vital recurso, garantizando su sustentabilidad y un acceso equitativo para todos los mexicanos. Éste es el compromiso que reafirmamos los diputados del Partido del Trabajo en la conmemoración del Día Mundial del Agua. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: dos de cada tres personas en el mundo sufrirán carencias de agua en 2025, a menos que se tomen medidas drásticas; esas personas viven además en países en desarrollo. El aumento de la población, el mal manejo del agua, el uso indiscriminado de las reservas subterráneas y el recalentamiento planetario se combinan para crear un futuro desalentador para millones de personas; la crisis ya está en marcha. Dos tercios de las ciudades chinas enfrentan graves carencias de agua.

Nueva Delhi agotará sus reservas subterráneas para 2015 si continúa su consumo actual; y en África, en los últimos 20 años el espejo de agua del lago Chad se redujo de 18 mil kilómetros cuadrados a sólo 3 mil 900. Nuestro país cuenta con una capacidad natural de agua muy limitada. En los últimos 50 años, dicha cantidad se redujo a menos de la mitad; y de prevalecer esta tendencia, en el año 2020 la disponibilidad promedio será crítica para casi la totalidad de los centros urbanos. Actualmente, el crecimiento exponencial de la población, la actividad económica y las tasas de crecimiento se concentran mayormente en el norte, el noroeste y el centro del país, donde la disponibilidad promedio per cápita es de 2 mil metros cúbicos por habitante por año, valor considerado a escala internacional como peligrosamente bajo en épocas de secas o baja precipitación.

En el último conteo de población, el INEGI reportó una población de alrededor de 110 millones de personas y un estimado para 2025 de 26 millones más, lo cual indica la necesidad de adoptar medidas urgentes y de corto plazo para lograr un manejo sustentable del vital líquido. Únicamente 5 por ciento de las aguas superficiales en México es de calidad, apto para cualquier uso; 22 por ciento presenta una propiedad aceptable; 49 por ciento poco contaminad; y el resto presenta niveles tan altos de degradación, que ya es muy difícil tratarlo. El uso ineficiente del agua y su falta de tratamiento han propiciado que las fuentes superficiales sean insuficientes, que la mayoría de los acuíferos estén sobreexplotados y que en los cuerpos de agua y muchas cuencas se presenten altos niveles de contaminación.

A esa problemática se suma el hecho de que el agua no se cobra ni se mide en su consumo real; por ello, y con relación a que en este mes se lleva a cabo en nuestro país el IV Foro Mundial del Agua, debemos revisar nuestros patrones culturales, políticos y jurídicos, ya que todavía estamos a tiempo de cuidar el vital líquido. En ese sentido, consideramos necesario el análisis integral de la Ley de Aguas Nacionales, revisando los criterios de organización de las cuencas hidrológicas, con énfasis en la disponibilidad natural del agua, el pago de los servicios ambientales de las cuencas hidrológicos, el tratamiento obligatorio de las aguas residuales y, en general, el elevamiento de las normas sobre calidad y niveles de contaminación de las aguas que el Ejecutivo federal establezca con los Ejecutivos locales.

De tal forma, el Partido Verde Ecologista de México propone como políticas inmediatas, en el marco del IV Foro Mundial del Agua, establecer mecanismos fiscales para la adopción de sistemas de riego por goteo que sustituyan los actuales sistemas de riego por gravedad en los distritos; dotar de mayores recursos presupuestales etiquetados para la creación de la infraestructura necesaria, a fin de evitar las fugas en los sistemas de distribución de agua potable en los centros urbanos; dotar de mayores recursos presupuestales etiquetados a estados y municipios para la creación de infraestructura de tratamiento de aguas residuales; dar cumplimiento real al Tratado de Aguas y Límites con Estados Unidos de América, bajo la premisa de que esa nación contribuye en gran medida a los cambios climáticos que provocan las prolongadas sequías del norte de México; instrumentar mecanismos fiscales que tiendan a reducir el consumo de fertilizantes y plaguicidas químicos de alto impacto ambiental y de salud pública; y efectuar el cobro real por el consumo y descargas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina, del PRD, hasta por cinco minutos.La diputada Clara Marina Brugada Molina: El IV Foro Mundial del Agua, que hoy inicia, más que enorgullecernos implica estar atentos porque su objetivo no tiende a reconocer este recurso como un bien social y cultural, sino que implica una serie de intenciones empresariales para encontrar certeza jurídica para encauzar sus objetivos privatizadores. Un solo dato nos sintetiza el objetivo: el actual director de la Organización... El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo... Simple y sencillamente, pedir a los compañeros diputados nada más respeto al Escudo Nacional; eso es más que suficiente. Esta Presidencia les respeta su derecho a manifestarse. Adelante.

La diputada Clara Marina Brugada Molina: Un solo dato nos sintetiza el objetivo: el actual director de la Organización Mundial del Agua, que es el gran organizador de este IV Foro Mundial, pertenece a la empresa francesa Agua de Lyon. Cabe recordar que las empresas francesas, junto con las inglesas, controlan 70 por ciento del mercado privado de los recursos hidráulicos a nivel mundial. No obstante, este evento se torna importante porque desde el altermundismo se evidencia la problemática real que se tiene sobre este recurso. El grupo parlamentario del PRD propuso ya hace un año elevar a rango constitucional, y su regulación en la ley secundaria, el tema del derecho al agua, como uno más de los derechos humanos.

No obstante, los responsables de las comisiones dictaminadoras... estas iniciativas siguen durmiendo el sueño de los justos. Se trata de un mandato mundial y constitucional, por ser los tratados ley suprema también de la nación. Resulta entonces cuestionable que habiendo 12 millones de personas en nuestro país que no tienen acceso a agua potable, no avancemos en las regulaciones jurídicas para atacar el flagelo. Urgimos entonces a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Puntos Constitucionales a dictaminar las iniciativas pendientes en la materia porque no existe calidad moral de convocar a una reunión parlamentaria mundial cuando la convocante no es capaz de dar solución a sus trabajos internos.

Lo mismo sucede con la Comisión Especial sobre la cuenca Lerma-Chapala, aprobada por esta soberanía en 2004, la cual fue creada para dictaminar en torno de la minuta de ley aprobada en el Senado en la pasada Legislatura sobre esta cuenca. Otro problema que nos afecta es el tema de la expansión y cimentación del canal Todo Americano, en la frontera de Baja California, toda vez que dicha acción afectará los acuíferos y las corrientes superficiales de la región, así como la reserva de la biosfera Delta del Colorado y Alto Golfo de California.

Hemos escuchado un pronunciamiento por parte del gobierno mexicano en torno a esta grave afectación, por lo que también urgimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar el Tratado Aguas y Límites con el Gobierno de Estados Unidos y defender nuestra soberanía. Bajo este mismo marco de ideas, es por demás evidente que el modelo neoliberal impuesto en nuestro país en materia de agua, en particular los servicios, sugiere que las empresas transnacionales y las instituciones financieras internacionales sean las que conduzcan estos servicios.

En México, empresas como Vivendi, Thames Water y Suez, se han aliado con los grandes consorcios mexicanos, como Tribasa, Peñoles e ICA, presionando al gobierno mexicano para que existan mayores concesiones, privatizaciones para el manejo y la cesión del agua. Asimismo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo sus políticas de desregulación, están interesados en la eliminación gradual de subsidios al vital líquido y la entrada del capital privado en la concesión del agua. Estas alianzas empresariales se escudan bajo el principio de que los gobiernos no tienen la capacidad para garantizar el abastecimiento de este recurso y que, según ellos, representa un lastre para las finanzas públicas.

Podemos asegurar también que las concesiones que el gobierno de Fox ha otorgado a las empresas embotelladoras de agua se han triplicado en los últimos cinco años; estas concesiones, casualmente, se han otorgado en gran número a subsidiarias de la empresa Femsa Coca-Cola y a la empresa Nestlé. Nuestro país se ha convertido en el segundo consumidor de botellas de agua en el mundo, después de Italia. Como vemos, existe toda una serie de problemas en torno del agua en nuestro país, y estos ejemplos apenas son una muestra. Reiteramos en esta tribuna la urgencia de legislar, de cumplir nuestro papel como legisladores en favor de 12 millones de mexicanos que no tienen agua. No congelemos las iniciativas de ley; es un reclamo de la sociedad: elevemos a rango constitucional el derecho humano al agua y regulémosla en la Ley de Aguas Nacionales. Cumplamos los convenios internacionales. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada Brugada. Tiene el uso de la palabra don Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.El diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco: Muy buenos días; con su permiso, señor Presidente: quiero comenzar mi intervención con una cita, empleada en el IV Foro Mundial del Agua, que señala lo siguiente. ``En el campo de la política del agua, el principio de subsidiaridad se refiere a la noción de que las decisiones y las acciones sobre asuntos o problemáticas específicos deben tomarse en el nivel más bajo de autoridad competente y tan cercano a la ciudadanía como sea posible''. Esta frase representa en gran medida parte de la filosofía del PAN respecto a la importancia que tiene para nosotros cómo ver la participación de la ciudadanía en los temas coyunturales del país.

Así, para nuestro grupo parlamentario no queda más que congratularnos como mexicanos de ser organizadores, sede para la celebración de este Foro Mundial del Agua, como el objetivo fundamental de abrir la conciencia colectiva de todos los seres humanos que habitamos este planeta sobre el tema del agua en todo el mundo. Entre los temas que serán tratados en el foro quiero destacar el referente al desarrollo de la infraestructura hidráulica, como eje que permita dar sustentabilidad al recurso a largo plazo. Si bien resultan claros los importantes avances que ha tenido nuestro país en materia de cobertura del agua potable y servicios de alcantarillado y saneamiento, no podemos dejar de tomar en cuenta los problemas que actualmente enfrentamos, debido a la mala distribución de los mantos acuíferos en el país, donde la zona sureste tiene siete veces mayor disponibilidad natural del agua, en tanto que la norte cuenta con 77 de la población.

A esos problemas hay que agregar la dificultad que enfrenta nuestro país para rehabilitar nuestra infraestructura hidráulica, la poca eficiencia en el uso del agua y los importantes subsidios que el Estado sigue asumiendo al momento del pago por el suministro del agua, sin obviar el esquema de determinación de tarifas, complejo y heterogéneo, que se utiliza en todas las entidades federativas y la falta de controles que nos permitan medir con mayor exactitud la cantidad de agua que tenemos y la cantidad que es usada. México ha modernizado el marco legal y normativo; se han realizado en años recientes reformas favoreciendo el establecimiento de retribuciones justas por derechos de consumo, la promoción de esquemas de coparticipación para derechos de consumo, la promoción de esquemas de coparticipación para desarrollar infraestructura e incrementar la cobertura de servicios, e incluso la generación de mecanismos innovadores para promover la conservación de zonas de recarga y desarrollo de tecnologías para el mejor aprovechamiento del recurso.

Asimismo, se ha podido avanzar en una administración más eficiente del agua, al dar mayor autonomía a la CNA, reducir el número de años para el uso de concesiones de extracción y uso del agua y reforzar las acciones de supervisión y sanción a los infractores por daño ambiental, entre otras muchas acciones. Sin embargo, falta todavía mucho por hacer. Es importante potenciar la participación del sector privado en el sector hídrico. Esto no es nuevo: desde 1969 se transfirieron los distritos de riego públicos a la gestión directa de los agricultores; por otra parte, existe la participación del sector privado en el suministro de agua potable y el saneamiento.

En México, el tratamiento de las aguas residuales se subcontrata en gran escala. En virtud de lo anterior, resulta claro que se podrían ahorrar costos y aumentar la eficiencia del sector si se establecieran arreglos con empresas privadas. Muchas actividades pueden abrirse a la competencia directa; por ejemplo, al contratar empresas privadas para las obras de conexión, pero la transferencia del sector público al privado de la propiedad de las empresas prestadoras de servicios de agua es únicamente un paso más para mejorar la eficiencia de los servicios del sector. También hay que incluir suficientes incentivos en el marco regulatorio para premiar la asignación eficiente de recursos. Con la regulación de precios se pueden incorporar medidas de calidad, como planes de indemnización a los clientes. En ese caso, los vecinos de la delegación Iztapalapa de veras que estarían... se habrían llevado una muy buena indemnización al quedar mes y medio sin agua aquí en el Distrito Federal.

En resumen, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional coincide en la necesidad de reforzar la convicción de los actores locales respecto a la necesidad de instrumentar acciones para el cuidado del agua y remover los obstáculos que las bloquean. Celebramos la promoción de debates que conduzcan a compromisos globales y de cada región, generando el compromiso ciudadano de valorar y administrar adecuadamente este importantísimo recurso natural. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Tiene el uso de la palabra don Marco Antonio Torres Hernández, del PRI, hasta por cinco minutos.El diputado Marco Antonio Torres Hernández: Gracias, señor Presidente; con su permiso: en nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, del grupo parlamentario del PRI, quiero dar la bienvenida a los visitantes de todo el mundo que están en México para atender el IV Foro Mundial del Agua, especialmente a los parlamentarios de muchos países que hicieron el esfuerzo para llegar a México y atender el llamado del Congreso mexicano para realizar un encuentro mundial de legisladores del agua.

Durante dos días, los legisladores del mundo habremos de analizar lo que podemos hacer para dar un valor universal al agua, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y desde el norte de Europa hasta el sur de África. Queremos plasmar nuestro interés en que el derecho del agua sea reconocido como un derecho inalienable de los habitantes del planeta y sea compromiso de todos los países elevarlo a rango constitucional. Queremos proponer también que los países ricos apoyen el abasto de agua potable a las comunidades marginadas de los países pobres, aceptando en canje de deuda externa por agua, pero queremos en especial dejar constancia de nuestro interés por ayudar a resolver los problemas relacionados con el agua en cada uno de nuestros países.

Festejamos pues, los mexicanos, ser los anfitriones del evento del agua más importante que existe. Seremos anfitriones, pero también estaremos en el aparador: lo que hoy se diga o se haga en México tendrá impacto mundial. Lo que nos inquieta a muchos miembros de esta Legislatura es cómo explicar al mundo que los mexicanos no hemos hecho la tarea y que los problemas relacionados con el agua parecen ser más graves cada vez; que lejos de avanzar, hemos retrocedido o, simplemente, estamos igual que antes: todavía tenemos más de 30 mil comunidades con 12 millones de habitantes sin agua; que todavía hay millones de mexicanos que creen que la vida es así y que así habrán de morir; que los niños aún acarrean agua en la espalda y las mujeres tienen problemas de columna a fuerza de cargar un cántaro en la cabeza; que en muchas comunidades o ciudades del norte, los niños tienen los dientes con manchas por los excesos de minerales en el agua y que, a fuerza de verse unos a otros, piensan que todo eso es normal.

¿Cómo habremos de explicar que en México solamente tratamos un tercio del agua residual y no reutilizamos más de 2 por ciento de ésta fuera de la agricultura, y que hemos contaminado prácticamente todos nuestros arroyos, ríos, lagos y lagunas o el mismo mar y que esta contaminación ya se vuelve sobre nosotros? ¿Cómo explicar, pues, que desperdiciamos hasta 50 por ciento del agua para la agricultura o por fugas, que hasta 30 por ciento del agua potable de pueblos y ciudades...? Pero lo que es más grave, ¿cómo explicaremos que en nuestros discursos decimos que el agua es un asunto de seguridad nacional, de primordial importancia, pero elaboramos el Presupuesto y pedimos muy poco, autorizamos poco y no ejercemos mucho?

Qué bueno que la Secretaría de Hacienda no tendrá que explicar a los visitantes, como tendrá que hacer con los mexicanos, por qué recortó el presupuesto autorizado para el agua en 2005; pero incluso, el presupuesto recortado no lo entregó completo. Pero sí creo que el ciudadano Presidente tendrá problemas para explicar por qué, bajo el pretexto de una controversia, muchos mexicanos que nunca tuvieron agua siguen sin tenerla y tal vez nunca la tendrán, por qué muchos proyectos de infraestructura hidroagrícola se quedaron a medias, por qué los distritos de riego se están quedando sin mantenimiento. Presidente y legisladores, tendremos que reconocer que nos faltó voluntad para ponernos de acuerdo. México está enfermo de acuerdos, y nosotros dimos la muestra.

Los problemas del agua se agravarán porque cada día somos más con la misma agua disponible; es necesario que el próximo gobierno sea congruente en su discurso y en su actuación y realmente dé importancia al agua. México requiere replantear su política en materia de agua; requiere una dependencia especializada en los asuntos hidráulicos, una secretaría del agua o secretaría de recursos hidráulicos; requiere definir un techo presupuestal no menor de 30 mil millones de pesos anuales para mantener su infraestructura y crecer el de las áreas prioritarias.

Se requiere incentivar las industrias privadas y las oficiales, y los organismos operadores, que regresen al ambiente el agua limpia después de su primer uso; que se estimule la reutilización; que subsanemos de una vez el rezago vergonzoso e histórico que tenemos en abasto de agua para nuestras comunidades pobres, las que no completan su aportación; que hagamos trato con los campesinos --termino, señor Presidente--; que hagamos trato con los campesinos, los dueños del agua, para que ellos sean los que surtan el agua a las ciudades a cambio de algo, sin pensar en expropiarla; que luchemos para que la sociedad entienda su papel y deje de pensar que el agua es un problema de gobierno. Ojalá que la semana del foro nos dure muchos años. Sean ustedes bienvenidos al IV Foro Mundial del Agua. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad del Valle de México, de la carrera de derecho, acompañados por el señor profesor don Carlos Vital Román, invitados por don Sergio Vázquez García, diputado federal del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes, a esta casa de la nación.

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LEY DE AVIACION CIVIL - LEY DE AEROPUERTOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura de los siguientes dictámenes publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada el día 28 de abril de 2005, para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que Reforman los artículos 6 de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos, presentada por el Senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 16 de marzo de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1) Con fecha 28 de abril de 2005, se presento ante el pleno de la H. Cámara de Diputados mediante oficio de la Cámara de Senadores la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6 de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos.

2) Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados recibió y turnó el citado Proyecto de Decreto a las COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE TRANSPORTES, de este órgano legislativo, para su estudio y elaboración del correspondiente dictamen.

CONSIDERACIONES

Las que Dictaminan consideran adecuadas las modificaciones y adiciones aprobadas por la Colegisladora, en el sentido de que la aviación debe entenderse como un instrumento estratégico para la actividad económica en el país, por lo que es necesario implementar políticas dirigida a incrementar su desarrollo.

Es evidente que la burocracia responsable de la tramitología de vuelos en el espacio aéreo nacional, constituye una barrera para el desarrollo de este importante sector, es claro también que han existido importantes avances en los últimos años, siendo estos insuficientes ante la magnitud del rezago, por lo que el reducir la tramitología relativa a los planes de vuelo, a través del uso de medios de comunicación ágiles y con tecnologías hoy ampliamente utilizadas, constituye un elemento importante de simplificación, que no se traduce en tener menos control por parte de la autoridad y contribuye de manera importante a agilizar la relación entre el usuario y la autoridad.

Por lo que hace a la modificación propuesta para la Ley de Aviación Civil, que establece la afirmativa ficta en tratándose de la autorización de permisos para la autorización, explotación y en su caso para la construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos, constituye un estímulo al desarrollo de la aviación, que a su vez otorga mayor seguridad a los usuarios y dota de mayor certidumbre jurídica a quien solicita algún permiso.

Asimismo, dicha modificación constituye un importante paso para contar con un registro nacional de aeródromos que otorgará a la autoridad mayores instrumentos de supervisión, contribuyendo así al combate frontal de actividades ilícitas.

En atención a lo señalado en los párrafos que anteceden, las que dictaminan estiman procedente la modificación de la fracción XV del artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, así como la del párrafo último del artículo 18 de la Ley de Aeropuertos, en los términos en la Minuta en estudio.

Por técnica legislativa y jurídica es necesario incluir en el presente decreto en análisis, el articulado del mismo donde se señale cual es la modificación, y/o adición al artículo de que se trate, por lo que se incluyen los artículos Primero y Segundo del Decreto, en consecuencia de devuelve al Senado de la Republica el presente Decreto, para los efectos del inciso E) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y 18 DE LA LEY DE AEROPUERTOS.

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XV, al artículo 6 pasando la actual XV a ser XVI de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a XIV. ...

XV. Aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presentará por escrito o transmitirá por vía telefónica, interfono, frecuencia de radiocomunicación aeronáutica establecida o cualquier otro medio electrónico, conforme a las disposiciones administrativas que para tales efectos sean expedidas, y

XVI. Las demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. y II. ...

La resolución de la Secretaría sobre el otorgamiento de permisos, deberá emitirse en un plazo que no exceda de noventa días naturales, contados a partir de aquel en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada; tratándose de aeródromos de servicio particular, una vez transcurrido dicho plazo se considerará autorizado el permiso si la Secretaría no hubiere comunicado resolución alguna al promovente; el permiso se entenderá otorgado por diez años.

Cuando la Secretaría resuelva negativamente sobre el otorgamiento de un permiso, ésta contará con 30 días naturales posteriores a la fecha de la resolución, para remitir al promovente un documento explicativo sobre los motivos para la negación del permiso.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de agosto de 2005.

Por la Comisión de Comunicaciones, diputados: Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Presidente; Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), secretario; Federico Döring Casar, secretario; José Julián Sacramento Garza (rúbrica), secretario; Sergio Augusto Magaña Martínez (rúbrica), secretario; Jorge Legorreta ORdorica (rúbrica), secretario; Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), secretario; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Javier Alejandro Galván Guerrero (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Alejandro Ismael Murat Hinojosa (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Erick Agustín Silva Santos (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Rómulo Cárdenas Vélez, Javier Castelo Parada, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Reyes, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, Rubén Alfredo Torres Zavala, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Beatriz Mojica Morga, Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica).

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno, Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), José Javier Villicaña Jiménez (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Fernando Espino Arévalo.»

Es de primera lectura.

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LEY DE GAS NATURAL DE PROCESO, AMONIACO Y FERTILIZANTES NITROGENADOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Energía y de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto que Expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco, y Fertilizantes Nitrogenados presentada por el Diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de mayo de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a estas Comisiones de Energía y de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados a partir de los siguientes:

ANTECEDENTESA. El pasado 26 de mayo de 2004, el Diputado Cruz López Aguilar, con la facultad que le otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Gas natural de Proceso, Amoniaco, y Fertilizantes Nitrogenados que permita la unificación rentable de esta cadena productiva en beneficio de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales del país.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la mencionada Iniciativa para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Energía y Ganadería.

Las Comisiones Unidas de Energía y de Agricultura y Ganadería realizaron un detallado análisis del documento, y un proceso de consulta con el Ejecutivo Federal y con los diversos actores de la sociedad rural, así como los productores de fertilizantes, encaminado a mejorar la Iniciativa y obtener el consenso de los actores involucrados en el tema.

Se realizó una gira de trabajo en las instalaciones de producción de amoniaco y la industria de los fertilizantes de donde se desprendió la necesidad de presentar la referida iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el segundo periodo de receso del mismo, por lo que una vez turnada a las Comisiones de Energía y de Agricultura y Ganadería se remitió a los legisladores y a las organizaciones de productores, para hacer llegar a estas Comisiones dictaminadoras sus opiniones, sugerencias y propuestas para integrarlas al presente proyecto de dictamen.

Con base en lo anterior, los integrantes de ambas Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el campo se encuentra en condiciones de rezago económico, social y tecnológico ante una situación de enorme competencia en los mercados globalizados y una población en condiciones de pobreza.

Que la aportación del sector rural al producto interno bruto es cada año menor y que los cambios derivados de la globalización requieren que el Estado Mexicano emprenda acciones encaminadas a fortalecer la competitividad de los productores mexicanos.

Que el gas natural y el amoniaco, por ser bienes susceptibles de comercio internacional producidos por Entidades Paraestatales, fijan su precio con base en la referencia internacional de acuerdo con lo previsto en el Artículo 26 fracción I del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales vigente.

Que el gas natural es la materia prima para la síntesis del amoniaco por lo que existe una correlación directa en el precio internacional de ambos productos y dichos precios internacionales así como los correspondientes contratos de cobertura de los mismos en las bolsas de futuros son altamente volátiles, lo que genera incertidumbre en los planes de negocios de las actividades en las cuales participan.

Que en la actualidad el gas natural tiene una aplicación general y una específica. La aplicación general es como combustible para la generación de energía eléctrica y para muchas industrias entre las que destacan las del acero, cemento, vidrio y cerámica. La aplicación específica, es exclusiva para la síntesis del amoniaco, en la que el 60% del gas natural empleado se utiliza como fuente de metano para la reacción química correspondiente y no como combustible, por lo que para este propósito, se le designa como gas natural de proceso.

Que al no existir actualmente un mecanismo de diferenciación entre el gas natural en su aplicación general como combustible y el gas natural de proceso, el precio internacional que aplica para ambos, ha hecho incosteable la producción de amoniaco, por lo que en la actualidad, la infraestructura nacional para la síntesis de este producto sólo se utiliza en menos del 25% de su capacidad instalada, no obstante las inversiones realizadas para hacerla más eficiente respecto al menos consumo de gas natural de proceso.

Que el amoniaco es un insumo de gran importancia para la productividad agropecuaria, tanto en su aplicación directa, como a través de su transformación en otros fertilizantes nitrogenados, por lo que resulta evidente que los precios del amoniaco repercuten directamente en el incremento de los costos de producción de los demás fertilizantes nitrogenados.

Que la pérdida de rentabilidad de la industria de los fertilizantes químicos derivada de los altos precios del amoniaco, ha ocasionado que la infraestructura nacional para la fabricación de estos productos sólo opera en un 30% de su capacidad instalada con la consecuente pérdida de empleos.

Que ante la producción nacional deficitaria de fertilizantes nitrogenados, se importan actualmente 2.75 millones de toneladas anuales de estos productos, sin embargo, los altos costos de importación y distribución de los mismos, han ocasionado una disminución en su aplicación anual de 800 mil toneladas durante el último lustro, con la consecuente merma en los rendimientos, productividad, rentabilidad y competitividad de la agricultura mexicana.

Que el amoniaco y los fertilizantes nitrogenados que derivan del mismo, constituyen insumos básicos para la productividad de las actividades agrícola, pecuaria y forestal e influyen en forma significativa en los costos de producción de los productos agrícolas y por tanto en la rentabilidad y competitividad de la agricultura nacional.

Que en el numeral 41 del Acuerdo Nacional para el Campo, se establece la necesidad de incluir al amoniaco, junto con el diesel agropecuario y la gasolina para pesca ribereña, como uno de los productos estratégicos que debiesen estar sujetos por ley a precios de estímulo que se establezcan para los beneficiarios a través de sus volúmenes de consumo agropecuario.

Que en tanto que el diesel y la gasolina ya han sido incluidos, junto con la energía eléctrica, en los precios y tarifas de estímulo previstos en la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento vigentes, para el amoniaco y los fertilizantes nitrogenados prevalecen las condiciones de un mercado volátil y precios que los hacen de difícil acceso para los productores agropecuarios nacionales.

Que la diferenciación legal del gas natural como fuente de metano para su uso como materia prima en la síntesis de amoniaco, requiere del establecimiento de un precio de estímulo del gas natural de proceso para la elaboración de cantidades adecuadas de amoniaco dedicadas a satisfacer las necesidades de consumo directo como materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados.

Que el volumen de gas natural de proceso, necesario para la reactivación de la capacidad instalada nacional para la síntesis de amoniaco, representa el 6% del consumo nacional de gas natural como combustible, por lo que los volúmenes de gas natural de proceso que se utilicen para este propósito no ocasionarán presiones presupuestarias excesivas ni menoscabo a las actividades industriales que utilizan al gas natural como combustible, al tiempo que serán de gran beneficio para la actividad agropecuaria nacional.

Que en la síntesis del amoniaco, el 60% del gas natural utilizado constituye gas natural de proceso, volumen que estará sujeto a los precios de estímulo, el 40% restante del volumen de gas natural utilizado como combustible en la propia síntesis del amoniaco, quedará sujeto al precio de referencia internacional con objeto de no generar competencia desleal en los costos energéticos entre las industrias que utilizan gas natural como combustible.

Que es de interés colectivo la reactivación de la producción de amoniaco y fertilizantes nitrogenados en México para incrementar los rendimientos, la productividad, rentabilidad y competitividad de la producción agrícola, pecuaria y forestal del país, revertir la dependencia en las importaciones de esos productos y la consecuente fuga de divisas por ese concepto, y para rescatar las fuentes de trabajo y capacidad instalada para la producción de amoniaco y fertilizantes nitrogenados.

Que los grupos parlamentarios integrantes de las Comisiones dictaminadoras consideran que para hacer viable la función productiva en el campo se necesita reducir los costos de producción de tal manera de dar una respuesta integral a la problemática del campo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Energía y de Agricultura y Ganadería, integradas de manera plural por los miembros de los diferentes grupos parlamentarios de los partidos políticos representados en la LIX Legislatura, hemos tenido a bien emitir el siguiente dictamen en sentido positivo con modificaciones, por lo que sometemos al Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados

LEY DE GAS NATURAL DE PROCESO, AMONIACO Y FERTILIZANTES NITROGENADOS

CAPÍTULO PRIMERO Del objeto y Aplicación de la Ley

Artículo 1º.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, 27 fracción XX y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República Mexicana.

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo agropecuario y forestal del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendientes al acceso a los fertilizantes químicos como insumos básicos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 2º.- Son sujetos de esta Ley las empresas y organismos públicos que utilicen gas natural para la fabricación de amoniaco destinado a su aplicación agrícola directa o para la fabricación de fertilizantes nitrogenados; así como los fabricantes de amoniaco, fabricantes y distribuidores de fertilizantes nitrogenados establecidos en el territorio nacional, los ejidos, comunidades, las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Artículo 3º.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Actividades Agropecuarias y Forestales: Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables de agricultura, producción animal y silvicultura;

II. Gas Natural de Proceso: El gas natural utilizado como fuente de metano en la síntesis de amoniaco.

III. Amoniaco de Aplicación Directa: El amoniaco de uso agrícola directo que aplique cada sujeto previsto en el Artículo 2º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

IV. Amoniaco para Fertilizantes Nitrogenados: amoniaco utilizado como materia prima en la fabricación de fertilizantes nitrogenados de uso agropecuario;

V. Fertilizantes Nitrogenados: Los fertilizantes nitrogenados de uso agropecuario que se establezca para cada beneficiario previsto en el artículo 2º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

VI. Fabricantes de Fertilizantes Nitrogenados: Son los productores de fertilizantes nitrogenados que utilizan el amoniaco como materia prima;

VII. Clases de Fertilizantes Nitrogenados: Son la urea, el nitrato de amonio, las soluciones nitrogenadas de urea y nitrato de amonio (UAN), el sulfato de amonio, el fosfato diamónico (DAP), el fosfato monoamónico (MAP) y los fosfatos de amonio y potasio (NPKs);

VIII. Ley: La Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados;

IX. Precios de Estímulo: Los precios del gas natural de proceso y del amoniaco para fertilizantes nitrogenados cuyo propósito es estimular la fabricación de amoniaco y fertilizantes nitrogenados; y su uso en las actividades agropecuarias y forestales nacionales en los términos de esta Ley y su Reglamento;

X. Precios máximos: Los precios máximos de venta del amoniaco de aplicación directa y de los fertilizantes nitrogenados, y

XI. Programa: El Programa Anual de la Cadena Productiva de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados.

CAPÍTULO SEGUNDO Del Programa

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo Federal establecerá el Programa en el que se incluirán los precios de estímulo y los precios máximos.

El Programa deberá contener los principios generales bajo los cuales se otorgarán los beneficios que establecen esta ley y su reglamento, incluyendo las modalidades de temporalidad, sujetos, objeto y fiscalización. Asimismo, deberá contener los mecanismos y disposiciones que aseguren que los beneficios de esta Ley se trasladen íntegramente en precios de estímulo del amoniaco y fertilizantes nitrogenados a los sujetos previstos en el artículo 2º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre los cuales tendrán preferencia los productores de menores ingresos.

Para cada ejercicio fiscal, el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá incluir una partida específica para resarcirle a PEMEX Exploración y Producción, la cantidad que resulte de multiplicar la diferencia entre el precio de mercado y el precio de estímulo del gas natural de proceso, por el volumen de gas natural de proceso considerado en el Programa.

Los precios de estímulo estarán sujetos a las necesidades de cada ejercicio fiscal.

Artículo 5º.- Los precios de estímulo que se otorguen a los sujetos establecidos en el artículo 2º de la presente ley impulsarán la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establecerá los precios de estímulo del gas natural de proceso y amoniaco para fertilizantes nitrogenados, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

Los precios de estímulo que se autoricen para la fabricación de amoniaco y fertilizantes nitrogenados y para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país.

La Secretaría de Economía, con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fijará los precios máximos de venta del amoniaco de aplicación directa y fertilizantes nitrogenados. Estos precios serán establecidos anualmente considerando criterios de eficiencia y competitividad.

Para efecto del pago del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos a que se refiere la Ley Federal de Derechos, el valor anual de los volúmenes correspondientes al gas natural de proceso determinados en el Programa, se obtendrá como resultado de multiplicar dicho volumen de gas natural por el precio de estimulo establecido en el Programa para el mismo ejercicio fiscal.

Artículo 6º.- Los volúmenes de gas natural de proceso, amoniaco de aplicación directa, amoniaco para fertilizantes nitrogenados y fertilizantes nitrogenados, se fijarán de acuerdo con las disposiciones que establezcan la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Programa respectivo; con la opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

El volumen anual de gas natural de proceso se establecerá de acuerdo con:

I. La capacidad instalada de síntesis de los productores de amoniaco de aplicación directa y de amoniaco para fertilizantes nitrogenados en sus diferentes clases;

II. Las necesidades estimadas de los beneficiarios de amoniaco de aplicación directa;

III. Las necesidades estimadas de los fabricantes de fertilizantes nitrogenados; y

IV. La demanda de los productores agropecuarios nacionales.

El volumen de amoniaco de aplicación directa y de los fertilizantes nitrogenados entregados a los beneficiarios será congruente con los objetivos y metas del Programa que deberán significar mejores resultados en la productividad del sector y establecerá por parte de los beneficiarios un compromiso de mayor eficacia productiva. Los requisitos de esta entrega serán establecidos en el Programa que para tal efecto emita la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El Programa deberá armonizarse con los programas y acciones orientadas a incentivar la producción de los fertilizantes de origen biológico y prácticas sustentables. En concordancia con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 7º.- Los volúmenes a los que se refiere al Artículo 6º de esta Ley, se otorgarán previo dictamen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se utilizarán exclusivamente en:

I. Fabricación de amoniaco para uso agrícola directo y como materia prima para fabricar fertilizantes nitrogenados;

II. Aplicación directa de amoniaco para la fertilización de terrenos agrícolas y ganaderos;

III. Fabricación de fertilizantes nitrogenados a partir de amoniaco;

IV. Aplicación de fertilizantes nitrogenados para mejorar los terrenos agrícolas y de agostadero incluyendo la urea empleada en la alimentación animal; y

V. Las demás actividades que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Reglamento.

Artículo 8.- La evaluación de los resultados del Programa estará a cargo de las Secretarías participantes, considerando la opinión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y tiene por objeto revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo, de las metas y de las acciones del Programa para corregirlas, modificarlas, adicionarlas, reorientarlas o suspenderlas total o parcialmente.

Artículo 9º.- En el Reglamento se establecerán los mecanismos de supervisión y verificación de la presente Ley.

CAPÍTULO TERCERO De los Requisitos y Obligaciones de los Beneficiarios

Artículo 10º.- Se considera la infraestructura productiva y la capacidad instalada de síntesis y declaradas como partes accesorias e indivisibles para cada fabricante; por lo que la transmisión del uso o posesión de dicha capacidad instalada deberá hacerse conjuntamente con los derechos del beneficiario. Para tal efecto, la transmisión del uso o posesión de la infraestructura de fabricación, deberá notificarse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 11º.- Los sujetos beneficiarios del Programa, deberán cumplir las condiciones, trámites y requisitos que establezcan el Reglamento de esta Ley y el Programa correspondiente.

CAPÍTULO CUARTO De la Infracciones y Sanciones

Artículo 12º.- Son infracciones a la presente Ley:

I. El desvío de los volúmenes de gas natural de proceso, amoniaco de aplicación directa, amoniaco para fertilizantes nitrogenados y fertilizantes nitrogenados para fines distintos a los establecidos en el artículo 7º de esta ley;

II. La exportación de los volúmenes de gas natural de proceso, de amoniaco de aplicación directa, amoniaco para fertilizantes nitrogenados y fertilizantes nitrogenados objeto de esta Ley;

III. No trasladar los beneficios obtenidos por el volumen autorizado al precio de estímulo al siguiente eslabón de la cadena productiva incluyendo a los usuarios finales;

IV. La presentación ante las autoridades de documentación falsa con el objeto de obtener los beneficios a que se refiere esta ley;

V. El incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad en el otorgamiento de los volúmenes, y

VI. La comercialización a precios mayores a los precios máximos establecidos en el Programa.

Artículo 13º.- Las infracciones señaladas en el artículo 12 de esta Ley se sancionarán con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa equivalente de mil a quince mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

II. La pérdida definitiva de la calidad de beneficiario;

III. Resarcir el monto que corresponda al volumen fijado en su beneficio, y

IV. Clausura temporal o definitiva de las instalaciones declaradas para la obtención del beneficio.

Las sanciones administrativas establecidas en los párrafos que anteceden se aplicarán sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones a esta Ley, sean también constitutivos de delito conforme a las disposiciones aplicables al Código Penal Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2007.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley y los Lineamientos del Programa de la Cadena Productiva de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados dentro de los 60 días hábiles a la entrada en vigor de esta Ley.

TERCERO. La primera evaluación a que se refiere el artículo 8º de la presente ley deberá llevarse a cabo al término del primer año de la aplicación del Programa.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales, Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Heriberto Ortega Ramírez (licencia s/s), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (licencia s/s), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Edith Guillén Zárate, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).

Por la Comisión de Energía, diputados: Manuel Enrique Ovalle Araiza, Presidente; Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Francisco J. Carrillo Soberón, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica secretarios); Víctor M. Alcérreca Sánchez, Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (rúbrica), Josefina Cota Cota, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Óscar González Yáñez, Francisco Herrera León (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Julio Horacio Lujambio Moreno, Jorge Martínez Ramos, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Yadira Serrano Crespo, Miguel Angel Toscano Velasco.»

Es de primera lectura.

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LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria

HONORABLE ASAMBLEA:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos ``E'' y ``F'' de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 30 de marzo de 2004, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Reforma Agraria, la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 94 de la Ley Agraria'' presentada por el Diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En fecha 31 de marzo de 2004, mediante oficio CRA/- 162/04, el Diputado Presidente de la Comisión, turnó la iniciativa a los diputados integrantes de la Comisión; de igual manera en Reunión Ordinaria de la Comisión realizada el 14 de abril de 2004, se presentó a los diputados integrantes la iniciativa de referencia; recibiéndose las observaciones y comentarios de diversos Diputados integrantes; asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con especialistas y funcionarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y de la Comisión para la Regularización en la Tenencia de la Tierra, con base en los cuales se conformó el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala en su exposición de motivos la necesidad de modificar el artículo 94 de la Ley Agraria, en virtud de que los avalúos que actualmente realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, anteriormente CABIN, determina un valor mucho menor al del mercado de tierras de la zona donde se realiza la expropiación; por tanto fundamentalmente, se propone que el propio Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, determine el valor comercial de los bienes expropiados, tomando en cuenta su ``destino final''.

Para sustentar la propuesta, en el sentido de que al realizarse el avalúo de tierras certificadas, éstas deben ser consideradas reguladas por el derecho común y no el agrario, la iniciativa señala dos argumentos a saber: el primero, en virtud de que, de acuerdo al artículo 80 de la Ley Agraria, se puede realizar la enajenación de tierras entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población; en segundo lugar, se hace referencia al proceso que establece la Ley Agraria para que los ejidatarios puedan adquirir el dominio pleno sobre sus tierras, lo que trae como consecuencia su salida del régimen agrario, incorporándose al régimen del derecho común, ello de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero de la fracción VII del artículo 27 constitucional.

A mayor abundamiento la iniciativa señala que ``la acción agraria de expropiación, por causa de utilidad pública planteada por el o la promovente ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podrá versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común. En ambos casos, el criterio que debe prevalecer en la ``CABIN'', es de que se trata de un ejido o comunidad ya certificados y, por ende el valor comercial debe ser calculado sobre un bien que ``de jure'' trasciende el régimen jurídico de tenencia del bien ejidal (propiedad social), a la de un bien protegido por la legislación civil (derecho común) que ``per se'' experimenta una plusvalía, hasta de carácter especulativo, y que con este razonamiento la ``CABIN'' deberá razonar sus avalúos con base en el libre precio de la oferta y la demanda del mercado de tierra''.

Por los anteriores razonamientos, la iniciativa del Diputado Morales Flores, establece la necesidad de que el avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales sobre tierras parceladas, lo determine de acuerdo al destino final de la expropiación, considerándolas bajo el régimen del derecho común y no el agrario.

III. CONSIDERACIONES

La Iniciativa en análisis, indiscutiblemente trata un asunto fundamental dentro del tema de la expropiación en materia agraria; efectivamente, el pago de la indemnización constitucional por la expropiación de tierras, resulta ser en muchos de los casos, menor al valor que le correspondería de acuerdo al valor de mercado.

Se coincide con el argumento de la iniciativa, en cuanto a la necesidad de realizar las modificaciones necesarias a la Ley a efecto de lograr que el pago por la expropiación de tierras sea el justo; sin embargo, la forma y manera a través de la cual la iniciativa en comento pretende atender o solucionar el problema, se considera inadecuada e improcedente.

En el análisis del Proyecto destacan las consideraciones que a continuación se describen:

Primero. En fecha 20 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva Ley General de Bienes Nacionales, la cual rige y norma el funcionamiento del nuevo Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que sustituye a la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales CABIN.

Segundo. En cuanto a la ubicación normativa de la propuesta cabe observar lo siguiente:

El artículo 94 de la Ley Agraria, establece la forma en que habrá de realizarse la expropiación, es decir, tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria, por Decreto Presidencial, señalándose la causa de utilidad pública, y mediante indemnización; en este ultimo aspecto señala que, ésta --la indemnización- será determinada por la ``Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales'' y que a su vez, para determinarla, se realizará ``atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados'', reconociéndose la existencia de dos tipos de valores, de acuerdo al texto constitucional, el comercial y el catastral, aplicado este segundo, a la propiedad privada.

La Ley Agraria establece el criterio ``de valor comercial'' para la determinación del monto indemnizatorio; y lo hace, en congruencia con lo establecido en la Ley de Expropiación y Ley General de Bienes Nacionales, tal como se describe a continuación:

Ley de Expropiación

Artículo 10

``El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.'' (que es el mismo sentido de la fracción VI del artículo 27 constotucional)

Artículo 11

``Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el juez.''

Ley General de Bienes Nacionales

Artículo 54

``Cuando se trate de adquisiciones por expropiación de inmuebles, corresponderá a la autoridad del ramo respectivo determinar la utilidad pública y a la Secretaría (de la función pública) determinar el procedimiento encaminado a la ocupación administrativa del bien y fijar el monto de la indemnización, salvo lo dispuesto por la Ley Agraria.''

Artículo 143

``Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere el presente artículo en los que intervengan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponde a la Secretaría dictaminar:''

...

Fracción VII. ``El monto de la indemnización por la expropiación, ocupación temporal o limitación de derechos de dominio sobre bienes inmuebles, muebles, acciones, partes sociales o derechos que decrete el Ejecutivo Federal, tratándose tanto de propiedades privadas como de inmuebles sujetos al régimen ejidal o comunal.''

De acuerdo a este análisis, corresponde al artículo 94 de la Ley Agraria, establecer los criterios para la determinación del monto indemnizatorio en materia de expropiación de bienes ejidales o comunales; sin embargo, es el enunciado o concepto ``destino final'' señalado en la iniciativa, el que se considera improcedente de acuerdo a los razonamientos que se describen a continuación.

Tercero. Procedencia del enunciado normativo propuesto por la iniciativa.

El Proyecto de Decreto propone, lo que en derecho se denomina, condición suspensiva de realización incierta, es decir, se pretende regular sobre una situación indeterminada o inexistente, cuya realización no depende del supuesto normativo, sino de acontecimientos o circunstancias exteriores al ámbito jurídico. La realización de la causa de utilidad pública para la que se realiza la expropiación o el ``destino final'', y aún más, la determinación del valor de dicha obra o bien no es determinable a futuro, pues su valor dependerá de la realización o existencia de innumerables circunstancias y factores, los cuales, determinarán finalmente el valor del bien hasta su realización.

Cuarto. Para el caso de la regulación de asentamientos humanos, la propuesta resulta contradictoria; pues en primer lugar habrá que determinar la fecha de referencia para el valor comercial, si es al momento en que se encontraba la tierra totalmente desocupada, sin asentamientos humanos y sin una infraestructura de servicios públicos; cuando estos dos ya se hubieren dado, o al momento de la expropiación; siendo el fin de la expropiación precisamente regularizar esos asentamientos, que en realidad lo que se hace es dar validez a una posesión de hecho, mediante el otorgamiento de escrituras; factores que será difícil conciliar para poder emitir el avalúo para efecto de indemnización en el caso de expropiaciones para la regularización de asentamientos humanos.

Quinto. En el aspecto fiscal, se considera que habría un impacto presupuestario, ya que en la mayoría de los casos al expropiarse un bien su valor comercial aumenta, en virtud de que se realizarán mejoras para lograr su utilidad en beneficio de la sociedad, resultando incierto pagar una indemnización que no corresponde al estado en que se encuentra el bien al momento de la expropiación.

Aunado a lo anterior, la iniciativa no considera en su propuesta el contenido de los párrafos segundo y tercero del artículo 94 vigente, entendiéndose que éstos continúan igual; sin embargo, otro elemento que determina la improcedencia de la iniciativa, es que se elimina la parte final del primer párrafo, relativa a la publicación y notificación del decreto, derechos fundamentales dentro del proceso expropiatorio.

Por otra parte, cabe mencionar que, antes de la reforma constitucional en materia agraria realizada en 1992, y en virtud de las características de inembargable, imprescriptible e inalienable de la tierra, varias de las causas de utilidad pública, sólo podían realizarse a través de la vía de la expropiación.

Con la reforma realizada al artículo 27 constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria, se establecen nuevas vías y formas para que las tierras salgan del régimen ejidal, tal como el dominio pleno o la participación en sociedades mercantiles.

En virtud de ello, los argumentos utilizados en la iniciativa en análisis, ya son viables a través de los supuestos señalados en el Capítulo segundo del Título tercero de la Ley Agraria, como la compraventa a través del dominio pleno, o la participación en sociedad.

Diversas causas de utilidad pública señaladas en el artículo 93 de la Ley Agraria, pueden ser realizadas a través de estas figuras, y no necesariamente por la vía de expropiación, la cual es la causa original del asunto señalado en la iniciativa del Diputado Morales Flores. El problema es la diferencia entre el pago indemnizatorio y el lucro o ganancia que se obtiene por los destinatarios de la expropiación en las causas de utilidad públicas como: ``La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo''; así como ``La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas''.

Por lo anterior, se considera que el asunto del monto de indemnizaciones, es en su origen, un problema de fondo que requiere en principio, redefinir de manera clara y justa, las causas de utilidad pública señaladas en la Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales, y Ley de Expropiación, a fin de que estas, correspondan realmente a una utilidad pública, ya que de lo contrario se debe dar la debida participación o pago correspondiente a los sujetos agrarios, afectados por un destino final que será destinado al comercio o la obtención de un lucro por particulares.

Finalmente, durante el estudio y análisis de la propuesta, se realizaron reuniones de trabajo, una de ellas, con Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y su personal técnico. La opinión del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, es en el sentido de que la propuesta es improcedente, en virtud de que el destino final no es un valor determinable, que dicho valor no sería siempre mayor al comercial, en virtud de que las causas de utilidad publica en muchos casos son deficitarias, como es el caso de los hospitales y escuelas.

Por otra parte, en mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Bienes Nacionales, la cual regula el funcionamiento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dicha ley establece nuevos esquemas para la determinación del valor comercial que no analiza la iniciativa en comento.

De igual manera, en el marco de reuniones con dependencias de gobierno involucradas con el tema, el día 23 de septiembre de 2004, se realizó una reunión de trabajo en la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT, con su Director General y Director de Asuntos Jurídicos entre otros, la opinión de este órgano fue en el sentido de inviabilidad de la propuesta de iniciativa del Diputado Jesús Morales Flores.

El punto de vista de los especialistas y funcionarios, se expuso ante los diputados integrantes de la Comisión en la Reunión Ordinaria del 20 de octubre de 2004, donde se realizó el análisis de la iniciativa.

No obstante lo anterior, coincidiendo con el objeto de la presente iniciativa, se considera que habrán de realizarse las reformas necesarias y procedentes a efecto de evitar que los sujetos agrarios afectados por una expropiación, reciban como indemnización, un pago mucho menor al que realmente les corresponde.

Esta Comisión de Reforma Agraria, en el marco de la revisión que realiza al marco jurídico agrario, ha considerado el tema de la expropiación de bienes ejidales o comunales como un elemento fundamental que se debe atender para aspirar a una verdadera justicia para los hombres del campo.

Por ello, se realizan a través del presente dictamen una serie de reformas a los artículos 93, 94, 95 96 y 97 del capítulo IV sobre la expropiación de bienes ejidales y comunales de la Ley Agraria.

Las propuestas de reforma y adición, tienen como objeto fundamentalmente:

a) Se actualiza el texto de los artículos relativos al procedimiento de expropiación, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales

b) Se señala que, cuando el objeto de la expropiación se destine a la especulación y generará lucro o utilidades para terceros, que no sea proporcional o equitativa a la indemnización, el Instituto tomará esta circunstancia en consideración al fijar su monto.

c) Se regula la ocupación previa de las tierras de los núcleos afectados

d) Se realizan modificaciones encaminadas a fortalecer los derechos de los sujetos agrarios afectados ante la expropiación de sus bienes

e) El decreto expropiatorio sólo podrá ser ejecutado previo el pago o depósito del importe total de la indemnización

f) Se regula el proceso de reversión de los bienes expropiados

Por los razonamientos antes expuestos, la Comisión de Reforma Agraria, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 94 con un segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; se adiciona un segundo párrafo al artículo 95; se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 96; y, se reforma y adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 97, todos ellos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública, los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados.

En el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto de la indemnización, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, deberá tomar en cuenta, además de los criterios previstos en la Ley General de Bienes Nacionales, los costos de los trabajos de regularización.

Cuando sea previsible que el objeto de la expropiación se destinará a la especulación y generará lucro o utilidades para terceros, que no sea proporcional o equitativa a la indemnización, el Instituto tomará esta circunstancia en consideración al fijar su monto.

En todos los casos, el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

Las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, podrán promover la expropiación en los términos del presente artículo. En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.

El decreto expropiatorio sólo podrá ser ejecutado previo el pago o depósito del importe total de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Artículo 95.- Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que la asamblea y, en su caso, los ejidatarios afectados, aprueben dicha ocupación, según se trate de tierras de uso común o parceladas.

Para llevar a cabo la ocupación deberá suscribirse un convenio entre la dependencia o entidad promovente de la expropiación y la asamblea o el ejidatario afectado, en su caso, en el que expresen su consentimiento, el cual contendrá cuando menos lo siguiente:

I. La superficie a ocupar, su ubicación geográfica y el uso que tendrá durante la ocupación previa;

II. La fecha en que el promovente de la expropiación presentó la solicitud formal ante la Secretaría de la Reforma Agraria y la causa de utilidad pública que se invocó;

III. La contraprestación que se cubrirá por la ocupación, las modalidades de pago y la garantía de su cumplimiento; cantidad que no podrá deducirse del monto de la indemnización, y

VI. Las causas por las que puede rescindirse el convenio, en su caso, las bases para la devolución de la contraprestación y del pago de los daños derivados de la ocupación.

Artículo 96.- La indemnización se pagará al núcleo agrario. Cuando la expropiación afecte parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos podrán optar por recibir la parte de la indemnización que les corresponda o tierras de igual calidad a las que tenían, dentro del mismo ejido, si éste cuenta con superficies disponibles. Si existiere duda respecto de la proporción que corresponde a cada ejidatario la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva.

En todo caso la afectación de bienes distintos a la tierra se pagará adicionalmente a la indemnización, tomando en consideración su valor comercial.

Artículo 97.- Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo o, si transcurrido un plazo de cinco años a partir de la publicación del decreto de expropiación, no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará la acción de reversión, parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados.

Los bienes revertidos se incorporarán al patrimonio del ejido expropiado si éste devuelve el monto de la indemnización que corresponda, según se trate de reversión total o parcial. El monto de la devolución se integrará al patrimonio del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para que sea destinado al financiamiento de proyectos productivos en los núcleos agrarios.

En los casos de ocupación temporal o de limitación de dominio la compensación se fijará atendiendo a los daños y perjuicios derivados de estas circunstancias, pudiéndose establecer su pago en forma total o en parcialidades. Concluida la ocupación temporal o de limitación de dominio se reincorporarán las tierras al núcleo afectado.

Los núcleos de población afectados podrán demandar directamente la reversión de los bienes expropiados ante los tribunales agrarios cuando se cumplan las condiciones siguientes:

I. Que no haya sido cubierta la indemnización;

II. Que no haya sido ejecutado el decreto, y

III. Que los afectados conserven aún la posesión de las tierras de que se trate o que, no estando en posesión, no se haya cumplido con el objeto de la expropiación.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica en contra), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria

HONORABLE ASAMBLEA:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 9 de diciembre de 2004, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Reforma Agraria, la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 17 y 18 de la Ley Agraria'' presentada por el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En fecha 17 de diciembre de 2004, mediante oficio CRA/376/04, el Diputado Presidente de la Comisión, envió la iniciativa con Proyecto de Decreto a los diputados integrantes de la Comisión, para su conocimiento y efectos de dictamen.

En Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el 2 de febrero de 2005, se presentó la iniciativa, los diputados asistentes expusieron sus comentarios y observaciones, los cuales forman parte del presente dictamen. Asimismo, en dicha reunión se acordó turnar la iniciativa a la Subcomisión de Registro Agrario Nacional, para su estudio, análisis y elaboración del proyecto de dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Se refiere fundamentalmente a la sucesión de derechos parcelarios, mediante la cual el ejidatario ejerce la facultad de designar a quien deba sucederle en los derechos sobre su parcela, o bien, la forma en que habrán de adjudicarse dichos derechos cuando no se haya realizado la designación de sucesores.

La iniciativa señala en su exposición de motivos que: ``se pretende dotar de una mayor certeza jurídica al patrimonio de las familias rurales en virtud de que el vigente artículo 17 de la Ley Agraria, de manera escueta establece un criterio para que el ejidatario pueda ejercer su facultad de nombrar a quienes deben sucederle en cuanto a los derechos agrarios.''

La problemática expuesta, se relaciona con el patrimonio de familia, argumentando que con el texto vigente, se deja abierta la posibilidad de que el titular de los derechos, deje desprotegidos y sin sustento a los miembros de su familia, así como a quienes dependen económicamente de él.

La iniciativa, hace referencia a la importancia de la parcela como patrimonio de familia, por ello, señala que deben protegerse los derechos de aquellas personas con quien el ejidatario tiene relación de parentesco o dependen económicamente de él.

El problema surge cuando el ejidatario designa como sucesor a una persona distinta a la familia o al núcleo; esta situación, según se señala, afecta la integración y sustento de la familia, así como al propio núcleo agrario.

Por ello, la iniciativa en análisis, propone suprimir del texto del artículo 17 de la Ley Agraria, la lista de personas entre las cuales podrá designar sucesor, remitiendo para este efecto, al artículo 18, en donde se establece la condicionante a cualquier persona que dependa económicamente del titular; de igual manera, se adiciona a la lista de sujetos, los parientes colaterales hasta el cuarto grado, en similitud con lo dispuesto por la materia civil.

III. CONSIDERACIONES

Actualmente la discusión respecto a la sucesión en materia agraria, se dirige en dos vertientes; a saber, una que respeta y hace hincapié en la naturaleza social del ámbito agrario sobre el derecho personal a heredar; por otra parte, existe una tendencia que reconoce el acto de la sucesión, como un derecho del ámbito familiar, en el cual se reconoce el respeto de la voluntad de la persona para heredar; el primero tiene que ver con las características propias de la tierra como propiedad social; el segundo, como un acto personal vinculado con el derecho de familia.

Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, hacen referencia a este derecho de sucesión; establecen un régimen especial acorde al carácter social de la propiedad.

En materia agraria, el ejidatario sólo puede heredar los derechos sobre su parcela, a un solo sujeto, siendo titular de derechos y no de la propiedad; con la sucesión, se transmiten también los derechos inherentes a su calidad de ejidatario; esta disposición tiene que ver con el fraccionamiento de la propiedad y la desintegración del núcleo agrario. Sin embargo, es claro que dicha disposición provoca numerosos conflictos intrafamiliares en materia agraria.

Este régimen especial de sucesión, limita la facultad del titular para heredar los derechos sobre la tierra, por otro lado, restringe también el acceso a la tierra de los hijos o de las personas con derecho a heredar.

Respecto a su contenido, el artículo 17, establece el derecho del ejidatario para designar a la persona que habrá de sucederle en los derechos, señalando además el procedimiento para ello.

Por su parte, el artículo 18, se refiere al supuesto, en el cual no se realiza la designación de sucesores o cuando éstos, están imposibilitados para heredar, estableciendo para ello, una lista de sujetos en orden de preferencia bajo la cual se deberá hacer la designación; se señalan, al cónyuge, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes, o a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Finalmente se establece un procedimiento para el supuesto de que existan varios dependientes económicos con derecho a heredar, dejando la facultad de resolver a los tribunales agrarios.

Esta Comisión de dictamen, coincide con la problemática expuesta en la iniciativa en estudio, por lo que retoma la reforma planteada; adicionalmente, se proponen modificaciones mediante las cuales se concibe a la parcela como patrimonio de familia. Las propuestas del presente dictamen son las siguientes:

Dentro de la posibilidad de sucesión se incluyen los derechos de uso común y de aguas

Se establece la posibilidad de formular una lista de sucesión por cada uno de los certificados parcelarios con que cuente el ejidatario; respecto a los derechos inherentes a la calidad de ejidatario, continúan siendo sólo para uno de los sujetos

En la posibilidad de suceder los derechos a cualquier persona, se señala que deberá ser a quienes dependan económicamente del ejidatario

Se regula el procedimiento que habrá de seguirse para el caso de que el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o que ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar, especificando la intervención del tribunal agrario y salvaguardando los derechos y obligaciones alimentarios

Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 y 18 DE LA LEY AGRARIA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo primero, se adicionan las fracciones I y II, se adiciona un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos del artículo 17; se reforman las fracciones III y V, y se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 18, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela, los de uso común, los de aguas que, en su caso, le correspondan y los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará con que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento.

Para tal efecto se observará el siguiente orden de preferencia:

I. Cónyuge, concubina o concubinario, uno de sus descendientes o uno de sus ascendientes a quien tenga obligación de dar alimentos, y

II. Cualquier otra persona.

De entre las personas señaladas en las fracciones anteriores, el ejidatario podrá preferir a aquel que se haya hecho cargo de su manutención.

En caso de ingratitud de alguno de los señalados en la fracción I, porque hayan cometido delito contra la persona, la honra o los bienes del ejidatario, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, o se haya negado a socorrerlo en enfermedad o pobreza, el ejidatario podrá excluirlo libremente de la sucesión.

La designación del sucesor en los términos del presente artículo se hará sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder al cónyuge supérstite derivado del régimen de sociedad conyugal, para el caso de que así se acreditara.

En todos los casos la persona a la que se adjudiquen los derechos agrarios deberá garantizar proporcionalmente, con el producto de la parcela, los alimentos a aquellos acreedores alimentarios del ejidatario fallecido que por ley tengan el derecho a recibirlos.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, quien dará aviso a dicho órgano registral en la entidad que corresponda, dentro de los treinta días naturales siguientes. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso, será válida la de fecha más reciente.

El sucesor designado que no se encuentre en posesión de la parcela, deberá reclamar sus derechos en un plazo no mayor de dos años siguientes al fallecimiento del titular. Después de dicho plazo prescribirá su derecho.

El ejidatario podrá formular una lista de sucesión por cada uno de los derechos agrarios de los que sea titular.

En el supuesto de que el ejidatario tenga más de un derecho parcelario en el mismo núcleo, podrá designar a un sucesor por cada uno de éstos, de los cuales sólo uno deberá ser designado para sucederlo en sus derechos como ejidatario. Los demás sucesores en su caso, adquirirán la calidad de posesionarios, sin menoscabo de que la asamblea pueda reconocerles posteriormente el carácter de ejidatario.

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A uno de los descendientes;

IV. A uno de sus ascendientes, y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos de las fracciones III, IV y V se preferirá a aquel que se haya hecho cargo de su manutención.

Si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, será preferente en la sucesión quien acepte cumplir con la obligación alimentaria referida en el artículo 20 de esta ley. En caso de existir dos o más herederos que acepten cumplir con la obligación alimentaria, el tribunal agrario determinará a quien de estos se adjudicarán los derechos agrarios, considerando los elementos de convicción que pueda obtener y en su caso, la opinión de la asamblea.

La persona a quien se adjudiquen los derechos agrarios responderá de las obligaciones alimentarias del autor de la sucesión y, en consecuencia, deberá garantizarlas proporcionalmente con el producto de la parcela.

Para el caso de que ninguna persona acepte la obligación alimentaria, el tribunal agrario proveerá de forma inmediata la venta en subasta pública de los derechos ejidales. El valor de la adjudicación no será inferior al monto que fije el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El adquirente cubrirá el costo del avalúo y el producto de la venta será entregado íntegramente a los acreedores alimentarios.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario existen dos o más personas con derecho a heredar y no hay acreedores alimentarios, éstas gozarán de tres meses contados a partir de la muerte del ejidatario, prorrogables por una sola vez a solicitud de los interesados, para decidir quién de ellos adquirirá los derechos ejidales. De no existir acuerdo, el tribunal agrario resolverá a quien de entre las personas con derecho a heredar, se le adjudicarán los derechos agrarios; considerando para este efecto, los elementos de convicción que pueda obtener en el caso.

Los solares urbanos que pudieran ser parte de la sucesión agraria se sujetan a las disposiciones previstas en los artículos 63 a 72 de esta ley.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán.»

Es de primera lectura.

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LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria

HONORABLE ASAMBLEA:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 8 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a esta Comisión de Reforma Agraria, la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona los artículos 17, 71 y 72 de la Ley Agraria'' presentada por la Diputada María Elena Orantes López.

El 10 de febrero del año en curso, mediante oficio circular No. CRA/036/05 el Diputado Presidente de esta Comisión de Reforma Agraria turnó a los diputados integrantes de la misma, copia de la Iniciativa de referencia para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone fundamentalmente reformas encaminadas a fortalecer los derechos de la mujer y la juventud en el medio rural, a efecto de proteger el patrimonio sobre la tierra, y promover su desarrollo a través del trabajo productivo.

La iniciativa, señala en su exposición de motivos que la ``ley presenta un retroceso en cuanto al derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre el carácter de obligatoriedad para que cada núcleo agrario asigne una porción de tierra para la constitución de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.''

Para ello propone:

La vigilancia del patrimonio de familiar, para que el marido o concubinario ejidatario no venda o herede la parcela sin autorización de la esposa o concubina

El otorgamiento de certificados de derechos agrarios a las parcelas constituidas como UAIM

La permanencia del carácter de obligatoriedad para que los núcleos agrarios otorguen una porción de tierra y facilidades para la constitución de parcelas agroindustriales de la mujer rural y las unidades productivas para el desarrollo integral de la juventud.

Con las reformas propuestas se pretende mejorar las posibilidades de desarrollo de la mujer y la juventud, sectores que, como lo señala la iniciativa en estudio, se encuentran en muchos de los casos, marginados en las posibilidades de desarrollo en el medio rural.

III. CONSIDERACIONES

La comisión de dictamen coincide con el objeto de la iniciativa, pues efectivamente, la mujer desarrolla un papel fundamental en el medio rural como parte fundamental en el desarrollo de la vida diaria de la familia, sin embargo, no existen en el marco legal agrario normas concretas y precisas que fomenten de manera eficiente el desarrollo productivo de la mujer en el medio rural.

Las políticas públicas dirigidas a las mujeres del campo son prácticamente inexistentes: en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del año 2002, se destinaron sólo 50 millones de pesos para el Programa de la Mujer Campesina, cuyo objetivo consiste en promover la participación de la mujer en el desarrollo de proyectos productivos viables.

Esta situación de marginación, hace necesario replantear nuevos esquemas de fomento a la producción en actividades de la mujer en el campo; sin embargo, para tal efecto la iniciativa en comento concibe la tierra como elemento fundamental para este objeto, por lo que propone establecer la obligación del núcleo para destinar una superficie de tierra para este fin.

a) Sobre la inviabilidad de la reforma

La propuesta de la iniciativa es un elemento importante que contribuye a la actividad productiva de la mujer; sin embargo, el establecer como una obligación para el núcleo el destino de una superficie para esta actividad, hace necesario realizar diversas precisiones a saber:

El artículo 23 de la Ley Agraria establece la facultad de la Asamblea de señalar y delimitar las parcelas con destino específico; en este sentido, la Asamblea es el único órgano que, por Ley, podría decidir sobre el establecimiento de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, por ello, se considera improcedente desde el punto de vista jurídico la propuesta de reforma que se analiza.

Los artículos 70, 71 y 72 vigentes, acordes al artículo 23 de la Ley Agraria, establecen la posibilidad de establecer parcelas con destino específico, utilizando el término: ``podrá''; si fuera de aprobarse la presente iniciativa, por razones de técnica jurídica, debieran reformarse, en los mismos términos, los artículos 23, 70, 71 y 72 de la Ley Agraria.

Aprobar la presente iniciativa implicaría modificar la división y delimitación de la mayoría de los ejidos certificados en el PROCEDE; asimismo, implica obligar a los ejidatarios a establecer una parcela para dicho fin a pesar de que el ejido ya este dividido y certificado, y por tanto, ya no existan parcelas que asignar.

Adicionalmente, es necesario señalar que existe una enorme presión sobre la tierra de los ejidos y comunidades, la tendencia de los programas de regularización oficiales para adquirir el dominio pleno, la creciente urbanización y fraccionamiento de la tierra hace que la tierra cultivable sea un recurso escaso; esta situación complica de por si, la viabilidad real de la reforma propuesta, por lo que el presente dictamen, rechaza las reformas propuestas en la iniciativa, por su inviabilidad jurídica y material.

En todo caso, reconociendo la realidad actual del ejido y la necesidad de apoyo a la mujer campesina que propone la iniciativa; consideramos que, para el caso de la reforma al artículo 71, se establezca que ``de existir tierras disponibles, la Asamblea deberá...''

b) Propuesta de adición

Aunado a lo anterior, se considera que, de acuerdo a los razonamientos expresados en la propia exposición de motivos de la iniciativa, lo fundamental para lograr su objeto es generar opciones productivas a la mujer en el medio rural.

El presente dictamen, reconoce la problemática expuesta por la iniciativa de análisis, y considera que dicho asunto, debe ser atendido desde un esquema relacionado con la posibilidad de acceso a la tierra en los términos señalados anteriormente, pero sobre todo, con las formas asociativas para la producción, en el cual, las mujeres, sin importar su condición dentro del medio rural, puedan asociarse entre si, a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo; sin que para ello, sea requisito necesario el destinar, necesariamente, una superficie del núcleo para tal fin. Para este objeto, en el presente dictamen, se propone la adición de un artículo 113 bis dentro del Título Cuarto de la Ley Agraria, relativo a las Sociedades Rurales; el cual establece los mecanismos jurídicos y legales necesarios que facilitan y promueven la asociación de mujeres para constituir la figura jurídica de ``Unidad Agrícola Industrial de la Mujer''.

La propuesta de adición que se presenta, coincide y recoge la problemática expuesta en la iniciativa en análisis, la atiende, pero no en los términos propuestos, sino que va más allá, propone establecer mecanismos normativos que faciliten y permitan la libre asociación de las mujeres en el medio rural para fomentar su desarrollo productivo en un esquema similar al de las sociedades rurales.

Finalmente, en relación a la reforma al artículo 17 de la Ley Agraria, cabe señalar, que dicho artículo se dictaminará a través de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria que fue turnada a esta Comisión en fecha 9 de diciembre de 2004.

Por lo anteriormente expuesto,

Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 71, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS A LA LEY AGRARIA PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 71.- La asamblea, de existir tierras disponibles, deberá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años o menores con familia a su cargo del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina.

TITULO CUARTO De las Sociedades rurales

Artículo 113 bis.- Las mujeres mexicanas, mayores de edad o menores con familia a su cargo, pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias.

La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o de su abreviatura UAIM.

Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen las mujeres dentro del núcleo agrario.

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la Unidad, deberá otorgarse ante un fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la Unidad tendrá personalidad jurídica. Para su constitución no se exigirá como requisito la aportación de tierras parceladas por parte de las socias.

Dos o más de las Unidades a que se refiere este artículo podrán constituirse como Uniones de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer de carácter regional.

Transitorio

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

Es de primera lectura.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a los invitados, ex trabajadores de la llantera Euzkadi de El Salto, Jalisco, invitados por la diputada Modesta Vázquez García; y a ciudadanos del municipio de Ixtacuixtla, del estado de Tlaxcala, invitados por el señor diputado Florentino Domínguez Ordóñez.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 21 de septiembre de 2004, el Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales.

SEGUNDO.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-2-708, acordó que dicha Iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y Dictamen.

TERCERO.- Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, procedieron a su estudio, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- Expone el autor que el objeto de la Iniciativa, es reformar el artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer la obligación del Ministerio Público de notificar personalmente a las víctimas u ofendidos del delito de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio de la acción penal o desistimiento.

Segunda.- Para fundar lo anterior, menciona en su exposición de motivos, que por decreto de fecha 31 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en la norma suprema, el derecho de las víctimas y ofendidos para impugnar las resoluciones del Ministerio Público, relacionadas con el no ejercicio y desistimiento de la acción penal.

Con esta reforma, desde el nivel constitucional, ha quedado garantizada la posibilidad de ejercer un derecho potestativo como lo es la impugnación de estas decisiones del Ministerio Público.

Pero, señala el Diputado promovente, se dejó abierta la legislación secundaria para que pudiera darle un tratamiento diverso, de tal forma que dichas leyes establecen plazos para la interposición de la impugnación jurisdiccional, pero a la víctima u ofendido se le tiene por notificado bien sea por los estrados, por publicación en boletín y en otros casos, por la vía de la notificación personal.

Por lo tanto, el promovente considera que el monopolio del Ministerio Público sobre el ejercicio o no de la acción penal, debe ser acotado y regulado, debiéndose reducir los márgenes de esta discrecionalidad, no sólo por razones de combate a la corrupción e impunidad, sino esencialmente por las razones de justicia que le asisten a la víctima o el ofendido.

La Constitución prohíbe que los gobernados puedan hacerse justicia por propia mano y en contrapartida, establece como garantía la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial a cargo del Estado, a través de los tribunales previamente establecidos.

En este orden de ideas concluye, en que es necesario profundizar aún más en lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales; es decir, garantizar una administración e impartición de justicia realmente eficaz e imparcial.

Tercera.- Una vez llevado a cabo el estudio y análisis, de los razonamientos vertidos en la exposición de motivos de la presente Iniciativa, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, exponen lo siguiente:

Efectivamente, como lo expone el autor de la Iniciativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha establecido que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

También, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En este sentido, es de considerarse que en materia de derecho penal, quienes acuden a denunciar o querellarse en contra de los responsables por los delitos cometidos en su contra, lo hacen en ejercicio de este derecho constitucional, esperando que la autoridad conocedora cumpla con su obligación de procurar justicia, en este caso, el Ministerio Público.

En tal virtud, la propuesta del autor de la Iniciativa, se origina en la necesidad de que las determinaciones que dicte el Ministerio Público respecto del no ejercicio de la acción penal o desistimiento, se deban notificar personalmente y, en consecuencia, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen.

Dentro del procedimiento penal, el Ministerio Público reúne y analiza todos los datos que arroje la averiguación previa, desde la declaración del denunciante o querellante, así como todos los demás elementos que sirvan para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Una vez llevado a cabo la anterior, valora dichos elementos y determina si ha lugar a ejercitar o no acción penal. Sin embargo, para evitar la mala interpretación de que las determinaciones del Ministerio Público se vean viciadas por la actuaciones del titular o que en su determinación de no ejercicio de la acción penal, exista una mala interpretación en la aplicación de las normas que contemplan los elementos del tipo penal de los delitos, es necesario que estas determinaciones sean notificadas personalmente al denunciante o querellante, dado que esta circunstancia daría la oportunidad a los particulares de inconformarse, haciendo valer los conceptos que no se tomaron en consideración de la averiguación previa, para consignar al probable responsable del delito, ejercitándose acción penal. Obligando a que la determinación de no ejercicio de la acción penal, sea revisada y, consecuentemente, valorados todos los elementos que se encuentren en la averiguación previa para que se resuelva conforme a derecho.

El Código Federal de Procedimientos Penales vigente, señala que el Ministerio Público acordará y notificará al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal, pero en la práctica esta notificación la realizan a través de estrados, boletín y en algunas ocasiones de manera personal, no existiendo uniformidad en cuanto a esta actuación, por lo que los Diputados y Diputadas integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran razonable y viable la propuesta presentada por el autor de la Iniciativa.

Cuarta.- Para ubicar la reforma propuesta, es conveniente citar el texto vigente de la fracción VIII del artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales, ubicado en el Título Preliminar, así como el texto de reforma propuesto a este artículo:

La fracción VIII del artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales vigente, menciona:

``Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I a VII.- ...

VIII.- Acordar y notificar al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen;

IX a XI.- ...''

El autor de la Iniciativa, propone reformar esta fracción VIII, para quedar como sigue:

``Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I a VII.- ...

VIII.- Acordar y notificar personalmente al ofendido o a la víctima el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento y, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen;

IX a XI.- ...''

Esta Comisión Dictaminadora de Justicia y Derechos Humanos, considera favorable la propuesta en el sentido de que las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, sean notificadas personalmente a los ofendidos o victimas del delito.

En relación a que se señale en esta fracción la notificación personal del desistimiento de la acción penal, no se considera adecuada su inclusión en esta fracción, toda vez, que este aspecto se da durante el procedimiento penal en los supuestos de que el Juez de primera instancia o tribunal determine que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, o que el inculpado no tuvo participación en el delito o que exista a favor del inculpado una circunstancia excluyente de responsabilidad.

En estos casos, el Ministerio Público, podrá formular conclusiones de no acusación, y el juez o tribunal enviará el proceso al Procurador General de la República, para que modifique o confirme dichas conclusiones, pues conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y de acuerdo al artículo 122 del mismo ordenamiento Constitucional, estará presidido por el Procurador General de la República.

Si las conclusiones son ratificadas por el Procurador General de la República, se enviarán nuevamente al juez o tribunal, quien dictará el sobreseimiento.

Quinta.- Una vez llevada a cabo la sesión plenaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, los Diputados integrantes, expresaron diversas opiniones respecto del proyecto de Dictamen sometido a su consideración y se coincidió en la propuesta del autor de la Iniciativa de que las determinaciones del Ministerio Público sean notificadas personalmente al ofendido o víctima del delito, así como de que el desistimiento de la acción penal no se incluya en este artículo por darse esta figura durante el procedimiento penal a través de las resoluciones de sobreseimiento que dicte el juez o tribunal como ya se expuso.

Sin embargo, dada la importancia de que estas resoluciones sean notificadas personalmente a la víctima o al ofendido, se propuso trasladar el desistimiento de la acción penal al artículo 141 del propio Código Federal de Procedimientos Penales. Precisamente, porque es la parte relativa a los derechos que tiene la víctima o el ofendido en todo procedimiento penal, adicionándose una fracción V y recorriéndose la última que es genérica, con lo cual se complementaría la propuesta de la Iniciativa, para quedar de la siguiente manera:

``Artículo 141.- En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a:

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera;

V.- Ser notificado personalmente del desistimiento de la acción penal; y

VII.- Los demás que señalen las leyes.

...

...''

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2o. Y 141 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo Único.- Se reforman la fracción VIII del artículo 2o.; la fracción IV y se adiciona la fracción V, pasando la actual V a ser VI del artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-...

...

I. a VII. ...

VIII.- Acordar y notificar personalmente al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen;

IX. a XI. ...

Artículo 141.- ...

I. a III. .....

IV.- Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera;

V.- Ser notificado personalmente del desistimiento de la acción penal, y

VI.- Los demás que señalen las leyes.

.....

.....

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a catorce de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rubrica), José Luis Mazoy Kuri (rúbrica) secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana García Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido. Pero para efectos del artículo 134, pregunta a la Asamblea si va a reservar alguno de los artículos. No habiendo quien reserve artículo alguno, se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación, en esta primera votación por 10 minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal en un solo acto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de maestros del estado de Chiapas, invitados por el señor diputado don Víctor Flores.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz,

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor.

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): A favor.

El diputado Heriberto Enrique Ortega Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivero (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente: se emitieron 347 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura del dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 20 de julio de 2005, el Diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales.

SEGUNDO.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante oficio número CP2R2AE-1280, acordó que dicha Iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y Dictamen.

TERCERO.- Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la Iniciativa citada, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- La Iniciativa en estudio tiene por objeto reformar el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer que las notificaciones sobre el no ejercicio de la acción penal que realice el Ministerio Público, sean realizadas de manera personal al querellante, denunciante u ofendido.

Asimismo, que se otorgue al querellante, denunciante u ofendido el derecho de presentar por escrito su inconformidad ante el Ministerio Público, en el que exponga las consideraciones que no valoró dentro de la averiguación previa para no ejercitar acción penal y que éstos puedan ser reconsideradas en la revisión que realice el Procurador General de la República.

Segunda.- Para fundar lo anterior menciona el autor, en su exposición de motivos, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la imposición de las penas es exclusiva de la autoridad judicial y la persecución de los delitos del Ministerio Público, por lo que sus resoluciones referentes al no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezcan las leyes.

Asimismo, afirma que el Ministerio Público Federal como representante de la sociedad, depende del Poder Ejecutivo Federal, orienta sus actuaciones de investigación y persecución de las conductas que sancionan las leyes penales en términos del artículo 102 Constitucional.

Que son atribuciones de esta institución solicitar las órdenes de aprehensión, presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad penal, vigilar que los juicios se sigan con regularidad y actuar como responsable solidario con el Procurador General de la República ante las faltas y omisiones cometidas por sus servidores públicos.

También expone que el Ministerio Público Federal, ha sido el blanco de severas críticas y acusaciones sociales por la frecuente conducción injusta de sus actuaciones en la integración de las averiguaciones previas, con denuncias que se consideran no idóneas para ejercer la acción penal, aunque a todas luces se encuentren acreditados los elementos del tipo penal, porque dejan a los mexicanos en la imposibilidad de inconformarse contra estas resoluciones.

Lo anterior es un fenómeno que ocurre en las agencias del Ministerio Público Federal que daña a la sociedad, debido a una grave laguna legal en el Código Federal de Procedimientos Penales, en lo que se refiere a las inconformidades que los denunciantes tienen derecho a presentar ante el Procurador General de la República para que revise las determinaciones de no ejercicio de la acción penal.

Para sustentar lo anterior cita el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice:

``Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán ocurrir al Procurador General de la República dentro del término de quince días contados desde que se les haya hecho saber esa determinación, para que este funcionario, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.

Contra la resolución del procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad.''

El fundamento legal señala al Procurador General de la República como instancia idónea para conocer las inconformidades, en su calidad de superior jerárquico del Ministerio Público. Por lo tanto, realiza funciones de control interno, su obligación es revisar las actuaciones que justifiquen la resolución del agente investigador, pero existe el grave problema cuando se confirma la determinación del inferior, porque los ofendidos no tendrán alternativa para hacer valer sus derechos como lo ordena la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 21 Constitucional.

Aunque para los ciudadanos esto significa una negación de la procuración de justicia, el Poder Judicial de la Federación, mediante jurisprudencia, ha resuelto que el juicio de garantías en estos casos no procede, toda vez que la justicia federal al pretender retrotraer los efectos de sus resoluciones estaría arrebatando al Ministerio Público su facultad persecutoria de los delitos.

Por lo anterior, la procedencia del juicio de amparo se limita a analizar las constancias para desentrañar si el Ministerio Público, causó un daño al ofendido en el desarrollo de la investigación de la averiguación previa, con la finalidad de que, si es el caso, se vea obligado a responder por las responsabilidades ocasionadas en perjuicio del ofendido, pero no así para ordenar al Ministerio Público que ejercite acción penal en un caso concreto.

Por lo tanto, el monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público es inquebrantable y constituye la parte medular de la ideología reformadora que pretende proporcionar a la representación social federal el rango constitucional de autónomo, porque su dependencia del Poder Ejecutivo Federal, en muchos casos, le resta credibilidad a sus actuaciones, porque son adoptadas con grandes connotaciones políticas y no jurídicas.

Según el Diputado promovente, el problema debe ser resuelto mediante la sujeción estricta del Ministerio Público y el Procurador General de la República a condiciones jurídicas más estrictas en el desempeño de sus atribuciones a efecto de mitigar la falta de seriedad para tratar los asuntos propuestos para el no ejercicio de la acción penal, en virtud que las inconformidades presentadas por los ciudadanos en los hechos nunca son turnadas con el expediente de averiguación previa al Procurador General de la República, para que estudie la legalidad de sus actuaciones ministeriales y se constituye así la representación social en juez y parte.

Lo cual también ocurre cuando se da cumplimiento a esta obligación, visto desde estricto derecho, porque el Procurador General de la República, finalmente, forma parte de la misma estructura orgánica e influye en las determinaciones que giran en torno al ejercicio de la acción penal, e indebidamente apoya sus veredictos en el agente investigador que en obviedad de repeticiones aprecia los hechos en contrario a los intereses de los denunciantes y viola los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta simulación de actos jurídicos es una práctica descarada que además del daño que ocasionan a los justiciables, violan lo prescrito en el artículo 2º. Fracción VIII, del Código de Procedimientos Penales, el cual obliga al Ministerio Público a notificar a los ofendidos el auto de no ejercicio de la acción penal.

En muchos casos los agentes al dictar el auto de no ejercicio de la acción penal, argumentan que han cumplido esta obligación a través de estrados, lo cual es un argumento carente de credibilidad, que de ningún modo da certeza al justiciable del cumplimiento de los deberes legales que la representación social está sujeta a observar en la práctica de las diligencias.

Por las consideraciones anteriormente expuestas la Iniciativa en estudio busca dar seguridad de que estas irregularidades sean erradicadas, así como dar claridad para que las autoridades involucradas en las resoluciones de inconformidades de no ejercicio de la acción penal, deban observar formalidades esenciales del procedimiento reduciendo el margen de criterios viciados por el Ministerio Público y el Procurador General de la República, viéndose este último obligado a dar certeza y legalidad en sus actuaciones.

Tercera.- Una vez que se ha llevado a cabo el estudio y análisis, de los razonamientos vertidos en la exposición de motivos de la presente Iniciativa, se desprende que la propuesta del autor de la Iniciativa, se origina en la necesidad de que en las determinaciones que dicte el Ministerio Público respecto del no ejercicio de la acción penal, el denunciante, querellante u ofendido sean notificados personalmente para que tenga la oportunidad de presentar su inconformidad por escrito haciendo valer los argumentos que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar acción penal o bien que haya dejado de valorar en la averiguación previa y así determinar la inconformidad presentada.

En nuestro procedimiento penal mexicano, quienes acuden a denunciar o querellarse en contra de los responsables por los delitos cometidos en su contra, lo hacen en ejercicio del derecho que como ciudadanos les otorga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Dentro de este procedimiento que inicia ante el Ministerio Público, se realiza la querella o denuncia por el o los delitos cometidos en agravio del ofendido en la cual se recaban todos los datos que arroje la averiguación previa, desde la declaración del denunciante o querellante, así como los demás elementos de prueba que sirvan para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

El Ministerio Público, al término de la integración de estos elementos deberá valorarlos y determinar si ha lugar o no ejercitar acción penal en contra del indiciado. Sin embargo, se da el caso que éstas determinaciones puedan ser incorrectas, ya sea porque éstas se vean viciadas por la actuaciones dentro de la averiguación previa o porque en su determinación exista una mala interpretación en la aplicación de la ley penal.

La Constitución Federal, en su artículo 21 menciona que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, y que las determinaciones de éste sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional el los términos que establezca la Ley.

En este sentido, el Código Federal de Procedimientos Penales, menciona en el artículo 2º fracción VIII:

``Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

VIII.- Acordar y notificar al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquellos formulen''.

El mismo ordenamiento penal en el artículo 133, ya citado menciona:

``Artículo 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán ocurrir al Procurador General de la República dentro del término de quince días contados desde que se les haya hecho saber esa determinación, para que este funcionario, oyendo el parecer de sus Agentes Auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.

Contra la resolución del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad.''

Como es de verse el Código Federal de Procedimientos Penales vigente, señala que el Ministerio Público acordará y notificará al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal, pero en la práctica esta notificación no se realiza de manera personal, sino la realizan a través de estrados, boletín y en algunas personalmente, no existiendo uniformidad en cuanto a estas actuaciones. Por lo que es razonable y viable la propuesta presentada por el autor de la Iniciativa, para reformar el 133 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Con la reforma planteada en el sentido de que las determinaciones de no ejercicio de la acción penal sean notificadas personalmente al denunciante o querellante, daría la oportunidad a los particulares de manera pronta conocer el resultado de la averiguación y estar en posibilidad de inconformarse, haciendo valer los conceptos que no se tomaron en consideración para consignar al probable responsable del delito, obligando en este sentido que la determinación sea revisada y, consecuentemente, valorados todos los elementos que se encuentren dentro de la averiguación para que se resuelva conforme a derecho.

El autor de la Iniciativa propone la reforma de la siguiente manera:

``Artículo 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad por escrito haciendo valer los argumentos en que considere el Ministerio Público dejó de atender los elementos necesarios para ejercer acción penal o bien se han dejado de valorar en la averiguación previa ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados desde que se les haya hecho saber esa determinación mediante notificación personal, para que este servidor público, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.

El Procurador General de la República resolverá la inconformidad analizando las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público.

Contra la resolución del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad para el caso de que se resuelva sin atender lo prescrito en este precepto, la presente legislación y el Código Penal Federal.

Las resoluciones del Procurador General de la República deberán contener por lo menos:

I.- Un resumen de las consideraciones revaloradas y la fundamentación precisa de los elementos en que basa su determinación; y

II. Las consecuencias jurídicas de sus argumentaciones y de sus resolutivos.''

Cuarta.- Sin embargo, quienes integramos esta Comisión, hacemos algunas adecuaciones al texto del decreto propuesto que consideramos permitirán mejorar la redacción y establecer con mayor claridad las pretensiones del autor de la Iniciativa.

Se propone una nueva redacción del párrafo primero del artículo 133 propuesto a reformarse, para señalar en el primer párrafo, que el denunciante, querellante u ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal.

En el segundo párrafo, para señalar que el Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.

Por último, se agrega un tercer párrafo retomando lo propuesto por el autor de la Iniciativa, para mencionar con mayor precisión los elementos legales que deberá tomar en consideración el Procurador General de la República al dictar su determinación.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo único.- Se reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal.

El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.

La resolución del Procurador General de la República, puede ser motivo de responsabilidad para el caso de que se resuelva sin atender lo prescrito en este precepto.

Las resoluciones del Procurador General de la República, deberán contener:

I.- Un resumen de las actuaciones contenidas en la averiguación previa;

II.- Las razones que el Ministerio Público, tomó en consideración para la determinación de no ejercicio de la acción penal;

III.- Las nuevas consideraciones que se realice del estudio de la averiguación, así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad, debidamente fundadas y motivadas, y

IV.- Los resolutivos de la nueva determinación.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a catorce de febrero de dos mil seis.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rubrica), José Luis Mazoy Kuri (rúbrica) secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana García Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores; sin embargo, la Comisión ha hecho llegar a esta Mesa Directiva una fe de erratas, por lo que se ruega a la Secretaría dar cuenta con el documento al Pleno y preguntar si se acepta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dirigido a la diputada María Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva:

``Me permito hacer de su conocimiento que el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Anexo II, 'Dictámenes de primera lectura', de la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de marzo de 2006, presenta un error en la reforma de las fracciones II y III del artículo 133.

Por ello solicito que se considere la siguiente fe de erratas.

Dice:

'Artículo 133, fracción II. ... las razones que el Ministerio Público tomó en consideración para la determinación de no ejercicio de la acción penal. III. Las nuevas consideraciones que se realicen del estudio de la averiguación, así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad debidamente fundadas y motivadas'.

Y debe decir:

'Artículo 133, II. ... las razones que el Ministerio Público tomó en consideración para la determinación del no ejercicio de la acción penal... IV. Las nuevas consideraciones que se realicen del estudio de la averiguación, así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad debidamente fundadas y motivadas'.

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la diputada Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta''.

Por lo anteriormente expuesto y por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la fe de erratas ya enunciada y leída.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia somete a la consideración del Pleno el dictamen con la fe de erratas presentada y autorizada por la Asamblea. No hay oradores registrados; luego entonces, consideramos el asunto suficientemente discutido y se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, del artículo único del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con la fe de erratas aceptada y autorizada por esta Asamblea. (...)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Marco Antonio Torres Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres (desde la curul): A favor.

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivero (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron en pro 349 votos, en contra 0 y abstenciones 3.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 349 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

---

CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor ... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 364 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 14 de septiembre de 2004, el Diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-639, acordó que se turnara dicha Iniciativa para su estudio y trámite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

TERCERO.- Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, procedieron a su estudio, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute, la cual presenta este Dictamen al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- La Iniciativa en estudio tiene por objeto reformar el artículo 364 del Código Penal Federal, a efecto de adecuar el tipo penal del delito de privación ilegal de la libertad, suprimir el supuesto de liberación espontánea y derogar la fracción II de este artículo porque es un supuesto abstracto y, por lo tanto, inaplicable penalmente.

Segunda.- Expone el autor de la Iniciativa, que la libertad es un bien jurídico que hace posible los demás bienes jurídicos. Por eso, el Estado debe ser el más celoso guardián de la libertad.

Que el Estado de derecho, definido como aquél régimen jurídico-político en el que se establece y cumple la división de poderes y se respetan las garantías individuales, debe ser un objetivo real y permanente en nuestro sistema político.

1.-Por estos motivos considera el autor de la Iniciativa, que la sanción que impone el artículo 364 del Código Penal Federal, al delito de privación ilegal de la libertad que es de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa, es una sanción irrisoria por lo que propone que sea de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Que resulta inadecuada la pena que señala la fracción I del artículo 364, el cual menciona:

``Artículo 364.- Se aplicará la pena de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa:

I. Al particular que prive a otro de su libertad hasta por cinco días. Si la privación de la libertad excede de cinco días la pena de prisión será de un mes más por cada día''

Por lo que algunos piensan, según el Diputado promovente, que la privación ilegal de la libertad existe a partir de cinco días después de que se detiene o aprehende a la víctima.

No cree que exista algún juez que piense que jurídicamente exista la privación ilegal de la libertad, después de haber transcurrido cinco días. Y, afirma que existe la privación ilegal de la libertad desde el momento en que se detiene a la víctima aunque sólo transcurran cinco minutos. Por lo que es necesaria una mejor tipificación de este delito.

2.- Otro aspecto que somete al análisis de los legisladores es el llamado arrepentimiento post factum establecido en el último párrafo de la fracción I del artículo 364 que textualmente establece:

``Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de hasta la mitad y''.

Es decir, la pena de prisión pudiera ser sólo de tres meses.

Lo anterior porque considera que no existe la actitud espontánea del sujeto activo para liberar a la víctima, porque cuando dejan en libertad a la víctima, se debe a que existe revuelo o presión social a través de los medios de comunicación o porque los operativos policíacos los hacen sentirse acorralados, pero nunca, porque exista arrepentimiento.

3.-También propone se derogue la fracción II del artículo 364 del Código Penal Federal el cual señala:

Artículo 364.-

``II. Al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos por la Constitución General de la República a favor de las personas''.

Lo anterior porque el Código Penal Federal, establece como delito (en forma errónea) la conducta consistente en violar de alguna manera los derechos y garantías que la Constitución General de la República establece a favor de las personas, pero esta fracción no describe conductas, ni tipifica delitos sino solo proporciona referencias normativas muy generales. Por otra parte, la descripción del tipo es inoperante ya que las garantías individuales son derechos subjetivos limitadores de la actividad del poder público.

Es decir, la posible aplicación de esta fracción viola lo dispuesto en el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere:

``En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata''.

Tercera.- Por su parte, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una vez realizado el estudio y análisis de las propuestas así como de la exposición de motivos de la presente Iniciativa, llevó a cabo varias reuniones de trabajo con la participación de los Diputados que la integran, coincidiendo en las siguientes consideraciones:

Para ubicar las reformas propuestas, es conveniente señalar el artículo 364 del Código Penal Federal y posteriormente, la reforma pretendida:

``Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa:

I. Al particular que prive a otro de su libertad hasta por cinco días. Si la privación de la libertad excede de cinco días, la pena de prisión será de un mes más por cada día.

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.

Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de hasta la mitad, y

II.- Al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos por la Constitución General de la República en favor de las personas.''

El autor de la Iniciativa propone las siguientes modificaciones:

``Artículo 364. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa:I.- Al particular que prive a otro de su libertad, cualquiera que sea el tiempo de su detención; pero si la privación de la libertad excede de un día, la pena de prisión se aumentará un mes por cada día.

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.''

1.- En cuanto a la propuesta del autor de la Iniciativa de incrementar la pena de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa, por la de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Esta comisión considera que la pena que señala el artículo 364 del Código Penal Federal al delito de privación ilegal de la libertad es adecuada, porque el tipo penal del delito se refiere sólo al objeto de la acción incriminable del delito esto es, al bien o interés jurídico tutelado que es el de la libertad, sin que la conducta lleve consigo agravantes lo cual ya lo prevé el artículo 366 de dicho Código Penal Federal.

Cabe señalar que el incremento de la pena que se pretende no se encuentra debidamente motivado, además de que el aumento de la pena resulta demasiado alto ya que el delito en estudio es la privación de la libertad, no el secuestro.

2.- Por lo que respecta a la propuesta de reforma de la fracción I del artículo 364 el texto vigente que indica:

``I. Al particular que prive a otro de su libertad hasta por cinco días. Si la privación de la libertad excede de cinco días, la pena de prisión será de un mes más por cada día.''

El autor de la Iniciativa, propone:

``I. Al particular que prive a otro de su libertad, cualquiera que sea el tiempo de su detención; pero si la privación de la libertad excede de un día, la pena de prisión se aumentará un mes por cada día.''

El autor propone eliminar el término de cinco días, no estableciéndose lapso alguno para la comisión de este delito, porque algunos piensan que la privación ilegal de la libertad existe a partir de cinco días después de que se detiene o aprehende a la víctima.

En cuanto a esta propuesta, quienes integran esta Comisión Dictaminadora consideramos que la redacción vigente que menciona ``al particular que prive a otro de su libertad hasta por cinco días'', se interpreta que el delito se da desde el momento de su comisión y, el término de cinco días se señala para que a partir de ahí se incremente la pena.

En este sentido, esta Comisión propone adecuar la redacción propuesta, para que dicho término de cinco días se reduzca a veinticuatro horas y que permanezca la pena de un mes por cada día que transcurra.

3.- En relación a la propuesta de suprimir el tercer párrafo del artículo 364 del Código Penal Federal, referente al arrepentimiento post factum, que señala:

``Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de hasta la mitad''.

Esta Comisión Dictaminadora coincide en que este párrafo debe suprimirse, en virtud de que cuando se priva de la libertad a una persona y el sujeto activo del delito libera a la víctima, efectivamente, no lo hace por arrepentimiento sino por otras circunstancias que conllevan a sentirse presionado para liberar a su víctima.

También porque quien comete el delito de privar de la libertad a una persona, realiza un grave atentado al ser a la persona y, consecuentemente, a la sociedad, ya que quien es víctima de este delito sufre gran daño psicológico, moral y, en ocasiones, físico, trascendiendo sus efectos en la familia.

En este sentido, en el momento de cometerse este delito, los elementos del tipo penal y la responsabilidad penal han sido atribuidos al sujeto activo del delito, no debiéndose dar ninguna prerrogativa a quienes cometen este tipo de conductas, ya que hacer esto sería tanto como fomentarlos o ser cómplice de ellos.

Además las causas excluyentes de responsabilidad penal significan que la acción no es culpable o antijurídica o punible y de aquí que la doctrina distinga causas de inimputabilidad, de inculpabilidad y causas de justificación. A las que se añaden las excusas absolutorias que son causas de imputabilidad por lo cual los sujetos que incurren en la comisión de ilícitos les es dable ampararse en ellos.

4.- En cuanto a la propuesta de derogar la fracción II del artículo 364 del Código Penal Federal, el cual señala que:

``Al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos por la Constitución General de la República a favor de las personas''.

Esta Comisión Dictaminadora considera adecuada la derogación propuesta, en razón de que se debe evitar que en nuestra legislación penal existan supuestos que no estén estrictamente apegados a los principios constitucionales, como es el caso del artículo 14 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona:

``En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata''

Esto es, se debe procurar que en la legislación penal se contengan los tipos penales de las conductas delictivas de manera precisa y exacta, donde se señale el delito y los elementos de éste, para no contravenir garantías Constitucionales.

Por lo anterior, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos someten a la Consideración de esta Asamblea, el:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 364 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo Único.- Se reforma el artículo 364 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa;

I.- Al particular que prive a otro de su libertad. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará de un mes más por cada día.

......

(Tercer párrafo, se deroga)

II.- (Se deroga)

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a catorce de febrero de dos mil seis.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rubrica), José Luis Mazoy Kuri (rúbrica) secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana García Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, en virtud de tratarse de artículo único.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, del proyecto de decreto. (...)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivero (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Pompa Victoria (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Mora Ciprés (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Presidente: se emitieron 346 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 346 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción V del artículo 266 Bis del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados con fecha 28 de abril de 2005, el Diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentó, INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Segundo.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-1353, acordó que se turnara dicha Iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

Tercero.- Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute, los cuales se exponen en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Iniciativa que se dictamina, señala que la violación y el abuso sexual son actos delictivos que por sí mismos ofenden a la sociedad, pero más cuando se cometen en contra de menores de edad, pues se les arranca abruptamente su inocencia.

Es de señalarse que todo Estado debe sustentar su desarrollo económico, cultural, social y político, en los jóvenes sanos en cuerpo y alma, en un saludable desarrollo, tanto biológico como sexual y psicológico. En este tenor, los delitos antes mencionados rompen con toda la perspectiva de vida de cualquier ser humano, haciéndolos un grupo vulnerable.

En la mayor parte de las sociedades, la paidofilia es considerada un abuso sexual grave y las leyes castigan con penas severas el contacto sexual entre adultos y niños. Uno de los graves efectos de esta conducta es que las víctimas de la coerción sexual, serán proclives a tener problemas sexuales, psicológicos y emocionales llegadas a la edad adulta; lo peor de todo es que los menores a los que se abusa o explota sexualmente tienden más tarde, ya adultos, a convertirse a su vez en abusadores y explotadores de menores. No hace falta mencionar, que el abuso de menores es un fenómeno social que se ha multiplicado, las cuestiones de paidofilia se han reproducido de forma alarmante en el núcleo familiar y social y, específicamente, han invadido el sector educativo, principalmente a nivel primaria, pero también religioso, en el cual los predicadores, si bien pretenden ser guías espirituales, también tienen sus propias depravaciones.

En este sentido, considera el autor de la Iniciativa, que la magnitud del problema del abuso sexual infantil es grave y delicado, pero se vuelve más agudo cuando se comete por personas que se aprovechan de los menores que tienen bajo su custodia o tutela, o a través de un culto o credo, o de la buena fe que sus víctimas les profesan, para dar rienda suelta a sus instintos. Por lo cual, la presente Iniciativa tiene por objeto agravar la pena de prisión hasta en tres cuartas partes, cuando se cometan los delitos de abuso sexual y violación en contra de menores de edad, cuando sea cometido por un ministro de culto religioso.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con el autor de la Iniciativa, en que es indispensable reforzar la protección y la tutela jurídica del Estado respecto a los niños, niñas y adolescentes, en lo referente a su desarrollo integral entre la que debe incluirse el respeto a su madurez y libertad sexual, por tratarse del sector más vulnerable e indefenso de la sociedad. En reforzar el marco jurídico federal para dar protección a la sexualidad del menor de edad, el cual por su escasa edad e inexperiencia, resulta incapaz de determinar libremente su conducta, convirtiéndose en blanco perfecto para atentar contra sus derechos y dignidad.

Sin embargo, respecto de la propuesta de reforma al párrafo primero del artículo 266 Bis, que contempla aumentar hasta en tres cuartas partes la pena establecida para los delitos de abuso sexual y violación, cuando se ejecuten bajo las siguientes circunstancias: a) el delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas; b) el delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro (donde además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima); c) el delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen (además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión); d) el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.

A la propuesta anterior, consideramos que, si bien es cierto, el abuso sexual y la violación son conductas, por sí mismas, detestables y reprobables, y mayormente cuando se cometen en contra de menores de edad, por las secuelas que en éstos dejan y porque su condición física los hace un grupo vulnerable. También debe decirse, que se ha demostrado que el aumento de las penas no disminuye la comisión de un hecho delictivo en lo particular. Ahora bien, el aumento de pena hasta en una mitad en su mínimo y máximo, para los delitos ya referidos contemplados por el texto vigente, no tienen por objeto elevar la pena hasta límites de gran escala, pues en este caso lo conveniente sería aumentar los límites inferiores y superiores de los tipos delictivos de violación y abuso sexual. Si no mas bien, lo que indica, es una agravante por la comisión de los delitos, bajo ciertas circunstancias que hacen aún mayor el delito cometido, como son la participación de dos o más personas, que se lleve a cabo por el ascendiente contra su descendiente, realizado por quien se desempeñe un cargo público, o bien, por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia. En consecuencia no es de tomarse en consideración la propuesta.

Respecto de la adición de la fracción V que se propone, para aumentar la sanción prevista para los delitos de violación y abuso sexual, ``hasta en una mitad'', cuando la víctima sea un menor de 12 años de edad; se considera, respecto del delito de abuso sexual regulado por el artículo 261 del mismo ordenamiento, que el tipo penal contempla que la conducta delictiva pueda realizarse en persona menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo. En consecuencia, no se justifica el aumento ``hasta en una mitad más''. Respecto del delito de violación contemplado por el artículo 265, 265 bis y 266 del Código Penal Federal, este último que regula las conductas equiparables a la violación, y en consecuencia se aplica la misma sanción a quienes cometan dichos actos, contempla en las fracciones I y II, la cópula sin que se ejerza violencia en personas menores de doce años de edad, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo; y en el segundo párrafo de la fracción III del mismo artículo, se señala que si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. En consecuencia la reforma planteada no tiene materia.

Finalmente, en cuanto a la adición de la fracción VI que se propone insertar al artículo 266 Bis, igualmente para establecer el aumento de la pena ``hasta en una mitad'', por la comisión de los delitos de abuso sexual y violación, si quien los realiza se aprovecha de su posición o jerarquía religiosa o utilizando, el culto, la creencia, la fe, la devoción o la doctrina religiosa de los menores de edad, independientemente de que utilice o no la violencia física o moral. Al respecto, consideramos innecesario establecer que quien realiza la conducta ``se aprovecha de su posición o jerarquía religiosa'', pues puede interpretarse que sólo serían sujetos de estos delitos, las personas que tuvieran un ``rango superior'' dentro de algún culto religioso, y lo que se pretende establecer es que cualquier persona, aún teniendo un rango o nombramiento de mínima jerarquía, pero que haga uso de la actividad que desempeña para cometer el ilícito, sea sujeto de las sanciones previstas para las conductas referidas. En consecuencia, sólo es necesario establecer que se aumentará la sanción, si quien comete el delito es ``ministro de un culto religioso o por quien se ostente como tal''. Asimismo, consideramos que dicha sanción debe establecerse ``en menores de dieciocho años'', edad con la que se define al niño en los diversos instrumentos internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora considera que no es viable establecer que la sanción se aplicará ``independientemente de que se utilice o no la violencia física o moral'', pues lo que se está regulando es quién lleva a cabo la comisión de dichos ilícitos. En consecuencia, se toma en consideración la propuesta, pero como fracción V.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266 Bis.- ...

I. a III. ...

IV.-El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada, y

V.- El delito fuere cometido por un ministro de culto religioso o por quien se ostente como tal, en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o sea obligada a ejecutarlo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a catorce de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rubrica), José Luis Mazoy Kuri (rúbrica) secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana García Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido. Se ruega a la Secretaría que instruya la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. (...)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del Colegio Cervantino, invitados por la diputada Yolanda Valladares Valle. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivero (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Zanatta Gasperín (desde la curul): A favor.

El diputado Isidro Camarillo Zavala (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Francisco Filizola Haces (desde la curul): A favor.

La diputada Norma Violeta Dávila Salinas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente: se emitieron 350 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos, el proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadores hizo a la minuta con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura del dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en el inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Estas Comisiones Unidas que suscriben se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

I.- Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, pusieron en consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

II.- El 3 de noviembre de 2005, el Dictamen en el Pleno fue aprobado y turnado a la Cámara de Senadores.

III.- El 2 de marzo de 2006, en el Pleno de la Colegisladora, se presentó dictamen de las Comisiones Unidas de de Trabajo y Previsión Social; de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, modificando el segundo párrafo del artículo 14 y la fracción XI del Artículo 18 de la misma Ley.

IV.- En esa misma fecha, el Dictamen en el Pleno fue aprobado y turnado a la Cámara de Diputados.

V.- El 2 de marzo de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la el Proyecto que expide de Decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, modificando el segundo párrafo del artículo 14 y la fracción XI del Artículo 18 de la misma Ley a la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, procedieron al análisis de la Minuta antes enunciada, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de estas Comisiones Unidas estiman procedente puntualizar la Minuta enviada por la Colegisladora que a la letra señala:

``CONSIDERACIONES1.- La Minuta sometida a estudio de estas Comisiones, tiene por objeto expedir la Ley por medio de la cual el Fideicomiso Público denominado Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores se convierte en un Instituto, modificando su naturaleza jurídica para ser un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mismo que tendrá como objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios.

2.- Antes de analizar la minuta en concreto, se advierte que el fideicomiso que se pretende reformar se creó a iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, y el H. Congreso de la Unión decretó la creación del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1973; y para instrumentar tal disposición legal, el Ejecutivo Federal ordenó la constitución de un fideicomiso público denominado ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'' (FONACOT) mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1974.

3.- La iniciativa que originó la Minuta, dentro de su exposición de motivos manifiesta, entre otras argumentaciones que:

En el año 2001, en el marco de la política de la transformación de la Administración Pública Federal impulsada por el Ejecutivo Federal y teniendo como marco de referencia el Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se planteó un proceso de cambio para convertir al Fondo en una institución competitiva que contribuyera al crecimiento económico y desarrollo social y humano, con un enfoque dirigido a los trabajadores de menores recursos de México.

Se desarrolló una nueva estructura orgánica caracterizada por ser plana y flexible, la cual pasó de 22 a 7 niveles jerárquicos, soportada en un contrato colectivo de trabajo con puestos multifuncionales de habilidades múltiples. Dichos cambios se han realizado con la instrumentación en paralelo de programas de capacitación y con estímulos a la productividad del personal.

Con base en los logros apuntados, el FONACOT obtuvo la certificación de la norma ISO-9001:2000 en el proceso sustantivo de crédito, convirtiéndose en la primera institución de esas características en América Latina y la segunda en América, en obtener ese certificado.

En la presente administración, el FONACOT ha otorgado 1.7 millones de créditos a trabajadores, por un monto aproximado de 11 mil millones de pesos, en beneficio de alrededor de 7.7 millones de personas, con más de 31,600 centros de trabajo afiliados.

...es de interés del Ejecutivo Federal buscar la permanencia en los cambios obtenidos, para que los diferentes inversionistas del mercado de valores, la banca comercial, red de distribuidores, centros de trabajo y de manera fundamental los trabajadores, tengan la seguridad de que el FONACOT será una institución que cada día les ofrezca un mejor servicio, como una acción del Gobierno Federal de carácter subsidiaria, solidaria, de justicia social y autónoma, que busque el mejor aprovechamiento del salario. En suma, un instrumento que apoye la política laboral, para lo cual requiere contar con certeza jurídica que es la base de la institucionalidad.

Se debe hacer énfasis en que la decisión del (entonces) Ejecutivo Federal para la constitución del Fondo como fideicomiso público, fue idónea en ese momento para las relaciones prevalecientes entre los distintos integrantes de los procesos productivos nacionales; pero también es cierto, que 30 años después resulta evidente la necesidad de contar con mecanismos que atiendan la vigente necesidad de brindar a los trabajadores nuevos medios o instrumentos para que el salario sea su fuente de crecimiento y mejora continua.

4.- Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, de la H. Cámara de Diputados consideraron viable la reforma propuesta en esa Iniciativa, al señalar:

En efecto, se coincide con transformar al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con una autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tendrá como objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios en los términos a que se refiere la iniciativa que se dictamina, con lo que se pretende que dicho Instituto sea una Institución Financiera para el apoyo a los trabajadores de más bajos ingresos del País.

Sin embargo, el Pleno aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con las modificaciones siguientes:

En el segundo párrafo del artículo 2º, se precisa que su operación se deberá ajustar a las mejores prácticas de buen gobierno.

En el artículo 14, al establecer quienes integran el Consejo Directivo incluye al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Asimismo, en las fracciones V y VI se aumenta a cuatro el número de confederaciones de organizaciones de patrones y trabajadores más representativas del país, que tendrán un representante en el Consejo.

También se modifica el segundo párrafo del artículo 14, para precisar que el Titular de la Secretaría del Trabajo, considerará las propuestas de las organizaciones de patrones y trabajadores fundadoras, al participar en la integración del consejo.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 17, al aumentar el número de miembros para ser válidas las sesiones del Consejo, estableciendo que deben asistir por lo menos siete miembros, incluyendo tres representantes de la Administración Pública Federal,

Por último, se modifica el primer párrafo del artículo 20, para incluir en el Comité de Apoyo del Instituto, a especialistas del sector de los trabajadores.

5.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de ésta H. Cámara de Senadores, reconocemos como válida y suficiente la argumentación para transformar la naturaleza jurídica del Fondo como fideicomiso público a la de un Instituto como un organismo público descentralizado, así como la necesidad de una nueva estructura que permita seguir otorgando beneficios a los trabajadores, como lo ha venido realizando en sus casi 32 años de existencia.

Además, del contenido en las disposiciones objeto de la minuta, se aprecia que sus fines de: promover el ahorro de los trabajadores otorgando financiamiento y garantizando su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios, mejorando sus condiciones de vida, permanecen y aumenta la seguridad jurídica y financiera de sus operaciones, por lo que se vislumbra un mejor futuro para el Instituto que se crea y obviamente para los trabajadores de México.

Asimismo, los integrantes de estas Comisiones consideran prudente que el Instituto, como todo órgano publico descentralizado, cuente con un órgano interno de control, en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de un comisario público propietario y un suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, el cual vigilará y evaluara la operación del Instituto.

Respecto de las modificaciones que los diputados realizaron a la iniciativa del Ejecutivo Federal, consideramos conveniente la inclusión en el Consejo Directivo incluye del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el aumentar a cuatro los representantes de las organizaciones de patrones y trabajadores del país, sin mencionar su denominación y que se determine que el Secretario de Trabajo considerará las propuestas de las organizaciones fundadoras para integrar el Consejo Directivo.

También fue adecuado aumentar el número de miembros que deben asistir a las reuniones del Consejo Directivo para tener quórum legal; y la posibilidad de incluir en los Comités de Apoyo a especialistas del sector de los trabajadores, aumentando su participación en el Instituto.

En conclusión y teniendo como premisa que el fin de expedir esta ley es fortalecer al FONACOT y sus funciones, estas Comisiones coinciden con las modificaciones planteadas por la Colegisladora a la iniciativa, por estimarlas acertadas, y estiman conveniente la creación de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para convertir al Fondo en una Institución competitiva que contribuya al desarrollo económico de los trabajadores.

Sin embargo consideramos que No se puede aprobar la minuta sin una modificación de forma, pero de gran importancia, es decir, sin que se modifique el segundo párrafo del artículo 14 y la fracción XI del artículo 18 del dictamen, ya que se utiliza el término ``empleadores'' en vez de ``patrones'', que es el término legal que tiene como origen el mismo texto constitucional, sin mencionar en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal ni en la de la minuta en estudio las razones para el cambio en la denominación.

El artículo 14 de la minuta, en la conducente dice que: ...

I a VI....

El Titular de la Secretaría del Trabajo, considerando las propuestas de las organizaciones de patrones y de trabajadores fundadoras, determinará mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, las organizaciones de patrones y trabajadores que, en el marco de la ley, deban ser propuestas a participar en la integración del Consejo.

Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita desempeñar su función en forma objetiva. Estos representantes percibirán por su participación las remuneraciones que determine el Consejo Directivo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

De la simple lectura podemos observar que en el primer párrafo se utiliza el término patrones, mientras que en el párrafo que le precede se usa como sinónimo el término ``empleadores''.

Asimismo, el artículo 18 fracción XI de la minuta en análisis, se utiliza el término empleador en lugar de patrón. Como a continuación se detalla:

I a X...

XI.- Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores por su participación en las sesiones del Consejo.

XII a XIV...

De la valoración anterior, las comisiones dictaminadoras de acuerdo con el análisis lógico jurídico y de acuerdo con el marco legal que tiene nuestro país consideramos atendiendo a la supremacía constitucional no se pueda utilizar el termino de ``empleador'' en sustitución del de ``patrón'', ya que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 10, define sólo el concepto de ``patrón'', para lo cual transcribimos el artículo referido:

Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de otros trabajadores.

Como observamos, si se acepta la aprobación de la minuta en los términos de los artículos 14 y 18 con el término de empleador, se estaría creando una confusión al respecto, debido a que se utilizan términos no acordes con nuestra legislación.

Además, en la Minuta con proyecto de Decreto en revisión en todo su articulado establece el concepto de patrón, con la excepción de los artículos 14 y 18, que contienen el término empleador. En tal virtud las comisiones dictaminadoras consideramos que se debe sustituir el término ``empleador'' por el término ``patrón'', que es el que existe en artículo 123 Constitucional y en la propia Ley Federal del Trabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones que suscriben resuelven:

UNICO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 14 y la fracción XI del artículo 18 de la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su Artículo Único, para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1.- Se crea el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 2.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tendrá como objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios.

Asimismo, el Instituto deberá actuar bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Además, deberá ajustar su operación a las mejores prácticas de buen gobierno y mejora continua, quedando sujeto, entre otras, a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 3.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tendrá su domicilio en el Distrito Federal. Para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer delegaciones, sucursales, agencias o cualquier otro tipo de oficinas en los lugares de la República Mexicana que resulten convenientes.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Comisión: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

II. Consejo: El Consejo Directivo del Instituto;

III. Distribuidores: Las empresas y establecimientos afiliados al Instituto que presten servicios o comercialicen bienes para ser adquiridos por los trabajadores;

IV. Fondo: El fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;

V. Instituto: El organismo descentralizado denominado Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

VI. Ley: La Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

VII. Recursos del Fondo: La totalidad de los activos que integren el patrimonio del Instituto en términos de la presente Ley, excepto los inmuebles, mobiliario y equipo necesarios para su funcionamiento;

VIII. Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IX. Secretaría del Trabajo: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 5.- La organización, el funcionamiento y la operación administrativos del Instituto como organismo descentralizado, integrante del sistema financiero mexicano, se sujetará a la presente Ley y, en lo que no se opongan a ésta, le serán aplicables, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las operaciones y servicios del Instituto se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, en lo no previsto en ésta y en el orden siguiente, por la Ley Federal del Trabajo, la legislación mercantil, los usos y prácticas mercantiles y el Código Civil Federal.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, estará facultado para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

Artículo 6.- El Instituto formulará anualmente su programa operativo y financiero, su presupuesto general de gastos e inversiones, así como las estimaciones de ingresos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El Instituto deberá someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca, los límites de financiamiento neto que podrá destinar al sector privado y social.

El presupuesto del Instituto se ejercerá en términos de las disposiciones aplicables de la materia.

Artículo 7.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado ``A'' del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II De las Atribuciones del InstitutoArtículo 8.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con las siguientes atribuciones:

I. Administrar el Fondo;

II. Participar en programas y proyectos en términos de la presente Ley que tengan como finalidad el fomento al ahorro de los trabajadores;

III. Coadyuvar en el desarrollo económico integral de los trabajadores y de sus familias;

IV. Instrumentar acciones que permitan obtener a los trabajadores financiamiento para la adquisición de bienes y servicios, en las mejores condiciones de precio, calidad y crédito;

V. Participar en términos de la presente Ley en los programas que establezcan las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, dirigidos a fomentar el crédito para los trabajadores, así como para los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

VI. Brindar apoyo y asesoría en el funcionamiento de las tiendas y almacenes a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

VII. Celebrar los actos o contratos relacionados directa o indirectamente con su objeto;

VIII. Celebrar convenios con las entidades federativas y gobiernos de los municipios, así como con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

IX. Constituir fideicomisos y otorgar mandatos, directamente relacionados con su objeto, y

X. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como proceder a su enajenación, en su caso, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 9.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto sólo podrá realizar las siguientes operaciones:

I. Garantizar los créditos y, en su caso, otorgar financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

II. Otorgar financiamiento a los trabajadores para la adquisición de bienes y pago de servicios y garantizar dichas adquisiciones y pagos;

III. Contratar financiamientos conforme a lo previsto en esta Ley y en las disposiciones aplicables en la materia;

IV. Gestionar ante otras instituciones la obtención de condiciones adecuadas de crédito, garantías y precios que les procuren un mayor poder adquisitivo a los trabajadores;

V. Realizar operaciones de descuento, ceder, negociar y afectar los derechos de crédito a su favor y, en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto de financiamientos otorgados a que se refieren las fracciones I y II anteriores;

VI. Participar y coadyuvar en esquemas o programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento a los Distribuidores, que tiendan a disminuir el precio y facilitar la adquisición de dichos bienes y pago de servicios;

VII. Promover entre los trabajadores, el mejor aprovechamiento del salario y contribuir a la orientación de su gasto familiar, y

VIII. Realizar las operaciones y servicios análogos o conexos necesarios para la consecución de las operaciones previstas en este artículo, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.

Las garantías que otorgue el Instituto conforme a las fracciones I y II y los financiamientos que contrate en términos de la fracción III de este artículo, deberán hacerse con cargo a los Recursos del Fondo y, en ningún caso, los montos de dichas operaciones en su conjunto podrán ser superiores al importe de los Recursos del Fondo. Asimismo, las operaciones a que se refiere este párrafo no podrán generar endeudamiento neto alguno al cierre de cada ejercicio fiscal del Instituto, y quedarán sujetas a la consideración y, en su caso, autorización previa por parte de la Secretaría de Hacienda.

CAPÍTULO III Del Patrimonio del InstitutoArtículo 10.- El patrimonio del Instituto se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;

II. El efectivo y todos los derechos del Fondo susceptibles de hacerse líquidos;

III. Las utilidades, ingresos propios, intereses, rendimientos, plusvalías y demás recursos que deriven de sus operaciones y los que resulten del aprovechamiento de sus bienes;

IV. Las donaciones que se otorguen a su favor, y

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal.

Artículo 11.- Los recursos del Instituto sólo podrán destinarse al cumplimiento de su objeto y a cubrir sus gastos de operación y administración.

Artículo 12.- El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o garantías de cualquier tipo para el cumplimiento de sus obligaciones de pago.

CAPÍTULO IV De la Administración del InstitutoArtículo 13.- La administración del Instituto estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en esta Ley y en los demás que constituya el propio Consejo, así como de los servidores públicos que prevea el Estatuto Orgánico.Sección I Del Consejo DirectivoArtículo 14.- El Consejo se integrará en forma tripartita por los siguientes consejeros:

I. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III. El Secretario de Economía;

IV. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

V. Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de patrones más representativas del país, y

VI. Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de trabajadores más representativas del país, debidamente registradas ante la Secretaría del Trabajo.

El Titular de la Secretaría del Trabajo, considerando las propuestas de las organizaciones de patrones y de trabajadores fundadoras, determinará mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, las organizaciones de patrones y de trabajadores que, en el marco de la ley, deban ser propuestas a participar en la integración del Consejo.

Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita desempeñar su función en forma objetiva. Estos representantes percibirán por su participación las remuneraciones que determine el Consejo Directivo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 15.- El Secretario del Trabajo presidirá el Consejo y, en su ausencia, lo hará su suplente, quien deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior al de aquél.

Artículo 16.- Cada consejero propietario designará a su suplente. En el caso de los servidores públicos, los suplentes deberán tener, por lo menos, el nivel de director general.

Artículo 17.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada tres meses. Cuando se estime necesario, también podrá sesionar en forma extraordinaria.

Las sesiones serán convocadas por el Presidente o, en su defecto, por el Secretario del Consejo a petición de la mayoría de los consejeros o del Director General; serán válidas cuando asistan, por lo menos, siete de sus miembros, incluyendo tres representantes de la Administración Pública Federal, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

A las sesiones del Consejo asistirán el Director General y el Comisario del Instituto con derecho a voz, pero sin voto.

A las sesiones del Consejo podrán asistir también los invitados que autorice el Presidente, a propuesta del Director General del Instituto, quienes participarán en las sesiones con voz pero sin voto y únicamente en los puntos de la orden del día para los cuales se les haya invitado.

Los invitados deberán ser personas distinguidas de los sectores público, social y privado, cuya opinión específica sea de interés para el Consejo, en virtud de sus conocimientos y experiencia sobre las materias o los asuntos del Instituto.

Artículo 18.- Además de las señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

I. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de gastos de administración, operación, inversión y vigilancia del Instituto, una vez autorizados sus montos globales por la Secretaría de Hacienda;

II. Aprobar, a propuesta del Director General del Instituto, las políticas generales sobre tasas de interés, plazos, garantías y demás características de las operaciones del Instituto, orientadas a preservar y mantener los recursos de su patrimonio;

III. Determinar los mecanismos necesarios para que el Instituto conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del sistema nacional de planeación;

IV. Fijar, a propuesta del Director General del Instituto, la cantidad máxima para el otorgamiento de préstamos o créditos;

V. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto;

VI. Aprobar los manuales de operación y funcionamiento, así como las reglas de operación de los comités de apoyo del Instituto;

VII. Autorizar la participación de profesionistas independientes en los comités de apoyo del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico;

VIII. Autorizar las políticas generales para la celebración de convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

IX. Acordar los asuntos intersectoriales que se requieran en la administración integral del Instituto;

X. Autorizar con sujeción a las disposiciones aplicables en la materia, la estructura orgánica básica; los niveles de puestos; las bases generales para la elaboración de tabuladores de sueldos; la política salarial y de incentivos que considere las compensaciones y demás prestaciones económicas en beneficio de los trabajadores del Instituto; los lineamientos en materia de selección, reclutamiento, capacitación, ascenso y promoción; los indicadores de evaluación del desempeño, y los criterios de separación. Todo esto a propuesta del Director General y oyendo la opinión del Comité de Recursos Humanos;

XI. Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones por su participación en las sesiones del Consejo;

XII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten en sus sesiones;

XIII. Aprobar su calendario anual de sesiones, y

XIV. Las demás previstas en la presente Ley.

Sección II De los Comités de Apoyo del InstitutoArtículo 19.- El Instituto contará con los siguientes comités de apoyo:

I. De Operaciones;

II. De Crédito;

III. De Auditoría, Control y Vigilancia;

IV. De Administración Integral de Riesgos;

V. Recursos Humanos, y

VI. Los demás que constituya el Consejo.

Artículo 20.- Los Comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán por servidores públicos del Instituto, representantes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, según lo determine su Estatuto Orgánico, por profesionistas independientes y especialistas del sector de los trabajadores en la materia propia de cada Comité.

Los profesionistas independientes a que se refiere este artículo serán nombrados por el Consejo Directivo a propuesta del Director General del Instituto.

Respecto de los comités de apoyo a que se contraen las fracciones I a V del artículo 19 de esta Ley, el Estatuto Orgánico establecerá lo relativo a su objeto, integración, operación, facultades y reglas básicas de operación, en términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expidan las autoridades competentes.

Artículo 21.- El Comité de Operaciones tendrá entre sus facultades la de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales o lineamientos sobre tasas de interés, plazos, garantías, otorgamiento de los préstamos o créditos y demás características de las operaciones del Instituto.

Artículo 22.- El Comité de Crédito tendrá especialmente la facultad de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales con base en las cuales se autorizarán los créditos y los aspectos inherentes a su otorgamiento.

Artículo 23.- El Comité de Auditoría, Control y Vigilancia tendrá entre sus facultades la de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales sobre control y auditoría, evaluación y desarrollo administrativo.

Artículo 24.- El Comité de Administración Integral de Riesgos tendrá la atribución de fijar la metodología para la estimación de pérdidas por riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y de operación, así como por los de carácter legal. Dicho Comité someterá a la consideración y aprobación del Consejo los términos para la aplicación de las reservas al efecto constituidas.

Artículo 25.- El Comité de Recursos Humanos tendrá entre otras atribuciones, la de opinar sobre la estructura orgánica básica; los niveles de puestos; las bases generales para la elaboración de tabuladores de sueldos; la política salarial y de incentivos que considere las compensaciones y demás prestaciones económicas en beneficio de los trabajadores del Instituto; los lineamientos en materia de selección, reclutamiento, capacitación, ascenso y promoción; los indicadores de evaluación del desempeño, y los criterios de separación de trabajadores.

Artículo 26.- El Comité de Recursos Humanos, estará integrado de la siguiente forma:

I. Un representante de la Secretaría del Trabajo;

II. Un representante de la Secretaría de Hacienda;

III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública;

IV. El responsable del área de administración del Instituto; y

V. Un profesionista independiente con amplia experiencia en el área de recursos humanos;

Salvo el caso del profesional independiente, los demás miembros del Comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inmediato inferior.

Sección III Del Director GeneralArtículo 27.- El Director General del Instituto será designado por el titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Secretario del Trabajo y Previsión Social. El nombramiento deberá recaer en persona que reúna los requisitos que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y quien, además, deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en puestos de alto nivel decisorio en materia financiera dentro del sistema financiero mexicano.

Artículo 28.- El Director General tendrá a su cargo las facultades y obligaciones siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al Instituto. En el ejercicio de su representación legal estará facultado para:

a) Celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos y documentos inherentes al objeto del Instituto;

b) Ejercer las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquéllas que requieran de autorización especial, según esta Ley u otras disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias;

c) Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

d) Querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo;

e) Comprometer en árbitros y transigir, y

f) Otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, y otorgar facultades de sustitución a los apoderados, previa autorización expresa del Consejo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio.

II. Dirigir técnica y administrativamente las actividades y programas del Instituto;

III. Presentar a la aprobación del Consejo los proyectos de Estatuto Orgánico, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, y demás instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto;

IV. Someter a la autorización del Consejo el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio nacional;

V. Presentar anualmente al Consejo los proyectos de los programas operativo y financiero, de las estimaciones de ingresos anuales y del presupuesto de gastos e inversión para el ejercicio siguiente;

VI. Ejercer el presupuesto del organismo con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto, distintos de los dos primeros niveles;

VIII. Rendir al Consejo informes periódicos, con la intervención que corresponda al comisario;

IX. Vigilar la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control y registro;

X. Presentar a la Secretaría de Hacienda los informes que se requieran en términos de las disposiciones aplicables;

XI. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y

XII. Las demás que le atribuyan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, esta Ley o cualquier otra disposición y el Consejo.

Las facultades del Director General del Instituto previstas en las fracciones III y VI de este artículo serán indelegables.

Artículo 29.- El Director General del Instituto será auxiliado en el cumplimiento de sus facultades por los servidores públicos de base y de confianza que establezca el Estatuto Orgánico,

Asimismo, dicho Estatuto determinará al servidor público que suplirá al Director General en sus ausencias. El suplente deberá tener el nivel inmediato inferior al del Director General.

CAPÍTULO V Del Control, Vigilancia y Evaluación del InstitutoArtículo 30.- El Instituto contará con un órgano interno de control, en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Al frente de dicho órgano de control y de las áreas de Auditoría Interna, Auditoría de Control y Evaluación, de Quejas y Responsabilidades, estarán los servidores públicos que sean designados por la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quienes contarán con las facultades que respectivamente les otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 31.- El Instituto contará con un comisario público propietario y uno suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. El comisario vigilará y evaluará la operación del Instituto y tendrá las atribuciones contenidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 32.- La Comisión ejercerá la supervisión del Instituto, en términos de esta Ley y en los de aquélla que rige a la propia Comisión.

La supervisión que ejerza la Comisión tendrá por objeto verificar que las operaciones del Instituto se ajusten a lo previsto en la presente Ley y a las disposiciones que con base en ella se expidan.

Sin perjuicio de las facultades de otras instancias fiscalizadoras, la supervisión de la Comisión comprenderá el ejercicio de las de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confiere su propia ley.

El Instituto estará obligado a proporcionar a la Comisión los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y, en general, toda la información que ésta estime necesaria para el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.

Esta obligación comprende la información y documentación relativa al titular o beneficiario de las operaciones y servicios que realice el Instituto y que se encuentren protegidas por algún tipo de secreto.

La Comisión podrá establecer programas preventivos o correctivos de cumplimiento forzoso, tendientes a eliminar irregularidades o desequilibrios financieros que puedan afectar la liquidez, solvencia o estabilidad del Instituto. Los términos y condiciones para la ejecución de dichos programas podrán ser convenidos por la Comisión y el Instituto.

El incumplimiento de los programas o convenios a que se refiere el párrafo anterior, dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan.

Artículo 33.- La Comisión emitirá la regulación prudencial que deberá observar el Instituto y las disposiciones a las que se sujetará en materia de registro de operaciones, información financiera, estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus responsabilidades y obligaciones.

El incumplimiento o violación a la presente Ley se sancionará con multa de cien a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Para la imposición de las multas, la Comisión seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Crédito y su importe se cargará al patrimonio líquido del Instituto.

ARTICULOS TRANSITORIOSPRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se decreta la desincorporación mediante extinción del fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores''.

TERCERO.- A la entrada en vigor de la presente Ley, pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integren el patrimonio del fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores''.

La transferencia formal de los bienes, derechos y obligaciones a que se contrae el párrafo que antecede, así como los actos necesarios para llevar a cabo la extinción del fideicomiso público a que dicho párrafo se refiere, deberán efectuarse en un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Las transferencias de bienes y derechos previstas en el presente artículo, no quedarán gravadas por contribución federal alguna.

Las inscripciones y anotaciones marginales efectuadas en los registros públicos de la propiedad y de comercio, así como en cualquier otro registro del país, relativas a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario del fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'', respecto de inmuebles, contratos, convenios, títulos de crédito, comisiones de carácter mercantil y cualquier otra, se entenderán referidas al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Como causahabiente, del fideicomiso público cuya extinción se ordena en la presente Ley, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquél, y ejercerá las acciones, opondrá las excepciones y defensas e interpondrá los recursos de cualquier naturaleza deducidos en los procedimientos judiciales y administrativos en los que haya sido parte Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario del mencionado fideicomiso.

Con objeto de que no se interrumpan las operaciones y funciones que a la fecha realiza el Fideicomiso denominado ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'', éste continuará desarrollándolas, hasta en tanto el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores esté en posibilidad de hacerse cargo de las mismas, para lo cual tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

En tanto se expide la normatividad interna del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, continuará aplicándose la que rige la operación y funcionamiento del Fideicomiso cuya extinción se ordena, en lo que no se oponga a esta Ley y, en lo no previsto, se estará a lo que resuelva el Consejo Directivo.

CUARTO.- Sin perjuicio de lo señalado en el último párrafo del artículo 9 de esta Ley con respecto a las nuevas obligaciones de pasivo derivadas de financiamientos, las mencionadas obligaciones de pasivo contraídas por el fideicomiso público denominado Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores antes de la entrada en vigor de esta Ley, podrán ser canjeadas, modificadas, novadas y, en general, refinanciadas por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas obligaciones sean disminuidas gradualmente hasta su liquidación, conforme a los términos y condiciones autorizados por la mencionada Dependencia.

QUINTO.- El Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores deberá ser aprobado y expedido por el Consejo Directivo a más tardar en la segunda sesión ordinaria que celebre.

SEXTO.- Las personas que presten servicios personales subordinados a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'', formarán parte del personal al servicio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y conservarán las remuneraciones y prestaciones de las cuales gozan al entrar en vigor la presente Ley.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores constituirá y mantendrá las reservas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación laboral con sus trabajadores, en función del estudio actuarial que se realice para tal efecto.

SÉPTIMO.- La primera sesión ordinaria del Consejo Directivo deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social adoptará las medidas pertinentes para la instalación del Consejo Directivo.

OCTAVO.- Previo al inicio de operaciones que sean distintas a las que actualmente realiza el fideicomiso Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores someterá a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus sistemas operativos, de procesamiento de información y de control interno, así como sus manuales de organización y operación.

NOVENO.- El Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores se circunscribirá en el presente ejercicio fiscal al presupuesto autorizado al Fideicomiso denominado Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. ``

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA.- Estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto presentada por la Cámara de Senadores por el que se crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional de los Trabajadores para el Consumo de los Trabajadores de conformidad con el inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras coinciden con las modificaciones al segundo párrafo del artículo 14 y la fracción XI del artículo 18, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, propuestas por la Colegisladora en la Minuta que se dictamina.

Se parte de la consideración que de acuerdo al marco legal que tiene nuestro país y atendiendo a la supremacía constitucional establecida en el artículo 123, así como en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, las que dictaminan coinciden en la modificación al término ``empleadores'' por el de ``patrones'' como lo propone la Colegisladora, a fin de evitar confusiones y utilizar términos acordes a nuestra legislación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Publico, someten a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ÚNICO.- Se crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1.- Se crea el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 2.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tendrá como objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios.

Asimismo, el Instituto deberá actuar bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Además, deberá ajustar su operación a las mejores prácticas de buen gobierno y mejora continua, quedando sujeto, entre otras, a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 3.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tendrá su domicilio en el Distrito Federal. Para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer delegaciones, sucursales, agencias o cualquier otro tipo de oficinas en los lugares de la República Mexicana que resulten convenientes.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Comisión: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

II. Consejo: El Consejo Directivo del Instituto;

III. Distribuidores: Las empresas y establecimientos afiliados al Instituto que presten servicios o comercialicen bienes para ser adquiridos por los trabajadores;

IV. Fondo: El fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;

V. Instituto: El organismo descentralizado denominado Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

VI. Ley: La Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

VII. Recursos del Fondo: La totalidad de los activos que integren el patrimonio del Instituto en términos de la presente Ley, excepto los inmuebles, mobiliario y equipo necesarios para su funcionamiento;

VIII. Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IX. Secretaría del Trabajo: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 5.- La organización, el funcionamiento y la operación administrativos del Instituto como organismo descentralizado, integrante del sistema financiero mexicano, se sujetará a la presente Ley y, en lo que no se opongan a ésta, le serán aplicables, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las operaciones y servicios del Instituto se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, en lo no previsto en ésta y en el orden siguiente, por la Ley Federal del Trabajo, la legislación mercantil, los usos y prácticas mercantiles y el Código Civil Federal.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, estará facultado para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

Artículo 6.- El Instituto formulará anualmente su programa operativo y financiero, su presupuesto general de gastos e inversiones, así como las estimaciones de ingresos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El Instituto deberá someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca, los límites de financiamiento neto que podrá destinar al sector privado y social.

El presupuesto del Instituto se ejercerá en términos de las disposiciones aplicables de la materia.

Artículo 7.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado ``A'' del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II De las Atribuciones del Instituto

Artículo 8.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con las siguientes atribuciones:

I. Administrar el Fondo;

II. Participar en programas y proyectos en términos de la presente Ley que tengan como finalidad el fomento al ahorro de los trabajadores;

III. Coadyuvar en el desarrollo económico integral de los trabajadores y de sus familias;

IV. Instrumentar acciones que permitan obtener a los trabajadores financiamiento para la adquisición de bienes y servicios, en las mejores condiciones de precio, calidad y crédito;

V. Participar en términos de la presente Ley en los programas que establezcan las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, dirigidos a fomentar el crédito para los trabajadores, así como para los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

VI. Brindar apoyo y asesoría en el funcionamiento de las tiendas y almacenes a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

VII. Celebrar los actos o contratos relacionados directa o indirectamente con su objeto;

VIII. Celebrar convenios con las entidades federativas y gobiernos de los municipios, así como con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

IX. Constituir fideicomisos y otorgar mandatos, directamente relacionados con su objeto, y

X. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como proceder a su enajenación, en su caso, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 9.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto sólo podrá realizar las siguientes operaciones:

I. Garantizar los créditos y, en su caso, otorgar financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

II. Otorgar financiamiento a los trabajadores para la adquisición de bienes y pago de servicios y garantizar dichas adquisiciones y pagos;

III. Contratar financiamientos conforme a lo previsto en esta Ley y en las disposiciones aplicables en la materia;

IV. Gestionar ante otras instituciones la obtención de condiciones adecuadas de crédito, garantías y precios que les procuren un mayor poder adquisitivo a los trabajadores;

V. Realizar operaciones de descuento, ceder, negociar y afectar los derechos de crédito a su favor y, en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto de financiamientos otorgados a que se refieren las fracciones I y II anteriores;

VI. Participar y coadyuvar en esquemas o programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento a los Distribuidores, que tiendan a disminuir el precio y facilitar la adquisición de dichos bienes y pago de servicios;

VII. Promover entre los trabajadores, el mejor aprovechamiento del salario y contribuir a la orientación de su gasto familiar, y

VIII. Realizar las operaciones y servicios análogos o conexos necesarios para la consecución de las operaciones previstas en este artículo, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.

Las garantías que otorgue el Instituto conforme a las fracciones I y II y los financiamientos que contrate en términos de la fracción III de este artículo, deberán hacerse con cargo a los Recursos del Fondo y, en ningún caso, los montos de dichas operaciones en su conjunto podrán ser superiores al importe de los Recursos del Fondo. Asimismo, las operaciones a que se refiere este párrafo no podrán generar endeudamiento neto alguno al cierre de cada ejercicio fiscal del Instituto, y quedarán sujetas a la consideración y, en su caso, autorización previa por parte de la Secretaría de Hacienda.

CAPÍTULO III Del Patrimonio del Instituto

Artículo 10.- El patrimonio del Instituto se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;

II. El efectivo y todos los derechos del Fondo susceptibles de hacerse líquidos;

III. Las utilidades, ingresos propios, intereses, rendimientos, plusvalías y demás recursos que deriven de sus operaciones y los que resulten del aprovechamiento de sus bienes;

IV. Las donaciones que se otorguen a su favor, y

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal.

Artículo 11.- Los recursos del Instituto sólo podrán destinarse al cumplimiento de su objeto y a cubrir sus gastos de operación y administración.

Artículo 12.- El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o garantías de cualquier tipo para el cumplimiento de sus obligaciones de pago.

CAPÍTULO IV De la Administración del Instituto

Artículo 13.- La administración del Instituto estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en esta Ley y en los demás que constituya el propio Consejo, así como de los servidores públicos que prevea el Estatuto Orgánico.

Sección I Del Consejo Directivo

Artículo 14.- El Consejo se integrará en forma tripartita por los siguientes consejeros:

I. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III. El Secretario de Economía;

IV. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

V. Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de patrones más representativas del país, y

VI. Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de trabajadores más representativas del país, debidamente registradas ante la Secretaría del Trabajo.

El Titular de la Secretaría del Trabajo, considerando las propuestas de las organizaciones de patrones y de trabajadores fundadoras, determinará mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, las organizaciones de patrones y de trabajadores que, en el marco de la ley, deban ser propuestas a participar en la integración del Consejo.

Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita desempeñar su función en forma objetiva. Estos representantes percibirán por su participación las remuneraciones que determine el Consejo Directivo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 15.- El Secretario del Trabajo presidirá el Consejo y, en su ausencia, lo hará su suplente, quien deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior al de aquél.

Artículo 16.- Cada consejero propietario designará a su suplente. En el caso de los servidores públicos, los suplentes deberán tener, por lo menos, el nivel de director general.

Artículo 17.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada tres meses. Cuando se estime necesario, también podrá sesionar en forma extraordinaria.

Las sesiones serán convocadas por el Presidente o, en su defecto, por el Secretario del Consejo a petición de la mayoría de los consejeros o del Director General; serán válidas cuando asistan, por lo menos, siete de sus miembros, incluyendo tres representantes de la Administración Pública Federal, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

A las sesiones del Consejo asistirán el Director General y el Comisario del Instituto con derecho a voz, pero sin voto.

A las sesiones del Consejo podrán asistir también los invitados que autorice el Presidente, a propuesta del Director General del Instituto, quienes participarán en las sesiones con voz pero sin voto y únicamente en los puntos de la orden del día para los cuales se les haya invitado.

Los invitados deberán ser personas distinguidas de los sectores público, social y privado, cuya opinión específica sea de interés para el Consejo, en virtud de sus conocimientos y experiencia sobre las materias o los asuntos del Instituto.

Artículo 18.- Además de las señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

I. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de gastos de administración, operación, inversión y vigilancia del Instituto, una vez autorizados sus montos globales por la Secretaría de Hacienda;

II. Aprobar, a propuesta del Director General del Instituto, las políticas generales sobre tasas de interés, plazos, garantías y demás características de las operaciones del Instituto, orientadas a preservar y mantener los recursos de su patrimonio;

III. Determinar los mecanismos necesarios para que el Instituto conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del sistema nacional de planeación;

IV. Fijar, a propuesta del Director General del Instituto, la cantidad máxima para el otorgamiento de préstamos o créditos;

V. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto;

VI. Aprobar los manuales de operación y funcionamiento, así como las reglas de operación de los comités de apoyo del Instituto;

VII. Autorizar la participación de profesionistas independientes en los comités de apoyo del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico;

VIII. Autorizar las políticas generales para la celebración de convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

IX. Acordar los asuntos intersectoriales que se requieran en la administración integral del Instituto;

X. Autorizar con sujeción a las disposiciones aplicables en la materia, la estructura orgánica básica; los niveles de puestos; las bases generales para la elaboración de tabuladores de sueldos; la política salarial y de incentivos que considere las compensaciones y demás prestaciones económicas en beneficio de los trabajadores del Instituto; los lineamientos en materia de selección, reclutamiento, capacitación, ascenso y promoción; los indicadores de evaluación del desempeño, y los criterios de separación. Todo esto a propuesta del Director General y oyendo la opinión del Comité de Recursos Humanos;

XI. Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones por su participación en las sesiones del Consejo;

XII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten en sus sesiones;

XIII. Aprobar su calendario anual de sesiones, y

XIV. Las demás previstas en la presente Ley.

Sección II De los Comités de Apoyo del Instituto

Artículo 19.- El Instituto contará con los siguientes comités de apoyo:

I. De Operaciones;

II. De Crédito;

III. De Auditoría, Control y Vigilancia;

IV. De Administración Integral de Riesgos;

V. Recursos Humanos, y

VI. Los demás que constituya el Consejo.

Artículo 20.- Los Comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán por servidores públicos del Instituto, representantes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, según lo determine su Estatuto Orgánico, por profesionistas independientes y especialistas del sector de los trabajadores en la materia propia de cada Comité.

Los profesionistas independientes a que se refiere este artículo serán nombrados por el Consejo Directivo a propuesta del Director General del Instituto.

Respecto de los comités de apoyo a que se contraen las fracciones I a V del artículo 19 de esta Ley, el Estatuto Orgánico establecerá lo relativo a su objeto, integración, operación, facultades y reglas básicas de operación, en términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expidan las autoridades competentes.

Artículo 21.- El Comité de Operaciones tendrá entre sus facultades la de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales o lineamientos sobre tasas de interés, plazos, garantías, otorgamiento de los préstamos o créditos y demás características de las operaciones del Instituto.

Artículo 22.- El Comité de Crédito tendrá especialmente la facultad de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales con base en las cuales se autorizarán los créditos y los aspectos inherentes a su otorgamiento.

Artículo 23.- El Comité de Auditoría, Control y Vigilancia tendrá entre sus facultades la de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales sobre control y auditoría, evaluación y desarrollo administrativo.

Artículo 24.- El Comité de Administración Integral de Riesgos tendrá la atribución de fijar la metodología para la estimación de pérdidas por riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y de operación, así como por los de carácter legal. Dicho Comité someterá a la consideración y aprobación del Consejo los términos para la aplicación de las reservas al efecto constituidas.

Artículo 25.- El Comité de Recursos Humanos tendrá entre otras atribuciones, la de opinar sobre la estructura orgánica básica; los niveles de puestos; las bases generales para la elaboración de tabuladores de sueldos; la política salarial y de incentivos que considere las compensaciones y demás prestaciones económicas en beneficio de los trabajadores del Instituto; los lineamientos en materia de selección, reclutamiento, capacitación, ascenso y promoción; los indicadores de evaluación del desempeño, y los criterios de separación de trabajadores.

Artículo 26.- El Comité de Recursos Humanos, estará integrado de la siguiente forma:

I. Un representante de la Secretaría del Trabajo;

II. Un representante de la Secretaría de Hacienda;

III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública;

IV. El responsable del área de administración del Instituto; y

V. Un profesionista independiente con amplia experiencia en el área de recursos humanos;

Salvo el caso del profesional independiente, los demás miembros del Comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inmediato inferior.

Sección III Del Director General

Artículo 27.- El Director General del Instituto será designado por el titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Secretario del Trabajo y Previsión Social. El nombramiento deberá recaer en persona que reúna los requisitos que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y quien, además, deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en puestos de alto nivel decisorio en materia financiera dentro del sistema financiero mexicano.

Artículo 28.- El Director General tendrá a su cargo las facultades y obligaciones siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al Instituto. En el ejercicio de su representación legal estará facultado para:

a) Celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos y documentos inherentes al objeto del Instituto;

b) Ejercer las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquéllas que requieran de autorización especial, según esta Ley u otras disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias;

c) Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

d) Querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo;

e) Comprometer en árbitros y transigir, y

f) Otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, y otorgar facultades de sustitución a los apoderados, previa autorización expresa del Consejo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio.

II. Dirigir técnica y administrativamente las actividades y programas del Instituto;

III. Presentar a la aprobación del Consejo los proyectos de Estatuto Orgánico, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, y demás instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto;

IV. Someter a la autorización del Consejo el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio nacional;

V. Presentar anualmente al Consejo los proyectos de los programas operativo y financiero, de las estimaciones de ingresos anuales y del presupuesto de gastos e inversión para el ejercicio siguiente;

VI. Ejercer el presupuesto del organismo con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto, distintos de los dos primeros niveles;

VIII. Rendir al Consejo informes periódicos, con la intervención que corresponda al comisario;

IX. Vigilar la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control y registro;

X. Presentar a la Secretaría de Hacienda los informes que se requieran en términos de las disposiciones aplicables;

XI. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y

XII. Las demás que le atribuyan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, esta Ley o cualquier otra disposición y el Consejo.

Las facultades del Director General del Instituto previstas en las fracciones III y VI de este artículo serán indelegables.

Artículo 29.- El Director General del Instituto será auxiliado en el cumplimiento de sus facultades por los servidores públicos de base y de confianza que establezca el Estatuto Orgánico,

Asimismo, dicho Estatuto determinará al servidor público que suplirá al Director General en sus ausencias. El suplente deberá tener el nivel inmediato inferior al del Director General.

CAPÍTULO V Del Control, Vigilancia y Evaluación del Instituto

Artículo 30.- El Instituto contará con un órgano interno de control, en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Al frente de dicho órgano de control y de las áreas de Auditoría Interna, Auditoría de Control y Evaluación, de Quejas y Responsabilidades, estarán los servidores públicos que sean designados por la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quienes contarán con las facultades que respectivamente les otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 31.- El Instituto contará con un comisario público propietario y uno suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. El comisario vigilará y evaluará la operación del Instituto y tendrá las atribuciones contenidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 32.- La Comisión ejercerá la supervisión del Instituto, en términos de esta Ley y en los de aquélla que rige a la propia Comisión.

La supervisión que ejerza la Comisión tendrá por objeto verificar que las operaciones del Instituto se ajusten a lo previsto en la presente Ley y a las disposiciones que con base en ella se expidan.

Sin perjuicio de las facultades de otras instancias fiscalizadoras, la supervisión de la Comisión comprenderá el ejercicio de las de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confiere su propia ley.

El Instituto estará obligado a proporcionar a la Comisión los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y, en general, toda la información que ésta estime necesaria para el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.

Esta obligación comprende la información y documentación relativa al titular o beneficiario de las operaciones y servicios que realice el Instituto y que se encuentren protegidas por algún tipo de secreto.

La Comisión podrá establecer programas preventivos o correctivos de cumplimiento forzoso, tendientes a eliminar irregularidades o desequilibrios financieros que puedan afectar la liquidez, solvencia o estabilidad del Instituto. Los términos y condiciones para la ejecución de dichos programas podrán ser convenidos por la Comisión y el Instituto.

El incumplimiento de los programas o convenios a que se refiere el párrafo anterior, dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan.

Artículo 33.- La Comisión emitirá la regulación prudencial que deberá observar el Instituto y las disposiciones a las que se sujetará en materia de registro de operaciones, información financiera, estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus responsabilidades y obligaciones.

El incumplimiento o violación a la presente Ley se sancionará con multa de cien a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Para la imposición de las multas, la Comisión seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Crédito y su importe se cargará al patrimonio líquido del Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se decreta la desincorporación mediante extinción del fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores''.

TERCERO.- A la entrada en vigor de la presente Ley, pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integren el patrimonio del fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores''.

La transferencia formal de los bienes, derechos y obligaciones a que se contrae el párrafo que antecede, así como los actos necesarios para llevar a cabo la extinción del fideicomiso público a que dicho párrafo se refiere, deberán efectuarse en un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Las transferencias de bienes y derechos previstas en el presente artículo, no quedarán gravadas por contribución federal alguna.

Las inscripciones y anotaciones marginales efectuadas en los registros públicos de la propiedad y de comercio, así como en cualquier otro registro del país, relativas a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario del fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'', respecto de inmuebles, contratos, convenios, títulos de crédito, comisiones de carácter mercantil y cualquier otra, se entenderán referidas al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Como causahabiente, del fideicomiso público cuya extinción se ordena en la presente Ley, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquél, y ejercerá las acciones, opondrá las excepciones y defensas e interpondrá los recursos de cualquier naturaleza deducidos en los procedimientos judiciales y administrativos en los que haya sido parte Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario del mencionado fideicomiso.

Con objeto de que no se interrumpan las operaciones y funciones que a la fecha realiza el Fideicomiso denominado ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'', éste continuará desarrollándolas, hasta en tanto el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores esté en posibilidad de hacerse cargo de las mismas, para lo cual tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

En tanto se expide la normatividad interna del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, continuará aplicándose la que rige la operación y funcionamiento del Fideicomiso cuya extinción se ordena, en lo que no se oponga a esta Ley y, en lo no previsto, se estará a lo que resuelva el Consejo Directivo.

CUARTO.- Sin perjuicio de lo señalado en el último párrafo del artículo 9 de esta Ley con respecto a las nuevas obligaciones de pasivo derivadas de financiamientos, las mencionadas obligaciones de pasivo contraídas por el fideicomiso público denominado Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores antes de la entrada en vigor de esta Ley, podrán ser canjeadas, modificadas, novadas y, en general, refinanciadas por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas obligaciones sean disminuidas gradualmente hasta su liquidación, conforme a los términos y condiciones autorizados por la mencionada Dependencia.

QUINTO.- El Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores deberá ser aprobado y expedido por el Consejo Directivo a más tardar en la segunda sesión ordinaria que celebre.

SEXTO.- Las personas que presten servicios personales subordinados a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso público ``Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores'', formarán parte del personal al servicio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y conservarán las remuneraciones y prestaciones de las cuales gozan, así como los derechos adquiridos y las condiciones de trabajo fijadas mediante la contratación colectiva, al entrar en vigor la presente Ley.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores constituirá y mantendrá las reservas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación laboral con sus trabajadores, en función del estudio actuarial que se realice para tal efecto.

SÉPTIMO.- La primera sesión ordinaria del Consejo Directivo deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social adoptará las medidas pertinentes para la instalación del Consejo Directivo.

OCTAVO.- Previo al inicio de operaciones que sean distintas a las que actualmente realiza el fideicomiso Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores someterá a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus sistemas operativos, de procesamiento de información y de control interno, así como sus manuales de organización y operación.

NOVENO.- El Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores se circunscribirá en el presente ejercicio fiscal al presupuesto autorizado al Fideicomiso denominado Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores.

DÉCIMO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo máximo de 90 días.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de marzo de 2006

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), secretaria; Roberto Javier Vega y Galina, secretario; Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), secretario; Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), secretario; Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), David Hernández Pérez, Graciela Larios Rivas (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa, José Mario Wong Pérez, María Eugenia Castillo Reyes.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez, secretaria; Graciela Larios Rivas (rúbrica), secretaria; María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), secretaria; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), secretario; Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), secretario; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Pablo Franco Hernández, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Víctor Flores Morales, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica en abstención), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora, José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Bernal Ladrón de Guevara, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther Scherman Leaño, José I. Trejo Reyes (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Emilio Zebadúa González.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor secretario. Esta minuta se somete a la consideración de la Asamblea en términos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera suficientemente discutidos en lo general los artículos 14, 18 y décimo transitorio del proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, modificados por la Cámara de Senadores. Para los efectos del artículo 134, se pregunta a la Asamblea si va a reservar alguno de éstos para discutirlo y votarlo en lo particular.

No habiendo quien haga reserva alguna, también se declara suficientemente discutido en lo particular. Se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de esta minuta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de la minuta mencionada, en sus términos. (...)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivero (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Zanatta Gasperín (desde la curul): A favor.

El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): A favor.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron en pro 349 votos, en contra 0 y abstenciones 3.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular por 347 votos, los artículos 14, 18 y décimo transitorio del proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, modificados por la Cámara de Senadores; pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de ciudadanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría someter a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 15 de febrero de 2006, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Raúl Ibarra Vanoye y Edmundo Castañeda Hernández puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 7 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Raúl Ibarra Vanoye para prestar servicios, como auxiliar de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Edmundo Castañeda Hernández para prestar servicios, como auxiliar de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de marzo de 2006.

La Comisión de Gobernación, diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Ciro García Marín, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo. En virtud de que no se ha reservado algún artículo, se reserva para su votación nominal en conjunto.

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CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marina Stavenhagen Vargas y licenciado Miguel Stuart Escobedo y Fulda para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Marina Stavenhagen Vargas para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Stuart Escobedo y Fulda para que pueda aceptar y usar la condecoración Order of the British Empire, que le otorga el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de marzo de 2006.

La Comisión de Gobernación, diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Ciro García Marín, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo. No habiendo reserva alguna, se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto en su conjunto. (...)

De viva voz:

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): A favor.

La diputada Norma Patricia Saucedo Moreno (desde la curul): A favor.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): A favor.

El diputado Inti Muñoz Santini (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Senor Presidente, informo a usted que se emitieron 344 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los proyectos de decreto, por 344 votos; pasan al Senado para sus efectos constitucionales.Presidencia del diputado Álvaro Elías Loredo

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DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Señoras y señores legisladores, esta Presidencia tiene en su poder dos comunicaciones de ciudadanos diputados, las que tienen por objeto solicitar de la Asamblea licencia. Esta Presidencia, en términos del artículo 23 de la Ley, ruega a la Secretaría que dé cuenta con ellos.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

C. Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Distinguida diputada:

Con todo respeto me dirijo a esa Mesa Directiva que usted dignamente preside, con el fin de solicitar licencia al cargo de diputado federal, electo por la primera circunscripción, a partir del 21 de marzo y hasta el 7 de abril del presente año, para atender asuntos que requieren de mi atención personal.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se ruega a la Secretaría someter a consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la I circunscripción plurinominal, del día 21 de marzo al 7 de abril del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobado; comuníquese. Dé cuenta por favor con las siguientes solicitudes de licencia.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, diputado federal por el estado de Chiapas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en atención a los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23, fracciones f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia temporal, del 20 al 24 de marzo de 2006, para atender asuntos de carácter personal.

Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2006.--- Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la III circunscripción plurinominal, del 20 al 24 de marzo del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobado; comuníquese.

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ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se autoriza.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a realizar las acciones necesarias a efecto de atender el conflicto de tierras que enfrenta la comunidad indígena Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato

HONORABLE ASAMBLEA:

Los Diputados Rafael Galindo Jaime, Dip. Armando Rangel Hernández y Dip. Pascual Sigala Páez, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente; en uso de las facultades que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron, ante el Pleno de esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo por el que ``se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, a resolver el conflicto de tierras que enfrenta la Comunidad Indígena Misión de Chichimecas, Municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato con particulares a fin de que los indígenas de esta comunidad encuentren por la vía jurídica el camino a una solución a éste problema y se eviten los conatos de violencia registrados en los últimos meses.''

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, la Comisión que suscribe presentan a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

El 28 de abril de 2005, los diputados Rafael Galindo Jaime, Armando Rangel Hernández y Pascual Sigala Páez, de los Gurpos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD respectivamente, presentaron ante el Pleno de esta Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.

A dicha Proposición la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LIX Legislatura, dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Reforma Agraria''.

En fecha 18 de mayo mediante oficio circular CRA/ 160/05, se envió copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a los Diputados integrantes de la Comisión para su estudio y análisis.

En Reunión Ordinaria, realizada el 06 de Julio de 2005, se presentó la proposición ante el Pleno de la Comisión de Reforma Agraria.

Posteriormente, el 28 de junio del año en curso, mediante oficio CRA/232/05, el Presidente de la Comisión, solicitó al Secretario de la Reforma Agraria información sobre la situación jurídica actual y acciones que se están realizando para la atención del conflicto en la comunidad indígena ``Misión de Chichimecas''.

II. CONSIDERACIONES

Respecto a su formulación, la proposición con Punto de Acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los ciudadanos diputados autores de la proposición, hacen referencia a un asunto del cual les corresponde conocer en su carácter de representantes de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la comunidad indígena ``Misión de Chichimecas'', residen cerca de 2 mil personas y esta conformada por varios miles de descendientes del único pueblo al que los conquistadores españoles no pudieron vencer con el uso de las armas, sino mediante el establecimiento de un tratado o convenio. Sin embargo, este pueblo ubicado al noreste del estado de Guanajuato ha sufrido el despojo de sus tierras, desde el siglo XVI hasta fechas recientes. Si bien en el año 2002 el estado mexicano les reconoció su calidad de comuneros otorgándoles una extensión de 546 hectáreas, ahora enfrentan una vez más una controversia por una superficie de 141.5 hectáreas. Inicialmente el territorio que poseían era superior a las mil hectáreas, mientras que ahora son únicamente 538, de las cuales se restan las 80 que ya poseen extraños que residen en el lugar, es decir que en total han sido despojados de más de 50 por ciento de su suelo.

Este último conflicto ha generado ya enfrentamientos y escenarios de violencia entre los comuneros y los supuestos propietarios que también ya radican en Misión de Chichimecas, actualmente más de 70 familias totalmente ajenas a los indígenas de dicha misión residen en el lugar y poseen casi 80 hectáreas.

Por ello, con el fin de encontrar una solución con apego al estado de derecho es necesario que las dependencias del Poder Ejecutivo del sector agrario agilicen el análisis y la solución salvaguardando los derechos históricos de los Chichimecas Jonáz.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Reforma Agraria:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

III.- RESUELVE

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, a realizar las acciones necesarias a efecto de atender el conflicto de tierras que enfrenta la Comunidad Indígena Misión de Chichimecas, Municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, con particulares a fin de que los indígenas de esta comunidad, encuentren por la vía jurídica una solución a éste problema, respetándose los derechos históricos que sobre su territorio ancestral, les corresponden.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ramón González González, Huberto Aldaz Hernández, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Javier Manzano Salazar, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se reserva para su votación.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, atienda y resuelva el asunto relativo a la problemática en el poblado Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California

HONORABLE ASAMBLEA:

El Diputado Rafael Galindo Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo por el que ``se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a que cumpla con la sentencia de amparo 2457/92 que la obliga a la elaboración de un nuevo plano proyecto que sea fiel reflejo de la Resolución Presidencial, que crea el nuevo centro de población ejidal ``El ojo de agua'', municipio de Tijuana, estado de Baja California''.

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, la Comisión que suscribe presentan a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

El 26 de enero de 2005, el Diputado Rafael Galindo Jaime, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.

A dicha Proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LIX Legislatura, dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Reforma Agraria''.

En Reunión Ordinaria, realizada el 2 de febrero de 2005, se presentó la proposición de referencia ante el Pleno de la Comisión de Reforma Agraria, para su discusión y análisis acordándose solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria, información sobre el Punto de Acuerdo.

En fecha 19 de febrero del año en curso, de conformidad con los acuerdos del pleno de la Comisión tomados en reunión del 2 de febrero del 2005, mediante oficio CRA/031/05, el Presidente de la Comisión, solicitó al Secretario de la Reforma Agraria, información sobre la situación jurídica actual del Centro de Población ``El Ojo de Agua'', en el Municipio de Tijuana, estado de Baja California. Dicha solicitud fue contestada mediante oficio VI-106/101376 recibido en esta Comisión el 3 de junio de 2005.

II. CONSIDERACIONES

Respecto a su formulación, la proposición con Punto de Acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el ciudadano diputado autor de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Punto de Acuerdo, se refiere, al problema que, en materia de ordenamiento de la propiedad, enfrentan los sujetos agrarios que constituyen el núcleo de población ``El Ojo de Agua''; los problemas relacionados con asentamientos irregulares, crecimiento urbano desmedido, falta de planeación y por consiguiente falta de servicios públicos, han sido motivados por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra que prevalece en el lugar.

Actualmente existen diversos asentamientos irregulares en el lugar que agravan la problemática del ejido y dificultan aun más las opciones de solución.

La cronología del asunto es la siguiente:

El 30 de octubre de 1976, se realiza la solicitud de creación del núcleo

El 25 de abril de 1980, se emite la Resolución Presidencial que crea el nuevo centro de población ejidal ``El Ojo de Agua'', con una superficie de 4,494 has.

En octubre de 1983, el Cuerpo Consultivo Agrario, deja sin efecto el plano del ejido y pretende localizar geográficamente al núcleo en terrenos distintos a los señalados en la Resolución Presidencial

De 1983 a 1992, el núcleo agrario, realiza gestiones administrativas ante la secretaría de la Reforma Agraria para hacer valer sus derechos respecto al primer plano proyecto de la Resolución Presidencia, sin éxito

En agosto de 1992, el núcleo interpone juicio de amparo por la indebida ejecución de la Resolución Presidencial, radicándose el expediente 2457/92

En septiembre de 1993, se concede el amparo al núcleo

La resolución obligaba a la Secretaría de la Reforma Agraria a dejar sin efecto la ejecución y elaborar un nuevo plano proyecto, que fuera fiel reflejo de la Resolución Presidencial. Así como al Registro Agrario Nacional de abstenerse de registrar operaciones de traslado de dominio de terrenos señalados en la resolución presidencial, sin embargo, esto no se ha cumplido provocando la inseguridad en la tenencia de la tierra.

Según se señala en el punto de acuerdo, la Secretaría de la Reforma Agraria ya elaboró un plano proyecto de acuerdo con lo dispuesto por la resolución de amparo; sin embargo, este no se ha presentado ante el Poder Judicial y por tanto no se ha ejecutado, ocasionando un perjuicio al ejido.

Ante lo anterior, es menester precisar el objeto de la proposición del Punto de Acuerdo, consistente en: exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a que cumpla con la sentencia de amparo 2457/92 que la obliga a la elaboración de un nuevo plano proyecto que sea fiel reflejo de la Resolución Presidencial, que crea el nuevo centro de población ejidal ``El ojo de agua'', municipio de Tijuana, estado de Baja California''.

Es mencionar que de acuerdo a lo señalado en la propia exposición de motivos de la proposición, se hace referencia a una cuestión jurisdiccional del poder judicial, en particular a un juicio de amparo cuya resolución no se ha cumplido por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Al respecto cabe señalar lo siguiente:

El 2 de marzo, se recibió oficio No. 5474/SP de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual, la Secretaría Particular del C. Secretario, remite la solicitud de esta Comisión al Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural para la atención del asunto; posteriormente el 3 de junio del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Reforma Agraria, el oficio No. VI-106/101376, suscrito por el Lic. Gilberto José Hershberger Reyes, Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, mediante el cual se informa sobre diversas actuaciones judiciales realizadas por la Secretaría de la Reforma Agraria, de ellas, se desprenden diversas inconsistencias, como el solicitar al Juez Federal declarar que no existe materia para cumplir la ejecutoria, cuando posteriormente a solicitud del mismo juez, la Unidad Técnica Operativa emitió un Acuerdo de fecha 6 de agosto de 2004, autorizando el plano proyecto de localización que comprende las 4,494 hectáreas, que concedió la Resolución Presidencial.

A dicho acto, el Juez Séptimo de Distrito en Baja California, determinó que ``las responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues si bien aducen haber localizado en base a nuevos trabajos técnicos, las 4,494 has. de terrenos baldíos propiedad de la Nación y que como consecuencia realizaron el plano en el que se identificaron los predios susceptibles de ser afectados, lo cierto es que los efectos de la ejecutoria son que se emita un nuevo Plano Proyecto de Resolución Presidencial que sea fiel reflejo de ésta, lo cual -como lo señala la propia Secretaría- no se ha dado''.

De la información proporcionada por la Secretaría de la Reforma Agraria, se desprende que, en efecto, no se ha dado cumplimiento a la resolución de amparo. Asimismo, aunque se tratan de explicar las razones, no se señalan las causas de dicho incumplimiento, ni las acciones que se realizarán para cumplir con la sentencia de amparo 2457/92.

Por lo anterior, de acuerdo a la propia información de la Secretaría de la Reforma Agraria, resulta procedente la solicitud realizada en la proposición del punto de acuerdo en comento.

No obstante de ello, también es cierto, que, el propio procedimiento judicial que se ha realizado respecto a la resolución presidencial del 25 de abril de 1980, así como la legislación aplicable, establecen los recursos e instancias jurisdiccionales competentes y aplicables al caso, dentro del marco del procedimiento judicial; por lo que en términos estrictamente jurídicos, sería esta vía la correcta para recurrir el referido incumplimiento de la Secretaría. En este sentido, la solicitud a este órgano legislativo, de que la Secretaría de la Reforma Agraria ejecute una resolución emitida por el Poder Judicial Federal, sería improcedente.

Por otra parte, es de considerar que de igual forma, se trata de una problemática de carácter social en la cual la Secretaría esta involucrada de manera directa, por lo que corresponde a esta comisión conocer del asunto expuesto ante el pleno de esta Cámara, en términos del artículo 45, numeral 6, inciso e) y f); por lo que se considera, procedente, en primer término, que esta Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de la Reforma Agraria para que informe a esta soberanía sobre las acciones propuestas que se están realizando realizará para atender el asunto en análisis.

Por otra parte, en virtud de la complejidad del asunto y que su atención requerirá de un seguimiento permanente, se establece una Subcomisión de trabajo que deberá dar seguimiento a la atención del asunto en análisis.

Por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

III.- RESUELVE

Primero. El Pleno de esta Cámara de Diputados, exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, atienda y resuelva el asunto relativo a la problemática en el Poblado ``El Ojo de Agua'', en Tijuana Baja California''.

Segundo. La Comisión de Reforma Agraria, constituye una Subcomisión de trabajo para dar seguimiento y atención al presente asunto.

Palacio Legislativo, a 21 de febrero de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si están suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se reserva. Continúe la Secretaría.

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BENITO JUAREZ GARCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del Servicio Postal Mexicano, se emita una estampilla conmemorativa del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica y de conformidad con el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 2 de diciembre de 2004, los Diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, presentaron la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, Mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del Bicentenario del Natalicio del licenciado Benito Juárez García.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades dispuso el turno de la proposición a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras procedieron al análisis y discusión de la proposición, a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 29 de abril de 2004 el Pleno de la H. Cámara de Diputados coincidió en que dada la trascendencia del aniversario de los doscientos años del nacimiento del gran estadista mexicano licenciado Benito Juárez, quien fuera Presidente de México y reconocido internacionalmente como el Benemérito de las Américas, es que consideró conveniente la creación de una Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez.

La mencionada Comisión Especial tiene por objeto organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo Federal, todas las actividades conmemorativas, de divulgación y de edición que se realicen en honor a Benito Juárez dentro del territorio nacional y en el ámbito internacional, es por ello, que dando cumplimiento a su objeto a realizado importantes acciones, entre ellas, la propuesta para la emisión de una estampilla conmemorativa.

Las estampillas postales son un vehículo admirable de comunicación que recorre todo el mundo, emitiendo un mensaje cultural, histórico y social del país emisor, en otras palabras, las estampillas postales reflejan lo que el país es, debido a que estas fungen como una excelente embajadora; es por ello, que es de suma importancia promover este importante suceso nacional a través de una estampilla conmemorativa.

Las comisiones dictaminadoras estiman pertinente destacar la importancia que representa la colaboración para realizar las acciones encaminadas a impulsar la cultura cívica de todos los sectores sociales, por lo que reconocen que la conmemoración de este bicentenario además de ser un acto de reconocimiento con uno de nuestros mayores próceres históricos, pretendemos reafirmar y dar vigencia a la figura y los principios sustanciales de nuestra vida republicana, así como a principios enarbolados por el licenciado Benito Juárez, que son el sustento de buena parte de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política.

Dos razones sustentan el propósito de divulgar a través de la estampilla conmemorativa el Bicentenario del Natalicio del licenciado Benito Juárez García, la primera de ellas, porque el legado de nuestro prócer se mantiene vigente en gran medida en nuestra esencia como mexicanos; y la segunda, porque es de suma importancia que esta festividad se conozca para que la gente tenga viva la historia de nuestra Nación.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través del Servicio Postal Mexicano se emita una estampilla Conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del licenciado Benito Juárez García.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo, México, DF, a los 13 días del mes de diciembre del año 2005.

Por la Comisión de Comunicaciones, diputados: Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Presidente; Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), secretario; Federico Döring Casar (rúbrica), secretario; José Julián Sacramento Garza, secretario; Sergio Augusto Magaña Martínez (rúbrica), secretario; Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), secretario; Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), secretario; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Javier Alejandro Galván Guerrero (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya, Erick Agustín Silva Santos (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez, Javier Castelo Parada, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Reyes, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, Rubén Alfredo Torres Zavala, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Beatriz Mojica Morga (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica).

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas, José Rubén Figueroa Smutny, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista, Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Juan Pérez Medina, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Rómulo Isael Salazar Macías, Érick Agustín Silva Santos, Adrián Villagómez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), José Javier Villicaña Jiménez, Gustavo Zanatta Gasperín, Fernando Espino Arévalo.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría... Se ruega a la Secretaría someter a votación los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: El siguiente punto del orden del día son iniciativas de ciudadanos diputados. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para institucionalizar el Parlamento de Mujeres.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Con el permiso de la Presidencia. Si la Presidencia lo tiene a bien, presento dos iniciativas, que están agendadas, a efecto de aprovechar que estoy aquí, en la tribuna.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se autoriza, diputada.La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Gracias, Presidente. La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para institucionalizar el Parlamento de Mujeres.

La presente iniciativa busca formalizar el Parlamento de Mujeres, que se ha venido realizando en el pasado reciente, a la par de una mayor independencia en el ejercicio de sus funciones y de una participación real del mismo en los asuntos de interés público. Pretendemos dar permanencia al Parlamento de Mujeres, pues estoy convencida de que la participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, teniendo presente el gran aporte que la mujer realiza al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad. La importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia, en la educación de los hijos y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los hijos exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto... De esa manera, debemos abocarnos a aplicar los principios que se han venido enunciando en los Parlamentos de Mujeres, que se celebran desde 1998 y que está próximo a celebrarse, el 24 de marzo del presente, el que corresponde a este año.

La preocupación de las y los legisladores por dar sustento legal y permanencia a este evento, particularmente, se ha manifestado en dos iniciativas, ambas presentadas por la senadora Leticia Burgos: la primera en junio de 2001, que adicionaba un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General, para constituir una comisión bicamaral denominada ``Parlamento de Mujeres''; y la otra, que reformaba los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General, para establecer las Comisiones Parlamento de Mujeres de México, de fecha 3 de diciembre de 2002. Sobre la primera iniciativa, el dictamen del Senado consideró inconveniente establecer en la Ley Orgánica del Congreso un título específico para la Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México, aduciendo, entre otros, que la estructura de la Ley Orgánica se integra por cinco títulos, cada uno de ellos dedicados a órganos del Poder Legislativo y, desde esta perspectiva de congruencia en la estructura de la ley, resultaba improcedente crear un título específico para una comisión bicamaral, en virtud de que dicho órgano no tendría la relevancia de cualquiera de los otros, considerados en la propia ley.

Respecto a la segunda iniciativa, en el dictamen se señalaron, entre otras cuestiones, que la creación y el establecimiento de una comisión ordinaria, cualquiera que sea su denominación, que tenga como atribución fundamental la promoción e integración de una agenda legislativa nacional encaminada a eliminar toda forma de discriminación por razones de género, constituye a todas luces una duplicación de las que por antonomasia corresponden a la Comisión de Equidad y Género. Con todo lo anterior, podemos ver que ha habido una enorme dificultad para plasmar en la ley la realización del parlamento aludido, lo cual demuestra que la estructura de la ley actual no es acorde con las nuevas funciones que lleva a cabo la Cámara, como son este tipo de foros o espacios, que se han denominado ``parlamentos'' y que tienen como punto de inflexión algo que aún no tiene contemplado el Congreso, para la mayor legitimidad de sus propuestas, la consulta y la participación social en los asuntos legislativos.

La formalización de este tipo de eventos en la Ley Orgánica se hace más difícil porque su institucionalización se ha visto de forma aislada, lo cual se evidencia en la presentación de iniciativas y proyectos separados y que restan evidentemente fuerza y argumentos y no permiten generar las sinergias que impulsan su aceptación. A nuestro parecer, que la estructura actual de la ley es inapropiada para comprender ese tipo de acciones, en las que se observa una participación social, plural y democrática. No sorprende que, en esta inédita etapa legislativa, el marco jurídico que rige el Congreso de la Unión, pese a que fue publicado el 3 de septiembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, esté desfasado de la realidad. No existe la participación ciudadana en las decisiones del Congreso, como sí existe para la elaboración de programas de gobierno, como establece la propia Ley de Planeación.

Por ello creemos que debemos establecer nuevas comisiones ordinarias o comisiones bicamarales, por lo que consideramos que lo conveniente es incluir un apartado específico que contemple la incorporación de la sociedad en el quehacer legislativo, ya que éste es uno de los objetivos prioritarios de los parlamentos que actualmente se realizan. Lo importante no son las estructuras sino las funciones que pueden desempeñar, las que ya están establecidas conforme a la ley. De esa manera, consideramos que la alternativa más adecuada es incluir un nuevo apartado, donde se contemplen la participación y la consulta de la ciudadanía en espacios para la deliberación e intercambio de experiencias sobre la agenda legislativa. Con este cambio de enfoque, consideramos, se estaría actualizando la Ley Orgánica, en los nuevos tiempos donde estos foros sean un medio para garantizar mayor legitimidad en las decisiones del Congreso, sin caer en duplicaciones innecesarias en las funciones y permitiendo la institucionalización de otros foros, como el Parlamento de los Jóvenes.

Con base en lo anterior, se presenta la siguiente iniciativa, adicionando un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que solicitaría a la Presidencia que se integrara íntegra en el Diario de los Debates, como se ha expuesto en la iniciativa que hemos presentado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para institucionalizar el Parlamento de Mujeres, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para institucionalizar el Parlamento de Mujeres.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca formalizar el Parlamento de Mujeres, que se ha venido realizando en el pasado reciente, a la par de una mayor independencia en el ejercicio de las funciones del Congreso y de una participación real del mismo en los asuntos de interés público.

De esta manera pretendemos dar permanencia a esta institución, pues estamos convencidos de que el Parlamento de Mujeres representa una obligación ahora cristalizada de todas las legisladoras y los legisladores mexicanos que estamos convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia debe contribuir a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.

Así, la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.

Resueltos a aplicar los principios que se han venido enunciando en los Parlamentos de Mujeres que se celebran desde 1998 en un afán por hacer un México igualitario, estamos ciertos de la necesidad de esta entidad, al tener la misma, que en 2005 cumplió su séptima reunión anual, los siguientes objetivos:

Promover un espacio de interlocución entre legisladoras y ciudadanas en cinco regiones del país para discutir, reflexionar y presentar propuestas de ley en apego a los derechos de las mujeres reconocidos en la legislación nacional y los acuerdos internacionales firmados por México.

Definir las prioridades de las mujeres de los diferentes sectores sociales y políticos sobre la agenda legislativa nacional en materia de equidad de género, a partir de los resultados de los foros regionales y el balance del Parlamento de Mujeres de México.

La preocupación de las y los legisladores por dar sustento legal y permanencia a este evento, particularmente, se ha manifestado en por lo menos dos iniciativas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituir una Comisión Bicamaral denominada ``Parlamento de Mujeres de México'', presentada por la senadora Leticia Burgos Ochoa, del PRD, el 13 de junio de 2001 en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las comisiones Parlamento de Mujeres de México, presentada por la senadora Leticia Burgos Ochoa, del PRD, el 3 de diciembre de 2002 durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Sobre la primera iniciativa, el dictamen del Senado consideró inconveniente establecer en la Ley Orgánica del Congreso un título específico para la Comisión Bicameral Parlamento de Mujeres de México, aduciendo entre otros que la estructura de la Ley Orgánica se integra por cinco títulos, cada uno de ellos dedicado a órganos del Poder Legislativo, y desde esta perspectiva de congruencia en la estructura de la ley, resulta improcedente crear un título específico para una comisión bicamaral, en virtud de que dicho órgano no tendría la relevancia de cualquiera de los otros considerados por la propia ley.

La segunda iniciativa en el dictamen se señaló, entre otras cuestiones:

La creación y el establecimiento de una Comisión ordinaria --cualquiera que sea su denominación-- que tenga como atribución fundamental la promoción e integración de una agenda legislativa nacional encaminada a eliminar toda forma de discriminación por razones de género, constituye a todas luces una duplicidad de las que por antonomasia corresponden a la Comisión de Equidad y Género.

Con todo lo anterior, observamos que ha habido una enorme dificultad para plasmar en la ley la realización del parlamento aludido, lo cual demuestra que la estructura de la ley actual no es acorde con las nuevas funciones que lleva a cabo la Cámara como son este tipo de foros o espacios que se han denominado ``parlamentos'', que tienen como punto de inflexión algo que aún no tiene contemplado el Congreso para la mayor legitimidad de sus propuestas: la consulta y la participación social en los asuntos legislativos.

La formalización de este tipo de eventos en la Ley Orgánica se hace más difícil porque su institucionalización se ha visto de forma aislada, lo cual se evidencia en la presentación de iniciativas y proyectos separados, lo cual evidentemente les resta fuerza y argumentos, y no permite generar las sinergias que impulsen su aceptación.

A nuestro parecer, no se ha entendido que la estructura actual de la ley es inapropiada para comprender este tipo de acciones, en las que se observa una participación social plural y democrática.

No sorprende que en esta inédita etapa legislativa, el marco jurídico que rige al Congreso de la Unión (pese a que fue publicada el 3 de septiembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley) esté desfasado de la realidad. Simplemente, no se puede poner vino nuevo en viejas botellas.

No existe la participación ciudadana en las decisiones del Congreso, como sí existe para la elaboración de programas de gobierno, como establece la Ley de Planeación.

Por ello se estima que más que establecer nuevas comisiones ordinarias o comisiones bicamarales, lo conveniente es incluir un apartado específico que contemple la incorporación de la sociedad en el quehacer legislativo, ya que éste es uno de los objetivos prioritarios de los Parlamentos que actualmente se realizan.

Lo importante no son las estructuras, sino las funciones que pueden desempeñar las que ya están establecidas conforme a la ley.

De esta manera, consideramos que la alternativa más adecuada es incluir un nuevo apartado, donde se contemplen la participación y la consulta de la ciudadanía en espacios para la deliberación e intercambio de experiencias sobre la agenda legislativa.

Con este cambio de enfoque, consideramos que se estaría actualizando la Ley Orgánica a los nuevos tiempos, donde estos foros sean un medio para garantizar mayor legitimidad en las decisiones del Congreso, sin caer en duplicidades innecesarias en las funciones y permitiendo la institucionalización de otros foros, como el Parlamento de los Jóvenes.

Se sugiere la siguiente propuesta de articulado:

Artículo Único. Se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Sexto De la Consulta y la Participación Social

Capítulo Único

Artículo 136. Para incorporar la participación de la sociedad en las decisiones y en el quehacer legislativo, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales. Con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración y actualización de la legislación, las Cámaras de Diputados y de Senadores podrán realizar foros y eventos de consulta y participación con la sociedad.

El Parlamento de Mujeres de México se efectuará cada año y tendrá como objetivos el análisis, deliberación e intercambio de experiencias entre el Congreso federal y los locales, autoridades locales de los tres órdenes de gobierno y mujeres de la sociedad civil sin distinción de ningún tipo, tendente a la promoción e integración de una agenda legislativa nacional en materia de equidad entre los géneros.

Artículo 137. Las Cámaras de Diputados y de Senadores podrán constituir comisiones bicamarales para el mejor desempeño de la participación y consulta de la sociedad, así como para la realización de los foros señalados en el artículo anterior, mismas que se regirán por la normatividad e instrumentos que para tal efecto se expidan.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 9 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y publíquese en el Diario de los Debates.

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LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Continúa la diputada, ahora con la iniciativa relativa a la reforma del artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Gracias, diputado Presidente. Esta iniciativa, que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, es presentada ante esta honorable Asamblea bajo la siguiente exposición de motivos:

En los últimos años, la actividad empresarial ha mostrado un crecimiento uniforme y sostenido; y la principal actividad ha sido la turística, la que ha permitido demostrar que la propuesta del Gobierno Federal en el sentido de consolidar esta actividad como eje motor de la economía nacional tiene bases muy sólidas. Hoy, el turismo se ha convertido en la cuarta fuente generadora de divisas para el país: en 2005 se captaron más de 9 mil 400 millones de dólares; además, contribuyó con la generación de 8 por ciento del Producto Interno Bruto y participa con cerca de 12 por ciento de los ingresos fiscales de la nación, generando 1 millón 800 mil empleos directos en actividades relacionadas con el turismo. Nuestro país es el octavo receptora de turistas extranjeros y el decimotercero por concepto de captación de divisas a nivel mundial. Por parte de la generación de riqueza, empleos y bienestar social... de esa manera, resulta evidente el desempeño positivo de la industria turística en México y su contribución tanto a la balanza de pagos como en sus efectos positivos. A la par de esos éxitos logrados en el turismo internacional, el crecimiento del mercado interno si bien ha tenido también un crecimiento en los últimos años, éste no ha sido tan importante como en el caso anterior, por lo que hemos propuesto fortalecer la industria turística doméstica.

Bajo esa óptica, esta soberanía, con fecha 13 de diciembre del año pasado, aprobó una reforma que modificó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para crear un nuevo mecanismo que favorezca específicamente el mercado nacional, el cual se denomina ``fines de semana largos'' y consiste en trasladar los días de descanso obligatorios al viernes o lunes siguiente, de tal suerte que se sumen los descansos al fin de semana. Ahora, la iniciativa que se presenta pretende modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para adecuar los días en los cuales han de descansar tanto las personas del sector privado --llámese ``apartado A, artículo 123 constitucional''-- como los trabajadores al servicio del Estado; es decir, el apartado B del citado artículo.

De esa manera pretendemos complementar la iniciativa ya aprobada y con esto fomentar, como parte del turismo social, el turismo cultural, el turismo en zonas y pueblos indígenas y el turismo en las denominadas ``áreas naturales protegidas'', por lo que estamos ciertos de que esta medida fortalecerá e incrementará los conocimientos históricos, sociales y culturales de los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración iniciativa con proyecto de decreto, el cual reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123.

Solicito que se integre en el Diario de los Debates la presente iniciativa; es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años la única actividad empresarial que a pesar de la crisis económicas interna y los factores externos desfavorables, ha mostrado un crecimiento uniforme y sostenido, ha sido la actividad turística, lo que ha permitido demostrar que la propuesta del Gobierno Federal, en el sentido de consolidar esta actividad como eje motor de la economía nacional, tiene bases muy sólidas.

Hoy, el turismo se ha convertido en la cuarta fuente generadora de divisas para el país, en el año 2003 se captaron más de 9,400 millones de dólares, además contribuye con la generación de más del 8% del Producto Interno Bruto, participa con cerca del 12% de los ingresos fiscales de la nación y genera un millón ochocientos mil empleos directos en actividades relacionadas con el turismo.

Nuestro país es la octava nación receptora de turistas extranjeros y el décimo tercero por concepto de captación de divisas a nivel mundial, por parte de la generación de riqueza, empleos y bienestar social, cabe la pena mencionar que se calcula un ingreso de al menos de 800,000 millones de pesos por concepto de ingresos por el turismo doméstico, cifra casi 8 veces superior a la que representa el ingreso por turistas extranjeros, con las cifras anteriormente señaladas es evidente el desempeño positivo de la industria turística en México y su contribución tanto a la balanza de pagos, como en sus efectos positivos ante las condiciones adversas que hemos vivido en los últimos años.

A la par de los éxitos logrados en el turismo internacional, el crecimiento del mercado interno si bien ha tenido también un crecimiento en los últimos años, éste no ha sido tan importante como en el caso anterior, por lo que nos hemos propuesto fortalecer la industria turística doméstica, con énfasis en el turismo alternativo, el turismo social, el ecoturismo, como un mercado específico de millones de mexicanos, en este sentido el proyecto de iniciativa de ley que presentamos pretende agregar a la promoción turística que ya se realiza, un nuevo mecanismo que favorezca específicamente el mercado nacional, el cual se denomina ``fines de semana largos'', el cual consiste en aprovechar los días de descanso obligatorios, al viernes o lunes siguiente, de tal suerte que se sumen los descansos al fin de semana, con las ventajas que a continuación señalaremos.

Cabe señalar que esta propuesta tan sólo considera mover los días obligatorios de descanso, por lo que las celebraciones, conmemoraciones, ceremonias cívicas o cualquier otra que se lleve a cabo en las dependencias oficiales y los centros educativos, deberán seguirse celebrando en las mismas fechas históricas.

Resulta lógico entonces que, los trabajadores realicen ``puentes'', cuando quizá sean las pocas ocasiones en que pueden estar en compañía de la totalidad de sus familias.

Los fines de semana largos, incentivarán el turismo social, a nivel municipal y nacional, lo que propiciará una derrama económica en las localidades con productos turísticos al alcance de una gran parte de los mexicanos.

Aunque no sea uno de los objetivos para la creación de los fines de semana largos, se ha comprobado en otros países donde se ha implementado esta medida, que ha resultado ser un mecanismo eficaz para combatir las ausencias injustificadas, al realizarse los denominados ``puentes''. A la par se tendrán trabajadores más eficientes y productivos, ya que el descanso incrementa su actividad.

Pretendemos a través de esta iniciativa fomentar como parte del turismo social, el turismo cultural, el turismo en zonas y pueblos indígenas y el turismo en las denominadas áreas naturales protegidas, por lo que se prevé que esta medida fortalecerá e incrementará los conocimientos históricos, sociales y culturales de los mexicanos.

A los prestadores de servicios turísticos, los fines de semana largos les permitirán promocionar paquetes turísticos, al alcance de personas de todos los ingresos, esta medida ya ha sido promovida en muchos países, lo que ha incentivado su turismo doméstico. Esta iniciativa en último término es una propuesta tendiente a fomentar la equidad, para el goce del turismo a personas de todos los niveles económicos, y permite la recreación sobre todo de los grupos de trabajadores más desprotegidos.

De acuerdo a los cálculos proporcionados por la Secretaría de Turismo, cuando accidentalmente ocurre un fin de semana largo, debido a que el día feriado cae en lunes o viernes, la derrama económica por concepto de transportes, alojamiento, alimentación, entradas a museos, a áreas naturales, compras de artesanías, compra de artículos diversos y otros, alcanza una cifra cercana a los 1,900 millones de pesos, por lo que si se aprueba esta propuesta de ley, se generarían al menos 13,300 millones de pesos como un valor agregado al turismo nacional, el cual quedaría principalmente en municipios y empresas de turismo social, que es uno de los objetivos de esta iniciativa.

El hecho de saber con anticipación, las fechas de los fines de semana largos, permitirá a los prestadores de servicios turísticos, hacer una mejor y más extensa promoción de sus productos, hacer paquetes al alcance de todos y fomentar el turismo en áreas naturales y zonas y pueblos indígenas.

No obstante lo anterior, se hace de manifiesto que esta propuesta se presentó a fin de reformar la Ley Federal del Trabajo en el artículo conducente, y la presente reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sirve para adecuar los días en los cuales han de descansar tanto las personas del sector privado, llámese apartado A del artículo 123 constitucional, como los trabajadores al servicio del Estado, es decir, al apartado B del citado artículo.

En este orden de ideas, por citar algún ejemplo, las escuelas públicas en las cuales los trabajadores pertenecen al apartado B del artículo mencionado en el párrafo anterior, no tendrían labores en los días que se mencionan y por lo tanto podría ser aprovechado por las familias para disfrutar los días en los rubros mencionados a lo largo del presente escrito.

Por todo lo anteriormente expuesto y con el fundamento legal enunciado al inicio de este documento, la suscrita diputada federal de la LIX legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar de la siguiente manera:

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Primero. Se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 29. Son días de descanso obligatorio, de conformidad con los días oficiales:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1 de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;

VIII. El 25 de diciembre; y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Asimismo, los que se determinen en el calendario oficial y los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y publíquese íntegra en el Diario de los Debates.

Esta Presidencia da una afectuosa bienvenida a alumnos de la Unitec, campus Ecatepec, invitados por la diputada Jazmín Zepeda Burgos. Sean bienvenidos.

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LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió iniciativa del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Alfonso Nava Díaz, diputado federal a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La demanda por democracia política en nuestra historia ha cobrado mayor ímpetu e intensidad en los momentos en que la legitimidad de un régimen baja a un nivel mínimo, como en los años previos a 1910, año de la primera revolución del mundo del siglo pasado, ¡nuestra Revolución!

``En México, como República democrática, el poder político no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento'', afirmaba Francisco I. Madero en la redacción del Plan de San Luis, raíz de la Revolución Mexicana.

El Plan de San Luis se constituyó como el punto de partida en el que se sintetizaban los anhelos, las inconformidades y las expresiones de un grupo de mexicanos que, encabezados por don Francisco I. Madero, convocaban al pueblo de México a sublevarse en contra de la opresión y la injusticia con que operaba el gobierno del General Porfirio Díaz.

El Plan de San Luis se significa como el antecedente escrito y programático más elaborado de la Revolución Mexicana. En él se reafirmó el principio que da sustento al movimiento armado de inicios del siglo XX, la no reelección, que ha sido factor decisivo en la estabilidad política del país y en la renovación ininterrumpida de hombres e ideas.

La Revolución Mexicana nació bajo el lema de ``Sufragio efectivo y no reelección'', presente en toda la lectura del Plan de San Luis; ésta fue la ruta política que siguió la primera revolución social del siglo pasado. El significado del sufragio efectivo es respetar, en los ámbitos nacional, estatal y municipal, las decisiones de las mayorías. También es éste el camino por el que hemos transitado en los últimos años, llegando a puntos importantes en los que la consolidación de la democracia, a través de la efectividad del voto, podemos decir que es ya una realidad actualmente.

Al Plan de San Luis no puede vérsele como una simple arenga a tomar las armas en contra de un régimen que se alejó de los propósitos primarios del pueblo sino como la base ideológica y programática en que se sustentó la Revolución. El germen de nuestra actual democracia, de la importancia del voto y la regla de la no reelección que ha moldeado durante casi un siglo los más logrados avances en materia política y de desarrollo de la democracia.

En este documento se puede notar una amplia disposición para instaurar un verdadero Estado de derecho en el que se ponderaba, en primer término, el respeto a la soberanía que reside en el pueblo, el cual se manifestó en contra de una tiranía que lo oprimía, lo despojaba y le cancelaba toda posibilidad de crecimiento y desarrollo. ``Por tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad, y que sus actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones''.

Es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano preservar las acciones y el pensamiento de los hombres y las mujeres que han sido factor decisivo para la transformación de nuestro país en una sociedad en la que prevalece una cultura democrática a la que hemos arribado no sin esfuerzos mayúsculos, incluyendo la pérdida de más de un millón de vidas sacrificadas para buscar igualdad política, económica y social.

Para fortalecer nuestro régimen democrático, para ampliarlo y lograr su mejor funcionamiento es indispensable que las nuevas generaciones mantengan un vínculo con los acontecimientos que definieron el derrotero histórico por el que hemos avanzado como nación independiente y democrática. En este orden de ideas, consideramos que el Plan de San Luis debe ser sujeto no sólo de estudio y conocimiento sino que tiene que ser difundido y valorado como la base en que se sustentó el inicio de la transformación social y política del México moderno.

Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Único. Se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. En Los términos del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

...

5 de octubre:

Promulgación del Plan de San Luis

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado César Amín Gonzáles Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal.El diputado César Amín González Orantes: El que suscribe, César Amín González Orantes, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Mediante el proceso legislativo de nuestro conocimiento, el Constituyente Permanente aprobó las reformas del Código Penal Federal y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994. Sin embargo, el texto aprobado omitió agregar el término ``de prisión'' a un artículo del Código Penal Federal, que pretende incorporar la pena corporal en casos que así lo ameriten, situación que fue ``subsanada'' --entre comillas-- por el secretario de Gobernación, al publicar una fe de erratas en la que agregó el término ``de prisión'' para certificar que se trataba de una pena corporal con las prisiones que marca dicho precepto legal.

Sin embargo, y a pesar de la buena fe que obró en todo momento al presentar un fe de erratas, ésta no puede ser considerada como tal, en virtud de que está violando en todo caso el espíritu de la Carta Magna, que concede al legislador la facultad de presentar iniciativas, como lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 71 constitucional. Por lo anterior, el secretario de Gobernación queda sin materia, toda vez que una corrección de esta naturaleza obedece a errores tipográficos o falta o exceso de algún signo de puntuación y en lo que no altere la sintaxis del contenido de la oración, en contraste con el agregado que hace esta Secretaría de Estado, que no tiene facultades para legislar.

Atraigo como ejemplos que infinidad de procesos penales radicados ante jueces de distrito en el país han finalizado con una sentencia absolutoria y aplicación de pena pecuniaria, debido a que el juzgador razona que el secretario carece de facultades, aun de manera de declaración de la ley, y no aplican la pena de prisión, ya que dar por válido lo anterior traería como consecuencia la transgresión de las garantías y exacta aplicación que debe prevalecer. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 constitucional, que dice: ``En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por razón de mayoría, pena alguna que no esté decretada por la ley exactamente aplicable al delito que se trata''. Luego entonces, resulta necesario una vez más que el Congreso de la Unión legisle y precise la sentencia corporal para el caso que se apercibe para que con lo anterior el juzgador se encuentre en los términos exactos para su interpretación y con esto evitar que sólo sean aplicadas las sanciones pecuniarias a que haya lugar al momento que se dicte una sentencia.

Para ahondar en este asunto, el caso específico a que me refiero se trata de las sanciones previstas en el numeral 247 del Código Penal, que aborda los delitos relativos a la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. No hay contradicción en su aplicación ni algún criterio análogo. Lo que persiste es la falta de legalidad, en el momento que la autoridad distinta del Legislativo modifica y agrega términos o condiciones sin haber sido aprobadas por este Congreso de la Unión, lo que significa en todo caso que quienes se acojan al beneficio de la justicia federal, de no corregirse esta situación, sólo tendrán que erogar una multa en que cualquier caso no podrá ser mayor de 300 días, quedando el espíritu del legislador en segundo plano, dado que según el principio de derecho ``donde el legislador no diferencia, el juzgador no debe hacerlo'', dejando al juez correspondiente sin posibilidad de aplicar alguna sanción corporal cuando nuestro criterio lo defina en ese sentido.

Con esta iniciativa lo que quiero decir es que no hay laguna jurídica y no hay criterio mal interpretado sino que el legislador omitió señalar que la pena de dos a seis años a que se hace referencia es de prisión. Por último, señalo que el amparo de revisión 326/2000, del 10 de noviembre del mismo año, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que la omisión en que incurrió el legislador es precisar debidamente la consecuencia jurídica del delito de falsedad de declaración rendida ante una autoridad distinta de la judicial no puede ser subsanada con esa fe de erratas, pues el referido secretario carece de competencia para legislar, aun de manera de aclaración de la ley. En virtud de que las disposiciones legales se encuentran revestidas en formalidades esenciales en torno del proceso que se debe observar para su creación, o bien, para su modificación y reforma.

Además, la facultad para establecer los delitos y fijar las penas que correspondan, tratándose de leyes penales federales, y para el Distrito Federal en materia del fuero común, el año de 1994 en que se emitió la referida fe de erratas, conforme a lo que disponía el artículo 73 fracciones VI y XXI, constitucional, era exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que ninguna otra autoridad distinta podía corregir la ley expedida por éste.

Por lo anterior, y seguros de contar con su apoyo para corregir esta imprecisión jurídica, presento a esta honorable Asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, al tenor del siguiente decreto:

Artículo Único. Se reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo anterior, ciudadano Presidente, le pido que sea insertado el texto íntegro de mi intervención en el Diario de los Debates, para su constancia. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Amín González Orantes, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, César Amín González Orantes, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mediante el proceso legislativo de nuestro conocimiento, el Constituyente Permanente aprobó las reformas al Código Penal Federal y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1994, sin embargo, el texto aprobado omitió agregar el término ``de prisión'' a un artículo del Código Penal Federal que pretende incorporar la pena corporal en los casos que así lo amerite, situación que fue subsanada ``entre comillas'', por el Secretario de Gobernación, al publicar una fe de erratas, en la que agregó el término ``de prisión'' para especificar que se trataba de una pena corporal con las precisiones que marca dicho precepto legal.

Sin embargo y a pesar de la buena fe que obró en todo momento al presentar una fe de erratas, ésta no puede ser considerada como tal, en virtud a que está violándose en todo caso, el espíritu de la Carta Magna, que concede al legislador la facultad de presentar iniciativas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 71 Constitucional, por lo que el acto del Secretario de Gobernación, queda sin materia, toda vez que una corrección de esta naturaleza obedece a errores tipográficos o a falta o exceso de algún signo de puntuación y en la que no altere la sintaxis del contenido de la oración, en contraste con el agregado que hace esta Secretaría de Estado y que no tiene facultades para legislar.

Atraigo como ejemplos que infinidad de procesos penales radicados ante los jueces de distrito en el país, han finalizado con una sentencia absolutoria o la aplicación de una pena pecuniaria, debido a que el juzgador razona que el Secretario de Gobernación, carece de facultades para legislar, aún a manera de aclaración de la ley, y no aplican la pena de prisión, ya que dar por válido lo anterior, traería como consecuencia la trasgresión de la garantía de exacta aplicación que debe prevalecer, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 Constitucional, que dice: ...''En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.''

Luego entonces, resulta necesaria una vez más, que el Congreso de la Unión legisle y precise la sentencia corporal para el caso que se apercibe para que con lo anterior, el juzgador se encuentre en los términos exactos para su interpretación y con esto, evitar que sólo sean aplicadas las sanciones pecuniarias a que haya lugar, al momento de que se dicte la sentencia.

Para ahondar en este asunto, el caso específico al que me refiero se trata de las sanciones previstas en el numeral 247 del Código Penal Federal, que aborda los delitos relativos a la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. No hay contradicción en su aplicación ni algún criterio análogo. Lo que persiste es la falta de legalidad, en el momento en que autoridad distinta al Legislativo modifica y agrega términos o condiciones sin haber sido aprobadas por este Congreso de la Unión, lo que significa en todo caso, que quienes se acojan el beneficio de la justicia federal, de no corregirse esta situación, sólo tendrán que erogar una multa que en cualquier caso no podrá ser mayor a 300 días, quedando el espíritu del legislador en segundo plano, dado a que según el principio de derecho ``donde el legislador no diferencia, el juzgador no debe hacerlo'' dejando al juez correspondiente sin la posibilidad de aplicar alguna sanción corporal cuando su criterio lo defina en ese sentido.

Con esta iniciativa, lo que quiero es decir, es que no hay laguna jurídica y no hay criterio mal interpretado, sino que el legislador omitió señalar que la pena de dos a seis años a que se hace referencia es de prisión.

Por último, señalo que del amparo en revisión 326/2000 del 10 de noviembre de 2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que la omisión en que incurrió el legislador de precisar debidamente la consecuencia jurídica del delito de falsedad de declaración rendida ante autoridad distinta de la judicial, no puede ser subsanada con esa fe de erratas, pues el referido secretario carece de competencia para legislar, aun a manera de aclaración de la ley; en virtud de que las disposiciones legales se encuentran revestidas de formalidades esenciales en torno al proceso que debe observarse para su creación, o bien, para su modificación y reforma. Además, la facultad para establecer los delitos y fijar las penas que correspondan, tratándose de leyes penales federales, y para el Distrito Federal en materia de fuero común, en el año de mil novecientos noventa y cuatro en que se emitió la referida fe de erratas, conforme a lo que disponía el artículo 73, fracciones VI y XXI, constitucional, era exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que ninguna otra autoridad distinta podía corregir la ley expedida por éste.

Por lo anteriormente expuesto y seguros de contar con su apoyo para corregir esta imprecisión jurídica, presento a esta Honorable Asamblea en su carácter de Constituyente Permanente la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, al tenor del siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 247 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

``Artículo 247.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días de multa:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...''

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en el día de su presentación.--- Dip. César Amín González Orantes (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y publíquese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Esta Presidencia saluda a alumnos y personal docente de la Universidad Don Vasco, del municipio de Uruapan, Michoacán, invitados del diputado Carlos Silva. Sean bienvenidos.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: A continuación, tiene la palabra el diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

El diputado Pablo Alejo López Núñez: Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.El diputado Pablo Alejo López Núñez: La naturaleza social del hombre se refleja a través de la historia desde diferentes ámbitos. Es la convivencia diaria con los demás la que conlleva a trascender. Sin embargo, para ello se requieren parámetros o normas que resulten en acciones o definiciones a favor de la colectividad. El bien común implica una conciencia social en afán de satisfacer las necesidades no solamente del individuo sino de los grupos. Es la multiplicidad de relaciones que constantemente surgen en un mundo más interactivo y dependiente lo que da lugar a orientarlas de tal manera que promuevan su correcto desempeño y funcionamiento. Así, quizá la evolución de leyes y reglamentos bajo un régimen de derecho constituye el ordenamiento jurídico de toda la sociedad. El ordenamiento jurídico, sin embargo, es siempre perfectible, en virtud de la gran dinámica a que se somete a diario que, aunado a lagunas legales, dan cabida a la posibilidad de cometer por acción u omisión ilícitos en distintas ramas del derecho, como en el caso de la materia mercantil.

En 1883, el derecho mercantil adquirió en México carácter federal, al ser reformada la fracción X del artículo 72 constitucional, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma constitucional, se promulgó el Código de Comercio de 1884, aplicado a toda la República. Posteriormente se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas de 1888, y el 1 de enero de 1890 entra en vigor el Código de Comercio de 1889. Actualmente sólo existen modificaciones en algunos de los artículos, siendo que las empresas más importantes se organizan bajo la forma de sociedad mercantil contenida en el mismo. Si bien las sociedades mercantiles, en específico las sociedades anónimas, en su objeto no incluyen la capacidad de fungir como cajas de ahorro, esta figura jurídica ha sido una práctica común en nuestro país, con casos en los que, aprovechándose de los resquicios y las omisiones legales en la materia, hayan incurrido en alevosía y ventaja en actividades ilícitas, en perjuicio del patrimonio ciudadano.

Hoy día, 11 por ciento de los delitos que se cometen en la República Mexicana es de carácter patrimonial, por lo que resulta imperativo procurar el resguardo y la protección jurídica ciudadana a través de leyes que procuren evitar y castigar la comisión de delitos, en este caso la defraudación, entendida como acto cumplido intencionalmente con la finalidad de herir derechos o intereses económicos ajenos, lo que afecta a la sociedad que, bajo este agravio, solicita respuesta. Por poner un ejemplo, sólo citaré el caso de lo ocurrido en 1992 en Ensenada, Baja California, donde una sociedad anónima, Constructora Inmobiliaria Brisamar, sociedad mercantil entre cuyo objeto no se contemplaba fungir como caja de ahorro, realizó diferentes actividades relacionadas, con las que logró defraudar a más de 5 mil personas, adultos mayores en su mayoría y de muy escasos recursos casi todos, dejándolos en la quiebra, en la indefensión y evidenciando un trasfondo de alevosía, así como falta de información del ahorrador, de inicio funcionando todo el tiempo de manera irregular, ante lo cual la autoridad no corrigió.

La gravísima repercusión de fraude hasta la fecha no ha sido subsanada; incluso, hay familias que no han podido superar moral ni económicamente el quebranto que, impunemente, sufrieron mediante esta figura legal. Cabe resaltar que la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, instrumento legal que fue creado precisamente para dar respuesta a la sociedad en este tipo de casos, en particular en su artículo 7o. no contempla sociedades anónimas como las denominadas que, hábilmente, fueron utilizadas por los defraudadores. Es importante señalar que el fideicomiso tiene el objetivo fundamental de apoyar y permitir la recuperación del porcentaje de ahorro de los defraudados en diferentes modalidades y así resarcir una falla en la regulación de las entidades constituidas.

Lo anterior es sólo un caso en concreto; sin embargo, no podemos pasar por alto a los millones de mexicanos que sufren este tipo de fraudes, a todas luces previsibles. Por ello debemos procurar que el Estado intervenga de manera subsidiaria, mediante una fórmula de protección al ciudadano, para evitar que este tipo de sociedades mercantiles, que a lo largo y ancho del país realizaron actividades de ahorro, sigan lucrando al amparo de la impunidad y aprovechándose de las lagunas legales y de la falta de información de los perjudicados.

Con esta propuesta que someto ante esta soberanía y que tiene la finalidad de adecuar los mecanismos legales encargados de responder y dar protección a los ahorradores, resguardando sus derechos a efecto de que las víctimas de estos fraudes no queden en el desamparo y en la impunidad histórica en cuanto a la reparación del daño, se propone incluir estas sociedades mercantiles como parte de las sociedades objeto del fideicomiso, en virtud de su operación como cajas de ahorro, por lo que someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, para reformar el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con objeto de incluir como factible de remuneración a las contempladas como sociedades mercantiles, agregando el inciso e) al artículo 7o., para quedar como sigue:

``Serán sujetas de apoyo, mediante este fideicomiso, las sociedades establecidas bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles que hayan realizado actividades de capacitación, de recursos, dinero o valores y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas''. Sin más por el momento, es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Pablo Alejo López Núñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con el objeto de incluir a las sociedades mercantiles, misma que fundamento y motivo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La naturaleza social del hombre se ha reflejado a través de la historia en múltiples ámbitos, pues es la convivencia diaria con los demás la que conlleva a trascender, sin embargo, para ello se requieren parámetros o normas que resulten en acciones y definiciones a favor de la colectividad.

El bien común implica una conciencia social en afán de satisfacer las necesidades no solamente del individuo sino de los grupos, y es la multiplicidad de relaciones que constantemente surgen en un mundo más interactivo y dependiente, lo que da lugar a orientarlas de tal manera que promuevan su correcto desempeño y funcionamiento. Es así que se da la evolución a leyes y reglamentos que, bajo un régimen de derecho, constituyen el ordenamiento jurídico de toda sociedad.

El ordenamiento jurídico, sin embargo, es siempre perfectible en virtud de la gran dinámica a la que se somete a diario, que, aunado a lagunas legales, dan cabida a la posibilidad de cometer, por acción u omisión, ilícitos en distintas ramas del derecho, como es el caso de la materia mercantil.

En 1883 el derecho mercantil adquirió en México carácter federal, al ser reformada la fracción X del artículo 72 de la Constitución Política de 1857, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma constitucional se promulgó el Código de Comercio de 1884 aplicado en toda la República. Posteriormente se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas de 1888 y el 1 de enero de 1890 entró en vigor el Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889. Actualmente sólo existen modificaciones en algunos de los artículos, siendo que las empresas más importantes se organizan bajo la forma de sociedad mercantil.

Si bien las sociedades mercantiles, en específico las sociedades anónimas, en su objeto no incluyen la capacidad de fungir como cajas de ahorro, ésta ha sido una práctica común en nuestro país, con cientos de casos en los que, aprovechando los resquicios y omisiones legales en materia, hayan incurrido con alevosía y ventaja en actividades ilícitas en perjuicio del patrimonio ciudadano.

Hoy en día, 11% de los delitos que se cometen en la República Mexicana son de carácter patrimonial, por lo que es imperativo procurar el resguardo y protección jurídica ciudadana a través de leyes que procuren evitar y castiguen la comisión de delitos, en este caso la defraudación, entendida como acto cumplido intencionalmente con la finalidad de herir derechos o intereses económicos ajenos que afectan a la sociedad, que bajo ese agravio, solicita respuesta.

Para ejemplificar sólo un caso, citaré lo ocurrido en 1992, en Ensenada, Baja California, en donde Constructora e Inmobiliaria Brisamar, SA de CV, sociedad mercantil entre cuyo objeto no se contemplara fungir como caja de ahorro, realizó actividades relacionadas con las que logró defraudar más de cinco mil personas, adultos mayores y de muy escasos recursos en su mayoría, dejándolos en la quiebra e indefensión totales, evidenciando un trasfondo de alevosía así como de falta de información del ahorrador, de inicio funcionando todo el tiempo de manera irregular, ante lo cual la autoridad no corrigió.

La gravísima repercusión del fraude, hasta la fecha no ha sido subsanada, incluso con familias que no han podido superar ni moral ni económicamente el quebranto del que impunemente fueron objeto.

Cabe resaltar que la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamos y de Apoyo a los Ahorradores, no contempla dentro de su artículo 7o. a las sociedades mercantiles, en particular sociedades anónimas, denominación que hábilmente fue utilizada por los defraudadores, y es importante señalar que el fideicomiso tiene por objetivo apoyar y permitir la recuperación de un porcentaje de los ahorros de los defraudados y así resarcir una falla en la regulación de las entidades constituidas.

Lo anterior es sólo un caso en concreto, sin embargo, no podemos pasar por alto a los millones de mexicanos que han sufrido este tipo de fraudes, a todas luces previsibles y por ello debemos procurar una fórmula de protección al patrimonio ciudadano, para evitar que este tipo de sociedades mercantiles que realizan actividades de ahorro, sigan lucrando al amparo de la impunidad y de la falta de información de los perjudicados.

Con esta propuesta, la finalidad es adecuar los mecanismos legales encargados de dar protección a los ahorradores, resguardando sus derechos, a efecto que las víctimas de estos fraudes, no queden en desamparo en cuanto a la reparación del daño, por lo que se propone incluir estas sociedades mercantiles como parte de las sociedades objeto del fideicomiso, en virtud de su operación como cajas de ahorro

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con

Proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con el objeto de incluir a las sociedades mercantiles.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción e) a la fracción I del Artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores para quedar como sigue:

Artículo 7.- Sociedades de tipo I: a) sociedades de ahorro y préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) sociedades cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) asociaciones y sociedades civiles que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) sociedades de solidaridad social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas, y e) sociedades mercantiles establecidas bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que hayan realizado actividades de captación de recursos, dinero, o valores y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas.

...

...

II.- ...

Transitorio

Único.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de marzo del año dos mil seis.---Dip. Pablo Alejo López Núñez (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.El diputado Rafael Candelas Salinas: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es el ordenamiento que reglamenta los derechos y las obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la organización, la función y las prerrogativas de los partidos políticos; y la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión a nivel federal. El Cofipe establece en el artículo 8o., numeral 2, la prohibición expresa que tienen los partidos políticos para no registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de 60 candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en 5 listas regionales.

Esta decisión, que en su momento fue consensuada por los partidos políticos y aprobada por sus representantes populares en el Congreso, buscaba proteger los cuadros políticos más distinguidos de cada partido; pretendía, en suma, cuidar y preservar los intereses de las elites políticas, limitando con ello los derechos de los demás militantes. Con el registro por ambas vías, la de representación proporcional y la de mayoría, de los cuadros distinguidos de los partidos, se buscó contar con los mecanismos de protección necesarios para garantizar su lugar en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, lo que ha originado que menos ciudadanos y menos militantes de los respectivos partidos políticos tengan posibilidades de acceder a un cargo de representación y limitadas sus posibilidades de representar a sus estados o a sus distritos en las Cámaras del Poder Legislativo federal.

La disposición contenida en el numeral 2 del artículo 8 de la ley en comento, cumplido ya su cometido, que era garantizar la presencia de cuadros políticos en un escenario de baja competitividad política... pero en las condiciones políticas actuales, de mayor competencia entre partidos y candidatos, esa limitación ya no tiene sustento, por lo que el legislador, después de realizar un análisis de dicha norma, podrá concluir que es momento de que en el Cofipe se establezca la disposición de que los candidatos que deseen figurar en las listas de representación proporcional, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, no puedan hacerlo por la vía de la representación uninominal o de mayoría.

Es decir, los ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular únicamente podrán hacerlo por una de las dos vías que reconoce el Cofipe, el de la representación mayoritaria o proporcional. La disposición contenida en esta ley, de permitir que un ciudadano pueda llegar al Congreso por ambas vías, servía para desvirtuar el sentido político y el sentido simbólico de la representación democrática de abrir espacios para la negociación política de los partidos, pervirtiendo con ello la función de la representación proporcional y cancelando las oportunidades a los ciudadanos y militantes de hacer campaña en una población determinada, para disputar la representación política o de figurar en algunas de las listas de los partidos políticos.

Frente a las opciones tan reducidas que tienen los ciudadanos de poder participar en los procesos electorales para elegir o ser electos a un cargo de representación popular, frente al monopolio que tienen los partidos por la ausencia de mecanismos de participación ciudadana, los legisladores tenemos que garantizar a través de la legislación correspondiente que los escasos cargos de elección popular no sean ocupados únicamente por algunas familias distinguidas o por las elites de los partidos sino que vaya más allá, que vaya más allá de esta circunstancia política, que los espacios de representación sean accesibles a más ciudadanos y a más militantes.

La representación proporcional está pensada como la vía para que los partidos puedan estar en condiciones de contar con una representación política en el Congreso, no para que las cúpulas partidarias definan con base en sus propios intereses garantizar la pertenencia de la representación a sus cuadros dirigentes, cuando éstos deciden participar también por la vía uninominal. De ahí que una obligación constitucional de los partidos políticos sea abrirse a la sociedad, a los ciudadanos y a sus militantes, que reclaman mayores espacios para su participación e inclusión en los espacios donde se dan las disputas políticas.

En el artículo 8o. del Cofipe se establecen las prohibiciones para que las personas puedan ser registradas como candidatos a distintos cargos de elección popular; es decir, alguien que pretende ser diputado no puede ser al mismo tiempo candidato a senador o viceversa. De la misma manera, se establece la prohibición de que quien desee participar para un cargo de elección popular en el ámbito federal no puede hacerlo de manera simultánea para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal que esté en disputa. De ahí que la presente iniciativa proponga reformar este numeral 2, para que los partidos políticos no puedan registrar de manera simultánea en un mismo proceso electoral candidatos a diputados federales y senadores de la República por mayoría relativa y por representación proporcional. Con esta reforma estaremos permitiendo que cada vez sea mayor el número de ciudadanos y militantes que participen en los procesos electorales y limitar la capacidad de los dirigentes de los partidos y de sus órganos para que determinen que algunos de sus cuadros más importantes ocupen dos espacios en una misma elección.

Compañeras y compañeros diputados: me parece muy importante que analicemos a fondo esta iniciativa, este proyecto de reforma porque, sobre todo en este momento político, en el que los distintos partidos están por definir sus candidaturas, sus listas plurinominales y, aun con la claridad de que esta reforma, en todo caso, no serviría ya para este proceso electoral sino para posteriores, me parece que sí es importante que definamos este asunto en virtud de varias cosas. La primera: quienes van de candidatos en la plurinominal y aparte van de candidatos de mayoría, la verdad es que muchos de ellos ni siquiera ayudan a su partido, pues al ir seguros en la lista de representación proporcional no tienen el mismo entusiasmo para contender en la de mayoría; les ganan la confianza, el desgano y la falta de compromiso en la gente, la falta de compromiso con el elector.

Por si eso fuera poco, el dinero que se gastan en la candidatura de mayoría francamente viene a ser dinero tirado, porque no tiene razón de ser, si de todas maneras van seguros en una candidatura plurinominal. Y por último, me parece que esta posición resulta caduca y antidemocrática, pues limita la participación ciudadana, privilegia a los más allegados a las elites partidistas, es contraria a las bases, es contraria a la militancia y a la libre y justa competencia. Y hay, que decirlo también, quien sale perdiendo con esta propuesta, que vemos muy seguido, de que vayan candidatos de mayoría y plurinominales al mismo tiempo, son los jóvenes, por eso quizá muchas veces los jóvenes están con el desgano de la participación. Siempre nos dicen: ``Siempre van los mismos, siempre va la misma gente''.

Me parece, diputados, diputadas, que tenemos que cambiar esta visión de nuestro país, que tenemos que cambiar esta visión democrática de la participación política en el interior de los partidos y todo tiene que ser también... quienes saldrían ganando en esto no solamente serían los jóvenes sino sería la gente ciudadana, la gente que a veces no milita incluso en el partido político, y también las mujeres, que también con esto muchas de las veces ven reprimida su participación política.

Por ello, diputado Presidente, le solicito de manera respetuosa que se integre esta iniciativa completa en el Diario de los Debates y le solicito que la turne a la comisión correspondiente. Diputadas, diputados: muchas gracias, y espero que nos veamos favorecidos con el dictamen favorable a esta iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Candelas Salinas, diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral segundo del artículo 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es el ordenamiento que reglamenta los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

El Cofipe establece en su artículo 8, numeral 2, la prohibición expresa que tienen los partidos políticos para no registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

Esta decisión que en su momento fue consensuada por los partidos políticos y aprobada por sus representantes populares en el Congreso, buscaba proteger a los cuadros políticos más distinguidos de cada partido, pretendía en suma, cuidar y preservar los intereses de las elites políticas limitando con ello los derechos de los demás militantes.

Con el registro por ambas vías, la de la representación proporcional y de mayoría, de los cuadros distinguidos de los partidos, se buscó contar con los mecanismos de protección necesarios para garantizar y asegurar su lugar en el Congreso; ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, lo que ha originado que menos ciudadanos y militantes de sus respectivos partidos políticos tengan posibilidades de acceder a un cargo de representación y limitadas sus posibilidades de representar a sus estados y a los ciudadanos de su distrito en las Cámaras del Poder Legislativo Federal.

La disposición contenida en el numeral segundo del artículo 8 de la ley en comento, cumplió ya con su cometido, que era garantizar la presencia de cuadros políticos en un escenario de baja competitividad política.

Pero en las condiciones políticas actuales, de mayor competencia política entre partidos y candidatos, esta limitación ya no tiene sustento, por lo que el legislador, después de realizar un análisis de dicha norma, podrá concluir que es momento de que en el Código Electoral se establezca la disposición de que aquellos candidatos que deseen figurar en las listas de representación proporcional, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, no puedan hacerlo por la vía de la representación uninominal o de mayoría.

Es decir, los ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular únicamente podrán hacerlo por una de las dos vías que reconoce nuestro Código Electoral Federal; el de la representación mayoritaria o proporcional.

La disposición contenida en el Cofipe de permitir que un ciudadano pueda llegar al Congreso por ambas vías servía también para desvirtuar el sentido simbólico de la representación democrática y abrir espacios para la negociación política de los partidos, pervirtiendo con ello, la función de la representación proporcional y cancelando las oportunidades a los ciudadanos y militantes de hacer campaña en un distrito determinado para disputar la representación política o de figurar en alguna de las listas de los partidos políticos.

Frente a las opciones tan reducidas que tienen los ciudadanos de poder participar en los procesos electorales para elegir o ser electos a un cargo de representación popular; frente al monopolio que tienen los partidos por la ausencia de mecanismos de participación ciudadana, los legisladores tenemos que garantizar a través de la legislación correspondiente que los escasos cargos de elección popular no sean ocupados únicamente por algunas familias distinguidas o por las elites de los partidos, sino que vaya más allá de esta circunstancia política, es decir, que los espacios de representación sean accesibles a más ciudadanos, a más militantes.

La representación proporcional está pensada como la vía para que los partidos políticos puedan estar en condiciones de contar con una representación política en el Congreso; no para que las cúpulas partidarias definan con base en sus propios intereses garantizar la pertenencia de la representación a sus cuadros dirigentes, cuando éstos deciden participar también por la vía uninominal.

De ahí que una obligación constitucional de los partidos políticos es abrirse a la sociedad, a los ciudadanos y a sus militantes que reclaman mayores espacios para su participación e inclusión en los espacios donde se dan las disputas políticas.

En el artículo 8 del Código Electoral se establecen las prohibiciones para que las personas puedan ser registradas como candidatos a distintos cargos de elección popular, es decir, que alguien que pretende ser diputado no puede ser al mismo tiempo, candidato a senador o viceversa, de la misma manera se establece la prohibición de que quien desee participar para un cargo de elección popular en el ámbito federal no puede hacerlo de manera simultánea para otro de los estados, municipios o del Distrito Federal que esté en disputa.

El numeral primero del artículo 8 establece:

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviera hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

Y en el numeral segundo, del mismo artículo se establece que:

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

De ahí que la presente iniciativa proponga reformar este numeral segundo, para que los partidos políticos no puedan registrar de manera simultánea en un mismo proceso electoral, candidatos a diputados federales y senadores de la República por mayoría relativa y de representación proporcional.

Con dicha reforma estaremos permitiendo que cada vez sea mayor el número de ciudadanos y militantes que participen en los procesos electorales y limitar la capacidad de los dirigentes de los partidos políticos y de sus órganos para que determinen que algunos de sus cuadros más importantes, ocupen dos espacios en una misma elección.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único: Se reforma el numeral segundo del artículo 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 8.

1. ...

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, candidatos a diputados federales y a senadores de la República por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, y publíquese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.

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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del PVEM.

Raúl Piña Horta, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Seguridad Social para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social a su letra dice: ``tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar''.

En consonancia con lo antes dicho, la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

En síntesis la asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Con base en lo anterior, proponemos que sean sujetos de la asistencia social los enfermos terminales, ya que ellos no se encuentran contemplados en esta ley.

La medicina ha sufrido enormes cambios en los últimos 50 años. Con las técnicas de reanimación, con los progresos en el tratamiento de deficiencias respiratorias, cardíacas, renales o hepáticas, es posible mantener en vida a miles de enfermos que, sin la ayuda médica, estarían condenados a una muerte más rápida. A la vez, ha habido mejoras en el tratamiento del dolor físico, si bien queda todavía mucho por hacer, ya que se siguen viviendo casos donde por falta de atención los enfermos terminales sufren las consecuencias.

La eutanasia, práctica que consiste en provocar la muerte o no alargar artificialmente la vida de un enfermo incurable, para evitarle sufrimientos o una larga agonía. En virtud de que en la leyes penales se encuentra prohibida su aplicación bastaría ponernos en la situación que están las personas que sufren enfermedades terminales para comprender por que en muchas de las ocasiones manifiestan su deseo de morir, la respuesta sería en que saben que su mal no tiene remedio y que desgraciadamente no cuentan con el apoyo que brinda la asistencia social para mejorar su calidad de vida.

Un enfermo en los distintos niveles de coma o en estado vegetativo persistente, puede ser mantenido en vida durante varios años. La acción médica actúa cada vez más como apoyo externo de funciones vitales con pulmones artificiales, diálisis, o como ayuda en la alimentación parenteral e hidratación. Estas medidas técnicas necesitan, para ser plenamente humanas, estar acompañadas por las atenciones elementales que todo enfermo merece a nivel físico como la limpieza externa, movimientos para evitar llagas o heridas, masajes y a nivel espiritual es importante el acompañamiento de caricias, formas de contacto cuyos efectos no son siempre bien conocidos pero que pueden ser de mucha importancia en algunos enfermos que parecen no percibir lo que pasa a su alrededor.

Por lo mismo, se necesita reconocer que estos tratamientos, muchos de ellos nuevos y, a veces, costosos, son útiles en la medida en que sirven al enfermo. Al mismo tiempo, la ética nos recuerda que no hay que llevar a cabo aquellas intervenciones desproporcionadas que provoquen enormes daños físicos o psíquicos o que alarguen inútilmente la agonía de un enfermo. Los médicos deben rendirse ante el hecho inevitable y natural de la muerte cuando un proceso patológico no puede ser curado y cuando son muy grandes los dolores provocados por la intervención técnica que detiene durante un cierto tiempo el proceso de muerte.

Por eso se hace necesario considerar en qué casos existe una obligación ética de recurrir a ciertos tratamientos médicos, y en qué casos no existe tal obligación.

A la hora de iniciar, mantener, omitir o suspender una acción sanitaria, hay que tener en cuenta la distinción entre tratamientos básicos, obligatorios para todo enfermo, y tratamientos específicos para curar o para suplir alguna función del organismo humano. Los tratamientos básicos buscan mitigar el dolor y los daños físicos consecuencia de una enfermedad, así como ofrecen nuevas posibilidades para alimentar e hidratar, siempre que las acciones llevadas a cabo con este fin no provoquen más daños que beneficios. En cambio, los tratamientos específicos buscan curar o paliar la enfermedad, ayudar o incluso suplir la funcionalidad de un órgano gravemente dañado.

En los casos de enfermos que se encuentran en coma o en estado vegetativo persistente, sigue en pie la obligación de mantener todos aquellos tratamientos básicos que merece el enfermo. Omitir este tipo de tratamientos con la intención de adelantar la muerte, la cual se producirá por desnutrición o por deshidratación, es un acto claramente inmoral, que puede no quedar penalizado por la legislación de un país que pretenda ser verdaderamente progresista.

Los enfermos terminales del síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen muy pocas defensas, varias infecciones y deterioro físico importante, de manera progresiva e incurable, pues no responden al tratamiento. La mayoría sufre síntomas como dolor, fiebre, insomnio, dificultades al tragar, agitación y otros.

El pronóstico de vida es muy deficiente. Frente a la enfermedad terminal, cuando parece que ya no hay nada que hacer, la respuesta son los cuidados paliativos, que tratan de atender de forma integral física, emocional, social y espiritualmente a las personas con enfermedades graves e incurables, no se pretende acelerar ni retardar la muerte, sino brindar al enfermo y a su familia la mejor calidad de vida posible.

Debido a las características propias de la infección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pensamos que el apoyo psicológico es uno de los objetivos prioritarios de la asistencia social. Por otra parte, desarrollar un plan de atención a los enfermos a domicilio en los casos en que la hospitalización no sea indispensable. Este apoyo se extendería a la familia del paciente, sujeta a enormes tensiones durante todo el curso de la enfermedad.

En el caso de un enfermo tetrapléjico, existe la obligación de ayudarle a vivir también con el recurso a un pulmón artificial, pues es una acción perfectamente proporcionada y útil para mantener la vida del paciente. Privarle del pulmón es siempre un acto homicida, que busca claramente provocar la muerte del enfermo.

Conviene añadir que, en los casos en los que se omita lícitamente un tratamiento especial desproporcionado, no por ello el enfermo puede ser abandonado ni dejado morir sin que se le ofrezcan aquellos tratamientos que le ayuden a mantener la salud, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 4, párrafo tercero.

Para atender los problemas de los afectados y su familia, se debe contar con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales, que las necesidades de apoyo psicológico se aborden en terapias individuales, de pareja o familiares, entre otros planes y programas que existan grupos terapéuticos guiados por psicólogos y trabajadores sociales.

A través de la formación de grupos de autoayuda que se les dé solución a los problemas que les preocupen a los afectados, como son tratamientos o la nutrición. Que los grupos sean guiados por enfermeras y trabajadores sociales.

En cuanto al ámbito social, que las funciones del trabajador social sean informar y orientar sobre pensiones, problemas de vivienda, problemas jurídicos y los recursos tanto económicos como de cualquier otro tipo a los que tiene derecho los afectados. Todos estos temas sean causa de continua coordinación con autoridades federales estatales y municipales.

Cuando los pacientes sufren un estado crítico con dolores que afectan su estado físico, emocional y psíquico, tanto él como sus familiares entran en crisis que se vuelven más y más agudas cada vez, los cuadros clínicos arrojan resultados deprimentes en donde muchas de las veces, no llega la asistencia social lo que conlleva la propuesta de la presente iniciativa de considerar a los enfermos terminales sujetos de una pronta y efectiva asistencia social.

Para el diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la importancia de la asistencia social a los enfermos terminales es fundamental, por ello debemos apoyar a todas las familias mexicanas que tienen entre sus miembros algún familiar con estas necesidades y así seguir fomentando los valores a la vida, por los que seguiremos luchando.

Por todo ello sometemos a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 4 de la ley de Asistencia Social recorriéndose las siguientes de manera subsecuente.

Articulo Único.- Se adiciona una fracción XI al articulo 4 de la Ley de Asistencia Social recorriéndose en su orden de la siguiente manera la actual fracción XI deviene a ser la fracción XII de manera subsecuente para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a X. (quedan igual).

XI. Enfermos terminales.

XII. Coadyuvar a las personas afectadas por desastres naturales, y

XIII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Raúl Piña Horta (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Asimismo, se recibió de la diputada Claudia Delgadillo González, del grupo parlamentario el Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 7o., 25 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 7, 25 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del grupo parlamentario del PRI

Claudia Delgadillo González, en mi carácter de diputada federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 25 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La promoción del desarrollo social para cualquier Estado de derecho constituye la implementación de políticas públicas, comprometidas con el cumplimiento de los derechos sociales previstos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las consecuencias producidas en México por problemas de marginación, desigualdad, falta de empleos, insuficiencia alimentaria, explosión demográfica, deficiencias en los servicios de salud, fallas en el apoyo a las personas con capacidades diferentes y otros fenómenos que laceran el tejido social, constituyen uno de los principales objetivos a resolver con eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento diseñado por el titular del Poder Ejecutivo federal para abatir la pobreza, generar una adecuada alimentación y proveer de los servicios mínimos que se demandan por las personas en todas las regiones del país.

En consideración a los retos que el Gobierno Federal enfrenta para combatir los factores que generan la marginación y la desigualdad, el 20 de enero del 2004 se promulgó la Ley General de Desarrollo Social, encargada de organizar las directrices estratégicas que la secretaria del ramo se encuentra facultada a ejercer conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal.

Para obtener los resultados tangibles que emanan del artículo 7 de la ley antes señalada, los legisladores debemos promover las bases necesarias para que de manera efectiva toda persona participe y se beneficie de los programas de desarrollo social, conforme a los principios rectores de las políticas diseñadas para tal efecto, en los términos que establezcan las reglas de operación diseñadas para cada programa, basados en ideologías de igualdad de oportunidades, que logren un equitativo desenvolvimiento social, cultural y económico de los mexicanos.

En cumplimiento con este compromiso, planteo reformar este dispositivo encaminado a fomentar la seria difusión de los planes de desarrollo social, obligando al Presidente de la República a trabajar con transparencia y responsabilidad planteando las estrategias a seguir en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, dando certidumbre a las instituciones públicas desde el inicio del sexenio para que los más necesitados tengan oportunamente conocimiento de las acciones que se estarán fincando para el puntual aprovechamiento de los recursos destinados en los programas de desarrollo social.

Los ideales que expreso en la presente iniciativa son el núcleo de la operatividad para enfrentar una lucha eficiente para alcanzar las metas trazadas en los programas que regula la Ley General de Desarrollo Social, la cual en todo momento se deben legitimar los pormenores de sus planteamientos como en el caso del Fondo de Contingencia Social, que en términos del artículo 25 debe ser administrado por el titular del Poder Ejecutivo federal, pero en la literalidad de este fundamento en ningún tiempo se establece a través de qué dependencia corresponderá cumplimentar esta encomienda, abriendo una brecha de discrecionalidad indebida a favor del jefe del Gobierno Federal pudiendo dar lugar a presuntas malversaciones de recursos públicos y desvíos injustificados, toda vez que se abstiene el enunciado legal de aclarar que es a la Secretaría del ramo a quien le corresponde legalmente desempeñar esta tarea y que en la presente iniciativa estimo conducente que se realice la modificación en sus términos con la finalidad de dar transparencia a la gestión pública en el auxilio que demande la población en los casos de desastre.

Para pasar del discurso político que merezca la reiterada crítica por la afluencia de demagogia o falta de objetividad y pasar a los hechos concretos estimo a su vez que es necesario reformar el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Social, en virtud de que establece la forma en cómo la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en su carácter de órgano verificador del servicio efectivo para la población de todas las regiones del país a favor de los más desprotegidos.

Para consumar esta meta se involucra a las secretarías de Estado obligadas a participar en la consumación de los objetivos trazados en los programas, sin que se involucre de manera directa a la Secretaría de la Función Pública, quien conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde organizar un sistema de control y evaluación gubernamental e inspeccionar el ejercicio del gasto público federal en congruencia con los presupuestos de egresos en sus términos aprobados para dicho efecto, por ello la participación de esta Secretaría de ningún modo debe ignorarse en el ámbito de la función obligada que tiene el gobierno federal de cumplir con transparencia su encomienda.

Debemos concienciar que sólo podremos tener acceso a la justicia social, la verdadera promoción para la calidad de vida de las personas en situación de desamparo y el cumplimiento asequible de las políticas públicas, en la medida que se actúe de manera comprometida en el seguimiento de los programas, mediante una tangible evaluación de la gestión social y hacer que las determinaciones estén encaminadas a mejorar el alcance de los objetivos planteados en las acciones gubernamentales congruentes con el trabajo que ostentan en los medios de comunicación.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 25 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se reforman los artículos 7, 25 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política de desarrollo social, conforme al Plan Nacional de Desarrollo en los términos que establezca la normatividad de cada programa, así como sus reglas de operación.

Artículo 25. El Ejecutivo federal a través de la Secretaría podrá establecer y administrar un fondo de contingencia social como respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal con transparencia, eficacia y eficiencia.

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:

I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; de Salud; de Trabajo y Previsión Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de la Función Pública quién medirá la transparencia del ejercicio de los recursos, el alcance y cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley.

...

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de dos mil seis.--- Dip. Claudia Delgadillo González (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

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LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Guillermo Tamborrel para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el propio diputado y por la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.El diputado Guillermo Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: en nombre del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con un doble objetivo. El primero de ellos es garantizar, facilitar que las inspecciones en la industria del acero, desde la perspectiva ambiental, se lleven de manera completa, se lleven de manera profesional exclusivamente por autoridades federales; y, al mismo tiempo, facilitar en este caso a esta industria para que pueda cumplir cabalmente todos los lineamientos que se establecen en la ley.

Hoy tenemos un grave problema en esta industria, ya que por ser las autoridades federales y también tener competencia las autoridades estatales, existe una confusión de qué corresponde a qué autoridad y, por tanto, las inspecciones, las verificaciones no se llevan con la puntualidad que exige el desarrollo sustentable de nuestro país, amén de obstaculizar, de entorpecer el quehacer de la industria. Por ello, compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna me permito solicitarles que esta iniciativa sea dictaminada con la mayor brevedad.

Diputado Presidente, simplemente para solicitar que dicha iniciativa sea insertada íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Irene H. Blanco Becerra y Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de los suscritos diputados federales Irene H. Blanco Becerra y Guillermo Tamborrel Suárez, presentan para la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71; la fracción X del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria del hierro y del acero representa sin duda alguna un pilar insustituible en el desarrollo económico del país, ya que sus productos son indispensables en la industria manufacturera, la industria metalmecánica y en la construcción. Por tanto, como legisladores tenemos la responsabilidad de favorecer el desarrollo sustentable de la industria del hierro y del acero nacional. Es decir, dentro de nuestras atribuciones tenemos la obligación de impulsar la competitividad de esta industria como la de cualquier otro ramo industrial. Ciertamente tenemos la responsabilidad de velar por el derecho a un medio ambiente sano para ésta y para las generaciones de mexicanos por venir, pero también la de propiciar el crecimiento económico. De ahí que nuestra legislación debe ser eficiente y eficaz en el combate a la contaminación al mismo tiempo que fomenta el desarrollo económico sustentable nacional.

En cuanto al hierro y al acero en si mismos tenemos lo siguiente:

El sinnúmero de cualidades que posee el acero lo ha conservado en la mente del hombre prácticamente desde siempre, ya que presenta la posibilidad de que sea transformado de mil formas diferentes. Lo que es muy importante y, ante las necesidades de hoy de crecer dentro de un marco de desarrollo sustentable, el acero trasciende fronteras al convertirse en el único material 100% reciclable en todo el mundo. De hecho es el producto más reciclado del orbe.

Difícil resulta imaginar un mundo sin acero, basta con mirar la infinidad de objetos que tenemos a nuestros alrededor, iniciando por aquellos que le dan confort y seguridad a nuestra vida diaria. En algunas ocasiones sobresale de manera excepcional, como en los postes de alumbrado público, como soporte de sólidas cimentaciones o de manera discreta en los enseres electrodomésticos y aparatos quirúrgicos, indispensables para preservar nuestra vida.

Así, este sector industrial encabeza el pilar de una cadena productiva de 4 o 6 eslabones con productos que se convierten en insumos o medios de producción para otros sectores industriales.

La producción de acero en un país refleja su nivel de industrialización, mientras la producción de acero per cápita en 1998 fue de aproximadamente 145 kg/habitante; en países desarrollados como Alemania llega a ser de 546 o hasta de 879 como en el caso de Corea. Respecto a sus principales socios comerciales, en Estados Unidos y Canadá es de 367 y 527 kg per cápita respectivamente; lo cual ejemplifica el potencial de crecimiento que esta industria tiene para México.

El sector industrial refleja su participación en la actividad económica del país, aportando en 2004 un PIB de 125.4 mil millones de pesos, que representa el 1.6% del PIB Nacional, 6.9% del PIB Industrial y 10.0% del PIB Manufacturero. Durante 2004 generó empleos directos a 52mil 500 personas y de manera indirecta a 550 mil.

Dentro de su actividad industrial, es el primer consumidor privado de electricidad, con 7.3% del total nacional; el primer consumidor privado de gas natural, con 26.3% del total consumido en nuestro país, y es uno de los principales usuarios de ferrocarriles utilizando el 9.8% de volumen nacional de carga.

En cuanto a la industria tenemos que existen en México cinco empresas integradas en forma vertical, esto es, disponen de instalaciones tanto para la reducción de mineral de hierro, como para la acería y laminación. La producción total de estas empresas representa el 81.22% de la producción nacional y tienen capacidad para producir arrabio y hierro esponja, a través del proceso de alto horno al carbón mineral o por medio del proceso denominado reducción directa para el caso del hierro esponja.

A mediados de los años ochenta, 66 % del acero se produjo en las empresas integradas a base del proceso de alto horno, que utiliza carbón como reductor. Actualmente sólo el 28.46% se produce en alto horno, dejando el proceso de horno de arco eléctrico como predominante, con un 71.54%; lo que da una idea significativa de la mejora de tecnologías en la producción de acero, dado que en este porcentaje se cubre tanto el proceso de reducción directa con gas natural como la producción de acero por medio del reciclado o aprovechamiento de chatarra.

Además de las empresas integradas, se cuenta con 16 empresas semiintegradas o acerías que producen acero a partir del reciclado de la chatarra contribuyen con el 18.8% del total de producción.

La producción de acero tiene su impacto en el ambiente, aminorar esta situación constituye una exigencia para los industriales que operaran en esta rama. La implementación de tecnologías limpias es costosa, los procesos más contaminantes se ubican en los países menos desarrollados, al tener normas más laxas para preservar el ambiente, situación que se ha modificado por la apertura del mercado siderúrgico a nivel mundial, ya que la empresa que quiera vender debe cumplir las normas del país al que quiere vender.

Como se mencionó, el acero es el único producto 100% reciclable, lo que favorece su utilización en diversos sectores industriales. De acuerdo con las cifras del año 2004, el volumen de chatarra consumida fue de 6 millones de toneladas, lo que representó considerables ahorros de energía y disminución de emisiones de dióxido de carbono. Estudios internacionales afirman que la utilización de chatarra como materia prima permite ahorrar entre la mitad y dos terceras partes de la energía consumida en la fabricación de acero y como consecuencia una disminución del impacto ambiental en un 85%, aproximadamente. Esta disminución en el impacto ambiental se ve reflejada principalmente en que cada tonelada de chatarra usada para la producción de acero nuevo permite conservar 2,500 libras de mineral de hierro, 1400 libras de carbón, 120 libras de cal así como ahorrar 11 millones de BTU de energía. Cualquier cantidad de acero producido contiene al menos 25% de acero reciclado.

Cabe destacar en este rubro la participación de las empresas socias apoyando las acciones de Gobierno en materia de proveer de seguridad en la distribución de gas LP y mejorar los servicios de los permisionarios en beneficio de la población en general. Estas acciones se plasmaron a través del Convenio establecido con la Secretaría de Energía en diciembre de 2001, para el acopio y destrucción de recipientes portátiles de gas LP que se encuentran fuera de especificaciones o de cumplimiento de la norma. Al respecto la Canacero y las empresas socias participan en tres modalidades diferentes:

1. Empresas proveedoras de lámina para la fabricación de recipientes portátiles, cumpliendo con las regulaciones establecidas y aportando la información necesaria para su adecuado control y funcionamiento del convenio.

2. Empresas que ponen a disposición del gobierno sus instalaciones para el acopio, destrucción y fundición de los recipientes portátiles fuera de norma; lo cual provee de seguridad y garantía a la población de su total destrucción, al representar estos recipientes materia prima para la fabricación de acero, es decir, consumo de chatarra.

3. La Canacero apoya directamente con la Sener, llevando a cabo los procesos de verificación de instalaciones que pretendan registrarse como centros de acopio y destrucción, emitiendo en su caso, la recomendación correspondiente. Esto aplica para cualquier instalación que pretenda ser centro de acopio y destrucción, sea empresa socia o no.

Así, se encuentran funcionando en la actualidad, por parte de las empresas socias, 25 centros de acopio y destrucción así como 18 centros de fundición, distribuidos en la República Mexicana.

Adicionalmente a las inversiones ya mencionadas anteriormente, la industria siderúrgica ha trabajado en beneficio del ambiente realizando inversiones de acuerdo a la siguiente información:

Desde 1995, dadas las exigencias de globalización de mercados y de la privatización del sector siderúrgico mexicano, hasta 2005 se registraron inversiones por 6 mil 454 millones de dólares para fortalecer y modernizar su estructura productiva, orientándose hacia la consolidación de su capacidad competitiva y el mejoramiento ambiental de sus procesos. Se estima que del 20 al 25% de esta cifra va directamente a acciones de protección ambiental, ejemplo de algunas de estas inversiones han ido dirigidas a conceptos como:

Sistemas de colección de polvos,

Sistemas de enfriamiento de agua, sin pérdida por evaporación,

Quemadores de bajo NOx.

Reciclamiento de energía calorífica,

Cambios en sistemas de agua de procesos, equipos,

Cambios en las instalaciones eléctricas para el ahorro de energía,

Plantas de tratamiento de aguas residuales.

En cuanto a desempeño ambiental, podemos mencionar de manera más específica en la materia, que desde años atrás la industria de la Canacero, localizada en el área metropolitana de la Ciudad de México mostró su preocupación por el cuidado del ambiente, firmando un compromiso con la entonces llamada Sedesol, a fin de enfocar esfuerzos por disminuir las emisiones atmosféricas y mantener un adecuado manejo de residuos.

La promoción del Programa de Auditoría Ambiental y los certificados de industria limpia obtenidos a través del mismo, han reflejado resultados importantes, ya que un estudio realizado en 1999 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denominado ``Auditoría ambiental sectorial en la industria del hierro y del acero''; refleja que el 81% de la producción nacional de acero procesa bajo certificado de industria limpia; es decir, en completo cumplimiento de la normatividad ambiental.

Siendo también los sistemas de administración ambiental una pieza importante en la gestión de las empresas; es de reconocer que la primera empresa certificada en ISO 14000 en México fue de la industria siderúrgica (Altos Hornos de México en 1996) y recientemente fue entregada a una de las principales productoras de acero en México, el Millennium Business Award for Environmental Achievement por parte de la International Chamber of Commerce y la United Nations Environment Programme (Altos Hornos de México en el 2000).

En cuanto a resultados de estos procesos más eficientes y reducción de emisiones atmosféricas, según los cálculos de la misma Canacero, realizado a través de encuestas energéticas con las empresas socias; se ha optimizado el uso de la energía en aproximadamente 20 a 25%, que es proporcional también en emisiones a la atmósfera. Esta reducción se ha dado, sea con la finalidad de lograr mayores eficiencias y reducción de uso de combustibles en la operación de los equipos o por la utilización de nuevas tecnologías, reduciendo consecuentemente el grado de emisiones atmosféricas de manera proporcional.

Para la reducción y control de las emisiones atmosféricas de fuentes fijas, existen innumerables alternativas tecnológicas para cada giro industrial. Según cifras presentadas por la Comisión Promotora de Inversiones Ambientales, perteneciente al INE, se obtuvieron estimaciones generales de las erogaciones para el control de la contaminación atmosférica, medidas éstas en dólares por tonelada de contaminante disminuido, para diferentes industrias en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los resultados son los siguientes: 2,440 dólares para partículas suspendidas totales, 200 dólares por tonelada removida de SOx, y 2,500 dólares por tonelada de NOx. Relacionando las anteriores cifras con los volúmenes promedio anuales de emisiones a la atmósfera estimados para el sector del hierro y del acero, la inversión realizada para implementar equipos y sistemas de control de estas emisiones se presenta a continuación.

Volumen estimado emisiones

Contaminante Volumen Erogaciones

Estimado totales

(ton/año) (millones de US dlls.)

PS 5275 12'871,000

SOx 5050 1'010,000

NOx 2125 5'312,500

Los costos de eliminación del monóxido de carbono y de hidrocarburos no quemados son muy bajos, ya que sólo se requieren ajustes en los quemadores y controles de entrada de gases. Aunque dentro de los impactos más importantes que menciona el estudio de la Profepa ya citado anteriormente, está el alto consumo de agua, es necesario mencionar también que, según las cifras aportadas por la Comisión Nacional del Agua, esta industria recicla y reusa cerca del 80% de su consumo total.

En la industria siderúrgica en México, el agua se emplea básicamente para dos tipos de actividad:

1. Agua empleada por los sistemas de enfriamiento en la producción de arrabio, del acero y en el laminado, ya que la generación de calor en estos procesos es extremadamente alta. Se considera que del total del volumen de agua utilizado por la industria siderúrgica, el 81.6 % es destinado a estas tareas. Esta agua no es considerada de proceso y se recircula en su mayor parte después de pasar por torres de enfriamiento.

2. Agua destinada para lavado de gases de los precipitadores electrostáticos y lavado de material y productos en general, lo cual implica altas concentraciones de sólidos suspendidos y algunos metales pesados, entre otros. Del total del volumen de agua utilizado por la industria, para estas tareas se destina el 18.6 %.

Adicional a las acciones que las empresas emprenden en cumplimiento con la legislación ambiental en materia de agua, muchas de ellas proveen de servicios a la comunidad ofreciendo la entrada de aguas negras del municipio a su proceso, previo tratamiento que las mismas empresas siderúrgicas costean en beneficio del aprovechamiento de aguas residuales y la disminución del consumo de agua de pozos. Tal es el caso de empresas localizadas en Coahuila, Monterrey y San Luis Potosí.

La industria ha invertido en sistemas de enfriamiento de agua, que implican procesos de vanguardia al eliminar la pérdida de agua por evaporación; esto en línea con los proyectos de máximo aprovechamiento de los recursos naturales.

En abril de 2003 se firmo un convenio de concertación Semarnat-Canacero, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de la industria siderúrgica, así como de optimizar los mecanismos de normalización, gestión y control por parte de la autoridad ambiental. Este tipo de convenio, sin precedente alguno en otro sector industrial, representa un instrumento novedoso con el cual la industria y autoridad acuerdan establecer la normatividad, en principio voluntaria, para mejorar el desempeño ambiental del sector. Más adelante conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización se convertirán en Normas Oficiales Mexicanas o en los denominados Planes de Manejo del sector siderúrgico, conforme a la reciente Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esto convertirá al sector siderúrgico en uno de los primeros sectores que ya han desarrollado y están instrumentándose los planes de manejo, adelantándose a los requisitos de cumplimiento ambiental.

Hoy, a tres años de vida del convenio, la Canacero ha creado a través de su Comité Técnico Conjunto Semarnat-Canacero, 4 instrumentos técnicos normativos denominados ITN´s; como aportación a la regulación ambiental vigente. Ellos son los siguientes:

CVSC - ITN 01- 2004; instrumento normativo para la elaboración de ITN´s.

CVSC - ITN 02- 2004; manejo de escorias.

CVSC - ITN 03 - 2005; reciclado energético.

CVSC - ITN 04 - 2005; manejo de escamas.

Estos ITN´s, cumplen con los principios de valorización y aprovechamiento de los subproductos y residuos de la industria siderúrgica, establecidos en ley. Además integran en el mismo instrumento los requisitos de manejo ambiental, gestión ante las autoridades y sistema de control o verificación por parte de la Profepa.

En el caso de las escorias generadas en los procesos de fabricación de mineral, acero y ferroaleaciones; en 5 diferentes tipos de horno, se establece la caracterización específica para cada una de ellas, lo que permite dar bajo estas propiedades, un reuso o aprovechamiento en 11 diferentes alternativas, tales como fabricación de cemento, de gaviones, como sustituto de material pétreo que se recoge de los lechos de los ríos, como filtros en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como para la base de pavimentos y carreteras entro otros diversos.

El instrumento que se refiere al aprovechamiento energético de subproductos o residuos representa una opción viable y puesta a disposición de la sociedad en su conjunto para eliminar un volumen considerable de residuos que van a rellenos sanitarios o a confinamientos controlados, desperdiciando recursos económicos valiosos para todos y sin ningún aprovechamiento.

Los hornos de la industria siderúrgica trabajan a temperaturas superiores a los 1000°C, llegando en algunos casos a temperaturas superiores a los 2000°C. Todos los hornos cuentan con equipos de control de emisiones atmosféricas o circuitos cerrados para el aprovechamiento máximo de temperaturas y materiales; lo que permite llevar a cabo procesos de reciclado energético de forma ambientalmente segura, económicamente viables y socialmente aceptables. Cabe aclarar que los subproductos o residuos de la industria u otras que desean utilizar estos servicios, que contengan cloro, mercurio o compuestos orgánicamente persistentes; son prohibidos en éste tipo de proceso.

El aprovechamiento de las escamas de acería y laminación ha permitido crear una sinergia interesante con otros sectores industriales, como lo es el cementero, para que juntos cuiden los recursos naturales y se aprovechen subproductos como sustitutos de éstos últimos. En la actualidad se desarrollan proyectos encaminados a buscar un aprovechamiento de diversos materiales, con la finalidad de propiciar un servicio a la sociedad y contribuyendo a los principios señalados en la ley respecto a la valorización de residuos. Tales proyectos van dirigidos al consumo dentro del proceso siderúrgico de llantas y de baterías alcalinas (AA o AAA). Las pruebas que se han llevado a cabo, han resultado muy positivas por lo que se esperaría en el transcurso del año 2006 arrancar formalmente estos proyectos.

En lo que respecta a la legislación actual, tenemos que la industria del hierro y del acero es regulada por normas federales y estatales, ya que parte de sus procesos son de competencia federal y otros son de competencia estatal. Circunstancia que genera confusión y por ende ineficiencias e ineficacias.

En otras palabras; la legislación actual ni permite un control-desarrollo sustentable eficiente y eficaz ni favorece la competitividad de la industria. Por ello nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la presente

Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos para impulsar el desarrollo sustentable de la industria del hierro y del acero.

Artículo Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 17.- Los residuos de la industria minera provenientes del minado y tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados así como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fusión, refinación y transformación de metales, y que se definirán en el reglamento son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Dip. Irene H. Blanco Becerra (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y publíquese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

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ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL - LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma el artículo 76 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 1o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Iniciativa que reforma los artículos 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD

Juan José García Ochoa, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un cuarto párrafo al artículo 1o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad de la nación es una condición, un requisito para alcanzar nuestros objetivos nacionales permanentes, los cuales son el resultado de nuestro proceso histórico, de nuestras aspiraciones e intereses como comunidad. Por ello, la formulación de nuestros objetivos nacionales permanentes tiene su base en la sociedad, en su conjunto integran nuestro proyecto nacional, y el documento donde se concentran y se plasman es la Constitución.

Con base en lo anterior, se pueden definir los objetivos nacionales como la síntesis de las aspiraciones e intereses nacionales, producto de la identidad nacional, los cuales se expresan en la Constitución para garantizar el desarrollo nacional y proporcionar seguridad al proyecto fundamental de la nación.

En términos generales, los aspectos básicos de nuestros objetivos nacionales en los distintos ámbitos son

Ámbito político: preservar la independencia, soberanía e integridad territorial; defender y mantener nuestra forma de gobierno, una República representativa, democrática, federal.

Ámbito económico: promover el desarrollo y ejercer soberanía sobre los recursos de la nación.

Ámbito social: fortalecer el respeto de las garantías individuales y garantizar el bienestar de las personas.

Ámbito militar: disponer de unas Fuerzas Armadas institucionales, con capacidad y organización para hacer frente a las amenazas que traten de perturbar la consecución de los objetivos nacionales.

Ámbito internacional: asegurar que la política exterior refleje y garantice los objetivos nacionales en su conjunto, con una diplomacia activa y preventiva, basada en nuestros principios de política exterior.

Desde la consolidación del régimen revolucionario, México se acogió al principio de no intervención como elemento básico de su seguridad nacional. Por tanto, asumió una doctrina diplomática, no militar. Se desarrolló un cuerpo doctrinario coherente de principios jurídicos y políticos rectores de la actuación internacional del país. La naturaleza traumática de la experiencia histórica nacional por las agresiones externas, el origen revolucionario del sistema político, así como la función legitimadora de la política exterior mexicana, son algunos de los factores que determinaron el contenido de la doctrina diplomática que ha sustentado la actuación internacional de México. Tanto los principios de autodeterminación y no intervención, como el apego estricto a las normas del derecho internacional, han constituido la piedra angular de la tradición diplomática mexicana. Otro principio ha sido la solución pacífica de controversias.

No obstante lo anterior, en los últimos años, la política exterior de México ha sido definida por los intereses del grupo gobernante. Su diseño, objetivos, metas y estrategias desplegadas han carecido de una visión de Estado.

Así pues, el panorama actual obliga a redimensionar el concepto de ``intereses nacionales'' y a rediseñar toda la política exterior del Estado mexicano.

Conviene resaltar que uno de los componentes de la visión actual de las relaciones internacionales radica en la percepción de la complejidad del mundo moderno, del avance del proceso de transnacionalización, de la interdependencia cada vez mayor entre las distintas sociedades nacionales, del creciente entrelazamiento entre los aspectos políticos, económicos y tecnológicos que presentan esas relaciones y de la progresiva sectorización y tecnificación de la política exterior.

Dichas tendencias han dado lugar al surgimiento de una serie de ámbitos --políticos, ideológicos, religiosos, comerciales, financieros, tecnológicos, energéticos, militares o culturales-- dotados de un alto grado de especificidad propia y definidos por un repertorio de intereses, actores y regulaciones que les confieren cierta autonomía frente a las clásicas relaciones de poder entre las grandes potencias.

Por su parte, el concepto de ``agenda internacional'' obedece a la percepción de que en un mundo cada vez más transnacional, más interdependiente y más complejo, en que proliferan los actores internacionales (gubernamentales y no gubernamentales), en parte porque las propias sociedades nacionales se desarrollan y diversifican generando múltiples grupos de interés que con mayor frecuencia buscan la satisfacción de sus aspiraciones en el frente externo, los intereses nacionales se vuelven mucho más sectorizados, desagregados y específicos --de tal manera que cada vez son menos susceptibles de ser englobados bajo el concepto abstracto del ``interés nacional''-- para constituir más bien una suerte de ``agenda internacional'', cuya elaboración pasa a representar una tarea central en la planificación de la política exterior.

A las tradicionales cuestiones geopolíticas, estratégicas y militares que monopolizaban la definición de intereses nacionales en el pasado, comienzan a agregarse nuevos temas de interés vital para las relaciones entre los Estados, como las relaciones económicas y comerciales, la competencia industrial y tecnológica, sus vinculaciones financieras, la energía, el medio ambiente, el terrorismo, el narcotráfico y los nexos raciales, ideológicos y religiosos entre las distintas sociedades nacionales.

Al mismo tiempo, el tradicional predominio de los asuntos relacionados con la seguridad estratégica de las naciones (identificadas con su propia supervivencia), cede paso a una percepción menos jerarquizada de los distintos intereses nacionales, que permite que unos u otros tomen la primacía dependiendo de los países, los sectores o los periodos de tiempo involucrados.

Por último, no sólo se diversifican los intereses que persigue cada país en sus relaciones exteriores sino que se multiplican también los canales de que cada sociedad nacional dispone para competir, cooperar o negociar en torno a estos intereses. Toda una variedad de actores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la fragmentación del Estado en múltiples burocracias sectoriales que acompañan a los sectores privados en la persecución de sus intereses, multiplican también los canales de comunicación entre las diversas sociedades nacionales y facilitan el entrelazamiento entre los distintos temas.

Todos estos factores contribuyen a redimensionar la capacidad legitimadora del concepto de ``intereses nacionales'' en la formulación de la política exterior y atribuye nueva importancia a la confección de la agenda internacional y a los mecanismos que intervienen en dicho proceso.

La ``agenda internacional'' incluye un conjunto de intereses que responde en buena medida a la forma como está dividida la sociedad y el Estado, susceptibles de ser identificados con relativa claridad, jerarquizados, articulados o compensados, como ocurre cuando algunos de ellos tienen que ser total o parcialmente sacrificados para satisfacer otros de mayor importancia.

En contraste, los ``intereses nacionales'', por la excesiva generalidad de su definición, su ambigüedad y sus tautologías, no puede ser claramente definido, y no proporciona un instrumento analítico para optar entre alternativas de políticas. La ``agenda internacional'', en cambio, constituye un repertorio de intereses o temas más precisos y susceptibles de ser operacionalizados.

Dicho proceso incluye una serie de funciones que se podrían englobar en tres categorías:

1. El establecimiento de la agenda;

2. La fijación de los objetivos (jerarquización de los temas); y

3. La determinación de los cursos alternativos de acción (operacionalización de la agenda internacional).

El establecimiento de la agenda incluye la identificación de los temas que podrían integrarla, la selección de los más relevantes y la definición de los mismos. Este primer paso consiste en identificar los principales problemas y oportunidades que enfrenta un país en las distintas áreas en que se desenvuelven sus relaciones exteriores. Todos los gobiernos disponen de mecanismos formales e informales para hacerlo. Estos temas pueden ser periódicos (los presupuestos anuales de defensa), recurrentes (la aplicación por parte de terceros de medidas proteccionistas contra los productos de exportación más competitivos) o emergentes (una guerra o una oferta de inversiones externas no previstas).

Se ha señalado que para que un tema adquiera relevancia generalmente se requiere que haya alcanzado una situación de crisis o al menos una marcada particularidad, ejerza un impacto suficientemente generalizado o simplemente esté de moda. Naturalmente, los sectores que intervienen en la identificación de estos temas varían grandemente, yendo desde la opinión pública ilustrada hasta círculos muy especializados.

La segunda función de este proceso consiste en la jerarquización de los temas identificados como relevantes y la selección de los que deben ser incluidos en la agenda. Se hace necesario tomar una decisión acerca de las estructuras institucionales más adecuadas para cumplir la función de identificar y seleccionar los temas que deben formar parte de la agenda.

Pero junto a la cuestión institucional se plantea la de los criterios que deberían ser empleados para seleccionar estos temas. Existen cuatro categorías:

La primera tiene que ver con el contexto en que se plantea la situación: aquí se incluyen preguntas acerca de si hay tiempo para el análisis; sobre el grado en que el problema puede tener consecuencias; si ya se han adoptado posiciones acerca del problema, y sobre cuán central es éste desde el punto de vista de un servicio exterior y sus políticas.

La segunda se refiere a las preguntas acerca de que si existe un margen de opción; sobre el grado de consenso existente en torno a la definición del problema y sus posibles soluciones; acerca de su complejidad; sobre el grado de incertidumbre que lo rodea; sobre la medida en que tiene connotaciones valorativas, y sobre cómo lo ven y qué importancia le asignan los interlocutores o adversarios del país respectivo.

Una tercera consideración tiene relación con las repercusiones del problema: con la escala o magnitud de sus consecuencias; en el número de actores afectados; por el poder relativo de los mismos; con la profundidad en que son afectados esos actores; con la probabilidad de que las consecuencias del problema puedan afectar la forma en que se plantean otros temas, y con la forma en que el gobierno pueda salir fortalecido o debilitado frente a otros países al abordar ese problema.

El último elemento se refiere a los costos de encararlo: su monto, en términos materiales y políticos; el periodo durante el cual podrían ser necesario pagarlos; la probabilidad de que limiten la capacidad de ese gobierno para atender otros problemas, etcétera.

La operacionalización de la agenda internacional se inicia con la identificación y selección de los temas que deben integrarla. La identificación se basa en una percepción o conciencia inicial, refinada por la aplicación de algunos criterios para jerarquizar la definición del tema. Esto es, el proceso mediante el cual un tema, habiendo sido reconocido como tal y colocado en la agenda a que se refiere una política, es percibido por las distintas partes interesadas; es explorado con mayor detalle, articulado y, en la medida de lo posible, cuantificado.

La definición del tema es importante porque su identificación está fuertemente basada en la intuición, en la influencia de determinados grupos de poder y en la acción política.

La definición de un tema también incluye ciertas fases:

1. La primera se refiere a la forma como el tema es percibido por los distintos actores involucrados.

2. La segunda tiende a refinar esta percepción, explicitando las motivaciones políticas que subyacen tras ella, relacionándola con otros factores presentes o estableciendo las concatenaciones o superposiciones del tema con otros conexos.

3. Una tercera fase consiste en agregar a las percepciones oficiales, provenientes de las agencias formalmente autorizadas para manejar el tema, las de otros actores involucrados en el mismo para llegar a una visión más amplia, multidimensional y equilibrada.

4. Una cuarta fase cuantifica las dimensiones del problema en el contexto de la política exterior del país de que se trate.

5. La última consiste en reconocer la influencia que las instancias de poder tienen en la definición del tema y en precisar el grado y la dirección en que esa influencia puede distorsionar la redefinición del mismo.

La operacionalización de los intereses nacionales --la identificación, selección y definición de los intereses específicos que componen la agenda internacional de un país determinado-- es lo que permite establecer los objetivos, prioridades y opciones que enfrenta un país en las distintas áreas por las que atraviesa su accionar externo. La inclusión de un tema en dicha agenda, y la correcta definición de sus alcances, es condición necesaria para que la política exterior de un país fije sus objetivos en relación con determinado tema.

En otras palabras, la forma en que en la actualidad se integra la agenda nacional, ya no es suficiente para atender las necesidades actuales.

Como hemos dicho, se requiere que la agenda internacional de México incluya la identificación de los temas que podrían integrarla, la selección de los más relevantes y la definición de los mismos; su jerarquización y la operacionalización de la propia agenda internacional.

Conforme al artículo 40 de la Constitución, México es una República representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una Federación. Bajo esta noción constitucional, la política exterior de nuestro país debe atender plenamente las aspiraciones de todos los estados integrantes de la Federación ya que ello, necesariamente, contribuirá a fortalecer el Pacto Federal de la República.

Dentro de nuestro marco jurídico constitucional, el órgano más representativo de nuestro federalismo, del Pacto Federal de la República, es sin lugar a dudas la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Por mandato constitucional, según la fracción I del artículo 74 de la Carta Magna, corresponde al Senado de la República analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario de despacho correspondiente rindan al Congreso.

La fórmula propuesta por el texto constitucional, sin duda, funcionó durante todo el tiempo que duró el régimen del partido de Estado. Sin embargo, los tiempos actuales han cambiado radicalmente y la sociedad mexicana ahora demanda mayor control al Ejecutivo federal por parte de sus representantes en el Congreso de la Unión y como medio eficaz para fortalecer el Pacto Federal.

Ya no es factible ni deseable que el Ejecutivo federal tome decisiones importantes para el futuro de toda la República sin el concurso de la Cámara de Senadores y que ésta sólo se limite a escuchar lo hecho por los funcionarios de la Cancillería.

El Congreso de la Unión requiere ser copartícipe activo en el diseño, aplicación y desarrollo de una verdadera política exterior de Estado y ello, como primer paso, necesariamente implica que la designación del secretario de Relaciones Exteriores sea ratificada por la Cámara de Senadores.

El cargo de canciller de México requiere una persona con un perfil que reúna alta capacidad y conocimiento de la realidad internacional actual y de una plena disposición a desarrollar, con todos los sectores de país, una real y activa política exterior de Estado.

Esta iniciativa pretende, como primer paso, encaminarse a una mayor participación del Congreso de la Unión en el diseño de la política exterior de Estado y para fortalecer el Pacto Federal.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con

Proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un cuarto párrafo al artículo 1o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Artículo Primero. Se adiciona la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del secretario de Relaciones Exteriores, del procurador general de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley imponga.

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 1 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

...

...

...

El nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores será hecho por el Presidente de la República y será ratificado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. Una vez que se hayan cumplido los requisitos que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2006.--- Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores.

La iniciativa del diputado Luis Antonio González Roldán, que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se pospone.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política; se solicita a la Secretaría dar cuenta con ésta y consultar a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la inclusión en el orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día de esta sesión, en el primer turno posible, el siguiente asunto:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, con estricto apego a la ley, atienda y resuelva los conflictos jurídico-sociales de naturaleza agraria derivados de la expropiación realizada al ejido La Cantera, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política, para dar entrada al asunto mencionado.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Por favor, dé lectura del texto del punto de acuerdo; y lo pone a consideración de la Asamblea, sólo el texto del acuerdo.

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ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y a la Secretaría de la Reforma Agraria a atender y resolver, con estricto apego a la ley, los conflictos jurídico-sociales de naturaleza agraria derivados de la expropiación realizada al ejido La Cantera, en el municipio de Tepeji del Río

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que diputados de diversos grupos parlamentarios representados en esta soberanía presentan, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, con estricto apego a la ley, atienda y resuelva los conflictos jurídico-sociales de naturaleza agraria derivados de la expropiación realizada al ejido La Cantera, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Cumplida la instrucción, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Consulte a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobado; comuníquese.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada Claudia Delgadillo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Claudia Delgadillo González: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputada.La diputada Claudia Delgadillo González: Compañeras y compañeros diputados: comparezco ante ustedes, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, así como en los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La garantía social preceptuada en el artículo 5o. constitucional establece el derecho del ciudadano de poder dedicarse a la industria, comercio o trabajo deseado, siempre que tenga un objeto lícito, exigiendo la retribución al producto del trabajo. El ejercicio de esta libertad sólo podrá refutarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución jurisdiccional. Nuestro país ha jugado un papel trascendental por dignificar las condiciones laborales de los mexicanos, bajo el principio constitucional de ``a trabajo igual debe corresponder salario igual'', a fin de equilibrar la justicia social y fomentar el desarrollo empresarial, que exige mayor competitividad ante el fenómeno irreversible de la globalización.

El patrón y el trabajador en la relación individual de trabajo se someten a obtener, a desplegar las capacidades de una organización para obtener ventajas comparativas que les permitan mejorar su posición en el entorno comercial, pero de ningún modo se pueden consumar las metas de equidad en la norma cuando enunciados de la ley Federal del Trabajo imposibilitan lograr este resultado porque aquilatan sus dispositivos procesales, prácticas paternalistas en el ámbito de las condenas generadas en el pago de las indemnizaciones. La Legislatura que redactó la Ley Federal del Trabajo confeccionó los artículos 89 y 843 para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje observaran los hechos pertinentes para contabilizar las prestaciones económicas que deben aplicar para determinar una condena; por ello les otorgó facultades para que resolvieran el laudo a buena fe guardada y a verdad sabida, lo que en derecho corresponda.

Por tanto, al ocupar el salario la prestación por excelencia incompensable, inembargable e impermutable en especie, obliga a reconsiderar que este supuesto exige la no interrupción de la relación laboral, pero al verse entorpecida con una demanda interpuesta por el trabajador que argumenta una terminación injustificada del contrato de trabajo, implica una situación adicional, real, en la que falta continuidad de las labores que debe desempeñar frente al patrón; sin embargo, no es hasta cuando el laudo emerge que se conoce si le asistió o no la razón. En este supuesto opera una situación en la que, aun interrumpida la relación de trabajo, obliga al trabajador, en el marco del ``deber ser'', a dar continuidad a sus labores en forma personal, a mantenerse subordinado al mando del patrón, pero durante el tiempo de la contienda jurisdiccional queda ese vínculo en calidad sub iúdice, y esto sólo se rompe con la reinstalación.

Pero existe otra forma de terminación del vínculo laboral en el marco de los hechos, que consiste en el superveniente acto imputable al trabajador consistente en adquirir unilateralmente una nueva relación de trabajo con un patrón tercero, donde cede su voluntad de sujetarse a la potestad de otro ajeno, es decir, un tercero, otro demandado. Esta situación viola el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, según la cual su objeto es fomentar la justicia social y el equilibrio entre patrones y trabajadores, lo cual de ningún modo se valora por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que condenan al pago de los salarios contando el lapso en que el trabajador renunció de facto al vínculo laboral, en virtud de incorporarse a la plantilla laboral de un extraño en la contienda.

Esto evidencia que la dimisión del trabajador durante el juicio no debe legitimar un derecho a recibir cantidades en una condena, dado que subsiste de facto un ingreso fijo de dinero en su favor ajeno al conflicto y que le permite contar con un salario evidentemente basado en una fuente de trabajo diversa de la relación materia del procedimiento, cumpliéndose con ello el objeto de la justicia social, que es la continuidad de la subsistencia económica del trabajador. No es posible que se siga atentando contra los valores de la imparcialidad, que la práctica cotidiana ha viciado, en la aplicación del fundamento del trabajo, dado que lejos de fomentar la protección de derechos, se atenta contra la legalidad.

Por tales consideraciones, en la presente iniciativa planteo obligar a las autoridades en materia de justicia laboral a observar la limitante de emitir condenas con base en el análisis antes hecho valer, toda vez que la atribución de otorgar lo que corresponde a cada una de las partes debe ser una actividad dotada de legitimidad y equidad, lo cual solamente podrá suceder mediante el auxilio de los diversos organismos de seguridad social o fiscales, que cuentan con la información de cambios, altas y bajas de las cuotas obrero-patronales y cuyo contenido es un factor que determina con datos precisos la existencia de la relación de trabajo, así como las modificaciones entre los patrones.

El consentimiento del trabajador a ceder su subordinación de un patrón a otro de ningún modo debe ser objeto de resoluciones ilegítimas porque da origen a la comisión de conductas típicas en las que se genera un pago indebido que ocasiona daños patrimoniales al patrón, a la justicia, a la ley, a la Constitución y a todo México, lo cual con la presente iniciativa se erradicará por encontrarse ajustada a las necesidades de la sociedad mexicana.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria del 14 de marzo de 2006.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo del año 2006.

Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del grupo parlamentario del PRI

Claudia Delgadillo González, en mi carácter de diputada federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La garantía social preceptuada en el artículo 5 constitucional, establece el derecho ciudadano de poder dedicarse a la industria, comercio o trabajo deseado, siempre que tenga un objeto lícito.

El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución jurisdiccional exigiendo la retribución al producto del trabajo.

Nuestro país ha jugado un papel trascendental en la consigna de cumplir las disposiciones encaminadas a dignificar las condiciones laborales de los mexicanos, bajo el principio ordenado en la fracción VII de la artículo 123 constitucional que versa: ``Para el trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad'', a fin de lograr el equilibrio de la justicia social, en el fomento del desarrollo del mercado empresarial que exige mayor competitividad ante el fenómeno irreversible de la globalización.

En el análisis legislativo de estos dispositivos cobran actualidad la dinámica que perdura en las relaciones individuales de trabajo frente a los patrones, donde ambos se someten a políticas encaminadas a obtener la protección del sector obrero para desplegar todas las capacidades de la organización y obtener las ventajas comparativas necesarias que permitan mejorar su posición en el entorno comercial.

Debemos destacar que de ningún modo podremos consumar las metas de la equidad en la aplicación de las normas destinadas a los patrones y los trabajadores, cuando contamos con enunciados legislativos que imposibilitan su avance esperado, en relación a los ordenado en la Ley Federal del Trabajo, la cual aquilata la imparcialidad entre ambos porque la aplicación de sus dispositivos procesales redundan en criterios paternalistas, trascendiendo ello en el campo de las condenas que se generan con el pago de indemnizaciones.

La legislatura que redactó la Ley Federal del Trabajo, confeccionó los artículos 89 y 843, con criterios para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje observaran los elementos de hecho pertinentes en la contabilidad de la prestaciones económicas que se deben aplicar para determinar una condena por indemnización, les otorgó facultades para que con base en los hechos conocidos, demostrados o declarados desiertos aplicaran estas disposiciones y resolvieran en laudo a buena fe guardada y a verdad sabida lo que en derecho corresponda.

La prestación económica primordial en materia de litigio laboral individual, es por excelencia el salario, integrado por la cuota diaria así como los emolumentos que no forma parte del ingreso extraordinario del trabajador por prestar sus servicios de manera personal, sin dar lugar a compensar, suspender, embargar o permutar en especie este concepto.

Ello obliga a considerar que este supuesto exige la no interrupción de la relación laboral, pero al verse entorpecida con una demanda radicada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, impuesta por el trabajador argumentando la terminación injustificada del contrato, implica otra situación real donde impera la falta de continuidad en las labores que debe desempeñar al patrón, pero no es sino hasta cuando el laudo que condena al pago de indemnización cuando se hace valer si le asistió la razón al trabajador, con esto dando como resultado la efectiva y legal terminación del vínculo laboral.

En necesario valorar que durante el periodo de interrupción del trabajo por efectos de la duración del juicio, es de explorado derecho que los salarios caídos se van sumando al monto de la condena, situación que se funda en la fracción XXII del numeral 123 de la Ley Fundamental.

En este supuesto implica discernir que opera una situación que obliga al trabajador en el marco del ``deber ser'' a dar continuidad a sus labores de manera personal a favor del patrón, de mantenerse subordinado a su mando, situación que durante el tiempo la contienda queda en calidad sub judice y esto sólo se rompe por la reinstalación, la declaración judicial en laudo o bien, por el superveniente hecho de que el trabajador durante ese término adquiera nuevas obligaciones con un patrón tercero con quién celebre diverso contrato de trabajo, cediendo la voluntad de sujetarse a la potestad del patrón que ha demandado.

Esta situación cotidiana en el ambiente contencioso laboral entraña una violación al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, la cual precisa que su objeto es fomentar la justicia social y el equilibrio entre patrones y trabajadores, lo cual de ningún modo se aplica cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje pronuncian sendas condenas computando los salarios caídos respecto de los meses en los que unilateralmente el trabajador renunció de facto al vinculo laboral que lo unía con el patrón condenado.

A su vez esto evidencia que la dimisión del trabajador durante el juicio no legitima su derecho a recibir las cantidades que le pudieran corresponder en una condena en su favor, dado que subsiste de facto en ese periodo previo a la dictaminación un ingreso fijo y ajeno al conflicto que le permite contar con un salario, evidentemente ajeno a la relación de trabajo materia del procedimiento, cumpliendo así con el principal objeto de la justicia social que es la subsistencia económica del trabajador.

Como podemos ver esta hipótesis de ningún modo debe generar que durante la vigencia del contrato de trabajo celebrado con patrón ajeno al juicio y subsistiendo éste sin resolverse en laudo, el posterior pronunciamiento de condena que compute los días en que se interrumpió la relación laboral con el patrón demandado, porque el espíritu de la equidad social sólo obliga al patrón a pagar por el lapso en que el trabajador no contó con su salario, siempre que así se determine con base a lo desahogado en las pruebas y sólo cuando haya existido un despido injustificado.

No es posible que se siga atentando contra los valores de la imparcialidad que la práctica cotidiana ha viciado la aplicación de los fundamentos legales en materia del trabajo, dado que lejos de fomentar la protección de los derechos de los trabajadores actos procesales dotados de ilegalidad, que atentan contra la transparencia que debe caracterizar la encomienda de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por tales consideraciones, la presente iniciativa plantea obligar a las autoridades en materia de justicia del trabajo a observar en el ámbito procesal una limitación de emitir condenas con base al análisis hecho valer, toda vez que la atribución de otorgar lo que le corresponde a cada una de las partes debe ser una actividad dotada de legitimidad, equidad y justicia, lo cual solamente podrá suceder mediante el oportuno auxilio de los diversos organismos públicos de seguridad social o fiscales que cuentan con la información relativa a los cambios, altas y bajas de las cuotas obrero patronales, y cuyo contenido es un factor que determina con datos precisos de la existencia de relaciones de trabajo, así como sus modificaciones entre patrones.

El consentimiento del trabajador a ceder su subordinación de un patrón a otro es el elemento que comprueba el momento en que un vínculo laboral en conflicto se rompe sin responsabilidad para el patrón, que de ningún modo debe ser objeto de resoluciones ilegítimas, porque da origen a la comisión de conductas típicas en las que se generan un pago indebido que ocasiona daños patrimoniales al patrón, a la justicia, a la ley, a la Constitución y a todo México, lo cual mediante la presente iniciativa se erradicará por encontrarse ajustada a las necesidades de la sociedad mexicana.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa

Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 89 la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se adicionan los artículos 89 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 89.- Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84.

En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento.

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario.

Los efectos del derecho al pago de la indemnización cesarán a partir del día en que el trabajador celebre nueva relación laboral con un tercero ajeno al patrón.

Artículo 843.- En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.

En todos los casos las Juntas previa dictaminación de los laudos deberán solicitar de oficio ante las instancias que consideren pertinente los informes que determinen si el trabajador celebró nueva relación de laboral que le haya procurado remuneraciones a fin de absolver del pago de las prestaciones económicas que por derecho le pudieron corresponder.

Transitorio

Articulo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de dos mil seis.--- Dip. Claudia Delgadillo González (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y publíquese íntegra en el Diario de los Debates.

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LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos``Los Estados, persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven desarrollar e intensificarlas relaciones entre sus pueblos, a fin de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas''Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, DeclaraciónNoviembre de 1978

En la actualidad los derechos infantiles se encuentran reconocidos en casi todo el mundo. Son múltiples los convenios, tratados y acuerdos internacionales que tienen relación con los derechos humanos de las y los niños. Hoy en día los gobiernos de los estados tienen la obligación de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de ellos. El interés superior de de la niñez es uno de los principios fundamentales que deben guiar a los gobiernos, las instituciones, y a las organizaciones civiles responsables del cuidado y protección de la niñez por tanto la supervivencia y el desarrollo de la niñez mundial son fundamentales para los países del mundo.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre del 1990, constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, ya que estableció una serie de compromisos y lineamientos con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños del todo el mundo. Desde entonces los Estados y organizaciones internacionales han procurado mejorar la calidad de éstos y hacer efectiva la protección de sus derechos.

Uno de los derechos fundamentales de las personas es el de la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Los medios de comunicación son innegablemente uno de los principales factores en la conformación de símbolos y mensajes que moldean el imaginario colectivo debido a que son los que trasmiten informaciones, sentimientos, pensamientos; la comunicación es un proceso por medio del cual se realizan transmisiones y recepción de ideas, información y mensajes. En este sentido, con frecuencia se les acusa de impulsar valores que atentan contra los principios fundamentales de las distintas sociedades, o en convertirse en voceros de intereses políticos y económicos.

En especial, en lo referente a la niñez y adolescencia, han enfrentado la abierta hostilidad de educadores, padres y madres de familia, investigadores y los mismos niños, niñas y adolescentes, los cuales han señalado que los diversos medios de comunicación existentes en la actualidad (prensa escrita, radio, televisión, Internet), son responsables en mayor o menor medida de aspectos como la violencia y crimen juvenil, la incorporación de pautas de comportamiento consumistas, la imposición de modas potencialmente dañinas para el desarrollo de las personas menores de edad, la violación del derecho a la intimidad, la perpetuación de estereotipos negativos, entre otros.

Sin embargo, este peso de los medios en la definición de la sociedad, también ha llevado al reconocimiento de su condición de socios indispensables en el impulso y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, tal como se menciona en la proclamación de la vigésima reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1978):

``Artículo IV: Los medios de comunicación de masas tienen una participación esencial en la educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de derechos entre los seres humanos y naciones, y el progreso económico y social. Igualmente desempeñan un papel importante para dar a conocer las opiniones y las aspiraciones de la nueva generación''.

El artículo 17 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación en la vida de las y los niños y reitera que éstos deben velar para que todas las personas, especialmente la infancia, tengan acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial de información y material que tengan como finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados parte de la Convención deben alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural y deben promover la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

Asimismo, en 1999, con ocasión del décimo aniversario de la convención, en el denominado Desafío de Oslo, se señaló que:

``...la relación entre la infancia y los medios de comunicación desempeña una función importante con respecto a la todos los aspectos de los derechos de los niños y a todos los componentes de sus vidas''

Ante este panorama, parece que el reto permanente que enfrentan tanto los medios de comunicación y la gente que trabaja en ellos como aquellas personas interesadas en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es impulsar y fortalecer la protección de los derechos fundamentales, en una búsqueda constante del equilibrio entre intereses profesionales, ética y compromiso social.

Como sabemos, en los primeros años de vida, la mayoría de los y las niñas son totalmente dependientes de las personas adultas en lo que respecta a la satisfacción de necesidades básicas. Su desarrollo se encuentra en un proceso de experimentación y aprendizaje. Los niños y niñas en general son consumidores pasivos de la información que les llega. En estas etapas son vulnerables, ya que tienen escasa capacidad de crítica y no cuentan con los recursos suficientes para identificar los diferentes intereses que hay detrás de la información en los medios de comunicación.

El mayor problema, en lo que a la participación de la infancia y la adolescencia en los medios de comunicación se refiere, está en el proceso de acercamiento de la infancia a esa realidad trasmitida. Los hábitos y prácticas de los y las niñas con los medios son desconocidos para sus familias, para sus educadores y para la sociedad misma. Sabemos lo que ven, pero muy poco de lo que piensan sobre lo que ven, la forma en que lo utilizan para construir sus conceptos sobre la realidad y el mundo que les rodea, etcétera. Por ello es importante que la información que difundan los medios de comunicación contribuya a la promoción y protección de los derechos de la niñez, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y mujeres con el fin de poder garantizar así que los mensajes que reciban las y los niños de México, desde edades tempranas, tengan contenidos educacionales que buscan un mejor desarrollo.

Dado que la televisión y la radio desempeñan un papel fundamental en la socialización de los y las niñas y en los procesos por los que construyen su identidad (su imagen de sí mismos/as y del mundo que les rodea) el diputado del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VI al artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59 Bis.

La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la niñez;

II.- Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana;

III.- Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

IV.- Promover el interés científico, artístico y social de los niños;

V.- Proporcionar diversión y coadyuvar el proceso formativo en la infancia.

VI. Difundir información que contribuya a la promoción y protección de los derechos de la niñez, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y mujeres.

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La Programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum. Mientras tanto, continuará el desahogo de la sesión.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para verificación de quórum.

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ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Rodrigo Sánchez de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Rodrigo Sánchez de la Peña: Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el suscrito, diputado federal Rodrigo Sánchez de la Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 constitucional, al tenor siguiente: una de las preocupaciones constantes del hombre ha sido sin lugar a dudas el establecimiento de determinados derechos que le permitan pleno desarrollo en una sociedad organizada, pero consideramos que no ha sido sino en el tránsito de la alta Edad Media del Estado moderno en que dichas preocupaciones encontraron su más acabada elaboración mediante dos de los principales documentos que constituyen el eje básico del desarrollo de los demás derechos individuales.

La Declaración de los Derechos de Virginia de 1776 es el primer documento de la era moderna donde se establecieron determinados derechos fundamentales para la persona humana en América. Por otra parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1879 constituyó en Europa un elemento fundamental que proclamó no sólo los derechos para el hombre considerado individualmente sino para el hombre en su calidad de ciudadano y que más tarde servirían para darse a conocer en buena parte del mundo. En el Estado mexicano puede apreciarse desde un punto de vista histórico que desde que el Congreso de Apatzingán, encabezado por José María Morelos y Pavón, expidiera el denominado ``Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana'', ha existido la intención de establecer derechos fundamentales del hombre frente a cualquier poder autoritario.

Si bien es cierto que los sucesivos documentos constitucionales expedidos a lo largo de nuestra historia, entre ellos la Constitución de 1814, la de 1824, las Siete Leyes de 1836, Acta de Reformas de 1847 y la Constitución de 1857 de alguna u otra manera constituyen antecedentes evidentes de nuestras garantías individuales, no se adoptó una técnica específica para establecer un catálogo claro y determinado de los referidos derechos.

Citaré por ejemplo la Constitución de 1857, en cuyo primer artículo puede leerse lo siguiente: ``El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales''. En consecuencia, declara: ``Todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución''. En la actualidad, uno de los principales reclamos de la ciudadanía es el estricto apego a la legalidad. Desa-fortunadamente, existen algunas lagunas en esta materia tratándose de las visitas domiciliarias que contempla el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

Así, tenemos que nuestra actual Constitución Política, en el artículo 16, protege al gobernado contra los actos autoritarios que constituyen molestias en su persona, familia, papeles o posesiones, por lo que en el resto del contenido de dicho precepto prevé las condiciones bajo las cuales se podrán emitir válidamente tales actos de molestia. Este ordenamiento constitucional contempla la garantía de legalidad, que es sin duda una de las garantías que imparte mayor protección a cualquier persona, la cual --dada su extensión y efectividad jurídica-- pone al gobernado a salvo de todo acto de mera afectación de su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que pertenezca, por lo que todas las autoridades deben actuar con respeto de la Constitución, de la ley y del derecho.

Todo esto, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Para Ignacio Burgoa, la garantía a que se refiere este artículo concierne al conjunto de facultades con que la propia Ley Suprema inviste al determinado órgano del Estado, de tal suerte que si el acto de molestia emana de una autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por tales efectos, viola la expresada garantía, así como el caso de que sin estar habilitada constitucionalmente para ello causa una perturbación al gobernado en cualquiera de los bienes jurídicos señalados en dichos preceptos.

En este orden de ideas, en el párrafo undécimo el mismo ordenamiento dispone que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los ordenamientos sanitarios de policía y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que sean acatadas las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos. Es el caso que muchas de las autoridades administrativas, de conformidad con las leyes reglamentarias, se encuentran facultadas para realizar visitas domiciliarias o de inspección, verificando a los gobernados para así verificar que están cumpliendo las leyes correspondientes.

Sólo por señalar algunos ejemplos, se encuentran y se mencionan los siguientes: la Secretaría del Medio Ambiente; esta Secretaría realiza visitas de verificación con la finalidad de establecer e implementar políticas para prevenir y controlar la contaminación, de acuerdo con el marco jurídico y normativo ambiental vigente. Secretaría de Gobernación; en la Ley General de Población, el artículo 151 señala que a través del personal de los servicios de migración y de la Policía Federal Preventiva, puede llevar a cabo visitas de verificación. El jefe del Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno, establece en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el cual tiene por objeto regular las visitas y los procedimientos de verificación administrativa que practique la administración pública del Distrito Federal. La Ley Federal de Turismo establece que la Secretaría de Turismo tiene la facultad de realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos.

Dentro de la legislación laboral, para ser más precisos: el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo en relación con el procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y la aplicación de sanciones por violaciones de la legislación laboral en los centros de trabajo.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene facultades para realizar visitas de inspección o verificación para los casos que contempla el artículo 69 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como puede apreciarse, en los ordenamientos señalados las diversas autoridades administrativas enumeradas pueden llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las leyes; esto, dentro de muy variadas materias. Sin embargo, una interpretación literal del artículo 16 constitucional reduce a que sólo las leyes en materia sanitaria, fiscal o de policía en sentido estricto puedan establecer la práctica de visitas domiciliarias, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el hecho de que las autoridades administrativas distintas de la fiscal y de las que verifican el cumplimiento de reglamentos sanitarios y de policía... no contraviene lo dispuesto en el párrafo 11 del artículo 16 constitucional, pues se refiere a reglamentos de policía en sentido amplio, ya que los mismos abarcan todas las disposiciones dictadas con objeto de que las autoridades administrativas vigilen la conducta de los particulares a fin de que ésta se ajuste a las normas legales de orden público y de obediencia obligatoria, previniendo en tal forma la alteración de dicho orden.

Desde nuestra perspectiva y de acuerdo con los reiterados pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la disposición es aplicable a todo tipo de autoridades administrativas, es motivo para que sea incluida en este texto constitucional, ya que de continuar sólo en la interpretación judicial puede prestarse a discrecionalidad por parte de la autoridad, que podría violar el principio de legalidad al excederse en el tipo de acto de verificación que se realiza y la seguridad jurídica de los gobernados, quienes se verían afectados por las amplias facultades discrecionales del gobierno. Derivado de lo anterior, propongo que en el párrafo 11 del artículo 16 constitucional sean incluidas todas las autoridades administrativas a que las normas jurídicas secundarias otorguen facultades de verificación, con la finalidad de otorgar mayor claridad al texto legal, así como para prevenir que se atente contra el orden público y el interés social.

Considero que la reforma expuesta otorgará al gobernado mayor seguridad jurídica, al crear un marco jurídico tendente a evitar una posible violación de la garantía de legalidad contemplada en nuestra carta magna.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en lo siguiente: ``Se reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política, para quedar así: La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que han sido cumplidos los reglamentos sanitarios y de policía, así como las disposiciones administrativas de orden público y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas a los cateos''.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2006.

Solicito que se publique, señor Presidente, de manera íntegra el presente texto; por su atención, gracias, es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Sánchez de la Peña, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Rodrigo Sánchez de la Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 y el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las preocupaciones constantes del hombre ha sido, sin lugar a dudas, el establecimiento de determinados derechos que le permitan su pleno desarrollo en una sociedad organizada; pero consideramos que no ha sido sino en el tránsito de la alta Edad Media al Estado moderno en que dichas preocupaciones encontraron su más acabada elaboración mediante dos de los principales documentos que constituyen el eje básico del desarrollo de los llamados derechos individuales.

La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 es el primer documento de la era moderna en donde se establecieron determinados derechos fundamentales para la persona humana en América. Por su parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, constituyó en Europa un elemento fundamental que proclamó no sólo derechos para el hombre considerado individualmente, sino para el hombre en su calidad de ciudadano, y que más tarde, servirían para darse a conocer en buena parte del mundo.

En el Estado mexicano puede apreciarse, desde un punto de vista histórico, que desde que el Congreso de Apatzingán, encabezado por José María Morelos y Pavón expidiera el denominado ``Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, ha existido la intención de establecer derechos fundamentales del hombre frente a cualquier poder autoritario. Si bien es cierto, en los sucesivos documentos constitucionales expedidos a lo largo de nuestra historia nacional (Constitución de 1814, Constitución de 1824, Siete Leyes de 1836, Acta de Reformas de 1847 y Constitución de 1857), que de alguna u otra manera constituyen antecedentes evidentes de nuestras garantías individuales, no se adoptó una técnica específica para establecer un catálogo claro y determinado de los referidos derechos.

Constitución de 1857, en cuyo primer artículo puede leerse lo siguiente: ``El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución''.

En la actualidad, uno de los principales reclamos de la ciudadanía, es el estricto apego a la legalidad, desafortunadamente existen algunas lagunas en esta materia tratándose de las visitas domiciliarias que contempla el artículo 16 de nuestra Constitución.

Así, tenemos que nuestra actual Constitución Política en su artículo 16, protege al gobernado contra los actos autoritarios que constituyeren molestias en su persona, familia, papeles o posesiones, por lo que, en el resto del contenido de dicho precepto, prevé las condiciones bajo las cuales se podrán emitir válidamente tales actos de molestia. Este ordenamiento constitucional contempla la garantía de legalidad, que es sin duda alguna una de las garantías que imparten mayor protección a cualquier persona, la cual dada su extensión y efectividad jurídica, pone al gobernado a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que pertenezca. Por lo que todas las autoridades deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Para Ignacio Burgoa, la garantía a que se refiere este artículo ``concierne al conjunto de facultades con que la propia Ley Suprema inviste a determinado órgano del Estado, de tal suerte que si el acto de molestia emana de una autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por tales facultades, viola la expresada garantía, así como el caso de que, sin estar habilitada constitucionalmente para ello, causa una perturbación al gobernado en cualesquiera de los bienes jurídicos señalados en dicho precepto''.1

En este orden de ideas, en su párrafo décimo primero, el mismo ordenamiento dispone que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos.

Es el caso que muchas de las autoridades administrativas, de conformidad con las leyes reglamentarias, se encuentran facultades para realizar visitas domiciliarias o de inspección y verificación a los gobernados para así verificar que se están cumpliendo las leyes correspondientes, sólo por señalar algunos ejemplos se encuentran:

La Secretaría del Medio Ambiente, la cual realiza visitas de verificación con la finalidad de establecer e implementar políticas para prevenir y controlar la contaminación, de acuerdo con el marco jurídico y normativo ambiental vigente.

Secretaría de Gobernación, en la Ley General de Población, artículo 151, la cual a través del personal de los Servicios de Migración y de la Policía Federal Preventiva, puede llevar a cabo visitas de verificación.

El jefe del Gobierno del DF, por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, establece en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el cual tiene por objeto regular las visitas y procedimientos de verificación administrativa que practique la Administración Pública del Distrito Federal.

La Ley Federal de Turismo establece que la Secretaría de Turismo tiene la facultad de realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos.

Dentro de la legislación laboral, para ser más precisos, el Reglamento General para la Inspección de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, en los centros de trabajo.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene facultades para realizar visitas de inspección o verificación para los casos que contempla el artículo 69 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como puede apreciarse en los ordenamientos señalados, las diversas autoridades administrativas enumeradas pueden llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las leyes, en muy variadas materias; sin embargo, una interpretación literal del artículo 16 constitucional reduce a que sólo las leyes en materia sanitaria, fiscal o de policía en sentido estricto puedan establecer la práctica de visitas domiciliarias, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el hecho de que las autoridades administrativas distintas a la fiscal y a las que verifican el cumplimiento de reglamentos sanitarios y de policía no contraviene lo dispuesto por el décimo primer párrafo del artículo 16 constitucional, puesto que se refiere a reglamentos de policía en sentido amplio y que los mismos abarcan ``todas aquellas disposiciones dictadas con el objeto de que las autoridades administrativas vigilen la conducta de los particulares, a fin de que ésta se ajuste a las normas legales de orden público y de obediencia obligatoria, previniendo, en tal forma, la alteración de dicho orden...''2

Desde nuestra perspectiva, y de acuerdo a los reiterados pronunciamientos que la Suprema Corte de Justicia ha hecho en el sentido de que esta dicha disposición es aplicable a todo tipo de autoridades administrativas, es motivo para que sea incluida en el texto constitucional, ya que de continuar sólo en la interpretación judicial puede prestarse a discrecionalidad por parte de la autoridad, quien pudiera violar el principio de legalidad, al excederse en el tipo de actos de verificación que realiza y la seguridad jurídica de los gobernados, quienes se verían afectados por las amplias facultades discrecionales del gobierno.

Derivado de lo anterior, propongo que en el párrafo décimo primero del artículo 16 Constitucional sean incluidas todas las autoridades administrativas a las que las normas jurídicas secundarias otorguen facultades de verificación, con la finalidad de otorgar mayor claridad al texto legal, así como prevenir que se atente contra el orden público y el interés social.

Considero que mediante la reforma expuesta se otorgará al gobernado mayor seguridad jurídica al crear un marco jurídico tendiente a evitar una posible violación de la garantía de legalidad contemplada en nuestra Carta Magna por parte de las autoridades.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como las disposiciones administrativas de orden público; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 31ª edición, Porrúa, México, 1995, página 601.

2 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, tercera parte, volumen LXXX, página 43, en el mismo sentido, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, volumen III, página 1100.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Rodrigo Sánchez de la Peña (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, y publíquese íntegro su texto en el Diario de los Debates.

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Si, señor Presidente. Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): Presente.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): Presente.

El diputado Samuel Rosales Olmos (desde la curul): Presente.

Diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): Presente.

El diputado Heliodoro Díaz Escárraga (desde la curul): Presente.

La diputada Beatriz Mojica Morga (desde la curul): Presente.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Presente.

El diputado Horacio Duarte Olivares (desde la curul): Presente.

El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo (desde la curul): Presente.

El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde la curul): Presente.

El diputado José Ángel Ibáñez Montes (desde la curul): Presente.

El diputado José Jesús Vázquez González (desde la curul): Presente.

El diputado Diego Palmero Andrade (desde la curul): Presente.

El diputado David Ferreyra Martínez (desde la curul): Presente.

El diputado Rodrigo Sánchez de la Peña (desde la curul): Presente.

La diputada Edith Guillén Zárate (desde la curul): Presente.

El diputado Lino Celaya Luría (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, hay una asistencia de 335 diputados y diputadas. Hay quórum.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

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LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados: la trayectoria deportiva de México a través del tiempo, desafortunadamente, ha discurrido de un fracaso a otro; y no se diga si hablamos de los deportes de conjunto, no obstante que algunos, como el futbol, beisbol y basquetbol, tienen gran arraigo y abolengo, pues su práctica se remonta al siglo XVII. Sin embargo, tener un largo camino recorrido no ha significado desarrollo, y lo peor del caso es que al parecer no ha dejado enseñanza alguna, hundiendo el deporte nacional en una crisis permanente.

Es importante señalar que el Comité Olímpico Mexicano aglutina más de 50 federaciones relacionadas con los deportes más reconocidos y practicados a nivel mundial, de los cuales 29 están registrados como olímpicos, y de éstos sólo 12 tienen práctica de conjunto, siendo de los más arraigados el futbol, el beisbol y el basquetbol los que, por diversas causas, han tenido un pobre crecimiento a lo largo de su historia, crecimiento que no se ha dado porque mientras por un lado se privilegian los intereses mercantilistas del capital, por otro se han abandonado los planes y programas de inversión y promoción de las fuerzas básicas, las que son el soporte y semillero para el surgimiento de los nuevos valores. Derivado de la profesionalización del futbol como espectáculo público y del consiguiente arribo de gran cantidad de jugadores extranjeros para enrolarse en los diferentes clubes, en 1945 se decretó la participación mínima por equipo de siete jugadores mexicanos por nacimiento en los encuentros.

En aquel momento, la medida cumplió su objetivo, pero con el tiempo quedó rebasada, pues ahora el futbol es un deporte que involucra muchas entidades federativas, donde los propietarios de los equipos definen de manera arbitraria sus reglas, sin importar que con ello transgredan los derechos y las aspiraciones de muchos mexicanos, en clara contravención del marco jurídico vigente; todo ello, con el conocimiento y la aprobación del Ejecutivo y del Legislativo. Pero, lamentablemente, no ha existido interés por corregir esa circunstancia, por demás anómala y regresiva. Con relación al beisbol, su crecimiento es tal, que hoy se forma por 7 ligas profesionales, de las que destacan la Liga Mexicana del Pacífico, integrada por 8 equipos; la Liga Mexicana del Noroeste, donde participan 6 equipos; y la Liga Mexicana de Beisbol, con 16 equipos.

De acuerdo con las bases de competencia de estas ligas, en sus encuentros pueden participar simultáneamente seis jugadores extranjeros, lo cual eventualmente podría limitar la participación a sólo tres mexicanos, hecho descabellado por donde se le quiera ver. No es indispensable la participación de extranjeros para que los equipos sean competitivos; prueba de ello es que en la temporada 2005 de la Liga Mexicana de Beisbol, los equipos Diablos Rojos del México y Tigres del Puebla participaron con un plantel integrado por mexicanos, logrando ambos su pase a las finales, quedando campeón este último, suceso que da mayor sustento a la iniciativa que hoy someto a la consideración de todos ustedes. En la larga travesía por la consolidación del basquetbol profesional en nuestro país, la Federación Mexicana de Baloncesto ha jugado un papel fundamental.

Por desgracia, actualmente se encuentra enfrascada en un conflicto por el control de la misma, que ha venido a deteriorar más su quehacer cotidiano, sumiéndola en la peor crisis de su historia. Lo anterior se ve reflejado en las estadísticas de la Federación Internacional de Baloncesto, donde la escuadra nacional ocupa en el ranking mundial el lugar 35, con apenas 25.6 puntos, en comparación con el primer lugar, que ostenta una calificación de 832 puntos. Además, en la reciente Copa de Campeones de 2005, de 10 escuadras sudamericanas México ocupó el último lugar, y esto no cambiará mientras se sigan privilegiando los intereses de grupo en detrimento de lo deportivo y, además, se permita por reglamento la alineación de tres jugadores extranjeros por equipo.

La falta de un marco regulatorio que diera certidumbre y ofreciera condiciones para el desarrollo del deporte mexicano ha generado escenarios anárquicos y anacrónicos que han sometido el deporte y a los deportistas mexicanos a un estancamiento que no será sencillo revertir, a pesar de que se han realizado algunos esfuerzos legislativos para retomar el camino. Sin embargo, los mismos no han sido suficientes, ya que al momento existen lagunas jurídicas respecto a la participación de jugadores extranjeros en los deportes del conjunto practicados en nuestro país, que con la presente iniciativa pretendemos subsanar. De ahí que hoy el Congreso de la Unión se encuentre ante la responsabilidad de ejercer su facultad de legislar en torno del deporte nacional, en razón de la práctica masiva y la afición que genera, pues éste se constituye en materia de interés público que debe ser atendida por los órganos del Estado, toda vez que los jóvenes mexicanos, y en especial los de escasos recursos económicos, se sienten atraídos hacia los deportes, que representan una opción laboral para obtener una retribución, oportunidad que muchas veces se les niega por atender otros intereses.

Podemos y debemos recomponer la ruta, ya que en la actualidad contamos con los espacios y las instalaciones básicas para elevar el nivel deportivo nacional, de tal forma que nuestros niños sean encauzados al deporte y a temprana edad se detecten y canalicen a la disciplina donde proyecten mejor sus facultades y actitudes, a fin de desarrollar en el corto plazo sus habilidades competitivas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la iniciativa que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En obvio de tiempo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que se inscriba íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM

Fernando Espino Arévalo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

La trayectoria deportiva de México a través del tiempo desafortunadamente ha discurrido de un fracaso a otro, y no se diga si hablamos de los deportes de conjunto, no obstante que algunos como el futbol, beisbol y basquetbol tienen un gran arraigo y abolengo en las diversas regiones de nuestro país, pues su práctica se remonta hacia finales del siglo XIX y principios del XX, sin embargo, el tener un largo camino recorrido no ha significado desarrollo y crecimiento y lo peor del caso es que al parecer no ha dejado enseñanza alguna, sumiendo al deporte nacional en una crisis recurrente de corte sexenal.

Hoy más que nunca debemos reconocer que el aspecto deportivo es un rubro que en su contexto más amplio tiene implicaciones muy diversas que van desde la salud hasta lo social sin dejar de pasar por lo económico claro está, porque las relaciones que se generan en torno a las competencias olímpicas o mundiales propician grandes derramas económicas para los países y sus habitantes, y además un campeón olímpico o mundial trae consigo mucha gente que vive y trabaja para impulsar estos logros, por lo tanto salud, deporte y trabajo tienen una liga de subsistencia encadenada, siendo éste un motivo más por el cual estamos comprometidos con impulsar las acciones que logren el progreso del deporte profesional y de alto rendimiento en toda la República Mexicana, de tal forma que podamos llegar a todos los mexicanos a efectos de lograr el desarrollo de sus capacidades atléticas.

Ya no debemos permitir que frases o expresiones como el ``ya merito'', el ``esta vez si se puede'' o bien ``jugamos como nunca y perdimos como siempre'' nos sigan identificando y se queden como referencia cuando se hable del deporte mexicano en todos sus niveles y disciplinas, porque se convierten en hábitos que sólo traen consigo vagas esperanzas y falsas expectativas, lo cual desafortunadamente pudimos constatar una vez más en los recientes juegos olímpicos en Atenas 2004, donde de 28 disciplinas deportivas en competencia, México tuvo representación en 20 de ellas, con 114 jóvenes atletas, destacando de forma individual sólo 4 de ellos, y por cuanto hace a los deportes de conjunto, éstos brillaron por su ausencia.

También podemos decir que la historia de la participación mexicana no es diferente en los Juegos Deportivos Panamericanos y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque aunque aparentemente se obtuvieron más medallas y los logros fueron mejores en los llevados a cabo en 2003 y 2002 respectivamente, ello obviamente producto de que nuestro país asistió con delegaciones deportivas muy nutridas de más de 400 integrantes. Los resultados centroamericanos fueron magros y francamente decepcionantes, ya que México resaltó en el medallero debido a que la República de Cuba no estuvo presente, y además por ser una competencia de orden regional, su nivel es mucho menor en relación con una de orden mundial, por lo cual es muy lamentable que se pretenda engañar con dicho espejismo.

Es importante señalar que el Comité Olímpico Mexicano aglutina más de 50 federaciones relacionadas con los deportes más reconocidos y practicados a nivel mundial, de las cuales 29 están registradas como deportes olímpicos y 22 no, vale la pena destacar que, del total de las disciplinas deportivas reunidas en torno al Comité Olímpico Mexicano sólo 12 tienen práctica de conjunto, siendo las de mayor enrizamiento y tradición las relacionadas con el futbol, beisbol y basquetbol, mismas que por diversas causas han tenido un pobre crecimiento y avance a lo largo de toda su historia.

Crecimiento que no se ha dado porque, mientras por un lado se privilegian los intereses mercantilistas del capital, por otro se han abandonado los planes y programas de inversión, promoción y desarrollo de las fuerzas básicas, mismas que son el sustento y semillero para el surgimiento de nuevos valores.

Lo cual ha llevado a quienes explotan el deporte profesional con fines de lucro a una trampa de la que no han hallado la salida, inclinándose en ocasiones por tomar la opción más rápida que no lo más recomendable, como contratar atletas y entrenadores de otros países y culturas, con la mira no de ganar sino de dar un espectáculo, de complacer el simple morbo carente de espíritu deportivo, lo cual ha menoscabado el esfuerzo de muchos atletas nacionales, encontrando en ello un dilema deportivo y el área de oportunidad para convertir nuestras debilidades en fortalezas y dar un empuje a los connacionales que en su inmensa mayoría aun cuando cuentan con la capacidad, no tienen los medios económicos necesarios para desarrollarlas.

En nuestro México de tantos contrastes, la afición por algunos deportes puede ser el paliativo que alivie muchos de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, por obvias razones la inclinación de los mexicanos por los deportes de conjunto es mayor, la cual se encuentra dominada fundamentalmente por el futbol, beisbol y basquetbol, sin embargo debemos reconocer que de éstos el futbol tiene un lugar preponderante, convirtiéndose de facto en el deporte más practicado en todo el mundo y que en nuestro país tiene raíces muy profundas, de hecho ante el gran auge del mismo y la demanda de la población porque se promuevan ésta y otras disciplinas deportivas, el Gobierno Federal se vio obligado a organizar formalmente y destinar mayores recursos para estos fines, tanto a nivel nacional como del Distrito Federal, ello en virtud de las condiciones prevalecientes en aquella época, convirtiéndose la atención y asignación de recursos presupuestales para atender las actividades inherentes al deporte en fundamentales, es decir, de interés público y de orden social, hecho que dio origen en 1927 a la creación de la oficina para la promoción de la acción deportiva.

Posteriormente derivado del trabajo y logros alcanzados por la oficina antes referida, y ante la incursión cada vez de un número mayor de habitantes en actividades deportivas, así como la necesidad de profesionalizar aquellas disciplinas deportivas de mayor arraigo e impacto, en 1943 se organizó el primer torneo de futbol profesional con 10 equipos, el cual por medio de expansiones y abandonos fue cambiando su número a través de los años. Sin embargo, la popularidad de este deporte fue acrecentándose y empezó a expandirse por toda la República, lo que motivó que en 1950 se fundara la segunda división profesional, con la idea de fomentar y desarrollar más jugadores, así como sentar bases más sólidas para el crecimiento de este deporte, tanto en el ámbito interno como externo, idea que en la actualidad se ha desvirtuado y modificado drásticamente, reorientándose la misma dejando en un segundo o tercer termino el aspecto deportivo, privilegiando un mercantilismo puro.

Esta nueva visión ha generado las más álgidas y absurdas discusiones, porque con ella se ha privilegiado un manejo comercial que promueva la participación de extranjeros en los torneos locales de las ligas profesionales de la primera división y la primera ``a'', ya que estas son las vitrinas o escaparates donde encuentran la luz los jugadores que posteriormente nos representaran en copas del mundo o Juegos Olímpicos, pero desgraciadamente por las decisiones obtusas de unos cuantos se pretende cerrar la puerta a una gran cantidad de connacionales.

Tan grande ha sido la discusión por la alineación de jugadores extranjeros en los encuentros deportivos de las distintas ligas, que la misma se remonta a la época en que comenzó a explotarse profesionalmente y con fines de lucro dicho deporte, es decir, la década de los años 40, aunque el problema en ese tiempo se acotaba al Distrito Federal, el mismo creció porque se carecía de un marco jurídico que definiera tal circunstancia, por lo cual, el entonces presidente de México Manuel Ávila Camacho emitió un decreto que cortaba de tajo con el problema y no daba pie a la discrecionalidad o voluntad de nadie, pero desafortunadamente se refiere únicamente al futbol, ya que en el referido decreto se señala que en todos los encuentros de futbol soccer que se celebren con fines de lucro deberán participar por lo menos 7 jugadores mexicanos por nacimiento, lo cual en esencia nos parece adecuado, sin embargo tal disposición tiene un ámbito de aplicación muy pequeño, ya que sólo involucra al Distrito Federal, vale la pena destacar que dicho decreto fue ratificado por el Congreso de la Unión en 1996, lo cual le otorgó mayor fortaleza al mismo.

En aquel momento la medida cumplió con su objetivo, pero al paso del tiempo la misma quedo rebasada, pues ahora el futbol como espectáculo público es un deporte que involucra a una gran cantidad de entidades federativas, donde los propietarios de los equipos definen sus propias reglas, sin importar que con ello transgredan los derechos y aspiraciones de muchos mexicanos en clara contravención de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo. Todo ello con el conocimiento y consentimiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por que lamentablemente no ha existido el interés por corregir esta circunstancia, por demás anómala y regresiva.

Sumado al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes tenemos los intentos que ha realizado la Federación Mexicana de Futbol para dejar sin efecto el decreto presidencial de 1945 al interponer en la década de los años 90 sendos amparos, mismos que por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le fueron negados en forma definitiva en 1994, por carecer de elementos y argumentos que demostraran sus dichos, lo que una vez más nos patentiza la viabilidad del referido decreto, sin embargo hoy más que nunca el mismo debe elevarse a rango de ley para que su ámbito de aplicación se amplíe a nivel nacional y no se cuestione su vigencia y jerarquía.

No conformes con los reveses anteriores la Femexfut unilateralmente determino dejar sin efecto el decreto de 1945, al modificar su reglamento de competencia y determinar que en el Distrito Federal podrían alinear 5 jugadores extranjeros a partir del 15 de enero de 2005, bajo el argumento de que el artículo 41 de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, neutralizó la vigencia del decreto referido.

Primeramente les comento que quienes asesoraron a la Federación Mexicana de Futbol lo hicieron de una forma muy ligera e irresponsable toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene perfectamente establecido el procedimiento para la formación o derogación de ordenamientos jurídicos:

Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto...

f).- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observan los mismos trámites establecidos para su formación.

Es decir que un decreto emanado de la Presidencia de la República sólo podrá ser derogado si para ello se sigue el mismo procedimiento que le dio origen, es decir a través del Presidente de la República y del Congreso de la Unión, que en su momento ratifico el multicitado decreto.

Por otra parte, la Ley que contiene la disposición que supuestamente deja sin efectos el decreto arriba enunciado, se refiere a rubros muy diversos que nada tienen que ver con el ámbito deportivo a saber:

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal

Título Primero De las Disposiciones Generales, Competencia y Espectáculos Públicos en General

Capítulo I De las Disposiciones Generales

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal.

Artículo 3o.- El objeto de la presente ley consiste en determinar reglas y mecanismos claros que fomenten la celebración de espectáculos públicos y permitan garantizar que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad u orden públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y asistentes.

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y, que intervengan permanentemente en competencias en el Distrito Federal, actuarán el número de jugadores extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.

La comisión del espectáculo deportivo de que se trate nombrará a un comisionado que vigilará el cumplimiento del reglamento correspondiente.

Como podemos advertir los artículos 1o. y 3o. de la Ley en comento señalan con toda precisión el objeto de la misma, el cual se refiere a definir los mecanismos que permitan que los espectáculos públicos se desarrollen con seguridad sin poner en riesgo la integridad de los asistentes y esto nada tiene que ver con el ámbito deportivo, por cuanto hace a sus practicantes o la actividad en si misma.

Derivado de lo anterior podemos afirmar que la disposición contenida en el artículo 41, que adscribe a las asociaciones deportivas (Federación Mexicana de Futbol), la facultad para reglamentar la participación de jugadores extranjeros; es inconstitucional; toda vez que la fracción XXIX-J del artículo 73 establece como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión el legislar en materia de deporte.

Además la referida ley, dentro de sus artículos transitorios, en ningún momento realiza de forma expresa la derogación del artículo décimo primero del decreto de 1945 o en su caso la abrogación de todo el decreto en su conjunto, como se ha querido interpretar.

Otro aspecto a considerar es que el Distrito Federal tiene algunas características que lo harían asemejarse a una entidad federativa, sin embargo su condición tan sui géneris no permiten catalogarlo como un estado más de la Federación, sino como un híbrido con muchas limitaciones respecto a sus facultades.

De ahí que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra perfectamente acotada en cuanto a su quehacer legislativo, por las facultades expresas dispuestas en el artículo 122 Constitucional.

Por lo que las facultades para legislar en el Distrito Federal, las materias que no estén expresamente conferidas a la ALDF, las sigue conservando el Congreso de la Unión; desprendiéndose de aquí, que la argumentación de la Federación Mexicana de Futbol sobre los efectos del decreto de referencia está fuera de todo contexto, lo que consecuentemente daría lugar a que la Cámara de Diputados promoviera una controversia constitucional para derogar el artículo 41 de la citada Ley de Espectáculos Públicos; o, en su defecto, que algún particular, que se sintiera afectado por la aplicación de éste artículo, promoviera un juicio de garantías, ya que en principio estaríamos ante un conflicto de aplicación de leyes sobre una misma materia.

De igual forma vale la pena destacar que la Ley del Deporte para el Distrito Federal, no hace referencia alguna al tema de la participación de extranjeros en el deporte profesional o en particular al futbol, siendo que esta es la ley especial que en todo caso debería considerar el tema si la ALDF tuviera la facultad, pero la misma no lo recoge porque no tiene atribución alguna para ello, y si bien es cierto que existe este ordenamiento, el mismo legisla con relación a los rubros de competencia local o en los que existe concurrencia entre la Federación y el Distrito Federal.

Ahora bien retomando el tema relacionado con las ligas profesionales de beisbol y basquetbol, ambas tienen en su haber una historia de desencuentros y fracasos, sin embargo cabe hacer mención que en sus inicios fue difícil lograr su aceptación, por lo que una vez más sólo el espíritu de los hombres por realizarse en todos los ámbitos posibles lo que hizo florecer y reforzar al paso de los años estas disciplinas deportivas.

Brevemente se puede comentar que el beisbol llegó a distintas partes de la República Mexicana durante los años comprendidos entre 1870 y 1890, aunque existe una versión de que el 7 de septiembre de 1847, en plena invasión norteamericana, hicieron su arribo al puerto de Mazatlán barcos de guerra estadounidenses, los cuales estuvieron anclados en ese sitio, tiempo que fue aprovechado por los soldados para practicar beisbol.

Vale la pena destacar que nuestra representación nacional para este deporte se constituyo hasta 1943 por medio de la Federación Mexicana de Beisbol, la cual agrupa actualmente a 32 asociaciones representativas de los Estados de la República, además de 5 organizaciones que son el IPN, la UNAM, el IMSS, Valle de México y la Asociación de Beisbol infantil y Juvenil del Distrito Federal (ABIJDF). Cabe señalar que en 1987 se constituyó como asociación civil regida bajo los lineamientos de la Codeme y el COM.

Es a principios del siglo XX cuando se consolida el Beisbol en México, y en 1925 es fundada la Liga Mexicana de Beisbol, misma que cada año desde entonces ha organizado su campeonato de forma profesional.

La Liga Mexicana de Beisbol ha tenido tres etapas, la primera de ellas comprende de 1925 a 1937, jugándose casi exclusivamente en la Ciudad de México; la segunda, de 1937, cuando inicia la compilación de estadísticas, hasta 1954 y finalmente la tercera, de 1955, año en que ingresa al beisbol organizado, hasta la fecha, cabe destacar que de los años 60 y hasta los 80 del siglo pasado había un total de 20 equipos jugando de manera profesional, pero en 1991 hubo una reducción de equipos, quedando 16 escuadras.

El crecimiento del beisbol en fechas más recientes se conforma de más de 7 Ligas Profesionales de las que destacan, la Liga Mexicana del Pacífico integrada por 8 equipos, la Liga Mexicana del Noroeste donde participan 6 equipos y la Liga Mexicana de beisbol con 16 equipos. Es preciso destacar que de acuerdo con las bases de competencia de las Ligas Profesionales que existen en México, en sus encuentros pueden participar simultáneamente hasta 6 jugadores extranjeros, lo cual desde nuestro punto de vista podría eventualmente limitar la participación a solo 3 jugadores mexicanos, hecho inaceptable por donde se le quiera ver.

En menester compartir con todos ustedes que no es indispensable la participación de extranjeros en los deportes de conjunto para que los equipos sean competitivos, prueba de ello es que en la temporada 2005 de la Liga Mexicana de Beisbol los equipos Diablos Rojos del México y Tigres de Puebla participaron con un plantel integrado por puros mexicanos, logrando ambos equipos su pase a las finales, quedando campeón el éste último, hecho que da mayor soporte y aval a la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados.

Respecto al basquetbol este se introdujo a México a penas un año después de que en los Estados Unidos de Norteamérica se popularizara por un profesor Canadiense radicado en Estados Unidos quien en 1894 tendría jugando en un campeonato local a varias escuelas Estadounidenses.

En la larga travesía por la conformación del basquetbol profesional en nuestro país podemos hablar por una parte de la Federación Mexicana de Baloncesto, AC, quien ostenta la representación nacional y cuenta con 38 asociaciones afiliadas en toda la república la cual esta dividida en 8 categorías, por desgracia actualmente se encuentra enfrascada en un problema jurídico que ha venido a deteriorar aun más su quehacer cotidiano sumiéndola en la peor crisis de su historia.

A pesar de este panorama tan desolador la Liga Nacional de Basquetbol Profesional se conforma sólo de 20 equipos con un nivel muy limitado, de donde podemos inferir que nuestros jóvenes deportistas no encuentran un verdadero nivel profesional competitivo, por lo tanto no existe la posibilidad de reunir una escuadra nacional que nos represente de manera digna en el plano internacional, ello no obstante que hay varios compatriotas participando en la liga de los Estados Unidos (NBA), quienes por los intereses mezquinos de algunos ni siquiera son tomados en cuenta.

El resultado de lo anterior se ve reflejado en las estadísticas de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), donde la escuadra nacional ocupa en el ranking mundial el lugar 35 con apenas 25.6 puntos en comparación con el primer lugar que ostenta una calificación de 832 puntos.

Además en la reciente Copa de Campeones de 2005 organizada por la FIBA de 10 escuadras sudamericanas México ocupó el último lugar y esto no cambiara mientras se siga pugnado el control de la Federación y se permita reglamentariamente la alineación de 3 jugadores extranjeros por equipo en sus diferentes encuentros.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que varias disciplinas deportivas, lejos de conservarse como una actividad para el sano entretenimiento y desarrollo de las personas, con el paso del tiempo propiciaron que algunos clubes deportivos se convirtieran en empresas competidoras y promotoras de espectáculos públicos deportivos con fines de lucro, por lo que requerían contar con los mejores exponentes de las diversas disciplinas deportivas para lograr sus objetivos, sin importar si éstos eran nacionales o extranjeros, lo que sin duda provocó que llegaran al país muchos extranjeros, principalmente para enrolarse en los equipos de futbol, beisbol y basquetbol, lo que dio lugar al desplazamiento de los atletas mexicanos y a disminuir la calidad del deporte nacional, ello derivado de las complacencias del gobierno y la carencia de un marco jurídico que definiera el quehacer en la materia.

Como resultado de la falta de un marco regulatorio que diera certidumbre y ofreciera las condiciones para el desarrollo del deporte mexicano, se han generado escenarios anárquicos y anacrónicos que han sometido al deporte y deportistas mexicanos a un estancamiento que no será sencillo de revertir, a pesar de que se han realizado algunos esfuerzos por parte del Poder Legislativo a efecto de integrar y coordinar todos las energías en bien del deporte nacional, sin embargo los mismos no han sido suficientes y al día de hoy existen lagunas jurídicas respecto a la participación de jugadores extranjeros en los deportes de conjunto practicados en nuestro país, que con la presente iniciativa pretendemos subsanar.

En complemento de lo antes citado, al encontrarse el deporte elevado a rango constitucional, en el mismo ordenamiento encontramos la facultad del Congreso de la Unión, para legislar en la materia, tal y como lo señala el artículo 73, fracción XXIX-J, de nuestra Carta Magna, además de que diversas leyes hacen referencia al tópico del deporte como es el caso de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece la obligación de registrar ante la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y ante la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), a las asociaciones deportivas o las personas morales que practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines de lucro, lo que nos lleva a concluir que tanto los clubes y federaciones que los congregan, se encuentran regulados por dichos ordenamientos del sistema jurídico mexicano y por las disposiciones que de ellas emanan.

De allí que el H. Congreso de la Unión se encuentre ante la responsabilidad de ejercer su facultad de legislar en torno al deporte nacional en todas sus disciplinas, en razón de la práctica masiva y la afición que se genera, pues éste constituye materia de interés público que debe ser atendida por los órganos del Estado, toda vez que para los jóvenes mexicanos y, en especial aquellos de escasos recursos económicos, se sienten atraídos hacia los deportes que representan una opción laboral para obtener una retribución económica, que muchas veces les son negadas por atender los intereses del capital.

Sin embargo, esta situación de oportunidad se pretende cerrar a una gran cantidad de compatriotas por la decisión mercantilista de los empresarios del deporte profesional, quienes se han convertido en los mercenarios del mismo, ya que poco o nada les importa el desarrollo armónico del deporte mexicano y sus atletas.

Como en el caso particular de los propietarios de los equipos de futbol, beisbol y basquetbol quienes en su desenfrenado afán comercializador pretenden abrir más plazas para jugadores extranjeros, con la obvia repercusión negativa tanto para estos deportes a nivel nacional como para quienes lo practican, cerrando más las oportunidades y las plazas para los mexicanos.

Además de lo anterior, se desprende que particularmente en lo que respecta al futbol la mayor parte de jugadores extranjeros que participan en nuestro balompié son sudamericanos primordialmente Argentinos y Brasileños, de ahí que no sea difícil entender el porque del desarrollo futbolístico de estos países, en contraste con los pobres resultados que ofrece nuestra selección nacional mayor.

Es injusto que, por ejemplo, en la primera división profesional pueden contratar 6 jugadores foráneos por equipo y 4 en la primera ``a'', restando con ello importantes espacios a los jóvenes de este país, quienes en muchas ocasiones por la falta de oportunidades se ven atrapados por las garras de la delincuencia o las drogas, más aún si tomamos en cuenta los altos índices de desempleo que hoy enfrentamos en la República.

Vale la pena destacar que como producto de la dedicación y esfuerzo particular de un pequeño grupo de mexicanos, que en un inicio no contaron con el más mínimo apoyo institucional, recientemente nos dieron una lección de coraje y dedicación, porque a pesar de la falta de apoyos lograron obtener el campeonato mundial de futbol en la especialidad sub17, hecho que no podemos soslayar si queremos que resultados como este se vuelvan a repetir, hoy los diputados debemos tomar la decisión de proteger la identidad del deporte nacional, así como las canteras de sus equipos, preservando la fuente de empleo de muchos mexicanos, impulsando así el surgimiento de más y mejores jugadores mexicanos que tanta falta nos hacen en las selecciones nacionales, sí es que realmente queremos incentivar y apoyar el deporte de nuestro país.

Podemos y debemos recomponer nuestra historia deportiva, ya que en la actualidad se cuenta con los espacios y las instalaciones básicas para poder elevar el nivel deportivo nacional, de tal forma que nuestros niños, desde la educación preescolar sean encauzados al deporte y a temprana edad se puedan detectar y canalizar al tipo de disciplina donde se proyecten mejor sus facultades y aptitudes a efecto de desarrollar en el corto plazo sus habilidades competitivas.

Estamos comprometidos a tomar nota de lo que no se debe hacer y basten los ejemplos que nos dan los países miembros de la Comunidad Económica Europea, donde por un parte promueven en sus ligas de futbol la libre participación de los jugadores comunitarios, es decir aquellos que ostentan pasaporte de los países que integran la Unión Europea, y por otro limitan la participación de los jugadores extranjeros en sus ligas; de ahí que países como España e Italia no sólo permitan la libre participación de los jugadores comunitarios, los cuales por su puesto que son extranjeros sino que además permite la participación de 3 jugadores extracomunitarios por equipo, lo que obviamente redunda en que ahí se localicen las dos mejores ligas de futbol del mundo, ello a costa del desempeño y desarrollo de sus selecciones nacionales, pues sus resultados han sido cenceños en los últimos tiempos, dado que el progreso de sus fuerzas básicas es muy raquítico, situación muy similar a la mexicana, pero que hoy está en nuestras manos aportar parte de la solución.

Toda vez que este Congreso tiene la facultad para legislar sobre la operación y funcionamiento de la Conade, Codeme y COM, organismos que a su vez son los responsables de integrar, organizar, dirigir, administrar y controlar lo relativo al quehacer deportivo nacional, concentrándose en ellos todas las federaciones y asociaciones relacionadas de las diferentes disciplinas deportivas, por tanto hoy este H. Congreso de la Unión debe legislar en torno a la participación de los jugadores extranjeros en los equipos de las diferentes disciplinas deportivas de conjunto que se practican en nuestro país, evitando que su explotación comercial afecte el crecimiento del mismo a nivel nacional y que las oportunidades para nuestros compatriotas se cierren.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 73 Bis a Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 73 Bis.- En los torneos o eventos organizados o auspiciados por las federaciones y asociaciones deportivas, que cuenten con reconocimiento oficial, los equipos o clubes que participen en la máxima categoría o circuito de liga, cualquiera que sea su denominación, deberán contar, durante todo el desarrollo de sus juegos, con la participación de un 72% de jugadores mexicanos como mínimo.

Para el caso de que exista una categoría o circuito inmediato inferior, cualquiera que sea su denominación, en el desarrollo de todos sus juegos habrán de participar por lo menos un 80% de jugadores mexicanos.

En el resto de las categorías o circuitos y siempre que se realice con fines de lucro, queda prohibida la participación de jugadores que no sean mexicanos.

Transitorios

Primero. Túrnese el presente decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y surtirá sus efectos a partir del inicio del torneo de apertura 2006 en el caso del futbol soccer y por lo que respecta a los demás deportes de conjunto profesionales al inicio de su siguiente temporada regular.

Tercero. Las asociaciones o federaciones que controlen o exploten los clubes o equipos cualquiera que sea su rama o especialidad que actúan como espectáculo de paga, ajustarán sus reglamentaciones a lo dispuesto por esta ley.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Dip. Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, e insértese el texto de la iniciativa completo en el Diario de los Debates.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.El diputado Sergio Penagos García: Con su permiso, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General, quien esto suscribe, diputado Federal Sergio Penagos García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acude ante esta Soberanía para presentar a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción V del artículo 139 de los de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en términos de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley del Impuesto sobre la Renta, entre muchas otras disposiciones de carácter fiscal, ha venido sufriendo con el paso del tiempo diversas modificaciones con el propósito de ajustarse a la realidad mexicana.

Estos cambios en algunas ocasiones han producido resultados deseables y en otras, es debido reconocer, generan efectos contrarios al bienestar de los gobernados, pues su aplicación acaba siendo compleja y esto indudablemente genera condición de inequidad para quien se encuentra obligado al cumplimiento de una norma incierta.

Es cierto que todos los ciudadanos estamos constreñidos al cumplimiento de la ley, incluso cuando el contenido de la misma no nos place, o bien podemos considerarlo injusto. Es bien cierto también que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República establece como una de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público en la forma proporcional y equitativa en que las leyes lo dispongan; sin embargo, no son pocas las veces en que las leyes fiscales, debido a la falta de claridad en su disposición, se alejan de esa característica de equidad que debiera distinguirlas.

Tal es el caso de la disposición contenida en el tercer párrafo de la fracción quinta del artículo 139 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el día lunes treinta de diciembre del año dos mil dos, misma que hasta el día de hoy, a la letra dispone lo siguiente:

``El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00.''

Una vez conocido el contenido del referido precepto legal es fácil concluir que se trata de una norma que produce incertidumbre en el contribuyente, dado que al señalar la ley que el Servicio de Administración Tributaria ``podrá liberar de la obligación'' se le concede al mismo una facultad de carácter potestativo; pues está claro que la autoridad recaudadora puede, o puede no liberar al contribuyente de la obligación en cuestión.

De la misma forma en que se plantea el problema anterior, es de reconocerse que al no señalar temporalidad alguna, también se pone en manos de la autoridad la posibilidad de eximir a los contribuyentes de la obligación de expedir comprobantes fiscales por una temporada y en un momento determinado dejar de conceder ese beneficio legal, sin aviso previo. Con ello se coloca al gobernado en otra situación de incertidumbre, pues se le mantiene injustamente en la necesidad de verificar en todo momento la vigencia de la disposición que la autoridad recaudadora decida adoptar arbitrariamente.

Por otra parte, no es menos importante que, al tratarse de una facultad de índole potestativa, las reglas generales a las cuales hace referencia el precepto que nos ocupa también pueden, o no, ser expedidas por la autoridad tributaria, colocando una vez más en situación incierta al causante.

Una circunstancia que el legislador no debe obviar es el hecho que los preceptos contemplados en el artículo 139, que contiene el párrafo cuya modificación se propone, están dirigidos a los pequeños contribuyentes y son éstos quienes cuentan con menores oportunidades para acceder a los consultores profesionales que se mantienen enterados de las cambiantes disposiciones fiscales. Por tanto, es de reconocerse que los obligados a conocer la norma y cumplirla, no tienen la misma ocasión para enterarse por anticipado de los cambios en las políticas públicas aplicables por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, nadie que se encuentre obligado por la ley para colaborar con el gasto debe estar en la búsqueda de caminos para eludir sus deberes ciudadanos y, por supuesto, ello implica el conocimiento previo de los mismos; sin embargo, el argumento de que la ignorancia de la ley a nadie favorece, no puede permitirle a la autoridad el lujo de generar disposiciones legales cargadas de incertidumbre, imponiendo al ciudadano la tarea de mantenerse a la expectativa de sus cambios de humor en forma permanente.

Igualmente, es oportuno hacer notar que mientras la experiencia se ha encargado de demostrar lo indebido que resulta señalar cantidades líquidas dentro de las leyes para establecer parámetros o las multas aplicables por la autoridad, el dispositivo cuya reforma se propone incurre en ese error técnico, ya que establece en un importe de cien pesos el monto de las operaciones por las cuales los causantes pueden ser eximidos de la obligación de expedir los comprobantes correspondientes.

Por lo anterior, se propone que al modificarse el dispositivo legal en estudio, también se adecue el monto de las operaciones realizadas, substituyendo la cantidad líquida de cien pesos, por la equivalencia del importe de dos días de salario mínimo fijado para el Distrito Federal, pues de esta forma se garantiza que el precepto se actualice a si mismo, sin necesidad de ajustar el texto de la ley repetidamente.

De tal forma, se propone que el tercer párrafo de la fracción quinta, contenida en el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta exprese con toda claridad que la autoridad recaudatoria habrá de eximir de la obligación de expedir los comprobantes con requisitos fiscales a los contribuyentes a quienes se aplica el régimen comprendido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que las operaciones realizadas no rebasen el importe equivalente a dos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Bajo estos razonamientos es que resulta posible proponer a esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma el artículo 139, en su fracción quinta, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139, en su fracción quinta, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 139.- ...

I. a IV. ...

V. ... ...

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, eximirá de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores al importe equivalente a dos días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

VI. a VIII. ... ...

Transitorio

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil seis.--- Dip. Sergio Penagos García (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE PLANEACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Planeación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Exposición de Motivos

Desde sus orígenes y tomando un auge en la Constitución de 1917, a los titulares de los departamentos administrativos se les nombró ``jefe de departamento'', como encargado del despacho de los negocios del órgano que no funcionó conforme a la naturaleza jurídica para la que fueron creados, sino sirvieron solamente a la administración y control del propio Ejecutivo.

La trayectoria administrativa nos enseña a través de su devenir histórico, que los departamentos, en vez de seguir los lineamientos de organización de la administración pública que preveía la extinta Ley de Secretarías de Estados y Departamentos Administrativos, y demás Dependencias del Ejecutivo Federal, han servido para que el Ejecutivo tenga el manejo y control de la administración pública.

Baste recordar que en el año de 1917, los jefes de los departamentos administrativos que se crearon lograron la descentralizar de la administración pero nunca para el apoyo técnico administrativo para lo que fueron instituidos.

En la 1928, los ``jefes de departamento'' fueron utilizados para una función específica conforme a su naturaleza jurídica, sin embargo el Ejecutivo logró que en la práctica estos departamentos no se desempeñaran en una forma ideal, tan fue así que, en ese mismo año se promovió la reforma constitucional que sustituía a la figura de gobernador del Distrito Federal, por la de jefe del Departamento del Distrito Federal, obteniendo el Ejecutivo de esta manera el control para nombrar y removerlo libremente, así como para evitar la duplicación de mandos en al ámbito territorial, por una parte del titular del Ejecutivo Federal y por la otra de los titulares de las municipalidades.

En el año de 1935 se cambió la denominación de Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Demás Dependencias del Ejecutivo Federal, por la de Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, esto se hizo para evitar que algunas de las secretarías o departamentos administrativos, tuvieran preeminencia sobre las otras, para jerarquerizar a los ``jefes de departamento'' con los secretarios; para que con esta reforma los ``jefes de departamento'' de las dependencias administrativas tuvieran el mismo rango que un secretario de Estado. Ley en la que se siguió considerando como autoridad al jefe de departamento.

La administración de 1936 desapareció paulatinamente los siete departamentos con los que había iniciado sus gestión, en el entendido de que los jefes de los departamentos administrativos no eran funcionales para los fines específicos del Ejecutivo federal, lo que dio como resultado que se encargaran de sus funciones las secretarías de Estado respectivas, sin embargo, en 1937 se crean otros tres departamentos administrativos en donde estaban los jefes de departamento como titulares de los departamentos administrativos sí respondían a las necesidades político administrativas del Ejecutivo Federal, como el Departamento de Ferrocarriles Nacionales, el cual fue sustituido posteriormente por un organismo descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México.

Pero sería a partir de 1937, que se tomara la decisión de suplir la naturaleza administrativa de algunos de los departamentos administrativos, convirtiéndolos en secretarías de Estado en donde a las autoridades administrativas se les nombró ``secretarios de Estado'', con lo cual se inicia una inconveniente tradición, considerar los departamentos como pequeñas secretarías de Estado, circunstancia que obligó a las administraciones posteriores a transformar en secretarías de Estado a los departamentos administrativos y por ende fue desapareciendo la figura jurídica de ``jefe de departamento administrativo'', en razón de que los secretarios de Estado tienen mayor representación administrativa que la que pudieron tener en su momento los jefes de departamento, independientemente que la legislación que los regía en esa época les daba la misma jerarquía.

De hecho la última autoridad administrativa como jefe de departamento, que existió hasta 1994, fue el jefe del Departamento del Distrito Federal, que duró dentro de la legislación hasta 1997, como jefe de departamento, siendo modificada la denominación de su titular, por la de ``jefe de Gobierno'' autoridad administrativa que además se convirtió en un cargo de elección popular.

Es preciso mencionar que el concepto de autoridad para efectos de la ley se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica como responsable, entre autoridad y particular, restringiendo la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, para que la autoridad responsable responda por los daños y perjurios que en ejercicio de sus actividad ocasione.

Es así, que la Ley de Planeación, como ordenamiento que norma el la actividad jurídico administrativa que lleva acabo el plan nacional de desarrollo y la coordinación del ejecutivo con las entidades federativas, todavía se consagra la figura jurídica de ``jefes de departamentos administrativos'' que en nuestros días están en desuso aun se siguen manteniendo plasmadas como figuras de derecho positivo sin estar vigentes.

Para corroborar lo antes dicho, se puede observar en el Capítulo I, en el artículo 8o., en lo tocante a las autoridades que tienen que rendir informes al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, se considera como autoridad al ``jefe de departamento administrativo'', lo cual resulta incongruente que se siga considerando a un ente que jurídicamente no existe.

Con el fin de ratificar que los departamentos administrativos ya no están vigentes, esta el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, precepto que contemplaba las funciones que desempeñan los departamentos administrativos actualmente esta derogado. Consecuentemente es un órgano del Estado que está en desuso por no ser funcional, en ese sentido, de no llevarse a cabo la reforma estaríamos ante una incongruencia y una falta de lógica jurídica, pues a pesar de ya no existir la figura jurídica y normatividad que los regule se sigue estimando en nuestra ley como autoridad al ``jefe de departamento administrativo''.

En razón de lo anterior, el propósito de la presente iniciativa es que se elimine de la Ley de Planeación la autoridad de ``jefe departamento administrativo'', por ser inexistente; aún más, podemos observar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 26, Capítulo I, establece el organigrama de la Administración Pública Federal, no aparecen contemplados ni se reconocen a los departamentos administrativos para que formen parte de la Administración Pública Federal, al igual que en el Capítulo II, que establece cual es la competencia de las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no se regula un sólo departamento administrativo.

Como ha quedado demostrado, la ineficiencia e ineficacia con la que se manejaron los jefes de departamentos administrativos en su devenir histórico, fueron las causas por lo que tuvieron que ser subsumidas sus funciones como autoridades administrativas por los secretarios de Estado, o por otras autoridades de carácter administrativo que han servido tanto jurídica como políticamente al Ejecutivo.

Es preciso manifestar que en la organización de la administración pública no se contempla como autoridad a los ``jefes de departamento'' en este momento histórico, debido a que en la actividad administrativa, el concepto se refiere a los responsables de determinadas áreas, que se manejan en las empresas privadas o públicas como es el jefe del departamento administrativo de recursos humanos, o el de recursos materiales, y no así como órganos administrativos de gobierno que fue el concepto que se creó en 1917, con el propósito que la administración pudiera conducir en forma organizada, sistemática y técnica un tema de la agenda del Ejecutivo.

En otro sentido queda la posibilidad de que el Ejecutivo instaure nuevamente los departamentos administrativos, que servirían para sus intereses, lo cual no se debe permitir porque sin lugar a dudas se contemplaría a los ``jefes de departamento administrativo'', por lo tanto debe desaparecer la autoridad administrativa mencionada, ya que hay que recordar que se han creado, otro tipo de autoridades encargadas de los organismos como son los descentralizados, los desconcentrados y las empresas de participación estatal, por lo que no se daría una certidumbre jurídica al permanecer establecido un término como el de jefe de departamento administrativo, que en la práctica ha caído en desuso.

Fue así que el sistema legal administrativo observó diversos cambios que repercutirían en la composición orgánica de la administración pública, sin que se por ello se afectara la existencia de los secretarios de Estado que siguen en vigor.

No está por demás precisar, que la función de la administración pública es proporcionar los satisfactores y servicios necesarios para generar el bien común de la sociedad, por ser la encargada de llevar la administración y que tiene como misión servir de manera efectiva y eficaz a la sociedad, lo cual no se lograra hasta que haya una verdadera voluntad; además, que siga apareciendo una autoridad administrativa inexistente en nuestra Ley de Planeación ocasiona una incertidumbre jurídica, pues la misma podrá ser utilizada para fines personales del Ejecutivo, y no para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa que realiza fundamentalmente el Estado.

De lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de Planeación.

Único. Se reforma el artículo 8o. de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 8o.

Los secretarios de Estado, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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HIGIENE BUCAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A continuación, proposiciones con punto de acuerdo: esta Presidencia recibió del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar programas de educación e higiene bucal en las escuelas con nivel de enseñanza primaria y secundaria y agregar en la lista oficial de útiles escolares un cepillo, una pasta dental e hilo dental.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a instaurar programas de educación en higiene bucal en las primarias y en las secundarias, y agregar en la lista oficial de útiles escolares cepillo, pasta e hilo dentales, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Alfredo Bejos Nicolás, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo en la cual exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar programas de educación en higiene bucal en las escuelas con nivel de enseñanza de primaria y secundaria y agregar en la lista oficial de útiles escolares un cepillo, una pasta dental e hilo dental basado en los siguientes

Considerandos

El concepto de ``desarrollo sustentable'' pone en el centro de sus propuestas al ser humano. El argumento de sustentabilidad se refiere al desarrollo de soluciones viables para afrontar las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solucionar sus necesidades; propone mejorar las condiciones de vida de millones de personas, cuidar el ambiente, ampliar el acceso a los bienes culturales, así como a otros satisfactores para que el ser humano se conforme como un ser pensante, libre y participativo.

Así, basado en el argumento anterior, aunque existe acuerdo de que la salud bucal es un componente fundamental de la salud, existe una brecha entre la concepción y la manera de abordar el cuidado de la salud bucal. La salud bucal no se contempla como prioridad en las políticas públicas; la atención bucal queda restringida generalmente al ámbito privado.

Atendiendo a ello, se argumenta que la boca es una parte fundamental del cuerpo; tener una boca sana es muy importante para poder masticar, hablar y lucir bien; además, el estado de los dientes y las encías puede afectar la salud de todo el cuerpo. Una mala higiene bucal se asocia a un alto riesgo de algunas enfermedades de los adultos, como algunos tipos de cáncer y diabetes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población en los países en desarrollo, 1,300 millones de personas, requieren alivio del dolor buco dental por lo menos unas tres veces en su vida; los dos tercios restantes, aproximadamente 2,400 millones de personas, necesitan unas cinco extracciones.

Ahora bien, en el medio rural, donde no hay acceso a la atención odontológica, la población que presenta dolores dentales prácticamente tiene que vivir con ellos. Así, ya sea en poblaciones urbanas o rurales, la atención odontológica tiene graves deficiencias, sea esto por el alto costo que proporcionalmente representa para algunas familias en función de su ingreso o por una falta de educación y cultura en higiene buco-dental.

Las cifras no engañan, se registra a nivel mundial un crecimiento en la expectativa de vida consecuencia de los avances tecnológicos y farmacéuticos; esto conlleva a que cada vez existan más adultos mayores y, con ello, la necesidad de tener un cuerpo sano que cumpla los estándares de salud para, así, llevar una vida placentera. En los países menos desarrollados, que antes presentaban menor prevalencia de enfermedades buco dentales, éstas han aumentado por el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y por el proceso de urbanización.

En México, los datos de enfermedades buco-dentales son alarmantes: en promedio, 94 por ciento de la población sufre de caries; 87 por ciento de los niños de 6 años de edad padece caries, 67 por ciento de los adolescentes de 12 años, 93 por ciento de los jóvenes de 18 años, 99 por ciento de los adultos jóvenes de 35 a 44 años y 93 por ciento de los adultos mayores de 60 años.

Ahora bien, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2002 el gasto promedio per cápita en salud en el país fue de 1,338.38 pesos y para el mismo año el costo per cápita promedio en salud bucal fue de 5.39 pesos, es decir, el porcentaje de gasto en salud bucal con proporción al de salud en general fue de 0.40 por ciento, ni siquiera 1 por ciento; para 2006 se estima que el costo en salud bucal per cápita será de 5.62 pesos. Analizando estos datos, es necesario revalorar los conceptos y prioridades de las políticas públicas encaminadas a tratar problemas de salud buco-dental.

De esta forma, la prevención y educación en higiene buco-dental desde temprana edad en nuestra población son fundamentales para disminuir las enfermedades de carácter buco-dental que, en proyecciones de corto, mediano y largo plazos, repercuten en forma negativa en la salud pública de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar programas de educación en higiene bucal en las escuelas con nivel de enseñanza de primaria y secundaria, con la finalidad de que los niños y los jóvenes aprendan una adecuada técnica de cepillado y limpieza buco-dental; de igual forma, agregar en la lista oficial de útiles escolares un cepillo, una pasta dental e hilo dental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Semarnat, realice los estudios necesarios a fin de decretar la sierra de San Luis-Janos, Chihuahua, como área natural protegida.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Semarnat los estudios necesarios para decretar la sierra de San Luis Janos, Chihuahua, como área natural protegida, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del PRD

Carlos Hernán Silva Valdés, diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro ante esta Soberanía a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice los estudios necesarios a fin de decretar la sierra de San Luis-Janos, Chihuahua como área natural protegida, de conformidad con lo previsto por el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

La región de Janos, en el noroeste de Chihuahua, es uno de los sitios más importantes para la conservación de la diversidad biológica del continente y, en función de su importancia biogeográfica, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la ha catalogado como una de las áreas terrestres prioritarias de nuestro país, pues, entre otras, reúne las siguientes características: 1) contar con las condiciones óptimas para mantener el complejo de colonias de perros llaneros (Cynomys ludovicianus) o perritos de la pradera, de mayor tamaño en Norteamérica --como se les conoce en el espacio de la vida cotidiana--; 2) poseer el adecuado estado de conservación de ecosistemas de pradera y ambientes serranos; 3) tener las áreas ecotonales intermedias y ser zona de protección de las aves; ello hace que la región de Janos funcione como el límite natural entre dos ecosistemas distintos, situación que genera que cohabiten, simultáneamente, especies propias de ambos ecosistemas. Razón por la cual la región de referencia requiere ser considerada como una zona de mayor riqueza e interés biológico.

En efecto, en esa región se han registrado 337 especies de vertebrados (77 mamíferos, 222 aves, 31 reptiles y 7 anfibios) en el mosaico de vegetación de las partes bajas que incluye, pastizales, matorrales y el ecotono entre el bosque y el pastizal.

Dentro de las especies características están: el berrendo (Antilocapra americana), el zorro rápido (Vulpes velox), el venado bura o ciervo de la mula (Hemionus de odocoileus), los perritos de la pradera (Cynomys ludovicianus), las ratas canguro (Dipodomys sp), el puerco espín americano (Erethizon dorsatum), el águila real (Aquila chrysaetos) y el mochuelo excavador (Athene cunicularia). Los vertebrados característicos son: el oso negro (Ursus americanus), el puma o león americano (Puma concolor), la ardilla de Albert (Sciurus aberti) y la guacamaya (Euptilotis neoxenus).

También alberga la población silvestre de bisontes (Bison bison) de México y del suroeste de Estados Unidos y, desde el año de 2001, al hurón de patas negras, uno de los mamíferos en peligro de extinción en el mundo y al que se reintrodujo, por vez primera, a dicho sitio.

La región incluye, además de la sierra de San Luis, las adyacentes de Los Embudos, Las Minitas, Las Espuelas, La Cabellera, Pitachi, Los Azules y Xitachueca, así como otras ubicadas al sur, como es el caso de El Palomo y Tasahuinora. La vegetación predominante en el área serrana son bosques de encino, pino-encino y coníferas.

La vida silvestre de la región se ve afectada por diversos factores antropogénicos. En 1988 los perros llaneros ocupaban 55,000 hectáreas de los pastizales de Janos, para 1996 se habían reducido en 45% y, entre 1996 y el 2000, se perdieron 1,169 hectáreas más, en la parte central de la zona.

Los perros llaneros fueron envenenados por considerarlos como competidores del ganado, lo que redujo enormemente su población y, aunque esta práctica continúa en menor escala, la principal amenaza a las colonias de perros llaneros en la actualidad es la conversión del pastizal a tierras agrícolas.

Hasta la fecha no se tienen datos precisos de la superficie de colonias de perros, convertidas en tierras de agricultura; en los últimos años al menos 10 colonias han resultado afectadas, desde una fragmentación severa hasta su completa desaparición, ejemplo de ello es la afectación grave de una colonia de alrededor de 580 hectáreas, la cual casi ha desaparecido.

La mayor parte de estos desarrollos agrícolas se debe a los menonitas, que compran o rentan tierras a los ejidos para cultivarlas, pero los propietarios de algunos ranchos y algunos ejidatarios también han contribuido a la conversión de colonias de perros llaneros.

El sobrepastoreo, que se deriva de la práctica del ganado, contribuye de manera importante a la reducción de la fauna silvestre; pero también la pérdida de la vegetación le afecta, la cual se ve privada de refugio y alimento. Tan sólo en el caso de los perros llaneros, las densidades han bajado, de 8 por hectárea en abril del 2002, a 1.2 por hectárea en abril del 2004.

De igual forma, la caza furtiva es la causa principal de la alta mortandad de venados bura (Odocoileus hemionus) y cola blanca (O. virginianus) que se encuentran en el área, y en particular del berrendo (Antilocapra americana), especie de la que se estima, quedan menos de 1000 ejemplares en México y de la que, en el valle de Janos, se encuentran 2 o 3 grupos pequeños.

Varias instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) han estudiado la zona durante los últimos años; realizando inventarios de especies de vertebrados y plantas vasculares; evaluando el impacto de los perros llaneros en la diversidad biológica regional y generando estudios ecológicos de grupos y especies selectos.

No obstante, las especies descritas se encuentran en un nivel de estrés muy alto, debido a las malas prácticas realizadas por los menonitas, que no respetan sus zonas de refugio y continúan cambiando el uso de suelo, lo que orilla a los perros llaneros a su virtual desaparición.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice los estudios necesarios, a fin de decretar la sierra de San Luis-Janos, Chihuahua, como área natural protegida, de conformidad con lo previsto por el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo: Se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía a realizar un recorrido por la zona de Janos, Chihuahua, A fin de conocer la problemática de la región y buscar las alternativas más adecuadas para su solución.

Dado en el Palacio Legislativo, San Lázaro, a los 16 días de marzo de 2006.--- Dip. Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: También, se recibió del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, y al director del Consejo de Promoción Turística de México a aclarar la información respecto del gasto programado y del ejercido por este Consejo en 2005.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, y al director del Consejo de Promoción Turística de México a aclarar la información respecto del gasto programado y del ejercido por este Consejo en 2005, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo se ha mantenido como la tercera fuente de divisas para la economía nacional, sólo por debajo de los ingresos petroleros y las remesas provenientes del extranjero.

La importancia de la actividad turística en el país es el resultado de una serie de acciones realizadas por los distintos agentes e instituciones vinculadas al ramo, entre ellas esta el Consejo de Promoción Turística de México, como organismo auxiliar de la Secretaría de Turismo en materia de promoción turística nacional e internacional.

El Consejo de Promoción Turística de México tiene entre sus objetivos el coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción turística, además de proporcionar, información turística especializada a los turistas nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país.

El Consejo de Promoción Turística de México, tiene un patrimonio que se integra a partir de aportaciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las asignadas por los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades paraestatales y las que efectúen los particulares. Además, de los recursos propios y los que obtiene por la aplicación del Derecho de No Inmigrante (DNI), el cual se cobra a los turistas internacionales cuando ingresan al país.

En particular, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la H. Cámara de Diputados asignó al Consejo de Promoción Turística de México un monto de 274 millones 578 mil 890 pesos. Sin embargo, en los Anexos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al cuarto trimestre del 2005, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informa que el Consejo de Promoción Turística de México recibió una adecuación presupuestaria hasta por 792.5 millones de pesos, lo que representa una variación del 288.6 por ciento con relación al original autorizado.

Lo anterior, se relaciona con las declaraciones del subdirector general de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México, el pasado 13 de febrero, en el sentido que dicho organismo ``no recibió ni un solo peso, de los 792.5 millones de pesos'' que se señalan en el Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En tal virtud, es fundamental que tanto el director del Consejo de Promoción Turística de México, así como las Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, aclaren estas diferencias y el destino de dichos recursos. Por lo que me permito proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de Turismo y al director del Consejo de Promoción Turística de México, para que aclaren el origen y destino de los recursos adicionales asignados a dicho organismo, considerando que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2005 se establecen adecuaciones presupuestales por un monto de 792.5 millones de pesos que representan el 288.6 % con relación al presupuesto original aprobado al Consejo por esta H. Cámara de Diputados.

Dip. Inelvo Morales Álvarez (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Turismo.

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MEXICANOS EN EJERCITO NORTEAMERICANO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo respecto de la situación de los ciudadanos mexicanos que se enlistan en el Ejército de Estados Unidos de América.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, respecto a la situación de los ciudadanos mexicanos que se enlistan en el Ejército de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD

Juan José García Ochoa, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Como es del dominio público, después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el Gobierno norteamericano inició sendas guerras de agresión en contra de Afganistán y de Irak, las cuales, en los hechos, se han convertido en verdaderas ocupaciones militares de esos países y cuyas hostilidades no han finalizado.

2.- Dentro del marco de tales agresiones, el 3 de julio de 2002 el Presidente norteamericano George W. Bush, emitió una orden ejecutiva de ``Naturalización Expedita'', por medio de la cual todos aquellos extranjeros que se enlistaran en las fuerzas armadas norteamericana y estuvieran en combate, adquirirían, fast track o por vía rápida, la naturalización. Un año después de esa orden, 5 mil 300 extranjeros se habían enrolado en el ejercito norteamericano.

3.- De acuerdo con cifras oficiales del Pentágono, al inicio de la Guerra contra Irak los soldados de origen mexicano representaban un 3.9 por ciento de los militares en activo del ejército de EU, con un total de 54 mil 756 elementos.

4.- Las estadísticas muestran que los soldados de origen mexicano tienen la más alta representación en las ramas con más vulnerabilidad a bajas: Los infantes de marina (marines) y las tropas del ejército:

Un total de 13 mil 324 soldados están enrolados en el cuerpo de infantes de marina, lo que representa 7.8 por ciento de los 170 mil 762 infantes registrados por el Departamento de Defensa. De la misma forma, los soldados de origen mexicano son 3.6 por ciento de las tropas del ejército, con 17 mil 461 elementos.

En contraste, los soldados de origen mexicano tienen su menor representación en las ramas menos riesgosas. Apenas el 2.8 por ciento de los soldados de origen mexicano están adscritos a la Fuerza Aérea y 2.5 por ciento en la Marina.

5.- El fenómeno de la participación de mexicanos en el ejército norteamericano no es nuevo: en 1968 el doctor Ralph Guzmán publicó un estudio en el que se documentó que de 1961 a 1967 el 19.4 por ciento de las víctimas en combate en Vietnam eran soldados mexicano-estadounidense.

6.- En virtud de las invasiones lanzadas en contra de Afganistán e Irak, las fuerzas armadas norteamericanas iniciaron una feroz campaña de reclutamiento en toda la Unión Americana, pero especialmente entre las comunidades de origen hispano. Según un artículo publicado en Army Times en 2002, los hispanics constituían el 22 por ciento del ``mercado'' de reclutamiento militar, lo que representa el doble de su presencia en la sociedad.

7.- La oferta de los reclutadores de ejercito norteamericano entre la población hispana y, especialmente entre los mexicanos, es hasta cierto punto simple: si se enrolan en el ejército y son enviados a combate en Afganistán o Irak, podrían obtener rápidamente la naturalización estadounidense, sus familias también se verían beneficiadas con la naturalización, tendrían un ingreso fijo y relativamente alto en comparación con el salario estándar que tienen esas comunidades (gozando de alojamiento, alimentación, ropa gratuitamente y descuentos en casi todos los bienes de consumo) y, finalmente, el ofrecimiento de hacer una carrera militar y/o ingresar a alguna universidad. Esas son las bases de la llamada ``conscripción económica'' entre las capas más pobres de la sociedad norteamericana.

8.- Para los mexicanos ``ilegales'' o para aquellos que quieren una vía rápida a la ciudadanía, la vida militar tiene una fuerte atracción. Como México brinda la arena de reclutamiento más cercana y lógica, los ``ilegales'' mexicanos superan numéricamente a todos los demás latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Según un estudio publicado por John Ross, en la revista Counterpunch, el 21 de febrero de 2005, unos 8000 mexicanos son ahora voluntarios del servicio militar oficial.

9.- Como era de esperase, los resultados de todos estos datos han sido contundentes:

Según diversos organismos no gubernamentales (ONG), un total de 33 mil soldados de origen mexicano están en Irak.

Dentro de las primeras 1,000 bajas en Irak (muertos y heridos), 122 eran latinos y 70 eran de ascendencia mexicana

Al 19 de mayo de 2005 la cifra de caídos en Irak ascendía a mil 806 soldados, de los cuales mil 627 pertenecían a las Fuerzas Armadas estadounidenses, seguidos por los británicos con 88 bajas.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, al 22 de marzo de 2005, con un total de 22 militares muertos, los mexicanos constituían el mayor número de soldados extranjeros en las filas del Ejército y concentraban más de una tercera parte de los 63 extranjeros que han fallecido defendiendo la Unión Americana en Irak.

10.- Todo lo anterior nos obliga a preguntarnos: ¿Cuál es la situación legal de estos connacionales que han ingresado al ejército norteamericano a la luz del derecho mexicano?

La fracción II del inciso C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece que la Ciudadanía Mexicana se pierde por ``prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin el permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente''. Luego entonces esos connacionales han perdido su calidad de ciudadanos mexicanos.

11.- Toda esta problemática obliga al Estado mexicano a generar mecanismos de información hacia la población mexicana que vive en Estados Unidos para que los oriente y explique los alcances jurídicos que conlleva la decisión de alistarse en el ejercito norteamericano y sus consecuencias en todos lo ámbitos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Ejecutivo federal, especialmente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que, a través de nuestros Consulados, se instrumente un programa de orientación hacia los mexicanos residentes en los Estados Unidos sobre los alcances jurídicos y las consecuencias que conlleva la decisión de alistarse en el ejercito de ese país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de marzo de 2006.--- Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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TELEVISION POR CABLE
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía constituya una subcomisión tendente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las diferentes empresas de televisión por cable usuarias de su señal.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía constituya una subcomisión tendente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las empresas de televisión por cable usuarias de su señal, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Las concesiones de televisión por cable han experimentado una rápida evolución en la que, a partir del interés de nuevos concurrentes a la oferta de este servicio, se han tenido que ir liberando áreas, regiones, municipios y ciudades a una competencia de mercado en donde el servicio, costo, la selección y amplitud de canales abiertos y de la red están siendo decisivos para captar el padrón de clientes que hace atractivo y permanente el negocio.

En esta virtud, resulta sensible la relación entre los concesionarios de televisión por cable y los concesionarios de televisión abierta en tanto que es justamente la complementación de ambas transmisiones las que condicionan la preferencia del usuario o televidente. De ello se colige la necesidad de equidad y respeto entre las grandes cadenas de televisión abierta como Televisa y Televisión Azteca, principalmente, con los acuerdos que éstas celebran con las pequeñas o medianas empresas cableras, que se convierten en dependientes de la buena o mala voluntad de las primeras para con ellas.

Es obvio que en esta dinámica concurre no sólo el interés económico que puede ser razonable para las cadenas de televisión abierta con respecto a acordar lo relativo con una o varias cableras localizadas en determinada región, para lo que rige el principio de buena fe en los convenios o contratos que se celebren lo que, no obstante, no es suficiente toda vez que se trata de dos concesionarios de diferente tamaño, dimensión y poder respecto del uso del espectro radioeléctrico que pertenece a la nación. Por ello, requiere del Estado y, muy específicamente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la más acuciosa vigilancia para evitar que los concesionarios de televisión abierta puedan incurrir en conflicto de intereses por cuanto a que sus acuerdos con las cableras oculten alguna intención de preferencia por alguna o algunas de estas que encubran las estrategias de apoderarse de este último mercado a través de interpósita persona.

Es el caso que la empresa Tele-Cable Centro Occidente, SA de CV (Grupo Telemedia), ha hecho llegar a esta Cámara y a la prensa nacional la denuncia de presión, acoso e interrupción de la señala abierta que tenía convenida con Televisa para un supuesto control del mercado con vistas a sustituir a dicha empresa de televisión por cable por otra del particular interés del consorcio televisivo en la región centro occidente del país, comprendiendo principalmente los estados de Morelia, Chihuahua, Durango, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, donde Grupo Telemedia tiene un alto padrón de clientes usuarios que puede perder en conjunto al limitársele a éstos el acceso a los canales de televisión abierta de Televisa.

Por esta razón y en virtud de que el asunto trasciende el interés particular de dos contratantes en tanto que se trata de concesiones del uso y explotación del espectro radio-eléctrico propiedad de la nación y el interés nacional manifiesto en tratándose de un servicio de la importancia del derecho del público al acceso a la variedad de opciones a todos los servicios de transmisión que el Estado ha concesionado, se hace necesario que esta representación nacional solicite a las partes su inmediato acuerdo para la reanudación de su convenio y, en caso de requerir de la intermediación de la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara para solventar y superar diferencias que se los impida, se abra en el seno de dicha Comisión el espacio necesario para el efecto.

Por lo anterior, respetuosamente someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

I.- Se constituya en la Comisión de Comunicaciones una subcomisión ad hoc para atender el objetivo de conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las diferentes empresas de televisión por cable, usuarias de su señal. Para el desahogo de esta instancia se solicitará la aportación técnica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, a través de la Sedesol, a vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de las constructoras en la producción de la vivienda de interés social.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda a vigilar mediante la Sedesol el cumplimiento de la normatividad por las constructoras en la edificación de viviendas de interés social, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante el Pleno, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Entre los motivos que establece el Ejecutivo federal para publicar el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, encontramos la necesidad de una instancia de gobierno que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social se encargue de las labores de diseño, promoción e implementación de las políticas y programas de vivienda del Gobierno Federal.

La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda es un órgano creado mediante decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de julio de 2001.

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios y Seguridad en la Edificación de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como finalidad: ``promover una cultura de normalización y certificación de la calidad de la vivienda, a través de la elaboración de dos Normas Oficiales Mexicanas denominadas edificación de la vivienda y homologación de las características y procesos de la vivienda de interés social, además de promover cinco normas mexicanas relacionadas con los servicios de supervisión, dirección responsable de obra y laboratorios de pruebas, además las de valuación y técnica de vivienda''.

El quinto informe de actividades de la Secretaría de Desarrollo Social en el apartado referente a la articulación institucional y fortalecimiento del sector vivienda, establece que: La política se ha orientado ha elevar el financiamiento y crear las condiciones para que cualquier familia pueda comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda, con el compromiso de los actores involucrados de una oferta habitacional a menor precio y de mayor calidad.

Hasta aquí he hecho referencia a la parte oficial de los informes y las metas que las instituciones plantean como cumplidas o en proceso.

Lo lamentable es al hacer un seguimiento periodístico sobre la satisfacción de las familias que obtienen su vivienda a través de un crédito ya sea por Infonavit o por Fovissste, donde nos damos cuenta que, por un lado están las estadísticas que muestran el número de casas entregadas y por otra parte, la satisfacción que les genera habitarlas.

Entre las principales quejas que encontramos es que a unos meses de haber sido habitadas empiezan a notar grietas en los muros, y en el suelo, con lo cual lamentan la inversión que realizaron y la deuda que tendrán que estar pagando por años, como son personas de bajos ingresos es muy difícil que puedan abandonar esa vivienda y buscar otra que ofrezca seguridad física a su familia. En alguno de los medios periodísticos que han abordado el problema, una de las habitantes de las casas de interés social narraba el temor que le daba que en cualquier momento los muros se pudieran derrumbar.

Por ello considero que debemos de hacer un exhorto a las autoridades responsables de la política pública en materia de vivienda, a fin de que vigilen que realmente las empresas constructoras estén cumpliendo con la calidad y los materiales adecuados para la construcción de vivienda de interés social y que los permisos de construcción no se otorguen en lugares que no son seguros para ser habitados por muchas familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, a través de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que vigile el cumplimiento de la normatividad por parte de las constructoras en la producción de la vivienda de interés social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.--- Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Vivienda.

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SERVICIO POSTAL MEXICANO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a intervenir ante el director del Sepomex a efecto de que sean reinstalados los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín y José Zubiri Ríos y otros.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la STPS a intervenir ante el director del Sepomex para que sean reinstalados los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín, José Zubiri Ríos y otros, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el fin de que se exhorte a los secretarios, de Comunicaciones y Transportes, licenciado Pedro Cerisola y Weber, y del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Saénz, para que intervengan ante el director del Sepomex, licenciado Gonzalo Alarcón Osorio, a efecto de que sean de inmediato reinstalados los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín y José Zubiri Ríos y otros.

Consideraciones

1.- Que los señores Juan Antonio Salazar Marín, José Zubiri Ríos, Jorge Campos Cante y Luis Martín Romero Lavanderos, se venían desempeñando como auxiliares postales y otro como cartero en el Centro de Despacho Aéreo ``Benito Juárez'', y el último en la oficina setenta y cuatro, ambos en esta ciudad de México Distrito Federal, con un antigüedad promedio de.

2.- Que con motivo de la lucha de los trabajadores de Sepomex en defensa de sus derechos, el 30 de mayo de 2002, los trabajadores del Sepomex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscribieron un acuerdo para que se homologaran los salarios de estos trabajadores con el salario mínimo burocrático. Lo que sin embargo nunca se ha cumplido.

3.- Que ante esta ilegal omisión del Gobierno federal para homologar el salario de los trabajadores de Sepomex, éstos se han visto obligados a continuar con movilizaciones y en general han hecho uso de sus derechos humanos y políticos para lograr el cumplimiento del acuerdo de cita.

4.- Que no obstante su apego al marco jurídico vigente los trabajadores han sido objeto de represiones y hostigamiento laboral. En concreto, durante los años de 2004 y 2005 fueron despedidos injustificadamente por el Sepomex los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín, José Zubiri Ríos, Jorge Campos Cante y Luis Martín Romero Lavanderos.

5.- Que esta soberanía no puede permanecer indiferente a tan grotescas violaciones a los derechos humanos y laborales de estos trabajadores, razón por la cual urge la intervención del secretario de Comunicaciones y Transportes ante el Sepomex a efecto de que estos trabajadores despedidos sean reinstalados de inmediato con respeto a todos sus derechos y, en general, cesen los hostigamientos y represiones ejercidas por esta entidad contra sus trabajadores.

Con base en todo lo expuesto y fundado propongo a esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, licenciado Pedro Cerisola y Weber, y del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Saénz, para que intervengan, cada uno en la esfera de sus atribuciones, a efecto de que sean inmediatamente reinstalados los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín, José Zubiri Ríos, Jorge Campos Cante y Luis Martín Romero Lavanderos, despedidos injustificadamente por el Sepomex en razón de su lucha por el respeto de sus derechos laborales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social.

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LEY DE PROTECCION FRONTERIZA, ANTITERRORISMO Y CONTROL DE INMIGRACION ILEGAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió el diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión que manifieste al Senado de Estados Unidos de América su más enérgico rechazo a la iniciativa H4437, por su contenido xenófobo, racista y antiinmigrante.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de la Unión que manifieste al Senado de Estados Unidos de América su más enérgico rechazo a la iniciativa H4437, por su contenido xenófobo, racista y antiinmigrante, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Fernando Alberto García Cuevas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, pongo a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo con la siguientes

Consideraciones

Compañeros legisladores: en el beneficio de millones de nuestros compatriotas indocumentados que residen en Estados Unidos, y también en el de millones más que provienen de muchas otras regiones del mundo y que residen en el vecino país, me presento en ésta, la más alta tribuna de la nación, para llamarlos con urgencia a cerrar filas ante lo que parece ser la embestida mas grave, inhumana e injusta que el Congreso estadounidense ha propinado a los trabajadores que, diariamente, contribuyen con su esfuerzo al crecimiento y desarrollo norteamericano.

Como es del conocimiento de todos ustedes, el diputado republicano James Sensenbrenner, con la aprobación de su Presidente, George W. Bush, y con el apoyo y la presión de los sectores derechistas mas reaccionarios de Estados Unidos, presentó el año pasado la iniciativa de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración ilegal, o iniciativa HR4437, que propone, entre otras muchas insensateces, la construcción de un muro de 1,200 kilómetros a lo largo de la frontera con México, cataloga como criminales a los trabajadores indocumentados, eleva al nivel de delito grave cualquier asistencia (así sea de corte humanitario) que se les brinde, incluyendo a organizaciones humanitarias y religiosas establecidas, y contempla medidas de deportación masiva que nos traen horribles remembranzas de regímenes totalitarios que han manifestado así su desprecio por la vida humana.

Pese a la oposición de todas las organizaciones humanitarias, religiosas, de defensa y protección de los derechos humanos y de defensa de las libertades civiles, con sede tanto en Estados Unidos como las de corte internacional, además de las asentadas en sus respectivas naciones, esa propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre, y fue turnada al Senado de ese país para su discusión, posibles modificaciones y aprobación correspondiente. La Cámara alta norteamericana, ya inició, hace semana y media, sus deliberaciones.

Y la oposición a esa medida sigue creciendo. La semana pasada, casi 100 mil personas marcharon en Chicago para protestar contra la iniciativa, encabezados por el propio gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, y el alcalde de Chicago, Richard Daley. Todas las organizaciones de inmigrantes estaban presentes, y no hablemos sólo de las que más conocemos aquí, como el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) o la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Estaban también una inmensa variedad de organizaciones de inmigrantes polacos, irlandeses, coreanos, iraníes y nigerianos, por mencionar algunos, representando a los más de 12 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.

¿Desoirán los representantes populares norteamericanos los clamores de su pueblo? ¿Se impondrán los más recalcitrantes reaccionarios de Estados Unidos en sus intenciones totalitaristas? O podrá surgir la sensatez como la que manifiestan, por ejemplo, Edward Kennedy y John McCain, legisladores demócrata y republicano, respectivamente, que han presentado su propia propuesta, la iniciativa McCain-Kennedy, que reconoce la importancia de los trabajadores indocumentados en suplir mano de obra barata en trabajos que los norteamericanos no quieren, legalizaría, con algunas restricciones razonables, a millones de indocumentados y establecería un tipo especial de visa a quienes desean ir a trabajar en Estados Unidos, entre otras cosas. Contempla, también, el pago de impuestos y de seguridad social, a cambio de servicios de salud y educativos. Todavía, por fortuna, hay opciones.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya manifestó enérgicamente, el 21 de diciembre pasado, su absoluto rechazo contra esa propuesta y exhortó a las comisiones correspondientes a citar al canciller Luis Ernesto Derbez para que evaluara el impacto de esa medida y enviara, por los canales diplomáticos oficiales, nuestro rechazo y condena absolutos a la iniciativa mencionada.

No ha sido suficiente. Los titubeos y tibiezas manifiestos en materia de política exterior oficial han estado presentes desde los inicios de la elaboración de ésta, y otras varias más, iniciativas de ley antiinmigrante, inclusive algunas de alcance exclusivamente estatal, como en California y Arizona. Sin embargo, no se ha ejercido la defensa necesaria. No se han tomado las medidas precautorias necesarias. No se han efectuado las negociaciones y cabildeos necesarios. Se ha preferido destinar una partida para pagar los servicios de empresas de cabildeo para mejorar la imagen del gobierno, y no para contrarrestar acciones legislativas y ejecutivas de corte antiinmigrante.

Estas posturas no son nuevas. Han estado latentes en el corazón de los sectores más reaccionarios no sólo de Estados Unidos, sino, ya lo estamos viendo, de toda nación desarrollada. Sólo como ejemplo, recordemos los disturbios de París y la masacre en los enclaves españoles de África del año pasado. El fantasma de la xenofobia y el racismo recorre nuevamente el mundo, y se manifestará ahora con una serie de políticas como la HR4437. Los muros caen, sí, pero sólo para ser levantados nuevamente. El lugar es lo de menos. La intención de separar, dividir y desunir es lo que cuenta. Todos sabemos que el comunismo no existe más, pero fue reemplazado por el totalitarismo.

Compañeros legisladores: Lo que no se hizo en años, no se puede solucionar en un día, ni con una sola acción. Pero es posible contribuir a la toma de conciencia y a dejar asentada nuestra posición como Congreso mexicano. No considero que estemos pasando por encima de los llamados ``conductos oficiales'', pero si hay algún sentimiento de ese tipo, no enviemos entonces nuestro rechazo directamente a la colina del Capitolio, sino que encomendemos al canciller Derbez a que tenga la gentileza de remitir, vía oficial, el documento en donde manifestamos nuestro rechazo a esa medida.

Asimismo, y debido a que la propuesta que presento ahora incluye también a la H. Cámara de Senadores, solicito respetuosamente a la C. Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Marcela González Salas y Petricioli, que tenga la gentileza de solicitar al titular de la Mesa Directiva de esa soberanía, senador Enrique Jackson Ramírez, someter a la consideración de los ciudadanos senadores una propuesta de punto de acuerdo similar a ésta, a fin de que el comunicado sea emitido de manera conjunta.

Por lo anterior, ciudadanos legisladores, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero.- Que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de sus titulares, los Presidentes de las Mesas Directivas de las H. Cámaras de Diputados y del Senado de la República, remita al Senado de Estados Unidos de América, a través del Presidente del Senado, Richard Cheney, vicepresidente de Estados Unidos; el líder de la mayoría, Bill Frist, y el líder de la minoría, Harry Reid, un documento en el que manifieste su inconformidad por la naturaleza de la iniciativa de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal (iniciativa HR4437), la cual contiene claros elementos xenofóbicos, racistas y notoriamente inhumanos e injustos, lo cual podría contravenir preceptos locales, nacionales e internacionales de defensa y protección de los derechos humanos y de defensa, protección y preservación de la vida humana, además de los ordenamientos legales relativos a la no discriminación racial, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y a los preceptos mínimos relativos a la justicia.

Segundo.- Asimismo, y a fin de manifestar la universalidad de este rechazo por parte de los legisladores mexicanos, ese documento será acompañado de las firmas de los integrantes del Congreso de la Unión, por grupo parlamentario, que así lo acuerden.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de marzo de año dos mil seis.--- Dip. Fernando Alberto García Cuevas.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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TRATADO DE AGUAS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Gobierno de Estados Unidos de América que respete el tratado de aguas del 3 de febrero de 1944 y el Acta 242, firmados por ese país y México.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Gobierno de Estados Unidos de América que respete el tratado de aguas del 3 de febrero de 1944 y el Acta 242, firmados por ese país y México, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Raúl Pompa Victoria, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este Pleno, para su resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El canal Todo Americano, que suplió el canal Álamo, que se conducía por ambos territorios, empezó a funcionar en 1940. En su recorrido, de 132 kilómetros, pasa paralelo a la frontera con México, por el Valle Imperial, California, lo que genera filtraciones debido a que el canal no está revestido y el gradiente hidráulico está orientado hacia nuestro país.

Asimismo, por sus 132 kilómetros tiene un desnivel de 53 metros. Su anchura fluctúa entre 46 y 61 metros, y su profundidad entre 2 y 6 metros, aportando agua al Valle Imperial, California, al área de Yuma, Arizona, y a las ciudades de la costa del Pacífico en Estados Unidos.

Recordemos que Estados Unidos construyó un sistema de presas y negoció con México el Tratado Internacional de Límites y Aguas el 3 de febrero de 1944, donde se estableció la asignación de un volumen anual a México de 1'850,234,000 metros cúbicos, equivalentes a 1'500,000 acres-pies.

En 1976, el Gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de revestir el canal Todo Americano para frenar una crisis de desabasto de agua en el estado de California.

Desde que el gobierno norteamericano planteó el plan de revestimiento, México ha estado en desacuerdo con esta obra, por considerar que viola convenios bilaterales, y ha enviado notas diplomáticas para manifestar su oposición, lo que no ha tenido el efecto deseado.

El 1 de junio de 2004, la empresa Parsons, con sede en Pasadena, California, informó que obtuvo el contrato para construir un canal de concreto, paralelo a un tramo del Todo Americano.

Dicha obra, que tendrá un costo de 250 millones de dólares y que han estimado concluir en cuatro años, forma parte de un proyecto para garantizar el abasto de agua a San Diego y a Los Ángeles, California.

Se calcula que dicho canal filtra al subsuelo aproximadamente 86 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con estimaciones estadounidenses, los cuales pueden ascender a 400 millones de metros cúbicos.

Con esta decisión, las autoridades de Estados Unidos incumplen el Acta 242, firmada el 30 de agosto de 1973 por los Gobiernos de México y de Estados Unidos, que en su sexta cláusula señala: ``A fin de evitar problemas futuros, México y Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender, en el área fronteriza de sus respectivos territorios, cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender modificaciones substanciales de sus desarrollos actuales que pudieran afectar adversamente el otro país''.

Esto generará la reducción de la recarga del acuífero del valle de Mexicali, en un volumen que representa aproximadamente 14 por ciento del agua disponible extraída del acuífero, y el abatimiento del nivel freático del mismo, así como los efectos negativos sobre la producción agrícola y una acumulación progresiva de sales en el acuífero, con la consecuente pérdida de productividad y economía.

Todo esto se traduce en una pérdida de 9 por ciento del volumen de producción de la zona y un incremento de 13 por ciento en los costos de energía eléctrica, lo que a su vez constituye 25 por ciento de los costos de operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola del distrito de riego 014, Río Colorado, además del costo de inversión del sistema de conducción de agua en el valle de Mexicali.

La Comisión Nacional del Agua, a través del documento Proyecto de revestimiento del canal Todo Americano, calificó la medida estadounidense como unilateral y previene sobre los impactos negativos que tendrá en la sociedad, en la agricultura, en la economía y en el medio ambiente en ambos lados de la frontera.

Asimismo, con el nuevo trazo para revestir el canal no se tomaron en cuenta los efectos ambientales en territorio mexicano y su gravedad, especialmente en la potencial pérdida de zonas de humedales en una región tan árida y modificada, dado que al no conducir el líquido el río Colorado en su trayecto por territorio nacional, se han perdido los beneficios que se generarían en ese tramo del río, lo que evita la alimentación de los mantos freáticos que en condiciones naturales se tenían.

Por todo lo anterior, se pone a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se exhorte al Ejecutivo federal de México para que presente una enérgica protesta al Gobierno de Estados Unidos por la decisión unilateral que está emprendiendo, ignorando el compromiso firmado por ambos países mediante el Acta 242 del 30 de agosto de 1973.

Segundo. Que México realice el estudio técnico correspondiente para determinar con exactitud el beneficio que recibe el valle de Mexicali y, particularmente, la Mesa de Andrade, a consecuencia de las filtraciones del canal Todo Americano, de acuerdo con el Acta 306, de título Marco conceptual entre México y Estados Unidos para el desarrollo de estudios que permitan emitir recomendaciones respecto a la ecología ribereña y del estuario del tramo limítrofe del río Colorado y su delta, firmado el 12 de diciembre de 2000 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se estableció la formación de un grupo técnico binacional que analizaría los efectos de los escurrimientos en la ecología ribereña y del estuario del río Colorado, ya que a cinco años de haberse firmado no ha dado resultados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 16 de marzo de 2006.--- Dip. Raúl Pompa Victoria (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se retira la proposición que había hecho el diputado Rafael Flores Mendoza, por la que solicitaba al titular del Consejo General del IFE que informara a esta soberanía de las acciones emprendidas por este Instituto, en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y legales, en relación con la intromisión de extranjeros en asuntos políticos. De igual manera, se retira la proposición que había hecho la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, donde presentaba punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para vigilar que no se utilicen los programas sociales, a cargo del Gobierno Federal, en beneficio de algún partido en el próximo proceso electoral del 12 de marzo en el estado de México. De igual manera, retira su proposición el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que consistía en punto de acuerdo por el que se exhortaba a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a auditar los recursos del programa denominado ``Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas'', a cargo de la Sagarpa, ejercidos en el año 2005 y lo que va de éste, específicamente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

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DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía a atender la problemática derivada de la posible existencia de prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en el Distrito Federal.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Energía y al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía a atender la problemática derivada de posibles prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del PRD

Consideraciones

El 11 de mayo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para permitir el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas por los sectores social y privado, entre otros aspectos.

En este contexto, se promovieron diversas medidas fiscales tendentes a promover el uso intensivo del gas en la industria y en el transporte, a fin de abatir los niveles de contaminación atmosférica provocados por las gasolinas y otros carburantes.

De acuerdo con ello, el mercado nacional de venta de gas para uso doméstico y en el transporte se ha estructurado a partir de siete grandes distribuidoras: Regio Gas, Tecogas, Gas Uribe, Gas Metropolitano, Flama Gas, Grupo Trendi y Combugas, así como cientos de minoristas, con la salvedad de que las primeras pueden vender el producto directamente al público, o bien, a través de las minoristas.

Al efecto, Pemex vende el gas LP a las distribuidoras a un precio de $3.69 pesos por litro, que es el precio para el mes de marzo, y establece un precio máximo para la venta al público de $4.79 para el mismo mes, con lo cual cuentan con un margen de utilidad de $1.10 pesos, menos gastos de operación.

Desafortunadamente, desde hace año y medio aproximadamente, algunas empresas distribuidoras de gas LP han venido incurriendo en prácticas monopólicas mediante el otorgamiento de descuentos exorbitantes a los consumidores de la zona metropolitana del Distrito Federal por más de $1.00 pesos, con el único propósito de eliminar a sus competidores minoristas, llevándolas a la quiebra y a la venta forzada de sus instalaciones a favor de las mismas.

De esta manera, las empresas de referencia obtienen una utilidad de 10 centavos por litro, lo cual resulta claramente incosteable, pérdida que compensan con los ingresos que obtienen en la región norte del país, donde existen menos competidores y por tanto pueden vender el combustible a mayor precio, además de que, por lo menos, se genera cierta suspicacia respecto del posible origen ilícito del combustible.

Al respecto, resulta importante destacar que el artículo 83 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo dispone, en su última parte, la obligación de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía de informar a la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la posible existencia de prácticas monopólicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las mismas.

Por su parte, la fracción I del artículo 9º de la Ley Federal de Competencia Económica dispone que son ``prácticas monopólicas absolutas'' los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios.

En tanto que la fracción VII del artículo 10 de la misma ley, dispone que son ``prácticas monopólicas relativas'' los actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones, y en general todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

En vista de lo anterior, se exhorta al secretario de Energía y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que atiendan, de inmediato, a la problemática derivada de la posible existencia de prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en la zona metropolitana del Distrito Federal, así como al debido cumplimiento de lo ordenado por el artículo 83 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, en el sentido de informar a la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo y, en consideración a la gravedad del problema planteado, solicito sea considerado de urgente y obvia resolución, en términos de lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al secretario de Energía y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que atiendan, de inmediato, la problemática derivada de la posible existencia de prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en la zona metropolitana del Distrito Federal, así como al debido cumplimiento de lo ordenado por el artículo 83 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, en el sentido de informar a la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de las mismas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 marzo de 2006.--- Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Energía.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a estudiantes de la Universidad Anáhuac, campus México norte, invitados por el diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean ustedes, jóvenes estudiantes, bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Sonido a la curul del diputado Pedro Ávila.

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ORDEN DEL DIA
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente: con todo respeto, tengo un punto de acuerdo; se pasaron un montón de puntos de acuerdo y no se nombró el punto de acuerdo que tengo sobre el asunto de la SCT, sobre el presupuesto de carreteras, que ya se autorizó por este Congreso y el dinero no se ha entregado.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A ver, permítame, señor diputado. Nada más dimos lectura a los puntos de acuerdo cuyos promoventes nos solicitaron que sólo se turnaran a comisión, no para su lectura. Si éste es su caso, esperaríamos el turno correspondiente para que subiera a la tribuna. Si solamente quiere que su punto de acuerdo se turne a comisión, con mucho gusto instruimos a Servicios Parlamentarios para que hagamos lo propio.El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Esperamos turno, señor Presidente. Queremos subir a tribuna, gracias.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Espera su turno. Gracias, diputado.

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ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibió proposición con punto de acuerdo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa, en coordinación con el gobierno del estado de México y el municipio de Tecámac, verifique el cumplimiento de la norma oficial NOM-083 SEMARNAP-2003 en el relleno sanitario Waste Co. México.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, en coordinación con el gobierno del estado de México y el municipio de Tecámac, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 en el relleno sanitario Waste Co. México, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, Raúl Leonel Paredes Vega, diputado federa a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. El crecimiento desordenado y la indebida planeación urbana de la mayoría de las ciudades en la República Mexicana, provoca graves problemas ambientales y sociales, que generan diversos desequilibrios en la salud de los seres humanos que habitan dentro de estas concentraciones.

2. La conservación del planeta es imprescindible para la generación y cuidado de la vida, y sin duda alguna requiere de acciones urgentes por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, que contribuyan a la preservación del ecosistema y al goce efectivo de los derechos humanos.

3. El 7 de febrero de 2003, la Secretaría de Ecología del estado de México, por medio de la Dirección de General de Normatividad, por razón del oficio 21203/RESOL/065/03 otorgó a la empresa Waste Co. México, autorización de manera condicionada para la construcción y operación del proyecto denominado ``Relleno Sanitario Waste Tecámac'', a 12 meses y prorrogable a juicio de esta Secretaría.

4. Dicho establecimiento irrumpe la normatividad vigente NOM-083-SEMARNAT-2003, disposición que establece las especificaciones de selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales y de manejo especial, sin embargo, el relleno sanitario se ubica a escasos centímetros de pozos de agua potable, zonas habitacionales y escuelas.

5. La escasa supervisión y control por parte de las instancias correspondientes, genera y generará daños irreversibles a la salud pública y al ecosistema.

6. El impacto ambiental de un relleno sanitario, se produce por una sustancia denominada lixiviado, contaminante que se forma por la reacción conjunta de agua u otra sustancia liquida con los residuos sólidos, producto de la descomposición anaeróbica y es la principal fuente de contaminante del acuífero, subsuelo, el biogás y el aire.

7. Existen disposiciones de organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Saludo (OMS), que establecen que ``no debería construirse ni establecerse ninguna fuente de contaminación, tal como un relleno sanitario, en un radio de 1000 metros a la redonda de una escuela. Pues los niños están predispuestos a diversas enfermedades a causa de los elevados niveles de substancias que respiran al estudiar y jugar cerca de basureros o rellenos sanitarios, está comprobado que el medio ambiente es un factor determinante en la salud infantil y desarrollo integral de toda la población.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el gobierno del estado de México y el municipio de Tecámac, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial NOM-083-SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario Waste Co. México y, en caso contrario, tomar las medidas correctivas y legales que procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.--- Dip. Raúl Paredes Vega (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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HURACAN
STANEl Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Patricia Durán Reveles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del sureste mexicano a fin de que se lleve a cabo una revisión del proceso de reconstrucción de zonas afectadas por el huracán Stan.La diputada Patricia Durán Reveles: Con su permiso, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos del sureste mexicano a revisar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan.

Patricia Elisa Durán Reveles, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los desastres naturales son alteraciones intensas del ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de responsabilidad de la comunidad afectada.

Los efectos de los desastres naturales pueden amplificarse debido a una mala planificación de asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta temprana.

Por ello, el impacto de los fenómenos naturales difícilmente es previsible. En nuestro país se tiene gran experiencia en el manejo de desastres. Sin embargo, en algunos casos nos empeñamos en repetir la misma historia: esperar el acontecimiento y después actuar.

En la pasada temporada de huracanes, una zona importante del sureste mexicano resultó afectada de forma dramática en la infraestructura. Con ello, la población de diversos estados vio gravemente dañados su patrimonio y su calidad de vida. A cuatro meses de lo acontecido, vemos con preocupación que importantes localidades del sureste mexicano aún se encuentran en franco deterioro y la ayuda obligada por parte de las autoridades correspondientes está lejos de satisfacer las necesidades más urgentes de gran parte de los ciudadanos afectados.

A pesar de la implementación de diversos programas enmarcados en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 y de la instrucción presidencial de ofrecer los apoyos necesarios, como resultado del huracán Stan se puede constatar el atraso en los trabajos de reconstrucción en diversas localidades y la marginación que la población afectada por este fenómeno natural aún sufre.

En gran medida, los daños causados se registraron en asentamientos irregulares permitidos por las autoridades locales y provocados por las zonas de marginación y pobreza de miles de familias, lo que evidencia que no se están cumpliendo la ley federal y la local en la materia, el Programa Nacional ni el Plan de Desarrollo Urbano de los estados.

Esta situación ha derivado en que en las zonas afectadas se obligue a la población a mantenerse en el mismo lugar identificado como zona de alto riesgo, lo que pone en mayor peligro su integridad física y los pocos bienes que aún conservan, como se ha hecho del conocimiento de la opinión pública en recientes días a través de un noticiario de cobertura nacional. Por ello es necesario recordar que deben tomarse en cuenta las características orográficas de las zonas dañadas y no permitir nuevos asentamientos en zonas consideradas de riesgo.

Ante esta situación es imprescindible que los tres niveles de gobierno se comprometan a cumplir los instrumentos jurídicos y las políticas establecidas para atender con urgencia a los habitantes de las zonas afectadas por los recientes fenómenos naturales, así como no seguir permitiendo la presencia de los afectados en dichas zonas y desarrollar una cultura preventiva en el marco del Programa de Desastres Naturales en Zonas Urbanas y Rurales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de los estados del sureste mexicano a fin de que se lleve a cabo una revisión del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan; asimismo, eviten nuevos asentamientos en zonas de riesgo e incrementen las acciones de protección civil y desarrollen una cultura de prevención de desastres naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2006.--- Dip. Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría que dé lectura a la solicitud del diputado Francisco Herrera León que acaba de presentar en este momento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Diputada federal Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, Francisco Herrera León, diputado federal por el estado de Tabasco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en atención a los artículos 23, fracciones f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia temporal: del día 16 de marzo al 9 de abril del año en curso con el objeto de atender asuntos de carácter personal.

Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente licencia temporal.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 marzo de 2006.--- Dip. Francisco Herrera León (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

``Único. Se concede licencia al diputado Francisco Herrera León para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el I distrito del estado de Tabasco, del 16 de marzo al 9 de abril del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese. De igual manera, esta Presidencia acaba de recibir un comunicado de la Junta de Coordinación Política. Ruego a la Secretaría que dé cuenta de este comunicado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Que el diputado Leonardo Álvarez Romo sustituya al diputado Antonio González Roldán como secretario en la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada.

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FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA - BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de la Función Pública para que investigue los excesos en el desempeño de las funciones en que ha incurrido el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público en torno a la venta de la cartera vencida de los ex trabajadores de Financiera Nacional Azucarera, SNC, y Banrural, SNC.La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: la suscrita, Sofía Castro Ríos, diputada federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a su consideración esta proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente exposición de motivos

La pérdida del patrimonio de un trabajador por el uso de las funciones y la insensibilidad de más de un funcionario público es característica de este gobierno, no importa que se violen los derechos de un empleado, ganados durante muchos años. Es el caso del director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Ángel Álvarez Alonso, que haciendo caso omiso de los acuerdos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la opinión de la Cámara de Diputados en torno de la liquidación de Nacional Financiera Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, y del Banrural, Sociedad Nacional de Crédito.

Este proceso de liquidación de Fina inició en agosto de 2000, con el dictamen de la entonces Comisión Intersecretarial de Desincorporación; contemplaba, entre otras cosas, 40 ingenios, con saldos en cartera de 15 mil 253 millones de pesos; 98.8 por ciento estaba documentado en Udi.

De éstos, 12 mil 577 millones de pesos correspondían a cartera vigente y 2 mil 576 millones a cartera vencida. También se desincorporaba el costo de la jubilación de empleados, así como la jubilación y la liquidación de otros. Los ahora ex empleados de Fina y del Banrural, Sociedad Nacional de Crédito, actualmente en proceso de liquidación, han elevado su indignación y preocupación por la arbitraria e ilegal decisión de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, SAE, de vender la cartera de créditos que ex empleados tienen con estas instituciones financieras a una empresa particular, denominada Monetización de Activos, SA de RL de CV, poniendo en riesgo el patrimonio de centenas de familias.

Los adeudos contraídos por estos ex empleados se derivan de las prestaciones laborales que les otorgaban esas instituciones para la adquisición de bienes inmuebles u otros bienes muebles, los cuales quedaban como garantía de dicho préstamo. Por tanto, y considerando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no emitió opinión conforme lo prevé el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, someto a consideración de esta H. Asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de la Función Pública para que investigue los excesos en el desempeño de las funciones en que ha incurrido el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se audite la sospechosa venta de la cartera vencida de los ex empleados del Banrural, Sociedad Nacional de Crédito, y Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito.

Segundo. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita su opinión a fin de determinar si en la venta de la cartera vencida de los ex empleados del Banrural, Sociedad Nacional de Crédito, y Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, se violó o no la normatividad expresa en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Es cuanto, señor Presidente; espero que la someta a consideración de urgente y obvia resolución, como fue planteado inicialmente. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de la Función Pública para que investigue los excesos en el desempeño en que ha incurrido el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público en torno a la venta de la cartera vencida de los ex trabajadores de Financiera Nacional Azucarera, SNC, y Banrural, SNC, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La pérdida del patrimonio de un trabajador por el abuso en las funciones y la insensibilidad de más de un funcionario público son características de este gobierno. No importa que se violen los derechos de un empleado ganados durante años. Es el caso del director general de Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez Alonso, que haciendo caso omiso de los acuerdos de la Secretaría de Hacienda y la opinión de la H. Cámara de Diputados en torno a la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, SNC (Fina), y Banrural, SNC.

Este proceso de liquidación de Fina, SNC, que inició en agosto del año 2000, con el dictamen de la entonces ``Comisión Intersecretarial de Desincorporación'' contemplaba entre otras cosas, 40 ingenios con saldos en cartera de 15 mil 253 millones de pesos, el 98.8% estaba documentado en Udi. De estos, 12 mil 577 millones correspondían a cartera vigente y 2 mil 576 millones a cartera vencida.

También se incorporaban el costo de la jubilación de empleados, así como la liquidación de otros.

Los ahora ex empleados de Fina, SNC, y Banrural, SNC, actualmente en proceso de liquidación, han elevado su indignación y preocupación por la arbitraria e ilegal decisión de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes del sector Público (SAE) de vender la cartera de créditos, que ex empleados tienen con esas instituciones financieras, a una empresa particular denominada Monetización de Activos, SRL de CV, poniendo en riesgo el patrimonio de centenas de sus familias.

Los adeudos contraídos por estos ex empleados se derivan de las prestaciones laborales que les otorgaban estas instituciones para la adquisición de bienes inmuebles u otros bienes muebles, los cuales quedaban como garantía de dicho préstamo.

A partir de este proceso de liquidación de las instituciones, también se liquidó a la planta laboral. No obstante la falta de empleos, pese a su experiencia, les ha sido difícil conseguirlo, lo que ha ocasionado que no cumplen con el pago de sus créditos, situación que les ha hecho caer en ``cartera vencida''.

No obstante, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, se señala que ``las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, mediante reglas de carácter general, autorizar excepciones a este artículo. Hasta donde se sabe la CNBV no autorizó ninguna cesión de la cartera de los ex empleados de Fina, SNC, y Banrural, SNC.

El director general del SAE y ex director del Fideicomiso de Liquidación (Fideliq) no avisó antes a los ex empleados y menos notificó el derecho de preferencia del tanto, para ver si los ex empleados podían cubrir su adeudo, no obstante que previamente habían formulado una propuesta para ese fin.

Por ello, resulta sospechoso que incluso esta cartera se haya vendido a un precio mucho menor al que habían propuesto los ex empleados.

Se sabe que en promedio cada uno de los créditos de Fina, SNC, se vendió en la cantidad de 15 mil pesos en una cartera que incluye 190 créditos hipotecarios, con la garantía del inmueble (casa habitación) a un precio ponderado de 500 mil pesos. Es decir, la Cartera se vendió en poco menos de 3 millones de pesos, con un valor de casi 100 millones de pesos.

Esta es una práctica, misma a la que la familia presidencial, como lo hemos documentado, no es ajena. Parece que el camino lo han aprendido muy bien, no importando que miles de familias pierdan su patrimonio familiar por estas actitudes no exentas de corrupción.

Por lo anterior es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de la Función Pública para que investigue los excesos en el desempeño de las funciones en que ha incurrido el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se audite la sospechosa venta de la cartera vencida de los ex empleados de Banrural, SNC, y Financiera Nacional Azucarera, SNC.

2. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su opinión a fin de determinar si en la venta de la cartera vencida de los ex empleados de Banrural, SNC, y Financiera Nacional Azucarera, SNC, se violó o no la normatividad expresa en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero del 2006.--- Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como ha solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión la proposición. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; el asunto lo considera suficientemente discutido. Y ruego a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada; comuníquese. Ruego a la Secretaría que dé cuenta con los asuntos en cartera o con el orden del día para la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de marzo de 2006.

Sesión solemne de Congreso General para conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas don Benito Juárez García.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia final.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia final.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de jóvenes de la Universidad de Guanajuato que están arribando a este recinto, invitados de nuestro compañero vicepresidente Francisco Arroyo Vieyra. Sean ustedes bienvenidos. Ruego a la Secretaría que dé el cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz,

La diputada Concepción Cruz García (desde la curul): Presente.

La diputada Araceli Velázquez Ramírez (desde la curul): Presente.

El diputado Pedro Gustavo Cabrera Rivero (desde la curul): Presente.

El diputado César Augusto Carrasco Gómez (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, hay una asistencia final de 330 diputadas y diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 15:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la sesión solemne de Congreso General, para conmemorar el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, el martes 21 de marzo, a las 17:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 15: 00 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 57 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 262 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 330 diputados.

Verificación de quórum: 335 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 330 diputados.

Diputados que solicitan licencia: 8.

Diputados que se reincorporan: 3.

Diputados suplentes que se incorporan: 4.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 13.

Puntos de acuerdo, aprobados: 1.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 4.

Declaratoria que reforma los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tema para posicionamientos de grupos parlamentarios: 1.

Oradores en tribuna: 22 PRI-6, PAN-9, PRD-4, PVEM-1, PT-1, Conv-1.

Se recibió:

2 comunicaciones de los Congresos de los estados de Jalisco y Michoacán;

2 invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, para asistir a ceremonias cívicas conmemorativas;

4 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que propone cambios en la integración de las Comisiones de: Desarrollo Metropolitano; la Función Pública; Marina; y la Especial para la Reforma del Estado;

2 oficios de la Secretaría de Seguridad Pública;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la sesión solemne del Congreso General en conmemoración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García;

4 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

1 minuta con proyecto de declaratoria que reforma los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 minuta proyecto de ley para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional;

3 minutas proyectos de ley;

4 iniciativas del PRI;

6 iniciativas del PAN;

2 iniciativas del PRD;

4 iniciativas del PVEM.

Dictámenes de primera lectura:

1 de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos;

1 de las Comisiones Unidas de Energía y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados;

1 de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria;

1 de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria;

1 de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal;

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas; y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente;

1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respectivamente;

1 de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a realizar las acciones necesarias a efecto de atender el conflicto de tierras que enfrenta la comunidad indígena Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato;

1 de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, atienda y resuelva el asunto relativo a la problemática en el poblado Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California;

1 de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del Servicio Postal Mexicano, se emita una estampilla conmemorativa del Bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alemán Migliolio, Gonzalo (PRI) Importación de leche en polvo: 45

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) IV Foro Mundial del Agua: 67

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Orden del día: 212 desde curul

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Servicio Postal Mexicano: 48

Brugada Molina, Clara Marina (PRD) IV Foro Mundial del Agua: 68

Candelas Salinas, Rafael (PRD) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 155

Castro Ríos, Sofía (PRI) Financiera Nacional Azucarera - Banco Nacional de Crédito Rural: 215

Cruz Martínez, Tomás (PRD) Ferrocarriles Nacionales de México: 46

Cruz Martínez, Tomás (PRD) Servicio Postal Mexicano: 48

Delgadillo González, Claudia (PRI) Ley Federal del Trabajo: 173

Durán Reveles, Patricia Elisa (PAN) Huracán Stan: 213

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Ley General de Cultura Física y Deporte: 185

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) IV Foro Mundial del Agua: 66

González González, Ramón (PAN) Importación de leche en polvo: 45

González Orantes, César Amín (PRI) Código Penal Federal: 148

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorra- dores: 152

Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 149

Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Ley Orgánica del Congreso: 141

Penagos García, Sergio (PAN) Ley del Impuesto sobre la Renta: 193

Perdomo Bueno, Juan Fernando (Conv) IV Foro Mundial del Agua: 65

Rodríguez y Pacheco, Alfredo (PAN) IV Foro Mundial del Agua: 69

Sánchez de la Peña, Rodrigo (PAN) Artículo 16 constitucional: 179

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 162

Torres Hernández, Marco Antonio (PRI) IV Foro Mundial del Agua: 70 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arevalo Gallegos Daniel Raúl Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Cabrera Rivero Pedro Gustavo Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrasco Gómez César Augusto Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Montenegro Benito Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Córdova Martínez Julio César Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami Dávila Salinas Norma Violeta Del Valle Reyes Guillermo Delgadillo González Claudia Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez Homero Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Hernández Bustamante Benjamín Fernando Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez Hernández Aldo Mauricio Martínez López Gema Isabel Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Ortega Ramírez Heriberto Enrique Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Retamoza Vega Patricia Elena Rincón Chanona Sonia Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez Guardado Norma Patricia Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez Jesús Tolentino Rosales Olmos Samuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Vega Ofelia Saenz López Rosario Salazar Macías Rómulo Isael Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez Vázquez Modesta Vega Carlos Bernardo Vega y Galina Roberto Javier Velázquez Ramírez Aracelí Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villegas Arreola Alfredo Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 120 Asistencias por cédula: 8 Asistencias comisión oficial: 5 Permiso Mesa Directiva: 25 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 44 Total diputados: 202 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández Huberto Alexander Rábago Rubén Maximiliano Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Castillo Reyes María Eugenia Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Colín Gamboa Roberto Córdova Villalobos José Angel Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Mejía Rogelio Alejandro Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Alejo Ana Luz Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Saldaña Hernández Margarita Sánchez De La Peña Rodrigo Sánchez Pérez Rafael Saucedo Moreno Norma Patricia Sierra Zúñiga Miguel Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Varela Hall Juan Alejandro Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Asistencias: 100 Asistencias por cédula: 4 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 19 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 22 Total diputados: 148 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Avilés Nájera Rosa María Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chávez Castillo César Antonio Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Ochoa Juan José García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Guillén Zárate Edith Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Meza Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Torres Marcos Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Ordoñez Hernández Daniel Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Ramos Hernández Emiliano Vladimir Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Cuadros Enrique Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Asistencias: 47 Asistencias por cédula: 7 Asistencias comisión oficial: 4 Permiso Mesa Directiva: 25 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 13 Total diputados: 96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Arias Staines María de la Luz Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Legorreta Ordorica Jorge Mazoy Kuri José Luis Méndez Salorio Alejandra Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 8 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 4 Total diputados: 17 PARTIDO DEL TRABAJO Vázquez González Pedro Asistencias: 0 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 4 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Martínez Álvarez Jesús Emilio Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 DIPUTADOS SIN PARTIDO Arechiga Santamaría José Guillermo Carrillo Guzmán Martín Clouthier Carrillo Tatiana Moreno Ramos Gustavo Reyes Retana Ramos Laura Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Sagahon Medina Benjamín Total diputados: 8 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguirre Rivero Ángel Heladio Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcocer García Roger David Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arias Martínez Lázaro Bazan Flores Omar Buendía Tirado Ángel Augusto Chuayffet Chemor Emilio David David Sami Delgadillo González Claudia Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Flores Rico Carlos Galindo Jaime Rafael García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Guerra Castillo Marcela Jiménez Macías Carlos Martín Laguette Lardizábal María Martha Mazari Espín Rosalina Mejía González Raúl José Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Nava Altamirano José Eduviges Nazar Morales Julián Ortega Ramírez Heriberto Enrique Pano Becerra Carlos Osvaldo Pedraza Martínez Roberto Ponce Beltrán Esthela de Jesús Ramírez Puga Leyva Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rodríguez Cabrera Oscar Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez Jesús Tolentino Rosales Olmos Samuel Salazar Macías Rómulo Isael Scherman Leaño María Esther de Jesús Vega y Galina Roberto Javier Faltas por grupo: 44 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Alexander Rábago Rubén Maximiliano Álvarez Mata Sergio Bárcenas González José Juan Blanco Becerra Irene Herminia De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Döring Casar Federico Eppen Canales Blanca González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Herrera Tovar Ernesto López Mena Francisco Xavier Mendoza Ayala Rubén Osorio Salcido José Javier Pérez Moguel José Orlando Ramírez Luna María Angélica Ríos Murrieta Homero Sacramento Garza José Julián Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Triana Tena Jorge Userralde Gordillo Leticia Socorro Faltas por grupo: 22 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Álvarez Pérez Marcos Casanova Calam Marbella Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás Diego Aguilar Francisco Ferreyra Martínez David García Solís Iván Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Manzano Salazar Javier Martínez Meza Horacio Tentory García Israel Ulloa Pérez Gerardo Faltas por grupo: 13 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Arias Staines María de la Luz Ávila Serna María Méndez Salorio Alejandra Piña Horta Raúl Faltas por grupo: 4 CONVERGENCIA Martínez Álvarez Jesús Emilio Faltas por grupo: 1 DIPUTADOS SIN PARTIDO Sagahon Medina Benjamín Faltas por grupo: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arevalo Gallegos, Daniel Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Cabrera Rivero, Pedro Gustavo Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrasco Gómez, César Augusto Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Dávila Salinas, Norma Violeta Del Valle Reyes, Guillermo Delgadillo González, Claudia Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez, Homero Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Mendívil Morales, Guadalupe Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Retamoza Vega, Patricia Elena Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Guardado, Norma Patricia Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Rosales Olmos, Samuel Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ruiz Vega, Ofelia Sáenz López, Rosario Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez Vázquez, Modesta Vega Carlos, Bernardo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Velázquez Ramírez, Araceli Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castillo Reyes, María Eugenia Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Alejo, Ana Luz Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Saldaña Hernández, Margarita Sánchez de la Peña, Rodrigo Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sierra Zuñiga, Miguel Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Varela Hall, Alejandro Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo Guillén Quiroz, Ana Lilia Guillén Zarate, Edith Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Arias Staines, María Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Mazoy Kuri, José Luis Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Arechiga Santamaría, José Guillermo Camarillo Zavala, Isidro Carrillo Guzmán, Martín Clouthier Carrillo, Tatiana Moreno Ramos, Gustavo Reyes Retana Ramos, Laura Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Sagahon Medina, Benjamín PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arevalo Gallegos, Daniel Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Cabrera Rivero, Pedro Gustavo Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrasco Gómez, César Augusto Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Dávila Salinas, Norma Violeta Del Valle Reyes, Guillermo Delgadillo González, Claudia Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez, Homero Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Mendívil Morales, Guadalupe Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Retamoza Vega, Patricia Elena Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Guardado, Norma Patricia Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Rosales Olmos, Samuel Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ruiz Vega, Ofelia Sáenz López, Rosario Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez Vázquez, Modesta Vega Carlos, Bernardo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Velázquez Ramírez, Araceli Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castillo Reyes, María Eugenia Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Alejo, Ana Luz Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Saldaña Hernández, Margarita Sánchez de la Peña, Rodrigo Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sierra Zuñiga, Miguel Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Varela Hall, Alejandro Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo Guillén Quiroz, Ana Lilia Guillén Zarate, Edith Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Arias Staines, María Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Mazoy Kuri, José Luis Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Arechiga Santamaría, José Guillermo Camarillo Zavala, Isidro Carrillo Guzmán, Martín Clouthier Carrillo, Tatiana Moreno Ramos, Gustavo Reyes Retana Ramos, Laura Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Sagahon Medina, Benjamín PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arevalo Gallegos, Daniel Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Cabrera Rivero, Pedro Gustavo Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrasco Gómez, César Augusto Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Dávila Salinas, Norma Violeta Del Valle Reyes, Guillermo Delgadillo González, Claudia Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez, Homero Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Mendívil Morales, Guadalupe Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Retamoza Vega, Patricia Elena Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Guardado, Norma Patricia Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Rosales Olmos, Samuel Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ruiz Vega, Ofelia Sáenz López, Rosario Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez Vázquez, Modesta Vega Carlos, Bernardo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Velázquez Ramírez, Araceli Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castillo Reyes, María Eugenia Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Alejo, Ana Luz Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Saldaña Hernández, Margarita Sánchez de la Peña, Rodrigo Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sierra Zuñiga, Miguel Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Varela Hall, Alejandro Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo Guillén Quiroz, Ana Lilia Guillén Zarate, Edith Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Arias Staines, María Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Mazoy Kuri, José Luis Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Arechiga Santamaría, José Guillermo Camarillo Zavala, Isidro Carrillo Guzmán, Martín Clouthier Carrillo, Tatiana Moreno Ramos, Gustavo Reyes Retana Ramos, Laura Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Sagahon Medina, Benjamín PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arevalo Gallegos, Daniel Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Cabrera Rivero, Pedro Gustavo Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrasco Gómez, César Augusto Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Dávila Salinas, Norma Violeta Del Valle Reyes, Guillermo Delgadillo González, Claudia Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez, Homero Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Mendívil Morales, Guadalupe Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Retamoza Vega, Patricia Elena Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Guardado, Norma Patricia Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Rosales Olmos, Samuel Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ruiz Vega, Ofelia Sáenz López, Rosario Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez Vázquez, Modesta Vega Carlos, Bernardo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Velázquez Ramírez, Araceli Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castillo Reyes, María Eugenia Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Alejo, Ana Luz Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Saldaña Hernández, Margarita Sánchez de la Peña, Rodrigo Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sierra Zuñiga, Miguel Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Varela Hall, Alejandro Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo Guillén Quiroz, Ana Lilia Guillén Zarate, Edith Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Arias Staines, María Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Mazoy Kuri, José Luis Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Arechiga Santamaría, José Guillermo Camarillo Zavala, Isidro Carrillo Guzmán, Martín Clouthier Carrillo, Tatiana Moreno Ramos, Gustavo Reyes Retana Ramos, Laura Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Sagahon Medina, Benjamín PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arevalo Gallegos, Daniel Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Cabrera Rivero, Pedro Gustavo Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrasco Gómez, César Augusto Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Montenegro, Benito Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami Dávila Salinas, Norma Violeta Del Valle Reyes, Guillermo Delgadillo González, Claudia Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez, Homero Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez Hernández, Aldo Martínez López, Gema Isabel Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Mendívil Morales, Guadalupe Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortega Ramírez, Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Retamoza Vega, Patricia Elena Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Guardado, Norma Patricia Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Rosales Olmos, Samuel Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ruiz Vega, Ofelia Sáenz López, Rosario Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez Vázquez, Modesta Vega Carlos, Bernardo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Velázquez Ramírez, Araceli Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castillo Reyes, María Eugenia Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Alejo, Ana Luz Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Saldaña Hernández, Margarita Sánchez de la Peña, Rodrigo Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sierra Zuñiga, Miguel Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Varela Hall, Alejandro Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo Guillén Quiroz, Ana Lilia Guillén Zarate, Edith Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mójica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Hernández, Emiliano Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Arias Staines, María Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Mazoy Kuri, José Luis Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Arechiga Santamaría, José Guillermo Camarillo Zavala, Isidro Carrillo Guzmán, Martín Clouthier Carrillo, Tatiana Moreno Ramos, Gustavo Reyes Retana Ramos, Laura Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Sagahon Medina, Benjamín