SUMARIO
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento
La Secretaría de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados, modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el ámbito cultural. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento
El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona los artículos 87 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
La ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda solicita permiso para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión
Dos oficio de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita los permisos necesarios para que diez ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobierno extranjeros en México y para que ocho ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión
Ocho oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ocho ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión
Doce oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al envío de remesas por parte de Western Union hacia Sonora. Se remite a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proyectar un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, con el objetivo de realizar diversas acciones encaminadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas al recinto legislativo de San Lázaro. Se remite a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal declarar estado de emergencia en las zonas afectadas por el paso del huracán Lane en el estado de Sinaloa, así como a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Se remite a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar zona de desastre a diversos municipios de Veracruz, que resultaron afectados por las lluvias, así como le sean asignados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para auxilio de la población y de las actividades económicas que resultaron perjudicadas. Se remite a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores por el que se solicita al Presidente de la República un informe sobre las acciones emprendidas por el gobierno federal para erradicar la violencia contra las mujeres, y el balance de resultados al respecto. Se remite a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir en los términos que marca la ley, para que en caso de que las sucursales bancarias sean sujetos de robo a cajas de seguridad, fueran corresponsables con los arrendatarios de las mismas por las pérdidas de su patrimonio. Se remite a la Cámara de Senadores
Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal presenta iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros presenta iniciativa que reforma el artículo 196 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos iniciativa que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores
Primera lectura a dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y al Reino de España. Se le dispensa la segunda lectura
Sin discusión, se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales
Desde su curul el senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento en relación con la presentación de diversas proposiciones con punto de acuerdo que el Presidente considera procedente
El diputado José Antonio Muñoz Serrano presenta proposición con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra como subsecretaria general de Administración de la Organización de las Naciones Unidas
Sobre el tema interviene la diputada Lorena Martínez Rodríguez
Es aprobada la proposición, comuníquese
El diputado Raúl Cervantes Andrade presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio al litro de leche que distribuye Liconsa. Se turna a la Tercera Comisión
El diputado Javier González Garza presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República, inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal. Se turna a la Primera Comisión
El senador Jorge Legorreta Ondorica presenta proposición con punto de acuerdo, relativo a la extracción de arena en la isla de Cozumel, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores
El senador Gabino Cué Monteagudo presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión
Desde su respectiva curul hacen comentarios de procedimiento:
El diputado Javier González Garza
A lo que el Presidente da respuesta
El senador Ricardo Monreal Ávila
El diputado Juan José Rodríguez Prats solicita guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ciudadano Mario Trujillo García, diputado federal a la XLVII Legislatura y gobernador del estado de Tabasco de 1971 a 1976 y la asamblea así lo hace
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y autoridades de los estados y del Distrito Federal, celebren convenios con los clubes privados de las diferentes disciplinas. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados
El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez presenta proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla
Hablan sobre el mismo tema los legisladores:
La senadora Claudia Corichi García
El senador Gabino Cué Monteagudo
La diputada Silvia Luna Rodríguez
El senador Carlos Lozano de la Torre
El senador José Guillermo Anaya Llamas
El senador Ricardo Monreal Ávila
El diputado Antonio Xavier López Adame
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo suscrito por legisladores de diferentes grupos parlamentarios y la asamblea lo aprueba. Comuníquese
El senador Ricardo Monreal Ávila presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación respecto de la violación a las disposiciones que en materia de incompatibilidades y conflicto de interés establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes
El senador José Guillermo Anaya Llamas presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Federal Electoral para que en el ajuste a su presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007, garantice el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral. Se turna a la Primera Comisión
El senador Alejandro Moreno Cárdenas presenta proposición con punto de acuerdo, para que comparezca el Procurador General de la República e informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implantar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana.
Hacen comentarios desde su curul los legisladores:
El senador Ricardo Monreal Ávila
El senador Leonel Godoy Rangel
La Presidencia hace las aclaraciones al respecto
La asamblea en votación económica no considera de urgente resolución la proposición del senador Moreno Cárdenas y la Presidencia la turna a la Primera Comisión
El senador Ricardo Monreal Ávila hace comentarios sobre diversas proposiciones contenidas en el orden del día con el mismo tema
La Presidencia hace aclaraciones
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Seguridad Pública federal, comparezca para informar sobre los operativos en Michoacán y Tijuana
Desde su curul el senador Leonel Godoy Rancel realiza una pregunta al diputado Juan de Dios Castro Muñoz
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz da respuesta
La proposición del diputado Juan de Dios Castro Muñoz. Se turna a la Primera Comisión
El senador Ricardo Monreal Ávila presenta proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, y al Procurador General de la República. Se turna a la Primera Comisión
La senadora Claudia Sofía Corichi García presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, un informe pormenorizado de los operativos en contra del crimen organizado. Se turna a la Primera Comisión
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica el interés del gobierno de la República de Nicaragua de entregar a los jefes de Estado y de gobierno asistentes al acto de transmisión del mando presidencial en ese país, incluido el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la Medalla conmemorativa de la Unidad Latinoamericana, Nicaragua Libre 2007. En votación económica se dispensan todos los trámites al asunto
Desde su curul el diputado Javier González Garza hace comentarios al respecto
A los que el Presidente da respuesta
Aprobado el decreto
El Presidente, para dejar constancia en el Diario de los Debates de la calidad de la Medalla conmemorativa, instruye a la Secretaría dar lectura al decreto número 02 2007 del Presidente de la República de Nicaragua, por el que crea dicha medalla. Pasa el decreto aprobado al Ejecutivo para los efectos constitucionales
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo definitivo para exhortar al Ejecutivo federal a establecer mecanismos para estabilizar el precio de los granos y evitar que los incrementos de los precios de la tortilla y otros productos básicos afecten la economía de los más necesitados. Aprobado. Comuníquese
El diputado Octavio Martínez Vargas presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y al Congreso del estado de México, den solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecamac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec. Se turna a la Primera Comisión
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al Procurador General de la República, pongan en funcionamiento las unidades mixtas de atención al narcomenudeo, señaladas en el convenio de colaboración y coordinación celebrado el 23 de septiembre de 2004
Desde su curul el senador Leonel Godoy Rangel realiza una pregunta a la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros da respuesta
La proposición de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Se turna a la Primera Comisión
La senadora Adriana González Carrillo presenta proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se pronuncia por la pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala. Se turna a la Segunda Comisión
El senador Carlos Lozano de la Torre presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y al Procurador General de la República, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos, Sociedad Anónima, en las aduanas de México. Se turna a la Tercera Comisión
Se recibió del grupo parlamentario del PRD proposición con punto de acuerdo, para solicitar una auditoría especial de los recursos federales destinados a educación en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal presente a la Cámara de Diputados, previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la propuesta de declaratoria de Zonas de atención prioritarias a que aluden diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados
El diputado Octavio Martínez Vargas presenta proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se une a la petición mundial respecto al cierre de la prisión militar de Guantánamo. Se turna a la Segunda Comisión
De la próxima sesión
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
ASISTENCIA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, secretario. Solicito a los señores de los medios que nos hagan favor de pasar a sus lugares para permitir el inicio de la sesión. Adelante, secretario.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Hay una asistencia de 29 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:16 horas): Gracias, secretario. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LX Legislatura.
Miércoles 10 de enero de 2007.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
De Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco
Que adiciona los artículos 87 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de particular
De la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, por la que solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)
De la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Jorge Flores Chacón pueda prestar servicios en la Embajada de Panamá en México. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California. (Turno a Comisión)
Ocho, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Hurtado Ochoa, Rogelio Armando Patiño Canchola, Armando Onésimo Flores Morales, Carlos Eduardo Jiménez Macotela, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Jesús Hernández Pérez, Marco Antonio Álvarez Reyes y Sergio Alejandro Villalobos López puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Doce, con los que remite hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano para los efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Iniciativas de legisladores
Que adiciona los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 196 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Dictamen de primera lectura
De la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de la Maestra Alicia Barcena Ibarra como subsecretaria general de Administración de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, en nombre de los Integrantes de la Segunda Comisión. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a iniciar, en cumplimiento de sus atribuciones, una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio de cincuenta centavos al litro de leche que distribuye Liconsa, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la extracción de arena en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación de la Secretaría de Educación Pública y autoridades de los estados y del Distrito Federal, a celebrar convenios con los clubes privados de las diferentes disciplinas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue el probable conflicto de intereses por el nuevo empleo del ex secretario de Hacienda, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla, a cargo de los senadores Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir un decreto de congelamiento del precio del kilo de tortilla de maíz, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Federal Electoral a garantizar, en el ajuste a su presupuesto para el ejercicio 2007, el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, a cargo del senador Guillermo Anaya Llamas y suscrita por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y al Congreso del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecamac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente llame a comparecer al procurador general de la República para que informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implantar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República a poner en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, señaladas en el convenio de colaboración y coordinación celebrado el 23 de septiembre de 2004, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal a realizar medidas urgentes para enfrentar el alza en el precio de la tortilla, a cargo de la senadora Claudia Corichi García, en nombre del senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra como subsecretaria General de la ONU, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se pronuncia por la pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar una auditoría especial en los recursos federales destinados a educación en el estado de Puebla, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública; y al procurador general de la República que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Seguridad Pública Federal que comparezca ante esta soberanía para informar sobre los operativos en Michoacán y Tijuana, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se une a la petición mundial respecto al cierre de Guantánamo, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar a la Cámara de Diputados, previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritarias a que aluden los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, a cargo del senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe detallado sobre los trabajos técnicos que realiza la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice, para la posible suscripción de un tratado de límites con el gobierno de Belice, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas y a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a organizar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, una campaña de ayuda humanitaria para apoyar a las personas de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que solicita se realice una auditoría integral respecto de las actividades que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, y a la Procuraduría General de la República un informe pormenorizado de los operativos en contra del crimen organizado, a cargo de la senadora Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal para que la distribución del fondo regional establecido en el anexo 20, en los términos de lo estipulado en el artículo vigésimo transitorio del decreto, se realice considerando el Conteo de Población 2005, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Tabasco a dar cumplimiento a la recomendación 46/2006 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se declare Zona de Desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre el ecocidio en el valle de San Luis Potosí cometido por la Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se extiende un sincero reconocimiento a la representante Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus declaraciones favorables a un entendimiento migratorio entre nuestros países, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para citar a comparecer ante la Comisión Permanente al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Agenda política
Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios en relación con la situación política del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios en relación con la situación de los presos por el conflicto en Oaxaca, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el tres de enero de dos mil siete, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladoras y legisladores, a las once horas con quince minutos del miércoles tres de enero de dos mil siete, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se reciben acuerdos de los congresos de los estados de:
Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Congreso del Estado de Zacatecas, remite acuerdos:
Se reciben oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
La Secretaría da lectura al acuerdo de la Mesa Directiva relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente. En votación económica se aprueba.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los congresos de los estados de:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remite oficio con el que informa que en el mes de noviembre de dos mil seis, no efectuó ningún pago por concepto de donación. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito público de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite oficio con el que envía información relativa a las Finanzas Públicas y Deuda Pública, correspondiente al periodo enero-noviembre de dos mil seis. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaría de Gobernación remite oficios por los que:
El diputado Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
Presentan proposiciones con puntos de acuerdo:
La Secretaría da lectura a las comisiones de cortesía designadas para participar la instalación de la Comisión Permanente al Presidente de la República y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Secretaría da lectura a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura. Se aprueba en votación económica la propuesta de integración de las tres comisiones de la Comisión Permanente.
La Asamblea acepta en votación económica la integración en el orden del día de una proposición con punto de acuerdo, suscrita por legisladores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Convergencia, por el que la Comisión Permanente condena energéticamente los atentados ocurridos en el Reino de España. Se le otorga la palabra para presentar la proposición a la Senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.
Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Presidencia de la diputada Lorena Martínez Rodríguez
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las doce horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles diez de enero de dos mil siete, a las once horas.»
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a disposición el acta.
El Secretario senador Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Continúe la Secretaría.
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presente.
Me refiero al oficio No. D.G.P.L. 60-II-6-167, fechado el 30 de octubre del año en curso, mediante el cual da a conocer al secretario de Gobernación el acuerdo relacionado con los productores de frijol.
Al respecto, me permito informarle que se ha instrumentado por la Sagarpa, a través de Aserca, el Programa de Acopio y Comercialización de Frijol en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, con la participación de diversas organizaciones de productores de dichas entidades.
El día 30 de noviembre de 2006, fueron citadas las partes, con objeto de suscribir los convenios de concertación, instrumentos jurídicos necesarios para canalizar los apoyos monetarios para la puesta en marcha del programa en comento.
Sin embargo, algunas organizaciones de productores no habían acreditado su personalidad jurídica y legal existencia ante la Coordinación Jurídica de este órgano administrativo desconcentrado, por lo que no se contaba con la posibilidad de suscribir la totalidad de los convenios.
Derivado de lo anterior, y no obstante la problemática para la formalización de los instrumentos jurídicos, Aserca ha prestado en todo momento el apoyo a las organizaciones de productores para que éstas solventen satisfactoriamente los requisitos que se establecen en la cláusula séptima de los convenios de concertación.
Cabe destacar que a la fecha se han firmado 19 convenios con organizaciones de las tres entidades, que suman 160 mil 500 toneladas, mismos que se desglosan a continuación:
Cabe señalar que se gestionó ante la Dirección General de Programación y Presupuesto ``B'' la autorización para llevar a capo la suscripción de dichos convenios, durante los meses de noviembre y diciembre del presente, y que únicamente queda por suscribir un convenio por 3 mil toneladas, debido a la problemática operativa en que se ve involucrada la organización CAISI de Cuauhtémoc, Chihuahua.
En suma, se contemplan apoyos para 163 mil 500 toneladas, que beneficiaran a productores de 20 organizaciones, por lo que reitero que el compromiso de ASERCA con éstas y los gobiernos de los estados de Durango, Chihuahua y Zacatecas está vigente, a fin de llevar a buen termino el Programa de Acopio y Comercialización de Frijol en dichas entidades.
Sin más por el momento, aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Por instrucciones del director general de este organismo, me permito referirme a su atento oficio citado al margen, por el que comunicó los puntos de acuerdo que a la letra dicen:
Sobre el particular se solicitó la información antes señalada a la Gerencia de Tramo Chiapas, unidad administrativa encargada de dicha vía de comunicación, cuyo concesionario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, a través del Fideicomiso 1936 de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas. Esta autopista inició operaciones en toda su longitud el 22 de diciembre de 2003.
El proceso de construcción requirió de un lapso de tiempo de 10 años, concluyendo con la puesta en operación del puente Chiapas. Durante dicho lapso, la estructura del pavimento y demás elementos de la carretera soportaron, además de la agresión de los factores meteorológicos típicos de la región, el tránsito de los vehículos utilizados en la construcción de la misma, incluyendo la aplicación de cargas de altas magnitudes por el transporte de elementos de gran volumen utilizados en la construcción del puente Chiapas. Durante ese lapso no se realizaron actividades de conservación que permitieran mantener esta vía en condiciones satisfactorias de servicio.
El camino directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla pasó a formar parte de la red de carreteras administradas por este organismo, bajo contrato de prestación de servicios, de la siguiente manera:
Subtramo: Del kilómetro 0+000 al kilómetro 17+000Fecha: 5 de septiembre de 2002
Subtramo: Del kilómetro 17+0000 al kilómetro 105+000Fecha: 14 de julio de 2004
Subtramo: Del kilómetro 105+000 al kilómetro 197+500Fecha: 13 de julio de 2004
Dadas las condiciones físicas en las cuales se puso en operación esta autopista, se destinaron recursos por 80 millones de pesos para realizar trabajos urgentes de conservación, consistentes en la atención inmediata de la superficie de rodamiento, protección de los taludes de cortes, reforzamiento del señalamiento vertical, horizontal y de protección en terraplenes con defensa metálica, reparación de deslaves y mantenimiento menor del camino incluyendo las estructuras.
Ante el surgimiento de irregularidades sobre la superficie de rodamiento en zonas determinadas, se requirió la realización de estudios de la estructura del pavimento y la posterior ejecución de un proyecto ejecutivo que determinaran con precisión los trabajos que garantizarían un adecuado comportamiento de dicha superficie.
El periodo para la autorización de los recursos respectivos, la realización de los estudios y proyectos y las respectivas revisiones, requirió la ejecución de trabajos denominados de ``tratamiento de espera'', consistentes en la realización de actividades de bacheo, calavereo, renivelaciones aisladas con mezcla asfáltica en caliente y la aplicación de sello premezclado en caliente, con los cuales se mantuvo en condiciones satisfactorias de operación la autopista.
Actualmente, con arreglo a los procedimientos establecidos, los estudios y proyectos de la rehabilitación del pavimento (los cuales también incluyen los trabajos de mantenimiento que se deberán realizar posteriormente a la rehabilitación) han sido concluidos y validados por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, como una primera etapa, Banobras ha autorizado la inversión respectiva (254.5 millones de pesos) para la ejecución de los trabajos de la rehabilitación del pavimento de los primeros 79.13 kilómetros, destinados a aquellos subtramos que más daño presentan: del kilómetro 0+000 al kilómetro 31+550, del kilómetro 66+118 al kilómetro 72+040, del kilómetro 105+000 al kilómetro 129+160 y del kilómetro 180+000 al kilómetro 197+500.
Las licitaciones para la adjudicación de los trabajos de rehabilitación se encuentran en proceso y el inicio de los mismos está programado para el próximo 29 de enero de 2007, con una duración de 352 días naturales. Adicionalmente para el próximo año se han autorizado recursos para realizar trabajos diversos de mantenimiento mayor, mantenimiento menor y modernización por un monto de 21.1 millones de pesos.
Actualmente se ejecuta un contrato de obra pública para la realización de trabajos de tratamiento de espera por un importe de 12.4 millones de pesos, con lo cual se atiende las principales deficiencias del camino alternando estas actividades con las que se realizan con personal y equipos propios, para lo cual se ha invertido en el presente año un millón de pesos para la adquisición de mezcla asfáltica en caliente.
En resumen, desde el inicio de operaciones del camino directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, al día de hoy se han destinado y autorizado los recursos que se indican en el siguiente cuadro:
Año Inversión mdp
2004 70.8 2005 54.4 2006 29.3 2007 275.6 Total 430.1
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, en el ámbito cultural.
Lo anterior, para los efectos correspondientes. Anexo al presente sírvase encontrar copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, en el ámbito cultural.
El suscrito, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso O), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XVI y XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXX, 13, fracción IV, 17, fracción VI, 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, en el ámbito cultural, para lo cual se exponen los siguientes:
Considerandos
Primero. El pasado 6 de diciembre, el Ejecutivo federal dio a conocer el paquete económico para 2007, que llegó a la Cámara de Diputados, el cual registra en materia de cultura una disminución equivalente a un 30 por ciento en relación con el año 2006; con lo cual se dio un duro golpe a los derechos que tienen los ciudadanos a disfrutar de un desarrollo cultural adecuado, además de afectar las expresiones artísticas, ya que el recorte lesiona no sólo los derechos de los ciudadanos, sino también las áreas y proyectos de organismos encargados de difundir la cultura.
Segundo. Todas las naciones han revalorado el papel de la cultura como elemento fundamental para el desarrollo, tal como se ha expresado de manera conjunta en La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales realizada en la Ciudad de México en 1982, y en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales realizada en Estocolmo, Suecia, en 1998.
Tercero. Sin embargo, el planteamiento presupuestal para 2007, propuesto por Felipe Calderón Hinojosa, constituye una visión equivocada, la cual puede ser modificada dejando de lado las diferencias, ya que la cultura y el desarrollo social han sido percibidos como ramos innecesarios, en donde vemos con preocupación cómo se les practica un recorte presupuestal humillante, menor en 2 mil millones de pesos que el ejercido en el último año de Vicente Fox.
Cuarto. Es claro que los gobiernos panistas no han mostrado mucho interés en la cultura, y en especial nunca han sido proclives a defender la libertad de pensamiento.
Desde el gobierno del presidente Vicente Fox se ejerció una política restrictiva para la cultura en términos presupuestarios, y ahora se percibe que el continuismo seguirá en el sexenio de Felipe Calderón; sin embargo, esperamos que sea modificado, en beneficio de la sociedad mexicana.
Quinto. Este presupuesto demuestra un golpe a la cultura, pero sobre todo un golpe al desarrollo de México.
¿Qué futuro le espera a nuestra sociedad?
Este recorte afectará áreas y proyectos sustantivos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Mexicano de Cinematografía, de las compañías de danza, así como de los canales Once y 22 de televisión.
Sexto. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia su presupuesto pasaría, de acuerdo con el proyecto enviado por Calderón, de 2 mil 374 millones 888 mil 767 pesos ejercidos durante 2006, a mil 899 millones 577 mil 429 pesos, lo cual implica una disminución de 475 millones de pesos.
El Instituto Nacional de Bellas Artes solicitó una asignación presupuestal de 2 mil 385 millones de pesos para sus actividades sustantivas, pero el proyecto turnado por Calderón a la Cámara sólo considera mil 606 millones de pesos.
En el caso del Instituto Mexicano de Cinematografía, el recorte de 50 millones de pesos planteado por la Federación a su presupuesto destina a esa institución al fracaso, porque pasa de 246 millones de pesos en el último año de Fox, a 202 millones de pesos, lo cual tendrá un impacto en la producción cinematográfica nacional, la contratación de nuevos cineastas y el fomento. El gobierno federal no corresponde el enorme y ejemplar esfuerzo de una comunidad cinematográfica nacional reconocida a nivel mundial.
No obstante, es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es el más afectado, pues enfrentará un recorte de aproximadamente 700 millones de pesos, al pasar de un presupuesto de 2 mil millones de pesos en este año, a mil 300 millones de pesos para 2007. Todos ellos sin contar el impacto de la inflación.
Séptimo. Por si fuera poco, la cultura de manera permanente ha atravesado por una crisis presupuestal ocasionada por el desprecio de algunos sectores. Hoy le destinamos a las once instituciones públicas dedicadas al desarrollo artístico-cultural y a la defensa de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico 0.07 por ciento del PIB. Las zonas arqueológicas están abandonadas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no tiene recursos para comprar terrenos de conservación en los que permanecen enterradas ciudades prehispánicas enteras. Las escuelas y los museos del INBA llevan demasiado tiempo al borde del colapso.
Octavo. La reducción de los gastos para la cultura en la propuesta de presupuesto que Calderón envió al Congreso, ahonda la idea de que este nuevo gobierno empieza en condiciones muy desfavorables; sin embargo, con la opinión plural e incluyente de los diferentes actores políticos, tenemos la confianza que será modificado en nuestro Congreso federal.
El que se aumente el presupuesto al ejército y se reduzca a la cultura le da el tono al régimen actual; de gobernar este país con la fuerza, y no con la inteligencia y la razón, por lo que llamamos a la sensibilidad de las diferentes fracciones parlamentarias.
Noveno. Es una aberración quitar el dinero destinado a la cultura y dársela al ejército, al rescate bancario, por tan sólo mencionar algunos casos; lo que México le puede dar al mundo es su historia, arte, tradiciones y costumbres, rescatarlas es deber del Ejecutivo, de los legisladores y de la sociedad. Por ello estoy convencido de que se debe de impulsar en el país, la cultura ya que es la única forma que tiene un pueblo de sobresalir.
Un gobierno que no prioriza a la cultura ni a la educación es un gobierno que no tiene razón de ser.
En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones que me son conferidas como legislador, someto a consideración de éste Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar a las y los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 en el ámbito cultural.
ESTADO DE JALISCO
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1865/06, del que le adjunto copia, en el que eleva iniciativa de decreto que propone adicionar los artículos 87 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que se describen en el acuerdo legislativo de referencia.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
Diputados del honorable Congreso del Estado.--- Presentes.
En uso de las facultades que nos conceden los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política del estado; 22, fracción I, y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, someto a su consideración iniciativa de acuerdo legislativo que tiene por objeto elevar atenta iniciativa al honorable Congreso de la Unión para adicionar los artículos 87 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se analicen, estudien y, en su caso, se aprueben los puntos de acuerdo contenidos en la parte propositiva de esta iniciativa; y
Considerando
I. Que en los términos del artículo 80 de la Ley Suprema del país se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ``Presidente de los Estados Unidos Mexicanos''.
II. Que en los términos del artículo 83 del propio ordenamiento el Presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
A su vez, el artículo 85 de este alto ordenamiento establece en lo conducente que si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada el 1 de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido; y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión o, en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
A su vez, el numeral 87 del ordenamiento en análisis establece en lo conducente: que el Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo le ha conferido.
III. En complemento a lo anterior, el artículo 128 de la Ley Suprema establece, sin lugar a dudas, la importancia y trascendencia constitucional que implica la protesta a que se contrae el artículo 87 de este ordenamiento, al referir:
IV. Traigo a colación el contenido de los preceptos legales antes referidos, toda vez que días previos al 1 de diciembre del año en curso, el Congreso de la Unión en su Cámara de Diputados, fue escenario de conductas reprobables, generadas por desencuentros de miembros de dos fracciones parlamentarias; PRD y PAN, en que los primeros pretendieron tomar la tribuna en el recinto legislativo y los segundos evitaron que ello aconteciera, mediante agresiones físicas y verbales que en nada abonaron a la mala imagen y falta de credibilidad de que somos objeto los diputados.
V. Pero los incidentes anteriores buscaban un fin: evitar mediante actos violentos que el entonces Presidente electo tomara la protesta constitucional, y que siendo un requisito constitucional de eficacia jurídica para ejercer su alto cargo no pudiere desempeñarlo, o bien, si hubiere pretendido hacerlo sin la previa protesta estarían afectados de nulidad y eficacia jurídica sus actos de gobierno, por no haber cumplido un deber constitucional de eficacia para ejercer sus funciones. Ello es más grave de lo que hoy podemos imaginar por lo siguiente:
Empero, la Constitución no prevé el caso de que por causas extraordinarias y graves como la oposición física violenta de un grupo parlamentario, impidiera que el Presidente tomara la protesta constitucional, lo que generaría un vacío de poder y un trastrocamiento del orden constitucional en el país.
En mérito de lo cual pretendemos aportar una propuesta de solución a casos como el que vivió el país hace unos días, y que pusieron en riesgo a la institución del Poder Ejecutivo federal y el orden constitucional del país.
Es por ello que sometemos a su distinguida consideración una reforma constitucional, a través de una adición al artículo 87 que reglamenta la protesta constitucional para que mediante la adición de un segundo párrafo se establezca el supuesto de que en casos extraordinarios y graves que la ley establezca, la protesta se podrá hacer por parte del Ejecutivo en sede diversa al del Poder Legislativo a través del medio electrónico, y con la presencia de imagen y voz por este medio ante los legisladores de ambas cámaras, surtiendo los mismos efectos que si lo hiciere personalmente. Lo propio se propone para otros actos en los que deba asistir el Presidente al Congreso de la Unión, así como para los estados que adviertan un escenario similar al que se vivió en el ámbito federal mediante un adición a la fracción primera del artículo 116 de la Constitución Política del País para que la cobertura provenga del ámbito de la Constitución General y sean las leyes de los estados las que deben regular los casos de procedencia y demás formalidades para desahogar la protesta constitucional y otros casos igualmente extraordinarios y graves como el que hemos venido refiriendo.
Por separado y en diversa iniciativa se propone reformar el capítulo del fuero constitucional de los legisladores el cual no les dé cobertura para realizar los actos que hemos venido tratando, así como reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para facultar en estos casos de excepción a la Mesa Directiva, a través de su Presidente a la aplicación de medidas y sanciones que irían desde las económicas hasta el uso de la fuerza pública cuando un legislador agreda físicamente a personas y cause daños en el recinto en flagrancia.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado, 22, fracción I, 71, fracción VII, y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en mérito a lo anterior, someto a su consideración los siguientes puntos de
Acuerdo Legislativo
Único. Se aprueba elevar iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para adicionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 87 y 116, para quedar como sigue:
Artículo Primero
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél la siguiente protesta ``...''.
La ley reglamentará los casos en que la protesta se tome al Presidente por medios electrónicos en sede diversa a la del Congreso de la Unión, presenciando los integrantes de éste su imagen y voz; surtiendo todos los efectos legales respectivos.
La ley regulará los casos graves en que la comparecencia del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión o ante alguna de sus Cámaras se haga por el medio antes señalado.
Artículo Segundo
Se adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 116 ...
1...
Las leyes reglamentarán los casos en que la protesta a los gobernadores se tome por medios electrónicos en diversa sede a la de los Congresos locales, presenciando los integrantes de éstos su imagen y voz, surtiendo todos los efectos legales respectivos.
La ley regulará los casos graves en que la comparecencia de los gobernadores a los Congresos locales se haga por el medio antes mencionado
Artículo Transitorio
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Honorable Congreso de la Unión.
Yo, Sonia Alejandra Orgado Garda, ciudadana mexicana con domicilio particular en Jardineros número 46, interior 207, colonia Morelos, México, DF, CP 15270, con fundamento en la fracción II, apartado C, del artículo 37 constitucional, me permito solicitar a usted se sirva hacer los trámites necesarios para que yo pueda prestar mis servicio como asistente administrativo (administrative clerk assistant), en la enfermería de la Embajada de Estados Unidos de América en esta ciudad.
Le adjunto copia certificada de mi acta de nacimiento para comprobar mi nacionalidad.
Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, y me es grato suscribirme a sus apreciables órdenes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón.Puesto: Asistente jurídico consular.Lugar de Trabajo: Embajada de Panamá en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame Secretario. Solicito a las señoras y señores de los medios de comunicación hagan favor de tomar los lugares que tienen asignados y permitan que la sesión continué en orden. Adelante, Secretario.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Álvaro Cisneros Herrera.Puesto: Empleado del Departamento de Visas.Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Nombre: César Horacio López González.Puesto: Asistente administrativo.Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: José Manuel Pimentel Peralta.Puesto: Mecánico en mantenimiento.Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al Gobierno de los Estados Unidos de América.
Nombre: Susana Guadalupe González Escobedo.Puesto: Empleada.Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: José Alonso Mezquita Godoy.Puesto: Asistente consular.Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.
CONDECORACIONES
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano General Brigadier DEM Miguel Hurtado Ochoa pueda aceptar y usar las condecoraciones ``Distinción al Mérito'' y Orden a los Servicios Distinguidos, que le otorga la Fuerza Aérea y el Ejército de la República Argentina, respectivamente.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano General Brigadier DEM Rogelio Armando Patiño Canchola pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Militar ``General José María Córdova'', en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano General de Brigada DEM Armando Onésimo Flores Morales pueda aceptar y usar la Medalla ``Fraternidad Conbativa'', que le otorga el gobierno de la República de Cuba.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Coronel de Caballería DEM Carlos Eduardo Jiménez Macotela pueda aceptar y usar la condecoración ``Estrella Militar de las Fuerzas Armadas'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar'', que le otorga el gobierno de la República de Chile.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'', que le otorga el gobierno del Reino de España.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Coronel de Artillería DEM Jesús Hernández Pérez pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Moja Blanca'', en grado de Primera Clase, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Coronel de Armada Bilndada DEM Marco Antonio Álvarez Reyes pueda aceptar y usar la ``Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamérica de Defensa con una Estrella Plateada'', que le otorga la Junta Interamérica de Defensa, con sede en la Ciudad de Washington, DC, EUA.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicito a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparatado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Coronel de la Fuerza Aérea Piloto Aviador DEM Sergio Alejandro Villalobos López pueda aceptar y usar la ``Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamérica de Defensa con una Estrella Plateada'', que le otorga la Junta Interamérica de Defensa, con sede en la Ciudad de Washington, DC, EUA.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado Miguel García Decena (7993072), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Joaquín Flores Ortiz (8797784), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Cruz Isaac Muñoz Navarro (10493631), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano General Brigadier Intendente Martín Hernández Bastar (6416934), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano General Brigadier Meteorólogo Fermín Isabel Sastre Reynaga (8704819), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel Médico Cirujano Cuauhtémoc Martínez Sánchez (8572698), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández (B-3628446), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería David Méndez García (10561611), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería Enrique Rancel Carvajal (10561828), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Zapadores David Mejía Guzmán (6459608), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación J. Alfredo Moreno Ruiz (9028067), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta de Gobernación la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería Fidencio Flores Lizaola (9044145), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Segunda Comisión.
ESTADO DE SONORA
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-128 signado el 24 de octubre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, el original del similar número DCP-2556/06 suscrito el 27 de diciembre último por la licenciada Mónica Gudiño Espinosa, subdirectora de Vinculación con Partidos Políticos y Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al envío de remesas por parte de Western Union hacia Sonora.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Dirección General de Coordinación Política.
Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 24 de octubre de 2006, en el que señala
Al respecto le informo que
• El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, difundió información el pasado 30 de octubre en su boletín informativo Lazos , sobre la demanda presentada en contra del procurador general de Arizona, Ferry Goddard, con motivo de la confiscación injustificada de millones de dólares en remesas enviadas a los estados de Arizona y Sonora. Dicho boletín informó lo siguiente:
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
RECINTO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número DGPL 60-II-5-395 suscrito el día 19 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 315-A-07222 signado el día 26 del mismo mes por la ciudadana María Cecilia Hernández Galván, directora general adjunta de Programación y Presupuesto de Educación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proyectar un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, con el objetivo de realizar diversas acciones encaminadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas al recinto legislativo de San Lázaro.
Sin más por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/5702/06, mediante el cual comunica el acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 19 del actual, a través del cual se exhorta al Ejecutivo federal a proyectar un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, con el objetivo de realizar diversas acciones encaminadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas al recinto legislativo. Asimismo, en el segundo punto del acuerdo en comento se instruye a las comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, y se exhorta a la Comisión de Seguridad Pública, y Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos federal, y en el procedimiento de aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinen 247 millones 143 mil 300 pesos, en los rubros de mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con cargo al Ramo General 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), que forma parte del Ramo 33, se determina conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Coordinación (LCF) y que para el caso del Distrito Federal es del 0.2123 por ciento de la recaudación federal participable (RFP) aprobada la Ley de Ingresos de la Federación y cuyo destino del fondo en cuestión, está previsto en el artículo 37 de la citada LCF.
Por lo anterior, esta Subsecretaría de Egresos no está en posibilidad de proponer mayores asignaciones para el Fortamun, toda vez que éstas se realizan conforme al marco jurídico señalado en el párrafo anterior.
Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
FENOMENOS METEOROLOGICOS
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-16, signado el 19 de septiembre de 2006 por los diputados María Elena Álvarez Bernal y Jacinto Gómez Pasillas , Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1028/06, suscrito el 20 de diciembre último por el ciudadano Carlos Bayo Martínez, director general del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta Secretaría, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal declarar estado de emergencia en las zonas afectadas por el paso del huracán Lane en el estado de Sinaloa, así como a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Goberación.
Eduardo Amerena Lagunes, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación.--- Presente.
Me refiero al oficio número SEL/300/4698/06, suscrito por el entonces subsecretario de Enlace Legislativo, Dionisio A. Meade y García de León, mediante el cual comunica a la coordinadora general de Protección Civil, licenciada Laura Gurza Jaidar, el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, a través del oficio número D.G.P.L. 60-II-6-16 en sesión celebrada el 19 de septiembre del año en curso y que fue remitido al entonces titular de esta secretaría por los diputados María Elena Álvarez Bernal y Jacinto Gómez Pasillas , Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del ya mencionado Congreso, y en el que se destacan los siguientes puntos como temas competentes a esta dirección general y que a la letra disponen:
Al respecto y una vez analizado el contenido del documento de mérito, así como el marco jurídico aplicable, me permito manifestarle lo siguiente:
Primero . En cuanto al primer punto se deduce que desde la redacción del artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la Protección Civil es una materia que contempla la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, es decir, federación, estados y municipios, por lo que a su aplicación corresponde.
Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil prevé que la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca la emergencia y de verse superada su capacidad de respuesta entonces acudirá a la instancia estatal. De resultar ésta insuficiente, entonces se informará a las instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo a los programas establecidos al efecto.
La aplicación de los recursos del fondo revolente requieren como requisito indispensable observar el marco jurídico que los regula, es decir, los Lineamientos para Emitir las Declaratorias de Emergencia y la Utilización del Fondo Revolvente, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2004.
De los referidos lineamientos es de advertirse que, para poder acceder a los recursos del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales deberá existir una solicitud por escrito de declaratoria de emergencia de parte legítima para tal efecto, que para este caso es a través de los gobernadores de los estados o el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En tal virtud, nos encontramos imposibilitados para dar trámite a dicha solicitud.
No omito mencionarle, que el estado de Sinaloa ya ha sido declarado en estado de emergencia con motivo del huracán Lane, mediante publicación en el boletín de prensa número 263/06, de fecha 16 de septiembre del presente año.
Asimismo, me permito anexarle cuadro donde constan los insumos autorizados para el fenómeno que nos ocupa.
En cuanto a lo referente a que los recursos sean canalizados en el menor tiempo posible y con medidas de control y absoluta transparencia, me permito informarle que conforme al numeral 1 de las Reglas de Operación del Fonden (ROF) publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de octubre de 2004, el Fonden integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno y bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia. Así como también, cualquier solicitud y tramitación se lleva a cabo conforme al procedimiento y a las ROF, con precisión y sin dar paso a un mal manejo, o a fomentar la corrupción, sino en un campo de completa transparencia.
Segundo . En cuanto al segundo punto, igualmente, para que se emita una declaratoria de desastre debe existir una solicitud firmada por el gobernador del estado o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En tal virtud, nos encontramos imposibilitados para dar trámite a dicha solicitud.
No omito mencionarle, que el estado de Sinaloa ya ha sido declarado en desastre natural con motivo del huracán Lane, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 2 de octubre del presente año.
Asimismo, me permito anexarle cuadro donde constan los recursos autorizados para el fenómeno que nos ocupa, en los diferentes sectores afectados.
Tercero. En cuanto al tercer punto, el Programa Fondo de Desastres Naturales tiene como objeto la reconstrucción de la infraestructura dañada y de las viviendas de la población de bajos ingresos y se caracteriza por lo siguiente:
1. Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa afectada debe solicitar en el término de 2 días a la instancia federal técnica competente (CNA, tratándose de fenómenos hidrometereológicos) sí, desde su punto de vista, se reúnen las características para considerarlo como desastre natural, para así poder ser susceptible de apoyo del Fonden. La CNA tiene 4 días hábiles para dar respuesta (22 y 23 ROF).
2. En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica, el gobierno del estado deberá instalar a más tardar al día siguiente un Comité de Evaluación de Daños, mismo que se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados. En dicha sesión también participa la Secretaría de Gobernación, a través de esta Dirección General y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (28 ROF).
3. A partir de la instalación de ese comité, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables), para realizarse la entrega de resultados del referido comité en donde se identificarán, por sector afectado, los datos referidos en el numeral 30 de las ROF (29, fracción II, ROF).
4. A partir de la entrega de resultados, empiezan a generarse de manera simultánea o paralela los siguientes trámites conforme a los plazos que a continuación se indican:
Una vez aprobados los recursos del Fonden para la atención de un desastre natural en particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará, con cargo al programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23m ``Provisiones Saláriales y Económicas'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 (o el que resulte aplicable) o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean radicados con cargo al patrimonio del citado fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.
Cabe mencionar, que en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos.
Debe comentarse que en ningún momento se le brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios, ya que los recursos del Fonden se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en un fideicomiso público estatal. Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras previa presentación de las facturas correspondientes, debidamente validadas tanto por la dependencia estatal ejecutora como la federal normativa.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Insumos otorgados al estado de Sinaloa al ser declarado en estado de emergencia por el paso del huracán Lane
Insumos Cantidad Despensas 55,100Cobertores 69,683Colchonetas 68,760Costales 19,500Lamina Cartón 51,978Fletes 29Litros de agua 168,403Medicamentos Varios
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ESTADO DE VERACRUZ
El Secretario diputado Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número DGPL.-268 signado el 5 de octubre de 2006 por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 1025 /06 suscrito el día 20 de diciembre último por el ciudadano Carlos Bayo Martínez, director general del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta secretaría, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar zona de desastre a diversos municipios de Veracruz, que resultaron afectados por las lluvias, así como le sean asignados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para auxilio de la población y de las actividades económicas que resultaron perjudicadas.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El Secretario diputado Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número DGPL.-1466, signado el 12 de diciembre de 2006 por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número FEVIM/ 1200 /2006, suscrito el 20 del mismo mes por la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y No-roña, fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, de la Procuraduría General de la República, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República un informe sobre las acciones emprendidas por el gobierno federal para erradicar la violencia contra las mujeres, y el balance de resultados al respecto.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
«ESCUDO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--- SECRETARíA DE GOBERNACIóN.
Licenciado Eduardo Amerena Lagunes, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En atención al oficio número SEL/UEL/311/341/2006, de fecha 13 de diciembre de 2006, dirigido al licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, y remitido para su atención procedente a esta fiscalía especial por el licenciado Jorge Leonel Sánchez Ruiz, relacionado con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del 12 de diciembre de 2006, y comunicado a esa dependencia mediante oficio número DGLP.-1466, del senador Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito anexar un disco compacto con el informe de esta fiscalía especial, así como el resumen que fue dado a conocer el pasado 25 de noviembre del presente año. Lo anterior, a fin de colaborar con la atención a la solicitud planteada por la Cámara de Senadores al Presidente de la República.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi consideración distinguida.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.
ROBO A CAJAS DE SEGURIDAD
El Secretario diputado Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número DGPL.-998 suscrito el 21 de noviembre último por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 510/820028/ 2006 signado el 18 de diciembre de 2006 por el licenciado Miguel Ángel Garza Castañeda, vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras 5 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir en los términos que marca la ley, para que en caso de que las sucursales bancarias sean sujetos de robo a cajas de seguridad, fueran corresponsables con los arrendatarios de las mismas por las pérdidas de su patrimonio.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.
En el apartado de iniciativas se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Muñoz Serrano del grupo parlamentario del PAN para presentar iniciativa que adiciona los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A solicitud del grupo parlamentario del PAN se retira del orden del día.
ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió también iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva HernándezRamos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Secretario diputado Ángel Peña Sánchez: «Iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala, a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante el proceso de cambio democrático en que está inmerso nuestro país, mucho se ha mencionado sobre la intención de reorganizar el funcionamiento de los entes de fiscalización y rendición de cuentas, con el propósito de que los individuos tengan acceso a información veraz y recuperen la confianza en las instituciones encargadas de la administración de los recursos públicos; no obstante, con frecuencia se omite precisar lo que sucede cuando la información es falseada o incompleta.
Es innegable que requerimos de un Estado que contribuya a incrementar el bienestar de la sociedad, de un Estado que cueste menos y que cumpla más y mejor con sus responsabilidades. Para ello, resulta necesario contar con mecanismos que permitan controlar la acción gubernamental, que en nuestro sistema presidencialista se caracteriza por un Poder Ejecutivo fortalecido, en detrimento incluso de los otros poderes públicos, donde de manera inherente su equilibrio sigue siendo una aspiración.
La discusión de la reforma del Congreso centra su atención en la posibilidad de impulsar nuevos lineamientos para fortalecerlo, volviendo eficaces los atributos actuales que en gran medida se quedan en lo declarativo, ya que en la opinión pública no permean los resultados, sino las prácticas aletargadas, la improvisación y el desgaste durante el proceso legislativo de asuntos trascendentes para la vida nacional, denotando que la estructura y organización de los trabajos de esta soberanía a veces no están a la altura de los tiempos políticos de México, ni de las exigencias sociales.
El sistema constitucional mexicano en su artículo 93 prevé las investigaciones, así como los informes y preguntas a través de las llamadas comparecencias, como medios de control de gestión. En este sentido, los secretarios de despacho acuden a realizar la glosa del informe que anualmente presenta al titular del Ejecutivo, en un acto republicano necesario en un esquema de división de poderes.
Este artículo 93 ha presentado tres reformas constitucionales, que a la luz de la práctica parlamentaria parecen rebasadas. En 1974, se amplía los funcionarios susceptibles de comparecer (jefes de departamentos administrativos, directores y administradores de organismos descentralizados federales o de empresas de participación estatal mayoritaria). En 1977, mediante adición se establece la posibilidad de crear comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Y la más reciente en 1994 propone citar a comparecer al procurador general de la República, en su carácter de abogado de la nación.
Es evidente que las relaciones entre los órganos de poder constituyen un relevante aspecto de la democracia, es por ello que el sistema político tiene que basarse en buena medida en mecanismos que permitan un adecuado balance en el ejercicio de poder, particularmente en el control de la gestión sobre las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo.
Los legisladores que participamos en grupos de trabajo para estudiar y enriquecer las propuestas del Ejecutivo federal, observamos un enorme vacío ante la escasa o nula información que nos presenta el Ejecutivo a través sus secretarios de despacho, situación que nos coloca en riesgo de incurrir en decisiones erróneas con altos costos económicos o sociales.
Si quien acude a comparecer no informa, lo hace parcialmente o incluso falsea datos o cifras y no se deriva de éstas acciones ninguna consecuencia, entonces nuestra normatividad no está funcionando. Las comparecencias de los servidores públicos no están produciendo lo que se espera de ellas ni cualitativa ni cuantitativamente, porque los funcionarios acuden con la convicción de que se trata sólo de pasar un ``mal rato'', durante el cual creen que su tarea es eludir cuestionamientos, evadir respuestas precisas, ignorar críticas y esperar pacientemente que concluya su tiempo para retirarse a sus oficinas y continuar con sus labores, como ha ocurrido en las últimas de ellas.
Vale señalar que la experiencia política demuestra que los gobiernos no funcionan por la buena voluntad de sus actores, sino porque existen equilibrios que acotan el actuar gubernamental, es por eso que la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, plantea adicionar un párrafo al artículo 93 constitucional, pretendiendo primordialmente ejercer las atribuciones de control político, que le corresponden ejercer originalmente al Congreso de la Unión y establecer facultades reales de vigilancia del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo.
Me explico, cuando los funcionarios públicos comparezcan con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen y las respuestas no reflejen razonablemente la realidad o contengan datos o cifras inciertas, se impondrán las sanciones contempladas de conformidad con el Capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece sanciones por falta administrativa que van desde una amonestación privada o pública, destitución del cargo, hasta inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por 10 años.
Con la incorporación de esta disposición se pretende acabar con la práctica del monólogo, donde cada quien informa lo que quiere y no pasa absolutamente nada, resultando grave, ya que las consecuencias que se generan no solo lesionan las relaciones de los poderes, sino que afectan directamente a la esfera jurídica de los gobernados.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto para adicionar un párrafo tercero al artículo 93 para quedar como sigue:
Artículo 93. ...
...
Se adiciona
Teniendo la obligación de presentarse ante cualquiera de las dos Cámaras, con objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen. Los funcionarios públicos llamados a comparecer que sin causa justificada se negaran a concurrir, o en el caso de que sus respuestas a las interpelaciones no reflejen razonablemente la realidad, contengan datos o cifras inciertos o falseados, se entenderá que están ocultando información y se procederá en términos del Capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Lealpara presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 suscrita por el mismo diputado del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros senadores y diputados: parecería poco oportuno presentar una iniciativa de reforma al decreto de Presupuesto recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.Sin embargo, hemos recibido observaciones de secretarios de Desarrollo Social, de gobiernos de los estados, de municipios de diversas partes del país que nos obligan a hacer ese planteamiento, desde luego, reconocemos que el esfuerzo realizado al aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se significó por el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas que ha tenido un amplio reconocimiento dentro y fuera del Congreso.
Pero también tenemos que reconocer, es prudente hacerlo, que la rapidez de tal proceso de dictamen y la premura de discusión en el Pleno no permitieron un análisis suficientemente ponderado del contenido de los instrumentos puestos a la consideración del Senado y de la Cámara de Diputados. Y así lo acreditan, compañeros senadores, compañeros diputados, las contradicciones que han venido surgiendo, algunas ventiladas en la prensa, otras en las propias comisiones y que no tendría sentido dejar de abordar y ventilar en esta Asamblea.
Es por ello que proponemos hoy abordar alguno de estos temas, concretamente el que se refiere a la forma en que se va a operar el programa de desarrollo humano Oportunidades, considerando, entre otro, los siguientes antecedentes.
En diciembre de 1997, la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo federal, tomó la decisión en materia de política social que ha trascendido al paso de tiempo y que hoy tiene un impacto decisivo en los afanes de igualdad y de justicia.
En efecto, fue en esa época en que se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal del 98, al Ramo de Aportaciones Federales, el Fondo para la Infraestructura Social, destinado en un 80 por ciento a los municipios, en un 20 por ciento a los estados.
Asimismo, se inició formalmente el programa de Educación, Alimentación y Salud, Progresa, hoy Oportunidades. La perspectiva de ese entonces aspiraba a que en ese importante paso dado para fortalecer a los municipios se desatara un proceso gradual de descentralización de facultades y recursos de la Federación a los estados y de los estados a los municipios. Este propósito, sin embargo, en la realidad de los hechos no ha podido cumplirse, dado que no se mantuvo la decisión federalista y municipalista que dio origen a tales reformas.
En cuanto a Progresa, hoy Oportunidades, cabe mencionar que los principios básicos de operación fueron inicialmente establecidos en el cuerpo del decreto del presupuesto, manteniendo una estructura y control centralizados, con la idea de que posteriormente se procedería a su desconcentración, a su transferencia a los estados y los municipios.
Es así que a propuesta de la Cámara de Diputados, el programa fue retomado por la administración del Presidente Fox, ampliando sus beneficios a estudiantes de educación media superior, y posteriormente, modificando su nombre a Oportunidades, pero manteniendo exactamente la misma estructura normativa y operativa centralizada.
Lo anterior, no obstante que dos de los tres componentes del programa Educación y Salud están a cargo de los gobiernos de los estados y de que es en los municipios en donde finalmente concurren los múltiples programas sociales y productivos que buscan igualar Oportunidades.
En este contexto, el decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos para el 2007 establece en su artículo 28, como lo ha hecho desde el decreto de 1998, noten ustedes que no ha cambiado, desde que inició el programa es la misma estructura, prácticamente la misma redacción en un decreto que es... que tiene una temporalidad, que es anual, que es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Anticipamos que es necesaria una iniciativa de ley para centrar, darle un sentido de integralidad a los programas sociales y productivos, más de 132 que aparecen en el propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Dejo a su consideración el grado de racionalidad o no de esta estructura que mantiene los programas sociales, particularmente el programa Oportunidades. Dos temas concretos, motivo de esta iniciativa.
En la última parte del párrafo cuarto, se dice que la coordinación nacional del programa realizará acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa. La cuestión es que no constituye este párrafo una disposición para legitimar acciones más bien contrarias a los principios democráticos en el contexto de las elecciones locales.
Más aún, ¿qué nos garantiza que los funcionarios federales, a diferencia de los municipales o locales --como se asume en el texto de este artículo, de este párrafo-- no tengan también la presunta debilidad de utilizar el programa para fines distintos al desarrollo social? Por ello proponemos que este párrafo sea suprimido.
El otro tema es el tema de la participación de los estados y los municipios. El texto del decreto remite a un comité técnico --digamos de bajo nivel en la operación de los estados, insisto-- cuando son los estados los que tienen a su cargo dos de los componentes del programa Educación y Salud, que están descentralizados.
Por ello proponemos que en lugar de un comité técnico se establezca un consejo estatal presidido por el titular del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades, responsable de la coordinación de las dependencias federales y estatales y proponemos que en el mismo orden se establezca un comité municipal presidido por los presidentes municipales con un enlace, tal y como lo dice el proyecto de decreto, nombrado por los cabildos de cada uno de los ayuntamientos.
Compañeras, compañeros diputados y senadores, la iniciativa que hoy sometemos a su consideración tiene antecedentes que hemos propuesto tanto a la Comisión de Presupuesto, en el proceso de dictamen de la iniciativa de decreto de Presupuesto, que lamentablemente no pudo ser considerada, como no fue considerado un conjunto de propuestas en el proceso de dictamen, por un lado.
Y por otro lado, en este imperativo de dar pasos hacia delante en programas que se han quedado prácticamente petrificados en el tiempo, insisto, desde el decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del 2007.
De modo que si bien pudiera parecer inoportuno presentar una iniciativa de reforma a un instrumento jurídico recientemente aprobado, me parece que es oportuno y, en consecuencia, solicito, señor Presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que sea reconsiderada esta disposición, una vez que la Comisión ordinaria entre en funciones en el próximo período de sesiones. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción II de los artículos 55, 62 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de ésta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la operación del programa de desarrollo humano oportunidades.
Exposición de MotivosLa aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se significó por el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas que tuvo un amplio reconocimiento dentro y fuera del Congreso.
Sin embargo, es prudente reconocer que la rapidez del proceso de dictamen y la premura de discusión en el pleno, no permitieron un análisis suficientemente ponderado del contenido de los instrumentos puestos a consideración de la asamblea. El paulatino surgimiento de contradicciones nos deja la enseñanza de que no debe sacrificarse el rigor y la profundidad del debate en aras de mostrar consensos y resultados aparentemente eficaces.
Es por ello, que es indispensable abordar nuevamente algunos temas centrales. Tal es el caso de la reglamentación respectiva del programa oportunidades que en el articulado del Decreto, mantiene una estructura centralista lesiva a los municipios.
En diciembre de 1997 esta soberanía, a propuesta del Ejecutivo Federal, tomó decisiones en materia de política social que han trascendido al paso del tiempo y que hoy tiene un impacto decisivo en los afanes de igualdad y justicia que nos animan.
En efecto, fue en esa época que se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998; al Ramo de Aportaciones Federales, el Fondo para Infraestructura Social destinado en un 80 por ciento a los municipios y en un 20 por ciento a los Estados. Asimismo, inició formalmente, después de una etapa de prueba, el Programa de Educación, Alimentación y Salud (Progresa)
La perspectiva de ese entonces aspiraba a que, con este importante paso dado para fortalecer a los municipios, se desatara un proceso gradual de descentralización de facultades y recursos de la Federación a los estados y de éstos a los municipios. Este propósito, en la realidad de los hechos, no ha podido cumplirse dado que no se mantuvo la decisión federalista y municipalista que dio origen a las reformas.
En cuanto a Progresa cabe mencionar que los principios básicos de operación fueron, inicialmente, establecidos en el cuerpo del Decreto del Presupuesto, manteniendo una estructura y control centralizados, con la idea de que, posteriormente, se procederá a su descentralización.
Es así que, a propuesta de la Cámara de Diputados, el programa fue retomado por la administración del Presidente Fox ampliando sus beneficios a estudiantes de Educación Media Superior. Posteriormente, se modifica el nombre a Oportunidades, pero mantiene exactamente la misma estructura normativa y operativa centralizadas.
Lo anterior, no obstante, que dos de los tres componentes del programa educación y salud están a cargo del gobierno de los estados y de que es en los municipios en donde finalmente concurren los múltiples programas sociales que buscan igualar oportunidades.
En este contexto, el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, establece en su Artículo 28, como lo ha hecho desde el decreto de 1998, los principios básicos para formular las reglas de operación manteniendo, insisto, una estructura central en la operación del Programa, así como criterios ambivalentes respecto de la neutralidad político-electoral del mismo.
Así, en la última parte del párrafo cuarto del Artículo 28 del Decreto en cuestión se establece que la Coordinación Nacional: .... ``realizará acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del Programa''. En otros párrafos establece que ni las dependencias estatales ni las municipales podrán convocar a reunión alguna a los beneficiarios. La cuestión es: ¿No constituye este párrafo una disposición para legitimar acciones contrarias a los principios democráticos en el contexto de las elecciones locales? Más aún: ¿Qué nos garantiza que los funcionarios federales, a diferencia de los municipales y locales, como se asume en el texto de este artículo, no tengan también la presunta debilidad de utilizar el programa para fines distintos al desarrollo social?
Es por ello que proponemos que se suprima la última frase del párrafo citado.
Posteriormente, en el décimo y onceavo párrafos se establece que en cada entidad federativa habrá un Comité Técnico y que los ayuntamientos nombraran un enlace con el programa por acuerdo del Cabildo básicamente para apoyo logístico y de seguridad pública haciendo énfasis que estos funcionarios municipales deberán regirse por principios de apartidismo, transparencia y honestidad. La cuestión es: ¿Cuál es la responsabilidad real de los gobernadores y los presidentes municipales en el programa? ¿Sólo es responsabilidad de los servidores públicos municipales apegarse a los principios de apartidismo de transparencia y honestidad o estos deben extenderse a todos los servidores involucrados, incluyendo los federales?
Es por eso que se propone que en el orden de los Estados se establezca un consejo estatal presidido por el gobernador del estado como responsable del programa cuyo secretario técnico sea nombrado por el gobierno federal. Asimismo que en los municipios el programa esté a cargo de un Consejo Municipal encabezado por el Presidente Municipal y que el enlace operativo sea nombrado por el Cabildo.
Bajo tales circunstancias se somete a su consideración el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único.- Se adiciona y modifica el artículo 28 del Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para quedar como sigue:
Artículo 28. (...)
I. (...)
XIV. (...)
(...)(...)
La Coordinación Nacional del Programa deberá incluir, tanto en el documento de identificación que presentan las beneficiarias para recibir los apoyos, como en las guías y materiales de difusión para las beneficiarias y las vocales de los comités de promoción comunitaria, la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la cual señala: ``Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
(...) (...)(...)
(...)(...)
Las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, dispondrán que en cada entidad federativa, se establezca un Consejo Estatal conformado por las dependencias federales y estatales involucradas en la planeación, programación y operación del Programa que promuevan una mejor ejecución del mismo. El Consejo será presidido por el titular del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa y deberá reunirse bimestralmente. El Consejo tendrá la responsabilidad de garantizar la coordinación y concurrencia de las acciones de los tres órdenes de gobierno, así como la complementariedad e integralidad del Programa. El Secretario Técnico del Consejo será nombrado por el Gobierno Federal.
En los municipios se establecerá un Consejo Municipal que será presidido por el Presidente Municipal quien será el responsable de coordinar la ejecución del Programa. El Consejo Municipal contará con un Secretario Técnico, nombrado mediante acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento que será el enlace con las instancias estatales y federales. Los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que participen en el Programa deberán regirse por los principios de apartidismo, transparencia y honestidad. No podrán realizarse convocatorias a reuniones ni acciones no previstas en las reglas de operación del Programa.
La Coordinación Nacional, los Consejos Estatales y Municipales, en su caso, notificarán por escrito a la Auditoría Superior de la Federación sobre los problemas u obstáculos que surjan en la ejecución del Programa, para que se apliquen las medidas que correspondan.
TransitoriosÚnico. Las reformas y adiciones motivo de esta iniciativa entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Se pospone la iniciativa que había sido agendada por el senador Francisco Agundis, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.
CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra a la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 196 del Código Penal Federal.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su permiso, señor Presidente: una de las acciones que deben implementarse para combatir el problema del narcomenudeo es aumentar las agravantes en aquellos casos de delitos contra la salud para la población que se encuentra más expuesta.«Iniciativa que reforma el artículo 196 del Código Penal Federal.
La suscrita, diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 196 del Código Penal Federal, que se fundamenta en la siguiente
Exposición de MotivosLa cultura física y el deporte constituyen un elemento integrante de la sociedad moderna, al tiempo que constituye, para el individuo un medio que contribuye a su salud psicofísica y a la interacción social.
El entrenamiento deportivo y la cultura física actualmente se han consolidado como los grandes soportes de la salud y desarrollo social, pues cada uno tiene como última finalidad transmitir un conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas y usos corporales, en busca de un bienestar físico y mental, al tiempo de fomentar procesos de socialización.
Nuestro país, desde tiempo atrás, ha sido consciente de la importancia de contar con programas deportivos y de cultura física, pues incluso es considerado como uno de los primeros países del mundo que incluyo a la cultura física como una asignatura escolar, continuando en la actualidad en sus tres niveles de gobierno, en la ardua labor de planear, desarrollar, fomentar y coordinar los programas deportivos y de cultura física, auxiliándose de organismos especializados.
Como resultado de dicho fomento deportivo vemos que recientemente las actividades deportivas se han profesionalizado y se ven apoyadas con becas académicas, campamentos de preparación, el uso de nuevas tecnologías del deporte y la colaboración tanto del sector público como privado.
Sin embargo, todos estos incentivos y oportunidades que se les brindan a los deportistas se estructuran en base a ciclos deportivos, ciclos olímpicos y niveles de competencia, ello es así, ya que dentro de las cuatro líneas conceptuales a observar en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, se señala ``que la competencia deportiva sea una verdadera expresión de rendimiento''.
Es así, como debido a los novedosos y atractivos beneficios o apoyos, que se brindan a los deportistas, ha aumentado la competitividad en dicha área, lo que ha orillado a algunos los deportistas a emplear mecanismos deshonestos como lo es el uso de estupefacientes, con el fin de tener un mejor nivel de competitividad, y en obvio alcanzar el éxito deportivo, dichos estupefacientes, la mayoría de las veces les son ofrecidos por un agente extraño en el lugar donde practican deporte, e inclusive por el personal que participa en su formación deportiva, pues los agentes activos son conocedores de la relevancia que los deportistas le atribuyen al desempeño exitoso en su actividad física.
Si estas circunstancias las entrelazamos con la problemática que vive el país en materia de narcóticos, podremos advertir que en las últimas décadas, el fenómeno de las drogas se ha vislumbrado cada vez más complejo, pues día a día nos enfrentamos a un problema cada vez más complejo, pues se manifiesta a grandes escalas y con una mayor incidencia y violencia, hasta llegar al hecho de convertirse en un problema de seguridad nacional, por atentar en todo momento contra la salud de las personas, la integridad de nuestras instituciones y la conformación del tejido social sobre el cual descansa la estructura y organización del Estado mexicano.
Asimismo, pese a que por mucho tiempo, México figuró únicamente en el mapa delictivo, como un país de paso de drogas, dicha situación se ha transformado al considerársele actualmente en un país activamente consumidor de estupefacientes. Esta situación ha propiciado que las diversas organizaciones delictivas existentes en nuestro país hayan dirigido y reforzado sus acciones hacia la formación de mercados locales a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Debiendo en consecuencia centrar la atención a una sociedad heterogénea compuesta por grupos con mayor vulnerabilidad o considerados potencialmente como futuros consumidores y, por ende, protegerlos a fin de evitar su posible victimización, resultando en consecuencia imprescindible incluir en el ámbito penal supuestos típicos que permitan a las autoridades federales prevenir, perseguir y sancionar a todo individuo que pretenda o ejecute actividades ilícitas bajo los supuestos penales que la ley señala, por ello es preciso perfeccionar tipos penales ya existentes que nos permitan proteger a grupos considerados potencialmente como futuras víctimas, ya que debido a su condición o calidad, son susceptibles de consumir estupefacientes con mayor facilidad, pues para el agente activo, sabedor de tal circunstancia, dichas personas se convierten en su centro de atención, hasta convertirse en un objetivo fácil, y por ende en un fructífero mercado de consumo de drogas.
Es por ello que, preocupada no sólo por fomentar en nuestra sociedad la cultura física, el deporte y que la competitividad entre los deportistas sea desempeñada de forma honesta; de forma principal interesa proteger la salud y bienestar de todos los sujetos considerados vulnerables o potencialmente futuros consumidores de drogas como lo son los deportistas, pues debido a que su desempeño siempre es medido y calificado de forma rigurosa, se convierten en un grupo potencialmente consumidor de estupefacientes, los cuales la mayoría de las ocasiones les son ofrecidos en los centros deportivos donde realizan su entrenamiento o acondicionamiento físico, e inclusive lo que resulta aún más grave, les son proporcionados por la persona que tiene a su cargo su entrenamiento o tutoría deportiva, pues es sabido, que el éxito del deportista lleva consigo, de forma paralela el éxito de su equipo de entrenamiento, lo que incluso se torna mas grave, pues dichas personas por su condición de custodia o cuidado que ejercen sobre el agente pasivo, logran con mayor facilidad que el deportista consuma estupefacientes.
Es así como consideramos de gran importancia implementar acciones que permitan proteger un bien jurídico de vital importancia, como es la salud de grupos con mayor vulnerabilidad o considerados potencialmente como futuras víctimas del delito, a través del perfeccionamiento de nuestro marco jurídico penal, estimándose necesario proponer una reforma de índole legal, que de lugar a sancionar con mayor rigor, a aquellos sujetos que trafique, comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba narcóticos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.
Pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico penal, tendiente a evitar la problemática que sufren los deportistas por su equipo de entrenamiento o custodia como son los maestros o entrenadores y dentro del lugar de su entrenamiento o acondicionamiento como lo son los centros deportivos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de justicia penal, presentamos con todo respeto a consideración de éste honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman adicionan las fracciones IV y V del artículo 196 del Código Penal Federal.
Primero. Se reforman las fracciones IV y V del numeral 196 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 196. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes.Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió iniciativa que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanossuscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.
El Secretario diputado Ángel Peña Sánchez: «Iniciativa que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar participación a la Conferencia Nacional de Gobernadores en la planeación nacional del desarrollo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra Constitución ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal compuesta por estados libres y soberanos (autónomos según la teoría constitucional) en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de nuestra Ley Fundamental.
El pacto federal mexicano data del siglo XIX; el 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, a fin de otorgar a la república mexicana la característica de un estado federal y, posteriormente, el 4 de octubre de 1824 se promulgó nuestra primera Constitución, donde México se definió constitucionalmente como un país federal.
Bajo este ideal, inspirado en nuestra herencia española y el modelo de los Estados Unidos de América, se acuerda la distribución política del poder, entre la federación y sus entidades federativas, así como las características del gobierno.
Posteriormente, ante la imposición del centralismo en 1835, la proclama del federalismo fue reivindicada por José María Luis Mora en 1837, así, a la voz de la república se le añadió la palabra ``federal'', concepto novedoso, en virtud de que las fuerzas de la vieja sociedad, por su naturaleza e intereses intrínsecos, se hallaban centralizadas.
El federalismo es una forma de estado constituida por la voluntad de entidades políticas soberanas que lo conforman, que deciden pactar entre ellas la constitución de un orden superior de gobierno, con el objetivo principal de formar una nación única, en pro del desarrollo de todas y cada una de las entidades.
En este sentido, el federalismo mexicano ha significado una alternativa de cambio gradual, para que la sociedad mexicana se reacomode, sin violentar los principios institucionales, manteniendo la articulación de las entidades federativas y la conducción del país hacia un modelo de desarrollo, basado principalmente, en la compensación entre regiones con recursos y posibilidades hacia las regiones con pocos o nulos recursos.
El federalismo mexicano encuentra en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), uno de sus mecanismos de expresión más importantes para la armonización fiscal, así como para la mejor recaudación y administración de los ingresos públicos, y cuyos antecedentes se encuentran en las convenciones nacionales fiscales de 1927, 1933 y 1947.
A pesar de que el siglo pasado se caracterizó por un fuerte centralismo, y que determinó que la federación monopolizará los ingresos públicos más importantes, en los últimos, con la democratización del país, la lucha por el fortalecimiento del federalismo ha tomado dimensiones y características especiales y surge un movimiento inédito denominado Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), cuyo antecedente inmediato es la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago) integrada por los gobernadores de Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo la idea de revisar las políticas del Ejecutivo federal en relación con las reducciones en las participaciones federales de los estados y el Distrito Federal, así como respecto de los fondos de aportaciones federales señaladas por la Ley de Coordinación Fiscal.
En este contexto, el 13 de julio del año 2002, se creó la Conferencia Nacional de Gobernadores, en un inicio por 20 gobernadores (16 del Partido Revolucionario Institucional y 4 del Partido de la Revolución Democrática integrantes de la Anago).
Esta agrupación sin precedentes, conformada por los gobernadores de la mayoría de las entidades federativas, plantea por primera ocasión en nuestra historia reciente, la posibilidad de cambiar los términos del pacto federal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y surge como un espacio de interlocución en la transformación de la relación federación-estados, una alternativa para la discusión y negociación en la búsqueda de soluciones a través de la articulación efectiva de políticas locales y federales, con la participación plural de las entidades federativas en las reuniones y el consenso para la toma de decisiones.
Es así que la Conferencia Nacional de Gobernadores se ha convertido en una expresión de la transformación política del país, que impulsa la promoción del desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal, regional y municipal, actualizando las relaciones interinstitucionales, con respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno, y con el firme propósito de reafirmar el superior compromiso de las entidades federativas con el Pacto Federal e impulsar un proceso político de auténtica descentralización y el fortalecimiento del Federalismo en todos los órdenes y en todas las regiones, proponemos consolidar la Conferencia Nacional de Gobernadores, mediante su incorporación en la planeación nacional del desarrollo, con la adición del artículo 26 constitucional, garantizando su permanencia como un espacio plural que contribuya al fortalecimiento del federalismo con el propósito de atender las necesidades colectivas, equilibrar, armonizar y estimular el crecimiento económico de nuestras entidades federativas, de nuestras regiones y municipios, en el marco de un verdadero diálogo y concertación con los poderes federales.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente iniciativa de
Decreto por la que se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26. ...
En la planeación nacional del desarrollo, se reconoce a la Conferencia Nacional de Gobernadores como el espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación de los estados y el Distrito Federal con el Poder Ejecutivo federal, con el propósito de atender las necesidades colectivas, así como estimular, equilibrar y armonizar el crecimiento económico.
Los programas y políticas públicas federales que tengan incidencia en las entidades federativas deberán adoptar los acuerdos de la Conferencia. Para tal efecto, el Ejecutivo federal deberá considerar los acuerdos de la Conferencia en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, proveyendo lo necesario al efecto de su cumplimiento.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una Visita de Trabajo a la República Federal de Alemania; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; así como Visitas de Trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Reino de España
Honorable Asamblea:
La Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
1. El 3 de enero, se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania (25 de enero); la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (26 y 27 de enero); así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (27 al 29 de enero) y al Reino de España (29 y 30 de enero).
2. El 9 de enero, la Segunda Comisión sostuvo la primera reunión de trabajo e incluyó en el orden del día el análisis de la solicitud del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero.
3. Luego de analizar la iniciativa objeto de este dictamen, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión discutimos la pertinencia de aprobar la solicitud del Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional en los términos propuestos por el propio Ejecutivo, tomando en cuenta las siguientes:
Consideraciones
En los motivos expresados en la solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional, presentada por el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, señala que ``el grado de interdependencia del sistema internacional y la velocidad con la que se suscitan los diversos procesos a nivel global exigen impulsar la diversificación de las relaciones de México con el exterior, ampliar sus márgenes de interlocución política y consolidar su participación en los flujos comerciales, financieros, culturales, y científico-técnicos, como estrategia para promover y defender los intereses de México en el exterior y complementar los esfuerzos internos para avanzar en el desarrollo socioeconómico de todos los mexicanos''. Por esta razón, el Presidente de la República considera que ``es fundamental fortalecer y consolidar las relaciones con países y organizaciones prioritarias para el desarrollo del país''. Bajo esta perspectiva, Europa es considerada como ``una de las regiones más viables para ampliar el espectro de la política exterior de México; constituye una fuente importante de inversiones y un mercado en expansión para las exportaciones mexicanas; presenta grandes oportunidades para los intercambios educativos y la construcción de consensos en torno a temas de la agenda multilateral''.
En los motivos subraya como objetivo general de la gira de trabajo ``contribuir a consolidar y fortalecer las relaciones con actores clave del escenario europeo y con importante influencia global; así como mantener a México como un socio extraregional relevante e interlocutor fundamental entre América Latina y Europa''.
La visita de trabajo a la República Federal de Alemania responde a la invitación de la Canciller Federal, señora Angela Merkel, y tiene como propósito, a través de diversos encuentros, de ``fortalecer la relación de México con la tercera economía mundial; uno de los principales motores políticos y económicos de la Unión Europea y un líder indiscutible en diversos procesos y discusiones de impacto global''.
La Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente considera que, siendo Alemania el primer socio comercial de México en la Unión Europea y el cuarto inversionista europeo en el país, se incrementa la necesidad de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación. Bajo esta perspectiva, la Segunda Comisión considera que esta visita de trabajo se inscribe en el interés de México por intensificar la relación bilateral.
En lo referente a la visita de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ésta responde a una invitación formulada por el Gobierno Británico al Presidente de la República. Según las razones expresadas en la solicitud del Ejecutivo, en las diversas reuniones agendadas con altos funcionarios, empresarios, representantes de los sectores financiero, de organizaciones no gubernamentales y de medios de opinión, el Presidente Calderón ``expresará el interés de México en continuar fortaleciendo el excelente nivel de diálogo y cooperación con un país de primera importancia continental y global''. Asimismo, subraya que es ``fundamental mantener la colaboración y ampliar los espacios de acción conjunta en temas como la cooperación en materia de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, el lavado de dinero, así como concretar esfuerzos comunes en materia de desarrollo sustentable y cambio climático, reforma de las Naciones Unidas, derechos humanos, temas torales de la nueva agenda internacional''. Por otra parte, se buscará ``fomentar la colaboración educativa y cultural para alcanzar su gran potencial e impulsar la cooperación científico-técnica a través del aprovechamiento de los diversos acuerdos interinstitucionales existentes y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración''.
La Segunda Comisión aprecia que esta visita de trabajo servirá para reforzar nuestros vínculos con uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que igualmente pertenece al Grupo de los Ocho, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), además de ser sede de organizaciones no gubernamentales con gran influencia global, como Amnistía Internacional. De esta manera, los encuentros del Presidente Calderón con el Primer Ministro Anthony Blair y con los principales líderes políticos de ese país tiene que servir para identificar acciones concretas de colaboración en los ámbitos político, económico y de cooperación, y reforzar el carácter estratégico que ambos países conceden a la relación bilateral.
Finalmente, la visita de trabajo al Reino de España ``tendrá como objetivo reconocer el alto valor que México concede a la relación con ese país y confirmar el interés por fortalecer los vínculos bilaterales''. Se señala que ``será una expresión clara del compromiso del Gobierno de México con la consolidación de la relación estratégica construida en los últimos años y que se proyecta en los ámbitos bilateral, birregional e Iberoamericano''. Adicionalmente, indica que ``México aspira a convertirse en un interlocutor fundamental entre América Latina y Europa, y la privilegiada relación con España coadyuva al cumplimiento de esta meta. La relación con España es, a todas luces, estratégica, y merece un decidido impulso hacia una cada vez más intensa vinculación''. Durante esta visita se tienen planeadas reuniones con El Rey Juan Carlos I, el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la comunidad empresarial española y líderes de opinión e intelectuales.
La Segunda Comisión considera que la relación con España debe cuidarse de manera especial ya que seguirá siendo el puente de la relación de México con Europa y por ser el tercer inversionista (8.7%) en México después de Estados Unidos (60.7%) y Holanda (9.5%) 1 . Es de importancia que se tenga previsto revisar el estado de la relación bilateral, las perspectivas de cooperación iberoamericana y la Conmemoración del 30 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. Finalmente, estos encuentros ayudarán a identificar nuevas líneas de cooperación, tanto en el plano bilateral como en el multilateral e iberoamericano.
La Segunda Comisión de la Comisión Permanente también resalta la importancia de fortalecer y consolidar las relaciones con países de Europa considerados como estratégicas y ser un socio extraregional relevante e interlocutor fundamental entre América Latina y Europa. En este sentido, la gira que comprende visitas de trabajo a la República Federal de Alemania, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Reino de España cumplen con este propósito.
Quienes integramos esta Segunda Comisión quisimos destacar lo anterior y a su vez retomar los argumentos que hace el Ejecutivo Federal en su solicitud de autorización para ausentarse de territorio nacional por considerarlos estratégicos para reforzar la presencia mexicana en Europa y lograr el acercamiento bilateral con aquellos países de la Unión Europea que tienen una presencia destacada en la toma de decisiones dentro de la comunidad europea como a nivel global.
Por otra parte, la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, Suiza obedece a una invitación de éste como ``un reconocimiento a la importancia de la economía mexicana en el contexto internacional''. El objetivo del Presidente Calderón para participar en este evento es ``fortalecer la confianza de la comunidad internacional en nuestro país''. De esta manera, el Presidente de la República indica que ``expondrá ante líderes empresariales, políticos y formadores de opinión, las estrategias económicas y acciones prioritarias de mi gobierno en materia política, económica y social; y hacer patente el compromiso de México con una economía de mercado socialmente responsable, promotora de la inversión extranjera directa (IED), el empleo, el intercambio tecnológico, el crecimiento y el desarrollo económico''.
El Foro Económico Mundial es uno de los espacios más reconocidos para el debate y la reflexión sobre las perspectivas económicas mundiales y los principales retos sociales de nuestro tiempo; así como para la identificación de soluciones y la definición de estrategias para hacer frente a estos retos. Este foro es una organización internacional privada cuyo principal objetivo es el mejoramiento del desarrollo mundial, a través de la creación de asociaciones entre empresarios, políticos, intelectuales y otros líderes sociales. El Foro de Davos sirve para comentar, diseñar y dirigir las tendencias mundiales en una gran cantidad de temas, incluyendo desde luego los económicos, pero también otros tópicos que pueden ser de interés general, como es el cuidado del medio ambiente, el impacto del terrorismo en el mundo y el avance tecnológico, entre otros.
El foro sirve para establecer vínculos bilaterales y personales con una gran gama de actores internacionales, que posteriormente pueden ser fomentados para la obtención de otros objetivos.
La Segunda Comisión estima pertinente la asistencia del Presidente Calderón a este foro al ser el primer responsable de la imagen internacional de nuestro país. Adicionalmente, considera que las reuniones de trabajo con el sector empresarial y financiero y con medios de comunicación, en los cuatro puntos de la gira, serán utilizadas como foros para promover el comercio y la inversión, y compartir información de primera mano sobre la realidad del país. Lo anterior, representa un mecanismos para reforzar lo objetivos estratégicos de México, así como para fortalecer la presencia de México ante los demás miembros de la comunidad internacional.
Finalmente, la Comisión dictaminadora, conforme a la práctica ya establecida, solicita al Titular del Ejecutivo que, una vez que concluya su gira de trabajo, se informe al Congreso de la Unión del resultado del mismo para fortalecer y mejorar los mecanismos de diálogo, cooperación y corresponsabilidad entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente estima que la presencia del Presidente de la República en los compromisos mencionados resultan de la mayor importancia para la Nación, motivo por el cual somete a la aprobación de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:
DECRETO
Artículo Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una Visita de Trabajo a la República Federal de Alemania (25 de enero); la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (26 y 27 de enero); así como Visitas de Trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (27 a 29 de enero) y al Reino de España (29 y 30 de enero).
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es de primera lectura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa...
Los que se abstengan... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania el 25 de enero; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza 26 y 27 de enero; así como visita de trabajo al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 27 a 29 de enero y al Reino de España 29 y 30 de enero.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, México, DF, a 9 de enero de 2007, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, firman la mayoría de sus integrantes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra proceda la Secretaría a tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior
(Votación).
Se registraron 27 votos a favor, 8 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el proyecto de decreto por 27 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania, el 25 de enero; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 26 y 27 de enero; así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 27 al 29 de enero, y al Reino de España, 29 y 30 de enero. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, senador Monreal. Sonido al senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Dado que hemos iniciado el capítulo de proposiciones por desahogar, le sugiero, Presidente, de manera respetuosa, que de manera coordinada con los grupos parlamentarios pudiéramos reagrupar los temas que se encuentran en este capítulo de proposiciones, en virtud de que hay temas que son similares y pongo el ejemplo del tema de la tortilla, que me parece que los tres o los cuatro grupos parlamentarios tocaremos; sólo que en la agenda, en las proposiciones, aparecen en distinto orden, lo que generaría es que se regresara al tema, y eso me parecería ocioso.
El otro tema es el de la seguridad pública, con los operativos y la comparecencia tanto del secretario de Seguridad Pública, por parte del grupo parlamentario del PAN; del procurador general de la República, por parte del grupo parlamentario del PRI, y la nuestra, que agregamos al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina.
Y el otro tema también, es el relativo al cargo que ostenta el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, que aparece enlistado en el capítulo de proposiciones en dos o tres ocasiones. Le sugiero de manera respetuosa que agrupemos los temas para dar un debate único en cada uno de ellos, antes de iniciar este tema.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Así ha sido considerado en la Mesa Directiva, siempre y cuando los proponentes de los puntos de acuerdo se pongan también de acuerdo en las propuestas que están haciendo. Vamos a agruparlos por temas: una vez que se toque el tema del ex secretario de Hacienda, el tema de la tortilla, les iremos dando la palabra a los proponentes de esos temas.
ALICIA BARCENA IBARRA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de proposiciones tiene la palabra el diputado José Antonio Muñoz Serrano, en nombre de los integrantes de la Segunda Comisión, para presentar punto de acuerdo relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra, como subsecretaria general de Administración de la Organización de las Naciones Unidas.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Muchas gracias, Presidente, con su permiso: compañeros legisladores, hoy vengo a presentar un punto de acuerdo relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra, como subsecretaria general de Administración de la Organización de las Naciones Unidas y esto es a cargo de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente.Esto tiene que ver con el reconocimiento que esta Comisión hace a los mexicanos y mexicanas que han logrado sobresalir en el proceso de su desarrollo, y nuestro país ha mantenido en los últimos años, un papel activo en el impulso de iniciativas en relación con las reformas de la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, con la democratización del Consejo de Seguridad.
México ha sostenido que la reforma permitirá al organismo tener fuerza moral, revitalizarse, consolidarse y tener una amplia presencia mundial para superar males como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
En el año 2004, por iniciativa del Ejecutivo, se formó un grupo de amigos para la reforma de las Naciones Unidas y con esto se conformó un grupo para contribuir al ejercicio de la reflexión sobre las reformas de la Organización de las Naciones Unidas e impulsar la toma de decisiones en el tema.
Siendo México un país muy activo en el fortalecimiento al multilateralismo, también nuestro país cree que es un privilegio para nosotros que el entonces secretario de las Naciones Unidas haya mandado llamar a una mexicana y hoy el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, el pasado 3 de enero, haya nombrado a la maestra Alicia Bárcena Ibarra para ocupar el puesto más importante en materia administrativa dentro de dicho organismo.
Alicia Bárcena se ha orientado fundamentalmente en las políticas públicas dirigidas al desarrollo sustentable, con particular interés en los temas de medio ambiente, economía y ciudadanía.
En marzo de 2006 fue nombrada jefa de gabinete del entonces secretario. Hoy ocupa un cargo importante y para nosotros es motivo de orgullo que una mexicana pueda ocupar un espacio como éste.
Por tal motivo hacemos un reconocimiento y esta Segunda Comisión propone este punto de acuerdo, donde queremos plantear que es importante el reconocimiento a las mexicanas y mexicanos que han logrado un desarrollo importante y sobre todo, que le dan representación a nuestro país en organizaciones tan importantes.
Dice así el punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce el trabajo realizado por la maestra Alicia Bárcena Ibarra y la felicita por su nombramiento como subsecretaria general de la Administración de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo hace votos para que su contribución en el proceso de reforma permita a este organismo tener fuerza moral, revitalizarse y consolidar una amplia presencia mundial para superar la amenaza como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
Pido a la Presidencia que se anexe el texto íntegro del punto de acuerdo que aquí se ha presentado. Es cuanto, diputado Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra como subsecretaria general de Administración de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, en nombre de los Integrantes de la Segunda Comisión
Honorable Asamblea:
Los legisladores miembros de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconocemos que la relación entre México y las Naciones Unidas siempre ha sido estrecha, intensa y continua, observando siempre los principios de derecho internacional.
Por ello, proponemos con fundamento en en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesNuestro país ha mantenido en los últimos años un papel activo al ser impulsor de iniciativas en relación con la reforma de la ONU y, en particular, con la democratización del Consejo de Seguridad. México ha sostenido que la reforma permitirá al organismo tener fuerza moral, revitalizarse y consolidar una amplia presencia mundial para superar males como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. En el año 2004, a iniciativa del Ejecutivo, se formó el Grupo de Amigos para la Reforma de las Naciones Unidas, con el objeto de contribuir al ejercicio de reflexión en curso sobre la reforma de la ONU e impulsar la toma de decisiones en el tema.
México realmente se siente privilegiado por el nombramiento que hizo el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, el pasado 3 de enero, a la Maestra Alicia Bárcena Ibarra para ocupar el puesto más importante en materia administrativa dentro de ese organismo.
La carrera de Alicia Bárcena se ha orientado, fundamentalmente, a políticas públicas dirigidas al desarrollo sostenible, con particular interés en los temas de medio ambiente, economía ambiental y ciudadanía.
En marzo de 2006, fue nombrada Jefa de Gabinete del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan; además fue jefa adjunta del gabinete de Annan y Secretaria Ejecutiva adjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Ahora como Subsecretaria General de Administración, la Maestra Bárcena Ibarra tendrá bajo su responsabilidad el manejo administrativo de los empleados que trabajan para la ONU en distintas partes del mundo. Asimismo, tendrá a su cargo el proceso de renovación y ampliación de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en los próximos años.
La reforma del sistema de gestión constituye una de las asignaturas pendientes en las Naciones Unidas, por lo que el nombramiento de la Maestra Bárcena es una prueba adicional de la confianza que deposita en ella el Secretario General para llevar a buen término esta reforma.
Consideramos que su desempeño será vital en el diseño y aplicación de políticas sobre transparencia, a través de la apertura de información sobre las finanzas del organismo y las finanzas personales de los funcionarios de más alto nivel.
Reconocemos que este nombramiento, así como su destacada carrera en organismos internacionales, es ejemplo de lo que los mexicanos son capaces de lograr con esfuerzo, disciplina y dedicación.
Nos sentimos satisfechos de que dicha designación haya recaído en tan destacada mexicana; estamos seguros de que la Maestra Alicia Bárcena Ibarra, como resultado de su larga experiencia y trayectoria en el ámbito internacional, asumirá cabalmente la tarea que le ha sido encomendada. Esta designación la convierte, no sólo en la mujer de más alto rango en el organigrama de la Organización de Naciones Unidas, sino también, en la mexicana con el más alto rango en el escalafón de Naciones Unidas.
Por lo antes expuesto se propone un Pronunciamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en los términos del siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el trabajo realizado por la maestra Alicia Bárcena Ibarra y la felicita por su nombramiento como Subsecretaria General de Administración de la ONU. Asimismo, hace votos porque su contribución en el proceso de reforma permita a este organismo tener fuerza moral, revitalizarsarse y consolidar una amplia presencia mundial para superar amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates. Y como fue solicitado de urgente resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión y sobre el mismo tema está inscrita la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI. Tiene el uso de la palabra.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados: en virtud de la economía procesal que busca esta Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PRI había registrado un punto de acuerdo en el mismo sentido. Por tal motivo deseamos expresar, en nombre del grupo parlamentario del PRI, el beneplácito por el nombramiento que recibió la señora Alicia Bárcena Ibarra del señor secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, el pasado 3 de enero.Sin duda este es un reconocimiento a los mexicanos, es un reconocimiento a la política internacional, que nos ha ganado pleno reconocimiento en el mundo. Es un reconocimiento también sin, duda, al talento y a la creatividad y a la experiencia que la señora Alicia Bárcena ha demostrado en las tareas administrativas de la función pública y en el ámbito internacional a lo largo de una fructífera carrera.
Constituye también un hecho relevante el hecho de que en los últimos años distinguidos mexicanos y mexicanas hayan sido reconocidos con altísimos cargos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, de manera muy especial recordamos nosotros a nuestra compañera senadora Rosario Green, quien también ocupó recientemente una alta responsabilidad en la Organización de las Naciones Unidas.
Un motivo adicional --en mi caso-- es, sin duda, la razón de género, porque la presencia de la señora Alicia Bárcena corresponde definitivamente al esfuerzo que durante muchos años las mexicanas hemos venido haciendo por lograr un reconocimiento pleno al empeño de construir una sociedad más equitativa, una sociedad en donde logremos eliminar las barreras de género que a lo largo de la historia nos han venido impidiendo un desarrollo pleno, integral en diferentes áreas de la vida política, académica y profesional.
Por tal motivo, únicamente queremos dejar reiterado el reconocimiento del grupo parlamentario a esta distinguida mexicana, haciendo votos, puntuales votos, para que en la labor que hoy hace frente, pueda contribuir a la construcción de una agenda orientada a distender las regiones como la del Medio Oriente o la de Asia, para que podamos avanzar en una agenda puntual y precisa, en temas muy importantes, como el del medio ambiente, donde ella se ha distinguido por ser una experta.
Sin duda, es un tema que a todos nos debería ocupar y preocupar, como es la protección del medio ambiente, la pérdida acelerada de bosques y selvas y el rápido calentamiento global que estamos ya padeciendo en diferentes modificaciones del clima en las diferentes regiones del mundo.
Estoy segura, plenamente segura, que nuestra connacional Bárcena pondrá en alto el nombre de México y, muy en especial, de las mujeres mexicanas. Así es que, enhorabuena, le enviamos una felicitación en nombre de todas las diputadas y diputados y seguramente de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez. No habiendo más oradores consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo en votación económica, sírvanse manifestar.
Los que están a favor...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Las abstenciones... Se aprueba, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo; comuníquese.
LICONSA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche que distribuye Liconsa.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Presidente: el punto de acuerdo está publicado y no voy a consumir su tiempo sobre lo que se está buscando, el tema de fondo es --y de lo que se va a jugar-- es qué tipo de negociación sobre el presupuesto se va a tener en los siguientes años con el actual gobierno.¿Por qué digo lo siguiente? En las negociaciones, como saben bien los legisladores, la única que puede fijar subsidio en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es la Cámara de Diputados.
Se discutió un tope específico para Liconsa, en el cual estaba incluido el subsidio, para poner un tope al precio y bajar los 50 centavos a la leche, específicamente, Liconsa. Indebidamente el dictamen no ha sido publicado y curiosamente el responsable que preside esa Comisión es del grupo parlamentario del PAN.
En la exposición de motivos tiene que estar, en la negociación, el alcance del rubro específico por el monto que se le dio a Liconsa, en la teoría y en la interpretación también de la Suprema Corte de Justicia, habla de dos tipos de facultades: Primera, facultades discrecionales; segunda, facultades reguladas.
¿En qué se aplica al presupuesto? Al presupuesto se aplica el principio de legalidad. Sólo puede ejecutar el gobierno federal lo que autoriza la Cámara de Diputados. Y si la Cámara de Diputados señaló en forma discrecional su aplicación, tiene un piso y un techo en su aplicación y cumple con la norma.
Y si es regulada, quiere decir que se le dice la conducta específica que tiene que hacer, no está en su voluntad, no tiene nada que ver con la fijación de precio en la facultad del Ejecutivo --si no, también tendría que ser revisada--, sino con la ejecución de un subsidio que se dio aquí en la forma e interpretación en la exposición de motivos.
Si el tema va a ser lo que se ha declarado en los medios por parte de Liconsa y lo que nos ha informado el gobierno federal, en específicamente esos servidores públicos, es que la Cámara de Diputados no lo puso expresamente, no entiendo estos dos tipos de facultades y no entiendo la interpretación, lo que tendremos que discutir aquí, compañeros diputados y senadores, es que el nuevo Presupuesto tendrá que ser con la visión de la interpretación de la doctrina de la Suprema Corte, con facultades reguladas.
En todos los rubros, en todos los ramos y en todos los manejos presupuestales, les vamos a etiquetar uno por uno en cómo se ejecuta. Y no vuelvan a decirnos que necesitan facultades discrecionales para la ejecución del Presupuesto y la movilidad de la economía nacional.
Como muestra basta un botón, dice la filosofía popular, y ésta es una, la unanimidad de Presupuesto no se logró por casualidad, se logró por tener alineados los objetivos los grupos parlamentarios que subsisten en el Congreso, y tener una sola visión: la sociedad. Y este subsidio tiene sólo una visión: la sociedad. Y curiosamente en una forma precaria de interpretación en la que no se ha profundizado cuál de los dos tipos de facultades y cómo lo iban a ejecutar; se ha basado esta autoridad administrativa en que no se etiquetó, y curiosamente el presidente de la comisión, del grupo parlamentario del PAN, no ha publicado el dictamen en donde la exposición de motivos es preclara.
Que incumpla la disposición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que el artículo 2o., fracción LIII, señala que el único que fija los subsidios es aquí, no estamos hablando de fijación de precios, de facultades del Ejecutivo y la responsabilidad de los servidores públicos de no cumplir, para empezar, está poniéndose en el supuesto el presidente de la comisión hacendaria. Habremos que discutirlo primero en casa.
Y después, a los funcionarios que no quieran ejecutar en interpretación de una facultad discrecional que se les dio etiquetada, la interpretación de la norma por la exposición de motivos como una facultad regulada, sí ahí no estamos de acuerdo.
El punto de acuerdo lo que busca es que los grupos parlamentarios, de urgente u obvia resolución hagan una exhortación de la interpretación de la norma al Ejecutivo y, si no es así, compañeros diputados, por ser facultad exclusiva, reflexionemos que el siguiente Presupuesto sea exclusivamente y al 100 por ciento con facultades reguladas, porque se ve que el privilegio de los objetivos para la sociedad mexicana no fue cumplido en este Presupuesto. Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio de cincuenta centavos al litro de leche que distribuye Liconsa, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesComo es del conocimiento de los legisladores de esta Comisión Permanente, a finales del año anterior y a escasos días de que culminara el sexenio, el gobierno federal dio un auténtico golpe de mano en contra de uno de los derechos fundamentales del pueblo, que es el de contar con acceso a los mínimos de alimentación y nutrición, como corresponde al espíritu con el que fue creada la empresa pública distribuidora de leche Liconsa, SA de CV.
Enfatizamos que esta empresa es uno de los pilares de la cada vez más reducida estructura de la política social del Estado y que su carácter es el de buscar el beneficio de los sectores de menores ingresos. Como puede observarse, no se trata de una empresa estrictamente mercantil, que pueda medirse por sus estados contables o por las ganancias que genera. Su eficacia deriva del impacto social de sus tareas, de la lucha contra la desnutrición infantil que aqueja a muchos niños de los sectores sociales pobres, de incentivar el mercado nacional de producción de leche y de otorgar bases mínimas a la estabilidad política que amenaza el creciente empobrecimiento de la mayoría de nuestra población.
En contra de estas consideraciones básicas, que deberían constituir la misión, la visión y la estrategia operativa de una empresa pública como Liconsa, se expidió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para incrementar un peso al litro de la leche, lo que representó el aumento de su valor de 3.50 pesos a 4.50 pesos.
El incremento se dio después de 5 años de mantenerse inalterado su precio, lo que evidencia que se utilizó una institución social para sostener un gobierno populista y electorero, como consta en el dictamen del Tribunal Federal Electoral que calificó la elección del 2 de julio pasado, en donde enlista la orientación indebida de instituciones como Liconsa.
El incremento impuesto a la población representa un serio golpe a la economía familiar. Para una familia que consume cuatro litros diarios equivale a elevar su gasto en cuatro pesos al día, frente al exiguo incremento salarial otorgado el año pasado, y también éste, de menos de dos pesos diarios. Para las familias pobres equivale a dos viajes diarios en el transporte colectivo metro y a prescindir de otros satisfactores básicos.
Esta medida atenta contra 5.8 millones de personas que están empadronadas en las lecherías de Liconsa y que forman parte del universo del 42 por ciento de la población del país que vive con menos de dos salarios mínimos, de acuerdo a la última estimación censal del INEGI.
Por otro lado, la obsesión por incrementar el precio del lácteo es paradójica, frente al hecho de que México es un importante productor mundial de leche, ya que produce el 2.4 por ciento del total. Sin embargo, la leche se encarece y el sector lechero es arrasado por las compras en el extranjero y la falta de políticas de aliento al mercado nacional, en donde Liconsa debería ser parte estructural de un mercado fuerte.
Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se aprobaron 350 millones de pesos para que Liconsa subsidie con 50 centavos el litro de la leche que distribuye. Lamentablemente, por carecer de facultades, el Congreso de la Unión no pudo modificar el precio de la leche, pero si previó recursos para absorber 50 centavos de cada litro, logrando una medida viable financieramente, solidaria con quienes menos tienen y plenamente comprometida con los intereses sociales que estamos llamados a defender invariable y firmemente.
Sin embargo, hasta ahora no se ha aplicado el subsidio aprobado e inclusive hay denuncias de que en algunas lecherías se vende la leche en 4.50 y en 5 pesos, lo que es condenable.
Los legisladores no aceptamos esta nueva burla a los intereses sociales y debemos exigir contundentemente que el gobierno responda y ejecute los recursos aprobados para subsidiar la leche de consumo popular.
Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La del Congreso de la Unión hace un enérgico llamado al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Liconsa, SA de CV, para que se apliquen, sin demora, los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 disminuyendo 50 centavos el precio del litro de la leche que se distribuye en sus expendios. Asimismo, reitera su convicción de que el sector social debe fortalecerse y orientarse al cumplimiento de su responsabilidad legal y constitucional.
Presidencia de la diputada Lorena Martínez Rodríguez
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, no hay dos terceras partes por la afirmativa, no se considera de urgente u obvia resolución.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Túrnese a la Tercera Comisión.
CODIGO PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Procuraduría General de la Repúblicaa iniciar una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por el delito de ejercicio abusivo de funciones en términos del Código Penal Federal.
El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señora Presidenta: antes de abordar el punto, sólo quiero decir una cosa: si el punto anterior no es de urgente u obvia resolución, sobre todo de urgente, no sé qué sería de urgente, porque resulta que es un tema que todavía no está publicado y para el próximo miércoles ya estará publicado; realmente, perdón, pero no entiendo que no se vea la urgencia del tema.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a iniciar, en cumplimiento de sus atribuciones, una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal.
El suscrito, Javier González Garza , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl 2 de enero del año en curso, la empresa HSBC Holdings, con sede en Londres, Inglaterra, mediante un comunicado informó que el que fuera responsable de la política hacendaria de México durante la administración de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, se integró como director en consejo de esta institución crediticia.
En dicho comunicado también se señaló que Gil Díaz es actualmente miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, Cos. Inc., relacionada con la compra de cartera vencida, lo que hace sospechar que el ex funcionario público ocupaba ese puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo que explicaría que esta empresa ---como según ella misma informó--- recibió en 1999 uno de los contratos de gerencia más grandes de activo concedidos por una entidad del gobierno, para recuperar 4 mil 800 millones de dólares en cartera vencida de BanCrecer, SA.
Como consecuencia, en el año 2000 Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público y, como todos sabemos, entre sus responsabilidades se encontraba el ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB). Así, el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y a su vez presumiblemente se desempeñaría como Consejero Miembro de la Junta de Gobierno de la Empresa JE Roberts, Cos. Inc.
Otra coincidencia que se debe señalar es que de 1997 al 2000, Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda.
Lo anterior no es un conflicto de intereses; es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Que la del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Procuraduría General de la República para que, en cumplimiento de sus atribuciones, inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal.
Segundo. Que la del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, inicie un procedimiento administrativo en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz y, en su caso, aplique la sanción correspondiente por las violaciones cometidas a la misma.
Quiero decirles, compañeras y compañeros, que el asunto de Gil Díaz no sólo es que se haya ido a trabajar a HSBC, el asunto de Gil Díaz tiene que ver con una cantidad de transferencias y con una cantidad de información y de privilegios a una serie de empresas, sobre todo holdings y empresas extranjeras.
Nos preocupa enormemente que este asunto sólo vaya a quedar como un asunto administrativo; requiere de una investigación de carácter penal. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Túrnese a la Primera Comisión.
Tiene la palabra...
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Dígame, señor.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Solicito la palabra para constatar que...
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: El compañero diputado Javier González retiró la urgente u obvia. ¿Sí?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): ...Sí, pero estaba la otra propuesta y lo acabamos de pactar con Ricardo Monreal...
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: En el siguiente punto del orden seguirá el turno de Ricardo Monreal y en ese momento podrá usted posicionar.
ESTADO DE QUINTANA ROO
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar punto de acuerdo relativo a la extracción de arena de la isla de Cozumel, Quintana Roo.
El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, es una de las más hermosas de nuestro país. Gran parte de esta isla sufrió daños incalculables debido al huracán Wilma en octubre de 2005.
Con fecha 3 de mayo de año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales exentó un promovente de la obligación de realizar la manifestación de impacto ambiental para realizar extracción de arena en la isla de Cozumel, Quintana Roo, por un total de un millón 100 mil metros cúbicos, con el objetivo de formar playas artificiales.
La extracción se inició el 2 de noviembre, para lo cual se utilizó una draga con el nombre de Teresa III. Sin embargo, dicha autorización se hizo bajo supuestos falsos, ya que la solicitud se realizó para llevar a cabo actividades de modificación de bancos pétreos para luego convertirlos en arena y, de esta forma, proveer la demanda de arena para playas, cuando en realidad lo que se está haciendo es extracción de arena de un banco marino.
La extracción se está realizando en el llamado Banco Norte, a una distancia de la línea costera de aproximadamente 200 metros y a menos de 600 metros del arrecife Barracuda. A menos de mil metros de la zona de extracción se encuentra otro arrecife con más de 10 cabezas de coral. Dicha extracción se está haciendo prácticamente sobre los pastos marinos más importantes y representativos de la isla.
Asimismo, de acuerdo a los informes proporcionados por los isleños, así como testigos y medios de comunicación, la arena extraída se está depositando en zonas de manglares que fueron talados y cortados para dar espacio a recibir dicha arena. En conjunto, el ecosistema formado por playas, manglares, arrecifes y pastos marinos se verá seriamente afectado, así como la producción de algunas especies.
Para realizar dicha obra se debió presentar una manifestación de impacto ambiental a las autoridades correspondientes. Dicha manifestación debió contemplar la distancia real de los ecosistemas y los efectos que provocará la pluma de dispersión de sedimentos de dicha extracción, que inevitablemente modificará los ciclos biológicos y ecológicos de muchas especies, por lo que una modificación de tal magnitud provocará la migración definitiva de muchas especies, el desequilibrio ecológico y daños locales irreversibles para los ecosistemas costeros.
No obstante todo lo anterior, posteriormente resultó el hecho de que el barco draga que estaba haciendo la extracción de arena del Banco Norte se hundió alrededor del 22 de noviembre, justo sobre los pastos marinos mencionados, con el inminente riesgo de derrame de combustible y lubricante que representaría una amenaza extra para los ecosistemas marinos.
Por todo lo anterior es que se presenta necesario hacer una revisión de las actividades de extracción de arena que ya se están llevando a cabo en la zona. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo siguiente:
1. Que de manera precautoria ordene inmediatamente la suspensión de extracción de arena que se está llevando a cabo en el Banco Norte de la costa noroeste de la isla de Cozumel, así como para que se verifique la autenticidad de los datos asentados por el promovente en la solicitud de exención de manifestación de impacto ambiental en términos de la legislación vigente sobre el impacto ambiental.
2. Que ordene el rescate inmediato de la embarcación draga de nombre Teresa III, para evitar un mayor impacto en el ecosistema marino.
3. Que, de acuerdo con la verificación realizada en la costa noroeste de Cozumel, en caso de encontrar irregularidades, ya sea en contravención de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o del problema ecológico de Cozumel y su área marina de influencia, procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables y, en su caso, se dicte la suspensión definitiva de dicha obra.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República lo siguiente:
1. Que, en su caso, dentro del procedimiento legal sobre impacto ambiental ordene la realización de una manifestación de impacto ambiental, así como la realización de una consulta pública y de información acerca de la obra propuesta por el promovente.
2. Que, con la mayor brevedad, informe a esta soberanía sobre la inspección realizada al área respectiva, así como de las resoluciones tomadas conforme a derecho en el mismo asunto.
Finalmente, solicito que se integre el texto en el Diario de los Debates, diputada Presidenta. Es cuanto. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la extracción de arena en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo es una de las más hermosas de nuestro país. Gran parte de esta isla sufrió daños incalculables debido al huracán Wilma en octubre del año pasado. La zona que menos daño sufrió es la constituida por el norte de la isla que conserva su belleza y naturalidad.
Una de las afectaciones que algunos centros turísticos recibieron con el huracán Wilma fue la pérdida de playas, debido a los fuertes vientos.
Con fecha 3 de mayo del presente año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exentó a un promovente de la obligación de realizar la Manifestación de Impacto Ambiental para realizar tales actividades. De esta forma se autorizó extraer arena, por un total de un millón 100 mil metros cúbicos, para formar playas artificiales.
La extracción se inició el 2 de noviembre, para lo cual se utilizó una draga con el nombre Teresa III, con la cual se extrajo arena del fondo marino. Sin embargo, dicha autorización se hizo bajo supuestos falsos, ya que la solicitud se realizó para llevar a cabo actividades de modificación de bancos pétreos para luego convertirlos en arena y de esta forma proveer la demanda de arena para playas, cuando en realidad lo que se está haciendo es extracción de arena de un banco marino.
La extracción se esta realizando en el llamado Banco Norte, a una distancia de la línea costera de aproximadamente 200 metros y a menos de 600 metros del arrecife Barracuda. Este arrecife consta de tres cordilleras y debido a las fuertes corrientes se mantiene en condiciones casi intactas, ya que muy pocos buceadores llegan hasta éste, por lo que los corales se encuentran en perfecto estado de conservación.
A menos de mil metros de la zona de extracción se encuentra otro arrecife, con más de diez cabezas de coral. Ambos corales representan una masa coralina viva de más del 60 por ciento, de acuerdo a los investigadores. En los arrecifes coralinos, como se sabe, se encuentran organismos típicos de las aguas tropicales, constituyendo fuente de vida y alimento, así como sitios de reproducción, por lo que la alteración de los arrecifes provocará el daño a los ciclos de vida de muchas de estas especies, como peces, cangrejos, camarones de arrecife, anélidos y poliquetos. Muchas de estas especies, lo mismo que los corales, se encuentran protegidos por estar dentro de alguna categoría de riesgo, por la NOM 059, que se refiere a especies en riesgo.
Además de esta importante función biológica, también constituyen una importante barrera, junto con los manglares, para evitar daños mayores provocados por los oleajes durante los huracanes.
Los corales mantienen un delicado equilibrio que requiere de condiciones naturales para mantenerse y son uno de los sistemas biológicos donde puede encontrarse mayor belleza y riqueza de la biodiversidad marina. Este hecho es el que hace que el mayor atractivo de la isla sean precisamente los arrecifes coralinos, lo que constituye la mayor fuente de ingresos económicos de los isleños, ya que es el único motivo por el cual el turismo proveniente de los cruceros deja derrama económica en el lugar. La destrucción del arrecife significará la ruina económica de los isleños.
Más aún, dicha extracción se está haciendo prácticamente sobre los pastos marinos más importantes y representativos de la isla. Esta zona es refugio de cientos de especies de peces de invertebrados así como de larvas de peces que pasan una parte de su ciclo vital en esta zona para después transitar hacia los arrecifes. Es necesario mencionar que también estos pastos marinos se encuentran en categoría de riesgo por la NOM 059. Por otra parte, los pastos marinos constituyen la zona de alimentación más importante de la tortuga blanca que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Otra especie que se afectará será la de las rayas manchadas que, de noviembre a febrero, acuden a alimentarse a esta área que hoy está siendo afectada por la extracción de arena.
De acuerdo a los informes proporcionados por los isleños, así como testigos y medios de comunicación, la arena extraída se está depositando en zona de manglares que fueron talados y cortados para dar espacio a recibir dicha arena. Esto por sí mismo podría constituir un delito ambiental, por lo que se necesitará exhibir los permisos pertinentes. Por otra parte, los manglares también se encuentran en categoría de riesgo dentro de la NOM 059.
En conjunto, el ecosistema formado por playas, manglares, arrecifes y pastos marinos, se verá seriamente afectado, así como la producción de algunas especies comerciales como el caracol rosado y la langosta espinosa.
Para realizar dicha obra se debió presentar una manifestación de impacto ambiental a las autoridades correspondientes, como lo dicta el artículo 28, fracción X, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Sin embargo, al parecer los datos anotados por el promovente no son fidedignos, ya que se asienta que los arrecifes se encuentran a una distancia de 17 kilómetros.
Dicha manifestación debió contemplar la distancia real de los ecosistemas y los efectos que provocará la pluma de dispersión de sedimentos de dicha extracción, que inevitablemente modificará los ciclos biológicos y ecológicos de muchas especies, por lo que una modificación de tal magnitud provocará la migración definitiva de muchas especies, entre ellas de tortuga blanca, por lo que desaparecerán para siempre de la isla.
Por otra parte, la dispersión de arena y sedimentos sobre los corales provocará asfixia de los mismos, además de que el aporte de nutrientes hacia las lagunas cercanas y el lecho marino se verá seriamente modificado, cambiando la relación de aporte de nutrientes tan necesarios para los ecosistemas. Otra consecuencia será la modificación de corrientes submarinas, con la consiguiente incertidumbre sobre la protección de la zona costera ante los huracanes y marejadas.
Es conocido el hecho de que la extracción de arena de un lugar para rellenar playas artificiales necesariamente llevará al desequilibrio ecológico, pudiendo llevar a daños locales irreversibles para los ecosistemas costeros. Pero más aún, existen alternativas viables como la utilización de ``sascab'' fino, que puede ser llevado desde Calica, donde se extrae actualmente.
No nos oponemos de ninguna manera al desarrollo turístico del estado de Quintana Roo, ya que constituye su ingreso principal, pero debemos aprender las lecciones que la historia nos ha dado, sobre todo los hechos más recientes como han sido los últimos huracanes y fundamentalmente el Wilma, que si bien su intensidad y duración de no era evitable, sí lo eran muchos de sus efectos al golpear la costa, ya que la pérdida de manglar y otras modificaciones de las zonas costeras provocaron que los daños fueran más serios.
No obstante todo lo anterior, resultó el hecho de que el barco-draga que estaba haciendo la extracción de arena del Banco Norte, se hundió alrededor del 22 de noviembre, justo sobre los pastos marinos mencionados, con el inminente riesgo de derrame de combustible y lubricante que representaría una amenaza extra para los ecosistemas marinos.
Consideramos que el desarrollo turístico debe ser planificado, sobre todo en lugares tan sensibles y expuestos como son las islas del Caribe mexicano. Dicha planificación debe ser respetuosa del medio ambiente y de forma preventiva evitar la aparición de próximas catástrofes ecológicas y humanas. Quienes vivimos en zonas tan golpeadas por la naturaleza sabemos bien que es necesario respetarla y encontrar alternativas que nos ayuden a vivir en nuestras costas de manera digna, pero sobre todo segura ante las posibles contingencias.
Por todo lo anterior es que se presenta necesario hacer una revisión de las actividades de extracción de arena que ya se están llevando a cabo en la zona y que pudieran estar en contravención con diversas disposiciones de impacto ambiental dictadas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como por el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región denominada Isla de Cozumel y su Área Marina de Influencia. Asimismo, es necesario escuchar a los pobladores de la isla, ya que son ellos quienes sufrirán las consecuencias más importantes de dichas acciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo siguiente:
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, lo siguiente:
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
ESTADO DE OAXACA
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Tiene la palabra el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas para garantizar la seguridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señora Presidenta. En virtud de que en el punto de acuerdo que he de presentar al Pleno de esta Comisión Permanente guarda algunas diferencias con lo que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria correspondiente, le agradeceré se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que esta intervención sea incluida íntegra en los ajustes que contiene la misma.
Compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente. Por octava ocasión en lo que va de la actual legislatura subo a ésta, la más alta tribuna de la nación, para exponer la necesidad de darle cauce legal y político definitivo a la grave crisis que azota al estado de Oaxaca. Ocho meses después del inicio de un conflicto político-social, que jamás debió haber alcanzado las peligrosas proporciones que ha atestiguado la nación entera, el ambiente que prevalece en Oaxaca es por demás triste y desconsolador.
En muchos centros escolares de la entidad, por ejemplo, los maestros no han podido iniciar clases, a pesar de que el gobierno del estado había ofrecido no patrocinar persecuciones de ninguna especie en contra de los mentores, con la idea de no perjudicar más el ciclo escolar de las niñas y los niños oaxaqueños. En diversas oficinas públicas se sabe el acoso gubernamental en contra de quienes se identifican con los grupos sociales que integran la APPO y en colonias, barrios y agencias municipales de diversos puntos del estado se vive una clara ofensiva contra todo aquel que no comulgue con el actual gobierno.
Por otra parte, la economía del estado continúa en declive; muchos comerciantes y empresarios honestos de la capital y varias regiones de la entidad siguen esperando la ayuda que el gobierno ofreció y que no ha llegado.
La situación es desesperante para la gran mayoría de los oaxaqueños y, por si eso no fuera suficiente, el gobierno tomó la decisión de criminalizar el movimiento social que su propia torpeza propició; no sólo persiguiendo a los que creen sus contrarios, sino que aplicando la ley del embudo, protegiendo y deslindando de toda responsabilidad a quienes se sienten de su lado.
Mientras tanto, más de una quincena de muertes, producto de la lucha popular, siguen impunes. De esos delitos no hay responsables, nadie está en la cárcel; al contrario, quienes han pisado el presidio es gente que participó en el movimiento popular.
La urgencia de criminalizar la lucha social en Oaxaca, llevó al gobierno al exceso de involucrar a gente que ni siquiera era parte de este movimiento social y popular. Ahora el problema es diferente: la nueva etapa de la crisis política que vivimos en Oaxaca, pasa por la persecución a los defensores de los derechos humanos que han hecho de la mencionada criminalización social, su propia lucha.
Eso es algo que no podemos permitir, pues la defensa de los derechos humanos que se hace en Oaxaca no es para descalificar a las instituciones, sino señalar conductas de presuntos servidores públicos que no honran esa denominación.
Oaxaca quiere, debe y puede ser un estado de leyes en el que se concilie la justicia con el ejercicio de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos. Un estado unido por la ley e integrado por las oportunidades de superación para todos.
Según informes preliminares sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones de derechos humanos, no quisiera en este momento sintetizar todos los señalamientos que han hecho, pero han dicho que en Oaxaca se ha hecho un uso indebido de la fuerza pública. Se han dado detenciones arbitrarias, se ha incomunicado a los detenidos, desaparecido a algunas personas, daños, lesiones, amenazas, entre otros.
Ante dichos acontecimientos, los observadores internacionales también han constatado que la mayoría de las detenciones se hicieron de manera arbitraria, pues no sólo fueron dirigidas contra integrantes del movimiento social, sino que en la mayoría de los casos se trataba de personas que estaban en la vía pública; incluso había un menor de 17 años.
No obstante ello, se ha desatado una guerra sucia contra más de 40 organizaciones civiles de derechos humanos en el estado por la intolerancia, impunidad y autoritarismo que aún permanece en Oaxaca, además de no respetar los derechos y libertades fundamentales que garanticen el pleno desarrollo de su actividad.
No quisiera extenderme en mi intervención, pero quisiera, en tanto, decirles, amigas y amigos, compañeras y compañeros legisladores, que hacemos un severo reclamo a las diversas instituciones tanto locales como federales, por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se están cometiendo en el estado de Oaxaca, entre ellas el uso indebido de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.
Como oaxaqueño y legislador, levanto la voz ante esta alta tribuna de la nación para que se reconstruya la capacidad del diálogo, entendimiento y convivencia en el estado de Oaxaca.
Por lo anterior expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Que esta comisión --la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión-- exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física, sicológica y jurídica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, salvaguardando lo dispuesto por nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por México.
Es cuanto, señor Presidente. Yo simplemente quisiera --no lo solicité de esa manera, pero por la serie de denuncias, el foro que hubo precisamente el día de ayer aquí en este espacio y muchas notas que han venido saliendo sobre esta persecución-- que este punto se considerara de urgente u obvia resolución y que, si no hay problema por la Mesa Directiva, se preguntara a los integrantes de esta Permanente si se considera este tema de urgente u obvia resolución. Por su atención, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Quien suscribe, Senador Gabino Cué Monteagudo, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derecho humanos en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Tratar de conceptualizar los derechos humanos nos remite directamente a la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Las sociedades contemporáneas, que se precien de ser democráticas, reconocen que todo ser humano, por el sólo hecho de serio, posee derechos y obligaciones frente al Estado, los cuales deben ser respetados y garantizados a cabalidad, y de no ser así, este debe emprender toda la maquinaria institucional a fin de satisfacer su íntegra realización y protección.
En este entendido y dado que son derechos inherentes a la persona humana, el Estado esta en el deber de respetar, garantizar y satisfacer su cabal ejercicio frente al poder y respecto de los cuales no puede disponer ni actuar con discrecionalidad.
Bajo este razonamiento, su respeto y preservación se constituyen como exigencias elementales en la construcción de toda sociedad. Son derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales, prioritarios e innegociables.
Una de las principales características de los derechos humanos es su integridad, y su interdependencia, es decir, se conciben como un todo indivisible y por lo tanto deben ser respetados por igual.
Sin embargo, el surgimiento y reconocimiento de los derechos humanos no se ha dado bajo una construcción lineal, como tampoco lo es la realidad social. De ahí que los diversos tipos de derechos así como su clasificación y la adopción paulatina de nuevos derechos plantean problemas teóricos y prácticos importantes. Los primeros en relación con su fundamentación y los segundos por su reconocimiento jurídico y en consecuencia, a su efectividad en el ejercicio y vigencia de los mismos.
La historia universal esta plagada de hechos vergonzosos que ponen de manifiesto que el accionar del Estado en la preservación de los derechos inherentes a la persona humana ha sido más resultado de la ignorancia que de protección de los derechos del hombre frente al ejercicio del poder.
El ascenso y la preponderancia de los regimenes democráticos han fracturado casi por completo el status quo establecido por los regimenes autoritarios y totalitarios, otorgando con ello, de manera paulatina, mayor libertad y capacidad de ingerencia en la vida publica. Hechos que han traído como consecuencia natural el incremento y una mejor organización de la participación ciudadana, es decir, se ha provocado el despertar de la fuerza de la sociedad.
En consecuencia, el Estado ha encontrado como único camino para contener el ímpetu y el justo reclamo de las demandas de la sociedad civil el uso de la fuerza, de ahí que en los tiempos recientes los derechos humanos más socavados han sido los derechos civiles y políticos, que son aquellos que le corresponden al individuo como persona y como ciudadano y que se conciben bajo el signo de la libertad.
En nuestro país, desde hace varias décadas se ha suscitado la violación de derechos humanos de mujeres y hombres, siendo una de las causas más frecuentes, la persecución por razones políticas y conceptos ideológicos.
La represión contra el movimiento estudiantil de 1968, así como lo acontecido en el vado de Aguas Blancas y, el asesinato masivo de indígenas tzotziles, mujeres y niños en la comunidad de Actea 1, el caso de las detenciones arbitrarias en la región de Loxichas, Oaxaca y la violación a derechos humanos en general, son tan sólo algunos hechos en donde el Estado ha hecho uso de la fuerza en perjuicio de la libertad de expresión y en menoscabo de los derechos humanos.
Los recientes acontecimientos en el Estado de Oaxaca son un ejemplo claro de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido de manera permanente en la Entidad.
Por octava ocasión, en lo que va de la actual legislatura, subo a esta, la más alta tribuna de la nación, para exponer la necesidad de darle cause legal y político definitivo a la grave crisis que azota al estado de Oaxaca.
Ocho meses después del inicio de un conflicto político-social que jamás debió haber alcanzado las peligrosas proporciones que ha atestiguado la nación entera, el ambiente que prevalece en Oaxaca es por demás triste y desconsolador.
En muchos centros escolares de la entidad, por ejemplo, los maestros no han podido iniciar clases a pesar de que gobierno del estado había ofrecido no patrocinar persecuciones de ninguna especie en contra de los mentores, con la idea de no perjudicar más el ciclo escolar de los niños oaxaqueños.
En diversas oficinas públicas se sabe del acoso gubernamental en contra de quienes se identifican con la APPO, y en colonias, barrios y agencias municipales de diversos puntos del estado se vive una clara ofensiva contra todo aquel que no comulgue con el gobierno.
Por otra parte, la economía del estado continúa en declive. Muchos comerciantes y empresarios honestos de la capital y varias regiones de la entidad siguen esperando la ayuda que el gobierno ofreció y que no ha llegado.
La situación es desesperante para la gran mayoría de los oaxaqueños.
Y por si eso no fuera suficiente, el gobierno tomó la decisión de criminalizar el movimiento social que su propia torpeza propició.
No sólo persigue a los que cree sus contrarios, sino que aplicando la más cínica ley del embudo protege y deslinda de toda responsabilidad a quienes siente de su lado.
Mientras tanto, más de una quincena de muertes producto de la lucha popular siguen impunes. De esos delitos no hay responsables. Nadie está en la cárcel por eso.
Al contrario, quienes han pisado es gente que simpatizó o participó en el movimiento popular.
La urgencia de criminalizar la lucha social en Oaxaca llevó al gobierno al exceso involucrar a gente que ni siquiera era parte de la APPO.
Ahora el problema es diferente.
La nueva etapa de la crisis política que vivimos en persecución a los defensores de los derechos humanos mencionada criminalización social su propia lucha.
Eso es algo que no podemos permitir, pues la defensa de los derechos humanos que se hace en Oaxaca no es para descalificar a las instituciones, sino señalar conductas de presuntos servidores públicos que no honran esa denominación.
Oaxaca quiere, debe y puede ser un estado de leyes en el que se concilie la justicia con el ejercicio de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos; un estado unido por la ley e integrado por las oportunidades de superación para todos.
Sin embargo, según el informe preliminar sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que comprende de junio a diciembre de 2006, señala que ``persiste una situación de conflicto''.
Prueba de ello, la Comisión ha recibido mil 211 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. La mayoría de ellas tiene que ver con uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateas ilegales.
Además, que las diferentes instancias que han intervenido en el conflicto para restablecer el orden público, entre ellas la Policía Federal Preventiva, "han utilizado la violencia".
Como consecuencia de ello, "la vida institucional, social, económica y cultural del Estado se ha visto dañada".
La Comisión también observó evidencias respecto de las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la población en general que no intervino en el conflicto, pero que ha padecido sus consecuencias, especialmente al vulnerarse los derechos a la vida, a la educación, a la seguridad pública, a la paz y a la libertad de tránsito.
Aunado a ello, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos ha denunciado que muchas de las personas detenidas y encarceladas por las fuerzas federales y estatales en la tercera semana de noviembre y principios de diciembre del 2006 "recibieron amenazas, golpes, daños físicos y tortura psicológica durante los traslados, y en algunos casos toques eléctricos en varias zonas del cuerpo, por parte de fuerzas policiales y paramilitares".
Algunos presos y presas todavía muestran evidencias físicas de las agresiones padecidas durante la detención y traslados, teniendo en cuenta del tiempo, y aún se observa en algunos el severo impacto traumático producido por las situaciones vividas.
Ante dichos acontecimientos, los observadores internacionales constataron que "la mayoría de las detenciones se hicieron de manera arbitraria", pues no sólo fueron dirigidas contra integrantes de movimientos sociales, sino que en "la mayoría de los casos se trataba de personas que estaban en la vía pública. Incluso aún había un menor de 17 años preso en el penal de Tlacolula.
No obstante a ello, se ha desatado una guerra sucia contra más de 40 organizaciones civiles de derechos humanos en el Estado, por la intolerancia, impunidad y autoritarismo que aún permanece en Oaxaca, además de no respetar los derechos y libertades fundamentales que garanticen el pleno desarrollo de su actividad.
Por todo ello, las y los legisladores debemos refrendar nuestro compromiso con el pueblo de México de hacer valer nuestras leyes, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos en un Estado democrático, que depende en gran medida de las garantías efectivas adecuadas que deben de tener las los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, ya que solamente contando con una protección adecuada de sus propios derechos pueden buscar la protección de los derechos de las demás personas.
Es por ello que la democracia debe instalarse dentro de un marco de Estado de Derecho, y para que ello suceda es condición indispensable el compromiso del gobierno mexicano salvaguardar los derechos fundamentales de los oaxaqueños.
El valor de la democracia está dado en la proporción en que el Estado garantiza el respeto y la vigencia de los derechos humanos.
Compañeras y Compañeros legisladores: hacemos un severo reclamo a las diversas instituciones, tanto locales como federales, por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se están cometiendo, entre ellas, el uso indebido de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.
Como oaxaqueño y legislador levanto la voz ante esta alta tribuna de la Nación, para que se reconstruya la capacidad de diálogo, entendimiento y convivencia en el Estado de Oaxaca.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física, psicológica y jurídica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, salvaguardando lo dispuesto por nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por México.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Gabino Cué. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... No esta muy claro, no encuentro claridad en la votación, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Nuevamente.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Los legisladores que estén a favor, por favor sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén en contra, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes para la afirmativa, por lo que no se considera de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.
MARIO TRUJILLO
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Pratspara hacer una proposición.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): ...Siguiente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con las facultades que tiene la Mesa Directiva y consultando con los señores coordinadores...
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Es que estaba dormido...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido respeto. La Presidencia tiene la facultad de dar la palabra en un tema específico y ha sido consultado también con los coordinadores de varios grupos parlamentarios. Dígame, diputado.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, señor Presidente: y con todo respeto... no son las reglas, nada más.o
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Voy a respetar lo que usted me está pidiendo, voy a consultar a la Asamblea si se acepta que el diputado Rodríguez Prats presente una propuesta de un minuto de silencio por el fallecimiento del licenciado Mario Trujillo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el diputado Rodríguez Prats puede hacer esta propuesta.
Dígame, diputado.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Le quiero decir, en cuanto se informa a la Asamblea; porque yo lo único que pedí es ¿para qué? Lo que no podemos, es de pronto decir que en el transcurso de lo que vaya a decir nos va a informar porqué... es lo que está ocurriendo. Por supuesto nadie se va a oponer; pero lo que no puede ser es el método.El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A mí se me informó que había sido consultado con todos los grupos parlamentarios, supongo que a ustedes no los consultaron y ésa es la razón.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente: no es usual en la práctica parlamentaria ese tipo de actitudes de la Presidencia de la Cámara, del Congreso, de la Permanente, según sea el caso. Me parece que nadie va a oponerse a la propuesta que haga el diputado Rodríguez Prats, se pudo haber evitado. ¿Cómo? Cuando usted, como Presidente, tiene el conocimiento del fallecimiento de un legislador y solicita el minuto de silencio, no es necesario que intervengan para tal propósito. Usted dentro de sus facultades pudo haber dicho: ``solicito un minuto de silencio, porque me he enterado que ha fallecido uno de los integrantes del Congreso de la Unión'', y no hay necesidad de generar este ruido innecesario. Creo yo, se lo digo de una manera respetuosa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta que el diputado Rodríguez Prats haga esta propuesta.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se acepta la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la propuesta, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Gracias, señor Presidente: agradezco a los integrantes de la Comisión Permanente que me hayan permitido alterar un tanto el orden del día para rendir homenaje a un gran mexicano, a un gran tabasqueño, fue gobernador de Tabasco, diputado federal; director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera y quien falleciera hoy a las cuatro de la mañana.
Es mi convicción personal que fue un ejemplar padre de familia, que trabajó por Tabasco y que trabajó por México. Por lo anterior, si ustedes me permiten, solicitó un minuto de silencio.
(Se guarda minuto de silencio)
Muchas gracias, señor Presidente.
CLUBES PRIVADOS
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporteque, en coordinación con la Secretaría de Educación Públicay autoridades de los estados y delDistrito Federal, celebren convenios con los clubes privados de las diferentes disciplinas.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señor Presidente: nuestros jóvenes están muy preocupados por la falta de espacios deportivos. Este problema ha derivado de una indebida planeación territorial, así como la precaria situación económica de algunos mexicanos y la poca asignación de recursos públicos en la materia.Es por esta razón que, contando con el apoyo de diversas organizaciones públicas y privadas de jóvenes, tales como el Instituto Poblano de la Juventud, Conciencia Activa, AC, y los chavos banda de los barrios de la ciudad de Puebla somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo que en su parte considerativa establece lo conducente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y autoridades de los estados y del Distrito Federal, a celebrar convenios con los clubes privados de las diferentes disciplinas.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en coordinación con la SEP, las autoridades de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, celebren convenios con los clubes deportivos privados de diferentes disciplinas y con las instituciones de educación pública y privada de todos los niveles escolares que cuenten con instalaciones deportivas, a efecto de que los integrantes de los clubes mencionados y el público en general interesado en la práctica de algún deporte, puedan utilizar las instalaciones de dichas escuelas en horarios no escolares, y los alumnos de las escuelas de educación básica públicas y privadas reciban instrucción de los miembros de los clubes en lo relativo a las reglas y técnicas del deporte de que se trate y, en su caso, tengan acceso a sus instalaciones deportivas, conforme a las siguientes
Consideraciones``El deporte, lo sabemos y reconocemos, es una basta fuente de beneficios para la ciudadanía. Lo mismo ayuda a la prevención del delito que a la convivencia social; integra a las familias y estimula en lo colectivo y en lo individual el desarrollo de los mexicanos... Es preciso entender que el deporte no solamente es el que aparece a través de la pantalla de televisión o el que gana medallas, sino se trata de un universo que incluye el movimiento corporal regular y planificado.'' 1
En México, de acuerdo al diagnóstico elaborado en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, los hábitos de la población para realizar actividades físicas o deportivas, se reducen a menos de una hora, un día a la semana, considerando a la ejercitación física o a la práctica del deporte como eventos de fin de semana y no como una práctica sistemática que contribuye a mejorar la aptitud física y en consecuencia, a conservar la salud. Aún más preocupante, un análisis realizado por especialistas demostró que el 90 por ciento de los niños y jóvenes estudiantes no realizan actividades físicas suficientes que les permitan desarrollar su óptima capacidad física y como consecuencia, no tienen un adecuado crecimiento y desarrollo físico e intelectual.
Por otro lado, la mayoría de las escuelas del país, especialmente las públicas carece de instalaciones adecuadas para practicar el deporte y sólo el 30 por ciento tiene profesores especializados en disciplinas deportivas, de ahí, un número menor de instituciones públicas y privadas cuentan con instalaciones adecuadas para la práctica de algún deporte, las cuales se mantienen lejos del alcance de la población en general debido a que las mismas permanecen cerradas y con restricciones para su uso, como lo son los horarios y días de uso, peor aún existe una gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos para pertenecer a alguna institución educativa o club deportivo. Debido a la importancia del deporte, es necesario fomentar este tipo de actividades entre toda la población, pero además se debe contar con los espacios físicos adecuados para desarrollarlas, y los recursos humanos idóneos para que los educandos reciban una capacitación sobresaliente y potencien sus capacidades en las diferentes disciplinas deportivas.
En este sentido, los niños, jóvenes, adultos mayores y persona con capacidades diferenciadas resultan los más afectados con la carencia de instalaciones deportivas adecuadas, por lo que debemos de tomar acciones encaminadas a disminuir el tiempo que le dedican a otras actividades que no representan beneficios para su desarrollo.
Ante este panorama, es justo reconocer que los avances en la materia durante el sexenio 2000-2006 permiten observar que la cultura por la práctica deportiva ha ido en ascenso, motivada en la tradición ancestral de que el deporte es factor fundamental para el crecimiento y mejor desarrollo de las sociedades. Una de las estrategias que han permitido dichos avances es el Programa Nacional de Activación Física, a través del cual la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte pretenden cambiar la actitud de los mexicanos y mexicanas, hacia el cuidado de la salud, motivándolos para que cada individuo diseñe su propio programa de activación física para realizarlo durante toda su vida. Como parte de dicho programa, el Programa del Sector Escolar busca que todos los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, consoliden el hábito de la activación física como una práctica continua y sistematizada.
Asimismo, otra de las acciones positivas que se han llevado a cabo para impulsar el deporte y fortalecer la salud de los alumnos de educación básica en el Distrito Federal, son los convenios que la Secretaría de Educación Pública y algunas delegaciones de la demarcación han signado para que las escuelas de ese nivel aprovechen los centros deportivos y otras instalaciones deportivas y recreativas que son rehabilitadas por la autoridad local.
No obstante los avances presentados, es necesario seguir emprendiendo acciones desde nuestros ámbitos de responsabilidad y competencia para motivar y apoyar la cultura física y la práctica del deporte, difundiendo entre ella sus bondades e impulsando su desarrollo.
En Acción Nacional estamos convencidos que es necesario crear cauces en el ámbito deportivo en los cuales se manifiesten y propongan objetivos de interés público, vinculados a los reconocidos valores asociados al deporte, la cultura física y la recreación, que van más allá de la convivencia sana y el esparcimiento, de por sí valiosos en la preservación de la salud, para convertirse en la actualidad en elementos integradores de la familia, instrumentos de educación, promotores de la salud individual y de la comunidad y como instrumentos para la prevención de conductas delictivas.
Por ello, además de emprender acciones para evitar el deterioro o desaparición de unidades deportivas, debemos fomentar el compromiso y colaboración de los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada para impulsar la práctica deportiva, fomentando y permitiendo, a través de convenios, el uso de las instalaciones deportivas que se encuentren tanto en clubes privados como en instituciones de educación de todos los niveles, abriendo las puertas a asociaciones, ligas organizadas de algún deporte, deportistas en lo individual y en lo colectivo, a efecto de ampliar el número de mexicanas y mexicanos que practiquen un deporte que tenga como consecuencia, mejorar la calidad de vida y sobretodo enarbolando la dignidad de la propia persona con el cuidado propio.
Compañeras y compañeros legisladores, es un hecho que los clubes privados se han convertido en la única alternativa para aquellos jóvenes que ven en el deporte algo más que una simple diversión, y que no tienen a su alcance instalaciones deportivas adecuadas.
Sin embargo, sólo pagando cuotas en los clubes privados los jóvenes encuentran el apoyo necesario para aprender no sólo las reglas, sino las técnicas y el apoyo para quienes buscan trascender, y desafortunadamente no todos pueden pagar dichas cuotas. Cuantas veces no hemos estado enterados, que las instalaciones de las escuelas públicas solo pueden ser usadas por los propios alumnos en horarios solamente de clases y en situaciones más extremas, y no es el menor de los casos, ni por ellos mismos, por que dichas instalaciones permanecen cerradas para su uso abierto. Cuantas veces no hemos estado enterados, que las ligas organizadas de fútbol, béisbol o cualquier otro deporte individual o colectivo tienen que buscar espacios para la práctica del deporte, cuando bien podrían estar usando las que se encuentran en los clubes privados y las escuelas públicas y privadas de su propia comunidad, con la comodidad de trasladarse con mayor facilidad al recinto deportivo, ya que muchas veces el traslado margina el interés por el mismo. Es en este sentido que presentamos este exhorto, porque necesitamos que respaldados por las instituciones educativas y el convenio que se celebre, el mayor número posible de personas puedan hacer uso de la infraestructura deportiva de los clubes e instituciones y recibir el asesoramiento requerido para un mejor aprendizaje y desempeño deportivo.
Apoyemos a todos aquellos que se aferran al sueño de convertirse en deportistas, permitamos que hagan compatible su preparación escolar con su acondicionamiento físico para competir en diversas disciplinas deportivas. Abramos las puertas de las instalaciones y abriremos las puertas a mejores ciudadanos. Estamos seguros que con la colaboración de las autoridades responsables, los diferentes niveles de gobierno y los clubes deportivos, se contribuirá a formar talentos deportivos y se elevará la calidad del deporte y de los deportistas del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en coordinación con la SEP, las autoridades de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios celebren convenios con los clubes deportivos privados de las diferentes disciplinas y con instituciones de educación pública y privada que cuenten con instalaciones para la práctica de algún deporte, con el objeto de que los integrantes de los clubes deportivos y el público en general interesado en la práctica de algún deporte, puedan utilizar las instalaciones de las escuelas públicas y privadas en horarios no escolares, y los alumnos de las escuelas de educación básica públicas y privadas reciban instrucción de los miembros de los clubes en lo relativo a las reglas y técnicas del deporte de que se trate, y en su caso, tengan acceso a sus instalaciones deportivas.
Nota: 1 Profesor Nelson Vargas Basáñez.El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Violeta Lagunes.Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.
PRECIO DE LA TORTILLA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Los siguientes tres puntos del orden del día tienen que ver con el mismo tema, de tal manera que habremos de darles la palabra, en primer lugar, al senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentecondena el alza en el precio de la tortilla, suscrita por el senador Carlos Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del PRI. Posteriormente hablarán sobre el mismo tema, la senadora Claudia Corichi García y el senador Gabino Cué.
El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente, compañeros integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión:
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla.
Los suscritos, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla, al tenor de los siguientes
Considerandos
La importancia del maíz en la alimentación del pueblo mexicano va más allá de su contribución a la dieta y a la economía familiar, es origen de nuestras tradiciones y costumbres, conforma la cultura ancestral y nos identifica como nación, por lo que la cadena maíz-tortilla debe considerarse como un asunto de Estado. Además, representa una derrama económica de 89 mil 634 millones de pesos al año, siendo la industria del maíz la más grande para el sector agropecuario, ya que el 50 por ciento de la superficie sembrada en México se destina a dicho grano.
En 1999 cuando desaparece Conasupo, se puso fin a los precios de garantía para los productores de maíz y terminó con las compras gubernamentales, tanto en el país como en el mercado externo, dando como resultado un incremento sostenido en el precio del kilogramo de tortilla, hasta por 62 por ciento durante la pasada administración y en consecuencia de la capacidad de consumo de la población, ya que en 2000 con un salario mínimo se compraban 9.5 kilos de tortilla frente a 7.8 kilos a finales de 2006.
Han sido los últimos años, de un liberalismo a ultranza, en donde una vez mas ha quedado demostrado que el dejar hacer y el dejar pasar en el mercado no es suficiente para asegurar el bienestar de los trabajadores, por el contrario esta visto que solo se ha constituido en la pérdida en la calidad de vida, porque el salario mínimo actual apenas alcanza para comprar el 20 por ciento de la canasta básica.
La obsesión por el control inflacionario y la estabilidad macroeconómica del país se ha basado en gran medida en una política de contención salarial, siendo la clase trabajadora quién absorbe el costo económico, dado que la liberalización generó un crecimiento desordenado de los precios por la ausencia de políticas específicas de apoyos a la comercialización, que junto con el manejo restringido de los cupos de importación han creado un mercado altamente especulativo.
El incremento en el precio de la tortilla se debe principalmente al aumento generalizado de los precios del maíz, del gas y de la energía eléctrica, siendo el primero el que más ha subido, debido a que desde hace tiempo se utiliza no solo como alimento sino también como insumo para la producción de etanol y de sustitutos de azúcar., sobre todo el que consume la industria refresquera.
Esta situación ha permitido que el maíz sea cada vez más apreciado y demandado en el mundo entero, lo que es una buena noticia para los productores de maíz, pero no así para los millones de mexicanos consumidores de tortilla de maíz.
Noviembre, diciembre y enero han sido meses fatales para los trabajadores del país que han visto mermadas sus posibilidades de adquirir productos indispensables. Los incrementos definitivos e irreductibles en leche, huevo, diesel, gas y el consecuente incremento en el transporte privado aunados a los aumentos temporales que se registran en algunos productos agropecuarios como el tomate y la cebolla, tienen como resultado una disminución en el consumo de la población con menos recursos.
Es previsible que en el mediano y largo plazo se mantenga la tendencia alcista de los precios de los insumos de la tortilla, porque el gas y el maíz que son importados en una gran proporción no bajaran de precio, por lo tanto es indispensable que el gobierno asuma su responsabilidad con la gran mayoría de los mexicanos que consumimos tortillas y dejar atrás el gobierno indiferente, insensible y pasivo de estos últimos años, que ha dejado en la pobreza y el olvido a la clase trabajadora, que además participa en el sector formal de la economía, generando la riqueza de este país.
Es decir, si el maíz se va a destinar prioritariamente como insumo industrial o energético, entonces no va a ser atractivo producir maíz para las tortillas y si esto ocurre qué vamos a comer, lo que caiga, no comemos, esperamos a que el mercado se ajuste en automático o hacemos que el gobierno cumpla con su función y actúe de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la del Congreso de la Unión se pronuncie en contra del alza al precio de la tortilla.
Segundo. Se solicita al Secretario de Economía establecer un programa emergente de apoyo a productores de tortilla que amortigüe el incremento del gas y del maíz y explicar las acciones que durante la presente administración se llevaran a cabo para resolver los problemas coyunturales, como transporte y cosecha, y estructurales, como que al maíz se le están dando nuevos usos en materia energética.
Tercero. Se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación instrumentar esquemas de apoyo a los productores de maíz para que incrementen la producción de maíz.
Cuarto. Se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social establecer un Programa Emergente de Fortalecimiento del Salario, que ayude a compensar el incremento de los precios en leche, tortilla y otros productos de la canasta básica. Así como a presentar un estudio sobre la viabilidad de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues consideramos que no cumple con la finalidad con la que fue creada, pues no observa lo previsto en el artículo 123 de nuestra carta magna en su fracción b).
Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Ricardo Fidel Pacheco. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. Hay, sobre el mismo tema, inscritos la senadora Claudia Corichi García, en nombre del senador Lázaro Mazón Alonso y del grupo parlamentario del PRD. Posteriormente, el senador Gabino Cué, y está inscrita también la diputada Silvia Luna. Tiene la palabra la senadora Claudia Corichi García, del grupo parlamentario del PRD.
La Senadora Claudia Corichi García: Gracias a la Presidencia de la Mesa Directiva: quien suscribe junto con el senador Lázaro Mazón, pero, sobre todo, por parte del Partido de la Revolución Democrática, queremos hacer varias consideraciones con respecto a este tema.
Como sabemos y como se ha mencionado, el incremento de la tortilla ha lastimado sobre todo a aquellas personas de un consumo menor, aquellas que están entre los cinco deciles de más bajo ingreso, destinan más de la mitad de su salario a dedicarlo al consumo de alimentos de canasta básica. Ésta es una preocupación muy grande la que tenemos en el PRD, porque rechazamos tajantemente que sigan los incrementos en los precios, tanto del diesel, de la gasolina, de la leche Liconsa, como lo hemos denunciado permanentemente y ahora de la tortilla.
Nuevamente estamos frente al poder de los grandes oligopolios, ahora en el caso de la industria del maíz. La masa y sus distribuidores, que aprovechan la especulación y la inexistencia de contrapesos para usufructuar el hambre y la necesidad de la población de menos recursos, bajo la bandera de libre mercado.
Aunque nos argumenten que es un problema de oferta y demanda, lo que nosotros en el PRD decimos: es un problema de hambre, es un problema de Estado, es un problema de fondo. Mientras el precio del maíz en 2006 subió 11 por ciento, los precios de la tortilla se incrementaron entre 60 y hasta 200 por ciento.
Por el momento no hay ninguna garantía de estabilización en el precio de la tortilla. No hay ninguna evidencia de que en el corto plazo se solucione el rezago del campo mexicano, debido a la falta de apoyos y de inversión que eleven la productividad y que reduzca las importaciones de maíz de Estados Unidos. Se trata también de un tema, como lo decíamos, de Estado, que tiene que ver también con la dependencia alimentaria.
Durante la vigencia del TLC, pasamos de .5 millones de toneladas importadas en 1993, hasta 7.5 millones de toneladas en 2005. Se ha incrementado 15 veces el monto de las importaciones de un país que goza además de subsidios al productor. La política alimentaria es un asunto de Estado, así debería ser visto.
A partir del gobierno de Fox, se liquidó cualquier subsidio al precio de la tortilla, pero además, sobre todo, cualquier respaldo y cualquier apoyo a aquellos que menos tienen. Antes, por lo menos tenían la garantía de que no como a través de Oportunidades se les daba un apoyo económico, con el cual se puede especular y jugar políticamente, sino que les llegaba en especie, como tortilla.
Me llama la atención --y nos llama la atención como grupo parlamentario-- que, incluso en un estudio realizado por la UNAM leo algunas consideraciones que han sido graves para nosotros. Mientras el control de precios de tortilla y de subsidios agrícolas ayudaron al grupo Gruma Maseca, --al margen de haber mantenido pasivos, incluso en el Fobaproa, por casi 12 mil millones de pesos-- acumular una gran fortuna, los pequeños productores de maíz no se han visto beneficiados, se han visto empobrecidos y la población no ha visto de ello ningún beneficio.
Incluso las fuentes cercanas a Gruma Maseca dicen que actualmente el consorcio ya no recibe subsidios directos y, efectivamente, los recibió durante mucho tiempo, pero sí indirectos a través de los beneficiarios de Procampo, en los cuales ellos acumulan de manera oligopólica los beneficios.
Profesores de la UNAM, incluso han destacado que la harinización del consumo ha afectado las prácticas agrícolas y las variedades de maíz. Son Maseca y algunas otras transnacionales las que se favorecen y se benefician de manera desmedida de este tema. Por eso, en el PRD creemos que esta soberanía debe exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar una política de Estado de mediano y largo plazo para incentivar la productividad de la siembra de maíz en México y para ejercer controles antimonopólicos asociados a la producción y venta de este bien de consumo socialmente necesario.
Por eso quisiéramos que en cualquier documento que salga como producto de esta discusión, señor Presidente, se haga este exhorto contundente al Presidente de la República, a que se frene la especulación comercial derivada en la alza en el precio de la tortilla para minimizar el impacto que tendrán los sectores vulnerables, a que se exija a nuestra soberanía a que exhortemos al Presidente de la República a que implemente esta política de Estado de mediano y largo plazo, para incentivar la productividad, pero también para tratar el tema de la seguridad alimentaria como un asunto de Estado.
Le pediría, señor Presidente, que estos sean temas dentro de un punto de acuerdo en el que podríamos, estoy segura, llegar de consenso la mayoría de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora: al final de la discusión habremos de poner a votación el punto de acuerdo, si es posible, un consenso de todos los grupos parlamentarios o bien las distintas propuestas.
Tiene la palabra el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo a que emita un decreto de congelamiento del precio de kilo de tortilla de maíz.
El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señor Presidente: en este ánimo de poder sumarnos a un acuerdo en todos los grupos parlamentarios, quisiera fijar el punto, la posición del grupo parlamentario de Convergencia en relación con este tema y que sea el punto de acuerdo aquí acordado, el que todos apoyemos.
Yo quisiera, en nombre del grupo parlamentario de Convergencia, decía, sumarme a la preocupación ya expresada en estos últimos días, el debate que ha generado este incremento en el precio de la tortilla. Creo que todos coincidimos que en los últimos meses, en los últimos años, esta brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más grande, es preocupante y alarmante el revisar que han sido precisamente estas políticas de corte neoliberal, muchas de ellas basadas precisamente en ordenamientos de organismos internacionales, las que pudieran estar incidiendo precisamente en que se haga cada vez más grande esta brecha entre ricos y pobres.
Más preocupante es ver cómo nuestros salarios, el salario mínimo, el salario de las clases más desprotegidas, no está creciendo al mismo ritmo de los incrementos en aquellos bienes y servicios de este grupo más vulnerable. A finales del año pasado terminábamos el año con la noticia de que se incrementaba el precio de la leche, un insumo fundamental para la canasta básica del pueblo de México, sobre todo de las niñas y los niños más pobres de nuestro país.
Ahora arrancamos este año, viendo cómo de nueva cuenta, producto de una estrategia equivocada de haberle apostado a la importación del maíz como insumo fundamental de la tortilla y producto de variables externas o decisiones de otros países, pareciera que esto viene a impactar también en este producto básico para nuestra canasta. Y eso significa que apostarle a no buscar invertirle y jugárnosla con el campo, a no apostarle a buscar ser más eficientes, más productivos en la producción de nuestro campo, y hoy nuevamente lo vemos con tristeza, que el Presupuesto que acabamos de aprobar a finales del año pasado, también hay una ausencia y una política de Estado que vaya encaminada precisamente a seguir apoyando a nuestro campo mexicano.
Y en ese sentido queremos expresar nuestra preocupación de que nuevamente sean las clases marginadas las que sigan soportando esta situación y estas decisiones que se han venido tomando en los últimos días.
Nos preocupa también pensar que se piense que considerar la posición que se ha venido manejando, en el sentido de que pareciera que el precio de la tortilla es simplemente producto de una burbuja, que tarde o temprano el precio va a bajar, yo difiero un poco de esa visión, porque no estamos hablando de un servicio financiero, como podría ser el tipo de cambio en función de la oferta y la demanda del maíz, que pudiera incidir en el precio de la tortilla en este caso.
Entonces yo quisiera, en ese sentido, sumarme a la preocupación de que de esta soberanía salga una propuesta muy concreta al Ejecutivo federal para que se tome con mucha seriedad y que se adopten las medidas necesarias para que en tanto se toman las decisiones para impactar en esta oferta necesaria de maíz para que no siga incidiendo en el precio de la tortilla, se tomen medidas que no permitan el abuso en el precio de la tortilla y que no se piense que por sí mismo el precio va a bajar.
Cuando un bien de primera necesidad ya se pone en las tiendas, en los lugares específicos de venta, cuando se determina el precio, difícilmente al paso del tiempo, los que venden esos productos estarían dispuestos a bajar su precio. En ese sentido, nosotros habíamos planteado la posibilidad de que se tomaran acciones para que este precio se controlara.
Si bien es cierto, a veces hablar de controles, sobre todo a la iniciativa privada, los pone un poco en alerta pensando que es regresar al pasado, pero en temas fundamentales como éste, cuando hay un origen de una definición y una estrategia de política económica definida y siendo éste un bien fundamental en la canasta básica que incide en la gente más necesitada de nuestro país, nos vamos a sumar el grupo parlamentario de Convergencia a esas decisiones que se tomen, que vayan precisamente a tener la posibilidad de que este precio no vaya, en los próximos días, a seguirse incrementando, que no haya una especulación en torno a la falta de definición de este precio que pudiera, sin duda, afectar la economía de la gente más necesitada. En este sentido, yo fijaría esta posición sin dejar de insistir en que el grupo Convergencia se va a sumar a la decisión que aquí se tome. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Gabino Cué: tiene la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores: el Banco de Méxiconos informa que durante el sexenio pasado se registraron considerables aumentos en alimentos, transporte público y medicamentos. Sólo en ese periodo la tortilla subió 70 por ciento, el pan blanco 47 por ciento, el transporte se incrementó 33 por ciento y el gas doméstico, que encareció 54 por ciento.La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos 2005, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta que las personas que menos ganan destinan cerca del 45 por ciento de su ingreso en alimentos y 13 por ciento para transporte público.
En este contexto iniciamos este gobierno con un incremento del 25 por ciento al precio de la tortilla. Éste es un signo preocupante, ya que representa un duro golpe a la economía familiar y en especial a las familias de menores ingresos. El incremento al precio de la tortilla de ocho a 10 pesos impacta en las familias más pobres y exige una respuesta de las instituciones responsables de vigilar el desempeño del mercado interno, como son la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Se deben efectuar acciones efectivas para proteger a los estratos más pobres en esta coyuntura y prever, en el mediano y largo plazos, medidas que impidan fenómenos de alza como el que hoy enfrentamos.
La Secretaría de Economía debe garantizar el pleno abasto del mercado interno y propiciar una política de precios que no vulnere la economía familiar. La Secretaría de Economía debe cumplir con la promesa de que el gobierno hará su parte en este problema.
El grupo parlamentario Nueva Alianza manifiesta que el incremento en el precio de los alimentos de primera necesidad es contrario a lo prometido en el programa económico de la presente administración. ¿Dónde quedaron las intenciones de alcanzar la estabilidad de precios? ¿Cómo pretenden abatir la pobreza e impulsar a los sectores detonadores del empleo, como el agropecuario?
Este incremento en la tortilla es una señal negativa que refleja que los agentes económicos están incorporando desconfianza en la conducción de las políticas públicas encargadas de vigilar el desempeño del mercado interno y de la evolución de los precios.
Nueva Alianza rechaza las medidas económicas que llevan a los incrementos de los productos básicos, porque repiten medidas imprácticas, como las que se dieron al final del sexenio pasado con la leche Liconsa, la gasolina y el diesel, en donde se argumentó que el aumento de precios era sólo marginal.
Para Nueva Alianza no existe mejor manera de combatir la violencia que aquélla que nos permita garantizar a todos los mexicanos el real ejercicio a los derechos consagrados en la Constitución, y que el Presidente y nosotros como legisladores protestamos cumplir.
El grupo parlamentario Nueva Alianza percibe el bienestar general como el objetivo primordial de la política económica, por lo que convoca de manera respetuosa pero enérgica a las instituciones a tomar medidas como el incremento de la producción nacional, el fortalecimiento de las políticas de atención al campo, el ataque a los monopolios de la distribución de este producto y a depender menos del mercado norteamericano; medidas necesarias para que este incremento no sea un fenómeno recurrente y sujeto también a factores externos.
En Nueva Alianza reconocemos la existencia de imperfecciones en los mercados, pero también exigimos que sean subsanadas con la ineludible e irrenunciable participación del Estado, con políticas que fortalezcan la cadena de producción y distribución del maíz.
Es urgente que el gobierno federal aplique, con la mayor brevedad, un esquema de apoyo hacia los productores, para garantizar el abasto del maíz blanco que se utiliza para la producción de tortilla y garantizar este producto para todos los mexicanos a precios accesibles a sus limitados ingresos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Luna. Tiene la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el mismo tema.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Muchas gracias, señor Presidente: en el ánimo de encontrar un punto común para las diferentes bancadas, he platicado con mi compañero senador Ricardo Fidel Pacheco, con el propósito de que pudiéramos hacer una propuesta de punto de acuerdo que sumara las diferentes posiciones que como grupos parlamentarios tenemos.
Nos parece que la posición que asumió la Secretaría de Economía el día de ayer, nos parece un tema muy simplista decir que las reglas del mercado, oferta y demanda deberán resolver este problema.
Nos parece que estamos tocando un tema sumamente sensible, como es el tema de la alimentación de todos los mexicanos: el tema de la tortilla. Creo que las señales que vimos en el Senado de la República, al no haber aceptado la propuesta que se hacía precisamente del aumento al impuesto en los refrescos, tiene que ver con el tema que hoy estamos tratando, precisamente para la protección de las economías populares de nuestra gente.
Hemos integrado una propuesta entre tres bancadas y hemos invitado a otras a que se sumen en esta propuesta que hacemos, que consideramos nos ayudaría prácticamente a tener involucrados los diferentes criterios que cada una de las bancadas aquí ha expresado.
Dice: Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que instruya de manera urgente a los secretarios de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer mecanismos que alcancen la estabilidad de los precios de los granos en nuestro país.
Segundo. En tanto se establezcan los precios de los granos, se implementen los mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo afecten la economía familiar de los más necesitados, y que las medidas que se tomen, de ninguna manera afecten a los productores nacionales de maíz.
Tercero. Que se establezcan mecanismos que impidan el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de la producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla que lucren con el desabasto y con la gran demanda popular de estos productos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lozano. Tiene la palabra el senador Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del PAN.
El senador José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del PAN, consciente de la grave problemática por la que atraviesan millones de mexicanos; conscientes también de la necesidad de coadyuvar para evitar que las clases más necesitadas de nuestro país sufran abusos; sensibles de la necesidad urgente de tomar medidas tendientes a evitar --como lo dice el punto de acuerdo-- incrementos desmedidos en los consumos básicos y elementales en la mesa de los mexicanos como es la tortilla, el huevo, el pollo, la carne.
Por ello, estamos de acuerdo en suscribir el punto de acuerdo presentado hace un momento para que se tomen las medidas necesarias urgentes por parte del Poder Ejecutivo, para evitar el alza de estos precios y también coadyuvar, pues, a la solución de esta grave problemática. Por ello es que el grupo parlamentario del PAN está a favor de la suscripción de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Anaya Llamas. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo tema.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente; ciudadanas legisladoras; ciudadanos legisladores: este asunto que hoy nos tiene ocupados en esta deliberación, es un asunto de Estado; es un asunto de la mayor importancia para el país; es un asunto que tiene que ver con el principal alimento de la dieta de la mayoría de los mexicanos.
En los últimos cuatro días hemos visto cómo en entidades federativas el precio de la tortilla se ha incrementado de manera desproporcionada, de manera injusta. Ha quedado anulado ya el raquítico aumento a los salarios mínimos y ha quedado rezagado el poder adquisitivo de los trabajadores.
No debe quedar este asunto en meros exhortos al Ejecutivo federal, gobierno de facto al que no reconocemos. No debe quedar esto en una mera actitud de pronunciamiento sobre buscar mecanismos que busquen compensar el desequilibrio por el aumento de la tortilla, porque no es un asunto aislado.
No podemos caer en la ingenuidad de creer que se trata de una medida aislada. Es parte de un proyecto económico neoliberal que han decidido continuar a costa de la pobreza y el sufrimiento de millones y millones de mexicanas y mexicanos.
Inició con el aumento a la leche, continuó con el aumento a la gasolina, al diesel, al gas doméstico, a las tortillas y hoy mismo el pollo, el aceite, el huevo, las lentejas y muchos otros productos ya están reetiquetados con un 20 y hasta un 40 por ciento de aumento; es grave lo que está pasando.
Por eso me parece muy desafortunada la intervención de ayer del secretario de Economía, donde prácticamente acude a la política pilatesca: ``yo me lavo las manos, no es un asunto mío, es un asunto del mercado, los tiempos de la regulación ya pasaron y no puedo hacer nada si no dice él, permitir mayor importación de maíz barato del extranjero''.
¿Qué es lo que sucede en el fondo y no podemos separarnos de lo que está aconteciendo en el país? En este asunto hay un trasfondo. Recuerden ustedes que en el 2008, 13 años después de entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se desgravarán los aranceles, es decir, todos los aranceles a los productos agropecuarios serán eliminados.
Entrarán de manera libre, maíz, frijol y trigo. 13 años que se otorgaron en las cláusulas del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con un fin y un propósito, que pudieran emparejarse las asimetrías que se reconocían desequilibradas en el campo canadiense norteamericano y mexicano, que lograsen una competitividad y una transferencia de tecnología y una política de reconversión productiva aumentando la productividad, aumentando los subsidios y mejorando la tecnología y el apoyo al campo mexicano.
Nada de esto sucedió y hoy nos encontramos ante una triste situación. El próximo año pretenden que se aplique esta cláusula de dar desgravación arancelaria de estos productos básicos, lo que les dará el golpe de muerte definitivo a los campesinos de México; ése es el tema de fondo. Están anticipando la libertad de gravamen arancelaria, no aplicar ningún arancel al maíz en los próximos días y será negocio millonario de los intermediarios.
No es un problema de los productores, ni siquiera de aquellos propietarios de molinos y de tortillerías...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: ...De la industria del --concluiré, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias.
El senador Ricardo Monreal Ávila: ...De la industria del nixtamal o la tortilla o la masa; es un problema más profundo y nosotros insistimos en que el 2008 no podemos admitir que esta cláusula del Tratado de Libre Comercio ingrese, será la quiebra definitiva del campo mexicano en este gobierno de derecha neoliberal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Tiene la palabra el diputado Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venía, señor Presidente. En el Partido Verde de México alertamos sobre la tentación de grupos empresariales y sectores económicos para abrir las fronteras indiscriminadamente al maíz y, con ello, supuestamente abatir los costos de comercialización.Debemos recordar que al menos la tercera parte del maíz que se produce en Estados Unidos de América es genéticamente modificado, y México es el principal importador de maíz que produce la Unión Americana.
Ya se han detectado en México procesos de contaminación genética en estados como Oaxaca y Puebla, principalmente, y esto nos obliga a tomar medidas de bioseguridad para evitar la pérdida de las validades de maíz nativo, pese a que nuestro país está considerado como centro de origen de esta planta, de la cual depende la alimentación y la cultura de muchos mexicanos.
A juicio del Partido Verde, el problema actual en los precios de maíz obedece más a intereses económicos de algunos grupos empresariales que controlan los mercados y a una mala política del gobierno federal en la comercialización del producto. Es importante, por ello, que en esta coyuntura no se sacrifique el tema de salud pública y ambiental de los transgénicos en aras de buscar el abaratamiento en el precio de la tortilla.
Los mexicanos, sobre todo los de menores recursos, tienen derecho no sólo a una tortilla económicamente accesible, sino de calidad y alto valor nutricional. Nosotros proponemos fortalecer el sistema de comercialización del maíz a través de Diconsa, ya que el 92 por ciento de los productores son de pequeña escala, al no superar las cinco hectáreas de propiedad; de esta forma se lograría canalizar adecuadamente la producción nacional y establecer un precio base, que no fijo, manteniendo la estabilidad en el mercado interno.
En el ámbito internacional es necesario que México diversifique sus fuentes de importación de maíz, ya que actualmente dependemos de las importaciones de Estados Unidos en un 99 por ciento. Esta situación bloquea una competencia internacional, que podría ser más flexible en los precios internacionales de este producto. Asimismo, demandamos la certificación del maíz de importación para evitar la entrada en territorio nacional de maíz transgénico. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Adame. Pido a la Secretaría que dé lectura al punto de acuerdo que ha sido consensuado, para someterlo a votación.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Proposición con punto de acuerdo.
Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya de manera urgente a los secretarios de Economía, de Agricultura, Ganadería y Pesca y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer mecanismos que alcancen la estabilidad de precios de los granos de nuestro país.
Segundo. En tanto se establezcan los precios de los granos, implemente los mecanismos provisionales para evitar incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, siempre en apoyo a la economía familiar de los más necesitados y que las medidas que se tomen no afecten a los productores nacionales de maíz.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Consulte ahora la Secretaría si la propuesta es de aprobarse.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo a fin de solicitar a la Secretaría de la Función Públicaque investigue el probable conflicto de intereses por el nuevo empleo del ex secretario de Hacienda.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano Presidente: en razón de que el tema fue tocado por el diputado González Garza, que considero amplio, declino mi participación y sólo le pediría que se mantenga el punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue el probable conflicto de intereses por el nuevo empleo del ex secretario de Hacienda, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la semana pasada, diversos medios de prensa nacional publicitaron la incorporación como nuevo miembro del Consejo de Administración del grupo financiero HSBC Holdings Plc. de Francisco Gil Díaz, quien en el sexenio de Vicente Fox fungiera como secretario de Hacienda y Crédito Público y a escasos días del término de su encargo.
Una noticia semejante no tendría mayor relevancia para la Secretaría de la Función Pública, como institución de contraloría gubernamental, si no fuera porque todos los bancos y demás entes financieros del país se encuentran bajo regulación precisamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la financiera inglesa HSBC Holdings Plc. tiene filiales bancarias en nuestro país.
En el primero caso, para un panorama general, podemos acudir a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuyo artículo 31, fracción VII, se establece la facultad de la Secretaría para ``planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito''.
Pero, entrando en mayor detalle, la Ley de Instituciones de Crédito confiere potestades a la Secretaría que van, desde la autorización para la operación de un banco, incluidas las sucursales y las filiales de bancos extranjeros en México, previo conocimiento de sus estatutos, programas financieros y de servicios, bases para su organización y control interno y otra información; pasando por el conocimiento de las intenciones de un grupo financiero para controlar un banco, hasta el detalle de las inversiones en capital de otras empresas, instituciones auxiliares o de entidades financieras en el extranjero.
En suma, dispone expresamente la citada ley, las instituciones de crédito proporcionarán a la Secretaría la información institucional respecto de sus programas operativos y financieros, los presupuestos de ingresos y gastos, e integración de indicadores y demás información financiera, que permita evaluar el comportamiento y desarrollo del Sistema Bancario Mexicano. Toda esa información es estratégica para que el Estado mexicano pueda controlar con mayor eficiencia las actividades crediticias en nuestro país. Pero representa, a la vez, información muy útil para cualquiera de esas empresas, sobre todo si es información relativa a una competidora.
La Secretaría de Hacienda participa también de la integración de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al nombrar a 5 de sus 10 vocales, lo que sin ninguna duda provee al secretario de Hacienda de una posición privilegiada para obtener información relacionada con el control que ejerce la Comisión, por ejemplo: sobre las actividades de reestructuración de créditos que cada banco realiza; sus carteras u otros activos; cuándo se negocia su capital social; o bien el resultado de las auditorías o procedimientos de inspección que realiza la Comisión, así como la información relativa a los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones de que se haga por providencia judicial.
Con toda esa información a su disposición hasta hace pocas semanas, la posición que ahora desempeña el ex secretario de Hacienda en el consejo de administración de unas de las instituciones financieras que antes reguló toma la mayor relevancia para la Secretaría de la Función Pública, sobre todo si atendemos a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que obligan a todo servidor público a abstenerse, dentro del término de un año después de haberse retirado del cargo, de aceptar empleos o comisiones de cualquier persona física o moral cuyas actividades estuvieran vinculadas, reguladas o supervisadas por él al desempeñar su función pública y que impliquen intereses en conflicto.
El conflicto de intereses puede venir, según el artículo 9 del mismo ordenamiento, de ventajas obtenidas por la función pública que desempeñaba, o bien, de usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público.
Son tales supuestos los que nos preocupan. La información a la que tuvo acceso hasta hace muy poco tiempo el ex funcionario en cuestión le obliga, creemos, a observar la normatividad que hemos citado para evitar el conflicto de intereses. Pero, si no acata dichas disposiciones, como lo hemos visto, entonces se actualiza una causa de responsabilidad que debe conocer y procesar la Función Pública.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación respecto de la violación a las disposiciones que en materia de incompatibilidades y conflicto de interés establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Inscríbase en el Diario de los Debates la propuesta del senador Monreal.
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Guillermo Anaya Llamas, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Federal Electorala garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, suscrito por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del PAN.
El senador José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor Presidente:
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Federal Electoral a garantizar, en el ajuste a su presupuesto para el ejercicio 2007, el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral.
Guillermo Anaya Llamas y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Considerandos
1. Que durante la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, representantes del Instituto Federal Electoral expusieron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que en los proyectos institucionales incluidos en su propuesta original de presupuesto se privilegiaba la actualización y depuración del padrón electoral, y que entre los objetivos de éste se encuentran los siguientes:
2. Que se expuso que los recursos presupuestales requeridos para este proyecto en los próximos tres años ascienden a mil 926 millones de pesos, de los cuales para el ejercicio de 2007 se requerían 685 millones de pesos, recursos con los cuales lograrían consolidar cualitativamente los datos del padrón electoral e incrementar su índice de actualización en 19.8 puntos porcentuales, hacia el 2009.
3. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó recursos para el Instituto Federal Electoral para el ejercicio de 2007 por un monto total de 7 mil 434 millones 388 mil 607 pesos.
4. Que en el artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se establece que los entes autónomos deberán implantar medidas, en lo conducente, equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro; asimismo, reportarán las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos en los informes trimestrales.
5. Que el Instituto Federal Electoral realiza ajustes a su presupuesto con base en la cantidades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que a la brevedad presentará al Consejo General de dicho instituto, para su aprobación, por lo que resulta urgente exhortar al mismo para que garantice los recursos señalados para la primera etapa del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, implantando economías en áreas y proyectos no prioritarios.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Para exhortar al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que en el ajuste de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2007, garantice el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho instituto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Guillermo Anaya.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sí, dígame, senador.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No está a discusión, senador. No lo pidió de urgente resolución. Se turna a la Primera Comisión. Discúlpeme, senador Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Bueno, señor Presidente: pregunte al senador si puedo suscribir esa solicitud, porque me parece oportuna.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con mucho gusto. Senador Anaya, el senador Leonel Godoy quiere suscribir el mismo punto de acuerdo. Aceptado. Entonces se suscribe también por el senador Leonel Godoy.
PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto de acuerdo tiene que ver con otros dos similares presentados por otros dos legisladores, tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para que comparezca el procurador general de la República e informe sobre estrategia de seguridad pública que piensa implementar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana. Posteriormente le daré la palabra...
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señor Presidente, hay un punto registrado previamente a este punto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Así es el orden que tengo.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Ahorita lo verifico.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con mucho gusto. Adelante.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Gracias Presidente, con su permiso; señoras legisladoras y legisladores: con anterioridad, en una intervención ante el Pleno del Senado de la República realizada el 19 de septiembre de 2006 expuse a mis compañeros, senadoras y senadores, la enorme preocupación personal y del grupo parlamentario del PRI por el clima de inseguridad pública que se vive prácticamente en todo el país; desde hace años no ha pasado un día con saldo blanco o que no se haya cometido algún delito de cualquier clase.
Encendemos la radio o la televisión y lo más relevante es el número de asesinatos y muertes en condiciones no claras que se viven cotidianamente; más aún, el balance preliminar sobre muertes asociadas a la violencia contra el narcotráfico y del narcotráfico, que ronda en las nueve mil ejecuciones en el sexenio que recién concluyó. Esto es, un promedio de más de cuatro muertes por cada uno de los días de ese sexenio.
Al respecto, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) Sostiene que los delitos en general han aumentado en números absolutos desde el año 2000 a la fecha, en ese año dicha asociación señala que hubo mil 349 delitos por cada 100 mil habitantes, y esta cifra aumentó consistentemente hasta mil 491 delitos por cada 100 mil para el año 2004.
A la luz de los acontecimientos, la tendencia en aumento parece confirmar el 16 de noviembre pasado, en el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, quien --subrayo-- es hoy el procurador general de la República, del Presidente Felipe Calderón, se reunió con miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia del Senado de la República, para exponer las actividades realizadas en la materia.
Cabe decir que días antes se había reunido con la Comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, entonces señaló que del año 2000 a la fecha el índice delictivo en el fuero común había disminuido en un 5.8 por ciento, por lo cual, si bien podía considerarse como un avance en términos absolutos, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, en realidad significa un estancamiento absoluto.
Peor aún, respecto de los delitos del orden federal, en los que no se informó de algún avance, si se tuvo la tácita concesión en esos días del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, considerando que el programa estelar de fin de sexenio denominado México Seguro, había sido rebasado por no decir derrotado por la delincuencia organizada.
Pero no sólo eso, compañeros legisladores, como justificación por todo lo que no se logró en materia de seguridad pública, se presentó un diagnóstico francamente desalentador.
Primero, se señaló que existía un problema de mal diseño de debilidad institucional; segundo, que la óptica conceptual del sistema de seguridad no había sido integral, es decir, desde la prevención hasta la rehabilitación de delincuentes; tercero, que la coordinación está a punto menos que imposible, porque además de existir más de mil 650 cuerpos policíacos a coordinar, se tenía la percepción de que las policías municipales constituían el principal foco de corrupción, provocado este fenómeno principalmente por la falta de asignación de recursos al tercer nivel de gobierno; cuarto, porque, como siempre, el presupuesto no resulta suficiente. Y quinto, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública no había estado a la altura de las expectativas, ya que no se había cumplido el objetivo central de la administración, es decir, la unificación de la policía preventiva y de la de investigación, total, un desastre absoluto.
El caso a que hoy nos enfrentamos, al continuismo de políticas efectistas que parecen tener objetivos políticos y electorales, objetivos que no han dado resultados perceptibles en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, flagelo que creció desmesuradamente al amparo de la ineficacia de los gobiernos de Acción Nacional.
Seis años de palos de ciego del Presidente Fox y 18 años de la administración del PAN en Baja California han sido el caldo cultivo propicio para el crecimiento de la delincuencia organizada en gran escala.
Resulta paradójico que ahora el responsable de procurar justicia en el nivel federal esté distribuyendo responsabilidades políticas, cuando la responsabilidad política del crecimiento del narcotráfico y la inseguridad pública está a la vista en el país y en Baja California, en donde el Partido Acción Nacional está al frente de los gobiernos federal y estatal.
Si hay responsabilidad política, es de quienes no cumplieron su deber, de las autoridades responsables, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio anterior. Y que ahora ocupan los puestos de asesor jurídico de la Presidencia, procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, cuyos nombres de todos son conocidos y son quienes por la ineficacia y la ineficiencia propiciaron el flagelo que hoy tanto nos atañe.
Me pregunto, si como resultado observable se detiene a dos integrantes de la Policía Ministerial Estatal destacamentados en Mexicali y a un subcomandante de la Policía Municipal, también de Mexicali. Por qué se llama operativo-Tijuana y no operativo Baja California, como en realidad es. Presidenta, concluyo. Nada más me permito, el mismo respeto y el mismo trato que a mis compañeros legisladores.
Si se actúa en Guerrero, se debe llamar operativo-Acapulco, más grave aún, cuando la sociedad exige resultados, tenemos que estar trabajando para desempeñar y desarrollar las políticas estratégicas para dar seguridad a los ciudadanos. Será porque es más fácil gobernar con los medios y no con los hechos concretos.
Por eso, Presidenta, le pido, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates el texto de mi intervención. Y concluyo haciendo la propuesta del punto de acuerdo a esta honorable Comisión Permanente.
«Punto de Acuerdo
Primero. Que la del Congreso de la Unión llame a comparecer al procurador general de la República para que informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implementar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana.
Segundo. Que la del Congreso de la Unión solicite al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Procuraduría General de la República, envíe un informe detallado a esta soberanía sobre la violencia, la inseguridad y la delincuencia en México.
Tercero. Que la del Congreso de la Unión extienda un exhorto al Ejecutivo federal para que se abstenga de utilizar los recursos del Estado y la información privilegiada con que cuenta, con fines político-electorales.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Alejandro Moreno Cárdenas.
Esta Presidencia tendrá que ser justa con todos, respecto al tiempo como se reglamentó. Consulte la Secretaría si es de urge resolución el punto.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, señor senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Hace un rato convinimos con el Presidente en turno, el diputado Zermeño, de que se iba a agrupar el tema con dos puntos de acuerdo similares. Uno, presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, que solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, y el nuestro, en donde se amplía la comparecencia al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina, ese fue el acuerdo que antes de que usted asumiera la Presidencia que ahora ostenta, el Presidente Zermeño y yo habíamos convenido de común acuerdo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador, por esta aclaración; sin embargo, no podría yo tomar la decisión de que estos dos temas se fusionaran si no fuera consultado a la Asamblea. Si gusta podemos consultar a la Asamblea si están de acuerdo en que se presente el otro punto y se puedan fusionar los dos, con muchos gusto lo haríamos así.
No, serían dos puntos aunque hubiera más de tres participantes, porque hay más de tres participantes. Consulte por favor la Secretaría a la Asamblea si están de acuerdo en que se pueda presentar el otro punto de acuerdo para poder fusionar los dos puntos al mismo tiempo de discusión. Sí, es el planteamiento que dio el senador, el senador plantea que hizo un acuerdo con el Presidente para que se presentara otro punto de acuerdo diferente al del compañero senador que presentó en esta tribuna. Permítame por favor, sí, senador.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): El asunto, en mi opinión, es el siguiente, señora Presidenta: hay tres proposiciones...
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Cuatro.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Bueno, cuatro, con mayor razón, que tienen puntos de acuerdo, el tema es similar y los puntos de acuerdo son... en todo caso podrían ser complementarios, por eso, en mi opinión, lo que debe de consultar a la Asamblea, aquí a la Comisión Permanente si se discuten los cuatro y se vota al final. Esa sería la... o con votaciones separadas pero discusión conjunta. O sea que se tome una decisión al respecto, pero el acuerdo era discutir los temas de manera conjunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Me permite, quizá lo que yo les proponga va a salvar esta situación. Yo les propongo que se voten cada uno de los puntos, puesto que los cuatro son diferentes e incluyen a diferentes administradores para su ponencia, o sea, no están iguales los puntos.
Si les parece, sometemos a votación este primer punto que se ha presentado en la tribuna, si la Secretaría consulta si es de urgente resolución, si fuera de urgente resolución, daríamos la palabra a quienes quieran tomarla respecto a este punto que se ha presentado. Gracias.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación, económica, por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, no hay dos terceras partes, no se considera de urgente u obvia resolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Primera Comisión.
Consulto a la Asamblea lo siguiente. Existen otros tres puntos referentes al tema, que no quiere decir que sean lo mismo, como lo he expuesto anteriormente, vienen en turno normal, con un orden que se les presentó al inicio de la Asamblea y fue aprobado por esta Asamblea. La pregunta es, ¿se sigue con el orden del día, como lo teníamos, o se va a modificar para agrupar este tema y continuar con los oradores del mismo tema? Por favor consulte la Secretaría si modificamos el orden del día para agrupar este tema o si nos continuamos con el orden del día que habíamos aprobado.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidenta, consulto a la Asamblea si es de aprobarse...
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame por favor, Secretario, dígame, señor senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Mire, Presidenta, por razones lógicas, antes de tomar la votación hago una reflexión, son cuatro puntos de acuerdo, que si bien es cierto, no son los mismos, es la misma naturaleza, es operativos y seguridad pública.
Lo lógico sería que los tratemos aunque se dé trámite de uno por uno, según esté planteado el punto de acuerdo, porque de lo contrario si no fuese así, dentro de tres turnos, cuando ya se tocaron otros temas de naturaleza totalmente distinta, regresaremos al tema de seguridad pública y después otros tres y cuatro temas de naturaleza distinta, regresaremos al mismo tema y así estaremos en una actitud --me parece-- ilógica. Antes de que tome la votación, sólo quería hacerle esa reflexión para los legisladores.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, señor senador; sin embargo, en mis atribuciones no está cambiar el orden del día, tengo que consultar a la Asamblea. Lo lamento. Quisiera consultarlo a la Asamblea y podernos ceñir en lo que la Asamblea decida. Entiendo que el Presidente sí está en esta lógica; sin embargo, no queremos ningún reclamo de ningún senador, porque está reglamentada la forma en que estamos llevando a cabo esta Asamblea y fue votado el orden del día en principio. Consulte la Secretaría, por favor.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidenta, consulto a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para agrupar estos temas que se han hecho mención con anterioridad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Se aprueba la modificación, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias.
SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo para solicitar alsecretario de Seguridad Públicafederal que comparezca ante esta soberanía para informar sobre los operativos en Michoacán y Tijuana.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Con el permiso de la Presidencia.«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Seguridad Pública federal que comparezca ante esta soberanía para informar sobre los operativos en Michoacán y Tijuana.
El suscrito, licenciado Juan de Dios Castro Muñoz , diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo para solicitar al secretario de Seguridad Pública que se sirva comparecer ante esta soberanía para informar sobre las acciones de seguridad emprendidas en los estados de Baja California y Michoacán, al tenor de la siguientes:
ConsideracionesPrimera. Uno de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad mexicana es, sin duda, la inseguridad pública, provocada ésta por el crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico en todas sus modalidades, prueba de ello son el aumento de las ejecuciones en varios estados de nuestra República, como son Michoacán, Baja California, Guerrero y Nuevo León entre otras.
Segunda. Si bien es cierto que estadísticamente el noventa y cinco por ciento de los delitos cometidos en el territorio nacional corresponden al fuero común, el incremento en la comisión de delitos del fuero federal se demuestra no sólo cuantitativamente sino cualitativamente, como son la decapitación de elementos de agentes policíacos y los homicidios con violencia, lo que demuestra una aumento alarmante del poder de los cárteles y células criminales que actúan de manera organizada en nuestro país.
Tercera. Que el Ejecutivo federal desde el arranque de su sexenio advirtió el compromiso del Estado de combatir y enfrentar a la inseguridad pública como una de sus principales prioridades de gobierno, prueba de ello fueron las operaciones Michoacán, en el mes de diciembre, y la operación Tijuana, en el estado de Baja California, llevada a cabo en el mes de enero con elementos de la Armada, Marina, Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, lo que demostró contundencia en las acciones de este gobierno.
Cuarta. Que esta soberanía aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo no sólo las prioridades del Ejecutivo sino las inquietudes que las diferentes fracciones parlamentarias impulsaron en diversos sectores sociales, siendo una de las mismas la seguridad pública, el combate al narcotráfico y al crimen organizado; lo que se reflejó en un incremento presupuestal sin precedentes en la historia legislativa de este Congreso.
Quinta. Que no podemos omitir que las comparecencias de funcionarios federales de primer nivel ante el Poder Legislativo, por costumbre, son solicitadas por legisladores de un partido distinto al que pertenece el Presidente de la República, y en muchos de los casos son empleadas como caja de resonancia a la critica y en ocasiones lamentablemente al vituperio, no siendo éste el propósito auténtico de dichas asambleas.
Sexta. Que es de importancia para nosotros como legisladores, ya que somos representantes populares, conocer los alcances, procedimientos, recursos, resultados y la situación actual que guardan los estados de Baja California y Michoacán en cuanto a la seguridad pública respecto a los operativos implementados por el Gobierno federal a solicitud de los respectivos gobiernos estatales, así como conocer también el grado de colaboración de los mismos y el comportamiento de los índices delictivos durante dichos operativos.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, me permito someter a la consideración de ésta Comisión Permanente del primer periodo de la LX Legislatura la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para el miércoles treinta de enero del presente año para que informe sobre los operativos Michoacán y Tijuana, llevado a cabo en días pasados.
Este resolutivo, en comentario con las propuestas que vienen agendadas en el orden del día, puede tener una modificación con el alcance correspondiente. Por su atención, muchas gracias.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño InfanteEl Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan José Castro Muñoz. Adelante, senador Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Presidente, quiero hacerle una pregunta al diputado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Le permite una pregunta?
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Cómo no, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, senador Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Señor diputado Juan de Dios Castro, tengo dos dudas de su intervención porque, evidentemente, su propuesta es absolutamente procedente, pero hay dos comentarios en su intervención que quisiera que nos aclarara.
En la primera usted menciona que el incremento en los delitos relacionados con el crimen organizado son de la naturaleza del fuero común. Ésa sería mi primera pregunta porque yo considero que son del orden federal, porque incluso para eso existe la facultad de concurrencia en materia penal.
La segunda tiene que ver con su afirmación de que los gobernadores son los que solicitaron estos operativos en los estados que se mencionan, independientemente de que dichos operativos eran necesarios; pero a mí me preocupa mucho su afirmación de que fue a petición de los gobernadores y que por eso se hizo.
Yo creo que era necesario y que su fundamento constitucional está en que son delitos federales, por eso mi pregunta sería: ¿en dónde está el fundamento constitucional para que los gobernadores soliciten esta intervención de las autoridades federales? Porque a mí me parece que lo correcto es que el gobierno federal asuma su obligación, lo haga como debe hacerlo y no se invoque --en mi opinión, por eso es la pregunta-- una inexistente facultad constitucional de pedir esta intervención. Ésa sería la pregunta. Por su respuesta, gracias, diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Cómo no, senador. En relación con la primera pregunta que me hace, yo quisiera referirle en las consideraciones que en el tercer considerando señalé que el 95 por ciento --esto en base con las estadísticas que tenemos de Seguridad Pública-- de la comisión de delitos son del fuero común. Fue una referencia nada más.
En relación con el incremento de la comisión de delitos de índole federal, estoy planteando la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, independientemente de que lo hayan o no --como fue el caso-- solicitado los gobernadores.
Todos sabemos que la naturaleza del delito, como son el narcotráfico, el crimen organizado y otras, como es el lavado de dinero o como pueden ser otro tipo de delitos, son con concurrencia federal; pero eso no obsta a que los gobernadores pidan apoyo a las fuerzas federales sin que yo afirme que esto sea sustento jurídico. Espero que haya sido contestada su pregunta, senador. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro.Túrnese a la Primera Comisión.
COMPARECENCIA DE LOS SECRETARIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, DE MARINA, DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Permanentealsecretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y alsecretario de Seguridad Pública.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente: la situación de crisis y emergencia en materia de seguridad pública que padecen Michoacán y otras entidades del país como Baja California, como Sinaloa, como Guerrero, como Nuevo León, como Tamaulipas, como Quintana Roo, como Sonora y como Chihuahua hace inevitable la aplicación de medidas urgentes y perentorias para contener el avance de este cáncer que es el narcotráfico.
Un mal que amenaza por igual a la seguridad nacional, a la seguridad ciudadana, a la salud pública, a las finanzas nacionales, al desarrollo empresarial sano, a la vigencia del estado del derecho, a la convivencia del interior de las familias que, de manera directa o indirecta sufren las consecuencias de estas actividades ilícitas.
El gobierno de facto decidió involucrar y movilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia, delincuencia organizada. Se confirma la gravedad y la urgencia del problema, así como sus consecuencias.
Gracias a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados podemos conocer la herencia del gobierno anterior: nueve mil ejecuciones en seis años; nueve mil ejecuciones en seis años. La mayoría vinculadas con el narcotráfico. Pocos gobiernos en el mundo pueden presumir este récord mortal.
Por ejemplo, la guerra en Irak ha costado entre tres mil 500 y cuatro mil norteamericanos muertos y ha costado un castigo electoral al partido en el gobierno que ofreció una intervención rápida, incruenta y eficaz y resultó lo contrario.
Colombia, en los peores años de la lucha entre narcotraficantes, reportó dos mil muertos en 1997. Nosotros ya lo superamos. El año pasado sumamos dos mil 100 narcoejecutados. Lo peor de todo es que no se trata de un problema cuantitativo que se mida en número de muertos, sino que impacta en aspectos cualitativos de nuestra vida pública como el incremento de la impunidad, la violencia criminal-sádica y las adicciones entre la población, especialmente los jóvenes.
A un mes del operativo en Michoacán, podemos hacer un balance de sus resultados, de acuerdo con el informe presentado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 3 de enero en Apatzingán. Hoy se cumple exactamente un mes de ese operativo que, por cierto, la imagen más difundida fue del señor Calderón con una chamarra verde olivo desabotonada, grande y de una gorra bordada con cinco estrellas en fondo negro.
Veamos la evaluación de este operativo: siete mil efectivos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y de la PGR; Policía Ministerial de Michoacán y policías municipales. 80 personas detenidas: 35 narcotraficantes de nivel medio y bajo; 87.5 efectivos por persona detenida.
246 vehículos terrestres, 38 helicópteros, 19 aviones, tres patrullas de intercepción aérea, una patrulla oceánica, 29 unidades caninas. Vehículos, 35 vehículos incautados. 127 armas largas y cortas, 41 granadas y 32 mil 800 cartuchos. Siete vehículos terrestres por vehículo incautado.
Siete mil efectivos de los tres órdenes de gobierno. Marihuana: 540 hectáreas de plantíos destruidos. 6.2 toneladas aseguradas; 151 kilogramos de semilla asegurada y cuatro kilos de amapola. Es decir, mil 129 efectivos por tonelada y mil 750 efectivos por kilogramo.
Pero vean esto más grave: tres millones de pesos al día cuesta aproximadamente sostener el operativo. Sueldos, gasolinas, alimentación, hospedaje. En 30 días o en 25 días que duró el operativo 75 millones de pesos. ¿Sabe cuánto decomisaron? 19 mil 341 pesos y dos mil 321 dólares...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que concluya senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Dos mil dólares. Sí, señor Presidente. La relación costo-beneficio fue deficitaria y onerosa. Por eso creo, señores senadores y diputados integrantes de la Permanente, que es urgente que comparezca el secretario de la Defensa Nacional, el de Seguridad Pública, el Procurador General de la República y el de Marina.
Sé que hay tabú porque venga el secretario de la Defensa Nacional en la Permanente. No debiera haberlo. En los regímenes democráticos también el secretario de la Defensa rinde cuentas. Todos tenemos la obligación de la rendición de cuentas. Nosotros respetamos al Ejército, no vamos a vulnerar su integridad porque es de las instituciones más calificadas y mejor calificadas por la población; pero es urgente que comparezcan estos funcionarios.
Y por tanto, ciudadano Presidente, Asamblea; solicito, me permito proponer a ustedes el siguiente punto de acuerdo:
Solicitar la comparecencia ante esta representación de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República.
Y le pediría ciudadano Presidente, en algunas anotaciones que hice a mano pudieran incorporarse al Diario de los Debates de manera íntegra para su turno a Comisión.
Presenciamos en nuestros días una profunda confusión sobre la importancia y naturaleza de nuestras instituciones, nosotros opinamos que debemos tener cuidado con el respeto que nos merece la ley, particularmente nuestra constitución pues no creemos que el fin justifique los medios, ni que el fuego se deba combatir con fuego.
Lo anterior viene a colación porque a partir de la toma de posesión de Felipe Calderón se ha desatado una serie de medidas que difícilmente pueden justificar su constitucionalidad, me refiero a la militarización de algunas regiones del país y a la politización de dichas medidas.
Todos los mexicanos honestos estamos cansados del cáncer social que nos aqueja, llamando narcotráfico, todos desearíamos erradicar el flagelo del crimen organizado de nuestro territorio y construir una sociedad limpia de drogas y democrática en su funcionamiento.
El problema que enfrentamos se encuentra en que los remedios contra el mal, lejos de extirparlo desgraciadamente lo van a fortalecer y trasformar en males más peligrosos, tal es el hecho de contaminar algunas de nuestras instituciones, como el Ejército, en problemas de policía, como el combate al crimen, a quienes ya lo olvidaron debemos recordarles el fracaso de la llamada Operación Cóndor de los años setenta que tuvo como propósito combatir el narcotráfico en Sinaloa y que finalmente solo consiguió que el cáncer se extendiera a Jalisco, Michoacán, Baja California y otros estados que de pronto recibieron a grupos de narcotraficantes que huían por el llamado efecto cucaracha de las operaciones del Ejército.
La proliferación del mal en otras regiones no fue el peor resultado, sin embargo, pues las estructuras del Ejército se corrompieron y algunos de sus integrantes se dedicaron a fructíferas tareas dentro de las organizaciones delictivas, ¿nombres? Basta recordar al General Gutiérrez Rebollo, por mencionar solo uno de ellos.
En México politizamos la justicia y el resultado es una profunda crisis de credibilidad en nuestras instituciones, militarizando el combate al crimen organizado simplemente enfrentaremos un proceso de descomposición de las fuerzas armadas mexicanas, similar al que se vivió en Colombia, Perú, Bolivia o Brasil.
De la misma manera que una infección no se combate matando al paciente, el crimen no se combate con la fuerza, el crimen se combate con inteligencia, y es precisamente esa cualidad la que no observamos en las recientes acciones gubernamentales en Michoacán, Sinaloa y Baja California.
¿No se han puesto a pensar porqué países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, no dedican sus fuerzas armadas a combatir la delincuencia? La respuesta es evidente, todo lo que toca la podredumbre se pudre, el fin de cualquier democracia desarrollada es evitar la destrucción o desnaturalización de sus instituciones, y dedicar cada una a los fines para los que fue creada.
¿El Ejército Mexicano fue diseñado como una policía grande? Ningún ejército del mundo fue diseñado como policía y en consecuencia sus resultados son generalmente pobres y no atacan la raíz del crimen, sino simplemente lo evidente, los resultados y no las causas ni los orígenes.
El problema se complica cuando observamos el marco legal que regula la vida del Ejército y la vida social en México, las acciones llamadas de combate al narcotráfico se han convertido en verdaderas suspensiones de garantías individuales en los lugares que se han aplicado los operativos, y todo ello en contravención de lo dispuesto en nuestra Constitución que claramente especifica en su artículo 29 cómo se pueden suspender garantías en una región o en todo el país (detener personas sin órdenes de aprehensión, establecer retenes, violar domicilios sin mandato judicial, desarmar policías, etcétera).
La Constitución establece que se pueden suspender las garantías con motivo de la perturbación grave de la paz pública, por acuerdo del Presidente de la República y su gabinete, incluido el procurador general de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, siempre por tiempo limitado y por medio de prevenciones generales.
No obstante lo expuesto, la principal preocupación que nos ocupa se deriva de la lectura del artículo 129 de la Constitución que señala:
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de tropas.
De conformidad con el principio de supremacía Constitucional no se puede admitir, bajo ningún pretexto que se le confieran funciones de policía a las fuerzas armadas de México, cuya misión fundamental tiene que ver con la conservación de la independencia y el territorio, mantener la soberanía preservar nuestras instituciones; para las tareas de policía debemos destinar los recursos necesarios para habilitar los sistemas que hayan demostrado su eficacia en tareas similares en otras latitudes con sistemas semejantes al nuestro, y no caer en la imitación extralógica de estrategias que además de ser contrarias a nuestra constitución han mostrado su ineficacia en países hermanos y en nuestro propio país.
Estamos frente a una estrategia política que disfrazada de combate al crimen organizado se inclina por movilizaciones costosísimas y de pocos resultados, cuyo único fin es sentar las bases de las campañas políticas en los lugares donde habrá elecciones próximamente.
La inversión en movilización de tropas es grande, la manipulación mediática de los magros resultados también lo es, sin embargo, el país necesita enfrentar la verdad, para lo cual es necesario que acudan a este Senado de la República los responsables de los operativos, para que nos expliquen los costos y los logros obtenidos.
Único. Por lo expuesto solicito se cite a comparecer ante la Comisión Permanente al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Insértese integra la propuesta del senador Monreal en el Diario de los Debates ytúrnese a la Primera Comisión.
CRIMEN ORGANIZADO
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra sobre el mismo tema, la senadora Claudia Corichi García, en nombre del senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo y solicitar a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina, y de la Defensa, y de la Procuraduría General de la Repúblicaun informe pormenorizado de los operativos en contra del crimen organizado.
La senadora Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor Presidente: nada más aclarando que quien suscribe soy solamente yo por parte del grupo parlamentario del PRD. Y le pediría una modificación para que fuera con fundamento en el artículo 58 también, para que simplemente sea turnado a comisiones porque se ve que no hay disposición de que vengan como en cualquier democracia a comparecer los secretarios.
Considerando que la realidad mexicana es desoladora, como ya se ha comentado aquí, y que más allá de la creciente ola de violencia México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez más incontrolable, las múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos carteles de la droga, grupos paramilitares, el encono político, la debilidad de las instituciones, el hartazgo de la sociedad y marginalidad que componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.
El crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y complicidad de algunos funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos desde hace cerca de tres décadas; aunado a ello, resulta particularmente preocupante el desarrollo del narcotráfico, sus redes de protección, la corrupción interna que pone de manifiesto en los niveles de combate a dicho delito, el crecimiento de sus ganancias, su peso económico en las economías nacionales y locales, su penetración en las comunidades y en la vida económica y política.
Ahora sin duda, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Lo cruento de sus operativos lo hace aparecer como el agente protagónico de todos los informativos; así en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con armas de alto poder y granadas, en menos de 24 horas pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos estados y en un año como el 2006 atribuirse más de dos mil asesinatos.
Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que el narco cuenta con una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero nadie duda que son fortunas inimaginables.
El narco...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, permítame senadora. Pido a los señores legisladores que pongan atención y guarden respeto a la oradora. Adelante, señora senadora.
La senadora Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor diputado, es que estoy acostumbrada a algunos de mis compañeros senadores. El narco casi todo lo puede. En muchos casos corrompe a funcionarios mexicanos y estadounidenses; intimida y asesina a periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; recluta a sicarios; compra favores, adquiere armas y tecnología de punta y un sin fin de complicidades más.
El narco es poder puro y duro; poder que se ejerce y que se moviliza, poder concreto; el narco es una red de relaciones de económicas y humanas tan grande y extendida que se ignora a sí misma. Nadie conoce bien a bien todos los nudos que la conforman.
El narco se ha convertido en muchos casos en cultura e idiosincrasia, ha penetrado en la psique del mexicano hasta la costumbre; vivimos con él y sus íconos de sangre y opulencia grotesca, con su jerga y todo a ritmo de corrido. El narcotráfico ha irrumpido en la vida nacional, en nuestras vidas, y hoy los ciudadanos y el Estado mismo tenemos que lidiar con su nefasto poder para evitar ser devorados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo --como lo dije ya-- que no sea de obvia u urgente resolución, porque en esta democracia mexicana se tiene miedo a las comparecencias.
Primero. La Comisión Permanente solicita a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, así como de la Procuraduría General de la República, un informe pormenorizado de los operativos y sus resultados, que con motivo de la lucha contra el crimen organizado se desarrollan en varios estados de la República.
Segundo. La del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que, con la mayor brevedad, cite a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, a fin de que, con base en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional, presente y explique el informe semestral sobre la materia.
Suscribe, Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD.
Le pediría que se insertara íntegro en el Diario de los Debates, señor Presidente. Muchas gracias.
La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, senadora integrante de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
La realidad mexicana es desoladora. Más allá de la creciente ola de violencia, México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez mas incontrolable, los múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.
Así, el crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos desde hace tres décadas.
Aunado a ello, resulta particularmente preocupante el desa-rrollo del narcotráfico. Sus redes de protección, la corrupción interna que pone de manifiesto en los niveles de combate a dicho delito, el crecimiento de sus ganancias, su peso económico en las economías nacionales y locales, su penetración en las comunidades, en la vida económica y política.
Es imposible entender esta actividad sin conocer exactamente el papel que ha desempeñado el Estado en su evolución. Pero también es difícil de entender su poder y alcance sin protección de ciertos agentes del Estado al desarrollo del crimen organizado. Es obvio, que nos estamos refiriendo a una alianza perniciosa que tiene como base de entendimiento la corrupción misma.
Y sin duda, es una relación que ha venido fortaleciéndose cada vez más en la medida en que este negocio tiene mejores dividendos y expande su mercado. Sin duda, esta relación perversa se gestó desde regímenes anteriores; pero es cierto que durante estos últimos años la guerra entre los cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto también que tampoco tiene precedentes la incapacidad del gobierno federal para contener al crimen organizado.
Pero este asunto va más allá, en el fondo lo que hemos visto en el siglo XX en México y en muchos países del continente, incluido Estados Unidos, es una relación por conveniencia entre el narco y el Estado. Y en eso debo ser claro, no sólo el beneficio personal e ilegítimo que obtiene un funcionario encargado de combatir el narcotráfico por mirar hacia otro lado cuando pasa un cargamento de droga. Me refiero a los beneficios que deja el narco en la economía de un país, los empleos que genera, la infraestructura que crea, los vacíos que llena donde el Estado está ausente. Es sobre el papel que desempeña el narco como proveedor de servicios públicos donde el Estado es ausente. Es, en otras palabras, una reflexión sobre el peso que tiene el narco como actor económico importante, y que por su capacidad, puede llegar a ser imprescindible para un país como Perú, Colombia o Bolivia.
Hay que advertir que lograr la seguridad suficiente para desarrollar los negocios ilícitos con frecuencia es una tarea costosa tanto en tiempo como en recursos. Es lógico pensar que la vertiginosa evolución de los cárteles de la droga se debió a las displicencias y complicidades con el aparato estatal. La sucesión cada vez más incesante de organizaciones que aparentemente controlan buena parte del suministro de drogas hacia Estados Unidos constituye una prueba de la velocidad con la que se crean estas relaciones políticas. Mientras la duración temporal de los grupos criminales ha disminuido ostensiblemente desde los años setenta, hasta quedar aproximadamente reducida a un sexenio presidencial, se ha incrementado su potencial para organizar adecuadamente volúmenes de recursos cada vez mayores. El conjunto de redes tejidas alrededor de un máximo dirigente difícilmente ha sido capaz de superar la vida en libertad de sus líderes. El hecho de que muchas de estas bandas organizadas tengan una estructura basada en la legitimidad de uno o varios dirigentes explica en parte este comportamiento. Y ello, tiene implicaciones no sólo en la seguridad pública, sino en la estabilidad y la seguridad nacional.
Ahora, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Lo cruento de sus operativos lo hace aparecer como el agente protagónico de los todos los informativos. Así, en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con armas de alto poder y granadas; en menos de 24 pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos estados; y en un año, como el 2006, atribuirse más de 2 mil asesinatos.
Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que el narco cuenta con una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero nadie duda que son fortunas inimaginables. El narco casi todo lo puede: corrompe a militares mexicanos y estadounidenses; intimida y asesina periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; recluta a sicarios; compra favores de funcionarios públicos; adquiere armas y tecnología de punta.
El narco es poder puro y duro; poder que se ejerce y que moviliza, poder concreto; el narco es una red de de relaciones humanas tan grande y tan extendida, que se ignora a sí misma; nadie conoce bien a bien todos los nudos que la conforman; el narco se ha convertido en cultura e idiosincrasia, ha perneado la psique del mexicano hasta la costumbre; vivimos con él, con sus iconos de sangre y opulencia grotesca, con su jerga, todo a ritmo de corrido. El narcotráfico ha irrumpido en la vida nacional, a nuestras vidas, y hoy los ciudadanos y el Estado mismo, tenemos que lidiar con su nefasto poder para evitar ser devorados.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solicita a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, así como de la Procuraduría General de la República un informe pormenorizado de los operativos y sus resultados, que con motivo de la lucha contra el crimen organizado se desarrollan en varios estados de la república.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que a en el mes de febrero próximo cite a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, para que con base en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional, presente y explique el informe semestral sobre la materia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Corichi. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Primera Comisión.
MEDALLA DE LA UNIDAD LATINOAMERICANA, NICARAGUA LIBRE 2007
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A esta Presidencia ha llegado un oficio de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernaciónal que me voy a permitir dar lectura:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Protocolo.
Decreto No. 02-2007
DECRETO
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensan los trámites y se pone a votación esta solicitud.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensan. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la entrega de esta medalla conmemorativa al Presidente Felipe Calderón.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de la Asamblea si se concede permiso al Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar esta Medalla Conmemorativa de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre 2007. Los...
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, dígame, diputado González Garza.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): La única duda es que si es una medalla conmemorativa, no tiene que votarse nada. Si es una condecoración es otro asunto; pero dentro, como usted lo dijo, si es una medalla conmemorativa, no tendríamos por qué votarla.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado, pero para evitar cualquier mala interpretación, y tratándose de la entrega de una medalla y para aceptarla y usarla, se somete respetuosamente a consideración de todos el que el Presidente de la República pueda aceptar y usar esta medalla conmemorativa.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular; se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Señor Presidente, en nuestro grupo parlamentario íbamos a abstenernos, pero nos parece que es una violación flagrante a las facultades de la Comisión Permanente, porque se está votando, en virtud de que siempre que va un dignatario a otro país, recibe distintos obsequios. Ahora resulta que la Comisión Permanente va a votar cuando le entreguen un calendario o algo así. Por lo tanto nosotros hemos decidido votar en contra. Leonel Godoy, en contra.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Señor Presidente, se emitieron 25 votos a favor y ocho votos en contra. Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado este decreto que autoriza a utilizar la medalla de la Unidad Latinoamérica Nicaragua Libre 2007 al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y para que quede constancia en el Diario de los Debates de la calidad de esta medalla, pido al Secretario dé lectura al decreto 02-2007 del Presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, por el que crea esta medalla.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: « Presidencia de la República.
Decreto No. 02-2007
DECRETO
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario.Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
PRECIO DE LA TORTILLA
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que también dé lectura a un punto de acuerdo relativo al tema del incremento a la tortilla, que no se leyó en tribuna, para que quede constancia también en el Diario de los Debates, y se pide la votación de este punto que no fue leído.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a establecer mecanismos para estabilizar el precio de los granos; evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo afecten la economía de los más necesitados, e impedir el acaparamiento y las prácticas monopólicas
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero: La del Congreso de la Unión Exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya de manera urgente a los secretarios de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a establecer mecanismos que alcancen la estabilidad de precios de los granos en nuestro país.
Segundo: En tanto se estabilizan los precios de los granos, se implementen los mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo afecten la economía familiar de los más necesitados, y que las medidas que se tomen no afecten a los productores nacionales de maíz.
Tercero: que se establezcan mecanismos que impidan el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla que lucran con el desabasto y la gran demanda popular de estos productos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Someta a consideración y en votación económica si se aprueba en estos términos ese punto de acuerdo.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones del Presidente, se somete a consideración el punto de acuerdo que se ha leído con anterioridad.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.Aprobado; comuníquese.
ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno y al Congreso del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecamac- Ecatepec y Acolman-Ecatepec.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su venia, diputado Presidente: compañeras y compañeros legisladores. Quiero comenzar reconociendo la labor que han venido desarrollando las autoridades de las comunidades en conflicto que se encuentran aquí presentes, José Ramírez Bautista, Hermilo Sandoval López, Aristeo Duarte Romero, Blanca Patricia Oropeza y Esteban Sánchez, director de Tenencia de la Tierra del municipio de Ecatepec.Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México y al Congreso del estado de México para que den solución al problema de límites territoriales entre los municipios de Tecamac, Ecatepec, Acolman, Ecatepec, a cargo de su servidor, Octavio Martínez, integrante del grupo parlamentario del PRD de la Legislatura vigente.
Quiero solicitar a la Mesa que este documento sea incorporado en el Diario de los Debates de manera íntegra, como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, y se me permita hacer una exposición de este documento.
En Ecatepec se está viviendo un grave problema. Se nos pretende despojar de más de dos mil hectáreas al municipio de Ecatepec. Más de 100 mil familias que viven en este municipio tienen un grave problema, porque no se les puede dotar de servicios públicos. No cuentan con abasto de agua, con energía eléctrica. No tienen los elementos más necesarios de seguridad pública.
No existen actos de autoridad en estas comunidades, porque el gobierno del estado de México determinó, en años pasados, generar un conflicto de límites territoriales. Y esto, por cierto, tiene que ver con un complejo habitacional que se empezó a desarrollar en el estado de México, que se denomina Las Américas, Los Héroes. Complejos, por cierto, con altos grados de muchas dudas y grados de corrupción, cómo se otorgaron las licencias de construcción.
Uno de los pueblos originarios de este municipio, el pueblo de Santo Tomás Chiconautla, hoy se determina que pertenece a otro municipio, al municipio vecino de Tecamac. Un conjunto de comunidades del municipio de Ecatepec, pertenecientes a otro pueblo originario de este municipio, al pueblo de Santa María Chiconautla, determina o pretende --más bien-- determinar que pertenece al municipio de Acolman.
Qué culpa tienen todas las familias que viven en esas comunidades, qué culpa tienen los que están llegando a vivir de manera periódica a estas unidades habitacionales nuevas, porque existe un conflicto de intereses y un problema de límites territoriales.
Y luego, entonces, los gobiernos municipales no pueden ejercer actos de autoridad, hay un alto grado de inseguridad en éstas mismas. No existen dentro de los planes de gobierno acciones encaminadas o actos de servicios públicos encaminados para mejorar la condición de vida de muchas de estas comunidades.
Por eso creo que este punto de acuerdo es necesario que se exponga aquí en la tribuna más alta de la nación, para exhortar al gobierno del estado de México y al Congreso del estado de México a resolver este conflicto de límites territoriales lo antes posible. De tal suerte que sometemos a su consideración, el grupo parlamentario del PRD, en esta Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al gobierno del estado de México y al Congreso del estado de México a dar pronta y justa solución al conflicto de límites que existe entre los municipios de Ecatepec, Tecamac y Ecatepec, Acolman. Por su atención, muchas gracias.
El suscrito, Octavio Martínez Vargas , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl establecimiento del ayuntamiento de Ecatepec data del 9 de febrero 1825, que es cuando se inicia propiamente la delimitación político-territorial moderna de los pueblos, atendiendo a la conformación original al reconocer como delimitaciones ``los límites naturales de los pueblos''.
Desde 1928 y hasta 1984 no existieron conflictos por los límites del municipio. Sin embargo, durante el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo González se emite el Plan de Centro de Población Estratégico de Ecatepec 1982-1984; donde surge el problema al segregar del plano el territorio de la dotación ejidal de Santo Tomás Chiconautla que lo trasladan al municipio de Tecámac. De igual manera, existe el conflicto por límites con el municipio de Acolman, el cual tiene su origen en 1991.
En ambos casos, el municipio de Ecatepec ejerció actos de autoridad, de hecho y de derecho sin ninguna contradicción en el área de conflicto durante más de medio siglo. Según registros, desde 1970, el honorable Ayuntamiento de Ecatepec es el único que realiza actos de autoridad en las comunidades que se encuentran dentro de la Extensión Territorial de 180.90 kilómetros cuadrados, sin que existiera oposición alguna por parte de cualquier otro municipio, reconociéndose la dotación ejidal en ambos casos como ``límites naturales de los pueblos'', hecho que se confirma en los Bandos de Policía y Buen Gobierno en donde aparece el pueblo de Santo Tomás Chiconautla y su Ejido, conformando el municipio de Ecatepec.
En las últimas dos décadas tanto la Comunidad de Santo Tomás Chiconautla, como las autoridades del municipio de Ecatepec han realizado gestiones ante el gobierno del estado de México, para que se rectifiquen los límites territoriales que se modificaron en el decreto del plan ya mencionado y de esta forma resolver los conflictos tanto con el municipio de Tecámac como de Acolman.
La documentación que prueba que dicho territorio pertenece al municipio de Ecatepec, son de conocimiento y uso del gobierno de la entidad, tal es el caso del decreto de fecha 13 de junio de 1985, en el que el Pueblo de Santo Tomás Chiconautla, celebró un convenio con el gobierno del estado de México, en el cual se acepta la expropiación de terrenos correspondientes al municipio de Ecatepec, para el programa de desarrollo social progresivo.
De igual manera en el conflicto con Acolman, existen pruebas documentales que el terreno que comprende la Colonia de Lázaro Cárdenas pertenece al municipio de Ecatepec, tales son los derechos agrarios emitidos por la Secretaría de la Reforma Agraria y las credenciales del Instituto Federal Electoral, IFE.
De igual forma, es importante mencionar, que el Plan Estratégico de Desarrollo de los Municipios no es el instrumento legal indicado para determinar los límites territoriales de los diferentes municipios que conforman el estado de México.
Conforme al artículo 12 del Reglamento Interior de la Comisión de Límites del Estado de México, sus Dictámenes y recomendaciones no constituyen resoluciones en materia de límites y dejan a salvo los derechos de los municipios para hacerlos valer ante la Legislatura del Estado, en razón, que dicha facultad compete a la Legislatura del Estado la resolución de problemas sobre límites territoriales entre uno o más municipios de la entidad.
El artículo 13 de la Ley para la Creación de Municipios en el Estado de México, establece que compete a la Legislatura de la Entidad, la resolución de las controversias que con motivo de límites territoriales se susciten en los diversos municipios de la Entidad. Dicha facultad se establece en la fracción XXV del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por su parte, el gobierno del estado de México emitió un dictamen el 9 de junio de 1995, el cual fue impugnado por no ser definitorio de la delimitación.
Por su parte el municipio de Ecatepec, interpuso una Controversia Constitucional por el conflicto de límites entre Ecatepec y Tecámac-Acolman, ante la Suprema Corte de justicia de la Nación en mayo del 2002. El cual, fue desechado por improcedencia, el 12 de junio de 2002, ya que, la instancia facultada, en este caso, la Cámara de Diputados Estatal, no había emitido resolución alguna.
De igual manera, el municipio de Ecatepec promovió un juicio de amparo el 7 de agosto de 2003, que lo favoreció el 29 de julio de 2005, donde se señala que ``en consecuencia procede conceder el amparo y protección de la justicia federal al Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos... para que la Legislatura del Estado de México, en un término improrrogable de 30 días hábiles, contados a partir de que cause ejecutoria la sentencia que se dicta, emita la resolución que en derecho corresponda, respecto al conflicto de límites planteados por la parte quejosa''.
Ante ello, el 15 de agosto de 2005, la honorable LV Legislatura del estado de México interpuso un recurso de revisión, que aún no se resuelve.
Todo este conflicto se ha traducido en una serie de problemas para los municipios relacionados, pero sobretodo para la población que habita dichas zonas.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al gobierno del estado de México y al Congreso del estado de México, para que se dé pronta y justa solución a los conflictos de límites que existen entre los municipios de Ecatepec-Tecámac y Ecatepec-Acolman.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Octavio Martínez Vargas.Túrnese a la Primera Comisión.
ESTADO DE PUEBLA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República a poner en funcionamiento las unidades mixtas de atención al narcomenudeo.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por lo que me permito dar lectura a su parte considerativa, que en lo conducente señala:La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 21, que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público; labor que tiene como propósito primordial mantener el estado de derecho, garantizando así el respeto de las garantías individuales de los gobernados.
La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa, en sus artículos 3o, 4o, 10, 11 y 13, que las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la citada ley tienden al cumplimiento de objetivos tales como los de una adecuada administración y procuración de justicia, y que las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Debido a que la delincuencia, en sus diversas manifestaciones, destacadamente la organizada, opera en los ámbitos estatal, nacional e internacional, es imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración interinstitucional para el combate eficiente y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente el narcomenudeo, fenómeno que en los últimos años se ha incrementado y que afecta a todos los grupos de la población, particularmente a la niñez y la juventud.
En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se desarrollan acciones conjuntas en la materia con apego a los acuerdos asumidos en las sesiones que periódicamente celebra, y en la reunión del pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se tomó el acuerdo CNPJ/XIV/01/2003, mediante el cual sus integrantes convinieron en la creación de unidades mixtas de atención al narcomenudeo llamadas UMAN.
Por esta razón, el 23 de septiembre de 2004, la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla celebraron un convenio que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de coordinación para la colaboración técnica y operativa que deberán brindarse en el ámbito de sus respectivas competencias.
Con la finalidad de coordinar la realización de acciones conjuntas e integrales tendentes a combatir el narcomenudeo en el estado de Puebla; así como para fortalecer la cultura de legalidad, dignidad y salud de las personas, y de respeto a sus derechos humanos.
Designando el gobierno al estado de Puebla, como enlace para la realización de los compromisos adquiridos, al entonces procurador general de justicia del estado, para que fuera el encargado de llevar a cabo las acciones tendientes a la materialización e íntegro cumplimiento del mencionado acuerdo de voluntades, quien podía delegar la citada responsabilidad en el servidor público que designara.
Asimismo, el procurador general de la República designó, para los efectos referidos, al delegado estatal de la propia institución o al servidor público que señalara, y para el caso de sustitución o suplencia de los enlaces establecidos se acordó que la formalización correspondiente se haría mediante la adenda respectiva.
Ambos niveles de gobierno se comprometieron a proveer lo necesario para instalar en los locales o edificios que determinaran conjuntamente a propuesta del gobierno del estado de Puebla, las unidades mixtas de atención al narcomenudeo, UMAN, conforme a los lineamientos aprobados en la XIV reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
En la ciudad de Puebla y poblaciones en las que resultaba pertinente hacerlo, conforme a la valoración de la problemática existente de narcomenudeo y la capacidad institucional de atención y respuesta, se estableció un plazo de 90 días para la entrada en funcionamiento de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y dicho convenio comenzaría a surtir efecto un día después de su suscripción, es decir, dichas unidades debieron iniciar operaciones a más tardar el 24 de diciembre del propio año de 2004, lo que no ocurrió en la especie.
Amigos legisladores, me queda claro que la instalación de las citadas UMAN va a implicar un costo grande para la federación y para los estados, pero aunque respeto la consideración de uno de los compañeros que me antecedió en la palabra respecto al análisis costo-beneficio en materia de combate al narcotráfico, considero que no es en forma económica como debe hacerse este análisis, sino tomando en cuenta la protección a los bienes jurídicos tutelados por nuestro Estado mexicano.
En este caso se está protegiendo, entre otros, la vida, la salud, la seguridad y la integridad de nuestra población. Gracias.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Procurador General de la República, para que pongan en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), señaladas en el Convenio de Colaboración y Coordinación celebrado el veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, a través de los funcionarios públicos señalados en el propio acuerdo de voluntades, conforme a las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 21, que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, labor que tiene como propósito primordial el mantener el estado de derecho, garantizando así el respeto de las garantías individuales de los gobernados.
La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa, en sus artículos 3o., 4o., 10o., 11 y 13 que las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la citada ley, tienden al cumplimiento de objetivos tales como los de una adecuada administración y procuración de justicia y que, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios, con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Debido a que la delincuencia, en sus diversas manifestaciones, destacadamente la denominada organizada, opera en los ámbitos estatal, nacional e internacional, es imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración interinstitucional para el combate eficiente y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente el narcomenudeo, fenómeno que en lo últimos años se ha incrementado y que afecta a todos los grupos poblacionales, particularmente a la niñez y juventud.
A través de la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, con absoluto respeto a su competencia, soberanía y autonomía, deben establecerse las bases que consoliden una eficaz colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, que satisfagan estándares de calidad en el servicio de la seguridad pública, particularmente el que se refiere a la procuración de justicia.
En tal virtud, el Estado Libre y Soberano de Puebla y la Procuraduría General de la República celebraron un convenio general de coordinación y colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de justicia, que tuvo como uno de sus objetivos establecer los lineamientos y mecanismos idóneos para la optimización de la función de procurar justicia a través de la coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, creando un frente común para el combate a la delincuencia en la entidad.
En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se desarrollan acciones conjuntas en la materia, con apego a los acuerdos asumidos en las sesiones que periódicamente celebra y en la Reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se tomó el acuerdo CNPJ/ XIV/01/2003, mediante el cual sus integrantes convinieron en la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN).
Por esa razón, el veintitrés de septiembre de dos mil cuatro la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla celebraron un convenio que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de coordinación para la colaboración técnica y operativa que deberán brindarse, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de coordinar la realización de acciones conjuntas e integrales tendientes a combatir el narcomenudeo en el estado de Puebla, así como para fortalecer la cultura de legalidad, dignidad y salud de las personas, y de respeto a sus derechos humanos, en el propio convenio se estableció que surtiría efectos jurídicos al día siguiente de la fecha de su suscripción, estableciendo un plazo de 90 días para la entrada en funcionamiento de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), es decir, las citadas unidades debieron iniciar operaciones el veintitrés de diciembre del propio año dos mil cuatro, lo que no ocurrió en la especie.
En el citado convenio ambas autoridades determinaron que para el debido cumplimiento de su objeto establecerían los mecanismos de coordinación y las acciones necesarias para la instalación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en las poblaciones requeridas del estado de Puebla, con la participación de servidores públicos tanto del ámbito federal como del ámbito estatal, concretamente, agentes del ministerio público, peritos y policías correspondientes, generando relaciones de colaboración, estableciendo el gobierno del estado como enlace para la realización de los compromisos adquiridos, al entonces Procurador General de Justicia del estado, para que fuera el encargado de llevar a cabo las acciones tendientes a la materialización e íntegro cumplimiento del mencionado acuerdo de voluntades, quien podía delegar la citada responsabilidad en el servidor público que designara.
Asimismo, el procurador general de la República designó para los efectos referidos al delegado estatal de la propia institución o al servidor público que señalara y para el caso de sustitución o suplencia de los enlaces establecidos se acordó que la formalización correspondiente se haría mediante el adenda respectivo.
Ambos niveles de gobierno se comprometieron a proveer lo necesario para instalar en los locales o edificios que determinaran conjuntamente, a propuesta del gobierno del estado de Puebla, las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), conforme a los lineamientos aprobados en la XIV Reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, antes mencionada, en la ciudad de Puebla y poblaciones en que resultara pertinente hacerlo, conforme a la valoración de la problemática existente de narcomenudeo y la capacidad institucional de atención y respuesta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoLa Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada, permítame. Sí senador Leonel Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Si me permite la oradora una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Violeta, si le permite al senador Leonel Godoy hacerle una pregunta.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con todo gusto, senador.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Diputada: evidentemente el tema es muy importante, yo diría que en este momento en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, el tema de narcomenudeo es la columna vertebral para poderlo resolver, atacarlo debidamente.
Estaba consultando con algunos compañeros que ahora son senadores, que hay una ley al respecto que fue observada por el Ejecutivo anterior. Yo, la consulta que le haría es que, aparte de los operativos --y si usted estuviera de acuerdo y yo suscribiría el documento con usted--, exhortáramos a la Cámara de Diputados a que diera facultades a los estados de la Federación en esta materia, para que no sean sólo operativos policíacos sino, como usted muy bien dice, pueda actuarse sustantivamente con facultades legales y no sólo de operación policíaca. Ésa sería la pregunta para --si a usted le pareciera-- que elaboráramos un segundo punto de su exhorto y poderlo suscribir con usted.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Sí, estoy de acuerdo, señor senador. De hecho, considero que se debe de establecer una reforma en materia de seguridad pública para que más que facultades de colaboración y coordinación, debieran existir facultades concurrentes en la materia. Probablemente a nivel municipal no porque existen muchos municipios que no contarían con los recursos humanos, técnicos y materiales, pero sí a nivel de gobiernos de los estados y federación que se establecieran actividades concurrentes en la materia. Gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros.Túrnese a la Primera Comisión.
REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-GUATEMALA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentese pronuncia por una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
La senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, Presidenta:
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, y Alejandro Landero Gutiérrez , diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por la pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala en virtud de las siguientes:
Consideraciones
El contacto cultural y social de México con Guatemala se remonta a la historia antigua de nuestras sociedades mesoamericanas, empero, las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala datan de hace aproximadamente 182 años.
Establecidas el 1 de septiembre de 1824, las relaciones entre mexicanos y guatemaltecos entrañan una importante historia de vecindad y cooperación de la mayor importancia para nuestro país.
México y Guatemala compartimos una frontera de 967 kilómetros a lo largo y ancho de la cual conviven más de un millón de mexicanos y medio millón de guatemaltecos que ahí habitan. Compartimos las oportunidades y los desafíos de nuestra vecindad y compartimos, sin duda, intereses comunes de relevancia para el futuro de la región centroamericana.
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y, al mismo tiempo, nuestra puerta natural de entrada a diversos mecanismos de cooperación con esa región. Gracias a distintas iniciativas puestas en marcha en la anterior administración, México y Guatemala estamos cada vez más cerca. Es el caso de nuestra participación en el Plan Puebla-Panamá (Mecanismo de Tuxtla), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y del establecimiento de diversos mecanismos de cooperación y diálogo tales como la Comisión Binacional México-Guatemala, el Grupo Binacional de Puertos y Servicios Fronterizos, el Grupo Binacional sobre Asuntos Migratorios, el Grupo ad hoc México-Guatemala de Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos (mediante el cual cada año 250 mil migrantes temporales guatemaltecos cruzan la frontera mexicana para trabajar en la cosecha de café, del cacao y del azúcar), el Comité México-Guatemala de Cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala, la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala y la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.
Con estas acciones, México busca avanzar en el diálogo político y cultural, el desarrollo de la infraestructura física de integración, el seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos con dicho país, el fortalecimiento, consolidación e integración de los sistemas financieros y de comunicaciones y, en general, en aportar a la definición de una estrategia común para el desarrollo económico e institucional de la región.
Esta es la intención fundamental del Poder Ejecutivo, que junto con el Legislativo hemos venido identificando en la región centroamericana un espacio importante de cooperación para nuestra política exterior y en Guatemala un país prioritario para México.
Al igual que en materia comercial, Guatemala es un importante destino de la inversión mexicana. Lo anterior, toda vez que importantes empresas mexicanas están establecidas en Guatemala con recursos por un monto de alrededor de mil 800 millones de dólares.
Ahora bien, una prioridad de la política exterior de México es el fortalecimiento del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, cuyos objetivos se dirigen a consolidar una asociación privilegiada entre los ocho países del área. Guatemala desempeña un papel fundamental en este proceso y es necesario multiplicar nuestros encuentros con esta nación.
Desde luego, la frontera sur de México es un espacio de vecindad económica, cultural, física y comercial entre pueblos, comunidades y regiones que tiene una enorme importancia para la seguridad y el bien común de la región mesoamericana. Desde el río Suchiate que separa a Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo que separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más frecuente el paso de migrantes documentados o indocumentados provenientes de otras naciones que intentan llegar a territorio estadounidense. Se calcula que cada día un promedio de 200 guatemaltecos cruzan la frontera sur de México buscando mejores oportunidades en aquel país.
En este contexto, el tema de la seguridad fronteriza es también primordial. Las Maras, la trata de personas, el tráfico de drogas, de armas y de automóviles robados, así como el lavado de dinero son desafortunadamente fenómenos constantes en nuestra región fronteriza. Por ello hoy más que nunca se requiere de una agenda de seguridad regional específica y una estrategia de cooperación transfronteriza que reconozca la responsabilidad compartida entre México y Guatemala.
Necesitamos una frontera sur segura, humana y próspera. Es preciso garantizar un trato digno a quienes transitan por nuestro país, puesto que la migración en sí misma es una oportunidad para el desarrollo nacional. No obstante, requerimos una estrategia integral de cooperación bilateral en materia migratoria que garantice la seguridad humana y el bienestar de las personas.
Para discutir todos los temas antes mencionados y aportar al diseño de un esquema de cooperación parlamentaria en estas materias con nuestros vecinos de la frontera sur es que resulta indispensable recuperar las reuniones interparlamentarias periódicas con Guatemala que hace varios años no se celebran.
Lo anterior, toda vez que existen comisiones en ambas Cámaras del Congreso mexicano que abordan este tema, y una reunión interparlamentaria con sus pares del Congreso guatemalteco podría significar un importante cúmulo de información y de intercambio de experiencias para sus labores legislativas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La del Congreso de la Unión se pronuncia por una pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
Segundo. La del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República que emprenda los contactos necesarios con el Congreso guatemalteco para acordar, a la brevedad posible, el relanzamiento de la reunión interparlamentaria México-Guatemala.
Señora Presidenta, pido que este asunto sea turnado a comisión, dado que está solicitado de obvia o urgente resolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señora senadora Adriana González Carrillo.Túrnese a la Segunda Comisión.
EMPRESA ISOSA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Hacienda, de la Función Pública y al procurador general de la República que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Hace casi 14 años fue creada la empresa ISOSA, con objeto de prestar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el servicio de procesamiento electrónico de datos.
Como es del conocimiento público, la operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003 efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación muchos de los ingresos generados por derechos de trámites aduaneros. Estos recursos presumiblemente habrían sido destinados de manera irregular a la mencionada empresa.
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el gobierno federal procedió a la liquidación de la controvertida empresa privada, más como medio de obstruir cualquier investigación sobre la ilicitud de sus actividades, que como remedio para sancionar una serie de latrocinios cometidos en contra del erario de la nación. Sin embargo, a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador debemos sumar otras derivadas de la operación de esta empresa en las aduanas de nuestro país.
Entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando, SA de CV, cuyo socio principal es el señor Diego Hildebrando Zavala, relacionados con estas áreas estratégicas del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informativos para el Servicio de Administración Tributaria al amparo del Fideicomiso Aduanas 1 y de ISOSA. En conjunto, el importe de los contratos obtenidos es de casi 13 millones de pesos, pero uno, el SL171, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.
Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica de un sistema de información que apoya la toma de decisiones y la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventario, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparos contra actos y asistencias legales, entre otros.
De acuerdo con el contrato referido, entre los trabajos encomendados a la empresa figuran algunos que muestran la capacidad de Hildebrando para introducir datos clave para eliminar secciones de aplicación o agregar variables en los sistemas de captura de software.
De resultar cierta la información publicada en los medios de comunicación, el sistema instaurado por Hildebrando tendrá acceso abierto a la información relacionada con los amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda de abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, toda vez que la información que obra en el Registro de Autoridades Federales debe de quedar a resguardo de éstas y no de particulares.
Sin embargo, éste no es el único caso reciente en el que la información pública se encuentra de manera ilícita en manos privadas. Cabe recordar que un tribunal federal resolvió que el Instituto Federal Electoral sufrió un daño superior a los mil 600 millones de pesos ante la venta ilegal del padrón electoral mexicano a la empresa estadounidense ``Choise Point'' en 2003, por lo que sentenció a una mujer a pagar esta cantidad al organismo por concepto de reparación del daño ante la comisión del delito de revelación del secreto.
En las pesquisas realizadas se determinó que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos, que prestan su servicio al Instituto Federal Electoral, sustrajeron la información del padrón electoral que contiene los datos de 60 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector.
También es importante recordar que con fecha 14 de septiembre de 2004 el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en que fue solicitado al SAT que se abstuviera de proporcionar información de los contribuyentes morosos al buró de crédito, así como para que se retire la información que había proporcionado a esta institución de información crediticia. Esto, en virtud de que el SAT anunció que los adeudos fiscales exigibles formarían parte del historial crediticio de las personas, por lo que se hace énfasis en la impartición de cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.
Aunado a lo anterior, es válido traer a la memoria la experiencia del Registro Nacional de Vehículos, cuya operación era un servicio a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual tenía como fin la identificación de los vehículos que se fabricaban, ensamblaban, importaban o circulaban en el territorio nacional, así como de brindar el servicio de información al público.
Si bien es cierto que la Ley del Registro Nacional de Vehículos buscaba llenar el hueco que dejó la derogación de la antigua ley que regulaba el llamado Registro Federal de Automóviles, ayudando a combatir el robo y tráfico de vehículos de manera más eficaz, ya que permitiría establecer un control nacional por parte de la autoridad, no lo es menos que tal situación devino en fracaso cuando fue licitado a favor de la empresa propiedad de Ricardo Miguel Cavallo, oscuro personaje probablemente ligado con la comisión de delitos de lesa humanidad de su natal de Argentina y, lo que es peor, con el robo de automóviles en El Salvador.
En tal virtud, expresamos nuestra inconformidad con tales formas de operación, pues en el fondo lo que subyace es la pretensión de seguir privatizando irresponsablemente los servicios relacionados con el despacho aduanero, dejando de lado que las aduanas no son un punto sensible de nuestra seguridad nacional.
De seguir adelante esta clase de prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercano los servicios del Registro Civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de gente presuntamente ligada al tráfico de influencias como Diego Hildebrando.
Por lo anterior expresado es necesario que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dediquen sus esfuerzos a investigar la posible fuga de información cometida por la empresa ISOSA, durante su larga operación en las aduanas mexicanas y al mismo tiempo, que la Procuraduría General de la República asigne a personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, a fin de que se investigue la posible comisión de ilícitos derivados de los desfalcos cometidos por esta empresa en contra del fisco federal y de aquellos particulares que tienen en su poder datos derivados de los despachos aduaneros.
Por las razones y fundamentos antes planteados, solicito a esta soberanía sea aprobado, con carácter de punto de acuerdo único; se insta al secretario de Hacienda y Crédito Publico, al secretario de la Función Pública y procurador general de la República, a efecto de que se investiguen el flujo de información generado por las operaciones de la empresa ISOSA en las aduanas mexicanas.
Atentamente, senador Carlos Lozano de la Torre.
El suscrito, senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El procesamiento electrónico de datos es un ciclo que se realiza dentro de una computadora, para lo cual es necesario introducir diversos datos al interior de la misma, a fin de que sean comunicados al exterior de la máquina. Este ciclo se aplica en los despachos aduaneros, es decir, con relación a los actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como en las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa.
Cabe señalar que el artículo 16 de la Ley Aduanera vigente establece que la Secretaría de Hacienda podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. La propia Secretaría podrá facultar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías.
Ahora bien, a mediados de 1992, José Francisco Gil Díaz, entonces Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convocó a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero. En julio de ese año se otorgó el fallo a favor de una sociedad llamada Integradora de Servicios, S.A. de C.V. (ISSA) de la compañía canadiense Shl System House y la empresa Gervassi Clark, S.A. de C.V., concesionaria de la transnacional Internacional Business Machines (IBM) y propiedad de Ángel Rolando Gervassi Santiago, misma que se presume fue creada ex profeso para concursar en la licitación.
El 31 de julio de 1992, el propio Gil Díaz, en representación de la SHCP y Rolando Gervassi Santiago, en su calidad de propietario de la empresa privada ISSA, firmaron un contrato para realizar la operación y procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados. Este convenio tuvo por objetivo extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en trescientos cincuenta centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas calificaciones de calidad y de mercado.
Como consecuencia de lo suscrito, la Subsecretaría de Ingresos acordó pagar a ISSA 23 mil 280 millones de viejos pesos anuales, cantidad que se actualizaba semestralmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Después de una serie de graves conflictos entre Gil Díaz y Geervassi Santiago, el 28 de mayo de 1993 la Secretaría de Hacienda rescindió el contrato de servicios a ISSA y, para continuar temporalmente con las funciones desempeñadas por ésta empresa, designó a la Administración General de Recaudación y a la Dirección General de Interventoría, no sin antes haber amedrentado al dueño de esta empresa a reconocer la existencia de diversos adeudos fiscales, so pena de proceder penalmente en su contra por el delito de evasión fiscal.
El 15 de junio de 1993, y a fin de continuar prestando el servicio de procesamiento electrónico de datos, fue creada la empresa ISOSA, según consta en la escritura pública número 64882 otorgada ante la fe del Notario Público número 16 del Distrito Federal, Francisco Hernández Cueto Barros.
Como ya es del conocimiento general, la operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por Derecho de Trámite Aduanero. Esos recursos, presumiblemente, han sido destinados a ISOSA.
Como consecuencia de los escándalos suscitados a partir de la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno federal procedió a la liquidación de Integradora de Servicios Operativos, SA, Isosa, más como medio de obstruir cualquier investigación sobre la ilicitud de sus actividades que como remedio para sancionar una serie de latrocinios cometidos en contra del erario de la nación.
Sin embargo, a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador debemos sumar otras cometidas a raíz de la operación de esta controvertida empresa en las aduanas de nuestro país.
Entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando S.A. de C.V., cuyo socio principal es el Sr. Diego Hildebrando Zavala, cuñado del actual Presidente de la República, relacionados con áreas medulares del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informáticos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al amparo del fideicomiso Aduanas I y de la compañía Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA). En conjunto, el importe de los contratos otorgados es de 12 millones 466 mil 747 pesos con 53 centavos. Pero uno, el SL-171/01, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.
Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 ``todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventariado, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparo contra actos y asistencias legales, entre otros''.
De acuerdo con el contrato SL-171/01, entre los trabajos encomendados a la empresa del cuñado del titular del ejecutivo federal, figuran algunos que muestran la capacidad de Hildebrando, SA de CV, para introducir datos clave para eliminar ``secciones de aplicación'', o agregar variables en los sistemas de captura de un software.
De resultar cierta la información publicada en los medios de comunicación, el sistema instaurado por Hildebrando tendría acceso abierto a toda la información relacionada con los amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda del abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, toda vez que la información que obra en los registros de autoridades federales debe quedar a resguardo de éstas y no de particulares.
Sin embargo, éste no es el único caso en el que información pública se encuentra de manera ilícita en manos privadas. Cabe recordar que un tribunal federal resolvió que el Instituto Federal Electoral (IFE) sufrió un daño superior a los mil 600 millones de pesos, ante la venta ilegal del padrón electoral mexicano a la empresa estadounidense Choice Point en 2003, por lo que sentenció a una mujer a pagar esta cantidad al organismo, por concepto de reparación del daño, ante la comisión del delito de revelación de secreto. No obstante el fallo emitido por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en contra de Irma Ruiz Suárez, una empleada de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, la mujer está libre desde enero de 2004 mediante el pago de una fianza de 96 mil pesos, pues el delito que se le imputa no es considerado grave. En las pesquisas realizadas se determinó que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, que prestaba sus servicios al IFE, sustrajeron del Registro Nacional de Población (Renapo) la información del padrón electoral, que contiene los datos de 60 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector.
También es importante recordar que con fecha 14 de septiembre de 2004, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo por el que le fue solicitado al Servicio de Administración Tributaria se abstuviera de proporcionar información de los contribuyentes morosos al Buró de Crédito, así como para que se para que retire la información que había proporcionado al Buró de Crédito, esto en virtud de que el Servicio de Administración Tributaria anunció que los adeudos fiscales exigibles formarán parte del historial crediticio de las personas, por lo que hace énfasis en la importancia de cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.
Aunado a lo anterior, también es válido recordar la experiencia del Registro Nacional de Vehículos, cuya operación era un servicio público a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual tenía como fin la identificación de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como la de brindar el servicio de información al público. Dicho registro debía contar con una base de datos, propiedad exclusiva del gobierno federal, la cual estaría integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades, fabricantes y ensambladoras, comercializadoras, aseguradoras, particulares o de cualquier otra fuente.
Si bien es cierto la iniciativa de Ley del Registro Nacional de Vehículos buscaba llenar el hueco que dejó la derogación de la antigua ley que regulaba el llamado Registro Federal de Automóviles; ayudando a combatir el robo y tráfico de vehículos de manera más eficaz, ya que permitirá establecer un control nacional por parte de la autoridad y esto va a desalentar, reitero, el comercio de vehículos robados, no lo es menos que tal institución devino en fracaso cuando fue licitada a favor de una empresa propiedad de Ricardo Miguel Cavallo, oscuro personaje ligado con la comisión de delitos de lesa humanidad en su natal Argentina y, lo que es peor, con el robo de automotores en El Salvador.
Con base en los antecedentes antes expresados, manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que datos tan importantes como los relacionados con los despachos aduaneros se encuentren en poder de empresas privadas cuya operación, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario público y tráfico de influencias.
Consideramos que los datos procesados electrónicamente en las Aduanas de México deben ser resguardados por el gobierno federal y, específicamente, por el Sistema de Administración Tributaria.
Expresamos nuestra inconformidad con tales formas de operación, pues en el fondo, lo que subyace es la pretensión de seguir privatizando irresponsablemente los servicios relacionados con el despacho aduanero, dejando de lado que las aduanas son un punto sensible de nuestra seguridad nacional, máxime si, como insistimos, esto se deja al recaudo de empresas señaladas que, como ISOSA, han obrado con una rapacidad intolerable.
De seguir adelante esta clase de prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercanísimo los servicios del registro civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de Diego Hildebrando Zavala.
Por todo lo antes expresado, es necesario que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dediquen sus esfuerzos a investigar la posible fuga de información cometida por la empresa ISOSA, durante su larga operación en las aduanas mexicanas, al mismo tiempo que la Procuraduría General de la República asigna a personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, a fin de que investiguen cuidadosamente la posible comisión de ilícitos derivados de los desfalcos cometidos por esta empresa en contra del fisco federal y de aquellos particulares que tienen en su poder datos derivados de los despachos aduaneros.
Por las razones y fundamentos antes planteados, solicito a esta soberanía sea aprobado con el carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. se insta a los ciudadanos secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de la Función Pública y procurador general de la República, a efecto de que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Carlos Lozano de la Torre.Túrnese a la Tercera Comisión.
ESTADO DE PUEBLA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del grupo parlamentario del PRD punto de acuerdo para solicitar una auditoría especial en los recursos federales destinados a la educación en el estado de Puebla.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar una auditoría especial en los recursos federales destinados a educación en el estado de Puebla, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD
Las y los suscritos diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con el Anexo del Sexto Informe de Gobierno, durante 2006 el gasto en educación representará el 7.07 por ciento como porcentaje del producto interno bruto (PIB); la estructura de dicho gasto esta conformada por 5.41 por ciento de erogaciones públicas y 1.66 por ciento de gasto privado. De manera que el gasto en educación a nivel federal representará 4.23 por ciento , el estatal alcanzará 1.17 por ciento y el municipal apenas el 0.011 por ciento.
Es en ese contexto que deseamos destacar que el estado de Puebla para el ciclo escolar 2006-2007 cuenta con una matrícula en educación básica, que incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de un millón 396 mil alumnos, distribuidos en 11 mil 122 escuelas. Mientras que para el mismo periodo la matrícula en educación media superior, que incluye los niveles profesional técnica y bachillerato, es de 207 mil alumnos distribuidos en mil 229 planteles. Mientras que en educación superior el numero de alumnos con que cuenta la entidad ascenderá a 146 mil distribuidos en 438 planteles .
2. Que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se establece que la educación promedio en el país es de 7.3 años , equivalente al primer grado de secundaria. Sin embargo México tiene los más bajos desempeños en materia educativa entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con ese organismo, de 1995 a 2000 el gasto por estudiante de primaria representa una cuarta parte del promedio que erogan las otras naciones que son parte de dicho organismo; es decir, mil 291 dólares contra 4 mil 381 dólares. En secundaria, el gasto equivale a un tercio (2 mil 317 dólares, contra 6 mil 63 ) y en nivel superior casi la mitad (4 mil 688 contra 6 mil 571 dólares).
Pero no sólo en los resultados de la OCDE, en los que participan países de diversas partes del mundo, sino también en el Primer Estudio Internacional Comparativo, elaborado por la UNESCO en naciones de América Latina. De acuerdo con el reporte del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, dado a conocer en julio de 2003, los estudiantes de primaria mexicanos no asimilan los conocimientos ni desarrollan competencias en matemáticas y lectura.
El análisis comparativo, aplicado a once naciones de la región, ubicaba a México en sexto lugar en comprensión de lectura y quinto en aprendizaje de matemáticas. El lenguaje o comprensión de la lectura y las matemáticas, son las dos disciplinas básicas indicadoras de la calidad de la educación en cada país, y es precisamente en éstas en las que México ha salido reprobado.
Según el informe Panorama de la Educación 2006, dado a conocer por la OCDE, México se ubica en el último lugar de los 29 países evaluados en un estudio sobre capacidad de razonamiento matemático. Además el informe revela que los mexicanos sólo obtuvieron 385 puntos , de 668 posibles, es decir, el equivalente a 5.76 en escala del uno al diez.
3. De acuerdo con el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el ejercicio fiscal 2003, los resultados de las auditorías de los recursos transferidos a las entidades federativas revelaron numerosas e importantes irregularidades, sin embargo es evidente la diferencia de criterios metodológicos aplicados por la ASF y los órganos de fiscalización superior de las legislaturas locales, de manera que los resultados y argumentos no son homogéneos.
De manera que las transferencias vía Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), fue el fondo que más observaciones recibió, debido a que personal docente realizaba labores administrativas; plazas y horas plaza autorizadas no utilizadas; categorías autorizadas no utilizadas; categorías y plazas utilizadas no incluidas en el analítico de plazas; falta de control de los recursos del Fondo destinados al pago del magisterio.
Asimismo omisión en la transferencia de rendimientos financieros; pagos superiores a los establecidos en los contratos de honorarios; pagos indebidos a personal docente; transferencias indebidas de recursos del fondo a otros fines; falta de una cuenta especifica para el manejo de los recursos del fondo; carencia de control sobre el personal comisionado.
Se determinaron diferencias en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), entre lo pagado y los registros contables; duplicidad de pagos; retrasos en la transferencia de recursos del fondo; deficiencias de control como cheques en tránsito con antigüedad mayor a un año; inconsistencia en los saldos de las cuentas de impuestos por pagar, deudores y acreedores diversos; deficiencias en los registros de contabilidad e ingresos por colegiaturas y pólizas de gasto sin documentación soporte; y mobiliario y equipo de oficina sin reclasificarse. Cabe señalar que las auditorías realizadas por el ente Superior de Fiscalización han exhibido fallas en el manejo de los recursos públicos, pese a lo anterior, durante los últimos años no se cuenta con información sobre la rendición de cuentas en educación para el estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La del Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que proceda a realizar una auditoria especial al sector educativo del estado de Puebla. Asimismo se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Estado de Puebla para que se apoye en la realización de las auditorias, con lo cual se estaría apoyando en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad, al mismo tiempo que se da respuesta a las demandas de la comunidad en el manejo eficiente de los recursos públicos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI para presentar punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar a la Cámara de Diputados, previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del Presupuesto de Egresos de 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritarias a que aluden los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la Ley General de De-sarrollo Social.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, diputada Presidenta; compañeras, compañeros senadores y diputados: la materia de esta propuesta de punto de acuerdo ha sido ya referida en una iniciativa de modificaciones a la Ley de Desarrollo Social; una ley que fue producto del consenso, con la participación activa de la entoncessecretaria de Desarrollo Social,Josefina Vázquez Mota, de la hoysecretaria de Desarrollo Social, entonces diputada, Beatriz Zavala; del hoy diputado y entonces senador, Carlos Rojas Gutiérrez; de la entonces senadora, Leticia Burgos. Y, bueno, es una ley que fue ejemplo de cómo si ponemos por encima el interés de la nación y la visión de Estado es posible construir instrumentos jurídicos para el beneficio generalizado.Esta Ley, sin embargo, no ha sido cumplida a cabalidad; ha sido motivo de controversias constitucionales, del Legislativo con el Poder Ejecutivo en materia de la difusión de los programas sociales y puede ser motivo de otra controversia si el Ejecutivo federal no cumple lo establecido en los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la citada ley.
El tema pudiera parecer intrascendente, pero quiero decirles que es --compañeras, compañeros diputados-- de la mayor importancia. Estos artículos establecen que por iniciativa del gobierno federal deberá --la Cámara de Diputados-- declarar cuáles son las zonas de atención prioritaria para la superación de la pobreza, con objeto de asignar recursos para elevar los índices de bienestar, establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo, generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas, desarrollar obras de infraestructura social, etcétera.
¿Por qué se estableció esta disposición en la Ley de De-sarrollo Social? Bueno, entre otras razones porque la política social requiere una estrategia territorial; hay varias formas de atacar territorialmente el problema de la pobreza, ha sido una discusión, ya por lo menos de tres décadas en México, una discusión que pensábamos había acabado, había terminado al establecerse en ley el criterio de zonas de atención prioritaria.
El día de ayer el señor Presidente de la República, justamente en Puebla, mi estado, ratificó el programa iniciado en Guerrero hace unas semanas, de combate territorial a la pobreza con el nombre de Cien Acciones en Cien Municipios.
Es decir, no se ha considerado esta visión de zona de atención prioritaria, tampoco el Ejecutivo federal presentó en la iniciativa de proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritaria.
¿Cuál es la diferencia entre una estrategia a microrregiones o de municipios prioritarios con el concepto de zonas de atención prioritaria? Justamente la visión de la naturaleza estructural de los problemas.
Ayer mismo en la reunión del ciudadano Presidente, el presidente municipal de Hueytlalpan hizo notar al Ejecutivo federal que estaban bien las acciones, eran bien recibidas y así lo reconocemos; todo lo que se ha canalizado a los municipios marginados es bien recibido, así lo reconocemos lo poblanos, así lo reconoció el gobernador del estado de Puebla y los presidentes municipales de los 10 municipios involucrados, pero se tocó el tema del café, se tocó el tema de las zonas erosionadas, se tocó el tema de los bosques y estos problemas tienen que ser justamente abordados en un contexto regional, en una estrategia regional y con instrumentos de carácter productivo.
Por eso es que la Ley de Desarrollo Social establece el concepto de zonas de atención prioritaria, de modo que nos parece que hay tiempo de hacer compatible la estrategia de microrregiones o de municipios de atención prioritaria, con lo que dicta la Ley de Desarrollo Social o, en su caso, modificar la Ley de Desarrollo Social, para efectos de cumplir en términos de ley y cumplir los propósitos legítimos que tenga el titular del Poder Ejecutivo para desplegar su estrategia de gobierno en condiciones difíciles a nivel nacional.
Por esa razón he pedido que este punto paradójicamente sea de urgente u obvia resolución; no habría necesidad de dictaminarlo, de estudiarlo, en tanto que se trata de exhortar a que el Ejecutivo federal cumpla lo que establecen los artículos mencionados de la Ley de Desarrollo Social.
Por tanto, compañeras, compañeros senadores y diputados, pido a ustedes que hagamos esta respetuosa petición: exhorto al Ejecutivo federal para que se dé cumplimiento a los artículos mencionados de la Ley de Desarrollo Social, en su caso, siguiendo la práctica parlamentaria, de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para la declaratoria de zonas de atención prioritaria.
Exposición de MotivosLa Ley General de Desarrollo Social (LGDS) constituye una aportación significativa al esfuerzo nacional en favor de la justicia y la igualdad y es, además, ejemplo de que cuando existe voluntad política y visión de Estado en los Poderes de la Unión es posible mejorar el andamiaje jurídico y administrativo en favor del intereses superiores.
La LGDS estipula en el Capítulo IV, De las Zonas de Atención Prioritaria, lo siguiente:
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social.
Artículo 30. El Ejecutivo federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación , junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 31. La declaratoria tendrá los efectos siguientes:
1. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios;
2. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;
3. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y
4. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Artículo 32. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.
Artículo 43. Corresponde al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) las siguientes atribuciones:
(...)
III. Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y proponer a la Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente.
IV. Diseñar y coordinar los apoyos federales en las zonas de atención prioritaria.
Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local, que hoy deben ser complementadas.
El espíritu de estas disposiciones tiene tres motivaciones: a) Hacer obligatoria la práctica de una política social integral de carácter territorial, que haga posible las acciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; b) Vincular las estrategias y acciones para la superación de la pobreza a la autorización del presupuesto; y c) Que los diputados federales cuenten con un mecanismo parlamentario, que les permita incorporar en el Presupuesto de Egresos de cada año los programas y las obras prioritarias para atender, bajo una estrategia integral y sistemática, las justas exigencias de sus representados.
En el periodo 1994-2000, la Secretaría de Desarrollo Social puso en práctica una tentativa de definición de zonas de atención prioritaria, y a través de una comisión intersecretarial promovió la concurrencia e integralidad de acciones en dichas zonas.
La nueva administración cambió la estrategia de atención a zonas prioritarias por el Programa para el Desarrollo Local (microrregiones). En el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2002 se publicaron los criterios y la definición de 263 microrregiones por estado y municipio. En algunos casos la microrregión corresponde a un solo municipio, en otros la clasificación fue simplemente numérica, y en otros corresponde a la denominación histórica de cada región, que en algunos casos fue subdividida en alta, centro y baja. Las 263 microrregiones incluyen a mil 340 municipios y 2 mil 966 localidades.
Ahora, el Presidente Calderón ha iniciado una estrategia territorial de superación de la pobreza enfocada no a las zonas de atención prioritaria como lo establece la ley, sino a los municipios de mayor marginación.
La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de microrregión y el de zona de atención prioritaria estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal o sectorial (medio ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y obstáculos para el desarrollo de cada zona ó región.
¿Por qué no se avanzó en los términos que ordena la Ley General de Desarrollo Social? Me parece que influyó la relativa ambigüedad en la definición de competencias y por las tensiones surgidas entre el órgano de evaluación y entre el Ejecutivo federal y el Congreso, en torno a la interpretación de la ley; también ha afectado la importancia que cada gobierno quiere imponer a su administración.
Es, tal vez, por esta razón que la iniciativa del Ejecutivo federal por medio de la que presentó los proyectos de Ley de Ingresos y del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, no incluye la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritaria.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoDe urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que presente a la Cámara de Diputados, previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritarias que aluden los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidente: hago uso de la palabra porque en la Gaceta Parlamentaria el turno asistía a su servidor; es decir, mi compañero legislador que acaba de exponer su punto de acuerdo estaba después del mío, que tiene que ver con el asunto de un punto de acuerdo con la prisión de Guantánamo en Cuba. Todavía no son las tres de la tarde y le solicito que no vaya usted a levantar la sesión y que me permita exponer este punto de acuerdo.GUANTANAMO
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene usted la palabra, diputado Martínez, en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentese une a la petición mundial respecto al cierre de Guantánamo.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con el permiso de la Mesa:Los suscritos diputados integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes
ConsideracionesGuantánamo se ha convertido en el símbolo de ausencia de ley. El día de mañana se conmemora el Día Internacional para cerrar Guantánamo, con lo cual se marca el quinto aniversario de la detención del primer prisionero acusado de terrorismo por Estados Unidos. Centenares de personas de 30 nacionalidades permanecen recluidas en ese agujero ilegal, muchas sin acceso a tribunal de ningún tipo, o asistencia jurídica.
Muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante. Tres detenidos han muerto, al parecer después de suicidarse. Otros han iniciado prolongadas huelgas de hambre, y siguen vivos porque les están aplicando dolorosos métodos de alimentación forzada.
Permitir que la base de Guantánamo continúe sin cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y la Declaración de los Derechos del Niño entre otras, nos convierte en cómplices de estas atrocidades. Por lo que debemos exigir que los detenidos de Guantánamo sean puestos en libertad de inmediato a menos que sean acusados y juzgados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos; que ningún detenido liberado sea enviado por la fuerza a un país en el que pueda sufrir abusos graves contra los derechos humanos; que las personas que vayan a ser juzgadas deben ser acusadas de un delito común reconocible y tener un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial; No debe considerarse admisible ninguna prueba obtenida mediante tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Muchos son los caos de denuncia aquí solo recordamos el de Yassar Zahrani, quien tenía 17 años cuando fue detenido y luego murió en Guantánamo, en junio de 2006, cuando decidió ahorcarse tras sufrir varios meses de abusos físicos y sicológicos.
El Congreso de la Unión se une al cierre de Guantánamo no sólo porque varias organizaciones internacionales como Human Rights y Amnistía Internacional han constatado regularmente la vulneración de derechos humanos, sino porque simboliza el desprecio de Estados Unidos por el derecho internacional en el contexto de la 'guerra contra el terrorismo'
Por lo antes expuesto sometemos ante esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se une a la petición mundial respecto al cierre de la cárcel ilegal de Guantánamo.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al Congreso norteamericano informando que el Congreso mexicano se une a la petición mundial respecto al cierre de la cárcel de Guantánamo, por considerar que en ella se tienen detenidas más de 400 personas de 30 nacionalidades sin juicio y muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Como ha sido solicitado consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador Jorge Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Segunda Comisión.
Recuerdo a las señoras y señores legisladores que el día de mañana las comisiones de cortesía que habrán de asistir a la Suprema Corte de Justicia y a Los Pinos será a las diez de la mañana en la Suprema Corte y a las cinco de la tarde en Los Pinos. Continúe la Secretaría.
ORDEN DEL DIA
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: « Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LX Legislatura.
Orden del día
Miércoles 17 de enero de 2007.
Comunicaciones
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes Margarita Huesca Chico, Aldona Carolina Parra Hall, Héctor Oliver Reyes Luna y Eugenio Morales Brito, para prestar servicios en las Embajadas del Ecuador y de Australia en México, respectivamente.
De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maribel Cervantes Guerrero y Juan Manuel Sánchez Rosales, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'' que les otorga el Gobierno del Reino de España.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:03 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 17 de enero a las 11: 00 horas. Gracias.
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RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)