DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputada María Marcela González Salas y Petricioli	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 28 de marzo de 2006	Sesión No. 19

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (a las 11:16 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de marzo de 2006.

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De los diputados Jacobo Sánchez López, Margarita Martínez López, Valentín González Bautista, Quintín Vázquez García y Sergio Chávez Dávalos.

Del diputado Roberto Vega y Galina.

Protesta de ciudadanas diputadas Isabel Carmelina Cruz Silva y Kerimme Isabel Suro Barbosa.

De la Presidenta de la Mesa Directiva.

De los Congresos de Baja California Sur, de Michoacán y de Puebla.

Del gobierno del estado de México.

De la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

De Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad con la movilización de cientos de miles de migrantes que han participado en las manifestaciones en ciudades de Estados Unidos de América contra la criminalización de los trabajadores migrantes. (Votación)

Por el que se amplía la vigencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, hasta el 31 de agosto de 2006. (Votación)

Por el que se amplía la vigencia de la Comisión Especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala, hasta el 31 de agosto de 2006. (Votación)

Por el que la H. Cámara de Diputados condena la violación de la soberanía del recinto legislativo de San Lázaro. (Votación)

Por el que se amplía la vigencia de la Comisión Especial encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos. (Votación)

Iniciativa del Congreso de Oaxaca

Que adiciona una fracción VI al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Educación Pública

Remite información relativa al padrón de beneficiarios de los programas de becas e intercambio administrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge Carrillo Ramírez, América Enríquez Castillejos y Lázaro Romero Gómez puedan prestar servicios en las Embajadas de Colombia y del Estado de Israel en México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Minutas

Con proyecto de decreto, que expide la Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 212, 224 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 75 a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley Reglamentaria del Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1, 3, 25, 27, 29, 49, 73, 76, 78, 80, 107, 116, 125 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6 y 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sergio Álvarez Mata y Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 230 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4o. de la Ley Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 5o., y la actual fracción XI pasa a ser la XII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111, y adiciona una fracción VIII al artículo 2o. de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 419, 420 y 421, y adiciona el artículo 421 Bis, todos de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre ``Instituto Politécnico Nacional''.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de Ley de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

De la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que expide la Ley de la Academia Mexicana de la Lengua.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a incrementar el número de guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipas.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible comisión de delitos en la integración de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Michoacán.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública para investigar a las instituciones involucradas en el programa Emprendedores con Discapacidad.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 193 Bis 1, 193 Bis 2 y 193 Bis 3 a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 304 y adiciona el artículo 304 E de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el punto uno del artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que la Profeco solicite al Gobierno Federal suspenda toda publicidad que tenga la frase ``Si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer'' por ser una afirmación engañosa, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, investigue el proceso de enajenación de la Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; asimismo, se solicita a la ASF conozca y sancione los resultados de dicho proceso de enajenación, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República ratifique la Convención Internacional sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los Estados de la Federación, a sus ayuntamientos y al GDF, adecuen sus legislaciones y reglamentaciones en materia de regulación de festejos taurinos, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, realice una auditoria a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a efecto de determinar las posibles responsabilidades del director general, al excluir de sus procesos de licitación pública a la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al GDF, emitan la declaratoria de zona arqueológica de Tlatelolco, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Subcomisión de Examen Previo de esta soberanía, emita la resolución a la denuncia de juicio político contra Luis Pazos de la Torre por las irregularidades en la asignación y utilización de recursos públicos destinados al Comité Provida, AC, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, a cargo de la diputada Martha Lucia Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, condone el pago por obtención de pasaportes y se disminuyan los requisitos a favor de los mexicanos que tengan un compromiso de trabajo en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, gobiernos estatales y municipios a incorporar tecnologías de la información y comunicación en la gestión administrativa, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, incorpore a un médico geriatra en todos los hospitales, clínicas y centros de salud, a cargo de la diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al GDF, emitan la declaratoria de zona arqueológica de Cuicuilco, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, realice los estudios necesarios para decretar a la Laguna de Yuriria, Guanajuato, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Rangel Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al INAH y al Gobierno del Estado de México, emitan la declaratoria de zona arqueológica del albarradón o calzada dique de Ecatepec de Morelos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades con el objeto de que los trabajadores de la Empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, reciban el pago que les adeuda la empresa Southern Perú Copper Corp., que actúa como patrón sustituto, y que esta soberanía cree una Comisión Especial que se encargue de coadyuvar junto con las autoridades gubernamentales, la investigación respectiva, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la SEP y la Profeco, eliminen del ``Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de Información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los Particulares'' el concepto de cobro por reinscripción, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección del Fifonafe, elabore y presente un diagnóstico objetivo sobre la situación financiera, administrativa y operativa del fideicomiso, así como exhortar a la SRA, dote de recursos financieros fiscales para su adecuado funcionamiento y respete los derechos laborales de sus trabajadores, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, realice una auditoría al H. ayuntamiento del municipio de Uruapan, Michoacán, durante la administración pública municipal 2002-2004, respecto al ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales, en sus diferentes ramos y programas, a cargo del diputado Carlos Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobernadores de los estados, abstenerse en participar activamente en las campañas de los candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, amplíe el plazo para el registro de beneficiarios del Fondo de Contingencia para el Apoyo a los ex Braceros del periodo 1942-1946 y un nuevo periodo de empadronamiento, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF realice las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en la campaña de promoción del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud no efectúe el cambio de sede anunciado del Hospital Psiquiátrico Infantil, hasta que no se informe a esta soberanía los detalles del proyecto, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación a las elecciones federales de 2006 en el Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT expida permisos provisionales al momento de acudir a tramitar el permiso o alta de unidades, para la prestación de servicio público de autotransporte federal, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se aplique la tarifa 1F en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión revisora que tenga por objeto conocer el destino que se le dio al fideicomiso creado en 1988, a favor de los trabajadores de las Empresas Mexicana de Cobre, Mexicana de Ácido Sulfúrico, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Santa María Huatulco y estatales de Oaxaca, así como a las autoridades federales, para que otorguen los servicios urbanos indispensables a los habitantes del poblado de la Bahía de San Agustín en Huatulco, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal deje sin efectos el convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía constituya una Comisión Especial para la Implementación Interna del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía cancele la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, a cargo de la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a las autoridades Consulares Mexicanas en Estados Unidos, lleven a cabo una defensa activa de los Derechos Consulares de los Mexicanos y exigir la reparación que corresponda en los casos de violaciones flagrantes, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH, permita la introducción a las zonas arqueológicas de instrumentos musicales, sahumerios de copal, plumas y todos aquellos objetos ceremoniales, cuya función sea la promoción, práctica y preservación de las tradiciones culturales de México, suscrita por los diputados Leonardo Álvarez Romo y Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la Sedesol, a la SHCP, a la SEP, a la Secretaría de Salud, a la STPS, al DIF y a la CNDH, inicien una campaña de difusión nacional de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Agua del estado de México, evite el uso faccioso del suministro de agua al Municipio de Toluca y exhortar al Gobernador de esa entidad, revise el contenido del Código Fiscal de la entidad y elimine las medidas que resulten invasoras de las facultades del Poder Legislativo Federal y se revisen los cobros que se pretenden realizar por bombeo del agua en bloque del sistema Cutzamala, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la ASF, instruya a la ASF audite el ejercicio 2005 y lo que va de 2006, de los recursos del Programa denominado Fondo para Atender a la Población Rural afectada por Contingencias Climatológicas, en el estado de Quintana Roo, entre otros, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director de la Conagua, a que explique las acciones operativas y administrativas por las que se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, en aguas y bienes nacionales, en el trayecto de la Cuenca Lerma Chapala, a cargo de la diputada Modesta Vázquez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana, despenalicen la figura de difamación, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IEEM, investigue las irregularidades en el Consejo Municipal Electoral de Ocoyoacac, estado de México, a cargo del diputado Marcos Álvarez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, remita a esta soberanía los resultados de las investigaciones practicadas relativas a la averiguación previa y de la revisión pormenorizada de la indagatoria que actualmente se realiza al caso Colosio, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, resuelva la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo federal en contra del decreto que expidió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por los diputados Diego Palmero Andrade, Regina Vásquez Saut, Juan Fernando Perdomo Bueno, Marco Antonio Torres Hernández y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, realice mesas de discusión en torno a las casetas de cobro de las autopistas México-Puebla caseta de Chalco y en la autopista México-Pachuca caseta de Ecatepec, a cargo del diputado David Ferreyra Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que, a través de la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas del Sector Petrolero de la Subsecretaría de Ingresos, establezca en la frontera norte de México, un precio tope a la gasolina Pemex Magna, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Contraloría General del Distrito Federal investiguen el abierto proselitismo en favor del candidato Andrés Manuel López Obrador realizado desde el dispensario médico del centro de convivencia Arenal, delegación Venustiano Carranza, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y de la Administración General de Aduanas expliquen a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía las importaciones irregulares de chiles secos de Perú y China, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP y la CFE, realicen un análisis de las tarifas que aplican al servicio eléctrico domestico en el municipio de Mexicali, Baja California, a efecto de establecer un mecanismo de subsidio suficiente para ser ejercido el próximo verano, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, remita al Ejecutivo federal el decreto de supresión de la veda de aguas superficiales y el reglamento de control de la explotación, uso o aprovechamiento de doce cuencas de la región hidrológica 28 Río Papaloapan, para su expedición inmediata, suscrita por los diputados Diego Palmero Andrade, Juan Fernando Perdomo Bueno, Marco Antonio Torres Hernández, Regina Vásquez Saut, Miguel Ángel Llera Bello y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Convergencia. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión de Energía.

A las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Rogelio Rodríguez Javier, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Transportes, de Marina, y de Gobernación, a solicitud del diputado Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Agenda política

Comentarios sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura de la misma, considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de marzo de dos mil seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos setenta y dos diputadas y diputados, a las diez horas con catorce minutos del jueves veintitrés de marzo de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

El Presidente informa del retiro del orden del día de cuatro dictámenes a discusión de la Comisión de Reforma Agraria, y la Asamblea dispensa la lectura del orden en votación económica.

Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita se informe sobre punto de acuerdo presentado respecto al asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y a la vez, minuto de silencio en memoria del político sonorense en el doceavo aniversario de su muerte. La Asamblea guarda un minuto de silencio.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicaciones de los diputados:

José Erandi Bermúdez Méndez, Miguel Ángel Rangel Ávila, Alfonso Moreno Morán, Salvador Márquez Lozornio y José Julio González Garza con las que solicitan licencia para separarse de sus cargos como diputados electos en los distritos: undécimo, décimo quinto, primero y sexto del estado de Guanajuato y en la primera circunscripción, respectivamente. En votación económica, en cada caso, se aprueban los puntos de acuerdo por los que se conceden las licencias y se llama a los suplentes.

Oficio de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las Comisiones correspondientes para su conocimiento

Oficio del Gobierno del Distrito Federal con acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados se reencauce la iniciativa aprobada por ese órgano e impulse la conclusión del procedimiento legislativo de la reforma política del Distrito Federal ante el Congreso de la Unión. Remítase a las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política propone acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar las acciones necesarias a fin de esclarecer los presuntos malos manejos relacionados con el programa Emprendedores con Discapacidad. En votación económica se aprueba, comuníquese.

A las diez horas con treinta y cuatro minutos la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia e informa del registro de trescientos cuarenta y un diputadas y diputados.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción vigésima segunda del artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos diecisiete votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos dieciséis votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo segundo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos veintidós votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos:

A los ciudadanos Vilia Mam Gmora, Hany Nagar Shitrit, Ana Míriam González Catarrivas, Guirza Dowek Dayan, María Luisa Gutiérrez Badillo, Arturo Centeno Sánchez, Rodolfo Garza Hernández y René Ochoa Gayosso, para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.

A los ciudadanos Orquídea Alvarado Briseño, Eduardo Javier García Guillén, Renata Loza Estrada, Francisco Pablo Dosamantes Aguayo, Leticia del Carmen Cerritos Castillo, María Jimena Ruiz Velasco Rea, Paola Fernanda de los Cobos Gomar, Graciela Treviño Espinosa, Mitzy Matamoros Jiménez y Claudia Lizeth Solano Lara, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, sus Consulados en Hermosillo, Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la Agencia Consular en San Miguel de Allende, Guanajuato, respectivamente.

A los ciudadanos Sergio Pérez Cortés, Ramón Alvarado Jiménez, Genaro García Luna y Adolfo Domínguez Martínez para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de España y de Estados Unidos de América, respectivamente.

Son aprobados en lo general y en lo particular por trescientos treinta y un votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para sus efectos constitucionales.

Siete dictámenes con puntos de acuerdo:

De la Comisión de Transportes, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir el compromiso de construir el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora.

De la Comisión de Transportes, para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a aplicar su atención personal a fin de que se ejecute la obra carretera libre a Zapotlanejo, en Jalisco.

De la Comisión de Transportes, para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a programar y ejecutar la ampliación y modernización de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía, en Zacatecas.

De la Comisión de Transportes, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a incorporar en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obligación de contar con un módulo de primeros auxilios y emergencia médica, en beneficio de los usuarios de las instalaciones.

De la Comisión de Transportes, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales y a la Unidad de Autopistas de Cuota a gestionar la reducción del peaje en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

De la Comisión de Transportes, para que el gobierno del estado de México, en coordinación con la Dirección General de Autopistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las acciones necesarias a efecto de ofrecer mayor fluidez, confort y seguridad a los usuarios de la autopista Toluca-Atlacomulco.

De la Comisión de Transportes, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que asignen al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos los recursos necesarios a efecto de iniciar los trabajos de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas

Sin discusión se aprueban en votación económica. Comuníquense.

Comunicaciones de los diputados Juan Carlos Pérez Góngora y Adrián Villagómez García, con las que informan que se reincorporan a sus labores legislativas. De enterado.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo doscientos once de la Ley General de Salud. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Salud.

Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Transportes.

Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Roberto Pedraza Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Gobernación.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo octavo de la Ley de Concursos Mercantiles. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Economía.

Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento diecisiete, ciento veintiuno, ciento veinticinco y ciento veintinueve de la Ley Federal del Trabajo.

Presidencia del diputado Álvaro Elías Loredo

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Francisco Xavier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo sesenta y siete de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo, los diputados:

Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mantenga abierta la consulta del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-cero veintinueve-PESC-dos mil cuatro, ``Pesca responsable de tiburones y rayas''. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Pesca.

Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue los recursos federales que se están enviando al estado de Puebla, y que la Junta de Coordinación Política de esta soberanía forme una comisión especial que dé seguimiento a estos recursos durante el periodo electoral en curso, y solicita se considere de urgente resolución. Desde su curul el diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de otros diputados solicita votación nominal, misma que da por resultado ciento setenta y cuatro votos en pro, ciento cuarenta y seis en contra y seis abstenciones; no se considera de urgente resolución en virtud de no alcanzar la mayoría calificada requerida. Por lo que se refiere a la auditoría, túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y por lo que se refiere a la comisión especial, túrnese a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul el diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, realiza comentarios respecto a la presentación de las proposiciones, a los que el Presidente da respuesta.

Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a visitar los diversos centros de readaptación y las penitenciarías del país para detectar actos que vulneren las garantías individuales de las reclusas. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales implementen programas específicos para atender los problemas relativos a la pobreza urbana. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reinstalen en sus cargos a los profesores Tonatihu Herrera Gutiérrez, Tania Meza y Pablo Vargas, así como respetar cabalmente sus derechos humanos y constitucionales, y solicita se considere de urgente resolución. Desde su curul el diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de otros diputados solicita votación nominal, misma que da por resultado ciento ochenta y tres votos en pro, ciento cuarenta y tres en contra y cuatro abstenciones; no se considera de urgente resolución en virtud de no alcanzar la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Jesús Porfirio González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, que informen a la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía de la suspensión fortuita del servicio de radares en las terminales aéreas y de las medidas que tomarán para evitar dichas irregularidades. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal información relativa a las auditorías practicadas al Fondo de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a investigar posibles anomalías en las condiciones laborales de los trabajadores de Industrial Minera Mexicana, compañía de Grupo México. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, respete la autonomía del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud formar, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, un grupo de especialistas en salud mental que preste atención psicológica a los familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Se turna a la Comisión de Salud.

Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de San Luis Potosí a cumplir el acuerdo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que ordena declarar improcedente la cancelación del registro sindical a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Técnica del estado de San Luis Potosí. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al presidente municipal de Chihuahua informe sobre la obra que se pretende realizar en el fraccionamiento Francisco I. Madero, relativa a la regeneración del cauce del arroyo El Saucito. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Alberto Urcino Méndez Gálvez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los Congresos de los estados, alerten a la ciudadanía por medio de spots de televisión y otros medios, de los fraudes realizados por vía telefónica. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla, reduzca el costo del emplacamiento vehicular. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Luis Treviño Rodríguez a nombre propio y de los diputados Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Reynaldo Valdés Manzo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que practique una revisión a la Secretaría de Economía respecto a su actuación en la importación de leche en polvo, leche fluida y piernas de cerdo y sobre el desechamiento del dictamen de dumping a favor de los porcicultores mexicanos favoreciendo a los productores norteamericanos; asimismo, que intervenga la Secretaría de la Función Pública para que investigue a los funcionarios involucrados. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Comunicaciones de los diputados Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Alfonso Rodríguez Ochoa y Israel Raymundo Gallardo Sevilla, con las que informan que se reincorporan a sus labores legislativas. De enterado.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política, aprobada en votación económica, se incluye en el orden del día acuerdo de la misma, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente el atentado ocurrido en La Paz, Bolivia, el veintidós de marzo del presente año y expresa solidaridad a las familias de las víctimas y al hermano pueblo boliviano. Sin discusión, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Continúan en la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo, los diputados:

Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar o, en su caso, liberar las reservas correspondientes por participación de utilidades a los trabajadores de la empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingenio San Cristóbal, del ejercicio fiscal de dos mil cuatro. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Jesús Aguilar Bueno, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar, por conducto de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación, medidas y programas que presten auxilio y apoyo económico a los municipios de la zona serrana del estado de Chihuahua para afrontar la prolongada sequía y el riesgo inminente de incendios forestales en el área. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

José Luis Treviño Rodríguez a nombre propio y de los diputados Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Reynaldo Valdés Manzo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Dirección General de Aduanas, informen a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y a la Especial de Ganadería de esta soberanía sobre las importaciones de leche en polvo. En votación económica se considera de urgente resolución y a discusión se concede la palabra al diputado Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro. Suficientemente discutido es aprobado en votación económica, comuníquese.

Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública investigue los procedimientos de comercialización del Fideicomiso Comercializador. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar, mediante la Dirección General de Aduanas, las medidas necesarias para aplicar la reforma hecha a la Ley Aduanera referente a los vehículos que hayan tramitado su permiso de internación temporal antes de enero de dos mil seis. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, decrete como área natural protegida el lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Educación Pública, analicen la incorporación del certificado de buena conducta como elemento de corresponsabilidad de los beneficiarios del Programa Oportunidades. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejercer con transparencia los recursos destinados a través del Programa Especial Concurrente en materia de Conservación de Suelos y Agua del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público.

Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se resuelva la inconsistencia entre la Ley de Ingresos de la Federación y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, en materia de montos para proyectos de inversión financiada contratados por la Comisión Federal de Electricidad. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las secretarías correspondientes para enviar un informe detallado de los argumentos que el país empleó en el proceso legal ante el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, relativo a los edulcorantes, denominado ``México-medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas''.Presidencia del diputado Álvaro Elías Loredo

Se turna a la Comisión de Economía.

Enrique Torres Cuadros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias competentes el ingreso de las variedades de semilla contaminada con el hongo Fusarium moniliforme en diversos municipios de Michoacán. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda a nombre propio y de los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Reynaldo Valdés Manzo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que evalúen el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en su responsabilidad de verificar e inspeccionar los productos y subproductos de origen animal que se importan a México. En votación económica se considera de urgente resolución y a discusión se concede la palabra en pro de la propuesta a los diputados: Gonzalo Alemán Migliolo y Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Suficientemente discutido es aprobado en votación económica, comuníquese.

Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a intervenir y solicitar una antena de recepción de telefonía celular para el municipio de Parácuaro, Michoacán. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

Homero Díaz Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y Reynaldo Francisco Valdés Manzo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta soberanía celebra y reconoce la transparencia y apego a la legalidad del reciente proceso electoral en la República de Costa Rica, y exhorta al Ejecutivo federal extienda una invitación al Presidente electo de ese país para que realice una visita de Estado a México. En votación económica se considera de urgente resolución y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Rodrigo Sánchez de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los procuradores General de la República, y de Justicia del estado de México a urgir las investigaciones correspondientes y fincar las responsabilidades penales a que haya lugar sobre los presuntos hechos delictivos ocurridos en fechas recientes en el aeropuerto de Atizapán de Zaragoza, estado de México. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por conducto de su Consejo Técnico, autorizar por única vez a los asegurados adultos mayores para pagar directamente ante el Instituto el tiempo de cotización necesario a fin de acceder a una pensión. En votación económica se considera de urgente resolución y a discusión se concede la palabra en pro de la propuesta a los diputados: Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción nacional, y Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de otros diputados solicita votación nominal, misma que da por resultado trescientos veintitrés votos en pro, ninguno en contra y una abstención; se aprueba. Comuníquese.

Comunicación del diputado David Hernández Pérez, con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado.

María Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que realice auditorías externas a los programas de desarrollo social y sus resultados en el combate a la pobreza y la marginación En votación económica se considera de urgente resolución y a discusión se concede la palabra en pro a la diputada Clara Marina Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido es aprobado en votación económica, comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con seis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintiocho de marzo de dos mil seis a las once horas.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, aprobada, el acta. Solicito a la Secretaría continuar con comunicaciones.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal Jacobo Sánchez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios, a efecto de que se me conceda licencia para separarme de mi cargo constitucional que desempeño, a partir del 28 del presente mes.

Reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración, agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 27 de marzo de 2006.--- Dip. Jacobo Sánchez López (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jacobo Sánchez López para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el IV distrito del estado de Oaxaca, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás, la suscrita diputada Margarita Martínez López, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted respetuosamente, a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación a partir del día 23 de marzo del presente año.

Sin otro particular de momento, le agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 22 de marzo de 2006.--- Dip. Margarita Martínez López (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás, el suscrito diputado Valentín González Bautista, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación a mis actividades a partir del día 1 de abril del 2006.

Sin otro particular por el momento, le agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2006.--- Dip. Valentín González Bautista (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación a mis actividades legislativas a partir del día 28 de marzo de 2006.

Sin otro particular por el momento, le agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 27 de marzo de 2006.--- Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

El suscrito, diputado federal por el 7 distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en el municipio de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el presente me permito informar a usted que han cesado las razones que motivaron mi licencia y, como consecuencia de lo anterior, notifico mi reincorporación a las labores inherentes al cargo del diputado federal a partir del próximo día jueves 30 de marzo de esta anualidad.

Por lo anterior, mucho agradeceré la atención que le otorgue a la presente y se proceda conforme al marco legal y reglamentario aplicable.

Atentamente.

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2006.--- Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterada.

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DIPUTADO QUE SE SEPARA DE GRUPO PARLAMENTARIO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela Gonzalez Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Me permito hacer de su conocimiento que en mi carácter de diputado federal en ejercicio a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, he decidido separarme en forma definitiva del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que solicito a usted que a partir de esta fecha se me considere, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, como diputado independiente, para continuar realizando mis funciones legislativas.

Por lo anterior, y con fundamento en lo señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda para que me sean concedidos los apoyos que las leyes contemplan para poder desarrollar la labor que demanda el cargo de elección popular que desempeño.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a esta comunicación, reiterándole la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 27 de marzo de 2006.--- Dip. Roberto Vega y Galina (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterada; comuníquese.

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DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Isabel Carmelina Cruz Silva y Kerimme Isabel Suro Barbosa, diputadas suplentes, electas en el II distrito del estado de Oaxaca y en el VII distrito del estado de Nuevo León. Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes compañeros diputados y diputadas: Carlos Mireles Morales, Lilia Isabel Aragón del Rivero, Gustavo Cabrera Rivero, Luis Andrés Esteva Melchor, Edith Guillén Zárate, Marcos Álvarez Pérez y Juan Fernando Perdomo Bueno.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se pide a la Comisión cumplir el encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. (...)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadanas Isabel Carmelina Cruz Silva y Kerimme Isabel Suro Barbosa, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Isabel Carmelina Cruz Silva y Kerimme Isabel Suro Barbosa: Sí, protesto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Bienvenidas a su casa.

Continúe la Secretaría con el orden del día por favor.

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DICTAMENES NEGATIVOS - DICTAMENES SOBRE PUNTOS DE ACUERDO QUE SE TIENEN COMO DESAHOGADOS Y ATENDIDOS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo y dictámenes sobre puntos de acuerdo que se tienen como desahogados y atendidos, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Comisión: Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Comisión: Defensa Nacional.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modifique el Reglamento de la Ley del Servicio Militar en los artículos lo., 19, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 58, 107 y 148, asimismo, derogue los artículos 251, 252, 253 y 254 de ese ordenamiento.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Comisión: Defensa Nacional.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construya un asta bandera monumental en la comunidad de Corralejo de Hidalgo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Comisión: Seguridad Social.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores General y Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Comisión: Unidas de Ciencia y Tecnología y de Gobernación.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los Consejos estatales, a apoyar y participar en la realización de la 46a. Olimpiada Internacional de Matemáticas.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Comisión: Turismo.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los Centros Integralmente Planeados.

Fecha de publicación: 17 de marzo.

Comisión: Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos, y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Fecha de publicación: 17 de marzo.

Comisión: Desarrollo Social.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar un programa especial que garantice alimentos para todos.

Fecha de publicación: 17 de marzo.

Comisión: Salud.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a extender y aplicar de manera inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características.

Fecha de publicación: 27 de marzo.

Comisión: Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a respetar los derechos humanos tanto de sus integrantes como de los derechohabientes de dicha institución.

Fecha de publicación: 27 de marzo.

Comisión: Transportes

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de retirar la concesión de la autopista San Martín Texmelucan---Tlaxcala---El Molinito a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV.

Fecha de publicación: 27 de marzo.

Dictámenes sobre Puntos de Acuerdo que se tienen como desahogados.

Comisión: Transportes.

Dictamen por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aclare el grado de avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para el año 2005, a través de proyectos de prestación de servicios, para la construcción de la carretera Apatzingán---Cuatro Caminos, en el estado de Michoacán.

Fecha de publicación: 27 de marzo.

Comisión: Transportes.

Dictamen por el por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Especial para la Competitividad y el Desarrollo Regional, al Presidente del Consejo de Administración de Cintra, SA de CV, para conocer el estado que guarda el proceso de compra---venta de las aerolíneas Aeroméxico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación y Clic.

Fecha de publicación: 27 de marzo.

Comisión: Transportes.

Dictamen por el por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes a que realice las investigaciones y gestiones necesarias para determinar las condiciones y circunstancias en que acaecieron los hechos relacionados con el accidente carretero consistente en el ``encontronazo'' de un autobús de pasajeros identificado con la razón social ``Avituris'', contra un vehículo de carga en el kilómetro 170 del tramo de la carretera Ciudad Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, para determinar los hechos y deslindar responsabilidades y prestar el auxilio y apoyo a las víctimas, personas fallecidas y lesionadas, así como a sus familiares.

Fecha de publicación: 27 de marzo.

Dictámenes sobre Puntos de Acuerdo que se tienen como atendidos.

Comisión: Salud.

Dictamen por el que se considera atendido el punto de acuerdo para solicitar que comparezca el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2, encontradas en nuestro país.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Comisión: Unidas de Asuntos Indígenas, de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional.

Dictamen por el que se considera atendido el punto de acuerdo para que los integrantes de esas Comisiones visiten la región Loxicha y la Sierra Zapoteca, en Oaxaca, e informen sobre la situación en la zona.

Fecha de publicación: 13 de marzo.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortarlas a cumplir el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, les fue turnado para su análisis y dictamen el presente punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones mencionadas a cumplir con el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a nombre del diputado Víctor Suárez Carrera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 28 de septiembre de 2004, el diputado Víctor Suárez Carrera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que, primero, ``se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología, de esta H. Cámara de Diputados a que cumplan a cabalidad con la letra y el espíritu del numeral 226 antes referido del Acuerdo Nacional para el Campo en relación al proceso de elaboración del dictamen relacionado con la minuta proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.'' y segundo, ``en consecuencia, se exhorta respetuosamente a dichas comisiones unidas a llevar a cabo foros y otros procedimientos de consulta amplios, plurales e informados con organizaciones campesinas, de productores y de comunidades indígenas de todo el país en relación a la minuta de la ley en comento''.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con punto de acuerdo en cuestión para su análisis y dictamen por las Comisiones Unidas.

3. Tomando como base los elementos de información disponibles así como la proposición con punto de acuerdo multicitada, las Comisiones Unidas se abocaron a su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

Considerandos

1. La minuta proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados fue sometida en esta Cámara de Diputados a un amplio proceso de consulta de todos los sectores interesados, desde que fue recibida por esta representación nacional y hasta poco antes de su aprobación. Dan cuenta de ello los foros, seminarios, simposios y reuniones que se señalan a continuación:

Foro Nacional de Consulta de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se llevó a cabo el 6 de agosto de 2003 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, convocado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con el propósito de dar cumplimiento al numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo.

Foro sobre Biotecnología y Bioseguridad, realizado el 19 de noviembre de 2003 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el cual fue organizado por las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Salud de esta Cámara de Diputados. Expusieron especialistas en biotecnología y bioseguridad del Instituto de Biotecnología de la UNAM; del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, Unidad Irapuato, y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, y asistieron diputados de las Comisiones dictaminadoras, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales.

Simposio sobre Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 17 de marzo de 2004, y fue organizado por las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de proporcionar a los diputados integrantes de las Comisiones dictaminadoras, la información científica de apoyo para la toma de decisiones respecto de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Reunión sobre la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, realizada en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con representantes de organizaciones de productores agropecuarios, la cual se verificó el día 7 de septiembre de 2004. Dicha reunión se realizó en el auditorio del edificio de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y su objetivo fue exponer el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados relacionado con la minuta mencionada, exponer la situación de la bioseguridad y la biotecnología en México, y abrir el espacio para conocer las opiniones y propuestas de las organizaciones participantes en relación con la minuta.

Foro sobre la minuta con Proyecto de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, organizado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados, y que se realizó el 27 de octubre de 2004. Este foro estuvo dirigido a organizaciones de campesinos y productores interesados en el tema. Dicho foro se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y tuvo como objetivos recabar la opinión de los campesinos y productores sobre la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y dar cumplimiento al numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo.

2. Estos foros contribuyeron de manera importante --junto con otros esfuerzos de trabajo, análisis y discusión- a la modificación de diversos artículos de la minuta en comento, mejorándose sus alcances de protección del medio ambiente, la salud humana y la sanidad animal y vegetal, así como de la regulación de las actividades con organismos genéticamente modificados.

3. El resultado de estos trabajos fue la aprobación, por esta H. soberanía, de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en la sesión plenaria del 14 de diciembre de 2004, remitiéndose ese mismo día a la Colegisladora para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La Cámara de Senadores aprobó la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en los términos en que fue enviada por esta Cámara de Diputados, el 15 de febrero de 2005, enviándola al Ejecutivo federal para su promulgación. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005, y entró en vigor treinta días después de esta fecha.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones dictaminadoras sometemos a consideración de la H. asamblea el presente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología a cumplir con el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados presentada por el Dip. Víctor Suárez Carrera el día 28 de septiembre de 2004.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Germán Martínez Cázares, Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer García, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, José López Medina (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica).

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera, Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Cruz López Aguilar, Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro, secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Heriberto Ortega Ramírez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu, Jesús Morales Flores, Esteban Valenzuela García, Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García, Arturo Robles Aguilar, José Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modifique el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, con la finalidad de cambiar la palabra ``inútiles'' por la expresión ``personas con discapacidad''; y asimismo, que derogue los artículos 251, 252, 253 y 254 de ese ordenamiento

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modifique el Reglamento de la Ley del Servicio Militar en los artículos 1°, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 58, 107 y 148, con la finalidad de cambiar la palabra ``inútiles'' por el de ``personas con discapacidad'', asimismo, derogue los artículos 251, 252 y 253 y 254 de ese ordenamiento, en virtud de que resultan obsoletos de conformidad con el Reglamento de Pasaportes en vigor, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2 fracción VII y tercero del artículo 39; párrafo 6 incisos e), f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 87, 88, 89 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración del Pleno el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

AntecedentesI. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 28 de abril de 2005, el diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo referida. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa en comento para su análisis y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional.

II. Cabe señalar que con anterioridad y en relación directa con dicho punto de acuerdo referido, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 6 de abril de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento y de la Ley del Servicio Militar la cual contenía fines similares a los actualmente propuestos en el punto de acuerdo.

Dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Defensa Nacional. En virtud de que ésta contenía disposiciones que afectaban directamente a las personas con discapacidad y por ser éste un tema de competencia directa de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a sugerencia de la Comisión de Defensa Nacional se solicitó la correspondiente ampliación de turno, trámite que fue dictado por la Mesa Directiva con fecha 10 de junio de 2004.

La iniciativa referida fue dictaminada en sentido negativo por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con fecha 16 de marzo de 2005 y por la Comisión de Defensa Nacional el 19 de abril de 2005, y enviada al Pleno de la Cámara de diputados para sus efectos legislativos correspondientes.

Consideraciones1. Con la proposición con punto de acuerdo se pretende:a) Cambiar el término ``inútil'' por el de ``personas con discapacidad'', por resultar humillante y discriminatorio para dicho grupo de seres humanos.

b) Derogar del Reglamento de la Ley del Servicio Militar la exhibición de la Cartilla del Servicio Militar como requisito para salir del país en virtud de que al haberse aprobado el Reglamento de Pasaportes en fecha 28 de diciembre de 2001, dicho reglamento excluye la Cartilla referida como requisito para obtener el pasaporte otorgado por la Secretaría de Relaciones exteriores.

2. La proposición con punto de acuerdo en comento objeto del dictamen es inexacto en el planteamiento que presenta, debido a que:a) El Servicio Militar Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación que todo mexicano tiene para la defensa de la patria. A mayor abundamiento, de acuerdo a lo establecido por la fracción II del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se le confirió a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras atribuciones, la organización y operación del servicio militar, en este sentido debe crear y establecer acciones tendientes a reclutar y preparar a todos los mexicanos para el servicio de las armas, por lo que la excepción de las personas con discapacidad para este deber no responde a motivos discriminatorios, ya que tiene como único fin contar con conscriptos aptos tanto física como mentalmente.

b) El servicio militar es uno de los mecanismos jurídicos para reclutar integrantes de las Fuerzas Armadas, a fin de poner en las reservas a todos los habitantes que sean aptos para el servicio de las armas y cuando sea el caso, para la movilización de cuantos contingentes sean necesarios para enfrentarse a cualquier peligro exterior y en el momento de ser requeridos, de manera que lleguen al servicio dispuestos y para que su capacitación sea más rápida y eficaz.

c) En consecuencia, el hecho de establecer en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, las condiciones para que todo mexicano por nacimiento o naturalización preste su servicio militar, no tiene por finalidad discriminar y mucho menos atentar contra la dignidad de las personas que por razón de su discapacidad les es imposible cumplir con el servicio militar.

d) Por otra parte, en relación a la aplicación del término ``inútil'' en la Ley del Servicio Militar, cabe señalar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece tres acepciones de dicho término:

inútil.- (Del lat. inutilis).

1. adj. No útil. Aplicado a personas.

2. adj. Dicho de una persona: Que no puede trabajar o moverse por impedimento físico.

3. adj. Dicho de una persona: Que no es apta para el servicio militar.

De lo anterior se desprende, que el término ``inútil'' no tiene una connotación humillante ni como fin denigrar la dignidad de las personas, por el contrario, la tercera acepción, define específicamente el supuesto en el que se encuentran las personas con discapacidad frente al deber de cumplir con esta encomienda, lo que no los excluye de que sus capacidades sean aptas para el desempeño de otro tipo de actividades.

La referida ``inutilidad'', no sólo se aplica a personas con discapacidad, también a personas que no son consideradas como tales, pero que por sus características físicas se ubican en la imposibilidad para la carrera de las armas; particularmente los individuos con pie plano o daltonismo.

e) En la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en sus artículos 4 y 5, se establecen el concepto de discriminación y los supuestos que no serán considerados como conductas discriminatorias respectivamente:

``Artículo 4 Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

...''

``Artículo 5 No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:

I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades;

II. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

III. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y la población en general;

IV. En el ámbito educativo, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

V. Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

VI. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfermedad mental;

VII. Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

VIII. En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.''

Tomando en cuenta que el concepto de discriminación establecido en la ley implica una conducta de impedir, anular el reconocimiento o el ejercicio de derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, es conveniente aclarar que un derecho es susceptible de ejercerse o no.

Ahora bien, el servicio militar es un deber al que todo mexicano está llamado a cumplir, sin embargo a las personas con discapacidad se les exime para el cumplimiento del mismo.

A mayor abundamiento sobre la obligatoriedad del servicio militar, cabe señalar que la Carta Magna en su artículo 31 y la Ley del Servicio Militar en su artículo 1°, establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

``Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

I.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II.- Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar;

III.- Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes''.

Ley del Servicio Militar:

``Artículo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

En caso de guerra internacional, el servicio militar también será obligatorio para los extranjeros, nacionales de los países cobeligerantes de México, que residan en la República.

A los extranjeros que deban prestar servicios militares en México, se les aplicarán, como si fueran mexicanos, todas las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos; exceptuando lo estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o convenios internacionales''.

Asimismo en el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, se le otorga la facultad a la Secretaría de la Defensa Nacional, para eximir del cumplimiento de este deber a quien esté imposibilitado para hacerlo por causas físicas, morales y sociales, previa comprobación de las mismas.``Artículo 10. El reglamento de esta ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades de la defensa nacional''.Por lo tanto, el servicio militar es una obligación a la que debe dar cumplimiento todo mexicano, sin distinción alguna salvo en los casos en que la ley exima de la misma y previa comprobación de la causa, facultad que no es discriminatoria toda vez que no se le priva de ningún derecho a las personas con discapacidad, por el contrario quedan liberados del cumplimiento de un deber.

Por otra parte la fracción V del artículo 5, de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, describe los supuestos que no serán considerados como conductas discriminatorias, mismas entre las que no se encuentra la exención del cumplimiento de un deber, carece de fundamento la afirmación de que las personas con discapacidad sufren de discriminación al privarles del derecho de realizar el servicio militar.

3. Como se ha descrito en el cuerpo del dictamen, las Comisiones Unidas dictaminadoras, de Grupos Vulnerables y de Defensa Nacional para el caso de la iniciativa de fecha 6 de abril de 2004 que buscaba fines similares con el actual punto de acuerdo, presentada por el mismo legislador proponente diputado Omar Ortega Álvarez, al emitir el resolutivo de la iniciativa en sentido negativo, consideraron que no era de aprobarse la reforma a la Ley del Servicio Militar ni al Reglamento.

Ahora bien, la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, versa sobre la misma materia propuesta anteriormente para modificar la Ley del Servicio Militar, sólo que ahora se propone exhortar al titular del Ejecutivo federal a modificar el reglamento de dicha ley. Por tanto, la Comisión de Defensa Nacional considera que no debe emitir un criterio contradictorio al empleado en el dictamen en sentido negativo que elaboró en Comisiones Unidas con la de Grupos Vulnerables.

Cabe señalar en otro aspecto, que si bien es cierto que nuestro Sistema Constitucional y de división de poderes otorga al Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria para proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia las leyes que expida el Congreso de la Unión, esta facultad se limita estrictamente a lo permitido por la ley. En consecuencia, exhortar al Ejecutivo para modificar el Reglamento de la Ley del Servicio Militar y por ende que difiera a lo establecido por la ley en la materia, representaría contradecir el orden jurídico, ya que de aprobarse el punto de acuerdo, el Poder Ejecutivo estaría impedido a elaborar dichas reformas al reglamento pues estas serían contrarias a la ley.

Por lo expuesto, la Comisión de Defensa Nacional acuerda presentar a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Resolutivo

Único: Con base en el estudio y análisis expresado en las consideraciones del presente dictamen, se considera que no es de aprobarse ``la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modifique el Reglamento de la Ley del Servicio Militar en los artículos 1°, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 58, 107 y 148, con la finalidad de cambiar la palabra ``inútiles'' por el de ``personas con discapacidad'', asimismo, derogue los artículos 251, 252, 253 y 254 de ese ordenamiento, turnada a la Comisión de Defensa Nacional el 28 de abril del 2005. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

Por la Comisión de Defensa Nacional, diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Cristina Portillo Ayala, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz (rúbrica), Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celaya Luría, Carlos Osvaldo Pano Becerra, María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Julián Sacramento Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández (rúbrica en contra), Ana Lilia Guillén Quiroz, Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, en sentido negativo, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a construir un asta bandera monumental en Corralejo de Hidalgo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII, y 3 del artículo 39; párrafo 6, incisos e), f) y g), y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen, bajo los siguientes

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el día 3 de diciembre del 2005 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue presentada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construya un asta bandera monumental en la comunidad de Corralejo de Hidalgo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, con la finalidad de honrar a quien nos dio patria y libertad, ``Don Miguel Hidalgo y Costilla'', por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional.

En reunión Plenaria de la Comisión de Defensa Nacional de fecha 22 de febrero de 2006, se sometió a estudio y análisis el presente dictamen bajo la siguiente:

Valoración de la proposición con punto de acuerdo

El proponente argumenta que:

``Don Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el Padre de la Patria, fue el iniciador del movimiento de Independencia; nació en la Hacienda de Corralero, en el actual estado de Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. En el año de 1773 recibió el grado de bachiller en teología, en la Ciudad de México. En 1778 se ordenó como sacerdote en el colegio de San Nicolás, e impartió cursos de filosofía y teología. En el año de 1790 fue nombrado rector del mismo, donde ingresó a principios de ese año como estudiante José María Morelos y Pavón''.

``Se adhirió a la fórmula de Querétaro a favor de la Independencia, se puso en contacto con Allende, y también con Juan Garrido quien se encontraba en el batallón de Guanajuato, para hacer propaganda independentista, y fue entonces cuando empezó a fabricar armas para comenzar el movimiento''. El 16 de septiembre de 1810 a las 2:00 de la madrugada, llegó Aldama al curato de Dolores e informó a Hidalgo que la conspiración de Querétaro había sido descubierta; ambos decidieron tomar las armas inmediatamente. Hidalgo mandó llamar a su hermano Mariano, a Allende y a José Santos de quienes se hizo acompañar; se dirigió a la prisión a obligar mediante amenaza al alcalde a que dejara en libertad a los presos, mismos que se unieron a la causa.

``Al regresar a la parroquia lanzó a vuelo las campanas, llamando a los fieles, que en mayoría siguieron al movimiento. El 16 de septiembre partió a San Miguel El Grande, llegando al anochecer con una gran cantidad de gente que se le unió en el camino, con armas improvisadas. Al llegar a esta ciudad se le incorporó el Regimiento de la Reina, al cual pertenecía a Allende. En Atotonilco, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe, atándola sobre la punta de una lanza, para así tener un estandarte que representara a la independencia.''

El 30 de julio de 1811, después de haber sido juzgado y condenado, fue fusilado. Su cuerpo fue sepultado en la capilla de San Antonio del Convento de San Francisco y su cabeza llevada a Guanajuato, en donde fue expuesta junto con las de otros caudillos en el patio de la Alhóndiga de Granaditas. En 1821 al triunfar la independencia, sus restos fueron llevados a la catedral de México y después trasladados a la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Por lo anterior, Don Miguel Hidalgo y Costilla es un pilar de la historia mexicana.''

Considerando

La Comisión de Defensa Nacional investigó, analizó y estudió sobre el tema para la construcción de un asta bandera monumental, y se discurrió que conforme a lo establecido en los artículos 70 y 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene dentro de sus misiones, el defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana (función operativa), así como auxiliar al Ejecutivo federal al ser parte de la Administración Pública Federal (función administrativa), y con base en los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a esta Secretaría administrar, organizar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera que dicha Secretaría está en condiciones de participar en el proyecto de la instalación de una asta bandera monumental, sin embargo, cabe señalar, que dicha participación es en cuanto a la asesoría técnica y el personal respectivo, siempre y cuando el gobierno del estado proporcione los recursos económicos necesarios para tal fin, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con la partida presupuestal que le permita financiar dicho proyecto y que el costo estimado es de $3,000,000.00 (tres millones de pesos), para un asta de 50 metros de altura y de $7,000,000.00 (siete millones de pesos), para una de 100 metros.

Conclusión

La Comisión Dictaminadora concluye que la proposición no es viable, en cuanto a dirigir un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para el fin propuesto en el punto de acuerdo. Ahora bien, si la mayoría de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional lo consideran pertinente, se podría presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados un nuevo punto de acuerdo para dirigir el exhorto al gobierno del estado de Guanajuato a fin de que proporcione los recursos necesarios para la construcción del asta bandera monumental con el apoyo de asesoría técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el considerando y conclusión expuestos, la Comisión de Defensa Nacional, acuerda presentar a esta honorable asamblea, el siguiente:

Resolutivo

Único: Con base en el estudio y análisis expresado en el considerando y conclusión del presente dictamen, se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construya un asta bandera monumental en la comunidad de Corralejo de Hidalgo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, con la finalidad de honrar a quien nos dio patria y libertad, ``Don Miguel Hidalgo y Costilla'', suscrito por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por la Comisión de Defensa Nacional, diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Julián Angulo Góngora (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Elpidio Tovar de la Cruz, Ana Lilia Guillén Quiroz, José Luis Mazoy Kuri (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, en sentido negativo, a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional

Honorable Asamblea

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo y presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el 25 de enero de 2006.

En atención a ello y de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el 25 de enero de 2006, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ordenó que el asunto fuera turnado a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Previo estudio y análisis de la proposición, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

1. La proposición plantea que, en concordancia con los principios de la seguridad social y la función que por mandato constitucional cumple el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cámara de Diputados exhorte al director general de ese Instituto a que garantice que las unidades médicas bajo su responsabilidad eleven su esmero, atención, profesionalismo y ética en el cuidado de sus derechohabientes.

2. De igual forma, propone que se exhorte al doctor César Niebla Beltrán, director regional del IMSS en Culiacán, Sinaloa, para que proporcione una explicación médica a la C. Claudia Beltrán Cabanillas del trato clínico recibido.

3. Finalmente, que se proceda conforme a derecho contra los responsables de los lamentables hechos padecidos por la C. Claudia Beltrán Cabanillas, evitando así que otros pacientes transiten por la misma situación.

4. Lo anterior, según se expone en la proposición en comento, es motivado por la experiencia que vivió la C. Claudia Beltrán Cabanillas el día 20 de diciembre de 2005, derivado de la cesárea que le practicaron en una unidad médica de IMSS en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, la Comisión expone las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión coincide con la promovente al mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la encomienda de otorgar diversos seguros, entre los que se encuentra la obligación de proporcionar servicios médicos a los trabajadores afiliados y a sus familiares derechohabientes.

2. Esta Comisión igualmente coincide en que la calidad y calidez de los servicios médicos que proporciona el Instituto, han significado un área en la que se requieren mejoras significativas a fin de aminorar tanto el número de quejas y denuncias, como las recomendaciones de que ha sido objeto el IMSS por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a consecuencia de los servicios que proporciona.

3. No obstante lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que esta H. Cámara de Diputados no puede prejuzgar sobre situación alguna, ni cuenta con los medios para verificar el caso concreto que refiere la diputada promovente en las consideraciones de su proposición. De igual forma, no tiene facultades para solicitar se proceda conforme a derecho, dado que en todo caso, es facultad de la ciudadana afectada hacerlo.

4. Asimismo, en la elaboración del dictamen se ha considerado que un exhorto en general, como propone la diputada promovente en su texto, implicaría una sanción injusta para todos aquellos trabajadores del Seguro Social que efectivamente realizan su trabajo con esmero, atención, profesionalismo y ética. Por lo que en su caso habría que referir dicho exhorto al caso concreto y al hospital en que se suscitaron los acontecimientos que se citan en la proposición en comento.

5. No obstante lo anterior, se ha considerado que aunque el caso de la ciudadana referido en el punto de acuerdo merece toda la atención y cuidado que estas situaciones requieren, no se considera que corresponda a la Cámara de Diputados pronunciarse por casos particulares y emitir exhortos en consecuencia. Por tal motivo, se propuso dictaminar el asunto en sentido negativo y que la Mesa Directiva de la Comisión gire un oficio al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social solicitándole que informe sobre este asunto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.- No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el 25 de enero de 2006.

Salón de Sesiones de la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 28 días del mes de febrero de dos mil seis.

Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), secretaria; Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica), secretario; Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), secretario; Manuel Pérez Cárdenas, secretario; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), David Hernández Pérez, Graciela Larios Rivas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Eugenia Castillo Reyes (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los Consejos Estatales a apoyar y participar en la realización de la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Gobernación les fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, a apoyar y participar en la 46a Olimpiada Internacional de Matemáticas.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas de la H. Cámara de Diputados son competentes para dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1.- En sesión celebrada el día 28 de abril de 2005, la diputada Marisol Urrea Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, apoyar y participar en la 46a Olimpiada Internacional de Matemáticas.

2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

3.- El día 1 de diciembre de 2005, se recibió el proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.

4.- En reunión de trabajo de fecha 13 de diciembre de 2005, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por los presentes.

Establecidos los antecedentes, los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología y de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Considerandos

1.- Que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción XXV, contempla la facultad para legislar en materia de educación, a fin de dictar leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas relacionadas con este servicio público.

2.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2° y 3° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión para el despacho de los negocios del orden administrativo se auxiliará de secretarías de Estado.

3.- Que con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la Secretaría de Educación Pública a quien le corresponde patrocinar la realización de competencias y concursos de carácter educativo, como lo es la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas, el Congreso Internacional de Matemáticas y el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, tal como se transcribe en las siguientes fracciones:

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VIII. ...

IX.- Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico;

X.- Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XI. a XXXI. ...

4.- Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición del H. Congreso de la Unión el 27 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. También es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México.

5.- Que con de la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología por el honorable Congreso de la Unión, el 5 de junio de 2002, el Conacyt, en concierto con los Consejos Estatales de la Ciencia y Tecnología e instancias homólogas, ha venido promoviendo activamente un cambio estructural en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de tal manera que su articulación con la sociedad rinda los frutos largamente esperados, en términos de la generación de bienestar social, económico y cultural.

Resultando

1.- La proposición tiene como finalidad exhortar a diferentes dependencias e instituciones a apoyar 3 eventos relacionados con las matemáticas:

a) La 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas a celebrarse en Mérida Yucatán del 8 al 19 de julio de 2005.

b) El Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y

c) El Congreso Internacional de Matemáticas Educativa en el 2008.

2.- Los organismos e instituciones que la diputada Marisol Urrea Camarena pretende que participen son los siguientes:

a) La Secretaría de Educación Pública

b) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

c) Las Entidades federativas

d) Los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología

e) Universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas

3.- Respecto a los eventos que se pretende sean apoyados, debido a que la proposición fue turnada el día 17 de mayo de 2005, fecha en que ya había concluido el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura, y que de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente periodo ordinario comenzó el 1 de septiembre de 2005, no existía la posibilidad técnica de hacer el exhorto para apoyar la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas a celebrarse en Mérida Yucatán del 8 al 19 de julio del 2005, por lo cual no se estima procedente aprobar el punto de acuerdo.

4.- Que con relación a la Secretaría de Educación Pública se considera procedente el exhorto, ya que ésta es la Secretaría a quien corresponde el despacho de los asuntos relacionados con la realización de competencias y concursos educativos, como lo es la Olimpiada Internacional de Matemáticas.

5.- Que estas Comisiones Unidas consideran procedente el exhorto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en virtud de ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del sector educativo.

6.- Que con respecto a las entidades federativas el exhorto se considera inviable, ya que se debió precisar a gobiernos de las entidades federativas.

7.- Que estas Comisiones dictaminadoras, consideran inviable la propuesta de exhortar a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, en virtud de que no existen estos consejos en la totalidad de las entidades federativas, además de considerarse incluidos en los gobiernos de las entidades federativas.

8.- Que respecto de las universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas, las dictaminadoras no estiman procedente el exhorto en función a que el concepto es muy amplio.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Ciencia y Tecnología, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de:

Acuerdo

Único.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, a las universidades e institutos de educación superior públicas y privadas a apoyar, en la medida de sus posibilidades, con recursos materiales, humanos, logísticos y financieros entre otros, y participar en la realización de la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas a celebrarse en Mérida, Yucatán, del 8 al 19 de julio del 2005, el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y el Congreso Internacional de Matemática Educativa en el 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los trece días del mes de diciembre de dos mil cinco.

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Jesús González Schmal, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, José Sigona Torres (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Germán Martínez Cázares, Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer García, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, José López Medina (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Turismo, por el que se dese-cha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los Centros Integralmente Planeados

Antecedentes del trámite legislativo

Con fecha 19 de octubre del 2004, la diputada Nancy Cárdenas Sánchez presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los Centros Integralmente Planeados.

En la fecha de su presentación ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese la proposición a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen''.

La Comisión de Turismo recibió la proposición con punto de acuerdo, en la misma fecha de su presentación, para su dictamen.

Fases de análisis

De conformidad con el artículo 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta fue turnada a la Subcomisión de Regulación y Facilitación Turística.

La Subcomisión de Regulación y Facilitación Turística, se abocó al estudio del punto de acuerdo en comento.

Consideraciones

A partir del planteamiento presentado por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 21 de septiembre de 2004, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entregó a esta H. Cámara información sobre los convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales en que están ubicados los Centros Integralmente Planeados.

De la investigación realizada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo con relación a las inversiones en los centros integralmente planeados, se encontró que de conformidad con los planes maestros de Fonatur, existen ya las fechas para su entrega y un programa para cada centro integralmente planeado, con el objetivo de lograr su óptimo desarrollo, los cuales son:

Centro Integralmente Planeado de Cancún, Quintana Roo.

Se tiene estimado las siguientes capacidades al final del proyecto mismo que se contempla en el 2013:

Población de 732,000 habitantes

160 instalaciones hoteleras

35, 000 cuartos

Ocupación del 80.0%

Estadía de 5.4 noches

6,900,000 visitantes

Centro Integralmente Planeado de Ixtapa, Guerrero.

Se pronostica para el 2010:

Población de 150,000 habitantes

45 instalaciones hoteleras

Ocupación del 52.0%

Estadía de 4.8 noches

437,000 visitantes

Centro Integralmente Planeado de Los Cabos, Baja California Sur.

Se han pronosticado para el 2020:

Población de 348,000 habitantes

60 instalaciones hoteleras

9,000 cuartos

Ocupación del 69.8%

Estadía de 4.3 noches

1,100,000 visitantes

Centro Integralmente Planeado de Loreto, Baja California Sur.

Se han pronosticado para el 2020:

Población de 20,043 habitantes

37 instalaciones hoteleras

958 cuartos

Ocupación del 61.89%

Estadía de 4.3 noches

136,535 visitantes

Centro Integralmente Planeado de Huatulco, Oaxaca.

Se han pronosticado para el 2010:

Población de 46,000 habitantes

37 instalaciones hoteleras

2,600 cuartos Estadía de 4.6 noches

Fechas de entrega de los municipios

Desarrollo Año de entrega

Cancún 2013

Ixtapa 2016

Los Cabos 2011

Loreto 2026

Huatulco 2026

De acuerdo con el apoyo técnico y a las recomendaciones oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, la propuesta de acciones para iniciar proceso de negociación con las autoridades municipales, en el cual puntualiza que respecto de la solicitud de ``proporcionar información que sustente las acciones que en el corto plazo llevará Fonatur en cada uno de los municipios en donde se localizan los Centros Integralmente Planeados (CIPs) para la entrega de los servicios y las labores de mantenimiento'', deberá sujetarse a un programa derivado de un estudio que en detalle precise el diagnóstico, los horizontes y los escenarios de desarrollo en cada uno de ellos.

Como parte de este estudio se considerará necesario y conveniente integrar el Programa Integral de Estrategias de Inversión, correspondiente a la definición de alternativas de inversión en mantenimiento en la que se puedan participar tanto el sector privado como el público.

Además, se ha programado la contratación de un estudio integral que abarque ambos temas y cuyos objetivos se concentraran en:

a) Formular la estrategia futura del Fondo en los CIPs en la que se garantice el crecimiento y consolidación de los mismos, con los servicios que demanda su desarrollo;

b) Establecer los mecanismos que aseguren en forma eficiente la operación conservación y mantenimiento de los servicios públicos, trasladando éstos a las autoridades locales competentes mediante un programa de transición paulatina que garantice la continuidad de los servicios, sin deterioro en su calidad y cantidad y;

c) Establecer diferentes alternativas de participación pública y privada para que los estándares de calidad en la prestación de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura se mantengan sin afectar el desempeño turístico de los CIPs.

Como se da cuenta, la situación actual de los CIPs aún no se encuentran en una etapa madura pero, a pesar de esto, Fonatur ha tenido una visión a futuro y actualmente se encuentra trabajando con nuevos proyectos como:

Escalera Náutica del Mar de Cortes;

Barrancas del Cobre;

Riviera Maya y;

Palenque.

Con relación al otorgamiento de créditos, Fonatur cuenta con:

I. Programa de Financiamiento a la Actividad Turística.

Su objetivo es fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas pequeñas, medianas y grandes del sector turismo, mediante apoyo crediticio de segundo piso a través de la banca comercial a proyectos ubicados en la República Mexicana.

II. Programa de Calificación de Proyectos.

Mediante este programa se ofrece a inversionistas del sector y agentes financieros, la opinión experta de Fonatur sobre aspectos de mercado, técnicos, operativos y financieros de sus proyectos de inversión determinando su capacidad de pago y factibilidad de éxito. Esto permite facilitar el acceso al crédito bancario al proporcionar todos los elementos que se requieren para evaluar su solicitud de financiamiento.

III. Programa de Asistencia Técnica.

Bajo este programa se apoya a todo aquel inversionista que requiera asesoría sobre la formulación y evaluación de su proyecto de inversión turística para la gestión de créditos bancarios. Esta asesoría es gratuita e incluye los aspectos técnicos, de mercado, operativos y financieros de los proyectos turísticos que requieran financiamiento bancario.

IV. Programa de Coinversiones.

A fin de cumplir con el objetivo de fomentar la inversión en el sector turismo y consolidar los CIP's, se habilitó este programa el cual permite la asociación con Fonatur aportando los terrenos donde el fondo tenga reserva territorial, así como estudios y proyectos por un equivalente de hasta el 25% de la inversión total del negocio. Esto permite que el inversionista no distraiga recursos financieros necesarios para la obra y contar con el respaldo y experiencia de Fonatur en el desarrollo del proyecto y gestión de créditos.

De conformidad con los argumentos y consideraciones antes expuestas, los diputados que integramos la Comisión de Turismo, y con fundamento en los artículos 39 primer párrafo y 45 numeral 6 incisos e) y f) de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos y en los artículos 60, 87 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, resolvemos, se dictamina en sentido negativo la proposición con punto de acuerdo.

Resolutivo

Único: Por las consideraciones y valoraciones antes expuestas, se deshecha la proposición con punto de acuerdo descrita en el proemio de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez por encontrarse improcedente.

Dado en el Salón de Sesiones a los.....del mes de........del 2006 durante el segundo año legislativo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones de la LIX.

Diputados: Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez, María Concepción Fajardo Muñoz, María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo, Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal, Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel Landa, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Benjamín Hernández Bustamante, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Margarita Martínez López, Raúl José Mejía González (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio, Janette Ovando Reazola, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Piña Horta, Emiliano V. Ramos Hernández, Pablo A. Villanueva Ramírez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos

A las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura les fue turnada para su estudio, análisis la siguiente proposición:

Con punto de acuerdo para que las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informen a esta soberanía si tienen conocimiento de algún incidente de maltrato o posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes y que investiguen a fondo la continuación del Programa de Deportación Lateral de los Estados Unidos, presentado el 1 de abril de 2004 por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competentes y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, sometemos a consideración del pleno el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1.- Con fecha 1 de abril de 2004, la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo relativa a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y al Programa de Deportación Lateral de los Estados Unidos de América.

2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

3.- En sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebradas los días 23 de junio y 21 de julio de 2004, la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó dos proposiciones con punto de acuerdo, respectivamente, para exhortar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se implemente un programa urgente de apoyo, para atender las necesidades inmediatas de los mexicanos que son deportados de los Estados Unidos de América; asimismo, para exhortar al Poder Ejecutivo a través de las mismas secretarías, informe a la Comisión Permanente todo lo referente al Programa de Repatriación Voluntaria.

4.- En sesión de la Comisión Permanente de fecha 7 de julio de 2004, el senador César Camacho Quiroz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para evitar que con la puesta en marcha del Programa de Repatriación Voluntaria se repita la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales, y se exhorte al Ejecutivo federal para que no permita que en los Estados Unidos de América, se lesionen las garantías fundamentales de quienes opten por la deportación y de aquellos que no se acojan a dicho programa, enfatizando que en caso de los mexicanos que sí participen, no se les conduzca esposados en su traslado a México.

5.- En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2004, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente conformara una comisión plural de legisladores con objeto de verificar la implementación del Programa de Repatriación Voluntaria; así como, solicitar al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para garantizar que la Comisión Plural de Legisladores se entreviste con el Grupo de Trabajo Técnico sobre la Repatriación México-Estados Unidos y se otorgue a los legisladores mexicanos las facilidades para participar como observadores en el proceso y así constatar que no se repita la violación de los derechos humanos de los mexicanos.

6.- En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de fecha 28 de julio de 2004, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que no permita que en los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del marco del Programa de Repatriación de Inmigrantes, se continúen lesionando las garantías fundamentales de quienes opten por la deportación voluntaria y de quienes no se acojan a dicho programa, enfatizando que en el caso de los mexicanos que así lo decidan, no se les conduzca esposados en su traslado a México.

Segundo.- Se solicite al Instituto Nacional de Migración, remita a esta soberanía, los informes periódicos con los pormenores de los traslados de los connacionales participantes en el programa, consistentes en número de repatriados por día, lugar de origen, número de vuelos que se están realizando por día y cuántos llegan a los aeropuertos de la Ciudad de México y Guadalajara.

Tercero. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se implemente un programa urgente de apoyo en varios rubros, entre ellos: jurídico, albergues, entre otros, a fin de atender las necesidades inmediatas de los mexicanos que son deportados e informen a esta soberanía de los mismos.

Cuarto. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para garantizar que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados se entreviste con el Grupo de Trabajo Técnico sobre Repatriación México-Estados Unidos y se otorgue a los legisladores mexicanos las facilidades para participar como observadores en todo el proceso de repatriación, desde las estaciones migratorias hasta el punto de retorno, incluyendo el traslado a México y así constatar que no se repita la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales.''

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que suscriben el presente proyecto de dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. En septiembre de 2003 el Senado de la República elevó un punto de acuerdo para reclamar irregularidades del programa, así como violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

2. En el mes de febrero de 2004, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza 2004 y el Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos. Mismo, que a partir del día 12 de julio, dio inicio forma dicho programa de repatriación.

3 De conformidad al punto de acuerdo aprobado el día 28 de julio de 2004 en la Comisión Permanente de la LIX Legislatura, las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados consideramos que la proposición con punto de acuerdo que compone el presente proyecto de dictamen, presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha quedado sin materia, pues el Programa de Deportación Lateral al que ella hace referencia ha sido transformado en un Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Ha quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Programa de Deportación Lateral.

Segundo.- En consecuencia, se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Derechos Humanos, investiguen e informen a esta soberanía, acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de los Estados Unidos y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), Presidente; Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), secretario; Jaime Fernández Saracho (rúbrica), secretario; Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), secretaria; Rosa María Avilés Nájera, secretaria; Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Homero Ríos Murrieta, María Guadalupe Suárez Ponce, José Isabel Trejo Reyes, Marisol Vargas Bárcena, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero, Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Francisco Herrera León, Ricardo Rodríguez Rocha, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Reynaldo Valdés Manzo (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica).

Por la Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Sami David David, Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Benito Chávez Montenegro (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar un programa especial que garantice alimentos para todos, presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Desarrollo Social le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que considere un programa especial que garantice ``alimentos para todos'', presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 10 de noviembre de 2005.

Analizada la proposición con punto de acuerdo en comento, esta Comisión presenta los siguientes

Considerandos

Primero.- La presente proposición con punto de acuerdo para establecer el programa ``Vales de alimentación'', con cargo a la Secretaría de Desarrollo Social, se enfoca en la atención, con carácter provisional, a los requerimientos de la población urbana que no puede satisfacer por sí misma sus necesidades alimentarias, hasta que se aprueben los instrumentos legislativos apropiados para implementar una política nacional de abasto, suficiencia y acceso a toda persona que así lo necesite.

Segundo.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, ubicado en el capítulo de las Garantías Individuales, establece que

``Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.''

Tercero.- Esta disposición garantiza el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades, en todos los aspectos fundamentales para su desarrollo.

Está inserta en la parte programática de nuestra Constitución Política. Es una enunciación de la vocación social del Estado mexicano, dejando a la ley reglamentaria la parte operativa en lo referente al cumplimiento de estas normas fundamentales. Cabe anotar, que se refiere solamente a la atención a la infancia.

Existen en el ámbito legislativo propuestas de adicionar en la Carta Magna el derecho a la alimentación, como derecho universal, que no han logrado concretarse aún, como se manifiesta en el punto de acuerdo en comento.

Cuarto.- El combate a la pobreza, al hambre y a la desnutrición, es una preocupación de los organismos internacionales y de los países, que ven parte importante de su población en condiciones que no le permiten un debido desarrollo e inserción de manera digna y competitiva en actividades de la sociedad.

México ha adherido a numerosos instrumentos internacionales que marcan lineamientos prácticos a las naciones para el logro progresivo de una alimentación adecuada a la población, así como un abasto suficiente y sostenido en cantidad y calidad.

Si nos remontamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se expresa que

``Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación...''

Los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México adhirió en 1981, se comprometen a legislar a fin de que se incluya en su marco jurídico el derecho a una nutrición adecuada y suficiente.

Más recientemente, se han iniciado políticas de combate al hambre y la pobreza. En 2004, México adhirió a las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación, promovidas por el Consejo Mundial de la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas.

En estos instrumentos, los países se comprometen a garantizar la existencia de los alimentos suficientes y adecuados y el acceso de la población a los mismos.

También el pasado año, se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas el Encuentro para una Acción contra el Hambre y la Pobreza, cuya declaración final fue apoyada por nuestro país.

Quinto.- En la normatividad interna, además de la ya citada disposición constitucional, la Ley General de Desarrollo Social recoge en su texto estas directivas:

``Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Artículo 14. La política nacional de desarrollo social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.''

...

Sexto.- Asimismo, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, opera mediante el otorgamiento de becas para la educación de los menores, servicios de atención médica, suplementos alimenticios y apoyos en efectivo, que atienden a cuatro componentes fundamentales:

Educación.- Inscripción y asistencia regular a la escuela para los hijos de las familias beneficiarias.

Salud.- Reducción de los rezagos en atención de la salud para la población más vulnerable, especialmente mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Alimentación.- Apoyos monetarios bimestrales para mejorar la calidad, cantidad y diversidad en alimentación y elevar sus niveles nutricionales.

Patrimonial.- Beneficio económico para beneficiarios que cursan educación media superior.

Séptimo.- El Programa Humano Oportunidades tiene como población objetivo hogares en extrema pobreza, en localidades urbanas y rurales.

En su apartado 4.1.1. Selección de localidades, se define que serán atendidas localidades nuevas o ya atendidas por el programa, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

Como limitante en este universo, cabe anotar que no es abierto, sino que son las localidades y dentro de ellas, las familias seleccionadas, o las que ya están en los padrones, las que serán beneficiadas con el apoyo de Oportunidades. En el caso de que se produjesen bajas en el padrón, en las localidades ya seleccionadas se pueden incluir a familias que aún no tengan los apoyos e incorporarlas, si es que están en extrema pobreza.

Octavo.- No sería factible en la actualidad, desde el punto de vista presupuestal ni operativo, que la Secretaría de Desarrollo Social, implementara un programa para ámbitos urbanos de reparto de vales de alimentos para todos, con carácter provisional, hasta que se aprobara una ley de derecho a la alimentación y se operara una política alimentaria nacional.

Por lo expuesto en considerandos anteriores, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.- No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, el día 10 de noviembre de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de marzo de 2006.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza (rúbrica en contra), Víctor Flores Morales (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores, Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Ofelia Ruiz Vega (rúbrica), Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica en contra).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a extender y aplicar de manera inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 8 de diciembre de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia así como al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea, el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo, así como de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a ``contenido'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``consideraciones'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes.

El 8 de diciembre de 2005, el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Gobierno Federal para que se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características.

En la misma fecha fue turnada dicha proposición, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su respectivo estudio y dictamen.

II. Contenido.

El diputado proponente manifiesta que es necesario que el Seguro Popular se amplíe, ya que en la actualidad el cáncer en infantes y adolescentes en México va en aumento y es la segunda causa de muerte en el país.

Asimismo asegura que de los seis mil nuevos casos de los pequeños con cáncer que aparecen anualmente, sólo el 25% recibe tratamiento, falleciendo al año cuatro mil niños que se quedan sin derecho a la asistencia en la salud.

III. Consideraciones.

A. El derecho a la salud es una de las más importantes prerrogativas de las personas no sólo porque constituye un valor fundamental para su desarrollo sino porque además, dignifica al hombre. El artículo 4º de nuestra Constitución Política consagra dicho derecho y determina, para tal efecto, que el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

B. Coincidimos con el diputado proponente en el sentido de tomar acciones para reducir la mortandad por cáncer así como en la necesidad de dar atención médica a niños y jóvenes que padecen con cáncer.

Sin embargo, consideramos que en la propuesta no se considera el impacto económico de tal medida. Máxime que el Seguro de Protección Social en Salud cuenta con un presupuesto limitado, calculado tomando en cuenta la población afiliada y la expectativa de afiliación anual, así como el catálogo de enfermedades para las que se tiene cobertura.

En el mismo supuesto se encuentra el Instituto Nacional de Cancerología, que se vería seriamente afectado por esta medida, ya que en la actualidad cuenta con un presupuesto (gasto programable) para el año 2006 equivalente a $590,449,897 (de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006) cantidad que resulta insuficiente para atender en forma gratuita a la población joven e infantil del país que padece cáncer.

El Seguro Popular representa una alternativa a quienes no cuentan con seguridad social, sin embargo, por el alcance del proyecto, el mismo se planeo para una aplicación en forma paulatina, atendiendo la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud y el presupuesto asignado para su operación. De lo anterior se desprende que en la actualidad no sólo no se cuenta con las instalaciones ni con recursos económicos para dar atención a todos los jóvenes e infantes que padecen esta enfermedad, sino que además, una carga laboral y económica de tal magnitud, sin las medidas presupuestales que exige la misma en un plazo lógico, colocaría en una situación de crisis en el Seguro de Protección Social en Salud, que provocaría que no sólo no se atendiera a quienes padecen cáncer, sino que afectaría a todos los usuarios del mismo, provocando un daño aún mayor a la población del país.

C. Por otro lado, si bien es cierto que el cáncer es un problema importante que se debe abatir, también es preciso señalar que algunos padecimientos de los que menciona el diputado en su iniciativa, como el osteosarcoma, retinoblastoma, rabdomiosacorsoma, tumor cerebral, etc. no se encuentran entre las principales causas de muerte del grupo de edad a que se refiere, por lo que desde el punto de vista de la salud, tampoco se justifica en forma suficiente su inclusión en la cobertura del Seguro Popular.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, ponemos a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia así como al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, el 8 de diciembre de 2005.

Por la Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a respetar los derechos humanos tanto de sus integrantes como de los derechohabientes de dicha institución

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, les fue turnada, para su estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a que respete los derechos humanos tanto de sus integrantes como de los derechohabientes de dicha institución, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de septiembre de 2004, por la diputada María Antonieta García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social presentan a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. La diputada María Antonieta García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de septiembre de 2004, proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a que respete los derechos humanos tanto de sus integrantes como de los derechohabientes de dicha institución.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Previo estudio y análisis de la proposición, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

1. El punto de acuerdo refiere que, en caso de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social convocara a un paro de labores, tuviera presente el bien superior de la comunidad, especialmente de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a efecto de que no se lesionara su derecho a la salud.

2. Asimismo, refiere que los diputados de Acción Nacional, sumados a la tregua propuesta por el Presidente de la República, exhortaban a la dirigencia del sindicato a que respetara los derechos humanos de todos sus agremiados, su libertad de conciencia y de expresión; especialmente su derecho a disentir, situación que en opinión de la promovente quedó manifiesta cuando muchos sindicalizados decidieron no participar en el paro nacional convocado para el primero de septiembre de 2004.

3. Que si bien la libertad de asociación es un derecho humano y una garantía individual reconocida en nuestra Constitución, y que en tal sentido los sindicatos son asociaciones que constituyen los trabajadores en defensa de sus legítimos intereses y para contribuir al bien común, estas organizaciones deben respetar los derechos humanos de sus agremiados, por lo que la pertenencia a un sindicato no debe implicar la renuncia de los trabajadores a su libertad de conciencia o de expresión.

4. En estos términos, el punto acuerdo propone:

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a que se abstenga de tomar represalias contra sus agremiados que decidieron trabajar el pasado primero de septiembre, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a que cuando ejerza su derecho de expresión y manifestación no afecte el derecho de los derechohabientes del Instituto a recibir los servicios de salud de manera responsable, completa y segura.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, las comisiones exponen las siguientes

Consideraciones

1. La proposición en comento fue presentada en el mes de septiembre del año pasado, en un momento en que el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentaba una circunstancia político-laboral diferente a la que hoy se presenta. En preciso recordar que en aquel momento estaba en plena efervescencia un movimiento sindical, vinculado a un asunto interno que a diferencia del momento vivido el año pasado, hoy se encuentra plenamente encauzado.

2. A pesar de las expresiones que apuntaban a una ruptura o una afectación de los servicios del IMSS durante ese movimiento, no se registraron daños, suspensión generalizada de servicios o expresiones violentas que pudieran lamentarse.

3. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social siempre se ha comportado con respeto y pleno apego a la legalidad, como lo confirman las propias autoridades del trabajo y en este caso particular, las de derechos humanos, en las que no existen documentos o expedientes en contra de sus dirigentes. Por otra parte, sus actividades ordinarias y extraordinarias las ha realizado en consonancia con los derechos, atribuciones y facultades que establece la Constitución Política y las leyes laborales.

Conclusión

De lo anteriormente expuesto, las Comisiones que dictaminan concluyen que los exhortos que propone la diputada promovente son improcedentes y extemporáneos, por lo que deben desecharse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a que respete los derechos humanos tanto de sus integrantes como de los de los derechohabientes de dicha institución, suscrita por la diputada María Antonieta García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de septiembre de 2004.

Salón de Sesiones de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 16 días del mes de marzo de dos mil seis.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), secretario; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), secretaria; Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), secretario; Manuel Pérez Cárdenas, secretario; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), secretaria; Graciela Larios Rivas (rúbrica), secretaria; María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), secretaria; Sergio Álvarez Mata, secretario; Agustín Rodríguez Fuentes, secretario; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría, Pedro Ávila Nevárez, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Víctor Flores Morales, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo a fin de retirar la concesión de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo a fin de que sea retirada la concesión de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-``El Molinito'' a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V. (Aucal), y sea absorbida y administrada por Capufe, en virtud de la terminación de su concesión; presentada por la diputada federal Martha Palafox Gutiérrez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 11 de noviembre del 2004.

2. Contenido de la proposición

a) La promovente señala en su exposición de motivos, que en 1991 se inauguró la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, fecha en la que los habitantes de las 23 comunidades del municipio de Ixtacuixtla, le entregaron al Presidente de la República un escrito, donde le solicitan el libre acceso a la autopista, así como la correcta adecuación de los pasos a desnivel.

En el mes de septiembre de 1992, se le entregó nuevamente al Presidente un escrito donde los habitantes del mismo municipio, vuelven a solicitar el acceso a la autopista en el entronque de Ixtacuixtla por el lado oriente, así como la construcción de una vía lateral con dos carriles norte de la autopista.

b) En 1994, los habitantes del municipio de Ixtacuixtla ratificaron sus demandas ante el gobernador José Antonio Álvarez Lima y la Presidencia de la República, sin tener respuesta a su petición. El 12 de febrero de 1995, los habitantes de dicho municipio le hicieron llegar nuevamente un escrito al gobernador de entonces, donde le solicitan su intervención, para que las 23 comunidades de Ixtacuixtla tengan el libre acceso a la autopista (sin pagar cuota de peaje), en virtud que desde su construcción sólo se han improvisado puentes y caminos para atemperar el problema de la circulación, además de que los pueblos que se dedican a la artesanía han sido seriamente afectados en su economía, ya que el tiempo y movimiento con que lo hacían antes de la autopista era sensiblemente menor al que hoy tienen que realizar y aun mayor costo.

Esto sucede también con los campesinos que tienen que comercializar sus productos, y con los obreros del corredor industrial, ya que si el transporte no paga su peaje correspondiente, tampoco tienen acceso a la autopista. Demandas que una vez más no fueron atendidas.

c) Se volvió a insistir nuevamente en enero de 1996, haciendo su demanda al entonces Presidente de la República, turnándose este asunto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes en 1998, a través de sus autoridades se comprometieron a darle solución a esta problemática.

En un recorrido que hicimos legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional con el subsecretario de Infraestructura a la autopista, hubo el compromiso de solucionar ese asunto. Incluso hubo una propuesta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que cumpliría con la demanda de los habitantes de esta región; el costo de esta obra incluye la construcción de un trébol, en el entronque denominado Ixtaxuxtla.

Así también, esta propuesta cuyo costo era de 13 millones de pesos (1998), consideraba la reubicación de la entrada principal de la autopista, la construcción de puentes peatonales en Teneyacac y ``El Porvenir'', reconstrucción y acondicionamiento a los accesos de Teneyacac, Tizoztoc y ``El Porvenir'', reconstrucción del retorno del tramo Tlaxcala, Unidad Militar y la reconstrucción de un paso a desnivel para peatones en el fraccionamiento Santa Elena-Panotla. Estas modificaciones a la autopista, seguramente coadyuvará a hacer menos difícil la vida de los habitantes de las 23 comunidades del municipio de Ixtacuixtla, lo mismo que los 8 municipios aledaños, pero lo más importante es que se podrán evitar, en la medida de lo posible, los accidentes en esta autopista donde por lo menos se presenta uno diariamente, con saldos lamentables.

Una vez analizada la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, los integrantes de esta Comisión convienen en dictaminar de conformidad a las siguientes:

3. Consideraciones

A. Que una de las razones que suscitan la presentación de esta propuesta, es la de recomendar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el dar por terminada la concesión otorgada a favor de la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV, ``Aucal''; la concesión para la construcción, explotación y conservación del tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala, de la carretera San Martín Texmelucan-Ocotoxco en los estados de Puebla y Tlaxcala, para que ésta sea absorbida y administrada por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con fecha 15 de marzo de 1990 y, previo al procedimiento respectivo de licitación pública, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a favor de la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV, ``Aucal'', el título de concesión para construir, explotar y conservar el subtramo de 22 Km. del tramo San Martín Texmelucan-Ocotoxco, en los estados de Puebla y Tlaxcala, con una vigencia de 7 años, 6 meses.

El 10 de mayo de 1990, se amplió el objeto de la concesión otorgada a Aucal mediante un adendum del título de concesión, para adicionar un tramo de 7.5 km aproximadamente que comprende los tramos de dicha autopista de Tlaxcala a ``El Molinito''. De la misma manera, con fecha 22 de marzo de 1994, se suscribió nuevamente una modificación al título de concesión para aumentar su vigencia y modificar su objeto.

B. Que el objeto de la concesión es la construcción, operación, mantenimiento, explotación y conservación del subtramo de 25.5 Km. del tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala-``El Molinito'' de la carretera San Martín Texmelucan-Ocotoxco en los estados de Puebla y Tlaxcala, cuyo plazo de vigencia es por veinticinco años y seis meses, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, el cual se llevo a cabo el día 15 de marzo de 1990, lo que indica que la citada concesión lleva transcurridos casi dieciséis años.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por los artículos 36 fracciones XXI, XXII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el contenido del artículo 5 fracciones I y III, y 6 Párrafo Tercero de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, son facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el otorgar las concesiones para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales, así como el de vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación, en su caso.

En este orden de ideas, de conformidad con la legislación aplicable y atendiendo a la proposición de la promovente, esta Comisión dictaminadora estima pertinente señalar que el otorgamiento que hiciere el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del título de concesión que nos atiende, así como la prorroga que se concedió a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V., ``Aucal''; concesionaria de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-``El Molinito'', se realizó de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 10 la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, además de que el título de concesión respectivo, cubre los requisitos señalados en el artículo 15 del mismo ordenamiento.

C. De igual manera, la promovente señala que los habitantes del municipio de Ixtacluixtla y de 23 comunidades más, fueron afectados con la inauguración de esta autopista, señalando al efecto el menoscabo en su economía y en el desarrollo de sus actividades artesanales y de comercialización de productos de cosecha, aunado a la falta de transporte de los obreros que diariamente transitan por el denominado corredor industrial; causas que invoca como fundadas para solicitar sea retirada la concesión de esta autopista a la empresa Aucal, cabe señalar, que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, hace una distinción entre la terminación de una concesión y las facultades de revocación que otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 17 del citado ordenamiento.

En este sentido, los integrantes de esta comisión, consideramos que ninguna de las manifestaciones que menciona la legisladora respecto de la concesión otorgada a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV, ``Aucal'', se encuentra dentro de las causales de revocación que establece el contenido del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo cual, se considera que no se cumplen con los supuestos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dé por terminada la concesión otorgada a favor de la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV, toda vez que se actúo conforme a derecho y de acuerdo con lo que establece la legislación vigente en la materia, y en el propio título de concesión.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, de manera conjunta convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero.- No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en lo referente al retiro de la concesión de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-``El Molinito'' a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano S.A. de C.V., por las razones vertidas en el inciso C. del título 3. consideraciones, de este dictamen.

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a aclarar el grado de avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para 2005, a través de proyectos de prestación de servicios para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, en Michoacán

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración el dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aclare el grado de avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para el año 2005, a través de proyectos de prestación de servicios, para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, en el estado de Michoacán, presentada por el diputado federal Inelvo Moreno Álvarez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el día 8 de diciembre de 2005.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

a).- El promovente señala en su exposición de motivos que el municipio de Apatzingán de la Constitución, en el estado de Michoacán, es uno de los de mayor peso al interior de la entidad en virtud del tamaño de su población, su aportación a la producción bruta estatal, en particular en lo agropecuario; así como su importancia como vinculo entre dos de las zonas básicas, Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas.

El crecimiento económico del estado tiene, además del municipio de Apatzingán, dos polos significativos representados por el área industrial de Morelia y la actividad tanto siderúrgica como exportadora e importadora del Puerto de Lázaro Cárdenas, dos polos unidos por carretera.

Este crecimiento productivo ha conllevado a un incremento en la actividad del autotransporte cuya infraestructura carretera debe ser conservada, amplia y modernizada de manera permanente.

En tales condiciones, y los puntos de acceso a y desde Apatzingán han empezado a saturarse trayendo con ello deseconomías para las actividades del transporte de mercancías y de personas.

Es por ello que se requiere la construcción del tramo Apatzingán-Cuatro Caminos, obra que en el presupuesto federal fue incluida dentro del esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), pero que no ha sido iniciada.

3. Consideraciones

A.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene el firme objetivo de promover y generar más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la vida y a la construcción de una sociedad mexicana igualitaria y justa.

B.- Las vías de comunicación, tanto terrestres, aéreas y marítimas son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que el transporte es esencial para su desarrollo.

Por lo tanto el director de Relaciones Institucionales Juan Alfredo Hernández Cruz, de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proporcionó información a esta Comisión de Transportes, con respecto al tema mediante oficio número 106.204.-057/05 de fecha 30 de diciembre de dos mil cinco, mediante el cual señala lo siguiente:

Que la Unidad de Autopistas de Cuota informa que el proyecto Nueva Italia-Apatzingán consiste en ampliar a cuatro carriles la carretera existente desde Apatzingán hasta el entronque a Cuatro Caminos, sobre la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, en una longitud de 31 kilómetros.

El proyecto efectivamente se desarrollará bajo el modelo de ``Proyecto de Prestación de Servicios'' (PPS), lo que implica que el sector privado realizará la inversión para la modernización de la vía, a cambio de pagos periódicos posteriores que erogará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En la fecha del oficio se estaba trabajando en la preparación de los documentos para la licitación, misma que se tenia programada iniciarse en enero de 2006, para concluirse en agosto del mismo año, y en consecuencia se estima que la obra este iniciando en octubre del presente año.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.- En virtud de que del oficio número 106.204.-051/05, de fecha 30 de diciembre de 2005, se desprende los argumentos con los cuales queda solventada la presente proposición y que esta información le fue proporcionada al diputado Federal Inelvo Moreno Álvarez, por lo tanto se considera desahogado el presente punto de acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Especial para la Competitividad y el Desarrollo Regional al presidente del consejo de administración de Cintra, SA de CV, a fin de conocer el estado que guarda el proceso de compraventa de las aerolíneas Aeroméxico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación y Click

Honorable Asamblea

Las Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración el dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Especial para la Competitividad y el Desarrollo Regional, al presidente del consejo de administración de Cintra, SA de CV, para conocer el estado que guarda el proceso de compra-venta de las aerolíneas Aeromexico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación y Click, presentada por el diputado federal Alejandro Murat Hinojosa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 2 de febrero de 2006.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

a).- El promovente señala en su exposición de motivos que México requiere incrementar su competitividad, fundamentalmente su capital logístico, mediante modos te transporte más eficaces y a tarifas accesibles, por ello la transformación de la industria aeronáutica nacional para generar mayor competencia en las aerolíneas y mejores ofertas a los usuarios.

b).- También menciona que Cintra es una empresa cuyas acciones mayoritarias son propiedad del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); que la venta de cuyas acciones controla Cintra es estratégica para redefinir las condiciones del mercado aeronáutico nacional, por lo cual se merece la atención de la H. Cámara de Diputados, para velar por el interés público.

c).- Alude a que es necesario que el proceso de venta de la citadas aerolíneas tenga como uno de sus principales objetivos el promover un ambiente de competencia en el sector aeronáutico, pero también que sus activos y pasivos sean correctamente valuados.

Que las primeras aerolíneas en venderse han sido Mexicana de Aviación y Clic y que es necesario conocer las condiciones de la compra venta de las mismas, así como el panorama que se contempla para realizar la venta de Aeroméxico y Aerolitoral, por su impacto en el marcado aeronáutico nacional y su consiguiente incidencia en la competitividad del país.

3. Consideraciones

A.- En atención al referido punto de acuerdo, la Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados, citó al doctor Andrés Conesa Labastida Presidente del Consejo de Administración de Cintra, S.A. de C.V., quien se presentó ante los diputados de esta Comisión el día 15 de febrero del año en curso, exponiendo y contestando los cuestionamientos de los diputados federales con respecto al estado que gurda el proceso de venta de Aeroméxico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación y Click; manifestando lo siguiente:

B.- ``Muchas gracias, por la invitación para estar aquí nuevamente. Con mucho gusto acudo a presentarles los avances recientes en el proceso de venta de lo que antes era Cintra, hoy Consorcio Aeroméxico.

La última vez que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes les comentaba que el 29 de noviembre del año pasado el Consejo de Administración de Cintra acordó recomendar a su asamblea de accionistas vender la totalidad de Grupo Mexicana-Grupo Posadas, en virtud de lo siguiente:

Se da la separación total del control de las aerolíneas fortaleciendo el entorno competitivo. Como saben, un poquito más atrás se presentaron dos ofertas, una que era por el 100% del Grupo Mexicana y otra por el 75% de Grupo Aeroméxico, por un monto muy similar. Se decidió vender el 100% del Grupo Mexicana por estos tres factores: uno, la separación total del control de las aerolíneas, fortaleciendo el entorno competitivo del mercado en cumplimiento con la resolución de la Comisión Federal de Competencia. Con ello se mejora el gobierno corporativo de las empresas facilitando la conducción de las mismas. Al estar las dos bajo el paraguas de Cintra, siempre, todos los temas de gobierno corporativo era un reto, a la luz, también, de las resoluciones que había venido expidiendo la Comisión Federal de Competencia en los últimos diez años.

Bueno, la transacción, después de que lo aprueba la asamblea de accionistas el 16 de diciembre, el pago se efectuó el día 22 de diciembre, ese pago está, como se informó en todos los comunicados que se han entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, ese pago está en una cuenta en dólares que se había entregado a todos los accionistas, incluidos los accionistas del sector público más los accionistas minoritarios. Una vez que concluya un ajuste de precio que en todos los contratos de esta naturaleza está, donde dado que la operación se hizo antes de que concluyera el año siempre se presenta un estado financiero de cierre y se compara con el observado y ahí puede haber un ajuste de precio a favor o en contra del comprador, que nunca supera más-menos el uno por ciento de la transacción, pero que tenemos que esperar a que eso se dé. Una vez que eso suceda, que se dan tres meses para que se presente el estado financiero auditado, se repartirá los recursos.

Los resultados de Cintra, hoy Consorcio Aeroméxico, el año pasado el resultado de operación del cuarto trimestre se vio afectado por los altos costos del combustible. Los costos del combustible tuvieron un repunte el último trimestre del año, después del huracán Wilma, que cerraron muchas refinerías, el precio del galón de turbocina llegó a estar, en un poco más de tres dólares, para darles una idea, hoy está en un dólar 70; entonces estuvo en esos niveles durante algunas semanas en el mes de octubre y noviembre.

Sin embargo, si vemos el resultado del año, Cintra gana, en términos operativos por segunda vez.

Los mayores ingresos y el control de gasto fueron determinantes para compensar el fuerte incremento en el precio de la turbocina.

Nada más el año pasado logramos incrementar los ingresos en poco menos de 2 mil millones, mil 954 millones de pesos y no es con más aviones ni tampoco con mayores tarifas, fue una mejor planeación de rutas, un mayor factor de ocupación, un mayor esfuerzo de ventas y se ahorraron en otros gastos 410 millones de pesos, gastos que no incluyen ni turbocina ni la nomina sindicalizada, de tal forma que logramos tener una utilidad de operación muy similar a la del año pasado, a pesar del incremento de más de 2 mil millones de pesos en el precio de la turbocina.

Una vez desincorporado Grupo Mexicana de la Controladora Cintra, ésta última se convierte de facto en Aeroméxico y por eso la Asamblea de Accionistas decidió cambiarle la denominación a ``Consorcio Aeroméxico''. Hoy Cintra, pueden ver aquí, incluye, hoy Consorcio Aeroméxico, el 100% de Aeroméxico, el 100% de Aerolitoral, el 50% de SEAT, de Aeromexpress y de Alas de América y tenemos un participación minoritaria de la misma proporción que tiene Mexicana en ITR, que es la empresa de turboreactores que repara motores en Querétaro.

¿Cuáles son los retos para Aeroméxico? Si bien desde 2004 se han instrumentado una serie de medidas para mejorar la rentabilidad de la empresa, que se explican, por el lado de ingresos, una mayor utilización de flota, un incremento en el tráfico, una mejor planeación de rutas.

Por el lado el gasto se modernizó la flota, un menor costo de tecnología e información, menor costo de seguros, menor gasto de ventas, nuevo sistema de compras y coberturas de combustibles. Esto es lo que se ha hecho.

Y lo que comentaba: la mayor utilización de flota. Hoy nuestros aviones están volando 10 horas 25 minutos, contra 10 horas que volaban en el año 2002; el factor de ocupación ha aumentado de niveles de 62% a niveles de 67% en los últimos 3 años.

No obstante, la actual etapa de recuperación, existen retos para el futuro, necesitamos avanzar. Aeroméxico se rezagó respecto a Mexicana en la reconversión de flota, se hizo en Mexicana la reconversión en la parte, en los aviones de cabina angosta y ya tiene prácticamente todos de la familia 320 de Airbus.

En el caso de Aeroméxico todavía la mitad es de nueva generación, 737 y la mitad son aviones MDs que hay que continuar reconvirtiendo.

Al venderse Grupo Mexicana ahora se abre la posibilidad de vender arriba, a nivel de la emisora y no a nivel de la subsidiaria. Lo que ayer acordó el Consejo de Administración, que se informó, fue, se tomó la decisión, en lugar de vender la subsidiaria, vender la emisora.

Una decisión muy importante, el esquema de venta sería la decisión de en vez de vender el Grupo, vender la emisora, es muy importante por las siguientes razones: Primero, porque el Consorcio Aeroméxico, antes Cintra es una empresa que ya cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Entonces, si quisiéramos vender Grupo mediante una oferta pública, tendríamos que inscribir el Grupo en la Bolsa Mexicana de Valores; cuando ya esté inscrito, en la emisora.

Los accionistas minoritarios podrán optar por conservar su inversión en el Consorcio, lo que no sería posible si se vendieran las acciones del Grupo. Al vender abajo, hoy, antes Cintra tenía acciones de Grupo Mexicano y Grupo Aeroméxico, al venderse, cambia esas acciones por capital y los accionistas minoritarios que son accionistas de arriba de la emisora, pues no tienen opción para quedarse o salir.

Al tomar la decisión de vender arriba, todos los accionistas minoritarios tienen la libertad de decir: Yo me quedo, dependiendo quién compre o me salgo.

Esa será decisión de ellos. Entonces, es un esquema mucho más flexible para los inversionistas minoritarios, que antes no existían, nuevamente. No es que se haya desechado, simplemente pues no estaba en nuestro universo de posibilidades por temas de competencia.

La venta de acciones de consorcio es congruente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia y la enajenación de las acciones de Consorcio Aeroméxico ofrecen sentidos de carácter fiscal, motivados no porque sea una transacción en Bolsa, sino por pérdidas fiscales que se tienen a nivel de la emisora.

De la misma manera, déjenme agregar, la venta de Mexicana que se hizo a nivel de grupo, tampoco genera ninguna contingencia fiscal para los accionistas, eso es algo que también en la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí, lo informaba, porque la cuenta de capital de la empresa acumula estas pérdidas enormes.

El compromiso es anunciar por parte de los accionistas cuál de estas dos vías se tiene a más tardar el segundo trimestre, con el objetivo de concluir el proceso antes de que concluya la presente administración del gobierno federal; o sea, se va a vender este año.

Algo que es muy importantes, es que independientemente de que no se haya vendido Aeroméxico y sí se vendió Mexicana, desde la historia de Aeroméxico no se tenía el monto de inversión que hoy se tiene. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, parte con recursos propios, parte con financiamiento de parte por ejemplo de ``Lexin Bank'' para la compra de aviones. Hoy en Aeroméxico se está invirtiendo el mayor monto desde que existe Aeronaves de México, porque se necesita.

Duplicar el monto de inversión del consorcio respecto al 2005, ubicando este monto en el mayor nivel de la historia de la empresa. Hoy en día Aeroméxico nunca había tenido aviones propios. Ya el año pasado se incorporaron dos. Estamos pensando que este año, que sean parte de la flota de Aeroméxico, no arrendados, al menos otros siete para tener nueve, que es mucho más barato para la empresa operar así que arrendando los aviones, pero como el balance estaba tan deteriorado hace unos años, no había quien te prestara para poder tener aviones propios, que ahora se está haciendo.

Y con los diez regionales en Aerolitoral, son un elemento muy importante para enfrentar la competencia de las nuevas aerolíneas. Hoy estamos volando, ya con Aerolitoral, desde Toluca, Monterrey y con estos nuevos jets se va a volar a Guadalajara, se va a volar otras plazas, atendiendo la nueva competencia.''

En atención a los comentarios hechos por el doctor Andrés Conesa Labastida Presidente del Consejo de Administración de Cintra, S.A. de C.V., y a los cuestionamientos que se le hicieron por parte de los diputados federales integrantes de la Comisión de transportes, resulta evidente que el presente punto de acuerdo queda totalmente atendido.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único.- En virtud de que en fecha 15 de febrero del año en curso, se presentó el doctor Andrés Conesa Labastida Presidente del Consejo de Administración de Cintra, S.A. de C.V., se presentó ante los diputados de esta Comisión, exponiendo y contestando los cuestionamientos de los diputados federales con respecto al estado que gurda el proceso de venta de Aeroméxico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación y Clic; se considera desahogado el presente punto de acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión, a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes para que realice las investigaciones y gestiones necesarias para determinar las circunstancias de los hechos relacionados con el accidente carretero consistente en el choque de un autobús de pasajeros identificado con la razón social Avituris contra un vehículo de carga, en el kilómetro 170 de la carretera de Ciudad Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, para determinar los hechos y deslindar responsabilidades y prestar el auxilio y apoyo a las víctimas, así como a sus familiares

Honorable Asamblea

Las Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Cámara, para su análisis y elaboración el dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes a que realice las investigaciones y gestiones necesarias para determinar las condiciones y circunstancias en que acaecieron los hechos relacionados con el accidente carretero consistente en el ``encontronazo'' de un autobús de pasajeros identificado con la razón social ``Avituris'', contra un vehículo de carga, en el kilómetro 170 del tramo de la carretera Ciudad Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, para determinar los hechos y deslindar responsabilidades y prestar el auxilio y apoyo a las victimas, personas fallecidas y lesionadas, así como a sus familiares, presentada por los diputados federales Jesús Aguilar Bueno y Martha Laguette Lardizábal, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 14 de diciembre de 2004.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

a).- Los promoventes señalan en su exposición de motivos que desde hace años, se ha venido detectando que autobuses sin identificación comercial o con razones sociales relacionadas con servicios turísticos, prestan irregularmente el servicio de pasajeros de Ciudad Juárez a diversos puntos del interior de la Republica.

Esto se lleva a cabo en unidades viejas que no cumplen con los mínimos requisitos técnicos, ni mecánicos para la prestación del servicio de pasajeros.

Con fecha 5 de diciembre de 2004, uno de estos autobuses piratas, identificado con la razón social ``Avituris'', tuvo un accidente en el Km. 170 de la Carretera de Cd. Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, al estrellarse con un trailer de carga, en donde fallecieron 12 personas y resultaron lesionadas 17 más, todos pasajeros del autobús identificado como ``Avituris''.

No se pudo determinar si los pasajeros víctimas estaban protegidos por algún seguro o si se localizó alguna persona que asuma la responsabilidad correspondiente.

3. Consideraciones

A.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene el firme objetivo de promover y generar más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la vida y a la construcción de una sociedad mexicana igualitaria y justa.

B.- Las vías de comunicación, tanto terrestres, aéreas y marítimas son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que el transporte es esencial para su desarrollo.

Por lo tanto la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer a esta Comisión de Transportes los resultados de los procedimientos que la Dirección General de Autotransporte Federal, tiene para este tipo de accidentes, por ello el responsable del Departamento de Autotransporte encargado del tramo donde se suscitó el accidente se traslado al lugar del mismo, a fin de conocer los resultados de las investigaciones de la Policía Federal Preventiva realizó como responsable de las acciones que con motivo de este tipo de accidentes en carretera deben llevarse a cabo.

De dichas acciones quedaron establecidas en el parte 088/2004, en el cual se determina que las causas que motivaron el accidente en el Km. 170+750 del camino Gómez Palacios-Jiménez, tramo Zavala-Pemex Rellano, se debieron a que el vehículo de carga marca Silver, modelo 2001, placas 469 BW7, autorizado en la modalidad de carga general, transitaba a mayor velocidad de la establecida en las condiciones del camino en su aspecto operacional, provocando el accidente.

Asimismo informan también que en atención a las actas levantadas con motivo del accidente se constató que ambos vehículos involucrados tanto el de carga como el de pasajeros contaban con la póliza de seguro que establece la normatividad en su artículo 7 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, además el jefe del Departamento de Autotransporte de Ciudad Juárez, adscrito al Centro SCT Chihuahua, verificó con los representantes de la Aseguradora Seguros Comercial América, que el responsable del accidente, el permisionario Rubén Ávila Vargas, efectivamente contaba con dicho seguro.

A los familiares de las personas fallecidas se les proporcionó toda la atención que requirieron, tramitándoseles la indemnización correspondiente, a las personas lesionadas todos fueron atendidos en el Hospital Regional de Ciudad Juárez.

Ambos permisionarios fueron visitados posteriormente por Inspectores de Vías Generales de Comunicación, quienes a través de los procedimientos legales y administrativos del caso, determinaron que ambos permisionarios presentaron irregularidades en el momento del accidente, siendo ya sancionados conforme a los ordenamientos aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único.- En virtud del oficio número 4.-280 de fecha 9 de junio de 2005, mediante el cual el subsecretario de Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, da a conocer las actuaciones que llevó a cabo la Secretaría, la ayuda que se proporcionó a los familiares de las personas fallecidas y a las lesionadas, así como el trámite que se siguió a los permisionarios, por lo tanto se considera desahogado el presente punto de acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. cámara de Diputados.--- Presente.

A esta Comisión de Salud le fue turnado un punto de acuerdo para solicitar que comparezca el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2, encontradas en nuestro país, suscrita por integrantes de la Comisión de Salud, el día 21 de octubre de 2004.

Con fecha 25 de mayo de 2005, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados remitió oficio número D.G.P.L. 59-II-0-2053, en el que hace del conocimiento de las acciones realizadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud ha logrado asegurar que la Sociedad mexicana ha quedado libre de cualquier vía de contagio de las cepas del virus de influenza H2N2, en virtud de la destrucción de las vacunas H2N2.

Durante la 37ª reunión de mesa Directiva de esta Comisión celebrada el día 25 de enero se revisó el expediente en mención, emitiendo el siguiente acuerdo:

Dar por concluida dicha proposición por considerar que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, cumplió con la solicitud propuesta.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 25 de enero de 2006.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Cristina Díaz Salazar, secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional, por el que se considera atendida la proposición con punto de acuerdo para que los integrantes de esas comisiones visiten la región Loxicha y la Sierra Zapoteca, en Oaxaca, e informen sobre la situación en la zona

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2 fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e), f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presentan a consideración de esta soberanía el presente dictamen bajo los siguientes:

Antecedentes:

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, el día 4 de abril del 2000, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Justicia, de Derechos Humanos y de Defensa Nacional, una proposición con punto de acuerdo presentada por el Dip. César Lonche Castellanos integrante del Partido de la Revolución Democrática, en el que solicita se realice una visita de los legisladores federales integrantes de estas comisiones a la región de los Loxichas en la sierra zapoteca del estado de Oaxaca, para informar sobre las condiciones de vida en que viven los habitantes de este lugar.

Estas Comisiones Unidas con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se abocó al estudio y análisis de la presente proposición, bajo los siguientes:

Consideraciones

El Senado de la República, en atención al acuerdo aprobado el 14 de diciembre del año 2000 por sus Comisiones de Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, conformó una subcomisión para atender la problemática de los indígenas Loxichas en el estado de Oaxaca integrada por los CC. senadores: José Antonio Aguilar Bodegas (PRI), Francisco Fraile García (PAN), Daniel López Nelio Santiago (PRD), Mariano González Zarur (PRI), Guillermo Herbert Pérez (PAN) y Leticia Burgos Ochoa (PRD), quienes la realizaron una visita a la región ``Loxicha'' del 19 al 21 de enero del 2001.

Sobre el particular, la Subcomisión rindió su informe y recomendaciones a las autoridades gubernamentales responsables de atender los conflictos que prevalecen en el lugar.

Para el estudio del presente punto de acuerdo, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, expresan su total respeto a la soberanía de los estados y a las políticas públicas que se apliquen para atender y resolver las demandas de sus habitantes. Asimismo, se suman a las conclusiones del informe presentado por el Senado de la República, que en su momento atendió los objetivos de la proposición referida.

Lo anterior, permite considerar que se ha atendido el punto de acuerdo quedando concluido el motivo que lo originó, Por lo expuesto, las Comisiones Unidas responsables de emitir dictamen, acuerdan presentar a la honorable asamblea, el siguiente:

Resolutivo:

Único: Con base en el estudio y análisis expresado en las consideraciones del presente dictamen, se considera atendida la solicitud del Dip. César Lonche Castellanos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados que se realice una visita de los legisladores federales integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional a la región Loxicha y a la Sierra Zapoteca del Estado de Oaxaca, para informar sobre las condiciones de vida en que viven sus habitantes, presentada en la proposición con punto de acuerdo.

Por la Comisión de Defensa Nacional, diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez, Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz, Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Julián Sacramento Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Heliodoro Díaz Escárraga, José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Consuelo Muro Urista, María Sara Rocha medina, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar, Eliana García Laguna, Angélica de la Peña Gómez, Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).

Por la Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Javier Manzano Salazar (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla, Marbella Casanova Calam, César Antonio Chávez Castillo, Abdallán Guzmán Cruz, Benardino Ramos Iturbide, Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Manuel García Corpus, José Guzmán Santos (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Roberto Pedraza Martínez, Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, Florencio Collazo Gómez, J. Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza, Lorena Torres Ramos (rúbrica), Sergio Vázquez García, José de Jesús Vázquez González, Leonardo Álvarez Romo.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continuar con el orden del día.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- H. Congreso de Baja California Sur.--- XI Legiaslatura.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En sesión pública ordinaria del día de hoy, el H. Congreso del Estado, aprobó un punto de acuerdo económico consistente en el siguiente resolutivo:

Primero.- La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, se manifiesta en contra de la reforma o creación de otra Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, y solicita al Congreso de la Unión el rechazo a la misma.

Segundo.- La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, pide a las Legislaturas estatales del país el respaldo a la solicitud hecha en el artículo anterior.

Tercero.- La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, ordena al Oficial Mayor de este Poder Legislativo, enviar el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales con todo el cuerpo de la presente iniciativa.

Se hace de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar, anexando copia simple del referido acuerdo económico.

Atentamente.

La Paz, BCS, a 27 de febrero de 2006.--- Lic. Víctor Daniel Madrigal Barbosa (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.

Honorable Asamblea:

En sesión publica ordinaria de la Diputación Permanente de fecha martes 21 de febrero del 2006, fue turnado a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social el oficio sin número suscrito por los dirigentes sindicales del Sindicato Nacionales del ISSSTE, Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Sindicato Único de los Trabajadores del Cobach y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios sección La Paz, mediante el cual solicitan que esta XI Legislatura a través de un punto de acuerdo manifieste su rechazo a las reformas de la Ley del ISSSTE.

Derivado de lo anterior esta Comisión ha estimado procedente someter a la consideración del Pleno la respectiva iniciativa de acuerdo económico de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Es por todos nosotros conocidos, la polémica que ha causado la injusta y falta de tacto social iniciativa que presentó el senador Joel Ayala Almeida, en la que pretende que se realicen reformas a la Ley del ISSSTE.

Derivado de esto, no se ha hecho esperar el rechazo que se ha manifestado por parte de distintas agrupaciones sindicales de todo el país y en el caso particular de Baja California Sur, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, sección Baja California Sur, la sección IX del Sindicato Nacional del ISSSTE, el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, el Sindicato Único de Trabajadores del Cobach, entre otras tantas organizaciones que han venido expresando su rechazo a la iniciativa presentada y que pretende realizar diversas reformas a la Ley del ISSSTE.

Por ello y tomando en consideración los principios del derecho laboral mexicano, y lo expresado por las organizaciones sindicales que mencioné, las que dicen ``que la seguridad social es un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y refrendado por la Declaración Internacional de los derechos Humanos,...''

La presente iniciativa tiene el propósito de profundizar en la defensa de la seguridad social como uno de los principios esenciales consagrados en el ámbito constitucional y rector del derecho laboral; éste, el derecho del trabajo, en los ámbitos internacional y nacional, es un asunto que está presente en todas las luchas humanas tendientes a garantizar el bienestar de la clase trabajadora; y si bien las primeras conquistas se restringieron a la protección elemental de enfermedades, accidentes de trabajo o invalidez, las transformaciones sociales han provocado la ampliación y ajuste de las mismas, hasta llegar a lo que son las pensiones.

Es totalmente injusto que una persona pretenda modificar de un plumazo los logros de los trabajadores que han costado muchas muertes en el transcurso de las luchas sociales.

Por todo lo anterior y derivado de que el presente asunto perjudica a un mundo de trabajadores derechohabientes del ISSSTE, los que se verían dañados completamente, en el supuesto caso de que las reformas propuestas se llegaran a aprobar solicitó a nombre de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y Previsión Social que este H. Congreso del estado termine pronunciándose sobre la base de la siguiente

Iniciativa de Acuerdo Económico

Primero.- La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, se manifiesta en contra de la reforma o creación de otra Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, y solicita al Congreso de la Unión el rechazo a la misma.

Segundo.- La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, pide a las legislaturas estatales del país el respaldo a la solicitud hecha en el artículo anterior.

Tercero.- La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, ordena al Oficial Mayor de este Poder Legislativo, enviar el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales con todo el cuerpo de la presente iniciativa.

Atentamente.

La Paz, Baja California Sur, a 27 de febrero de 2006.--- Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social; Dip. Armando Naranjo Rivera (rúbrica), Presidente; Dip. Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte (rúbrica), Secretaria; Dip. Ramón Alvarado Higuera, Secretario.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, se remite acuerdo aprobado por la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, que entre otros exhorta al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal, a que utilicen todos los recursos legales y diplomáticos a su disposición para que se logren derrotar las iniciativas antiinmigrantes como la Ley HR4437, la Ley Cornyn/Kyn y la iniciativa presentada por el senador Arlen Specter.

Lo que se comunica para los efectos legales conducentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2006.--- Dip. Jorge Adolfo Reza Maqueo (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Cano Ochoa (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Minerva Bautista Gómez (rúbrica), Segunda Secretaria; Dip. José Miguel Cázares Higuera, Tercer Secretario.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Primero.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo reafirma su postura a favor de que los migrantes internacionales gocen de todos sus derechos humanos, laborales, civiles, y políticos, y que los gobiernos del mundo los respeten, independientemente del estado legal de cada migrante.

Segundo.- Esta soberanía popular condena iniciativas como la Ley HR4437, la Ley Cornyn/Kyn, y la iniciativa presentada por el senador Arlen Specter, por considerarlas injustas, irracionales, anti-inmigrantes, por representar serias amenazas a una relación respetuosa y de colaboración entre México y los Estados Unidos, y por ofrecer soluciones legislativas al fenómeno de la migración internacional que no responden a la demanda de su economía por mano de obra extranjera y a una realidad demográfica que implicará la necesidad de continuar importando grandes cantidades de trabajadores de México y otros países.

Tercero.- Se exhorta al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal a que utilicen todos los recursos legales y diplomáticos a su disposición para que se logren derrotar las iniciativas anti-inmigrantes previamente mencionadas.

Cuarto.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que mediante una campaña de cabildeo contribuya a dignificar la imagen del migrante mexicano en los Estados Unidos, destacando las innumerables aportaciones que se hacen al desarrollo y progreso del vecino país del norte.

Quinto.- Se hace un merecido reconocimiento a las autoridades, dirigentes empresariales, líderes sindicales, representantes de iglesias, artistas, y organizaciones de migrantes mexicanos y michoacanos que participan activamente, y dentro del marco legal del vecino país, en la lucha por defender los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

Transitorio

Único.- Remítase el presente acuerdo a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, a los Congresos de los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Baja California, Tlaxcala y Durango, así como a las demás legislaturas locales de la República y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su conocimiento y fines legales del caso.

Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 14 catorce días del mes de marzo de 2006 dos mil seis.--- Dip. Jorge Adolfo Reza Moreno (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Cano Ochoa, Primer Secretario; Dip. Minerva Bautista Gómez (rúbrica), Segunda Secretaria; Dip. José Miguel Cázares Higuera (rúbrica), Tercer Secretario.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, se remite acuerdo, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, implementen las medidas necesarias a efecto de fortalecer las fronteras del país y no permitir la entrada de forma ilegal de productos textiles de confección, provenientes de la República Popular China. Asimismo, se le remite la propuesta de acuerdo de origen, para los efectos procedentes.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2006.--- Dip. Jorge Adolfo Reza Maquedo (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Cano Ochoa (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Minerva Bautista Gómez (rúbrica), Segunda Secretaria; Dip. José Miguel Cázares Higuera (rúbrica), Tercer Secretario.»

«Escudo.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo

Único.- La Septuagésima Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, se adhiere al acuerdo aprobado y remitido por la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, implementen las medidas necesarias a efecto de fortalecer las fronteras del país y no permitir la entrada de forma ilegal de productos textiles de confección provenientes de la República Popular China.

Transitorios

Único.- Remítase el presente acuerdo al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Cámara de Diputados del Congreso del estado de Tlaxcala.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 14 catorce días del mes de marzo de 2006 dos mil seis.--- Dip. Jorge Adolfo Reza Maquedo (rúbrica), Presidente; Dip. Fernando Cano Ochoa (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Minerva Bautista Gómez (rúbrica), Segunda Secretaria; Dip. José Miguel Cázares Higuera (rúbrica), Tercer Secretario.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por medio del presente me permito enviar acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria de la Quincuagésimo Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha; por virtud del cual se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se apruebe el proyecto de decreto de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 9 de marzo de 2006.--- Dip. Pericles Olivares Flores (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

El honorable Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por la diputada Nancy de la Sierra Arámburo integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del honorable Congreso del Estado; por virtud del cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se apruebe el proyecto de decreto de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La diferencia sexual se ha traducido siempre en desi- gualdad social. Por eso, al hablar de igualdad entre los sexos nos estamos refiriendo al problema de la desigualdad de las mujeres con relación a los hombres. La igualdad tiene dos dimensiones, la filosófica y la sociopolítica: se trata de una interrogación filosófica relacionada con la representación que nosotros nos hacemos de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, implica una reflexión sobre el modelo de sociedad justa que nos proponemos.

Existe gran complejidad en la utilización de los conceptos de igualdad y de diferencia con relación a las mujeres y los hombres, pues las personas somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla. La igualdad no es un dato en la organización humana, es un ideal ético.

La noción política de igualdad incluye, y de hecho depende, de un reconocimiento de la existencia de la diferencia; si los grupos o los individuos fueran idénticos no habría necesidad de pedir igualdad. De ahí que la igualdad se defina como una indiferencia deliberada frente a diferencias específicas.

La diferencia sexual ha sido utilizada para justificar la subordinación femenina. Mientras que cada día, hay mayor conciencia del racismo y de la falsedad de sus argumentaciones que utilizan a la biología con fines discriminatorios, todavía es poca la conciencia sobre el sexismo, que pretende hacer lo mismo con la diferencia sexual. Sabemos que sobre la biología se ha construido el género, y que muchas de las reglamentaciones y prohibiciones que impone éste no se derivan de la biología, sino que son construcciones sociales.

En la actualidad varias disciplinas de las ciencias sociales analizan, critican y apuntan a la necesidad de superar la rígida dicotomía de papeles que por el género se ha ido conformando a lo largo de la historia. De ahí que mucha de la crítica política democrática también formule la importancia de reconocer y aceptar opciones de la vida más flexibles, no arraigadas en estrictos y anticuados papeles sociales.

Pero la consecución de la igualdad requiere varias transformaciones sociales. Una tarea imprescindible para el surgimiento de las mujeres como ciudadanas, como sujetos políticos plenos, con derechos y obligaciones en el contrato social, es desmitificar el espacio privado de la familia: hay que mostrar tanto las relaciones de poder que lo sostienen como el trabajo no reconocido que ahí se realiza.

Para que mujeres y hombres compartan de manera equitativa responsabilidades públicas y privadas, políticas y domésticas, se requiere que junto con la entrada masiva de las mujeres al ámbito público, se dé el ingreso de los hombres al ámbito privado. Solo así el concepto de ciudadanía alcanzará su verdadero sentido: el de la participación de las personas, sin importar su sexo, como ciudadanos con iguales derechos y obligaciones.

En las estrategias políticas de las instituciones gubernamentales tiene que existir al mismo tiempo una atención a las manifestaciones de la diferencia y una insistencia en la relativización de la diferencia sexual, ambas dentro de un marco de aspiración igualitario.

Que con fecha veintisiete de abril del año dos mil cinco, el Senado de la República aprobó por ochenta y dos votos a favor uno en contra y cero abstenciones, el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, turnándose en la misma fecha a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para sus efectos constitucionales, sin que a la fecha se tenga respuesta de su aprobación por parte de ésta Cámara. Situación que repercute en un serio menoscabo para este sector social.

La presente iniciativa es reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito público y privado; mediante el establecimiento de programas que determinen las acciones básicas y políticas públicas que orienten al Estado mexicano al cumplimiento de éste principio: La Igualdad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción XI, 43, fracción VI, 70, 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20, 21 y 24 fracción VI y 130 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado; se emite el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se apruebe el proyecto de decreto de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los nueve días del mes de marzo de dos mil seis.--- Dip. Pericles Olivares Flores (rúbrica), Presidente; Dip. Zenorina González Ortega (rúbrica), Vicepresidenta; Dip. Mariano Hernández Reyes (rúbrica), Secretario; Dip. Ma. Belén Chávez Alvarado (rúbrica), Secretaria.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Equidad y Género.

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ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

H. Cámara de Diputados.--- México, DF.

Por acuerdo de la LVI Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobado en sesión pública ordinaria hoy, nos permitimos remitir, para su conocimiento y efectos procedentes, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara baja del Congreso de la Unión a aprobar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y la adición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

H. Puebla de Z., marzo 2 de 2006.--- Dip. María de los Ángeles E. Gómez Cortés (rúbrica), Secretaria; Dip. Mariano Hernández Reyes (rúbrica), Secretario.»

«C. Secretarios de la Mesa Directiva, del H. Congreso del Estado de Puebla.--- Presentes.

Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que integran la LVI Legislatura del H. Congreso del estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 fracciones I y II, 63, fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Puebla; y 93 fracción VI, y 128 del Reglamento Interior del H. Congreso del estado, sometemos a consideración de este H. cuerpo colegiado el siguiente punto de acuerdo, con arreglo al siguiente

Considerando

Con fecha 9 de diciembre de 2004, en la Cámara de Senadores fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y Estudios Legislativos Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, realizando diversas consultas con especialistas nacionales e internacionales en la materia y organizaciones civiles preocupadas por la problemática que aborda la misma, destacando para su análisis la participación de ciudadanos y representantes de organizaciones civiles interesados en que en México se combata este fenómeno antisocial, así como personalidades integrantes de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, del Consejo Consultivo del UNICEF en México, de la Organización Internacional para las Migraciones, de la asociación Sin Fronteras y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, entre otras.

Dicha iniciativa surgió ante la impostergable necesidad de crear un marco legal que, vinculado al derecho internacional, atienda de forma integral la problemática de la trata de personas, como un problema de índole mundial y del que nuestro país no es la excepción, en el cual cada año millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes situaciones de explotación de carácter laboral, sexual, o de servidumbre, por lo que fue necesario legislar para hacer frente al problema, tanto desde el punto de vista preventivo, como penal; la trata de personas es un delito que viola los derechos más fundamentales, por lo que éste es un fenómeno socio-delictivo que ha generado profunda preocupación a nivel internacional, pues en él convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y de corrupción.

Lo anterior es real, pues si bien es cierto que el Código Penal Federal, la Ley General de Población, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos Penales de las entidades federativas inclusive, consideran algunos tipos penales vinculados con la explotación y privación de la libertad de las personas, como lenocinio, pornografía infantil, tráfico de menores y tráfico de indocumentados, su contexto no responde a los compromisos asumidos en el plano internacional de garantizar y hacer valer los derechos humanos de mujeres, niños y toda persona víctima de cualquier tipo de explotación sexual, laboral o de servidumbre.

Por lo que el proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que se dictamino se compone de cinco capítulos, que proponen incorporar al derecho nacional los lineamientos y principios internacionales fundamentales para prevenir, tipificar y sancionar esta incalificable actividad en el ámbito federal, con la cooperación de las autoridades involucradas en las distintas esferas de gobierno; en cuanto a las adiciones propuestas de una fracción IV al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como de una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que este delito de trata de personas sea perseguido por las reglas de la delincuencia organizada y como un delito grave, se compartió con los iniciadores la propuesta se está frente a la urgente necesidad de tomar medidas para la prevención, sanción y protección de las víctimas de esta grave fenomenología delictiva, dicha iniciativa fue aprobada por 96 senadores el 13 de diciembre de 2005, turnándola a la Cámara de Diputados.

Por lo que para los diputados de Acción Nacional, es de suma importancia que sea aprobada dicha iniciativa, ya que la lucha contra la explotación sexual requiere acciones conjuntas y la cooperación entre los Estados, por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto sometemos ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta respetuosamente a la Cámara baja del Congreso de la Unión a aprobar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y la adición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.

2. En términos del artículo 94 del Reglamento Interior del H. Congreso del estado, por la urgencia y obvia resolución de dicho asunto, solicitamos dispensar los trámites que para cada asunto determinan los artículos 93 del Reglamento Interior y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometiendo este punto de acuerdo a discusión para su aprobación.

Puebla, Pue., a 2 de marzo de 2006.--- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: José Gaudencio Víctor León Castañeda (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Eliseo Lezama Prieto, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Jorge Gutiérrez Ramos (rúbrica), J. Raymundo Froylán García García (rúbrica), Óscar Anguiano Martínez (rúbrica), Maricela González Juárez (rúbrica), María de los Ángeles Elizabeth Gómez Cortés (rúbrica), María Belén Chávez Alvarado (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

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ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo.--- Gobierno del estado de México.

Lic. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones del licenciado Abel Villicaña Estrada, procurador general de Justicia, y en atención a su oficio número D.F.P.L 59-II-0-3450, en el cual se exhorta a esta institución para mantener especial atención en el proceso electoral del 12 de marzo; al respecto, me permito informar a usted que se coordinaron acciones conjuntas con las instancias responsables de vigilar esta jornada, efectuándose sin mayores incidencias que pusieran en riesgo este proceso.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Toluca, México, a 13 de marzo de 2006.--- Lic. Adriana Cabrera Santana (rúbrica), secretaria particular del C. Procurador.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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SECRETO PROFESIONAL DE PERIODISTAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

En respuesta a su oficio número D.G.P.L 59-II-4-2169, de fecha 14 de marzo de 2006, mediante el cual hace del conocimiento de esta Procuraduría los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión de la misma fecha, me permito informar los siguiente:

Esta Procuraduría ha tomado conocimiento del exhorto formulado por dicho órgano legislativo para perseguir y resolver los casos de los delitos cometidos contra periodistas, editores y comunicadores; así como el tomar en cuenta el secreto profesional de los periodistas como condición indispensable para el buen desempeño de su labor informativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2006.--- Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez (rúbrica), procurador general de Justicia del Distrito Federal.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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FERROCARRILES NACIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Distinguida diputada González Salas:

En respuesta al oficio D.G.P.L 59-II-0-2605, suscrito por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, entonces Presidente de la Mesa Directiva, en el que se señala que en sesión de fecha 4 de noviembre de 2005 se aprobó el punto de acuerdo consistente en exhortar al suscrito a desistirme del amparo interpuesto por Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) en contra de la aplicación de diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales vigente, me permito manifestarle que este organismo ha tomado nota del contenido del citado punto de acuerdo así como de los argumentos expresado por el diputado Tomás Cruz Martínez y que sirvieron de base para la adopción del mismo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 20 de febrero de 2006.--- CP Enrique Rivas Zivy (rúbrica), delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que la diputada María de los Dolores Padierna Luna sustituya a la diputada con licencia Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara en la Secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de las siguientes integraciones, solicitadas por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado Juan Carlos Núñez Armas cause alta como integrante en las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Desarrollo Social.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la siguiente integración, solicitada por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que la diputada Concepción Cruz García cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la siguiente integración, solicitada por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que la diputada Concepción Cruz García cause alta como integrante en la Comisión de Equidad y Género.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.2006.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado José Francisco Landero Gutiérrez sustituya a la diputada con licencia María Viola Corella Manzanilla como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Jesús Morales Flores, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra cause baja como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de marzo de 2006.--- Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

De la manera más atenta, solicitamos a los representantes de los medios de comunicación que fueran tan gentiles de ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir su importante labor informativa. Continúe la Secretaría.

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TRABAJADORES MIGRANTES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad con la movilización de cientos de miles de migrantes que han participado en las manifestaciones en ciudades de Estados Unidos de América contra la criminalización de los trabajadores migrantes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad con la movilización de cientos de miles de migrantes que han participado en las manifestaciones en Los Ángeles, Denver, Charlotte, Sacramento, San Francisco, Chicago, Milwaukee, Atlanta, Phoenix, Washington, Trenton, Kansas City, Tucson, Fort Meyers y Cleveland con el mensaje ``¡Ya basta!'' contra la criminalización de los trabajadores migrantes, y las humillaciones, los abusos y los atropellos de que son objeto.

Segundo. Esta soberanía se une a la lucha contra la criminalización de nuestros connacionales trabajadores indocumentados y se pronuncia a favor de sus derechos.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Senado estadounidense a no aprobar la propuesta HR4437, también conocida como Ley Sensenbrenner.

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Han solicitado el uso de la palabra para hablar a favor de este punto de acuerdo el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, y la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia, tiene el uso de la voz nuestro compañero, el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: la aprobación, en diciembre, por la Cámara de Representantes estadounidense del proyecto de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Migración Ilegal, conocida por su número oficial HR-4437, ley Sensenbrenner, que penaliza a los migrantes indocumentados, así como a sus contratistas, y que pretende extender la valla que ya separa en algunos tramos ambos países, ha provocado el rechazo unánime de la sociedad mexicana. La aplicación de un muro fronterizo de hasta mil 116 kilómetros, de casi 3.2 miles de kilómetros de límites entre ese país y México, amenaza enturbiar las relaciones entre ambas naciones. Otras de las medidas adoptadas en la controvertida ley es el reconocimiento de delito en el ingreso ilegal en Estados Unidos, por lo que los inmigrantes que se encuentren en esa condición serían encarcelados, en lugar de deportados. Como sabemos, por desgracia cada año 400 mil mexicanos inmigran a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la precariedad, la mayor parte en forma ilegal, con el riesgo que implica para su seguridad y su vida, que se ven amenazados por los traficantes de personas, los asaltantes, un implacable desierto o las aguas del río Bravo.

Consideramos que esta ley es inadecuada y por ello nos solidarizamos con esta manifestación. Su significado político es muy grande, sobre todo porque es un aviso urgente de que en México debe existir un proyecto para las grandes mayorías y no sólo para unos cuantos. Sin duda, es la relación con nuestros vecinos del norte la dimensión de la política exterior que mayor capacidad de adaptación, innovación y renovación nos impone. El precepto fundamental de la iniciativa asume que los inmigrantes que provienen de la frontera sur son terroristas. Ignora la crisis humanitaria atribuible a varias razones, entre ellas la pobreza, el injusto intercambio comercial y la crisis de gobernabilidad entre otras partes del mundo.

Criminaliza cualquier tipo de contacto con extranjeros indocumentados, al extremo de listar conductas como ayudar o animar a alguien a quedarse en Estados Unidos y quién sabe qué más ello signifique. El problema existe y parece no tener fin, en mucho por la existencia de visiones y búsqueda de soluciones tan radicalmente opuestas entre los gobiernos: mientras las administraciones de nuestro país buscan el respeto de los derechos humanos de los migrantes y la no discriminación ni violencia que son ejercidas contra ellos, el interés de Estados Unidos continúa en reducir la migración de indocumentados a través de cualquier medida, no importando que ciudadanos del mismo país ataquen descaradamente a nuestros connacionales. El tema migratorio requiere un nuevo enfoque de largo plazo, que permita la movilidad y residencia de los nacionales mexicanos, que sea segura, digna, legal y ordenada. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Ochoa Fernández. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señora Presidenta. En las últimas dos semanas hemos visto grandes movilizaciones; los invisibles, los excluidos, los migrantes de diversas nacionalidades, principalmente mexicanos, centroamericanos, árabes; documentados e indocumentados, que mantienen el gran imperio, decidieron salir a las calles a decir: ``¡Ya basta!'', con las distintas propuestas antiinmigrantes, que tienen como sustento la criminalización de las y los trabajadores que van a ese país a intentar mejores condiciones de vida. Hemos visto el entusiasmo en estas manifestaciones; y el día de hoy en el Congreso, particularmente en el Comité Judicial del Senado, ya hubo una primera respuesta legislativa a estas movilizaciones.

Ayer, el Comité Judicial del Senado aprobó una iniciativa que no es mejor, en términos reales, que la iniciativa Sensenbrenner. La iniciativa aprobada ayer sí trae una serie de propuestas que permitirían visas de trabajo, que permitirían la posibilidad de residencia para los indocumentados, que permitiría legalizarlos; pero también se acompaña de una serie de acciones que, de alguna manera, refuerzan la concepción de seguridad hemisférica y de seguridad que se está implantando en la frontera México-Estados Unidos y que se pretende llevar a la frontera México-Centroamérica. Es importante tener claro que nosotros, como mexicanos, deberíamos estar apoyando no reformas migratorias en el Congreso de Estados Unidos, sino la posibilidad de un acuerdo migratorio bilateral en relación con los migrantes indocumentados y con los documentados que trabajan en Estados Unidos y que requieren la protección de sus derechos.

Quisiéramos poner el punto central en la necesidad de presionar para un acuerdo migratorio, oponernos a todas estas leyes, que son criminalizantes de la migración, esencialmente la migración mexicana, y saludar de manera entusiasta, con gran admiración, la movilización de los cientos de miles de migrantes, documentados e indocumentados, que está poniendo al ``imperio'' a pensar en lo que significa la presencia de los inmigrantes en un país que, como Estados Unidos, esencialmente se formó con la migración europea y con la migración de América Latina. Apoyamos este punto de acuerdo y felicitamos la movilización de los migrantes de todo el mundo. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Eliana García. A continuación, tiene el uso de la palabra quien también la solicitó, el diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Sergio Penagos García: Gracias, diputada Presidenta. Es cierto que en las últimas semanas, y especialmente en este fin de semana que acaba de transcurrir, el mundo fue testigo de una gran movilización de nuestros hermanos mexicanos y de algunos otros hermanos de distintas latitudes, especialmente latinoamericanos. Hoy reconocemos el fenómeno migratorio como una condición inherente al desarrollo humano, al desarrollo de las personas, de tal manera que el grupo parlamentario del PAN expresa su solidaridad con todos los connacionales --y por supuesto, con su descendencia-- que todos los días se levantan con el ánimo de procurar satisfactores a quienes ellos más quieren, allende nuestras fronteras. Desde luego que desde esta tribuna nos unimos al rechazo de la criminalización del fenómeno migratorio.

Reconocemos, pues, también la existencia de avances legislativos que, sin duda, son el fruto de un trabajo empeñoso de parte del Gobierno Federal mexicano, que desde hace cinco años ha estado luchando precisamente por el reconocimiento de esos derechos de los connacionales, de los mexicanos que no por haber salido de nuestras fronteras son mexicanos sin patria, de los mexicanos que por condiciones de necesidad han tenido que emigrar para procurar un mejor futuro para quienes más aman. De tal manera que nos unimos a los demás grupos parlamentarios que hoy celebran esos éxitos de nuestro gobierno para que los mexicanos tengan un mejor futuro y, sobre todo, para que se reconozcan la dignidad y sus derechos, independientemente de que hayan ido más allá de nuestra frontera. Se traducen esos beneficios hoy en trabajos legislativos que si bien pudieran ser todavía perfectibles, que si bien no han llegado al punto deseado en una política pública en materia migratoria, sin duda son avances creados a partir de un esfuerzo tesonero de los mexicanos y del reconocimiento de que con su trabajo también se puede ir haciendo México más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Penagos García. A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero, el diputado Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan José García Ochoa: Muchas gracias. Sin duda, son muy importantes las movilizaciones, que han dado un revés en la opinión pública de Estados Unidos con relación a la ola antiinmigrante que se había ido apoderando de la opinión pública desde el 11 de septiembre. El hecho de que salieran a la calle y que empezaran a configurar un movimiento social los que están contribuyendo a la vitalidad, como dijo el Presidente Bush, de la economía norteamericana, pero que también exigen, como en su momento hicieron los que lucharon por las libertades civiles, los que lucharon por los derechos de la gente de origen africano en Estados Unidos o como los que en la década de los setenta, encabezados por César Chávez, empezaron una lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Es muy importante también señalar que la decisión que tomó ayer la mayoría del Comité Judicial es un paso adelante hacia una reforma migratoria comprensiva e integral. Garantiza que l.5 millones de trabajadores agrícolas, fundamentalmente mexicanos --98 por ciento de la economía agrícola de California, por ejemplo, depende de la mano de obra mexicana--, que este alto porcentaje de personas obtengan sus documentos, que se den facilidades para la reunificación familiar, cuando casi dos terceras partes de los indocumentados tienen al menos un familiar que tiene documentos en Estados Unidos y, por tanto, este tema de la reunificación familiar se vuelve sumamente importante. Importante también señalar, resaltar que los mexicanos que no tienen documentos en Estados Unidos puedan entrar desde Estados Unidos en el programa de trabajo temporal, sin necesidad de regresar a su país de origen, como estaba inicialmente en la iniciativa, con lo cual se da la posibilidad de un camino a la regularización a casi --con estas medidas en su conjunto-- 11 millones de trabajadores indocumentados que están en Estados Unidos.

Las movilizaciones han sido una parte importante, sin duda; también lo ha sido la acción que ha hecho este Congreso. Hay que decirlo: las reuniones bilaterales que se han tenido, las cerca de 100 reuniones con senadores de Estados Unidos... Creo que por primera vez, y con esto concluyo, es el Congreso el que toma la iniciativa en favor de los migrantes. Por los que dijeron que venimos a apoyar al gobierno, decir: el gobierno ha estado más bien ausente y quien ha empujado esto ha sido el Congreso de ambos países.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado García Ochoa. Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias, diputada Presidenta. Esta semana se está dando mucha información a los medios sobre el tema de los migrantes, de los migrantes mexicanos; grave en verdad. Y aunque, como lo han dicho mis compañeros, soplan nuevos vientos para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, debido a las marchas impresionantes que hoy estamos respaldando desde ésta, la casa de la nación, también hay que recordar que hay algunas elecciones por venir en Estados Unidos y que están presionando estos hechos que puedan hacer algunos cambios y que tenemos que estar seguros de que sean sólidos. El de 2005 fue otro año récord de remesas de mexicanos enviadas desde Estados Unidos a sus familias mexicanas: sólo en 2005, más de 20 mil millones de dólares. Según un análisis realizado por el periódico Reforma, 85 por ciento de los envíos es utilizado para cubrir gastos de alimentación, salud y educación.

Y según el Banco Interamericano de Desarrollo, sólo ahorran 10 por ciento las familias. Casi un millón y medio de hogares mexicanos han recibido en la administración del Presidente Fox más de 70 mil millones de dólares. Y en 2006, en los primeros meses del año, las remesas han crecido en 27 por ciento, lo que significa que esperamos que este año andemos en el orden de 25 mil millones de dólares. Pero eso no es todo: hay que reconocer también la gran importancia de la mano de obra mexicana en Estados Unidos, como también aquí se ha expresado; es la importancia de un trabajo que se realiza sin condiciones y con gran esfuerzo, y que merece el reconocimiento de Estados Unidos, la dignidad y el respeto de los mexicanos que van allá a aportar desarrollo económico.

Y no lo digo simplemente por la mano de obra, que es fundamental e importante para ellos y para nosotros; lo digo porque se considera que en Estados Unidos hay inversiones empresariales de latinoamericanos del orden de 700 mil millones de dólares, que generan empleo, que generan crecimiento. Estoy convencido de que hoy nos sumamos todos a este gran esfuerzo de los mexicanos que tienden a acudir al ``sueño americano'', donde muchos han perdido la vida y donde muchas familias de esas personas que han perdido la vida han sido embaucadas por abogados que les dicen que les van a recuperar recursos y se quedan con todo. Espero, compañeros, que ojalá los legisladores americanos reconozcan en su país que es un país de migrantes, y que nosotros también veamos por el respeto y la dignidad de nuestros hermanos. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Juan Fernando Perdomo.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidenta, pido la palabra.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha solicitado la palabra, anteriormente a usted, don Pedro, ha solicitado la palabra el diputado Roberto Pedraza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Queremos dar la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Marista del Distrito Federal, que se encuentran con nosotros el día de hoy y que son invitados por el diputado Jorge Triana Tena. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a integrantes del Club Rotario de Pachuca y a alumnos de intercambio de diversos países, invitados todos ellos por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, diputado Pedraza.

El diputado Roberto Pedraza Martínez: Con su permiso, diputada Presidenta. Cómo no apoyar el esfuerzo de todos los mexicanos que, desde hace muchos años, van a Estados Unidos a dejar no sólo su esfuerzo, sino a dejar sus sentimientos en México y trabajar en Estados Unidos a cambio de brindar a sus familias un mejor bienestar. Cómo no apoyar a los más de 500 mil mexicanos, casi un millón, que el fin de semana se manifestaron en Los Ángeles y en varias ciudades de la Unión Americana para ser escuchados. ¡Qué importancia tiene el hecho de que hayan perdido el miedo que antes tenían para salir a las calles a manifestarse y que ahora lo hayan dejado porque exigen un mejor trato del Gobierno de Estados Unidos!

Cómo no apoyar a los que tienen, o que por ellos el Gobierno de Estados Unidos tiene en sus arcas más de 60 mil millones de dólares, producto de los impuestos que pagan, aun siendo indocumentados en esa nación. Por eso, el día de hoy debemos sumarnos a ese esfuerzo, reconocer el esfuerzo de todos los mexicanos que salieron a las calles a decir ``¡Ya basta, ya basta!'' de las persecuciones de un gobierno que no los reconoce en el plano legal, pero sí les reconoce el esfuerzo que hacen haciendo los trabajos que muchos de los nativos de esa nación no quieren hacer. Cómo no reconocerles el hecho de que muchos de ellos, por años, han permanecido en esa nación alejados de su familia, a veces a costa de su familia, porque cuando regresan ésta se encuentra desintegrada. Cómo no reconocer el esfuerzo del envío de las remesas que anualmente llegan y son el motor, el motor económico de este país, que tanto necesita de recursos económicos para la subsistencia de las familias.

El precio es caro, el precio es alto. La gente y los pueblos están habitados por adultos, por mujeres y por niños. Las veces que llegamos a recorrer estas comunidades, vemos con tristeza cómo a muchos de los jóvenes en edad escolar les está haciendo falta la figura paterna, la figura paterna que se encuentra a veces a miles de kilómetros, trabajando para ellos. Cómo no preocuparnos de la desintegración familiar que está sucediendo cada día en el país. Al paso que vamos, necesitaremos programas específicos para reintegrar o para volver a integrar a esas familias que el día de hoy se encuentran segmentadas, la mitad en Estados Unidos y la mitad en México. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el reconocimiento pleno de esta fracción parlamentaria a todas las propuestas que sean tendentes a mejorar el estatus de los compañeros que viven y trabajan en Estados Unidos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el tema.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señora Presidenta, pido la palabra.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Don Pedro, el Reglamento lo que establece es que a favor pueden hablar dos personas, y en contra serían dos; sin embargo, la Presidencia, en coordinación con los coordinadores de los grupos parlamentarios, acordamos que fuera una persona por partido, y ya habló el representante de su partido, don Pedro.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Quiero hablar como diputado, como mexicano, y tengo el derecho de hablar.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por favor, sonido a la curul del diputado don Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Quiero hablar como mexicano y como diputado; y como diputado electo por el pueblo, nadie me puede quitar el derecho de subir a la tribuna. Soy diputado y vengo a hablar en nombre del pueblo, y ni usted, como Presidenta, ni nadie me puede quitar el derecho de subir a la tribuna. Aquí estoy representando a mi pueblo, y usted no tiene ningún derecho, ni la Junta de Coordinación Política, a impedirme subir, porque soy diputado.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: También sonido a la curul del diputado Agustín Rodríguez.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde la curul): Presidenta, quisiera que reconsiderara la posibilidad de dos intervenciones más; nos interesa mucho expresar sobre todo lo que se está viviendo en Estados Unidos con los connacionales. Sirve que apoyemos, que generemos la mayor expresión solidaria y de apoyo. Solicito que nos dé la posibilidad de participar.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido en la curul de José Antonio de la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputada Presidenta, según el criterio seguido por la propia Presidencia de la Mesa Directiva, ya hablaron dos diputados del PRD en este mismo tema. En tal sentido, nosotros proponemos que puedan hablar hasta dos diputados por partido. En el caso de nosotros, nos haría falta una intervención, y no tendríamos ningún inconveniente en que don Pedro Ávila Nevárez hiciera uso de la palabra.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Lo que pasa es que, originalmente, había exclusivamente dos intervenciones, una del Partido Verde, otra del PRD y, adicionalmente, se había inscrito una persona más del PRD, y fuimos dando oportunidad a todos. Voy a someter a consideración del Pleno si permitimos que suban estos compañeros diputados y diputadas a la tribuna. Consulte la Secretaría si autoriza que los compañeros diputados y diputadas suban a la tribuna y continuemos con este tema.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de abrirse la lista de oradores.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En tal virtud, tiene la palabra don Pedro Ávila. Posteriormente, Agustín Rodríguez y Rodrigo Iván Cortés.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señora Presidenta. En nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, quiero expresar mi apoyo y solidaridad con las marchas de los migrantes que resuenan hasta estos muros para llamarnos a atender estos reclamos. No es producto de la negociación del Gobierno Federal actual: desde tiempos de López Mateos, que era Presidente que nuestro partido llevó al poder, se está luchando porque se respete a nuestros hermanos migrantes que van en busca de trabajo y que ahora Bush ha tratado como si fueran unos asesinos, siendo que es la mejor mano de obra la del mexicano, la que realiza el progreso de Estados Unidos y les da a ganar millones de dólares no sólo en las industrias sino, también, en el campo.

La mano de la gente de Zacatecas, de Aguascalientes, de Durango, de Oaxaca, de Puebla es la mano de obra más calificada que está en Estados Unidos. Y sin embargo, a nuestros migrantes se les tiene como asesinos. Qué bueno que la voz de una mujer como la compañera Josefina Rodríguez, que es de Coahuila, y con otros compañeros diputados que vinieron a integrarse y que ha sido la Cámara de Diputados, como bien se dijo aquí, y la Cámara de Senadores, los que han hecho punta de lanza para que el Congreso de Estados Unidos adopte la doctrina hitleriana que tiene Bush para con nuestras gentes, que los persigue por todos lados, y hasta con balas de goma en Arizona los persigue.

Nuestros mexicanos no son criminales; son gente trabajadora, y por eso este Congreso de la Unión los apoya. No es producto de la negociación, pues, del gobierno actual. Hay que reconocer que también el Presidente ha actuado, pero no todo el mérito es de él, es de los compañeros diputados y senadores que en sus reuniones parlamentarias han hecho que estos reclamos justos se escuchen. El resultado de esta tenaz lucha es lo que ayer se vio: miles de mexicanos saliendo a las calles de Los Ángeles y de toda la Unión Americana, miles de gentes luchando en ese territorio que antes era de nosotros y que nos lo quitaron de forma criminal. Eso es el porqué tienen ellos nuestro reconocimiento, estos héroes migrantes que se recuperaron del fracaso de las negociaciones del actual gobierno.

Creo que debemos entregar a los legisladores americanos nuestra posición sobre la regularización de todos, de todos, absolutamente de todos nuestros hermanos mexicanos. Sólo quiero agregar que debemos continuar la labor legislativa, que concluya con el reconocimiento de sus derechos desde la pérdida de la mitad del territorio nacional, ahora es la primera vez que tenemos la oportunidad de unificar a la sociedad mexicana. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, don Pedro.

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REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia por favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Falta alguna o algún ciudadano diputado de registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de registro de asistencia. Presidenta: hay 387 ciudadanas y ciudadanos diputados registrados; por tanto, hay quórum. Las diputadas y los diputados que no hubieren registrado aún asistencia tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.

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TRABAJADORES MIGRANTES

La Presienta diputada María Marcela González Salas y Petricioli. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, quiero informar que se encuentran integrantes del grupo de la Revolución Blanca, que vinieron a agradecernos a las diputadas y los diputados que aprobamos el punto de acuerdo relativo a sus pensiones. Ellos son invitados del diputado Emilio Serrano. Bienvenidos.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Compañeras y compañeros diputados: Veinte mil millones...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito. Agradecemos sus muestras de agradecimiento y les suplicamos guardar silencio para escuchar al orador. Adelante.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Gracias. Veinte mil millones de dólares o más de 20 mil millones de dólares ingresaron el año pasado producto de las remesas de mexicanos en Estados Unidos, principalmente. Alrededor de 26 millones de familias o de mexicanos existen en Estados Unidos, y eso hace que esta Cámara de Diputados pueda tener la enorme sensibilidad para revisar la política económica que se ha seguido en los últimos 22 años en nuestro país porque eso es lo que tenemos, una muestra de los mexicanos luchando en otros lugares con manifestaciones para reclamar el respeto de la dignidad del ser humano, de ser trabajador, de ser alguien realizando alguna actividad en el extranjero. Cuando en nuestro país se reclama la solidaridad con esos mexicanos, no se puede negar por ninguna circunstancia, pero esas grandes manifestaciones nos indican que de ese tamaño es la vergüenza que debemos sentir quienes aquí estamos y que no hemos sido capaces de cambiar el rumbo económico y social del país, que lo único que ha hecho es producir pobres y más pobres todos los días.

Por eso es importante no solamente pronunciarse a favor de la manifestación y del reclamo justo de los mexicanos, sino más importante es que se cobre conciencia de que no podemos continuar con las mismas prácticas políticas y económicas con que hemos seguido hasta ahora, porque los resultados allí están. Queremos que el Congreso de Estados Unidos no cree leyes contra nuestros compatriotas, pero aquí qué estamos haciendo para propiciar trabajo digno, salario digno y bienestar para las familias de los mexicanos. Gracias. Ojalá y haya sensibilidad para discutir ese tema. Reformar la política económica es lo que requiere nuestro país.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Agustín Rodríguez. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia, señora Presidenta: hace 20 años que no se trataba el tema migratorio en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras y compañeros: estamos frente a un momento histórico de la relación entre México y Estados Unidos; estamos frente a un momento histórico sobre la calidad de vida de nuestros migrantes en ese país. Señores, estamos viviendo el resultado de un extraordinario momento de coincidencia entre los cinco años de trabajo del Legislativo federal en favor de los migrantes en Estados Unidos, cinco años en los que se ha creado el Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, cinco años en los que se ha reforzado el trabajo consular, cinco años en los que se ha promovido --y aprobado también por esta Legislatura-- el voto de los mexicanos en el exterior.

Señores: el Legislativo mexicano, como Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, se ha unido a este esfuerzo y hemos logrado que todos los grupos parlamentarios, que los senadores y los diputados estemos trabajando, codo con codo, con el Ejecutivo federal. Más de 150 entrevistas se han tenido, por parte de los legisladores mexicanos con los norteamericanos, para llegar a este momento, donde debemos festejar, celebrar y congratularnos por el despertar cívico, político, organizado de nuestros migrantes en Estados Unidos. Estamos frente a lo que son las históricas, las más históricas manifestaciones, pacíficas y cívicas, de migrantes en Estados Unidos, como la histórica de Chicago o la histórica de Los Ángeles; además, dirigida, encabezada por un alcalde de raíces mexicanas.

Señores, lo que pasó el día de ayer en el Comité Judicial del Senado norteamericano, donde se aprueban 400 mil visas de trabajo temporal, 1.5 millones de trabajadores agrícolas son legalizados y se abre la puerta para que puedan tener su residencia en Estados Unidos 11 millones de migrantes, es algo para solidarizarnos también con esos legisladores norteamericanos, que han sabido ver como prójimos a esos migrantes, yendo más allá de los distingos racistas, yendo más allá de los distintos colores, y han sabido ver el otro con dignidad humana. También nuestro reconocimiento para esos legisladores. Y, señores, festejemos que por lo menos en una ocasión tengamos la valentía y la dignidad de coincidir a favor del interés nacional. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Cortés Jiménez. Solicito a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si está suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el asunto.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba en sus términos el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo en sus términos.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

Se encuentran también con nosotros en el salón de sesiones --y les damos la más cordial bienvenida-- maestros, alumnos y padres de familia de la escuela primaria Profesor José Abraham Cabañas, de la comunidad de Atecaxil, del municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, del distrito IX de Perote, invitados por el diputado Ernesto Alarcón Trujillo. Asimismo, acaban de entrar también en el salón de sesiones alumnos de la escuela primaria Francisco Medina Ascencio, quienes han sido invitados por el diputado Federico Madrazo Rojas. Sean ustedes bienvenidos. Continúe la Secretaría con el orden del día.

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REFORMA DEL ESTADO

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se amplía al 31 de agosto de 2006 la vigencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado

Considerandos

1. Que el 18 de marzo de 2004, el Pleno de esta soberanía aprobó la creación de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, cuyos trabajos concluirían el 30 de abril de 2006.

2. Que en sesión del 27 de febrero del presente año, este órgano de gobierno consideró la importancia de ampliar la vigencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado hasta el 31 de agosto de 2006 y acordó solicitar a la Mesa Directiva de dicha Comisión la propuesta para ocupar la Presidencia de la Comisión Especial en mención, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2006.

3. Que el 17 de marzo de 2006, la Junta de Coordinación Política recibió la propuesta signada por el total de los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, en la que establece que la Presidencia durante el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2006 será ocupada por un diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 y los incisos a) y b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero: La vigencia de la Comisión Especial para analizar la Reforma del Estado se amplía hasta el 31 de agosto de 2006.

Segundo: La Comisión deberá presentar el informe de los trabajos realizados el 31 de julio de 2006.

Tercero: La Comisión deberá presentar la comprobación de gastos antes del 31 de julio del 2006.

Cuarto: La Comisión Especial para analizar la Reforma del Estado será presidida, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2006, por el diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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CUENCA LERMA-CHAPALA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se amplía la vigencia de la Comisión Especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala, hasta el 31 de agosto de 2006

Considerandos

1.- Que el 18 de marzo de 2004, el Pleno de esta soberanía aprobó la creación de la Comisión Especial para analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala, cuyos trabajos concluirían el 30 de abril de 2006.

2.- Que en sesión del 27 de marzo del presente año, este órgano de gobierno consideró la importancia de ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial para analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala, hasta el 31 de agosto de 2006.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 y los incisos a) y b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero: La vigencia de la Comisión Especial para analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala, se amplía hasta el 31 de agosto de 2006.

Segundo: La Comisión deberá presentar el informe de los trabajos realizados el 31 de julio de 2006.

Tercero: La Comisión deberá presentar la comprobación de gastos antes del 31 de julio del 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

También se encuentran con nosotros, invitados de esta Presidencia, varias compañeras y compañeros deportistas y reconocidos entrenadores del deporte. Bienvenidos; gracias.

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RECINTO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la H. Cámara de Diputados condena la violación de la soberanía del recinto legislativo de San Lázaro

Considerando

1.- Que el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas y que el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

2. Que el numeral 1 del artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recintos del Congreso y de las Cámaras son inviolables y que toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda. Asimismo, el artículo 13 de esta ley establece que ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.

3. Que el pasado viernes 24 de marzo, alrededor de las 14:15 horas, seis personas que dijeron ser elementos de la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República ingresaron al Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en la avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, del Distrito Federal, con el argumento de dirigirse al Comité de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados.

4. Que dichas personas resultaron estar adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), las cuales no se dirigieron al Comité mencionado, sino a las oficinas del diputado Jesús Humberto Martínez para realizar una notificación ministerial.

5. Que en ningún momento estas personas se identificaron como agentes del Ministerio Público o agentes ministeriales adscritos a la SIEDO, ni informaron los motivos de su presencia, por lo cual con engaños y sin el permiso de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados ingresaron y realizaron una notificación ministerial, lo cual contraviene el artículo 61 constitucional y los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Que el 24 de marzo, al tener conocimiento de estos sucesos, la Presidenta de la Mesa Directiva, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, presentó denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 y los incisos a) y b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se condena enérgicamente la violación del recinto legislativo de esta H. Cámara de Diputados, ocurrido el 24 de marzo de 2006, por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Segundo.- Se solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe a esta representación las acciones emprendidas para sancionar a los responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En votación económica pregunte usted si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, aprobado; comuníquese.

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JUEGOS Y SORTEOS

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se amplía la vigencia de la Comisión Especial encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos

Considerandos

1.- Que el 22 de junio de 2005, el Pleno de esta soberanía aprobó la creación de la Comisión Especial encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos, cuyos trabajos concluirían el 30 de abril de 2006.

2.- Que en sesión del 27 de marzo del presente año, este órgano de gobierno consideró la importancia de ampliar la vigencia de la Comisión Especial encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos hasta el 31 de agosto de 2006.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 y los incisos a) y b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero: La vigencia de la Comisión Especial encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos, se amplía hasta el 31 de agosto de 2006.

Segundo: La Comisión deberá presentar el informe de los trabajos realizados el 31 de julio de 2006.

Tercero: La Comisión deberá presentar la comprobación de gastos antes del 31 de julio del 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2006. --- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor ...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por instrucciones de los ciudadanos diputados secretarios de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, y para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a ustedes, que esta soberanía acordó presentar iniciativa ante el Congreso de la Unión, por la que se propone la adición de una fracción VI al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se anexa para los efectos procedentes:

Copia de la mencionada iniciativa, y

Original del decreto correspondiente.

Sin otro particular, reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El respeto al derecho ajeno es la paz.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de febrero de 2006.--- Dr. Rogelio Mario Chagoya Romero (rúbrica), oficial mayor del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados a la LIX Legislatura del Congreso del Estado:

Los suscritos diputados, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y 70, 72, 75, 76, 77, 78 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca y demás aplicables de los ordenamientos invocados, venimos a presentar

Iniciativa de ley para adicionar con una fracción sexta el artículo 229, Capítulo X, intitulado ``De la disolución de sociedades'', de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Fundamos esta iniciativa en las siguientes

Consideraciones

Primera.- Como es de todos conocido por la amplia información difundida a través de los diversos medios masivos de comunicación, en fecha reciente un grupo de ciudadanos cubanos que habían celebrado contrato de hospedaje y de otros servicios con la empresa operadora del hotel María Isabel Sheraton establecido en la Ciudad de México, capital de la República, fueron expulsados del mencionado centro hotelero sin motivos justificados con arreglo a las leyes mexicanas, habiendo resultado que ese acto unilateral y abusivo del hotel mencionado se llevó a cabo a requerimiento de autoridades de los Estados Unidos de América, aplicando extraterritorialmente la llamada Ley Helms-Burton de aquel país, no obstante ser la empresa responsable, una sociedad mercantil constituida con arreglo a las leyes mexicanas. Es inadmisible y contrario a nuestra soberanía que el gobierno estadounidense pretenda extender dentro de nuestro territorio el llamado embargo decretado en contra de la República de Cuba para impedir la realización de toda clase de negocios a sus nacionales conciudadanos y empresas cubanos.

Segunda.- La llamada Ley Helms-Burton es un ordenamiento abusivo, unilateral que se pretende aplicar en el territorio de otros países, atropellando así el principio de las soberanías nacionales, del trato equitativo y del respeto a la igualdad de todos los países del mundo.

El suceso al que nos referimos ha despertado la justa indignación de los mexicanos toda vez que entraña una clara violación al artículo 27, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se establece la condición de que para poder operar en el país los extranjeros, sean personas o corporaciones, están obligados a considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieran en territorio mexicano y a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso de faltar a dicho compromiso, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubiesen adquirido.

La anterior disposición constitucional se refleja en nuestra legislación ordinaria como lo es la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, cuyo artículo 1° establece lo siguiente: ``Se prohíbe a las personas físicas o morales, públicas o privadas que se encuentren en el territorio nacional, a aquéllas cuyos actos ocurran o surtan efectos total o parcialmente en dicho territorio, así como a aquéllas que se sometan a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.- Se entenderá que una ley extranjera tiene efectos extraterritoriales que afectan el comercio o la inversión de México, cuando tenga o pueda tener cualesquiera de los siguientes objetivos:- I Que pretenda imponer un bloqueo económico o incluso limitar la inversión hacia un país para provocar el cambio en su forma de gobierno''.

El anterior precepto debe interpretarse relacionado con el artículo 9, fracción I, de la misma ley cuyo texto es el siguiente: ``Sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, penal o de otra índole que puedan generarse por la violación de los artículos 1o., 2o. y 3o., la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá imponer, al infractor, las sanciones administrativas siguientes: I Por violación al primer párrafo del artículo 1o., multa hasta por 100,000 días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal''.

Es incuestionable que en el presente caso la Secretaría de Relaciones Exteriores sentaría un precedente histórico si somete a la empresa operadora hotelera de que se trata al procedimiento administrativo para aplicarle la sanción prevista por haber incurrido en la falta contemplada por la fracción I del artículo 9 de la ley en comento.

De aplicarse esa sanción, seguramente otras organizaciones mercantiles quedarían disuadidas para aplicar en sus actos de comercio legislación extranjera. Sin embargo, ello es insuficiente cuando se trata de empresas trasnacionales de enormes recursos y capital que, sin problemas, pueden cubrir sanciones económicas en pesos mexicanos por muy elevadas que éstas sean.

En consecuencia, se trata de crear una sanción drástica que impida de manera absoluta y terminante a empresas extranjeras o nacionales con capital extranjero, aplicar leyes extranjeras, como lamentablemente sucedió en perjuicio de ciudadanos cubanos que, por el solo hecho de estar en México merecen toda la protección de nuestras leyes.

A fin de que en el futuro no se repitan esta clase de sucesos atentatorios de la soberanía nacional hemos creído conveniente proponer a esta honorable Legislatura, ejercitar su derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Congreso de la Unión apruebe, mediante el procedimiento legislativo aplicable una adición al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar en la siguiente forma:

``Artículo 229.- Las sociedades se disuelven:

I a V ...

VI.- Por aplicar o someterse a leyes extranjeras en territorio mexicano. En este caso el Ministerio Público deberá ejercitar de inmediato la acción correspondiente ante la autoridad judicial competente para demandar la disolución de la sociedad responsable.''

En consecuencia proponemos se apruebe con dispensa de trámites, según lo previsto en los artículos aplicables del reglamento anteriormente invocados, por ser asunto urgente y de obvia resolución, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo 1.- La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobar la adición de una fracción VI al artículo 229 de la Ley: General de Sociedades Mercantiles, el cual quedaría en los siguientes términos:

``Artículo 229.- Las sociedades se disuelven:

I a V ...

VI.- Por aplicar o someterse a leyes extranjeras en territorio mexicano. En este caso el Ministerio Público ejercitará de inmediato la acción para demandar ante la autoridad judicial, la disolución de la sociedad.''

Artículo 2.- Exhórtese a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar el procedimiento administrativo y en su caso a aplicar a la empresa operadora del hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México las sanciones previstas por los artículos 1, fracción I, y 9, fracción I, de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.

Artículo 3.- Exhórtese a todas Legislaturas de los estados de la Federación a sumarse y respaldar la presente iniciativa, haciéndola suya a fin de que el Congreso de la Unión, previo los trámites correspondientes la apruebe en los términos propuestos.

Artículo 4.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Atentamente.

``El respeto al derecho ajeno es la paz''

Oaxaca de Juárez, a 9 de febrero de 2006.--- Diputados: Genaro Vásquez Colmenares (rúbrica), Marlene Aldeco Reyes Retana (rúbrica), Rey Morales Sánchez (rúbrica), Joaquín C. de los Santos Molina (rúbrica), Temístocles Muñoz Juárez (rúbrica), Marcela Merino García (rúbrica) Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Efraín Ricardez Carmona (rúbrica), Mariano Santana López Santiago (rúbrica), Adriana Lucía Cruz Carrera (rúbrica), Bulmaro Brito Salinas (rúbrica), Alejandro Avilés Alvarez (rúbrica), Marcelo Díaz de León M. (rúbrica), Héctor César Sánchez Aguilar (rúbrica), Juan José Osante Pacheco (rúbrica), Cuitláhuac Santiago Espinoza (rúbrica), Marco Antonio Hernández Cuevas (rúbrica), Dinorath Mendoza (rúbrica), Faustino García Díaz (rúbrica), Nahum Rubén Carreño Mendoza (rúbrica), Jesús Madrid Jiménez (rúbrica), Ricardo A. Vera López (rúbrica), Antonio Sánchez Hernández (rúbrica), Edna Liliana Sánchez Cortés (rúbrica), Rolando Cruz Sanpedro (rúbrica), Blanca Grajales Ornelas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Decreta

Artículo Único.- La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobar la adición de una fracción VI al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar en los siguientes términos:

``Artículo 229.- Las sociedades se disuelven:

I a V.- ...

VI.- Por aplicar o someterse a leyes extranjeras en territorio mexicano. En este caso el Ministerio Público ejercitará de inmediato la acción para demandar ante la autoridad judicial, la disolución de la sociedad.

Transitorios

Primero.- Exhórtese a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a iniciar el procedimiento administrativo, y en su caso, a aplicar a la empresa operadora del hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México, las sanciones previstas por los artículos 1, fracción I, y 9, fracción I, de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.

Segundo.- Exhórtese a todas las Legislaturas de los estados de la Federación, a sumarse y respaldar la presente iniciativa haciéndola suya, a fin de que el Congreso de la Unión, previo los trámites correspondientes, la apruebe en los términos propuestos.

Tercero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Lo tendrá entendido el gobernador del estado y hará que se publique y se cumpla.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del Estado.- Oaxaca de Juárez, Oax., 9 de febrero de 2006.--- Dip. Jordi Masdefiol Suárez (rúbrica), Presidente; Dip. Adelina Rasgado Escobar (rúbrica), Secretaria; Dip. Samuel Rosales Olmos (rúbrica), Secretario.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Economía.

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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México DF.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30, incisos III, IV, V y VI del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, en el cual se establece la obligación de remitir a la H. Cámara de Diputados, en forma mensual, la información relativa al padrón de beneficiarios de los distintos programas, subsidios, calendarios de entrega, mecanismos y modalidad para la entrega específica de los beneficios derivados de los programas y subsidios administrados, hago llegar a usted el padrón vigente de los beneficiarios de los programas de beca e intercambio administrados por esta Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública.

Atentamente.

México, DF, a 28 de febrero de 2006.--- Dr. Daniel González Spencer (rúbrica), director general de Relaciones Internacionales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Dirección General de Relaciones Internacionales

Dirección de Relaciones Bilaterales

Padrón de Beneficiarios de los distintos programas, subsidios, calendarios de entrega, mecanismos y modalidad para la entrega específica de los beneficios derivados de los programas y subsidios administrados pro la DGRI-SEP.

Febrero 2006

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Jorge Carrillo Ramírez.

Puesto: Auxiliar administrativo IPA.

Lugar de Trabajo: Embajada de Colombia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial y dos fotografías.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 9 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: América Enríquez Castillejos.

Puesto: Empleada doméstica de servicio.

Lugar de Trabajo: Embajada del Estado de Israel en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial y dos fotografías.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 9 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Lázaro Romero Gómez.

Puesto: Chofer del embajador.

Lugar de Trabajo: Embajada del Estado de Israel en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial y dos fotografías.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 9 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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DISCAPACITADOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-1811, suscrito el 29 de noviembre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DG/CEEL/082/06, signado el 13 del actual, por el ingeniero Ricardo Alegre Bojórquez, asesor de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, así como el anexo que en el mismo se menciona y un disco compacto que contiene las especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones de servicio, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a homologar sus criterios para salvaguardar el acceso a sanitarios para personas con discapacidad, en todas las estaciones de servicio establecidas en la red carretera nacional.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 15 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Pemex.--- Dirección General.--- Coordinación Ejecutiva.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Para dar atención a su oficio SEL/300/6660/05, mediante el cual nos comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre salvaguardar el acceso a sanitarios para personas con discapacidad en las estaciones de servicio, en anexo referimos oficio PRX-SC-00152/06, signado por el ingeniero Carlos Pani Espinosa, subdirector comercial de la Dirección General de Pemex Refinación, que contiene la edición vigente del documento normativo, que incluye las especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones de servicio, tanto en versión escrita como electrónica.

Amablemente solicitamos hacer llegar esta información a las instancias interesadas.

Atentamente.

México, DF, a 13 de marzo de 2006.--- Ing. Ricardo Alegre Bojórquez, asesor de la Dirección General.»

«Escudo.--- Pemex.--- Refinación.

Lic. Hans Valadez Martínez, asesor de la Dirección General de Pemex.

En atención a su escrito sobre la información referente a la homologación en especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones de servicio de criterios para salvaguardar el acceso a sanitarios para personas con discapacidad, me permito remitir un CD con el archivo electrónico que contiene la edición vigente de dicho documento normativo, que incluye en las secciones correspondientes a los sanitarios para el público, guarniciones y banquetas internas, y características genéricas para el diseño de áreas de productos y servicios, páginas 17, 29 y 32 respectivamente, la obligación de instalar muebles sanitarios y rampas de acceso para personas con discapacidad en todas las estaciones de servicio para venta al público.

Atentamente.

Ing. Carlos Pani Espinosa (rúbrica), subdirector comercial de la Dirección General de Pemex Refinación.»

«Especificaciones técnicas

Sanitarios para el público

Los sanitarios para los clientes son obligatorios y podrán localizarse en cualquier parte del predio de la estación de servicio o dentro del predio del centro comercial donde se ubiquen las instalaciones de la estación de servicio. Si los sanitarios se localizan en áreas clasificadas como peligrosas, se aplicarán las técnicas de protección señaladas en el artículo 500-2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999.

Los pisos estarán convenientemente drenados, recubiertos con materiales impermeables y antiderrapantes; los muros recubiertos con materiales impermeables tales como lambrín de azulejo, cerámica; mármol o similares en las zonas húmedas.

La cantidad de muebles sanitarios se determinará de acuerdo al número total de posiciones de carga que tenga la Estación de Servicio y a los que señalen los reglamentos locales de construcción.

Muebles sanitarios por cada 12 posiciones de carga o fracción

Tipo de

mueble Hombres Mujeres

Inodoro 1 1

Mingitorio 1 1

Lavabo 1 1

Inodoro para

discapacitados 1* 1** Sin importar el número de posiciones de carga.

Nota: El número de muebles se ampliará dependiendo de las características de cada proyecto o lo que indiquen los reglamentos de construcción locales. Los muebles sanitarios deberán estar separados con mamparas con puerta y para el caso de mingitorio sólo con mampara.

Accesorios:

-- Espejo.

-- Un dispensador de jabón.

-- Un portatoallero o secador eléctrico.

-- Un portarrollo de papel higiénico por cada inodoro.

En el diseño se deberán contemplar los radios de giro para que los vehículos puedan efectuar las maniobras respectivas; éstos serán de por lo menos 6.00 metros para automóviles y 15.00 metros para camiones o autotanques.

Rampas: Las rampas de acceso y salida tendrán una distancia transversal igual a 1/3 del ancho de la banqueta y sólo cuando la altura entre el arroyo y la banqueta presente una pendiente mayor a la permitida del 15% para la rampa, se modificarán los niveles para llegar a la pendiente indicada o se prolongará la rampa hasta la mitad del ancho de la banqueta como máximo (ver plano 21).

La longitud de las rampas sólo se modificará de acuerdo a las reglamentaciones locales de cada entidad federativa.

Guarniciones y banquetas internas: Las guarniciones serán de concreto con un peralte no menos a 15 cm a partir del nivel de la carpeta de rodamiento. Las banquetas serán de concreto, adoquín o material similar con un ancho libre de por lo menos 1.00 metros y estarán provistas de rampas de acceso para discapacitados, (ver plano 21).

Cuando existan banquetas en las que se instale mobiliario que expenda o exhiba productos previamente autorizados por Pemex Refinación, el ancho de éstas será el suficiente, para permitir la libre circulación peatonal.

Circulaciones vehiculares internas: En zonas urbanas, el piso de las áreas de circulación será de concreto armado, asfalto, adoquín u otros materiales similares (ver plano 20).

En carreteras y rurales, podrán utilizarse en superficies de circulación adoquín, empedrados de buena calidad, carpetas asfálticas y hasta superficies recubiertas con tezontle, siempre y cuando permitan el tránsito de vehículos en cualquier época del año; pero invariablemente las zonas de despacho y almacenamiento (donde se estacionará el autotanque a descargar el producto), será de concreto armado.

Las estaciones de servicio en carreteras deberán considerar carriles para facilitar el acceso y salida segura:

Carril de desaceleración: Deberán construirse dentro del derecho de vía de la carretera y tener las distancias necesarias para efectuar los cambios de velocidad que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Carril de aceleración: Estos carriles tendrán el ancho y longitud que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la autoridad local competente.

1.6.6. Áreas verdes

Se deberá considerar el 7% de la superficie total del terreno que se utilice para la construcción de la estación de servicio.

Observarán los siguientes lineamientos:

a) Estarán diseñadas con base en las características y tipo de plantas de cada región.

b) Se instalará un sistema de riego manual o automatizado, el cual podrá ser independiente de las demás redes de distribución de agua potable.

c) En los accesos y salidas de la estación de servicio no se deberán usar arbustos de gran altura y espesor, que puedan obstaculizar la visibilidad de los conductores.

d) Debe evitarse la siembra de árboles de raíces profundas y de larga extensión cerca de las estructuras, pavimentos, tanques de almacenamiento y tuberías u otros elementos que puedan ser susceptibles a deformaciones.

1.6.7. Características genéricas para el diseño de áreas de productos y servicios.

En las estaciones de servicio se puede contar con áreas para ofrecer productos y servicios, su construcción deberá cumplir con las indicaciones de las normas oficiales mexicanas y reglamentos de construcción de la entidad correspondiente.

Los materiales y procedimientos constructivos seleccionados para la ejecución de la obra, se apegarán a las diversas normas y códigos vigentes, mismos que se señalan en estas especificaciones técnicas.

Los locales y áreas habitables de la estación de servicio tendrán iluminación y ventilación natural, independientemente de que se utilice cualquier otro medio, y los que proporcionan servicio al público deberán diseñarse para acceso de personas discapacitadas procurando eliminar barreras arquitectónicas que puedan impedir su uso.

Algunos de los establecimientos o giros comerciales en donde se ofrecen estos bienes o servicios son:

Lavado y lubricado

México, DF, a 7 de marzo de 2006.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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VEHICULOS EXTRANJEROS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.59-II-0-3285, signado el 16 de febrero último por los CC. diputados Marcela González Salas y Petricioli y Marcos Morales Torres, Presidenta y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 350-A-0100, suscrito el 9 del actual por el licenciado Rafael Sandoval Giles, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el plazo, por 60 días después del 23 de febrero de 2006, para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que hayan sido internados en el país antes del 22 de agosto de 2005.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. Dionisio A. Meade y García de Len, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación con su oficio número SEL/300/1058/06, de fecha 17 de febrero de 2006, por medio del cual da a conocer el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del. H. Congreso de la Unión el 16 de febrero anterior, consistente en ``exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el plazo, por 60 días después del 23 de febrero de 2006, para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que hayan sido internados en el país antes del 22 de agosto de 2005'', le comento lo siguiente:

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se amplía hasta el 31 de mayo de 2006 el plazo a que se refiere el cuarto párrafo del transitorio segundo del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, publicado el 22 de agosto de 2005, por medio del cual se establece como fecha límite el 31 de mayo de 2006 para realizar la importación de vehículos automotores usados conforme al transitorio segundo del decreto que nos ocupa.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 9 de marzo de 2006.--- Lic. Rafael Sandoval Giles (rúbrica), jefe de la Unidad de Legislación Tributaria.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-3-2144, signado el 25 de enero último por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 0133, suscrito el 10 del actual por el ciudadano Julio César Aguilar Matías, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a otorgar, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal para el año 2006, una prórroga al 31 de diciembre del año en curso para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 14 de marzo de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio número SEL/300/398/06, de fecha 27 de enero de 2006, dirigido al licenciado José Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, en el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se exhorta a que se otorgue, mediante la incorporación en la resolución de la miscelánea fiscal para el año 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

El objetivo de la reforma del segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la LISR, aprobada por el Poder Legislativo en diciembre de 2004, es lograr mayor control de la deducción por consumo de combustibles, combatiendo las prácticas de defraudación fiscal mediante la utilización de facturas apócrifas y la deducción del consumo de combustibles de vehículos no vinculados con la actividad económica del contribuyente. Un instrumento que permite controlar más eficientemente la deducción de este tipo de gastos son los medios de pago electrónicos, con los cuales se limita la capacidad de las empresas de manipular sus ingresos y gastos, acotándose el margen de maniobra de algunas prácticas de evasión fiscal.

Sin duda, la aplicación de esta medida ha significado una carga administrativa adicional para el contribuyente que desea efectuar la deducción del consumo de combustible y un costo adicional para los propietarios de las estaciones de servicio, derivado de la contratación de los servicios e instalación de infraestructura para aceptar los medios de pago electrónicos. Estas cargas y costos adicionales no son permanentes; se presentan únicamente al inicio de la aplicación del nuevo esquema. Sin embargo, existen beneficios permanentes asociados a este esquema de pago, como obtener litros completos, combustible no adulterado, un mejor servicio, la reducción del manejo de efectivo o el mejor control de los consumos de combustibles de las unidades que no son administradas personalmente.

No obstante lo anterior, ante la problemática que han enfrentado tanto los contribuyentes como las estaciones de servicio para cumplir esta disposición fiscal, de carácter temporal se han otorgado algunas facilidades que permiten la deducción del consumo de combustibles pagado en efectivo a partir del 10 de diciembre de 2005, siempre que por causas no imputables al contribuyente no hubieran podido efectuar el pago con los medios establecidos en la LISR.

En este caso, conforme a lo que señala la novena resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal para 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2006, los contribuyentes pueden pagar en efectivo el consumo de combustible solicitando la factura para su deducción cuando:

La gasolinera no cuente con medios electrónicos para recibir el pago;

Se pretendan cobrar comisiones o cargos adicionales al consumo del combustible por utilizar medios de pago electrónico, como tarjetas de crédito o débito;

Exista tardanza por parte del expendedor para aceptar pagos por medios electrónicos.

En esos casos, mensualmente, el contribuyente debe presentar ante el SAT, vía Internet o en cualquiera de las oficinas de atención al contribuyente, la siguiente información:

Número de la o las estaciones de servicio donde adquirió el combustible y realizó el pago en efectivo;

Monto total de la compra por cada estación de servicio;

El motivo por el cual realizó el pago en efectivo.

El formato se encuentra en la página de Internet del SAT: www.sat.gob.mx

Asimismo, para avanzar en el proceso de instrumentación de esta medida se está solicitando al contribuyente información sobre las estaciones de servicio en que no le fue posible realizar el pago con los medios electrónicos, a fin de que con la mayor brevedad las estaciones de servicio puedan recibir los citados medios de pago.

En el mismo sentido, el SAT a la fecha ha autorizado 19 emisores de monederos electrónicos, con lo cual se incrementa el número de participantes en el mercado de medios de pago para la deducción del consumo de combustibles, haciendo más competitivo dicho mercado y disminuyendo el costo de las comisiones cobradas por los participantes. El uso de los monederos electrónicos tiene, entre otras, las siguientes ventajas: permite al contribuyente contar con opciones de pago más seguras que portar dinero en efectivo; contribuye a evitar la alteración del contenido asentado en los comprobantes, lo que le da mayor seguridad para comprobar sus gastos, y permite disminuir la venta ilegal de estos productos.

Por otra parte, debe señalarse que con el fin de facilitar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las estaciones de servicio, de franquiciatarios de Pemex y en materia de protección al consumidor, el 23 de enero pasado se formó un grupo de trabajo integrado por funcionarios del SAT, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Pemex, cuyo trabajo está orientado a garantizar que con la mayor brevedad todas las estaciones de servicio cuenten con terminales punto de venta para aceptar el pago con medios electrónicos, no se realice el cobro de comisiones adicionales al consumidor y la transacción electrónica sea expedita.

En este sentido, Pemex establecerá las medidas necesarias para llevar a cabo de manera ágil y eficiente la firma con los expendedores de combustible del nuevo contrato de franquicia, el cual considera, entre otras disposiciones, un incremento del margen comercial de los expendedores, con la posibilidad de crecer adicionalmente si se observan determinados requisitos de calidad; entre otros: los vinculados a la instalación de controles volumétricos, aceptación de pagos en medios electrónicos y estándares de calidad de servicio a sus clientes. De esa forma, las estaciones de servicio estarán en la posibilidad de absorber las comisiones cobradas por los bancos, en beneficio de sus clientes.

Como se aprecia, esta Secretaría y el SAT han diseñado mecanismos que permiten facilitar al contribuyente y a las estaciones de servicio el cumplimiento de esta medida, aprobada por el Poder Legislativo, la cual combate el abuso en la utilización de los comprobantes fiscales empleados por los contribuyentes para incrementar en forma indebida el gasto deducible por consumo de combustibles, así como la venta ilegal de estos productos.

Finalmente, cabe mencionar que eliminar esta disposición significaría abandonar el esfuerzo hasta el momento realizado por todos los actores involucrados --contribuyentes, estaciones de servicio, proveedores de medios de pago, instituciones financieras y autoridades fiscales--, relajando las disposiciones fiscales, y promover una cultura de indiferencia ante el evidente fenómeno de la evasión fiscal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 10 de marzo de 2006.--- Julio César Aguilar Matías (rúbrica), jefe de la Unidad de Política de Ingresos.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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LEY PARA EL USO Y PROTECCION DE LA DENOMINACION Y DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para lo efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja.

Atentamente.

México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL USO Y PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN Y DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja, para quedar como sigue:

LEY PARA EL USO Y LA PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN Y DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular el uso y la protección del emblema de la cruz roja así como la denominación ``Cruz Roja'' y las demás señales distintivas establecidas para su identificación, de conformidad con lo previsto por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y, cuando sean aplicables, de sus Protocolos Adicionales, así como de la demás legislación vigente en el país.

Siempre que en esta ley se diga ``Cruz Roja'', para referirse al emblema o a la denominación, se entiende de manera análoga el emblema de la media luna roja y la denominación ``Media Luna Roja'', y demás emblemas o denominaciones que comprendan los ordenamientos jurídicos internacionales, de los que México sea Parte contratante y que cumplan los mismos usos, funciones y propósitos, previstos y regulados por el derecho internacional humanitario. Lo anterior sin detrimento a lo establecido en la presente ley.

Artículo 2.- Para efectos de interpretación de la presente ley, ninguna disposición podrá significar una limitante de la protección conferida al emblema y a la denominación Cruz Roja por los tratados internacionales o demás disposiciones legales vigentes en el país.

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Convenios de Ginebra de 1949: Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, celebrados en Ginebra, Suiza el 12 de Agosto de 1949 y que comprenden el I Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña y sus anexos correspondientes; el II Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar y su anexo correspondiente; el III Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, así como sus anexos correspondientes; y el IV Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y sus anexos correspondientes;

II. Protocolos Adicionales: Al Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, del 8 de junio de 1977; el Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional del 8 de junio de 1977 y, el Tercer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la aprobación de un signo distintivo adicional del 8 de diciembre de 2005, en el entendido que México se obliga en tanto sea Parte contratante.

III. Movimiento Internacional de la Cruz Roja: Al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

IV. Conferencia Internacional: A la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la cual es el máximo órgano deliberante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, en la que participan el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como todos los Estados parte de los Convenios de Ginebra de 1949;

V. CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza;

VI. Federación Internacional: A la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con sede en Ginebra, Suiza;

VII. Sociedad Nacional: Es una sociedad de socorro voluntaria, autónoma y auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, conformada en términos de la Legislación Nacional del Estado donde radique, y de sus Estatutos, reconocida como tal por los componentes del Movimiento Internacional respectivos, y que debe guiarse en su acción por las normas y principios del derecho internacional humanitario y respetar las decisiones y los Principios Fundamentales del Movimiento.

VIII. Derecho Internacional Humanitario (DIH): conjunto de normas de carácter convencional y consuetudinario aplicables en caso de conflicto armado que protegen a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades así como a los bienes indispensables para su supervivencia y que limita, por razones de índole humanitaria, los métodos y medios de guerra.

IX. Principios Fundamentales: Los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

X. Cruz Roja Mexicana: A la Sociedad Nacional, reconocida por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, creada por Decreto presidencial del 12 de marzo de 1910 y constituida como Institución de Asistencia Privada, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

XI. Servicio de Sanidad: Actividad dirigida a la búsqueda, el rescate, el transporte y/o la asistencia de los heridos y de los enfermos; o a la prevención de enfermedades; así como aquella destinada exclusivamente a la administración de los establecimientos de sanidad; y

XII. Misión Médica: Comprende el conjunto de personas, unidades, medios de transporte, equipos, materiales y actividades, transitorios o permanentes, fijos o móviles, de destinación exclusiva y necesarios para la administración, el funcionamiento y la prestación de servicios médico-asistenciales, en las áreas de prevención y promoción, atención y rehabilitación a las personas.

TITULO SEGUNDO DEFINICIÓN Y USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA

CAPÍTULO I Emblema de la Cruz Roja

Artículo 4.- El emblema de la cruz roja, conforme a lo establecido en el artículo 38 del primer Convenio de Ginebra de 1949, está constituido por una cruz de color rojo, o una media luna de color rojo en posición vertical, ambas sobre fondo blanco. La cruz roja estará formada por dos fajas de color rojo de iguales dimensiones, que se cortan en el centro de manera perpendicular, conformando la imagen de cinco cuadros iguales. En ningún caso el emblema tocará los bordes de la bandera o escudo.

CAPÍTULO II Usos del Emblema de la Cruz Roja

Artículo 5.- El emblema de la cruz roja, así como la denominación ``Cruz Roja'', sólo podrán ser utilizados conforme a los fines establecidos en los Convenios de Ginebra de 1949, sus Protocolos Adicionales, así como en lo establecido por las reglamentaciones emitidas por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 6.- El emblema de la cruz roja, conforme a los Convenios de Ginebra de 1949, tendrá dos usos: el uso protector y el uso indicativo.

CAPÍTULO III Uso Protector del Emblema de la Cruz Roja

Artículo 7.- El emblema y la denominación ``Cruz Roja'' en su uso protector se otorga a las personas, los bienes, las unidades, los medios de transporte y el material sanitarios, cuando desarrollan cualquiera de las actividades que les son propias en el marco de un conflicto armado; representa la inviolabilidad de la Misión Médica y recuerda a los combatientes que la Misión Médica está protegida, debe ser respetada y no debe ser atacada.

Artículo 8.- Podrán utilizar el emblema de la cruz roja, previa autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, las personas y bienes siguientes, bajo las modalidades y requisitos previstos en la presente Ley:

I. El personal sanitario y religioso al servicio o agregado a las fuerzas armadas, así como el de carácter civil que se encargue de la búsqueda, la recogida, el transporte, el diagnóstico, la atención y la asistencia, el tratamiento y la rehabilitación a heridos, enfermos, náufragos, personas privadas de la libertad o muertos, o de la administración de unidades sanitarias, o del funcionamiento o administración de los medios de transporte sanitario;

II. La Cruz Roja Mexicana;

III. Las sociedades de socorro voluntarias;

IV. Los hospitales civiles; los barcos hospitales y otras embarcaciones sanitarias;

V. Las empresas de transporte sanitario por tierra, mar y aire;

VI. Las zonas y localidades sanitarias; y,

VII. Otras sociedades nacionales de socorro voluntario, que durante un conflicto armado gozan de la protección conferida por los Convenios de Ginebra de 1949.

Quedan exceptuados de la autorización a que se refiere el presente artículo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja quienes podrán utilizar el emblema a titulo protector o indicativo u otros emblemas en cualquier tiempo y para todas sus actividades.

Artículo 9.- El emblema utilizado a título protector observará las características señaladas en el artículo 4 de esta Ley, y no tendrá adición alguna en la cruz roja ni en el fondo blanco. Debe ser identificable desde tan lejos como sea posible. Será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, podrá estar alumbrado o iluminado. En la medida de lo posible, será de materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección y se colocará en banderas o sobre una superficie plana que resulten visibles desde todas las direcciones posibles, incluido el espacio aéreo.

El personal autorizado a enarbolar el emblema en su uso protector, deberá portar un brazal, y credencial de identidad de la forma y características establecidas por los Convenios de Ginebra de 1949, los cuales serán autorizados, por la Secretaria de la Defensa Nacional.

Artículo 10.- El personal, los bienes inmuebles y los medios de transporte destinados al servicio de sanidad civil, reconocidos por la Secretaría de Salud, podrán gozar, exclusivamente durante un conflicto armado, previa autorización emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional y de conformidad con la presente ley, de la protección del emblema de la cruz roja a título protector, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente ley.

Artículo 11.- La Cruz Roja Mexicana, a través de su Sede Nacional, podrá poner a disposición del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas, el personal sanitario, inmuebles y/o medios de transporte. Dicho personal y bienes estarán sometidos a la legislación y a la administración militar y estarán autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional a utilizar el emblema de la cruz roja en su uso protector. Dicho personal y bienes, serán utilizados exclusivamente para la realización de actividades propias del servicio de sanidad y de tipo humanitario.

La Cruz Roja Mexicana, previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, y sin detrimento de lo establecido en la presente Ley y los tratados internacionales, podrán utilizar el emblema de la cruz roja en su uso protector, durante un conflicto armado, para identificar a personal, transportes e inmuebles, que realicen labores de servicio sanitario y/o operaciones humanitarias, los cuáles deberán ser debidamente determinados y gozar de la autorización expresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la presente Ley.

Si la Cruz Roja Mexicana, en caso de conflicto armado, continúa desplegando sus actividades de tiempo de paz, tomará todas las oportunas medidas para que se considere al emblema que a título indicativo figure, en personas o en bienes únicamente como indicador de la relación con ésta Sociedad Nacional y no como garante de la protección particular del Derecho Internacional Humanitario.

CAPÍTULO IV Uso Indicativo del Emblema de la Cruz Roja

Artículo 12.- El uso indicativo tiene por finalidad señalar a las personas y los bienes que tienen relación con alguno de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, y su uso se limitará en el despliegue de sus actividades, mismas que se avendrán a lo establecido por los Convenios de Ginebra de 1949, la presente Ley y el Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja por las Sociedades Nacionales.

El emblema de la cruz roja en su uso indicativo deberá ser de pequeñas dimensiones, es decir, será de tamaño proporcional a la superficie sobre la que este plasmado. El emblema ira acompañado con la denominación del componente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja al cual represente directamente.

En caso del emblema utilizado con este uso por la Cruz Roja Mexicana, deberá ir acompañada de la denominación ``Cruz Roja Mexicana'', sin que esta denominación afecte la visibilidad e identificación del emblema de la cruz roja.

Artículo 13.- La reglamentación interna de la Cruz Roja Mexicana dispondrá la forma en que se utilizará el emblema de manera indicativa en el personal, bienes muebles e inmuebles y demás patrimonio que esté al servicio de las labores propias de la Sociedad Nacional.

Artículo 14.- El emblema, acompañado de la denominación ``Cruz Roja Mexicana'', podrá figurar en bienes inmuebles que no sean propiedad de la Sociedad Nacional y que ésta utilice en el desarrollo de sus actividades.

Artículo 15.- En caso de que el bien inmueble o mueble, deje de ser utilizado para los fines propios de la Cruz Roja Mexicana, la institución deberá retirar el emblema o emblemas, y la denominación de Cruz Roja que sobre él haya colocado.

Artículo 16.- La Cruz Roja Mexicana podrá utilizar o autorizar, bajo su control y lo establecido por su reglamentación interna, el uso del emblema con fines de imagen cuando tengan lugar actos públicos en los que participe; o bien su uso en material destinado a la promoción de la Cruz Roja Mexicana o del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, su acción humanitaria y asistencial, el Derecho Internacional Humanitario y/o los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, como pueden ser publicaciones, películas, medallas, diplomas y otros testimonios de agradecimiento, o la publicidad en general.

Artículo 17.- La Cruz Roja Mexicana puede utilizar el emblema seguido de su denominación para señalar los socorros enviados por ferrocarril, por carretera, por vía marítima o aérea y destinados a las víctimas de conflictos armados o de desastres en el territorio nacional y/o en el extranjero, velando en todo momento para impedir los abusos. Asimismo, podrá utilizar el emblema junto con el de otra organización o institución para fines humanitarios en el caso de una acción específica y a condición de que esta utilización sea discreta y no cree confusión entre ésta Sociedad Nacional y dicha organización o institución. Podrá utilizar el emblema en la colecta nacional anual, en los actos públicos o material necesario para recaudar fondos destinados a la propia acción de la institución.

Asimismo la Cruz Roja Mexicana podrá autorizar a las demás Sociedades Nacionales de la Cruz Roja el uso del emblema a título indicativo cuando éstas se hallen en territorio nacional y siempre que tal uso se avenga con las disposiciones de la presente Ley.

CAPÍTULO V Uso del Emblema de manera indicativa por organizaciones distintas a las pertenecientes al Movimiento Internacional de la Cruz Roja

Artículo 18.- La Cruz Roja Mexicana podrá autorizar, bajo su control, el uso del emblema a personas físicas o morales para señalar los vehículos de transporte sanitarios o los puestos de primeros auxilios, puestos de socorro o centros de asistencia médica, los cuales atiendan y asistan a heridos y enfermos de forma gratuita.

TITULO TERCERO MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 19.- Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y, en su caso, sancionar administrativamente el uso del emblema o del término ``Cruz Roja'' por personas o entidades que, según lo dispuesto por esta ley, no tienen derecho ni están autorizadas para su uso.

Artículo 20.- Se sancionará con multa equivalente de 5 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a toda persona que use sin autorización el emblema de la cruz roja, las señales distintivas, la denominación ``Cruz Roja'' o cualquier imitación que pueda prestarse a confusión con el emblema protegido en los términos de la presente ley sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación penal aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Además de la legislación aplicable para la difusión de la presente Ley, las autoridades nacionales y la Cruz Roja Mexicana a las que se hace referencia en la presente Ley, adoptarán las medidas necesarias para que su contenido sea lo más ampliamente conocido.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 constitucional.--- México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para lo efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Atentamente.

México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Sen Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Único.- Se reforma la fracción VII del artículo 2o. de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Reporte de Crédito Especial, en singular o plural, la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad, que contiene el historial crediticio de un Cliente que lo solicita en términos de esta ley, y que incluye la denominación de las Entidades Financieras y Empresas Comerciales acreedoras, así como el listado de los Usuarios que hayan solicitado a la Sociedad, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de solicitud que haga dicho Cliente, datos sobre la información crediticia del mismo.

VIII. a XII. ...

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Sen Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros diputados, son iniciativas de ciudadanos diputados y diputadas. Esta Presidencia recibió del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 195 Bis del Código Penal Federal.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal José Manuel Abdalá de la Fuente, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 195 BIS del Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

En la actualidad en nuestro país las personas que sean sorprendidas consumiendo o portando cualquier sustancia prohibida cuya cantidad se considere como de estricto consumo personal, no pueden ser sujetas a ningún proceso judicial. Lo contrario es una violación de lo establecido por la legislación penal mexicana en materia de delitos contra la salud.

El artículo 195 del Código Penal Federal señala que: ``No se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo personal''.

Por su parte el artículo 199 del mismo código establece: ``Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna''. Así pues, tanto farmacodependientes como no farmacodependientes están protegidos por la ley en cuanto al consumo y a la posesión de pequeñas cantidades. La posesión de cantidades mayores a las que se especifican en las tablas anexas al Código Penal se castiga con diversas penas puesto que eso cae ya dentro del delito tipificado como tráfico de narcóticos (para la legislación mexicana, un narcótico no es sólo una sustancia que deprima el sistema nervioso central, sino cualquier sustancia prohibida).

El artículo 194 del Código Penal Federal enumera en cuatro fracciones los delitos en materia de salud estableciendo la pena de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al tráfico, producción, la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico, el transporte, la posesión, el suministro gratuito, la prescripción, el comercio, venta, compra, aportación de recursos económicos, colaboración, introducción o extracción de narcóticos.

No obstante, existe la necesidad de mantener la prohibición en materia de producción y trafico de drogas, hay que reconocer que las bases jurídicas de la misma son bastante endebles, y además francamente cuestionables.

La intervención jurídica, de acuerdo a los principios éticos que justifican su existencia, se subordina al respeto a la dignidad y autonomía de la persona humana. Tales principios buscan racionalizar y humanizar la intervención penal mediante la imposición de estrictos criterios a la creación y aplicación de esta clase de normas, con el fin de evitar los abusos de autoridad en el desempeño de sus funciones, impidiendo así que la protección de la sociedad sea un pretexto para la opresión.

De acuerdo a los principios del derecho penal liberal, la penalización de una conducta requiere que ésta afecte o ponga en grave riesgo un bien jurídicamente protegido tal como la vida, el patrimonio, la integridad física o la seguridad nacional.

En el caso de las drogas no queda muy claro cuál es el bien jurídicamente protegido. En un primer momento se les consideró delitos contra la salud, sin embargo, no está definido cómo es que los elementos que configuran el tipo penal del tráfico de drogas efectivamente ponen en peligro el bien jurídico en cuestión. Por ejemplo, ¿en qué momento la posesión de una sustancia deviene en un trastorno a la salud?

La legislación penal en materia de delitos contra la salud presenta serias dificultades desde el punto de vista dogmático, ya que no está claro cómo es que los elementos que configuran el tipo penal del tráfico de drogas constituyen una puesta en peligro de la salud como bien jurídico en cuestión, y es por ello que presenta atenuantes, no así la introducción o extracción.

Otro punto es que la posesión de sustancias ilícitas es una conducta que por sí misma no constituye ni una lesión, ni una puesta en peligro del bien tutelado. Este es un tipo penal de los llamados ``de autor'' en el cual no está en realidad prohibiéndose una acción sino una personalidad.

También resultan violados por la legislación antidrogas los principios de racionalidad de la pena (el cual estipula que la sanción equivale al daño causado), de humanidad (que protege los derechos humanos de los infractores) y de idoneidad (que exige se demuestre que la criminalización es un medio útil para el control de un problema social).

El primer principio es violado porque el monto de las sanciones no guarda ninguna relación con el ``daño'' causado; resulta menos grave la pena por violación o algunos casos de homicidio doloso, que por ``delitos contra la salud''.

El segundo principio es violado sobre todo en casos de trafico o transporte de enormes cantidades de droga lo cual resulta igual de grave que, la introducción o extracción de pequeñas cantidades lo cual es ciertamente incongruente.

El tercer principio es violado porque se ha demostrado sobradamente la inutilidad de la intervención penal para la resolución de los problemas de producción de drogas que es en si realmente el problema serio, ya que si se utiliza como argumento la farmacodependencia de sustancias prohibidas, porque no también se ataca puniblemente el alcoholismo y otros problemas relacionados que también afectan la salud.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que resulta necesario demostrar primeramente los elementos de carácter objetivo del tipo penal, como son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la misma que el sujeto poseía (o transportaba), así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son el dolo y la especial finalidad, para lo cual es idónea la confesión del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 194, es decir: comerciar, traficar, introducir, etcétera.

En tales circunstancias, el juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado de los elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la finalidad del agente respecto del destino del narcótico, no resultando por tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin la vinculación con otros medios de prueba.

El Congreso de la Unión, está facultado para dictar leyes sobre la salubridad general de la nación, así como para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de los aludidos preceptos se desprende que se estableció el delito de que se trata para proteger el bien jurídico de la salud de la población en general; independientemente de que puedan existir otras sustancias que no se han prohibido y que también pudieran envilecer al individuo y degenerar la raza humana.

Es en lo anterior en lo que fundamos nuestra pretensión, si bien es cierto que existen deficiencias en la legislación para combatir los delitos contra la salud, también es cierto que existe una clara inequidad e injusticia en la aplicación de penas dentro los delitos comprendidos en la misma categoría.

Ya que mientras el transporte o posesión si cuentan con atenuantes en el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, siempre y cuando se desprenda que por las cantidades contenidas en el apéndice 1 del citado ordenamiento, no se pueda afirmar que esta destinado a realizar las conductas enumeradas en el artículo 194; no así cuando se introduzca o extraiga del país dichas sustancias.

Sin duda alguna esta atenuante marca con severidad una clara diferencia entre quien transporte o posea, a quien introduzca o extraiga del país algún estupefaciente prohibido por la ley. Además existe también el supuesto de que quien posea o transporte grandes cantidades, se aplicará la misma pena a quien introduzca o extraiga pequeñas cantidades como las contenidas en el apéndice 1 del Código Penal Federal, ya que como lo establecimos la fracción II del artículo 194 no cuenta con esa atenuante.

Cabe hacer el señalamiento que no estamos favoreciendo la introducción o extracción de narcóticos a nuestro país, pero de que es una realidad que es igualmente punible, lo anterior como el transporte o posesión, pero en nuestro ordenamiento jurídico no existe esa igualdad, y es por eso que consideramos que si se aplica la misma atenuante a la modalidad de introducción o extracción, cristalizaríamos una vez mas el los principios de justicia y equidad en la aplicación de las penas.

Es una realidad que en las fronteras del territorio nacional, es demasiado sencillo el acceso e intercambio de personas y mercancías, por eso se podría deducir que incluso hay quienes adquieren los narcóticos en las confines del país, y que no son para llevar cabo algún lucro, sino simplemente farmacodependientes que lo adquieren para su uso personal.

Por eso consideramos necesario esa modificación al artículo 195 Bis, para incluir la modalidad de introducción o extracción de narcóticos, siempre y cuando sea por las cantidades enunciadas en el apéndice ya mencionado, y que a su vez no se pueda considerar que esta destinado a realizar alguna de las conductas del artículo 194.

Ya que si lo que pretendemos es proteger la salud de las personas, entonces establezcamos controles sanitarios a la producción. Si lo que pretendemos es proteger el entorno familiar del consumidor, entonces no los pongamos en contacto con criminales ya sea para adquirir las sustancias o como compañeros de prisión.

Atendiendo a las razones que anteceden y a un principio elemental de justicia, me permito someter la presente iniciativa al tenor del siguiente:

Proyecto de decreto

Articulo Único. Se reforma y adiciona el artículo 195 BIS del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 195 Bis.- Cuando la posesión, transporte, introducción o extracción por la cantidad como por las demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicarán las penas previstas en las tablas contenidas en el apéndice 1 de este ordenamiento, si el narcótico no se encuentra comprendido en las mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior.

Transitorio

Único.- Esta reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2006.--- Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Asimismo, esta Presidencia recibió del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 212, 224 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Iniciativa que reforma los artículos 212, 224 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

José Mario Wong Pérez, en mi carácter de diputado a la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar una iniciativa con carácter de decreto, a efecto de modificar los artículos 212, 224 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el desarrollo de todas y cada una de las elecciones federales en México, está regulada en primer término por la Constitución y luego por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece una serie de actos y normas a las cuales se deben de ceñir los actos previos y durante la elección.

Dentro de las acciones que enmarca, destaca la dispuesta en el artículo 212 y que se refiere al acta que se debe levantar en el transcurso de la jornada electoral. Dispone además el día en que se celebrará la votación, que es a las 8:00 horas y a su vez, distingue varias etapas de la Jornada y que necesariamente distingue apartados, los cuales deberán ser llenados por los diversos funcionarios que intervienen en el proceso.

Pero dentro de esta serie de pasos aparentemente lógicos y coherentes, hay algo que destaca por sobremanera y es la falta de certeza a la hora en que deberá dar inicio la votación.

Esta falta de certeza ocasiona muchas molestias a los electores que acuden temprano a cumplir con su obligación de sufragar, ya que, para muchos de ellos, es desconocido que la ley de la materia no regula esta acción, sino que establece la hora en que se deberán reunir los funcionarios que resultaron insaculados para realizar las actividades previas al inicio de la votación.

Dichas actividades suponen una serie de acciones que contempla la legislación, como lo es el contar las boletas, llenar el acta de la jornada en cada uno de los aparatados, establecer las sustituciones de aquellos funcionarios que por alguna razón no acudieron a la casilla, entre otros muchos que sería prolijo enumerar.

Sin embrago, escapa a la ciudadanía que en realidad no existe una hora en la ley para dar inicio a la votación, acuden a temprana hora sin conocer la realidad de la ley y en ocasiones, lamentablemente, cuando hay acciones que obligan a la no apertura del centro de votación, lo único que ocasionan es desalentar el voto, aumentando con ello el abstencionismo.

Se podrá decir que no es el momento oportuno para realizar adecuaciones al marco normativo en materia electoral, pero esta propuesta es ajena a cualquier manipulación política y lo que lleva implícito es una pequeña aportación que logre por un lado, que la ciudadanía conozca la hora en que se inicia verdaderamente la votación y por otra, abatir el ya de por sí alto índice de abstencionismo que se presenta de manera sistemática y creciente en las elecciones federales.

Por otro lado, las elecciones siempre se llevan a cabo el primer domingo de julio, es decir, en verano, que es cuando ``amanece más temprano'', expresión coloquial propia del verano, que se traduce como días más largos, por lo que la presente iniciativa propone que en el inciso f del mismo artículo en cuestión, quede como hora para reunirse los funcionarios de la casilla, a las 7:30 de la mañana y no a las 8:00, pues es mejor tanto para poder establecer con más precisión una hora para dar inicio a la actividad que nos ocupa.

De igual manera, en el mismo artículo multicitado, resulta adecuado fijar la hora en que debe iniciar la votación, después de haber realizado las actividades previas que se enlistan en el mismo dispositivo, por lo que se establece que dé inicio a las 8:00 horas, es decir, media hora para realizar todas y cada una de las acciones que se establecen como necesarias para dar inicio a la votación.

Al mismo tiempo, al realizar la apertura de los centros de votación a una hora fijada ex profeso, bien pudiera establecerse como la hora de cierre de las casillas a las 18:00 horas, en virtud de que la misma dinámica haría que en realidad se iniciara antes la votación, dando constancia de certeza a la misma.

Se aclara que esta iniciativa es simple y sencillamente un pequeño esfuerzo para realizar precisiones que son solo de tipo técnico, en beneficio de la ciudadanía del país.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Carta Magna, someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con el carácter de

Decreto

Artículo Único. Se modifican los artículos 212, 224 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 212. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.

El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos Presidente, Secretario y Escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran.

A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados:

a) El de instalación;

b) El de inicio de la votación, que será a las 8:00 horas, y

c) El de cierre de votación. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

a) a e) ...

f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla. En ningún caso se podrá instalar casillas antes de las 7:30 horas.

Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.

Artículo 224. La votación se cerrará a las 18:00 horas.

Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el Presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

Sólo permanecerá abierto después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.

Artículo 225. El Presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el artículo anterior.

Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes.

En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:

a) Horas de cierre de la votación; y

b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará el vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil seis.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO CIVIL FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Del propio diputado Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta Presidencia recibió iniciativa que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Iniciativa que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

José Mario Wong Pérez, en mi carácter de diputado a la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un último párrafo al artículo 156 del Código Civil Federal, con relación a la dispensa de los matrimonios en los casos de contrayentes que padezcan de las enfermedades señaladas en la fracción VIII del mismo precepto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, antes de 1860, el matrimonio canónico era suficiente para formar una familia que derivara de un matrimonio válido ante la sociedad y que le diera solidez, sin embargo, el Presidente Benito Juárez García decidió instituir el matrimonio civil, mismo que nace en Holanda en 1850.

A partir de entonces, dicha institución es la forma legal para el Estado de formar una familia, figura que ha evolucionado estableciéndose la doctrina como su base, fijando criterios y ciertos requisitos que el legislador ha denominado elementos de existencia y de validez.

Los primeros tienen por finalidad el surgimiento pleno de esta figura a la vida jurídica, mientras que los segundos convalidan sus efectos, imposibilitando la nulidad del mismo.

Con la evolución misma de la sociedad mexicana, fueron surgiendo diversas disposiciones que regulaban con ciertas variantes jurídicas la figura del matrimonio civil, como es el caso de la Ley de Relaciones Familiares, hasta el surgimiento del Código Civil Federal, el cual comenzó su vigencia a partir del 1 de octubre de 1932 y su pretensión era establecer uniformidad en los criterios para contraer matrimonio, así como también en lo concerniente a lo que se denominó ``impedimentos'', que son causales que debieran evitar la celebración del matrimonio, y que de realizarse, se origina su nulidad.

De igual manera, las entidades federativas iniciaron la adopción de las coincidencias del modelo jurídico establecido en el Código Civil Federal, mencionando también que con el transcurso del tiempo, cada uno de los estados de la Federación adecuó este marco normativo a las necesidades y exigencias propias de cada sociedad.

La falta de edad, de consentimiento de quien debe ejercerlo, parentesco, el adulterio entre los que pretenden contraer matrimonio, atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o miedo grave, son algunos de los impedimentos que aún existen en la mayoría de los Códigos Civiles de los estados.

Continuando con el Código Civil Federal, en su artículo 156 señala en 10 fracciones las causas que son propiamente impedimentos para contraer matrimonio, destacando la fracción VIII, la cual establece categóricamente:

La impotencia incurable para la cópula; y las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas o hereditarias.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece: ``... todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...''

Esto nos lleva a colegir que el Código Civil Federal, en su numeral 156, fracción VIII, no se encuentra en armonía con nuestra Constitución General.

De igual manera, en nuestro sistema jurídico existen los derechos humanos, y son equivalentes a las garantías individuales y sociales que se consagran en nuestra Constitución federal, aunque debemos precisar que poseen una entidad propia y característica. La reforma a la Carta Magna realizada en el año dos mil, es la que establece el ordinal primero tal y como lo describimos y es una ampliación de los derechos de los ciudadanos y de sus garantías individuales merced del desarrollo de la sociedad mexicana y de la suscripción de nuestro país de tratados internacionales que tutelan garantías y derechos, ambos individuales y sociales.

De esta manera, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales son hechos relativamente recientes que han venido a reforzar una sólida tradición mexicana de respeto y protección a la vida, libertad, seguridad y patrimonio de las personas, paralelamente a cuestiones tan importantes como el derecho a la alimentación, la educación y la salud, entre otros de carácter social.

El derechohumanismo garantiza fundamentalmente que los gobernantes actúen con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes que norman su conducta, que no se extralimiten en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Precisamente para coadyuvar al fortalecimiento del derechohumanismo, para seguir afianzando esta corriente de pensamiento y acción jurídicos, un servidor ha tomado la decisión de presentar esta iniciativa, cuyo objeto es coadyuvar a la protección y vigencia de los derechos humanos; la política, en el mas recto sentido de la palabra, la concibo como una actividad centrada en el absoluto respeto a la persona ya sus derechos fundamentales, así como en la protección de los derechos básicos de la sociedad.

Recordemos que el derecho se perfecciona y se adecua a la realidad social que pretende normar, de lo contrario perdería vigencia y capacidad para ordenar y regular a una sociedad; no hay norma perfecta, es por ello que el papel del legislador es adaptar los preceptos legales a dicha realidad.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Carta Magna, someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto, con el carácter de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 156 del Código Civil Federal, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I. a X. ...

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

La fracción VIII es dispensable cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista el conocimiento de los alcances, efectos y prevención de la enfermedad motivo del impedimento y manifiesten por escrito su consentimiento para contraer matrimonio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil seis.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se recibió del propio diputado Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

José Mario Wong Pérez en mi carácter de diputado a la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un tercer párrafo al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales. Lo anterior, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los problemas mas añejos que enfrenta nuestro país es la pobreza en el medio rural. A pesar de los esfuerzos que durante décadas se han hecho para desarrollar al campo mexicano, es evidente que en estos últimos tiempos, este sector sufre cada vez de más atraso, con respecto al resto de la sociedad.

Para darnos una idea de lo anterior, comentaré algunos datos que nos demuestran la realidad actual de la gente del campo y el deterioro de su nivel de vida:

El promedio de ingreso en zonas rurales es inferior al salario mínimo.

8.8 millones de personas viven en pobreza extrema.

10 millones de personas se consideran en pobreza moderada.

La escolaridad promedio es de 3.3 años escolares.

Hay una gran diferenciación en el desarrollo productivo por sectores y regiones.

Se registra una grave disminución del empleo agrícola y del salario.

Se ha generado una migración generalizada hacia zonas de agro producción para la exportación, a ciudades grandes y sobre todo, a los Estados Unidos de Norteamérica.

Existe un proceso de desintegración de la unidad familiar campesina.

Para poder desarrollar las actividades agrícolas, un elemento básico es el agua, sin la cual el campo mexicano se volvería improductivo. Muchas de las tierras que trabajan los productores agropecuarios de la República Mexicana, requieren que se extraiga agua del subsuelo mediante la perforación de pozos profundos, ya que no se cuenta con suficiente agua superficial para satisfacer las demandas de irrigación en sus siembras.

Esto es posible gracias al mandato del primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, en donde se establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales, se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con la normatividad que establece la ley y su reglamento.

Para lograr la extracción del agua subterránea por medio de la perforación de pozos profundos y la posterior instalación del sistema de bombeo correspondiente, es necesario contar con un título de concesión, el cual de acuerdo al primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, ``no será menor de cinco ni mayor de treinta años''.

El mismo artículo en su segundo y tercer párrafos, señala que las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22, se prorrogarán por igual término por el que se hubieren otorgado, si sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley y lo soliciten dentro de los cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

La rigidez de estas disposiciones, tienen como consecuencia que muchos productores agrícolas pierdan sus concesiones por no haber solicitado a tiempo la prórroga correspondiente. Es decir, poseen el pozo con todo el equipo necesario para su operación, pero no cuentan con el titulo de concesión para uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo para uso agrícola y así para poder hacer producir sus tierras.

En otros casos, nuestros compañeros productores del campo, ya sea por desconocimiento o por estar muy alejados de las poblaciones donde se realizan los trámites correspondientes, efectuaron la perforación de su pozo, pero nunca lo regularizaron; o iniciaron el trámite pero no le dieron seguimiento al mismo, o en muchos casos, la dependencia no le otorgó la concesión porque extravió los documentos que se les presentaron; o les negó la concesión por algún documento que faltaba o por detalles técnico que el productor no supo como presentar.

La escasez de recursos, la falta de información y el analfabetismo, se conjugan para dar forma a la circunstancia particular de los casos que se mencionan en el párrafo anterior.

El plazo de un trámite burocrático no puede ser la razón para ir poco a poco desactivando al campo mexicano, mucho menos para negarles a los productores posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida.

Es importante que entendamos que la vida en el campo es diferente a la vida de las grandes ciudades, la problemática, fenomenología, costumbres, cultura y prioridades son diferentes. Aprendamos a respetar esa forma de vida, contribuyamos a su desarrollo sin violentar, sin agredir, sin burocratizar.

Las leyes compañeros y compañeras, no deben estar ajenas a la realidad social y mucho menos hacer caso omiso de la historia y costumbres de la población.

Por ello y toda vez que la reforma que hoy planteo, se desprende de una demanda y necesidad de los productores agrícolas de todo el país, propongo reformar el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, adicionando un tercer párrafo, en el que se disponga que periódicamente, la autoridad del agua, pondrá en marcha programas de regularización para el uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo para uso agrícola, en los cuales, se darán facilidades para el trámite de la concesión respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Carta Magna, someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con el carácter de

Decreto

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 22 ...

...

La autoridad del agua implementará programas de regularización de los títulos de concesión de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de agua del subsuelo para uso agrícola, cuando menos uno cada cinco años y para cada región que lo requiera, previendo un procedimiento ágil y expedito para aquellos solicitantes de nuevo título de concesión que cuenten con el pozo y el equipo, hayan obtenido un título vigente con anterioridad y que no fue prorrogado oportunamente en los términos de ley o hayan iniciado el trámite en el pasado sin haber obtenido el título por deficiencias en el cumplimiento de los requisitos y menciones de la solicitud, por razones de fallas procedimentales o deficiencias técnicas en la presentación de su solicitud. Estos programas atenderán preponderantemente a los criterios de productividad del campo en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de bienestar de la clase campesina.

...

...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La autoridad del agua en un plazo que no excederá de 30 días naturales, elaborará y publicará un Programa Nacional de Regularización de los Títulos de Concesión de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de agua del subsuelo para uso agrícola, de los previstos en el párrafo tercero del artículo 22 de esta Ley, que contendrá las bases mínimas siguientes:

1) Sujetos: Los productores del campo que cuenten con el pozo y el equipo, hayan obtenido un título vigente con anterioridad y que no fue prorrogado oportunamente en los términos de ley o hayan iniciado el trámite en el pasado sin haber obtenido el título por deficiencias en el cumplimiento de los requisitos y menciones de la solicitud, por razones de fallas procedimentales o deficiencias técnicas en la presentación de su solicitud.2) Solicitud: Se otorgará un plazo de 90 días naturales, para la presentación de la solicitud respectiva, con un plazo adicional de 30 días naturales para cumplimiento de los requisitos o aclaraciones que señale la autoridad del agua o para exhibición de documentos.

3) Requisitos: Se establecerán los requisitos mínimos y se simplificarán los trámites en beneficio del solicitante, operando el principio de suplencia y de apoyo en la gestión por parte de la autoridad del agua.

4) El Título de Concesión: Para el uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo para uso agrícola, será de trámite prioritario para la autoridad del agua y se otorgará inmediatamente que se acrediten los requisitos mínimos establecidos en el párrafo tercero del artículo 22 de esta ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil seis.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica). En adhesión diputados: Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, Martha Laguette Lardizábal, Omar Bazán Flores.»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... No estando en el salón de sesiones, pasa al final del capítulo.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, tiene la palabra nuestra compañera diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Gracias. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeras diputados: la suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, bajo la siguiente exposición de motivos:

El Partido Acción Nacional tiene en su plataforma buscar condiciones de igualdad en todos los aspectos de la vida del mexicano. Dentro de este marco, ahora presentamos la siguiente iniciativa, que busca lograr equidad respecto a todos los poseedores de motocicletas, que en el mundo actual, más que objeto de diversión, se presentan como una nueva opción de transporte, ante el aumento incontrolado del automóvil, que resulta ser --en nuestra nueva realidad-- contaminante de nuestro cada vez más mermando ambiente.

No podemos desconocer el origen del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos: en 1961, esta Cámara, que fungió como Cámara de origen, decidió que había que imponer un impuesto especial ``sobre la tenencia y uso de automóviles''; la razón para ello era que los ingresos que obtenía el gobierno por el disfrute ``por parte de los automóviles de las carreteras, autopistas, vías'', etcétera, no guarda relación con el beneficio recibido por ellos por los automóviles, para el siguiente año, ya incluía también a los camiones.

Así siguieron las cosas y, en 1977, para pagar el impuesto se impuso el criterio de la ``potencia del vehículo y su peso''. En noviembre de 1980, y basados en que ``las motocicletas de más de 349 cc de cilindrada tienen carácter suntuario y generalmente son adquiridas por personas de alto nivel económico'', fueron incluidas en el pago de tenencia.

Para el año de 1995 se incluyeron las motos desde 50 cc, por lo menos durante los últimos 10 años, incluso los repartidores de periódicos, los cobradores, los mensajeros y hasta los pizzeros que usan sus propias motos de 50 a 125 cc para trabajar, empezaron a pagar tenencia.

Así las cosas, en la actualidad un automóvil nuevo con valor hasta de $493,083.56, paga 2.6 por ciento de tenencia anual, en contraste con la moto, cuyo valor máximo para pagar el mismo porcentaje es de $112,500.00. De esta manera, observamos una desigualdad en el pago de este impuesto, ya que sabemos que un automóvil de tal valor es totalmente un artículo suntuario, existiendo total desproporción.

En 1980 se consideraron la potencia y el peso del vehículo, haciendo pagar más a los más potentes y pesados, con el ``propósito de desalentar el excesivo consumo de gasolina y lubricantes...'' El mismo criterio es el que ahora queremos implantar respecto al uso de motos; de esta manera, por grande que sea una moto, no consumirá proporcionalmente la misma gasolina ni lubricantes que un automóvil y que, además, generará menos tráfico.

Así las cosas, estamos seguros de que se alentará el uso de las motocicletas, dejando pagar una menor tenencia que los automóviles.

Bajo la anterior exposición, ahora presentamos la siguiente iniciativa, que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos:

Primero. Se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando al valor total de la motocicleta...

Y se presenta una tabla, la cual solicito a esta Presidencia que quede inserta en su totalidad para el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Acción Nacional tiene en su plataforma buscar condiciones de igualdad en todos los aspectos de la vida del mexicano. Dentro de este marco, ahora presentamos la siguiente iniciativa, que busca lograr equidad respecto a todos los poseedores de motocicletas, que en el mundo actual, más que objeto de diversión, se presentan como una nueva opción de transporte, ante el aumento incontrolado del automóvil, que resulta ser --en nuestra nueva realidad-- contaminante de nuestro cada vez más mermando ambiente.

No podemos desconocer el origen del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos: en 1961, esta Cámara, que fungió como Cámara de origen, decidió que había que imponer un impuesto especial ``sobre la tenencia y uso de automóviles''; la razón para ello era que los ingresos que obtenía el gobierno por el disfrute ``por parte de los automóviles de las carreteras, autopistas, vías'', etcétera, no guarda relación con el beneficio recibido por ellos por los automóviles.

Para el siguiente año ya incluía también los camiones. Así siguieron las cosas y, en 1977, para pagar el impuesto se impuso el criterio de la ``potencia del vehículo y su peso''. En noviembre de 1980, y basados en que ``las motocicletas de más de 349 cc de cilindrada tienen carácter suntuario y generalmente son adquiridas por personas de alto nivel económico'', fueron incluidas. Para el año de 1995 se incluyeron las motos desde 50 cc, por lo menos durante los últimos 10 años, incluso los repartidores de periódicos, los cobradores, los mensajeros y hasta los pizzeros que usan sus propias motos de 50 a 125 cc para trabajar, empezaron a pagar tenencia.

Así las cosas, en la actualidad un automóvil nuevo con valor hasta de $493,083.56, paga 2.6 por ciento de tenencia anual, en contraste con la moto, cuyo valor máximo para pagar el mismo porcentaje es de $112,500.00. De esta manera, observamos una desigualdad en el pago de este impuesto, ya que sabemos que un automóvil de tal valor es totalmente un artículo suntuario, existiendo total desproporción.

En 1980 se consideraron la potencia y el peso del vehículo, haciendo pagar más a los más potentes y pesados, con el ``propósito de desalentar el excesivo consumo de gasolina y lubricantes...'' El mismo criterio es el que ahora queremos implantar respecto al uso de motos; de esta manera, por grande que sea una moto, no consumirá proporcionalmente la misma gasolina ni lubricantes que un automóvil y que, además, generará menos tráfico.

Así las cosas, estamos seguros de que se alentará el uso de las motocicletas, dejando pagar una menor tenencia que los automóviles.

Bajo la anterior exposición, ahora presentamos la siguiente iniciativa, que reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos:

Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Primero. Se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Artículo 14. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando al valor total de la motocicleta la siguiente

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Mendoza Flores. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULOS 90, 92 Y 93 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Rafael Flores Mendoza: Gracias; con su venia, señora Presidenta: el que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 90, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

Los Departamentos Administrativos se incluyeron en la Constitución Política de 1917, con el propósito de generar instancias auxiliares del Ejecutivo federal en los diversos ramos. Pero, con la característica esencial de que estos órganos se encargarían exclusivamente de temas administrativos sin ningún manejo político, lo cual estaba reservado a las Secretarías de Estado.

En este contexto fueron constituidos, entre otros, los Departamentos Administrativos de Salubridad Pública, Contraloría, Trabajo, Asuntos Agrarios y Colonización, Distrito Federal, Marina Nacional, Pesca y el de Turismo.

Sin embargo, la idea del Constituyente de 1917 en el sentido de que los Departamentos Administrativos funcionaran como áreas técnicas, rápidamente se desvirtuó y en la realidad los Departamentos se fueron convirtieron en antesalas de las Secretarías. Paralelamente y en el ámbito tanto operacional como jurídico los jefes de Departamento Administrativo y los secretarios de Estado fueron adquiriendo facultades similares.

Para 1981 se introdujo una reforma legal para que los jefes de Departamentos Administrativos, en su caso, comparecieran ante las Cámaras, refrendaran actos del Ejecutivo y deberían ser convocados al Acuerdo Colectivo con el Ejecutivo en caso de la declaratoria de suspensión de las garantías individuales, homologándose plenamente sus atribuciones con los de los secretarios de Estado asumiendo funciones de carácter político administrativas. Eliminando completamente la posibilidad de mantener la competencia técnica y administrativa que diseño el constituyente para los Departamentos Administrativos.

Es de señalarse que los últimos Departamentos que existieron fueron los de Pesca, Turismo y el Departamento del Distrito Federal. Es decir, que desde 1997 no existe un Departamento Administrativo y actualmente la Administración Pública Federal cuenta con organismos descentralizados y órganos desconcentrados que emplea para ejecutar actos netamente administrativos, cayendo en pleno desuso la figura del Departamento Administrativo y resultando innecesario mantenerla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para reformar, como ya dije, los artículos 90, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1o., 2o., 6o., 7o., 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 31 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Solicitándole a la Presidencia que, por obvio de tiempo, la iniciativa se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Rafael Flores Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 90; 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Los Departamentos Administrativos se incluyeron en la Constitución Política de 1917, con el propósito de generar instancias auxiliares del Ejecutivo federal en los diversos ramos. Pero, con la característica esencial de que estos órganos se encargarían exclusivamente de temas administrativos sin ningún manejo político, lo cual estaba reservado a las Secretarías de Estado.

En este contexto fueron constituidos, entre otros, los Departamentos Administrativos de Salubridad Pública, Contraloría, Trabajo, Asuntos Agrarios y Colonización, Distrito Federal, Marina Nacional, Pesca y el de Turismo.

Sin embargo, la idea del Constituyente de 1917 en el sentido de que los Departamentos Administrativos funcionaran como áreas técnicas, rápidamente se desvirtuó y en la realidad los Departamentos se fueron convirtieron en antesalas de las Secretarías. Paralelamente y en el ámbito tanto operacional como jurídico los jefes de Departamento Administrativo y los secretarios de Estado fueron adquiriendo facultades similares.

Para 1981 se introdujo una reforma legal para que los jefes de Departamentos Administrativos, en su caso, comparecieran ante las Cámaras, refrendaran actos del Ejecutivo y deberían ser convocados al Acuerdo Colectivo con el Ejecutivo en caso de la declaratoria de suspensión de las garantías individuales, homologándose plenamente sus atribuciones con los de los secretarios de Estado asumiendo funciones de carácter político administrativas. Eliminando completamente la posibilidad de mantener la competencia técnica y administrativa que diseño el constituyente para los Departamentos Administrativos.

Es de señalarse que los últimos Departamentos que existieron fueron los de Pesca, Turismo y el Departamento del Distrito Federal. Es decir, que desde 1997 no existe un Departamento Administrativo y actualmente la Administración Pública Federal cuenta con organismos descentralizados y órganos desconcentrados que emplea para ejecutar actos netamente administrativos, cayendo en pleno desuso la figura del Departamento Administrativo y resultando innecesario mantenerla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por ser obsoleta y anacrónica.

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se los artículos 90; 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo III Del Poder Ejecutivo

Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

Artículo 91.- ...

Artículo 92. Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los Diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Título Primero De la Administración Pública Federal

Capítulo Único De la Administración Pública Federal

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

...

Artículo 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

I.- Secretarías de Estado;

II.- derogada

III.- Consejería Jurídica.

Artículos 4° y 5°.- ...

Artículo 6o.- Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado, los Jefes de los Departamentos Administrativos y el Procurador General de la República.

Artículo 7o.- El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República.

Artículos 8º y 9o.- ...

Titulo Segundo De la Administración Pública Centralizada

Capítulo I De las Secretarías de Estado

Artículo 10.- Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.

Artículo 11.- Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.

Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República.

Artículo 13.- Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.

...

Artículo 14.- ...

Artículo 15.- Derogado.

Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de Estado, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

...

Artículo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 18.- En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 20.- Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

Artículo 21.- El Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado.

...

Artículo 22.- ...

Artículo 23.- Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Artículo 24.- En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.

Artículo 25.- ...

CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 26.- ...

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la VII. ...

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los Secretarios de Estado del Ejecutivo Federal y del Procurador General de la República;

IX. a la XXXII. ...

Artículos 28 al 30 bis.- ...

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal;

III.- Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal;

IV.- ...

V.- Manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal;

VI. a la XIV. ...

XV.- Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el del Gobierno del Distrito Federal, a la consideración del Presidente de la República;

XVI. a la XXV.- ...

Artículo 32.- ...

Artículo 32 bis.- ...

Artículo 33.- ...

Artículos 34 al 47.- ...

Artículo 48.- A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado.

Artículos 49 al 56.- ...

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se recibió en esta Presidencia de parte del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Verde Ecologista de México, iniciativa que adiciona el artículo 75 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que adiciona un artículo 75 a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

La corrupción, fugas de internos en complicidad con autoridades, centros gobernados por reclusos, tráfico de sustancias prohibidas, privilegios indebidos, circulación de armas de fuego y uso de telefonía celular o satelital representan un grave quebranto a las normas vigentes y a los principios esenciales de la justicia penal, pues es muy frecuente que los delincuentes no reciban el castigo que por sus actos merecen, y sí reciban, en cambio, los privilegios que su poder económico les permita comprar.

La sociedad sigue reclamando que haya orden en las cárceles y éstas cumplan estrictamente con su función, pues sólo así se podrá contribuir a combatir eficazmente la delincuencia.

El castigo impuesto a quienes han cometido algún delito, pierde su utilidad si las autoridades penitenciarias son las primeras en violar la ley y permiten que las cárceles funcionen en realidad como escuelas del crimen.

Desafortunadamente a últimas fechas, aunado a otros tantos delitos que padecemos diariamente los mexicanos, ha surgido la modalidad en las prisiones de realizar telefonemas amenazantes al exterior, para solicitar dinero a cambio de no realizar un secuestro o un daño a cierta persona o a sus seres queridos es decir; una extorsión.

La comisión de este delito es relativamente fácil para los malhechores porque se basa en el temor de las víctimas y porque existen una gran cantidad de bancos de información sobre las personas, con escaso o nulo control.

Esa información sobre los ciudadanos, su modo de vida y su patrimonio se obtiene de diversas formas y van desde las encuestas hasta el llenado de formularios en instituciones financieras o comerciales.

Estas acciones no siempre se basan en esas fuentes de información formales, sino que incluso se hacen sin certeza alguna del delincuente sobre la situación económica de la víctima.

Los rufianes de ese tipo actúan como en la lotería o las adivinanzas, marcan un número, dicen algo que saben o inventan, algo con cierta lógica para la víctima, y con eso la asustan.

De acuerdo con el procurador capitalino, al día se reciben dos o tres denuncias por hechos de este tipo, aunque existe una ``cifra negra'' al respecto, pues muchos de las afectados se abstienen de denunciar por temor a represalias de los delincuentes y a que es muy difícil dar con los culpables.

Varias bandas dedicadas a este ilícito, en las cuales participan presos de los reclusorios capitalinos, ya fueron detectadas y desmembradas, pero hay otras que no se han podido identificar. De acuerdo con el procurador capitalino, existe control sobre los teléfonos inalámbricos de las cárceles de la ciudad de México, pero falta el control de los celulares, y confió en que pronto se apliquen las medidas para bloquear sus señales desde y hacia dentro de los penales.

Con esta medida, la planeación de ilícitos como secuestros, narcotráfico y extorsiones, desde los penales y el contacto cotidiano entre delincuentes del interior hacia el exterior y viceversa, se verá afectada directa y drásticamente, a favor de la sociedad.

Tenemos algunos ejemplos, como Colombia, donde el gobierno ya reglamenta el uso de teléfonos inalámbricos.

La ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart, expidió la resolución 1520 de 2002, mediante la cual se autoriza la utilización de frecuencias radioeléctricas para uso exclusivo de teléfonos inalámbricos de corto alcance.

El siguiente es un comunicado emitido por el Ministerio de Comunicaciones sobre este tema:

``La ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart, expidió la Resolución 1520 de 2002, con la cual atribuye las bandas de frecuencias radioeléctricas que los usuarios de teléfonos inalámbricos podrán utilizar libremente, siempre y cuando tales aparatos sean de corto alcance.

La expedición de la norma se convierte en un gran apoyo para las Fuerzas Armadas y los grupos de inteligencia, quienes han detectado que los teléfonos inalámbricos de largo alcance están siendo utilizados en las cárceles para llevar a cabo extorsiones y secuestros, debido a que son difíciles de rastrear.

Los centros penitenciarios de Suiza tendrán dispositivos antitelefonía móvil a partir del año 2006. La idea es realizar unas cuantas pruebas satisfactorias y, después, elaborar un reglamento en este sentido.

En algunos edificios y en algunas zonas aún hay problemas técnicos, ya que el sistema antitelefonía móvil no debe afectar a la señal fuera de las instalaciones penitenciarias.

Tenemos ejemplos también en Japón e Israel en donde las cárceles quieren evitar el uso de teléfonos móviles en sus instalaciones para impedir que los reclusos hagan negocios con el exterior o molesten a sus víctimas. Como de costumbre, los presidiarios sólo podrán llamar por teléfono desde las cabinas del centro.

¿Qué es un bloqueador?

Un bloqueador es un dispositivo que emite señales radioeléctricas que interfieren la comunicación entre los celulares y la radiobase más cercana al bloqueador. Sin excepción, todos los teléfonos son afectados por la interferencia, la cual puede variar de una distancia de 20 metros hasta cuatro kilómetros, dependiendo de la potencia del equipo de bloqueo.

De esta manera se impide al usuario recibir o realizar llamadas, y enviar y recibir mensajes. Afecta a todos los aparatos celulares dentro de las áreas predeterminadas y bien definidas.

Los sistemas de interferencia de señales pueden ser divididos en dos grandes familias: sistema de bloqueo y de filtros. Los primeros evitan que las señales sean recibidas por los celulares; los filtros avisan al operador de la red cuando una llamada se inicia desde un celular. Dentro de un área determinada el operador queda facultado para interrumpir la comunicación.

Los servicios que se ven afectados por el uso de los dispositivos antes mencionados son:

Telefonía celular que opera en 800 MHz con tecnología CDMA, TDMA, AMPS y N-AMPS, ya sea digital o analógica.

PCS en 1900 MHz.

Mensajes cortos.

GSM y GPS en teléfonos que lo tienen incorporado.

Cabe mencionar que la misma tecnología que permitió el desarrollo de los celulares, también ayudó en el desa- rrollo de los bloqueadores.

Actualmente se promueve en México el uso de los bloqueadores por razones de seguridad. Por lo tanto, se propone su utilización en bancos, reclusorios, templos y otros centros de reunión. No obstante, existen discrepancias sobre si nuestra legislación prohíbe la interrupción de las frecuencias de comunicación. Sin embargo, en nuestra legislación se contempla el estado de necesidad, en el artículo 15 del Código Penal Federal, que a la letra dice:

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

Estamos de acuerdo en que lo ideal sería un país y un mundo sin bloqueadores, sin embargo, apelando al bien mayor, jurídicamente tutelado, que en este caso sería la seguridad, patrimonio, tranquilidad e inclusive la vida de los ciudadanos, es que hoy las opiniones sobre el uso de bloqueadores están claramente divididas: ¿Permitimos la recepción de llamadas, cuáles son importantes o no, damos tolerancia, callamos el incesante rumor de los celulares?

Mientras más y más personas en cualquier momento y en cualquier lugar hacen uso de las bondades de los teléfonos celulares, gozando de la libertad y flexibilidad que ofrece esa tecnología, también crece el número de personas molestas y afectadas por el uso indiscriminado de los equipos, lo cual afecta el derecho a la tranquilidad, seguridad y privacidad de los individuos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 75 a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 75.- Tratándose de centros penitenciarios y de readaptación social, tanto de máxima como de mínima peligrosidad, la señal para la recepción y transmisión de llamadas, hacia y desde el interior de la prisión por medio de telefonía celular, queda totalmente restringida por razones de seguridad.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Se encuentran con nosotros --y les damos la más cordial bienvenida-- compañeros ciudadanos y ciudadanas del municipio de Panotla, del estado de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Sean ustedes bienvenidos.

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ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Compañeras diputadas; compañeros diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El suscrito, diputado federal del estado de Veracruz, Gonzalo Guízar Valladares del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 párrafos 1° y 2°, incisos c), d) y e), 38 párrafo 1°, inciso a), 39 y 45 párrafo seis, inciso f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, numeral 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter al pleno de esta soberanía, esta iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución política es una de las más avanzadas del mundo en consagrar derechos fundamentales sobre justicia distributiva entre desiguales. No obstante, se requiere de reformas para precisar algunos de esos derechos y garantías importantes: como la libertad.

Al estar en búsqueda de una nueva cultura jurídica en beneficio de los mexicanos, en esta oportunidad, proponemos la modificación de la fracción nueve del artículo 20 constitucional relativo a la garantía de defensa que todo inculpado tiene en cualquier proceso penal.

El texto actual de esta disposición constitucional estipula que, todo inculpado tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o por ``persona de su confianza''. Este último término, en muchas ocasiones, fomenta lo que comúnmente se conoce como ``coyotaje'', es decir, personas que no tienen profesión de abogado se dedican a ``defender'' a los inculpados, que en la mayoría de los casos, sólo abusan de la ignorancia de sus clientes y se coluden con las autoridades para obtener beneficios económicos a costa de la libertad de otros. Se tienen cifras de que este fenómeno es la principal causa que origina irregularidades en la procuración y la administración de justicia, en detrimento de la ciudadanía, al entorpecer el procedimiento en un gran número de casos.

Como sabemos, la lacerante pobreza del 50 % de nuestros compatriotas, ocasiona que carezcan de recursos para hacerse de los servicios de un buen abogado, también sabemos que la calidad en la defensa es indispensable para determinar la libertad o la reclusión de un procesado, por lo que es muy importante que, desde la norma fundamental, se brinde la garantía de tener derecho a un defensor profesional y así eliminar la ``defensoría al mejor postor''.

Nuestra propuesta es sumamente trascendental, ya que lo referente a la fracción nueve del artículo 20 constitucional tiene correlación directa con el párrafo cuarto de la fracción X, que establece que la garantía de defensa también será observada en la averiguación previa, y aquí es cuando nos encontramos con el problema central: ¿cómo una ``persona de confianza'' ejerce funciones de abogado sin serlo? Ya que, frecuentemente esas ``personas de confianza'' no cuentan con los conocimientos técnicos legales para ejercer una adecuada defensa.

Una defensa eficaz durante la averiguación previa es fundamental, pues la declaración que se haga ante el Ministerio Público será a la que el juez le otorgue mayor valor probatorio, por ser la primera; de ahí que resulte necesario contar con conocimientos en derecho para proporcionar una buena asesoría, pues de ella depende lo que sucederá a futuro.

Evitar el ``coyotaje'' es una lucha que se ha venido dando entre los profesionales del derecho y los que no lo son. No es verdad que los ``pseudo abogados de pasillo'' sean precisamente de la confianza del inculpado, mas bien son contratados por el bajo costo que cobran, por sus actividades que a la larga resulta mucho más caro el tener que contratar a un profesional para enderezar un procedimiento con una defensa deficiente.

En el año 2003, el Procurador General de Justicia del estado de Veracruz, atendiendo el grave incremento de las quejas por deficiencia en los procesos penales provocados por el coyotaje, se vio en la necesidad de emitir una circular en la que se ordenaba que la asistencia legal en declaraciones ministeriales de un denunciado tendría que ser de un abogado con título o documento suficiente que justificara su ejercicio profesional. Lo mismo proponemos, en la presente iniciativa, pero para elevarlo a rango constitucional.

Por otro lado, existe jurisprudencia que establece cuando el quejoso aduce violación a la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional, argumentando que no gozó de una adecuada defensa durante su proceso, no ha lugar a considerar violadas las leyes que regulan el procedimiento penal, si de los autos se advierte que, tanto en su declaración ministerial, como en preparatoria, las autoridades respectivas le hicieron saber que tenía derecho a ser asistido por un abogado o persona de su confianza y que aquél decidió nombrar como asistentes o defensores a determinadas personas. Por eso, el proceso penal requiere de un alto grado de profesionalización de los que intervienen que impacte en el derecho a una adecuada defensa, por lo que, es menester elevar a rango de garantía constitucional el derecho a un defensor profesional que tenga la capacidad técnica y ética en el desempeño de sus tareas de defensa, en el marco de la protección de uno de los valores fundamentales del hombre: la libertad.

Por todo lo antes expuesto, es que sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculpado:

I. a VIII. ...

IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí o por abogado que cumpla con los requisitos que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica).»

Por su atención, muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Álvaro Elías LoredoEl Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Educación.El diputado Fernando Alberto García Cuevas: Con su permiso, señor Presidente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Educación.

El que suscribe, C. diputado federal Fernando Alberto García Cuevas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presento a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Educación, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Un problema relacionado con el reconocimiento de validez oficial de estudios en el Sistema Educativo Nacional amenaza con convertirse en uno de mayúsculas proporciones si no se toman inmediatamente las medidas necesarias.

En la actualidad, la revalidación de estudios en nuestro país está regulada por la Ley General de Educación de 1993. El artículo 61 de dicha normatividad se refiere a la revalidación en México de estudios efectuados fuera del Sistema Educativo Nacional, pero no especifica si al referirse a fuera del Sistema Educativo se está haciendo referencia a instituciones que imparten estudios en el territorio nacional y que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de las autoridades educativas, o si se refiere también a instituciones educativas asentadas en el extranjero.

¿Cuál es la importancia de ello?

Actualmente, el artículo en comento señala que ``los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema''. Resulta obvio que el legislador, al elaborar el texto de este artículo, se estaba refiriendo a estudios efectuados en el extranjero. Sin embargo, al no establecerlo expresamente, se abrió la posibilidad de que mediante un amparo administrativo, procedimiento relativamente sencillo y rápido, se obtenga la validez oficial de estudios cursados en instituciones particulares que no cuentan con RVOE o que no forman parte del Sistema Educativo Nacional, por la razón que sea, pero la principal, está demostrado y documentado, es la que los estudios que se imparten en esas instituciones no tienen todavía los requisitos mínimos de calidad que establecen las autoridades educativas respectivas.

Este debate está actualmente en el centro de atención de la opinión pública nacional, por el surgimiento indiscriminado de las así llamadas ``escuelas y universidades patito'', que han proliferado en todo el territorio nacional ofreciendo oferta educativa a estudiantes que o bien no fueron aceptados en instituciones oficiales por razones de cupo, de bajo promedio o por no haber acreditado el examen de admisión, o bien no acuden a instituciones particulares con programas de estudios reconocidos oficialmente por razones económicas, ya que las cuotas que cobran estas escuelas, en la gran mayoría de los casos, no son bajas.

El hecho, sin embargo, es que estas instituciones cuyos estudios no tienen validez oficial tienen una elevadísima matrícula, lo cual pone en total grado de indefensión académica a los estudiantes ahí inscritos, ya que si bien mediante un amparo pueden obtener su reconocimiento de validez oficial y pasar al siguiente ciclo educativo, u obtener un título profesional, definitivamente no reciben una educación de calidad que les permita ser competitivos en un mercado laboral cada vez más complicado y que exige la mejor preparación a los jóvenes que se integran a actividades económicamente remuneradas.

Con esta sencilla modificación al artículo 61 de la Ley General de Educación, estamos haciendo nuestro ese problema que afecta a una gran parte de la sociedad mexicana y estamos proponiendo las acciones para resolverlo, ya que se evitaría el reconocimiento de estudios no autorizados y se garantizaría a los jóvenes, y a sus padres, que la educación que reciben cuenta, por lo menos, con los requisitos mínimos de calidad educativa.

Asimismo, se obligaría de manera enfática a las instituciones que no cuentan actualmente con reconocimiento de validez a que inicien los trámites para hacerlo, o bien desaparezcan, ya que la ley les obliga a informar, por anticipado y en su publicidad, que no tienen ese reconocimiento y que sus estudios son sin validez oficial. ¿Qué estudiante, entonces, se inscribiría y pagaría colegiaturas a una escuela que no está en posibilidades de ofrecerles ningún documento válido por los estudios que cursó y pagó?

Todos los sectores de la sociedad se verían beneficiados con esta reforma: desde los mismos estudiantes y sus padres, ya que protegeríamos la economía familiar al evitar que se pagara por algo que no tiene calidad ni validez, hasta la sociedad misma, ya que estos jóvenes se incorporarían al mercado laboral para desempeñar profesiones y oficios para los que fueron bien capacitados y entrenados, pasando por las instituciones mismas, que necesariamente tendrían que elevar la calidad de la educación que ofrecen.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Educación.

Artículo Primero.- Se reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 61.- Los estudios realizados en el extranjero podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil seis.--- Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Gracias, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La suscrita, diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que adiciona la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La institución del amparo tiene trascendencia en la vida jurídica y política social de México; fue creada para que los particulares defiendan sus garantías individuales y, por lo mismo, constituye una limitante al ejercicio indebido del poder público.

Dentro de la legislación de amparo se encuentra la posibilidad de que el juez federal decrete la suspensión de los actos que reclama el particular a la autoridad, siempre que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se sigan al agraviado, pero condicionado a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Cuando fue promulgada, en el año de 1936, la Ley de Amparo, no se había advertido la importancia de la preservación y restauración de los sistemas ecológicos y del medio ambiente.

La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo determina los casos en que se considera que existe perjuicio del interés social cuando se concede la suspensión y se continúe el funcionamiento de los centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.

Sin embargo, cuando hay afectación o se atente contra el patrimonio social que constituyen los ecosistemas, o se impida la ejecución para preservación y restauración del medio ambiente, como no está expresamente determinado existe la posibilidad de que al subjetivo criterio del juez de distrito se conceda la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo y con ello cometer grave perjuicio al interés social.

Con esta iniciativa se pretende adicionar la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para quedar redactada en los siguientes términos:

Se considerará, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de los centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; o se afecten los ecosistemas o el medio ambiente o se impida las labores de restauración y conservación de los ecosistemas.

Lo anterior, toda vez que el cuidado de los ecosistemas y del medio ambiente debe ser considerado de orden público, ya que los daños y perjuicios realizados por el hombre en esos rubros, afectan a toda la esfera de la sociedad.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente iniciativa, a efecto de lograr la protección de los ecosistemas y el medio ambiente en la Ley de Amparo.

Decreto por el que se adiciona la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo

Primero. Se adiciona la fracción II del artículo 124 de la Ley del Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 124. ...

I. ...

II. ...

Se considerará, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de los centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; o se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente, o se ponga en peligro real e inminente el equilibrio ecológico o la salud de las personas, porque sean rebasados los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables;

III. ...

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Dip. María del Carmen Mendoza Flores.»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La siguiente iniciativa, del diputado Arturo Nahle García, se pospone por lo que hace a su presentación. También se retira del orden del día iniciativa de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

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LEY AGRARIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria.El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso, diputado Presidente; diputadas y diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria.

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa de decreto para reformar el artículo 17 de la Ley Agraria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Afirmar que en México se discrimina a la mujer, no sorprende a nadie, porque es bien sabido que de diversas maneras y en los diferentes estratos del país, la mujer mexicana es menospreciada, más a medida que se desciende en la escala social.

Inverosímilmente en una de las materias en que más se discrimina a la mujer mexicana, es en la elaboración de leyes, decretos, reglamentos y en general, en toda la documentación oficial, en las cuales la redacción esta realizada enteramente de manera masculina.

Un ejemplo, nos demostrará con mayor claridad, esta aseveración.

Veamos la redacción del primer párrafo del artículo 17 de la Ley Agraria, que a la letra dice:

``El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que conste los nombres de las personas y en orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona''.

Según esta disposición, el ejidatario (hombre) es el único propietario de su parcela y el que tiene la facultad de decidir quién le sucederá en los derechos sobre la misma. Entre los beneficiarios se ubica a los cónyuges a la concubina, pero también otros familiares y hasta ``cualquier otra persona''. Es decir, el ejidatario no tiene limitaciones para disponer de la parcela, aunque esté casado bajo el régimen de sociedad conyugal.

Es cierto, que al formar parte del artículo en comento, la frase: ``para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario...'', se deduce que el ejidatario también puede ser una mujer. Pero, en la realidad, ¿cuántas mujeres, teniendo esposo, son las titulares de la parcela? Tendría que ser viuda o soltera, para que se dé el caso. Entonces, situados en la realidad, nos encontramos con el hecho de que el ejidatario (hombre) es quien dispone a su arbitrio de quien ha de sucederle en los derechos de la parcela, quedando a un lado, sin ningún derecho la esposa o la concubina.

Sabemos que la mujer campesina es tal vez, la más discriminada, porque indebida e injustificadamente, se le viene situando en los más bajos peldaños de la escalera del edificio representado por las comunidades de nuestro país.

En efecto, las mujeres de las poblaciones rurales, consideradas así las que tienen menos de dos mil quinientos habitantes, según el INEGI, carecen de muchas de las facilidades de que dispone la mujer de las ciudades, en donde tienen diversos aparatos electrodomésticos, que les aligeran las labores del hogar, encontraste con las mujeres del campo en donde tienen que realizar trabajos tan primitivos, como acarrear el agua de la toma común o juntar la leña para preparación de los alimentos familiares.

Es tiempo de modificar los instrumentos legales, para que la mujer campesina sea considerada con los mismos derechos y obligaciones que los hombres y así en la práctica --no sólo en la teoría-- exista la equidad de géneros.

Por esto propongo que en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Agraria, igualemos los derechos de la mujer con los del hombre y en las listas de sucesión en el que el ejidatario manifiesta su voluntad sucesoria, sea requisito que además de la firma del titular de la parcela vaya también la del cónyuge, concubina o concubinario, como demostración legal de que la pareja son copropietarios de la parcela y de común acuerdo deciden a quién le adjudicarán los derechos a su fallecimiento.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto para reformar el artículo 17 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se reforma el artículo 17 de la Ley Agraria para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombre de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, alguno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de la sucesión deberá estar también firmada por la cónyuge, la concubina o el concubinario, según proceda y se depositará en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, México DF, a 23 de marzo de 2006.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

Es todo, ciudadano Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.El diputado Ramón González González: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras, compañeros diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56, y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el que suscribe, diputado federal por el tercer distrito en el estado de Jalisco, Ramón González González, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, para establecer con toda precisión, que la Educación para los adultos está destinada para individuos de dieciocho años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria o secundaria, acorde a los siguientes

Antecedentes

En lo concerniente a la educación para los adultos, el 20 de agosto de 1944 se expide la Ley que Establece la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, el 11 de febrero de 1946 se aprobó el decreto que prolongó la campaña nacional establecida en la citada ley, hasta que entrara en vigor el ordenamiento sobre medidas permanentes contra el analfabetismo; el 2 de enero de 1947 fue expedido el decreto por el cual se dispuso la prolongación de la propia campaña hasta el día en que entrase en vigor la ley de medidas permanentes contra el analfabetismo, El 29 de diciembre de 1975 se expide la Ley Nacional de Educación para Adultos, mediante la que se crea la comisión coordinadora de la misma, encargada de encauzar las actividades para lograr la aplicación de esta ley.

Por último, en agosto de 1981 se crea el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), con objeto de capacitar a aquellos estudiantes adultos, que no tuvieron oportunidad de cursar satisfactoriamente su educación básica, siendo su actividad central la de ofrecer y administrar la educación remedial, es decir, la alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo.

La educación secundaria se vuelve legalmente obligatoria en nuestro país, a partir de 1993, por un lado la Federación, estados y municipios deben impartirla de manera gratuita y laica a todos los individuos y, por otro, los padres de familia deben enviar a sus hijos o pupilos a la escuela pública o privada para cursarla, con la obligatoriedad de la secundaria, se abrieron más oportunidades para los adolescentes y el índice de analfabetismo bajó de forma notable en los menores de 18 años.

Exposición de Motivos

En México, siempre ha existido una preocupación por la Educación, como se ha enumerado en los antecedentes, y está debidamente señalado en la Constitución General de la República, al grado de considerarla como una de las garantías individuales que tenemos los mexicanos, lo cual se encuentra plasmado en el artículo tercero, considerándola como un derecho y a la vez en el artículo 31 de la misma carta magna se considera como una obligación de los mexicanos, ya que la fracción primera señala:

I.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria y reciban la militar en los términos que establezca la ley.

Aun cuando no lo expresa literalmente, de acuerdo con lo señalado en artículo 31, fracción I, de la Constitución General de la República, la obligación de los mexicanos expira cuando el hijo o pupilo adquiere la mayoría de edad, ya que al adquirir ésta se convierte en ciudadano capaz de valerse por sí mismo con derechos y obligaciones, por lo tanto lo hace responsable de sus actos, con capacidad jurídica propia, ya que en la misma Constitución, en el artículo 34, lo considera como ciudadano al cumplir los 18 años.

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Al considerarlo la Constitución como ciudadano al cumplir 18 años, también en el Código Civil Federal, en su artículo 646, señala que la mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos.

La Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Título Primero de las Disposiciones Generales, en su artículo 2, establece lo siguiente:

Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

De acuerdo con lo antes señalado, en las leyes a las que se ha hecho referencia, reconocen como sinónimo los términos ciudadano, adulto y mayor de edad, razón por la que no veo que exista congruencia entre los términos señalados y lo expresado en la Ley General de Educación en su artículo 43, al señalar en lo relativo a la educación de los adultos a personas de 15 años, cuando expresamente se establece en diversas leyes que a esa edad aún no son adultos.

Por lo tanto nuestras leyes educativas deben tener un especial cuidado y proteger tanto a niños y niñas así como a los adolescentes para que logren el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales --en los ámbitos intelectual, artístico, afectivo, social y deportivo-- al mismo tiempo que se impulse una formación en valores favorable a la convivencia solidaria y comprometida, preparando individuos que ejerzan una ciudadanía activa, capaces de enfrentar la competitividad y exigencias del mundo del trabajo. Lo que es más difícil de fomentar en la edad adulta.

La educación es el vehículo por excelencia de movilidad social, de perfeccionamiento del individuo y de oportunidad de superación personal. Por lo que de alguna manera, considero que la reforma que estoy proponiendo en esta iniciativa, debe ser congruente con lo que establece, tanto nuestra Constitución, como las diversas leyes donde hablan sobre lo que sería la mayoría de edad.

A su vez los niveles de escolaridad son cada vez más altos y el índice de analfabetismo es decreciente, en la actualidad la cobertura de la educación primaria llega aproximadamente y secundaria está alrededor del 90%.

Considerando la complejidad y amplitud de este escenario, el objetivo de la presente iniciativa es que para poder ingresar a cursar la educación para los adultos se requiere que el individuo tenga la mayoría de edad, es decir haber cumplido al momento de su ingreso a clases los 18 años y por lo tanto ser un adulto. Además no es viable ni adecuado, que personas que no siendo mayores de edad y que por lo mismo carecen de capacidad legal, se entremezclen con otras que si lo son, ya que los criterios y mentalidades tendrán que divergir, debido a las condiciones físicas y mentales que por naturaleza hay entre un menor y una persona mayor de edad, fomentando una convivencia inadecuada.

Los estudiantes mayores de 15 años que no han logrado terminar su educación básica, se inscriben en las escuelas para adultos, donde logran finalizar su curso fácilmente, incluso en un tiempo mucho menor que el que durarían en finalizar su curso en una escuela escolarizada, lo que podría ser causa de deserción escolar y trae como consecuencia una preparación deficiente al no contar con el adecuado desarrollo de sus capacidades y habilidades individuales; además, en estos centros los planes están desarrollados para personas mayores que ya han desarrollado todas estas capacidades.

Si bien, los menores de 18 años de edad tienen todo el derecho de recibir la educación básica, los mismos pueden cursarla en los centros diseñados para este fin, donde pueden desarrollar su capacidad, convivir con personas de su edad y sobre todo, no interrumpir una educación y experiencia que los adolescentes tienen derecho a tener en esta etapa de su vida.

Es necesario que la educación que se imparta a los adultos, responda cada vez mejor a las necesidades e intereses específicos de éstos, así como de los diversos grupos, regiones y personas, la que debe ir también orientada a la capacitación para el trabajo.

Los lineamientos de reforma aquí expuestos, conciben la educación para los adultos con una definición legal, coherente, responsable, funcional y eficiente en la estructura del Estado y en el sistema de educación federal mexicano, recuperando los conceptos esenciales característicos de la visión federalista y mexicana.

Por congruencia legislativa debe reformarse la Ley General de Educación, en lo relativo a la edad requerida para cursar la educación para los adultos, ya que nuestras leyes consideran adulto a las personas mayores de 18 años, por tal razón, deben admitirse en las instituciones de educación para los adultos, solamente adultos y no adolescentes como actualmente se hace.

Por tanto, propongo que se establezca en el artículo 43 de la Ley Federal de Educación, ``que solamente deben cursarla individuos de 18 años de edad en adelante'', no como lo establece la ley para los niños y jóvenes de nuestro país, que los considera todavía menores de 18 años, como adolescentes y repito, la misma Constitución lo señala; es por congruencia legislativa que debe hacerse esta reforma.

Por otro lado también, en el aspecto social se ve que de alguna manera los jóvenes, que de alguna manera están cursando a esa edad la secundaria y muchas de las veces por diversas circunstancias, no la cursan de manera regular. Es fácil a veces que también, no guarden una conducta adecuada, porque en educación para los adultos, se les pueden dar muchas facilidades que no tendrían en este sistema regular.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma la Ley General de Educación, en los siguientes términos.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de dieciocho años o más que no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la solidaridad social.

Transitorios

1.- Esta reforma no es aplicable a quienes, siendo menores de edad en este momento, estén cursando la educación para adultos.

2.- Este decreto entrará en vigor el ciclo escolar siguiente a la fecha de su publicación.

Dado en México, DF, a 22 de marzo de 2006.--- Dip. Ramón González González (rúbrica).»

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de ley reglamentaria del artículo 8o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Santiago Cortés Sandoval: Con su permiso, señor Presidente; con su permiso, compañeras diputadas y diputados: el que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto somete a la consideración del Pleno la presente iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El artículo 8o. constitucional, convierte al derecho de petición en elemento esencial para la protección de los derechos humanos: es decir lo eleva a una potestad jurídica para solicitar la intervención del poder público en un caso concreto. Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las garantías individuales, que imponen al Estado una obligación negativa o de abstención con respecto a las actividades que puedan realizar los particulares; el derecho de petición provoca el cumplimiento de una obligación positiva de las autoridades que deben actuar en representación de los órganos estatales, ya que es precisamente la acción de contestar por escrito y en breve término al peticionario.

Se trata de un derecho a la respuesta; es por ello, que una petición, jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitirle al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud. Luego entonces el derecho de petición es considerado como aquel derecho que tiene los habitantes del país de dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor público. Incluso, la petición se convierte en un elemento esencial en la protección de otros derechos humanos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, no se trata de una garantía de libertad, como se indica en el documento sujeto a estudio.

Asimismo, el derecho de petición no sólo se encuentra regulado por el artículo 8º constitucional, ya que en la primera parte del texto de dicho artículo exige únicamente el respeto al derecho de petición del gobernado, mientras que la segunda parte del precepto legal en comento se ocupa del derecho de respuesta, por parte de la autoridad. En este sentido, el segundo párrafo del artículo 9o. de la Ley Fundamental se ocupa también del derecho de petición, en los siguientes términos:

Artículo 9o. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Finalmente, la fracción V, del artículo 35 de la Carta Magna, establece el derecho de petición como una prerrogativa del ciudadano mexicano, de la siguiente forma:

Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:

V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Es por lo anterior, que en el artículo 8º existen dos instituciones distintas: el derecho de los habitantes del país para hacer una petición a las autoridades, y el derecho de los mismos a obtener una respuesta a sus peticiones. Los otros dos preceptos constitucionales definen, en forma accesoria, los límites y alcances del derecho de petición, sin contravenir o alterar los requisitos exigidos por el 8º constitucional. De tal forma, que el derecho de petición es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados. Constituye el mecanismo por virtud del cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a cualquier autoridad de los poderes del Estado, ya sean de naturaleza judicial, legislativa o administrativa.

El derecho de petición es un derecho fundamental que necesita un mecanismo que garantice su cumplimiento y al mismo tiempo se convierte en la una exigencia social dentro del estado de derecho. Sin embargo, la falta de reglamentación del derecho de petición provoca que las autoridades lo interpreten a su arbitrio; casi siempre en detrimento de sus funciones y eficacia.

Esta iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 8º de la Constitución, en materia de derecho de petición, que hoy presento a la consideración de este pleno camaral, incluye el ámbito subjetivo de los titulares del derecho de petición, y otorga esta garantía a toda persona física o moral, que por sí o por medio de representante se convierte en peticionario. Como destinatarios, el derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier autoridad, funcionario, empleado público u órgano del supremo poder público del Estado, teniendo por objeto cualquier asunto o materia, ya sea con independencia de que la petición incida exclusivamente sobre intereses particulares, comunitarios o generales.

Aunado a lo anterior, se propone que desde la presentación de la solicitud, hasta el momento de recibir la respuesta de la autoridad respectiva, sean trámites ágiles y expeditos, para evitar hacer nugatorio el derecho que se pretende reglamentar a través de esta ley.

Por lo anterior se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1o. Objeto de la ley. La presente ley es de orden público, reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de petición.

Artículo 2. La petición. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por petición de interés general la que se fundamenta en la necesidad de protección del bien común del Estado. La de interés comunitario la que se fundamenta en un sector de la sociedad y la de interés particular la que se fundamenta en una necesidad individual. A través de una petición se solicita a la autoridad que se pronuncie sobre un aspecto que afecta a los peticionarios.

Artículo 3. Objeto de la petición. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de atribuciones o competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley.

Capítulo II. Titulares del Derecho de Petición.

Son todas aquellas personas morales o físicas que pueden ejercer el derecho de petición individual o colectivamente en los términos establecidos por la presente ley.

Artículo 5. Los miembros de las Fuerzas armadas, sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad investida de facultades y atribuciones decisorias, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la Administración Pública.

Capítulo III. Formalidades.

Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio que permita acreditar su autenticidad, y deberá contener necesariamente la identidad del solicitante, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.

Artículo 8. Utilización de idiomas, lenguas o dialectos. En las peticiones podrá utilizarse el idioma, lengua o dialecto según la cultura e identidad del peticionario.

Capítulo IV. De la Presentación y Contestación de Peticiones.

Sección I. De la Presentación.

El escrito que contenga la petición, y en general, cualquier otro documento que tenga el mismo objeto, será presentado en la dependencia, autoridad u organismo ante el cual vaya a ejercerse el derecho de petición.

Artículo 10. Tramitación de peticiones. Recibido el escrito de petición, la autoridad, dependencia u organismo destinatario procederá a revisar si cumple, o no, con los requisitos formales previstos por la presente Ley. Como resultado de tal revisión deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.

Señor Presidente: ante el problema del tiempo, ruego a usted que sea incluido este documento completo en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. Es cuanto por el momento.

«Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto, somete a la consideración del Pleno, la presente iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 8º constitucional, convierte al derecho de petición en elemento esencial para la protección de los derechos humanos: es decir lo eleva a una potestad jurídica para solicitar la intervención del poder público en un caso concreto. Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las garantías individuales, que imponen al Estado una obligación negativa o de abstención con respecto a las actividades que puedan realizar los particulares; el derecho de petición provoca el cumplimiento de una obligación positiva de las autoridades que deben actuar en representación de los órganos estatales, ya que es precisamente la acción de contestar por escrito y en breve término al peticionario.

Se trata de un derecho a la respuesta; es por ello, que una petición, jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitirle al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud. Luego entonces el derecho de petición es considerado como aquel derecho que tiene los habitantes del país de dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor público. Incluso, la petición se convierte en un elemento esencial en la protección de otros derechos humanos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, no se trata de una garantía de libertad, como se indica en el documento sujeto a estudio.

Asimismo, el derecho de petición no sólo se encuentra regulado por el artículo 8º constitucional, ya que en la primera parte del texto de dicho artículo exige únicamente el respeto al derecho de petición del gobernado, mientras que la segunda parte del precepto legal en comento se ocupa del derecho de respuesta, por parte de la autoridad.

En este sentido, el segundo párrafo del artículo 9º de la Ley Fundamental se ocupa también del derecho de petición, en los siguientes términos:

Artículo 9º...

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Finalmente, la fracción V, del artículo 35 de la Carta Magna, establece el derecho de petición como una prerrogativa del ciudadano mexicano, de la siguiente forma:

Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:

V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Es por lo anterior, que en el artículo 8º existen dos instituciones distintas: el derecho de los habitantes del país para hacer una petición a las autoridades, y el derecho de los mismos a obtener una respuesta a sus peticiones. Los otros dos preceptos constitucionales definen, en forma accesoria, los límites y alcances del derecho de petición, sin contravenir o alterar los requisitos exigidos por el 8º constitucional.

De tal forma, que el derecho de petición es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados. Constituye el mecanismo por virtud del cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a cualquier autoridad de los poderes del Estado, ya sean de naturaleza judicial, legislativa o administrativa.

El derecho de petición es un derecho fundamental que necesita un mecanismo que garantice su cumplimiento y al mismo tiempo se convierte en la una exigencia social dentro del estado de derecho.

Sin embargo, la falta de reglamentación del derecho de petición provoca que las autoridades lo interpreten a su arbitrio; casi siempre en detrimento de sus funciones y eficacia.

Esta iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 8º de la Constitución, en materia de derecho de petición, que hoy presento a la consideración de este pleno camaral, incluye el ámbito subjetivo de los titulares del derecho de petición, y otorga esta garantía a toda persona física o moral, que por sí o por medio de representante se convierte en peticionario.

Como destinatarios, el derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier autoridad, funcionario, empleado público u órgano del supremo poder público del Estado, teniendo por objeto cualquier asunto o materia, ya sea con independencia de que la petición incida exclusivamente sobre intereses particulares, comunitarios o generales.

Aunado a lo anterior, se propone que desde la presentación de la solicitud, hasta el momento de recibir la respuesta de la autoridad respectiva, sean trámites ágiles y expeditos, para evitar hacer nugatorio el derecho que se pretende reglamentar a través de esta ley.

Por lo anterior se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de

Ley Reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley es de orden público, reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de petición.

Artículo 2. La petición. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por petición de interés general la que se fundamenta en la necesidad de protección del bien común del Estado. La de interés comunitario la que se fundamenta en un sector de la sociedad y la de interés particular la que se fundamenta en una necesidad individual.

A través de una petición se solicita a la autoridad que se pronuncie sobre un aspecto que afecta a los peticionarios.

Artículo 3. Objeto de la petición. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de atribuciones o competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley.

Capítulo II Titulares del Derecho y Destinatarios

Artículo 4. Titulares del derecho de petición. Toda persona física o moral puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo en caso de que incurra en delito o falta.

Artículo 5. Los miembros de las Fuerzas armadas, sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Artículo 6. Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad investida de facultades y atribuciones decisorias, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la Administración Pública, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito funcional o territorial de ésta.

Capítulo III Formalidades

Artículo 7. Formalización. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio que permita acreditar su autenticidad, y deberá contener necesariamente la identidad del solicitante, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.

En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su nombre y apellidos.

Artículo 8. Utilización de idiomas, lenguas o dialectos. En las peticiones podrá utilizarse el idioma, lengua o dialecto según la cultura e identidad del peticionario.

Capítulo IV De la Presentación y Contestación de Peticiones

Sección I De la Presentación

Artículo 9. Presentación de escritos. El escrito que contenga la petición, y en general, cualquier otro documento que tenga el mismo objeto, será presentado en la dependencia, autoridad u organismo ante el cual vaya a ejercerse el derecho de petición.

Asimismo, la autoridad, dependencia u organismo destinatario acusará de recibo la petición y se comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción del escrito de petición.

Artículo 10. Tramitación de peticiones. Recibido el escrito de petición, la autoridad, dependencia u organismo destinatario procederá a revisar si cumple, o no, con los requisitos formales previstos por la presente Ley. Como resultado de tal revisión deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.

Artículo 11. Prevención. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en esta Ley, no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, o no sea clara y precisa la petición, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de diez días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose su archivo expresando su causa.

Asimismo, se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por si sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte.

Artículo 12. Inadmisión de peticiones. No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan o que excedan del contenido del derecho de petición, así como aquellas cuya resolución deba ampararse en un objeto distinto al establecido en esta ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.

Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.

Artículo 13. Declaración de inadmisibilidad. Plazo. La declaración de inadmisibilidad será fundada y motivada en todo caso, y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los treinta días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.

En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.

Artículo 14. Decisiones sobre competencia. Cuando la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de atribuciones o competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, autoridad, dependencia u organismo que estime competente en el plazo de diez días, comunicándose así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito.

Artículo 15. Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, en caso de que ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo.

Sección II De la Tramitación y Contestación

Artículo 16. Tramitación y contestación de peticiones admitidas. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad, dependencia u organismo competente están obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de diez días, contados a partir de la fecha de su presentación.

Artículo 17. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad, dependencia u organismo competente para examinarla, adoptará las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

Artículo 18. En la contestación se hará constar, al menos, el examen y la razón de la petición deducida y el juicio correspondiente sobre la consideración o no de la misma. En el caso de que como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo V De la Tutela Judicial

Artículo 19. Protección jurisdiccional. El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en los artículos 103 y 107 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes.

Asimismo, podrán ser objeto del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Transitorios

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil seis.--- Dip. Santiago Cortés Sandoval (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese, si es el caso, en la Gaceta Parlamentaria.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del PVEM

Raúl Piña Horta, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.Exposición de Motivos

La comunicación electrónica da lugar al nacimiento de nuevos campos de investigación. De la misma forma que el estudio de los medios se ha acompañado de la eclosión del estudio científico de la información, dando lugar a las denominadas ciencias de la información, la extensión del fenómeno Internet está produciendo nuevas formas de comunicación y nuevos profesionales y diseñadores de la comunicación electrónica. Esto abre la puerta a nuevos campos de investigación en los que informáticos, periodistas, diseñadores gráficos y expertos en comunicación colaboran.

Los radios móviles con un solo propósito, el de hablar, se están convirtiendo en cosa del pasado. Conforme la tecnología avanza, una nueva gama de radios multifunciones se presta para llenar el hueco que los demás servicios inalámbricos han dejado de lado. El dictamen prematuro de la desaparición de los radios está siendo minimizado por un renovado optimismo conforme los fabricantes dan un vistazo al mercado de los radios de despacho y desarrollan productos que van más allá de los servicios de voz tradicionales.

Internet, como su nombre lo indica, es la interconexión de muchas redes. Pero desde un punto de vista práctico Internet es mucho más de lo que estos términos sugieren. Es un fenómeno social, cultural, económico y tecnológico que está acercando las personas y las instituciones, permitiendo niveles de cooperación antes inimaginados por medio de una fácil, rápida y casi instantánea comunicación a bajo costo alrededor del planeta. Como complemento, Internet es el nuevo medio por el cual se está transformando y expandiendo la forma en que se divulgan y se tiene acceso a las informaciones, ya sea noticias de último minuto o recursos de consulta y referencia. Finalmente, es el gran foro donde la voz de todos puede hacerse oír y confrontarse con la opinión abierta y diversa de los demás.

Un e-mail, es como cualquier otra comunicación. Tiene varias ventajas como: elimina el problema de números ocupados de teléfono o ausencias de personas; muchos asuntos se pueden leer, documentarse y contestar, situación que por teléfono, implicaría varias llamadas; ahorra tiempo, puede, en una misma sesión enviar muchos correos; es más productivo, al poder enviar a varios receptores el mismo mensaje; es más barato, todos los mensajes, una sola llamada telefónica; finalmente es más rápido. Aunque parezca paradójico, el correo electrónico es más rápido, puesto que llegará directo, además, cuando contesten será ya con la información necesaria.

Durante algún tiempo, el principal uso comercial de la transmisión por fax consistió en la distribución de imágenes periodísticas, pero el incremento de la velocidad y la disminución de los costos propiciaron su difusión en el mundo empresarial. Dicha tecnología se utiliza actualmente, por ejemplo, para distribuir imágenes de satélites meteorológicos, y a menudo se emplea también para imprimir en facsímiles de alta calidad, periódicos y revistas, enviadas desde lugares remotos. Japón, en concreto, se convirtió en un gran usuario durante los años ochenta debido a lo sencillo que resultaba transmitir por esta vía los documentos escritos en japonés. Además, ese país introdujo algunas novedades, como los discos duros para almacenamiento de texto y las máquinas capaces de reproducir semitonos.

Existen centros móviles de radiocomunicaciones que poseen todos los elementos requeridos en una emergencia para brindar comunicaciones con interoperabilidad. Estos nuevos vehículos están concentrados en la Ciudad de México, a disposición de la Dirección Nacional de Emergencias de la Cruz Roja para ser enviados donde se requiera. Equipado con 14 radios en VHF, UHF y HF, celulares y radios troncales, así como interconexión a Internet, WLAN, cámaras, videograbadoras con audio y envío de imágenes en 2.4 GHz.

El vehículo tiene energía eléctrica propia, y además cuenta con una planta solar que incluye un módulo de 300 watts que lo hace invulnerable a fallas de energía. Los radios de HF mantienen la comunicación directa con la Ciudad de México y con otras delegaciones de Cruz Roja nacionales e internacionales, así como organizaciones de ayuda y radioaficionados de todo el mundo.

El corazón del sistema, permite a un operador direccionar e interconectar de 2 hasta 12 diferentes canales de radio o comunicaciones telefónicas entre sí, valioso requerimiento en cualquier situación de emergencia en donde diferentes corporaciones requieren coordinación, recibiendo exactamente la misma información.

Ésta es la primera central de emergencias móvil en nuestro país y así se demuestra que no se requieren altísimas inversiones para obtener una radiocomunicación de alta calidad y alta confiabilidad, por esto en la presente iniciativa proponemos brindar como atribución el poder utilizar libre y prioritariamente los servicios telefónicos telégrafos, correos y cualquier medio de comunicación electrónico, así como las trasmisiones de radio y televisión, y las demás que determine la propia Secretaría de Salud.

Es por ello que en el uso de la información como instrumento del cambio, ha comenzado a ser visto en México como un asunto estratégico para el sector salud, tal como ha pasado con otros países que van más avanzados en esta evolución de la salud. La transmisión de mensajes a los diferentes sectores de la población es actualmente la herramienta más importante y eficaz para lograr cambios de estilos de vida.

Sabemos que México está atravesando una transición demográfica, una metamorfosis de la salud muy profunda, por lo cual, entre otros elementos, esta conversión implica una transformación también del papel que le asignamos a los ciudadanos frente a los prestadores de servicios y donde el autocuidado y las acciones de promoción activa de la salud van teniendo un papel cada vez más importante y en eso refrendo la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que los medios de comunicación cumplen una función social fundamental en todos los ámbitos, pero además es particularmente importante en el caso de la salud. Obviamente los medios tienen un valor intrínseco en una sociedad democrática, pero además del valor intrínseco sirven como vehículo para difundir información sobre temas que son muy sensibles a la población como son los de la salud y con ello se convierten en un instrumento para mejorar la calidad de vida de la población.

Por todo ello someto a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 184 de la Ley General de Salud.

Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 184 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 184.- La acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que podrá integrar brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes

I. a la III. (Quedan igual).

IV. Utilizar libre y prioritariamente los servicios telefónicos, telégrafos, correos y cualquier medio de comunicación electrónico, así como las trasmisiones de radio y televisión, y

V. Las demás que determine la propia Secretaría.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Raúl Piña Horta (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se turna a la Comisión de Salud.

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ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de esta Legislatura he acudido a este estrado en distintas ocasiones para presentar iniciativas en pro de los derechos de la niñez mexicana y con la intención de legislar para sancionar conductas delictivas que dañen a las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra el libre desarrollo de su personalidad y contra su vida misma.

Estoy convencida de la valía de todos los esfuerzos que se realicen desde distintas trincheras, que nos permitan proteger a la infancia de México y es por ello que el día de hoy acudo a esta soberanía a proponer una iniciativa que se inserta en este orden de ideas.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las garantías de las que goza tanto el inculpado como la víctima u ofendido de un delito dentro de un proceso penal.

Una de ellas, en lo que a la víctima respecta, es el establecimiento de no obligatoriedad para la misma de ser careada con el ofensor cuando ésta sea menor de edad y se trate de los delitos de violación y secuestro.

Sin duda alguna, estos principios son básicos para proteger la privacidad y seguridad y para que la justicia no se convierta en una instancia que contribuya a un mayor daño psicológico y moral de la víctima, quien para entonces fue ya sometida a este tipo de conductas delictivas que marcan la vida de quien las padece.

Cuando se sometió a votación en la Cámara de Senadores la disposición anterior, el 17 de abril del año 2000, el dictamen en virtud del cual quedarían establecidos tales principios, que provenía de una minuta de esta Cámara, fue objeto de una discusión legislativa interesante que derivó en lo que actualmente regula el artículo 20 constitucional. La motivación de los legisladores al descartar el careo para los menores de edad, y en los casos de violación y secuestro obedecía, como se puede constatar en el Diario de los Debates de ese día, a la intención de evitar que el careo se convirtiera en una nueva vejación que sufriera la víctima, así como protegerla del acoso que pudiera sufrir, lo anterior atendiendo al principio de que el ámbito de protección que implica la seguridad jurídica de las personas debe incluir con amplitud y precisión los derechos de las víctimas u ofendidos, como base de un sistema de impartición de justicia eficaz.

A partir de la base anterior, y recordando que una de nuestras obligaciones como legisladores es contribuir a la modernización y actualización del sistema de impartición de justicia de nuestro país, es que propongo que a la no obligatoriedad de careo en los casos que anteriormente señalé, se adicionen los tipos penales establecidos en el Título Octavo del Código Penal Federal, referentes a los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, es decir, los delitos que componen la explotación sexual de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Para ser más específica, me refiero a los delitos de corrupción, pornografía, lenocinio, trata y turismo sexual de menores de edad.

Las razones para proponer lo anterior son evidentes: es innegable el aumento de la explotación sexual de nuestras niñas, niños y adolescentes, aumento que se ha visto favorecido por los avances tecnológicos de nuestro tiempo. En este orden de ideas, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad son en sí mismos suficientemente devastadores para las victimas como para añadir la traumatización adicional que significaría un careo con el agresor. Definitivamente lo que menos desea la víctima --hay que recordar que estamos hablando de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender o evitar el hecho-- es volverse a encontrar con quien le inflingió semejante daño. En este sentido, habrá que trabajar con la recuperación del niño, niña o adolescente que padeció explotación sexual, más no someterlo a un acontecimiento que profundice el daño. Como en el mismo artículo se señala, la aportación de la víctima en el proceso, la cual es de de fundamental importancia, deberá realizarse conforme a lo que el artículo establece, que es el método más adecuado en estos casos.

Esta Legislatura ha sido clave para el avance de la protección de la niñez mexicana. Diversas compañeras y compañeros diputados de todos las fracciones que integran esta Cámara han contribuido al mejoramiento, aún incompleto es cierto, de la legislación mexicana en materia de niñez y adolescencia, ya sea presentando iniciativas de ley, o trabajando en sus respectivas comisiones para elaborar dictámenes que plasmen las primeras. Otros más han aportado su voto favorable a este tipo de reformas tan importantes para garantizar la viabilidad de nuestro país. Sin duda se ha avanzado a lo largo de estos casi tres años, pero aún estamos lejos de contar con un marco jurídico eficaz al respecto.

En razón de lo anterior, propongo ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes términos:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 20.

...

...

...

V. Cuando la víctima o el ofendido sean personas menores de dieciocho años de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación, secuestro, corrupción, pornografía, lenocinio, trata y turismo sexual. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 2006.--- Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Compañeras diputadas, compañeros diputados: para la niñez mexicana, es muy importante que aportemos realmente una legislación actual, una legislación que garantice esos derechos que tiene nuestra niñez. Estamos todavía en esta Legislatura a tiempo de hacerlo, a tiempo de hacer un esfuerzo y poder sacar todas esas iniciativas que tenemos pendientes dentro de nuestras comisiones, en pro de nuestra niñez, en beneficio de los derechos de nuestra niñez. Lo hemos hecho en la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, lo hemos hecho en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; sigámoslo haciendo. Es por el bien de ellos, es por el bien de nuestros niños. Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias. No quiero retirarme sin antes, de nueva cuenta, hacer un llamado al Senado de la República: ¿qué pasa con esa minuta, que tienen ahí detenida, del Título VIII del Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil? Es hora de dar resultados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULOS 1o., 3o., 25, 27, 29, 49, 73, 76, 78, 80, 107, 116, 125 y 135 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 1o., 3o., 25, 27, 29, 49, 73, 76, 78, 80, 107, 116, 125 y 135 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Ángel Pasta Muñuzuri: Con su venia, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 1, 3, 25, 27, 29, 49, 73, 76, 78, 80, 107, 116, 125 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ángel Pasta Muñuzuri, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta necesario hacer la distinción entre individuo y persona, en relación con la identidad del ser humano, individuo viene del latín indivisus-individuum lo que ya no se puede dividir, en otras palabras, aquello que forma una unidad en sí misma o por sí misma. En el estricto sentido humano, individuo es la unidad de la especie humana, que tiene las características que le distinguen de cualquier otro individuo humano o de cualquier individuo de otra especie.

Por otro lado el individuo humano, aún desde el estadio de ``huevo'' o ``cigoto'', además de individuo, es una persona. En griego el término ``prósopon'' o ``hipóstasis'' viene a significar lo mismo que el latín persona: lo dicen las obras de filosofía que el término ``persona'' puede tomarse como la ``representación'' o el ``ejercicio de los papeles'' que lleva a cabo el individuo en su vida diaria; en sentido estricto, ``prosopon'' o ``hipóstasis'' así como ``persona'', es la relación del sujeto consigo mismo o la relación del sujeto con los demás.

Cabe hacer mención de que las culturas griega y romana describieron la persona como la ``máscara'' que utilizaban los histriones en el teatro para encarnar un personaje representando o actuando determinado papel en una obra de teatro. Pero la persona humana individual es algo más que la apariencia o máscara, mucho más que el papel o ``rol'' que representa en la vida real. Porque la persona humana tiene como principales características que la distinguen a la libertad, la sociabilidad, la historicidad y perfectibilidad. Porque la persona humana debe ser consciente, debe ser libre, debe ser histórica y debe ser social.

En cuanto a la libertad implica que la persona ejerza la plenitud de sus facultades intelectivas como lo son la conciencia, memoria, pensamiento, imaginación, entre otros y sus facultades volitivas (deliberar, comparar, escoger, optar, elegir, entrever y distinguir entre medios y fines, actuar, aceptar, asumir, disfrutar y, finalmente, comprometerse, responsabilizarse, con lo elegido y con las consecuencias de cada elección.

La ``sociabilidad'', representa la facultad por medio de la cual ejercita los más diversos papeles padre, madre, hijo, hermano; niño, joven, adulto; estudiante, maestro; ciudadano; etcétera y con la sociabilidad no solamente vienen derechos y obligaciones, sino la plenitud de ejercicio de la propia identidad y del cumplimiento de lo que algunos filósofos y pensadores desde la antigüedad lo reconocen como el apetito social que forma parte de la propia naturaleza humana

Por su parte la historicidad, consiste en la interacción con el Universo, la Naturaleza y todos los seres inertes y vivos, en los planos del tiempo y del espacio; es decir, en el ``aquí y ahora'' en el presente, pero también en los planos ``allá y antes'' en el pasado y en el después en el futuro. Porque, el hombre es el único ser natural, inteligente, capaz de recordar un pasado, disfrutar un presente y planear un futuro.

Finalmente la perfectibilidad, es la que hace del ser humano el único ser capaz de edificar o construir la plenitud de su ser de manera voluntaria. En efecto, si estamos dominados por diversos órdenes como lo son las leyes naturales o físicas, biológicas y psicológicas, sociales y culturales, entre otros, y si tenemos la facultad de entender y de elegir, entonces podemos elegir medios adecuados o inadecuados, inclusive somos capaces de desperdiciar y hasta contravenir todo orden establecido.

En este sentido el Partido Acción Nacional reitera su adhesión a los Principios de Doctrina aprobados en la Asamblea Constituyente del 14 al 17 de septiembre de 1939, que han servido de fundamento y motor para sus tesis y actividades.

Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común. Como persona libre el ser humano es un sujeto ético y social, por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás.

En tal virtud, se presente el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, 3, 25, 27, 29, 49, 73, 76, 78, 80, 107, 116, 125 y 135.

Artículo 1,

En los Estados Unidos Mexicanos toda persona gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

Del párrafo segundo al inciso b) ...

c).- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de personas

De la fracción III a la fracción VIII ...

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Del párrafo segundo al séptimo...

Artículo 27.- Del primer párrafo a la fracción XV ...

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por persona de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

...

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por persona de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por persona la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.

...

...

De la fracción XVI a la XX ...

Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinada persona. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Artículo 49.- ...

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en una sola persona, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 73.- Del primer párrafo a la fracción XVI 3ª ...

4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan a la persona o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan;

De la fracción XVII a la XXX ...

Artículo 76.- Del párrafo primero a la fracción IX ...

X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de las personas presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;

XI. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de las personas presentes;

XII ...

Artículo 78.- Del párrafo primero a la fracción III ...

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de las personas presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;

De la fracción V a la VIII ...

Artículo 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en una sola persona, que se denominará ``Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.''

Artículo 107.- Del párrafo primero a la fracción II ...

II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de personas particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

...

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o personas mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

...

De la fracción III a la fracción XVIII ...

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en una sola persona.

Del párrafo segundo a la fracción VII ...

Artículo 125.- Ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar.

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de las personas presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

...

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo del año 2006.--- Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica).»

Para que todos vivamos mejor. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Pascual Sigala Páez: Muchas gracias, diputado Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de esta H. soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2, del articulo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer una Comisión Ordinaria que atienda los asuntos del sector forestal, a cargo de los diputados Pascual Sigala Páez e Israel Tentory García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de los años se ha podido constatar que la intervención humana puede producir innumerables daños en la tierra, el agua y el aire. La deforestación representa una de las tantas formas que asume esa intervención la cual ha afectado seriamente a los bosques del planeta.

Hace unos 10 .000 años -es decir, antes del comienzo de la agricultura- ese tipo de bioma se extendía sobre unos 4.200 millones de hectáreas, las dos terceras partes de la superficie terrestre.

Hoy, en extensas regiones de Asia, Europa y América del Norte los bosques naturales han desaparecido, y la deforestación amenaza al más extenso de los que quedan, la selva amazónica.

En nuestro país, los bosques y el agua, fueron en este sexenio, declarados asuntos de seguridad nacional, pero para ello se requieren acciones reales, más allá de declaraciones, cálculos conservadores estiman que en nuestro país, cada año se pierden cerca de un millón de hectáreas, de bosques y de selvas y se recuperan a través de reforestación tan sólo 100 mil hectáreas, es decir, tan sólo un 10 por ciento de los bosques que estamos perdiendo cada año, son los que recuperamos a través de las reforestaciones.

La deforestación, que consiste en la destrucción de bosques por tala o quemado, va acompañada por el progreso tecnológico, que a su vez plantea nuevos y más graves problemas.

El fuego y la necesidad de habilitar tierras para la agricultura y el pastoreo arrasan con grandes espacios forestales, pero en el largo plazo los suelos resultan erosionados y empobrecidos por la ausencia de vegetación natural protectora del medio.

Atrás han quedado, las imágenes de grandes extensiones boscosas, la acción de tecnologías cada vez más destructivas, hizo que en la actualidad sólo una pequeña parte del territorio esté cubierta por bosques.

El resto fue talado para obtener leña y maderas de construcción y para la fabricación de muebles, o lisa y llanamente quemado para desmontar tierras que pudieran ser empleadas en la producción agrícola. De ese modo, poblaciones completas de ciertas especies se redujeron considerablemente.

Las bondades que de los bosques obtenemos no pueden sernos ajenas, la presencia del bosque determina un intercambio constante de bióxido de carbono y oxígeno entre los organismos vivos y la atmósfera.

La desaparición de bosques, por otra parte, afecta el ciclo del agua, necesario factor de equilibrio del clima y los cambios atmosféricos.

La deforestación modifica los procesos de evaporación y el régimen de lluvias, con cambios climáticos inmediatos que repercuten sobre las posibilidades de supervivencia de gran cantidad de especies, en apariencia no afectadas en forma directa.

La quema anual de bosque tropical, para transformar el terreno en áreas de cultivo o pastoreo, lleva a la desertización.

Como consecuencia de ello el suelo fértil y productivo, que necesita cientos de años para formarse, es también inestable.

En suma, tanto la agricultura como los caminos, las represas y los asentamientos humanos son necesarios; y en territorios nuevos, no pueden hacerse sin deforestar.

Pero la eliminación de especies arbóreas no debe exceder ciertos límites; si no existen planes de reforestación racionales, esa intervención sobre el ecosistema tendrá consecuencias gravísimas para la cadena alimentaría y para la vida misma.

En México, la pérdida de bosques ha alcanzado niveles alarmantes, según datos proporcionados por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta tasa de deforestación asciende a 800 mil hectáreas por año misma que representa, la quinta más alta del mundo, según datos de la FAO.

Esta pérdida equivale a la desaparición de una superficie boscosa similar a dos canchas de fútbol cada minuto, de continuarse a este paso, en las próximas seis décadas desaparecerán los bosques y las selvas de nuestro país. Los datos proporcionados son alarmantes si consideramos que cerca de un millón de hectáreas de bosques desaparecen anualmente.

Esta tasa de deforestación representa una de las más altas del mundo lo que contrasta con la biodiversidad con la cual contamos, lo que equivale a una incongruencia fatal entre lo que tenemos y lo que estamos dispuestos a perder en este tema.

Del territorio mexicano que aún se encuentra cubierto por masa forestal, la mitad corresponde a bosques templados y el resto a selvas. A pesar de la acelerada destrucción, nuestro país todavía ocupa el décimo primer lugar del mundo en esta materia.

El manejo e importancia que los Gobiernos siguen dando al tema ambiental es muy escaso, es necesario que deje de verse el tema ambiental como un tema de moda, es a todas luces un tema de seguridad nacional, en síntesis un tema de supervivencia, así quedo de manifiesto en el reciente Cuarto Foro Mundial del Agua celebrado en nuestro país.

Los bosques tal y como he mencionado, representan una fuente cíclica de vida en la cual si uno de los componentes de dicha cadena desaparece sin lugar a dudas esta condenada a un fatal desenlace.

De mantenerse el ritmo de deforestación de México, en las próximas seis décadas desaparecerán sus bosques y selvas. La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas especies se encuentra la humana.

Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de generaciones han encontrado en este ecosistema un medio de vida, a tal grado que han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo.

Nuestro país, es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, y una gran parte de esa biodiversidad depende de los bosques y selvas. Esa riqueza natural ha tenido una expresión en el terreno cultural, donde múltiples culturas han creado formas sociales, culturales y artísticas en torno a este ecosistema.

Ocupamos el primer lugar mundial en diversidad de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. Además, los bosques mexicanos de pino-encino son los más diversos del mundo, pues albergan 55 especies de pino (85% de las cuales son endémicas) y 138 de encino (70% endémicas).

Desafortunadamente, México está perdiendo con rapidez esta riqueza biológica. En los últimos 400 años se ha registrado la desaparición de 47 especies: 15 de plantas, 19 de peces, una de anfibios, 8 de aves y 4 de mamíferos. Aunque esto parezca poco -sólo son los casos debidamente documentados-, la mitad ha ocurrido durante la década de los noventa, lo que da una tasa de extinción de 5.6 especies al año (hasta 1995), un ritmo cinco veces mayor a la tasa de extinción natural de especies en el planeta.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, están en peligro de desaparecer 950 especies de plantas y hongos, así como 265 de mamíferos, 339 de aves, 477 de reptiles, 197 de anfibios y 140 de peces. Esto representa el 4.5 por ciento de todas las especies conocidas en México.

Una de las principales causas de esta pérdida de riqueza biológica es la destrucción de los hábitats, debida, entre otras razones, a la deforestación.

Esta situación también afecta a especies forestales. La sobreexplotación de nuestros bosques ha llevado a la Semarnat a clasificar 22 especies de pinos en riesgo e incluso en peligro de extinción, como causas principales de esta destrucción de nuestros bosques y selvas y su biodiversidad, sobresale la necesidad de habilitar tierras para la agricultura y el pastoreo, los incendios y la tala clandestina fundamentalmente.

Esto tiene como consecuencia el aumento de las tierras degradas, con la natural reducción del potencial productivo y el adelgazamiento de la cubierta vegetal. También el agotamiento de la cantidad y la calidad del agua superficial y subterránea, al respecto datos oficiales señalan, que cerca de 100 millones de hectáreas, tienen severos problemas y pronto, muy pronto, perderemos su potencial productivo si no tomamos las medidas adecuadas en nuestro país.

Hoy, todo eso está en riesgo. Más aún, la deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global.

Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia la atención expedita de las necesidades de las comunidades que habitan nuestros bosques y selvas, buena parte de la diversidad biológica de México se encuentra en manos de campesinos e indígenas, ya que el 80 por ciento de los bosques y las selvas de nuestro país pertenecen a ejidos y comunidades.

Actualmente, 10 millones de personas habitan esos ecosistemas. De ellos, al menos 5 millones son indígenas.

Dos terceras partes de la gente que vive en los bosques mexicanos es sumamente pobre y depende de los recursos forestales para subsistir.

De este entorno forestal obtienen alimento, medicinas, materiales de construcción, combustible y un poco de dinero por la venta de productos comestibles y no maderables como copal y chicle, entre otros. Varias comunidades realizan ese aprovechamiento sin destruir los bosques, pues confieren a éstos un alto valor cultural y espiritual.

Mucho más allá de representar un negocio, en muchas comunidades el aprovechamiento de los bosques es un factor de cohesión y responde a los ritos y costumbres locales sin embargo existen muchas lagunas en esta materia que requieren de una adecuada legislación.

A pesar de lo anterior, México cuenta con 56 millones de hectáreas de bosques y selvas todavía, esto significa un buen potencial productivo en materia forestal, sin embargo, los mexicanos dependemos cada vez más de los productos maderables de importación, fundamentalmente canadienses y chilenos.

Nuestro déficit de la balanza comercial, forestal, ha crecido de manera constante y aguda, al pasar de 977 millones de dólares en 1997 a la dramática cifra de 4 mil millones de dólares en el año 2004, esto equivale a 20 veces, 20 veces el presupuesto forestal del Gobierno Federal para este sector tan importante. No sólo hay un problema en el presupuesto insuficiente para el sector forestal, lo tenemos también, y sobre todo en la aplicación de la política forestal, que no está correlacionada ni ligada con la necesidad que el desarrollo rural necesita, ni tampoco está ligada con el manejo de las cuencas. Requerimos entonces armonizar las políticas y canalizar inversiones al sector forestal, así como evitar que se originen efectos perversos al crearse subsidios agropecuarios, que vayan en contra de la rentabilidad de la silvicultura y que originen la pérdida de interés en la conservación del uso forestal de nuestras tierras.

Es relevante también señalar que la mayor parte de las tierras forestales son de propiedad social, es decir de ejidos y comunidades. Se estima que 12 millones de personas habitan en las áreas forestales de México, casi la mitad de la población rural, por ello se requiere impulsar el fortalecimiento de la gestión forestal comunitaria para que nuestros silvicultores apuntalen sus habilidades y conocimientos. Esta sentida preocupación de los habitantes de este sector, como de todos aquellos que aunque no vivimos en las zonas forestales creemos en la imperiosa necesidad de utilizar cualquier espacio público y privado para señalar este grave problema, no puede estar alejada del trabajo legislativo.

Este poder debe de asegurar el correcto desahogo a las iniciativas que con relación a estos temas proponen los ciudadanos legisladores, y si bien es cierto, que actualmente los asuntos relativos a cuestiones forestales son abordados al interior de las Comisiones de Medio Ambiente y en algunos casos al interior de la Comisión de Desarrollo Rural, no es suficiente, pues este sector no encuentra una formal representación al interior de esta Cámara de Diputados, que atienda y resuelva los problemas con prontitud.

De lo anteriormente señalado, surge la preocupación de nosotros como legisladores de contar con órganos del análisis y discusión de las iniciativas relativas a este tema al interior de esta Cámara de Diputados.

Por ello, respetuosamente, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma la fracción IV, del numeral 2 del artículo 39 recorriéndose subsecuentemente las demás fracciones, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma el numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1 ...

2 ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Bosques y Selvas;

V. a XLI. ...

3. ...

Transitorios

Único.- Las reformas del presente decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 de marzo de 2006.--- Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica), Dip. Israel Tentory García (rúbrica).»

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa que reforma los artículos 6o. y 90 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 6 y 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

Los Estados democráticos se caracterizan por tener sistemas jurídicos contemporáneos, en donde convergen también el sistema financiero que conforman parte del derecho mercantil que comprende diversos marcos jurídicos que en su conjunto contienen disposiciones obligatorias de carácter general y abstracto, emanadas del Estado que regulan la materia que se ha delimitado como mercantil.

Fue así, que desde su inicio el Código de Comercio, vigente en nuestro país, que fue expedido en el año de 1889 inicialmente regulaba la materia mercantil en su conjunto, al estar compuesto de cinco libros, a saber, el primero referido a los comerciantes, el segundo al comercio en general en el que se incorporaban los contratos mercantiles, las sociedades de comercio, los títulos de crédito, y las instituciones de crédito, el tercero, relativo al comercio marítimo, el cuarto sobre las quiebras y el quinto reservado para los juicios mercantiles.

Posteriormente fue a partir del siglo XIX que la codificación mercantil sustantiva, dio paso a la especialización de la materia mercantil, mediante la emisión de múltiples leyes con la simultánea derogación de los aspectos relativos que contenía el Código de Comercio que inicialmente regulaba la totalidad de la materia comercial, debido a la extensión del campo mercantil fue necesario en los años 30 la publicación de leyes mercantiles específicas entre las que destacan desde luego la de instituciones de crédito con la tendencia a mantener la especialización mercantil legislativa.

Es así que desde su creación en el año de 1931, la Ley General de Instituciones de Crédito, que fue abrogada por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares estando en vigor desde 1941 hasta 1982, año en que se nacionalizó el servicio público de banca y crédito, dando paso a la expedición de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y que finalmente se abrogó con la entrada en vigor de la Ley de Instituciones de Crédito del 18 de julio de 1990, hasta su última reforma, publicada en el año 2004, se ha contemplado que la norma de aplicación supletoria es el Código Civil para el Distrito Federal.

En ese tenor no se puede pasar por alto que el campo legislativo mercantil debe estar vigente, rigiendo se dentro de nuestro de derecho positivo, pero observando todas las modificaciones que se promulguen con el propósito de fortalecer el sistema financiero existente.

Es por eso, que en el ámbito de la aplicación supletoria que sea aplicable a toda la materia mercantil es necesario que los preceptos tenga un contexto jurídicamente homogéneo en relación con lo que establecen, ya que no se puede permitir que contemplen normas que han cambiado en su contenido y aplicación.

En razón de lo anterior se encuentra la Ley de Instituciones de Crédito, misma que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del servicio de banca y crédito respecto de los servicios de créditos, así como realizar la intermediación financiera con fines de fomento, a través de la captación de recursos del público, que es de donde se constituye su capacidad de financiamiento, en la cual podemos observar que contempla como norma de aplicación supletoria el Código Civil para el Distrito Federal.

Para corroborar lo antes dicho lo demuestra el capítulo primero en la fracción III del artículo 6°, que regula que normas serán aplicables en lo no previsto por la propia ley; el artículo 90 referente a la personalidad mediante poderes otorgados; se considera en ambos preceptos que la norma que será supletoria es el Código Civil para el Distrito Federal.

Es pertinente manifestar que es improcedente que la Ley de Instituciones de Crédito actualmente contemple al Código Civil para el Distrito Federal, en razón que ha quedado derogado para ser aplicable tanto en asuntos del orden común como en asuntos del orden federal, en razón de que en el año de 2000 se le concedió al Gobierno del Distrito Federal que tuviera su normatividad en materia civil, situación por la que el Congreso de la Unión tuvo que cambiar la denominación del código para ser sustituida por la de Código Civil Federal, al igual que modificar el artículo 1° para establecer que las disposiciones del Código Civil Federal regirían en toda la República.

Además no debemos olvidar que las normas mercantiles precisan que serán supletorias las normas del derecho civil, como método de integración subsidiario que en este caso es el Código Civil Federal.

A mayor abundamiento desde la versión original del Código Civil de 1928 así como la modificación de su denominación en 1974, y aunque ningún numeral del código lo explica en este sentido, fue necesario revisar la exposición de motivos, pues su aplicación es innegable de donde se desprende que en las controversias en que se vean afectados bienes de la Federación o de sus dependencias, de igual modo, cuando se aplica como supletorio de leyes federales, o cuando el texto mismo de una ley ordena su aplicación, se aplicarán normas de carácter federal.

Por ello la finalidad de la presente iniciativa es reformar la Ley de Instituciones de Crédito para que establezca que en materia de supletoriedad se aplicará el Código Civil Federal, considerando que la Ley de Instituciones de Crédito es una norma federal de carácter general, además que la propia ley contempla en sus disposiciones que la norma que le es aplicable supletoriamente es el Código Civil para el Distrito Federal, resulta confuso y contradictorio que siga teniendo esa disposición en cuanto que la denominación del código ha cambiado.

Es pertinente señalar que aun y cuando se previó en los artículos transitorios de la reforma, la mención de Código Civil para el Distrito Federal en disposiciones de carácter federal se entendería referidas al Código Civil Federal, no es suficiente el hecho de establecerlo en los transitorios ya que esto es sólo para dar solución oportuna, por tanto es necesario que las normas que se vean afectadas por modificaciones llevadas a cabo se actualicen para que se consagre la modificación respectiva que en este caso es plasmar que la norma subsidiaria del derecho mercantil es el Código Civil Federal.

Para demostrar que las leyes deben ser homogéneas jurídicamente y que la regulación mercantil debe ser uniforme de tal manera que exista equidad en el ámbito normativo, podemos señalar en ese tenor la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en su fracción IV del artículo 2°, que prevé el Código Civil Federal; al igual que la Ley de Sistemas de Pagos que en el artículo 9° establece el orden jerárquico en que se aplicaran las normas en materia de supletoriedad sustantiva en este caso también enuncia al Código Civil Federal, evidentemente porque es un marco normativo que regula la materia mercantil que es del orden federal.

Razón más que suficiente para establecer uniformidad en las leyes de carácter mercantil que se encuentran dentro del sistema financiero, con el propósito de evitar contradicciones en las leyes, así como confusiones procesales y judiciales que atenten contra el principio de legalidad y de certeza jurídica, para así estar dentro del contexto jurídico en que se encuentran vigentes.

Por lo tanto es nuestra obligación legislativa velar porque el sistema jurídico así como los ordenamientos que lo integran estén adecuados a los nuevos cambios para garantizar la seguridad jurídica.

De lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 6°, y el párrafo tercero del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Único. Se reforman la fracción III del artículo 6° y el párrafo tercero del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. y II. ...

III. El Código Civil Federal

...

Artículo 90. ...

...

Se entenderá que los poderes conferidos de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 2554 del Código Civil Federal, comprenden la facultad de otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, aun cuando no se mencione expresamente dicha facultad.

...

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría dar cuenta con la misma y consultar a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación del orden del día.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente modificar el orden del día de esta sesión, para incluir en el primer turno posible, el siguiente asunto:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas del Sector Petrolero de la Subsecretaría de Ingresos, establezca en la frontera norte de México un precio tope de la gasolina Pemex Magna.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Dé cuenta con la proposición de punto de acuerdo.

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GASOLINA PEMEX MAGNA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer en la frontera norte de México, a través de la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas del Sector Petrolero de la Subsecretaría de Ingresos, un precio tope de la gasolina Pemex Magna

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta, misma que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del 28 de marzo de 2006, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas del Sector Petrolero de la Subsecretaría de Ingresos, establezca en la frontera norte de México un precio tope de la gasolina Pemex Magna, de manera que en ningún caso el precio de este combustible en dicha zona pueda ser superior al precio del resto del país, considerando una tasa del Impuesto al Valor Agregado de 10 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la ley respectiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Momento, secretaria. El diputado proponente solicita el uso de la palabra para fundamentar su petición. Tiene la palabra el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, a favor de la propuesta.El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: es de nuestro conocimiento que en diciembre de 2002 se llevó a cabo la homologación del precio por litro de la gasolina en la franja fronteriza norte; esto, con la finalidad de evitar fuga de divisas. Y en mayo de 2004 se aprobó un punto de acuerdo para establecer un precio tope al costo de la gasolina Pemex Magna en la frontera norte del país. La Dirección Adjunta de Precios y Tarifas de la Subsecretaría de Ingresos emitió un comunicado en junio de ese año donde la Secretaría de Hacienda, en concordancia con Pemex y sus órganos subsidiarios, acordó aplicar un precio tope a la gasolina Pemex Magna en esta región norte del territorio nacional.

Es decir, en ningún caso el precio de este combustible en dicha zona puede ser superior al resto del país, considerando una tasa del IVA de 10 por ciento, de conformidad con el artículo 2o. de la ley respectiva. En 2004 y en 2005, la dirección mencionada emitió un tabulador con los precios que rigieron en la zona fronteriza, en comparación con el interior del país. Sin embargo, para este 2006 dicha dirección no emitió el tabulador correspondiente, eliminando el techo en el cálculo de los precios homologados de las gasolinas en las zonas fronterizas. Esta medida, sin duda, afecta a los empresarios gasolineros, el comercio, la industria, pero más a los habitantes de nuestros municipios fronterizos porque este incremento representa una desventaja competitiva, afectando la economía de nuestras fronteras, ya que el precio del interior del país es actualmente de 6 pesos con 53 centavos por litro y en el norte es de hasta 7 pesos con 73 centavos por litro. Es decir, resulta 1 peso con 20 centavos más caro que en el interior del país, violando los acuerdos antes mencionados. Por tal motivo, solicito su apoyo para restablecer un precio tope en el precio de la gasolina Pemex Magna y que dé como resultado que el precio máximo de las gasolinas nunca sea mayor que el registrado en el resto del país. Por su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Sonido en la curul del señor diputado.El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (desde la curul): Presidente, para solicitar intervenir en apoyo de lo planteado por el compañero diputado, en razón de que en mi distrito, en el municipio de Othón P. Blanco, en el sur del país, subyace la misma circunstancia.El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene usted la palabra para hablar a favor del punto de acuerdo.El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez: Con su venia, Presidente; colegas diputadas y diputados: el asunto que se plantea es de la mayor importancia para el desarrollo regional. En el caso particular de Quintana Roo y específicamente del municipio de Othón P. Blanco, que forma parte del distrito que represento, venimos sufriendo las consecuencias de estas medidas arbitrarias, que violan acuerdos establecidos por parte de la Secretaría de Hacienda y del Comité de Precios y Tarifas para los Productos del Sector Petrolero. Al inicio de este año recibimos precisamente la sorpresa de un incremento de precios, más allá de 15 por ciento y que se aplicó de inmediato, sin ninguna comunicación y sin ningún acuerdo.

Después de múltiples discusiones, logramos que se reconsiderara dicho precio, pero en lo que va del presente mes y el anterior, febrero, en cuatro ocasiones sucesivas hemos sido sometidos a incrementos de precios de la gasolina Magna y de la gasolina Premium, circunstancia que va en detrimento de las actividades económicas de un municipio que, tradicionalmente, ha tenido que subsistir bajo la promoción de condiciones especiales y que de alguna manera ha venido creando en esta circunstancia deficiencias y desventajas que provocan contrabando interno.

Se mueve gasolina que se vende en condiciones, como aquí se dijo, de más de un peso de diferencia desde Campeche y desde Yucatán, y no se diga desde el norte del estado. ¿Cómo es posible que un solo municipio de Quintana Roo esté en este momento teniendo precios de 7.18 para la Magna y de 7.74 para la Premium? Si existen acuerdos establecidos con anterioridad con el Gobierno Federal, la petición es que se respeten.

No podemos dar trato de segunda o de tercera a conciudadanos en cualquier municipio del país. Por tanto, no estoy requiriendo más que una condición de igualdad y que, de alguna manera, aprobemos todos conjuntamente esta petición que plantea mi compañero, el diputado Abdalá. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

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LEY DE PROTECCION A LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Marcela González Salas, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente retirar del orden del día de esta sesión el siguiente asunto, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de marzo de 2006 en el Anexo III, página 58:

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de Ley de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2006.--- Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la solicitud de la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa ... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se retira del rubro de dictámenes de primera lectura el dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con proyecto de Ley de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Continúe la Secretaría con el siguiente comunicado.

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DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás, el suscrito, diputado Humberto Cervantes Vega de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios, para solicitar al pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación a mis actividades legislativas a partir del día miércoles 29 de marzo del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

Palacio Legislativo, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Humberto Cervantes Vega (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: De enterado; comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 116 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... No encontrándose en el salón de sesiones, pasa al final de este capítulo.

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ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Sergio Álvarez Mata para presentar iniciativa que reforma el artículo 6o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado y por el diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.El diputado Sergio Álvarez Mata: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados y diputadas:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los que suscriben, diputados Sergio Álvarez Mata y Federico Döring Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 6º constitucional, a partir de las siguientes

Consideraciones

En Acción Nacional creemos que: ``Como persona libre el ser humano es un sujeto ético y social, por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y derechos propios de su naturaleza. La libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común. La libertad de cada persona ha de coexistir creativa y solidariamente con la libertad de los demás. Los medios deben estar adecuados al fin. Un fin éticamente valioso no justifica la utilización de medios éticamente inadmisibles.''

``Sostenemos también que toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin mejorar la convivencia humana. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo.''

Concluimos que ``los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho.''

En consecuencia proponemos en nuestro Programa de Acción Política lo siguiente: Acción Nacional sustenta su acción política en el respeto a la dignidad de la persona, donde la defensa y promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad responsable ocupan un lugar preponderante, y presentamos la presente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El secreto profesional del periodista se reconoce como el derecho y el deber ético del periodista de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado informaciones bajo condición, expresa o tácita, de reserva. Este derecho es oponible frente a su empresario y ante las autoridades públicas, incluidas las judiciales, y no podrá ser sancionado por ello ni deparársele ningún tipo de perjuicio.

El propósito de esta figura jurídica es ampliar el derecho a conocer de las personas, para que la información de interés público que circula en ámbitos que no desean su conocimiento público, pueda salir a la luz. La razón del secreto profesional del periodista no es proteger al periodista o a la fuente informativa, sino al público, a la sociedad en su conjunto en la medida en que tendría derecho a mayor cantidad y calidad de información.

No es una patente de impunidad porque lo que protege es la identidad de las fuentes de información, y no lo pone a salvo de la difamación o el daño moral que pueden ser sancionados por la legislación civil y penal al respecto.

La cláusula de conciencia tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional. En virtud de la cláusula de conciencia, los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación laboral con la empresa de comunicación en que trabajen: a) cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica; b) cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador.

La cláusula de conciencia implica también la posibilidad del periodista de negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

De acuerdo con el politólogo Robert Dahl, el derecho de expresarse con libertad sin correr el riesgo de ser castigado, es uno de los elementos mínimos indispensables de las democracias políticas modernas.

A partir de 1948, la libertad de información se comenzó a tutelar internacional y legalmente como consecuencia de un proceso progresivo que, conforme datos de la UNESCO, es histórico, pues ``...mientras la comunicación interpersonal fue la única forma de comunicación humana, el derecho a la libertad de opinión era el único derecho a la comunicación. Más adelante, con la invención de la imprenta se añadió el derecho de expresión. Y más tarde aún, a medida que se desarrollan los grandes medios de comunicación, el derecho a buscar, recibir e impartir información pasó a ser la preocupación principal. Desde este punto de vista, el orden de los derechos específicos enumerados en el artículo 19 (de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), traza una progresión histórica: opinión, expresión, información''.

En México, la libertad de expresión consagrada como garantía individual en los artículos Constitucionales 6º y 7º, ha sido definida como uno de los derechos fundamentales del hombre. Fue la reforma constitucional de 4 de octubre de 1977, la que estableció el deber del Estado de ``garantizar'' el derecho a la información y desde entonces el debate sobre los alcances de este concepto ha sido vasto y controvertido.

Sin embargo, salvo en el caso de la legislación del Estado de Morelos, cuya constitución regula expresamente en el artículo 2°, en el cual ``...reconoce como extensión de la libertad de pensamiento, el derecho al secreto profesional, particularmente el que se deriva del ejercicio de la actividad periodística a través de los medios masivos de comunicación, garantizándole a los periodistas su derecho a no revelar sus fuentes de información'', no existe ninguna referencia constitucional ni legal sobre el secreto profesional de los periodistas.

``Hasta ahora -como lo sostiene el politólogo Juan Francisco Escobedo-, ha sido una exigencia ciudadana y profesional, basada en los principios del derecho internacional y en la tradición del periodismo libre e independiente que se ejerce en las sociedades democráticas: se reconoce en las normas jurídicas y en las prácticas consuetudinarias el derecho o deber de los periodistas a negarse a revelar la identidad de sus fuentes informativas a la empresa, a terceros o a las autoridades administrativas y judiciales.

Los países que reconocen en sus constituciones y normas legales el secreto profesional, lo han hecho de acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También, por el nexo indiscutible que existe entre el ejercicio de un periodismo libre e independiente con la democratización y la necesidad de establecer límites al poder y a su propensión de colonizar el espacio público.

Los instrumentos jurídicos internacionales otorgan cobertura al secreto profesional desde la interpretación e implementación del derecho a la información. Se trata de crear el entorno propicio legal e institucional para que el derecho de las personas a recibir información mediática, veraz e imparcial, se realice de manera razonable. Los periodistas ejercen una actividad central de mediación informativa, para poner a disposición del público información que de otra manera no podría conocer.''

Así, tenemos que la Constitución Colombiana establece en el artículo 73 que ``...La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.'' Y más adelante, en el artículo 74 expresamente señala que ``...El secreto profesional es inviolable.''

Por otro lado, si bien la Constitución Política de la República del Ecuador, no regula de forma expresa el secreto profesional del periodista, sí establece en el artículo 81 que ``El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales.'' Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación. No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley. Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación. Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.

El artículo 29 de la Constitución de la República de Paraguay, se refiere a la libertad de ejercicio del periodismo de la siguiente manera: ``El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera quesea su técnica conforme con la ley.'' En tanto que el artículo 37 contempla el derecho a la objeción de la conciencia: ``Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan.''

La legislación española por su parte, es quizá la más avanzada y completa en la regulación de la materia.

En principio, encontramos en el artículo 20.1.d de la Constitución Española la declaración de reconocimiento y protección del derecho ``...A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.''

Mientras que las leyes derivadas del mandato a que se refiere este artículo son: el Estatuto de la profesión periodística, la Ley de prensa e imprenta, el Real decreto sobre crédito oficial a empresas periodísticas editoras de prensa diaria, la Ley orgánica del derecho al honor, intimidad y propia imagen y la Ley Orgánica del derecho de rectificación. Estas dos últimas, tienen por objeto fungir como el debido contrapeso a los posibles abusos que el ejercicio del periodismo pudiera ocasionar. Por último, la legislación española también tiene en su haber la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.

Al analizar estas muestras de reconocimiento a los derechos de los periodistas como sujetos de recopilación y difusión de información, es imposible dejar pasar la situación actual del periodista en México, donde los actos de intimidación, las amenazas y las faltas contrarias al derecho a la libertad de expresión, así como el ejercicio indebido de la función pública, constituyen las principales conductas violatorias de las garantías fundamentales de los periodistas, por las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 35 recomendaciones en sus 14 años de funcionamiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene documentados varios casos de violaciones al derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores por parte de agentes del Ministerio Público, quienes mediante el envío de citatorios para comparecer en audiencias les exigieron revelar la identidad de sus fuentes de información.

La intimidación mediante amenazas verbales, escritas y anónimas, las agresiones físicas o el daño a bienes de su propiedad, son generalmente las formas con que se ha intentado afectar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, con mayor frecuencia contra quienes en el ejercicio de su profesión divulgaron informaciones relativas a asuntos de corrupción y narcotráfico.

Las autoridades que han sido señaladas con mayor frecuencia por violaciones a los Derechos Humanos de los periodistas son, en este orden: la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los Gobiernos Estatales, los Ayuntamientos, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La mayoría de las quejas por violaciones a los Derechos Humanos de los periodistas, atendidas por la CNDH son por: amenazas, intimidación, ejercicio indebido de la función pública, violación al derecho a la libertad de expresión (censura), irregular integración de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia.

Dentro de su programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, creado en 1991, la CNDH atendía inicialmente sólo quejas de comunicadores y a partir de 1995 comenzó a recibir también las quejas de los defensores civiles de derechos fundamentales, por lo que ha manifestado que ambos son grupos vulnerables de la sociedad y, por su actividad, deben contar con atención inmediata y permanente.

Con ese motivo y al haberse documentado otros actos indebidos de intimidación, la CNDH presentó en agosto de 2004 una Recomendación General, dirigida a autoridades federales, estatales y municipales, tendente a hacer que se respete el derecho constitucional a la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores.

En esa recomendación, la Comisión concluye que las violaciones a las leyes o la displicencia para salvaguardar los derechos humanos por parte del Estado, propicia el menoscabo o restricción al derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole; es decir, afecta el ejercicio de la libertad de expresión y demás derechos reconocidos por nuestra Constitución.

Por tanto, para hacer compatible el interés, la defensa y la protección de los Derechos Humanos de los periodistas o comunicadores, es indispensable evitar la impunidad, la inseguridad jurídica, los actos arbitrarios o contrarios a derecho, la ineficiencia en la procuración de la justicia y la inobservancia de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos, lo que evidentemente contribuirá a consolidar la protección de los Derechos Humanos de este grupo, al tiempo que favorecerá la salvaguarda de las garantías de seguridad jurídica y legalidad, previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos instrumentos internacionales con la intención principal de beneficiar a toda la colectividad.

El Partido Acción Nacional, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el resto de los países que han adaptado su legislación al respecto, busca que invariablemente sean respetadas las garantías a la libertad de opinión, a la libertad de expresión y el derecho de y a la información de los periodistas, así como las garantías de los defensores civiles de los Derechos Humanos, es por ello que presenta la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6° constitucional en Materia de Secreto Profesional de los Periodistas

Único. Se reforma el artículo sexto constitucional para quedar como sigue:

Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información, el secreto profesional y la cláusula de conciencia serán garantizados por el Estado en los términos que establezca la ley.

Transitorios

Primero. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria que regule los derechos y obligaciones de los periodistas con base en esta reforma.

Segundo. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Salón de Sesiones, México, DF, a los 28 días del mes de marzo de dos mil seis.--- Dip. Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos constitucionales.

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ARTICULOS 74 Y 79 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 74 y 79 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Rafael Flores Mendoza: Con su venia, diputado Presidente: el que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción IV del artículo 74 y el párrafo tercero de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

Como es de su conocimiento, el 30 de julio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la cual se instituyó la Auditoría Superior de la Federación.

Para tal efecto, se reformó la fracción XXIV del artículo 73 para señalar que la Contaduría Mayor de Hacienda sería sustituida por la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir normas sobre la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

En consonancia con lo anterior, se suprimió la referencia a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la fracción II del artículo 74 y, en su lugar, se estableció como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de coordinar y evaluar las funciones de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Asimismo, en el párrafo quinto de la fracción IV del mismo artículo, se estableció que para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en dicha Entidad.

De igual manera, se adicionó una Sección V al Capítulo II del Título Tercero de la Constitución, denominado ``De la Fiscalización Superior de la Federación'', misma que consta de un solo artículo, el 79, en el cual se plasma la naturaleza del órgano de fiscalización, sus facultades, los requisitos que deberá cumplir su titular y otras características inherentes al mismo.

En este contexto, la creación de la Auditoria Superior de la Federación es, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante en materia de rendición de cuentas, ya que permite contar con un órgano de fiscalización con mayor autonomía política y administrativa.

No obstante lo anterior, los procesos de revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2001 al 2003, han hecho patente las lagunas y limitaciones del proceso de fiscalización de las cuentas públicas.

En efecto, como todos sabemos, la dictaminación de las cuentas públicas se ha politizado y retrasado por falta de una referencia expresa y contundente en nuestra carta fundamental, respecto de la facultad y obligación de dictaminación que tiene esta Cámara, así como por la ausencia del señalamiento de un plazo para ello. De igual manera, se omite señalar una vinculación entre dicho proceso y el proceso de aprobación de los posteriores presupuestos de ingresos y egresos.

En este sentido, la revisión de la Cuenta Pública no debe ser un ejercicio estéril sino que debe ser un referente para la presupuestación de los futuros ingresos fiscales, la administración y contratación de la deuda pública y el ejercicio del gasto público, para aprender de los ejercicios fiscales anteriores y corregir errores y deficiencias.

Esto es así, porque la revisión de la Cuenta Pública no se limita a la comprobación de los gastos y el cumplimiento de los objetivos de los programas, ni a fincar las responsabilidades de acuerdo con la Ley, sino que, además, la actuación de la Cámara en este proceso, tiene la misión fundamental de constituir un acto político, en expresión constitucional del equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Al respecto, es menester recordar que el origen de los parlamentos se encuentra precisamente en la necesidad de controlar los ingresos y los gastos de los gobernanates, situación que sigue sin cumplirse a cabalidad en nuestro sistema constitucional porque persiste una absoluta desarticulación entre los ingresos y los gastos ordenados por el Poder Legislativo respecto de los ingresos y gastos ejercidos por el Poder Ejecutivo. En este sentido, la revisión de la Cuenta Pública debe ser el instrumento para articularlos y mantener el control de los ingresos y los egresos públicos, así como un adecuado sistema de pesos y contrapesos entre los poderes constituidos.

Por tal razón, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos reformar los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer lo siguiente:

Señalar expresamente la obligación de la Cámara para dictaminar la Cuenta Pública, estableciendo un plazo para ello, previo a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos del año siguiente a aquél en que se rindió.

Adelantar los plazos para la rendición de la Cuenta Pública Federal, para entregarse a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente.

Adelantar los plazos para la entrega del Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública por la Auditoria Superior de la Federación, para que se presente, a más tardar el último día hábil de octubre del mismo año en que se presentó.

Establecer que la revisión de la Cuenta Pública tendrá como consecuencia la aprobación total, parcial y/o condicionada, o la desaprobación de aquellos programas o partidas que no se hayan ajustado a lo ordenado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de las Federación, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como a los programas operativos anuales, situación que deberá reflejarse en el siguiente Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con esta reforma, compañeros diputados, se pretende vincular de una vez por todas el Presupuesto de Egresos de la Federación con el dictamen de la Cuenta Pública que rinde la Auditoría Superior de la Federación. No puede ser que sigamos aprobando Presupuestos cuando antes no se han aprobado las Cuentas Públicas. Los invito a que lo aprobemos y demos un paso más en la consolidación de la transparencia en la rendición de cuentas de este país.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente; y solicitarle que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Rafael Flores Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción IV del artículo 74 y el párrafo tercero de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Como es de su conocimiento, el 30 de julio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la cual se instituyó la Auditoría Superior de la Federación.

Para tal efecto, se reformó la fracción XXIV del artículo 73 para señalar que la Contaduría Mayor de Hacienda sería sustituida por la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir normas sobre la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

En consonancia con lo anterior, se suprimió la referencia a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la fracción II del artículo 74 y, en su lugar, se estableció como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de coordinar y evaluar las funciones de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Asimismo, en el párrafo quinto de la fracción IV del mismo artículo, se estableció que para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en dicha Entidad.

De igual manera, se adicionó una Sección V al Capítulo II del Título Tercero de la Constitución, denominado ``De la Fiscalización Superior de la Federación'', misma que consta de un solo artículo, el 79, en el cual se plasma la naturaleza del órgano de fiscalización, sus facultades, los requisitos que deberá cumplir su titular y otras características inherentes al mismo.

En este contexto, la creación de la Auditoria Superior de la Federación es, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante en materia de rendición de cuentas, ya que permite contar con un órgano de fiscalización con mayor autonomía política y administrativa.

No obstante lo anterior, los procesos de revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2001 al 2003, han hecho patente las lagunas y limitaciones del proceso de fiscalización de las cuentas públicas.

En efecto, como todos sabemos, la dictaminación de las cuentas públicas se ha politizado y retrasado por falta de una referencia expresa y contundente en nuestra carta fundamental, respecto de la facultad y obligación de dictaminación que tiene esta Cámara, así como por la ausencia del señalamiento de un plazo para ello. De igual manera, se omite señalar una vinculación entre dicho proceso y el proceso de aprobación de los posteriores presupuestos de ingresos y egresos.

En este sentido, la revisión de la Cuenta Pública no debe ser un ejercicio estéril sino que debe ser un referente para la presupuestación de los futuros ingresos fiscales, la administración y contratación de la deuda pública y el ejercicio del gasto público, para aprender de los ejercicios fiscales anteriores y corregir errores y deficiencias.

Esto es así, porque la revisión de la Cuenta Pública no se limita a la comprobación de los gastos y el cumplimiento de los objetivos de los programas, ni a fincar las responsabilidades de acuerdo con la Ley, sino que, además, la actuación de la Cámara en este proceso, tiene la misión fundamental de constituir un acto político, en expresión constitucional del equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Al respecto, es menester recordar que el origen de los parlamentos se encuentra precisamente en la necesidad de controlar los ingresos y los gastos de los gobernanates, situación que sigue sin cumplirse a cabalidad en nuestro sistema constitucional porque persiste una absoluta desarticulación entre los ingresos y los gastos ordenados por el Poder Legislativo respecto de los ingresos y gastos ejercidos por el Poder Ejecutivo. En este sentido, la revisión de la Cuenta Pública debe ser el instrumento para articularlos y mantener el control de los ingresos y los egresos públicos, así como un adecuado sistema de pesos y contrapesos entre los poderes constituidos.

Por tal razón, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos reformar los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer lo siguiente:

Señalar expresamente la obligación de la Cámara para dictaminar la Cuenta Pública, estableciendo un plazo para ello, previo a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos del año siguiente a aquél en que se rindió.

Adelantar los plazos para la rendición de la Cuenta Pública Federal, para entregarse a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente.

Adelantar los plazos para la entrega del Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública por la Auditoria Superior de la Federación, para que se presente, a más tardar el último día hábil de octubre del mismo año en que se presentó.

Establecer que la revisión de la Cuenta Pública tendrá como consecuencia la aprobación total, parcial y/o condicionada, o la desaprobación de aquellos programas o partidas que no se hayan ajustado a lo ordenado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de las Federación, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como a los programas operativos anuales, situación que deberá reflejarse en el siguiente Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción IV del artículo 74 y el párrafo tercero de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción IV del artículo 74 y el párrafo tercero de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar y dictaminar la Cuenta Pública del año anterior, a más tardar el 31 de octubre del año de su presentación.

...

...

...

...

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. La Cámara de Diputados, al examinar, discutir y, en su caso, modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá considerar las observaciones y recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación, señalados en el Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al último ejercicio fiscal revisado. Para tal efecto, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación deberá considerar la aprobación total, parcial y/o condicionada, o la desaprobación por la Auditoria Superior de la Federación, de aquellos programas o partidas que no se hayan ajustado a lo ordenado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como a los programas operativos anuales.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a más tardar el último día hábil de febrero.

...

Artículo 79. ...

...

...

I. ...

...

...

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de septiembre del mismo año de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.

...

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo de dos mil seis.--- Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, y publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE
AdministrarA el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios MexicanosEl Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, ciudadano diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Con fundamento en el artículo 71, facción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la H Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, para modificar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y adicionar los artículos transitorios séptimo y octavo, con objeto de que sean aceptados otro tipo de documentos distintos de los señalados en dicha ley, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia del tránsito de mexicanos al vecino país del norte, radica en aportar la mano de obra mexicana que ha contribuido para que Estados Unidos llegue a ser una potencia económica mundial, lo que origina, uno de los vínculos más importantes entre México y Estados Unidos.

En este sentido, nuestros compatriotas migrantes, también han sido la piedra angular del desarrollo productivo de la región, generando beneficios para ambas naciones, sin obtener en la mayoría de los casos más que el desprecio, la marginación e incluso la muerte.

A partir de la década de 1940 el sistema productivo estadounidense necesitó mano de obra, principalmente agrícola, que le permitiera producir lo suficiente para un país en crecimiento, para ello, se firmó un convenio de colaboración que permitía a los trabajadores mexicanos emigrar hacia los campos estadounidenses con un empleo seguro y con las prerrogativas que le garantizaban trabajar con papeles, tal es el caso de los trabajadores agrícolas inscritos en el denominado ``Programa Bracero'' de 1942 a 1964.

El 4 de agosto de 1942, los gobiernos de Franklin Roosevelt, de Estados Unidos, y de Manuel Ávila Camacho, por México, instituyeron el ``Programa Bracero''. El campesino mexicano tuvo entonces, una alternativa para combatir su pobreza al incorporarse como bracero, y al mismo tiempo, satisfacer la necesidad de mano de obra en los campos agrícolas estadounidenses.

Durante el tiempo que se mantuvo el programa, casi cinco millones de mexicanos emigraron a trabajar en los campos de Estados Unidos, convirtiendo a la agricultura norteamericana en la más rentable y avanzada de su época. En unos cuantos años, miles de campesinos mexicanos dejaron de sembrar sus tierras y viajaron con la ilusión de ganar muchos dólares en el vecino país del norte.

Innumerables candidatos a braceros llegaron por tren al norte, donde se localizaban los principales centros de reclutamiento de braceros. Fue un movimiento humano único en la historia de los dos países. El programa duró más de dos décadas, fueron años de arduo trabajo, pero también de angustia y muchos sufrimientos, todo ello soportado con la esperanza de un futuro mejor. Los abusos y las agresiones que tenían que padecer nuestros paisanos por parte de patrones explotadores, de autoridades y de grupos racistas, motivaron a los braceros para tratar de organizarse con el fin de erradicar estos maltratos, sin embargo, fueron rápidamente reprimidos y hostigados por el propio régimen que les había permitido el ingreso.

En la década de los sesenta se presentan dos factores trascendentales que llevan a su fin el programa para braceros y por consecuencia, ocasiona el retorno de los trabajadores mexicanos a su tierra: por una parte, se realizan innovaciones tecnológicas en el campo, las cuales son aplicadas inmediatamente: y por otro lado, un incremento de la mano de obra ``indocumentada'' más barata. Este regreso se da sin que a los mexicanos se les reconozca su valiosa contribución al desarrollo de la economía y a la industria agrícola estadounidense.

La deuda moral que tiene el vecino país del norte con estos trabajadores no puede negarse, pero para ellos en estos momentos es mucho más importante la deuda económica que tiene el gobierno mexicano con ellos ya que, durante todo el tiempo que estuvieron laborando en Estados Unidos, se les retuvo el 10 por ciento de sus salarios, porcentaje que se depositaba en cuentas de ahorro, generando un importante capital que debía ser entregado una vez que regresaran a su país.

Según las autoridades estadounidenses, las deducciones fueron entregadas oportunamente por el gobierno de Washington al Banco de México, institución que las debió haber trasladado al Banco Agrícola, actualmente convertido en Financiera Rural. Sin embargo, las autoridades mexicanas nunca depositaron estos fondos en el Banco Agrícola.

En la búsqueda de alternativas de solución a esta problemática, el 16 de noviembre del año 2000 se presentó una solicitud en la H. Cámara de Diputados para crear una comisión especial cuyo objeto específico era recabar la información necesaria con que se pudiera saber el destino de dichos fondos pertenecientes a trabajadores braceros que prestaron servicios durante 1942-1946 en Estados Unidos de América, según se indica en el acuerdo de creación.

De esa manera se formó, por parte de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos, la cual se ofreció como la vía que permitiría a los ex braceros poder recibir sus aportaciones.

Las reuniones efectuadas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y diputados de esta Comisión Investigadora permitieron crear un fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, el cual es administrado mediante un fideicomiso, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

En el marco de estos acuerdos, existe el consenso de otorgar apoyos a aquellas personas que acrediten haber sido trabajadores braceros durante el periodo 1942-1964, lo mismo que a sus cónyuges o viudas.

A pesar de la implementación de este fondo, los procedimientos mediante los cuales se realiza el registro de los beneficiarios no es el más adecuado, ya que muchos de los trabajadores mexicanos no cuentan con los documentos originales que acreditan su empleo dentro del ``Programa Bracero'' y sólo tienen copia de los mismos.

En otros casos, los ex braceros carecen de un documento que compruebe su estancia en los campos estadounidenses durante el periodo 1942-1964, y solicitan que se les permita registrarse con la presentación de una carta firmada por compañeros que pueden avalar que efectivamente trabajaron en los campos de Estados Unidos, dicha carta deberá contar con la certificación de un notario público autorizado.

Todos los trabajadores que se incorporaron al ``Programa Bracero'' tienen derecho a recibir la parte correspondiente por sus ahorros, debemos preocuparnos responsablemente por crear los mecanismos adecuados que permitan a los ex braceros ser reconocidos dentro de los padrones de pago, ninguno de nuestros connacionales debe de quedar fuera de un beneficio que ya se lo ha ganado a golpe de esfuerzo, trabajo y sacrificio de haber dejado en México a sus seres queridos así como a su país de origen.

En razón de lo aquí señalado se pone a consideración de esta honorable Cámara el siguiente

Decreto

Único. Se agregan los artículos séptimo y octavo transitorios a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quedar como sigue:

Primero a Sexto. ...

Séptimo. Con objeto de hacer cumplir lo estipulado en esta ley y garantizar el pago a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos, cuando no se cuente con los documentos originales que acrediten su inclusión en el Programa Bracero, se aceptará copia de los documentos originales señalados en la ley, previa certificación ante notario público.

Octavo. Toda vez que muchos de los beneficiarios no cuentan con los documentos señalados en esta ley, para que puedan hacer efectivo su pago se aceptará como comprobante de trabajo una carta notariada y firmada por los compañeros de trabajo que avale que efectivamente que laboró en los campos de Estados Unidos en el periodo de 1942 a 1964.

Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica).»

Es cuanto, y gracias por su atención.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL - LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE POLITICA EXTERIOR
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior.El diputado Juan José García Ochoa: Muchas gracias. La política exterior es la política pública de los Estados orientada hacia el mundo exterior. Su función principal es la de salvaguardar la independencia y la integridad territorial del Estado-nación. En una democracia como la que vivimos en nuestro país, la política exterior, como cualquier otra política pública, debe representar y defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos

Durante los últimos años, la actividad internacional cada vez más intensa a la que se enfrenta el Estado ha motivado el desarrollo de una creciente actuación en el ámbito exterior de las distintas dependencias del gobierno, del Congreso de la Unión, de entidades académicas, de asociaciones civiles, de organismos no gubernamentales y empresariales, entre otros. Debido a estas nuevas realidades, la política exterior de México ha comenzado a entenderse como la suma de todos los esfuerzos de carácter internacional, y no solamente el ejercicio de la diplomacia tradicional.

En nuestro país, durante mucho tiempo, la política exterior gozó de un enorme consenso interno, en parte debido a la falta de competencia democrática, no obstante en los últimos años, tal vez la característica de política más importante sea la confección de un gobierno dividido, con una gran fragmentación partidaria en el Congreso y con una enorme pluralidad en la representación de los gobiernos estatales, situación que ha influido para que no exista más el control total del Ejecutivo en una multiplicidad de materias. El fin del régimen de partido único en México, ha tenido un significativo impacto en la capacidad del Ejecutivo para definir e instruir la política exterior mexicana. Estos fenómenos han otorgado los incentivos para que nuevos actores busquen participar activamente en los asuntos de política exterior en nuestro país, con la finalidad de avanzar sus intereses particulares.

En el Congreso de la Unión, por ejemplo, en los últimos años hemos sido testigos de una proliferación de iniciativas, que tienen por objeto modificar la distribución de las facultades legales formales en esta materia, pero no sólo el Congreso ha reclamado mayores márgenes de participación en la política exterior, también lo han hecho los estados de la federación, las organizaciones empresariales, las no gubernamentales, los sectores académicos entre otros. Adicionalmente nuestra política exterior se enfrenta al reto de definir con claridad una agenda internacional, que reconozca y pueda jerarquizar la diversidad de objetivos nacionales que en su conjunto responden al interés nacional de nuestro país, así como a la posición y el papel que deseamos y debemos ocupar en el mundo actual.

La política exterior del Estado requiere de la creación de un Consejo de Política Exterior, el cual deberá estar integrado por especialistas en el delicado mundo de la diplomacia, mexicanos comprometido con las mejores tradiciones de política exterior de nuestro país que puedan contribuir en la construcción de una agenda clara de prioridades, en la cual coincidamos la mayoría de los actores políticos. Creemos también necesario revisar el propio nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores, para que éste pueda ser ratificado por el Senado de la República. Esta iniciativa ya fue presentada también hace unos días por un servidor e intenta englobar esta idea de cómo construir una política de Estado. Si nosotros nombramos al Secretario de Relaciones Exteriores en el Senado y le creamos un Consejo Nacional que cree los consensos en torno a la política exterior y tercero, si revisamos el funcionamiento del Servicio Exterior Mexicano, el nombramiento de embajadores y cómo se va generando la carrera diplomática, estaremos abonando a la construcción de esta política de Estado.

En esta ocasión el Consejo de Política Exterior que presentamos, facilitará el diálogo y la construcción de acuerdos entre la representación de todas las partes interesadas e involucradas en las relaciones exteriores de nuestro país, dicho organismo tendrá, además, un efecto democratizador acorde con el cambio que vive el país. El Consejo contribuirá también a blindar nuestra política exterior del riesgo de convertirse en una política de intereses coyunturales o motivada por agendas personales o de grupo político. Por legítimas que éstas puedan ser, siempre es más legítima la construcción de consensos. El Consejo será un organismo autónomo e independiente en sus decisiones, sus funciones primordiales serán las de establecerse como un órgano consultivo del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión; formular recomendaciones públicas no vinculatorias y promover el diálogo y la búsqueda de consensos entre los actores políticos, sociales y económicos, en relación a la política exterior.

Las recomendaciones del Consejo ayudarán al Gobierno Federal a definir las prioridades de la agenda de política exterior de México, así como a la coordinación de las diferentes agencias gubernamentales y organismos públicos. El Consejo deberá actuar en concordancia, por supuesto, con los principios normativos contenidos en la fracción X del artículo 89 constitucional.

El Consejo se integraría en esta propuesta, por nueve mexicanos distinguidos expertos en la relación de nuestro país con el mundo, con una altísima calidad moral para servir de puente entre los diversos sectores que tienen incidencia en la política exterior de nuestro país. Los consejeros durarían 3 años en su encargo y su cargo sería honorífico.

Se integrarán al Consejo, además, 36 invitados permanentes, pertenecientes a los Gobiernos Federal, estatales; al Congreso de la Unión; a los centros de investigación; instituciones de educación superior y colegios y asociaciones de profesionistas; a las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales y a los organismos del sector privado, quienes darán elementos a los consejeros con plenos derechos para la toma de decisiones.

La creación del Consejo Nacional de Política Exterior será un paso más para construir en México una política exterior de Estado, que sea congruente con los principios contenidos en nuestra Constitución y que procure ser el resultado de los consensos posibles a alcanzar entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, de manera que nuestras aspiraciones nacionales se reflejen en una agenda de prioridades internacionales que relacione correctamente las políticas públicas a implementar, con la defensa de los verdaderos intereses de nuestra nación. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se expide la Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD

Juan José García Ochoa, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior.

Exposición de Motivos

Introducción

La política exterior es la política pública de los Estados orientada hacia el mundo exterior. Su función principal es la de salvaguardar la independencia y la integridad territorial del Estado-nación. En una democracia como la que vivimos en nuestro país, la política exterior, como cualquier otra política pública, debe representar y defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Durante los últimos años, la actividad internacional cada vez más intensa a la que se enfrenta el Estado ha motivado el desarrollo de una creciente actuación en el ámbito exterior de las distintas dependencias del gobierno, del Congreso de la Unión, de entidades académicas, de asociaciones civiles, de organismos no gubernamentales y empresariales, entre otros. Debido a estas nuevas realidades, la política exterior de México ha comenzado a entenderse como la suma de todos los esfuerzos de carácter internacional, y no solamente el ejercicio de la diplomacia tradicional.

Al mismo tiempo, la política exterior de México se enfrenta al reto de definir con claridad una agenda internacional que reconozca y pueda jerarquizar la diversidad de objetivos nacionales que en su conjunto respondan al interés nacional de nuestro país así como a la posición y el papel que deseamos y debemos ocupar en el mundo actual.

La política exterior de México debe ser una política de Estado, congruente con los principios contenidos en nuestra Constitución. Su implementación práctica debe procurar ser el resultado de los consensos posibles a alcanzar entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, de manera que las aspiraciones nacionales se reflejen en una agenda de prioridades internacionales que relacione correctamente las políticas públicas a implementar con la defensa de los verdaderos intereses de nuestra nación.

De ahí la importancia de la creación del Consejo Nacional de Política Exterior, organismo que facilitará el diálogo y la construcción de acuerdos entre la representación de todas las partes interesadas e involucradas en las relaciones exteriores de nuestro país. Dicho organismo tendrá, además, un efecto democratizador, acorde con el cambio que vive el país.

La creación del Consejo Nacional de Política Exterior reforzará las estrategias para establecer una agenda de política exterior que contribuya al fortalecimiento de nuestra seguridad nacional y que esté sustentada en un gran acuerdo nacional. El Consejo contribuirá a blindar nuestra política exterior del riesgo de convertirse en una política de intereses coyunturales o motivada por agendas personales o de grupo político.

1. Cambios en el sistema internacional

En los últimos años, la creciente globalización de las relaciones internacionales, materializada en una serie de avances tecnológicos, particularmente en las comunicaciones, ha facilitado el incremento exponencial del número y la naturaleza de los actores que inciden en la política internacional.

La globalización ha provocado también la ampliación y diversificación de los temas que tienen que ver con el ámbito de la política exterior. Este fenómeno ha tenido repercusiones en la reducción del control que en los hechos ejercen los Estados sobre su territorio y población. Para algunas naciones esto ha implicado un aumento en el costo de mantenerse aislado.

Hemos sido testigos también de un cambio radical en la estructura del poder a nivel internacional. Nuevos Estados se han vuelto más influyentes en el sistema mundial y ha disminuido el poder relativo de otros. Constatamos también un aumento de los procesos de interdependencia y de la cooperación internacional, lo que ha tenido como resultado un incremento de las instituciones internacionales, extendiéndose las responsabilidades internacionales de la mayoría de las naciones.

2. Cambios en la política interna mexicana

Durante mucho tiempo, la política exterior de nuestro país gozó de un enorme consenso interno, en parte debido a la falta de competencia democrática. No obstante, en los últimos años, tal vez la característica de política más importante en nuestro país sea la confección de un gobierno dividido, con una gran fragmentación partidaria en el Congreso y con una enorme pluralidad en la representación de los gobiernos estatales, situación que ha influido para que no exista más el control total del Ejecutivo en una multiplicidad de materias. El fin del régimen de partido único en México ha tenido un significativo impacto particular en la capacidad del Ejecutivo para definir e instruir la política exterior mexicana.

El proceso de democratización ha permitido también una mayor descentralización en la toma de decisiones. Algunos analistas consideran, por tanto, que el margen de acción del Ejecutivo se ha reducido, lo que ha traído consigo una mayor ``politización'' de la política exterior mexicana.

Estos fenómenos han otorgado los incentivos para que nuevos actores busquen participar activamente en los asuntos de política exterior en nuestro país, con la finalidad de avanzar sus intereses particulares. En el Congreso de la Unión, por ejemplo, en los últimos años hemos sido testigos de una proliferación de iniciativas que tienen por objeto modificar la distribución de las facultades legales formales en esta materia.

Igualmente, se ha incrementado la discusión de los temas que tienen que ver con política exterior. Podemos decir que aunque todavía no es un contrapeso real del Ejecutivo en estos asuntos, pues no cuenta con las facultades ni con la capacidad técnica y política para hacerlo, el Congreso de la Unión se ha convertido en una caja de resonancia de la política exterior mexicana.

Pero no solo el Congreso ha reclamado mayores márgenes de participación en la política exterior de nuestro país. También lo han hecho los estados de la federación, las organizaciones empresariales, las no gubernamentales, los sectores académicos, entre otros.

3. Política Exterior de Estado

En los últimos años, la política exterior de México, que otrora gozó de amplio consenso, ha venido reflejando más la visión del grupo político en el poder que el verdadero consenso nacional. Su diseño, objetivos, metas y estrategias desplegadas han carecido de una visión de Estado y han respondido más a compromisos contraídos con algunos sectores nacionales y con determinadas instituciones internacionales, abandonándose así la visión de desarrollo nacional para nuestro país.

Paradójicamente, los problemas en la implementación de la política exterior a los que se ha enfrentando la administración del presidente Vicente Fox tienen que ver justamente con la incapacidad de su gobierno para lograr los consensos nacionales de los que algún día gozó nuestra política exterior. Al pretender imponer una política exterior de grupo, el gobierno foxista se ha topado una y otra vez con los reclamos del pueblo mexicano quien le exige no abandonar los principios históricos de nuestra política exterior sin antes procesar correctamente el nuevo rumbo.

La política exterior de Estado requiere de la creación del Consejo Nacional de Política Exterior, el cual deberá estar integrado por especialistas en el delicado mundo de la diplomacia, mexicanos comprometidos con las mejores tradiciones de política exterior de nuestro país, que puedan contribuir en la construcción de una agenda clara de prioridades en la cual coincidamos la mayoría de los actores políticos, el sector empresarial, la academia especializada, las organizaciones civiles y no gubernamentales, entre otros.

Las aspiraciones, el interés y los objetivos nacionales

Uno de los componentes de la visión actual de las relaciones internacionales radica en la percepción de la enorme complejidad del mundo moderno, del avance del proceso de transnacionalización, de la interdependencia cada vez mayor entre las distintas sociedades nacionales, del creciente entrelazamiento entre los aspectos políticos, económicos y tecnológicos que presentan esas relaciones y de la progresiva sectorialización y tecnificación de la política exterior.

Dichas tendencias han dado lugar al surgimiento de una serie de ámbitos --políticos, ideológicos, religiosos, comerciales, financieros, tecnológicos, energéticos, militares o culturales- dotados de un alto grado de especificidad propia y definidos por un repertorio de intereses, actores y regulaciones que les confieren cierta autonomía frente a las clásicas relaciones de poder entre las grandes potencias.

Estos nuevos fenómenos han llevado a varios analistas en México a repensar la manera en que conceptualmente se enfrentan las preocupaciones que los Estados tienen con relación al cumplimiento de su seguridad nacional. Conceptos como el de ``aspiraciones nacionales'', ``interés nacional'', ``identidad nacional'', ``objetivos nacionales'', etc., deben ser clarificados con el fin de tener la mayor objetividad en el diseño de la estrategia de política exterior para nuestro país y lograr así la mayor operatividad en el cumplimiento de las metas internacionales de México.

De acuerdo con el Gral. Clemente Vega, secretario de la Defensa Nacional mexicano, las aspiraciones nacionales ``constituyen la base fundamental de la seguridad nacional, en ellas se reúne la expresión más auténtica de una comunidad, con el propósito de preservar un sistema de vida, que permita el desarrollo de sus integrantes, como resultado de un proceso histórico, el cual resume ideales y anhelos en forma coherente''.1

Los intereses nacionales de un Estado, por su parte, son el siguiente escalón en la definición de los objetivos nacionales. El gobierno, elemento constitutivo del Estado, ``tiene la obligación de analizar las aspiraciones y traducirlas en intereses''.2 El ``interés nacional'' puede ser definido como la ``la síntesis de las aspiraciones nacionales, gestionadas por el poder político del Estado (gobierno), que resume aspectos de identidad nacional (cultura, tradición, costumbres, etc.), en un marco de integración y coordinación solidario y con capacidad de convertirse en sendos objetivos nacionales''.3

El concepto de ``interés nacional'', como ha sido explicado tradicionalmente, ejerce una influencia reduccionista en virtud de la cual todos los demás intereses de una nación se subordinan en última instancia a unos cuantos intereses irreductibles:

1. La supervivencia física de la nación,

2. La libertad de sus ciudadanos y

3. La subsistencia económica de los mismos.

Esta noción tradicional de ``interés nacional'', al permitir justificar y responder a metas y objetivos tan diversos, generales, ambiguos y con una gran carga emocional, ya no puede otorgar respuestas claras a la gran diversidad de desafíos que enfrenta la complejidad del sistema internacional contemporáneo, donde se han diversificado los valores con su proliferación de intereses contrapuestos y con un margen cada vez mayor de incertidumbre.

El concepto tradicional de ``interés nacional'' impide proporcionar criterios para identificar intereses específicos, jerarquizarlos, compararlos y establecer una jerarquía entre ellos, con el fin de plantear alternativas de políticas públicas concretas a ser aplicadas. También impide la clara identificación de las prioridades nacionales y la consiguiente operación de agenda de política exterior para el cumplimiento de las aspiraciones nacionales de nuestro país.4

El General Vega propone ``clasificar los intereses nacionales por el grado de intensidad con que afectan la seguridad nacional, ponderarlos en orden de importancia y darles prioridades en su obtención; de esta forma, el gobierno tendría la necesidad de formular los intereses nacionales, globalizando aspiraciones y otorgando prioridades para su consecución''.5

Por tanto, los intereses de la nación deben ser desmenuzados e integrarse en una agenda clara y consistente de política exterior para nuestro país. En otras palabras, los objetivos nacionales tendrán que sintetizar las aspiraciones e intereses nacionales para proyectarlos en todo el ámbito del Estado.

En síntesis, ``el reto fundamental de creación en política, consiste en desarrollar el interés nacional, a veces confuso y subjetivo, en objetivos claros, concretos y precisos, para que ese interés nacional pueda valer como medidas orientadoras de toda una sociedad en un país determinado'' (Vega, 2000: 43).

La agenda internacional

El concepto de ``agenda internacional'' obedece a la percepción de que en un mundo cada vez más transnacional, más interdependiente y más complejo, en donde proliferan los actores internacionales (gubernamentales y no gubernamentales), en parte porque las propias sociedades nacionales se desarrollan y diversifican generando múltiples grupos de interés que con mayor frecuencia buscan la satisfacción de sus aspiraciones en el frente externo, los intereses nacionales se vuelven mucho más sectorializados, desagregados y específicos --de tal manera que cada vez son menos susceptibles de ser englobados bajo el concepto abstracto del ``interés nacional'' --para constituir más bien una suerte de ``agenda internacional'' cuya elaboración pasa a representar una tarea central en la planificación de la política exterior.

A las tradicionales cuestiones geopolíticas, estratégicas y militares que monopolizaban la definición de interés nacional en el pasado, comienzan a agregarse nuevos temas de interés vital para las relaciones entre los Estados, como las relaciones económicas y comerciales, la competencia industrial y tecnológica, sus vinculaciones financieras, la energía, el medio ambiente, el terrorismo, el narcotráfico y los nexos raciales, ideológicos y religiosos entre las distintas sociedades nacionales.

Al mismo tiempo, el tradicional predominio de los asuntos relacionados con la seguridad estratégica de las naciones (identificadas con su propia supervivencia), cede paso a una percepción menos jerarquizada de los distintos intereses nacionales, que permite que unos u otros tomen la primacía dependiendo de los países, los sectores o los períodos de tiempo involucrados.

Por último, no solo se diversifican los intereses que persigue cada país en sus relaciones exteriores sino que se multiplican también los canales de que cada sociedad nacional dispone para competir, cooperar o negociar en torno a estos intereses. Toda una variedad de actores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la fragmentación del Estado en múltiples burocracias sectoriales que acompañan a los sectores privados en la persecución de sus intereses, multiplican también los canales de comunicación entre las diversas sociedades nacionales y facilitan el entrelazamiento entre los distintos temas.

La ``agenda internacional'' incluye un conjunto de objetivos nacionales que responden en buena medida a la forma como está dividida la sociedad y el Estado, susceptibles de ser identificados con relativa claridad, jerarquizados, articulados o compensados, como ocurre cuando algunos de ellos tienen que ser total o parcialmente sacrificados para satisfacer otros de mayor importancia.

De acuerdo con Vega, los objetivos nacionales deben ser: unitarios, con capacidad para garantizar el desarrollo del Estado o preservarlo frente a diferentes antagonismos; universales, deben enmarcarse en un entorno de justicia, equidad y bajo un régimen de derecho; permanentes, con altos y prolongados tiempos de duración; flexibles, con capacidad para enfrentar contingencias que afecten el desarrollo y seguridad del Estado; comprensibles, comprendidos por toda la población y que de garantía, para asegurar a la sociedad un desarrollo nacional con estabilidad y seguridad.

Los objetivos nacionales pueden ser permanentes o coyunturales. Los permanentes se encuentran generalmente inscritos en la Constitución y se distinguen por abarcar grandes periodos en la historia de un país y por conjugar las aspiraciones de la nación con los intereses nacionales del gobierno o poder político de un país (Vega, 2000: 49).

Los objetivos nacionales permanentes pueden ser divididos en distintos ámbitos: 1) políticos: preservar la independencia, soberanía e integridad territorial para mantener el sistema político o forma de gobierno; 2) económicos: promover el desarrollo nacional y ejercer soberanía sobre los recursos del Estado; 3) sociales, mantener un ambiente de derecho con libertad, justicia e igualdad y asegurar la sobrevivencia de la cultura nacional con identidad y; 4) militares, disponer de fuerzas armadas institucionales, con capacidad y organización para hacer frente a las amenazas que traten de perturbar la consecución de los objetivos nacionales (Vega, 2000: 49-50).

Los objetivos nacionales coyunturales o temporales se definen e interactúan en condiciones y circunstancias totalmente diferentes a los permanentes. Los rasgos que los diferencian o caracterizan pueden ser: 1) su vigencia o temporalidad es mucho más corta; 2) se formulan y hacen presencia cuando surgen antagonismos o amenazas con capacidad de perturbar a la seguridad nacional; 3) normalmente responden a intereses nacionales del gobierno o poder político del Estado y 4) son manejados a través de enunciados políticos o directrices gubernamentales (Vega, 2000: 50-51)

Los gobernantes en turno debe ser capaces de captar e interpretar los deseos y aspiraciones que, en cada momento, condicionan la voluntad nacional y conducen al establecimiento de los objetivos nacionales con el fin de integrar una agenda internacional clara y comprensible.

La ``agenda internacional'' constituye un repertorio de objetivos o temas más precisos y susceptibles de ser operacionalizados. Dicho proceso incluye una serie de funciones que se podrían englobar en tres categorías:

1. El establecimiento de la agenda;

2. La fijación de los objetivos (jerarquización de los temas), y

3. La determinación de los cursos alternativos de acción (operacionalización de la agenda internacional).

El establecimiento de la agenda incluye la identificación de los temas que podrían integrarla, la selección de los más relevantes y la definición de los mismos. Este primer paso consiste en identificar los principales problemas y oportunidades que enfrenta un país en las distintas áreas en que se desenvuelven sus relaciones exteriores. Todos los gobiernos disponen de mecanismos formales e informales para hacerlo. Estos temas pueden ser periódicos (los presupuestos anuales de defensa), recurrentes (la aplicación por parte de terceros de medidas proteccionistas contra los productos de exportación más competitivos) o emergentes (una guerra o una oferta de inversiones externas no previstas).

Se ha señalado que para que un tema adquiera relevancia generalmente se requiere que haya alcanzado una situación de crisis o al menos una marcada particularidad, ejerza un impacto suficientemente generalizado o simplemente esté de moda. Naturalmente, los sectores que intervienen en la identificación de estos temas varían grandemente, yendo desde la opinión pública ilustrada, hasta círculos muy especializados.

La segunda función de este proceso consiste en la jerarquización de los temas identificados como relevantes y la selección de los que deben ser incluidos en la agenda. Se hace necesario tomar una decisión acerca de las estructuras institucionales más adecuadas para cumplir con la función de identificar y seleccionar los temas que deben formar parte de la agenda.

Pero junto a la cuestión institucional se plantea la de los criterios que deberían ser empleados para seleccionar estos temas. Existen cuatro categorías:

La primera tiene que ver con el contexto en que se plantea la situación: aquí se incluyen preguntas acerca de si hay tiempo para el análisis; sobre el grado en que el problema puede tener consecuencias; si ya se han adoptado posiciones acerca del problema, y sobre cuán central es éste desde el punto de vista de un servicio exterior y sus políticas.

La segunda se refiere a las preguntas acerca de que si existe un margen de opción; sobre el grado de consenso existente en torno a la definición del problema y sus posibles soluciones; acerca de su complejidad; sobre el grado de incertidumbre que lo rodea; sobre la medida en que tiene connotaciones valorativas, y sobre cómo lo ven y qué importancia le asignan los interlocutores o adversarios del país respectivo.

Una tercera consideración tiene relación con las repercusiones del problema: con la escala o magnitud de sus consecuencias; en el número de actores afectados; por el poder relativo de los mismos; con la profundidad en que son afectados esos actores; con la probabilidad de que las consecuencias del problema puedan afectar la forma en que se plantean otros temas, y con la forma en que el gobierno pueda salir fortalecido o debilitado frente a otros países al abordar ese problema.

El último elemento se refiere a los costos de encararlo: su monto, en términos materiales y políticos; el periodo durante el cual podrían ser necesario pagarlos; la probabilidad de que limiten la capacidad de ese gobierno para atender otros problemas, etc.

La operacionalización de la agenda internacional se inicia con la identificación y selección de los temas que deben integrarla. La identificación se basa en una percepción o conciencia inicial, refinada por la aplicación de algunos criterios para jerarquizar la definición del tema. Esto es, el proceso mediante el cual un tema, habiendo sido reconocido como tal y colocado en la agenda a que se refiere una política, es percibido por las distintas partes interesadas; es explorado con mayor detalle, articulado y, en la medida de lo posible, cuantificado.

La definición del tema es importante porque su identificación está fuertemente basada en la intuición, en la influencia de determinados grupos de poder y en la acción política.

La definición de un tema también incluye ciertas fases:

1. La primera se refiere a la forma como el tema es percibido por los distintos actores involucrados.

2. La segunda tiende a refinar esta percepción, explicitando las motivaciones políticas que subyacen tras ella, relacionándola con otros factores presentes o estableciendo las concatenaciones o superposiciones del tema con otros conexos.

3. Una tercera fase consiste en agregar a las percepciones oficiales, provenientes de las agencias formalmente autorizadas para manejar el tema, las de otros actores involucrados en el mismo para llegar a una visión más amplia, multidimensional y equilibrada.

4. Una cuarta fase cuantifica las dimensiones del problema en el contexto de la política exterior del país de que se trate.

5. La última consiste en reconocer la influencia que las instancias de poder tienen en la definición del tema y en precisar el grado y la dirección en que esa influencia puede distorsionar la redefinición del mismo.

La operacionalización de los intereses nacionales --la identificación, selección y definición de los intereses específicos que componen la agenda internacional de un país determinado- es lo que permite establecer los objetivos, prioridades y opciones que enfrenta un país en las distintas áreas por las que atraviesa su accionar externo. La inclusión de un tema en dicha agenda, y la correcta definición de sus alcances, es condición necesaria para que la política exterior de un país fije sus objetivos en relación con determinado tema.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa de Ley que se presenta tiene por objeto constituir el Consejo Nacional de Política Exterior. Este será un organismo autónomo e independiente en sus decisiones. Sus funciones primordiales serán las de establecerse como un órgano consultivo del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión, formular recomendaciones públicas no vinculatorias y promover el diálogo y la búsqueda de consensos entre los actores políticos, sociales y económicos, en relación con la política exterior de México.

El Consejo deberá actuar en concordancia con los principios normativos contenidos en la fracción X del artículo 89 de nuestra Constitución, la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Las recomendaciones que elaborará el Consejo ayudarán al gobierno federal a definir las prioridades de la agenda de política exterior de México, así como a la coordinación de las diferentes agencias gubernamentales y organismos públicos. Igualmente, las recomendaciones que formulará sobre las negociaciones de acuerdos y tratados internacionales contribuirán al mejor conocimiento por parte del Congreso de la Unión de los diversos asuntos a abordar en materia de política internacional.

En el Capítulo I de la Ley se define el carácter público del Consejo Nacional de Política Exterior. Se destaca su función primordial como un órgano consultivo del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión, respetando siempre el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución. Se establece que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la interlocutora del Ejecutivo Federal ante el Consejo así como la responsable de recibir las opiniones del Consejo y canalizarlas a las dependencias que correspondan.

Otra de las funciones fundamentales del Consejo es proponer estrategias de políticas para cumplir con los distintos objetivos de política exterior incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo

En el Capítulo II se establecen las directrices para la integración del Consejo. Dicho órgano se integrará por 9 consejeros, mexicanos distinguidos, expertos en la relación de nuestro país con el mundo, con una altísima calidad moral para servir de puente entre los diversos sectores que tienen incidencia en la política exterior de nuestro país. Los consejeros durarán en su cargo tres años y su cargo será honorífico.

Se incluyen también en la integración del Consejo un total de 36 consejeros invitados especiales permanentes, pertenecientes a los gobiernos federal y estatales, al Congreso de la Unión, a los Centros de Investigación, Instituciones de Educación Superior y Colegios y Asociaciones de profesionistas, a las Asociaciones Civiles y Organismos No Gubernamentales y a los organismos del sector privado, quienes darán elementos a los consejeros con plenos derechos para la toma de decisiones.

Finalmente, en el Capítulo III se establecen las características que el máximo órgano del Consejo será el plano. Igualmente, el Consejo contará con un Presidente y un Secretario Ejecutivo. Se establece también que las decisiones del Consejo se tomarán por dos terceras partes de los presentes y que dichas resoluciones no tendrán efectos vinculatorios.

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I a IX. ...

X. ...

Para cumplir con los principios de política exterior, se establecerá un órgano colegiado de apoyo al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, de carácter autónomo y con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Consejo Nacional de Política Exterior. El Consejo estará encargado de formular opiniones y recomendaciones públicas no vinculatorias en materia de política exterior. Su integración estará determinada por la Ley.

XI a la XX. ...

Artículo Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso contará con ciento veinte días naturales para emitir la convocatoria y elegir a los miembros del Consejo Nacional de Política Exterior.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 28 días del mes de marzo del año dos mil seis.

Artículo Segundo.- Se emite la Ley que crea el Consejo Nacional de Política Exterior, para quedar como sigue:

Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior

Capítulo I- Disposiciones generales

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de política exterior, en los términos del Artículo Octogésimo Noveno, fracción décima, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- Se crea el Consejo Nacional de Política Exterior como un órgano público, con domicilio en la Ciudad de México, DF, con personalidad jurídica, patrimonio propio, independencia en sus decisiones y autonomía para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Consejo: el Consejo Nacional de Política Exterior;

III. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Presidente: el Presidente del Consejo

Artículo 4.- La aplicación e interpretación de la presente Ley, para efectos administrativos, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 5.- El objeto general del Consejo es ser un órgano consultivo del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión, que formulará recomendaciones públicas no vinculatorias y promoverá el diálogo y consenso entre los actores políticos, sociales y económicos, en relación con la política exterior de México, respetando siempre el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución.

Artículo 6.- El Consejo tiene por objeto:

I. Coadyuvar al establecimiento y elaboración de directrices y estrategias que permitan alcanzar los objetivos y satisfacer los intereses de México en los diferentes ámbitos de la política exterior, respetando los principios normativos contenidos en la fracción décima del artículo 89 de la Constitución;

II. Ser órgano de consulta y colaboración del Presidente de la República para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con la fracción décima del artículo 89 de la Constitución y con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

III. Ser órgano de consulta y colaboración del Senado de la República, de conformidad con la fracción primera del artículo 76 de la Constitución;

IV. Ser órgano de consulta y colaboración de la Congreso de la Unión, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución;

V. Ser órgano de consulta y colaboración del Congreso de la Unión para el diseño de leyes, tratados e instrumentos internacionales;

VI. Opinar y hacer recomendaciones sobre las prioridades de la agenda de política exterior para promover los intereses y objetivos nacionales de México;

VII. Opinar sobre aquellas materias relativas al ámbito de la política exterior que sean sometidas a su consideración;

VIII. Opinar sobre la negociación de tratados y acuerdos internacionales propios de su materia;

IX. En general, promover el diálogo y consenso entre los actores políticos, sociales y económicos, con relación a la política exterior de México.

Artículo 7.- En concordancia con los principios normativos contenidos en la fracción décima del artículo 89 de nuestra Constitución, la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, el Consejo pugnará por:

I. Fortalecer la capacidad del Estado mexicano para proteger y defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero;

II. Promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos en el mundo como bases fundamentales del sistema internacional;

III. Revitalizar los órganos, instituciones y mecanismos de cooperación multilateral para enfrentar los desafíos que afronta el sistema internacional;

IV. Contribuir a la democratización de las instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio;

V. Combatir la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población e intensificar la implementación de políticas dirigidas a alcanzar la justicia social y el desarrollo humano como condición necesaria para la estabilidad mundial;

VI. Fortalecer la seguridad mundial, entendiendo ésta en su ámbito más amplio, como resultado de un fenómeno multicausal y multidimensional y considerando que toda acción política, nacional, bilateral o regional en esta materia debe tener como objeto la protección de la sociedad;

VII. Contribuir a la democratización de las nuevas tecnologías, garantizando el acceso de éstas a todos los ciudadanos del mundo, combatiendo las situaciones que favorecen la ampliación de la brecha digital como forma de exclusión de diversas naciones;

VIII. Fortalecer la educación y la salud como derechos fundamentales y supuestos necesarios de todas las sociedades del planeta;

IX. Impulsar políticas a nivel internacional que protejan el medio ambiente y busquen el desarrollo mundial sustentable;

X. Garantizar el derecho a la migración de los seres humanos, asegurando el respeto a los derechos establecidos en todas los instrumentos internacionales y evitando los actos de racismo, xenofobia e intolerancia en contra los migrantes;

XI. Contribuir para lograr la prevención de los fenómenos y desastres naturales que son causantes de estragos sobre todo en las naciones en desarrollo;

XII. Reconocer, en las negociaciones comerciales internacionales, el derecho de los países a excluir de éstas las áreas de sus economías de carácter estratégico para su desarrollo o vitales para su sobrevivencia, así como proteger los servicios que constituyen derechos sociales básicos, tales como la educación, la salud y la seguridad social, y los recursos naturales indispensables para la vida, como es el agua;

XIII. Considerar la dimensión social y ambiental implicada en todo proceso comercial, incluyendo disposiciones específicas tendientes a proteger y promover los derechos humanos, laborales, de equidad de género, culturales, etc., y a colocar tales derechos por encima del mercado y como objeto de la actividad económica;

XIV. Defender el derecho de los países al goce y disfrute de su biodiversidad, sus productos naturales, la salud pública y el patrimonio cultural por encima de cualquier disposición regulatoria de la propiedad intelectual, de comercio o inversión;

XV. Defender el patrimonio genético de nuestra especie y su entorno biológico, entendiendo que éste debe ser inalienable;

XVI. Promover las relaciones económicas bilaterales estratégicas, la diversificación del comercio exterior y las oportunidades de inversión extranjera en México;

XVII. Promover el multilateralismo en la política exterior de nuestro país, que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo;

XVIII. Rediseñar la estrategia de relación con América del Norte, con énfasis en la necesidad de explorar alternativas que se dirijan al desarrollo del mercado interno, se reconozcan las prioridades locales, se busque la convergencia económica para reducir las asimetrías y exista un compromiso con el desarrollo social y ambiental sustentable de la región;

XIX. Impulsar e intensificar la cooperación para el desarrollo y los intercambios económicos, comerciales, culturales, educativos y científicos con América Latina y el Caribe;

XX. Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas y comerciales con Europa, Asia, Africa y Medio Oriente, a fin de diversificar nuestras relaciones internacionales;

XXI. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

Las facultades anteriores son enunciativas, más no limitativas.

Artículo 8.- El patrimonio del Consejo será destinado a cumplir su objeto y las funciones que tiene encomendadas y comprenderá:

I. Los inmuebles estrictamente indispensables para realizar su objeto;

II. El efectivo, valores, créditos, utilidades, intereses, rentas y otros bienes muebles que adquiera para satisfacer su objeto;

III. Las donaciones que reciba;

IV. El producto de la venta de sus bienes, y

V. Los ingresos que perciba por los servicios que preste.

Artículo 9.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, organismos y entidades del sector paraestatal, deberá escuchar la opinión del Consejo en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación, en lo relativo a la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de él se deriven, así como para el diseño de las políticas públicas en materias de política exterior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores será el interlocutor del Ejecutivo Federal ante el Consejo y será responsable de recibir las opiniones de éste y canalizarlas a las dependencias que correspondan.

Artículo 10.- Las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión deberán escuchar la opinión del Consejo sobre aquéllas asuntos de su competencia que tengan relación con la política exterior de nuestro país.

Artículo 11.- Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por medio de sus órganos, podrán solicitar, cuando lo consideren pertinente, la consulta a Consejo en los asuntos de política exterior que les atañen de acuerdo a sus funciones y atribuciones.

Las consultas deberán ser sobre iniciativas de ley o anteproyectos de programas y políticas públicas, de tal manera que el Consejo pueda emitir opinión preferentemente antes de la aprobación de dichos proyectos y sus propuestas puedan ser incluidas en su formulación final.

Capítulo II- De la integración del Consejo

Artículo 12.- El Consejo se integrará por 45 consejeros, de los cuales 9 serán miembros permanentes con plenos derechos y 36 serán invitados especiales permanentes con derecho a voz.

Artículo 13.- Los 9 miembros con plenos derechos tendrán la siguiente composición:

I. Un consejero con carácter de Presidente del Consejo;

II. Ocho consejeros provenientes de la sociedad civil o del ámbito académico o del sector privado o de organismos no gubernamentales, quienes se hayan destacado por su conocimiento de la realidad internacional y de la política exterior de nuestro país;

Las propuestas de consejeros permanentes con derechos plenos deberán ser formuladas por el Presidente de la República y ratificadas por mayoría simple de los miembros de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Por cada consejero propietario se nombrará un suplente.

Artículo 14.- Los consejeros permanentes con plenos derechos tendrán los mismos derechos y obligaciones ante el Consejo, y durarán en su cargo tres años.

La renovación de la integración del Consejo se llevará a cabo conforme a las reglas y procedimientos que el mismo establezca.

El cargo de consejero es honorífico.

Artículo 15.- Los consejeros permanentes con plenos derechos deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. No pertenecer al Estado Eclesiástico, y

IV. No haber sido condenados por delito intencional, sancionado con pena corporal.

Artículo 16.- Los consejeros permanentes con plenos derechos pueden ser removidos de su cargo mediante el mismo mecanismo por el que fueron nombrados.

Artículo 17.- Los consejeros permanentes con plenos derechos tendrán los siguientes derechos:

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno;

II. Acceder a la información que obre en poder del Consejo;

III. Presentar mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por el Pleno o para su estudio por el propio Consejo, y

IV. Las demás que señale esta Ley y el reglamento interno.

Artículo 18.- Los consejeros permanentes con plenos derechos tendrán las siguientes obligaciones:

I. Asistir a las sesiones del Consejo;

II. Procurar los acuerdos y los compromisos que conduzcan al establecimiento de la agenda de política exterior para la defensa de los intereses nacionales;

III. Utilizar de manera responsable la información que les proporcione el Consejo de acuerdo con las funciones para las cuales éste ha sido creado,

IV. Las demás que le señale la presente Ley y el reglamento interno.

Artículo 19.- Los 36 consejeros invitados especiales permanentes serán los siguientes:

I. Seis consejeros representantes de las dependencias del gobierno federal, nombrados por el Presidente de la República.

II. Seis consejeros representantes de los gobiernos estatales, electos en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

III. Seis consejeros representantes del Poder Legislativo, tres electos por el Senado de la República y tres por la Cámara de Diputados.

IV. Seis consejeros provenientes de Centros de Investigación, Instituciones de Educación Superior y Colegios y Asociaciones de profesionistas.

V. Seis consejeros representantes de Asociaciones Civiles y Organismos No Gubernamentales.

VI. Seis consejeros representantes de los organismos del sector privado.

Artículo 20.- Los consejeros invitados especiales permanentes tendrán derecho a participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y presentar mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por el Pleno o para su estudio por el propio Consejo

Capítulo III- De los órganos del Consejo

Artículo 21.- El Pleno será el órgano principal del Consejo y estará integrado por la totalidad de los consejeros.

Artículo 22.- El Pleno se reunirá en sesión ordinaria cuando menos una vez cada mes, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias en los términos que al efecto determine el propio Consejo o el Presidente. Las sesiones serán de carácter público.

Artículo 23.- Las sesiones del Pleno se llevarán a cabo en la sede del Consejo o en el lugar que éste determine.

Artículo 24.- El Presidente hará la convocatoria para las sesiones del Pleno, mediante notificación a los consejeros y por medio de la publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional, con diez días de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la sesión respectiva. Dicha convocatoria contendrá el orden del día y será firmada por el Presidente.

El Pleno podrá sesionar válidamente cuando concurran dos terceras partes de sus integrantes, en primera o segunda convocatoria. En ulterior convocatoria, se considerará legalmente instalado el Consejo con la concurrencia, cuando menos, de la mitad más uno de sus miembros.

En caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por falta de quórum, el Presidente procederá a emitir una segunda convocatoria.

Artículo 25.- Las decisiones del Consejo se tomarán por dos terceras partes de los presentes y tendrán el carácter de resoluciones del Consejo.

Artículo 26.- Las resoluciones del Consejo no tendrán efectos vinculatorios.

Artículo 27.- A las sesiones del Pleno podrán ser invitados ciudadanos que tengan relación o conocimientos específicos sobre los asuntos respecto de los cuales el Consejo deba emitir resolución, quienes tendrán derecho a voz.

Igualmente, cualquier ciudadano podrá solicitar su participación en alguna sesión del Consejo, para la cual tengan información importante que aportar. El Presidente del Consejo autorizará, cuando proceda, las solicitudes de participación.

Artículo 28.- El Pleno tendrá las siguientes funciones:

I. Opinar sobre las consultas que los Poderes Ejecutivo y Legislativo soliciten al Consejo,

II. Consensar las opiniones y posturas de sus miembros respecto de los asuntos que sean materia de una resolución;

III. Opinar respecto de las iniciativas de Ley que en materia de política exterior sean presentadas ante el Congreso de la Unión;

IV. Opinar, a petición del Ejecutivo Federal, sobre el Plan Nacional de Desarrollo en materia de política exterior, emitiendo la resolución respectiva;

V. Organizar foros, seminarios, congresos y todo tipo de eventos que tengan por objeto promover la participación de los sectores vinculados con la política exterior de nuestro país a fin de conocer sus opiniones y propuestas;

VI. Crear e integrar comisiones y grupos de trabajo para analizar los asuntos respecto de los cuales deba emitir resolución;

VII. Nombrar y remover al Presidente y al Secretario Ejecutivo del Consejo;

VIII. Aprobar el presupuesto de gastos del Consejo;

IX. Aprobar los informes que deba rendir el Consejo;

X. Emitir el Reglamento Interno del Consejo, y demás normatividad que considere conveniente para el buen funcionamiento del mismo, así como aprobar las reformas o modificaciones a dichos instrumentos, y

XI. Las demás funciones que le otorgue la Ley.

El Pleno, por votación de dos terceras partes de sus integrantes, podrá delegar en el Presidente o al Secretario Ejecutivo, cuando lo considere conveniente, algunas funciones.

Artículo 29.- Para coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos del Consejo, se nombrará un Secretario Ejecutivo, a quien se le dotará de los recursos y atribuciones necesarias para cumplir con sus funciones.

Artículo 30. El Secretario Ejecutivo será designado a propuesta del Presidente. Dicha propuesta deberá ser aprobada por dos terceras partes del número de Consejeros que integren el Consejo. Durará en su cargo tres años.

Artículo 31.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer los lineamientos que debe contener el Plan Anual de Trabajo;

II. Proponer al Pleno los proyectos de resolución sobre los diversos objetivos del Consejo;

III. Proponer al Pleno, cuando sea necesario, la creación e integración de comisiones y grupos de trabajo para analizar los asuntos respecto de los cuales el Consejo deba emitir resolución;

IV. Emitir las resoluciones de los asuntos que le haya delegado el Pleno;

V. Proponer al Pleno, para su aprobación, el proyecto de Reglamento Interno, y

VI. Las demás que le otorgan las leyes y el reglamento interno.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores contará con treinta días naturales para llevar a cabo las adecuaciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de la presente Ley.

Notas:

1 Vega G., Clemente [2000], Seguridad Nacional. Concepto, Organización, Método, México, Sedena, p. 19.

2 Ibidem, p. 32.

3 Ibidem, p. 43.

4 Vega menciona que corresponde a los planificadores decidir sobre el procedimiento más adecuado para operativizar los intereses nacionales, con una sola condición: la organización de los intereses por tipos o prioridades debe ajustarse a la capacidad del poder nacional de cada Estado...'' (Vega, 2000: 36).

5 Vega, op. cit., pag. 36.

Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Sonido en la curul del diputado Iván.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (desde la curul): Sí, señor Presidente. Para preguntar al promovente si tiene a bien no tener inconveniente en que también suscribamos su iniciativa.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: No es usual la petición que se está formulando; sin embargo, si el señor diputado no tiene inconveniente que el solicitante pueda también firmarla.

El diputado Juan José García Ochoa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Sonido en la curul del diputado García Ochoa.

El diputado Juan José García Ochoa (desde la curul): Sin duda, y agradezco por supuesto la idea de que podamos construir juntos una política de Estado para los próximos años.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.

El diputado Fernando Alberto García Cuevas (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Sonido en la curul del diputado García Cuevas.El diputado Fernando Alberto García Cuevas (desde la curul): En el mismo sentido, señor Presidente, solicitaríamos la incorporación nuestra también.El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: ¿No hay inconveniente?

El diputado Juan José García Ochoa (desde la curul): No.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, pues.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 230 de la Ley General de Salud.La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 230 de la Ley General de Salud.

La suscrita, diputada federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 230 de la Ley General de Salud, para que los extractos alergénicos para diagnóstico y tratamiento de las alergias lleven la leyenda precautoria para ser utilizados únicamente por especialistas en inmunología clínica y alergia, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Las enfermedades alérgicas han sido identificadas desde los inicios de la humanidad, como la rinitis alérgica, el asma bronquial, la urticaria, reacciones a alimentos, medicamentos y picaduras de insectos, entre otras. En un jeroglífico egipcio se describen los efectos de una reacción por picadura de abeja, Hipócrates realizó observaciones sobre la alergia a la leche de vaca, el asma y la rinitis alérgica. Los médicos de la antigüedad utilizaron los recursos a su alcance para tratar estos padecimientos, sin éxito en la mayoría de los casos. Pero, es en los últimos 100 años que el conocimiento de este grupo de enfermedades ha despuntado, a partir de que en 1906 Clemens von Pirquet acuña el término de alergia o hipersensibilidad. Actualmente la investigación y el campo del conocimiento sobre las enfermedades alérgicas han crecido a un ritmo vertiginoso, de tal forma, que cada día es posible añadir un nuevo conocimiento o recurso terapéutico, para el beneficio de los pacientes aquejados por estos males.

En nuestro país existen 8 centros hospitalarios que ofrecen un entrenamiento de la especialización de alergia e inmunología clínica. En la ciudad de México están el Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México, Centro Médico Siglo XXI del IMSS y el Hospital Juárez como centros formadores de alergólogos. Los dos primeros sólo aceptan pediatras y en 1999 recibieron el aval universitario de la UNAM, y los dos últimos con requisito previo de medicina interna.

En la ciudad de Puebla el Hospital Universitario requiere el entrenamiento previo de pediatría y cuenta con aval universitario. El Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario ``Dr. José Eleuterio González'' es el único que acepta tanto pediatras como médicos internistas para ingresar a la especialidad de alergia e inmunología clínica, fue el primer centro formador de alergólogos en obtener el reconocimiento universitario en 1985 y actualmente cuenta con el reconocimiento del Conacyt como posgrado de excelencia.

Existen dos colegios que agrupan a los profesionales en alergia e inmunología clínica en nuestro país: el Colegio Mexicano de Alergia e Inmunología Clínica, AC (fundado en 1946), y el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, AC. Del trabajo conjunto de los colegios surge el Consejo Nacional de Inmunología clínica y Alergia, AC, órgano regulador que avala al médico especialista en alergia e inmunología clínica para ejercer la especialidad, después de aprobar un examen teórico-práctico de conocimientos y que cada 5 años recertifica que el médico ha seguido un programa de educación continua con la asistencia a congresos y cursos.

Exposición de Motivos

En la evaluación de un paciente con sospecha de enfermedad alérgica se realizan pruebas cutáneas, que consisten en la aplicación de antígenos o alergenos en la piel. Los antígenos o alergenos son sustancias que pueden provocar una respuesta alérgica, tales como polen, polvo de casa, esporas de hongos, caspa de animales, alimentos, etcétera. La realización de las pruebas cutáneas implica el riesgo de desarrollar una reacción alérgica generalizada y por ello deben de ser realizadas por personal entrenado y un lugar con los recursos para resolver una eventual complicación.

Un recurso terapéutico para los pacientes alérgicos es la inmunoterapia, que consiste en la aplicación de una dosis calculada de los alergenos específicos que se reconocen como responsables de la respuesta alérgica.

Las pruebas cutáneas y la inmunoterapia con alergenos están consideradas dentro del Programa Único de Especialidades Médicas (PUEM) como herramientas diagnósticas y terapéuticas para las cuales se requiere de un entrenamiento especializado, el cual está incluido únicamente dentro del mapa curricular de la especialidad de alergia e inmunología clínica (con dos años de duración). Deben ser consideradas como procedimientos que pueden ser ejecutados únicamente por médicos especialistas en alergia e inmunología clínica, con entrenamiento previo en pediatría o medicina interna, ya que son los únicos con certificación de sus habilidades y destrezas para la realización de dichos procedimientos. (Se anexa programa avalados por PUEM y Conacyt como posgrado de excelencia).

Desafortunadamente en diversos estados del país, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango entre otros, se han documentado un número considerable de casos de médicos generales, enfermeras, pediatras y otorrinolaringólogos que realizan pruebas cutáneas y ofrecen tratamiento con ``vacunas para alergias'' y existe reporte de casos en los que la realización de alguno de estos procedimientos ha desencadenado choque anafiláctico.

En Baja California, Sonora y Nuevo León, existen revisiones documentadas por parte de la Secretaría de Salud que han originado el cierre de establecimientos en donde se comprueba que no hay documentos oficiales de especialistas en alergias.

La proliferación del uso de vacunas por no especialistas es un verdadero riesgo ya que, por una parte, se desconoce la fuente y estandarización (si es que existe) de los alergenos que emplean, y por otra, la mayoría carece de etiquetas en las que se especifique su contenido y en algunos casos se ha comprobado que usan corticoesteroides como componente de las mencionadas ``vacunas'' o bien ``vacunas de orina'' (proscritas desde 1971), lo que pone en riesgo la vida del paciente, como se puede corroborar a través de la existencia de la documentación de algunos casos con desenlaces fatales.

Existen cursos de pruebas cutáneas e inmunoterapia ofrecidos por algunos organismos no acreditados para ello, que tienen una duración de 2 días y quienes los toman se consideran así mismos capacitados para la realización de estos procedimientos.

Además existe una práctica desleal por parte de médicos o pseudomédicos que visitan mensual o quincenalmente diferentes ciudades, consultan por un sólo día y se promueven con ``vacunas de alergias'' milagrosas o de más corta acción, sin ofrecer un seguimiento al paciente, ni a las reacciones secundarias generadas por la administración de dichas ``vacunas'', y existen reacciones fatales documentadas.

Existen lineamientos con fundamento científico para la realización de pruebas cutáneas e inmunoterapia con alergenos establecidos por los colegios mexicanos de inmunología clínica y alergia, así como por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología y el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, que describieron los parámetros prácticos para el uso de alergenos, desarrollados por la Joint Task Force y la Junta del Concilio de Alergia e Inmunología (se anexa). Además de un artículo de opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre inmunoterapia con alergenos como vacunas terapéuticas (se anexa) y diversos artículos científicos sobre el uso de inmunoterapia y sus causas de fracaso, en donde se hace mención a la mala selección de los alergenos por parte de los no especialistas.

Considerandos

Que las pruebas cutáneas y la inmunoterapia con alergenos deben ser consideradas como procedimientos que pueden ser ejecutados únicamente por médicos especialistas en alergia e inmunología clínica, ya que son los únicos con certificación de sus habilidades y destrezas para la realización de dichos procedimientos.

Que existe evidencia documentada en diversos estados del país de personas que no cuentan con la acreditación para ejercer como alergólogos e inmunólogos clínicos y, sin embargo, realizan pruebas cutáneas y ofrecen tratamiento con ``vacunas para alergias''.

Que existen revisiones documentadas del cierre de establecimientos que no pudieron comprobar con documentos oficiales el derecho de ejercer la práctica de alergia e inmunología clínica.

Que el uso de vacunas por no especialistas pone en riesgo la vida del paciente, y se puede corroborar lo anterior con la documentación de algunos casos con desenlaces fatales.

Que existen organismos no acreditados que ofrecen cursos de pruebas cutáneas e inmunoterapia con duración de 2 días, en contra del programa aceptado con duración de 2 años para médicos con especialidad previa en pediatría o medicina interna.

Que no existe legislación sobre este respecto en nuestro país.

Que en nuestro país, como parte de los colegios de alergia e inmunología clínica, existen comités de grupos de trabajo en pruebas cutáneas e inmunoterapia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente

Iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 230 de la Ley General de Salud para que los extractos alergénicos para diagnóstico y tratamiento de las alergias lleven la leyenda precautoria para ser utilizados únicamente por especialistas en inmunología clínica y alergia.

Único.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 230 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 230.- ...

Los extractos alergénicos para diagnóstico y tratamiento deberán especificar la leyenda precautoria que sólo podrán ser utilizados y aplicados por especialistas en inmunología clínica y alergia. Asimismo los laboratorios encargados de su distribución sólo podrán expenderlos a estos especialistas.

...

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 del mes de marzo de 2006.--- Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).» El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud.

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LEY DE PLANEACION PARA LA SOBERANIA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria:

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

La Iniciativa fue presentada el día 7 de noviembre del 2005, al pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien la turnó a esta Comisión para su dictamen, con fundamento en la fracción II del artículo 71, y en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Agricultura y Ganadería, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente DICTAMEN bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, desarrolló su trabajo, conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo de ``Contenido de la Iniciativa'', se exponen los motivos y alcances de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Modificaciones realizadas'' se exponen y describen las modificaciones realizadas por esta Comisión dictaminadora a la iniciativa turnada por el pleno de la Cámara de Diputados.

IV. En el capitulo de ``Consideraciones'', los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar y aprobar la Iniciativa de análisis.

I. ANTECEDENTES1. Con fecha 7 de noviembre del 2005, fue presentada al pleno de la H. Cámara de Diputados, la Iniciativa que crea la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, misma que fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, para su discusión, dictaminación y, en su caso, aprobación de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Al interior de esta Comisión dictaminadora, se determinó que la Subcomisión Especial designada para analizar la Iniciativa en comento, fuera integrada por los Diputados Federales Víctor Suárez Carrera, Jesús Morales Flores y Javier Castelo Parada. La subcomisión contó con la participación amplia de representantes de las organizaciones de productores, campesinos, industriales, representantes del Poder Ejecutivo Federal, gobiernos de las entidades federativas, especialistas, centros de investigación, universidades y servidores públicos expertos en los temas de la Iniciativa de Ley.

3. La Subcomisión Especial de dictaminación, convocó el 20 de diciembre de 2005 a un Consejo Asesor a una primera reunión de trabajo, para solicitar su participación en los trabajos de dictaminación de la Ley. En dicha reunión, se acordó un intenso programa de trabajo a ser realizado durante los meses de enero y febrero del 2006, que permitiera coordinar esfuerzos y lograr la mayor participación posible de la sociedad, instituciones y especialistas en dicho proceso, con el propósito de contar al inicio del segundo período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, con un proyecto de dictamen que pudiese ser presentado, analizado, modificado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, como base para el subsiguiente proceso legislativo.

4. En enero del 2006 se tuvo una reunión de trabajo con el Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para contar con la participación de esta Secretaría en los trabajos de dictaminación, quien manifestó su disposición institucional y apoyo para el éxito de estos trabajos, en virtud de la trascendencia de esta Iniciativa de Ley.

El Lic. Mayorga sugirió además, la necesidad de tomar en cuenta algunas cuestiones que desde su punto de vista no tenían el suficiente desarrollo en la Iniciativa de referencia, y en particular el tratamiento del tema pesquero, así como otras cuestiones que deberían tener una clara definición conceptual, institucional y condiciones de certeza presupuestal que no incidiera de manera negativa en las finanzas públicas, en lo que se refiere al logro de la seguridad alimentaria mediante reservas técnicas.

5. Durante todo este proceso de dictaminación se contó con la participación de diputados, así como de organizaciones que contribuyeron al desarrollo de la Iniciativa como son la Confederación Nacional Campesina; la Unión Nacional de Productores de Maíz; el Congreso Agrario Permanente; la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios, y Pesqueros; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación de Porcicultores Mexicanos y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, entre otras. Por el lado del sector académico también fueron recibidas las observaciones y consideraciones de instituciones como el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo, así como del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, también se contó con la participación de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo .

6. Con el fin de sustentar técnica y jurídicamente el proceso de dictaminación, se solicitó y obtuvo el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la H. Cámara de Diputados y del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C.

7. El presente método de trabajo de dictaminación, consideró la formación de grupos y subgrupos de trabajo, que llevaron a cabo reuniones de manera paralela y simultánea; así como, la participación posterior en reuniones plenarias.

8. El criterio para adoptar las modificaciones sugeridas, fue siempre el respeto a la pluralidad de ideas y puntos de vista, así como el reconocimiento de las capacidades y experiencias profesionales que sustentaban los argumentos para modificar la Iniciativa en análisis.

9. Adicionalmente, en febrero del 2006 se abrió un sitio en la página electrónica del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, para recibir aportaciones de toda la sociedad sobre esta Iniciativa de Ley.

10. La participación y colaboración de estas personas e instituciones en la revisión y adecuación de esta Iniciativa fue de gran valor, en virtud de su conocimiento de la materia.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de Decreto en análisis que se pone a consideración de este pleno consta de ocho capítulos; cuatro títulos; 96 artículos y 17 artículos transitorios.

Dicho proyecto, menciona en su exposición de motivos que la agricultura constituye una actividad sustancial para la existencia de la Nación y que la producción de alimentos y materias primas es parte fundamental de la economía y el bienestar de toda la población.

Plantea el derecho de la Nación a autodeterminarse en el establecimiento de políticas de Estado para la producción, industrialización y distribución de alimentos, así como la necesidad de reconocer el derecho humano a la alimentación y una nutrición correcta como premisa para la soberanía y la seguridad agroalimentaria.

Asimismo los legisladores promoventes señalan la necesidad de plasmar en un ordenamiento jurídico, los conceptos básicos de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y nutricional, y su construcción sobre el antecedente inmediato que representa la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; situación que conduce a un redimensionamiento de las responsabilidades del Estado ante el mercado y la sociedad, a través de la planeación.

Asimismo el proyecto de dictamen en comento plantea el papel del Estado y los actores económicos y sociales en la planeación, señalando la urgencia de realizar procesos amplios de participación social para la planeación, el diseño de políticas nacionales y regionales ante la globalización y la concentración de los mercados internacionales.

En la Exposición de Motivos del proyecto de dictamen se aportan elementos definitorios del diagnóstico de la situación actual de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y nutricional nacional, abordando la gran heterogeneidad de las regiones y sectores de la sociedad, así como una relación muy puntual y priorizada de los principales hechos estructurales en la materia que aquejan al país, mencionándose las causas que explican esta situación.

Se enfatiza en la necesidad de dar certidumbre a los productores nacionales con apoyos multianuales, ante los efectos de la apertura comercial, tal y como, se estableció en el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo.

De igual forma se aborda la grave carencia de protección y planeación por parte del Estado al sector agroalimentario y nutricional, situación que lo coloca en desigualdad con países socios de acuerdos comerciales como el TLCAN y el TLCUE, que canalizan cuantiosos subsidios a las actividades agropecuarias y ayuda alimentaria, como en el caso de Estados Unidos con la Ley de Seguridad e Inversión Agrícola del 2002 y de la Política Agrícola Común de la Unión Europea.

Como temas centrales de la Ley en análisis se observan los siguientes:

I. En el marco de la multifuncionalidad del sector rural y la gestión del territorio en el desarrollo de la Nación, se considera que la agricultura constituye una actividad sustancial para la existencia de nuestra Nación y su razón de ser, es la producción de alimentos inocuos, suficientes, oportunos y accesibles para el abasto seguro de la población mexicana, para garantizar la alimentación y la nutrición de cada uno de sus habitantes presentes y futuros, por lo que es necesario a través de un ordenamiento jurídico garantizar un nivel de vida adecuado.

II. El derecho a la alimentación y la nutrición, son derechos humanos fundamentales de la población, porque de ellos dependen dos bienes superiores: la vida y la salud. Por ello resulta indispensable una Ley de planeación específica en esta materia, que dé seguridad a la Nación, a la población en su conjunto y a todos los participantes en las cadenas agroalimentaria, que asegure la existencia de condiciones adecuadas para la producción y distribución de alimentos para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional. Dicho postulado, requiere el establecimiento de Políticas de Estado que aseguren su cumplimiento.

III. Los conceptos de soberanía y la seguridad agroalimentaria y nutricional, que fueron desarrollados más allá de lo previsto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para fundamentar la Política de Estado que requiere la Nación.

IV. La rectoría del Estado para el desarrollo económico establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda el fortalecimiento de las responsablidades públicas ante el mercado y la sociedad, para asegurar la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional en el corto, mediano y largo plazos.

V. La planeación nacional en esta materia, debe establecer un vínculo coherente y eficaz entre las decisiones gubernamentales, las necesidades de los productores y los requerimientos nutricionales de la población, y contribuir al aumento de la producción, la productividad, el empleo e ingreso rural y la competitividad de la economía agroalimentaria nacional.

VI. La planeación para alcanzar y mantener la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional requiere incorporar de manera explícita la participación de la sociedad en todo el proceso de planeación, ejecución y control, evaluación y actualización de las políticas públicas, tanto de la sociedad rural como de los sectores industriales, de servicios y consumidores, mediante un Sistema Nacional.

III. MODIFICACIONES REALIZADAS

La Subcomisión que trabajó en la dictaminación de la presente Ley, recibió de los sectores involucrados en el tema, una serie de comentarios y recomendaciones, mismos que fueron retomados e incorporados en el presente dictamen.

Por lo que dentro de las modificaciones realizadas con el fin de dar congruencia jurídica y legislativa a la Ley en análisis y dictaminación, se realizaron las siguientes modificaciones:

I. Con el fin de presentar al pleno de la H. Cámara de Diputados para su aprobación, un dictamen sustentado en la práctica legislativa y en la congruencia jurídica, se modificó el articulado en cuanto a redacción, sin modificar de fondo el articulado original.

II. Se fortaleció lo relacionado con la participación y coordinación con las entidades federativas y a través de éstas con los municipios, respetando el marco federalista y la soberanía de los órdenes de gobierno.

III. Se buscó fortalecer en dos vías al Sistema Nacional de Planeación Democrática y al Plan Nacional de Desarrollo, la primera vía, a través de la creación del Sistema Nacional de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, como un subsistema vinculante del Sistema Nacional de Planeación Democrática con el tema alimentario y nutricional, y una segunda vía a través de la incorporación a los instrumentos de planeación existentes, el Programa Especial para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, mismo que deberá desprenderse de un capítulo especial para el tema que deberá contener el Plan Nacional de Desarrollo.

IV. Se fortalecieron criterios de articulación y sinergia entre programas y subprogramas de esta Ley. Por ello se realizaron modificaciones al texto original, a fin de priorizar el principio de complementariedad, y sobre todo el criterio de articulación y coordinación entre los programas de los ramos.

V. Se creó el Fondo Integral de Inversiones Estratégicas, en el marco del PIIESSAN, Programa Integral de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

VI. Se realizó una modificación en relación a la materia de los objetos del Programa Integral de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, para el mejor desempeño e impacto de esta Ley.

VII. Se optó por cambiar de un extenso catálogo de conceptos de inversión, a una matriz de inversión que prevé 13 ejes amplios, que podrán y deberán ser acordados, planeados, ejecutados y evaluados en los distintos niveles del Sistema Nacional: municipal, distrital, estatal, regional, y nacional.

VIII. Se fortaleció la parte relativa al programa alimentario y nutricional, compromiso ineludible e impostergable con la niñez rural y urbana, las mujeres, la población indígena y toda aquella población que por su posición social y económica presenta y vive en condiciones de desnutrición y mala alimentación.

IX. Se creó el Programa Integral Alimentario y Nutricional PIAN, incorporándose subprogramas específicos, como el de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición; Orientación Alimentaria; Apoyo Alimentario y Seguridad Doméstica; Abasto Rural; Adquisición y Abasto Social de Leche; Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia Rural, y el de Investigación Científica para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

X. Se incorporaron los conceptos, objetos y sujetos de Sistemas -- Producto, Cadenas de Valor, y los Planes Rectores de los Sistema Producto. Como factores que enriquecen y fortalecen al proceso e instrumentos de planeación y favorecen el proceso de integración.

XI. El principio de autoridad responsable se transparenta por esta Ley, sobre todo en el caso de los programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XII. Se modifican y perfeccionan los alcances y orientación del PROCAMPO, y se enfatiza que su objetivo general responde a los desequilibrios e impactos negativos del mercado internacional.

XIII. Se establecen criterios más precisos para la actualización y ajuste de la cuota de apoyo por unidad de superficie del PROCAMPO, con gran efecto en la distribución del ingreso rural y en la promoción de prácticas agrícolas más sustentables y conversión productiva.

XIV. Se establece que, en el caso de que los presupuestos de alguno de los programas previstos por esta Ley, no se ejecute en tiempo y forma o que sus recursos sean excedentes, sólo podrán transferirse a otros programas y subprogramas previstos por este instrumento jurídico.

XV. Se establece que los presupuestos asignados a los programas del Sistema de Apoyo en ningún caso podrán ser disminuidos, ni ser inferiores a los del ejercicio fiscal anterior del que se trate.

XVI. De igual modo, se establece que el Sistema Nacional para Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional será presidido por el Presidente de la República, quien designará para tal efecto a un Secretario Ejecutivo de carácter permanente.

IV. CONSIDERANDOS

PRIMERO: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, según lo estipulado en el artículo 25 Constitucional.

SEGUNDO: El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO: La planeación del desarrollo agroalimentario y nutricional de la Nación, debe tener como objetivo cumplir con el mandato constitucional de que el desarrollo económico garantice la Soberanía Nacional y el bienestar de la población.

CUARTO: Según lo estipulado en el Artículo 27 constitucional, fracción XX, el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia técnica, expidiendo la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

QUINTO: El presente ordenamiento establece el otorgamiento de apoyos, subsidios e incentivos a los productores y campesinos del país, con el fin de contribuir al desarrollo de su productividad, rentabilidad y competitividad, así como a los consumidores, en el marco de las necesidades que plantea el objetivo de garantizar la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional de la Nación y reducir las necesidades de divisas para la importación de alimentos que pueden y deben ser producidos en el país, reduciendo con ello la dependencia agroalimentaria y financiera del exterior.

SEXTO: Como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que se establece en el Artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester de ésta, el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, por lo que con base en este ordenamiento jurídico, la presente Iniciativa plantea la relación que debe existir entre las actividades de planeación y programación multianual, con la previsión multianual de los recursos requeridos para los programas especiales que permiten alcanzar los fines y objetivos de la Nación.

SÉPTIMO: El objetivo de esta Ley es alcanzar y mantener la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de la Nación y Nutricional para toda la población, por lo que se requiere dar contenidos programáticos, enfoques estratégicos a largo plazo, y congruencia con las previsiones presupuestales de los instrumentos de planeación de corto, mediano y largo plazos.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Agricultura y Ganadería, integrada de manera plural por miembros de los diferentes grupos parlamentarios de los partidos con representación en la LIX Legislatura, somete a la consideración de la asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Artículo Único: Se Expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

TÍTULO PRIMERO. CARÁCTER, OBJETO Y OBJETIVOS DE LA LEY

Capítulo I. Carácter y Objeto de la Ley

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público general, y de observancia general para toda la República; y establece como actividades estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional a la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto establecer:

I. Una política de Estado con visión de largo plazo con la participación de la sociedad civil organizada, para lograr y mantener la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional de la Nación, que garantice el derecho humano a la alimentación y la adecuada nutrición de todos los mexicanos de manera sustentable.

II. El Sistema Nacional de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, en lo sucesivo el Sistema Nacional, que incluye la participación de los sectores público, social, privado y a los tres órdenes de gobierno, en la planeación, diseño, toma de decisiones, programación, ejecución de acciones, evaluación y actualización, de las políticas y acciones que garanticen la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de la Nación y Nutricional de la población.

III. Los criterios, principios básicos, objetivos, atributos, normas y responsables de la política de Estado; del Sistema Nacional y sus instrumentos, así como los criterios que debe cumplir el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que anualmente debe presentar el Poder Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados, en materia de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

IV. Las responsabilidades del Ejecutivo Federal en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las acciones requeridas para asegurar la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios para lograr los objetivos de esta Ley.

V. Un Sistema de seguridad para los productores nacionales, a través de apoyos, incentivos e inversiones estratégicos para la producción, procesamiento y distribución de alimentos, que garanticen la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

VI. Una red de seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la alimentación y haga efectivo el acceso de todos los mexicanos a alimentos inocuos y de calidad nutricional.

Artículo 3. El Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y entidades correspondientes, en el marco de sus atribuciones, será responsable del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 4. En lo no previsto por esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Capitalización del PROCAMPO, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás leyes aplicables.Artículo 5. Las actividades que emanen de la presente Ley se planearán y conducirán en apego y concordancia a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, buscando en todo momento la participación de los gobiernos de las entidades federativas, municipios y grupos sociales en su ámbito de competencia.Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por:Alimentación correcta: a la dieta que de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia, cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades.

Canasta básica recomendada: conjunto de alimentos proveniente de los tres grupos (frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y, cereales), en cantidad promedio definida en función de tablas de Ingestión Diaria Recomendada para la población mexicana, y que cumple las características de una dieta correcta.

Comisión Intersecretarial: para efectos de la presente Ley, es la misma que prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la participación permanente de la Secretaría de Gobernación.

Comité Técnico: instancia que brinda apoyo técnico al Sistema Nacional, en materia de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Desnutrición: al estado patológico en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que manifieste un cuadro clínico característico, clasificado en tres niveles o grados: leve, medio y grave.

Dieta correcta: a la que cumple con las siguientes características:

Completa: que contenga todos los nutrimentos, para ello se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres grupos (frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y, cereales).

Equilibrada: que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí.

Inocua: que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque esté exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación.

Suficiente: que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y, en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta.

Variada: que de una comida a la siguiente se utilicen, de cada grupo, alimentos distintos a los usados anteriormente.

Adecuada: que esté acorde con las características biológicas, psicológicas y sociales de cada individuo, con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características.

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan, principalmente, con las características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres.

Instrumentos de Planeación: los instrumentos de planeación del Sistema Nacional son: el Programa Estratégico, el capítulo sobre Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial, el Programa Operativo Anual y el Plan Rector por Sistema - Producto. En los niveles estatal y municipal del sistema se contará con instrumentos de planeación homólogos.

Orientación alimentaria: conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales.

Plan Rector de Sistema Producto: es el instrumento de planeación de mediano plazo, para coordinar actividades, acciones y recursos en el logro de las metas y objetivos de las cadenas integradas de valor para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Planeación Estratégica para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (Planeación Estratégica): instrumento de planeación de largo plazo, 24 años, del Sistema Nacional, actualizable cada seis años, que define, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación que realiza el Sistema Nacional, las prioridades, directrices, objetivos y estrategias nacionales para el logro de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Plazos de la planeación: largo plazo el horizonte temporal de 24 años; mediano plazo el horizonte temporal de tres a seis años y corto plazo un horizonte temporal de uno a tres años.

Programa Especial para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (Programa Especial): el instrumento de planeación de mediano plazo, tres a seis años, del Sistema Nacional, actualizable cada tres años, que define responsables y, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación que realiza el Sistema Nacional, elabora estimaciones de recursos presupuestales para las actividades, acciones y metas para el logro de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Programa Operativo Anual para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (Programa Operativo Anual): el instrumento de planeación de corto plazo del Sistema Nacional con un horizonte temporal de un año, que define los ramos presupuestales, unidades responsables, programas, proyectos institucionales, actividades, metas físicas y financieras, así como, el calendario trimestral de ejecución y los montos presupuestales, especificados en el Sistema de Apoyos, Incentivos e inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de esta Ley, que el Titular del Ejecutivo Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sistema Nacional de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (Sistema Nacional): conjunto de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, métodos, instancias, y criterios, que operan bajo un entorno y que buscan el logro de metas, objetivos y fines de la Soberanía, Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional: este concepto contiene dos dimensiones relacionadas:

A) La soberanía agroalimentaria y nutricional, que consiste en la libre determinación de la Nación para establecer políticas de Estado proactivas e integrales que garanticen el abasto y acceso de alimentos a toda la población, fundamentalmente con producción nacional.

B) La seguridad agroalimentaria y nutricional, entendida como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos inocuos y de calidad nutritiva a la población con producción prioritariamente nacional y su certidumbre en el largo plazo abarcando aspectos ambientales, sociales y económicos relacionados con la producción de alimentos.

Capítulo II. Objetivos Generales y Específicos.

Artículo 7. La política de Estado en materia de planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales:

I. Asegurar y mantener la soberanía agroalimentaria y nutricional de la Nación, a través del uso sustentable de todos los recursos productivos del país;

II. Aumentar la producción, productividad, rentabilidad, empleo, ingreso y competitividad de las actividades agroalimentaria, tomando en cuenta los estándares internacionales, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología y garantizando el respeto a las culturas campesinas e indígenas, y la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y la biodiversidad;

III. Asegurar que las condiciones productivas en las zonas rurales, eleven la calidad de vida de sus habitantes, en los aspectos considerados en el objeto de la presente Ley, tendiendo a reducir y eliminar las disparidades entre lo urbano y lo rural;

IV. Fortalecer y aumentar las capacidades productivas, asociativas y de gestión de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y nacionaleros, y sus organizaciones, en un sistema productivo eficiente y equilibrado económica y socialmente, que contribuya a la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, y permita una relación justa y equitativa en sus intercambios comerciales con el mercado nacional y mundial;

V. Lograr el acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, inocua, sana, suficiente y variada, para todos los mexicanos, fundamentalmente mediante la producción y abasto nacional, y

VI. Los objetivos previstos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 8. La política de Estado en materia de planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos específicos:

I. Establecer condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, como respuesta a los fenómenos de migración, cambio generacional, transformación productiva y globalización, que permitan a la población rural mexicana revertir el actual deterioro y afirmar su arraigo y dominio de los territorios rurales, con base en la apropiación creciente del valor comercial de los productos agroalimentarios, recursos de las localidades y regiones, para la alimentación de la actual y futuras generaciones, como base de la producción nacional agroalimentaria;

II. Usar todo el potencial productivo del país de manera sustentable, para alcanzar, mantener y aumentar de manera sostenida, una balanza comercial agroalimentaria superavitaria, con base en la producción nacional para asegurar la soberanía agroalimentaria de la Nación;

III. Garantizar una transformación productiva y social en el campo mexicano acorde con los objetivos de desarrollo nacional, mediante la capitalización, desarrollo tecnológico, mejoramiento de las capacidades de organización económica y de participación organizada en las cadenas de valor agregado y comercialización, de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y nacionaleros;

IV. Garantizar de manera permanente a los productores agroalimentarios, condiciones de competitividad para sus actividades productivas, comerciales, financieras y logísticas, tomando como referencia a los mercados internacionales y las políticas de los países con los que se han suscrito tratados de libre comercio;

V. Garantizar la existencia de condiciones de libre concurrencia y de reglas de mercado que no pongan en riesgo la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional;

VI. Fomentar el aumento permanente de la productividad de los cultivos de granos y oleaginosas con base en una mejor organización y capacitación de los productores;

VII. Producir mayoritariamente en el país todos los alimentos estratégicos contenidos en la canasta básica recomendada, dependiendo de las regiones, para satisfacer las necesidades básicas de consumo de la población;

VIII. Eliminar la desnutrición de la población mexicana, priorizando la atención de la población indígena, de los grupos vulnerables y marginados;

IX. Establecer el Programa Integral Alimentario y Nutricional;

X. Reducir significativamente las enfermedades relacionadas con la mala nutrición;

XI. Coadyuvar al abasto de agua potable bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud;

XII. Fomentar que la producción y distribución de semillas de los cultivos básicos y estratégicos, se lleve a cabo prioritariamente con empresas, patentes e instituciones nacionales;

XIII. Garantizar que la producción nacional de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y agroquímicos para cultivos y especies animales, se lleve a cabo prioritariamente con empresas, innovaciones e instituciones nacionales;

XIV. Aumentar el valor agregado y la red de frío de la producción agroalimentaria y en particular la pesquera;

XV. Establecer condiciones de logística, producción, información, asistencia técnica, modernización tecnológica y de infraestructura comparados con estándares internacionales de calidad y comercialización;

XVI. Aumentar de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica del país para:

a. Resolver los problemas de producción, uso sustentable de los recursos naturales, procesamiento, conservación, transformación, distribución y consumo de bienes agroalimentarios;

b. Rescatar y documentar los conocimientos agroalimentarios y nutricionales tradicionales;

c. Desarrollar tecnologías, patentes nacionales y maquinaria requerida por la competitividad, aprovechando el potencial productivo y de mercado para el logro de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y,

d. Desarrollar la ingeniería en todas las ramas relacionadas con la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

XVII. Planear la producción agroalimentaria, con base en las canastas básicas recomendadas y las metas de consumo deseable basadas en una dieta correcta;

XVIII. Planear la producción agroalimentaria, con base en la atención de la demanda alimentaria, de insumos para la producción, generación de bioenergía del país, y excedentes de valor para exportación, en el corto, mediano y largo plazos, para asegurar la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional;

XIX. Aumentar de manera sostenida la producción y la productividad, para uso agroalimentario y energético, de todas las cadenas productivas, aprovechando todo el potencial de las condiciones prevalecientes en las regiones agroecológicas del país;

XX. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades agroalimentarias, mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, de carácter multianual, que incorporen desde las dimensiones técnicas y económicas, hasta las comerciales y de mercado, a nivel nacional como internacional;

XXI. Generar empleos dignos permanentes, con ingresos remuneradores que fomenten la paridad urbano-rural, en todas las cadenas agroalimentarias;

XXII. Fomentar una red nacional para el abasto alimentario, con la participación de los sectores público, privado y social, y

XXIII. Los demás que determine la presente Ley y su reglamento.

TÍTULO SEGUNDO. DE LA PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Capítulo I. De la Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

Artículo 9. En el marco del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, en lo sucesivo Sistema Nacional, el Ejecutivo Federal deberá conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo es modificar la realidad nacional actual, para lograr y mantener la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, con base una política de Estado.

Artículo 10. La planeación estratégica nacional para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, es un componente de la planeación del Estado nacional. Las entidades federativas son parte integrante del Sistema, en el marco del federalismo, y su participación fortalece el proyecto constitucional de desarrollo y la soberanía nacional.

Artículo 11. El proceso de planeación que regirá el Sistema Nacional observará los siguientes criterios generales: democracia; federalismo; participación y corresponsabilidad de los sectores público, privado y social; concurrencia de los tres órdenes de gobierno; enfoque estratégico que promueva los objetivos del interés general de la Nación; temporalidad de corto, mediano y largo plazo; sistematicidad y continuidad; transparencia; pluralidad; concertación; y actualización permanente con base en la evaluación. Todo lo anterior, reconociendo el carácter multifuncional del territorio y las actividades rurales, así como la necesaria coherencia con las cadenas de valor y los planes rectores de los sistemas producto.

Artículo 12. El Poder Ejecutivo Federal; los organismos públicos de investigación; los Sistemas-Producto y los demás establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; el Sistema Nacional de Investigadores, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; el Sistema de Información Ambiental; y los demás sistemas públicos de información, deberán proporcionar al Sistema Nacional, los insumos requeridos por la planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. Así mismo, el Ejecutivo Federal promoverá mediante la coordinación y concertación, la integración de las entidades federativas, municipios, organizaciones económicas y sociales y los colegios de profesionistas, a los procesos de información y planeación.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal, a través del Sistema Nacional, establecerá una red de información agroalimentaria y nutricional, como parte del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que proporcionará información sistemática, actualizada, transparente y oportuna a sus participantes, para analizar y evaluar los procesos y resultados alcanzados, en relación a los objetivos y metas de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, plasmados en los instrumentos de la planeación, incluyendo de manera particular los resultados de cada una de las instancias ejecutoras.

El Ejecutivo Federal publicará de manera oportuna y accesible a la población, previo al inicio del ciclo productivo correspondiente, la información sobre los costos estimados de producción en el país, de los productos básicos y estratégicos y de otros que el Sistema Nacional decida. Del mismo modo, al final del ciclo publicará los costos de producción observados.

Artículo 14. Para facilitar el acceso y uso de la red de información agroalimentaria y nutricional por parte de los sectores público, privado y social, el Ejecutivo Federal incorporará anualmente en su proyecto de presupuesto de egresos de la federación, las previsiones presupuestales correspondientes.

Capítulo II. Del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

Artículo 15. Se crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (Sistema Nacional), como el mecanismo institucional de vinculación, coordinación y concertación entre el sector público, social y privado, orientado por los principios, criterios, objetivos, métodos, procedimientos y actividades que establece esta Ley, para sumar sus esfuerzos y capacidades en las actividades materia de esta Ley.

Artículo 16. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco del federalismo, es el responsable de conducir, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para el logro de los objetivos de la presente Ley y presidirá el Sistema Nacional. Para tal efecto, nombrará a un Secretario Ejecutivo de carácter permanente.

Artículo 17. En el Sistema Nacional participan las siguientes instancias:

a) Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (Consejo Mexicano), previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

b) La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (Comisión Intersecretarial), prevista en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

c) Representantes de los Consejos Estatales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable, que deberán llevar a cabo las funciones de esta Ley en el ámbito de sus atribuciones;

d) Representantes de los sectores económicos y sociales; de las instituciones académicas, colegios de profesionistas, centros de investigación del ámbito agroalimentario y nutricional, así como dependencias y entidades públicas pertinentes de acuerdo a los temas a tratar;

e) El Comité Técnico del Sistema Nacional, y

f) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 18. El Sistema Nacional formulará recomendaciones de políticas, programas y acciones en materia de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, y los propondrá al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su aprobación y ejecución en los términos de esta Ley, así como su integración en el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 19. El seguimiento, evaluación, control y actualización de la política de Estado, materia de esta Ley, se coordinará a través del Sistema Nacional.

Artículo 20. Los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, que deberán guardar congruencia entre sí, son los siguientes:

a. Planeación Estratégica para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, con un horizonte temporal de 24 años, actualizable cada 6 años.

b. El capítulo sobre Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional que deberá contener el Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con la Ley de Planeación y la presente Ley.

c. Programa Especial para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, con un horizonte de planeación, operación y estimaciones presupuestales de 6 años, actualizable cada 3 años. Este Programa Especial deberá contener lineamientos estratégicos, objetivos programáticos, estrategias, programas, proyectos, metas cuantitativas y cualitativas, así como estimaciones para su ejecución.

d. Plan Rector de los Sistemas -- Producto.

e. Programa Operativo Anual para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que debe ser congruente con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En los niveles estatal, distrital y municipal del Sistema Nacional, se contará con instrumentos de planeación homólogos.

El Ejecutivo Federal incluirá en su informe anual ante el Congreso de la Unión, el grado de avance y la evaluación de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional.

Artículo 21. El Consejo Mexicano, además de las previstas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene las atribuciones siguientes:

I. Acordar los lineamientos estratégicos con los cuales se deberá integrar la Planeación Estratégica de 24 años y turnarlos a la Comisión Intersecretarial;

II. Trabajar de manera iterativa con la Comisión Intersecretarial para asegurar que se realicen los cambios acordados en los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

III. Analizar y acordar las observaciones y modificaciones a los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

IV. Presentar al titular del Ejecutivo Federal las observaciones y modificaciones propuestas a los contenidos de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

V. Convocar a representantes de los sectores social, público y privado, para conocer sus visiones y propuestas para la formulación de los Instrumentos de Planeación materia de esta Ley;

VI. Analizar los informes que entregue el Comité Técnico y la Comisión Intersecretarial en tiempo, forma y términos que se requieran;

VII. Proponer criterios, prioridades y procedimientos para la coordinación y optimización del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, para cumplir con los objetivos de esta Ley;

VIII. Promover ante el Ejecutivo Federal que los sistemas de información de las entidades públicas cubran las necesidades de información de los agentes participantes en los diversos procesos de las cadenas agroalimentarias y faciliten su uso, acceso e intercambio para la planeación y ejecución de los programas contenidos en los Instrumentos de Planeación;

IX. Apoyar al Comité Técnico en su tarea de evaluar el desempeño y los resultados de los instrumentos de planeación del Sistema Nacional;

X. Convocar y llevar a cabo, cada tres años, un ejercicio nacional de consulta, evaluación y propuesta, en relación a los instrumentos de esta Ley, con la amplia participación de la sociedad, que se denominará Conferencia Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y

XI. Las demás que determine la Ley y su Reglamento.

Artículo 22. El Consejo Mexicano, en el seno del Sistema Nacional, propondrá al Titular del Ejecutivo Federal, durante los últimos quince días naturales del mes de agosto de cada año, lo siguiente:

I. Las observaciones y recomendaciones de modificación a los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, derivadas del seguimiento y evaluación de éstos, y

II. Un proyecto de Programa Operativo Anual para el siguiente año fiscal, con sus metas programáticas anuales, calendarios de ejecución y estimaciones presupuestales correspondientes.

Artículo 23. La Comisión Intersecretarial para efectos de la presente Ley, es la misma que prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la participación permanente de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 24. La Comisión Intersecretarial tendrá además de las responsabilidades previstas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las siguientes:

I. Interactuar con el Consejo Mexicano de manera permanente para que se cumpla lo establecido en los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

II. Elaborar y ejecutar el Programa Especial y el Programa Operativo Anual con base en la Planeación Estratégica y el Plan Nacional de Desarrollo;

III. Actualizar los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, de acuerdo a las recomendaciones surgidas de su evaluación;

IV. Entregar al Consejo Mexicano, para su análisis, los Instrumentos de Planeación correspondientes;

V. Presentar al Consejo Mexicano en el mes de julio de cada año la propuesta de Programa Operativo Anual;

VI. Aplicar las políticas aprobadas por el Sistema Nacional que complementen los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

VII. Aplicar procesos y metodologías de planeación que incorporen la participación de la sociedad civil organizada, en el seno de los consejos estatales y municipales en la formulación, ejecución y actualización de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

VIII. Entregar al Consejo Mexicano la información que éste requiera para llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional;

IX. Entregar al Consejo Mexicano informes cuatrimestrales de avance del Programa Operativo Anual, que incluya indicadores, metas y ejecución financiera por entidad federativa y municipio. Los informes cuatrimestrales serán entregados dentro de un plazo no mayor a un mes al vencimiento del periodo de reporte;

X. Coordinarse con las entidades federativas y por medio de ellas con los municipios, para la formulación y ejecución de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, para el logro de los objetivos de esta Ley;

XI. Apoyar con recursos financieros al Consejo Mexicano y el Comité Técnico para que cumplan con su programa de trabajo y sus funciones que esta Ley establece, y

XII. Las demás que determine esta Ley y su reglamento.

Artículo 25. El Comité Técnico del Sistema Nacional estará integrado por especialistas en la materia de esta Ley con capacidades de planeación estratégica nacional para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, cuyo presidente será designado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Los demás integrantes del Comité Técnico serán designados por su presidente a propuesta del Consejo Mexicano.

El Comité Técnico tendrá las responsabilidades siguientes:

I. Desarrollar métodos y metodologías de planeación estratégica materia de esta Ley y ser responsable de la capacitación sobre las mismas para los integrantes del Sistema Nacional;

II. Analizar desde una perspectiva nacional y regional, los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, presentados por la Comisión Intersecretarial para el logro de los objetivos de esta Ley;

III. Recabar y analizar sistemáticamente la información relevante para la planeación estratégica, y presentar informes al Sistema Nacional y al Consejo Mexicano como insumo para la toma de decisiones correspondiente;

IV. Analizar el proyecto de Programa Operativo Anual para el siguiente año fiscal y emitir su opinión, durante los primeros quince días naturales del mes de agosto de cada año al Consejo Mexicano en el seno del Sistema Nacional, para que éste la considere en su propuesta al Ejecutivo Federal;

V. Evaluar y dar seguimiento a los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, en sus diferentes niveles, incluyendo la participación de los consejos estatales y locales, identificando factores críticos de los instrumentos, haciendo recomendaciones para su actualización;

VI. Desarrollar métodos, metodologías, indicadores e índices para la evaluación de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional, para su aplicación en los diferentes niveles del mismo;

VII. Presentar ante el Consejo Mexicano la evaluación del Programa Operativo Anual del año inmediato anterior, durante el mes de abril de cada año;

VIII. Coordinarse con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, previsto en la Ley General de Desarrollo Social, para el adecuado desarrollo de los procesos de evaluación;

IX. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Mexicano su programa de trabajo;

X. Presentar anualmente al presidente del Sistema Nacional, durante los primeros quince días naturales hábiles del mes de mayo de cada año, el informe de evaluación de desempeño y resultados del Programa Operativo Anual del año inmediato anterior, con las observaciones y recomendaciones para el logro de los objetivos de esta Ley;

XI. Presentar informes parciales de la evaluación del desempeño y resultados de los Instrumentos de Planeación del Sistema Nacional a su presidente, cuando éste lo requiera o cuando el Consejo Mexicano así lo acuerde, y

XII. Elaborar su programa de trabajo y proponer los recursos requeridos para cumplir con sus funciones, y las responsabilidades que esta Ley establece.

Artículo 26. La evaluación y el seguimiento del Sistema Nacional se llevarán a cabo de manera permanente, considerará la fase de implementación y los resultados de sus Instrumentos de Planeación y apoyos, así como el desempeño de sus participantes. La evaluación deberá apegarse a los criterios de objetividad, fundamentación ética, argumentación analítica, participación de los agentes involucrados en el Sistema Nacional, sencillez, austeridad y efectividad.

Artículo 27. La Planeación Estratégica deberá contener el diagnóstico de la situación del país en materia de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, señalando las causas; el pronóstico y el conjunto de escenarios derivados de esta situación considerando el contexto internacional; que deberán fundamentar los lineamientos estratégicos y de política, objetivos generales y específicos de corto, mediano y largo plazos, estrategias y metas globales que servirán de base para la formulación y evaluación de los demás instrumentos de planeación para el logro de los objetivos de esta Ley.

Artículo 28. Para los efectos de esta Ley, los consejos estatales y municipales, serán los mismos que prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 29. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoyará y coadyuvará, con sus programas, al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, a través del Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otros.

TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE APOYOS, INCENTIVOS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Capítulo I Disposiciones del Sistema de Apoyos

Artículo 30. El Sistema de Apoyos, Incentivos e Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, en lo sucesivo Sistema de Apoyos, es un conjunto integral de programas, orientado al logro de los objetivos de esta Ley. Constituye una red de seguridad económica para los productores en las cadenas agroalimentarias básicas y estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, desde los bienes primarios hasta los servicios de comercialización que llevan los alimentos al consumidor final; y una red de seguridad alimentaria para la población que contribuya a garantizar el derecho humano a la alimentación.

La red de seguridad económica tiene como propósito garantizar condiciones que permitan el aumento de la productividad, rentabilidad y competitividad de los productores nacionales, ante las condiciones internas y de la economía internacional.

La red de seguridad alimentaria busca garantizar el acceso de la población a una alimentación correcta.

Artículo 31. El Sistema de Apoyos está integrado, por los siguientes programas estratégicos:

I. Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO;

II. Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización, denominado Ingreso Objetivo;

III. Programa de Apoyos al Ordenamiento y Desarrollo de Mercados Agroalimentarios, denominado Comercializa;

IV. Programa de Precios y Tarifas para Insumos y Procesos Estratégicos;

V. Programa de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, denominado PIESSAN, y

VI. Programa Integral Alimentario y Nutricional, denominado PIAN.

Los programas, subprogramas, modalidades y fondos, en lo sucesivo Programas del Sistema de Apoyos, deberán ser incluidos en el Programa Especial para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, así como en el Programa Operativo Anual y deberán tener una apertura programática específica.

Artículo 32. El Titular del Sistema Nacional deberá asegurar en el marco de sus atribuciones, que los recursos previstos en los Programas del Sistema de Apoyos operen con toda oportunidad desde su ministración, disponibilidad y aplicación por parte de los productores agroalimentarios sujetos de los programas, para lo cual el Ejecutivo Federal y la Comisión Intersecretarial deberán calendarizar el ejercicio, considerando los ciclos agroeconómicos del país y sus regiones.

Artículo 33. El Ejecutivo Federal deberá estudiar de manera permanente y sistemática los sistemas de apoyos y subsidios de otras naciones, y tomará, en su caso, las medidas pertinentes, cuando dichos apoyos y subsidios afecten los niveles de precio de las cosechas nacionales, en particular los productos previstos en esta Ley y los que considere el Consejo Mexicano, presentando a través de las dependencias competentes las controversias que correspondan de conformidad a los tratados internacionales de los que México sea parte.

Es responsabilidad del Ejecutivo Federal vigilar que los procesos comerciales se apeguen a la normatividad en la materia y a proceder, en el marco de la Ley, a aplicar oportunamente las medidas de salvaguarda y protección necesarias que eviten o prevengan daños a los productores nacionales.

Artículo 34. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría que corresponda, tendrá bajo su responsabilidad el diseño específico, la operación, administración y el control presupuestal de los Programas del Sistema de Apoyos, quien a su vez tendrá la facultad de celebrar los convenios o acuerdos con instituciones y los sectores social y privado para el logro de los objetivos de dichos Programas.

Artículo 35. Con el objeto de contar con una visión integral de los Programas del Sistema de Apoyos, de fortalecer su coordinación y evitar la duplicidad, las dependencias que tengan a cargo su ejecución, celebrarán los acuerdos y convenios interinstitucionales necesarios, así como con los gobiernos de las entidades federativas; con organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones por sistema producto y con las organizaciones económicas legalmente constituidas por los beneficiarios de los Programas antes señalados.

Una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales de la Administración Pública Federal y las Entidades Federativas, éstos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos y enviados a las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Artículo 36. El Ejecutivo Federal pondrá a disposición de las dependencias y entidades que correspondan los elementos humanos y materiales suficientes para la adecuada y oportuna instrumentación de los Programas del Sistema de Apoyos a su cargo establecidos por la presente Ley.

Capítulo II De la Normatividad y las Reglas de Operación de los Programas Estratégicos del Sistema de Apoyos

Artículo 37. Es responsabilidad del Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias y entidades que corresponda, elaborar las reglas de operación de los programas previstos en esta Ley, previa consulta al Consejo Mexicano.

Las reglas de operación de los Programas del Sistema de Apoyos, deberán ser claras, precisas y contribuir al logro de los objetivos de esta Ley en concordancia con las disposiciones vigentes en la materia.

En las reglas de operación de los Programas del Sistema de Apoyos, se deberá establecer límites máximos de montos por conceptos de apoyo a recibir por beneficiario.

Capítulo III De las Previsiones Presupuestales de los Programas del Sistema de Apoyos

Artículo 38. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluirá anualmente, en el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, los montos presupuestales suficientes para cumplir con los objetivos de los programas dispuestos en esta Ley, de acuerdo con las propuestas que le presenten las Secretarías que tengan a su cargo su operación.

La Cámara de Diputados en el marco de sus atribuciones, revisará y aprobará los recursos necesarios para la operación de estos Programas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Los montos presupuestales aprobados para los Programas del Sistema de Apoyos no serán objeto de reducciones presupuestales.

En el caso de economías en el ejercicio de los recursos asignados a los Programas del Sistema de Apoyos, plenamente demostradas a partir de las memorias de cálculo correspondientes, los recursos remanentes podrán ser transferidos entre dichos programas o sus subprogramas, asignándose preferentemente al componente de inversión, para lo cual se establecerán los instrumentos de operación presupuestal requeridos. Dichas transferencias deberán ser consultadas con el Consejo Mexicano y contar con el acuerdo de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 39. Para el caso de los Programas del Sistema de Apoyos, el Ejecutivo Federal anexará al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las memorias de cálculo para la determinación de los recursos solicitados para estos programas, incluyendo los objetivos y metas a alcanzar, así como los supuestos macroeconómicos empleados en estos cálculos.

Capítulo IV Del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO

Artículo 40. Se prorroga por esta Ley el Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO, operado por la SAGARPA, a través de ASERCA, que tiene como objetivo general transferir recursos fiscales en apoyo a la economía de los productores rurales, respondiendo a los desequilibrios e impactos negativos del mercado internacional.Artículo 41. El PROCAMPO tiene como objetivos particulares, los siguientes:

I. Contribuir al establecimiento de una red de seguridad para el ingreso de los productores, a través de una cuota de apoyo por unidad de superficie;

II. Contribuir a una distribución más progresiva del ingreso en el medio rural, estableciendo apoyos diferenciados por tamaño de predio;

III. Favorecer una asignación más eficiente de los recursos de las unidades de producción rural;

IV. Impulsar el desarrollo de actividades en las unidades de producción rural que respondan a los objetivos de la presente Ley, atendiendo a las necesidades locales, regionales y nacionales, y

V. Coadyuvar al desarrollo de una agricultura más sustentable y a la conservación de los recursos naturales.

Artículo 42. El PROCAMPO tiene como beneficiarios a los productores agrícolas cuyos predios se encuentren registrados en el padrón de PROCAMPO, y que cumplan con los requisitos que establezcan las Reglas de Operación del mismo.

Artículo 43. Los criterios para la actualización y ajuste de los apoyos directos contemplados en el PROCAMPO serán los siguientes:

a. La SAGARPA actualizará anualmente las cuotas por hectárea que prevea el PROCAMPO, a partir de la aprobación y publicación de esta Ley. A tal efecto, se tomará como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Lo anterior, con el objeto de mantener el poder adquisitivo de las cuotas por hectárea del programa;

b. Adicionalmente a lo que se señala en el inciso anterior, al entrar en vigor la presente Ley, la SAGARPA incrementará por única vez, diferencialmente por tamaño de predio, las cuotas actualizadas de PROCAMPO correspondientes a los ciclos homólogos del año agrícola inmediato anterior, y

c. Las diferencias que provengan de los cultivos bajo condiciones de riego o temporal, tomando en consideración los ingresos y costos de producción de cada sistema productivo.

El incremento diferenciado por tamaño de predio, con efectos de progresividad, se aplicará en los porcentajes que se indican a continuación:

a. Para superficies por productor de hasta una hectárea: 100%.

b. Para superficies por productor mayores de una hectárea y hasta cinco hectáreas: 75%.

c. Para superficies por productor mayores de cinco hectáreas y hasta diez hectáreas: 50%.

d. Para superficies por productor mayores a diez hectáreas: 4%.

En el caso de que los predios elegibles se fraccionen, los predios resultantes se mantendrán dentro de los estratos en que se ubicaron en el último ciclo agrícola por el que recibieron apoyos. En el caso de que se consoliden, accederán al apoyo que les corresponda, conforme a los incisos anteriores. A partir del ajuste establecido en los incisos anteriores y para los años subsecuentes, la cuota preferente se acotará a un máximo de 5 hectáreas por unidad de producción en todas las entidades federativas.

Artículo 44. La SAGARPA considerará un pago adicional de 20 porciento sobre la cuota que corresponda conforme a lo antes indicado y hasta el equivalente al treinta porciento de la superficie elegible del PROCAMPO, sólo para aquellos productores que suscriban convenios multianuales para actividades estratégicas vinculadas al objeto de la presente Ley, a efecto de que dediquen sus predios a actividades incluidas en el catálogo de actividades que para tal efecto determine la SAGARPA en las Reglas de Operación que emita con base en la presente Ley, estableciendo además los criterios que garanticen la correcta aplicación de dicho pago adicional.

El catálogo de actividades a que se refiere el párrafo anterior deberá contemplar, entre otras las siguientes:

a. Prácticas agroambientales.- Para todo tipo de productor que realice prácticas agroambientales o introduzca sistemas de producción que disminuyan la presión y el riesgo sobre los recursos naturales y los ecosistemas, ya sea sobre cultivo y conservación de suelos; captura, aprovechamiento, conservación, uso eficiente y manejo del agua; prácticas para restauración y mantenimiento de microcuencas hidrológicas, manejo sustentable de los recursos forestales y agroforestales; recuperación, protección o aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, utilización de prácticas de manejo integral de agrosistemas; prácticas que contribuyan a la recuperación o conservación de esos recursos genéticos; recuperación, conservación y aprovechamiento de los ecosistemas a partir de servicios ecoturísticos; utilización de residuos agroindustriales para la generación de energía y de fuentes de energía alternativas de recursos fósiles o la adopción de prácticas y técnicas que aumenten la eficiencia energética del sistema productivo; y desarrollo de agricultura orgánica.

b. Mecanización y tecnología.- Sólo para productores de hasta 10 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riego, para apoyar a los productores en sus proyectos productivos que eleven sus niveles de productividad.

c. Por riesgo de cambio de actividad.- Para todo tipo de productores, con el objeto de ayudarlos a cubrir el riesgo de dedicarse a alguna otra actividad no agrícola o que, siendo agrícola, se trate de cultivos que no estén sujetos al programa Ingreso Objetivo.

Artículo 45. Los apoyos correspondientes a PROCAMPO, podrán descontarse aplicándose para tal efecto las disposiciones correspondientes de la Ley de Capitalización del PROCAMPO.

Artículo 46. Los apoyos correspondientes a PROCAMPO, deberán entregarse a los beneficiarios sesenta días antes de las fechas de siembra de cada ciclo de cultivo, de acuerdo con el Calendario de Siembras y Cosechas preestablecido por la SAGARPA en las Reglas de Operación que emita con base en la presente Ley, estableciendo además los criterios de verificación que garanticen que el productor cumpla con las disposiciones del Programa.

Capítulo V Del Programa de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, denominado Programa Ingreso Objetivo.

Artículo 47. Se prorroga por esta Ley el Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos.

Para efectos de esta Ley, el subprograma Apoyos Directos al Ingreso Objetivo del programa indicado en el párrafo anterior, constituirá en lo sucesivo el Programa de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, denominado Programa Ingreso Objetivo, que será operado por la SAGARPA, a través de ASERCA.

Artículo 48. El Programa Ingreso Objetivo tiene como propósito general compensar las asimetrías de México respecto de los principales socios comerciales, mediante el otorgamiento de apoyos que den certidumbre en el nivel de ingreso por concepto de comercialización de cosechas excedentarias de cultivos elegibles.Artículo 49. Se considerarán como cultivos elegibles para el Programa Ingreso Objetivo, la producción comercializable preferentemente para el mercado nacional, de los siguientes productos: maíz blanco, maíz cremoso, maíz amarillo; trigo panificable, trigo no panificable; arroz, sorgo, cártamo, canola y soya.

Para las cosechas de frijol de los estados de estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Chiapas y Nayarit, en las regiones y volúmenes que determine la SAGARPA, previa consulta al Sistema Nacional, se otorgará un apoyo al ingreso que compense desequilibrios de los mercados nacional e internacional. Dicho apoyo será entregado directamente al productor y tendrá un carácter especial por lo que no se considerará como ingreso objetivo.

La SAGARPA, para compensar desequilibrios de los mercados nacional e internacional, establecerá con carácter especial un apoyo al ingreso a los productores de leche vinculados al Programa Integral Alimentario y Nutricional previsto en esta Ley.

Artículo 50. El Programa Ingreso Objetivo tendrá como beneficiarios a los productores de cosechas excedentarias comercializables, que provengan de superficies de hasta 100 hectáreas de riego o su equivalente de temporal por ciclo agrícola y cultivo. Tratándose de personas morales conformadas por productores, para recibir el apoyo, deberán estar constituidas y vigentes, con lo cual recibirán una cantidad igual a la entrega al productor individual multiplicada por el número de socios, privilegiando en todo momento a las organizaciones sociales.

Artículo 51. Para el cálculo del ingreso objetivo de los cultivos elegibles se establece como unidad de referencia el ingreso objetivo base maíz blanco. Los factores de equivalencia para el cálculo del ingreso objetivo del resto de los cultivos elegibles, serán los siguientes:

Cultivo Factor de

equivalencia

Maíz Blanco o Cremoso 1.00

Maíz Amarillo 1.08

Trigo Panificable 1.23

Trigo No Panificable 1.08

Arroz 1.34

Sorgo 0.89

Cártamo 1.95

Canola 2.06

Soya 1.95

Artículo 52. El monto del apoyo al ingreso objetivo se calculará utilizando la siguiente fórmula: AIO=IO-PIZP, en donde AIO es el apoyo al ingreso objetivo, IO es el ingreso objetivo y PIZP es el precio de mercado que hace referencia al precio de indiferencia en zona de producción.

La metodología para determinar el precio de indiferencia en zona de producción será publicada por la SAGARPA, en las reglas de operación del Programa Ingreso Objetivo, previa consulta con el Consejo Mexicano.

Los montos de los apoyos de ingreso objetivo de los cultivos elegibles tendrán una vigencia de seis años y podrán ser ajustados de conformidad con el artículo 54 de esta Ley.

La SAGARPA, a través de ASERCA, deberá publicar, cuando menos con dos meses de antelación a la fecha de inicio de las siembras de los cultivos elegibles, en el Diario Oficial de la Federación y en los medios de comunicación impresos nacionales y estatales, los montos del apoyo al ingreso objetivo que se otorgarán para la producción comercializable de los cultivos elegibles.

Este apoyo operará sólo cuando el precio de mercado sea inferior al ingreso objetivo para cada producto, señalado en el cuadro del artículo anterior.

Artículo 53. Para efectos de planeación presupuestal y atendiendo a criterios de racionalidad, la SAGARPA establecerá montos y volúmenes estimados de apoyo al ingreso objetivo para la producción comercializable de cada uno de los cultivos elegibles, con base en criterios de orden estadístico sobre los montos de apoyos otorgados, volúmenes y la superficie históricamente cultivada en cada una de éstas.

La SAGARPA, previa consulta con el Consejo Mexicano, propondrá un programa anual de siembras de cultivos elegibles, buscando optimizar el presupuesto aprobado para el Programa Ingreso Objetivo, tomando en cuenta principalmente los apoyos para compensar asimetrías, disponibilidad de agua, mercado nacional e internacional, potencial productivo e inventario de fertilizantes y semillas.

Artículo 54. La SAGARPA ajustará los montos de ingreso objetivo conforme a la metodología que se señale en el reglamento de esta Ley y en las reglas de operación de este programa, para lo cual constituirá un Fondo Especial de Apoyos a la Competitividad. Los criterios de ajuste para los montos de ingreso objetivo serán, entre otros, los siguientes: incrementos en el INPC; los incrementos en el costo de la canasta de insumos agropecuarios; la disponibilidad de agua; el comportamiento del mercado nacional e internacional; las restricciones del potencial productivo; la necesidad de incentivar en ciertas regiones la producción de un cultivo elegible determinado; la inducción de la reconversión de un cultivo elegible del Programa a otro también elegible o de un tipo a otro dentro de un mismo cultivo; la variación en las relaciones base maíz de los niveles de ingreso objetivo definidas en el artículo 51 de la presente Ley; y, el incentivo a la reconversión, para lo cual el monto de ajuste se definirá a un nivel que permita igualar la rentabilidad del cultivo que se pretende sustituir más un estímulo a la reconversión de hasta un 20% sobre el margen de utilidad por hectárea.

Artículo 55. Los ajustes a los montos de los ingresos objetivo que efectúe la SAGARPA, se realizarán previa consulta al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y escuchando la opinión de las organizaciones de productores y de los consumidores del producto en cuestión. Dichos ajustes deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación con al menos dos meses de anticipación a las fechas de siembra de los cultivos elegibles.

Artículo 56. El Programa Ingreso Objetivo tendrá como beneficiarios a los productores con producción comercializable que abastezcan al mercado nacional, con la finalidad de compensar la desventaja por los subsidios de la oferta importada y las deficiencias estructurales de la economía mexicana.

Artículo 57. Los criterios generales que deberá observar la SAGARPA en la instrumentación del Programa Ingreso Objetivo son los siguientes:

I. El apoyo al ingreso objetivo estará dirigido a la producción comercializable, buscando que su otorgamiento se efectúe de manera equitativa y estableciendo límites para evitar la concentración de los apoyos en una misma persona, ya sea física o moral;

II. Los apoyos se otorgarán directamente al productor beneficiario o a través de sus organizaciones económicas;

III. Los ajustes que se establezcan en los niveles de ingreso objetivo buscarán mantener el equilibrio entre los diferentes productos y enviar señales que estimulen al productor a adecuar su oferta a los requerimientos por tipo de consumo de los mercados locales, regionales y nacional, por lo que en ciertos casos podrá haber niveles diferentes para el mismo producto por regiones o por tipo de consumo, y

IV. Los apoyos deberán ser otorgados con celeridad y eficiencia, para lo cual en las Reglas de Operación que para el efecto se emitan, se establecerán plazos máximos para su pago.

Artículo 58. La SAGARPA en consulta con el Sistema Nacional, hará las previsiones presupuestales necesarias a efecto de contar con capacidad de respuesta y flexibilidad operativa para enfrentar factores no anticipables de diferente índole.

Capítulo VI Del Programa de Apoyos al Ordenamiento y Desarrollo de Mercados Agroalimentarios, denominado Comercializa

Artículo 59. Para efectos de esta Ley se constituye el Programa de Apoyos al Ordenamiento y Desarrollo de Mercados Agroalimentarios, denominado Comercializa, a partir de los siguientes subprogramas y esquemas del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos:

a) Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios;

b) Subprograma de Apoyos Directos para la Conversión de Cultivos;

c) Subprograma de Apoyos para la Pignoración;

d) Esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato;

e) Esquema de Apoyos a la Exportación y/o Cabotaje o Flete Terrestre;

f) Subprograma de Fomento y Consolidación de Organizaciones Económicas para el Acopio y Comercialización;

g) Esquema de Apoyos para la Atención a Factores Críticos de Comercialización de Productos Agrícolas, y

h) Subprograma de Apoyo a la Modernización de la Infraestructura Comercial.

Artículo 60. El Programa Comercializa tiene como objetivo general el favorecer el desarrollo ordenado, incluyente y competitivo del proceso de comercialización de los cultivos elegibles de este Programa.

Como objetivos particulares tiene los siguientes: promover la integración incluyente de las cadenas productivas; favorecer el ordenamiento de los mercados agroalimentarios en los niveles local, regional y nacional; coadyuvar a la superación de las deficiencias estructurales de los procesos de comercialización; promover el mercadeo oportuno de las cosechas nacionales en las mejores condiciones posibles; fomentar el desarrollo de los mercados agroalimentarios regionales; coadyuvar al desarrollo de un sistema eficaz y moderno de información de mercados; reducir la incertidumbre derivada de la elevada volatilidad de los precios internacionales, y fomentar la intervención de los productores en el comportamiento de los mercados.

Artículo 61. Se considerarán como cultivos elegibles de este programa las cosechas comercializables de maíz blanco, maíz cremoso, maíz amarillo, trigo panificable, trigo no panificable, arroz, sorgo, cártamo, canola, soya, algodón pluma y, en su caso, frijol.

Artículo 62. El Programa Comercializa se otorgará bajo los siguientes tres subprogramas:

a) Apoyos para la Administración de Riesgos de Mercado.

b) Apoyos para el Ordenamiento de Mercados Agroalimentarios.

c) Apoyos para el Desarrollo de Capacidades de los Productores para la Comercialización.

Los apoyos de este programa, en cualquiera de sus tres subprogramas, serán complementarios entre sí y con el Programa Ingreso Objetivo.

En las reglas de operación del Programa Comercializa que para tal efecto emita la SAGARPA, a través de ASERCA, se establecerán los requisitos y criterios para participar en este Programa.

Artículo 63. El subprograma de Apoyos para la Administración de Riesgos de Mercado tiene como propósitos: proteger el ingreso esperado de los productores, mediante instrumentos de cobertura de precios, que permitan tomar decisiones apropiadas de siembra; y, que los contratos establecidos entre productores y compradores cuenten con apoyos que permitan compensar las variaciones en las bases internacionales.

Artículo 64. El subprograma de Apoyos para la Administración de Riegos de Mercado, incluye las siguientes dos modalidades:

a) Apoyo para coberturas de precio.

b) Apoyo para compensación de bases en agricultura por contrato.

Las dos modalidades podrán operar de manera simultánea o diferenciada, dependiendo de los requerimientos de los productores.

Artículo 65. La SAGARPA podrá utilizar mecanismos de Coberturas de Precios para proteger el presupuesto autorizado para el programa Ingreso Objetivo, ante variaciones de los precios internacionales, sin menoscabo del apoyo requerido por parte de los productores.

Artículo 66. La modalidad de Apoyo a Coberturas de Precios deberá destinar al menos el 50 porciento de su presupuesto anual a coberturas de precio administradas en fondos de las organizaciones de productores, que contribuya a su oportuna operación y capitalización.

Artículo 67. El subprograma de Apoyos para el Ordenamiento de Mercados Agroalimentarios, incluye las siguientes modalidades:

a) Apoyo a la Pignoración.

b) Apoyo al Flete Terrestre; Cabotaje y a la Exportación.

c) Apoyo a la Conversión Productiva.

Artículo 68. El subprograma de Apoyos para el Ordenamiento de Mercados Agroalimentarios, tiene como propósito contribuir a que la estacionalidad de las cosechas y la falta de liquidez en el mercado no impacten de manera negativa los precios de mercado en las zonas de producción.

Artículo 69. La modalidad de Apoyo a la Pignoración apoyará a los productores de los cultivos elegibles, con el objeto de que puedan administrar su oferta conforme a las necesidades del mercado. El apoyo cubrirá parcial o totalmente los costos de almacenaje y financieros.

El productor podrá acceder al apoyo, siempre que el precio de mercado sea inferior al precio de indiferencia en zona de producción estimado a partir de la metodología correspondiente. El monto de apoyo será el equivalente a la diferencia que se presente y contará, en los casos que ASERCA determine, con los apoyos para cobertura de precio al 100% del valor de su prima.

Artículo 70. La modalidad de Apoyo a Flete; Cabotaje y Exportación, tiene por objeto otorgar apoyos coyunturales y extraordinarios para la movilización de la producción comercializable hacia otros mercados. Esta modalidad incluye apoyos para bases relativas a flete para compensar costos de desplazamiento de cosechas hacia áreas alejadas de los centros y regiones de consumo.

Artículo 71. La modalidad de Apoyo a la Conversión Productiva tiene por objeto contribuir al ordenamiento del mercado agroalimentario a través de promover el cambio en el patrón de cultivos de cultivos elegibles en el Programa Ingreso Objetivo a otros cultivos que contribuyan a la conservación de suelo y agua, y al mejoramiento del ingreso de los productores.

Artículo 72. El Subprograma de Apoyos para el Desarrollo de Capacidades de los Productores para la Comercialización, incluye las siguientes modalidades:

a) Apoyo para el Fomento y Consolidación de Organizaciones para la Comercialización.

b) Apoyo para Infraestructura Comercial.

c) Apoyo al Desarrollo Financiero para la Comercialización.

Artículo 73. El subprograma de Apoyos para el Desarrollo de Capacidades de los Productores para la Comercialización, tiene por objeto fortalecer las capacidades de los productores para participar organizadamente en la comercialización de sus productos, que contribuyan a incrementar y mejorar su participación en los procesos de acopio, almacenamiento, transformación, distribución, transporte, y financiamiento de cosechas. Este subprograma fortalecerá preferentemente el desarrollo de capacidades de pequeños y medianos productores para la comercialización, mediante apoyos directos a sus organizaciones, para la operación de proyectos viables de desarrollo comercial, en el marco de una estrategia coordinada por el gobierno federal.

Artículo 74. La modalidad de Apoyo para el Fomento y Consolidación de Organizaciones para la Comercialización, establece apoyos directos a los productores o a través de sus organizaciones económicas, para desarrollar capacidades de dirección y gestión, desarrollo organizacional, asistencia técnica comercial, formación y capacitación, sistemas de información, innovación tecnológica, arrendamiento de infraestructura y equipo y compensaciones por bajas escalas de operación en centros de acopio.

Artículo 75. La modalidad de Apoyo para Infraestructura Comercial, tienen como propósito otorgar apoyos directos a los productores o a través de sus organizaciones económicas, para promover la adquisición, construcción, ampliación y acondicionamiento en su caso, de infraestructura de acopio, almacenamiento, distribución y transporte de los productos, como almacenes, espuelas de ferrocarril, adquisición de equipo de transporte, desarrollo de un sistema de información de mercados agropecuarios nacional e internacional.

Artículo 76. La modalidad de Apoyo para el Desarrollo Financiero para la Comercialización, establece apoyos directos a los productores o a través de sus organizaciones económicas, para la constitución de fondos de garantías líquidas que permitan acceder al financiamiento de capital de trabajo para adquisición de inventarios y sus gastos de comercialización.

Capítulo VII Del Programa de Precios y Tarifas para Insumos y Procesos Estratégicos

Artículo 77. El objetivo del Programa de Precios y Tarifas para Insumos y Procesos Estratégicos es ofrecer condiciones de certidumbre y competitividad a los productores nacionales, para hacer compatibles las condiciones de competencia con respecto a los productores de los países con los que se tiene acuerdos comerciales.

Artículo 78. El Ejecutivo Federal operará el Programa de Precios y Tarifas para Insumos y Procesos Estratégicos, mediante una política de precios y tarifas de las materias primas y energéticos que se encuentran bajo su responsabilidad, con un criterio de competitividad internacional, sin generar distorsiones, y de acuerdo con la Ley de Energía para el Campo.

Artículo 79. El Programa de Precios y Tarifas para Insumos y Procesos Estratégicos considerará a los productos básicos y estratégicos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y a los que sean propuestos en el marco del Sistema Nacional y aprobados por el Ejecutivo Federal.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal incluirá en este programa de precios y tarifas competitivos a los procesos de agregación de valor de productos primarios, que apruebe el Sistema Nacional.

Artículo 80. El Ejecutivo Federal expedirá las reglas y disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo.

Capítulo VIII Del Programa Integral de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional denominado PIIESSAN.

Artículo 81. Se establece el Programa Integral de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional en lo sucesivo PIIESSAN, el cual tiene por objeto fomentar y detonar nuevas inversiones de los sectores privado y social, con inversión pública federal, estatal y municipal, para contribuir al logro de los objetivos de esta Ley.

El PIIESSAN integra, articula y da coherencia a las inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; a las que éstas realicen en coordinación con entidades federativas y municipios, así como, las que se concierten, mediante esquemas de complementación y mezcla de recursos, con las que realicen los sectores social y privado, en el marco de los instrumentos de planeación del Sistema Nacional.

Los componentes de inversión de los programas del PIIESSAN y del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, deberán tener Reglas de Operación congruentes y complementarias entre sí, para el logro de los objetivos de esta Ley.

Artículo 82. El Ejecutivo Federal creará un Fondo para la Inversión Integral Estratégica, que tendrá recursos propios de inversión adicionales a los del PIIESSAN, para impulsar proyectos de integración sectorial, regional y estructural estratégicos, así como para facilitar y contribuir a la articulación y mezcla de recursos de inversión federal destinados al medio rural.

El Fondo para la Inversión Integral Estratégica deberá tener estimaciones de recursos presupuestales, en los instrumentos de planeación del Sistema Nacional; y las entidades federativas y municipios podrán participar con sus recursos en este Fondo.

El Ejecutivo Federal designará a una dependencia o entidad ejecutora responsable de la operación de este Fondo, que deberá rendir un informe de operación anual al Consejo Mexicano.

En la realización de las obras de inversión con recursos del PIIESSAN y este Fondo, participarán preferentemente empresas nacionales y se promoverá el desarrollo de capacidades locales que detonen el desarrollo regional.

Artículo 83. El presupuesto del PIIESAN y del Fondo Integral de Inversiones Estratégicas serán incorporados anualmente por el Ejecutivo Federal como componentes del Programa Operativo Anual, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envíe para su aprobación a la H. Cámara de Diputados.

Artículo 84. Las inversiones del PIIESSAN tomarán como base, los siguientes ejes funcionales de inversión:

I. Desarrollo de capacidades para el abasto nacional alimentario;

II. Desarrollo de infraestructura de comunicaciones y transportes, logística y servicios relacionados para los sistemas producto y cadenas de valor;

III. Desarrollo de infraestructura social básica y de desarrollo económico;

IV. Desarrollo del financiamiento de las actividades relacionadas a esta Ley y fomento a la creación y consolidación de Instituciones Financieras Rurales de los productores y pobladores rurales;

V. Restauración, conservación, uso y aprovechamiento sustentable de suelo, agua, aire, biodiversidad y protección legal del patrimonio genético a favor de la Nación;

VI. Desarrollo de fuentes alternativas de energía y eficiencia energética;

VII. Desarrollo de la sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria, alimentaria y nutricional;

VIII. Desarrollo de infraestructura y equipamiento para la captación y manejo eficiente del agua para la agricultura;

IX. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades nacionales de investigación, desarrollo, transferencia, innovación y apropiación tecnológica para la producción agroalimentaria;

X. Desarrollo humano, capacitación y asistencia técnica;

XI. Desarrollo de fuentes de empleo en zonas rurales y costeras;

XII. Desarrollo de la capacidad de producción nacional de insumos estratégicos agropecuarios y agroindustriales, maquinaria, implementos y equipos;

XIII. Desarrollo de capacidades de información y de acceso a la información, y

XIV. Los demás que proponga el Consejo Mexicano y apruebe el Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional.

Capítulo IX Del Programa Integral Alimentario y Nutricional.

Artículo 85. Se establece el Programa Integral Alimentario y Nutricional, en lo sucesivo PIAN, el cual tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación, mediante una alimentación correcta y una orientación alimentaria permanente. Este programa es de carácter permanente y cobertura nacional y será operado por el Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y entidades que correspondan de acuerdo a las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El PIAN se integra por los siguientes subprogramas:

I. Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición;

II. Orientación Alimentaria;

III. Apoyo Alimentario y de Sanidad Doméstica;

IV. Abasto Rural:

V. Adquisición y Abasto Social de Leche;

VI. Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia Rural;

VII. Investigación Científica para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y

VIII. Los demás que contribuyan al logro de los objetivos del PIAN.

Estos subprogramas serán complementarios entre sí y articulados con el resto de los programas previstos por esta Ley.

El presupuesto del PIAN deberá ser incorporado anualmente por el Ejecutivo Federal, como un componente del Programa Operativo Anual, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envíe para su aprobación a la H. Cámara de Diputados.

En el marco de los Programas Especial y Operativo Anual, la Comisión Intersecretarial preverá los recursos presupuestales necesarios para lograr los objetivos y metas de los subprogramas del PIAN, incluyendo un Fondo Especial para Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Artículo 86. El subprograma de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición tiene por objeto erradicar la desnutrición en México a más tardar en el año 2015, y estará a cargo de la Secretaría de Salud.

Este subprograma tiene como objetivos específicos:

a. La erradicación de la desnutrición en los grupos de población en situación de pobreza y zonas de atención prioritaria, de acuerdo a los criterios y lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

b. La erradicación de la desnutrición de infantes menores de 5 años; mujeres en etapa reproductiva, embarazadas o lactantes; personas adultas mayores y población indígena;

c. El apoyo a los sistemas de salud para la atención de los problemas de desnutrición, y

d. El fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de vigilancia epidemiológica de la nutrición.

Artículo 87. El subprograma de Orientación Alimentaria tiene por objeto promover hábitos alimentarios para lograr una nutrición saludable y una alimentación correcta, mediante actividades de difusión y orientación que deberán acompañar a los demás subprogramas del PIAN, y estará a cargo de la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria de Educación Pública.

Son criterios de ejecución de este subprograma:

a. La incorporación de contenidos educativos, derivados de los estudios e investigaciones en la materia, que orienten a la población hacia una alimentación correcta.

b. La promoción permanente de campañas de difusión en materia alimentaria, que contribuyan a la prevención de enfermedades crónicas asociadas a la alimentación incorrecta. La difusión se realizará por diversos medios, como los electrónicos e impresos masivos, privilegiando los de contacto personal como parte del acompañamiento de los otros subprogramas del PIAN.

c. La incorporación de contenidos educativos en los programas de estudio de los niveles de educación preescolar y básica.

d. La vigilancia de la información de los mensajes publicitarios emitidos a través de los medios masivos de comunicación, para que dicha información sea fidedigna y se apegue a los lineamientos que en materia de orientación alimentaria dicte la Secretaría de Salud. La Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, sancionará el incumplimiento de dicha normatividad.

Los contenidos educativos del subprograma, los cuales seguirán los lineamientos que en materia de orientación alimentaria dicte la Secretaría de Salud, estarán sujetos a revisiones y adecuaciones periódicas y ofrecerán opciones prácticas para la integración de dietas para una alimentación correcta, reconociendo y adecuándose a las condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales de la población. En el caso de atención a población indígena, los materiales y acciones de orientación alimentaria deberán realizarse en sus propias lenguas.

Este programa también proporcionará información, orientación y educación sobre alimentos con componentes genéticamente modificados.

Artículo 88. El subprograma de Apoyo Alimentario y de Sanidad Doméstica tiene como objetivo garantizar a las familias pobres, el acceso a los alimentos de la canasta básica recomendada, respetando las culturas del país y brindando apoyo para el mejoramiento de la sanidad de las viviendas de la población objetivo.

Son acciones prioritarias del subprograma:

a. Proporcionar apoyos económicos o en especie, que busquen mejorar la alimentación y nutrición de las familias en situación de pobreza.

b. Fortalecer y ampliar los programas de desayunos y comedores escolares.

c. Impulsar la sanidad doméstica de la vivienda.

d. Promover el saneamiento ambiental y la infraestructura para agua potable en las zonas de atención prioritaria que defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, según la Ley General de Desarrollo Social.

Este subprograma estará a cargo de Diconsa y Fonhapo, organismos sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Social, así como del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, cada una en el ámbito de sus competencias.

Artículo 89. El subprograma de Abasto Rural tiene como objetivo garantizar el abasto de alimentos básicos a las localidades que defina el Sistema Nacional, mediante el sistema de almacenes y tiendas comunitarias, así como ser un canal de comercialización de pequeños y medianos productores de las regiones en las que operan.

Son acciones prioritarias del subprograma:

a. Las de ordenamiento de los mercados locales de alimentos.

b. El apoyo a la comercialización y compra a pequeños y medianos productores de las regiones circundantes a las tiendas comunitarias.

c. La incorporación de servicios adicionales en las tiendas comunitarias, con el fin de optimizar el uso de la infraestructura existente.

d. El fortalecimiento de la organización de la comunidad para su participación corresponsable en la operación de las tiendas comunitarias y almacenes.

e. El apoyo a la distribución, almacenamiento, venta y entrega, de los productos elaborados por Liconsa.

f. La promoción de la vinculación y organización de consumidores y productores.

Este subprograma estará a cargo de Diconsa, organismo sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 90. El subprograma de Adquisición y Abasto Social de Leche tiene como objetivos adquirir leche de productores nacionales y contribuir en la alimentación correcta de las familias en situación de pobreza, vendiendo, a precio subsidiado, la leche adicionada con vitaminas y hierro.

Son acciones prioritarias del subprograma:

a. La compra de leche a pequeños productores locales y regionales, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, con el fin de sustituir gradualmente las importaciones de leche, sin afectar la viabilidad de Liconsa.

b. La construcción de centros de acopio y plantas industriales de capacidad media o pequeña.

c. La modernización permanente de las plantas industriales de leche Liconsa y laboratorios de control de calidad.

d. La capacitación permanente al personal de Liconsa y la vinculación de sus actividades con la investigación nacional en la materia.

e. Promover la industrialización de lácteos nacionales, con el apoyo del subprograma de Investigación Científica para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante esquemas de asociación y coinversión, preferentemente con organizaciones de pequeños productores lecheros.

Este subprograma estará a cargo de Liconsa, organismo sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 91. La SAGARPA estimulará la producción de leche y en el caso de requerirse importaciones, la Secretaría de Economía, previa opinión de la SAGARPA y el Consejo Mexicano, autorizará modalidades de importación de conformidad con las Leyes aplicables, que aseguren que sean complementarias a la producción nacional, se realicen a través de un calendario mensual, se verifique la adquisición previa de leche nacional, y se otorgue prioridad a la importación requerida por Liconsa.

Artículo 92. El subprograma de Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia Rural, tiene por objeto fortalecer el consumo, la alimentación, ahorro y la sustentabilidad en las unidades de producción familiar, mediante apoyos a la producción en el huerto familiar y traspatio, así como para la conservación y elaboración de sus productos, que contribuyan al ingreso y seguridad alimentaria de la familia rural.

Son objetivos específicos de este subprograma:

a. Fortalecer la capacidad de las familias rurales para el manejo y conservación de especies animales y vegetales en las unidades de producción familiar.

b. Diversificar la producción para mejorar la dieta de las familias rurales.

c. Rescatar y fomentar alternativas tecnológicas apropiadas para el aprovechamiento, recuperación y manejo sustentable del suelo, agua, biodiversidad, utilización de residuos vegetales y animales de la unidad de producción familiar y de la comunidad, y el uso eficiente de energías.

d. Fomentar el rescate y la reproducción de especies animales y vegetales nativas, locales y regionales para mejorar la alimentación, el ingreso familiar y la sustentabilidad.

e. Brindar la capacitación para actividades de prevención y control fito y zoosanitarios; y para la producción y manejo sustentable de insumos con recursos propios de la comunidad.

f. Brindar capacitación sobre tecnologías de alimentos para la conservación y transformación de la producción de las unidades de producción familiar, para autoconsumo y comercialización.

g. Fomentar la autogestión y cooperación a nivel local y regional para fortalecer las actividades de las unidades de producción familiar y apoyar la construcción de infraestructura doméstica.

h. Fomentar el intercambio de productos, conocimientos y experiencias entre las familias rurales.

Este subprograma estará a cargo de la SAGARPA, quien coordinará la participación de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Desarrollo Social y de Educación Pública.

Artículo 93. El subprograma de Investigación Científica para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene por objeto promover la investigación e innovación en materia de nutrición, calidad e inocuidad alimenticia. Este subprograma será coordinado por la Secretaría de Salud.

Para el logro del objetivo de este subprograma, se crea un Fondo Especial para Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para la operación de este Fondo, la Secretaría de Salud, convocará a las instituciones públicas y privadas nacionales relacionadas con la nutrición y la seguridad alimentaria. Dicha secretaría rendirá un informe anual de la ejecución de los recursos del Fondo al Consejo Mexicano.

La Secretaría de Salud emitirá una convocatoria pública correspondiente a las instituciones públicas y privadas nacionales. Dicha secretaría rendirá un informe anual de ejecución de los recursos del Fondo al Consejo Mexicano.

Los proyectos de investigación a ser realizados con recursos del Fondo considerarán prioritariamente los siguientes temas:

a. Estructura y dinámica del Patrón de consumo alimentario urbano y rural.

b. Canastas Básicas Regionales.

c. Canastas mínimas recomendadas.

d. Criterios de orientación alimentaria.

e. Monitoreo del estado de nutrición de la población.

f. Calidad alimentaria.

g. Inocuidad alimentaria.

h. Los demás que apruebe el Consejo Mexicano.

Los resultados de las investigaciones apoyadas con los recursos de este fondo contribuirán al fortalecimiento y mejoramiento de los demás subprogramas del PIAN.

Artículo 94. Los alimentos que se abastezcan o distribuyan a través del PIAN provendrán preferentemente de la producción nacional y de organizaciones de pequeños y medianos productores locales y regionales. Para tal efecto el gobierno federal, a través de las dependencias y entidades responsables, revisará y modificará la normatividad aplicable al abastecimiento de productos agroalimentarios, procurando que contengan un contenido mínimo nacional del 80 porciento y que los suministros sean realizados por organizaciones de pequeños y medianos productores y agroindustriales en al menos el 50 porciento de sus compras totales.

TÍTULO CUARTO SANCIONES Y RESPONSABILIDADES.

Artículo 95. Son aplicables supletoriamente a este capítulo en cuanto a responsabilidades administrativas, las disposiciones del Capítulo Único del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del artículo 70-A de dicho ordenamiento.

Artículo 96. El incumplimiento por parte de los servidores públicos de las disposiciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella deriven, darán lugar a responsabilidad en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las Leyes estatales de responsabilidades de los servidores públicos. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se aplicaran sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o civil que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de la presente Ley dentro de un periodo máximo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año fiscal correspondiente a la fecha de publicación de la presente Ley, las previsiones presupuestales para los programas y fondos establecidos por esta Ley.

Cuarto. El Comité Técnico deberá instalarse dentro de los 90 días naturales del 2007. Una vez instalado el Comité Técnico, tendrán 90 días para publicar sus reglamentos internos en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. La Comisión Intersecretarial para el de Desarrollo Rural Sustentable dispondrá de 90 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley, para realizar las modificaciones a su Reglamento Interno que sean necesarias para dar cumplimiento a los mandatos de esta Ley.

Sexto. Los Consejos estatales, distritales y municipales de desarrollo rural sustentable, previstos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, dispondrán de 180 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley, para modificar sus reglamentos Internos con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos de esta Ley.

Séptimo. La primera versión del instrumento denominado Planeación Estratégica para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, y la formulación de sus lineamientos estratégicos, corresponderá al periodo 2007-2030 y deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de julio de 2007. El primer Plan Nacional de Desarrollo que deberá contener el capítulo al que hace referencia el artículo 20 de la presente Ley, corresponderá al periodo 2007-2012.

Octavo. El Programa Especial Concurrente al que se refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, será vigente en todo lo que no se oponga a esta Ley.

Noveno. La vigencia de los Programas PROCAMPO, Ingreso Objetivo y Comercializa, será a partir de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y hasta el año 2018, y podrán ser prorrogables de acuerdo a las evaluaciones del Sistema Nacional. La vigencia de las previsiones presupuestales del dichos Programas será a partir del 1º de enero del año siguiente de la promulgación de la presente Ley; entretanto, continuarán las contenidas en los decretos, reglas de operación y lineamientos vigentes así como en el Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en curso.

Décimo. Se continuará aplicando el Decreto de creación del PROCAMPO, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de julio de 1994, sus modificaciones y adecuaciones correspondientes, así como todas y cada una de las disposiciones normativas emanadas del citado Decreto, en lo que no se opongan a la presente Ley. De igual forma, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto por la Ley de Capitalización del PROCAMPO.

En el caso de la actualización de la cuota por hectárea del PROCAMPO establecida en el inciso d. del artículo 43 de esta Ley, la SAGARPA podrá incrementar el factor de actualización del 4 porciento al 25 porciento para los predios mayores de 10 hectáreas y menores de 20 hectáreas, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y economías.

Décimo Primero. Las reglas de operación y los lineamientos de los Programas PROCAMPO, Ingreso Objetivo y Comercializa seguirán vigentes en lo que no contravengan a esta Ley.

Décimo Segundo. Los Programas del Sistema de Apoyos referidos en el Título Tercero de esta Ley, deberán contar con reglas de operación adecuadas a los objetivos y criterios de esta Ley, las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 90 días naturales posteriores a partir del primero de enero del año fiscal siguiente al de la promulgación de la Ley.

Décimo Tercero. Con relación a las disposiciones relativas al programa Ingreso Objetivo, para el cálculo del ingreso objetivo de los cultivos elegibles, se define como unidad de referencia, el ingreso objetivo base maíz blanco el cual se establece en $1,795.00 (un mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Los factores de equivalencia establecidos en el artículo 51 de esta Ley, serán ajustados por la SAGARPA, en consulta con el Sistema Nacional, a más tardar el 31 de marzo del 2007.

Décimo Cuarto. La SAGARPA, a través de ASERCA, previa consulta con el Sistema Nacional, analizará la vigencia del Programa de Apoyos al Ingreso Objetivo por Cosechas Excedentarias para el algodón pluma.

Décimo Quinto. El programa Comercializa tendrá vigencia a partir del primero de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2018. El Ejecutivo Federal deberá incluir en su proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, un monto presupuestal que toma como base de cálculo los montos presupuestales asignados en el 2006 a los siguientes subprogramas y esquemas del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos de SAGARPA-ASERCA:

a) Apoyos directos a la comercialización para coberturas (referido en Reglas de Operación como subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios);

b) Apoyos directos a la comercialización para la conversión productiva (referido en Reglas de Operación como subprograma de apoyos directos para la conversión de cultivos);

c) Apoyos directos a la comercialización para pignoración (referido en Reglas de Operación como subprograma de apoyos para la pignoración);

d) Agricultura por contrato; (referido en Reglas de Operación como Esquema de apoyos para la agricultura por contrato);

e) Flete terrestre o cabotaje; (referido en Reglas de Operación como Esquema de apoyos a la Exportación y/o cabotaje o flete terrestre);

f) Fondo de apoyo a la consolidación de empresas comercializadoras de productores (referido en las Reglas de Operación como subprograma de Fomento y consolidación de organizaciones económicas para el acopio y comercialización);

g) Garantías líquidas (referido en Reglas de Operación como Esquema de apoyos para la atención a factores críticos de comercialización de productos agrícolas);

h) Infraestructura de comercialización e industrialización social; (referido en Reglas de Operación como Subprograma de apoyo a la modernización de la infraestructura comercial), y

i) Pago por deficiencias de bases (referido en Reglas de Operación como Esquema de apoyos para la agricultura por contrato).

Los conceptos de los anteriores subprogramas y esquemas que son equivalentes a los subprogramas y modalidades del programa Comercializa que establece esta Ley, alcanzaron un monto total de dos mil setecientos cinco millones cien mil pesos 00/100 M.N. ($2,705,100,000.00) en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Con base en lo anterior, para el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007 se asignará al programa Comercializa al menos el monto asignado en el año 2006, actualizado con en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para los años subsecuentes, los criterios para determinar las previsiones presupuestales del programa Comercializa serán definidos en el seno del Sistema Nacional.

Décimo Sexto. El Programa Integral de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (PIIESSAN) y el Fondo Integral de Inversiones Estratégicas, tendrán vigencia a partir de la publicación de la presente Ley.

Los montos presupuestales para el Programa Integral de Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que deberán ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2007 y subsecuentes; tomarán como base una planeación multianual considerando los ajustes que resulten de los avances alcanzados y las nuevas necesidades.

El presupuesto anual del PIIESSAN será por lo menos el 20 porciento del presupuesto total del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable propuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Décimo Séptimo. Los montos presupuestales para el Programa Integral Alimentario y Nutricional que deberán ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y subsecuentes, deberán ascender a un monto de al menos siete centésimas de un punto porcentual (0.07 porciento) del Producto Interno Bruto Total Nacional nominal observado en el año inmediato anterior.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, dputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón (licencia s/s), Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Heriberto Ortega Ramírez (licencia s/s), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (licencia s/s), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una un inciso a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por el Dip. Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en los dispuesto por los Artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que nos otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2 en sus fracciones III y XXXIII, 45 numeral 6 incisos f) y g) y demás relativos y concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son competentes para conocer del asunto en cuestión y por lo tanto, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía, el presente Dictamen con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 5 de Octubre de 2005, el Diputado Omar Bazán Flores, presentó en sesión del pleno de esta H. Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona un inciso a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

II.- En la misma sesión por acuerdo de C. Presidente de la Mesa Directiva turno la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables para correspondiente análisis y dictamen.

III. La Secretaría Técnica de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, elaboró un anteproyecto de dictamen, mismo que fue distribuido a los Diputados integrantes a efecto de contar con sus observaciones al mismo.

IV.Con fecha 21 de febrero del año en curso, los Diputados integrantes de esta Comisión se reunieron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen.

CONSIDERACIONES

1. El cuidado es una actividad permanente y cotidiana durante todo el proceso de la vida. El cuidado enfermero forma parte de este conjunto, situándolo en el contexto de las necesidades básicas del ser humano, en relación con la salud, la enfermedad y la muerte.

2. Al hablar de enfermedad tendemos a dar importancia a la prevención y promoción de la salud y a la curación de enfermedades. Rara vez se sabía del inevitable fin de la vida o de lo que debe hacer una enfermera para ayudar a una persona a reducir sus molestias físicas o afrontar la muerte con coraje y dignidad.

3. En el niño al igual que en el adulto, existe un grupo de enfermedades que tienen una evolución mortal en un plazo más o menos largo de tiempo. En el momento actual, las más frecuentes siguen siendo las oncológicas. Con los avances terapéuticos se ha conseguido una supervivencia prolongada, teniendo en cuenta que no es la cantidad de tiempo que queda por vivir sino la calidad de vida, lo que realmente tiene importancia. En base a esto se ha ido desarrollando en los últimos años la medicina paliativa.

4. El desarrollo de centros para enfermos terminales y el tipo de cuidados que prestan ha afectado al concepto de los cuidados de pacientes moribundos en todas las instituciones y centros sanitarios, donde se procura satisfacer además de las necesidades físicas, las psicosociales y espirituales, lo que sin duda refleja un cambio importante en las últimas décadas.

5. Durante los últimos diez o quince años se ha ido incrementando paulatinamente el interés por los cuidados paliativos, consiguiendo grandes avances en la calidad de la atención que se ofrece a los enfermos que se encuentran en estado terminal.

6. No se dispone aún de unos criterios universalmente aceptados para identificar a un paciente como terminal. Si existen varias definiciones para esta fase de la enfermedad que pueden resultar más o menos exactas, coincidiendo todas ellas en que la muerte se siente como una realidad próxima y los médicos, enfermeras y todo el equipo que atiende al paciente dirigen toda su actividad exclusivamente a aliviar los síntomas renunciando a la curación.

7. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos considera que los elementos fundamentales que definirán la enfermedad terminal son:

a. Presencia de una enfermedad avanzada progresiva e incurable.

b. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

c. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.

d. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no de la muerte.

e. Pronóstico de vida inferior a 6 meses.

8. En los niños esto se hace más difícil de reconocer y asumir que en los adultos, ya que con los avances terapéuticos cada vez más eficaces, existe un progresivo optimismo en los profesionales y en las familias, que hace más inaceptable que un niño no pueda ser curado.

9. La situación de la enfermedad terminal la explicará el pediatra claramente a los padres y ellos decidirán si continúan o no en el hospital, una vez que hallan aceptado la irreversibilidad del proceso. El vivir esta etapa del padecimiento puede ser un elemento desestabilizador para muchas familias, independientemente de la capacidad de adaptación de sus miembros, de sus creencias, de sus valores y se convierte en el foco central alrededor del cual va a girar la vida familiar.

10. En el hospital, la asistencia social debe ser diferente cuando tratamos a enfermos terminales. Muchos de los actos más o menos rutinarios en la atención de otro tipo de enfermos, pierden o modifican su significado y, en cambio, cobran más interés otros aspectos. Por ejemplo, despertar a un niño en fase terminal a las ocho de la mañana para tomar las constantes vitales o realizar el baño en cama, no tiene ningún sentido terapéutico.

11. Sí podría tenerlo si más tarde, una vez que el niño haya descansado, utilizamos la administración de la medicación o la medida de la temperatura, para evaluar el estado actual de confort y de soporte. La higiene y el cuidado personal, la alimentación, la conversación, las visitas, la movilización y el descanso serán actividades de gran relieve y fácilmente alcanzables con profesionalidad, tolerancia, humildad, flexibilidad y respeto. Cuando el objetivo fundamental es el bienestar del enfermo, debemos reflexionar para que cada uno de nuestros actos terapéuticos tenga esta finalidad. Este principio debe ser válido para todos los profesionales que intervienen en el equipo.

12. Estos niños presentan unas necesidades emocionales propias de su edad, independientes de su estado de salud, otras que provienen de sus reacciones ante la enfermedad y el ingreso hospitalario y, finalmente las que se originan del concepto que tiene el niño de la muerte. Su resolución varía según la edad, evolución de la enfermedad, relaciones familiares y el grado de dependencia del paciente. Las enfermeras que trabajan con niños pueden comprobar que, aunque el niño este gravemente enfermo), siempre está presente su necesidad de aprender. Para ayudarlos no podemos olvidar un recurso insustituible como es el juego y que va a poder utilizar el niño y sus cuidadores hasta los últimos días, con el objetivo siempre presente de conseguir que los niños sean felices todos los momentos posibles de su vida, la muerte a veces llega demasiado pronto.

13. El Subcomité de Cuidados Paliativos del Programa Europeo Contra el Cáncer, define los cuidados paliativos como la ``Atención total, activa y continuada del paciente y su familia por un equipo multiprofesional, cuando la expectativa médica ya no es la curación. Su objetivo primario no es prolongar la supervivencia, sino conseguir la más alta calidad de vida presente para el paciente y su familia. Debe cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Si es necesario el apoyo, debe extenderse al proceso de duelo'' (Junio 1992).

14. Los esfuerzos terapéuticos deben orientarse no ya a curar, sino a cuidar, no a tratar la enfermedad, sino a atender al enfermo y prestarle la ayuda que necesite.

15. Recibir un cuidado paliativo competente y humanitario no debe ser un privilegio, sino un derecho de todo enfermo en esta situación. En los niños su aplicación se basa principalmente en dos razones:

a. Conseguir que el niño muera sin síntomas molestos y rodeado de afecto y cariño.

b. Dar apoyo y orientación a las familias ya que se encuentran frente a una de las situaciones más conflictivas de sus vidas.

MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

Con el propósito de dar congruencia y eficacia a los planteamientos de la iniciativa propuesta, los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, planteamos algunas modificaciones, toda vez que tales planteamientos de reforma comparten la misma preocupación por adecuar nuestro marco jurídico a fin de contar con una mejor protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa objeto del presente análisis plantea contemplar como sujetos de asistencia social a las niñas y niños que padezcan enfermedades terminales, la reforma se plantea de la siguiente forma:

Sin embargo estas comisiones consideran pertinente suprimir de la reforma propuesta la palabra niños y sólo dejar el supuesto en el que se encuentran, toda vez que en la fracción primera, de la cual se desprenden los incisos los sujetos a quienes va dirigida la Asistencia Social son todas las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, por lo cual sólo es necesario establecer la circunstancia por la cual se encuentran afectados.

Por lo que la reforma propuesta quedaría de la siguiente manera:

Artículo 4 .- ...

.........

I. ...

a) a l)

m) ser diagnosticado con enfermedad terminal.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, someten a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.

Artículo Único.- Se adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4 .- ...

.........

I. ...

a) a j)

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) ser diagnosticado con enfermedad terminal.

...

II. a XII. ....

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Adriana González Furlong (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Pablo Anaya Rivera, Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), María Ávila Serna, Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Virginia Yleana Baeza Estrella (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Florencio Collazo Gómez, Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), María Mercedes Rojas Saldaña, Manuel González Reyes, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, Alfonso Moreno Morán (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Evangelina Pérez Zaragoza, Mayela Quiroga Tamez, Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día 13 de septiembre del año 2005, el Diputado José Ángel Córdova Villalobos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento Iniciativa de ley que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de que pase a reformar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el nombre del distinguido doctor Ismael Cosío Villegas.

En la misma fecha fue turnada dicha Iniciativa de Ley a la Comisión de Salud para su estudio y análisis.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen;

I. ANTECEDENTES.

Con Fecha 13 de septiembre de 2005, el Diputado Federal José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento iniciativa de Ley que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la ley de los Institutos Nacionales de Salud, para denominar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Dr. Ismael Cosío Villegas.

La Comisión de Salud, envió a la Tercera Subcomisión Denominada ``Asistencia Médica'', para revisar dicha propuesta, y en su caso elaborar el dictamen respectivo.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Refiere el Diputado Córdova Villalobos, que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como organismo público descentralizado fue creado para la atención de padecimientos del aparato respiratorio, coadyuvando al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud.

Hace referencia en su exposición de motivos, que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias contribuye al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el ámbito de la medicina del aparato respiratorio alto y bajo, en la prestación de servicios de salud, particularmente en materia de atención médica especializada en aspectos preventivos, curativos e incluso quirúrgicos, aplicando las medidas de asistencia y ayuda social a su alcance, en beneficio de las pacientes de escasos recursos económicos.

Refiere el Diputado Córdova Villalobos, que en el campo de la medicina y en especial en el de la neumología el doctor Ismael Cosío Villegas se destacó como un líder, y que desarrolló su labor en el Hospital General, en el que fue fundador de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis en 1929, organización que presidió durante cuatro ocasiones, en diversas épocas.

Igualmente, durante el periodo que comprende de 1929 a 1949 fue jefe de los pabellones de tuberculosos del Hospital General.

Organizo y presidio el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, y desempeño, con especial esmero, el cargo de profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México durante treinta y nueve años.

III. CONSIDERACIONESA. El Doctor Dr. Ismael Cosío Villegas fundó casi todos los hospitales y dispensarios médicos antituberculosos que funcionan en el país hasta el año de 1970.

B. Nacio el 30 de septiembre de 1902 en la ciudad de México, D. F., hijo de Miguel A. Cosío y Leonor Villegas, graduado en diciembre de 1926 con la tesis Patogenia de la angina de pecho, de inmediato se dedica a la tisiología, fundándola en nuestro país, ya en 1926 resulta ser jefe del servicio de tuberculosis del Hospital General. Tres veces dirige la campaña antituberculosa, tras fundarla y organizarla en 1929, pasa una gran fracción de su vida en Huipulco. Presenta Instructivo para el manejo del expediente clínico, en marzo de 1961, preocupado por el poco presupuesto con el que contaba referido hospital, solicita ayuda en diversas Instituciones para llevar a cabo diversas obras sociales en beneficio de enfermos indigentes en espera de ser sometidos como parte de su tratamiento medico integral a un plan de reeducación que les permitiera mejores resultados de la labor asistencial que se realizaba en esa institución, realizó las gestiones correspondientes para mejoras del Sanatorio y mayor número de recursos humanos para el buen funcionamiento del Hospital para tuberculosis ``Huipulco'',

C. En este año, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias conmemora 70 años de su fundación, algo de la mayor relevancia ya que se trata de una de nuestras instituciones médicas que ha sido testigo de variados e importantes acontecimientos en el desarrollo de la medicina, la cirugía, y la investigación de los padecimientos del aparato respiratorio en México.

D. El INER, creado para la atención de padecimientos del aparato respiratorio, es actualmente un organismo público descentralizado que contribuye al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en materia de atención médica especializada en aspectos preventivos, curativos y quirúrgicos, encauzados, primordialmente a la atención de la población más desprotegida de la sociedad.

E. El INER, antes Hospital de Huipulco albergó en los años 30 a los tuberculosos sin esperanza de alivio, en donde gracias a la obra de grandes médicos que lucharon con muy pocas herramientas, pero con pasión y certidumbre, fue posible ayudar sin condiciones a una enorme cantidad de enfermos desahuciados.

F. Uno de estos grandes médicos, fundador de esta Institución, es sin duda el Dr. Ismael Cosio Villegas.

G. En la década de 1920, cuando la tuberculosis era concebida como el enemigo más feroz de la humanidad, el joven Dr. Cosio Villegas fue pionero en la especialidad de Tisiología, que tuvo su origen en el Hospital General de la Ciudad de México fundado en 1905, y en donde se habían establecido tres pabellones especiales para enfermos tuberculosos.

H. Se les conocía como ``Pabellones de la Muerte'' y después como ``Las Islas Marías'' aludiendo a los turnos interminables de médicos y enfermeras que entraban y salían de aquellos lugares, como si fuera el infierno.

I. De 1929 a 1949, el Dr. Ismael Cosió fue jefe de los pabellones de tuberculosos de dicho hospital y fue precisamente ahí, el peor de todos los centros de trabajo, donde aprendió las primeras lecciones de humanismo, pues debido a su tenacidad, los pacientes empezaron a ser tratados con la dignidad que demanda lo humano.

J. Es así como se inicia el desarrollo de la Tisiología y por ende de la Neumología. Poco a poco los pasantes de medicina interesados en los avances del iniciador, formaron escuela a su lado y con su ayuda dieron inicio a la cirugía torácica.

K. Todo ello, permitió que en 1929 comenzara la Campaña Nacional contra la Tuberculosis, bajo la dirección del Dr. Cosio Villegas, la cual tuvo mucho éxito y rápidamente se extendió a la provincia con dispensarios, sanatorios y pabellones especializados en algunos Hospitales Generales.

L. Paralelamente se inició la obra del Sanatorio Huipulco en la Ciudad de México como una de las instituciones más sobresalientes en el desarrollo del estudio de la Tisiología y después de la Neumología Mexicana.

M. La pasión por el estudio de las enfermedades del aparato respiratorio hizo que el maestro Cosio Villegas, conjuntamente con varios de sus colegas, crearan en 1939 la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio.

N. El sanatorio de Huipulco fue ``su segunda casa'', puesto que allí trabajó sin tregua por más de 24 años, de 1936 a 1959 como Jefe de Servicio, y de 1959 a 1965 como Director, siendo maestro de muchas generaciones de tisiólogos y neurólogos.

O. El Dr. Cosio Villegas representó la vanguardia en lo profesional y en lo humano, su obra además quedó plasmada en sus múltiples trabajos científicos sobre neumología, y en el primer libro mexicano escrito sobre la clínica del aparato respiratorio.

P. También es maestro en numerosos cursos sobre tuberculosis, para postgraduados en el Hospital General, el sanatorio de Huipulco y la Campaña contra la tuberculosis, es miembro de un gran número de sociedades científicas. Dicta infinidad de conferencias, escribe artículos, redacta sus dos libros ``Los abscesos de pulmón y Patología del Aparato Respiratorio , éste último con 13 ediciones.

Q. El 11 de diciembre de 1980 es nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Puebla. El 12 de marzo de 1981, el Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México lo eleva la calidad de maestro emérito de la facultad de medicina, es académico en la Academia Nacional de Medicina, presidente de ella, miembro honorario desde el 22 de mayo de 1981. La Sociedad Médica de Chihuahua y el Hospital de Especialidades de esa ciudad llevan su nombre. Muere en la ciudad de México el 2 de agosto de 1985.

R. El Dr. Ismael Cosío Villegas fue nombrado director del entonces Sanatorio de Huipulco en 1956, cargo que desempeño hasta 1965. El Hospital-Sanatorio de Huipulco, después Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares, ahora Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

S. Dentro de su carrera profesional destaca el haber sido fundador del Laboratorio Nacional de BCG y de la oficina del timbre de la tuberculosis.

T. Asimismo, con otros maestros funda la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio, actualmente llamada Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, fue director de la revista de esta sociedad.

U. Ingresa en 1936, a la Academia Nacional de Medicina, siendo el primero en ocupar el sillón de la Sección de Tisiología, en 1960 fue vicepresidente de esta Academia y en 1961 Presidente.

V. En 1949, fue Presidente del Congreso Internacional de la Unión Latinoamericana de Sociedades de Tisiología. Produce múltiples trabajos científicos sobre neumología y el primer libro de texto mexicano para la clínica del aparato respiratorio, en 1937.

W. Por su destacada labor al servicio de la neumología, la Comisión Interna de la Secretaría de Salud encargada de estudiar y dictaminar sobre las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados, aprobó con fecha 26 de abril de 2005, imponer el nombre de Ismael Cosío Villegas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tomando en consideración que la imposición del nombre acordado pasará a formar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que esta institución de investigación y docencia se sustenta en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

X. En el acta de la Vigésima Segunda sesión ordinaria de la Comisión interna encargada de estudiar y dictaminar las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados, sus instalaciones y las destinadas al servicio de la Secretaria de Salud, celebrada el día 26 de abril del año 2005, aprobaron se realizara el tramite correspondiente, conforme a la reforma de ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Y. Con fecha 19 de octubre de 2004, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 16, fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, aprobó, a propuesta de su Director General, el trámite ante la coordinadora de sector, para imponer el nombre del doctor Ismael Cosío Villegas a ese Instituto.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. .....

I. a III. .....

IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;

V. a XI. .....

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

Es de primera lectura.

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LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 5o., y la actual fracción XI pasa a ser la XII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la Iniciativa para crear el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, presentada por el Diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa, así como de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

El 13 de septiembre de 2005, el Diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII, al Artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La propuesta de la Iniciativa objeto del presente dictamen se realiza con el fin de que se crear el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, para la atención e investigación de las enfermedades, tratamiento y cuidado del adulto mayor.

En la Iniciativa se afirma que México se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico, debido a la transición epidemiológica en México de las enfermedades infecciosas a los padecimientos crónico-degenerativos, por lo que la población adulta en nuestro país y con ella la demanda de servicios de salud para los adultos mayores se ha incrementado.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo tercero, consagra el derecho a la salud, valor fundamental e indispensable en todo ser humano que condiciona el desarrollo y bienestar de las comunidades humanas. El propio artículo señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que para hacer efectiva esta prerrogativa, el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

B. Efectivamente, el crecimiento demográfico, la disminución de la mortalidad, los avances médicos, los nuevos tratamientos para enfermedades y las mejorías en el sistema de salud han provocado el incremento de la población en edades avanzadas.

De lo anterior se desprende que, México se encuentra ante un aumento paulatino de la proporción de población de 65 y más años. De acuerdo a los criterios de la ONU, México cuenta con una población envejecida, ya que según indicadores demográficos del CONAPO, cuenta con un 7.59% de población mayor de 60 años. De 1930 al 2000 se incrementó de 2.6 a 5.0%. En otras palabras, en la actualidad, según el INEGI, 1 de cada 13 mexicanos es mayor de 60 años. En el 2020, 1 de cada 8 mexicanos será mayor de 60 años y para el 2040, 1 de cada 4 mexicanos será mayor de 60 años.

En cifras absolutas significa el paso de 445 mil personas mayores de 65 años en 1930 a 4,845,237 en el año 2000. En el futuro previsible se espera que cada vez sea mayor el envejecimiento de la población, a tal grado, que hacia el año 2050, cuando la población del país alcance casi 132 millones. Es decir, para el año 2050 la población de 65 años y más llegaría a ser de 32.4 millones de personas.

C. EL aumento de la población de la tercera edad se debe principalmente a que a mediados del siglo pasado, el patrón de mortalidad en México estaba dominado por las enfermedades infecciosas, mientras que en la actualidad, más del 60% de las muertes son causadas por problemas crónico-degenerativos.

Esta transición epidemológica se ha traducido en una mayor demanda de servicios de salud para los adultos mayores. Mientras que la proporción de hospitalizaciones de la gente mayor de 64 años ha pasado de 8.3% en 1993 a 12% en 1999, en el 2001 fue hospitalizado el 10.3% de esa población. Más aún, el 43% de las muertes intra-hospitalarias se registró entre la población de más de 65 años.

Nuestro Sistema Nacional de Salud se encuentra ante la necesidad de atender a este grupo vulnerable y creciente de nuestra sociedad, y la prevención y adecuado tratamiento de los adultos mayores representa un importante reto, no sólo por el incremento de esta población, sino porque, de acuerdo al Programa de Acción de Atención al Envejecimiento de la Secretaría de Salud Federal, este grupo consume más del 30 por ciento del presupuesto asignado a la seguridad social, en pensiones y jubilaciones; que utiliza el 30 por ciento del presupuesto de salud y que ocupa hasta un 60 por ciento de las camas de hospital.

D. Por otro lado, el país ocupa el séptimo lugar entre los países en envejecimiento acelerado, con un 7 por ciento de la población de 60 años y más, por lo que en las próximas décadas la población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica la necesidad de grandes cambios en nuestro sistema de salud, particularmente en la generación de políticas adecuadas para la estructura poblacional futura y las demandas de este sector creciente de la población.

El Estado debe diseñar servicios de salud dirigidos concretamente a los adultos mayores, para cumplir cabalmente lo estatuido en nuestra Constitución en su artículo 4, para ellos se debe generar un espacio para profesionales de la salud capacitados en geriatría que permitan acrecentar la posibilidad de un envejecimiento exitoso.

E. Es necesaria la identificación de los adultos mayores como un recurso potencial, cada vez con un mayor peso específico en nuestra dinámica social y suprimir el enfoque exclusivamente asistencial a la atención de las personas de la tercera edad, para garantizarles el derecho que tienen de protección a su salud y la creación de una cultura de la salud preventiva, que permita disminuir las principales enfermedades propias de su edad.

Por ello, debe ser prioridad para el Estado elevar la calidad de vida del adulto mayor, bajo un modelo innovador, que privilegie la atención preventiva incorporando atención médica especializada para la detección, tratamiento y control de la morbilidad en este grupo de edad, sin embargo, en la actualidad el país y particularmente el Sistema de Salud no esta preparado ni organizado para dar atención adecuada a esta población, no existen ni los suficientes especialistas para darles un tratamiento adecuado, ni el espacio con los recursos para que éstos puedan ofrecer un servicio de calidad, acorde a las necesidades específicas de este grupo vulnerable.

El proceso de envejecimiento se está dando sin que se desarrolle una cultura adecuada hacia la gente mayor, sin los espacios para brindarles una atención digna y las dependencias públicas carecen de la infraestructura o de los especialistas para proporcionar servicios de geriatría para atender problemas crónico-degenerativos.

F. Actualmente, nuestro país no cuenta con ningún instituto especializado en la atención de los adultos mayores, ni cuenta con los requerimientos mínimos establecidos por la OMS en cuanto a especialistas geriatras para atención de la población. Mientras que la OMS recomienda un geriatra por cada 10 mil habitantes, en nuestro país sólo hay uno por cada 100 mil.

A la fecha sólo existen poco más de 250 geriatras certificados para atender a los 7 millones de adultos mayores en el país, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, lo que significa que a cada geriatra le correspondería atender a cerca de 28 mil personas mayores que presentan enfermedades crónico-degenerativas.

La especialidad de geriatría, creada en 1989, es relativamente nueva y pese a que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán , el Hospital Español de la Ciudad de México así como el IMSS y el ISSSTE ya imparten la especialidad, y según las cifras del Consejo Mexicano de Geriatría, cada año se crean apenas 30 plazas de geriatras a nivel nacional, sin que los especialistas cuenten con un espacio idóneo para realizar sus servicios.

Utilizando datos del INEGI, se concluye que existe un índice de 44, 940 pacientes por cada médico geriatra, cuando necesitamos, al menos, un médico geriatra por cada 750 adultos mayores, por lo que se tendrán que haber formado 30,943 geriatras durante los 45 años siguientes a esta fecha, lo que se traduce en la necesidad de formar anualmente 687 médicos geriatras hasta el año 2050 a partir de este 2005 y además, la infraestructura necesaria para que éstos ejerzan su labor, en este caso, un Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología.

Se requiere que, el sector salud preste especial atención a las particularidades que asume el estado de salud de la tercera edad fundamentalmente en términos de la demanda de atención y sus costos; ya que, si bien los gastos de atención de la salud son el componente más importante de las transferencias hacia este grupo de población, el nivel de estos gastos y su proyección en el futuro próximo son de vital importancia para un diseño adecuado de las políticas de salud.

G. Estamos en tiempo para unificar esfuerzos y proyectar acciones con trascendencia en el futuro a fin de lograr una mejor atención de nuestros adultos mayores y de las próximas generaciones. Por lo anterior, consideramos prioritaria la creación de un Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, tal como lo propone la Iniciativa materia del presente dictamen, que sin duda ayudará no sólo a mejorar la atención de la salud de los mismos, sino también a sentar las bases de una cultura hacia el adulto mayor que reconozca su valor dentro de nuestra sociedad.

H) La creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontóloga, tendrá como principal objetivo, la atención e investigación del envejecimiento y de las enfermedades, tratamiento y cuidado del adulto mayor, atendiendo lo que establece el artículo primero de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, considerando igualmente la creación de un nuevo Instituto Nacional, como lo rige el propio artículo quinto, en su fracción XI del mismo ordenamiento jurídico, y lo referente al artículo segundo en su fracción tercera.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XI al Artículo 5 y la actual fracción XI pasa a ser la XII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. ...

I. a X. ....

XI. Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, para la atención e investigación del envejecimiento y de las enfermedades, tratamiento y cuidado del adulto mayor, y

XII. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2007.

Segundo.- Se garantizará el Presupuesto necesario para la creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, en el ejercicio fiscal de 2007.

La Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111, y adiciona una fracción VIII al artículo 2o. de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 21 de Octubre de 2004, le fue turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Equidad y Genero, para su estudio y dictamen, la iniciativa para reformar los artículos 2°, 108, 111, 112, 404 y 413, de la Ley General de Salud, en materia de salud reproductiva.

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrollan su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones.

En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 21 de Octubre de 2004, el Diputado Rafael García Tinajero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adición los artículos 2°, 108, 111, 112, 404 Y 413, de la Ley General de Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa objeto del presente dictamen pretende regular de forma veraz la información sexual y reproductiva. El diputado promovente comenta que es prioridad brindar información válida que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas, como conocer métodos de control natal, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el derecho a la tolerancia sexual así como el derecho a la procreación.

Asimismo el diputado proponente menciona en su exposición de motivos que la relación entre garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental y el derecho a la información sexual como un derecho imprescindible fue y es un debate de muchas horas y de muchas formas de pensamiento dentro de los cuales podemos encontrar el discurso retrograda que estipula como fundamento de su ideología la idea de que la sexualidad y los temas relacionados a la misma no son ni debieran ser de análisis social y ni de la interpretación de estos como un tema de salud pública.

III. CONSIDERACIONES.

A. La salud y el derecho a la información como bienes jurídicos tutelados esta regulado por nuestra Constitución en sus artículos 4° y 6° en su última parte, se asume que estos dos preceptos deben ser garantizados en forma amplia por el Estado y es de enfatizar que el derecho a la salud se debe proteger con el derecho a la información.

B. En tiempos pasados con estudios médicos, convertían al discurso en torno a los derechos reproductivos, a los métodos sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual o enfermedades relacionadas a la diversidad sexual viéndolo como un tema totalmente prohibido es decir un tabú.

La procreación no se puede concebir independientemente de una comprensión de la sexualidad. Todo individuo percibe su existencia en relación con las diversas dimensiones de si mismo. Una de ellas es la sexualidad: es una expresión de la personalidad y uno de los fundamentos más significativos de las relaciones humanas, por el intercambio y la emoción que dan su vitalidad al más concreto de los lazos sociales.

La Organización Mundial de la Salud define salud sexual como la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual en formas que enriquecen positivamente y que mejoran la personalidad, la comunicación y el amor.

C. Como vemos la evolución de la investigación multidisciplinaria, fue develando los múltiples complejos componentes de la sexualidad en relación con la salud.

En la actualidad han desaparecido los antiguos tabúes de iniciación con los que la mayor parte de las culturas transmitían su sabiduría enseñando a los jóvenes a gobernar su sexualidad. Es necesario, que la sociedad vuelva a pensar y reinventar valores y prácticas que permitan a la juventud desarrollarse armoniosamente así como brindar la información veraz necesaria sobre los derechos sexuales y reproductivos.

D. Solo con un esfuerzo serio de educación aplicada a la salud sexual y reproductiva fomentaremos una actitud responsable que haga posible la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Las Comisiones dictaminadoras estiman que para la sociedad es esencial la educación de la educación sexual que facilite una justa apreciación de de la responsabilidad individual. A este respecto, los programas educativos y los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en esta materia.

E. La noción de derechos sexuales y reproductivos en realidad no es nueva. Estos derechos proceden de un conjunto de libertades y garantías integradas en los ``derechos sociales y humanos''. De ellos hacen mención numerosas constituciones nacionales refiriéndose especialmente a estos como:

La protección de la familia sobre todo a través del acceso a los métodos de planificación familiar.

El fomento de la paternidad y la maternidad responsable.

La responsabilidad compartida en la educación y sostén de los hijos.

La atención de la salud materno-perinatal y de la salud infantil.

La salud sexual y reproductiva.

El respeto a la integridad y al principio de autonomía de las personas

Por otro lado refiriéndonos específicamente a los Derechos Reproductivos mundialmente comprenden:

Derecho de las personas para controlar y decidir sobre su propio cuerpo;

Derecho a recibir servicios de salud de calidad donde no exista discriminación en relación con la edad, sexo, orientación sexual, estado civil;

Derecho a recibir a información sobre métodos de planificación familiar seguros, tener acceso a ellos y poder elegirlos libremente sin ningún tipo de coacción;

Derecho a recibir tratamiento en caso de infertilidad; y

Derecho a la atención durante el embarazo, el parto y después de aborto entre otros.

En cuanto a los derechos sexuales comprenden:

Derecho a disfrutar de la sexualidad sin necesidad de procrear;

Derecho a la libre elección de prácticas sexuales;

Derecho a formar o no una familia;

Derecho a que se respete la intimidad;

Derecho a la libre expresión de su orientación sexual, así como la regulación de las distintas situaciones que se desprenden de su ejercicio cotidiano, y

Derecho a recibir información y/o educación sobre sexualidad, entre otros.

F. Así pues se destaca que la educación sexual es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte de la formación integral del educando.

La sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos psicosociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad. Se haya además, vinculada a la afectividad y a los valores, ampliando su esfera más allá de la función reproductora.

G. En nuestra cultura la información relativa a la sexualidad y su valoración se reciben con mucha frecuencia distorsionados durante el proceso de socialización. Muchas veces las normas en este campo son contradictorias y confusas y, en el ser humano, la sexualidad se combina con otros factores psicológicos no estrictamente sexuales, como la visión que uno tiene de sí mismo, la valoración de los demás en este terreno, etc.

La correcta y verdadera información sexual, reproductiva y de tolerancia sexual no pueden ni deben ser una cuestión política sino una situación totalmente enfocada al ámbito de salud y por consecuencia el estado tiene la obligación de garantizarla y sancionar de alguna forma a quienes publiciten por cualquier medio información falsa o errónea sobre la educación, salud o derechos sexuales y reproductivos así como a quien promueva campañas para desvirtuar las acciones del Gobierno.

La manipulación de la información consiste esencialmente en proporcionar información falsa o incompleta de manera intencionada con el fin de quien la recibe llegue a conclusiones erróneas y actúe libremente de una manera que le perjudique posteriormente.

La salud y la información en una relación en varios niveles requiere una perspectiva tanto teórica como legislativa que eluda dogmas y abra el juego a una variedad de enfoques complementarios en torno a la sexualidad humana.

H. Es por ello que estas Comisiones consideran viable esta reforma, para garantizar de una forma mas concreta y veraz la educación sexual así como lo que conlleva cada una de los aspectos de los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, estas Comisiones consideran que existen algunas incongruencias en el proyecto del decreto de la propuesta, por ello propone los siguientes cambios:

I. Se considera que la propuesta de adición de una fracción VII al artículo 2° no es procedente, ya que el texto no sustituye al contenido actual de la fracción en comento, por lo que se propone mantener el texto pero adicionar una fracción VIII al mismo artículo sin modificar la VII.

Propuesta por las Comisiones dictaminadoras:

Artículo 2. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I a VII ...; y

VIII. La adecuada, veraz y oportuna información sobre salud, derechos sexuales y reproductivos, basada en investigaciones científicas y objetivas.

En el artículo 108 se modifica el concepto de Derechos sexuales y reproductivos por salud sexual y reproductivos, buscando orientar con mayor precisión respecto del objeto de la ley. Asimismo, se actualiza el nombre de la Secretaría de Programación y Presupuesto conforme al organigrama actual del Gobierno Federal:

Artículo 108. La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización, divulgación y publicidad de la información para la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, con sujeción a los criterios generales que establezca el INEGI, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

Asimismo se propone eliminar la modificación al artículo 112, toda vez que en meses pasados se aprobó una modificación en el mismo sentido al mismo artículo, quedando aprobado y turnada para la correspondiente dictaminación del Senado de la República.

La modificación al artículo 404 no se considera pertinente ya que si bien la suspensión de mensajes publicitarios es objeto de la regulación sanitaria, no lo es estrictamente de seguridad sanitaria.

Por último en lo que respecta a la reforma del artículo 413 se considera que no es necesaria, ya que en dicho artículo se establece la suspensión de campañas publicitarias en todos los casos en que se contravenga la Ley. Existen muchas otras patologías y por ende este artículo se plasma de manera general y no en particular de alguna enfermedad o ramo.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de estas Comisiones unidas de Salud y de Equidad y Genero con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 108 Y 111, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 2°, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se reforman los artículos 108 y 111, fracción I y se adiciona una fracción VIII al artículo 2o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. a V. ......

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y

VIII. La adecuada, veraz y oportuna información sobre salud, derechos sexuales y reproductivos, basada en investigaciones científicas y objetivas.

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización, divulgación y publicidad de la información para la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, con sujeción a los criterios generales que establezca el INEGI, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

Artículo 111.- La promoción de la salud comprende:

I. Educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

II. a V. ...

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez, Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figueroa Romero, Martha Lucía Mícher Camarena, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica).

Comisión de Equidad y Género, diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Presidenta; Margarita Martínez López (rúbrica), secretaria; Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), secretaria; Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica); María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica); Gema Isabel Martínez López (rúbrica); María Elena Orantes López (rúbrica); Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica); María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba (rúbrica); Rosario Sáenz López (rúbrica); Rosalina Mazari Espín; Evelia Sandoval Urbán (rúbrica); Nora Elena Yu Hernández (rúbrica); Martha Laguette Lardizabal; María Mercedes Rojas Saldaña; Blanca Eppen Canales (rúbrica), secretaria; María Eugenia Castillo Reyes (rúbrica); Rodrigo Sánchez de la Peña (rúbrica); Janette Ovando Reazola (rúbrica); Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica); María Angélica Ramírez Luna; Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica); Miriam Marina Muñoz Vargas; María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica); Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), secretaria; Marbella Casanova Calam (rúbrica); Angélica de la Peña Gómez (rúbrica); Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica); María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica); Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica); María Ávila Serna (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 112 de la ley general de salud, presentada por el Diputado Raúl Rogelio Cavaría Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para impulsar la paternidad responsable.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍAI. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'' la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2005, el diputado federal Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En su exposición de motivos, el diputado manifiesta que en la sociedad mexicana se encuentra sumamente arraigada la percepción de que el cuidado de los hijos corresponde en mayor medida a la mujer, y que el hombre es responsable del sostenimiento de la familia.

Señala que debido a una multitud de factores las parejas han tomado la decisión de procrear un menor número de hijos. Sin embargo esta situación no se da siempre en un esquema de cooperación de ambas partes.

La iniciativa pretende establecer en el texto de la Ley General de Salud que uno de los objetivos de la educación para la salud sea, precisamente la paternidad responsable.

Expresa que hay que difundir los valores sobre la paternidad responsable y participativa involucrando también a los varones en todos los aspectos de la toma de decisiones al convertirse en padres, la vivencia del embarazo, la presencia participativa durante el parto y el contacto afectivo en el desarrollo de la infancia de los hijos.

III. CONSIDERACIONES.A. Como lo señala el diputado proponente, en nuestro país ha cambiado paulatinamente la percepción de la familia, así lo demuestran las cifras que proporciona el INEGI la tasa de crecimiento de la población mexicana paso de 2.6 en 1990 a 1.9 en el año 2000.

B. A pesar de esta tendencia descendente se ha mantenido en las últimas décadas y que se debe a una diversidad de factores, la situación de considerar a la mujer como la más vinculada con la educación de los hijos, aún se mantiene en un gran porcentaje de la población.

C. Según el propio Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, hasta 2000, en México más de 17 y medio millones de hogares mexicanos tenían como jefe de familia a una persona del sexo masculino, mientras que sólo 4 527 000 hogares tenían como jefe de familia a una mujer. De anterior podemos inferir que la realidad de la sociedad mexicana no se aleja demasiado de la percepción tradicional de que el hombre es el proveedor, mientras que la mujer se dedica al cuidado de los hijos.

D. A pesar de que las cifras del INEGI indican que el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes ha disminuido en la última década, de 18.0% a 16.8%, se requieren acciones encaminadas a promover una salud reproductiva que incluya la paternidad responsable y una mayor participación del género masculino en la toma de decisiones respecto a la reproducción.

E. El artículo cuarto constitucional en su párrafo tercero consagra el derecho de todos los mexicanos a la salud, este derecho no se puede excluir de la educación reproductiva que está contenida en el texto vigente de la Ley General de Salud en el Título Séptimo, Promoción de la Salud; particularmente es el capítulo III denominado Educación para la salud y que se integra por los artículos 112 y 113.

F. El artículo 112 de la Ley en comento establece que, entre otras cosas, la educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la población en materia de educación sexual y planificación familiar. La propuesta en estudio parece complementar el texto de la ley respecto a una visión más amplia de lo que debemos entender o inferir por lo que se refiere a la planificación familiar, ya que, si bien, ésta se entiende como una decisión informada, la redacción que propone la iniciativa mejora el texto actual, al hacer responsable no sólo a la madre, como tradicionalmente se había hecho, sino que resulta más incluyente, proponiendo una participación más activa del padre en cuanto a la toma de decisiones.

G. Los integrantes de la Comisión de Salud estamos consientes que la educación para la salud se constituye como una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de las familias y por consiguiente de los niños y niñas.

H. México es signatario de una importante cantidad de compromisos internacionales tendientes a proteger los derechos humanos, en particular de los niños, como lo establece la Convención sobre los derechos de los niños, que se encuentra vigente en nuestro país desde 1990, y uno de estos derechos es precisamente contar con un hogar, y para poder integrarlo se requiere la participación activa de ambos padres, en lo que debemos entender como paternidad responsable.

I. Sin embargo y para respetar la cultura de la inclusión del género, los diputados integrantes de la Comisión, proponen la adición de la palabra maternidad haciendo eco de la importancia que se le otorga al tema de la equidad de género.

J. Por estos motivos, coincidimos plenamente con la iniciativa que busca modernizar el texto de la Ley General de Salud incluyendo, no simplemente la planificación familiar, sino una visión más íntegra, al referirse a la paternidad responsable, como un objetivo de la educación para la salud.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto:

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, paternidad y maternidad responsable, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.

TRANSITORIO.

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 419, 420 y 421, y adiciona el artículo 421 Bis, todos de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 9 de Diciembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud en relación al capitulo de sanciones, presentada por diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 9 de Diciembre de 2004, la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con el propósito de reformar y actualizar el capitulado de sanciones en la propia Ley General de Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La Iniciativa objeto del presente dictamen se realiza para que reubicar algunas infracciones así como aumentar los montos mínimos y máximos de las sanciones.

La Diputada proponente menciona en su exposición de motivos, que resulta necesario reubicar las sanciones a diversas conductas previstas en la Ley General de Salud.

Argumenta que las sanciones administrativas actuales de la Ley General de Salud deben aumentarse para que las infracciones cometidas a la normatividad sanitaria sean castigadas con mayores sanciones administrativas pecuniarias que las que actualmente existen.

Así mismo hace mención que las sanciones aplicables en la actualidad son insuficientes con relación a los perjuicios que con dichas conductas causan. Resulta necesario elevar las sanciones proporcionalmente con el objeto de evitar que las infracciones a la regulación sanitaria sean cada vez menos y en caso de cometerse sean castigadas con mayores penas.

III. CONSIDERACIONES.

A. Resulta necesario reubicar topográficamente las sanciones a diversas conductas previstas en la Ley General de Salud. Ya que los supuestos previstos en los artículos 419, 420 y 421, no son congruentes respecto de la infracción cometida en la actualidad.

B. Cabe señalar que las sanciones administrativas vigentes deben aumentarse para que las infracciones cometidas a la normatividad sanitaria sean castigadas con mayores sanciones administrativas pecuniarias que las que actualmente existen, para que sean transgredidas con menor frecuencia. Ello, en atención a que el artículo 417 de la Ley General de Salud establece como una de las sanciones administrativas, la de la multa.

C. Hoy en día se consideran en la Ley tres tipos de infracciones de acuerdo a la gravedad de las mismas, pero las sanciones aplicables en la actualidad son insuficientes con relación a los perjuicios que con dichas conductas se causan.

En virtud de lo anterior, resulta necesario elevar las sanciones proporcionalmente con el objeto de evitar que las infracciones a la regulación sanitaria sean cada vez menos y en caso de cometerse sean castigadas con mayores penas.

D. Así mismo se propone adicionar un nuevo artículo 421-Bis a fin de que prevea la sanción mas elevada para las conductas consideradas graves dentro del catálogo contenido en la Ley General de Salud.

Con este Decreto se pretende reformar la normatividad sanitaria vigente en cuanto a su multa pecuniaria. Primeramente, deben elevarse los montos mínimos y máximos de las multas, con el objeto de impedir la inobservancia a la regulación sanitaria ya que en la actualidad han dejado de ser un mecanismo efectivo de inhibición frente a conductas ilícitas.

E. Por otra parte, resulta necesario reubicar las disposiciones cuya infracción ameritan sanción administrativa. Lo anterior, debido a que existe una desproporcionalidad respecto de algunas conductas que por su gravedad requieren ser castigadas con multas mayores sancionas a las previstas actualmente.

Evidentemente, la legislación en materia de salud requiere de las reformas propuestas estar al día de las circunstancias que puedan llegar a darse en este sector, es por ello que para que quede integrada una Ley sin que exista laguna alguna y una sobre regulación así como que alguna acción ilícita quede impune, es que se propone el siguiente Decreto.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 419, 420, 421 Y 422 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 421-BIS, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único.- Se reforman los artículos 419, 420 y 421, y se adiciona el artículo 421-bis, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 419. Se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103 107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 421. Se sancionará con multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 276,277, 277 bis, 306, 308, 308 bis, 309, 309 bis, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350-bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421-bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos, 100, 122, 126, 146, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

Artículo 422. Las infracciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de esta Ley.

TRANSITORIO.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

Es de primera lectura.

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LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 25 de noviembre de 2004, les fue turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Asuntos Indígenas de la H. Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, las Comisiones Unidas de la Juventud y Deporte y de asuntos indígenas someten a la consideración de esta honorable Asamblea el dictamen de la Minuta en comento, bajo los siguientes:

Antecedentes

Primero.- El 25 de noviembre del año 2004, les fue turnada a las comisiones de Juventud y Deporte y de asuntos indígenas de la LIX Legislatura del Congreso de Unión, para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo.- Con base en la Minuta, estas Comisiones se abocaron al estudio y al análisis de la Minuta en comento.

Considerandos

1. Que el 14 de agosto de 2001 se publicó en el ``Diario Oficial de la Federación'' el Decreto mediante el cual se reforma el articulo 2° que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1° un sexto párrafo al artículo 18 y un ultimo párrafo a la fracción III del artículo 115 y deroga el párrafo primero del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer los derechos de los pueblos y comunidades Indígenas de nuestro país.

2. Que en su artículo segundo transitorio, dicho Decreto mandada al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones a las leyes federales que procedan y reglamenten lo estipulado en él.

3. En consecuencia, estas Comisiones Unidas estiman que, en lo general son procedentes, las reformas y adicione de la Minuta en comento.

4. El Proyecto en comento tiene como objetivo proveer al Instituto de facultades para que se atiendan de manera prioritaria las necesidades de la juventud Indígena mexicana, sin menoscabo de las acciones que realizan otras Dependencias Gubernamentales a favor de este sector.

5. Es positivo y necesario se reconozca en la Ley de atención prioritaria que la juventud indígena debe tener para lograr el equilibrio y las oportunidades necesaria para su desarrollo.

6. La adición de la fracción II al artículo 3° reconoce a la juventud indígena y cuida que las acciones programáticas no menoscaben otras atribuciones institucionales.

7. Siendo pertinente la adición de la fracción IV al artículo 4° podría parecer una invasión al ámbito de competencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien es la instancia de consulta para la formulación ejecución, y evaluación de planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la administración publica federal desarrollan en la materia. Siendo finalmente el objetivo establecer la obligación de consultar, consideramos para superar esta idea agregar el enunciado: ``Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas...''

8. La reforma a la fracción IX del artículo 4° es positiva ya que toda dependencia, en el ámbito de su competencia debe cumplir la tarea de proponer y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de la herencia cultural de los pueblos indígenas, contrarrestando las prácticas discriminatorias aún existentes en nuestra sociedad.

9. Respecto a la adición de la fracción XI del artículo 4° se considera pertinente toda vez que asegura beneficios específicos para los jóvenes indígenas generalmente marginados de este tipo de beneficios que en general recibe la juventud nacional.

10. Se consideró necesario actualizar el nombre de las Dependencias que integran la junta directiva, como la de Economía y la encargada de atender a los Pueblos Indígenas, modificando la fracción I, incisos h) y j) del artículo 8°.

11. La reforma del segundo párrafo del artículo 15 reconoce y pone en práctica una política pluricultural en congruencia con lo establecido en el artículo 2° constitucional.

12. Asimismo y a fin de considerar las reformas correspondientes a las fracciones IV del artículo 3° y IX del artículo 4° aprobadas por ésta Cámara de Diputados y recientemente por la colegisladora el pasado de noviembre, creemos conveniente considerar su nueva redacción y ubicación en el presente Dictamen ya como fracciones V del artículo 3° y X del 4° respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso e), las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Asuntos Indígenas someten a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 4, actual fracción VIII; 8 fracción I incisos h y J; 15 segundo párrafo; se adicionan los artículos 3, con una nueva fracción II recorriéndose en su orden las subsecuentes; 4 con una nueva fracción IV y una nueva fracción XI recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

II. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias.

III. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VI. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud;

II. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones en favor de la juventud mexicana;

III. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

IV. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

V. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

VI. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

VII. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando así lo requieran;

VIII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el Instituto en aplicación de esta Ley;

IX. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país;

X. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva, medio ambiente, servicios culturales juveniles, genero y equidad, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, derechos humanos, incorporación laboral, autoempleo, vivienda, organización juvenil, liderazgo social y participación y en general todas aquellas actividades que de acuerdo a su competencia y a su capacidad presupuestal, estén orientados al desarrollo integral de la juventud;

XI. Proponer a la Secretaría de educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas, y

XII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez miembros propietarios:a) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá;

b) El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

c) El Secretario de Gobernación;

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desa-rrollo Rural;

e) El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

f) El Secretario de Salud;

g) El Secretario de Desarrollo Social;

h) El Secretario de Economía;

i) El Secretario de Comunicaciones y Transportes, y

j) El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por cada Miembro Propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, y

II. Siete miembros más que serán:a) Los representantes de tres entidades federativas, designados por los titulares de los Ejecutivos correspondientes;

b) Dos rectores o directores de universidades o instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y

c) Dos jóvenes integrantes del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas.

Estos siete miembros formarán parte de la Junta Directiva a invitación del Secretario de Educación Pública, durarán en su cargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico.

También podrán participar con voz pero sin voto, representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, como los encargados de los organismos oficiales de Derechos Humanos, de Desarrollo Integral de la Familia u otros similares, a invitación expresa de la Junta Directiva.

La Junta Directiva contará con un Secretario y un Prosecretario.

Artículo 15. El Instituto contará con un Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas, que tendrá por objeto: recabar las sugerencias y propuestas de los jóvenes del país para la elaboración de los proyectos de desarrollo de la juventud; dar seguimiento a las acciones de los programas que se ejecuten a través de la Dirección General del Instituto y, formular las propuestas correspondientes.

El Consejo se integrará con diez jóvenes mexicanos, cuyas edades se encuentren comprendidas entre los 18 y los 29 años y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva, a convocatoria pública formulada a las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social y los sectores público o privado y a los pueblos y comunidades indígenas

Los cargos de consejero son honoríficos y se desempeñarán por un periodo de dos años. El Consejo se renovará por mitad cada año. Los requisitos para la integración del Consejo, así como las atribuciones y funcionamiento de éste, se establecerán en el Estatuto Orgánico del Instituto.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en Vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos y del cuerpo de la presente ley, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los seis días del mes de diciembre de dos mil cinco.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zúñiga Romero, Isaías Soriano López (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Verónica Pérez Herrera, Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Javier Manzano Salazar (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla, Marbella Casanova Calam, César Antonio Chávez Castillo, Abdallán Guzmán Cruz, Benardino Ramos Iturbide, Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), José Guzmán Santos (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Roberto Pedraza Martínez, Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, Florencio Collazo Gómez, José Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza, Lorena Torres Ramos (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Jesús Vázquez González, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre ``Instituto Politécnico Nacional''

Honorable Cámara de Diputados.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro, en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la H. Cámara de Diputados, el nombre Instituto Politécnico Nacional, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del 3 de noviembre de 2003, por el Diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 del artículo 39; el numeral 2 inciso b del artículo 40; el numeral 6 inciso f del artículo 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 87, 88, 93, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. ANTECEDENTES1.- En la sesión plenaria de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día 3 de noviembre de 2003, el Diputado Fernando Espino Arévalo, con el apoyo de diferentes Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios que conforman la presente Legislatura, con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para inscribir en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la H. Cámara de Diputados el nombre del Instituto Politécnico Nacional.

2.- En sesión de la Mesa Directiva de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, celebrada el 9 de diciembre de 2003, se decidió turnar la Iniciativa a la Subcomisión de Letras de Oro y Consultas, a fin de que se analizara y realizara un proyecto de dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En dicha Iniciativa se señala que la creación del Instituto Politécnico Nacional se dio gracias al esfuerzo de la sociedad mexicana por garantizar el acceso a la educación superior de las clases sociales de menores recursos. No obstante que desde entonces han transcurrido siete décadas, la mística que impregnó su fundación sigue siendo vigente, misma que se concreta en el lema del Instituto, ``La Técnica y la Ciencia al Servicio de la Patria''.

Agrega que la creación del Instituto en la década de los treinta del siglo XX se da precisamente mientras Europa y los Estados Unidos se preparaban para la Guerra, contrastando con lo sucedido en México, en donde un grupo de hombres visionarios sembraron las bases para la consolidación del proyecto nacional de 1917, que demanda el establecimiento de perfiles de desarrollo económico, social, político y cultural de forma soberana e independiente.

Además, señala que en esa década también en el viejo continente se presentó la eclosión del concepto de educación superior elitista y la creación de la Universidad Abierta, que devienen en el caso de Alemania en la creación de la Universidad Libre de Berlín, acontecimientos inéditos que trastocan sin duda la educación del mundo occidental, coyuntura ésta, que alentó a la administración cardenista a dar lugar al proyecto del Instituto en 1936.

Argumenta el promovente que para cristalizar el proyecto de Instituto Politécnico, el gobierno del General Cárdenas enfrentó tres grandes retos que tenía nuestra Nación en aquella época. El primero, relativo al proceso de industrialización que gestaba el país con el denominado crecimiento hacia adentro y que demandaba recursos humanos técnicamente preparados; el segundo, en donde se planteaba la necesaria inclusión de todas las capas sociales a través del derecho a la educación superior, pero fundamentalmente para las clases sociales más marginadas; y tercero, sentar las bases para que el desarrollo económico del país se sustentara en recursos humanos nacionales y que estos se formaran a través de la enseñanza superior de la ciencia y de la técnica, toda vez que el avance exponencial del desarrollo tecnológico provocado por la guerra se vislumbraba y venía asociado a la dinámica del desarrollo de otros países.

Además, destaca que es menester recordar también el proceso de consolidación de una nueva hegemonía política como fórmula para resolver el problema del caudillismo y en esta consolidación de instituciones se inserta con gran visión la educación popular en México. En ese contexto, el Instituto Politécnico Nacional vendría a desempeñar un rol favorable al desarrollo de la educación superior y al impulso de la investigación y la tecnología en México, pero con la característica de asegurar que recibieran la educación superior los más desposeídos, las clases carentes de recursos económicos y que tienen la legítima aspiración y la capacidad de cursar ese tipo de estudios para superarse en la vida.

De igual forma, precisa la Iniciativa, es de señalarse que el Instituto Politécnico Nacional ha sido Institución señera para la creación de otras instituciones similares. Su modelo educativo permitió agrupar las diversas escuelas que daban enseñanza técnica desde la década de los setenta del siglo XIX. Con la creación del Instituto fue posible agrupar a las escuelas ``Especial de Comercio'', la ``Nacional de Artes y Oficios'', la de ``Maquinistas Prácticas'', la de ``Medicina Homeopática'', la ``Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas'', la ``Técnica de Maestros Constructores del instituto Técnico Industrial'' y la del ``Instituto de Comercio''.

Estas Instituciones darían lugar a las Escuelas Superiores, de ``Ingeniería Mecánica y Eléctrica'', de ``Comercio y Administración'', la de ``Ciencias Biológicas'', la de ``Ingeniería y Arquitectura'', la de ``Medicina Homeopática'', entre otras.

Señala el promovente que el Instituto Politécnico Nacional atiende actualmente más de 175 mil estudiantes en sus aulas y a casi 50 mil en la modalidad de educación a distancia; en esta última ha sido pionera toda vez que, con la instalación de sus propios equipos y la adaptación de tecnologías, le permite cubrir la totalidad del país.

Se define puntualmente en la Iniciativa, que al día de hoy y desde su creación, el compromiso de la Institución, no se restringe a la formación de técnicos y profesionistas, sino que ha abordado como quehacer educativo el concepto de innovación científica de tecnologías, la generación de aportaciones científicas y tecnológicas propias en las llamadas disciplinas duras, como son la física, la química, la biología y la bioquímica, con el aporte que realizan a la investigación científica a través de modelos interdisciplinarios; todo esto con una sólida vinculación con los sectores productivos y social.

De igual forma se señala lo altamente significativo que resulta el hecho de que toda la investigación científica del Instituto Politécnico Nacional se lleve a cabo en el 75% de los espacios educativos del mismo, lo que supera en 200% la recomendación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el sentido de que al menos las labores de educación científica se lleven a cabo en el 25% de los espacios educativos de las instituciones.

En este contexto de desarrollo científico de formación de personas y de vinculación con la sociedad, no se puede olvidar la presencia y actuación del Instituto Politécnico Nacional en acciones trascendentes de soberanía y libertad de nuestro país. Prueba de ello es la participación de los politécnicos en la obra de la construcción de la Industria Petrolera, de la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones; en la construcción de presas; en el desarrollo carretero, así como el desarrollo de la industria siderúrgica, es decir, los politécnicos están presentes para levantar la increíble infraestructura con que hoy cuenta nuestro país.

Finalmente, la iniciativa resalta que instituciones como el Instituto Politécnico Nacional representan el eslabón seguro y promisorio para que nuestro país se inserte de forma competitiva en el proceso de globalización.

III. CONSIDERANDOS1.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para dictaminar las propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales.

2.- La Comisión que dictamina comparte la valoración que hace la iniciativa en comento sobre los aportes del Instituto Politécnico, destacando su papel clave en la transformación educativa, científica y cultural experimentada por nuestra Nación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente.

3.- Así mismo, la Comisión pone de manifiesto la enorme actualidad de la visión del General Lázaro Cárdenas del Río, quien proyectó ideas y acciones de largo aliento como la formación del Politécnico Nacional, institución que debe ser homenajeada por esta Cámara de Diputados, como un reconocimiento a toda una generación de prominentes maestros e investigadores, quienes con su responsable actividad académica contribuyeron decididamente a cristalizar el proyecto de Nación diseñado por los Constituyentes de 1917.

4.- Además, la dictaminadora considera que desde su creación oficial en 1936, esta Institución se guió por una visión de país y de futuro de vanguardia. Ello se muestra a través de los más de 550 proyectos de excelencia que anualmente impulsa en muy diversas áreas del conocimiento, contribuyendo con ello al desarrollo científico y tecnológico del país.

5.- Se valoró, por otro lado, que el Politécnico es una Institución con influencia nacional, que cuenta con 67 unidades académicas en 16 entidades federativas, sumándose a ellas 9 centros de educación continua y 18 de investigación. Además de que cuenta en el nivel medio superior con 26 carreras acreditadas como de alta calidad, de un total de 54 y en el nivel superior tiene 33 programas certificados de un total de 59, a las que se agregan varias decenas de posgrados de muy alto nivel.

6.- La Comisión considera que la trayectoria del Instituto Politécnico Nacional es equiparable a la de la centenaria Universidad Nacional Autónoma de México, la cual fue reconocida por la presente Legislatura, al inscribirse en Letras de Oro su nombre en el Muro de Honor del Salón de Plenos de esta Cámara. Ello, no obstante que el Instituto fue creado hace 70 años.

7.- Ante el desempeño institucional antes descrito, la Comisión dictaminadora considera que es momento de que esta soberanía reconozca la grandeza de esta Institución educativa, científica y cultural, y con ello reafirme el compromiso del Poder Legislativo Federal con la población para garantizar el derecho a recibir educación pública, laica y gratuita, tal y como lo consagra nuestra Constitución Política y simboliza nítidamente la trayectoria Instituto Politécnico Nacional.

Como resultado de los razonamientos anteriores, esta Comisión somete a la consideración del Pleno de Cámara de Diputados, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, el nombre de Instituto Politécnico Nacional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne que se llevará a cabo para cumplir con lo estipulado en el Artículo Primero.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), secretario; Raúl José Mejía González (rúbrica), secretario; Jorge Luis Preciado Rodríguez, secretario; Sergio Álvarez Mata, Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), José González Morfín, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez, Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que expide la Ley de la Academia Mexicana de la Lengua

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Cultura le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley de la Academia Mexicana de la Lengua, puesta a consideración de esta H. Asamblea en sesión ordinaria del día 14 de marzo de 2005, por los diputados; Lilia Aragón del Rivero, Filemón Arcos Suárez, Carla Rochin Nieto, Inti Muñoz Santini y Salvador Martínez Della Rocca.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con las atribuciones que otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88, 89 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero:

Con fecha 14 de marzo de 2005, la Diputada Lilia Aragón, en nombre propio y a nombre de los diputados, Filemón Arcos Suárez, Carla Rochin Nieto, Inti Muñoz Santini, Salvador Martínez Della Rocca, presentó ante esta H. Cámara una iniciativa con proyecto de Ley de la Academia Mexicana de la Lengua.

Segundo:

Con la misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Cultura para su análisis y dictamen.

Tercero:

A) El día 16 de marzo La Comisión recibió la suscrita iniciativa y procedió a enviar a los integrantes una copia fiel al original, iniciando el proceso de análisis.

B) Los Diputados integrantes de la Comisión remitieron sus comentarios a la Ley en un plazo de cinco días hábiles

C) Se compararon los marcos jurídicos que rigen a las Academias de la Lengua de España, Argentina y otros países de habla Española.

En sesión plenaria del día 13 de Septiembre de 2005, La Comisión dictaminó la iniciativa y presenta a esta H. Soberanía, el presente decreto para su aprobación en los términos que se describen a continuación.

CONSIDERANDOS

Primero. Es oportuno reconocer a la Academia Mexicana de la Lengua como una institución de cultura, para lo cual la Comisión de dictamen considera que los términos de la iniciativa reflejan fielmente su importancia.

La Academia Mexicana de la Lengua ha tenido una naturaleza jurídica de persona de derecho privado; al darle el carácter de institución se le reconoce como una persona de derecho público. La calidad de institución, como entidad compuesta por una pluralidad de individuos para la realización sistemática de funciones socialmente relevantes, confiere permanencia a la organización y garantiza su desarrollo futuro.

Se califica a la Academia Mexicana de la Lengua como una institución cultural, en tanto que las tareas que lleva a cabo conciernen a la investigación, preservación y difusión de la lengua española y a las modalidades de su expresión oral y escrita en el país.

Se le considera benemérita en tanto que es digna de recompensa por los servicios ofrecidos a la cultura mexicana y por haber enriquecido, con la labor colectiva e individual de sus miembros, la lengua española.

Segundo: Se debe garantizar la autonomía de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que hasta ahora ha venido disfrutando. Para este objeto se le faculta para elaborar sus propios Estatutos, donde determine, entre otras cosas, el número de sus integrantes y la forma de designarlos, así como lo concerniente a su gobierno interno, la organización administrativa y los programas y procedimientos de trabajo académico.

Tercero. El Estado requiere de una instancia competente y prestigiada a la que pueda dirigir consultas en cuanto al uso de la lengua. La preservación de la lengua española y la identificación de las peculiaridades en cuanto a la forma de hablarla y de escribirla en nuestro país, hacen recomendable que las diferentes instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, puedan formular consultas a la Academia Mexicana de la Lengua para que, dentro de lo que corresponda a sus programas de trabajo, auxilie a las entidades públicas en el correcto uso de la lengua.

Cuarto. La Federación debe contribuir al sostenimiento y al desarrollo de la Academia Mexicana de la Lengua. Para este objeto, la Federación asignará un fondo anual, de cuyo uso la Academia deberá rendir cuentas en los términos de la legislación aplicable. A efecto de que la Academia pueda programar su gasto de manera eficaz, y para asegurar la continuidad de los programas que emprenda, dicho fondo que anualmente se le otorgue no podrá ser inferior al del ejercicio anterior.

Por las consideraciones expuestas, se propone a esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA

Artículo Único.- Se expide la Ley de la Academia Mexicana de la Lengua, Correspondiente a la Española.

Artículo 1o.- Se reconoce a la Academia Mexicana de la Lengua, fundada en mil ochocientos setenta y cinco, como una institución cultural benemérita con personalidad jurídica y patrimonio propios, que sirve a la sociedad mediante la realización de actividades de investigación y difusión de la lengua española y, en especial, de cuanto se refiere a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México.

Artículo 2o.- En sus estatutos, la Academia Mexicana de la Lengua determinará, de manera autónoma, independiente y libre, su integración, gobierno, organización y funcionamiento.

Artículo 3o.- Las instituciones y los organismos públicos podrán formular consultas a la Academia Mexicana de la Lengua relacionadas con la lengua española y, en especial, con cuanto se refiere a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México.

Artículo 4o.- La Academia Mexicana de la Lengua contará con un presupuesto anual que será establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que en ningún caso será inferior con relación al ejercicio fiscal anterior.

Artículo 5o.- La Academia Mexicana de la Lengua rendirá, anualmente, cuentas de la aplicación y manejo de los recursos públicos federales que haya recibido, sujetándose a las instancias y criterios legales que aplican a las entidades que operan o emplean recursos públicos de la Federación.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Academia Mexicana de la Lengua deberá elaborar sus nuevos estatutos dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta Ley, mismos que incluirán lo relativo a la rendición de cuentas sobre el presupuesto que se le asigne anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Comisión de Cultura, diputados: Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Presidente; José Antonio Cabello Gil (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), secretarios; Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Florencio Collazo Gómez, María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría Pineda, Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz, Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Jesús María Ramón Valdez, María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Blanca Eppen Canales (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Francisco Diego Aguilar, Pablo Franco Hernández, Leonardo Álvarez Romo, Patricia Flores Fuentes.»

Es de primera lectura.

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PUBLICIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Profeco solicite al Gobierno Federal que suspenda toda la publicidad que tenga la frase ``Si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer'', por ser una afirmación engañosa.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Profeco solicite al Gobierno Federal que suspenda toda publicidad que tenga la frase ``Si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer'' porque es una afirmación engañosa.

Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Procuraduría Federal del Consumidor ordene al Gobierno Federal suspender toda publicidad que contenga la frase ``si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer'', por ser una afirmación engañosa, en base a las siguientes

Consideraciones

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad del Estado de proteger a los consumidores, mandato del cual emana la Ley Federal de Protección al Consumidor, herramienta jurídica cuyo artículo 32 establece lineamientos para regular tanto la publicidad engañosa como la publicidad comparativa.

Dicho dispositivo legal establece en su primer párrafo que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas.

Tal es el caso de los comerciales que difunde actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los cuales se afirma que derivado de la inversión realizada por la dependencia en carreteras, permitirá, ``si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer''.

En primer lugar es importante destacar que esta aseveración no cumple con los elementos de veracidad, autenticidad y legalidad a que se refiere la el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puesto que por una parte no es cierto que el Gobierno Federal sea el que de manera particular haya efectuado la inversión en carreteras, puesto que esta fue autorizada por la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, a través de la administración pública a su cargo, únicamente ejecuta lo que esta soberanía le mandata.

Por otra parte el contenido de los spots no es auténtico, ya que su contenido no puede ser verificable por el consumidor al que van dirigidos y que utiliza el servicio de las carreteras del país.

Y por supuesto los argumentos que utilizan no son legales puesto que no se apegan a la normatividad existente en la materia.

El grupo parlamentario de Convergencia considera que, por las razones expuestas, se confirma que la publicidad que promueve el Gobierno Federal en la que se difunde la frase ``si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer'' permite a la Procuraduría Federal del Consumidor actuar oficiosamente para ordenar la suspensión inmediata de este tipo de promocionales, ya que también inducen a la audiencia a error o confusión por ser inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa y tendenciosa.

De tal manera que también consideramos que la Profeco debe aplicar a favor de todos los mexicanos la ley, puesto que todos somos consumidores, y ordenar en los términos del artículo 35, fracción I, a los medios que difundan este tipo de publicidad engañosa la suspensión inmediata de la misma, sin menoscabo de imponer las sanciones que correspondan en términos de la ley de la materia y de otras disposiciones legales aplicables.

Por lo expuesto, compañeras y compañeros legisladores, es que someto a la consideración de ustedes la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor ordene al Gobierno Federal, suspender toda publicidad que contenga la frase ``si seguimos por este camino, así México será mejor que ayer'' por ser una afirmación engañosa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz EscárragaEl Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de la Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que conozca y sancione los resultados de dicho proceso de enajenación... Al no encontrarse el diputado en este recinto, pasa al final del capítulo.

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PROTECCION DE CONTENIDOS CULTURALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas.El diputado Inti Muñoz Santini: Con su venia, diputado Presidente. El pasado mes de octubre, en la ciudad de París, Francia, la XXXIII Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas. Esta Convención fue aprobada con el voto mayoritario de los países miembros, salvo el voto en contra de Estados Unidos, Honduras, Israel, Liberia y Australia. La Convención se propone el restablecimiento de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales, para lo cual ha recogido algunos de los planteamientos de instancias internacionales encargadas de vigilar el respeto a la diversidad cultural.

Entre los elementos más importantes de esta Convención destaca el contrarrestar la influencia negativa de los actores transnacionales dominantes, tanto de la industria del entretenimiento, como comerciales o de cualquier otra índole; garantizar que la diversidad cultural sea preservada ante los retos que representan los cambios vertiginosos en la tecnología y la creciente concentración de la propiedad en la producción y distribución de los contenidos y de los bienes culturales. Asimismo se ha incluido en esta convención, obligaciones para los estados miembros en materia cultural, como que los bienes y servicios culturales no deben ser considerados como simples mercancías con valore económico; que las medidas para promover la diversidad no deben violar los principios de derechos establecidos en el ámbito internacional y en general la búsqueda de un mayor equilibrio y la protección de la diversidad cultural de las naciones en el contexto de la globalización.

Hay una forma muy concreta en que la falta de regulación en torno a la diversidad cultural afecta la cultura en este país, pongo solamente el ejemplo del cine, donde en 2005 nos encontramos con una influencia determinante, un acaparamiento del mercado por parte de Estados Unidos, dado que el total de las películas estrenadas en México este año fue de 279, de las cuales 51.2 fueron norteamericanas. De estas películas que se estrenaron en nuestro país, solamente una compañía estadounidense productora de películas, distribuyó el 69.8 por ciento, de tal manera que esta sola empresa norteamericana acapara hoy el 84.3 del mercado nacional cinematográfico.

Por lo anteriormente fundado, venimos a proponer que la forma en que México honre ese voto a favor de la Convención, dado en la Convención de la UNESCO, sea justamente que la Convención sea ratificada, por lo cual, como punto único de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que estamos planteando aquí es exhortar de manera respetuosa al Senado de la República a ratificar en todos sus términos la Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y sobre las Expresiones Artísticas, así como sus contenidos y objetivos centrales. Asimismo, conminamos al Gobierno Federal para que, una vez ratificada por el Senado la Convención, sea presentado consecuentemente el programa de políticas culturales y económicas implantadas por sus secretarías de Estado, principalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía, a la UNESCO y a esta soberanía. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78, fracción III, de la Ley Fundamental me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente la Cámara de Senadores se encuentra en el proceso de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas.

Esta convención se aprobó el pasado mes de octubre durante la 33 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el voto en contra de Estados Unidos de América e Israel --ambos países motivados por el impacto económico que tendría la convención en el monopolio de las industrias culturales de ambos países--, y las cuatro abstenciones de Honduras, Nicaragua, Liberia y Australia.

La convención se propone el restablecimiento de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales, para lo cual ha recogido algunos planteamientos de instancias internacionales como la Red Internacional para la Diversidad Cultural. Entre los esbozos más importantes de su articulado resaltan los siguientes: contrarrestar la influencia negativa de los actores transnacionales dominantes, tanto de la industria del entretenimiento como comerciales o de cualquier otra índole; garantizar que la diversidad cultural sea preservada ante los retos que representan los cambios vertiginosos en la tecnología y la creciente concentración de propiedad en la producción y distribución de los contenidos y de los bienes culturales.

Adicionalmente se han elaborado planteamientos importantes para las políticas culturales de Estado: que los bienes y servicios culturales no deben ser considerados como simples mercancías con valor económico; que las medidas para promover la diversidad cultural no deben violar los principios de derechos establecidos en el ámbito internacional; la necesidad de un mayor equilibrio en el intercambio internacional de productos y servicios culturales; la necesidad de garantizar que la sociedad civil esté plenamente implicada en el proceso de promover y preservar la diversidad cultural.

Dos temas han sido sensibles en la discusión internacional: el derecho soberano de los Estados partes para emprender las acciones que consideren apropiadas para preservar, promover e incrementar la diversidad cultural; y la aceptación de la no subordinación de los contenidos de la convención a ningún tratado comercial o económico.

Mientras la primacía de la cultura --por encima de las mercancías, por su valor simbólico e identitario-- está siendo amenazada por las negociaciones y acuerdos sobre comercio de servicios en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en otros foros internacionales, aún no se cuenta con ningún instrumento que permita a los países preservar a su cultura y a sus productos de esta tiranía de mercado. Los acuerdos comerciales subordinan directa o indirectamente las políticas culturales a las reglas del comercio, de tal suerte que anulan el derecho de los gobiernos nacionales de adoptar o mantener políticas para la defensa y promoción del medio cultural y de su diversidad cultural.

Particularmente la OMC informará a la UNESCO sobre su postura oficial en los próximos días. Adicionalmente los gobiernos de los países que participan en este concurso de naciones, enviarán sus respuestas a la UNESCO. La preocupación central de esta consulta estriba en la posibilidad de que las competencias de los ministros de cultura respecto a la convención y en general respecto a las políticas culturales sean socavadas por las discusiones de tipo comercial en el seno de la OMC. Como lo ha señalado la Red Internacional para la Diversidad Cultural, organismo integrado por representantes de 71 países:

``Es de la mayor importancia que la postura adoptada por los ministros de comercio y por los representantes en Ginebra ante la OMC sea determinada por consideraciones del orden de las políticas culturales y que los gobiernos tomen posturas coherentes entre sí en sus discusiones, tanto en la UNESCO como en la OMC.''

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único: Exhortamos de manera respetuosa a la Cámara de Senadores a ratificar, en todos sus términos, la Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, así como sus contenidos y sus objetivos centrales. Asimismo conminamos al Gobierno Federal para que una vez ratificada por el Senado de la República, la Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, sea presentado consecuentemente el programa de políticas culturales y económicas, implementadas por sus secretarías de Estado, principalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía, a la UNESCO y a esta soberanía.

Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica).»»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución. Estando a discusión la proposición con punto de acuerdo y no habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, la proposición; comuníquese.

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FESTEJOS TAURINOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Jazmín Zepeda Burgos para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los estados de la Federación, a sus ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal a relacionar sus legislaciones y reglamentaciones en materia de regulación de festejos taurinos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte.La diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos: Con su permiso, diputado Presidente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a los estados de la Federación, a sus ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal, adecuen sus legislaciones y reglamentaciones en materia de regulación de festejos taurinos.

Los suscritos, diputados miembros de la Comisión de Juventud y Deporte, pertenecientes a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la suscrita diputada Jazmín Zepeda Burgos con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La fiesta taurina a través de los años, se ha consagrado como una de las tradiciones adoptadas más arraigadas en la República Mexicana. La lidia de toros es una herencia de la cultura colonial que aún perdura en nuestros días. Y no sólo eso, sino que en nuestro país existe una gran expectación. Considerada la fiesta brava a su vez como una exhibición de arte, en la cual muchos aficionados taurinos utilizan diferentes formas artísticas para rendir tributo a esta fiesta y sus protagonistas. Pues así se demuestra que la lidia de toros cumple la función de ser fuente de inspiración para otros ámbitos artísticos tales como la música, la pintura, la escultura y la poesía. Y es deber de los profesionales taurinos, empresarios, promotores, artistas y aficionados de la fiesta brava salvaguardar esta tradición. Asimismo la fiesta brava es considerada un espectáculo público, pues por su naturaleza atrae en cada festejo un importante número de seguidores. En nuestro país existe un importante número de profesionales que se dedican a desempeñar un papel en esta actividad, tales como los matadores de toros a pie, matadores de toros a caballo, matadores de novillos a pie, matadores de novillos a caballo, banderilleros, picadores, puntilleros, forcados y monosabios, es decir todas aquellas personas que constituyen las llamadas cuadrillas en las corridas de toros, así como en las novilladas.

Existen en la actualidad múltiples reglamentos taurinos, en los cuales no se prevé el principio constitucional de preferencia de mexicanos sobre extranjeros, motivo por el cual los empresarios taurinos seleccionan libremente a una cantidad desmesurada de extranjeros, coartando así la igualdad de oportunidades para nuestro nacionales. Lo que se pretende implantar es una disposición jurídica en la cual se establezca que por cada matador a pie o a caballo extranjero participe un mexicano. Es importante señalar que los diputados que presentamos esta proposición no estamos en contra de la participación de extranjeros en los festejos taurinos, pero sí creemos que es necesario impulsar a nuestros profesionales mediante la inclusión de disposiciones que protejan los intereses de los mexicanos.

Para los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Juventud y Deporte abajo firmantes, es impostergable la necesidad de adecuar los ordenamientos municipales y del Distrito Federal en la materia para así elevar la competitividad de los valores nacionales en el mundo taurino.

La regulación de los festejos taurinos ha sido competencia de los municipios para así establecer las disposiciones normativas, pues así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 y de las Leyes Orgánicas de los Municipios promulgadas en las entidades federativas. Por ello, existe la viabilidad de ejercer la coercitividad de la norma jurídica en el supuesto jurídico de que los empresarios y organizadores de los festejos taurinos por la figura jurídica del reglamento de observancia general.

Si bien la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para el Distrito Federal, en su artículo 47, que a la letra dice: ``Tratándose de actuantes extranjeros en cualquiera de las categorías de festejos que se ofrezcan al público, consideradas aisladamente cada una de ellas, aquellos no podrán exceder del cincuenta por ciento de los participantes programados. Sin excepción, todos los carteles deberán estar integrados por el cincuenta por ciento de participantes mexicanos como mínimo.'' Protege la preferencia de los mexicanos, pero en este precepto se esconde una laguna, la cual no especifica las especialidad de los actores, pues en repetidas ocasiones se ha programado en los carteles taurinos a un solo rejoneador --que es la nominación de la especialidad de matador de toros a caballo-- lidiando un burel y a los matadores de a pie asignándoles dos astados, constituyendo una inequidad en los festejos en lo que ha oportunidades se refiere. Así también encontramos los casos cuando se programa a un rejoneador extranjero y a ninguno mexicano, por lo cual no se cumple lo mandatado por la ley.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los estados así como los H. ayuntamientos de los estados de la Federación y al Gobierno del Distrito Federal a adecuar las leyes y reglamentaciones que sean materia de regulación de los festejos taurinos, a fin de se incluya una disposición jurídica en la que se obligue a los empresarios a que en cada festejo taurino los matadores extranjeros en las distintas especialidades como son los matadores de toros de a pie y los matadores de toros de a caballo no excedan el 50 por ciento de los participantes programados respetando su especialidad y en igualdad de circunstancias.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2006.

Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz, Sergio Chávez Dávalos, Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Ciro García Marín, Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Rubén Maximiliano Alexander Rábago, Jazmín Zepeda Burgos (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Lizbeth Rosas Montero (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tenemos una comunicación de la Junta de Coordinación Política: la reincorporación de un diputado. Por favor, dé lectura al comunicado del diputado en cuestión.

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DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, diputado federal por el estado de Chiapas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en virtud de haber gozado de licencia temporal del 20 al 24 de marzo del 2006, para atender asuntos de carácter personal, me reincorporo a partir del día 25 de marzo del año en curso, para iniciar nuevamente mis actividades legislativas.

Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 28 de marzo de 2006.--- Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado; comuníquese.

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FESTEJOS TAURINOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Y en ralación con la proposición formulada por la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos, esta Presidencia acuerda que la misma se turne a la Comisión de Gobernación.

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* COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a efecto de determinar las posibles responsabilidades del director general al excluir de sus procesos de licitación pública la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV.La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. La suscrita, Sofía Castro Ríos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo previsto en el artículo 59, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo. En múltiples ocasiones nos hemos visto obligados a denunciar, desde tribuna, diversas irregularidades en la función del director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

Sólo por citar algunos casos:

1. En 2004, a instancia de esta Cámara, la Auditoría Superior de la Federación reconoció que ese servidor público hizo donativos indebidos para la impresión de libros a la fundación privada Vamos México.

2. En 2005, un numeroso grupo de trabajadores de ese organismo descentralizado del Gobierno Federal acudió ante esta soberanía para solicitar apoyo a fin de que se investigara el grave incumplimiento de metas programáticas y el subejercicio presupuestal en la institución, la asignación ilegal de contratos, la contratación de mandos medios que no reúnen el perfil del puesto, transgrediendo lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de la Carrera en la Administración Pública Federal, el incremento indebido y desproporcionado de salarios a colaboradores, entre otras desviaciones.

3.- En 2005, el director general de la Conaliteg, Jorge Velazco y Félix, fue reconvenido por esta soberanía por hacer apología del narcotráfico y degradar el lenguaje en los libros oficiales Cien corridos y El asesinato del profesor de matemáticas.

4. Otro antecedente grave fue la pornografía incluida en el libro de tercer grado de matemáticas que distribuyó esa Comisión, y cuyo hallazgo lo hicieron los niños de tercer grado de primaria de las escuelas de Fresnillo, Zacatecas, quienes se encontraron con varios pliegos de escenas entre parejas de homosexuales, que correspondían a una revista, Toys and Boys, de la que se desconoce qué arreglos tenga con la Conaliteg.

Por obvio de tiempo, señor Presidente, le solicito que todo el contenido del punto de acuerdo sea inscrito en el Diario de los Debates, a efecto de tener una mayor ilustración por parte de mis compañeros.

Pero lo que me importa, o someto a consideración de los integrantes de esta Cámara, es el siguiente punto de acuerdo: La Cámara de Diputados instruye, a través de la Comisión de Vigilancia, a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para determinar las probables responsabilidades en que haya incurrido su director general al excluir arbitrariamente de sus procedimientos de licitación pública la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, y el daño patrimonial que con su actitud al respecto pudiera causar a la hacienda pública.

Es cuanto, señor Presidenta. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a efecto de determinar las posibles responsabilidades del director general al excluir de sus procesos de licitación pública a la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 59, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En múltiples ocasiones nos hemos visto obligados a denunciar, desde tribuna, diversas irregularidades en la función del director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

Sólo por citar algunos casos:

1. En 2004, a instancia de esta Cámara, la Auditoría Superior de la Federación reconoció que ese servidor público hizo donativos indebidos para la impresión de libros a la fundación privada Vamos México.

2. En 2005, un numeroso grupo de trabajadores de ese organismo descentralizado del Gobierno Federal acudió ante esta soberanía para solicitar apoyo a fin de que se investigara el grave incumplimiento de metas programáticas y el subejercicio presupuestal en la institución, la asignación ilegal de contratos, la contratación de mandos medios que no reúnen el perfil del puesto, transgrediendo lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de la Carrera en la Administración Pública Federal, el incremento indebido y desproporcionado de salarios a colaboradores, entre otras desviaciones.

3.- En 2005, el director general de la Conaliteg, Jorge Velazco y Félix, fue reconvenido por esta soberanía por hacer apología del narcotráfico y degradar el lenguaje en los libros oficiales Cien corridos y El asesinato del profesor de matemáticas.

4. Otro antecedente grave fue la pornografía incluida en el libro de tercer grado de matemáticas que distribuyó esa Comisión, y cuyo hallazgo lo hicieron los niños de tercer grado de primaria de las escuelas de Fresnillo, Zacatecas, quienes se encontraron con varios pliegos de escenas entre parejas de homosexuales, que correspondían a una revista, Toys and Boys, de la que se desconoce qué arreglos tenga con la Conaliteg.

El gobierno del estado de Zacatecas lo reportó a la Secretaría de Educación Pública, de la que no se tuvo una explicación.

No obstante, fiel a esa actitud irregular y dolosa, característica de su gestión, el director general de la Conaliteg nuevamente incurre en irregularidades al omitir --contumazmente-- acatar ocho resoluciones administrativas de la actual Secretaría de la Función Pública, que declaró nulos los procedimientos de licitación pública por tramitarse en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en perjuicio de la empresa mexicana Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, y que en consecuencia le obligan a reponer los ocho procedimientos de licitación pública convocados por el organismo a su cargo.

Indebidamente, la directiva de la Conaliteg recurrió infructuosamente esas resoluciones en forma dolosa por su reiteración, puesto que finalmente fueron confirmadas en las instancias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante tribunales colegiados en materia administrativa en forma unánime, por lo que no existe ninguna duda de la conducta y el proceder irregular de servidores públicos.

Esta empresa, que fabrica y elabora textos, durante muchos años participó exitosamente en licitaciones públicas convocadas por la Conaliteg, en las que resultó adjudicataria.

No obstante, por razones no aclaradas y contraviniendo la normatividad aplicable, la Conaliteg la ha excluido de ese tipo de procedimientos, con diversos pretextos.

La Secretaría de la Función Pública le ha ordenado reponer las licitaciones, y pese a ello, la Conaliteg continúa negándose a cumplir esas resoluciones y continúa con su actitud de no permitir concursar a la empresa afectada, y a resarcir sus derechos patrimoniales vulnerados.

No conforme con impedir la participación de esta empresa en las ocho licitaciones públicas mencionadas, con posterioridad a éstas, la directiva de la Conaliteg le fincó cargos para que fuera sancionada por la propia Secretaría de la Función Pública e impedirle de esta forma su libre participación en licitaciones en todo el sector público. Actualmente, esta empresa se defiende del acoso de que es víctima, impugnando por los cauces legales la sanción impuesta, manteniéndose sub iúdice la resolución dictada al efecto ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las relaciones personales y los compromisos y complicidades del director general de la Conaliteg con los responsables de la educación pública del país han impedido que en estos casos se investigue y sancione su indebido comportamiento.

La corrupción, el tráfico de influencias, la incapacidad administrativa y la negligencia en el desempeño han sentado sus reales en ese organismo, con la complacencia de las autoridades educativas y la indiferencia de la Secretaría de la Función Pública, la que no hace nada por hacer cumplir sus propias resoluciones.

En razón a ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados instruye, a través de la Comisión de Vigilancia, a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para determinar las probables responsabilidades en que haya incurrido su director general al excluir arbitrariamente de sus procedimientos de licitación pública la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, y el daño patrimonial que con su actitud al respecto pudiera causar a la hacienda pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2006.--- Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, señora diputada, se ordena la inscripción íntegra de esa proposición en el Diario de los Debates; y se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar en torno al abierto proselitismo a favor del candidato Andrés Manuel López Obrador realizado desde el dispensario médico del centro de convivencia Arenal, delegación Venustiano Carranza.El diputado Jorge Triana Tena: Con permiso de la Presidencia: El pasado 22 de marzo de 2006, el periódico Reforma hizo pública una situación que resulta por demás lamentable para el desarrollo del proceso electoral y deja en claro que para el gobierno delegacional en Venustiano Carranza en el Distrito Federal, el cumplimiento de la ley en su demarcación no es prioridad.

Conforme lo descrito en aquella nota periodística, en la colonia Arenal, delegación Venustiano Carranza, en el Centro de Convivencia Arenal (una de las 12 instalaciones de ese tipo que pertenecen a la delegación Venustiano Carranza), se encuentra un dispensario público en el que una persona de nombre Sergio López Grijalva, quien hace las veces de médico, ofrece consultas y medicamentos gratuitos, y anota sus recetas al reverso de volantes con propaganda política que promueven la aspiración presidencial del candidato López Obrador.

Las recetas tienen dos sellos, uno con la fecha de la consulta y otro que adjudica el servicio al ``Centro Familiar de Trabajo'', de la delegación Venustiano Carranza, que aparece con la dirección actual del Centro de Convivencia Arenal: Xochitlán norte y Xochitlán sur, en la cuarta sección de la colonia Arenal.

Y aún más, en la parte externa del consultorio, también está pegado un cartel de la campaña de López Obrador con su foto y firma, en el que se enlistan los compromisos del candidato con el Distrito Federal.

Las evidencias de esta irregularidad tolerada por la Delegación fueron tales, que la propia jefa delegacional en Venustiano Carranza, Ruth Zavaleta, terminó por aceptar que Sergio López Grijalva ha ejercido la medicina desde hace 23 años en esta instalación de la delegación Venustiano Carranza sin título ni cédula profesional, y peor aún, la propia jefa delegacional pone de manifiesto su incapacidad para tomar las correctas acciones de gobierno al afirmar que han intentado retirar a López Grijalva del dispensario médico, pero que no les fue posible por el apoyo que tiene de la comunidad.

Esta situación no puede quedar en la anécdota, deben ser castigados los responsables con todo el rigor de la ley y las acciones anteriormente descritas, están tipificadas en el artículo 407 del Código Penal. De igual modo el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que es atribución de la Contraloría General conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión con motivo de quejas o denuncias de los particulares, los servidores públicos.

Nuevamente los gobiernos perredistas en la ciudad de México han dejado de manifiesto su desprecio por la ley y su limitada concepción del Estado de derecho y su muy pobre idea del respeto a las instituciones. Una falta de respeto más para los ciudadanos de esta Delegación y de la noble ciudad de México que merece, sin duda, ser revalorada por mejores gobernantes que no utilicen el erario en beneficio de candidatos Presidenciales ni a la jefatura de gobierno, que no utilicen ni lucren con los programas sociales, en particular a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones necesarias en torno al abierto proselitismo a favor del candidato López Obrador que desde el dispensario médico del Centro de Convivencia Arenal de la delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, se realiza; y de ser el caso, iniciar las denuncias penales en contra de los responsables.

Es cuanto, diputado Presidente; muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar en torno al abierto proselitismo a favor del candidato Andrés Manuel López Obrador desde el dispensario médico del Centro de Convivencia Arenal, de la delegación Venustiano Carranza, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El pasado 22 de marzo de 2006, el periódico Reforma hizo pública una situación que resulta por demás lamentable para el desarrollo del proceso electoral y deja en claro que para el gobierno delegacional en Venustiano Carranza en el Distrito Federal, el cumplimiento de la ley en su demarcación no es prioridad.

Conforme lo descrito en aquella nota periodística, en la colonia Arenal, delegación Venustiano Carranza, en el Centro de Convivencia Arenal (una de las 12 instalaciones de ese tipo que pertenecen a la delegación Venustiano Carranza), se encuentra un dispensario público en el que una persona de nombre Sergio López Grijalva, quien hace las veces de médico, ofrece consultas y medicamentos gratuitos, y anota sus recetas al reverso de volantes con propaganda política que promueven la aspiración presidencial del candidato López Obrador.

Las recetas tienen dos sellos, uno con la fecha de la consulta y otro que adjudica el servicio al ``Centro Familiar de Trabajo'', de la delegación Venustiano Carranza, que aparece con la dirección actual del Centro de Convivencia Arenal: Xochitlán norte y Xochitlán sur, en la cuarta sección de la colonia Arenal.

Y aún más, en la parte externa del consultorio, también está pegado un cartel de la campaña de López Obrador con su foto y firma, en el que se enlistan los compromisos del candidato con el Distrito Federal.

Y ante esta evidente violación a nuestro marco normativo, funcionarios de la Delegación contradicen sus dichos. La jefa de la Unidad de Departamento de Centros de Convivencia de la delegación Venustiano Carranza, primero reconoció la existencia del consultorio y dijo que debía checar en la plantilla de personal el nombre del doctor, luego aceptó conocer al médico pero que el servicio no pertenece a la administración local. A su vez, el jefe de la Unidad Departamental de Servicios Médicos de la Delegación, confirmó la existencia del dispensario y también rechazó que el servicio pertenezca a su jurisdicción, aún cuando el dispensario opera en un pasillo adjunto al Centro de Convivencia Arenal.

Las evidencias de esta irregularidad tolerada por la Delegación fueron tales, que la propia jefa delegacional en Venustiano Carranza, Ruth Zavaleta, terminó por aceptar que Sergio López Grijalva ha ejercido la medicina desde hace 23 años en esta instalación de la delegación Venustiano Carranza sin título ni cédula profesional, y peor aún, la propia jefa delegacional pone de manifiesto su incapacidad para tomar las correctas acciones de gobierno al afirmar que han intentado retirar a López Grijalva del dispensario médico, pero que no les fue posible por el apoyo que tiene de la comunidad.

Consideraciones

1. Que el 14 de noviembre del 2005, en la ciudad de Torreón, Coahuila, el Instituto Federal Electoral participó con instancias del Gobierno Federal, con los gobernadores de los estados y con el jefe de Gobierno del Distrito Federal en la firma del ``Pronunciamiento por la civilidad democrática para coadyuvar con la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral del 2006''.

2. Que con fecha 19 de febrero de 2006, el Consejo General de Instituto Federal Electoral aprobó un acuerdo por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006.

3. Que el Instituto Federal Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

4. Que todos los servidores públicos contemplados en la Constitución y en las leyes mexicanas están sujetos a las normas que limitan ya sea desde la perspectiva electoral en materia de uso de recursos públicos, o desde la esfera penal, su actuación durante las campañas electorales federales.

5. Que en virtud de que el Instituto Federal Electoral es la máxima autoridad en materia de elecciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

6. Que el Código Penal Federal establece en su artículo 407 que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato; que condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato; destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

7. Que la fracción XXVI del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que es atribución de la Contraloría General del Distrito Federal conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el ministerio público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.

Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones necesarias en torno al abierto proselitismo a favor del candidato López Obrador que desde el dispensario médico del Centro de Convivencia Arenal de la delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, se realiza; y de ser el caso, iniciar las denuncias penales en contra de los responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil seis.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Ruego a la Secretaría que consulte a la Asamblea si esta proposición se considera de urgente resolución por favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se considera de urgente resolución y está a discusión la proposición. Esta Presidencia registró para hablar en pro al diputado Iván García Solís. Tiene usted el uso de la palabra, diputado Iván García Solís, por tres minutos, para hablar en pro.El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente: el Partido de la Revolución Democrática, desde luego, está a favor de que se hagan las investigaciones correspondientes. Y está a favor porque este partido ha sido siempre y debe seguirlo siendo, y así será, seguramente, un defensor de la legalidad electoral, legalidad electoral que, desde luego, los funcionarios del Partido Acción Nacional están lejos de respetar. Y tenemos que decir con toda claridad que aquí están viendo ellos la paja en el ojo ajeno; y digo la paja porque, en realidad, de lo que se trata en el caso de este ciudadano es de utilizar volantes de López Obrador como papel reciclado.

Es decir, está utilizando el reverso de volantes que se distribuyen gratuita, masivamente para hacer propaganda para actos diversos y los utiliza para hacer recetas. La jefa delegacional de Venustiano Carranza, en el periódico que cita el diputado promovente, hizo declaraciones en el sentido de que el sello, el sello que estaba utilizando este ciudadano es un sello que no corresponde a la delegación Venustiano Carranza, no es un sello actual, que es un sello que corresponde a emisiones de gobiernos muy anteriores, desde luego gobiernos de otra orientación política, que fueron los que gobernaron en esa delegación. Así es, así es, así es; ésta es la versión que da la jefa delegacional.

Desde luego, estamos de acuerdo con la investigación, que se haga la investigación; pero la opinión del promovente es una opinión parcial, una opinión sesgada, una opinión interesada que, como digo, ve la paja porque ésta es una verdadera paja y no la viga, la viga tremenda que es obvia y patente en los casos de los gobernadores de Yucatán, de Morelos, de Guanajuato, de Jalisco, que sin recato alguno, con recursos oficiales, con recursos de los respectivos estados, están apoyando al candidato que ni así repunta, el señor Calderón. De tal manera que sí aprobamos, desde luego, este punto de acuerdo; desde luego, que se investigue. Y promoveremos los puntos de acuerdo correspondientes para que también haya las investigaciones en estas entidades federativas y, desde luego, con relación al propio Presidente Vicente Fox y a su ex secretaria de Desarrollo Social, que ahora funge como promotora de la candidatura, como decimos, sin éxito, del señor Calderón. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para hablar en pro ha solicitado el uso de la tribuna, y esta Presidencia lo concede hasta por tres minutos, el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.El diputado Jorge Triana Tena: De verdad, agradecemos la deferencia del Partido de la Revolución Democrática de sumarse a un punto de acuerdo que implica transparencia, que implica investigación y rendición de cuentas y escrutinio público porque desde esta misma tribuna, durante toda la Legislatura, hemos solicitado auditorías, exhortos, investigaciones e inmisericordemente han votado en contra todos esos puntos de acuerdo. Y me pregunto: ¿de dónde brotó de pronto la honestidad y la valentía si no la hay? Invariablemente, cada vez que se presenta un punto de acuerdo que toque al rey Tlatoani, Andrés Manuel López de Santa Anna, invariablemente tiene que haber gritos y sombrerazos; éste un asunto de elemental escrutinio y fiscalización. Y quien tiene una viga enorme es el Partido de la Revolución Democrática, y quien ve pajas por todos lados y hasta los tiene nublados de tantas que tiene es el propio Partido de la Revolución Democrática, porque no es el único caso: ahí están las brigadas del sol recorriendo los domicilios de los beneficiarios de los programas sociales, y hemos presentado denuncias. Ahí está la imagen gráfica y la propia fotografía de Andrés Manuel López Obrador colocada en carteles en el Metro y en espectaculares promoviendo logros de Gobierno del Distrito Federal, que es idéntica a la que hoy utiliza su candidatura presidencial, su comité de campaña. Y en esto no se trata de un ciudadano aislado que utiliza inocentemente hojas recicladas para escribir recetas: se trata, y está documentado, de un militante activo del PRD, promovente abierto de la candidatura de López Obrador, y esta situación, y me atrevo a asegurarlo y presentaremos pruebas en su momento, se replica en absolutamente todas las demarcaciones del Distrito Federal y también en todos los gobiernos estatales emanados del Partido de la Revolución Democrática.

¿Desde cuándo es inocente regalar un volante promoviendo a un candidato presidencial desde instalaciones públicas, mantenidas, sufragadas, condicionadas con recursos de los ciudadanos, desde cuando?, me pregunto. Agradezco en verdad que se hayan manifestado a favor de este punto de acuerdo porque el día de hoy es un día histórico: por fin, el Partido de la Revolución Democrática vota a favor un punto de acuerdo que implica una auditoría que trastoque o por lo menos roce al propietario del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si la proposición está suficientemente discutida.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Suficientemente discutida y, en consecuencia, ruego a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada; comuníquese.

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COMITE PROVIDA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Subcomisión de Examen Previo de esta soberanía emita la resolución a la denuncia de juicio político en contra de Luis Pazos de la Torre, por las irregularidades en la asignación y utilización de recursos públicos destinados al Comité Provida, AC, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003.La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente: me da gusto participar después de haber aprobado este punto de acuerdo, que presenta Acción Nacional, a favor de la transparencia.

El 20 de julio de 2004 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia presentamos una denuncia de Juicio Político en contra del C. Luis Pazos de la Torre por los actos y omisiones que, en su carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, realizó y que redundaron en un grave perjuicio a los intereses públicos fundamentales, al otorgar recursos públicos federales a instituciones privadas sin el aval de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, de Presupuesto y Cuenta Pública o, en su caso, la del Pleno del órgano colegiado en los términos del artículo 74, fracción IV, párrafo quinto del Código Político de 1917.

Es del dominio público la historia de desvíos, rumores, contradicciones de cifras, acuerdos en lo oscurito, alejados de toda la legalidad, y la confirmación de un desvío por 30 millones de pesos del erario público a la organización antiabortista Pro-Vida, AC, en el decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, por Luis Alberto Pazos de la Torre, como Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LVIII Legislatura, quien de manera unilateral e ilegalmente recortó 70 millones de pesos a los programas para la salud femenina: salud reproductiva, cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario, cuando el 15 de diciembre de ese mismo año, el pleno de la Cámara baja aprobó 100 millones de pesos para esos programas.

La Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, publicado en su página electrónica, determinó que en la asignación de 30 millones de pesos a Provida, la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no cumplió con los ordenamientos jurídicos y que el ex diputado Luis Pazos realizó actividades para las que no estaba facultado, por lo que recomienda a la contraloría interna de la Cámara de Diputados que ``evalúe y determine lo procedente''.

Se constató que dentro de las funciones de este Presidente, no se encuentra la de dar a los titulares de las dependencias el presupuesto aprobado, por ello, y ahora a más de un año de presentada la denuncia, solicitamos que la Subcomisión de Examen Previo, no continúe pasando por alto la legalidad con la que actúo el ex presidente de la Comisión de Presupuesto en la LVIII Legislatura, por ello, presento este punto de acuerdo:

Único. Que el Pleno de la Cámara instruya a la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, para que en términos del artículo 2 y demás relativos aplicables a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dictamine, antes de que concluya el segundo período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, la denuncia de juicio político en contra del ciudadano Luis Pazos de la Torre, por su actuación irregular en la asignación y utilización de recursos públicos destinados al Comité Provida y desprotegiendo sin 30 millones de pesos al tema de la salud de VIH y sida.

Por tanto... Dado en el Palacio Legislativo --concluyo ya, compañeras y compañeros-- de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo de 2006.

Y solicito, señor Presidente, que sea tan amable de publicar íntegro el documento en el Diario de los Debates. Muchas gracias. De obvia y urgente resolución es mi solicitud. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Subcomisión de Examen Previo de esta soberanía emita la resolución a la denuncia de juicio político en contra de Luis Pazos de la Torre, por las irregularidades en la asignación y utilización de recursos públicos destinados al Comité Pro-Vida, AC, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del PRD, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de julio de 2004 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia presentamos una denuncia de Juicio Político en contra del C. Luis Pazos de la Torre por los actos y omisiones que, en su carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, realizó y que redundaron en un grave perjuicio a los intereses públicos fundamentales, al otorgar recursos públicos federales a instituciones privadas sin el aval de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, de Presupuesto y Cuenta Pública o, en su caso, la del Pleno del órgano colegiado en los términos del artículo 74, fracción IV, párrafo quinto del Código Político de 1917.

Es del dominio público la historia de desvíos, rumores, contradicciones de cifras, acuerdos en lo oscurito, alejados de toda la legalidad, y la confirmación de un desvío por 30 millones de pesos del erario público a la organización antiabortista Pro-Vida, AC, en el decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, por Luis Alberto Pazos de la Torre, como Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LVIII Legislatura, quien de manera unilateral e ilegalmente recortó 70 millones de pesos a los programas para la salud femenina: salud reproductiva, cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario, cuando el 15 de diciembre de ese mismo año, el pleno de la Cámara baja aprobó 100 millones de pesos para esos programas.

La Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, publicado en su página electrónica, determinó que en la asignación de 30 millones de pesos a Provida, la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no cumplió con los ordenamientos jurídicos y que el ex diputado Luis Pazos realizó actividades para las que no estaba facultado, por lo que recomienda a la contraloría interna de la Cámara de Diputados que ``evalúe y determine lo procedente''. Asimismo, se constató que dentro de las funciones del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, no se encuentra la de dar a conocer a los titulares de las dependencias el presupuesto aprobado por el pleno de la H. Cámara de Diputados.

Para las y los legisladores la recomendación de la entidad de fiscalización superior confirma la falta de transparencia y legalidad con que actuó Luis Pazos, quien aprovechó su posición para modificar unilateralmente los montos aprobados para salud de las mujeres y contra la pandemia del VIH, y entregar 30 millones de pesos al grupo Pro-Vida, arrogándose las facultades del pleno de la Cámara de Diputados.

No obstante que la Auditoría Superior de la Federación recomendó desde marzo del 2005 la evaluación y determinar lo conducente en contra de Luis Pazos de la Torre, la Subcomisión de Examen Previo ha hecho caso omiso a la denuncia, a la recomendación y a las resolución del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, por la cual inhabilita por 15 años al presidente del Comité Nacional Pro-Vida, AC, Jorge Serrano Limón, para ocupar puestos en la administración pública, y lo sanciona con una multa de 13 millones 237 mil 377 pesos, por el desvío de recursos públicos federales.

Hoy, a más de un año de presentada la denuncia y a uno de la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, la Subcomisión de Examen Previo sigue pasando por alto la ilegalidad con la que actúo el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LVIII Legislatura, hoy se sigue cobijando a la impunidad y a las conductas irresponsables de servidores públicos del gobierno del cambio.

Compañeras y compañeros legisladores, es indispensable que los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo se reúnan a la brevedad y sustancien el procedimiento de juicio político previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que cumplan con las atribuciones que la ley de merito le otorga. Las conductas irregulares en las incurrió Luis Pazos de la Torre no pueden escribirse en la historia de nuestro país como uno más de los actos vergonzosos de impunidad por la falta de acción del Poder Legislativo

El desarrollo de la democracia a la que pretendemos llegar debe estar acompañada de un cambio en sistema jurídico que cree las condiciones necesarias para establecer un régimen de responsabilidades sólido, por lo que es necesario que esta soberanía cumpla con las facultades que la Ley Suprema le otorga a fin de aplicar los procedimientos para que los afectados puedan exigir de manera eficaz el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como hacer exigibles dichas responsabilidades de manera acorde con el Estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Subcomisión de Examen Previo de juicios políticos para que en términos del artículo 12 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dictamine antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional la denuncia de juicio político en contra del C. Luis Pazos de la Torre, por su actuación irregular en la asignación y utilización de recursos públicos destinados al Comité Pro-Vida, AC, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para Ejercicio Fiscal de 2003.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de marzo de 2006.--- Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se ordena que la proposición y su texto íntegro se inserten en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera...

Sí, diputado. Sonido a la curul del diputado De la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Para solicitarle, diputado Presidente, que esta votación pueda ser nominal. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Quiénes lo apoyan? Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): No, la votación de urgente resolución.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Debo entender que está usted pidiendo que el punto de acuerdo sea nominal... No, la votación de urgente. Muy bien. Ordene la Secretaría que se abra el registro de asistencia para recabar la votación a fin de que esta votación pueda determinar si se considera de urgente resolución esta proposición; por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar la votación de este punto de acuerdo... si se considera de urgente resolución. (...)

De viva voz los diputados:

La diputada Isabel Carmelina Cruz Silva (desde la curul): A favor.

La diputada Karimme Isabel Suro Barbosa (desde la curul): A favor.

El diputado Quintín Vázquez García (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Javier Manzano Salazar (desde la curul): A favor.

El diputado José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Presidente, informo a usted que hay 238 votos en pro, 117 en contra y 2 abstenciones. Son 360 votos en total; por tanto, no hay votación calificada.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítanme, señoras y señores diputados: para ilustrar su criterio, tengo una tabla que apoya Servicios Parlamentarios en cuanto a los números. Tenemos 360 diputados presentes: los dos tercios implican 240, votaron 238 a favor. No hay votación calificada, y se ordena turnar esta proposición.

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): ¡No, señor Presidente!

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Sí? Escucho. A ver, escucho, escucho. ¿Quién desea hacer alguna precisión sobre lo que ha dicho la Presidencia?

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado. Diputado Martínez, lo escucho.El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Presidente, si hay 360 diputados y usted divide y todos nosotros dividimos 238 entre 360 para hacer la cuenta directa, le da 66 con fracción.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No.

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Sí, señor.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No, no está usted contando bien, señor diputado. No está usted contando bien. A ver, precísenme sus datos, diputado Martínez... Permítanme por favor. Su argumento, diputado.El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Presidente, le suplico que repita la votación. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ruego a la Secretaría que dé lectura clara y precisa sobre la votación y me dé la determinación al respecto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Nuevamente... Por instrucciones de la Presidencia, vuelvo a repetir la votación, señores y señoras diputados: 238 en pro, con los que votaron de viva voz, 117 en contra y 2 abstenciones. El total de los votos da 360. Por tanto, no hay dos tercios.

El diputado Guillermo Huízar Carranza (desde la curul): ¡Presidente!

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Sí, diputado Huízar? Sonido a la curul del diputado Huízar.El diputado Guillermo Huízar Carranza (desde la curul): Señor Presidente, de elemental aritmética. Señor Presidente: 238 votos a favor, 117 votos en contra y 2 abstenciones dan un total de 357 votos. Si se multiplican, señor Presidente, por 0.66, nos da 235, con 238 votos a favor. Alcanza perfectamente la mayoría calificada.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): ¡Presidente!

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Sí, diputado De la Vega? ¿Sí, diputado De la Vega? El diputado me está haciendo una precisión: 238 más 117, más 2, son 357; los dos tercios es... Diputado De la Vega, ¿algún comentario? ¿Diputado De la Vega? A ver, si me permiten, señoras y señores diputados; permítanme por favor. No se trata de hacer cuentas poco claras sino de tener debidamente precisada la información. La Secretaría me está informando que hay en el tablero 357... Permítanme, es la información que tengo de la Secretaría: 353 votos, más 7... Permítanme por favor para precisar, para precisar: 353 votos, más 7 de viva voz, son 360. Ésa es la información oficial que tengo de la Secretaría. Tengo 353 en el tablero y 7 de viva voz... ¡Permítame! ¿Sí, diputado De la Vega?El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidente: son 353 votos en el tablero electrónico, más 7 que reportó la diputada secretaria, son 360. Eso nos lleva necesariamente a que la votación calificada tendría que ser con 240 votos, y hay 238...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítame... No, no diputada; desde su curul, con mucho gusto la escucho. Diputada, desde su curul la escucho y rectifico el tablero. A ver: la observación, señor diputado, la observación que me están haciendo es que el tablero está mal, está mal contabilizado... Permítame, permítame. Sí, pido a la Secretaría por favor, pido a la Secretaría... estoy tratando de fijar exactamente la litis de este asunto. Pido a la Secretaría, pido a la Secretaría que me sume: 231 votos, permítame, permítame, están haciendo una observación: 231 votos, más 117, más 2. ¡Permítame, por favor, permítame! Y la Secretaría me informa que oficialmente de viva voz fueron 7. ¿Cuál es el total de esa suma, señora secretaria? El total de esa suma, secretaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: 231, más 117, más 2, suman 350; más 7 de viva voz, son 357. (...)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado De la Vega... A ver, diputado De la Vega, usted precíseme algún argumento.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, la explicación está en que hubo tres diputados, el diputado Alcerreca, el diputado Amezcua y el diputado García Ayala, que están presentes en el salón de sesiones y que aparecen ahí, en el tablero electrónico, como que no emitieron voto alguno, por algún error de ellos. Ésa es la explicación del conteo, están presentes en el salón de sesiones. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado, conforme al artículo 59, ellos cuentan por estar presentes en esta votación. Cuentan por estar presentes en esta votación: ``En los casos de urgente y obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta''. Estamos utilizando el artículo 59 y su interpretación, y están presentes; en consecuencia, no hay votación calificada. Ésos son los números. Se ordena... esta Presidencia, con los números demostrados, no hay votación calificada y se ordena turnar la proposición a la Subcomisión de Examen Previo.

Es la resolución. (...)

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente, le pido el uso de la palabra.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Pablo Gómez, tiene usted el uso de la palabra para hacer algún comentario respecto a la determinación que ya adoptó la Presidencia.El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente, la interpretación tan restringida que usted está haciendo del artículo 59 podría tener sentido siempre y cuando contara usted a las personas diputados o diputadas que están presentes y que no emitieron su voto y no están en el tablero; como esos tres del PAN, que tampoco decidieron sentido de la votación... del PRI, perdón. Entonces, creo que para resolver este problema, lo más adecuado y, sobre todo, imparcial es volver a votar y dilucidar este asunto suficientemente, puesto que también hay personas presentes que no han emitido su voto, pero están presentes en la interpretación tan a la letra que usted hace del artículo 59.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Pablo Gómez, las personas, conforme a este artículo, que es el que tengo --y usted no alude a otro, no alude a otro--, estoy apegándome a una disposición marcada en el 59... Si usted no me presenta un argumento y otra disposición que contradiga la determinación de la Presidencia, esta Presidencia ratifica que no hay votación calificada.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Gómez, lo escucho.El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente, mi argumento es el mismo que el de usted: el artículo 59. Usted habla de legisladores presentes; entonces, todos los presentes deben votar. Ahora, si alguien se ha equivocado a la hora de votar y usted dice que no importa, pues tampoco importa que no haya votado estando presente. Es exactamente la misma razón.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Es un argumento que respeto, señor diputado, pero usted me está pidiendo una cosa: usted me está pidiendo que repita una votación, cuando ya hicimos una votación y la Presidencia tomó una determinación. No hay argumento legal que esta Presidencia pueda observar para, habiendo ya repetido una votación, habiendo ya hecho el conteo, habiendo recibido la información de la Secretaría... esta Presidencia no puede hacerlo.

El diputado Fernando Ulises Adame de León (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Ulises Adame, y luego concedo el uso de la palabra a usted, señor diputado Gómez. Diputado Ulises Adame.El diputado Fernando Ulises Adame de León (desde la curul): Presidente: mire, con todo respeto y por lo importante del tema, éste es un asunto fundamental y vale la pena que quede claro a los ojos de toda la nación que nos está viendo... aquí hay tres personas que están registradas y que argumentan que, a pesar de haber votado, no fue registrado ahí en el tablero. ¿Por qué no preguntarles, Presidente, si están los tres aquí presentes? Eso es definitorio y ellos tienen derecho a emitir su voto por encima de que funcione o no funcione el tablero.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado De la Vega.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, para reiterar que, precisamente, es la intervención de la Secretaría al final de la votación electrónica para resolver los casos que, por fallas del sistema, tengan la necesidad de votar de viva voz. Si ellos no hicieron valer ese derecho habiendo estado la votación electrónica en el momento que la Secretaría consultó, es porque determinaron que su voto fuera en abstención.

El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Rueda. Sonido a la curul del diputado Rueda.El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Señor Presidente, con base en el mismo articulado que usted señala y precisando la información del diputado Ulises Adame, los diputados --con todos los derechos, igual que todos nosotros-- Víctor Alcerreca, Marco Antonio García Ayala y Miguel Amezcua Alejo están emitiendo su voto, pero por fallas del sistema electrónico no se registra ningún sentido de su voto. Aquí están ellos presentes y están atentos a insistir en el sistema electrónico, en lugar de votar de viva voz, porque así se ha estilado y se alcanza en ocasiones a registrar el sentido de su voto; pero aquí están presentes, aquí se puede registrar cuál es el sentido de su voto y dirimir esta situación. Muchas gracias.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Rueda, lo que me está usted solicitando para hacer precisa la determinación de esta Presidencia, ¿que consulte a ellos, en ampliación, el sentido de su voto? (...)

Permítanme. El diputado De la Vega plantea como argumento que este derecho ya precluyó porque no se hizo valer en el momento oportuno. Queremos argumentos para que esta Presidencia pueda tomar y pueda interpretar esta situación con la mayor imparcialidad y objetividad posibles. (...)

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Precisamente buscando transparencia e imparcialidad y que se respete la soberanía de la Asamblea y la capacidad de la Asamblea de tomar decisiones, le recuerdo un antecedente en el que su servidor fue objeto de un cambio de una votación por voluntad de la Asamblea en aquel momento. En orden de ideas y en el seguimiento de los dos oradores que me han antecedido, le suplico que, en todo caso, pregunte a la Asamblea si está de acuerdo en que voten los tres compañeros que están presentes y que hace falta que registren su voto ahí porque no apareció en el tablero.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputada, sí.La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (desde la curul): Señor Presidente, simple y sencillamente si esos tres compañeros diputados están presentes físicamente, pero su voto no está contado en ninguna de las tres alternativas, por lógica, aunque estén presentes físicamente, matemáticamente no pueden contar. Es de elemental matemática.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Víctor Alcerreca.El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (desde la curul): Presidente: de manera respetuosa pero firme, quiero observar que en esta Cámara no tenemos los mismos derechos. He estado pidiendo la palabra desde antes que se cierre la votación y no me ha sido concedida. Aquí se puede verificar que intenté votar y el tablero electrónico no está registrando mi voto. Lo he pedido cuando se ha solicitado de viva voz y no se me ha atendido. Quiero que se registre mi voto. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado.El diputado Julio Boltvinik Kalinka (desde la curul): La diputada también tiene que emitir su voto. Estuvo gritando de viva voz a la Secretaría que le dieran la palabra para emitir de viva voz. Está aquí; está presente; no emitió su voto y de todas maneras, señor Presidente, su contabilidad está mal: 238 entre 357 da exactamente dos tercios. Así que, con los votos emitidos a favor y contados efectivamente, divididos entre el total de asistentes, de todas maneras son dos tercios. Así que cualquier solución que permita usted votar a los que no han votado o que acepte los resultados aritméticos de la votación, en ambos casos, gana la opción de aprobar el punto de acuerdo así, como urgente resolución. Así que le pido, señor Presidente, que haga caso de la aritmética y de la soberanía de esta Asamblea.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado. Esta Presidencia no hace otra cosa más que observar los puntos de... Diputado Alejo.El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): Presidente, tengo... Bueno, lo vimos aquí todos: la Presidencia tomó una determinación. Y le solicitaría amablemente que, con el afán de dar certeza jurídica a las decisiones de la Presidencia, continúe y pase al siguiente punto del orden del día, dado que ha quedado suficientemente claro cuál fue el error que se detectó en el tablero, Presidente. Si se diera marcha atrás a la decisión de la Presidencia, sería tanto como en cada votación volver a pedir nuevamente votación y votación y votación. Hay un principio que debe regir las actuaciones de la Presidencia, que es el de certeza jurídica. Presidente, le solicitaría que haga valer su decisión y que continuemos el orden del día. Gracias, Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputada Mícher, ¿alguna intervención?La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor Presidente, le solicito que, en el ejercicio de sus facultades como Presidente de la Mesa Directiva en este momento, haga... tenga oídos para las solicitudes que ha hecho el diputado Jorge Martínez. Podemos tener en este momento la posibilidad, y eso es lo que le solicito, de que usted consulte a la Asamblea la propuesta de que se repita... una, que se repita la votación o, dos, que voten las personas que solicitaron el ejercicio para poder votar y no fue registrado en el tablero. Porque hay antecedentes, diputado, y usted presidía precisamente la Mesa Directiva en ese momento con este antecedente. Le solicito que, en el ejercicio de sus facultades, por favor atienda estas solicitudes. Muchas gracias.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Huízar.El diputado Guillermo Huízar Carranza (desde la curul): Presidente, el tablero electrónico de que está provisto este recinto legislativo no puede sustituir bajo ninguna circunstancia la voluntad de la Asamblea. Es evidente que se trata de un truco electrónico, pero que no recoge en ninguna circunstancia la voluntad de esta Asamblea. (...)

Señor Presidente, ha escuchado usted de viva voz que uno de los diputados, tres... de los diputados, habló uno e hizo uso de su derecho de votar a través del sistema electrónico; su voto no fue registrado. El tablero no puede sustituir, señor Presidente --no deje ese antecedente--, no puede sustituir la voluntad de la Asamblea. Lo que usted debe hacer es solicitar la votación de viva voz de quienes hicieron uso de su derecho y el tablero no lo recogió.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Si me lo permiten, señoras y señores diputados, esta Presidencia va a privilegiar que la votación mayoritaria de las señoras y los señores diputados que están en este recinto sea la que marque la determinación. Me apoyo en el artículo 20 de nuestra Ley Orgánica y es bajo mi responsabilidad la decisión y la interpretación de esta situación y de estos números. Voy a pedir a la Secretaría que a los tres compañeros y compañeras diputadas... a las tres compañeras y compañeros diputados, voten de viva voz. Son tres los que tenemos registrados y me va dar la votación final debidamente establecida y si hay dos tercios para que tome la determinación al respecto. Proceda por favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, tomaré de viva voz, a tres compañeros diputados, la votación:

El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio García Ayala (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Hay dos diputados que no han votado? Recójales la votación. Recójales la votación porque ése es el fondo de la determinación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El diputado Miguel Amezcua Alejo... a favor.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: También la diputada que no votó.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Si son tan amables.

El diputado Miguel Amezcua Alejo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputado.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Los dos diputados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz,

El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno (desde la curul): En contra.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Marcos... Diputado, estoy midiendo la misma situación bajo la misma regla y razón. Tienen que votar los que no estuvieron. Secretario diputado Marcos, auxilie para que la numeración que se me proporcione sea una numeración precisa y correcta para tomar la determinación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz:

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Fernández García (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás Cruz Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (desde la curul): Yo ya voté, diputada.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Déme el cómputo, señora secretaria.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidente, es evidente que hay varios diputados que ya habían votado en el tablero y que están haciendo uso de la palabra nuevamente y ha generado ya incertidumbre en la votación. Eso es simplemente porque ha usted reculado en su decisión que había manifestado la Presidencia sobre un principio de legalidad y de certeza jurídica. Se sienta un precedente lamentable al repetir una votación en esas condiciones, cuando se tiene el tablero electrónico a la vista y tuvieron todos el momento procesal precisamente para dar su voto de viva voz. Lo que está usted haciendo es nuevamente incorporar nuevas gentes que no estuvieron presentes en la votación en el momento procesal correspondiente. Reiteramos nuestra postura de que se mantenga la votación inicial y la declaratoria que hizo la Presidencia en el sentido de que no hay el quórum legal para dar el curso de urgente resolución, Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ruego a la Secretaría que me dé el resultado de la votación final... Sí, diputado...El diputado Sergio Penagos García (desde la curul): Diputado Presidente, sólo para hacer notar dos precedentes verdaderamente negativos que está sentando esta Presidencia durante esta sesión: el primero es fundado en que se ha retractado la Presidencia de una votación declarada válida, después incluso de haber declarado un turno a comisiones de un asunto legítimamente votado en esta Asamblea; y el segundo precedente nefasto que se sienta en esta misma sesión es que, valiéndose de argumentos verdaderamente fantasiosos que ponen en duda la legalidad o la certeza de la votación a través del sistema electrónico, con la aceptación de este argumento esta Presidencia ha puesto en duda la certeza y la validez de todas las votaciones que se han celebrado a través del sistema electrónico de votación en este periodo.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, registro su intervención y ratifico que, con base en las facultades que me concede el 20 de la Ley Orgánica, lo que esta Presidencia quiere saber con toda precisión es quiénes están a favor y quiénes están en contra y si reunimos las dos terceras partes. Por favor, déme el resultado, señora secretaria. Solicito que me dé la votación, señora secretaria. (...) ¿Puede usted precisar quién ha votado dos veces? Dígame el nombre, diputado, no podemos partir de generalidades. La Secretaría está dando fe de quiénes están votando de viva voz y tiene la obligación de certificarme que nadie lo haga en doble ocasión. Tengo que atender lo que me marca y lo que me indica la Secretaría. Si usted tiene algún señalamiento, me lo hace saber; si no, por favor le ruego me dé el resultado de la votación... Si, diputada Blanca.La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Solamente porque quiero que se registre mi participación en el Diario de los Debates; en primer lugar, manifestarle que no estoy de acuerdo con la decisión que usted tomó, independientemente de que sea en uso de sus facultades como Presidente. Decirle además que, efectivamente, había muchos compañeros que no estaban presentes a la hora de la votación. Y mi pregunta también es, señor Presidente, si esto va a ser de manera continua para poder salirme también y no registrar mi voto y luego venir a exigir que el voto se dé. Éste es un precedente negativo para la Cámara y para las votaciones que constantemente llevamos a cabo.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Queda registrado su comentario, diputada Blanca. Diputado Penagos.El diputado Sergio Penagos García (desde la curul): Diputado Presidente, simplemente para aclarar a la Presidencia que el artículo 20 no le concede ninguna facultad para retractarse de una votación declarada válida y de un turno a comisiones ya otorgado. El artículo 20 no le concede esa facultad que usted está pretendiendo ejercer en este momento sin tenerla. Por otra parte, diputado Presidente, y dije que se trataba de dos precisiones; la otra: la Secretaría puede resolver fácilmente la duda dándonos a conocer en este momento las personas que solicitaron votar de viva voz con posterioridad a que usted ya había declarado válida la votación y turnado el asunto a la comisión pertinente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado, queda registrada su observación; y, desde luego, esta Presidencia tiene la obligación de resolver esta decisión conforme a lo que indique la mayoría. Diputado Ulises Adame.El diputado Fernando Ulises Adame de León (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente, porque sabemos que va a quedar registrado lo que aquí se está alegando, nosotros somos testigos de lo que ha pasado aquí, señor Presidente: había solamente tres personas, y dos compañeros se metieron en la lista cuando no debían hacerlo. Lo demás es un asunto independiente, señor Presidente. Aquí había tres votos suficientes para darle validez. Entonces, lo demás son puros alegatos. A mí me parece que es incoherente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ruego a la Secretaría que me dé el resultado de la votación... Permítame, secretaria. Sí, diputado Alejo.El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): Presidente, dada la incertidumbre que se ha generado con la determinación de reabrir la votación, le solicitaría que fuera tan amable de que, en todo caso, si su decisión ha sido revocada de mantener la decisión inicial, le solicitaría que volviera a solicitar que se abra el tablero y se lleve a cabo de nueva cuenta una votación para no dejar en la incertidumbre el sentido en que se dieron los votos y quiénes habían participado con anterioridad y quiénes volvieron a repetirlo, Presidente, para perfeccionar...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Me parece, diputado Alejo, sobre todo porque es su fracción donde nace la duda --y la respeto--, que si los señores coordinadores de las fracciones parlamentarias no tienen ninguna observación, podríamos pasar, para dilucidar este asunto totalmente, a que votáramos nuevamente con el tablero. Si los señores coordinadores de las fracciones parlamentarias no tienen alguna observación, procederíamos a votar en el tablero. Ruego a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico para que podamos pasar a una votación de otra naturaleza.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ruego a la Secretaría que ordene la apertura del sistema electrónico, por tres minutos, para recabar la votación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recabar la votación mencionada por el Presidente. (...)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz, tres compañeros diputados que no aparecen en el tablero y que están presentes:

La diputada Isabel Carmelina Cruz Silva (desde la curul): A favor.

La diputada Karimme Isabel Suro Barbosa (desde la curul): A favor.

El diputado Quintín Vázquez García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. (...)

Diputado Presidente, informo a usted que se emitieron 235 votos en pro, 120 en contra y 1 abstención. Y el total de la votación son 356. Sí hay mayoría calificada. (...)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ruego a la Secretaría que me dé el resultado total de la votación. Ruego a los tres secretarios coincidan con su criterio y me den la determinación. (...)

Ruego al señor secretario Marcos, a la diputada Patricia y a la diputada Sara me den de común acuerdo el resultado de votación. (...)

Ruego a los tres secretarios, como se los ordené, que coincidan con la información que van a dar a la Presidencia para tomar la determinación al respecto. (...)

Ruego a los señores diputados que no son secretarios: por favor, abandonar ese lugar y tomar sus asientos. Ruego al señor diputado Tamborrel: por favor, tomar su asiento. Pido a los tres secretarios que me den de manera uniforme el resultado de la votación. Pedido de los tres secretarios que, de manera uniforme, den el resultado de la votación. Y les pido su compostura para poder tomar esa determinación. Me la va a dar la diputada Sara, en nombre de los tres secretarios --que han hecho el cómputo indicado--, y tomaré la decisión que indiquen los números. Sí, diputada Sara.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En nombre de los tres secretarios de la Mesa Directiva y habiendo hecho ya las cuentas más de 10 veces, les informo e informo a la Presidencia que hay 235 votos en pro, 120 en contra y 1 abstención, y da un total de 356 votos. Por tanto, necesitamos para que sea votación calificada... No hay votación calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia, en función de la votación que se recabó después del consenso... Compañeros, por favor, les pido orden. Se ordena turnar a la Subcomisión de Examen Previo la proposición formulada por nuestra compañera Martha Lucía Mícher Camarena. Y ruego a la Secretaría que dé cuenta con los asuntos en cartera, cerrando el tablero electrónico.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 30 de marzo de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los diputados Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra y Pablo Bedolla López.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y el párrafo primero del artículo 1o. de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señora secretaria. La última votación se toma como registro final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: (a las 16:57 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 30 de marzo, a las 10:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 00 horas. Se levanta la sesión.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 41 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 300 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 387 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 356 diputados.

Diputado que solicita licencia: 1.

Diputados suplentes que se incorporan: 2.

Diputados que se reincorporan: 6.

Diputado que se separa de grupo parlamentario: 1.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 4.

Puntos de acuerdo, aprobados: 2.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 6.

Oradores en tribuna: 35 PRI-12, PAN-9, PRD-11, PVEM-1, Conv-2

Se recibió:

5 oficios de los Congresos de los estados de Baja California, Michoacán y Puebla;

1 oficio del Gobierno del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio del delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

6 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que propone cambios en la integración de las Comisiones de: Hacienda y Crédito Público, Recursos Hidráulicos; Desarrollo Social; Vivienda; Equidad y Género; Educación Pública y Servicios Educativos; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

1 oficio de la Secretaría de Educación Pública;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que igual número de ciudadanos puedan prestar servicios en las Embajadas de Colombia y del Estado de Israel en México, respectivamente;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que propone modificar el orden del día para retirar de primera lectura el dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de Ley de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias;

1 minuta de ley para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional;

1 minuta de ley;

1 iniciativa del Congreso del estado de Oaxaca;

10 iniciativas del PRI;

5 iniciativas del PAN;

5 iniciativas del PRD;

2 iniciativas del PVEM.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional;

1 de las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social;

1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 5o., y la actual fracción XI pasa a ser la XII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

1 de las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111, y adiciona una fracción VIII al artículo 2o. de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 419, 420 y 421, y adiciona el artículo 421 Bis, todos de la Ley General de Salud;

1 de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre ``Instituto Politécnico Nacional'';

1 de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que expide la Ley de la Academia Mexicana de la Lengua.

Dictámenes aprobados:

1 de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados;

1 de la Comisión de Defensa Nacional, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modifique el Reglamento de la Ley del Servicio Militar en los artículos 1o., 19, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 58, 107 y 148, asimismo, derogue los artículos 251, 252, 253 y 254 de ese ordenamiento;

1 de la Comisión de Defensa Nacional, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construya un asta bandera monumental en la comunidad de Corralejo de Hidalgo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato;

1 de la Comisión de Seguridad Social, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional;

1 de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Gobernación, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los consejos estatales, a apoyar y participar en la realización de la 46a. Olimpiada Internacional de Matemáticas;

1 de la Comisión de Turismo, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los Centros Integralmente Planeados;

1 de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos, y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos;

1 de la Comisión de Desarrollo Social, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar un programa especial que garantice alimentos para todos;

1 de la Comisión de Salud, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a extender y aplicar de manera inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características;

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a respetar los derechos humanos tanto de sus integrantes como de los derechohabientes de dicha institución;

1 de la Comisión de Transportes, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, a fin de retirar la concesión de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV;

1 de la Comisión de Transportes, por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aclare el grado de avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para el año 2005, a través de proyectos de prestación de servicios, para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, en el estado de Michoacán;

1 de la Comisión de Transportes, por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Especial para la Competitividad y el Desarrollo Regional, al Presidente del Consejo de Administración de Cintra, SA de CV, para conocer el estado que guarda el proceso de compra-venta de las aerolíneas Aeroméxico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación y Clic;

1 de la Comisión de Transportes, por el que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes a que realice las investigaciones y gestiones necesarias para determinar las condiciones y circunstancias en que acaecieron los hechos relacionados con el accidente carretero consistente en el ``encontronazo'' de un autobús de pasajeros identificado con la razón social ``Avituris'', contra un vehículo de carga en el kilómetro 170 del tramo de la carretera Ciudad Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, para determinar los hechos y deslindar responsabilidades y prestar el auxilio y apoyo a las víctimas, personas fallecidas y lesionadas, así como a sus familiares;

1 de la Comisión de Salud, por el que se considera atendido el punto de acuerdo para solicitar que comparezca el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2, encontradas en nuestro país;

1 de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional, por el que se considera atendido el punto de acuerdo para que los integrantes de esas Comisiones visiten la región Loxicha y la Sierra Zapoteca, en Oaxaca, e informen sobre la situación en la zona.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Abdalá de la Fuente, José Manuel (PRI) Gasolina Pemex Magna: 197

Adame de León, Fernando Ulises (PRI) Comité Provida: 298 desde curul, 301 desde curul

Aguirre Maldonado, María de Jesús (PRI) Artículo 20 constitucional: 185

Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel (PRI) Comité Provida: 299 desde curul

Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel (PRI) Gasolina Pemex Magna: 198

Álvarez Mata, Sergio (PAN) Artículo 6o. constitucional: 199

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Trabajadores migrantes: 88 desde curul, 89

Boltvinik Kalinka, Julio (PRD) Comité Provida: 299 desde curul

Castro Ríos, Sofía (PRI) Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos: 287

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) Artículo 89 constitucional - Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior: 222 desde curul

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) Trabajadores migrantes: 90

Cortés Sandoval, Santiago (PRD) Ley Reglamentaria del Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 177

De la Vega Asmitía, José Antonio Pablo (PAN) Comité Provida: 296 desde curul, 297 desde curul, 298 desde curul, 300 desde curul

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Trabajadores migrantes: 89 desde curul

Díaz Delgado, Blanca Judith (PAN) Comité Provida: 301 desde curul

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Ley General de Salud: 223

Flores Mendoza, Rafael (PRD) Artículos 74 y 79 constitucionales: 203

Flores Mendoza, Rafael (PRD) Artículos 90, 92 y 93 constitucionales - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 161

García Cuevas, Fernando Alberto (PRI) Artículo 89 constitucional - Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior: 223 desde curul

García Cuevas, Fernando Alberto (PRI) Ley General de Educación: 170

García Laguna, Eliana (PRD) Trabajadores migrantes: 86

García Ochoa, Juan José (PRD) Artículo 89 constitucional - Ley que Crea el Consejo Nacional de Política Exterior: 209

García Ochoa, Juan José (PRD) Trabajadores migrantes: 87

García Solís, Iván (PRD) Andrés Manuel López Obrador: 292

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Comité Provida: 297 desde curul

González González, Ramón (PAN) Ley General de Educación: 174

Guízar Valladares, Gonzalo (PRI) Artículo 20 constitucional: 168

Huízar Carranza, Guillermo (PRD) Comité Provida: 297 desde curul, 300 desde curul

Izaguirre Francos, María del Carmen (PRI) Comité Provida: 299 desde curul

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Comité Provida: 299 desde curul, 302 desde curul

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Comité Provida: 296 desde curul, 299 desde curul

Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Ley de Amparo: 171

Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos: 159

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Ley Agraria: 173

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Comité Provida: 293 desde curul, 299

Monárrez Rincón, Francisco Luis (PRI) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 207

Muñoz Santini, Inti (PRD) Protección de contenidos culturales y expresiones artísticas: 282

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Trabajadores migrantes: 85

Pasta Muñuzuri, Ángel (PAN) Artículos 1o., 3o., 25, 27, 29, 49, 73, 76, 78, 80, 107, 116, 125 y 135 constitucionales: 187

Pedraza Martínez, Roberto (PRI) Trabajadores migrantes: 88

Penagos García, Sergio (PAN) Comité Provida: 301 desde curul

Penagos García, Sergio (PAN) Trabajadores migrantes: 86

Perdomo Bueno, Juan Fernando (Conv) Publicidad del Gobierno Federal: 281

Perdomo Bueno, Juan Fernando (Conv) Trabajadores migrantes: 87

Rodríguez Fuentes, Agustín (PRD) Trabajadores migrantes: 89 desde curul, 90

Rueda Sánchez, Rogelio Humberto (PRI) Comité Provida: 298 desde curul

Sigala Páez, Pascual (PRD) Ley Orgánica del Congreso: 190

Triana Tena, Jorge (PAN) Andrés Manuel López Obrador: 289, 292

Zepeda Burgos, Jazmín Elena (PRI) Festejos taurinos: 285 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arevalo Gallegos Daniel Raúl Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bejos Nicolás Alfredo Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Cabrera Rivero Pedro Gustavo Campos Córdova Lisandro Arístides Carrasco Gómez César Augusto Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Chávez Montenegro Benito Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Córdova Martínez Julio César Cruz Silva Isabel Carmelina Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel Dávila Salinas Norma Violeta Del Valle Reyes Guillermo Delgadillo González Claudia Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez Hernández Aldo Mauricio Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Mendivil Morales Guadalupe Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Murat Hinojosa Alejandro Ismael Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Ortega Ramírez Heriberto Enrique Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Rangel Espinosa José Retamoza Vega Patricia Elena Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez Jesús Tolentino Rosales Olmos Samuel Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Vega Ofelia Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Vázquez Salvador Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Suro Barbosa Kerimme Isabel Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vázquez Vázquez Modesta Velázquez Ramírez Aracelí Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Asistencias: 130 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 7 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 55 Total diputados: 197 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández Huberto Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Alejo Ana Luz Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sierra Zúñiga Miguel Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Varela Hall Juan Alejandro Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Asistencias: 115 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 1 Inasistencias: 27 Total diputados: 148 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Álvarez Pérez Marcos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Diego Aguilar Francisco Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Guillén Zárate Edith Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Meza Horacio Martínez Ramos Jorge Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Mojica Morga Beatriz Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Hernández Emiliano Vladimir Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 71 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 16 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 9 Total diputados: 96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Ávila Serna María Fernández Avila Maximino Alejandro González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Mazoy Kuri José Luis Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 6 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 8 Total diputados: 17 PARTIDO DEL TRABAJO González Yáñez Óscar Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS SIN PARTIDO Aguilar Bueno Jesús Arechiga Santamaría José Guillermo Briones Briseño José Luis Camarillo Zavala Isidro Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Clouthier Carrillo Tatiana Gutiérrez Corona Leticia Ibáñez Montes José Angel Jiménez Sánchez Moisés Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Ramos Salinas Óscar Martín Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Sagahon Medina Benjamín Sánchez Hernández Alfonso Sandoval Urbán Evelia Vega Carlos Bernardo Vega y Galina Roberto Javier Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 11 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 22 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcocer García Roger David Arcos Suárez Filemón Primitivo Arias Martínez Lázaro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Bazan Flores Omar Bitar Haddad Oscar Culebro Velasco Mario Carlos Dávila Salinas Norma Violeta Delgadillo González Claudia Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Fajardo Muñoz María Concepción Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén García Ortiz José González Huerta Víctor Ernesto Guerra Castillo Marcela Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Jiménez Macías Carlos Martín Martínez López Margarita Mejía González Raúl José Montenegro Ibarra Gerardo Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Nava Díaz Alfonso Juventino Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Pano Becerra Carlos Osvaldo Ponce Beltrán Esthela de Jesús Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Puga Leyva Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Rangel Espinosa José Retamoza Vega Patricia Elena Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez Jesús Tolentino Rosales Olmos Samuel Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Salazar Macías Rómulo Isael Sánchez Vázquez Salvador Soriano López Isaías Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Uscanga Escobar Jorge Villacaña Jiménez José Javier Wong Pérez José Mario Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Faltas por grupo: 55 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Álvarez Ramos J. Irene Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Corrales Macías José Evaristo Döring Casar Federico Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Flores Mejía Rogelio Alejandro Gama Basarte Marco Antonio González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Hernández Martínez Ruth Trinidad Lara Arano Francisco Javier López Mena Francisco Xavier Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Molinar Horcasitas Juan Francisco Ortíz Domínguez Maki Esther Ovalle Araiza Manuel Enrique Paredes Vega Raúl Leonel Rojas Toledo Francisco Antonio Sacramento Garza José Julián Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Torres Ramos Lorena Villanueva Ramírez Pablo Antonio Faltas por grupo: 27 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Chávez Ruiz Adrián Figueroa Romero Irma Sinforina Guillén Quiroz Ana Lilia Herrera Ascencio María del Rosario Morales Torres Marcos Pérez Medina Juan Ramos Hernández Emiliano Vladimir Sánchez Pérez Rocío Tovar de la Cruz Elpidio Faltas por grupo: 9 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Alvarado Villazón Francisco Xavier Fernández Avila Maximino Alejandro González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Lujambio Moreno Julio Horacio Mazoy Kuri José Luis Méndez Salorio Alejandra Velasco Coello Manuel Faltas por grupo: 8 DIPUTADOS SIN PARTIDO Arechiga Santamaría José Guillermo Camarillo Zavala Isidro Gutiérrez Corona Leticia Jiménez Sánchez Moisés Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Sandoval Urbán Evelia Vega y Galina Roberto Javier Faltas por grupo: 10