SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista de asistencia? Señor Presidente, hay 28 asistencias de legisladoras y legisladores. Hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LX Legislatura.

Miércoles 17 de enero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Nuevo León.

Del gobierno de Michoacán.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dos.

Iniciativa del Congreso de Jalisco

Que reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en diciembre de 2006. (Turno a Comisión)

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a diciembre, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a diciembre de 2005.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Julio César López Baquera pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República de Perú. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Ángel Ramos Ramírez puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Tijuana, Baja California, respectivamente. (Turno a Comisión)

Seis, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, José Gerardo Valcárcel del Barrio, Wilfrido Robledo Luna, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Martín Enrique Barney Montalvo y Alberto Castro Rosas puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Por el que remite acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, relativo a la sede y operación del centro de México.

Por el que remite acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Nueva Zelandia para evitar la doble la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

Por el que remite convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la región de administración especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a los servicios aéreos.

Por el que remite acta de rectificación al acuerdo de complementación económica número 60 suscrito entre México y Uruguay (Tratado de Libre Comercio).

Por el que remite las fracciones arancelarias omitidas y correcciones del Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Oriental de Uruguay.

De la Cámara de Diputados

Con el que remite el expediente relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas de legisladores

Que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley que Establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo, y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley Reglamentaria de los Artículos 46 y 47, Fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano, suscrita por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes Margarita Huesca Chico, Aldona Carolina Parra Hall, Héctor Oliver Reyes Luna y Eugenio Morales Brito para prestar servicios en las embajadas de Ecuador y de Australia en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón para prestar servicios en la Embajada de Panamá en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León, y en Tijuana, Baja California, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maribel Cervantes Guerrero y Juan Manuel Sánchez Rosales para aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'', que les otorga el gobierno del Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos general brigadier DEM Miguel Hurtado Ochoa, general brigadier DEM Rogelio Armando Patiño Canchota, general de brigada DEM Armando Onésimo Flores Morales, coronel de caballería DEM Carlos Eduardo Jiménez Macotela, coronel de artillería DEM Jesús Hernández Pérez, coronel de arma blindada DEM Marco Antonio Álvarez Reyes y coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA Sergio Alejandro Villalobos López para aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, 24 relativos a la ratificación de grados militares.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Puebla y al procurador general de la República a poner en funcionamiento las unidades mixtas de atención al narcomenudeo.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en términos de su jurisdicción y competencia, provea a que las autoridades federales, las estatales y las municipales respeten los derechos humanos, y garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral a garantizar en el ajuste de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2007 el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho instituto.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión cita a comparecer ante la Primera Comisión a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública para que informen sobre la situación general que prevalece en materia de seguridad pública a nivel nacional y de los operativos especiales realizados en Michoacán y Tijuana.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecámac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias bilaterales México-Guatemala.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal la aplicación de un subsidio al litro de leche que distribuye Liconsa.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, y al procurador general de la República que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, a cargo del senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y las amenazas contra periodistas; y a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre los trabajos técnicos que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice realiza para la posible suscripción de un tratado de límites con el gobierno de dicho país, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Gobernación a organizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia una campaña de ayuda humanitaria en apoyo de las personas de escasos recursos que padecen por las bajas temperaturas en esta temporada invernal, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se realice una auditoría integral respecto de las actividades del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a considerar en la distribución del fondo regional establecido en el anexo 20, en los términos del artículo vigésimo transitorio del decreto de Presupuesto de 2007, el Conteo de Población 2005, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Tabasco a cumplir la recomendación número 46/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , e nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se extiende un sincero reconocimiento a la representante Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus declaraciones favorables a un entendimiento migratorio entre nuestros países, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el ecocidio en el valle de San Luis Potosí cometido por Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diferentes instancias y autoridades a atender la situación relativa a la tenencia de tierra y acceso a servicios de abasto de electricidad en el polígono de San Lucas o Valle San Lucas, en Cuautitlán Izcalli, suscrita por el diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a investigar el aumento de los precios de la tortilla; y a la Secretaría de Economía, a establecer una mesa de diálogo con los actores de la cadena de producción de tortilla, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al caso del diputado local de Guerrero Jorge Bajos Valverde, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar con la mayor brevedad las partidas destinadas al mejoramiento y mantenimiento urbano y de seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de Juventud, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa para que expliquen las causas del incremento del precio de la tortilla, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general del Fonden que comparezca ante esta soberanía para explicar la entrega de recursos a los estados afectados por las inclemencias del tiempo, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a investigar la probable comisión de delitos referentes al aumento del precio de la tortilla, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se audite la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte respecto a la licitación, la construcción y las condiciones del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, suscrita por la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la del Congreso de la Unión cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Profeco y de la Comisión Federal de Competencia para que expliquen el incremento del precio de la tortilla, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a promover mediante la Comisión de Hacienda y Crédito Público una reforma fiscal integral, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la del Congreso de la Unión solicite la comparecencia de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia, a cargo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la del Congreso de la Unión cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa para que expliquen el incremento del precio de la tortilla, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la aplicación de la pena de muerte en el mundo, a cargo del senador Ricardo Francisco García Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para aclarar la situación de la Administración General de Aduanas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la crisis que enfrentan la agricultura y la producción de maíz en México, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que México manifieste mediante la SRE su repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión respalda al secretario general de la Organización de Estados Americanos para impulsar la Carta Democrática Interamericana en el Continente Americano sin excepción, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Sagarpa, de la Sedesol y de la SE para que informen sobre las acciones relacionadas con la soberanía alimentaria del país, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la especulación y al acaparamiento de maíz en México, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Salud que remita a esta soberanía un informe relativo al programa de salud reproductiva y protección contra enfermedades de transmisión sexual que estructurará el actual gobierno, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante los titulares de la SCT y de la SHCP, a no autorizar el incremento del peaje en las autopistas nacionales, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión expresa su postura ante la muerte del migrante mexicano Francisco Javier Domínguez Rivera, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de trabajo de legisladores que, en coordinación con un grupo de expertos, visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación de diferentes actores económicos del país para el desarrollo de una política de competitividad integral, a cargo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la Sagarpa a emitir declaratoria de desastre y de contingencia en diversos municipios de Tabasco, suscrita por el diputado Silvestre Álvarez Ramón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al rezago tecnológico de México y su impacto en la competitividad del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el número de atención telefónica para emergencias 066 se sustituya por el 911, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a dar continuidad a las estrategias y campañas emprendidas en materia de promoción masiva del uso del condón y contra la discriminación por homofobia, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Salud que informe sobre las acciones preventivas ante el posible arribo a territorio nacional de la epidemia de gripe aviar, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, referente a la reasignación y regulación de tiempos oficiales en medios electrónicos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobernador del Banco de México que informen a esta soberanía sobre el contenido de la reunión que sostuvieron el 12 de enero de 2007, suscrita por el diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a destinar recursos a un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los directores del ISSSTE y del IMSS, suscrita por los senadores Claudia Corichi García y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la viabilidad del Seguro Médico Universal, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Quintana Roo a combatir la red de prostitución en dicha entidad, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al estado de conservación que guardan las redes carreteras operadas por Capufe, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la situación alimentaria y la producción agrícola nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la situación política del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relacionados con la situación de los presos por el conflicto en Oaxaca, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diez de enero de dos mil siete, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladores, a las once horas con dieciséis minutos del miércoles diez de enero de dos mil siete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados, modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, en el ámbito cultural. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos ochenta y siete y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda solicita permiso para que pueda prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Se presentan las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Dictamen de la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del veinticuatro al treinta de enero de dos mil siete, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y al Reino de España. Es de primera lectura. En votación económica la asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. La Secretaría da lectura al proyecto de decreto, mismo que se aprueba por veintisiete votos en pro y ocho abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Desde su curul el senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento en relación con la presentación de diversas proposiciones con punto de acuerdo que el Presidente considera procedente.

Se presentan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Presidencia de la diputada Lorena Martínez Rodríguez

En votación económica la asamblea no considera de esa manera el asunto y se turna a la Tercera Comisión.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En votación económica no se considera de esa forma la proposición y se turna a la Primera Comisión.

Desde su respectiva curul el diputado Javier González Garza , en dos ocasiones, y el senador Ricardo Monreal Ávila, ambos del Partido de la Revolución Democrática, hacen comentarios de procedimiento a los que el Presidente da respuesta.

La asamblea, en votación económica, autoriza conceder la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, quien solicita guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ciudadano Mario Trujillo García, diputado federal a la Cuadragésima Séptima Legislatura y gobernador del estado de Tabasco de mil novecientos setenta y uno a mil novecientos setenta y seis, y la asamblea así lo hace.

Continúan presentándose las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Desde su curul los senadores Ricardo Monreal Ávila y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, hacen comentarios y la Presidencia hace aclaraciones.

La asamblea en votación económica no considera de urgente resolución la proposición del senador Moreno Cárdenas y la Presidencia la turna a la Primera Comisión.

El senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios sobre diversas proposiciones contenidas en el orden del día con el mismo tema y la Presidencia hace aclaraciones.

En votación económica la asamblea aprueba modificar el orden del día para agrupar proposiciones con el mismo tema.

Continúan presentándose las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

quien acepta interpelación del senador Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Primera Comisión.

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica el interés del gobierno de la República de Nicaragua de entregar a los jefes de Estado y de gobierno asistentes al acto de transmisión del mando presidencial en ese país, incluido el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la Medalla conmemorativa de la Unidad Latinoamericana, Nicaragua Libre dos mil siete. En votación económica se dispensan todos los trámites al asunto. Desde su curul el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios al respecto a los que el Presidente da respuesta. Por veinticinco votos en pro y ocho en contra, se aprueba el decreto que concede autorización al Presidente de la República para aceptar y usar la medalla de referencia. El Presidente, para dejar constancia en el Diario de los Debates de la calidad de la Medalla conmemorativa, instruye a la Secretaría dar lectura al decreto número cero dos--dos mil siete del Presidente de la República de Nicaragua, por el que crea dicha medalla. Pasa el decreto aprobado al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al punto de acuerdo definitivo para exhortar al Ejecutivo federal a establecer mecanismos para estabilizar el precio de los granos y evitar que los incrementos de los precios de la tortilla y otros productos básicos afecten la economía de los más necesitados, y la asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.

Continúan presentándose las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Primera Comisión.

Presidencia del diputado Jorge Zemeño Infante

La asamblea no considerada de esa forma la proposición, se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la sesión a las quince horas con tres minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el miércoles diecisiete de enero de dos mil siete, a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo.--- H.Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXI Legislatura..--- Secretaría.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

De conformidad con el acuerdo tomado por los integrantes de la LXXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy se aprobó el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que este honorable Congreso del estado de Nuevo León, haga llegar un atento exhorto a las Secretarías de Hacienda y de Gobernación, así como a la Cámara de Diputados, para que a la brevedad unan esfuerzos con el fin de regular de forma más eficiente la entrada y salida de vehículos de procedencia extranjera que se internan en territorio nacional y que son propiedad de extranjeros o mexicanos, procurando eliminar trámites que han quedado obsoletos, como los permisos de importación vehicular temporal, el pago de fianzas, así como los avales requeridos.

Segundo. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Gobernación no limiten la entrada a los vehículos de los extranjeros y mexicanos residentes en los Estados Unidos a seis meses, porque la derrama económica que dejan es importante para el país.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

CONSTITUYENTES DE APATZINGAN

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Michoacán de Ocampo.--- Ejecutivo del Estado.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura.

Distinguido señor Presidente:

En relación con la iniciativa de decreto presentada por el diputado federal Mario Enrique del Toro, en el sentido de inscribir con letras de oro en el muro de honor del recinto del honorable Congreso de la Unión la leyenda Constituyentes de Apatzingán, en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del estado me permito adherirme con beneplácito a tal iniciativa, misma que se traducirá en un merecido homenaje a Michoacán, cuna de la primera ley fundamental del país y lugar donde se han gestado las grandes transformaciones de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para manifestar a usted las muestras de mi más distinguida consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracciones IV y VIII, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; me permito comunicarle que en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, la licenciada María Elena Pérez Jaén Zermeño rindió protesta constitucional como comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para cumplir con el período que fue designada y que concluye el 11 de julio de 2009.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Enterado.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, rindieron protesta los ciudadanos Miguel Covián Andrade, Alejandro Delint García, Daría Velasco Gutiérrez, Armando Ismael Maitret Hernández y Adolfo Riva Palacio Neri, como magistrados electorales del Tribunal Electoral del Distrito Federal, quienes iniciarán el ejercicio de su encargo el 18 de enero de 2007.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito me sea autorizada una licencia temporal para separarme de mi cargo como diputada federal, durante el lapso comprendido entre el 18 de enero y el 19 de febrero, del presente año.

Sin otro particular, reciba mi consideración distinguida.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia se ruega a la Secretaría que ponga a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo

Único. Se concede licencia a la diputada Sara Latife Ruiz Chávez para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el I Distrito del estado de Quintana Roo, del 18 de enero al 19 de febrero del año en curso.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada la licencia de la diputada Latife; comuníquese.

SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

Con fundamento en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente sea el amable conducto para someter a la consideración del Pleno de la honorable del Congreso de la Unión, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de senador de la República de la LX Legislatura, por 40 días naturales contados a partir del día 17 de enero de 2007.

Aprovecho la ocasión para expresarle mi más alta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia al licenciado Jesús Murillo Karam para separarse de sus funciones como senador de la República por 40 días naturales, a partir del 17 de enero de 2007.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada la licencia al senador Jesús Murillo Karam; comuníquese a la Cámara de Senadores.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Jorge Zermeño Infante , Presidente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta LVII Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha aprobó el acuerdo legislativo número 1806/06, del que le adjunto copia, en el que se remite iniciativa de decreto que propone reformar el primer párrafo del artículo 9o., de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme al texto que se propone en el acuerdo legislativo de referencia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados

A la Comisión de Hacienda y Presupuestos que está a cargo de los suscritos, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo legislativo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto, presentada por el diputado José Antonio Mendoza Azpeitia, integrante de esta LVII Legislatura del estado de Jalisco, para lo cual hacemos la siguiente

Exposición

I. Con fecha 6 de abril del presente año se presentó la iniciativa de referencia con la intención de que la asamblea aprobara remitir formal iniciativa al Congreso de la Unión, para reformar el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

II. La asamblea tuvo a bien turnarla a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que ésta emita un dictamen.

III. La iniciativa materia del presente dictamen señala en su exposición de motivos lo siguiente:

I. El artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad a las legislaturas de los estados para presentar al Congreso de la Unión iniciativas de leyes o decretos. Asimismo, el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco establece que dichas iniciativas son resoluciones que el Congreso del estado, a propuesta de cualquiera de los diputados o de las comisiones legislativas, emite para plantear al Congreso de la Unión la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se aprueban mediante acuerdo legislativo, el cual debe ser votado en la siguiente sesión en que fue presentado.

II. El artículo 115 Constitucional reformado vino a dar fortaleza a la gestión municipal, ya que se logró reconocer a los municipios en nuestro país como verdaderos órdenes de gobierno y no como simples administradores. Esta nueva concepción fue relevante porque vino a definir de forma constitucional los tres ámbitos de gobierno, pero no sólo eso resulta destacado en la reforma, sino además, inciden en importancia el establecimiento de un marco competencial exclusivo del municipio, la creación de leyes marco estatales acotadas en materia municipal y el consecuente fortalecimiento de la facultad reglamentaria municipal, el derecho de iniciativa en materia fiscal, el ejercicio libre y directo de la hacienda municipal por parte de los ayuntamientos, por citar algunos de los temas que más trascendencia tuvieron en los ámbitos político y jurídico de nuestro país.

III. Dentro de los artículos transitorios de la reforma de 1999 al artículo 115, el primero y segundo establecieron:

IV. Todavía en esta fecha falta que se realicen adecuaciones a leyes federales, refiriéndonos en particular a la Ley de Coordinación Fiscal. El artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción IV, párrafos primero y último, establece:

Para dar mayor claridad a lo establecido por el mencionado precepto, me permito transcribir parte de las consideraciones del dictamen aprobado de las reformas al artículo 115 constitucional:

Al analizar estas consideraciones, encontramos que en nuestro estado se cumplió con el señalado decreto realizando adecuaciones a la Constitución local y diversas leyes, entre ellas la reforma del 2000 a la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Jalisco con sus municipios en sus artículos 11 y 16, mediante el decreto 18445, con la cual los municipios ya no requieren en esta entidad federativa de la autorización de la legislatura local para afectar en garantía de pago las participaciones federales que les correspondan, ni para firmar convenios de coordinación fiscal y colaboración administrativa.

Sin embargo, la Ley de Coordinación Fiscal no ha sido reformada en el mismo sentido que el 115 constitucional, ya que en su artículo 9o. todavía establece:

V. El que no se haya modificado el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal ha causado problemas precisamente cuando algunos de los municipios de nuestro estado han tratado de inscribir obligaciones crediticias en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y municipios, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les exige para ello que demuestren que la legislatura local ya los autorizó a afectar las participaciones que les corresponden, cuando en realidad ésta ya no cuenta con facultades para ello.

Tanto los municipios como la delegación estatal en Jalisco del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, han solicitado a este Congreso manifieste por escrito si de conformidad a la legislación aplicable es necesaria su autorización para que los municipios de Jalisco contraten créditos y afecten como garantía de pago las participaciones federales que les correspondan, a lo que desde el año 2002 se contestó mediante acuerdo económico número 765/02, aprobado por la asamblea a propuesta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos lo siguiente:

Los que suscriben, diputados de la LVI Legislatura e integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, haciendo uso de la facultad que nos confiere el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos de esta entidad federativa, sometemos a la consideración del Congreso en Pleno, iniciativa de acuerdo económico, mediante el cual se declare que esta representación popular carece de facultades para autorizar a los ayuntamientos del estado para contratar créditos y otorgar en garantía sus participaciones federales y estatales, por lo que hacemos las siguientes

Consideraciones

I. Que a la Comisión de Hacienda y Presupuestos le han sido presentados diferentes ocursos, solicitando la opinión de esta comisión para determinar si, conforme a la legislación aplicable, es necesaria la autorización de la Legislatura local para que los municipios contraten créditos directos sin la deuda solidaria del gobierno estatal y con la afectación como garantía de pago, de sus participaciones en ingresos federales y estatales.

II. Que con las reformas constitucionales del artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción IV, último párrafo, dice: ``Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, conforme a la ley''. En este mismo texto lo contempla el artículo 89 último párrafo de la Constitución Política del estado de Jalisco.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo segundo del decreto que reforma el dispositivo legal antes mencionado, a la letra dice; ``Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto por este decreto a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor. En su caso el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001.

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.

Cabe destacar que si bien es cierto, se hace mención que en cuanto se realicen las adecuaciones necesarias se seguirán aplicando las disposiciones vigentes, también lo es, que se fija un límite de tiempo para realizarlos, mediante el cual el estado de Jalisco cumplió en tiempo con dicho dispositivo constitucional, reformando su Constitución local y leyes.

III. Que la Constitución Política del estado de Jalisco, antes de su reforma en su artículo 35 fracción XI, mencionaba como una facultad del Congreso ``autorizar al titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio, en los términos que disponga la ley.''

Actualmente la Constitución local dice que es facultad del Congreso ``autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que celebre actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio, en los términos que disponga la ley.''

...

De igual forma, la Constitución local, en su artículo 77, fracción V, dice: ``Las leyes en materia municipal que expida el Congreso del estado únicamente deberán establecer... inciso b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento'';

IV. Que el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Jalisco, en su primer párrafo menciona: ``Las participaciones que correspondan a los municipios son inembargables; no podrán afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo cuando garanticen el pago de obligaciones contraídas por los mismos, con autorización del ayuntamiento y cuando rebasen el término de su administración, con el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento''.

V. Que la Ley de Deuda Pública del estado de Jalisco y sus municipios, en sus artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y demás relativos, disponen que los ayuntamientos al contratar deuda directa o en su caso al afectar participaciones federales o estatales que le correspondan, por un término mayor al de su administración, deberá mediar autorización por las dos terceras partes de los Integrantes del ayuntamiento con dictamen que así lo justifique.

VI. Que del estudio y análisis realizado a los preceptos legales antes mencionados concluimos que los ayuntamientos tienen la facultad para:

Es importante resaltar que el artículo 12, fracción L, inciso f), de la Ley de Deuda Pública del estado de Jalisco y sus municipios menciona como una facultad del titular del Poder Ejecutivo constituirse en avalista o deudor solidario de los municipios y demás entidades públicas, previo dictamen financiero.

Con base en lo anterior, el Ejecutivo del estado deberá solicitar autorización expresa del Congreso del estado para constituirse en aval o deudor solidario de los municipios cuando el adeudo trascienda la administración estatal.

Con lo anterior queda claro que el Congreso del estado (como lo ha venido haciendo) deberá autorizar al titular del Poder Ejecutivo a constituirse en aval o deudor solidario de los municipios cuando éste lo solicite y el adeudo trascienda la administración estatal.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la elevada consideración de ustedes el siguiente proyecto de

Acuerdo Económico

Único. Se establece, en concordancia con la Constitución Política del estado de Jalisco y sus leyes vigentes a partir de las adecuaciones como consecuencia de la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conceden facultades a los ayuntamientos del estado de Jalisco para contratar créditos y afectar sus participaciones federales o estatales con la aprobación calificada de los miembros que lo integran.

Comuníquese el anterior acuerdo a los 124 municipios del estado, oficial mayor del Congreso del estado, Secretaría de Finanzas y Contaduría Mayor de Hacienda.

Consideraciones

I. El artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad a las legislaturas de los estados para presentar al Congreso de la Unión iniciativas de leyes o decretos.

II. El artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco señala, en su primer párrafo, que el Congreso del estado puede presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Asimismo, el segundo párrafo del mismo artículo 153 establece que dichas iniciativas son resoluciones que el Congreso del estado, a propuesta de cualquiera de los diputados o de las comisiones legislativas, emite para plantear al Congreso del Estado de la Unión la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se aprueban mediante acuerdo legislativo, el cual debe ser votado en la siguiente sesión en que fue presentado.

IV. De conformidad con el artículo 89, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuestos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con la legislación en materia fiscal y hacendaria.

V. Es verdad lo que señala el autor de la iniciativa en el sentido de que tanto la anterior legislatura como la actual, han emitido criterios en el sentido de que en concordancia con la Constitución Política del estado de Jalisco y sus leyes vigentes a partir de las adecuaciones como consecuencia de la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concedieron facultades a los ayuntamientos del estado de Jalisco para contratar créditos y afectar sus participaciones federales o estatales con la aprobación calificada de los miembros que lo integran.

En ese sentido, se considera que si es necesaria la reforma al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que no siga estableciendo indebidamente que se requiere autorización de las legislaturas locales para que los municipios puedan afectar las participaciones que les correspondan.

Resolutivo

I. Por las consideraciones planteadas, se resuelve que sí es necesario remitir al Congreso de la Unión iniciativa de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo anterior, y con fundamento en lo que disponen los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de

Acuerdo Legislativo

Único. Remítase al honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme al siguiente texto:

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, e inscritas a petición de los mismos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

............

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presente.

Me refiero al oficio número DGPL 60-11-353, de diciembre 7 del año en curso, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó tres puntos de acuerdo, de los que el tercero a la letra dice:

Tercero. Se solicita al director del Senasica que explique a esta asamblea el análisis sustentado de riesgo a la salud pública y sanidad animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras, y que informe detalladamente el estado que guarda el personal calificado, su capacitación, la infraestructura y equipamiento para la realización de las tareas que tiene encomendadas y que exponga con claridad sus alcances, fortalezas y debilidades.

Al particular le informo que en lo relativo a la determinación del riesgo a la sanidad animal, el Senasica, con base en el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación esta sujeta a regulación por parte de la Sagarpa, y su modificación del 24 de diciembre de 2003, establece en la hoja de requisitos zoosanitarios para importación (HRZ) los requisitos que en materia de salud animal deberán cumplir los animales, productos y subproductos de origen animal, así como aquellos insumos y productos destinados al uso o consumo animal que deseen ser importados al país. El cumplimiento de los requisitos señalados en la HRZ reduce los riesgos de introducción de enfermedades exóticas de los animales, de enfermedades bajo campañas zoosanitarias en nuestro país, así como el control de las enfermedades enzooticas y se elabora con base en la normatividad nacional e internacional vigente y en la información científica disponible a nivel internacional; asimismo considera la situación zoosanitaria y las certificaciones oficiales emitidas por los países exportadores. Lo anterior a fin de garantizar que los animales o productos que ingresan al país no representan un riesgo a la sanidad animal nacional.

Referente al estado que guarda el personal, le comunico el Senasica cuenta con 319 oficiales federales, los que vigilan el cumplimiento de las regulaciones sanitarias en 56 oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria en los puertos, aeropuertos y fronteras autorizados como puntos de ingreso de mercancías agropecuarias de importación.

Todos ellos son profesionales titulados con estudios especializados en medicina veterinaria, parasitología agrícola, biología y en algunos casos con estudios de postgrado.

Durante 2005 y 2006 se llevaron a cabo 14 cursos de capacitación, en los cuales se incluyó al 100 por ciento del personal, y 2 cursos internacionales en inspección de productos cárnicos donde participaron alrededor de 10 inspectores oficiales. Asimismo, el 67 por ciento de la plantilla del servicio de inspección ha concluido con los requisitos de Ley para ser servidores públicos de carrera.

Infraestructura y equipo, actualmente se presta el servicio en 34 Puntos de Verificación e Inspección Zoosanitarios para Importación, distribuidos de la siguiente manera: 4 en Tijuana y 3 en Mexicali, BC; 2 en Nogales, Son.; 3 en Ciudad Juárez, Chih.; 6 en Nuevo Laredo y 3 en Reynosa, Tamps.; 2 en Manzanillo, Col.; y 1 en San Luis Río Colorado y Agua Prieta, Son.; Veracruz y Tuxpan, Ver.; Puerto Morelos, Q. Roo; Piedras Negras, Coah.; Matamoros y Ciudad Miguel Alemán, Tamps.; Lázaro Cárdenas, Mich.; Mazatlán, Sin.; y Ciudad Hidalgo, Chis., respectivamente. Todos cuentan con la infraestructura y equipo conforme a la NOM-058-Z00-1999 Especificaciones para las instalaciones y operación de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria, donde se da cumplimiento a la NOM-030-Z00-1995, ``Especificaciones y procedimientos para la verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria''.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Secretaría de Administración Tributaria.--- Administración General de Aduanas.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en diciembre de 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de diciembre desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2005.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CONDECORACIONES

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el coronel de caballería DEM Julio César López Baquera, pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de comendador, que le otorga el gobierno de la República de Perú.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que se tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales del escrito en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el almirante Marco Antonio Peyrot y González pueda aceptar y usar la condecoración ``Legión al Mérito'', en grado de Comandante, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el capitán de corbeta José Gerardo Valcárcel del Barrio pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Wilfrido Robledo Luna pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'', que le otorga el gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el capitán de navío CG PH DEM Romel Eduardo Ledezma Abaroa pueda aceptar y usar la condecoración de la medalla ``Al Mérito por el Fortalecimiento de la Cooperación Técnico Militar con las Fuerzas Armadas de México'', que ha tenido a bien conferirle el Ministerio de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el capitán de corberta CG DEM Martín Enrique Barney Montalvo, pueda aceptar y usar la condecoración de la medalla ``Cruz del Mérito Naval de 2a Clase con Distintivo Blanco'', que le otorga la Armada del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el vicealmirante CG DEM. Alberto Castro Rosas, pueda aceptar y usar la condecoración de la medalla del Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia ``Por el Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', que ha tenido a bien conferirle el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y en conmemoración del 60o aniversario de la gran victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.

PROGRAMA ``LEGISLADOR AL CUIDADO DEL PAISANO''

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.-815 signado el 14 de noviembre de 2006 por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 400/003/2007 suscrito el 2 del actual por el licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta secretaría, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al programa ``Legislador al cuidado del paisano''.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

CONVENCION PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.-1466 signado el 12 de diciembre último por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número INMUJERES/SE/DGAAI/009/07 suscrito el 9 del actual por la licenciada Liliana Rojero Luévano, secretaria ejecutiva en funciones de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a ese organismo un informe detallado de las acciones emprendidas para dar cumplimiento y respuesta a las observaciones y recomendaciones entregadas al gobierno mexicano el pasado 25 de agosto de 2006, por el comité creado por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. III-675 signado el día 27 de marzo de 2003 por el senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. 311/006 suscrito el día 12 del actual por el arquitecto Mario S. González Torres, director general de Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como los anexos que en el mismo se mencionan en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar trimestralmente sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, correspondiente al cuarto trimestre del 2006.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

MEDIOS DE COMUNICACION

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.- 1464, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 312.A.- 001753, signado el 20 del mismo mes por el ingeniero Carlos A. Treviño Medina, director general de Programación y Presupuesto ``B'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, recursos suficientes para incrementar la difusión de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en medios masivos de comunicación.

Sin más por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Secretaría de Gobernación copias certificadas del acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe relativo a la sede y operación del centro en México, firmado en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 2006, acompañadas de un memorando de antecedentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 76, fracción I, de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento, con objeto de que la Cámara de Senadores tenga a bien considerar el citado acuerdo durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe y de Educación de la Cámara de Senadores.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Secretaría de Gobernación copias certificadas del acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Nueva Zelandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en Hanoi, Vietnam, el 16 de noviembre de 2006, acompañadas de un memorando de antecedentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento, con objeto de que la Cámara de Senadores tenga a bien considerar el citado acuerdo durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

SERVICIOS AEREOS

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Secretaría de Gobernación copias certificadas del convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la región de administración especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a los servicios aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el 20 de noviembre de 2006, acompañadas de un memorando de antecedentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento, con objeto de que la Cámara de Senadores tenga a bien considerar el citado convenio durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NUMERO 60

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Secretaría de Gobernación copias certificadas del acta de rectificación al acuerdo de complementación económica número 60 suscrito entre México y Uruguay (Tratado de Libre Comercio), emitida por la Asociación Latinoamericana de Integración, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 1o. de agosto de 2005, acompañadas de un memorando de antecedentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento, con objeto de que la Cámara de Senadores tenga a bien considerar la citada acta de rectificación durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Secretaría de Gobernación copias certificadas de la copia simple de las fracciones arancelarias omitidas y correcciones del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento, con objeto de que la Cámara de Senadores tenga a bien considerar las citadas fracciones arancelarias durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Comisión Permanente.

ARTICULOS 76 Y 89 CONSTITUCIONALES

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Secretarios de la Comisión Permanente.--- Edificio.

Remitimos a ustedes el expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 76, fracción I, y el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las aprobaciones de los congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, recibidas a la fecha.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente, del escrutinio y cómputo se informa que la Cámara de Diputados remitió las aprobaciones de las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 20 votos aprobatorios a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I, y el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se hace la siguiente declaratoria: La Comisión Permanente, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea

En oficios fechados el 11 y 12 de diciembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María de Lourdes Margarita Huesca Chico, Aldona Carolina Parra Hall, Héctor Oliver Reyes Luna y Eugenio Morales Brito puedan prestar servicios en las embajadas del Ecuador y de Australia respectivamente, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Margarita Huesca Chico, para prestar servicios como secretaria, en la embajada del Ecuador en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Aldona Carolina Parra Hall, para prestar servicios como asistente consular, en la embajada de Australia en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Héctor Oliver Reyes Luna, para prestar servicios como oficial de Visas, en la embajada de Australia en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Eugenio Morales Brito, para prestar servicios como asistente consular, en la embajada de Australia en México.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 4 de septiembre de 2006, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón, pueda prestar sus servicios como asistente jurídico consular, en la Embajada de Panamá en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 10 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón, para prestar servicios como asistente jurídico consular, en la Embajada de Panamá en México.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 21 de noviembre de 2006, la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asistente administrativo en la enfermería de la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 10 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para prestar servicios como asistente administrativo en la enfermería de la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 4 de diciembre de 2006, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En la sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 10 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano César Horacio López González, para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Álvaro Cisneros Herrera, para prestar servicios como empleado del Departamento de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Manuel Pimentel Peralta, para prestar servicios como mecánico en mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Maribel Cervantes Guerrero y Juan Manuel Sánchez Rosales puedan aceptar y usar la condecoración de la ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'', que les otorga el Gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Maribel Cervantes Guerrero para aceptar y usar la condecoración de la ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'', que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Sánchez Rosales para aceptar y usar la condecoración de la ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'', que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos general brigadier DEM Miguel Hurtado Ochoa, general brigadier DEM Rogelio Armando Patiño Canchola, general de brigada DEM Armando Onésimo Flores Morales, coronel de caballería DEM Carlos Eduardo Jiménez Macotela, coronel de artillería DEM Jesús Hernández Pérez, coronel de arma blindada DEM Marco Antonio Álvarez Reyes y coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA Sergio Alejandro Villalobos López puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al general brigadier DEM Miguel Hurtado Ochoa para aceptar y usar las condecoraciones ``Distinción al Mérito'' y Orden a los Servicios Distinguidos, que le otorga la Fuerza Aérea y el Ejército de la República Argentina.

Artículo Segundo. Se concede permiso al general brigadier DEM Rogelio Armando Patiño Canchola para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Militar ``General José María Córdova'', en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Artículo Tercero. Se concede permiso al general de brigada DEM Armando Onésimo Flores Morales, para aceptar y usar la medalla ``Fraternidad Combativa'', que le otorga el Gobierno de la República de Cuba.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al coronel de caballería DEM Carlos Eduardo Jiménez Macotela para aceptar y usar la condecoración ``Estrella Militar de las Fuerzas Armadas'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar'', que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Artículo Quinto. Se concede permiso al coronel de artillería DEM Jesús Hernández Pérez para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Monja Blanca'', en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

Artículo Sexto. Se concede permiso al coronel de arma blindada DEM Marco Antonio Álvarez Reyes para aceptar y usar la ``Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa, con sede en la ciudad de Washington, DC, EUA.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA Sergio Alejandro Villalobos López para aceptar y usar la ``Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa, con sede en la ciudad de Washington, DC, EUA.

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría que ponga a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes, Margarita Huesca Chico, Aldona Carolina Parra Hall, Héctor Oliver Reyes Luna y Eugenio Morales Brito para prestar servicios en las embajadas del Ecuador y de Australia en México, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón, para que pueda prestar servicios como asistente jurídico consular en la embajada de Panamá en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para que pueda prestar servicios como asistente administrativo en la enfermería en la embajada de Estados Unidos de América en México. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta para prestar servicios en las embajadas de Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León; y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maribel Cervantes Guerrero y Juan Manuel Sánchez Rosales para aceptar y usar la condecoración Cruz al mérito policial con distintivo blanco, que les otorga el Gobierno del Reino de España.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Hurtado Ochoa, Rogelio Armando Patiño Canchola, Armando Onésimo Flores Morales, Carlos Eduardo Jiménez Macotela, Jesús Hernández Pérez, Marco Antonio Álvarez Reyes y Sergio Alejandro Villalobos López, para aceptar y usar las condecoraciones Distinción al Mérito, Orden a los Servicios Distinguidos, Orden del Mérito Militar general José María Córdova, en grado de Gran Oficial, medalla Fraternidad Combativa, Estrella Militar de las Fuerzas Armadas; en grado de Estrella al Mérito Militar, medalla Monja Blanca; en grado de Primera Clase, medalla especial el medallón y la cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, que les otorgan la Fuerza Aérea y el Ejército de la República de Argentina y los gobiernos de las repúblicas de Colombia, de Cuba, de Chile y de Guatemala y la Junta Interamericana de Defensa, con sede en la ciudad de Washington, DC, Estados Unidos de América, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

El diputado José Antonio Muñoz Serrano (desde la curul): Antonio Muñoz, por la afirmativa.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Rodríguez Prats, a favor.

El senador Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Aguilar Coronado, sí.

El senador José González Morfín (desde la curul): González Morfín, a favor.

El senador Jorge Legorreta Ordorica (desde la curul): Legorreta Ordorica, a favor.

La diputada Gloria Lavara Mejía (desde la curul): Gloria Lavara, a favor.

El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): José Calzada, a favor.

El senador Mario López Valadez (desde la curul): Mario López, a favor.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Emilio Gamboa, a favor.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Javier González, a favor.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Octavio Martínez, a favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Andrade Quezada, sí.

El senador Andrés Galván Rivas (desde la curul): Galván Andrés, sí.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Castro Muñoz, sí.

El senador Ricardo Francisco García Cervantes (desde la curul): García Cervantes, sí.

La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): González Carrillo, sí.

El senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (desde la curul): Nava Bolaños, a favor.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal (desde la curul): Amador Leal, sí.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Cuauhtémoc Velasco, a favor.

El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): Gabino Cué, a favor.

El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): Ricardo Cantú, a favor.

La diputada Silvia Luna Rodríguez (desde la curul): Silvia Luna, por la afirmativa.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: ¿Falta algún legislador de emitir su voto?

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Violeta del Pilar Lagunes Viveros , de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Pacheco Rodríguez, a favor.

La Vicepresidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Lorena Martínez, a favor.

La Vicepresidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ruth Zavaleta, a favor.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Miguel Ángel Peña Sánchez , a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Zermeño Infante, sí.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Señor Presidente, 27 votos a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 27 votos, pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

GRADOS MILITARES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión con puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba que sólo se lean los puntos de acuerdo del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Se solicita a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2006, por el Presidente de la República, a favor del C. Teniente Coronel de Infantería José Salvador León Almaguer como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano José Salvador León Almaguer.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado del Estado Mayor Aéreo Leonardo Efrén Gómez Enríquez como coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea Piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Leonardo Efrén Gómez Enríquez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería, Alfonso Cristóbal García Melgar, como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Alfonso Cristóbal García Melgar.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Juan Martín Reyes Santibáñez como coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan Martín Reyes Santibáñez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de justicia militar y licenciado Ignacio Bueno de la Cruz como coronel de justicia militar y licenciado que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de justicia militar y licenciado, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de justicia militar y licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de justicia militar y licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ignacio Bueno de la Cruz.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2006 por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de caballería Arturo Trejo Sánchez, como coronel de caballería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de caballería se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de caballería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Arturo Trejo Sánchez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel ingeniero constructor Mario Álvarez Adjuntas como coronel ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel ingeniero constructor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel ingeniero constructor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel ingeniero constructor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Mario Álvarez Adjuntas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA, Valerio Ochoa Gaxiola, como coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador DEMA, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Valerio Ochoa Gaxiola.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Hernán Lagunas López, como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Hernán Lagunas López.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Moisés Escobar Juncos como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Moisés Escobar Juncos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel de justicia militar y licenciado Alberto Ramírez como coronel de justicia militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de justicia militar y licenciado se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de justicia militar y licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Alberto Ramírez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel intendente César Leopoldo Reyes Arias como coronel intendente que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel intendente se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel intendente, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel intendente, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano César Leopoldo Reyes Arias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del coronel de justicia militar y licenciado Miguel García Decena como general brigadier de justicia militar y licenciado, que el Ejecutivo de la unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado coronel de justicia militar y licenciado se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de general brigadier de justicia militar y licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de general brigadier de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Miguel García Decena.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2006, por el Presidente de la República, a favor del coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Joaquín Flores Ortiz, como general de grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de general de grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de general de grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Joaquín Flores Ortiz.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2006, por el Presidente de la República, a favor del coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Cruz Isaac Muñoz Navarro como general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes el interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Cruz Isaac Muñoz Navarro.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2006, por el Presidente de la República, a favor del coronel intendente Martín Hernández Bastar como general brigadier intendente, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado coronel intendente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de general brigadier intendente, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de general brigadier intendente que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Martín Hernández Bastar.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2006 por el Presidente de la República, a favor del coronel de fuerza aérea meteorólogo Fermín Isabel Sastre Reynaga como general brigadier meteorólogo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea meteorólogo se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de general brigadier meteorólogo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de general brigadier meteorólogo, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Fermín Isabel Sastre Reynaga.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel médico cirujano Cuauhtémoc Martínez Sánchez, como coronel médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel médico cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Cuauhtémoc Martínez Sánchez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández como coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de artillería diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Hernán Cortés Hernández.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel de infantería David Méndez García como coronel de infantería que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano David Méndez García.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2006 por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Enrique Rangel Carbajal como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Enrique Rangel Carbajal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano teniente coronel de zapadores David Mejía Guzmán como coronel de zapadores, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de zapadores, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de zapadores, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de zapadores, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano David Mejía Guzmán.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2006 por el Presidente de la República a favor del teniente coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación J. Alfredo Moreno Ruiz como coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano J. Alfredo Moreno Ruiz.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudió y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2006, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Fidencio Flores Lizaola, como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Fidencio Flores Lizaola.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquese al Ejecutivo.

UNIDADES MIXTAS DE ATENCION AL NARCOMENUDEO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Puebla y al procurador general de la República a poner en funcionamiento las unidades mixtas de atención al narcomenudeo

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al procurador General de la República a poner en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, señaladas en el Convenio de Colaboración y Coordinación celebrado el 23 de septiembre de 2004, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del PAN, presentada en la sesión del 10 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición con punto de acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La autora de la proposición invoca el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 3o., 4o., 10, 11 y 13 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para sustentar su información de que es imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración institucional para el combate eficiente y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente el narcomenudeo, fenómeno que en los últimos años se ha incrementado y que afecta a todos los grupos poblacionales, particularmente a la niñez y juventud.

Que el estado libre y soberano de Puebla y la Procuraduría General de la República, celebraron un Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de justicia.

Que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se convino en la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y que el 23 de septiembre de 2004, la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla, celebraron un convenio que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de coordinación para la colaboración técnica y operativa que deberán brindarse, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de coordinar la realización de acciones conjuntas e integrales tendientes a combatir el narcomenudeo en el estado de Puebla. Se estableció un plazo de 90 días para la entrada en funcionamiento de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, plazo que se cumplió el 23 de diciembre de 2004.

II. Concluye la proponente señalando que ambos niveles de gobierno se comprometieron a proveer lo necesario para instalar en los locales o edificios que determinaran conjuntamente, a propuesta del gobierno del estado de Puebla, las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, conforme a la valoración de la problemática existente de narcomenudeo y la capacidad institucional de atención y respuesta.

La proposición de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros es omisa en proponer la redacción del punto de acuerdo que anuncia y argumenta en su capítulo de consideraciones.

III. La comisión dictaminadora, no obstante que la proposición con punto de acuerdo es omisa en proponer precisamente la redacción de un punto de acuerdo concreto, comparte las inquietudes expresadas por la proponente y hace suyo el objetivo planteado de que los legisladores cuenten con la información relacionada con el cumplimiento del Convenio General de Coordinación y Colaboración que prevé la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y, concretamente, el Convenio celebrado el 23 de septiembre de 2004, entre la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla, en el que se acordó la entrada en funcionamiento en dicha entidad de las referidas unidades mixtas a partir del 23 de diciembre de 2004.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En el ámbito de colaboración entre los poderes, la del Congreso de la Unión solicita atentamente del procurador General de la República informe a esta soberanía, a la brevedad posible en virtud de que esta Comisión Permanente cierra su ejercicio correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LX Legislatura el 31 de enero de 2007, y en términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el avance en el cumplimiento del Convenio General de Coordinación y Colaboración que prevé la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y, en particular, del Convenio celebrado entre dicha Procuraduría y el gobierno del estado de Puebla, para instalar y poner en funcionamiento dichas unidades de atención en esa entidad federativa.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en términos de su jurisdicción y competencia, provea a que las autoridades federales, las estatales y las municipales respeten los derechos humanos, y garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 10 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina sustenta su propuesta en el concepto de los derechos humanos, en su evolución histórica y en la importancia que tienen para la construcción de toda sociedad, destacando su carácter de universales, prioritarios y no negociables; señala que desde hace varias décadas se ha suscitado la violación de derechos humanos de mujeres y hombres, siendo una de las causas más frecuentes la persecución por razones políticas y conceptos ideológicos. Cita la represión al movimiento estudiantil de 1968, lo acontecido en el vado de Aguas Blancas y los asesinatos en la comunidad de Acteal, para luego referirse a los recientes acontecimientos del estado de Oaxaca, destacando: Que después de ocho meses del inicio de un conflicto político--social, el ambiente que prevalece en Oaxaca es triste y desconsolador; en muchos centros escolares de la entidad los maestros no han podido iniciar clases; se sabe del acoso gubernamental en contra de quienes se identifican con la APPO, y en diversas colonias, barrios y agencias municipales se vive una clara ofensiva contra todo aquél que no comulgue con el gobierno; la economía del estado continúa en declive; y por si lo anterior no fuera suficiente, señala el proponente, el gobierno tomó ``la decisión de criminalizar el movimiento social que su propia torpeza propició''. ``La nueva etapa de la crisis política que se vive en Oaxaca pasa por la persecución de los defensores de los derechos humanos que han hecho del movimiento social oaxaqueño su propia lucha.''

Añade el proponente que ``se ha desatado una guerra sucia contra más de 40 organizaciones civiles de derechos humanos en el estado, por la intolerancia, impunidad y autoritarismo que aún permanece en Oaxaca, además de no respetar los derechos y libertades fundamentales que garanticen el pleno desarrollo de su actividad''.

Concluye el legislador en cuestión, al proponer un punto de acuerdo ``Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física, psicológica y jurídica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, salvaguardando lo dispuesto por nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por México.''

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora comparten sustancialmente la preocupación y propuesta de punto de acuerdo formulada por el senador Gabino Cué Monteagudo.

Sin embargo, se estima que la entidad competente en materia de garantías y protección de los derechos humanos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los términos del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase el asunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos en términos de su jurisdicción y competencia, a fin de que provea a que las autoridades federales, estatales y municipales respeten los derechos humanos y garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral a garantizar en el ajuste de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2007 el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho instituto

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición Con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral a garantizar, en el ajuste a su Presupuesto para el Ejercicio 2007, el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, a cargo del senador Guillermo Anaya Llamas y suscrita por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 10 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. Los proponentes de la proposición con punto de acuerdo sustentan ésta en lo siguiente:

• Que durante la revisión del proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, representantes del Instituto Federal Electoral explicaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados los diversos componentes del Proyecto de Presupuesto del Instituto citado, señalando que en los proyectos institucionales contemplados en la propuesta original se privilegiaba la actualización y depuración del padrón electoral, entre cuyos objetivos principales se encuentra el de contar con un padrón electoral actualizado y de mejor calidad que garantice y consolide las elecciones federales, la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos en los comicios de 2009 y 2012.

II. La Comisión Dictaminadora coincide plenamente con la propuesta formulada por los legisladores proponentes y estima procedente en sus términos el Punto de Acuerdo correspondiente, en virtud de que se considera de alta prioridad el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho Instituto Federal Electoral.

Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora se pronuncia por la procedencia de exhortar al Instituto Federal Electoral en los términos antes indicados, reconociendo y respetando expresamente la calidad de organismo autónomo que le otorga la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral para que en su carácter de organismo constitucional autónomo, de acuerdo a sus atribuciones, adopte las medidas y resoluciones necesarias para que, en relación al ajuste de su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para dicho ejercicio, se garantice el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho Instituto.

CRIMEN ORGANIZADO

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión cita a comparecer ante la Primera Comisión a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública para que informen sobre la situación general que prevalece en materia de seguridad pública a nivel nacional y de los operativos especiales realizados en Michoacán y Tijuana

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura le fueron turnadas las proposiciones con punto de acuerdo, presentadas en la sesión del 10 de enero de 2007, siguientes:

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo antes listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

Las proposiciones con punto de acuerdo que se citan fueron presentadas en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007, y en la misma fecha fueron turnadas para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora considera pertinente reproducir literalmente los puntos de acuerdo de las proposiciones antes citadas, conforme a lo siguiente:

II. Como se puede apreciar claramente, las proposiciones con punto de acuerdo citadas tienen en común: la materia, en cuanto que todas ellas se refieren de manera general al problema de la seguridad pública nacional y en particular al crimen organizado y al narcotráfico; y el objetivo de solicitar de diversos titulares de dependencias y entidades responsables de la seguridad pública su comparecencia a efecto de que informen sobre la situación que prevalece a nivel nacional en esta materia y concretamente sobre los operativos que se han desarrollado en varios estados de la república y sus resultados.

El senador Alejandro Moreno Cárdenas y el diputado Juan de Dios Castro Muñoz se refieren específicamente a los operativos para combatir el crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico en los estados de Michoacán y de Baja California. El diputado Castro Muñoz argumenta que las comparecencias de funcionarios federales de primer nivel ante el Poder Legislativo, por costumbre son solicitadas por un partido diferente al que pertenece el Presidente de la República, pero reflexiona que es de importancia para los legisladores, como representantes populares, ``conocer los alcances, procedimientos, recursos, resultados y la situación actual que guardan los estados de Baja California y Michoacán en cuanto a la seguridad pública respecto a los operativos implementados por el Gobierno Federal a solicitud de los respectivos gobiernos estatales''.

La senadora Claudia Corichi García pondera la situación prevaleciente en materia de seguridad pública y destaca como particularmente preocupante el desarrollo del narcotráfico, concluyendo: ``El narcotráfico ha irrumpido en la vida nacional, a nuestras vidas, y hoy los ciudadanos y el Estado mismo, tenemos que lidiar con su nefasto poder''.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila enfatiza su preocupación por la militarización de algunas regiones del país y la politización de dichas medidas: ``En México politizamos la justicia y el resultado es una profunda crisis de credibilidad de nuestras instituciones, militarizando el combate al crimen organizado simplemente enfrentaremos un proceso de descomposición de las fuerzas armadas mexicanas, similar al que se vivió en Colombia, Perú, Bolivia o Brasil'' y concluye: ``Estamos frente a una estrategia política que disfrazada de combate al crimen organizado se inclina por movilizaciones costosísimas y de pocos resultados, cuyo único fin es sentar las bases de las campañas políticas en los lugares donde habrá elecciones próximamente''.

III. Por la coincidencia en el planteamiento de la problemática, en los objetivos y mecanismos para atenderla, la Comisión Dictaminadora estima procedente integrar las cuatro proposiciones con punto de acuerdo como materia de análisis, discusión y propuesta de punto de acuerdo de este dictamen.

IV.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden sustancialmente con las inquietudes y planteamientos de los autores de las proposiciones en cuestión y hace suya la consideración principal de que el Poder Legislativo requiere de una información oportuna, puntual y suficiente sobre la situación que guarda la seguridad pública en el país, en especial la relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico; sobre las medidas que se han implementado o se están proyectando para combatir estos fenómenos tan dañinos para la sociedad nacional; sobre los operativos especiales que se desarrollaron en diciembre próximo pasado en el estado de Michoacán y en enero del presente año en el municipio de Tijuana, estado de Baja California, y sobre los resultados obtenidos al respecto.

V. En virtud de la participación y las facultades que las secretarías de Defensa Nacional y de Marina han tenido en la participación de los operativos especiales realizados en diciembre de 2006 en el estado de Michoacán y enero de 2007 en el municipio de Tijuana, Estado de Baja California y en virtud de que esta Comisión Permanente cierra su ejercicio correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura el 31 de enero de 2007, es que los integrantes de la Comisión Dictaminadora hemos considerado que es más conveniente una reunión de trabajo en breve con los titulares de ambas dependencias para que informen sobre la evaluación de su costo y resultados obtenidos de dichos operativos.

VI. Que en reunión previa de la comisión que dictamina, sus integrantes reconocieron la responsabilidad que tiene la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública en el país y en mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión cita a comparecer, ante la Primera Comisión de Trabajo, a los titulares de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública para que informen a esta soberanía sobre la situación general que prevalece en materia de seguridad pública a nivel nacional; de las medidas adoptadas y por implementar para el combate particular del crimen organizado y el narcotráfico, y de los operativos especiales realizados en diciembre de 2006 en el estado de Michoacán y enero de 2007 en el municipio de Tijuana, estado de Baja California, incluyendo una evaluación de su costo y resultados obtenidos.

Segundo. En el ámbito de colaboración entre los poderes, la del Congreso de la Unión solicita de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, en términos de lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirvan informar a esta comisión, en reunión de trabajo con la Primera Comisión, sobre su participación en los operativos especiales realizados en diciembre de 2006 en el estado de Michoacán y enero de 2007 en el municipio de Tijuana, estado de Baja California, incluyendo una evaluación de su costo y resultados obtenidos.

Se solicita igualmente que estas reuniones se verifiquen a la brevedad posible, en virtud de que esta Comisión Permanente cierra su ejercicio correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura el 31 de enero de 2007.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecámac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y al Congreso del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecámac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD, presentada en la sesión del 10 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora consideró pertinente reproducir literalmente los siguientes párrafos del capítulo de consideraciones de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina:

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al análisis de las consideraciones y punto de acuerdo materia de la propuesta y encontraron que se trata de un asunto que corresponde a la jurisdicción y competencia del gobierno del estado de México. Basta leer las propias consideraciones del proponente que invoca el Plan del Centro de Población Estratégico de Ecatepec 1982-1984, expedido por el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo González; hace referencia a las diversas gestiones que han realizado las autoridades de los municipios de Ecatepec, Tecámac y Acolman, ante el gobierno del estado de México; cita el decreto de 13 de junio de 1985 en el que el pueblo de Santo Tomás Chiconautla celebró con el gobierno del estado de México; invoca el artículo 12 del Reglamento Interior de la Comisión de Límites del estado de México, así como el artículo 13 de la Ley para la Creación de Municipios del estado de México, y se sustenta en la fracción XXV del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

También cita, el legislador proponente, la existencia de una controversia constitucional por el conflicto de límites entre Ecatepec y Tecámac-Acolman, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mayo del 2002, que fue desechada por improcedente, así como el juicio de amparo de 7 de agosto de 2003, cuya resolución de 29 de junio de 2005 señala: ``En consecuencia procede conceder el amparo y protección de la justicia federal al ayuntamiento constitucional de Ecatepec de Morelos... para que la Legislatura del estado de México en un término improrrogable de 30 días hábiles, contados a partir de que cause ejecutoria la sentencia que se dicta, emita la resolución que en derecho corresponda, respecto al conflicto de límites planteados por la parte quejosa''. El 15 de agosto de 2005, la LV Legislatura del estado de México interpuso recurso de revisión, que aún no se resuelve.

Consecuentemente, resulta de las consideraciones del mismo proponente, el Congreso de la Unión carece de atribuciones para intervenir de manera alguna en el asunto materia de este dictamen.

III. Por otra parte, conforme al artículo 40 de la misma Constitución General de la República, la federación esta compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 y 116 constitucionales. La federación solo tendrá injerencia en aquellos asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27, 28, 29, 73, 74, 76, 78, 79 fracción I párrafo segundo, 99 fracción IV, 102 último párrafo, 103, 104 fracciones I y V, 105, 106, 108 párrafo Tercero, 110 párrafo segundo, 111 párrafo quinto, 118, 119, 122 apartado A, 123, 131 y 133.

Respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, la comisión dictaminadora estima que para atender la preocupación del autor de la proposición que se dictamina, procede remitir el presente asunto al gobernador y al Congreso del estado de México para su conocimiento y atención, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase la proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno y al Congreso del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecámac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas , al gobernador y al Congreso del estado de México, para su conocimiento y efectos en términos de su jurisdicción y competencia.

GUANTANAMO

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo

Honorable Asamblea

A la Segunda Comisión de la del Congreso de la Unión le fue turnado el pasado 10 de enero del 2007, para su consideración y posterior dictamen un Punto de Acuerdo, con calidad de urgente resolución, solicitando que la del Congreso de la Unión se una ala petición mundial con respecto del cierre de Guantánamo.

La Segunda Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la H. Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

La desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció un grupo de trabajo desde junio de 2004 para dar seguimiento a la situación de los detenidos en la prisión de Guantánamo. Dicho grupo de trabajo fue conformado por los relatores de los Grupos de Trabajo sobre detención arbitraria; independencia de jueces; sobre tortura Y otros castigos crueles, inhumanos y degradantes; libertad de religión; entre otros. El 21 de septiembre de 2006, el Consejo de Derechos Humanos discutió el reporte presentado por estos relatores sobre la situación de los detenidos en la prisión de la bahía de Guantánamo. ¹ En dicho análisis, se concluye que los allí detenidos han sufrido distintas vejaciones, violaciones a sus derechos humanos Y religiosos, así como tratos degradantes.

Como consecuencia de esto, el pasado 11 de enero del 2007, para celebrar el quinto aniversario de la llegada de los primeros detenidos a la prisión de la bahía de Guantánamo, diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, celebraron una jornada de protesta en diversas ciudades demandando a Estados Unidos el cierre de la prisión de Guantánamo, como también lo señaló el reporte citado en su recomendación número 96.

Así, el 10 de enero del 2007 se presenta ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso el punto de acuerdo mencionado, que fue analizado para su dictamen con base a las siguientes

Consideraciones

La política exterior de México ha puesto énfasis en la protección de los derechos humanos, en cualquier situación Y sin importar las creencias religiosas, nacionalidad o estatus económico.

El debate sobre la necesidad y actualidad de los derechos humanos es más necesario que nunca. Resulta innegable que muchos países se consideran obligados a tomar precauciones extremas para evitar posibles actos terroristas en contra de su población. De este modo, se han desarrollado intensas discusiones para definir cuál debe ser el límite entre las medidas diseñadas para proteger a la población general y las violaciones flagrantes Y abiertas en contra de los derechos humanos.

Como lo señalan los legisladores promoventes en sus consideraciones, un gran número de los detenidos en la prisión de Guantánamo no han sido acusados de algún crimen concreto, y solamente 10 de ellos han recibido acusaciones formales, de acuerdo a las fuentes citadas.

El argumento que Estados Unidos ha esgrimido para justificar estas condiciones es que los detenidos eran combatientes ilegales, y por lo tanto los tratados internacionales en la materia no eran aplicables. Sin embargo, el reporte señala en su conclusión # 83 que ``la normativa internacional de derechos humanos es aplicable al análisis de la situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo. En efecto, la normativa de derechos humanos se aplica en todo momento, incluso durante las situaciones de emergencia y los conflictos armados. La lucha contra el terrorismo, como tal no constituye un conflicto armado a los efectos de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario'' .

México condena abiertamente los actos terroristas, por considerarlos como una seria amenaza a la paz mundial y a la estabilidad necesaria para alcanzar los objetivos plasmados en la Carta de las Naciones Unidas. Adicionalmente, y en plena congruencia con los principios de política exterior establecidos en el artículo 89 de la Constitución, México no considera que el combate al terrorismo sea una justificante para la violación de los derechos legales, humanos y religiosos de las personas.

No obstante lo anterior, el punto de acuerdo presentado ante esta Segunda Comisión Permanente no hace referencia a las recomendaciones realizadas por los relatores, ni tampoco menciona el hecho de que Estados Unidos ha tomado medidas en fechas recientes tendientes a cumplir con las recomendaciones, como es la liberación de 16 prisioneros de origen saudita en diciembre pasado.

De igual modo, la proposición con punto de acuerdo presentada señala como una de las consideraciones que debe tener en mente la Comisión Permanente para solicitar el cierre de la prisión de Guantánamo es el ``desprecio'' que Estados Unidos tiene por el derecho internacional. Esta afirmación no toma en cuenta el gran debate que se ha desatado en la opinión pública en ese país, la difusión de los detalles sobre las condiciones de los detenidos en dicha prisión y en otras, como Abu Ghraib, en Irak, ni tampoco considera que es precisamente a través de las instituciones internacionales en donde este tipo de problemas debe ser discutido, analizado y resuelto.

La Segunda Comisión considera que sin lugar a dudas es motivo de indignación en todos los países este tipo de conductas, pero los buenos oficios de dichas naciones tendrán más eco y oportunidades de éxito si son canalizadas de modo conjunto en el foro indicado.

Adicionalmente, el punto de acuerdo solicita que el Ejecutivo se dirija al Congreso de EE.UU., cuando la contraparte natural del Presidente de la República es el mismo Presidente de EE.UU., su homólogo. Si bien no hay nada que impida al Presidente de nuestro país dirigirse directamente a legisladores de otro, ésta no es una práctica política ni diplomáticamente adecuada, toda vez que los contactos entre autoridades deben ser realizados entre autoridades equivalentes, por lo que esta Segunda Comisión que dictamina, considera que es el diálogo político entre legisladores y la diplomacia parlamentaria el mecanismo adecuado para hacer saber al Congreso Norteamericano las posiciones, reflexiones y principios sustentados por el Congreso mexicano.

En todo caso, correspondería solicitar al Ejecutivo federal mexicano que por la vía de una nota diplomática, transmita al Ejecutivo de los Estados Unidos la preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, en los términos expresados por los relatores de la ONU, por lo que se hace urgente asumir sus recomendaciones.

Finalmente, si bien el punto de acuerdo señala la inmediata necesidad de liberar a todos aquellos prisioneros que no tengan alguna acusación formal, no menciona absolutamente nada respecto de investigar y castigar a las autoridades responsables de permitir e implementar estos abusos, contrarios no sólo a las leyes internacionales sino también a la misma legislación de EE.UU. en la materia, como recomendó el informe citado en la conclusión 99.

Esta Segunda Comisión considera que para abordar el problema de una manera incluyente no debe solamente de atenderse los casos de los actualmente detenidos, sino castigar el hecho en sí mismo para evitar que se repita en el futuro.

De lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión concluye que si bien el problema aludido por los legisladores promoventes efectivamente requiere de un pronunciamiento por parte de nuestro país, dicha declaración debe ser realizada por el Ejecutivo, de acuerdo a las atribuciones que le concede la Constitución.

Asimismo, se concluye que además de hacer dicho pronunciamiento, debe expresarse el deseo de México de que EE.UU. acuda a las instancias internacionales sobre la materia para discutir el tema y tomar las previsiones adecuadas.

Por tanto, la Segunda Comisión de la del Congreso de la Unión emite los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, y declara en el quinto aniversario del arribo de los primeros detenidos que es urgente el retomar las recomendaciones de los relatores de la ONU en esta materia.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión declara que es indispensable evitar que estas deplorables acciones se repitan, por lo que expresa su deseo de que se investiguen detalladamente los casos de las violaciones a los derechos legales, humanos y religiosos de los detenidos.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace votos para que en el seno de las instituciones internacionales se continúen las discusiones para erradicar estas condenables prácticas, y para que la ONU retome el liderazgo en este tema dentro del Consejo de Derechos Humanos.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal Mexicano que por la vía de una nota diplomática, transmita al Ejecutivo de los Estados Unidos la preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, en los términos expresados por los relatores de la ONU, por lo que se hace urgente asumir sus recomendaciones.

Nota: 1 Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo, Informe de la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Leila Zerrougui; del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy; del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak; de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Asma Jahangir; y del Relator Espedal sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Paul Hunt, ONU, Comisión de Derechos Humanos, 27 de febrero del 2006. El reporte original fue publicado en inglés, disponible en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/112/79 /pdf?OpenElement.

MEXICO-GUATEMALA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias bilaterales México-Guatemala

Honorable Asamblea

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por la pronta realización de una Reunión Interparlamentaria entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala, presentado por la senadora Adriana González Carrillo y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Segunda Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la H. Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

El 10 de enero de 2007, fue turnada a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo presentada por la senadora Adriana González Carillo (PAN) y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN). Los resolutivos propuestos son:

Los legisladores Adriana González Carrillo y Alejandro Landero Gutiérrez argumentan que ``México y Guatemala compartimos una frontera de 967 kilómetros a lo largo y ancho de la cual conviven más de un millón de mexicano y medio millón de guatemaltecos que ahí habitan. Compartimos las oportunidades y los desafíos de nuestra vecindad y compartimos, sin duda, intereses comunes de relevancia para el futuro de la región centroamericana''.

Asimismo, señalan que ``la frontera sur de México es un espacio de vecindad económica, cultural, física y comercial entre pueblos, comunidades y regiones que tienen una enorme importancia para la seguridad y el bien común de la región mesoamericana. Desde el río Suchiate que separa a Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo que separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más frecuente el paso de migrantes documentados o indocumentados provenientes de otras naciones que intentan /legar a territorio estadounidense. Se calcula que cada día un promedio de 200 guatemaltecos cruzan la frontera sur de México buscando mejores oportunidades en aquel país''.

Finalmente, subrayan la importancia del tema de la seguridad fronteriza. ``Las maras, la trata de personas, el tráfico de drogas, de armas y de automóviles robados, así como el lavado de dinero son desafortunadamente fenómenos constantes en nuestra región fronteriza. Por ello hoy más que nunca se requiere de una agenda de seguridad regional específica y una estrategia de cooperación transfronteriza que reconozca la responsabilidad compartida entre México y Guatemala''.

La Segunda Comisión de la Comisión Permanente, tomando en cuenta las reflexiones de la senadora Adriana González Carrillo y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez , realiza las siguientes

Consideraciones

El 24 de septiembre de 1986, el Senado de la República aprobó la propuesta de la Gran Comisión para la celebración anual de reuniones interparlamentarias México-Guatemala, sobre la base de que en dichos encuentros se realizarían alternada y sucesivamente en cada uno de los dos países, en sedes, fechas y con las agendas que serían determinadas oportunamente por los respectivos Congresos.

Los Congresos de México y Guatemala sostuvieron su primera Reunión Interparlamentaria en 1986. A partir de esta fecha y hasta 1989 se llevaron a cabo anualmente dichas reuniones, en donde se trataron diversos temas como la cooperación económica y financiera, la migración, los refugiados guatemaltecos en territorio mexicano, el narcotráfico y el crimen organizado, el medio ambiente y la salud en la zona fronteriza, etc.

En la reunión celebrada en 1989, en el comunicado conjunto se concluyó que la ``cooperación parlamentaria bilateral ha venido siendo un instrumento eficaz que debe seguirse fomentando, puesto que ha contribuido de manera relevante al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países''.

Sin embargo, en los últimos años no se han realizado los encuentros parlamentarios, mientras que la relación bilateral se ha fortalecido a través de la firma de diversos acuerdos como el Tratado Libre con el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), el Acuerdo de Repatriación segura y ordenada de migrantes centroamericanos en las fronteras de México y Guatemala, entre otros.

La Segunda Comisión considera que es necesario privilegiar el espacio de diálogo y colaboración política con este país debido a los siguientes intereses:

Esta comisión subraya que para México, en los últimos años, la frontera sur se ha convertido en un tema de especial atención en el ámbito de la seguridad, debido a los retos que ha impuesto la lucha contre el terrorismo internacional a partir de los eventos de septiembre de 2001.

Asimismo, considera que la administración eficiente de la frontera sur de México, implica la cooperación con Guatemala en:

Por otro lado, la Segunda Comisión aprecia que en los últimos años se han registrado en Guatemala diversos acontecimientos que deben ser de interés para los legisladores mexicanos, por el impacto directo en la relación con nuestro país, como la firma y entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio con Taiwán y el Acuerdo de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y Estados Unidos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana).

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora comparte el interés de los proponentes por celebrar una reunión interparlamentaria con Guatemala, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de la relación bilateral.

Es por lo anteriormente expuesto que la Segunda Comisión de la Comisión Permanente resuelve los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión se pronuncia por el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias bilaterales México-Guatemala, a través del reinicio de la celebración de reuniones interparlamentarias anuales entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.

Segundo. La del Congreso de la Unión hace un llamado a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República, a fin de que impulse las negociaciones conducentes con el Congreso de la República de Guatemala para la celebración de una reunión interparlamentaria, en el transcurso del 2007.

EMPRESA ISOSA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, y al procurador general de la República que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y al procurador general de la República investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 10 de enero de 2007, el senador Carlos Lozano de la Torre, presentó un punto de acuerdo por el que solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y al Procurador General de la República investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 16 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

Considerandos

1. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

2. La propuesta que se analiza señala que derivado de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados; en 1993 se contrató el servicio de procesamiento electrónico de datos a la empresa ISOSA.

Que una de las cuestiones que más preocupa en la actualidad, es el hecho de que datos tan importantes como los relacionados con los despachos aduaneros se encuentren en poder de empresas privadas.

3. Esta comisión dictaminadora coincide con el planteamiento de que es preocupante el hecho de que empresas privadas pudiesen hacer mal uso de información que debe ser resguardada por el gobierno federal, caso específico, los servicios relacionados con el despacho aduanero.

4. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del asunto que se analiza y por ello considera necesario que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, realicen una investigación, dentro del ámbito de sus competencias para determinar si existieron ilícitos, por parte de la empresa ISOSA, en el manejo de la información, durante su operación en las aduanas mexicanas.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y al Procurador General de la República, a efecto de que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México e informen de los resultados al Congreso de la Unión.

LECHE LICONSA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal la aplicación de un subsidio al litro de leche que distribuye Liconsa

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche que distribuye Liconsa.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 10 de enero de 2007, el diputado Raúl Cervantes Andrade , presentó un punto de acuerdo por el que solicita al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche que distribuye Liconsa.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 16 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

5. La propuesta que se analiza establece que el Congreso de la Unión por carecer de facultades no pudo modificar el precio de la leche, pero si previó recursos, es decir, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se aprobaron 350 millones de pesos para que Liconsa subsidie con 50 centavos el litro de la leche que distribuye.

Considerandos

1. La comisión dictaminadora reconoce la trascendencia de los hechos que dan sustento a la proposición que se examina, derivado del incremento formal del costo de la leche que distribuye Liconsa, que entró en vigor el 17 de noviembre de 2006.

Liconsa es una empresa paraestatal con una historia que ha contribuido en el adecuado desarrollo físico y mental de los niños, sobre todo de los que viven en condiciones de pobreza extrema.

El objetivo del programa de leche Liconsa consiste en contribuir a la nutrición y desarrollo de capacidades, garantizando un beneficio en el ingreso de las familias en condiciones de pobreza, con vitaminas y minerales, a un precio accesible determinado por el consejo de administración de la paraestatal citada.

2. Por ello, el Congreso de la Unión ha realizado esfuerzos para que el gobierno federal reconsidere el aumento a la leche Liconsa; a través de las siguientes acciones:

El 14 de diciembre de 2006 compareció ante la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, el licenciado Jesús Galván Muñoz, director general de Liconsa, quién les mostró a los legisladores a través de datos contables que la empresa requería la implementación del aumento para evitar problemas financieros y no afectar la producción de la leche en su totalidad.

3. Adicionalmente a lo anterior, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, los diputados federales aprobaron una partida presupuestal a Liconsa con el fin de apoyar a la institución y con ello buscar disminuir el precio de la leche, el autor de la proposición afirma que de la partida fue asignando un monto específico para el subsidio de la leche, mismo que aún no se ha aplicado.

4. Esta comisión tiene en cuenta que los artículos 36 y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales facultan a sus órganos de gobierno, como es el caso del Consejo de Administración de Liconsa, para fijar y ajustar los precios de bienes, y servicios que produzca o preste la entidad paraestatal. Además, que es facultad del Poder Ejecutivo diseñar los programas sociales y proponer el presupuesto para su ejecución.

5. De las consideraciones que anteceden, se busca exhortar al gobierno federal, a través de las instancias correspondientes, para que aplique los subsidios necesarios a la leche Liconsa.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal en el ámbito de la colaboración entre poderes, para que a través de las instancias correspondientes se apliquen los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para que con la instrumentación de dicha medida, se disminuya el precio actual de la leche que distribuye Liconsa, para pasar de 4.50 a 4 pesos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se reserva algún punto de acuerdo para su discusión. El senador Monreal ha reservado de la Segunda Comisión de trabajo, el punto de acuerdo relativo a la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo. Si algún legislador desea reservar algún otro punto de acuerdo... Dígame.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal (desde la curul): Para reservar el punto de acuerdo sobre Puebla.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Alberto Amador, para reservar el punto de acuerdo relativo a la situación en Puebla.

El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): Quiero reservar el punto de acuerdo sobre Liconsa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El senador José Calzada, para reservar también el punto de acuerdo relativo a la leche Liconsa.

¿Algún otro legislador? El diputado Miguel Ángel Peña, para reservar el punto de acuerdo...

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la crul): Reservo la excitativa a la Comisión de Economía, diputado Presidente.

GUANTANAMO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, para hablar sobre el punto de acuerdo de la Segunda Comisión de trabajo donde se expresa la preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo y declara urgente retomar las recomendaciones de los relatores de la ONU.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente; señoras y señores legisladores: nuestro voto a favor de esta comunicación, de este punto de acuerdo, ayer fue comunicado en la comisión respectiva.

El dictamen acusa, con toda razón, al gobierno estadounidense de justificar diversas formas de violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas en la irregular cárcel de Guantánamo y en esa protesta estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, no podemos simplemente apoyar esa proposición sin voltear a ver las brutales represiones de que han sido objeto diversos grupos de la sociedad mexicana.

Las irregularidades con la que son detenidos, recluidos o simplemente desaparecidos, así como la impunidad que se brinda desde el estado a gobernadores, procuradores, mandos policíacos y otras esferas del poder público.

En el caso más reciente, la represión reiterada del gobierno del estado y la perpetrada por el gobierno federal para liberar el centro de la ciudad de Oaxaca, han dejado desde el inicio del conflicto un saldo de 20 muertos, más de 200 heridos, 36 desaparecidos y 105 detenidos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Senador Monreal. Con todo respeto le pediría que se refiera al tema, que es la situación de los detenidos en la cárcel de Guantánamo.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Presidente: estoy en el tema y, mire usted, la incongruencia de admitir a un punto de acuerdo criticando a Guantánamo, hace 15 días repudiamos los ataques terroristas del aeropuerto Barajas en la ciudad de Madrid, España, donde hubo dos desaparecidos ecuatorianos y aquí en México, donde hay 20 muertos, donde hay cientos de desaparecidos no somos capaces de condenar la represión del pueblo oaxaqueño.

Es simple y sencillamente candil de la calle, oscuridad de la casa. Ese es el tema de fondo, Presidente. Que la Comisión Permanente condena hechos de otros países y no es capaz de condenar lo que en nuestro propio país existe. Una brutal represión contra el pueblo de Oaxaca, una brutal persecución contra los oaxaqueños, y ahí sí todos estamos callados, nadie es capaz de levantar la voz por esa gente perseguida, hostigada, apresada, a la que se le han violado los más elementales derechos humanos. Ayer mismo, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos ha dicho de qué manera se violaron los derechos humanos de los oaxaqueños. Es verdaderamente indignante lo que está pasando en Oaxaca, en complicidad el gobierno federal con el gobierno del estado y esta Comisión Permanente se mantiene, como también cómplice de la violación de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

Por eso, a pesar de que estamos de acuerdo con la condena de Guantánamo, estamos en contra de la violación de los derechos humanos de los presos en esta cárcel clandestina. También tenemos que decir que en México hay una brutal represión contra el pueblo de Oaxaca y organizaciones civiles, y que hay una persecución permanente contra los luchadores sociales de este país. No podemos quedarnos callados, y por eso también reprobamos lo que en México sucede con la violación flagrante y permanente de los derechos humanos de los mexicanos.

Sé que les incomoda, pero cómo es posible que hablemos de la violación de derechos humanos, del terrorismo sucedido y suscitado en otras latitudes del mundo y no seamos capaces de condenar lo que en México, a los propios mexicanos les está ocurriendo. Es simple y sencillamente candil de la calle, oscuridad de la casa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal.

UNIDADES MIXTAS DE ATENCION AL NARCOMENUDEO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, para referirse al punto de acuerdo de la Primera Comisión, que exhorta al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República, a poner en funcionamiento las unidades mixtas de atención al narcomenudeo.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Compañeras y compañeros senadores, diputados. Antes que nada, reconocer la sensibilidad y la oportuna presentación de este punto de acuerdo a cargo de la compañera diputada Violeta Lagunes.

A veces, compañeros legisladores, en la vorágine de los acontecimientos o en el supuesto replanteamiento de las grandes cuestiones nacionales, vamos perdiendo la ejecución, el hilo conductor de las políticas públicas que hacen realidad o que deben hacer realidad el combate directo a fenómenos como este lacerante problema del narcotráfico y su derivación en el narcomenudeo.

En segundo término, reconocer que ninguna entidad de la República está exenta de este mal que se expande y se prodiga por todos lados, y seguramente tampoco lo está el estado de Puebla, al tiempo que quiero hacer notar, no obstante, que es de las entidades federativas con un menor índice delictivo.

Baste mencionar, por ejemplo, que sólo este mes --tengo aquí la estadística de ejecuciones vinculadas al narcotráfico-- hay 132 ejecuciones registradas en el sistema de información de procuración y en el de seguridad pública y no aparece el estado de Puebla con un solo fenómeno de esta naturaleza.

Insisto, no quiere decir que Puebla no esté exento de este riesgo. En el distrito mismo que yo represento se han de-satado últimamente algunas manifestaciones preocupantes de violencia, derivadas de la ubicación geográfica de esa región en su comunicación al sureste del país.

Me parece que otro tema vinculado al punto de acuerdo que hoy abordamos y que yo he referido en una iniciativa de reformas que presenté a la Ley de Seguridad Pública y en otra relativa que habré de presentar sobre la distribución de los recursos dedicados a este tema, me parece que es también de fundamental importancia.

El propio sistema nacional de seguridad pública tiene esa esencia: reconoce que resolver el problema de la seguridad, garantizar eficacia en la procuración y administración de justicia reclama justamente de la operación de ese sistema nacional de seguridad pública. Está normado, hay un consejo nacional, hay fórmulas para distribuir los recursos, pero desafortunadamente no de manera equitativa.

Se mantiene una tendencia a concentrar los recursos en el centro; sólo el cuatro por ciento de los recursos destinados a la seguridad pública y a la administración y procuración de justicia están en un contexto de descentralización.

De manera que nos sumamos hoy a esta exhortación que presenta el punto de acuerdo, en lo general, para revisar los operativos y los programas conjuntos con todos los estados en materia de narcomenudeo y, en lo particular, como lo dice el punto de acuerdo, con el estado de Puebla y, al mismo tiempo, reiteramos el imperativo de que esta Asamblea y la propia Cámara de Diputados y de Senadores y de que sus comisiones respectivas de seguridad pública asuman a la brevedad, con mayor rigor, un proceso de reflexión que nos conduzca a una distribución más equitativa de los recursos destinados a este fin, de modo que podamos hacer realidad la concurrencia que establece el sistema nacional de seguridad pública. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador Leal.

LECHE LICONSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador José Calzada para hablar del tema de la Tercera Comisión de trabajo relativo a la solicitud al gobierno federal para la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche de Liconsa.

El senador José Calzada Rovirosa: Muchas gracias; con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores: no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este tema de trascendencia para la economía de las familias mexicanas. Como es del conocimiento de todos ustedes, en la pasada sesión de la del Congreso de la Unión, el diputado Raúl Cervantes Andrade presentó un punto de acuerdo por el que solicitó al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al precio del litro de la leche que distribuye Liconsa.

Lo anterior derivado del incremento del precio en ese producto básico desde el día 17 de noviembre, acto que no-sotros recriminamos y conminamos desde aquel entonces al Ejecutivo federal para que no ocurriera y disminuyera en consecuencia, el precio de la leche.

En tal virtud, el día de ayer en sesión de trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, los integrantes de la misma nos avocamos al estudio del citado punto de acuerdo en donde ----y hay que reconocerlo---- en un ejercicio de responsabilidad política y social, éste fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, con la finalidad de exhortar al Ejecutivo federal, para otorgar dicho subsidio.

Me parece que es de suma importancia subrayar el hecho, de que en un ejercicio de entendimiento político el Poder Ejecutivo ha actuado en consecuencia a los pronunciamientos del Poder Legislativo y a los requerimientos de la sociedad y ha anunciado la disminución del precio de la leche Liconsa, para pasar de 4.50 a cuatro pesos.

De tal suerte que celebramos este reciente entendimiento y hacemos votos porque en adelante podamos siempre coincidir en las soluciones que requiere nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador José Calzada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

El siguiente apartado es el relativo a las iniciativas de los señores legisladores. Hemos convenido en la Mesa Directiva otorgar un tiempo de cinco minutos para la presentación de iniciativas, en virtud de la gran cantidad de asuntos que están inscritos. Con la tolerancia necesaria, si algún legislador necesitará más tiempo, así lo haremos.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social.

El Secretario senador Fidel Pacheco Rodríguez: «Iniciativa que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas de la LX Legislatura de esta honorable Cámara, presentamos a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Tomando en cuenta que hoy en día la tecnología nos permite tener la información mas rápidamente para la toma de decisiones oportunas y que el sector público se ha modernizado en sus sistemas de bases de datos alcanzando reconocimientos de calidad, como lo ha hecho saber la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Se puede determinar que el tiempo que se maneja en el articulo 297 de la mencionada Ley es excesivo y el contribuyente se ve seriamente afectado en su patrimonio cuando la autoridad después de un año determina un crédito fiscal de seguridad social, ya que a dicho crédito se le acumulan los factores de actualización, el importe de recargos y en su caso gastos de ejecución.

Si a esto le aunamos que la autoridad muchas veces notifica el crédito y no lo cobra bajo el pretexto de problemas administrativos, falta de presupuesto entre otros. Y bajo la protección de que tiene hasta 5 años para cobrarlo a partir de la fecha de su exigibilidad conforme al articulo 298 de la citada ley.

Esto resulta doloso por parte de la autoridad ya que determina créditos hasta por 5 años atrás y en la mayoría de ocasiones esta no realiza una notificación correcta por lo que el interesado nunca se hace conocedor del crédito emitido, sin embargo la autoridad cumple con lo descrito en el numeral 297 de la Ley del Seguro Social en base a la caducidad, después deja pasar mas tiempo y cuando los accesorios como actualización, recargos y gastos de ejecución son inalcanzables para poderlos pagar la autoridad pretende requerir el pago o embargar argumentando que esta dentro del periodo mencionado en el articulo 298 de acuerdo a la prescripción.

Si es bien cierto de que la autoridad se tiene que proteger para evitar evasiones fiscales que no se puedan detectar en un año, también es cierto que existen procedimientos para fincar créditos fiscales y no nada mas se determinen unilateralmente y arbitrariamente.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante ésta artículo 297 y se derogue el 298 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Capítulo III De la Caducidad y la Prescripción

Artículo 297. La facultad del instituto de fijar en cantidad liquida los créditos a su favor se extingue en el termino de un año no sujeto a interrupción, contando a partir de la fecha en que se pueda emitir el crédito correspondiente al hecho generador de la obligación omitida, siendo esta la de un día después de la señalada como limite de pago de las cuotas obrero patronales en esta ley.

Para las omisiones detectadas por auditoría, se tomará como fecha para poder emitir los créditos fiscales correspondientes, la de 15 días posteriores al cierre del acta de auditoría.

Habiéndose determinado el crédito fiscal la autoridad tendrá 45 días naturales para notificarlo y darlo a conocer al patrón o sujeto obligado, iniciando desde el momento de su notificación su periodo de prescripción para poder exigir su pago.

Un crédito en materia de seguridad social prescribe en un término de dos años contado a partir de que la autoridad pudo haber hecho exigible dicho crédito.

La prescripción se regirá en cuanto a su interrupción, por las disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 298.

Derogado

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del grupo parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 304 de la Ley del Seguro Social.

El Secretario senador Fidel Pacheco Rodríguez: «Iniciativa que reforma el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas de la LX Legislatura de esta honorable Cámara, presentamos a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para modificar el articulo 304 de la Ley del Seguro Social, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El sector privado es el que proporciona el mayor número de empleos en nuestro país, la gran mayoría de sus integrantes tienen obligaciones patronales y de seguridad social, por lo que deben de estar inscritos correctamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo que están obligados a cumplir con los pagos de cuotas obrero-patronales ante dicho Instituto.

Mas aun si el patrón o sujeto obligado no elabora su pago a más tardar el día 17 de cada mes o el siguiente día hábil en caso de este ser festivo, se le sanciona incrementando a su obligación los factores de actualización, recargos y gastos de ejecución dispuestos en los artículos 21 y 150 del Código Fiscal de la Federación

Asimismo se le cobra una multa que puede ir desde el 40 por ciento al 100 por ciento sobre el importe del concepto omitido, situación que violenta fragantemente la economía del sector patronal, ya que si es difícil cumplir hoy en día con las cuotas obrero-patronales que obliga la ley, será mas difícil cubrir y cumplir con el 40 por ciento adicional, situación que ha llevado a la quiebra a muchas empresas originando pobreza, desempleo y evasión fiscal.

Es de reconocer que se tiene que sancionar al infractor cuando existe dolo o fragancia en su omisión, mas sin embargo actualmente dicho procedimiento se aplica unilateralmente a todos los miembros del Sector Privado que tienen obligaciones obrero-patronales, sin tomar en cuenta los artículos que regulan al mismo, como lo es el 183 y 184 del reglamento.

A mayor abundamiento al existir la obligación de pagar recargos moratorios como se estableció anteriormente ya se esta sancionando al patrón moroso.

Cabe señalar que la mayoría de las omisiones no son dolosas sino por la situación económica que vive el país en algunos sectores productivos y el lento flujo de efectivo que se vive en México.

Un ejemplo claro es el que vive el sector de la construcción ya que estos en su mayoría invierten para el inicio de una obra, y el sector publico tarda en pagar las estimaciones correspondientes por lo que el flujo de efectivo en este sector no es constante; pero sin embargo al Instituto Mexicano del Seguro Social perteneciente al sector público mencionado anteriormente hace caso omiso y sanciona con multas del 40 por ciento de acuerdo con el numeral 304 de dicha ley.

Es por ello que debemos modificar el artículo 304 ya que si la autoridad determina sancionar en base al mismo a un patrón, debe de proceder a verificar primeramente si es recurrente y después estudie la situación particular de cada uno para determinar los motivos que realmente llevaron a la omisión del pago, y si estos se consideran dolosos.

Por lo que se considera se pudiera aminorar la multa del 40 por ciento al 100 por ciento por el doble del interés bancario que rija a la fecha de la sanción, ya que de esta manera los patrones que realmente omiten sus obligaciones de seguridad social por la falta de flujo de efectivo podrán financiarse para poder cumplir con ellas, pagando intereses moratorios no tan onerosos y a su vez los patrones que incumplan dolosamente serán sancionados económica y penalmente.

No olvidemos que la misión del instituto es la de proteger los intereses de los trabajadores; y la forma en que actualmente obliga a los patrones al pago oportuno imponiendo multas tan onerosas es arbitraria e impositiva obligando a la evasión fiscal; originando cierre de muchas empresas, quiebras, desempleo y por lo tanto incrementando la pobreza del país.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 304 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Articulo 304. Cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones dolosas, que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, y por esto el Instituto deje de percibir en tiempo y forma lo que por derecho le corresponde serán sancionados con multa del doble del interés bancario que rija a la fecha que se elabore el pago extemporáneo.

Los actos u omisiones dolosas señaladas con anterioridad se definirán por medio de una verificación o auditoria general que se realizara al patrón o sujeto obligado siendo estas las siguientes.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

LEY QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA PREVENCION DEL TABAQUISMO - L

EY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de ley que establece la contribución especial para la prevención del tabaquismo y adiciona la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros legisladores, diputados y senadores. El día de hoy presentamos una iniciativa que tiene que ver con buscar disminuir el uso del tabaco. Y con esto quiero decirles que el tabaco es una de las sustancias que son de las pocas o la única que se utiliza de manera legal y que de cualquier forma y de cualquier manera en su uso ocasiona daño a quien lo utiliza. Por esto quiero decirles que esta iniciativa tiene el objetivo de informar a la ciudadanía, de generar un proyecto de educación en el ciudadano y también buscar que el ciudadano mida sus riesgos en el uso del tabaco.

Es una iniciativa que presentamos ambos diputados, el diputado Ector Jaime, presidente de la Comisión de Salud y un servidor, con la intención de buscar recaudar recurso necesario y suficiente para que el recurso que se utilice en la publicidad del tabaco sea la cantidad, de la misma cantidad que se utilice en la información al ciudadano; partiendo de un principio fundamental del derecho a la información a los ciudadanos, así como se utiliza recurso para promocionar los productos, también esta cantidad de recursos tendrá que ser la que reciba de manera adicional el sector salud, para que pueda combatir este tipo de enfermedades.

Y esto tiene que ver con las cifras que hoy aquejan a este país: 25 mil muertes anuales en este país por causas del tabaquismo y sus consecuencias. Esta iniciativa tiene como propósito no solamente recaudar para informar a la ciudadanía, sino cumplir un segundo precepto que es buscar continuar con un acuerdo que se tiene con la Organización Mundial para la Salud, que es el convenio marco para el control del tabaco. Este convenio aplicará en el 2008, en tanto esto sucede nosotros buscamos que los ciudadanos diputados y diputadas, senadores y senadoras, puedan aprobar esta modificación a la ley, para que podamos entonces considerar un recurso extraordinario, una aportación extraordinaria. La misma cantidad que se utilice para la publicidad sea la misma cantidad que se utilice para la información del ciudadano.

Pido por obviedad de tiempo se integre el texto de la iniciativa de manera íntegra. Es cuanto, diputada presidenta. Pido que se turne a la comisión correspondiente.

«Iniciativa que expide la Ley que Establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo, y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales José Antonio Muñoz Serrano y Ector Jaime Ramírez Barba , integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo y se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para lo cual presentamos la siguiente

Exposición de Motivos

El tabaco es la única sustancia legal que resulta dañina para la salud independientemente de la dosis y las circunstancias en las que se consuma. Esta iniciativa pretende prevenir y enfrentar los daños que resultan de su consumo, así como disminuirlo, ya que el Estado debe dar cumplimiento al doble mandato constitucional de informar y educar sobre los riesgos y efectos de consumir tabaco a la población en riesgo de caer en el tabaquismo.

El cumplimiento de este doble mandato constitucional implica un gasto público significativo. La labor estatal de educar e informar a la población en riesgo enfrenta un obstáculo importante debido a los enormes gastos en publicidad y promoción de productos de tabaco que realizan las empresas tabacaleras. Al promover y publicitar el consumo de productos de tabaco, las empresas tabacaleras generan un efecto importante de desinformación, precisamente sobre la población en riesgo de caer en el tabaquismo. Ello redunda en un gasto adicional por parte del Estado a fin de contrarrestar la desinformación generada por las tabacaleras. En el caso concreto, la intersección entre los derechos constitucionales a la protección de la salud y a la información exige que la población en riesgo sea informada sobre los riesgos y daños de consumir tabaco con, al menos, la misma intensidad y por los mismos medios por los que son desinformados por la publicidad y promoción que pagan las tabacaleras. Así, el gobierno debe destinar parte del gasto público a garantizar que la población en riesgo sea informada con al menos la misma intensidad y por los mismos medios con la que es desinformada por las tabacaleras.

El Convenio Marco para el Combate al Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (en adelante CMCT) establece la obligación de promover y fortalecer la concienciación del público sobre el control del tabaco, exigiendo de esta forma que el Estado lleve a cabo un gasto público suficiente como para cumplir con las obligaciones específicas que tiene. Asimismo, establece la obligación del Estado de proceder a la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, fijando un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del CMCT para hacer efectiva dicha prohibición. El plazo de cinco años vence en el año 2008, por lo que no es hasta entonces que la prohibición debe de ser total. En ese sentido, el establecimiento de esta contribución especial constituiría una medida provisional encaminada a gradualmente desincentivar la promoción, publicidad y patrocinio del tabaco, antes de su prohibición total en el año 2008. En efecto, la contribución, encarecería en forma importante el gasto en publicidad y promoción, generando así incentivos para que éstas reduzcan la desinformación que generan respecto de los productos que venden.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, en el año 2002 había 16.4 millones de fumadores activos y 17.9 millones de fumadores pasivos en México. Además, se estima que la mortalidad atribuible al consumo de tabaco en el país asciende a 25 mil muertes anuales. Así, la epidemia del tabaquismo debe ser considerada de la mayor importancia en términos de salud pública.

Por otra parte, aunque no existen datos exactos sobre el gasto actual en publicidad de las tabacaleras, se calcula que durante 2005 erogaron al menos 1,429 millones de pesos. En contraste, la campaña gubernamental más importante de prevención del tabaquismo del año en curso --``El paraíso de los fumadores... fumar mata''-- tuvo una inversión total de 89 millones de pesos, de los cuales el gobierno solamente aportó 16.4 millones. Aún sumando la totalidad del presupuesto asignado al Consejo Nacional Contra las Adicciones, el gasto gubernamental en campañas de prevención del tabaquismo no alcanzará los 100 millones de pesos. Si consideramos que el gasto del sector salud en atender enfermedades atribuibles al consumo de tabaco asciende a 22,823 millones de pesos en promedio, resulta evidente que el Estado gasta primordialmente en tratamiento y en mucho menor grado en prevención, en un contexto en que el gasto de las tabacaleras destinado a estimular el consumo es muy superior al que el Estado es capaz de erogar para la prevención.

En estas circunstancias, es claro que: a) el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger la salud de todas las personas; b) el gasto de las empresas tabacaleras en promoción, publicidad y patrocinio representa un obstáculo importante a la labor informativa y educativa del Estado en materia de prevención del tabaquismo, y c) el Estado no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar los gastos de publicidad, promoción y patrocinio de la industria tabacalera. En consecuencia, se justifica plenamente el establecimiento la contribución especial en referencia.

Por otro lado, La recaudación esperada para el año 2005 por el impuesto especial para los tabacos labrados (IEPS) ascendió a 14,564 millones de pesos mientras que la recaudación por el impuesto a las ventas de cigarros (IVA) para el mismo año se calcula en 3,574 millones. Dado que el gasto público para el tratamiento de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco se estima en 22,823 millones de pesos (ver nota 6), es claro que los ingresos fiscales obtenidos del tabaco no han sido suficientes para sufragar los gastos en los que incurre el gobierno para tratar las enfermedades relacionadas con su consumo.

Numerosos estudios han mostrado que el incremento de los precios de los productos de tabaco a través de impuestos constituye la política más eficiente para reducir su consumo y la intervención con mejor indicador de costo-efectividad. En particular, estudios recientes del Instituto Nacional de Salud Pública muestran que un incremento del 10 por ciento de los precios de los cigarros podría reducir el consumo en 5 por ciento. De esta manera, la contribución especial que se propone no sólo permitiría recaudar recursos adicionales para financiar el déficit público en tratamiento sino que además coadyuvaría a la disminución del consumo de tabaco.

A fin de transferir una parte del gasto público que genera el tratamiento del tabaquismo y las enfermedades relacionadas a quienes producen y comercializan productos de tabaco y, simultáneamente, propiciar la disminución del tabaquismo, se establece una sobre tasa del 24% al IVA para productos del tabaco, dejando dicha tasa del IVA en 39 por ciento. Se estima que, con esta sobre tasa, la recaudación aumentaría en 131 por ciento lo cual representa un aumento aproximado en la recaudación de $4,685,000.00 M.N. Esta cifra corresponde a lo que se estima es el déficit entre, por una parte, lo que actualmente se recauda por el IEPS a los tabacos labrados y el IVA por ventas de cigarros y, por la otra, el gasto público que se estima se realiza para la atención médica de las principales enfermedades atribuibles al tabaco. La finalidad de esta sobre tasa es que los montos que en virtud de ella se recaben se orienten a cubrir la proporción del gasto público en tratamiento al tabaquismo y sus consecuencias que no se puede considerar cubierto por otras contribuciones resultantes de la venta de productos de tabaco, orientación que debe materializarse en disposiciones correspondientes del Presupuesto de Egresos.

Esta sobre tasa se establece sobre la venta de los productos de tabaco. La sobre tasa está calculada, partiendo de una estimación conservadora, a fin de cubrir una parte del gasto público que se estima destinados para el tratamiento del tabaquismo y sus consecuencias (ver nota 6), tomando también en consideración los volúmenes necesarios para provocar una reducción sustantiva en el consumo del tabaco, en cumplimiento del CMCT.

Señoras y Señores Legisladores, La iniciativa que hoy presentamos consiste en establecer dos mecanismos de recaudación a fin de obtener recursos destinados a dos gastos públicos específicos. La primera contribución, una contribución especial al gasto, se canalizara a cubrir al gasto público específico generado por la prevención del tabaquismo. Dicha contribución especial tendría dos finalidades: en primer lugar, se pretende transferir costos de la prevención del tabaquismo a quienes generan la necesidad de dichos gasto; en segundo lugar, se pretende encaminar las políticas públicas en materia de publicidad del tabaco y sus productos a fin de dar cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en virtud del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.

La segunda, una sobre tasa al IVA deberá canalizarse en el Presupuesto de Egresos a cubrir una porción el gasto público en materia de tratamiento del tabaquismo y sus consecuencias. Dicha contribución buscaría transferir los costos del tratamiento por tabaquismo y enfermedades relacionadas a quienes generan el gasto público específico consecuencia del tabaquismo -- los productores y comercializadores de productos de tabaco. Esta segunda contribución especial al gasto tendría, como consecuencia secundaria, el aumentar el costo de fumar y, en consecuencia, desincentivar el consumo, también en cumplimiento del CMCT.

La primera se trata de una contribución que no tiene la naturaleza propia de los impuestos, en tanto que su hecho imponible no está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, sino por el gasto particular a favor de determinadas personas con motivo de gastos específicos en que incurre el Estado, esto es, se trata de un tipo de contribución especial que se paga en relación con un gasto especial a cargo quienes, obteniendo una ventaja que el resto de los habitantes de la comunidad no percibe, generan un gasto específico.

Los sujetos de esta contribución serán todas las personas físicas o morales que realicen un gasto encaminado a promover o publicitar el consumo de tabaco o de productos de tabaco. El objeto de esta contribución será cualquier acción encaminada a promover o publicitar al tabaco, su consumo o sus productos. La base gravable será todo monto erogado a fin de promover o publicitar el tabaco, su consumo o sus productos. La tasa propuesta es del 100%, pues solo una contribución de peso por peso al gasto público garantiza que el Estado sea capaz de informar con la misma intensidad y por los mismos medios por los que las empresas tabacaleras desinforman a la población en riesgo.

Si esta Soberanía tiene a bien aprobar esta iniciativa, los recursos fiscales obtenidos serán destinados al gasto público específico relacionados con la prevención del tabaquismo, lo cual indudablemente, contribuirá contundentemente a mejorar la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, y convencidos de la trascendencia de esta reforma, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley que Establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo y se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Pimero. Se expide la Ley que Establece la Contribución Especial para la prevención del Tabaquismo, para quedar como sigue:

Ley que Establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo Definiciones

Artículo 1. Para efectos de esta ley se entenderá por:

Sujetos

Artículo 2. Están obligados a contribuir al gasto público federal, a través del pago de la contribución especial para la prevención del tabaquismo, las personas físicas o morales que realicen erogaciones en dinero o en especie que se destinen a la publicidad, promoción o patrocinio por cualquier medio de difusión, de tabacos labrados o en general de los productos del tabaco independientemente de que sea o no presentada al público.

Queda incluido dentro del concepto de pago; los anticipos, deposito, compensaciones, remisión de deuda o cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.

Responsables solidarios

Artículo 3. Además de las hipótesis que prevé el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en materia de responsables solidarios, se considerarán como tales a las personas físicas o morales que presten los servicios de publicidad, promoción o patrocinio por cualquier medio, de tabacos en rama, tabacos labrados, o en general de los productos del tabaco, a los sujetos obligados al pago de esta contribución.

Objeto

Artículo 4. Son objeto de esta contribución las erogaciones en dinero o en especie que se destinen a la publicidad, promoción o patrocinio por cualquier medio de difusión, de tabacos en rama, tabacos labrados o en general de los productos del tabaco, independientemente de que la publicidad, promoción o patrocinio sea o no presentada al público o realizado o no el patrocinio.

Destino del gasto

Artículo 5. Se considera de interés colectivo, la preservación del derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano a través de acciones de prevención del tabaquismo, incluido el derecho a la información sobre las causas y consecuencias del consumo de tabaco.

Los ingresos que obtenga la federación derivados de esta contribución especial, se destinarán en su totalidad al gasto público en la prevención del tabaquismo, a través de acciones destinadas a promover:

Base

Artículo 6. Es base gravable para el cálculo de la contribución especial, para la prevención del tabaquismo, el monto total del gasto mensual efectuado en el rubro de publicidad, promoción o patrocinio.

Entendiendo que como gasto de publicidad, promoción o patrocinio, se encuentran incluidos la adquisición de materiales e insumos destinados a la elaboración de productos para tal fin, así como el pago de prestación de servicios independientes y el uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles destinados a la publicidad, promoción o patrocinio por cualquier medio de difusión, de tabacos en rama, tabacos labrados, o en general de los productos del tabaco.

También se consideran gastos en publicidad los pagos efectuados por el derecho a recibir para retransmitir imágenes visuales, sonidos o ambos o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satelital, cable, fibra óptica u otros medios similares.

También se considerara la importación de bienes o servicios destinados a la publicidad, promoción o patrocinio por cualquier medio de difusión de tabacos en rama tabacos labrados, o en general de los productos del tabaco.

Para efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes:

Tasa

Artículo 7. La contribución especial para la prevención del tabaquismo se calculará mensualmente aplicando la tasa del 100 por ciento a la base gravable determinada por el contribuyente conforme al artículo 5 de esta ley.

Momento de causación

Artículo 8. Se considera efectuado el gasto en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de la adquisición de bienes o de servicios.

Época y lugar de pago

Artículo 9. La contribución especial para la prevención del tabaquismo, se calculará por cada mes de calendario, y se efectuará el pago mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente a que corresponda el pago. Los pagos mensuales se realizarán en los términos que al efecto se establezcan en esta Ley y tendrán el carácter de definitivos.

Lo anterior no será aplicable tratándose de importaciones de bienes tangibles y servicios cuyo pago se realizará en términos de la fracción IV del artículo 9 de esta Ley.

Obligaciones

Artículo 10. Los obligados al pago de este impuesto tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes:

Infracciones

Artículo 11. La infracción por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, se determinarán y sancionarán en términos del Código Fiscal de la Federación.

Facultades de las autoridades fiscales

Artículo 12. Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar esta contribución en los términos de esta ley, se aplicará la tasa de la contribución que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades que previamente haya pagado el contribuyente debiendo presentar los medios idóneos de dicha erogación.

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente cuando el contribuyente omita registrar erogaciones en dinero o en especie destinadas a la adquisición de materiales e insumos destinados a la elaboración de productos para fines publicitarios, siempre que exista la presunción de que dichos insumos serán destinados a campañas publicitarias o patrocinios, salvo prueba en contrario que presente el contribuyente.

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes enajenaron los productos a que se refiere el artículo anterior, utilizando, indistintamente, cualquiera de los métodos establecidos en el Código Fiscal de la Federación o los que a continuación se señalan:

Cuando el contribuyente sea omiso en presentar por más de tres veces en un mismo ejercicio las declaraciones a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, tenga adeudos fiscales a su cargo, salvo que los contribuyentes celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea mediante pago diferido o en parcialidades o los hayan impugnado mediante cualquier medio de defensa, las autoridades fiscales podrán hacer uso de las facultades concedidas en el Código Fiscal de la federación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 o hasta que el Estado Mexicano prohíba en forma total la publicidad, promoción o patrocinio por cualquier medio, de tabacos labrados o en general de los productos del tabaco.

Segundo. La recaudación que se obtenga de la contribución especial para la prevención del tabaquismo, se destinará a sufragar las partidas contenidas en el presupuesto de egresos del ejercicio 2007 destinadas a los fines a que se refiere el artículo 5 del presente decreto.

Los excedentes que se obtengan durante el ejercicio se aplicarán a su mismo objeto y constituirán ampliaciones para los efectos del artículo 19 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tercero. Por única vez el primer pago de la contribución de los meses de enero, febrero y marzo de 2007, será el día 17 de abril del mismo ejercicio.

Los contribuyentes que al 1 de enero de 2007 se ubiquen en las hipótesis de causación de esta contribución, tendrán hasta el 31 de enero de 2007 para presentar su aviso de aumento de obligaciones.

Segundo. Se adiciona un artículo 1º D a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 1o. D. Se aplicará la tasa del 39% a la enajenación de puros, tabacos labrados, confeccionados y enrollados al 100% en hojas de tabaco, los tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar y el rapé; y de cualquier otra sustancia que contenga tabaco.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Antes de dar la palabra al senador, si fueran tan amables los señores legisladores de poner orden en la sala por favor y escuchar al orador.

CONSTITUCION POLITICA - LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El senador Mario López Valdez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados, diputadas, senadores, senadoras.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El suscrito, senador Mario López Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 73, fracción XXX, 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Comisión la siguiente ``Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un 46 bis de la Ley de la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos'', con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Ningún Estado que se precie de ser democrático y moderno puede soslayar el respeto a los derechos fundamentales de las personas. La coexistencia entre un régimen de libertades y un sistema económico que permita el acceso de los seres humanos a los satisfactores necesarios para su mejor subsistencia no sólo es deseable, sino también posible. Es por eso que los actores políticos no debemos únicamente enfocar nuestros esfuerzos a combatir la indignante miseria en que se encuentran millones de mexicanos, sino también a construir los controles que limiten los actos arbitrarios de las autoridades. Los regímenes que pregonaban el sacrificio de los derechos humanos en aras de la gobernabilidad han pagado con su propia viabilidad el precio de no haber generado espacios suficientes para la expresión ciudadana. Aprendamos de estas lecciones y no las echemos en saco roto.

Desde hace varios lustros en nuestro país se ha generado una cultura de derechos humanos que, aunque vilipendiada por aquellos a quienes las prerrogativas de los gobernados les resultan incómodas, ha echado raíces profundas en nuestro sistema legal y, sobre todo, en la conciencia de los mexicanos.

La población actualmente se encuentra más conciente sobre el alcance de sus derechos. Los ciudadanos saben que en caso de algún desvío de poder, cuentan con instancias legales a las cuales pueden acudir de manera gratuita. La población tiene la certeza de que los actos de las autoridades deben ser vigilados permanentemente y sujetos al escrutinio de la opinión pública. Grupos que han sido víctimas de la exclusión poco ha poco han ido ganando espacios para manifestar su deseo de ser respetados e incluidos en los beneficios que brinda el desarrollo. En concreto, los hombres y las mujeres de este país ya no están dispuestos a sumirse en la desesperanza y la resignación.

En la construcción de esta cultura ha sido decisivo el papel que desempeñan los organismos autónomos encargados de la defensa de los derechos humanos, especialmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de acciones concretas, tales como campañas informativas, atención al público, publicación de obras especializadas, concursos académicos y literarios, ferias temáticas, la capacitación de servidores públicos y el apoyo de programas surgidos de la sociedad civil, entre otras, el llamado ombudsman se ha sabido ganar el respeto de la población y un lugar en la conciencia ciudadana.

Sin embargo, las acciones antes mencionadas, sin dejar de ser importantes para el organismo federal defensor de los derechos humanos, tampoco puede afirmarse que sean sustantivas en su diario funcionamiento. La recepción de quejas y denuncias, la investigación de aquellas conductas que puedan presumirse como violatorias de los derechos humanos, la conciliación entre las partes en conflicto y, sobre todo, la emisión de recomendaciones hacia las autoridades señaladas como responsables deben considerarse de primordial importancia, toda vez que a través de las mismas es posible subsanar los errores y desvíos de poder en que hayan incurrido los gobernantes, resarciendo así a las personas en el goce pleno de sus prerrogativas.

Ahora bien, aún cuando la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se traduce en una fuerte llamada de atención a la autoridad señalada como responsable, esta no es suficiente en muchos casos para obtener la reparación del daño causado a los gobernados, debido a la propia naturaleza de las recomendaciones, ya que las mismas carecen de fuerza vinculatoria.

En efecto, a diferencia de un fallo judicial, el acatamiento de las recomendaciones resulta discrecional para las autoridades a las cuales se encuentra dirigida, por lo que debe concluirse que la fuerza de éstas radica en la solvencia y credibilidad del organismo que la emite, así como en su repercusión ante la opinión nacional e, incluso, internacional.

Si bien es cierto no resulta deseable modificar la naturaleza de las recomendaciones, tampoco debemos desconocer que el marco legal vigente permite a los gobernantes correr el riesgo de hacer oídos sordos a los llamados del ombudsman nacional sin que para ello deban pagar un costo muy alto, resultando, en no pocas ocasiones, que el rechazo viene acompañado de la fanfarronería y de un discurso en el que se pondera la mano dura y la supuesta firmeza, cuando lo que en realidad se pretende encubrir es la vena autoritaria de quien así actúa.

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar que, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, el ombudsman nacional emitió cincuenta y un recomendaciones, seis de las cuales no fueron aceptadas y dos aceptadas, pero sin que las autoridades a las cuales fueron dirigidas ofrecieran pruebas de cumplimiento. ¹ Por otra parte, durante el 2004 la CNDH dirigió noventa y dos recomendaciones, veinticinco de las cuales no fueron aceptadas y cinco aceptadas pero sin pruebas de acatamiento.

Las anteriores cifras podrían resultar intrascendentes, de no ser porque la propia CNDH, en su ``Balance del 2000 al 2006 en materia de Derechos Humanos en México'', señala que el sexenio recién concluido ``se puede caracterizar en la materia de observancia y cumplimiento de los derechos humanos como insuficiente'' y concluye ``que la administración federal que termina su período deja una herencia importante de aspectos pendientes y de puntos de agenda no resueltos que deberá atender el nuevo gobierno''. ²

De conformidad con lo anterior, resulta necesario incluir en la legislación vigente mecanismos que eleven a las autoridades omisas el costo de su rechazo o incumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como también que involucren a otros órganos de estado en el respeto a las prerrogativas de los mexicanos, por lo que se propone una adición al artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la inclusión de un artículo 46 bis a la Ley que rige el funcionamiento del órgano federal autónomo defensor de los derechos humanos, a fin de que en caso de que las autoridades rechacen o evadan el cumplimiento de las recomendaciones que les son dirigidas, se vean precisadas a comparecer ante las cámaras que integran éste Congreso de la Unión, a fin de que expliquen y fundamenten las razones de su conducta rebelde u omisa.

Sin lugar a dudas, la aprobación de la presente iniciativa incidirá en la conducta de los servidores públicos, contribuirá al apuntalamiento de nuestras instituciones y brindará a los gobernados mayores espacios para el ejercicio de sus libertades.

Por virtud de lo anterior, se propone la discusión y, en su caso, aprobación, de la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Primero. Se adiciona el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. ...

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Asimismo, establecerán procedimientos internos en sus ámbitos de competencia, mediante los cuales puedan citar a comparecer a los servidores públicos que rechacen o incumplan las recomendaciones emanadas de estos órganos, a fin de que justifiquen su actuar.

...

Segundo. Se adiciona un artículo 46 Bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 46 Bis. La Cámara de Diputados y el Senado de la República, indistintamente, a través de sus comisiones de Derechos Humanos, citarán a comparecer a cualquier servidor público de la administración pública federal, estatal o municipal para que informe las razones de su actuación cuando:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Informe de Actividades 2005. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. www.cndh.org.mx2 www.cndh.org.mx

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor senador Mario López Valdez.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Señores legisladores, les recordamos que el señor Presidente hizo mención de que hubo un acuerdo de la Mesa Directiva para procurar presentar estos puntos en cinco minutos, vamos a poner el reloj en 10 minutos, si alguien se tarda cinco, seis, siete minutos, qué bueno, pero les pedimos que no se pasen de los 10 minutos que reglamentariamente tienen derecho, por favor.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que deroga el párrafo tercero la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la del Congreso de la Unión la iniciativa que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México vive uno de los momentos más tensos y definitivos de su historia, agobiado por presiones externas, por injusticias y por rezagos; en los años recientes se ha perdido la dimensión creadora del quehacer político y se ha instalado en su lugar, la arbitrariedad y el oportunismo.

Una de las principales herramientas en la mayoría de los cuerpos legislativos en el mundo es la rendición de cuentas, fundamental en el diseño de las políticas públicas, ya que permite al Estado garantizar a los ciudadanos el acceso a información fidedigna y veraz relacionada con las acciones de gobierno.

Hoy la ciudadanía exige a las instituciones públicas la administración de los recursos materiales, financieros y humanos con transparencia, exige también la demostración precisa de sus logros, del alcance de sus metas, del impacto social o económico de los resultados de su gestión, a través de la evaluación permanente de su desempeño en el ejercicio de atribuciones y facultades que realizan dentro de la esfera jurídica; situación que obedece a que ha venido percibiendo una política de abuso e inequidad que predomina, que resulta subversiva y nos coloca en los linderos de la desconfianza social.

Hoy la rendición de cuentas y la participación son principios del buen gobierno, a la vez que transparencia y responsabilidad son un requerimiento social para explicar y justificar los actos al público, que es el último depositario de la soberanía en la democracia, porque rendir cuentas, es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del cumplimiento de responsabilidades.

Las acciones y recursos públicos en nuestro país se sustentan en planes y programas específicos que proporcionan certeza en su ejercicio, es por ello que el Presupuesto de Egresos Federal es un documento susceptible de profundizar en su análisis, cuya base legal se consagra en el artículo 74 constitucional.

Este artículo ha sido modificado a través de diez reformas, que en esencia pretendían lograr una participación política institucional sólida, entre las más importantes destaca la de 1977, en la que se establecieron los lineamientos del proceso presupuestario mediante la adición de seis párrafos a la fracción IV, cuya exposición de motivos no cita justificación clara y precisa a la práctica de asignación financiera a las ``partidas secretas'' dentro del Presupuesto de Egresos, solo refiere la condición de que tendrán que ser autorizadas por el Presidente de la República.

Estas ``partidas secretas'', se identifican en el glosario de términos más usuales de la administración pública como ``el conjunto de erogaciones que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República'', no obstante estamos frente a una práctica obsoleta, desfasada en el tiempo, en desuso durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de los últimos años.

Las circunstancias que en el pasado originaron y justificaron el abuso de la figura presidencial llevada al extremo en las últimas décadas, e hicieron del legislativo un poder sumiso, complaciente e incapaz de representar contrapesos y equilibrios, encontraban cauce en la necesidad de dotar al Ejecutivo federal de facultades que le facilitaran la disposición del erario público para atender de manera eficaz asuntos que se consideraban urgentes y requerían una atención administrativa pronta, haciendo implícitamente permisible el manejo discrecional de las partidas presupuestarias denominadas ``secretas'', que ya no tienen cabida en la práctica presupuestaria contemporánea.

La discrecionalidad en el ejercicio de la economía pública llegó a los niveles altos, el gobierno intervino en la configuración de un nuevo poder financiero, emprendiendo privatizaciones de gran parte de los activos de la nación sin apego a la normatividad, ejerciendo grandes cifras presupuestarias bajo el amparo de la ``partida secreta''.

Más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de informes oficiales dio a conocer el programa de Erogaciones Contingentes 1993-2000, llámese ``partida secreta'', en el que más que emprender acciones tendientes a reducir la discrecionalidad en el gasto del Ejecutivo Federal, se registró decremento en su asignación y paulatinamente se convirtió en recursos no ejercidos, hasta culminar en el PEF del año 2000 con la no asignación en este rubro.

Estamos convencidos de que el ejercicio del poder como patrimonio propio suplanta el espíritu de servicio y tiende a convertir al acto de autoridad en fuente potencial de enriquecimiento indebido, es por esto que el concepto de ``partida secreta'' es atrasado, obsoleto y hace indispensable eliminarlo de nuestra Constitución, pues en la práctica actual no se observa, ni se entiende su uso.

Hoy nos enfrentamos a un debate sobre el diseño constitucional de nuevas políticas presupuestarias debido a la escasa interrelación entre el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, así como el reducido tiempo para su análisis durante su proceso de construcción, asumiendo diversas implicaciones de índole jurídico, político y económico. Tengamos presente que constitucionalidad es algo más que derecho, es la dinámica entre la normatividad y la normalidad.

La distancia entre la mentira oficial y la realidad reflejan un abismo. Durante estos años hemos presenciado la conversión de una crisis financiera, el mal que padecíamos, se ha extendido a todos los ámbitos del cuerpo social, causando el desplome de la economía, de la política, de la convivencia humana y de la moral pública. Tal parece que el país ha iniciado una involución histórica.

Es por todo ello que esta reforma pretende la desaparición definitiva de las ``partidas secretas'' para coadyuvar con la transparencia del sistema presupuestario, tendiente a la eficaz y eficiente administración de los recursos públicos.

Recientemente en materia de transparencia de las finanzas públicas contamos con un avance significativo, pero estamos ciertos que aún falta mucho para que se abarque al gasto público en su conjunto y comience a ser realmente útil para el ciudadano, es decir, le permita al pagador de impuestos conocer el destino de sus contribuciones; y a quien ejerce el gasto, le facilite la rendición de cuentas.

La pluralidad democrática y la competencia política nos obligan a revisar el sistema presupuestario, en relación a las circunstancias vigentes, tomando en cuenta la participación de los diversos sectores de la sociedad para la realización de este ejercicio democrático.

El Ejecutivo federal ya no ocupa el papel protagónico de antaño, sino que otros poderes, especialmente el Legislativo, han venido ganando espacio de participación en la toma de decisiones del país, particularmente en la administración de las finanzas públicas y la reducción a su mínima expresión en el ejercicio de la discrecionalidad. Es por esto que las acciones de control y fiscalización atendiendo al espíritu constitucional basado en principios de responsabilidad y disciplina fiscal deben fortalecer el estado de derecho, y en este esquema las ``partidas secretas'' no encajan.

Muchos mexicanos estamos luchando por romper las inercias y abrir espacios democráticos, pues se ha olvidado que la fortaleza de la autoridad reside en su capacidad moral de convocatoria y en su aptitud para movilizar las energías sociales conforme a metas y objetivos trazados con el pueblo.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. ...

...

...

(Derogada)

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: la actual Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996, con el objeto de adecuar la legislación ambiental, con los acuerdos internacionales signados por México y para construir un sistema jurídico completo que regulara de manera clara la problemática ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Uno de los instrumentos más importantes introducidos en esta ley, fue la evaluación de impacto ambiental como una figura jurídica que intentara mitigar los impactos ambientales producidos por el hombre en el medio que le rodea, ya que anteriormente se llevaban a cabo obras de alto impacto sin ningún control.

Tanto la participación ciudadana como el derecho a la información y a la participación quedaron muy limitados, al referir que sólo las personas de la localidad podrían solicitar una consulta pública sobre los proyectos por realizar.

Esto contradice derechos fundamentales establecidos internacionalmente, tales como la Declaración de Río, que en su principio 10 establece claramente lo siguiente: ``El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda.

``En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

``Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos''.

Por otra parte, en nuestra Constitución se establecen derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente adecuado, el derecho a la información por parte del Estado y la facultad para solicitar dicha información pública gubernamental.

Así pues, el concepto de derecho a la información se convirtió en una expresión familiar para la prensa y para la comunidad académica dedicada al estudio de la comunicación en México, a partir de la visión al artículo 6o. constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977.

En dicha reforma se planteó el derecho de todo habitante a ser informado y precisamente informado por el Estado. Hoy día las garantías liberales de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información. Mientras el derecho público subjetivo que se genera con las libertades de expresión y de información, también demanda un deber del Estado, entendido como derecho de acceso a la información pública, que requiere de un deber de acción consistente en poner a disposición del público los archivos y datos de esos órganos constitutivos, habida cuenta de que sólo de esa manera el individuo estará en posibilidades de ejercer este derecho.

Por otro lado, en México encontramos claros antecedentes de la adopción del derecho de petición, desde los primeros esbozos del constitucionalismo nacional. El artículo 8o. constitucional consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta, ambos aparecen concebidos en términos universales.

Es decir, se reconoce a todos los individuos que habitan en el territorio nacional y consiste en la facultad que tienen en los Estados Unidos Mexicanos, tanto los ciudadanos como cualquier habitante, para elevar ante los órganos o servidores públicos, una petición, solicitud o queja.

En este sentido, el 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que constituye un gran logro en el quehacer democrático en México.

Esta ley se aplica a todos los Poderes públicos y establece como principio básico el que toda información gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a la misma. Una norma muy importante la constituye lo establecido por el artículo 40 de dicha ley, que hace innecesario el interés jurídico de las personas para solicitar información. Esto significa que no será necesario ser originario de ningún estado y ni siquiera poseer la calidad de ciudadano para solicitar información; tampoco se requiere justificar para qué se requiere dicha información.

En ese sentido se presenta esta iniciativa, que tiene por objeto adecuar en la legislación ambiental, la participación social y el derecho a la información de las personas, establecido tanto por los artículos 4o. 6o. y 8o. de nuestra Carta Magna, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Derivado de lo anterior, se propone eliminar el requisito de que se debe ser habitante de la comunidad para tener derecho a solicitar una consulta pública, para cumplir y hacer coherentes los ordenamientos de esta ley con los principios constitucionales en la materia.

De igual forma, se remite a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo que se refiere a la reserva de información que pudieran solicitar los promoventes.

De la misma forma, en el capítulo sobre derecho a la información ambiental se adecuan los lineamientos anteriores y se elimina el requisito de manifestar por escrito el hecho de que el solicitante de cierta información debe especificar los motivos de su petición, ya que sería contrario a los ordenamientos y derechos mencionados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es cuanto, diputada Presidenta. Simplemente le pido que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM

Francisco Agundis Arias, senador de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La actual Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996, con el objeto de adecuar la legislación ambiental con los acuerdos internacionales signados por México y para construir un sistema jurídico completo que regulara de manera clara la problemática ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Uno de los instrumentos más importantes introducidos en esta ley es la evaluación de impacto ambiental como una figura jurídica que intenta mitigar los impactos ambientales producidos por el hombre en el medio que le rodea, ya que anteriormente se llevaban a cabo obras de alto impacto sin ningún control y sin la participación social.

Uno de los logros de la ley vigente consistió en ampliar los derechos de los individuos en relación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Se crean espacios para la participación ciudadana y la discusión pública de los proyectos sometidos a la consideración de la autoridad ambiental, cuando su realización pudiera acarrear graves daños al medio ambiente o a la salud humana.

Sin embargo, tanto la participación ciudadana como el derecho a la información y a la participación quedaron muy limitados al referir que sólo las personas de la localidad podrían solicitar una consulta pública sobre los proyectos a realizar. Esto contradice derechos fundamentales establecidos internacionalmente, tales como:

La Declaración de Río, en su Principio 10 establece claramente:

``El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos...''.

Por otra parte, en nuestra Carta Magna se establecen derechos fundamentales como el derecho a un Medio ambiente sano y ecológicamente adecuado; el derecho a la información por parte del estado; y la facultad para solicitar dicha información pública gubernamental.

El derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado se estableció como tal en el artículo 4° constitucional mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999.

Así, el actual párrafo cuarto de dicho artículo establece que ``Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''. De esta manera se ha insertado en la Constitución lo que es un buen ejemplo de los derechos humanos catalogados como de tercera generación o derechos de solidaridad, cuyos destinatarios no son sólo habitantes del territorio de un determinado Estado nacional, sino la humanidad en su conjunto. De esta manera, de la humanidad en su conjunto depende también el cómo este derecho se particularice en los casos concretos.

En el caso del medio ambiente sano, se trata de asegurar el poder disfrutar de una biosfera con las características físicas y biológicas mínimas para una buena calidad de vida. Este propósito sólo se alcanza sumando las acciones y restando las comisiones de cada uno de los estados, pueblos y sociedades del planeta.

El concepto derecho a la información se convirtió en una expresión familiar para la prensa y para la comunidad académica dedicada al estudio de la comunicación en México, a partir de la adición al artículo 6º constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977.

En dicha reforma se planteó el derecho de todo habitante a ser informado; y precisamente informado por el Estado, fuente de esa información que tienen derecho a conocer todas las personas. El Estado archiva, produce o transmite información, dentro de las atribuciones que las diversas disposiciones legales le señalan, por lo cual debe reconocérseles a las personas un derecho para integrar la información o para obtenerla en el caso de que no se haya producido. Si bien en el artículo 8° constitucional establece el derecho de petición, resulta conveniente subrayar el derecho de cualquier persona a pedir una información. Dicho derecho se puede dividir en tres vertientes principalmente:

El derecho a la información emplea los más diversos espacios, instrumentos y tecnologías para la transmisión de hechos e ideas. Así pues, el derecho a la información puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado, los medios y la sociedad.

Hoy en día las garantías liberales de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información. Mientras el derecho público subjetivo que se genera con las libertades de expresión y de información, demanda un deber de abstención del Estado en el caso del derecho a la información, entendido como derecho de acceso a la información pública, mismo que requiere de un deber de acción del Estado consistente en poner a disposición del público los archivos y datos de sus órganos constitutivos), habida cuenta de que sólo de esa manera el individuo estará en posibilidades de ejercer ese derecho.

En México encontramos claros antecedentes de la adopción del derecho de petición desde los primeros esbozos del constitucionalismo nacional.

El artículo 8º constitucional consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta; ambos aparecen concebidos en términos universales, es decir, se reconocen a todos los individuos que habitan en el territorio nacional y consiste en la facultad que tienen en los Estados Unidos Mexicanos, tanto los ciudadanos como cualquier habitante, para elevar ante los órganos o servidores públicos, una petición, solicitud o queja.

Dado el carácter universal que tiene el ejercicio del derecho de petición, no exige un interés jurídico determinado, ni respecto de la petición, ni respecto de la autoridad. Aún en los supuestos de petición en materia política, no es necesario acreditar previamente, para el ejercicio de derecho de petición la calidad de ciudadano, cuestión que deberá ser dilucidada por el órgano competente al comunicar el acuerdo que ha recaído a la petición, determinando en el mismo si se requiere demostrar o no tal calidad.

En este orden de ideas, el 11 de junio del 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que constituye un gran logro en el quehacer democrático en México. Esta Ley se aplica a todos los poderes públicos y establece como principio básico el que toda información gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a la misma.

Una norma muy importante la constituye el establecido por el artículo 40 de dicha Ley que hace innecesario el interés jurídico de las personas para solicitar información. Esto significa que no será necesario ser originario de ningún Estado, ni siquiera poseer la calidad de ciudadano para solicitar información. Tampoco se requiere justificar para qué se requiere de la información.

Por tanto, se hace necesario adecuar el derecho a la información y la participación de la sociedad en los proceso de toma de decisión de aquellas obras o actividades que pudieran producir impactos ambientales y que están contemplados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por ello, esta iniciativa tiene por objeto adecuar la participación social y el derecho a la información de las personas a los Derechos fundamentales establecidos por los artículos 4º, 6º, y 8º, de nuestra Carta Magna, así como a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En este sentido se propone eliminar el requisito de que se debe ser habitante de la comunidad para tener derecho a solicitar una consulta pública, para cumplir y hacer coherentes los ordenamientos de esta Ley con los principios constitucionales en la materia. De igual forma, se remite a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo que se refiere a la reserva de información que pudieran solicitar los promoventes.

De la misma forma, en el Capítulo sobre Derecho a la Información Ambiental, se adecuan los lineamientos anteriores y se elimina el requisito de manifestar por escrito el que el solicitante de cierta información deba especificar los motivos de su petición de información, ya que es contrario a los ordenamientos y derechos mencionados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman el segundo y tercer párrafos y las fracciones II, III, IV y V, y se adiciona una fracción VI al artículo 34; se reforma el primer y tercer párrafos del artículo 153 Bis 3; y se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona la fracción V al Artículo 153 Bis 4, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 34. ...

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona, física o moral , deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

Artículo 159 BIS 3.- Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley, y en los términos de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso ala Información Pública . En su caso, los gastos que se generen, correrán por cuenta del solicitante.

...

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

Artículo 159 BIS 4. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá realizar las adecuaciones y modificaciones pertinentes en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la publicación del presente Decreto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma en cuenta la petición, senador Jorge Legorreta Ordorica.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

VOLUMEN II

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y senadores. En economía procesal le ruego se inscriba íntegramente el texto de la iniciativa que vengo a proponer en el Diario de los Debates, así como esta breve intervención, en la que me permitiré enunciar de manera puntual el espíritu de nuestra propuesta.

De igual forma, le solicito que ésta se integre al expediente que se turne a las comisiones legislativas correspondientes, ya que constituye un complemento que refuerza la exposición de motivos. ¿Quién, en cabalidad de sus facultades, confiaría su dinero y su patrimonio a un desconocido? Evidentemente la respuesta es que nadie. Lo mismo sucede con las cuestiones hacendarias del país. Nadie puede negar que es de suma importancia conocer los antecedentes, trayectoria, vínculos y lealtades, incluso de aquellos hombres y mujeres a quienes se encomienda el manejo de los dineros públicos de la nación para evitar, en la medida de lo posible, situaciones sorpresivas que podrían provocar desconcierto, incertidumbre e incluso, daño al patrimonio de la nación.

El problema esencial radica en que existe una confusión en cuanto a la terminología, ya que no existe regulación legal vigente que establezca a ciencia cierta quiénes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que se hace apremiante especificar cuáles son las oficinas consideradas como tales y así poder ejercer a cabalidad la facultad que tiene el Senado de la República en un plazo determinado, para ratificar a dichos funcionarios.

Tal atribución constitucional de ratificación cuenta con numerosos antecedentes constitucionales; sin embargo, en ninguno de esos procesos se contempló de manera clara la especificidad de dichos cargos. Tales vicios de claridad han dificultado saber quiénes son los empleados superiores de Hacienda, así como determinar cuál es el ramo hacendario al que corresponden.

El ejemplo más claro y reciente nos remite al mes de diciembre pasado, cuando al inicio de la presente administración y al tenor del proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, incomprensiblemente las oficinas respectivas se encontraban acéfalas.

Es decir, no había titulares en pleno ejercicio de sus funciones que asumieran y ejercieran sus atribuciones, debido a que las propuestas enviadas por el Presidente de la República no habían sido ratificadas por el Senado para que éstos asumieran su cargo, por lo que se generó un escenario de discontinuidad en las labores trascendentales del funcionamiento de la administración pública federal y hasta del país, provocando con ello que el proceso de ratificación no se realizara de manera reflexionada ya que éste resultaba inaplazable.

En un maremagnum de cargos a ratificar pasó de largo la importancia de las particularidades y especificidades de cada una de las oficinas a ocupar, así como la currícula de los candidatos.

Es en este momento también como aún faltan de ser ratificados algunos nombramientos también de empleados superiores de Hacienda, en virtud de que esta soberanía no ha recibido las propuestas correspondientes.

Debemos, pues ejercer y fortalecer de manera real las facultades exclusivas del Senado de control sobre la materia y la única forma es a través de la ley. Por eso hoy vengo a poner a su apreciable consideración la presente iniciativa para reformar la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la adición de un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El propósito de la propuesta es establecer de manera precisa en nuestra Ley Suprema quiénes son los empleados superiores de Hacienda, así como fijar un periodo máximo de 10 días naturales para que el Senado de la República ratifique la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo federal.

Además se propone que todos los suplentes de los servidores públicos, cuando éstos participen en órganos de gobierno de entidades de la administración pública descentralizada y paraestatal, sean también ratificados por el Senado de la República, ello para hacer más transparente el proceso de ratificación de los mencionados funcionarios.

Así pues, el ánimo de la presente propuesta es robustecer nuestras instituciones, en primer lugar, con la idea de que el Senado de la República ejerza verdaderamente su facultad exclusiva respecto del Ejecutivo en cuanto a la ratificación de las designaciones de funcionarios hacendarios de alto nivel y segundo, a fin de que se tenga conocimiento de causa de quiénes estarán encargados de conducir y ejecutar la política económica y hacendaria del país, así como de aquellos que estarán al frente de oficinas clave para el desarrollo económico del mismo. En pocas palabras, señoras y señores senadores y diputados, el tesoro de la nación y el patrimonio de los mexicanos.

Compañeras y compañeros. Espero que esta iniciativa genere el consenso de todos los grupos parlamentarios respecto a los beneficios y contribución a la transparencia del ejercicio gubernamental y así contar con su respaldo para su pronta discusión y aprobación. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador de la República en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Como es bien sabido, dentro de nuestro sistema constitucional mexicano, se encuentran disposiciones referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda, efectuados por el Presidente de la República que, quizá por estar perdidos en los textos de los artículo 76, fracción II y 89, fracciones II y IV, no han cobrado la importancia que merecen. Es precisamente por tal razón que debe efectuarse su análisis para tratar de encontrar las causas por las cuales tales disposiciones son ``letra muerta''.

La función ratificadora del Senado de la República implica la ingerencia de este órgano legislativo en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo posee. Se trata pues, de una función de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la decisión política de un constituyente. Por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la administración pública federal, consagrada en la fracción II del artículo 89, constitucional.

La validez de esta excepción se funda en el equilibrio de poderes. En todas las constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso la facultad de ejercer el control presupuestario y para tal efecto, se creó una Contaduría Mayor de Hacienda --hoy denominada Auditoría Superior de la Federación-- bajo la organización de la Cámara de Diputados. A pesar de esto, el control del Poder Legislativo ha ido aún más lejos y ha pretendido intervenir en los nombramientos de funcionarios hacendarlos.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824; 52 fracción III de la tercera Ley Constitucional de 1836; 74 del segundo proyecto de Constitución de 1842; y 85, fracción IV y 72 fracción B, inciso II, de la Constitución de 1857.

Desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (artículo 16, fracción IV), se consagró la facultad del supremo Poder Ejecutivo para nombrar a los empleados de las oficinas generales de Hacienda, sin especificar cuáles eran tales oficinas. No obstante, es la Constitución federal de ese mismo año, la que introduce la aprobación por parte del Senado, sobre los nombramientos de los empleados de dichas oficinas generales de Hacienda.

Al respecto, en la sesión del 21 de julio de 1824 de la Cámara de Diputados, el constituyente Ramos Arizpe destacó que con tal disposición se facilitaría al Presidente de la República el acierto en el nombramiento de empleos tan importantes; sin embargo, el debate giró en torno a la aprobación de jefes militares y sólo en razón de ellos se dieron argumentos en pro y en contra, por lo que no puede desprenderse de ellos ninguna explicación para la inserción de dicha función de control senatorial para los referidos empleados de hacienda.

Por lo que respecta a la tercera de las Siete Leyes de 1836, de origen eminentemente conservador, también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Lo mismo aconteció con el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74.

A pesar de estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación acerca de la justificación de la atribución analizada. Así pues, tan sólo se cuenta con los debates verificados en la sesión del 13 de octubre de 1856, para especificar de manera enunciativa lo que ya, para la Constitución de 1857, eran los ``empleados superiores de Hacienda''.

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente no contemplaba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros, tesoreros, administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-1857, el diputado Ramón Gamboa expresó igualmente que tales empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas. Ignacio Ramírez, en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de hacienda, a todos aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72, de la Constitución de 1857. Posteriormente con las importantes adiciones y reformas constitucionales del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del naciente Senado, reimplantado debido a dichas reformas.

Un problema de terminología empleada lo representa no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de hacienda al cual deben referirse dichos empleados. En vista de los decretos mencionados, no podemos responder que tal ramo de hacienda se reducía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las multicitadas oficinas generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaría del Estado.

Por todo lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa, es el de determinar en la Carta Magna y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes son los empleados superiores de hacienda, ya que en la actualidad ninguna disposición legal los establece. Así bien, fijar un periodo que no exceda de diez días naturales, para que el Senado de la República, ratifique la propuesta hecha por el Presidente de la República de dichos empleados.

Asimismo, proponemos que todos los suplentes de los servidores públicos, cuando éstos participen en órganos de gobierno de entidades de la administración pública descentralizada y paraestatal, sean también ratificados por el Senado de la República.

Con dicha reforma dotamos al Poder Legislativo federal, en particular al Senado de la República, de mayores elementos para ratificar a dichos empleados, igualmente a los suplentes de los servidores públicos y así hacer más preciso y transparente la elección que haga de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa:

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del 76 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo y se recorre el orden de los otros, del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

Para efectos de la fracción II del artículo 76 constitucional, se entenderá por empleados superiores de Hacienda, el secretario y los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Procurador Fiscal de la Federación, Tesorero de la Federación, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administrador General de Recaudación, Administrador General de Auditoria Fiscal Federal, Administrador General de Aduanas, Administrador General Jurídico, Administrador General de Grandes Contribuyentes, Jefe de la Unidad de Crédito Público y el Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Jefes de Unidad, Vocales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y aquellos que tengan el mismo nivel de responsabilidad que los anteriores; así como los servidores públicos de la administración pública federal, y sus correspondientes suplentes, cuando éstos participen en órganos de gobierno de entidades de la administración pública descentralizada y paraestatal; el Senado hará estas ratificaciones en un periodo que no exceda diez días naturales, contados a partir de la recepción de la propuesta hecha por el Presidente de la República.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Gabino Cué Monteagudo, ha tomado cuenta de su petición inicial el ciudadano Secretario.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su artículo 28, párrafo tercero, establece que las leyes fijarán bases para que se señalen en precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.

En consecuencia, el Estado mexicano cuenta con plenas facultades constitucionales para establecer precios máximos a los productos básicos de consumo generalizado. También la Ley Federal de Competencia Económica establece, una serie de hipótesis que tienden a fomentar la libre competencia entre los distintos agentes económicos y combatir las prácticas monopólicas.

En nuestro país la abrogada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica de diciembre de 1950, facultaba al Ejecutivo federal para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo. En 1951 se expide por parte del Presidente de la República, el decreto que señala con precisión qué productos iban a ser sujetos de precios máximos de términos de esta Ley.

La iniciativa que hoy sometemos a su consideración, tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia Económica, que una serie de productos básicos del consumo popular deben ser sujetos de precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos.

Entre las razones de esta iniciativa, se cuenta el hecho de que actualmente el pueblo mexicano está padeciendo una escalada de precios de los productos de consumo básico, el aumento del precio de las gasolinas y de la leche Liconsa durante las últimas semanas del régimen foxista fue el preludio de la desgracia que se empezaría a vivir con la nueva administración federal en materia de precios de los bienes de consumo popular.

Desde los primeros días del mes de enero del año en curso, el pueblo de este país y los más pobres entre los más pobres, amanecieron con un nuevo precio en la tortilla; el incremento alcanzó en algunos lugares hasta 15 pesos por kilo. Históricamente la tortilla ha sido el principal consumo de los mexicanos.

Existen estados del país como Yucatán, donde se estima que en promedio a diario sus habitantes consumen de forma individual más de 16 tortillas al día, en otros oscila entre seis y ocho tortillas diarias. En contraparte, el INEGI reconoce que actualmente en nuestro país existen 11 y medio millones de trabajadores en la economía informal, lo que representa el 27 por ciento de la población ocupada.

Pero el asunto no termina ahí; de los casi 42 millones de mexicanos que el gobierno federal reconoce como población ocupada, más de 10 millones de ellos apenas perciben un salario mínimo al día. Nunca antes en la historia de México se ha podido comprar menos kilos de tortilla con el salario mínimo que en la actualidad.

Compañeras y compañeros legisladores. Los regímenes neoliberales postulan que los precios de todos los bienes que se comercializan deben ser fijados por el mercado, reivindican como credo económico a la libre competencia; pero se les olvida, que en el contexto actual del desarrollo de la economía mexicana tal libre competencia no existe, porque los mercados están constituidos por oligopolios que son los que fijan las reglas del mercado.

Por esa razón, los precios de los bienes básicos no pueden separarse de este feroz control del mercado por parte de los grandes grupos económicos financieros que dominan nuestra economía. El campo mexicano no escapa a este control oligopólico. Por ejemplo, el maíz está dominado por dos grandes empresas que son Maseca y Minsa, las cuales detentan el control de la comercialización y los cupos de importación de este grano, lo que les permite fijar el precio, además de que especulan con este producto básico cuando el abasto es desfavorable debido al ciclo agrícola.

Esta situación aplica para todos los productos agropecuarios, entre ellos los que consume de manera generalizada el pueblo mexicano como serían: el maíz, el fríjol, el arroz, el trigo, el huevo, el azúcar y la leche, entre otros.

Cabe recordar que durante la vigencia del modelo de Estado keynesiano en nuestro país, la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Conasupo, permitió que tanto productores como consumidores contaran con el apoyo estatal en diversos ámbitos que abarcaba la promoción de la producción para la comercialización y la fijación de precios.

Sin embargo, con el arribo de los gobiernos neoliberales, a partir de 1983, atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México, del Banco Mundial, se inició el desmantelamiento del estado del bienestar para instaurar el brutal régimen neoliberal que impulsó la privatización y extinción de empresas que cumplían un fin social como lo fue la Conasupo.

En este orden de ideas, el régimen neoliberal abandonó de manera deliberada al campo mexicano, lo que a la larga generó una pérdida de la soberanía en materia alimentaria en nuestro país, a grado tal que atravesamos una coyuntura de escasez en granos básicos que no vamos a resolver en el corto plazo. Por eso es necesario que protejamos a los consumidores más pobres de este país, con la fijación de precios máximos a los bienes que esta iniciativa hace referencia.

Solicito a la Presidencia que la versión íntegra de esta iniciativa sea publicada en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadana diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto de adiciones y reformas al artículo 7, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, párrafo tercero, establece que ``las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular...''.

En consecuencia, el Estado mexicano cuenta con plenas facultades constitucionales para establecer precios máximos a los productos básicos de consumo generalizado.

También la Ley Federal de Competencia Económica establece una serie de hipótesis que tienden a fomentar la libre competencia entre los distintos agentes económicos y combatir las prácticas monopólicas.

En nuestro país, la abrogada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, de diciembre de 1950, facultaba al Ejecutivo Federal para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo.

En 1951 el Presidente de la República expide el decreto que señala con precisión qué productos iban a ser sujetos de precios máximos en términos de esa ley.

La iniciativa que hoy sometemos a su consideración tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia Económica una serie de productos básicos de consumo popular que deben ser sujetos de precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos.

Entre las razones de esta iniciativa se cuenta el hecho de que actualmente el pueblo mexicano está padeciendo una escalada de precios de los productos de consumo básico.

El aumento al precio de las gasolinas y de la leche Liconsa durante las últimas semanas del régimen foxista fue el preludio de la desgracia que se está viviendo con la nueva administración federal en materia de precios de los bienes de consumo popular.

Desde los primeros días de enero del año en curso el pueblo de este país, y los más pobres entre los pobres, amanecieron con un nuevo precio en la tortilla.

Esta vez no sufrió un aumento de 6 a 8 pesos, como ocurrió hace algunos meses.

Ahora el incremento alcanzó en algunos lugares hasta 15 pesos y en los menos 12 pesos.

Tal incremento se volvió severamente lesivo a la economía popular, porque la mayoría de los mexicanos no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a estos descomunales aumentos de precios.

Además, históricamente la tortilla ha sido el principal consumo de los mexicanos. Existen estados del país, como Yucatán, donde se estima que en promedio diario sus habitantes consumen de forma individual más de 16 tortillas al día. En otros oscila entre 6 y 8 tortillas diarias.

Como todos sabemos, la sociedad mexicana se caracteriza por la agudeza en la concentración de la riqueza, porque un puñado de familias detenta más de 70 por ciento del ingreso nacional.

Por si fuera poco, el INEGI reconoce que actualmente en nuestro país existen 11.5 millones de trabajadores en la economía informal, lo que implica que 27.2 por ciento de la población ocupada está en esta situación.

Pero el asunto no termina aquí. De los casi 42 millones de mexicanos que el gobierno federal reconoce como población ocupada, más de 10 millones de ellos apenas perciben un salario mínimo al día.

Los regímenes neoliberales postulan que los precios de todos los bienes que se comercializan, deben ser fijados por el mercado.

Reivindican como credo económico a la libre competencia, pero se les olvida que en el contexto actual de desarrollo de la economía mexicana tal libre competencia no existe, porque los mercados están constituidos por oligopolios, que son los que fijan las reglas del mercado.

En este contexto, es una falacia neoliberal creer que los precios de los bienes se regulan por el mercado y la libre competencia.

Por esa razón, los precios de los bienes básicos no pueden separarse de este feroz control del mercado por parte de los grandes grupos económico-financieros que dominan a la estructura industrial de nuestra economía.

El campo mexicano no escapa a este control oligopólico. Por ejemplo, el maíz está dominado por dos grandes empresas, que son Maseca y Minsa, que tienen el control de la comercialización y los cupos de importación de este grano, lo que no sólo les permite fijar precios, sino también especular con este producto básico cuando el abasto es desfavorable debido al ciclo agrícola.

Esta situación aplica para todos los productos agropecuarios, entre ellos los que consume de manera generalizada el pueblo mexicano, como serían maíz, frijol, arroz, trigo, huevo, azúcar y leche.

Por esa razón, hoy más que nunca se vuelve una exigencia nacional retornar a la aplicación de los subsidios generalizados de los productos básicos de consumo popular, porque es la única forma de garantizar el acceso de esos bie-nes a la mayoría del pueblo mexicano.

Los subsidios selectivos han probado su ineficacia y han sido un fracaso rotundo ante la creciente pobreza del pueblo y de los incrementos a los bienes de consumo masivo.

Cabe recordar que durante la vigencia del modelo del Estado keynesiano, la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) permitió que tanto productores como consumidores contaran con el apoyo estatal en diversos ámbitos, que abarcaban la promoción de la producción, así como la comercialización y la fijación de los precios.

Sin embargo, con el arribo de los gobiernos neoliberales a partir de 1983, atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se inició el desmantelamiento del estado del bienestar para instaurar el brutal régimen neoliberal que impulsó la privatización y extinción de empresas que cumplían un fin social, como lo fue la Conasupo.

En ese orden de ideas, el régimen neoliberal abandonó de manera deliberada al campo mexicano, particularmente a los productores ejidales, comunales y pequeños propietarios que en lo fundamental se dedican al cultivo del maíz y de otros bienes de consumo básico.

Ello generó una dependencia alimentaria hacia Estados Unidos y otras partes del mundo, al grado que hoy esta política de importar productos a precios más bajos mostró sus límites en el caso del maíz, porque atravesamos una coyuntura de escasez de granos básicos que no vamos a resolver en el corto plazo.

Por eso es necesario que protejamos a los consumidores más pobres de este país con la fijación de precios máximos a los bienes que esta iniciativa hace referencia.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anterior, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto de adiciones y reformas al artículo 7, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el actual párrafo primero y se adicionan el segundo y el tercero a la fracción I del artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría, dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, deberá efectuar los estudios a los que se refiere el párrafo tercero de la fracción I del artículo 7o., que se reforma en virtud de este decreto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú Garza. Se toma en cuenta su petición.Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o del Código Fiscal de la Federación.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros legisladores. Esta adición es presentada por el diputado Ector Jaime Ramírez Barbay un servidor, con la intención de hacer una adición al Código Fiscal de la Federaciónpara hacer la adición en el artículo 2o. del 1o. al 4o. quedarían íntegros, como se encuentran en este momento y sería una adición de un 5o. que quedaría de la manera siguiente.

Sería para buscar que se contemplaran las contribuciones especiales al gasto y quedaría así: Contribución al gasto son las atribuciones que recauda el fisco federal para sufragar una función pública específica o generada por actividades lícitas que originan un beneficio individualizable para quienes la realicen. Esto, con el objetivo de evitar que se encuentre este vacío que en este momento tenemos en el Código Fiscal. Finalmente esto es para buscar que la recaudación sea de manera adecuada. Es cuanto diputada Presidenta. Pido se turne a la Comisión correspondiente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales José Antonio Muñoz Serrano y Ector Jaime Ramírez Barba , integrantes del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara, la iniciativa de decreto por el que se adiciona el Código Fiscal de la Federación, para lo cual presentamos la siguiente

Exposición de Motivos

La figura conocida como ``contribución especial al gasto público'', originalmente descrita por la doctrina, ya ha sido utilizada y viene presentándose con mayor frecuencia en diversas disposiciones fiscales en el país. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido incluida en el Código Fiscal de la Federación.

A fin de procurar la mayor armonización posible en la legislación federal, se propone, como complementaria a esta iniciativa, una reforma al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, agregando la fracción V a fin de incluir la figura de ``contribuciones al gasto público'' en dicho ordenamiento, aportando así mayor claridad a la legislación fiscal federal.

Ahora bien, la introducción de esta figura en el referido artículo 2 del Código Fiscal, amerita una consideración amplia sobre su sustento teórico y jurídico, lo que a continuación se desarrolla.

En materia de justicia tributaria resulta posible distinguir, entre otras, dos corrientes de pensamiento:

La primera se identifica con Adam Smith quien consideraba que un sistema fiscal equitativo es aquél en el que cada sujeto de una contribución aporta de acuerdo con los beneficios que recibe de los servicios públicos. De acuerdo con este principio un sistema fiscal, verdaderamente equitativo diferirá, dependiendo de la estructura del gasto. Por consiguiente, el criterio de beneficio no es tan sólo un criterio de política impositiva, sino de política de impuesto y gasto.

El principio de beneficio conduce a considerar que el pago que se realiza por las contribuciones es equivalente al precio de los servicios prestados por el gobierno, de tal modo, que la cantidad que cada contribuyente aporta al gobierno está en relación directa a la satisfacción que, como consumidor obtiene de los bienes y servicios públicos que se le proporcionan. Sin embargo existen también gastos estatales no individualizables que se incrementan por el ejercicio de actividades licitas y que, a pesar del beneficio que reportan esas actividades, el costo de sus consecuencias es absorbido por todos los contribuyentes.

En efecto, dado que el gasto público es financiado a través de la detracción o desvío de recursos del sector privado, los dos lados del presupuesto gubernamental (la determinación de la certeza fiscal y el volumen del gasto) deben determinarse conjuntamente; para ello, el principio de beneficio propone que, para cada contribuyente, la aportación al gasto público debe estar estrechamente vinculada a la utilidad o provecho que recibe de dicho gasto y a la vez el principio de gasto específico propone que, el sujeto generados de determinados gastos a cargo del estado por el desarrollo de actividades que le benefician, aporte para sufragarlos.

Otra corriente, también de notable antigüedad, descansa sobre el principio de capacidad de pago. Desde este punto de vista se contempla el problema del gravamen en sí mismo, independientemente de la determinación del gasto. Se necesita un ingreso total dado y a cada contribuyente se le pide que contribuya según su capacidad de pago.

El principio de capacidad contributiva, otorga gran significado a la naturaleza obligatoria de pago de tributos, o dicho de otro modo: no importa el beneficio que reciba de los gastos públicos, todos los particulares tienen la obligación de contribuir para su financiamiento, lo que harán de acuerdo con su capacidad económica, de tal modo, que quienes tengan un mayor ingreso, posean un mayor patrimonio, efectúen un mayor consumo o realicen actividades comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra lícita en su beneficio generadora de gasto adicional, contribuyan en mayor cuantía.

Respecto al principio de beneficio y gasto el reto es encontrar formas en que ese beneficio pueda equilibrar el gasto público que genera la actividad tendiente a su obtención, sin que el propósito recaudatorio lleve a construir una política de regresividad impositiva, lo que es impedido con la correcta observancia del principio de capacidad impositiva que exige tomar en cuenta los indicadores inmediatos de capacidad económica del contribuyente (ingreso, patrimonio, consumo o inversión).

De esta manera al cumplirse con los extremos anteriores, puede concluirse que una contribución especial al gasto constituye la norma económica capaz de permitir, de manera equitativa, y administrativamente factible, la generación de recursos fiscales suficientes para cubrir el gasto que provoca o incrementa una actividad individualizable.

Tratándose de contribuciones especiales al gasto, se asemejan a al concepto de derechos, sin embargo su diferencia estriba en que por regla general el derecho es recibido por el Estado a cambio de una contraprestación, y en el caso de contribuciones especiales al gasto, serán recaudadas por el sólo hecho de desarrollar una actividad vinculada a un gasto específico que se provoca o incrementa por la misma.

De este modo, los beneficiarios inmediatos del gasto deberán absorber la derrama de los costos de las obras o servicios, es decir, tratándose de propietarios de bienes inmuebles la medida del beneficio diferencial será la plusvalía o plus valor que generadas por su proximidad física de las obras.

Por lo anterior, y convencidos de la trascendencia de esta reforma, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el Código Fiscal de la Federación

Único. Se adiciona el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Se toma en cuenta la petición que hizo el diputado.

ARTICULOS 46 Y 76 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Con su permiso, Presidenta. Legisladoras y legisladores. Cuando existe incertidumbre provocada por el desconocimiento de los límites territoriales entre las entidades federativas, la consecuencia es que en algunos de estos casos las autoridades de los estados no pueden ejercer plenamente sus facultades de mando en el área de conflicto, lo que provoca además la imposibilidad de los ciudadanos de cumplir con sus obligaciones, entre las que podemos mencionar las fiscales, electorales, administrativas, al desconocer cuál es el gobierno del estado al que deben recurrir.

Por lo tanto, en nuestro papel de legisladores debemos atender esta demanda de las partes integrantes de la Federación, expidiendo al efecto las reglas claras y precisas que permitan la solución técnica y jurídica de conflictos limítrofes entre las entidades federativas.

Ahora bien, el Capítulo Segundo del Título II de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional prevé todo lo relativo a este tema en sus artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Así, el artículo 42 constitucional, sin definir jurídicamente el concepto de territorio, se limita a hacer una descripción o enumeración de lo que comprende el territorio nacional. El artículo 43 establece cuáles son las partes integrantes de la Federación mexicana. El 44 constitucional hace referencia al territorio del Distrito Federal, pero sin determinar cuál es éste. El 45 se limita a señalar que la extensión de límites territoriales de los estados de la Federación son los que hasta el día de hoy se han tenido, siempre y cuando no haya dificultades en cuanto a ellos.

Actualmente y derivado de la reforma constitucional efectuada a los artículos 46, 73, fracción IV y 76 fracciones X y XI de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre del año 2005, el citado artículo 46 prevé la posibilidad de arreglar los límites mediante convenios amistosos, los cuales siempre deberán ser aprobados por la Cámara de Senadores.

Adicionalmente, compañeros legisladores, y por su fundamental vinculación con el tema que nos ocupa, no se debe soslayar el contenido de las fracciones X y XI del artículo 76 constitucional, el cual señala que son facultades exclusivas del Senado autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas, así como resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.

Por lo tanto, compañeras, podemos observar que la intención del constituyente y del legislador ha sido siempre la siguiente: que ante la división territorial virtual que existe en nuestra Constitución, las entidades federativas puedan arreglar entre sí, mediante convenio amistoso, sus límites territoriales, el cual siempre deberá ser aprobado por la Cámara de Senadores para poder tener efectos.

De esta forma, la presente iniciativa se justifica con mayor razón porque los integrantes del Senado de la República tenemos la obligación constitucional de participar de forma eficaz y eficiente en la solución de los conflictos que se susciten con motivo de los límites territoriales, buscando con ello garantizar y preservar la paz social de las entidades federativas de todo el país.

Por lo tanto, a fin de darle la eficiente viabilidad y operatividad a la reforma efectuada a los artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que vengo a someter a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que contiene la Ley Reglamentaria de los Artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por obvio de tiempo y como lo había solicitado al Presidente, le solicito a la Presidencia si pudiera insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención compañeros, muchas gracias.

«Iniciativa de Ley Reglamentaria de los Artículos 46 y 47, Fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Alejandro Moreno Cárdenas, perteneciente a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que contiene la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

Cuando existe incertidumbre provocada por el desconocimiento de los límites territoriales entre entidades federativas, la consecuencia es que en algunos casos las autoridades de los Estados no puedan ejercer plenamente sus facultades de mando en el área de conflicto, lo que provoca además la imposibilidad de los ciudadanos de cumplir con sus obligaciones, entre las que podemos mencionar las fiscales, electorales y administrativas, al desconocer cuál es el Gobierno del Estado al que deben recurrir.

Por lo tanto, en nuestro papel de legisladores debemos atender esta demanda de las partes integrantes de la Federación, expidiendo al efecto las reglas claras y precisas que permitan la solución técnica y jurídica de conflictos limítrofes entre las entidades federativas.

En efecto, para conocer la problemática existente en el tema que nos ocupa, es preciso abordar los antecedentes históricos de los artículos constitucionales que esta iniciativa pretende reglamentar, ello con la finalidad de tener una retrospectiva del contexto de los conflictos que se presentan con motivo de los límites territoriales entre los integrantes del Estado Federal, así como del papel tan relevante que ocupa el Senado de la República en la aprobación de los convenios amistosos y en la solución definitiva de dichos problemas, mediante la expedición de los decretos correspondientes.

El Acta Constitutiva de la Federación, fue el documento legal que por primera vez contempló una federación integrada por estados libres y soberanos en lo referente a su régimen interior, ordenamiento en el que se contemplaba la forma de gobierno del pueblo mexicano, la posibilidad de aumentar el numero de entidades federativas, la facultad del poder legislativo de resolver lo concerniente a los conflictos de límites entre los Estados y conservar la unión federal.

Posteriormente, la Constitución promulgada en 1824 establecía en el Título II, la forma de gobierno de la nación, los estados integrantes de la federación y la división del poder supremo, documento que contempla en su artículo 50 numeral cinco, como facultad exclusiva del Congreso General, arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus diferencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos.

La Constitución de 1857, establecía en el artículo 40 la forma de gobierno del Estado mexicano, señalando que éste se componía de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. La sección II, del título 2 contenía las partes que integraban la federación y el territorio nacional. En el mismo documento se atribuye como facultad del Congreso el arreglo definitivo de los límites de los estados, a fin de terminar con las diferencias que se susciten entre ellos sobre la demarcación de sus respectivos territorios, excepto cuando esas diferencias tuviesen un carácter contencioso.

De igual forma, se implantaba la posibilidad de que los estados pudiesen arreglarse entre sí mediante convenios amistosos, mismos que no tendrían efecto sin la aprobación del Congreso.

Por su parte, la Carta Magna de 1917 vigente en nuestros días, en el texto original del artículo 46 señalaba que los estados que tuviesen pendientes cuestiones de límites, las arreglarán o solucionarán en los términos que establece la misma Constitución. Posteriormente sufrió una reforma en 1987 en donde se establecen los convenios amistosos entre los Estados para arreglar así los conflictos que tuviesen respecto a sus límites territoriales, los cuales debían ser aprobados por el Congreso de la Unión.

II. De las partes integrantes de la federación mexicana

El Capítulo II, del Título II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, intitulado ``De las Partes Integrantes de la Federación y el Territorio Nacional'', prevé todo lo relativo a este tema en sus artículos 42, 43, 44, 45, 46 47 y 48.

II.1. Así, el artículo 42 constitucional, sin definir jurídicamente el concepto de territorio, se limita a hacer una descripción o enumeración de lo que comprende el territorio nacional.

II.2. Por su parte, el artículo 43 constitucional establece cuales son las partes integrantes de la federación mexicana.

II.3. El artículo 44 constitucional hace referencia al territorio del Distrito Federal, pero sin determinar cuál es.

II.4. Asimismo, el artículo 45 constitucional se limita a señalar que la extensión y límites territoriales de los estados de la Federación, son los que hasta el día de hoy se han tenido, pero siempre y cuando no haya dificultades en cuanto a ellos.

``Artículo 45. Los estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.''

II.5. Actualmente, y derivado de la reforma constitucional efectuada a los artículos 46, 73 fracción IV y 76 fracciones X y XI de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre del 2005, el citado artículo 46 prevé la posibilidad de arreglar los límites mediante convenios amistosos, los cuales siempre deberán ser aprobados por la Cámara de Senadores.

A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quién actuará en términos del artículo 76, fracción XI, de esta Constitución.

Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.''

Adicionalmente y por su fundamental vinculación con el tema que nos ocupa, no se debe soslayar el contenido de las fracciones X y XI del artículo 76 constitucional, el cual es del tenor siguiente:

II.6. Además, el artículo 47 constitucional, que es una disposición especial para el estado de Nayarit, establece que sus límites y extensiones territoriales son los que tenía anteriormente el territorio de Tepic.

II.7. Por último, el artículo 48 dispone que del gobierno federal dependerán las islas, cayos, arrecifes, plataforma continental, zócalos submarinos, mares territoriales, aguas interiores y el espacio situado sobre todo el territorio nacional, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.

III. Problemática a resolver con la presente iniciativa

Derivado de una interpretación armónica y sistemática de los artículos constitucionales transcritos, es claro que para dar una solución a los conflictos de límites territoriales entre entidades federativas, dichos preceptos constitucionales tienen que entenderse en su conjunto, teniendo cohesión y dándose sentido unos a los otros.

Por lo tanto, podemos observar que la intención del constituyente y del legislador ha sido siempre la siguiente:

III.1. Que ante la división territorial virtual que existe en la Constitución, las entidades federativas puedan arreglar entre sí, mediante convenio amistoso, sus límites territoriales, el cual siempre deberá ser aprobado por la Cámara de Senadores para poder tener efectos;

III.2. Que si los estados no llegan a un acuerdo, la Cámara de Senadores puede terminar sus diferencias por medio de decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes;

III.3. Que si con el decreto emitido por la Cámara de Senadores, que fije los límites de las entidades federativas en desacuerdo, se llegaren a suscitar conflictos derivados de la ejecución del decreto, el Poder Judicial de la federación está facultado para resolver, en vía de controversia constitucional, tal conflicto.

Los razonamientos antes expuestos, muestran una clara lógica jurídica, pues mientras no exista una resolución por parte de la Cámara de Senadores sobre los límites territoriales de las entidades federativas en conflicto, la autoridad judicial no cuenta con ninguna norma que pueda aplicar en la cuestión controvertida, y menos aún tiene el análisis social, económico ni político que son indispensables tomar en consideración en esta clase de controversias.

Y esto es así, ya que un conflicto de límites territoriales entre entidades federativas, en donde nunca ha existido una norma que delimite las extensiones y fronteras de los estados que conforman nuestra Federación, y que por lo tanto, sólo existen cuestiones políticas, cuestiones de hecho y no de derecho, es conocido por el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores, con el carácter de conflicto exclusivamente político, para que dicha Cámara emita una resolución.

Lo anterior, porque si bien es cierto que la Corte también conoce de controversias constitucionales en las cuales existen intereses políticos, en esos casos los problemas pueden ser resueltos jurídicamente porque hay una norma que así lo establece, a diferencia de lo que sucede con los conflictos de límites, en los que no existe ley reglamentaria.

Resulta evidente que existe una laguna jurídica en la materia, misma que ha ocasionado el surgimiento de diferencias entre los Estados para la determinación de sus límites territoriales, si bien es cierto que el artículo 46 establece la posibilidad de que las entidades en conflicto lleguen a un convenio amistoso, no se precisan los medios de que ha de valerse el Congreso, específicamente la Cámara de Senadores cuando no exista un convenio entre las partes afectadas.

En la solución de este tipo de problemas provocados por la demarcación territorial de las entidades federativas, el Senado de la República tiene un papel fundamental, pues con las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2005, es la instancia legislativa encargada de avalar mediante la expedición de un decreto el convenio amistoso a que lleguen los estados en conflicto, o en caso de no existir un acuerdo, es el órgano encargado de resolver definitivamente los conflictos limítrofes entre integrantes de la federación, por lo que resulta de imperiosa necesidad reglamentar el procedimiento que el Senado debe seguir en esta cuestión.

Esto es, debemos reiterar que es el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, la instancia competente y adecuada para resolver los conflictos de límites entre las entidades federativas, tal y como lo prevén los artículos 46 y 76 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que, constitucional y legalmente, el Senado de la República es la instancia que tiene por objeto representar ante el Poder Legislativo a la federación, constituida ésta por los 31 estados y el Distrito Federal.

Es por ello que la iniciativa que se presenta, tiene como finalidad reglamentar los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer las normas a seguir en el procedimiento de solución de conflictos de límites territoriales que surjan entre las entidades federadas.

De esta forma, la presente iniciativa se justifica con mayor razón, porque los integrantes del Senado de la República tenemos la obligación constitucional de participar en forma eficaz y eficiente en la solución de los conflictos que se susciten con motivo de límites territoriales, buscando con ello garantizar y preservar la paz social de las entidades federativas del país.

Por lo tanto, a fin de darle la eficiente viabilidad y operatividad a la reforma efectuada a los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que contiene la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores, aprobar por las dos terceras partes de los individuos presentes, mediante decreto, los convenios amistosos que suscriban las entidades federativas, a fin de arreglar entre sí los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones colindantes.

Artículo 2o. También compete a dicho órgano legislativo, resolver de manera definitiva los conflictos sobre los límites territoriales de las entidades federativas que así se lo soliciten, expidiendo al efecto el decreto correspondiente que hubiese sido aprobado por las dos terceras partes de los individuos presentes.

Artículo 3o. En los dos casos previstos en los artículos anteriores, el decreto que al efecto emita el Senado de la República deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 4o. La petición para que el Senado conozca de los conflictos sobre los límites territoriales de las entidades federativas, deberá ser formulada por el gobernador del estado interesado. Recibida la petición, el Senado la turnará a la comisión correspondiente para que ésta ordene los estudios conducentes y, en su caso, formule su dictamen y el proyecto de decreto respectivo.

Artículo 5o. Asimismo, los convenios amistosos que las entidades federativas suscriban para arreglar entre sí los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones colindantes, deberán estar suscritos por los titulares del ejecutivo de éstas, debiendo remitirlos al Senado de la Republica para su aprobación, una vez que la comisión competente hubiese elaborado el dictamen conducente.

Artículo 6o. A falta de acuerdo amistoso entre las entidades federativas que tengan discrepancias respecto de los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones, y a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda, la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado de la República, procederá de la siguiente manera:

Artículo 7o. El costo de los apoyos técnicos, humanos y administrativos que se requieran para la realización de las acciones previstas en el artículo anterior, así como los necesarios para resolver en definitiva el conflicto de límites territoriales, correrá a cargo de las entidades federativas que para tal fin hubiesen acudido al Senado de la República.

Para tal efecto, los titulares de las entidades federativas en conflicto, deberán designar una comisión presidida por los titulares de finazas de éstas, con la suficiente capacidad, competencia, autoridad y representación legal, a fin de que determinen de común acuerdo la empresa que se hará cargo de los trabajos técnicos correspondientes.

Artículo 8o. La designación e instalación de la comisión referida en el artículo anterior, deberá ser realizada en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que el Senado de la República, por conducto de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, les hubiese notificado la radicación de solicitud de intervención de dicho órgano legislativo.

Artículo 9o. Definidos que hayan sido, técnica y legalmente los límites territoriales en conflicto, en el Decreto que al efecto emita el Senado de la República, ordenará que se realicen los trabajos de señalización, amojonamiento y rehabilitación que se requieran, ajustándose para ello a lo previsto en artículo 7o. de la presente ley.

Artículo 10. Es responsabilidad de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado de la República, llevar un estricto control de todos y cada uno de los expedientes que se integren con motivo de las facultades previstas en la presente ley, así como de los dcretos que la Cámara de Senadores hubiese emitido al respecto, y de sus respectivas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 11. Los expedientes que la cmisión referida integre, con motivo de las facultades que se reglamentan en la presente ley, deberán estar debidamente foliados, resguardados y ordenados.

Asimismo, los acuerdos que dicha comisión expida para iniciar e impulsar el procedimiento correspondiente, deberán ser firmados por el Presidente de ésta y autorizados por el Secretario de la misma, el que para el sólo efecto de los supuestos previstos en esta ley, fungirá como fedatario.

Artículo 12. Las cuestiones no previstas en la presente ley y que se susciten durante el inicio y desarrollo del procedimiento previsto en ella, las resolverá el pleno de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, respetando invariablemente los principios constitucionales conducentes, así como los de legalidad y seguridad jurídica.

Artículo 13. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre del 2005, por el que se reformó el único párrafo y se adicionó un segundo párrafo al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual a ser fracción XII del artículo 76, y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda integrada la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, con un Presidente, dos Secretarios y dos Integrantes, con las facultades y funciones prevista en la presente ley.

Transitorio

Único. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Agradecemos la sensibilidad del senador Alejandro Moreno Cárdenas, muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y se toma en cuenta su petición.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticainiciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Iniciativa que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona dos párrafos a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace varias décadas hemos sido testigos y partícipes de una prolongada discusión concerniente a uno de los aspectos más importantes de las finanzas públicas del Estado mexicano que es el que se refiere al análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos Federal que envía el gobierno de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos establecidos en nuestra Constitución.

De los muy diversos y amplios temas correspondientes a este aspecto de las finanzas públicas del Estado, tiene particular relevancia el relacionado a las fechas de presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos, así como el que se refiere al momento en el que éste empieza a aplicarse.

Las disposiciones relativas al proceso de aprobación presupuestal, determinan la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados otorgada por el constituyente de 1917, siendo objeto de importantes estudios de constitucionalistas de la época, bajo argumentos que unificaron criterios en el sentido de que la Cámara de Diputados tiene mayor vinculación y representación popular y por tanto, con mejor posición de conocer el criterio y los sentimientos de la población.

A pesar de lo anterior, no fue sino hasta la reforma política de 1977 cuando se estableció que el Presidente de la República debía hacer llegar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto a más tardar el 15 de noviembre, posteriormente en 1982 se adicionó al segundo párrafo para el caso de que un nuevo Presidente tomara posesión del Ejecutivo Federal, entonces podría presentar la iniciativa hasta el 15 de diciembre.

Hoy enfrentamos dilemas de diseño constitucional, debido a que la regulación en la materia no es sólo muy general y extraordinariamente precaria, sino que a su vez, vista desde la integridad del ordenamiento constitucional, genera obstáculos para la deliberación parlamentaria e incertidumbre respecto del papel que han de jugar los órganos Ejecutivo y Legislativo en su proceso de aprobación y aplicación.

La primera controversia jurídica que surge en torno a este artículo se refiere a la salida legal en caso de que no se apruebe el Presupuesto de Egresos antes de concluir el año fiscal (31 de diciembre). Coexiste una previsión constitucional explícita para ese caso, cada vez más presente bajo el escenario actual de un Congreso con tendencias marcadamente plurales. Existe un vacío legal en la legislación presupuestal, no está claro qué debe hacerse en caso de que el presupuesto no sea aprobado el 1 de enero.

Lo único que se establece en la ley es que los salarios de los servidores públicos serán pagados a tiempo, pero ningún otro gasto público puede ser desembolsado, ante tal situación, probablemente el Presidente podría iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de resolver la parálisis.

Para solucionar estos problemas se han presentado diversas iniciativas por legisladores de varios partidos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. En abril de 2001 el Ejecutivo aborda este tema, remitiendo una extensa iniciativa de reformas a distintos ordenamientos la nueva Hacienda Pública Distributiva , con objeto de regular los procesos de análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, quedando sepultada esta discusión por el viejo debate sobre las medidas recaudatorias impulsadas por el Ejecutivo.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se reconoció la falta de transparencia en el sistema presupuestal, la carencia de criterios de reconducción que dota de incertidumbre al debate, la inicua distribución de la riqueza, la innegable miseria y la marginación, haciendo énfasis en los graves rezagos existentes en energía e infraestructura, comunicaciones y transportes, agua, educación, salud, seguridad pública, etcétera.

En ella, el Ejecutivo federal reconoció la necesidad de adecuar un nuevo marco normativo en materia presupuestaria ante la latente crisis en la política económica en nuestro país, discusión que quedó olvidada debido al polémico debate sobre el establecimiento de contribuciones.

Como sabemos, el texto vigente de la Constitución establece que ambas iniciativas deben ser presentadas a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al de su aplicación y su aprobación debe haberse realizado antes del 1 de enero del año siguiente. Solamente existen dos excepciones a esta prescripción, señaladas en el mismo artículo 74 constitucional, fracción IV, consistentes en que cuando el Presidente de la República se hace cargo del gobierno federal el 1 de diciembre, la presentación de estos proyectos puede diferirse a más tardar el 15 de diciembre de ese mismo año, o bien que el plazo para su entrega puede ampliarse cuando lo solicite el gobierno federal y la Cámara de Diputados considere que existe causa justificada para autorizarlo.

Esto significa que en las condiciones actuales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está obligada a aprobar el Presupuesto de Egresos antes del 1 de enero del año siguiente al de la presentación del proyecto respectivo, porque de lo contrario, no existiría ningún fundamento legal para que se ejerciera el gasto público, porque éste no habría sido aprobado por el único órgano facultado para hacerlo. Consecuentemente, la Cámara de Diputados solo cuenta con dos meses para aprobar el Presupuesto de Egresos, es obvio que el tiempo del que disponen los Diputados para analizar, discutir, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación es muy reducido, sobre todo si se toma en cuenta su amplitud temática y la complejidad de muchos de los elementos financieros, jurídicos, políticos, sociales y económicos que lo integran o que tienen relación con sus disposiciones, a lo que debe agregarse la importancia intrínseca de este acto jurídico fundamental en el ámbito de las finanzas públicas federales.

La experiencia nos ha demostrado que estos plazos son insuficientes para que la Cámara de Diputados realice un trabajo adecuado cuantitativa y cualitativamente en esta materia, el cual debe juzgarse en relación directa a la trascendencia de esta atribución que le confiere la Constitución, de lo cual es prueba el hecho incontestable de que en la inmensa mayoría de los casos, este órgano realiza un período extraordinario de sesiones específicamente para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es inobjetable que resulta negativo que un asunto técnicamente tan complejo deba ser atendido por las comisiones respectivas y por el pleno de la Cámara, bajo presiones de fechas y de tiempo, toda vez que esta situación limita las condiciones para el análisis y el estudio detenido de los diversos elementos de distinta naturaleza que integran el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como sabemos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha aprobado recientemente una iniciativa de reformas constitucionales, que en gran medida han contribuido a la solución de los problemas que anualmente se presentan con relación al tiempo del que dispone este órgano para ejercer sus atribuciones en esta materia.

El contenido esencial de esta reforma consiste en la modificación de los plazos para la presentación de los proyectos de la ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos Federales, los cuales deberán ser enviados a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre del año anterior al de su aplicación, estableciéndose que la aprobación correspondiente podrá realizarse hasta el 15 de noviembre inmediato posterior.

No obstante, me parece que esta modificación debe ser complementada con otra reforma constitucional, mediante la cual se prevea el caso de que el Presupuesto de Egresos no pueda ser aprobado en la fecha señalada, o en general, antes del 1 de enero del año de su aplicación, con el propósito de eliminar por completo la presión del tiempo para realizar el análisis exhaustivo y cuidadoso que merece un asunto de tanta trascendencia.

Para este efecto, considero necesario que se establezca una disposición en la Constitución Federal, compatible con el texto vigente y con el que hemos aprobado, conforme a la cual, si por alguna circunstancia no hubiera un presupuesto de egresos aprobado el 31 de diciembre del año previo al de su aplicación, entrará en vigor el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Los esfuerzos para implementar un mecanismo de reconducción presupuestal han quedado plasmados en varias iniciativas. La reconducción, es previsión presupuestal, es un conjunto de medidas constitucionales que se adoptan para garantizar que el Estado no carezca de los recursos presupuestales con motivo de la falta de acuerdos entre los órganos que tienen la responsabilidad de emitir los presupuestos de ingresos y egresos.

El término reconducción o reconducción económica se ha venido utilizando en los últimos tiempos para referirse a las previsiones sobre la posibilidad de ausencia de presupuestos públicos, esta figura se adopta con diversas modalidades, la más recurrida es la prórroga del presupuesto anterior en caso de que el Legislativo rechace o no se pronuncie sobre los proyectos presentados.

En el ámbito internacional, las disposiciones relativas a la reconducción presentan tres tendencias:

Una señala que en caso de no existir acuerdo para la aprobación del presupuesto, entraría en vigor el presupuesto presentado por el Ejecutivo sin modificación alguna. A ella se acogen países como Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Otra consiste en la prórroga indefinida del presupuesto anterior, y se aplica en Colombia, España, República Dominicana, Honduras, Suecia, Finlandia, Uruguay, Grecia, Rumania y Venezuela; España refleja una prórroga hasta la aprobación del nuevo presupuesto. La otra tendencia es mixta, porque combina las medidas anteriores; en Panamá cuando la Asamblea es quien no aprueba, entra en vigor el proyecto presentado por el Presidente, pero si la Asamblea rechaza, permanece en vigor el del año anterior; en Colombia si el Congreso no expide el presupuesto, regirá el presentado por el Presidente, pero si el Presidente no presenta proyecto, continua vigente el del año anterior.

Países como Finlandia y Portugal presentan mecanismos de reconducción presupuestal innovadores, ya que a falta de aprobación del presupuesto presentado por el Ejecutivo, el Parlamento puede presentar una propuesta alternativa.

Si bien es cierto que la reconducción del presupuesto es viable porque evita la parálisis constitucional, también lo es tomar en consideración los escenarios económicos, políticos y sociales con los que contamos.

La propuesta que someto a consideración plantea previsiones constitucionales, en función de la propia naturaleza del presupuesto de egresos, ya que es un decreto de carácter mixto, pues originalmente emana del Ejecutivo pero materialmente es emitido por el Legislativo, teniendo las características de todo acto administrativo.

Afirmativa Ficta

De acuerdo con el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo por el cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas se consideraran aceptadas.

La aplicación de esta modalidad consistiría en la entrada en vigor del proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo en los casos de que el Legislativo no se pronuncie en el lapso previsto en la Constitución. Probablemente la fuerza mayor del Poder Legislativo está en la capacidad para aprobar el presupuesto de una Nación y verificar que el gasto público se ajuste a las disposiciones presupuestales, por ello es indispensable contar con mecanismos adecuados para procesar la integración del gasto público.

La afirmativa ficta que se propone en materia presupuestal no podría operar sobre la base de la posibilidad del veto presidencial. Si a la Cámara se le negara la posibilidad de detener el Decreto de Presupuesto, al Ejecutivo se le debe negar también la posibilidad de regresar el decreto expedido.

Este problema se ve con mayor claridad cuando se advierte que en México el veto presidencial puede operar sobre cualquier aspecto del decreto legislativo y no sobre la totalidad, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, en donde el Presidente no puede vetar más que toda la ley o decreto.

Por ello, la afirmativa ficta no puede dejar en duda la cuestión del veto presidencial. Sin veto, si en la Cámara de Diputados no se logra constituir una mayoría para aprobar el Presupuesto, entonces es admisible que el proyecto presidencial se ejecute y el país tenga la seguridad de que siempre habrá una autorización de gasto.

En el escenario de que el Presidente no cuente con una mayoría en la Cámara de Diputados, con la afirmativa ficta las oposiciones estarían obligadas a llegar a un acuerdo, ya sea entre sí o con el partido del Presidente, pues de lo contrario predominaría el proyecto del Ejecutivo.

La facultad presupuestaria hace que los legisladores tengan una influencia inmediata en el desarrollo nacional, ya que en la asignación de recursos se denota la prioridad que cada área tiene, se puede prever el impulso de cambios transcendentales, siempre y cuando las diferencias sean salvadas por actos de consenso para evitar la parálisis de la función legislativa.

Contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

El contenido del proyecto de Presupuesto del Ejecutivo federal debe guardar congruencia con la política económica, no presentar asignaciones financieras desproporcionadas y distinguir con toda claridad el gasto comprometido, fijo o irreductible de las erogaciones no comprometidas y por tanto susceptibles de reasignación.

El gasto público se encuentra determinado en gran medida, por los compromisos jurídicos de diversos tipos. Algunos señalan expresamente el nivel de recursos a erogar, otros indican obligaciones del Gobierno Federal para su atención sin establecer montos específicos; asimismo existen erogaciones que están claramente definidas como prioridades. Partiendo de la consideración de estos criterios propiamente definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resultará de gran utilidad práctica la distinción en el presupuesto de egresos del gasto comprometido y de las erogaciones no comprometidas.

Término para la Aprobación de la Cuenta Pública

Coordinar y evaluar, son facultades que tiene la Cámara de Diputados con respecto al desempeño del Órgano Superior de Fiscalización, atribuciones necesarias para controlar el ejercicio del presupuesto de gasto público.

En 1999, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a diversos artículos constitucionales para crear la Auditoría Superior de la Federación, organismo que reemplazó a la Contaduría Mayor de Hacienda a partir de enero de 2000.

A pesar del gran avance que ello representó, la eficacia y la eficiencia no se han dejado sentir. Estamos por recibir en el próximo mes de junio la Cuenta Pública de 2003, y aún quedan pendientes de aprobar las correspondientes a 2001 y 2002, debido a que el marco normativo no establece fecha fatal para dar cumplimiento a este mandato constitucional, lo cual hace prevalecer deficiencias jurídicas y técnicas.

En este sentido, debiera considerarse que la dictaminación de la Cuenta Pública de un ejercicio fiscal anterior se realice antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente (15 de noviembre), con la finalidad de conocer los resultados cuantitativos y cualitativos, avances del gasto aprobado, cifras y programas en situación de subejercicio, contando con los insumos de información suficientes para una adecuada valoración y toma de decisiones, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos.

La vigilancia de las funciones del órgano superior de fiscalización y la facultad presupuestaria, resultan de suma importancia para vida económica de nuestro país, pues su ejercicio significa un contrapeso que contribuye al equilibrio de poderes, sujetando la discrecionalidad en la aplicación de fondos públicos a la aprobación de la Cámara de Diputados.

El esquema que se propone en esta iniciativa tiene la ventaja de garantizar la estabilidad y continuidad del gasto, abriendo la oportunidad para que un congreso plural dirima y dialogue sobre las prioridades de gasto para propiciar el desarrollo nacional.

Invariablemente, el Congreso está obligado a asegurar el equilibrio presupuestal y constreñir sus propuestas de gasto a su financiamiento. La asignación de recursos públicos requiere garantizar no solo niveles crecientes de gasto, sino que éste se aplique en el rubro adecuado y se ejerza con eficiencia, con niveles crecientes de productividad, transparencia y equidad distributiva, estrechamente vinculadas al alcance de metas estratégicas, con una visión de largo plazo, no de coyuntura política.

La ausencia de mecanismos que permitan sostener el gasto, al menos en los rubros que se consideran indispensables, supondría un riesgo real de servicios y funciones básicas como seguridad y educación, recordemos que en diciembre de 2001, por unas horas el país estuvo en una parálisis financiera al no haberse aprobado el Presupuesto de Egresos, sino hasta el 1 de enero de 2002.

El constitucionalismo contemporáneo ha venido incorporando nuevas formas de control del gasto, teniendo como objetivo principal el equilibrio entre los ingresos y los egresos. Actualmente la mayoría de los países están convencidos de que la planeación puede ser un instrumento poderoso para acelerar las tasas de crecimiento, una economía planificada permite que los intereses sociales estén por encima de los intereses individuales, una economía planificada es más eficaz, eficiente y productiva que una economía sin planificación, debido a que se puede lograr que se utilicen plenamente los recursos materiales, financieros y humanos con la consiguiente elevación del ingreso nacional.

La ciudadanía espera de sus gobiernos la construcción de condiciones que fomenten la competitividad, el empleo, las oportunidades de desarrollo y la seguridad pública, a través de la edificación de visiones compartidas. La unidad en la diversidad está implícita en el Pacto Federal.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman y adicionan dos párrafos a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si en el momento en que entrara en vigor esta reforma constitucional estuviera discutiéndose o analizándose el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el gobierno federal, se aplicarán las disposiciones contenidas en este decreto, con relación al proceso de aprobación respectivo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalpara presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con su permiso, señora Presidenta. El secuestro es sin duda uno de los delitos que más lesionan a la sociedad y por supuesto a las familias, lastiman y marcan de por vida a sus integrantes. No imagino peor dolor, que el de aquellos a quienes les arrebatan a sus seres queridos y los mantienen en la incertidumbre sometidos a una brutal presión sicológica, exigiendo cualquier cantidad a cambio.

La de aquellos a quienes les han arrebatado a un ser querido y no vuelven a verlos, viviendo siempre con la incertidumbre de su suerte. La de aquellos a quienes les arrebatan a sus seres queridos y se los devuelven sin vida o la de aquellos a quienes se las devuelven en partes.

Hace ya muchos años, el secuestro era visto en nuestro país, como aquellos eventos que ocurrían en aquellos lugares donde se tenían problemas sociales fuertes y presiones de terrorismo, sobre todo en problemas sociales que ocurrían en Europa; sin embargo, en la década de los ochenta, México mostró ya signos preocupantes en la frecuencia de estos delitos.

De los registros con que contamos a partir de cifras oficiales y de estudios de reconocidas organizaciones no gubernamentales, se tiene que el porcentaje de incidencia ha ido desde 1986 siempre a la alza, concentrándose la gran mayoría de estos eventos en el Distrito Federal y en el Estado de México.

Tan sólo en el Distrito Federal, de 1997 al 2004, el incremento que se registra es de más del 750 por ciento y el porcentaje de asesinatos registrados de las víctimas de secuestro. Igualmente en el país se tienen incrementos dramáticos, teniéndose que en el 2005 los asesinatos fueron del orden del 35 por ciento.

Al sufrimiento, tortura y agonía hay que sumar el quebranto económico, que por supuesto es importante, pues es fruto de toda una vida de esfuerzos que se ven perdidos en una pesadilla que nunca termina. Los esfuerzos de ciudadanos ejemplares por buscar justicia deben ser considerados en toda su magnitud; sobre todo para acicatear a quienes debemos responder en lo que nos corresponda, para evitar que existan esas desesperadas exigencias de justicia.

Entre 1986 y 1994, los datos que tenemos sobre la incidencia de este delito son realmente confusos, pues la prensa nos los registraba con la amplitud requerida y las cifras oficiales, evidentemente no reflejaban la realidad, el secuestro incluso se ha ido modificando. Hoy, los delincuentes optan cada vez más por infringir un mayor maltrato a las víctimas, buscando así conseguir un mayor rescate.

Por todo ello, no podemos caer en la indiferencia, no podemos caer en la negación o la minimización, sobre todo ante acciones contundentes que vienen de la sociedad. El 80 por ciento de las naciones, no tienen secuestro y Colombia, que fue uno de los países con mayor incidencia de este delito, ha logrado reducirlo hasta en un 90 por ciento, de acuerdo a los estudios a los cuales hemos tenido acceso. Esto sólo se logra con un esfuerzo decidido por parte del Estado y nosotros somos parte del mismo.

Por todo lo anterior y mucho más, presento este proyecto de decreto al Código Penal Federal, para endurecer las penas y que sean éstas un desaliento a las personas que practican este delito. Se propone la adición de un numeral al artículo 24 del Código, para considerar la prisión vitalicia como una pena y medida de seguridad.

Asimismo se propone modificar el artículo 25 para contemplar la pena vitalicia en caso de secuestro, cuando se tenga la pérdida de vida del secuestrado. Cuando el secuestrado sea menor de 18 años o mayor de 60 o cuando por cualquier circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental.

Igualmente se contempla la hipótesis de tipo agravado como la mutilación de las víctimas de secuestro, tomando en consideración que esta conducta refleja la alta peligrosidad del sujeto activo del delito; por lo cual este tipo de acción deba atenderse con la pena más alta.

Adicionalmente se considera necesario precisar con mayor detalle la conducta contemplada en el artículo 366 del Código Penal Federal en su fracción B, la cual alude al sujeto activo que sea o haya sido miembro de alguna institución de seguridad pública, agregando la hipótesis a los miembros que forman o formaron parte de la estructura de la administración de justicia.

Por último, se propone eliminar la fracción V del artículo 366 bis del Código Penal para evitar que la persona que contribuya en el pago del rescate sea objeto de alguna sanción por su participación en el proceso.

Por supuesto que incrementar las penas no es suficiente. Por supuesto que los reclamos de quienes ven en estas medidas esfuerzos vacíos son justos, en función de los resultados que hoy se registran. Sin embargo, esta propuesta busca ser el inicio de un gran esfuerzo conjunto para erradicar el secuestro en el país y esto sólo será posible con la decidida participación del gobierno, todo para atacar de frente la impunidad, con el reconocimiento de la magnitud del problema, con investigación a fondo de aquellos servidores públicos que protegen a los secuestradores, con la profesionalización de las investigaciones y el seguimiento puntual a los delincuentes.

La propuesta de prisión vitalicia como principio para abatir el secuestro, sólo será efectiva si el Poder Ejecutivo, si las instancias encargadas de la persecución del delito y la impartición de justicia hacen su trabajo de manera ética, profesional y con amor a México.

Señora Presidenta, le pido que el texto de lo que acabo de leer se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Por la atención de los que la prestaron, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Javier Bolaños Aguilar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de secuestro (prisión vitalicia), misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, la frecuencia en la comisión de actos delictivos ha ido en aumento provocando gran temor e inseguridad a la población. Las figuras del robo y el secuestro son los delitos que mayormente se cometen en toda la República Mexicana lo que trae como consecuencia el ataque a nuestros derechos más elementales establecidos en nuestra Carta Magna. Además de lo anterior, la intervención de las autoridades responsables de brindar seguridad a la ciudadanía es hasta ahora insuficiente, por lo que la ciudadanía se encuentra en un pleno estado de indefensión frente a los abusos perpetrados por los delincuentes.

De todos los delitos cometidos en el país, el secuestro es el que impacta gravemente la convivencia armónica en nuestra nación. El secuestro es, por sí mismo, uno de los delitos de mayor impacto criminológico, y considerado como uno de los flagelos que más preocupan a la sociedad y las autoridades involucradas en las materias de seguridad pública, procuración y administración de justicia.

Los distintos estudios sobre el tema de secuestro reflejan que lejos de disminuir el número de delitos, se observa un crecimiento constante de los ilícitos. Si bien en algunas entidades federativas se han endurecido las penas para combatirlo, todavía no se han tomado las medidas necesarias para combatirlo decididamente.

Resulta alarmante que en sólo dos entidades federativas, Distrito Federal y estado de México, se concentren casi el 70 por ciento de los secuestros en México. Si bien las penas máximas son de 40 y de 50 años respectivamente, no resulta coincidente con las penas impuestas a nivel federal.

Por ello, es necesario aplicar penas más efectivas para un frontal combate a este flagelo que corroe a la sociedad. En este sentido, se propone una reforma que endurezca las penas y que sea un desaliento en los individuos que cometan este delito. De un detenido análisis jurídico se desprende que la prisión vitalicia no está prohibida en la hipótesis que establece el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución, donde quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes (salvo cuando medie una resolución aplicable por la autoridad judicial) y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

De tal suerte que la pena de prisión vitalicia no se ubica dentro del concepto de penas inusitadas, pues si bien, inhibe la libertad locomotora, no tiene como fin causar en el cuerpo del reo ni un dolor, ni una alteración física. Prueba de ello es la postura asumida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión vitalicia en que determinó modificar la tesis P.J. 127/2001, indicando que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesis ¹ se indica lo siguiente:

Conforme a la tesis que antecede, la reforma que se propone resulta pertinente en el caso del secuestro. Esto ocurre ante el grado de indefensión en el que se encuentran las víctimas que sufren la privación ilegal de su libertad. Por ello, se proponen reformas a los artículos 24, 25, 366, 366 Bis y 366 Ter del Código Penal Federal, para establecer la posibilidad de que la pena de prisión en el caso de secuestro alcance la prisión vitalicia. Asimismo, se busca el agravamiento de las penas cuando alguien sea privado de la vida por los secuestradores y contra quien prive de su libertad a un menor de edad.

En particular se propone la adición de un numeral al artículo 24 del Código Penal Federal para considerar a la prisión vitalicia como una pena y medida de seguridad. Asimismo, se modifica el artículo 25 para contemplar la posibilidad de extender la prisión vitalicia en caso de secuestro, cuando se incluyan casos como la pérdida de la vida del secuestrado (fracción III artículo 366) y cuando el secuestrado sea menor de 18 o mayor de 60 años de edad, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad (fracción II inciso e) artículo 366).

También esta propuesta contempla reformar el inciso e) de la fracción III del artículo 366 y la del artículo 366 Ter del Código Penal Federal para modificar la edad de 16 años por la de 18 años en las hipótesis que se contemplan debido a la necesidad de armonizar nuestro código con los instrumentos internacionales en la materia, suscritos y ratificados por nuestra nación. Ya que estos establecen como edad para adquisición de la mayoría de edad los 18 años.

De igual manera, se propone adicionar al artículo 366 del Código Penal Federal una fracción g) para contemplar la hipótesis de tipo agravado como la mutilación de las víctimas de secuestro. Esto tomando en consideración, que esta conducta refleja la alta peligrosidad del sujeto activo del delito al cual debe atenderse el principio de proporcionalidad, razón por la cual este tipo de actuación debe sancionarse con una pena más alta que la ordinaria por los bienes jurídicos que son afectados.

Adicionalmente, se considera necesario precisar con mayor detalle la conducta contemplada en el artículo 366 del Código Penal Federal fracción b) la cual alude al sujeto activo que sea o haya sido miembro de alguna institución de seguridad pública. Por ello, también la propuesta contempla, agregar en la hipótesis a los miembros que forman parte de la procuración y administración de justicia. Toda vez que los sujetos a que se hace mención, tienen un alto conocimiento de la antijuricidad de sus actos, es un motivo adicional por el cual la pena aplicable debe ser superior debido al principio de proporcionalidad de la pena.

En el mismo tenor, se sugiere considerar como una hipótesis adicional en el artículo 366, inciso f), el caso cuando el secuestrador tenga vínculos de parentesco con el secuestrado por la situación de ventaja que se encuentra frente a su probable víctima.

Por último, se propone eliminar la fracción V del artículo 366 Bis Código Penal Federal para evitar que la persona que contribuya en el pago del rescate sea objeto de alguna sanción por su participación en el proceso.

Con esta iniciativa se pretende combatir este flagelo de la sociedad y expresar que si bien es cierto que la prisión vitalicia no constituye por sí mismo un medio suficiente para combatir el aumento del número de delitos, constituye una poderosa razón para que los delincuentes la consideren antes de proceder a la comisión del delito.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de secuestro (prisión vitalicia)

Artículo Primero. Se reforman los artículos 24, agregando un numeral 19; 25, párrafo primero, se adiciona un párrafo segundo; 366, fracción II, inciso b) y e) y se adicionan dos incisos f) y g), fracción III; y 366 Bis, se deroga la fracción V del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 24.

Las penas y medidas de seguridad son:

Artículo 25.

La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a prisión vitalicia. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

Tratándose del delito de secuestro, se sancionará conforme los tipos penales determinados en el artículo 366 hasta alcanzar la pena máxima de prisión vitalicia, la cual se entenderá como prisión de por vida.

...

Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:

Artículo 366 Bis.

Artículo 366 Ter.

Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a un menor de 18 años de edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Febrero de 2006 Tesis: P./J. 1/2006 Página: 6 Materia: Constitucional, Penal Jurisprudencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se toma en cuenta su petición.Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias, compañera Presidenta. Decía yo en una intervención, a propósito del Presupuesto de 2007, que había necesidad --como se ha estado haciendo-- de corregir, de precisar algunos temas que producto de la inmediatez en que se dio el proceso legislativo que analizó y dictaminó las iniciativas de ley y de decreto de Presupuesto del titular del Poder Ejecutivo.

Proceso que afortunadamente se ha venido dando con la pertinente y oportuna intervención de los señores coordinadores y la actitud receptiva del ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público. Pero hay temas que no se pueden subsanar si no es modificando la propia redacción del decreto.

De modo que acudo yo a este recurso parlamentario para tocar uno de estos temas. El tema de la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión a que alude el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Veo también con satisfacción que esta preocupación se ha extendido al observar un punto de acuerdo sobre el mismo tema, apuntado por el compañero senador Ricardo Monreal, que si bien diferimos en cuanto a las proporciones que estamos proponiendo uno y otro, me parece, senador Monreal, que más que un punto de acuerdo como usted lo propone, en este momento lo que procede si queremos avanzar en ese tema, si hay decisión política de la mayoría de los diputados federales, en este caso que es materia exclusiva de los diputados tendría que ser una reforma al decreto de Presupuesto, tal y como lo estoy presentando en este caso.

¿Por qué razón? Me parece que la cultura parlamentaria tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente la función legislativa de los representantes populares, y la representación popular tiene una jerarquía superior a la función propiamente legislativa. La función legislativa parlamentaria es parte de la representación popular.

Hay dos temas, los he presentado yo en una iniciativa anterior de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, de reformas a la Ley de Radio y Televisión, hay dos funciones que son justamente el derecho de opinión en los legisladores, consagrado constitucionalmente en el artículo 61, para eso existe el fuero constitucional; se redactó en su momento en la Constitución cuando no estaba la presencia dinámica, la presencia generalizada de los medios electrónicos, pero en última instancia, el artículo 61 de la Constitución alude al fuero constitucional que garantiza el derecho de opinión de los legisladores.

El otro tema que no tocaré hoy, sino en otra iniciativa, es el de la mediación social, abordado ya en varios de los congresos locales de la República, pero que ha sido soslayado en diversas o casi en todas las Legislaturas del Congreso de la Unión, ha sido una especie de tema tabú, quizá porque no hemos entrado al fondo de este tema que es la representación popular que entraña esa representación que nos da la Constitución como representantes populares y cómo desplegarla a plenitud.

De modo que toco yo en esta iniciativa muy rápidamente, quiero comentarlo, este tema del derecho de opinión. Decía el emblemático parlamentario inglés, Edmundo Burck, que la gloria de un representante debe consistir --de un representante popular--, debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y en una comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben de tener para él el gran peso; su opinión máxima respecto a los asuntos de atención incesante; dar una opinión es derecho de todos los hombres, la de los electores es una opinión de peso y respetable. Que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención.

¿Cuántos de los legisladores que formamos esta Comisión Permanente tenemos esas condiciones institucionales, materiales, para poder recrear la comunicación con nuestros electores? Dejo la pregunta para cada uno de los que somos parte de esta Asamblea. Lo cierto es que no existen las condiciones ni jurídicas ni institucionales y habría que realizar una reforma de fondo.

Por lo pronto, la reforma que presento al día de hoy al artículo 18 del decreto de Presupuesto tiene que ver con lo siguiente: El decreto establece que el tiempo oficial corresponderá en 40 por ciento al Ejecutivo federal, en 30 al Poder Legislativo, en 10 por ciento al Poder Judicial y en 20 por ciento a los entes autónomos.

Yo propongo un avance gradual, siendo como es, que los Poderes de la Unión tienen en el ejercicio de la representación soberana una mayor jerarquía que los entes autónomos --es otro debate, por cierto, que hay que dar-- avanzamos en mayor competencia de los órganos y entes autónomos, pero también en demérito de las funciones del Congreso.

Propongo entonces que ese tiempo oficial para los entes autónomos se reduzca de 20 a 10 por ciento y que en condiciones de igualdad se asigne 40 por ciento al Poder Ejecutivo y 40 por ciento al Poder Legislativo.

La otra parte de la reforma considera --si bien esta es una decisión que pueden tomar los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores-- yo he querido apuntarla en esta propuesta de reforma para llamar la atención y dejarlo anotado como un tema de agenda, que ese 40 por ciento que corresponda al Congreso de la Unión, que a su vez es dividido en la mitad para la Cámara de Diputados y la mitad para la Cámara de Senadores, sea repartido por partes iguales entre la difusión de las actividades y la información genérica del Congreso de ambas cámaras y el otro 50 por ciento sea asignado a los legisladores para que puedan tener acceso sistemático a la radio, a la televisión de sus distritos o de sus estados, según sea el caso de los senadores.

Quiero decirles además que en un muestreo que hemos realizado, el Congreso tampoco está usando plenamente el tiempo oficial. Hay radiodifusoras, televisoras locales donde no llega directamente la información del Congreso, aún sea ésta de carácter genérica, de carácter general.

Por lo tanto le pido, diputada Presidenta, se inscriba esta propuesta en sus términos y pido la solidaridad de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para reconsiderar este tema en el decreto de Presupuesto de Egresos que aprobamos recientemente y que, como he expuesto, por estas razones estimo, juzgo imperativo, que sufra algunas modificaciones como este importante caso que me he permitido proponer. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción III del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, relativo a la distribución de los tiempos fiscales de radio y televisión.

Exposición de Motivos (Síntesis)

El artículo 61 de nuestra Constitución, establece que: ``Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.'' Hoy, la influencia de los medios impresos y, especialmente, de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato, toda vez que la sola garantía de la libertad de opinión y expresión de los legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades legislativas y las opiniones de los legisladores sobre los grandes problemas nacionales, los temas de debate con el Ejecutivo o los asuntos que interesan a la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos que integran la representación nacional.

En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. En los distritos es evidente que la presencia en los medios escritos y en la radio y la televisión corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y en último término a los legisladores.

En un monitoreo realizado a diez medios escritos y electrónicos con impacto en el distrito que represento, realizado del 18 de septiembre al 18 de octubre del presente año, se encontró la siguiente proporción de opiniones, menciones y declaraciones:

Sujeto Por ciento de spots, opiniones, menciones y declaraciones

Presidente de la República 49.5 Gobernadores de los estados (Puebla y Veracruz) 30.2 Presidentes municipales 12.4

Legisladores locales y federales 7.9

Consideramos que la estrategia de medios de ambas Cámaras debe responder a las funciones parlamentarias básicas y necesarias de comunicación entre los legisladores y sus representados. Sólo mediante esta comunicación es posible el intercambio de conocimientos, opiniones, criterios, conceptos y juicios; así como la expresión de urgencias, anhelos, inconformidades, proyectos, dudas, intereses y decisiones. Tal reciprocidad que encierra ese mutuo criterio de comunicación entre ciudadanos y legisladores, hace posible iniciar la construcción de proyectos colectivos que pueden ser determinantes para la gobernabilidad, la legitimidad y la sanidad política, sin ella, un parlamento está imposibilitado para cumplir realmente cualquiera de sus otras funciones, atrofiando el espíritu democrático y racional de la representación popular.

En este contexto, el decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, establece en su artículo 18 que:

Artículo 18. (...)

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisará la administración y distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.

(...)

(...)

(...)

Estimamos que la distribución del 40 por ciento al Ejecutivo y 30 por ciento al Legislativo, no es equitativa por lo que proponemos reducir el tiempo asignado a órganos autónomos al 10 por ciento y aumentar el del Congreso en 10 por ciento. También se propone dar lugar a la asignación de tiempos a los legisladores en su carácter de representantes populares, en los términos a los que hemos aludido.

Bajo tales consideraciones y tomando en cuenta la urgencia de crear condiciones para el ejercicio del derecho de opinión de los legisladores, se somete a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se modifica el artículo 18 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, para quedar como sigue

Artículo 18. (...)

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisará la administración y distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 40 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 10 por ciento a los entes autónomos. De los tiempos fiscales asignados a las cámaras de Diputados y de Senadores, el 50 por ciento se destinará a la difusión de las actividades genéricas y el 50 por ciento restante a la difusión de las actividades legislativas y de mediación social de los legisladores en los medios de comunicación de los distritos y entidades federativas que representan.

Transitorios

Primero. Las reformas y adiciones motivo de esta iniciativa entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Amador Leal, se toma en cuenta su petición.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la senadora Claudia Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 175--B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La senadora Claudia Sofía Corichi García: Honorable Asamblea, diputada Presidenta. Intentaré apegarme al acuerdo y por eso obviaré la lectura de una parte del texto que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el día 2 de agosto de 2006, ordena medidas para lograr en todos los ámbitos la igualdad de mujeres y hombres y entre otras disposiciones previene diversos artículos. Como un ejemplo, el artículo 17 señala que la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. La política nacional que desarrolla el Ejecutivo federal deberá considerar los lineamientos, por ejemplo, en la parte tercera de fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.

En su artículo 35 señala que la política nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

En su artículo 36 señala: ``Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollaran las siguientes acciones: Una, favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género; tercero, evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular; cuarto, promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos''.

En 1990 se publica el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esa ocasión jamás se consideró en el ordenamiento ninguna acción afirmativa o cuota de género en el registro de candidatos a diputados y senadores.

En 1990 se modifica el Código y simplemente hace un exhorto para la mayor participación de mujeres en la vida política del país; pero es hasta 1996, que en la última modificación del Cofipe, se adiciona la fracción XXII transitoria del artículo 5o donde se establece que los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento de un mismo género.

Finalmente, en el año 2002 se adicionan al Cofipe los artículos 175 A, 175 B y 175 C, en los que se establece de manera determinante que de la totalidad de candidatos a diputados y senadores que se registren de un partido o coalición, no podrán ser de un solo género más del 70 por ciento.

Que las listas de candidatos a representación proporcional se presentarán en seguimiento de tres, de los cuales uno deberá ser de distinto género de los otros dos. Estas modificaciones legales tuvieron efecto directo e inmediato en la participación política de las mujeres.

Recordemos que en 91 el porcentaje de mujeres electas a diputadas era menor del nueve por ciento. En el 2000 se alcanzó el 15 por ciento y en el 2003, el 23 por ciento. En la actual Legislatura existen 23.4 por ciento de diputadas y 17.2 por ciento de senadoras. Si bien, la ley prevé que por lo menos un 30 por ciento de los candidatos a diputados y senadores deberán ser de un género distinto. Esto significa que en los hechos no se están cumpliendo, en los hechos, en las presentaciones, en las cámaras, las acciones afirmativas.

Como vemos, la representación de las mujeres ha crecido, sin embargo dista mucho de lo que dice el padrón electoral, en la que representamos el 51.8 por ciento.

Lo anteriormente expuesto nos indica la necesidad de seguir tomando medidas legislativas para que se disminuya la diferencia en la participación legislativa de las mujeres. Sin duda, tendremos que exhortar a los estados para igualar también sus prácticas y procedimientos en cuestión de equidad de género.

Se ha dado en los últimos meses, a partir de esta Legislatura, incluso, el caso en que protestando el cargo, la propietaria solicita licencia siendo mujer y queda el suplente como titular que es hombre, burlando así las disposiciones legales de acción afirmativa de género y cometiendo una especie de fraude a la ley.

Es por ello, por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como punto único, quedando de la siguiente manera. Artículo 175 B: ``Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas, en cada uno de los segmentos habrá una candidatura de género distinto, garantizándose que las fórmulas de propietario y suplente tengan las mismas cualidades respecto a las acciones afirmativas de género. Lo anterior, sin perjuicio de los mayores avances, que en esta materia se le añaden las normatividades internas y los procedimientos de cada partido político''.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Claudia S. Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, en la fracción II del artículo 71 y en el artículos 78, fracción III, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1o., prohíbe toda ``discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género''. Asimismo, el artículo 4o. de la propia Carta Magna garantiza el derecho de igualdad entre el varón y la mujer.

El 11 de junio del 2003 se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la que en el artículo 2o. dice:

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 2 de agosto de 2006, ordena medidas para lograr, en todos los ámbitos, la igualdad de mujeres y hombres, entre otras disposiciones previene:

En 1990 se publica el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en esa ocasión no considera, ese ordenamiento, ninguna cuota de género en el registro de candidatos a diputados y senadores. En 1990 se modifica ese código, adicionando una fracción III al artículo 175, disponiendo que ``los partidos promoverán una mayor participación de las mujeres en la vida política del país''; como se ve esta disposición era meramente declarativa. Para 1996 se modifica nuevamente el Cofipe, adicionando la fracción XXII transitoria del artículo 5, donde se estableció que ``los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan 70 por ciento de un mismo género''. Finalmente, en 2002 se adicionan al Cofipe los artículos 175 A, 175 B y 175 C, en los que se establece de manera determinante que de la totalidad de candidatos a diputados y senadores que registre un partido o coalición, no podrán ser de un solo género más de 70 por ciento, y que las listas de candidatos de representación proporcional se presentarán en segmentos de tres, de los cuales uno deberá ser de distinto género de los otros dos.

Estas modificaciones legales tuvieron efecto directo e inmediato en la participación política de las mujeres, ya que en la elección de 1991, el porcentaje de mujeres electas diputadas era menor de 9 por ciento de los integrantes de la Cámara, elevándose el número de diputadas en las elecciones subsiguientes, llegando a ser superior a 15 por ciento en 2000 y alcanzando 23 por ciento en 2003, al hacerse obligatoria la cuota de género. En la actual legislatura existen 23.4 por ciento de diputadas y 17.2 por ciento de senadoras. Si bien la ley prevé que por lo menos un 30 por ciento de candidatos a diputados y senadores deberán ser de un género diferente, en la práctica solo tenemos un 20.3 por ciento de legisladoras, contra un 79.4 por ciento de legisladores, ya que, por diversas causas, no todas las candidatas se convierten en legisladoras.

Como vemos, la representación legislativa de las mujeres ha crecido de manera importante, sin embargo, esta todavía lejos de ser proporcional al número de mujeres registradas en el padrón electoral, que es de 51.81 por ciento. Si promediamos el número de diputadas y senadoras en la actual legislatura, veremos que el género femenino tiene un déficit de representación legislativa de 31.5 por ciento.

Lo anterior nos indica la necesidad de tomar medidas legislativas para que se disminuya la diferencia de participación legislativa por género.

Por otra parte, se presenta el caso de partidos políticos que en sus listas de candidatos a legisladores de representación proporcional proponen a una mujer como candidato propietario, a efecto de cubrir la cuota de género, y a un hombre como suplente, y una vez protestado el cargo, la propietaria solicita licencia, quedando el suplente como titular, burlando así la disposición legal de acción afirmativa de género, y cometiendo un fraude a la ley, fraude que no es posible tolerar. Debemos modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que disponga que cuando un partido o una coalición registren a un candidato propietario mujer en las listas de representación proporcional para cargos legislativos federales, la suplencia debe estar ocupada también por una mujer, garantizando así la eficacia de la acción afirmativa de género en los puestos legislativos federales de representación proporcional.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 175 B

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los segmentos habrá una candidatura de género distinto, garantizándose que las fórmulas de propietario y suplente tengan las mismas cualidades respecto a las acciones afirmativas de género. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Claudia Corichi.Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Gracias, señor Presidente. Compañeros legisladores, gran parte de mi formación se la debo al Poder Judicial de la Federación, órgano por el que siento profundo respeto por el desempeño ético y profesional de sus integrantes, por la independencia de sus funciones y por la imparcialidad y legalidad con que realizan sus resoluciones; sin embargo, está sujeto, sobre todo en la actualidad, a duras críticas.

A los juzgadores se les ha representado como a la diosa Temis, impartiendo justicia con los ojos cerrados. Se nos olvida a todos que para emitir sus resoluciones tienen que apegarse a los ordenamientos legales que ya existen y que, en tal virtud, solamente pueden realizar una labor interpretativa a través de sus propias resoluciones y a través de la jurisprudencia que emiten.

Ustedes saben que a partir de 1994 ha tenido una gran evolución, sin embargo, todavía con tristeza vemos que, frente a una ley que puede ser inconstitucional, frente a todos los mexicanos, por el principio de relatividad, es constitucional para unos e inconstitucional para otros; solamente a los que se les concedió el juicio de amparo. Y así sería una serie de ejemplos hablando de interés jurídico y autoridades responsables, existen infinidad de ejemplos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convocado a foros para hacer una modificación a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial federal y sobre todo de la justicia en el amparo, extendiéndose también a la justicia en las diferentes entidades federativas y a la justicia penal, propuestas que todavía no han tenido suficiente eco ni en nuestros legisladores ni en la ciudadanía en general.

Hoy inicio con una serie de iniciativas tendientes precisamente a mejorar, a fortalecer la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y, concretamente, del juicio de amparo.

Ustedes saben que se ha cuestionado mucho la pensión vitalicia de que gozan los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se nos olvida también que esa pensión se estableció en el artículo 94 de la Constitución General de la República y en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposiciones que no fueron creadas por el Poder Judicial federal.

Por lo que me permito someter a su honorable consideración la siguiente iniciativa con decreto que adiciona un párrafo al artículo 183 de la Ley Orgánica del Congreso del Poder Judicial de la Federación y que en lo conducente establece.

La reforma constitucional de 1994, que fue la encargada de reestructurar al Poder Judicial federal y permitió concretamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia gozar de un beneficio económico tras retirarse de dicho cargo, hecho que se encuentra vigente en el numeral 94 de la Constitución federal y que a la letra dice:

Artículo 94. ``Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durarán en su encargo 15 años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título IV de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro''.

Posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional se expidió la ley reglamentaria de dichas disposiciones, es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la que se estableció que el haber por retiro que percibirían los ministros sería de carácter vitalicio, tal y como lo prevé el numeral 183 del citado ordenamiento que establece:

Artículo 183. ``Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100 por ciento durante los dos primeros años y al 80 por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.

``Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.

``En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio al contraer matrimonio o al entrar en concubinato y los menores, al cumplir la mayoría de edad''.

Básicamente la exposición de motivos señalaba respecto a este punto que con este sistema de jubilación se garantizaría la independencia de los ministros en el desempeño de sus funciones.

Si bien no estoy en desacuerdo con su existencia, también considero que su vigencia sin mayor condicionante que la de ser ex ministro puede estimarse excesiva. Existen actualmente mecanismos que les impiden durante su encargo, así como inmediatamente después de separarse de su función, desarrollar otra actividad o cargo que pueda implicar un conflicto de intereses durante los dos años siguientes, por lo que el haber vitalicio no impide que dichos servidores públicos laboren en otro cargo público transcurridos los 24 meses de su jubilación y en tal virtud devengar un sueldo proveniente del erario público al tiempo en que continúan gozando del beneficio económico vitalicio.

En México vivimos en una etapa de renovación de las instituciones públicas, ya que éstas deben regirse bajo la política de austeridad que implementó recientemente el gobierno federal, pues el titular del Ejecutivo decretó la reducción de su salario y la de los miembros de su gabinete en 10 por ciento, como parte de su política de austeridad, anunciando además que su objetivo es regular todos los sueldos de los servidores públicos.

Estimamos que el mismo razonamiento debe operar durante la vigencia del haber vitalicio de los ex ministros. No puede ampliarse la prohibición de desempeñar otros cargos públicos, lo que sería inconstitucional; sin embargo considero sensato que de querer desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Federación, estados o Distrito Federal, se le suspenda provisionalmente la pensión vitalicia hasta concluir el nuevo empleo. El ahorro de dicho haber vitalicio representaría para el gobierno federal un recurso que podría canalizar en sectores altamente demandantes.

Pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, tendiente a regular los beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación evitando excesos.

Compañeros legisladores. Por las consideraciones anteriormente expuestas, la suscrita legisladora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupada por contar con un marco jurídico adecuado y justa retribución de los servidores públicos, presento con todo respeto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que establece: ``El haber vitalicio se suspenderá durante el tiempo que dure el desempeño en un empleo, cargo o comisión en la Federación, estados o Distrito Federal, salvo los no remunerados''.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el articulo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la que se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

La trayectoria histórica del Poder Judicial Federal en nuestro país nos muestra sin lugar a dudas un largo camino de evolución que se ha centrado principalmente en los sistemas de acceso a las diferentes categorías de juzgador, los requisitos para serlo, los distintos tipos de órganos, su integración, la distribución de competencias, entre otros aspectos.

Así, destaca respecto a este tema la reforma constitucional de 1994 que fue la encargada de reestructurar el Poder Judicial Federal, y permitió concretamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia gozar de un beneficio económico tras retirarse de dicho cargo, hecho que se encuentra vigente en el numeral 94 de la Constitución Federal y que a la letra dice:

``Artículo 94. ... los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro...''

Al revisar la exposición de motivos que dio origen a esta importante reforma encontramos que el haber por retiro se fundamentó bajo el siguiente argumento:

``... Se somete a la consideración de esa soberanía un conjunto de reformas a la Constitución para avanzar en la consolidación de un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones. Estas reformas entrañan un paso sustantivo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático, fortaleciendo al Poder Judicial para el mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, creando las bases para un sistema de administración de justicia y seguridad pública que responda mejor a la voluntad de los mexicanos de vivir en un estado de derecho pleno.

``La fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación de la Suprema Corte de Justicia son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de justicia. La Suprema Corte ha sabido ganarse el respeto de la sociedad mexicana por su desempeño ético y profesional. En los últimos años se ha vigorizado su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública. Hoy debemos fortalecer ese carácter.

``Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integración a fin de facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución, permitir la renovación periódica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país, y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. En esa misma perspectiva, se hace necesaria una diferenciación en el desempeño de las funciones administrativas de la Suprema Cortes para facilitar la eficiencia en ambas...''

Posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional se expidió la ley reglamentaria de dichas disposiciones, es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la cual se estableció que el haber por retiro que percibirían los ministros sería de carácter vitalicio, tal y como lo prevé el numeral 183 del citado ordenamiento, y que a la letra dice:

``Artículo 183. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente a 100 por ciento durante los dos primeros años y al 80 por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.

``Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.

``En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad.''

De igual forma, al conocer la exposición de motivos que dio origen a esta disposición encontramos que el haber por retiro de carácter vitalicio se fundamentó bajo el siguiente argumento:

``... Debido a que en la reforma constitucional se estableció que el periodo máximo de desempeño del cargo de los ministros será de 15 años es necesario establecer un sistema de jubilación que garantice su independencia. A fin de reglamentar adecuadamente el penúltimo párrafo del artículo 94 de la Constitución, esta iniciativa propone que el haber por retiro que debe corresponder a tos ministros que hayan concluido su encargo tenga carácter vitalicio y sea equivalente, durante los dos años siguientes a su separación, al cien por ciento de la remuneración que debe corresponder a los ministros en: activo, con lo que se conservará su estabilidad económica dentro del periodo de impedimento a que se refiere el articulo 101 constitucional, mientras que para los años subsecuentes la pensión mensual sería equivalente al ochenta por ciento del ingreso que sostuvieron percibiendo los propios ministros en activo...''

Pese a la concreta explicación que tiene la existencia de un haber vitalicio, podemos afirmar, que se le asignó dicha temporalidad con el objeto de garantizar la independencia de los ministros, y por consiguiente lograr que la función jurisdiccional se desempeñara con autonomía, probidad, ética profesional y compromiso. Sin embargo, desafortunadamente estimamos que dicho apoyo económico no constituye la condicionante idónea para garantizar la independencia en la función judicial, pues para ello existen mecanismos distintos como el nombramiento, las reglas de la carrera judicial, y la temporalidad de 15 años en el cargo, ¹ es decir, la justificación que da origen al haber vitalicio se advierte in idóneo para lograr la manumisión de los ministros, si bien no estamos en desacuerdo con su existencia, también observamos que su vigencia sin mayor condicionante que la de ser ex ministro, puede estimarse excesiva.

Lo anterior lo afirmamos sobre la base de que si bien cierto, los Ministros por la función que desempeñan cuentan con información privilegiada, la cual pueden utilizar en su beneficio y en perjuicio del Estado, también lo es que existen mecanismos que les impiden durante su encargo, así como inmediatamente después de separarse de su función, desarrollar otra actividad o cargo, que pueda implicar un conflicto de intereses, durante los 2 años siguientes, por lo que el haber vitalicio no impide que dichos servidores públicos laboren en otro cargo público, transcurridos los veinticuatro meses.

Por ello queda claro que tras agotarse el término que impide a dichos servidores públicos laborar nuevamente como funcionarios públicos, estos pueden trabajar para el Estado y por ende devengar un sueldo proveniente del erario público, al tiempo en que continúan gozando del beneficio económico vitalicio que incluso es decoroso pues el numeral 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que. ``Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente a 100 por ciento durante los dos primeros años y a 80 por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo. Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.'' Y si este porcentaje lo calculamos en base al hecho de que un Ministro de la Suprema Corte en activo puede llegar a ganar aproximadamente mas de 4 millones de pesos al año, por lo que el equivalente del haber vitalicio constituye un ingreso elevado, que sumado a otra posible remuneración proveniente del Estado, dicha circunstancia puede apreciarse excesivo.

Lo anterior, aunado al hecho de que cualquier otro trabajador del Estado de acuerdo a lo previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado puede percibir una pensión por retiro con base en

``Artículo 61. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al instituto.

``Artículo 62. El cómputo de los años de servicios se hará considerando uno solo de los empleos aun cuando el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará por una solo vez el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador.

``Artículo 63. El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:

Se puede advertir claramente que el haber por retiro para los ministros resulta en exceso benéfico.

Ahora bien, nuestra constitución prevé la figura de las incompatibilidades de cargo, para algunos funcionarios públicos entre ellos los Ministros, pues claramente en su numeral 101 prevé las incompatibilidades para funcionarios judiciales prohibiendo el desempeño de otros encargos o empleos de la Federación, Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

``Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los respectivos secretarios, así como los Consejeros de la Judicatura Federal, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.''

Ello obedece por una parte al conflicto de intereses que ello implica y por la otra a que devengan dos sueldos provenientes del erario público, lo que se estima acertado pues de permitirse, las facultades de los servidores públicos se desbordarían tanto en utilizar información privilegiada como percibir ingresos exorbitantes.

Eso incluso acontece de igual forma en el Poder Legislativo, pues los legisladores no pueden desempeñar dos cargos de orden local o federal cuya remuneración provenga del Estado, para ello, se ven obligados a solicitar licencia, pues de lo contrario incurren en responsabilidad y pueden perder su cargo como diputados o senadores.

``Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.''

Estos hechos desproporcionados e injustificados deben terminarse, pues comenzamos una etapa de renovación en las instituciones públicas, ya que estas deben regirse bajo la política de austeridad que implemento recientemente el gobierno federal, pues el titular del Ejecutivo Federal decretó la reducción de su salario y el de los miembros de su gabinete (secretario, subsecretario, oficial mayor, titulares de unidad y equivalentes) en 10 por ciento, como parte de su política de austeridad, anunciando además que su objetivo es regular todos los sueldos de los servidores públicos, pues dicha reducción significará un ahorro de 25 mil 500 millones de pesos, lo que es equivalente al presupuesto de seis secretarías. Eso se estima invariablemente certero, pues dichos recursos tendrán como destino programas sociales para combatir la pobreza y ampliar el acceso a servicios de salud y educación a un mayor número de mexicanos.

Dicho razonamiento debe operar durante la vigencia del haber vitalicio de los ex ministros, pues si bien, no puede ampliarse la prohibición de desempeñar otros cargos públicos, lo cierto es, que se estima sensato, que de querer desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la federación, estados o Distrito Federal, lo hagan de manera honoraria o en su caso se les suspenda provisionalmente la pensión vitalicia hasta concluir el nuevo empleo, pues el ahorro de dicho haber vitalicio representaría para el gobierno federal un recurso que podría canalizar en sectores altamente demandantes.

Por eso pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, tendente a regular los beneficios de los servidores públicos del poder judicial de la federación, evitando excesos.

Por las consideraciones anteriores, la suscrita legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupada por contar con un marco jurídico adecuado y justa retribución de los servidores públicos, presenta con todo respeto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal

Primero. Se adiciona el numeral 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para quedar como sigue:

Artículo 183. ... ...

...

El haber vitalicio se suspenderá durante el tiempo que dure el desempeño en un empleo, encargo o comisión en la Federación, Estados o Distrito Federal, salvo los no remunerados.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Independencia judicial. Los derechos que asisten al titular del órgano jurisdiccional tienden a garantizar que resuelva siempre conforme a derecho, sin influencias ajenas. De la interpretación sistemática de los artículos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe concluirse que los titulares de los órganos jurisdiccionales se rigen por un sistema que garantiza su independencia, consistente en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como son la fijación de un plazo de duración en el cargo, la imposibilidad de disminuir sus remuneraciones y de que ocupen diverso empleo o encargo durante un periodo. P. XIII/2006 Controversia judicial federal 1/2005. Noé Corzo Corral y otros. 11 de octubre de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: José Alberto Tamayo Valenzuela y Rafael Coello Cetina.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes.Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ESTABLECE UN SUBSIDIO A LA TORTILLA DE MAIZ PARA CONSUMO HUMANO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa de ley que crea el fideicomiso que establece un subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano, suscrita por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1986, la Conasupo puso en marcha el Programa Maíz-Tortilla, el cual operó hasta octubre de 1990 con el uso de formas valoradas, denominados Tortibonos y, posteriormente, Tortivales.

El Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla, como un esquema de subsidios selectivos y dirigidos, inicia en 1990.

En 1992 se crea el Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la Tortilla (Fidelist) como una filial del sistema Conasupo para realizar únicamente las funciones de pago a los industriales de la masa y la tortilla, y en 1995, asume dentro de sus funciones la administración del padrón de beneficiarios, una vez resectorizado a la Secretaría de Desa-rrollo Social.

El otorgamiento de un subsidio a favor de la población consumidora de tortilla de maíz de precio controlado en territorio nacional, con cargo a recursos presupuestarios federales, se estableció formalmente con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1996.

En el artículo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997 se estableció que a partir de dicho ejercicio el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y en coordinación con las dependencias participantes en programas de subsidios, tomarían las medidas conducentes, para reducir en términos reales los recursos públicos destinados al otorgamiento de subsidios generalizados e indiscriminados al consumo.

La liberación del precio de venta de la tortilla y la eliminación definitiva del subsidio a este producto, se dan con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998.

El 16 de noviembre de 2000, el Fidelist se extingue y sus funciones se transfirieron a Liconsa, SA de CV, con arreglo al artículo décimo primero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999, quedando en los siguientes términos:

Los beneficiarios del programa eran los hogares en pobreza extrema que vivieran en colonias urbano-marginadas. A su vez, también los industriales de la masa y la tortilla se vieron beneficiados con tal programa.

La tortilla es el alimento más importante en la dieta de los mexicanos; lo anterior, a pesar de los cambios en los hábitos alimenticios observados recientemente. Un kilogramo de tortilla aporta 2,240 kilocalorías, 59 gramos de proteínas, además de calcio, fósforo y fibra que son nutrientes indispensables en la dieta diaria de las personas; por otro lado, combinadas con leguminosas como el fríjol, la calidad de esas proteínas mejora sensiblemente.

La trascendencia de la tortilla dentro del régimen alimenticio de la población mexicana se observa en el hecho de que su consumo aporta la mitad de las calorías y una tercera parte de las proteínas ingeridas al día. Proporción que aumenta entre los sectores pobres extremos del país, debido a que la tortilla es el alimento principal, y muchas veces único, de su dieta.

Por esa razón llama la atención que a pesar de su importancia, no esté buscando construir una política de Estado tendiente a promover y garantizar el consumo de tortilla entre la población en general, y en particular entre los sectores pobres del país.

Esta política resulta imprescindible por razones de salud pública, de productividad, de seguridad alimentaria y, fundamentalmente, por razones de justicia social.

Hoy se aprecian los graves efectos de la desaparición del Programa de tortilla. El mercado del maíz es controlado por dos grupos oligopólicos, Maseca y Gruma, que no sólo fijan el precio del maíz, sino que han establecido ya una amplia cadena de distribuidores, asegurando cada vez más el control total de las decisiones y del mercado.

El Estado no puede dejar a su suerte a los enormes estratos de población que cuentan con ingresos escasos para subsistir, con los argumentos a favor del libre mercado.

En un contexto económico que se caracteriza por la falta de empleos, y de bajos ingresos, los argumentos que claman porque el Estado sea un simple observador resultan insostenibles.

Por ello, la propuesta que se plantea asume que se trata de un asunto de responsabilidad social y política.

Es además una medida urgente que, de no asumirse, puede acarrear consecuencias irreversibles para la economía, la salud y nutrición de millones de mexicanos.

El incremento del precio de la tortilla afecta la precaria economía de millones de mexicanos. Aunado que, una de las actividades prioritarias en nuestro país, es la de procurar el adecuado abasto de tortilla de maíz para consumo humano mediante su producción y venta ya que es uno de los alimentos básicos de los mexicanos.

Por ello, el objetivo de nuestra iniciativa es crear a través del presente ordenamiento un fideicomiso en donde se establezca un subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano.

El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar las familias que se encuentran en situación de pobreza, en localidades de más de 15 mil habitantes, a través de un subsidio a precio de adquisición de un kilogramo diario de tortilla en todo el territorio nacional.

Esta medida beneficiará a cerca de dos millones de familias en el país.

El fideicomiso también contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la de Economía.

El titular del Poder Ejecutivo federal deberá proveer en la esfera administrativa de las disposiciones y medidas para dotar de recursos públicos federales al fideicomiso.

El comité técnico establecerá las reglas de operación por las cuáles se regirá el cumplimiento del fin del fideicomiso.

También se mandata al Ejecutivo federal para que el Reglamento de la Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano, el Reglamento Interior del fideicomiso que la presente ley crea, así como las reglas de operación respectivas, deberán elaborarse y expedir dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Dentro de las obligaciones del comité técnico del fideicomiso se establece que deberá presentar a las comisiones de Desarrollo Social, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, un informe trimestral sobre el cumplimiento del objeto de la presente ley.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del presente ordenamiento, el titular del Poder Ejecutivo federal contará con un plazo improrrogable de quince días para proveer en la esfera administrativa de las disposiciones y medidas para suministrar de recursos públicos federales al fideicomiso materia de la presente ley.

En este contexto, debemos interpretar de manera funcional y sistemática lo dispuesto por los artículos 25 y 28, párrafos tercero y último de la Ley Fundamental, correspondiendo al Estado de manera inalienable la rectoría del desarrollo nacional. Y una de la manifestaciones de la rectoría es el otorgamiento de subsidios a actividades de carácter prioritario, con lo que el Estado participa de manera activa en la atención y solución de circunstancias y hechos que afecten, como lo es el caso concreto, las condiciones de vida de la población y que merman la potencialidad del bienestar general.

La solución al incremento del precio de la tortilla para consumo humano no se encuentra en la importación masiva de granos de maíz, pues las causas de tal incremento, entre otras, no son el aumento de insumos para la producción de granos, sino que se debe a la especulación y acaparamiento y cuyos efectos nocivos para la estabilidad inflacionaria se realizan a plenitud, si consideramos que el precio del maíz en nuestro país es determinado por la oferta y la demanda.

La importación de maíz en nada beneficiaría a los productores nacionales, no fomenta la articulación y reactivación de cadenas productivas y se corre el riesgo de importar a los elevados precios causados por la especulación sobre el grano a nivel internacional, con el consecuente agravio a las finanzas públicas.

Aunado a lo anterior, cerca de la tercera parte del consumo nacional de maíz, se atiende con importaciones de Estados Unidos, porcentaje que se incrementará con la apertura prevista para 2008 y la creciente demanda de etanol en el vecino país del norte pone en riesgo nuestro abasto.

El otorgamiento de un subsidio producirá efectos inversos a los señalados: se abre la coyuntura para apoyar emergentemente a los productores nacionales de maíz, lo que puede permitir, sentar las bases para iniciar el proceso de recuperación de la soberanía alimentaría, así como fomentar la reactivación de cadenas productivas vinculadas a la producción de maíz e incrementar la producción que, eventualmente incidirá benéficamente en el precio al consumidor.

Éstas son las bondades de la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía, por lo que la intervención estatal en los términos planteados en esta propuesta es impostergable para reencauzar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población económicamente más vulnerable.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto de Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano, en los términos siguientes:

Artículo Único. Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano, para quedar como sigue:

Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano

Capítulo Único De las Disposiciones Generales, Objeto y Estructura del Fideicomiso

Artículo 1. El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano.

El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar a las familias que se encuentran en situación de pobreza, en localidades que cuenten con más de quince mil habitantes, a través de un subsidio a precio de adquisición de un kilogramo diario de tortilla en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por

Artículo 3. El fideicomiso contará con un comité técnico, que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: la Secretaría de Desarrollo Social, quien lo presidirá, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Economía. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

El fideicomiso tendrá estructura orgánica propia en los términos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 4. El titular del Poder Ejecutivo federal proveerá en la esfera administrativa de las disposiciones y medidas para dotar de recursos públicos federales al presente fideicomiso a efecto de que este realice las actividades y cumpla los objetivos que le señale la presente ley.

Artículo 5. El Comité Técnico establecerá las reglas de operación por las cuáles se regirá el cumplimiento del fin del fideicomiso.

Asimismo, deberá acatar lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 6. Serán beneficiarios las familias que se encuentran en situación de pobreza alimentaria o que no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Reglamento de la Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano y el Reglamento Interior del fideicomiso que la presente ley crea, así como las reglas de operación respectivas, se deberán elaborar y expedir dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El Comité Técnico del fideicomiso deberá presentar a las comisiones de Desarrollo Social, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, un informe trimestral sobre el cumplimiento del objeto de la presente ley.

Cuarto. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del presente ordenamiento, el titular del Poder Ejecutivo federal contará con un plazo improrrogable de quince días para proveer en la esfera administrativa de las disposiciones y medidas para suministrar de recursos públicos federales al Fideicomiso materia de la presente ley, y realizar las actividades y cumplir los objetivos que le señale esta última.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Se acaba de recibir una comunicación de la Primera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente. Pido a la Secretaría que dé cuenta de ésta y consulte a la Asamblea en votación económica si se modifica el orden del día para incorporar el asunto para su discusión y votación.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

Me permito remitir a usted, para su incorporación en el orden del día de la presente sesión de la Comisión Permanente, el siguiente asunto:

• Dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República y al secretario de la Función Pública en materia de responsabilidades de servidores públicos.Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Primero consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta modificar el orden del día.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se consulta a la Asamblea en votación económica si se acepta modificar el orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que el dictamen se ha distribuido entre los señores legisladores, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República y al secretario de la Función Pública en materia de responsabilidades de servidores públicos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a iniciar, en cumplimiento de sus atribuciones, una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 10 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran pertinente reproducir literalmente los siguientes párrafos de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

El mismo proponente, durante la presentación de su proposición reiteró su propuesta de que el titular de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de sus atribuciones inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, en virtud de que hay elementos que permiten presumir la comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones, en los términos del Código Penal Federal.

II. Los integrantes de la comisión que dictamina, coinciden asimismo que es procedente la exhortación a la Secretaría de la Función Pública para que informe en relación con el procedimiento administrativo iniciado en relación con imputaciones al ciudadano Francisco Gil Díaz.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, solicita al Procurador General de la República, agilice las investigaciones sobre la denuncia presentada en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los avances en torno al procedimiento administrativo iniciado en relación con las imputaciones contra el ciudadano Francisco Gil Díaz.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Leído el punto de acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo; comuníquese.

NANCY PELOSI

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentefelicita a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.

El senador Humberto Andrade Quezada: Gracias, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.

Quien suscribe, Humberto Andrade Quezada, senador de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la del Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 4 de enero del presente año, los demócratas asumieron la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América, obteniendo también en consecuencia la presidencia de la Cámara de Representantes en la persona de Nancy Pelosi.

Cabe destacar que la representante Pelosi ha sido protagonista de tres hechos históricos de gran importancia: es la primer mujer que preside la Cámara de Representantes; en segundo lugar, como líder de los representantes demócratas logró que éstos votaran juntos en el 88 % de las ocasiones y, en tercer lugar, ha sido pieza fundamental para que, después de 12 años, los representantes demócratas consiguiesen la hegemonía en el Congreso.

Este hecho de singular trascendencia para la vida política del vecino país, vinculado a otras circunstancias relevantes tales como el que la reforma integral de la inmigración indocumentada constituya ahora una de las prioridades en la agenda legislativa del Congreso de los Estados Unidos de América, así como la posición del Partido Demócrata en torno a este tema motivan a que esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno mexicano, a impulsar una política de cooperación y colaboración respetuosa con su homólogo norteamericano, que permita --tanto en el asunto de la reforma migratoria como en otros puntos de necesidad e interés mutuo-- sustituir las medidas unilaterales, que difícilmente logran abatir los problemas, por acciones conjuntas que, a partir de una responsabilidad compartida, propicien y faciliten soluciones de fondo.

Al respecto, el líder de la nueva minoría republicana en el Senado de EU, Mitch McConnell, ha sostenido que es posible sacar adelante una reforma migratoria durante el actual periodo legislativo, por lo que ha propuesto a representantes demócratas no evadir temas difíciles y relevantes, como la citada reforma y la del Seguro Social.

La posición del senador republicano coincide con la del líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steney Hoyer, quien también juzga posible alcanzar un acuerdo de reforma a las leyes de inmigración.

Para México y Estados Unidos la migración dejó de ser un simple asunto de desplazamiento poblacional para convertirse en un tema de política interna y externa con múltiples implicaciones económicas, sociales y demográficas.

Consideramos, que cerrar la frontera es contrario a la sociedad económica y comercial entre México y Estados Unidos, a la vecindad de dos países crecientemente interdependientes, a la interacción necesaria en materia de seguridad y a la relación respetuosa entre dos naciones unidas por la geografía. En este orden de ideas, exhortamos a que gobernantes y ciudadanos de ambos países entendamos que la migración indocumentada no es un delito, sino el resultado de procesos económicos y sociales en ambos países.

De igual forma, reconocemos que el Gobierno de México necesita impulsar una política de migración que tenga en cuenta no sólo a los más de 6 millones de indocumentados en situación de extrema vulnerabilidad, sino también el surgimiento y la presencia de un movimiento social tan amplio, vigoroso, y coordinado como nunca antes visto.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la atención del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión expresa su beneplácito y extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al tiempo que manifiesta sus mejores deseos y parabienes al Congreso de los Estados Unidos de América en el inicio de la centésimo décima legislatura.

Segundo. La del Congreso de la Unión hace votos por que el Congreso Mexicano de manera conjunta con el de Estados Unidos de América, trabajen en el marco de una responsabilidad compartida, a fin de promover una reforma migratoria integral para normar un flujo migratorio seguro, legal y ordenado entre nuestras naciones.

Tercero. La del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a que establezca contacto a la brevedad posible con su contraparte en el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de concertar y preparar la realización de la próxima Reunión Interparlamentaria Estados Unidos - México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Humberto Andrade. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, tiene la palabra también sobre el mismo tema el senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI.

El senador Mario López Valdez: Gracias, diputado Presidente: voy a hacer uso de la voz a nombre de mi compañero senador Carlos Jiménez Macías. Estaba registrado este punto de acuerdo en el orden del día, pero al ser muy coincidente con el punto de acuerdo que ha inscrito aquí el senador Humberto Andrade Quezada, voy a sumarme con las siguientes consideraciones, a este punto de acuerdo.

Primero. Considerando que la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi ha expresado públicamente su intención de darle un gran énfasis al fortalecimiento de las relaciones norteamericanas con sus vecinos en América Latina, así como su apoyo a la legalización de los inmigrantes mexicanos.

Segundo. Que asimismo, al referirse al proyecto de ley de la construcción de un muro fronterizo con México calificó como desafortunada esta aprobación.

Tercero. Que la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha manifestado estar dispuesta a apoyar una decisión legal que respete el rol que históricamente los inmigrantes han jugado en Estados Unidos, al tiempo que se mantiene el respeto a las leyes estadounidenses.

Cuarto. Que estas manifestaciones representan un indicio de coincidencia y acercamiento entre la postura del Congreso Mexicano en su defensa de los intereses de nuestros conciudadanos y el marco de la legalidad vigente en Estados Unidos.

Por eso, en nombre del senador Carlos Jiménez Macías y de las fracciones parlamentarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y tomando en cuenta las anteriores consideraciones, suscribimos los puntos de acuerdo y nos sumamos a la urgente u obvia resolución presentada aquí por el senador Humberto Andrade Quezada. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Mario López.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

MEDIOS DE COMUNICACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo tome las medidas para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas.

El senador Mario López Valdez: Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas y a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes.

En el año que recién concluyó México se convirtió en el segundo lugar más peligroso en el mundo para el ejercicio del periodismo, sólo detrás de Irak donde tiene lugar un conflicto armado. El balance del sexenio anterior es de veintiocho periodistas asesinados --según la agencia Notimex-- y ningún autor intelectual detenido; diez de los asesinatos tuvieron lugar en el 2006 y cuatro periodistas fueron reportados como desaparecidos en el mismo año.

Diversas asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, han dado cuenta en días recientes de este trágico balance.

En los informes de estas asociaciones se señala que a partir de los últimos dos años México se ha convertido en un país particularmente letal para la práctica del periodismo. Freedom House, una organización de origen estadounidense, calificó desde 2004 a México como un país ``parcialmente libre'' debido en parte a las amenazas en contra de periodistas por parte de traficantes de drogas y el crimen organizado.

También se advierte en estos informes que los asesinatos y amenazas han tenido lugar, principalmente, en la región norte y fronteriza del país y en los estados de la costa del Golfo de México; y en general involucran a periodistas en labores de investigación sobre temas relacionados con el crimen transnacional organizado, el narcotráfico en particular, las redes de corrupción oficial y los grandes intereses económicos.

Un reconocido columnista nacional incluso se ha referido a listas negras de periodistas, y habla de una escalada de violencia que a su juicio es uno de los saldos del periodo electoral y postelectoral del año anterior.

No menos grave que el saldo trágico que muestra el panorama periodístico nacional y local, es el efecto de este clima de violencia en la calidad del periodismo que se ejerce en el país.

La violencia y las amenazas generan autocensura de periodistas y editores, y limita el periodismo de investigación sobre temas de interés nacional. Igualmente grave es que esta auto-restricción en el ejercicio de las libertades y derechos del gremio periodístico, tiene como consecuencia lógica la limitación del derecho a la información de los ciudadanos y la coerción de sus libertades y derechos civiles.

Asimismo, la violencia que padecen los medios de información limita el papel de fiscalización que este cuarto poder ejerce sobre el poder público en los sistemas democráticos contemporáneos. Este no es sólo un juicio teórico sino una realidad que se vive y se lee de manera cotidiana en los diarios nacionales y locales: no hay contrapunto a los boletines oficiales de prensa y, por ejemplo, la reciente campaña oficial en contra del crimen organizado se ha quedado sin periodistas y publicaciones que a nivel local y nacional reporten de manera crítica el alcance de estas campañas.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, creada en febrero de 2006 después de muchas dilaciones que incluso fueron denunciadas por las asociaciones internacionales de periodistas, se encuentra acéfala y resulta sintomático que recientemente haya renunciado el fiscal a cargo. Con ello, los crímenes y amenazas contra periodistas se mantienen impunes, quedan abiertos cerca de 72 expedientes en esta fiscalía, y en la práctica sigue vigente la restricción de las libertades y derechos civiles del gremio periodístico y de la ciudadanía.

Por la suma gravedad de este clima de violencia en contra del gremio periodístico y la afectación de las libertades y derechos civiles, el Grupo Parlamentario del PRI propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a, de manera urgente, tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas que han tenido lugar en los últimos años en contra de periodistas y editores. Entre estas medidas debe incluirse el nombramiento de un sustituto para presidir la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, y la garantía de los recursos necesarios para cumplir su mandato.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar un condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes los medios de comunicación nacional y local, y comprometerse a garantizar durante su mandato la plena vigencia del derecho a la información y las libertades y derechos civiles correspondientes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Mario López.Túrnese a la Primera Comisión.

ACAPARAMIENTO DEL MAIZ EN MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, a fin de presentar punto de acuerdo relativo a la especulación y acaparamiento del maíz en México.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente: ciudadanas legisladoras y legisladores. Uno de los asuntos más preocupantes de la agenda nacional es el aumento desmedido en el precio del maíz; lo que ha impactado en el costo de los productos de consumo básico para los mexicanos y las mexicanas. Lo cierto es que el gobierno ha hecho poco o nada para detener esta escalada de precios; esta política criminal que se ha iniciado en este gobierno de facto.

Nosotros creemos que la consecuencia de lo que ahora vivimos es porque el sistema económico, el modelo económico, está agotado. Hoy no sólo nos enfrentamos a una errónea política económica de abandono al campo, sino también a una total impunidad donde las autoridades competentes se han convertido en cómplices de los grandes capitales, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y como es el caso de la Procuraduría General de la República.

En estas condiciones encontramos a las autoridades que deben de encargarse de procurar justicia, en una actitud omisa; se han convertido en tolerantes y proteccionistas de los grandes capitales e intereses ajenos a nuestro país.

El título en el Código Penal Federal, que se especifica como delitos contra la economía pública, se refiere a delitos contra el consumo y la riqueza nacional. Esta disposición por si sola nos advierte de una hipótesis jurídica que desde hace tiempo debió de haberse aplicado por la Procuraduría General de la República.

En el artículo 253 del Código Penal Federal, señala: son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a 10 años, de 200 a mil días multa los siguientes: a) El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores. Subrayo, de tres a 10 años de prisión.

Lo que quiere decir es que si la Procuraduría hubiere ejercido sus facultades formales, en este momento hubiésemos detenido el alza de los precios a los productos no sólo del maíz, sino del huevo, de la carne y de otros productos que están haciendo estragos en la economía doméstica.

Y en la aplicación de los tres a los 13 años, cualquier aficionado al derecho sabrá que en la suma para sacar el término medio aritmético, son 13 años, seis años y medio. Es decir, la suma del término medio aritmético sería seis años y medio, lo que generaría que los especuladores no alcanzaran derecho a fianza, sino que debían estar recluidos por este alto crimen contra la economía y contra los consumidores de este país.

No lo hemos visto así, vemos simple y sencillamente omisión, vemos que están callados los órganos de procuración de justicia y vemos un contubernio entre las secretarías que deberían presentar las denuncias penales por este delito, como son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y nadie, nadie se atreve a presentar una denuncia penal contra estos especuladores, contra estos ocultadores de productos básicos que han provocado una desmedida escalada en los precios de los productos básicos.

Esta es una verdadera actitud criminal, porque así lo refiere el Código Penal Federal, y por eso ahora, este día, el grupo parlamentario del PRD en la Comisión Permanente, representante del Congreso de la Unión del Poder Legislativo estamos planteando concretamente un punto de acuerdo al que le solicitamos al Presidente le otorgue el trámite de obvia o urgente resolución, consistente en el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que presenten denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que investigue y en su caso, aplique las sanciones pertinentes contra los acaparadores y especuladores responsables de la comisión de delitos previstos en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal.

Creemos que es la oportunidad para que esta Comisión Permanente exija a la Procuraduría General de la República inicie las averiguaciones previas correspondientes y pueda deslindar responsabilidades y detener y procesar a los presuntos responsables, acaparadores y además, quienes han provocado esta escalada los precios. No ha habido ninguna otra acción que los...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya, por favor, senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, quisiera que me otorgara el mismo tiempo que le otorgó al senador que en primer término hizo uso de la palabra, casi de 15 minutos, pero bueno, voy a concluir.

Hasta este momento, hemos tratado de implementar distintas medidas, distintas medidas, nunca ninguna de ellas ha pasado. Hoy este trámite que le solicito, Presidente, me parece que sería la mínima congruencia para castigar a los especuladores que nos tienen en crisis, que son cómplices y que las autoridades también han actuado con esa misma complicidad.

Si no se aprobara el punto de acuerdo, les adelantamos que el grupo parlamentario del PRD presentará la semana próxima denuncia penal contra los acaparadores.

Espero que sea la Comisión Permanente, el órgano de representación nacional del Poder Legislativo, quien lo haga, porque me parece que nos afecta a todos, independientemente del partido en el que milites y de los intereses que persigas. Por la atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la especulación y al acaparamiento de maíz en México, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadores Ricardo Monreal Ávila, Tomás Torres Mercado, Leonel Godoy Rangel, Antonio Mejía Haro, Arturo Herviz Reyes, Silvano Aureoles Conejo, Héctor Bautista López y Rubén Velázquez López, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Uno de los asuntos más preocupantes de la agenda nacional es el aumento desmedido en el precio del maíz, lo que ha impactado en el costo de los productos de consumo básico para los mexicanos.

Lo cierto es que el Ejecutivo federal ha hecho poco o nada para detener el incremento del precio de este grano básico. Hoy, 16 millones de familias, con ingresos inferiores a seis salarios mínimos al mes, resienten los efectos de la indiferencia gubernamental.

Y es que este aumento desmedido responde en gran medida a la conducta nociva de un puñado de acaparadores y especuladores, que hace meses compraron el grano a dos mil pesos la tonelada y que actualmente lo revenden a más de 3 mil ochocientos pesos por tonelada. En los hechos, algunos maiceros han escondido el producto para exportarlo a Estados Unidos, sin importar el desabasto nacional.

Estos acaparadores y bodegueros no han sido debidamente vigilados y sancionados por delitos relacionados con el consumo nacional. Por ello, una de las medidas que debe aplicarse de inmediato es el control monopólico del grano.

El problema es grave si consideramos que la producción total de maíz en México se ha mantenido desde el año agrícola de 2004 en una cifra cercana a 22 millones de toneladas. Hay que señalar que en la década reciente la superficie sembrada no ha rebasado los ocho millones de hectáreas, e inclusive en los dos últimos años, se redujo a poco más de siete millones, y si buen los rendimientos tuvieron una ligera variación y alcanzaron en promedio nacional tres toneladas por hectárea, es indudable que existe abandono en el campo por falta de estímulos.

Es urgente aplicar políticas públicas de agricultura sustentable y soberanía alimentaria que garanticen la producción suficiente de alimentos sanos para todos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los secretarios de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que investigue y, en su caso, aplique las sanciones pertinentes contra los acaparadores y especuladores responsables de la comisión de los delitos contra la economía y el consumo nacional que sanciona el Código Penal Federal.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Con fundamento en el artículo 59 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se considera el punto de urgente u obvia resolución.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución y en consecuencia está a discusión. Están anotados el diputado Juan José Rodríguez Prats, el senador Carlos Lozano de la Torre y el senador Jorge Legorreta Ordorica. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por cinco minutos.

Pido a todos los legisladores la comprensión por la gran cantidad de asuntos que están pendientes, que se ajusten al tiempo. Adelante diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Señores legisladores. Permítaseme iniciar con una digresión, ayer el Presidente Felipe Calderón, Presidente, como lo sabe cualquier aficionado al estudio del derecho de jure y de facto, hacía una reflexión en relación con la distinción que ha tenido la vida política en las últimas semanas y creo que parte de esa distinción la ha vivido este Congreso.

Encontramos un cambio sustancial en el discurso político, ya no con el encono y el resentimiento, ya no adjetivizado sino fundamentalmente sustantivo. Esta reflexión me lleva al tema que aquí se ha planteado, al grave problema del incremento del precio del maíz. Creo que si lo contemplamos en su conjunto, en todos sus ingredientes tanto económicos como financieros, como de tipo agropecuario, como de tipo jurídico, podemos emanar, puede emanar de la Comisión Permanente distintas indicaciones como corresponde a las funciones de un Congreso responsable para hacer sugerencias a las políticas públicas que se instrumentan desde el Estado.

¿Qué caso tiene debatir? Esclarecer la verdad, la verdad siempre orienta, la verdad ayuda, la verdad tiene una fuerza regeneradora en todos los órdenes, y definitivamente el problema del maíz que yo quisiera recordar hoy, cómo hace algunos meses un candidato planteaba negociar el Tratado de Libre Comercio para evitar la importación del maíz.

Imagínense esto a dónde nos llevaría, no a un incremento de precio, nos llevaría a racionalizar el consumo del maíz, qué bueno que ya hay una evolución y una madurez en las tesis presentadas hace unos meses y ahora se habla de instrumentar otro tipo de medidas, que son muchas, subsidios hacia el consumo, efectivamente.

Ya el Estado mexicano ha alcanzado cierta madurez en sus políticas. Yo quisiera aquí recordar, por ejemplo en el 76, cómo a base de decretos y de control de precios, lo que se provocó fue la descapitalización del campo, que se provocó desabasto, que se provocó corrupción, que se provocó mercado negro y si no asimilamos esas experiencias, entonces no tenemos capacidad de aprender de nuestro pasado.

Yo creo --y el Presidente Felipe Calderón lo dijo el día de ayer-- de que definitivamente tenemos que generar empleo y tenemos que cuidar el estado de derecho. Hoy se abre una inmensa posibilidad para tres millones de productores del campo; esto no lo podemos ignorar, por primera vez se encuentra en el maíz un uso alterno para generar energéticos, llámese en este caso biodiesel o etanol, y esto abre una gran posibilidad, sin lugar a dudas, esta medida va a capitalizar al campo mexicano, en los aspectos más depauperados y en las zonas más aisladas en el país.

Es una oportunidad para los productores, sin lugar a dudas, pero que definitivamente está perjudicando al final de la cadena productiva a los consumidores. Entonces se trata de instrumentar una política que estimule la siembra de maíz, que fije precios competitivos y que definitivamente, y por eso el Partido Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo, propicie la competencia y propicie el respeto a la ley.

Lo decía el Presidente Felipe Calderón, palabras más palabras menos, y celebramos mucho que el PRD coincida hoy con lo que el Presidente Felipe Calderón planteó ayer, cuando dijo textualmente: ``sé que el papel del Estado consiste en garantizar que las condiciones de competencias estén presentes, hay que tener reglas claras en el mercado, sostener una economía abierta con cánones orientables a la competitividad, mantener el estado de derecho, tener reglas claras y parejas para todos, además de fortalecer los organismos reguladores para evitar las prácticas monopólicas, concretamente a la Comisión Federal de Competencia''.

Como verán ustedes, se coincide con una política instrumentada desde el Ejecutivo federal, en la que desde luego el Partido Acción Nacional dará su voto a favor, para que ésta junto con otras medidas económicas, de tipo rural, de tipo de política agropecuaria, de subsidios al consumo pueda atacar este problema que está afligiendo tanto a la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI.

El senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. Quisiéramos sumarnos al punto de acuerdo que ha presentado la bancada del PRD, que hemos votado todos, pero quisiéramos ampliar un poco el tema, si estuvieran de acuerdo, quisiéramos presentar el análisis que hacemos nosotros, la bancada de nuestro partido, del PRI.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Sagarpa, de la Sedesol y de la SE para que informen sobre las acciones relacionadas con la soberanía alimentaria del país.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 116 de la Ley. Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, legislador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, somete a esta asamblea la aprobación del siguiente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable Asamblea

Todos sabemos que México se ha convertido en poco tiempo en un país importador de granos, que la política de toda la pasada administración federal por palabras del entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, era que resultaba más barato importar maíz que producirlo en el país. Obviamente el resultado es el desmantelamiento gradual del escaso sector agrícola que produce granos en el país con implicaciones que en su momento fueron señaladas por el propio Poder Legislativo, en cuanto al riesgo que lo anterior implicaba para la soberanía alimentaria de nuestra nación, ante una escalada de precios internacionales de estos productos o una escasez de los mismos.

El mercado agroalimentario mexicano, respecto de varios productos que utilizan el maíz blanco como materia prima, se encuentra en riesgo. Tal es el caso de la tortilla, la leche, la carne, el pollo, alimentos para ganado, además de las industrias aceiteras y almidoneras. El precio del huevo por ejemplo, en los primeros 15 días del mes de enero ha acumulado un incremento preocupante de 25 por ciento, pasando el kilogramo de 10 pesos a 12 pesos 50 centavos. Sabemos de la escasez internacional pero no de su duración, ni si nuestro actual proveedor, Estados Unidos, tendrá un inventario suficiente del que nos toque algo para alimentar a nuestra población. Inventario compuesto de maíz transgénico de malísima calidad y que ante la política aplicada de sustitución de producción nacional por importaciones baratas, nos ha dejado a la deriva en materia alimentaria para la población de menores ingresos.

Sin embargo y por desgracia, en el marco de las aberraciones en las políticas agrícolas mexicanas, existen otros elementos de los que tenemos que fincar las responsabilidades conducentes, como el hecho de que hace unos meses se otorgaran subsidios a la empresa trasnacional Cargill para que esta exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica.

Compañeros legisladores, es una burla para los 25 millones en situación de pobreza alimentaria, para los mexicanos con hambre, pero eso sí, el Ejecutivo federal ahora declara que sea importado maíz de cualquier parte del mundo a menor precio, en palabras de Calderón, ``no me importa que lo traigan de lugares a miles de kilómetros de distancia''. Simplemente ya no entendimos.

México autorizó y subsidió exportaciones de maíz blanco, donde hoy existe desabasto, por el equivalente de 125 mil toneladas, en operaciones que corrieron a cargo de la Secretaría de Agricultura y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), autorizados por la Secretaría de Economía.

Los permisos autorizados, no obstante, hablan de un monto mayor de 250 mil toneladas; con un subsidio que costó 50 millones de pesos, y que sirvió para enviar el producto a Sudáfrica, Kenia, Mozambique y marginalmente hacia Estados Unidos.

El periódico el Economista a ocho columnas señaló que fuentes gubernamentales, que exigieron el anonimato, revelaron que funcionarios de la Secretaría de Agricultura en el sexenio pasado actuaron con negligencia ante una tendencia que indicaba la escasez de maíz en México desde septiembre de 2006.

Respetable Asamblea:

La falta de una política pública integral que atienda el comportamiento de los precios de la canasta básica de la mayoría de la población, especialmente la de menores recursos es un problema grave, pero hacer dependiente la alimentación de 50 millones de pobres en el país a lo que marque la oferta y la demanda en el mundo habla de una completa irresponsabilidad e insensibilidad social de parte de la administración pública federal.

Ahora bien, todo lo señalado con anterioridad solo nos hace llegar a una conclusión; el sector agropecuario mexicano no se encuentra preparado de ninguna manera para enfrentar con éxito la apertura total de fronteras que se experimentará a partir del primero de enero de 2008 de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implica la eliminación de aranceles agropecuarios respecto de productos provenientes de Estados Unidos y Canadá.

La realidad nos señala que el campo mexicano carece de tecnología, de insumos accesibles, de equipamiento y crédito.

Que los programas federales se olvidan de la economía campesina de autoconsumo, donde sobreviven 30 millones de personas de acuerdo con el banco mundial.

Que la administración pública en los últimos años ha sido ineficiente al aplicar los recursos aprobados para el campo en los diferentes Presupuestos de Egresos, existiendo impuntualidad en el ejercicio de los mismos y registrándose subejercicios presupuestales, lo que disminuye la eficacia de dichos programas.

Se tiene que reconocer que mientras nuestros socios comerciales aplican políticas públicas enfocadas por el otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos fiscales para sus productores agropecuarios, en México el desmantelamiento de aparato productivo del campo tiene una máxima que se repite constantemente en el discurso del gobierno federal, ``a nuestro país le sale más barato importar que producir''.

El gobierno federal ha eludido los últimos seis años, la elaboración de una estrategia para que ejidatarios y comuneros enfrenten dicha apertura, ni las sociedades rurales ni los gobiernos estatales saben de lineamientos federales para asimilar este cuestionado proceso.

El campesinado organizado, legisladores y académicos le han presentado al gobierno del Presidente Fox y también al de Felipe Calderón diversas iniciativas para lograr atenuar el problema en el campo mexicano ante la apertura de fronteras, a saber las siguientes:

Es con base en los razonamientos anteriores, es quie se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez; de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Beatriz Zavala Peniche; y de la Secretaría de Economía, Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape; para que expliquen a esta soberanía, entre otros planteamientos, la posibilidad de adecuar el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; expliquen la política pública de importación y exportación de granos básicos de parte de la Administración Pública Federal durante los últimos seis años, que vulnera la soberanía alimentaria del país a los movimientos del mercado internacional expongan la relación del Gobierno Federal con la empresa trasnacional Grupo Cargill y por que la misma recibe subsidios para exportación mientras que productores y comercializadores nacionales no logran conseguir estos apoyos para colocar sus productos agrícolas en el mercado internacional; asimismo presenten las acciones que realizará el Gobierno Federal con el fin de garantizar la estabilidad de los precios en los productos de la canasta básica, con la intención de que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las clases sociales, producto del incremento en el precio del huevo, la leche, la carne y el pollo, entre oros productos. Y que cualquier medida que se tome no implique un perjuicio a los productores agropecuarios de nuestro país.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Lozano. Le pediría que deje por escrito la propuesta también. Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, para referirse al mismo tema.

El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Para los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la especulación generada en torno al precio de la tortilla atenta, sin lugar a dudas, contra la economía de las familias mexicanas, especialmente en contra de las familias de menores ingresos, que son las que consumen una mayor parte de su ingreso en ese producto básico en su dieta diaria.

Por lo anterior, es comprensible el creciente descontento social que el problema ha generado, situación que obliga al gobierno federal y a nosotros como legisladores, a tomar medidas urgentes y coordinarnos para resolver esta crisis.

Sabemos cuál es la situación del precio internacional del maíz, que se ha incrementado por la creciente demanda para su uso en la producción de etanol, principalmente en los Estados Unidos. A principios del año 2006 la tonelada de maíz se cotizaba en mil 200 pesos y actualmente se negocia en dos mil 200 pesos. Ante esta situación la respuesta del gobierno ha sido aumentar los cupos de importación de maíz en 650 mil toneladas para este año, es decir, se podrá importar esta cantidad sin pago alguno de arancel.

Sin embargo existen dudas sobre qué tan eficaz resultará la medida, ya que estos cupos representan tan sólo el ocho por ciento del total de importaciones en 2006 y poco menos del tres por ciento de la producción nacional. Es decir, las 650 mil toneladas son un monto muy pequeño frente a la magnitud del mercado interno.

En la determinación de la inflación, la tortilla de maíz tiene una ponderación importante, incluso superior a otros bienes de primera necesidad para el país, como la carne, el pollo, el tomate, el frijol, el huevo y el pan. Esto quiere decir que el incremento del precio del maíz sí tendría un impacto en la inflación por ser un insumo básico para la producción de otros bienes. Por tal situación debemos dirigir nuestros esfuerzos en la realización de un cuidadoso análisis y una evaluación de la cadena productiva del mercado del maíz, y así concretar la eliminación de distorsiones económicas que se encuentran en la comercialización y distribución de tan importante grano.

De esta forma y a través de decisiones firmes de políticas públicas podremos incrementar la eficiencia de la cadena productiva, eliminando prácticas desleales que impidan la competencia y la libre concurrencia, favoreciendo el funcionamiento de los mercados.

Lo anterior no se contrapone a la necesidad de contar con mecanismos que, de ser necesario, amortigüen las variaciones en los precios del maíz. Un sistema de subsidios en el que las partes involucradas son corresponsables de sus acciones. Así, alcanzaríamos una convergencia entre la mano invisible del libre mercado y la mano de la justicia social que corresponde al Estado garantizar. Sería más costoso no hacer nada más que la propia instrumentación del subsidio que nos ocupa.

La responsabilidad social del Estado debe de asegurar en el corto plazo un precio accesible y volumen suficiente, mientras que en el mediano plazo apoyar a los productores, asegurar un incremento en la oferta y articular nuevas cadenas de comercialización libres del acaparamiento y el coyotaje.

Debemos de ver en los altos precios del maíz un área de oportunidad para el campo mexicano. En este tenor no debemos dejar de lado el fortalecimiento de la responsabilidad social que debe imperar. Tampoco podemos permitir la utilización del maíz genéticamente modificado en aras de abaratar el precio de la tortilla, pues de lo contrario, se perjudicaría la salud pública y el medio ambiente. La solución paliativa ocasionaría problemas igualmente graves, pero de un impacto permanente.

Compañeras y compañeros. No podemos ni debemos olvidar que, como mexicanos tenemos derecho no sólo a una tortilla económicamente accesible, sino de calidad y valor alimentario para la salud, biodiversidad y economía de los mexicanos.

Por lo tanto, exhortamos al gobierno federal y a las autoridades a que se realicen las acciones legislativas concretas que permitan garantizar la soberanía alimentaria del país, para satisfacer las necesidades básicas de las personas para su desarrollo y bienestar y respetando en todo momento el medio ambiente.

Por supuesto, apoyamos el punto de acuerdo del Partido de la Revolución Democrática y también nos unimos a la petición del senador Carlos Lozano de la Torre, para que las dependencias que tienen concurrencia y qué ver con el tema comparezcan ante el Poder Legislativo. Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Jorge Legorreta Ordorica. Tiene la palabra el senador Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del PRD.

El senador Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias, señor Presidente. Qué bueno que este tema ha sido acordado, que más allá de proposiciones y de puntos de acuerdo se abra el debate aquí en la del Congreso de la Unión. Porque el maíz no sólo es un factor para que nuestra economía prospere, para que se estanque o para que entre en crisis, sino también el maíz para los mexicanos es cultura, el maíz para los mexicanos es soberanía nacional.

Por ello nos ha parecido insuficiente lo que el gobierno federal ha planteado en voz del señor Sojo, decir que hay que esperar, que finalmente el precio del maíz se va a estabilizar. Eso me recuerda a la época de los aumentos que los panistas en esa era democrática que añoramos criticaban igual que nosotros, porque era simplemente engañar al pueblo diciendo que eran ajustes, cuando lo que realmente ocurría eran alzas que dañaban el bolsillo de los mexicanos más pobres. Por eso creemos que este tema esta bien que se trate coyunturalmente, está aquí o están aquí ya, propuestas que deben de ser revisadas en su conjunto, que atienden la coyuntura. Es cierto que la especulación del maíz es la causa fundamental del aumento en el precio y por ello es correcto el planteamiento de que deben de actuar las autoridades.

Y antes de que se vaya el diputado, también para los aficionados al derecho, es muy adecuado reconocer, es correcto reconocer que cualquier aficionado del estudio del derecho sabe que es una obligación del gobierno federal evitar este tipo de acciones en el alza de los precios por motivos especulativos.

El artículo 28 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley Reglamentaria lo dicen con claridad. Es obligación del gobierno federal y debería de actuarse en consecuencia. Así como se actuó ya con el precio de la leche por presión del Poder Legislativo, así también debería de actuarse en el precio del maíz. Están los instrumentos jurídicos en la Constitución y en la Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución. Y también el gobierno federal debería de actuar enérgicamente contra los especuladores y no salirnos la Profeco con clausuras de tortillerías. Ubicar ahí el problema es evadir la responsabilidad que se tiene de ir contra los famosos peces gordos.

Un informe de la Bolsa Mexicana de Valores decía que el año antepasado el grupo Maseca tenía, como parte de sus ganancias, algo que debería de ser una vergüenza para nosotros, el 40 por ciento de sus ganancias que informó Maseca, provenían de subsidios que le daba el gobierno federal. El 40 por ciento. Por ello, yo creo que debería de actuarse con energía, debería de no solaparse este tipo de forma de actuar y no ver el asunto sólo en términos de la ley de la oferta y la demanda.

Finalmente quiero decir que en el fondo hay un problema estructural, que es el que deberíamos de atender. Ese problema estructural tiene nombre y apellidos, no es sólo un asunto, compañeras y compañeros legisladores, de la coyuntura e incluso, ni siquiera el tema de los especuladores tiene que ve con la política para el campo.

Hay dos tendencias y esas son las que debemos de discutir, las privatizadoras del campo. Por eso aquí se habla de productores, así, de manera neutral. Los productores no son neutrales, hay ejidatarios, hay comuneros y hay pequeños propietarios y nosotros deberíamos de fijar una política en relación al ejido, a la comunidad indígena y a los pequeños y auténticos propietarios.

Nosotros, por eso concluyo con esto, diputado. Nosotros planteamos una propuesta integral de rescate del campo que tiene que ver con créditos oportunos. Era cierto que el Banco de Crédito Rural estaba corrompido, pero no era la manera eliminando este instrumento necesario para otorgar créditos oportunos a los campesinos...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine por favor, senador.

El senador Leonel Godoy Rangel: Voy a concluir, me faltan 10 minutos, señor Presidente...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se le acabó el tiempo. Por favor.

El senador Leonel Godoy Rangel: En aras de lo que usted concedió a otros legisladores y que qué bueno que lo hizo.

El segundo punto de nuestra propuesta aparte de los créditos oportunos, es el apoyo técnico y científico para los campesinos, para los productores como les llaman algunos --que para mí primero son campesinos-- los subsidios. Aquí se han satanizado los subsidios, el Tratado de Libre Comercio casi prohíbe el asunto de los subsidios, pero sí estamos subsidiando a intermediarios y no estamos subsidiando a los productores, generándose una competencia inequitativa con los agricultores norteamericanos y canadienses.

Por eso nosotros planteamos y lo repetimos hoy, para que vean que no se nos ha olvidado, la revisión del Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario y no sólo eso, ese candidato paisano también planteó y nosotros lo decimos y lo volvemos a rescatar, que nos deberíamos de oponer a que el próximo año ingrese libremente el maíz blanco y el fríjol a nuestro país.

Eso se dijo, se sostiene y lo sostenemos y ojalá que muchos aficionados al derecho también se dieran cuenta de que las autoridades mexicanas deberían de actuar y que tienen instrumentos jurídicos para hacerlo.

Por eso apoyamos tanto la propuesta del senador Monreal como la del senador Carlos Lozano y ojalá haya otras más, pero también ojalá haya un acuerdo del Congreso de la Unión de fijar una política integral para el campo mexicano. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Godoy. Pido a los señores legisladores que, por respeto a la Asamblea, nos ajustemos al tiempo. Son cinco minutos la intervención de cada legislador, para todos. Les pido, por respeto a la Asamblea. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con este 2007 llegó la primera crisis económica para el gobierno de Felipe Calderón, porque al incremento del precio de la tortilla, que se disparó de seis a 10 o hasta 18 pesos el kilogramo, le siguió toda una escalada de precios que incluye al huevo, con 25 por ciento, carne de res, pollo, cerdo, azúcar e incluso el transporte público.

Asimismo, la escalada de precios podría afectar a otras dos industrias claves de la economía nacional. Por un lado, la farmacéutica, lo que agravaría la situación, ya de por sí lamentable de clínicas y hospitales públicos en materia de abasto de medicamentos.

Lo anterior fue mencionado por organizaciones de farmacéuticos, arguyendo que esta inestabilidad también los obliga a incrementar el costo de medicamentos, afectando nuevamente a los sectores más vulnerables de la población.

Por otro lado, 35 autopistas y 32 carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, fueron ajustadas en 3.1 y hasta 4 por ciento, a fin de mantenerlas --entre comillas-- actualizadas, conforme al índice inflacionario previsto para este año, en algunos casos donde el peaje tiene, según dicen, rezagos tarifarios, como es la México-Cuernavaca, México-Acapulco, México-Querétaro y México-Puebla.

En esta discusión, en este debate y en toda esta controversia que se ha desatado hemos visto diversas consideraciones que es muy importante que nosotros traigamos a colación y que las incorporemos al debate por las razones que más tarde explicaré.

Por ejemplo, según la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, el gobierno federal exporta maíz, entre otros países a China e inclusive a Estados Unidos, ocasionando que el grano aumente de precio y por consecuencia, también se incremente el costo de kilogramo por tortilla, ya que en esos países los desastres naturales perjudicaron a maiceros, quienes perdieron la totalidad de sus cosechas, por lo que tuvieron que recurrir al grano que México vende.

A su vez, el secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz señaló que la producción nacional de maíz blanco en México es de 20 millones de toneladas, en tanto que el consumo es aproximadamente de 13 millones 500 mil toneladas; es decir, existe un superávit supuestamente de 6.5 millones de toneladas.

También llama la atención el comunicado de prensa que realizaron, de manera conjunta, la secretarías de Economía y la de Agricultura, publicado el pasado 9 de enero, que señala que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco que se destina al consumo humano.

La cosecha del ciclo agrícola primavera-verano, señalaron, en 2006 se encuentra actualmente en el eslabón de acopio y comercialización, lo que en condiciones normales de mercado garantiza cubrir la demanda.

Estas consideraciones llevarían a que nosotros señaláramos que detrás de todo esto ha habido evidentemente un proceso de carácter especulativo y es muy importante que, en consecuencia, se investigue a fondo qué fue lo que realmente ocurrió, qué hicieron empresas como Maseca, como Minsa, Cargill, etcétera, y que consecuentemente se dé paso a esta propuesta de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática, para que se investigue sobre el manejo monopólico u oligopolio que pueda haber.

Pero a nosotros, en Convergencia nos parece que esto no es suficiente. No es suficiente, porque también el gobierno de alguna manera ha tenido que ver con esta escalada de precios; al momento de ajustar el precio de la leche, el precio del diesel, el precio de las carreteras de cuota, etcétera. El gobierno de alguna manera se sumó a este proceso de crecimiento de los precios. Ante todo este panorama ha habido una serie de declaraciones y planteamientos confusos por parte del gobierno federal.

Por eso es que a nosotros consideramos, nos parece, que no solamente es importante que la Procuraduría General de la República haga una indagación sobre el manejo de grupos monopólicos, sino que también los titulares de Economía y de Sagarpa vengan aquí a la Cámara de Diputados, para que nos den una explicación y hagamos un análisis a fondo de todas las causas, de todos los elementos de esta situación.

Esto no puede volver a ocurrir, porque además, si ya se preveía que había tendencias a nivel mundial de sustitución del maíz en su uso para consumo, para su uso en la producción de etanol y no se tomaron las medidas preventivas adecuadas, ahí hay una omisión o una irresponsabilidad y hace falta, como también aquí se ha señalado, instrumentar una política efectiva para el campo.

Podría yo señalar una serie de elementos que son, deben merecer análisis y, a partir de ahí, hacer una serie de propuestas que nos lleven a delimitar los campos de responsabilidad del gobierno mexicano, del Poder Legislativo y a tomar las medidas que sean necesarias para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

Por eso Convergencia no solamente se suma al punto de acuerdo propuesto por nuestros compañeros del PRD, sino que también, como estaba contemplado, solicita la comparecencia de los titulares de Economía y de Sagarpa. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Lorena Martínez Rodríguez

La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajoapoya decididamente el punto de acuerdo en comento, para castigar a los que están especulando con el maíz a expensas del hambre del pueblo.

En esta línea nosotros presentamos una iniciativa hace unos momentos para que el Ejecutivo federal use sus facultades constitucionales señaladas en el artículo 28 constitucional, estableciendo claramente en la Ley Federal de Competencia Económica su intervención para evitar que los grupos oligopólicos manipulen el mercado y encarezcan los productos básicos.

En el modelo de gobierno neoliberal solamente se justifican los subsidios y el apoyo a los ricos. Así sucedió con los banqueros en el caso del Fobaproa, así sucedió con el rescate carretero, así sucede con los grandes empresarios del maíz, como Maseca, Minsa, y se habla de que subsidiar a los pobres, eso es populismo; subsidiar a los ricos, eso es desarrollo.

Es parte de la demagogia del gobierno neoliberal donde todo lo que sea ganancia hay que privatizarlo, todo lo que sea pérdidas, hay que pasárselas al pueblo. Entonces, en ese sentido, las políticas se miden y se evalúan por sus resultados, no por discursos demagógicos que se vengan a dar en esta tribuna.

¿Cuáles son los resultados de las políticas económicas neoliberales en el campo en materia alimentaria, que antes éramos autosuficientes y exportábamos y ahora perdimos nuestra soberanía alimentaría; dependemos del extranjero y tenemos que importar los granos básicos para nuestro país?

Esos son los resultados de las políticas que se han aplicado en los últimos gobiernos neoliberales. Y si vemos el asunto del salario, podemos ver que en el gobierno de Miguel de la Madrid hubo una pérdida del poder adquisitivo del 44.9 por ciento del salario. En el gobierno de Carlos Salinas una pérdida del 46.5 por ciento. En el gobierno de Ernesto Zedillo hubo una pérdida del poder adquisitivo del 51 por ciento del salario. En el gobierno de Vicente Fox disminuyó 32 por ciento.

Y vemos cómo ahora en el gobierno de Felipe Calderón, en los escasos 45 días de gobierno, ha habido una pérdida de 40 por ciento del poder adquisitivo del salario. Este incremento es severamente lesivo a la economía popular porque la mayoría de los mexicanos no tienen ingresos suficientes para hacer frente a estos descomunales aumentos de precios.

La tortilla se ve cada vez más inalcanzable. En el 82 un trabajador con salario mínimo podía comprar 26.5 kilos de tortillas. En el 94 compraba 20.3 kilos. En el 2000 compraba solamente 9.4 kilos. Y para inicios del 2007 adquiere escasamente cinco kilos de tortilla. El modelo neoliberal muestra un rotundo fracaso, ya que se ha convertido en una fábrica de pobres que llegan a una cifra nunca antes vista.

Ante esta situación de emergencia para la economía popular, es necesario que el gobierno y el Congreso de la Unión unamos fuerzas para combatir a los especuladores en el sector agropecuario; pero sobre todo poner un freno a los grandes monopolios que son los que están atrás del hambre del pueblo. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el senador Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional

El senador Humberto Andrade Quezada: Gracias, diputada Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros senadores y diputados. Nosotros no tenemos añoranza por el pasado. Nosotros no queremos medidas que puedan ser ejecutadas por las coyunturas de manera arbitraria y artificial y que lejos de beneficiar únicamente a un producto o a un sector, tengan implicación y repercusiones en una cadena de productos o de alimentos, que obviamente están ligados e interrelacionados.

Nosotros no queremos volver a políticas clientelares, no queremos volver a la fragmentación que hemos vivido en este país del campo, donde al día de hoy tenemos millones de parcelas, de minifundios que, si bien es cierto que habrá que apoyarlos para el autoconsumo, también es cierto que reviste una dificultad enorme en la producción de alimentos básicos.

Por supuesto que estamos de acuerdo en la capacitación, y por supuesto que estamos de acuerdo en los créditos y financiamientos para el campo. Esto es algo que yo creo que difícilmente alguien podría oponerse o verlo como lejano o como una propuesta desmedida. Y, por supuesto, también que hay programas implementados en este sentido.

El grupo parlamentario del PAN ha apoyado todos y cada uno de los puntos de acuerdo que se han presentado en esta Permanente en relación al tema del incremento con el maíz. Y seguiremos apoyando los puntos de acuerdo que tengan una lógica sustentable, razonable, soportable. Así lo haremos. Acabamos de apoyar, inclusive, la proposición que apoyó el senador Ricardo Monreal.

Pero yo creo que lo que vale la pena es resaltar que todos los temas que se han venido mencionando en tribuna hay que hacer un filtrado, un concentrado de todos ellos para los procesos a los que tenemos que entrar como Congreso de la Unión, y luego entonces, poder dar una respuesta adecuada a la ciudadanía ante la problemática que está viviendo y la afectación que está viviendo en su bolsillo y en su economía.

Esto es indudable y es un tema sumamente sensible que tendremos que enfrentar, pero no basta el estar proponiendo puntos de acuerdo, no basta estar pidiendo que vengan a comparecer funcionarios.

Yo creo, y consideramos en el grupo, que lo que vale la pena en este concentrado de la problemática que lleva a escenarios tales como el que estamos viviendo hoy con el problema del maíz, es que tengamos la posibilidad de hacer un ejercicio para plantear políticas públicas e implementar políticas públicas de acuerdo con el Ejecutivo, en exigencia con el Ejecutivo, pero sobre todo, en respaldo a la población, que es la más sensible.

El problema del maíz es un problema muy complicado, no sólo es un problema de abasto, no sólo es un problema de distribución y de consumo, es un problema que por como se han venido dando las condiciones; obviamente tiene que ver y está ligado con mercados internacionales. Este es un tema que no podemos evadir, y ante la posibilidad de usos alternativos del maíz, sobre todo del maíz amarillo, viene una afectación a los precios internacionales.

Somos insuficientes, esto es claro y hay que tratar de soportar y de combatir esta situación, pero también es cierto que cuando el maíz amarillo sufre un incremento en su precio, obviamente afecta el precio del maíz blanco, porque también el maíz blanco en un momento dado, por conveniencia, es usado para otras alternativas que no sea uso pecuario ni uso de consumo humano.

Esta serie de cuestiones tenemos que considerarlas sin descuidar lo que está en puerta en el 2008, y no sólo hay que considerar o advertir situaciones catastróficas que pudieran presagiar el fin del mundo y el fin del campo en México, yo creo que hay que revisar cuáles son los riesgos reales, pero hay que advertir también las posibilidades. Es muy cierto que al día de hoy habrá que alentar la producción de maíz en este país, porque por primera vez en muchos años el precio del maíz es un atractivo real para los productores mexicanos.

Son situaciones que deberemos ir considerando y que la propuesta sea que de este Senado, esta Comisión Permanente, en todos los ejercicios siguientes que tengamos y que han sido propuestos, lejos de llevar a una visión catastrofista, nos lleve a una posición responsable donde quede muy claro que lo que más nos importa es la afectación que está teniendo la población y que tenemos que dar una respuesta como legisladores para paliar con políticas efectivas, públicas, que puedan dar solución a estos problemas.

De esta manera, creemos que debemos ampliar la visión y debemos tomar una posición actuante, por supuesto, de mucha exigencia, de mucha claridad, pero con planteamientos que sean reales y que no nos hablen de dejar al país apartado en una situación irreal, en una fase donde debemos de estar de pie, produciendo, alentando, capacitando, financiando.

Esa sería la posición y creo que en los próximos días tendremos mucho quehacer al respecto. Gracias, Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Andrade. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores. Evidentemente hay dos visiones: una visión, la fantasía, heredamos el proyecto de la foxilandia, y hoy continuamos con lo mismo.

No, hay un problema serio, es un problema real. Es un problema que tiene que ver con la pobreza y con una política económica neoliberal que está llegando a una crisis, a un agotamiento, es un problema de más fondo y el campo mexicano no se puede analizar tan sencillamente. Es una crisis económica provocada por una política neoliberal que desatendió al campo, que no apoyó al campo y que ahora está precisamente generando las repercusiones que habríamos y que habíamos advertido años atrás. La causa no es el minifundio, la causa no es la fragmentación, la causa es la desatención al campo mexicano, el abandono en el que se encuentra y ese es el principal factor por el cual los campesinos están emigrando y ahora con mayor pobreza.

Miren ustedes, el Constituyente Permanente no se equivocó, los legisladores que componen el Constituyente Permanente del artículo 28 constitucional fueron muy claros y utilizan un calificativo que es muy importante resaltar. En su párrafo segundo, el 28 constitucional señala que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios.

Es decir, el punto que se está discutiendo, no es el tema del campo mexicano en concreto, el punto que se está discutiendo es una omisión que los órganos de procuración de justicia no han querido ejercer una facultad prevista en la Constitución y en la ley reglamentaria, en sus artículos 28 constitucional, 253 y 254 del Código Penal Federal.

Es decir, hay una intención de proteger a los grandes acaparadores, hay una intención de proteger a estos ocultadores, hay una intención manifiesta de proteger los grandes monopolios que concentra indebidamente el producto, que lo ocultan y que han especulado con él.

Ese es el tema de fondo y por eso nosotros creemos que, aún cuando la discusión advierte mayor profundidad en materia del agro mexicano, en este momento tenemos que definir sólo esta parte de la discusión.

Nosotros estamos de acuerdo con el tema que agregó el senador Carlos Lozano, sólo con una excepción, la del señor Sojo. El señor Sojo debe renunciar, si tiene dignidad debe de renunciar por su sobrada y demostrada incapacidad e insensibilidad, no puede estar ahí ni él ni otros. Aunque nosotros no avalamos el gobierno de facto, es un asunto de ellos, pero creemos que no debiera estar en esa responsabilidad.

Por eso nosotros apoyamos y avalamos la ampliación que ha sugerido el senador Carlos Lozano, pero con esta excepción. Por cierto, no hemos abandonado nuestra petición de que se revise el Tratado de Libre Comercio en el Capítulo Agropecuario.

Nos parece que la medida y la decisión que se ha tomado en días recientes, de la importación de 500 a 600 mil toneladas de maíz, esta decisión del gobierno de facto o ilegítimo es equivocada, es errática, es apresurada y es irreflexiva. Lo único que está generando es anticipar la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en el capítulo agropecuario.

Es decir, el próximo año entrará libremente el producto de maíz, frijol y trigo y lo único que se está haciendo es anticipar en beneficio de los acaparadores y de las naciones suscribientes del Tratado de Libre Comercio, como son Canadá y Estados Unidos, pero se está desprotegiendo a los productores nacionales, en lugar de financiar la importación y de subsidiar la importación de 600 mil toneladas de maíz, debieran intensificar apoyos a los productores de maíz, formar contratos de agricultura protegida o contratos de agricultura que previamente se convienen entre los productores.

Y me parece, desde nuestro punto de vista, que esta importación es equivocada y lo único que va a provocar es mayor caos y mayor inequidad en el campo mexicano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con su venia, señor Presidente. Efectivamente, puede haber dos visiones, tres, cuatro o más, pero no se nos olvide que hay un solo país. Un solo país que está en un proceso muy importante de su consolidación democrática.

Un país que tiene circunstancias que deben atenderse, que tiene problemas que ciertamente no se van a resolver con bellos discursos, con posiciones a veces intolerantes, ni siquiera habrán de resolverse saliendo a la calle a gritar o a promulgar cualquier ocurrencia.

México requiere decisiones, México requiere actitudes congruentes a la altura de los problemas que estamos enfrentando. Cualquier circunstancia que afecte a las clases más desprotegidas debe atenderse y debe tomarse el camino que mejor convenga a los intereses de las mayorías.

Muchos factores afectan el incremento en el precio del maíz, ciertamente muchos de estos factores son factores externos, pero no podemos dejar de lado también que la circunstancia en la que nos encontramos es sin duda producto de patrones de producción interna que se han venido arrastrando a lo largo de ya muchísimos años. Eso propicia escenarios vulnerables.

Y qué bueno que no se tomaron decisiones populistas en el pasado próximo, en el pasado reciente. Esto pudo habernos llevado a situaciones todavía más graves de lo que hoy tenemos. Pudo habernos, incluso, llevado a la necesidad de racionar la semilla, de racionar el maíz.

El control de precios, señores, ha demostrado que provoca mucho daño, que provoca mucho daño a México, incluso, provoca afectaciones a otros mercados.

México ha diseñado espacios donde se pueden dirimir estas circunstancias y tomar decisiones para contenerlas, es por ello que nosotros hacemos un respetuoso llamado a la Cofeco, para que en el ámbito de su competencia actúe y determine si hay circunstancias para tomar las decisiones pertinentes en estos casos.

Las crisis internacionales, sin duda, nos han afectado, pero que quede bien claro, México no es autosuficiente en la producción de maíz y no es producto de la pulverización de la producción. En México tuvimos muchos gobiernos que desalentaron la producción de maíz blanco y se favorecieron esquemas de exportación.

Sin embargo, hemos dejado de lado la parte importante de la consolidación. México hoy se debate, como antes, en luchas y aspiraciones legítimas, con grandes retos que no pueden ser aplazados, pero que jamás deben volver a buscar un cobijo falso que nos lleve de manera recurrente a escenarios que nadie desea. Escuchábamos por ahí el comentario del señor senador Leonel Godoy, aduciendo el panismo en sus épocas de partido de oposición, pues pareciera ser que iban con las decisiones de los gobiernos en turno.

Yo quisiera decir, con mucho respeto, que los panistas preferimos asumir los costos políticos de decisiones difíciles, antes que tomar caminos que dañen a la nación y que dañen a la mayoría de los mexicanos. Nuestra altura, que está marcada por la decisión del 2 de julio, debe estar así también marcada por la altura de nuestras decisiones. El campo ha tenido apoyos, eso es cierto, ahí está Procampo, está el apoyo a la energía eléctrica, el apoyo al costo del agua, en fin; me parece a mí que debemos conjuntar esfuerzos para que, como ya se dijo desde esta tribuna, busquemos el rescate integral del campo o la modernización integral del campo.

Finalmente, de lo que estamos hablando hoy es de atender una demanda legítima de las clases vulnerables, y de lo que estamos hablando, finalmente, es de la consolidación del futuro de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bolaños. Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez, del PRD.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Muchas gracias. Aunque haya necesidad de organizar a la ciudadanía para expresar esta inconformidad, los legisladores lo habremos de hacer. Es una característica de la democracia y además en una defensa legítima que tiene que ver con el desproporcionado aumento a la tortilla.

Este gobierno ha iniciado con el pie izquierdo. Un aumento importante de los precios de la canasta básica y nos ha ocupado a esta soberanía en estas tres sesiones para discutir el asunto del aumento de la leche. Vamos a iniciar, por cierto, el aumento de las cuotas de peaje en las carreteras federales y nuevamente el día de ahora el tema de la tortilla.

¿Qué está pasando en el gobierno de facto? Algo está equivocado o no está funcionando bien y seguramente está vinculado con el secretario experto en materia económica que, por cierto, coordinó, fue el coordinador de políticas económicas del Presidente Vicente Fox, Eduardo Sojo.

Estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí: debería renunciar el secretario. Si alguien está probado que no tiene condición en la función pública es el secretario de Economía. Reprobado, reprobado en la administración de Vicente Fox y hoy lo premian al frente de la Secretaría de Economía. Y se ha iniciado una escalada de aumentos en productos de la canasta básica de manera muy importante.

¿El día de mañana qué habremos de discutir? La próxima sesión, ¿qué tema?, ¿qué aumento?, ¿con qué sorpresa nos habremos de despertar y de estar discutiendo en esta tribuna? Por eso consideramos que no es suficiente que se inicie una averiguación, una investigación por los que están especulando en los precios, sino que tiene que atravesar por las primeras renuncias de secretarios y, desde luego, el de Economía está en primer grado. Si alguno tiene que atravesar por lo que se ha vertido aquí con una serie de comparecencias ante esta soberanía, sin temor, compañeros de Acción Nacional, sin temor. Qué vergüenza que tan sólo a unos días, el gobierno de facto inicie con este tremendo aumento en los productos antes referidos. Por eso, nosotros queremos agregar a este punto de acuerdo expuesto por los legisladores y legisladoras que han hecho uso de la palabra, el siguiente punto de acuerdo.

La del Congreso de la Unión, en el marco de la cooperación entre Poderes cita al titular de la Secretaría de Economía; al doctor Eduardo Sojo; al procurador general del Consumidor, licenciado Antonio Morales de la Peña, y al presidente de la Comisión Federal de Competencia, el maestro Eduardo Pérez Mota, para que comparezcan en un lapso no mayor de 10 días naturales, a fin de que expongan las políticas públicas de su competencia que han aplicado, con el propósito de contener el alza desmedida del precio de la tortilla en territorio nacional.

Votemos a favor, vamos a las comparecencias y agreguemos al punto de acuerdo las comparecencias antes expuestas y ojalá que en esta ocasión se vea la congruencia de los representantes populares del partido de la derecha. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra, finalmente, el senador Mario López Valdez, del PRI.

El senador Mario López Valdez: Muchas gracias, diputado Presidente: dicen que Dios perdona siempre; que el hombre, a veces; pero que el mercado, nunca. Cuando hay políticas públicas equivocadas tarde que temprano tiene que reventar en alguna de sus actividades los errores que se comenten.

Es primera vez que soy legislador, vengo de Sinaloa. Sé que Sinaloa no es México, es parte de México y parte muy importante en este tema que se tiene que abordar. En Sinaloa hemos hecho un esfuerzo, antes se producían dos toneladas de maíz por hectárea, hoy se producen casi 16 toneladas por hectárea. Nosotros le entramos con anticipación al tema de la competitividad abierto por el Tratado de Libre Comercio.

Se produjeron en Sinaloa en este año cuatro millones de toneladas, se le pagó a los productores a mil 450 pesos y sé que cuando se habla del maíz se habla de problemas de comercialización, se habla de problemas de subsidio, de financiamiento, de capacidad de almacenamiento. Y, por cierto, nuestros productores sinaloenses todavía están esperando que les den el último abono de los subsidios que hasta la fecha no les han cumplido.

Tenemos un problema en México: el tema y el precio de la tortilla. A escasos seis meses de haberle pagado a los productores sinaloenses mil 450 pesos por tonelada, hoy el maíz anda arriba de tres mil, tres mil 800 pesos por tonelada. Me llama la atención que el propio gobierno haya tenido políticas de subsidio a la exportación y ahora tenemos escasez. En Sinaloa todo mundo dice que el maíz está en las bodegas, entonces este tema tiene muy claro hacia dónde nos debemos de dirigir. Es criminal que en México, con las herramientas, permitamos que haya especuladores que tengan hambreado a nuestro país.

Aquí a nadie debe de molestar el que se convoque a los responsables para darnos una respuesta en este tema. Aquí a nadie debe de molestar el que todos estemos en el ánimo de crear políticas públicas para que México sea el país justo, el país competitivo que el Ejecutivo ha dicho hasta el cansancio.

Vamos buscándole una solución al problema de la tortilla. Pero cuidado, no afectemos a los productores. Porque si afectamos a los productores estamos afectando al campo mexicano. México tiene 50 millones de pobres y la mayoría de estos están en el campo mexicano. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario López Valdés. Pido a la Secretaría dé lectura a los dos puntos de acuerdo, iniciaríamos con el punto de acuerdo presentado por el senador Monreal.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, procedemos a darle lectura al punto de acuerdo presentado por el senador Ricardo Monreal.

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que presenten denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, para que investigue y, en su caso, aplique las sanciones pertinentes contra los acaparadores y especuladores responsables de la comisión de los delitos contra la economía y el consumo nacional que sanciona el Código Penal Federal.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría si es de aprobarse ese punto de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa...

Los legisladores que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Ahora lea el punto de acuerdo presentado por el senador Carlos Lozano de la Torre.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia leemos el siguiente punto de acuerdo, presentado por el senador Carlos Lozano de la Torre.

Único. La del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez; de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, y de la Secretaría de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, para que expliquen a esta soberanía, entre otros planteamientos, la posibilidad de adecuar el párrafo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; expliquen la política pública de importación y exportación de granos básicos de parte de la administración pública federal durante los últimos seis años, que vulnera la soberanía alimentaria del país debido a los movimientos del mercado internacional; expongan la relación del gobierno federal con la empresa transnacional Grupo Cargill y porque la misma recibe subsidios para exportación, mientras que productores y comercializadores nacionales no logran conseguir estos apoyos para colocar esos productos agrícolas en el mercado internacional.

Asimismo, presenten las acciones que realizará el gobierno federal con el fin de garantizar la estabilidad de los precios en los productos de la canasta básica, con la intención de que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las clases sociales, producto del incremento en el precio del huevo, la leche, la carne y el pollo, entre otros productos. Y que cualquier medida que se tome no implique un perjuicio a los productores agropecuarios de nuestro país.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, dígame, diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Gracias, Presidente. Para efectos de solicitar que en este punto de acuerdo, como lo expuse, de igual manera comparezcan el procurador general del Consumidor y el presidente de la Comisión Federal de Competencia.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Aceptado? No, lo que pasa es que como no lo dejó por escrito. Pero acepta el proponente. Con este agregado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba este segundo punto de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia informa a las señoras y señores legisladores que las 49 proposiciones con punto de acuerdo agendadas en el orden del día de esta sesión, y que por razones de tiempo no tuvieron la oportunidad de ser presentadas en tribuna, serán turnadas a las comisiones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, según corresponda.

Asimismo se pide a los grupos parlamentarios que solicitaron el retiro del orden del día de alguna proposición, lo hagan por escrito.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe detallado sobre los trabajos técnicos que realiza la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice, para la posible suscripción de un tratado de límites con el gobierno de Belice, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Javier González Garza , diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado primero de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores en el comunicado de prensa número 001, dio a conocer a la opinión pública nacional la posible suscripción de un Tratado de Límites con el gobierno de Belice. Se afirmó que autoridades de nuestro país encabezadas por la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice, asesores de la Secretaría de Marina y del Instituto Nacional de Estadística, llevan a cabo reuniones técnicas con el gobierno de este país centroamericano para sentar las bases técnicas de este tratado.

También se informó que el 28 de septiembre de 2003 el gobierno de México presentó al de Belice la propuesta de trazo de línea divisoria entre ambos países, faltando sólo las observaciones del gobierno de Belice en algunos puntos de la frontera, lo que modifica el tratado vigente celebrado en julio de 1893 entre nuestro país y la entonces colonia de Honduras Británica, hoy conocido como la República de Belice.

En diversos medios de comunicación se ha destacado que México restituirá parte de la Bahía de Chetumal al gobierno de Belice, situación inédita en nuestros tiempos, ya que se regresará un territorio reclamado por el gobierno de Belice, sin que hasta el momento este Congreso tenga información al respecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos es facultad del Senado de de la República aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, por lo que resulta indispensable y necesario que éste, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta soberanía los trabajos realizados y los posibles términos de un nuevo tratado, así como el impacto a la soberanía nacional que ello implica.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores presente un informe detallado sobre los trabajos técnicos que realiza la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice para la posible suscripción de un Tratado de Límites con el Gobierno de Belice.

Segundo. Esta soberanía cita al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gerónimo Gutiérrez Fernández; y al subsecretario de Marina, almirante C.G DEM Casimiro Armando Martínez Pretelín, para que expliquen las razones de la suscripción de un posible tratado de límites entre México y Belice, sus beneficios y su impacto en la soberanía nacional.

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a organizar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, una campaña de ayuda humanitaria para apoyar a las personas de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez , integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.

Como todos ya hemos visto y experimentado, la República Mexicana se ha visto afectada en los últimos días por una ola fría inusual; incluso en la capital mexicana se han alcanzado temperaturas cercanas a los cero grados centígrados y las montañas de la región centro del país se han visto matizadas con una capa de nieve. Desafortunadamente se prevé la llegada de más de cincuenta frentes fríos en esta época invernal.

Para un sector de la población resulta una atracción el ir a estas montañas a presenciar la caída de aguanieve, pero no ponemos dejar de pensar en las innumerables familias de escasos recursos que viven en las faldas de los montes, casi a la intemperie, sufriendo por las inclemencias del frío; o los niños y jóvenes que tienen como único refugio la oscuridad de las calles.

Somos conscientes que en este sexenio se han puesto en marcha varias acciones en materia de salud y desarrollo social con el único objetivo de erradicar la pobreza y conseguir una mejor calidad de vida para todos los mexicanos; pero también sabemos que todavía hay muchas cosas por hacer, más en estos momentos que se han adelantado los estragos del invierno.

Por ello, es una gran preocupación para el grupo parlamentario de Acción Nacional apoyar a todos los mexicanos, especialmente a los que menos tienen, ya que son los más susceptibles frente a las bajas temperaturas.

En los medios de comunicación han dado ha conocer los primeros decesos por las ondas gélidas; en esta temporada invernal han muerto hasta el momento más de 40 personas en la República Mexicana, la mayoría de ellas por hipotermia.

Por lo anterior, sabedores que los mexicanos somos una nación solidaria, considero de suma importancia que las secretarías antes mencionadas organicen urgentemente una campaña de recaudación de víveres, cobertores y ropa en buen estado para que sea donada a los albergues, las familias que radican en zonas de alto riesgo y a los jóvenes que viven en las calles, entre otras.

No olvidemos, compañeros legisladores, que el principal activo de nuestra nación es nuestra gente y el primer compromiso que tenemos al ser sus representantes en la máxima tribuna de la nación es coadyuvarlos a subsanar sus necesidades básicas sin distingo alguno.

Por lo anteriormente expuesto, los exhorto a que aprobemos el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Primero. Que ésta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a que de manera coordinada, realicen las acciones necesarias para apoyar a las familias de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal.

Segundo. Que ésta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a que, de manera coordinada con las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, realicen las acciones necesarias para apoyar a las familias de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal.

Se turna a la Comisión de Gobernación.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que solicita se realice una auditoría integral respecto de las actividades que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, legislador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, somete a esta Asamblea la aprobación del siguiente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable Asamblea:

En el Capítulo II del Código Federal de Procedimientos Penales, intitulado, de las ``Huellas del Delito.- Aseguramiento de los Instrumentos y Objetos del Mismo'', y en la Ley Federal para la Administración y Enajenación del Bienes del Sector Público, se establecen los criterios para la regulación de la administración y destino de parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de diferentes tipos de bienes que le son transferidos por diferentes entidades tales como las autoridades aduaneras; la Procuraduría General de la República (PGR), la Tesorería de la Federación; los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, entre otros.

De los diferentes tipos de bienes resaltan los siguientes:

• Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;

• Los que habiendo sido embargados por autoridades federales, hayan sido adjudicados a las entidades transferentes;

• Los que sean abandonados;

• Los que estando sujetos a procedimientos establecidos en la legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados; entre otros.

Se encuentra establecido también que el SAE podrá administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean transferidos conforme a las leyes aplicables, o bien, nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.

Asimismo el SAE integrará una base de datos con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial federal, la PGR, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello.

Basando lo anterior en que para cada transferencia de bienes al SAE deberá existir un acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentran los bienes, en la que se señale si los mismos se entregan para su administración, venta, donación y/o destrucción.

La ley además obliga al SAE a conservar los bienes en el estado en que los hayan recibido.

No obstante lo anterior, en últimas fechas varios compañeros legisladores han cuestionado la administración de los bienes transferidos al SAE, existiendo dudas sobre el destino de diferentes artículos decomisados a vendedores ambulantes. Hablamos de mercancías tales como juguetes, ropa, electrodomésticos y calzado principalmente. Sin embargo esta es solo una parte del universo de bienes bajo los que el SAE posee responsabilidad ante la sociedad y ante las entidades transferentes que son las que realizan el esfuerzo operativo y financiero por combatir males como el contrabando, el narcotráfico o cualquier actividad ilícita que arroje frutos tangibles, en perjuicio de la población y sus sectores económicos.

El Servicio de de Administración y Enajenación de Bienes se creó precisamente para dar mayor transparencia y responsabilidad a los procesos de decomiso, por ello si acaso existieran dudas sobre el funcionamiento del SAE, no debería existir ningún problema para que sus actividades fueran revisadas meticulosamente.

Por otra parte, la ley es muy clara, se procederá a la destrucción por parte del SAE de bienes decomisados o abandonados relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor.

Estamos de acuerdo en definir destinos alternativos para ciertos productos como juguetes y ropa que no entren en la definición anterior, con el objeto de ser donados a población de escasos recursos, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo que no podemos consentir es la existencia de un mercado negro de productos decomisados a bajo precio que obviamente es fomentado por funcionarios públicos corruptos y ciertas autoridades.

Estimados compañeros, no podemos tener dudas sobre la actuación de este organismo, mas aún cuando legisladores de diferentes bancadas en el Senado de la República proponían hace algunos días, que el director del SAE fuera ratificado por esa soberanía ante lo delicado de sus funciones.

Es con base en todo lo manifestado anteriormente, que se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con base en los artículos 66 y 67, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, comunique la urgente necesidad a la Auditoría Superior de la Federación para que se realice una auditoría integral respecto de las actividades que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, relacionadas con la administración y destino de los bienes que con detalle se señalan en el artículo 1° de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de la Función Pública, envíe un informe a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre procedimientos de investigación vigentes y agotados de faltas de funcionarios públicos relacionados con la operación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Tercero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes envíen a esta Comisión Permanente la base de datos con el registro de bienes a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, contemplando como período de información el cuarto trimestre de 2006.

Cuarto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, considere la donación de juguetes y ropa administrados por el organismo, para destinarlos a zonas de alta marginalidad en el país.

Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que en el año en que termina su encargo, el Ejecutivo federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de ingresos y del proyecto y de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, dispone que para realizar las actividades referidas y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos de un Presidente electo, estableciendo para tal efecto un fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan; de lo cual, se deberá informar en la Cuenta Pública.

Es en este sentido que el 5 de diciembre de 2005, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), publicó en el Diario Oficial los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, incluida la organización y conservación de archivos, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualesquier esquema al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006.

En las consideraciones de dichos lineamientos se expone la falta de claridad en la legislación, que existió entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2000, con relación a las obligaciones de transparencia y al procedimiento de acceso a la información pública y rendición de cuentas al presidente electo así como de su equipo de colaboradores.

Para la transmisión del Poder Ejecutivo federal en el año 2006, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de informar en su sitio de Internet sobre los montos y las personas a quienes proporcione recursos públicos. Del mismo modo las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público los documentos que formen la serie documental ``archivos del presidente electo 2006'', en la que deberán obrar todos los documentos que se generen, así como de guardar y conservar durante un año los archivos que serán transferidos al Archivo General de la Nación.

Mientras que la Secretaría de la Función Pública suscribirá un convenio con el presidente electo a fin de establecer un programa de monitoreo, donde se asumen los siguientes compromisos:

I. Declaraciones unilaterales de integridad y transparencia por parte del presidente electo y sus colaboradores, en la que se comprometen a sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en los mismos términos que los servidores públicos federales;

II. Constitución de un fideicomiso público como único medio para la recepción de recursos públicos federales, con una cláusula de publicidad respecto de la totalidad de la información generada, obtenida, adquirida, transformada o conservada por cualquier título, donde el Presidente electo será el fideicomisario;

III. Comprobación de recepción de recursos públicos federales, ejercicio de gasto, informe sobre uso y destino correspondiente, y sujeción a auditorías, en formatos preestablecidos; en su caso, las auditorías serán llevadas a cabo por auditores externos autorizados por la Secretaría de la Función Pública;

IV. Presentación de un informe público e integral sobre el uso de los recursos públicos federales, dentro del mes siguiente a la toma de posesión como Presidente de la República, y

V. Otros aspectos que se consideren relevantes por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Es en este sentido que el pasado 10 de octubre de 2006, el IFAI envió un comunicado a los Comités de Información de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información gubernamental y rendición de cuentas respecto de recursos federales transferidos durante la etapa de transición entre gobiernos.

No obstante lo anterior, la información que ofrece la Secretaría de Hacienda en su página en Internet, la cual se encuentra actualizada al 30 de septiembre de 2006, es limitada e incompleta. En dicho sitio se registra que con fecha 7 de septiembre de 2006 se constituyó un fondo mediante la figura de un fideicomiso público, en donde se aportó la cantidad de 130 millones de pesos.

Mientras que con fecha del 27 de septiembre se traspasaron 20 millones de pesos del Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'' al Ramo Administrativo 02, `` Presidencia de la República'', para cumplir con las funciones de seguridad, apoyo logístico y administrativo de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial y el Estado Mayor de la Presidencia de la República.

Cabe señalar que recientemente la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que se concluyó la auditoría externa que dicha dependencia ordenó realizar al Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal. De acuerdo con la Función Pública, los resultados de dicha auditoría, practicada por el despacho Prieto, Ruiz de Velasco y Cia., SC, señalan que no se registró irregularidad alguna.

De acuerdo con la auditoría, durante el periodo que comprende del 7 de septiembre al 19 de diciembre de 2006, el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, ha cumplido con sus objetivos y reintegrado a la Tesorería de la Federación un remanente que asciende a 27 millones 393 mil 600 pesos; luego de que se erogaron un total de 102 millones 606 mil 400 pesos.

Si embargo, se puede afirmar que, ante la ausencia de información, también se da la inexistencia de sistemas de control, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de rendición de cuentas y se pueden generar gastos innecesarios con cargo al presupuesto público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mandata a la Auditoría Superior de la Federación, para que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y las dependencias y entidades relacionadas rindan cuentas sobre el destino de recursos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 3o., fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución.

Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Los suscritos, miembros del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional, y fracción I del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar el siguiente punto de acuerdo relativo a la distribución del Fondo Regional establecido en el Anexo 20 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Exposición de Motivos

1. El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en su artículo transitorio vigésimo establece que ``el Fondo Regional incluido en el Anexo 20 se aplicará conforme el índice de desarrollo humano de los 10 estados con el menor grado de desarrollo, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto de la media nacional''.

2. El monto de dicho Fondo Regional asciende a 2 mil millones de pesos.

3. El índice de desarrollo humano disponible más reciente fue realizado con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000. No obstante, actualmente se cuenta con nuevos datos, recopilados en el II Conteo de Población y Vivienda en 2005.

4. Considerando los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el Consejo Nacional de Población ha elaborado el Índice de Marginación que, utilizado como criterio para la distribución del fondo referido, ofrece el siguiente resultado:

5. La estimación anterior incurre en iniquidades al no considerar la población por estado, dado que las condiciones de pobreza y marginación en términos absolutos son más graves en los estados de mayor población, tal como puede observarse en la disparidad que se observa en la asignación per cápita.

Por lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal para que en la distribución del Fondo Regional establecido en el Anexo 20, en los términos de lo estipulado en el artículo vigésimo transitorio del decreto, se realice considerando el Conteo de Población 2005.

Segundo. Que 50 por ciento del Fondo Regional, es decir mil millones de pesos, se distribuya por criterio de marginación, y el restante 50 por ciento por población marginada. Con base en este criterio, la asignación sería la siguiente:

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que se declare Zona de Desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado 26 de diciembre, debido a la intensidad con la que inició la temporada invernal fuertes heladas provocaron siniestros en 2 mil hectáreas de guayaba del municipio de Calvillo, del estado de Aguascalientes, que representa la pérdida total de 30 mil toneladas de producto, con valor de mercado de 105 millones de pesos.

Ello significa el 21 por ciento de la superficie dedicada a ese cultivo y un daño severo no sólo a la economía de los 600 productores directamente afectados, sino en general a del municipio de Calvillo, ya que la producción de guayaba representa el 50 por ciento de su actividad económica.

Un informe preliminar de la delegación de la Sagarpa en la entidad, señala que la superficie afectada fue de mil 210 hectáreas además de 300 hectáreas de nopal verdura, jitomate y agave. Sin embargo, en reciente reunión de trabajo celebrada con los productores, éstos señalan que la afectación asciende a 2 mil hectáreas.

El municipio de Calvillo ya había sufrido siniestros en el 2006, debido a los contrastes climáticos. Inicialmente una prolongada sequía seguida de violentas granizadas, que provocaron pérdidas estimadas en 400 millones de pesos. Por esta razón, el Congreso del estado acordó, en sesión del 23 de noviembre del mismo año pasado, requerir al gobierno estatal un plan emergente para brindar apoyo a la población afectada.

Al parecer no hubo la respuesta esperada, por lo que ahora, ante la suma de siniestros, los productores exigen ayuda y acciones eficaces e inmediatas de las autoridades competentes, ya que las consecuencias de heladas de esa magnitud implican que, de no atenderse debidamente, el daño sea irreversible y la recuperación tardará varios años, lo cual a su vez repercutirá en el desempleo de varios cientos de jornaleros y en las condiciones de vida de sus familias.

Calvillo es uno de los municipios que mayor población joven ha expulsado durante los últimos años hacia Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas que se verán afectados, sin duda intentarán emigrar hacia el extranjero, continuando así un círculo vicioso de desempleo, pobreza, emigración y desarticulación de familias y de la actividad social y económica de la región.

A los productores perjudicados les preocupa, además, que solicitaron créditos bancarios para solventar la cosecha de este año, y con las heladas han visto perder su patrimonio, endeudados y sin producto qué vender, están ante el riesgo de perder sus tierras.

Les inquieta también el hecho de que en los servicios de electricidad y agua, en años anteriores recibieron algunos subsidios federales, pero ya no en 2006 ni en 2007, habiéndose elevado los costos hasta en 350 por ciento. Informaron que para producir una hectárea de guayaba se invierten 30 mil pesos, de los cuales la tercera parte se destina al pago de electricidad y agua.

Las asociaciones de productores han demandado a las autoridades del sector agropecuario auxilio financiero en condiciones adecuadas durante varios años, ya que la recuperación de las huertas tardará tres años debido a la magnitud del desastre en un cultivo de por sí delicado; la inspección minuciosa de las huertas dañadas para valorar el tipo de daño y la creación de un comité de evaluación y seguimiento, conformada por los propios productores afectados.

Compañeras y compañeros legisladores: es urgente la intervención ágil y decidida del gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado y del municipio, para aplicar de inmediato un programa contingente de apoyo al municipio de Calvillo y en particular a los productores de guayaba.

No solamente se trata de la autorización inmediata de recursos financieros, sino además de programas de asistencia técnica, infraestructura, empleo temporal y de desarrollo social, para atemperar los efectos del fenómeno meteorológico y, especialmente, para recuperar la economía y el progreso de esa región, que ya cuenta con algunos significativos rezagos.

Por todas estas razones, someto a la consideración de esta del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes, y en coordinación con las dependencias federales del sector agropecuario y del de desarrollo social, así como con los gobiernos del estado y del municipio, procedan a instrumentar y a aplicar un programa inmediato de apoyo para la recuperación social y económica de esa región de la entidad, particularmente en auxilio de los productores de guayaba.

Se turna a la Primera Comisión.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Tabasco a dar cumplimiento a la recomendación 46/2006 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados federales e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 28 de diciembre de 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 46/2006 dirigida al gobernador del estado de Tabasco Manuel Andrade Díaz con relación al caso de ocho personas --seis de ellos militantes de nuestro Partido-- que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura y abuso de autoridad, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de esa entidad, con motivos de la represión que se efectuó en contra de militantes, simpatizantes y legisladores de nuestro partido antes y durante la jornada electoral el pasado 15 de octubre.

La CNDH recomendó al gobernador saliente Manuel Andrade Díaz, a que dé vista a la Secretaría de Contraloría de esa entidad, para que inicie y resuelva conforme a derecho el procedimiento administrativo que permita establecer la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la violencia física, verbal y psicológica que infligieron a los agraviados al detenerlos y durante el tiempo en que los retuvieron, así como al personal que los videograbó y los presentó ante los medios de comunicación para autoinculparse de querer desestabilizar el proceso electoral.

Igualmente, la CNDH solicita que la recomendación se aporte a la averiguación previa iniciada, entre otros delitos, por tortura, para que el representante social valore las consideraciones vertidas al momento de determinarla, así como se repare el daño psicológico que sufrieron los agraviados, mediante tratamientos especializados.

Asimismo, dar vista a la Secretaría de Contraloría estatal para iniciar procedimiento administrativo en contra de los médicos legistas adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, por las omisiones en sus valoraciones médicas, así como a los servidores públicos responsables de las condiciones indignas de la celda en que fueron detenidos, además de que establezca acciones para la prevención de la tortura, a través de la capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública e iniciar un proceso administrativo contra los médicos legistas por las omisiones en que incurrieron al emitir su reporte, así como a los servidores públicos responsables de las condiciones indignas de la celda en que fueron detenidos.

Por ello y en virtud de las consideraciones expuestas solicitamos al Pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, a dar cumplimiento íntegro a la Recomendación 46/2006 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el ecocidio en el valle de San Luis Potosí cometido por la Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos legisladores federales ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los diputados Alliet Bautista, del PRD, y Silvano Garay, del PT, el día 8 de diciembre acudimos a San Luis Potosí, en solidaridad con el Frente Amplio Opositor (FAO) a clausurar de manera simbólica la Minera San Xavier, en virtud de que dicho proyecto minero que actualmente concluyó su primera etapa de preparación del terreno y pretende extraer oro y plata del Cerro de San Pedro, utilizando el sistema de tajo a cielo abierto con cianuro de sodio que provocaría un cráter de 1 kilómetro de diámetro y 300 metros de profundidad, lo que genera un alto grado de contaminación y degradación ambiental, ya que para ello se ocupa al menos 2 millones 300 mil metros cúbicos de agua al año. El agua es extraída del acuífero del Valle de San Luis Potosí (VSLP), aun cuando un decreto presidencial desde 1961 determinó su sobreexplotación y un estudio reciente de Semarnat y Conagua reitera que el acuífero ya está sobreexplotado y prohíbe la instalación de industrias con alta demanda de agua.

La explotación del Cerro de San Pedro por parte de la Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., representa una constante violación a los derechos humanos de la población que habita en los pueblos que circundan el proyecto minero. Cabe precisar que no sólo atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, sino que violenta también derechos culturales, en virtud de que el Cerro de San Pedro esta clasificado como zona de preservación de flora y fauna así como patrimonio cultural por la UNESCO por ser considerado zona de monumentos.

El derecho internacional de los derechos humanos establece estándares de protección a los derechos de la persona en su vinculación con el medio ambiente, así como con la protección de los derechos humanos relativos con lo que representa San Luis Potosí como patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

Los grupos parlamentario de la PRD y del PT desde la LIX legislatura apoyamos los justos reclamos y la lucha de la ciudadanía de San Luis Potosí en defensa de su proyecto de vida, de su patrimonio y de la protección de sus derechos humanos.

Los integrantes del Frente Amplio Opositor han utilizado todos los mecanismos legales para evitar que se continúe con este ecocidio; sin embargo, los gobiernos estatal y federal han demostrado su complicidad con los intereses de la empresa canadiense y no con las exigencias y el bienestar de los ciudadanos.

La administración Foxista demostró aquí, una vez más, ser fiel a los intereses que representa el partido de la derecha en el poder, cobijando sólo los intereses de la trasnacional por encima de los derechos inalienables del pueblo de México.

Minera San Xavier representa una empresa altamente contaminante, que genera daños ecológicos y de salud pública irreparables para la vida de la comunidad, así lo han determinado también organizaciones mundialmente reconocidas como Greenpeace.

Por ello los grupos parlamentarios del PRD y del PT en esta legislatura nos oponemos rotundamente al proyecto ecocida en la comunidad de Minera San Xavier. Reiteramos nuestra solidaridad con el Frente Amplio Opositor y exigimos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cancelé los permisos que ilegalmente expidió para la explotación de la citada mina y acate la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que revoca dicho permiso.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas fue suscrito por el Estado mexicano y en consecuencia es parte de las leyes supremas de la unión, por lo que exigimos que el gobierno federal lo asuma y termine con esta flagrante violación a derechos humanos.

Exigimos también un alto a la represión en contra de los integrantes de Frente Amplio Opositor, quienes el 10 de diciembre fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte por el hecho de defender de manera legítima sus derechos, sin que las autoridades investiguen hasta ahora las denuncias presentadas. Responsabilizamos al gobierno del estado de la integridad física de los integrantes del Frente Amplio Opositor.

Por lo anterior consideramos que los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Defensa Nacional deben comparecer ante esta soberanía popular, para explicar los fundamentos de su decisión de otorgar tanto el permiso para la explotación del cerro, así como para el uso de grandes cantidades de explosivos.

Asimismo exigimos al gobierno federal tome medidas urgentes para detener esta terrible agresión a la población del Valle de San Luis Potosí.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a ésta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar la comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que exponga los motivos y fundamentos legales de la autorización de la Minera San Xavier en el estado de San Luis Potosí.

Segundo. Solicitar la comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados del secretario de la Defensa Nacional para que explique los motivos y fundamentos de la autorización para que Minera San Xavier utilice explosivos exclusivos para las fuerzas armadas.

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diferentes instancias y autoridades a atender la situación relativa a la tenencia de tierra y acceso a servicios de abasto de electricidad en el polígono de San Lucas o Valle San Lucas, en Cuautitlán Izcalli, suscrita por el diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Salvador Arredondo Ibarra , presenta ante esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, que tiene como finalidad hacer una solicitud a diferentes instancias para atender la situación en materia de tenencia de tierra y acceso a servicios de abasto de electricidad en el Polígono de San Lucas, basado en las siguientes

Consideraciones

Es el caso que el polígono denominado San Lucas o valle San Lucas, perteneciente al ejido de San Antonio Tultitlán y que se encuentra ubicado en Cuautitlan Izcalli, estado de México, ha sido fraccionado y vendido para uso habitacional por los ejidatarios. Lo anterior, ha ocasionado un asentamiento humano irregular de origen ejidal, en el que viven en promedio, mil familias.

En dicho polígono, actualmente existen más de mil 400 lotes y 65 calles en una superficie de 536 mil 195.03 metros cuadrados y, según datos de la Subdirección de Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli, los habitantes de ese lugar carecen de los servicios más indispensables entre los que destaca el abasto en el servicio de energía eléctrica y de alumbrado público.

Origen de esta problemática es la situación irregular de la tenencia de la tierra ya que, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuautitlán Izcalli, el polígono San Lucas cuenta con usos del suelo dentro de la estructura urbana. Es necesaria la regularización de la tenencia de la tierra para cambiar de régimen ejidal a régimen de propiedad, e incorporar a los habitantes de dicho polígono al casco urbano municipal.

Ante esta condición, la asamblea general de ejidatarios celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Asesores y Consultores Ejidales Mexicanos SA de CV'' con el fin de brindar asesoría al ejido en comento en la realización de los trabajos, trámites y gestiones para lograr la regularización de la tenencia de la tierra. Dicho contrato no ha rendido frutos y la situación sigue sin resolverse con la consecuente afectación para los habitantes del valle San Lucas.

En virtud de que esa zona aún es considerada ejidal con asentamientos humanos irregulares, no es posible llevar a cabo la introducción del servicio de energía eléctrica. A pesar de lo anterior, se solicitó a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la realización de un proyecto para la instalación de un transformador fuente en la colonia adyacente Francisco Villa.

El objetivo del proyecto es dotar del servicio a 200 familias en el valle San Lucas. Como respuesta a la petición, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro establece que previo a la colocación del transformador, debe elaborarse un proyecto que se estima tendrá una duración de 3 meses.

La situación en el polígono de San Lucas es preocupante debido a que por la falta del servicio de energía eléctrica se presentan confrontaciones con las colonias colindantes, ya que es de ahí de donde los habitantes del valle de San Lucas están abasteciéndose irregularmente de energía eléctrica.

A la luz de lo anterior, resulta más conveniente para el gobierno del estado y el ayuntamiento regularizar dicho asentamiento y cobrar por el servicio, sin embargo, previo a esto es necesario regularizar la tenencia de la tierra de dicha zona.

En este tenor y de acuerdo al artículo tercero, fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), en el que se establece que la comisión, tiene por objeto regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad federal, es imprescindible que la Corett intervenga para coadyuvar a la solución de la situación en el polígono de San Lucas.

Adicionalmente, considérese que la obra necesaria para remediar la condición en la que habitan los pobladores del valle San Lucas es considerado de utilidad pública y, de acuerdo a la Ley de la Reforma Agraria y a la Ley Agraria, también es causa de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural.

Por otro lado, y dado que el ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli, del estado de México, es corresponsable de que este asentamiento se haya originado, ya que a su vista, ciencia y paciencia se permitió el desarrollo del mismo, se espera que las autoridades del propio ayuntamiento contribuyan a la consecución de la regularización tanto de los servicios como de la tenencia de la tierra a favor de sus poseedores.

Por todo lo anteriormente vertido, y en el ámbito de la competencia de las instituciones mencionadas, me permito presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) a que realice los trabajos técnicos necesarios para la regularización de la tenencia de la tierra y haga la correspondiente solicitud a la Secretaría de la Reforma Agraria, para la elaboración del decreto de expropiación del asentamiento humano irregular, denominado polígono San Lucas o valle San Lucas, perteneciente al ejido San Antonio Tultitlán que se ubica en el municipio de Cuautitlan Izcalli, estado de México.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, con carácter de urgente para que instale el trasformador necesario y otorgue el suministro de energía eléctrica a la comunidad que esta asentada en el polígono San Lucas o valle San Lucas, del municipio de Cuautitlan Izcalli, estado de México.

Tercero. Se exhorta al presidente municipal de Cuautitlan Izcalli, para que coadyuve con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el primer caso a la regularización de la tenencia de la tierra y en el segundo para dotar de un transformador y de fluido eléctrico a los habitantes del polígono denominada San Lucas o valle San Lucas del municipio de Cuautitlan Izcalli, estado de México.

Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al caso del diputado local de Guerrero Jorge Bajos Valverde, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el artero crimen que privó de la vida al diputado local del honorable Congreso de Guerrero, Jorge Bajos Valverde, el pasado 4 de enero, en Acapulco, los legisladores del PRI expresamos nuestra más enérgica protesta e indignación por tan reprobable hecho y, ofrecemos sentidas condolencias a sus familiares, a sus compañeros legisladores así como a los miembros del PAN.

Asimismo, demandamos a las autoridades competentes del gobierno del estado de Guerrero, efectuar las investigaciones del artero crimen y que realicen con profesionalismo las diligencias necesarias para esclarecer tan reprobables hechos y castigar a los responsables.

Todo homicidio y en particular el que nos ocupa, son reprobables desde cualquier punto de vista, ya que ponen de manifiesto el grave deterioro social y el delicado ambiente político que priva en esa entidad federativa.

Condenamos enérgicamente lo ocurrido al empresario Bajos Valverde, ya que su trayectoria de trabajo y de servicio en favor de su comunidad, así como su destacada participación en la política local hacen que resulte una pérdida irreparable.

A los legisladores federales del PRI, nos preocupan los elevados índices de hechos delictivos y el delicado ambiente de inseguridad pública que afecta a gran parte del país, ya que hasta ahora, no se han evidenciado avances significativos de las autoridades para combatir con eficacia este flagelo social.

Nos pronunciamos para que se aplique, sin matices, todo el rigor de la ley en éste, como en todos los casos en que la sinrazón hace víctimas a familias enteras, comunidades y entidades; para que se utilicen todos los instrumentos de que dispone el Estado mexicano y se trabaje con eficacia en el mantenimiento y preservación de la tranquilidad y la paz de los ciudadanos.

El ejercicio de la política, como cualquiera otra ocupación al servicio de la comunidad representa no sólo una grave responsabilidad sino, enfrentar un elevado riesgo en las circunstancias de crispación y encono que se registra, por desgracia, en algunos municipios del país.

No permitamos que continúe el grave deterioro de la sociedad, trabajemos intensamente para dotar a las instituciones de los instrumentos legales y de los recursos necesarios que les permitan enfrentar el creciente aumento del crimen y de la inseguridad pública.

La ciudadanía nos demanda resultados inmediatos, concretos y medibles ya que siente temor y en ocasiones se percibe indefensa, pero lo que resulta más grave, es que ya muestra signos de angustia y de desesperanza.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero para que realice las investigaciones en torno al crimen del diputado Jorge Bajos Valverde, con celeridad y estricto apego a derecho, para deslindar responsabilidades y que se castigue a los culpables.

Se turna a la Comisión de Justicia.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar con la mayor brevedad las partidas destinadas al mejoramiento y mantenimiento urbano y de seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal por la cuarta circunscripción, Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que la Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instrumente a la brevedad las partidas destinadas al mejoramiento y mantenimiento urbano y de seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados.

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es un órgano encargado de emitir leyes y decretos que permitan la convivencia pacífica y respetuosa con la meta de lograr el bien colectivo de los mexicanos.

Geográficamente, el recinto legislativo de San Lázaro está ubicado en una zona con gran dinámica urbana, tanto por el área comercial de La Merced, las líneas de transporte terrestre y subterráneo, las vialidades primarias, así como por las instalaciones del Poder Judicial Federal y el Archivo General de la Nación, entre otras.

En todo estado federal, la circunscripción gubernamental en cuyo territorio se asientan los poderes federales está encargada de proveer la infraestructura, equipamiento urbano, seguridad pública y demás servicios que requieran los poderes federales para el cabal y oportuno ejercicio de sus atribuciones.

En este orden de ideas, el recinto que ocupa la honorable Cámara de Diputados y las zonas aledañas al mismo, requieren de diversas acciones de mejoramiento y mantenimiento urbano y de seguridad pública, que el Gobierno del Distrito Federal y en su caso, la delegación Venustiano Carranza deben ejecutar.

En este sentido, la demarcación donde se encuentra ubicado dicho recinto, no debe representar afectaciones a las diversas colonias que se encuentran en sus alrededores, por el contrario el que las instalaciones de uno de los Poderes de la Unión se encuentre en una zona urbana, debe beneficiar a la comunidad con las distintas acciones destinadas para este efecto.

Por lo que la Cámara de Diputados consideró la importancia de impulsar el fortalecimiento presupuestal del Gobierno del Distrito Federal para el cumplimiento de las acciones señaladas y para que los recursos se destinen específicamente a:

• Luminarias en calles, parques y jardines;

• Instalación, operación y mantenimiento de cámaras en red que cubrirán la zonas aledañas de la Cámara de Diputados;

• Adquisición, operación y mantenimiento de unidades móviles que brinden el servicio de seguridad en las zona referida;

• Llevar a cabo una campaña de información sobre prevención del delito y cultura cívica;

• Incrementar el número de efectivos policiales pie tierra en la zona, y;

• Fortalecer las acciones de mejoramiento urbano en la carpeta asfáltica, áreas verdes, guarniciones, banquetas y alumbrado público; así como de balizamiento y señalamientos que lleva a cabo la delegación Venustiano Carranza.

• Fortalecimiento de las acciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Distrito Federal, así como de Justicia Cívica en la zona.

Al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que el 14 de diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la proposición con punto de acuerdo de la Mesa Directiva para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal, a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007.

2. Que el 18 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el mismo sentido, con el objeto de realizar diversas acciones encaminadas al mejoramiento y mantenimiento urbano y de seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, con cargo a los montos provenientes del Ramo General 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

3. Que en consecuencia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estimó pertinente considerar los acuerdos antes mencionados, por lo que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, se contemplaron recursos para tal objeto.

4. Que el artículo séptimo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de diciembre de 2006, establece que: ``Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre del presente año, el Ejecutivo local deberá destinar 247 millones 143 mil 300 pesos, para Mejoramiento, Mantenimiento Urbano y Seguridad Pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con cargo a los montos provenientes del Ramo General 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que aplique a la brevedad las partidas destinadas al mejoramiento y mantenimiento urbano y de seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007.

Se turna a la Comisión del.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de Juventud, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, en nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

La Organización Iberoamericana de la Juventud es un organismo internacional de carácter multigubernamental, creado para promover el diálogo, la concertación y la cooperación en materia de juventud entre los países iberoamericanos.

Esta organización se integra por 21 organismos oficiales de juventud, cuyos principios y objetivos se basan en la igualdad, soberanía e independencia de los Estados, así como en el respeto de las características propias de los distintos procesos de integración, regionales, subregionales y promovente de la paz, solidaridad y la no intervención en los asuntos internos.

Los principales objetivos de la Organización Iberoamericana de la Juventud son propiciar e impulsar los esfuerzos que realicen los Estados miembros dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región; impulsar el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación interinstitucional e intersectorial en favor de políticas integrales hacia la juventud; y formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades de acuerdo con los requerimientos de los Estados miembros, a fin de contribuir al logro de los objetivos de sus políticas de desarrollo en favor de la juventud.

La sociedad latinoamericana ha sufrido en las últimas décadas un ajuste planteado por las exigencias derivadas de la modernización de nuestras sociedades; en el marco de una onerosa deuda externa, se ha generado una situación de crisis que se ha ido prolongando a lo largo de toda Latinoamérica, traduciéndose en expresiones de marginación y exclusión social, política y económica de grandes sectores de la población.

Esta crisis ha traído como consecuencia que la juventud de nuestros países latinoamericanos se haya visto progresivamente excluida de los elementos potenciales del desarrollo, que son sin duda la educación y el trabajo. Este fenómeno ha provocado una frustración en cuanto a las expectativas de la población juvenil, para la cual no se están materializando las esperanzas de superación personal y colectiva.

La ausencia de beneficios sociales para los más pobres pone en peligro la viabilidad y consolidación del sistema democrático. Los jóvenes son un factor estratégico, ya que son el futuro de las naciones; y no es concebible que este sector de la sociedad tenga como único horizonte la pobreza y la marginalidad. Por ello es necesario crear políticas públicas destinadas a la juventud que garanticen su incorporación plena a los procesos de desarrollo nacional.

Los organismos gubernamentales de juventud en Iberoamérica vienen desarrollando en las dos últimas décadas, inspirados en este espíritu de cooperación pacífica de desarrollo, un espacio mancomunado de concertación y acción hacia la juventud de la región. La gran mayoría de estos países ha incorporado al aparato administrativo del Estado órganos específicos responsables de una política juvenil.

La mayoría de la población en México es joven, lo que nos convierte en un país con gran futuro y grandes aspiraciones en el marco mundial. Sin embargo, no podemos descuidar el tesoro que tenemos en nuestras manos, y la adopción de un documento como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un paso muy importante para mejorar el desarrollo integral de la juventud para una mayor integración de los jóvenes.

Diariamente vemos, con tristeza, que nuestra juventud incurre en delitos, es explotada y presenta cada vez más apatía por el acontecer nacional; y la razón es muy simple: requiere un desarrollo más completo, pero sobre todo sentirse parte de la sociedad del país.

Finalmente, con la adopción de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, derivada de la resolución específica adoptada por la duodécima Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, celebrada en nuestro país en Guadalajara, Jalisco, el 5 de noviembre de 2004, se sentaron las bases para el desarrollo y progreso de este sector de la sociedad en nuestro país, por lo que se hacen indispensables la aprobación de dicho instrumento internacional y su ratificación por el Senado de la República conforme lo establece nuestra Carta Magna. Ese hecho no ha acontecido en virtud de que el titular del Poder Ejecutivo federal no ha remitido dicho instrumento internacional a la Cámara alta para tales efectos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica su compromiso con los derechos de la juventud y se compromete a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a remitir a esta soberanía la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de Juventud el 11 de octubre de 2005, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turna a la Comisión de Juventud y Deportede la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general del Fonden que comparezca ante esta soberanía para explicar la entrega de recursos a los estados afectados por las inclemencias del tiempo, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del PT

En acuerdo con el diputado federal Santiago Gustavo Pedro Cortés , presentamos a los integrantes del Pleno proposición con punto de acuerdo, para ser considerado de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Intensas heladas y nevadas han azotado los estados de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Coahuila y Durango. En este último, la disminución de las temperaturas en algunas comunidades ha llegado a 20 grados bajo cero. Como siempre, las inclemencias del tiempo se cobran con los mexicanos más desprotegidos, con los más pobres, con los que menos tienen.

Ante tal situación, la Comisión Permanente aprobó el pasado miércoles 3 de enero exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre en esos estados.

Dada la magnitud del desastre que enfrentan los habitantes de los estados afectados, lo menos que se podía esperar era la actitud solidaria del gobierno federal en la liberación inmediata de recursos suficientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para atender esta contingencia.

La disminución de la temperatura a grado extremo hace que las condiciones materiales para enfrentar dicho problema sean mínimas por parte de quienes las padecen.

El frío intenso ha generado graves problemas de salud en la población, particularmente los más vulnerables, como los niños y los adultos mayores, e incluso se han presentado algunos decesos.

Nosotros nos preguntamos: ¿como es posible que se enfrenten los estragos del frío con la ropa que se usa en forma cotidiana y que no es adecuada para climas extremos?

En el caso del estado de Durango, se emitió una declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación el pasado 26 de diciembre, en la que se declaran en emergencia 17 municipios y en las que, como resultado de dicha declaración de emergencia, únicamente se han enviado 18 mil 12 cobertores, el mismo número de colchonetas, 80 mil láminas y 10 mil 529 despensas.

Compañeras y compañeros legisladores, queremos llamar su atención en el sentido de que se enviaron 18 mil 12 cobertores y colchonetas para una población de 799 mil 163 habitantes, lo cual representa 1 cobertor por cada 45 habitantes, 1 colchoneta para el mismo número, 1 lámina por cada 10 y sólo 1 despensa por cada 76 personas.

Ese apoyo es a todas luces una burla para la población afectada y que necesita con urgencia medios materiales para enfrentar este desastre natural.

Ante la grave situación, es necesario llamar a comparecer al director general del Fonden, licenciado Carlos Bayo Martínez, para que explique por qué razón el órgano a su cargo actuó limitadamente para apoyar con los recursos públicos que tanto hacen falta a los habitantes de las zonas afectadas por las extremas heladas.

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para ser considerada de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Comisión Permanente cita a comparecer al director general del Fondo Nacional de Desastres Naturales, licenciado Carlos Bayo Martínez, para que explique la entrega de recursos a los estados afectados por las inclemencias del tiempo.

Se turna a la Comisión de Gobernación.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se audite la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte respecto a la licitación, la construcción y las condiciones del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, suscrita por la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos formular ante este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo

Considerandos

El 27 de noviembre de 2006 el Ejecutivo federal, develó la placa de la inauguración del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos de Alto Rendimiento (Cnar), en compañía del ex titular de la Conade, Nelson Vargas Basáñez, quien señaló que desde 1968 no se contaba con unas instalaciones deportivas como las que habían sido inauguradas.

El pasado 8 de enero con un 98 por ciento de las instalaciones terminadas, dieron inicio las actividades dentro del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos (Cnar), el cual cuenta con 16 edificaciones con capacidad de albergar a 750 atletas así como a más de 480 jóvenes atletas que ocuparán las instalaciones para prepararse tanto técnica como académicamente y cuyo costo ascendió aproximadamente a mil millones de pesos.

El cnar ha sido ubicado como la mejor infraestructura deportiva de América Latina y a la par de la mejores del mundo. Lo anterior, contrasta con errores técnicos con los que actualmente cuentan las instalaciones y lo cual resulta lamentable; tal es el caso de su alberca olímpica que presenta un desnivel de aproximadamente 7 centímetros.

Al respecto Max León actual director del Cnar señaló que: ``Al llenar la alberca, los mismos litros hicieron un asentamiento en el subsuelo del extremo sur'', ocasionando el hundimiento de la misma, asimismo se detectó una situación similar en la fosa de clavados.

Cabe señalar que la anterior administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) encabezada por Nelson Vargas Basáñez, y del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) tuvieron conocimiento de la falla en la alberca y supuestamente fue notificada a la empresa constructora para que la anomalía fuese corregida, lo cual no ha sucedido.

Por ello compañeros y compañeras, en virtud de que en ésta Cámara de Diputados se aprobaron para el Presupuesto de Egresos para el 2007 recursos adicionales por un monto de 100 millones de pesos para el funcionamiento y operación del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, hacemos un llamado al gobierno federal y solicitamos a los organismos involucrados, para que no se destinen recursos para corregir el imperfecto en las instalaciones, sin antes contar con la información precisa sobre los mecanismos utilizados en la construcción, y deslindar responsabilidades.

En este sentido, lo que se pretende con este punto de acuerdo, es aplicar los recursos públicos de manera justa y congruente y analizar con base en la ley quienes deben reparar las fallas.

Y con la finalidad de obtener la información de los mecanismos de construcción, resultados, uso adecuado de los recursos presupuestales y, sobre todo, la congruencia entre lo planificado, la aplicación de recursos y los resultados, se solicita una auditoría integral a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Entendiéndose como la revisión y examen de una función, cifra, proceso o reporte, efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la función ejecutiva, en el caso que hoy nos ocupa por conducto de la Secretaría de la Función Pública.

La auditoría que hoy se propone tendrá por objetivo examinar las operaciones con el propósito de verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes.

Considerando los conceptos anteriores, la auditoría pública es una actividad independiente de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetivo, sistemático y de evaluación de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos implantados; de la estructura orgánica en operación y de los objetivos, programas y metas alcanzados por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados a la Conade, así como la calidad con que prestaron sus servicios al deporte nacional.

Por lo anteriormente expuesto se sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución

Primero. Se solicita a la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informar a esta soberanía las condiciones en las que recibió el complejo acuático que forma parte del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento.

Segundo. Se requiere al Ejecutivo federal y al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Publica, para que proporcione la información necesaria relativa a la licitación, construcción y estado actual de la alberca olímpica y fosa de clavados del complejo acuático que forma parte del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones y organismos de la administración federal involucrados, para que no eroguen recursos públicos a la reparación de las fallas en la infraestructura, sin antes deslindar la responsabilidad de la empresa constructora y de los funcionarios públicos involucrados conforme a la legislación vigente, así como actuar conforme a las leyes en la materia.

Cuarto. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de la Función Pública auditar financiera y programáticamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en toda la administración sexenal pasada.

Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León para que analicen la posibilidad de implantar en auxilio de dicho estado un operativo especial de seguridad pública similar a los instaurados en Michoacán, Guerrero y Tijuana.

Consideraciones

Actualmente, la seguridad pública se ha convertido, en el principal reclamo de la ciudadanía, encabezando la agenda y el quehacer político nacional. Desafortunadamente el índice de inseguridad al que nos enfrentamos día a día como sociedad, ha llegado a convertirse en el principal tema de debate en cualquier ambiente social, político o económico, cuestionando en primer plano la función de los órganos de seguridad pública, siendo éstos, uno de los sectores más desacreditados en el ámbito de la función gubernamental.

La problemática que engloba la inseguridad pública en el país se ha visto incrementada en algunos Estados de la República, debido a la presencia de organizaciones delictivas, cuyo actuar da lugar a estimar preocupante los múltiples y atroces actos de violencia. Las entidades federativas que en el 2006 fueron consideradas como las que sufren de un alto índice delictivo (violencia) fueron: Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León, mismas que por sus características orográficas, fronterizas o costeras dan lugar a convertirse en territorio en pugna del narcotráfico.

Debido a esta problemática que acontece en dichas regiones una de las primeras acciones de la presente administración federal ha sido la implementación en los estados de Michoacán, Guerrero y Baja California, diversos operativos a fin de eliminar los altos índices de violencia, hecho que hasta el momento, ha arrojado resultados positivos, pues al intervenir militares y agentes federales en materia de combate al crimen organizado, por una parte ha logrado la captura de diversos delincuentes y por la otra ha logrado que la percepción ciudadana frente a la implementación de estos operativos sea positiva, pues se ha hecho manifiesto un sentimiento de tranquilidad.

Ahora bien, la situación que acontece en Nuevo León, durante el 2006 dejó un sangriento record de homicidios, que alcanzó a cinco directores policiacos y derramó sangre inocente, para marcar lo que hasta ahora se conoce como la peor ola de violencia en la historia de Nuevo León, lo que se presume es producto de la disputa de poderes entre el crimen organizado. Se ha pronosticado que este fenómeno delictivo se presentará en aumento, pues a tan solo unos días de comenzar el año 2007, medios de comunicación han publicado la existencia de dos personas asesinadas por el hampa.

Y toda vez que en los estados de Michoacán, Guerrero y Baja California donde fueron implantados operativos por parte del gobierno federal han empezado a mostrar resultados satisfactorios, y en virtud de que Nuevo León presenta una problemática similar y que no disminuye, por el contrario se advierte constante y en aumento, se estima necesario que las autoridades locales de dicha entidad federativa, soliciten la cooperación y coordinación de la autoridad federativa, para que puedan frenar la ola de violencia que impera en dicha entidad, pues recordemos que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y en base a ello pueden coordinarse para implementar los mecanismos idóneos para garantizar la seguridad y tranquilidad pública.

Por ello se estima oportuno que bajo la situación de alarma que presenta Nuevo León las autoridades de los tres ordenes de gobierno actúen, implementando mecanismos que en base a las necesidades específicas del estado, logren frenar la ola de violencia que vive dicha entidad, pues en materia de seguridad pública debe operar la inmediatez, sin esperar a que la problemática se agudice y requiera de mayores acciones para solucionarla.

Por ello, los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario presentar a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León para que, dada la situación de inseguridad que prevalece en la entidad, se coordinen a fin de analizar de manera conjunta y en el ámbito de sus respectivas competencias la posibilidad de implantar en auxilio de dicha entidad un operativo especial de seguridad pública similar a los realizados por las autoridades federales en Michoacán, Guerrero y Tijuana, tomando en consideración las particularidades y necesidades imperantes en Nuevo León.

Segundo. En su momento, se informe a esta soberanía de los acuerdos logrados al efecto.

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la del Congreso de la Unión solicite la comparecencia de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia, a cargo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Punto de Acuerdo

Único. Que la del Congreso de la Unión llame a comparecer a los respectivos titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco de México, y de la Comisión Federal de Competencia para que informen sobre las medidas que se llevan a cabo para regular el pago de comisiones por servicios bancarios, así como para considerar la adopción de medidas orientadas a generar mayores niveles de competencia en el sector bancario que contribuyan a reducir el nivel de las comisiones bancarias y las tasas de interés activas, alentar el crédito a las actividades productivas y socialmente rentables, el desarrollo de medios electrónicos de pago más eficientes, elevar los niveles de bancarización o penetración financiera y, en general, a impulsar el desarrollo económico nacional a través de la banca.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicode la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la aplicación de la pena de muerte en el mundo, a cargo del senador Ricardo Francisco García Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Ricardo García Cervantes, senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La reciente ejecución del ex presidente de Irak Saddam Hussein, acusado de ser el autor de la masacre en 1982 de 148 chiitas, junto a las ejecuciones de su hermanastro Barzan al-Tikriti, antiguo jefe de los servicios secretos iraquíes, y de Awad al-Bandar, ex presidente del Tribunal Revolucionario de Irak, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de redoblar esfuerzos para erradicar la pena de muerte en el mundo.

A la luz del derecho humanitario contemporáneo, los mexicanos consideramos la pena de muerte un castigo cruel y degradante, una práctica aberrante que atenta contra la vida, el derecho humano esencial, y un acto que vulnera directamente y en grado máximo la dignidad inherente de la persona humana. En consecuencia, el Congreso de la Unión aprobó en 2005 la reforma constitucional que deroga de nuestra Carta Magna la pena de muerte y que la prohíbe expresamente junto a la aplicación de penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas corporales e inusitadas.

De ese modo, nuestro país ha cumplido por fin una de las principales implicaciones de la adopción, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; es decir, la urgencia de eliminar la pena de muerte a nivel internacional. Sin embargo, su efectiva proscripción no ha prosperado más allá de lo que los Estados miembros lo han decidido en su orden jurídico nacional. De acuerdo con datos publicados por la organización Amnistía Internacional, hoy día 69 países conservan la pena de muerte, mientras que 128 la han abolido o nunca la ejercen. Sin embargo, según la misma organización en 2005 hubo al menos 2 mil 148 ejecuciones confirmadas en el mundo, sin contar las extrajudiciales o las no confirmadas.

La cifra resulta mucho más alarmante si se toman en cuenta los numerosos instrumentos internacionales que proscriben dicha práctica.

El derecho a la vida y a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchos otros instrumentos de derecho internacional. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Asimismo, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace referencia a la abolición de la pena de muerte y en su segundo protocolo facultativo establece que ``la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos'' y que ``todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida''.

Disposiciones similares se encuentran en distintas resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en los estatutos de diversos tribunales internacionales, así como en algunos de sus dictámenes y en numerosas resoluciones de diversas agencias de Naciones Unidas. Es el caso de la resolución número 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, donde la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció que ``la abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos'' y que ``la abolición de la pena capital es esencial para la protección del derecho a la vida''.

No hay, en consecuencia, ningún argumento legal ni moral capaz de justificar que, como sociedad humana organizada, privemos de la vida a otros seres humanos. La única manera de defender los principios es no admitir excepciones. Si bien Saddam Hussein pudo ser culpable de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, eso no justifica un juicio que no observó las garantías mínimas del debido proceso ni mucho menos la aceptación de la pena capital.

Por ello, éste no es un pronunciamiento sobre la persona de Saddam Hussein o de funcionarios del gobierno iraquí bajo su mando; tampoco supone la emisión de juicios sobre su gobierno o sobre su participación en distintos y controvertidos capítulos de la historia contemporánea. Éste es, en cambio, un pronunciamiento contra la pena de muerte, contra el procedimiento mismo que implica privar de la vida a un individuo, es un pronunciamiento a favor de su abolición por considerarla ilegal, inmoral e inhumana.

La pena de muerte no tiene un propósito en las sociedades gobernadas por las normas del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos; infringe el derecho a no ser objeto de trato cruel, inhumano y degradante, ya que la crueldad de la pena de muerte no se limita a la brutalidad del asesinato, sino que se extiende a los rigores mentales y físicos de la espera de la ejecución, enviando el mensaje de que hay situaciones en las que matar es aceptable y legal y de que es un método viable para resolver los problemas de una sociedad, a la vez que abre la puerta a un uso arbitrario del poder.

Por ello rechazamos la aplicación de la pena de muerte, toda vez que implica un enfoque draconiano y totalitario a la prevención del crimen que no debe tener lugar en el presente.

Por lo anterior sometemos a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la aplicación de la pena de muerte por considerarla una pena inhumana alejada de las normas esenciales del derecho internacional, y respalda los esfuerzos del gobierno de México para promover su abolición en el mundo.

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para aclarar la situación de la Administración General de Aduanas, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los mayores retos de la administración pública mexicana, es sin duda, el logro de una conducta de los servidores públicos apegada a la honestidad y a la transparencia.

La sociedad civil ha impulsado diversas iniciativas para contribuir a la transparencia del sector público. Existe toda una generación de conceptos y herramientas para alcanzar este objetivo, en el entendido de que la persistencia de una idea negativa sobre las instituciones públicas en la sociedad, es una causa de baja legitimidad, credibilidad y paulatina degradación de las bases mínimas de una gobernabilidad, fundada en la buena fe y en el estado de derecho.

Tenemos que reconocer que a pesar del reiterado discurso en favor de la transparencia, los índices de credibilidad de la función pública, en general, son muy bajos. Las mediciones de opinión pública recientes, como las publicadas en el periódico Reforma el año pasado, reflejaron que entre diversas instituciones sociales, los políticos, y la política en general, tienen una de las menores puntuaciones, inclusive mientras los policías calificaban con 5 puntos, los políticos tenían 4.

La falta de credibilidad daña las bases de la democracia, desalienta al ciudadano y tiene efectos relevantes en variables básicas de la economía y del desarrollo social, al ofrecer poca confianza al inversionista nacional y extranjero, fundamentalmente por dudas en las licitaciones y la obra pública o bien por pervertir electoral y partidariamente el acceso a los servicios sociales y a los recursos contra la pobreza que administra el Estado.

Entre las instituciones más cuestionadas del sector público se encuentran, de manera subrayada, las aduanas. A pesar de algunos proyectos para transparentarlas, la imagen que cargan es negativa y es motivo de preocupación, al depositarse en ellas el control del paso de personas, vehículos, bienes y servicios de las transacciones que tenemos con todo el mundo. Valga citar que la frontera más importante del planeta es la que tenemos con Estados Unidos. Por ella pasan diariamente más de 90 mil camiones con mercancía valuada en varios millones de dólares.

Se estima que la aduana maneja recursos por cerca de 7 mil millones de dólares al año, implícitos en el primer y el segundo reconocimiento aduanero.

Al respecto, también debemos mencionar que hace poco más de un año, la Cámara de Diputados requirió información respecto a presumibles irregularidades en la licitación del segundo reconocimiento aduanero, en donde pudieron beneficiarse empresas trasnacionales, una de ellas presuntamente ligada a la familia presidencial del sexenio anterior. En el flujo de información que se generó, ya se mencionaban dudas respecto a la empresa ISOSA, que es ahora un tema que arroja pesadas sombras sobre la administración hacendaria y aduanera, que ameritan ser debidamente aclaradas, por el interés público que revisten.

El grupo parlamentario priista no prejuzga ni condena a nadie de manera a priori. Creemos que hay instrumentos legales para que situaciones como la que involucra al ex secretario de Hacienda Gil Díaz se aclaren, se deslinden responsabilidades y, sobre todo, se garantice a la ciudadanía que existe voluntad para avanzar, en serio, en una administración gubernamental, pulcra y transparente.

Por lo anterior, independientemente de que hay apoyo de la Cámara para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría integral a las aduanas, creemos que sería positivo que la Secretaría de la Función Pública haga lo propio, para que se demuestre que la nueva administración no caerá en la tentación de manipular información en los medios de comunicación y de que se desenvolverá con estricto apego a derecho y orientada a la consolidación de una mejor administración pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de la Función Pública para que investigue, en los términos de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los vínculos entre ISOSA y la Administración General de Aduanas, los términos de su contrato, la forma en la que se adjudicó y opera, además de que, de encontrar irregularidades, proceda conforme a la ley.

En ese sentido, se sugiere también que los resultados de dichas indagaciones se hagan del conocimiento de del Poder Legislativo.

Se turna a la Comisión de la Función Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión respalda al secretario general de la Organización de Estados Americanos para impulsar la Carta Democrática Interamericana en el Continente Americano sin excepción, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Alejandro Landero Gutiérrez , Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura y Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión respalda al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza para impulsar la Carta Democrática Interamericana en el Continente Americano sin excepción, en virtud de las siguientes:

Consideraciones

La historia de la Organización de Estados Americanos (OEA) se remonta a la época del libertador Simón Bolívar, quien en 1826 convocó al Congreso de Panamá con la idea de crear una asociación de Estados americanos.

Fue en 1948, durante la Novena Conferencia Internacional Americana, donde veintiún países del continente reunidos en Bogotá, Colombia, adoptaron la carta de la OEA. Desde entonces, se han sumado Canadá y los estados del Caribe. A la fecha, la referida organización está formada por 35 países independientes.

Desde su creación, para la OEA ha sido de vital importancia promover y fortalecer la democracia en la región, pues esta considera que es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. Por ello uno de sus propósitos es ``promover y consolidar la democracia representativa'', tal como lo establece el artículo 2 de la carta.

Con este propósito, durante la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Canadá en abril de 2001, en el contexto de la denominada Declaración de Québec, se adoptó un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que los Jefes de Estado y de Gobierno instruyeron a los Ministros de Relaciones Exteriores a preparar la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo es ``reforzar los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa.'' Esto demuestra que los dirigentes de América Latina, reconocen que los valores y las prácticas de la democracia son fundamentales para el desarrollo integral de los países miembros.

La Carta Democrática Interamericana fue adoptada el 11 de septiembre del mismo año en la ciudad de Lima, Perú. Dentro del texto, los jefes de Estado y de gobierno consideran que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Con esta carta, se reafirma que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la consolidación de los valores democráticos, de libertad y de solidaridad en el hemisferio.

La Carta Democrática retoma la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y Desarrollo del 8 de junio de 1993, donde se establece que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno.

Asimismo, el capítulo primero hace referencia a la democracia y el sistema interamericano, como se contempla en los artículos 1 y 4 que a la letra dicen: ``Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.''

La Carta Democrática Interamericana es un esfuerzo conjunto que abarca no sólo la misión de la Organización, sino diversas declaraciones como la de Nassau de 1992, la de Managua de 1993 y la de Québec del 2001, pues en cada una se enfatiza que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana.

Al ser la democracia uno de los pilares de la estructura de la OEA, los organismos (entre ellos la Secretaría General) y los Estados miembros están obligados a defender y a promoverla en toda la región sin excepción alguna, ya que hoy en día las amenazas contra la democracia tienen diversas formas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión respalda al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza para impulsar la Carta Democrática Interamericana en el Continente Americano sin excepción.

Se turna a la Comisión de Relaciones Exterioresde la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante los titulares de la SCT y de la SHCP, a no autorizar el incremento del peaje en las autopistas nacionales, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tal como establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36, fracción XII, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son las dependencias encargadas de establecer las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de Comunicaciones y Transportes.

Por su parte, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus artículos 5, fracción VIII, señala como facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecer las bases generales para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes, las cuales deberán estar contenidas en los correspondientes títulos de concesión. Además, que la citada dependencia será responsable de definir las bases de regulación tarifaría para las autopistas de cuota concesionadas.

De tal forma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de dar a conocer oficialmente las tarifas del cobro de las cuotas en las carreteras.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de administrar y explotar, por sí o a través de terceros, mediante concesión, caminos y puentes federales.

Actualmente, hay tres tipos de redes operadas por Capufe: red propia, red contratada y red FARAC.

La red propia está formada por autopistas y puentes que fueron concesionados por el gobierno federal, a través de la SCT, a Capufe para su operación, conservación, mantenimiento y explotación.

La red contratada se forma de autopistas y puentes concesionados por el gobierno federal, a través de la SCT, o gobiernos estatales, a terceros como gobiernos estatales, gobiernos municipales y empresas privadas para su operación, conservación, mantenimiento y explotación; y los servicios de operación y mantenimiento han sido contratados con Capufe.

La red FARAC está integrada por autopistas y puentes concesionados por el gobierno federal, a través de la SCT, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para su operación, conservación, mantenimiento y explotación, cuyos derechos fueron afectados al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), y la operación y mantenimiento contratados con Capufe.

Este año, a diferencia de los anteriores, a principios de enero, Capufe, fue quien emitió un comunicado, donde anunció un ``ligero'' aumento en el cobro de las casetas de peaje, del nivel inflacionario. Comunicado que no fue confirmando por la SCT, lo que ocasionó una desinformación tanto en el monto del incremento como a partir de cuando se aplicaría.

El pasado fin de semana, en algunas casetas, a través de mantas y de manera verbal por personal de las mismas, anunciaron incrementos mayores al anunciado para el cobro del peaje, a partir del lunes 15 de enero. Ejemplo de esto es la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, que atraviesa una zona urbana densamente poblada, entre los límites del estado de México y el Distrito Federal, los encargados del boletaje aseguraron que el monto del incremento sería aproximadamente de 25 por ciento, cifra muy lejana a la inflación.

Según cifras de la SCT, la red carretera nacional de cuota, en el 2006, comprende 7.409 kilómetros, de los cuales, 4,925 kilómetros es la red de autopistas de Capufe. ¹

Datos de la SCT señalan que por vía terrestre se desplazan 99.3 por ciento de los pasajeros y 76.8 por ciento de la carga. De tal forma, el incremento de las tarifas de peaje, aunado al de la gasolina y los alimentos básicos como la tortilla, sin duda tendrá una repercusión en el presupuesto familiar, y es el principio de una espiral inflacionaria.

Tales medidas afectan directamente a la economía de miles de familias y comerciantes.

Por lo anterior se somete a la consideración del Pleno, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, para que cada una en el ámbito de sus atribuciones, no se autorice el incremento en el cobro de peaje en las autopistas de cuota nacionales.

Nota:

1 Anexo Estadístico, Sexto Informe de Gobierno, Vicente Fox, 2006, páginas 493 y 499.

Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión expresa su postura ante la muerte del migrante mexicano Francisco Javier Domínguez Rivera, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hemos visto con preocupación el descuido en la relación bilateral de nuestro país con Estados Unidos de los últimos años, que produjo el endurecimiento de la política migratoria de esa nación, así como el deslizamiento a un segundo término de un acuerdo deseable en materia de regulación del tránsito de personas, que abarque no sólo a México y los Estados Unidos de América, sino a Canadá.

Resulta extremadamente delicado que hayan transcurrido doce años de paulatina liberalización del paso de bienes y servicios entre los países suscriptores del acuerdo comercial trilateral en Norteamérica, sin que se hayan alcanzado bases mínimas para ordenar el paso temporal y definitivo de los ciudadanos de las tres naciones, bajo los diversos supuestos legales y de interés económico.

No puede consolidarse el tránsito libre de los bienes y los servicios sin permitir que vayan acompañados de un flujo flexible de las personas. No se puede comerciar sin comerciantes, no es posible intensificar el intercambio académico sin estudiantes, es ilógico transferir tecnología sin especialistas y sin trabajadores que las asimilen e incrementen su aprovechamiento y la productividad, las inversiones no viajan sin inversionistas.

Estamos a escasos tres años de que se concrete la liberación absoluta de nuestras fronteras y las restricciones a las personas están en un nivel peor que antes de 1994.

La falta de acuerdos migratorios no sólo implicará pérdida de competitividad de la región norteamericana frente a los logros alcanzados por Europa o por las naciones del sudeste asiático para permitir la movilidad de las personas. El asunto es de seguridad nacional si tomamos en cuenta que a lo largo de los tres mil kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos ocurren más de tres millones de cruces anualmente y la falta de reglas dejan esta zona convertida en auténtica tierra de nadie.

El fracaso de la política diplomática de México en el tema migratorio, llamada eufemísticamente ``la política de la enchilada completa'', ha sido un sonoro fracaso. La militarización, la colocación de sofisticada tecnología de rastreo e intercepción, la barda metálica, los grupos paramilitares y la sumisión del gobierno mexicano han vuelto a esta zona una región similar a la frontera entre Israel y Palestina. El muro metálico será el mayor monumento a la cerrazón que pueda ver la historia universal.

Por ello, los hechos violentos, con su cauda de intolerancia y racismo, han sido una constante cotidiana en la frontera. Quizá el presupuesto más amplio de los consulados sea el asignado para el retorno de nuestros cadáveres.

Ante esta situación, es impensable cerrar los ojos ante otro hecho que agravia a los mexicanos como es el asesinato de Francisco Javier Domínguez Rivera, de origen poblano, muerte el viernes pasado a manos de un agente de la patrulla fronteriza en La Calera, Arizona.

Sobre este hecho, que enrarece nuevamente la relación bilateral y que llena de tristeza e indignación al país, es de reconocerse que la condena y la solicitud de investigaciones a fondo, formuladas por la Cancillería, son correctas, pero que no deben ahogarse en el tratamiento de este hecho como un asunto aislado. Es preciso reformular nuestra política hacia el logro del entendimiento y de un acuerdo base en materia migratoria en América del Norte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión externa sus condolencias a los familiares del señor Francisco Javier Domínguez Rivera por su muerte en un hecho lamentable y reprobable en la frontera con Estados Unidos. Los legisladores mexicanos condenamos el crecimiento de la violencia en esa zona y llama a los gobiernos de ambas naciones a ponerle fin, dada su influencia en detrimento de una vecindad que debe ser constructiva y basada en el entendimiento.

Segundo. Por otro lado, este órgano legislativo exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América, al Ejecutivo de ese país y al Presidente de México a que planteen un calendario y una agenda que permita reiniciar el diálogo sobre el tema migratorio orientado hacia metas realistas y viables.

Tercero. Asimismo, solicita al titular del Ejecutivo federal a que realice y ponga en marcha un programa que permita mejorar la protección consular que se otorga a los mexicanos en tránsito y residentes en los Estados Unidos de América.

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de trabajo de legisladores que, en coordinación con un grupo de expertos, visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Oaxaca, la gestión del gobernador Ulises Ruiz se ha caracterizado desde su inicio por su desprecio a las garantías y derechos humanos del pueblo oaxaqueño.

La respuesta ante las justas demandas de los oaxaqueños, en la mayoría de los casos ha sido la represión, agresiones físicas, privación ilegal de la libertad, homicidios, despliegue de fuerzas policiales, lo que ha provocado una grave crisis política y de gobernabilidad en el estado.

El reciente despliegue de las fuerzas del orden en el Estado de Oaxaca ha violentado el estado de derecho, al reprimir a los grupos sociales y realizar detenciones masivas de manera ilegal e indiscriminada, traslados a penales de máxima seguridad, desapariciones forzadas e incluso muertes. Las detenciones masivas se efectuaron sin respeto a las garantías de legalidad y debido proceso, aunado a que en una acto discriminatorio y solo por su ideas políticas, los detenidos en los operativos realizados por la PFP y el Ejército fueron trasladados a los penales de máxima seguridad sin que se dictaminara legalmente que efectivamente tuvieran un perfil de alta peligrosidad.

Actualmente conocemos un sinnúmero de testimonios de personas afectadas personalmente o de familiares que cuenta historias desgarradoras sobre las vejaciones que sufrieron sus familiares. Cabe precisar que el día 09 de enero del año en curso se llevó a cabo el Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos en Oaxaca en el Palacio Legislativo de San Lázaro en donde se escucharon 40 testimonios de familiares de desaparecidos, ``ex presos políticos'' torturados y vejados sexualmente, quienes denunciaron golpes, insultos, amenazas de muerte, condiciones insalubres, humillaciones y violaciones sexuales de que fueron objeto los detenidos en el estado de Oaxaca.

Derivado del espíritu de ese foro y en aras de combatir la impunidad, los legisladores presentes en el citado foro, en nuestro carácter de representantes ciudadanos nos comprometimos a tomar cartas en el asunto. Es por ello que consideramos necesario verificar las condiciones físicas y psicológicas de las personas que aún se encuentran detenidas en los centros estatales y federales de readaptación a fin de documentar de manera rigurosa cada uno de los casos, con el objetivo de integrar expedientes que nos aporten elementos de prueba para fincar responsabilidad a las autoridades que violentaron el estado de derecho.

Por todo lo anterior y ante la evidente falta de garantías individuales de los detenidos en Oaxaca y de sus familiares, sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se acuerda la creación de un grupo plural de trabajo de legisladores (tres diputados y tres senadores, que serán nombrados por sus respectivas Juntas de Coordinación Política, a más tardar el próximo miércoles 24 del presente), que visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en las que se encuentran los detenidos por su presunta participación en el movimiento social iniciado en el estado de Oaxaca el 22 de mayo de 2006, con el objetivo de documentar cada uno de los casos y verificar sus condiciones físicas, psicológicas; así como su situación jurídica.

Segundo. Una vez que el grupo de trabajo plural culmine la visita y la integración de los expedientes rendirá un informe ante esta Permanente o sus respectivos plenos y realizará las gestiones necesarias para que en los casos que proceda, se presente la denuncia correspondiente y se sancione a los responsables de vulnerar los derechos humanos en el estado de Oaxaca.

Se turna a la Primera Comisión.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación de diferentes actores económicos del país para el desarrollo de una política de competitividad integral, a cargo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a que considere la participación de los diferentes actores económicos del país, para desarrollar una política de competitividad integral que sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrialde la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la Sagarpa a emitir declaratoria de desastre y de contingencia en diversos municipios de Tabasco, suscrita por el diputado Silbestre Álvarez Ramón, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a emitir declaratoria de desastre y declaratoria de contingencia climatológica, respectivamente, en los 17 municipios del estado de Tabasco, mismos que han sufrido graves afectaciones a consecuencia de las inundaciones derivadas de torrenciales lluvias que se vienen produciendo desde hace diez días.

Consideraciones

1. Desde el día 7 de enero de 2007, y como consecuencia de las torrenciales lluvias ocurridas en el Estado de Tabasco asociadas con el frente frío número 30, se han generado graves afectaciones a la población y a las actividades agropecuarias en la totalidad de los 17 municipios que conforman esta entidad. Además del desbordamiento de varios ríos, tenemos que las inundaciones han devastado a cientos de comunidades campesinas y miles de hectáreas donde se llevan a cabo actividades agropecuarias.

2. La Ley General de Protección Civil en sus artículos 29 al 37 establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), define los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres. Este Fondo cuenta con los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

3. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define en los artículo 129, 133 y demás aplicables, lo concerniente a la declaratoria de zonas de contingencia climatológica. Este fundamento rige los criterios con los cuales las Reglas de Operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) para dar respuesta a la problemática del sector rural. Este fondo cuenta con los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

4. En mi calidad de representante popular al honorable Congreso de la Unión, y profundamente preocupado por la mencionada situación actual hago eco de las necesidades más urgentes de la población en un contexto de desastre, solicito que de inmediato se emitan declaratorias de desastre y de zona de contingencia climatológica los 17 municipios del estado de Tabasco y obtengan los apoyos previstos con los recursos del Fonden y del FAPRACC.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Javier Ramírez Acuña, y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, para que procedan de inmediato a emitir declaratoria de desastre, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y declaratoria de contingencia climatológica aplicando recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), respectivamente, al estado de Tabasco donde los 17 municipios de la entidad están siendo afectados por serias inundaciones a consecuencia de las lluvias torrenciales que se vienen sucediendo desde el pasado 7 de enero de 2007.

Se turna a la Primera Comisión.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al rezago tecnológico de México y su impacto en la competitividad del país, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

La semana pasada, los empresarios miembros del Word Economic Forum difundieron en un documento, que la estructura tecnológica que ofrece México a sus industrias es de las menos modernas a nivel global, al ocupa el país el lugar 75 en un listado de 125 economías.

En efecto, el índice de competitividad tecnológica de México tiene una calificación de 4.5, en una escala de uno a siete, donde uno es la evaluación más baja que corresponde a una nula absorción de nuevas tecnologías, y siete es la más alta, que significa un aumento en innovación y absorción de tecnologías.

Y es que México se ha caracterizado históricamente por ser un país donde le ha sido difícil no sólo incorporar tecnologías difundidas por otros países, sino tener la capacidad para innovar tecnología adaptada a las propias circunstancias del país, que permitan ser incorporadas con mayor facilidad a procesos de producción nacional y que impulsen la competitividad el país.

Ello ha conducido a canalizar cuantiosos recursos en importar tecnologías, que no únicamente han implicado la compra de ella, sino también de mantenimiento, que en la mayoría de los casos incluye refacciones también de origen extranjero y de los cuales han tenido que asumirlos, el gobierno federal y las empresas.

Recursos que bien pueden ser utilizados para ciencia y tecnología, pero también y en mayor proporción para ampliar la red de información a todos los sectores de la sociedad, lo cual incluye, números de computadoras por cada 100 habitantes, líneas de Internet por habitante y el acceso a Internet en las escuelas.

Pero ello no ha sido así, pues en el documento difundido se precisa que México ocupa el lugar 59 de 125 economías, en la prioridad que le da el gobierno federal a la inversión pública en información y comunicación tecnológica. Calificación baja si se compara a la observada por El Salvador, Jamaica, República Dominicana e Israel.

Es evidente la incapacidad que el gobierno federal ha tenido para dar un mayor impulso a ampliar las redes tecnológicas como el Internet y las computadoras, lo cual es una medida que no puede seguir postergándose, pues no sólo se mantiene al margen a la población mexicana de los avances tecnológicos desarrollados mundialmente, sino que también repercute en la competitividad del país.

Para los priistas es importante que el gobierno desarrolle una nueva política de fomento a la competitividad dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico, que se sustente en una mayor cobertura de la red de instalaciones tecnológicas que coadyuve a una mayor competitividad del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la presente asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a que en el Plan Nacional de Desarrollo Económico se establezca una política de fomento a la competitividad, que incluya como meta ampliar la red de instalaciones tecnológicas, a fin de que se coadyuve a impulsar la competitividad del país.

Se turna a la Comisión de Economía.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD

El articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el inciso A, fracción VI, párrafo segundo: ``Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos''.

Cuando se decidió instaurar el concepto de salario mínimo en nuestro país, se pensó para garantizar a los trabajadores mexicanos la satisfacción de las necesidades básicas, lo que implicaba que la cantidad a que ascendiera dicho salario debía ser en función de una canasta mínima de bienes y servicios básicos. En este sentido, el salario mínimo no cumple el objetivo para el que fue creado, ya que actualmente no sirve para satisfacer las necesidades básicas de una familia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cerca de 16 millones de personas subsisten con menos de 3 mil pesos al mes, al ganar entre uno y tres salarios mínimos diarios. Estas cifras desmienten la afirmación hecha por varios empresarios de que ya nadie en este país es remunerado con el salario mínimo, y que en realidad se trata sólo de un referente económico.

El gobierno de Fox terminó ubicándose como el peor en cuanto a incrementos salariales en la historia reciente de nuestro país, ya que al fijarse un salario mínimo tan bajo y sus raquíticos incrementos, se generó que los contratos colectivos tuvieran los mismos techos de incremento en las revisiones salariales.

Durante el sexenio del presidente Fox, el salario mínimo creció aproximadamente 8 pesos, a pesar de que uno de los primeros actos del ahora ex presidente fue aumentarse el salario, el cual llegó hasta 167 mil 200 pesos mensuales libres de impuestos.

El poder adquisitivo del salario mínimo perdió 19 por ciento de su valor durante el sexenio que apenas concluyó, lo que significa que sólo se puede conseguir 8 por ciento de la canasta básica, la cual tuvo un crecimiento de 50 por ciento durante el mismo período.

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad Obrera de México, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos en los últimos 30 años es de 79 por ciento. Señala como principal factor de esta pérdida del valor del dinero el mecanismo por el cual se sujeta los salarios mínimos a los aumentos inflacionarios, lo que ha llevado a que el salario mínimo sea el nivel de remuneración debajo del cual sería inaceptable contratar a un trabajador, y no el ordenado en la Constitución Política de México.

A lo largo del 2006, en México tuvieron vigencia los siguientes salarios mínimos, de acuerdo con el área geográfica correspondiente, conforme a la división hecha por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM): área A, $48.67 m.n.; área B, $47.16 m.n.; área C, $45.81 m.n.

El 29 de noviembre de 2006 comenzaron las negociaciones entre los sectores productivos en el seno del Consejo de Representantes de la CNSM, para determinar cuál sería el nuevo salario mínimo para este naciente año 2007.

El aumento aprobado para este año fue tan sólo de 3.9 por ciento respecto de los salarios aprobados el año pasado, por lo que quedaron fijos en las siguientes cantidades: área A, $50.57 m.n.; área B, $49.00 m.n.; área C, $47.60 m.n.

La inflación prevista para este año por el Banco de México se ubica entre 3.5 y 4 por ciento, por lo que el aumento del salario mínimo no está siquiera por encima de la inflación, lo que generará que el poder adquisitivo del dinero sea una vez más menor que el del año pasado, perjudicando a los sectores más necesitados de la población.

Es importante señalar que el aumento aprobado en la CNSM contó con el voto del sector obrero, pero bajo protesta, ya que ellos proponían un incremento de 10 por ciento para recuperar el sentido del salario mínimo y el poder de compra de los trabajadores mexicanos.

El Banco Mundial recomienda: ``Cada trabajador debe estar en condiciones de adquirir tres canastas básicas como mínimo con su salario, para que tenga garantizada una vida sin preocupaciones económicas''. El Banco Mundial toma en cuenta a sólo dos personas por familia, en tanto que en nuestro país se habla de un promedio de entre cuatro y cinco personas por familia, lo que implica un número mayor de canastas básicas .

Hoy, la canasta básica incluye maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de trigo y de maíz, aceite vegetal, detergente, sardina, leche en polvo, papel higiénico, café soluble, sal de mesa, jabón de tocador y de lavandería, pasta para sopas, atún, galletas y algunos artículos enlatados, el costo de estos productos es mayor de 100 pesos y no incluye productos como el huevo, el kilo de res o de puerco, el de pollo, por lo que podemos darnos cuenta de que la canasta básica indispensable está fuera del alcance de los trabajadores de bajos ingresos.

Un estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otros institutos de investigación, señala que con el salario mínimo vigente en nuestro país sólo es posible adquirir 8 por ciento de los productos básicos alimentarios que componen la canasta, lo que deja fuera los de higiene y otros muchos. El mismo estudio explica que hace cuatro sexenios con el salario mínimo alcanzaba para comprar 40 por ciento de la canasta básica, y que hoy para poder tener acceso al total de dicha canasta se requieren al menos 11 salarios mínimos.

Al no poder completar su canasta básica alimentaria, es difícil que los trabajadores puedan cubrir el consumo de calorías y proteínas diarias que requiere una persona para estar nutrida, por lo que el actual salario mínimo deja fuera del alcance de muchísimos trabajadores productos como la carne, la fruta y la leche.

Lo anterior ha generado que las familias mexicanas se vean en la necesidad de incorporar a más miembros suyos a la fuerza productiva para completar el ingreso necesario para conseguir aunque sea una canasta básica.

Aunado al raquítico aumento del salario mínimo, se encuentra el gran problema del desempleo en nuestro país, lo que ha generado una pinza en contra de los trabajadores que han tenido que aguantar condiciones laborales muy malas, en caso de contar con un empleo.

Al rezago histórico de los salarios mínimos respecto a la inflación, se ha venido a sumar el hecho coyuntural de que en los primeros 40 días del nuevo gobierno se ha registrado una escalada de precios en los productos de primera necesidad, como la leche, la tortilla, el huevo, el pollo, la carne, frutas y verduras.

Esta escalada de precios, más que las demandas de aumento salarial, se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad económica y social del país.

Ante ello, el gobierno dice que no tiene instrumentos ni facultades para intervenir en los mecanismos de oferta y demanda, y se declara incompetente. Sin embargo, para fijar un tope máximo a los salarios mínimos, para ello si tiene competencia y se declara dispuesto siempre a regularlo. Ésta es la forma de operar de un gobierno insensible, antipopular y alejado del interés nacional.

Por lo expuesto, someto al Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Citar a comparecer ante esta Comisión Permanente al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que explique por qué no cumple el salario mínimo los requisitos previstos en la Constitución.

2. Exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que, en función del deterioro salarial que padecen millones de trabajadores y empleados, autorice un aumento salarial de emergencia en las distintas áreas geográficas del país.

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Socialde la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el número de atención telefónica para emergencias 066 se sustituya por el 911, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Tal vez no exista mejor momento para apreciar el adecuado funcionamiento de las comunicaciones, que cuando sobreviene una situación de extrema urgencia. Sea para conocer la situación a la que nos enfrentamos, para comunicarse con los servicios públicos o establecer contacto con un ser querido, la telefonía, la red, la radio y la televisión, constituyen herramientas insustituibles para preservar nuestra seguridad y la de aquellos a quienes amamos.

Los vertiginosos avances científicos y tecnológicos se reflejan diariamente en nuestro estilo de vida y, debidamente utilizados, pueden hacer la diferencia entre una tragedia o sólo una desagradable experiencia. Uno de estos instrumentos lo es el sistema de atención telefónica a la ciudadanía conocido como 066.

El 066 es un número telefónico para atención de emergencias, el despacho de servicios médicos, policiales y de protección civil, que canaliza las llamadas recibidas a las corporaciones competentes. Entre los reportes que se atienden a través del 066 figuran emergencias médicas; violencia domestica; personas lesionadas; accidentes viales; riñas; personas sospechosas; alteración del orden público; robos; denuncias de compra y venta de drogas; secuestros; incendios; enjambres de abejas en zonas de riesgo; fugas de gas; y derrames de químicos, por citar sólo algunos.

Con el establecimiento de este sistema se pretendía fomentar una cultura de prevención al delito y denuncia ciudadana; fortalecer a los municipios como primer frente de atención a la población y privilegiar el uso de información para toma de decisiones en materia de seguridad pública. Sin embargo, debemos señalar con profunda decepción que, a pesar de contar con una estructura legal suficiente, las autoridades federales encargadas de hacer funcionar de manera óptima el servicio 066 distan mucho de haber cumplido con los objetivos para los cual éste fue creado, toda vez que dichos dígitos no se han constituido como un referente obligado para la población y, por lo tanto, carecen del reconocimiento social y la confianza ciudadana que en otros países se le brinda a sistemas similares.

En efecto, podemos asegurar que, como consecuencia de su dispersión entre diferentes estructuras burocráticas, personal suficientemente capacitado, criterios compartidos ni una administración que se responsabilice por entero de la operación de este sistema, el número ``066'' no se ha convertido en una herramienta cuyo uso sea común para los ciudadanos, tal y como acontece con otros servicios de esta misma índole, tales como Locatel, el Teléfono del Consumidor o, incluso, números de atención ofrecidos por empresas particulares a sus posibles clientes.

Esta situación nos obliga a mirar hacia otros modelos de atención similares que han tenido mucho mayor éxito que nuestro lamentable 066. Tal es el caso de la red 911, puesta en operación en los Estados Unidos de América, misma que se ha convertido en una parte vital del sistema de respuesta a emergencias y preparación ante desastres.

El 911 es un sistema que remite las llamadas o mensajes de texto enviados desde celulares para solicitar ayuda de la policía, de los departamentos de bomberos o de los servicios de emergencias médicas hacia el centro de atención más cercano al peticionario. Dada la naturaleza multicultural de aquél país, un intérprete puede ayudar al solicitante cuando éste desconozca el idioma inglés.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Números de Emergencia (NENA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones, ambas de los Estados Unidos, 99 por ciento de la población norteamericana y el mismo porcentaje de condados de aquella nación tienen a su disposición el servicio 911, el cual recibe aproximadamente 200 millones de llamadas al año. Este servicio cuenta con diversas modalidades, a saber:

• 911 Básico: la descripción y el lugar de la emergencia son comunicados verbalmente por el solicitante a un operador que se encuentra en un centro de atención telefónica;

• 911 Mejorado: gracias a una base de datos, el número y la ubicación del ciudadano se despliega en una pantalla ubicada en el centro de atención telefónica;

• Inalámbrico Fase I: el operador ubica el número celular del ciudadano y la antena de telefonía desde la cual se remitió la llamada;

• Inalámbrico Fase II: el operador esta en posibilidad de identificar el número celular desde el cual se llama y el sitio exacto desde donde se realiza la llamada; y

• Protocolo de Voz por Internet: llamadas desde teléfonos residenciales y de negocios realizadas por medio de la red.

En los Estados Unidos existen 6 mil 174 centros de atención telefónica a lo largo de 3 mil 135 condados. Los datos ofrecidos por la NENA muestran que las tecnologías correspondientes a la fase I se encuentran en 80 por ciento de los centros 911, en 71 por ciento de los condados y a la mano del 85 por ciento de la población. Por su parte, la Fase II esta presente en 58.8 por ciento de las centros, 45 por ciento de los condados y cerca del 71 por ciento de la población.

Gracias al éxito indiscutible del número ``911,'' éste ha servido como paradigma para otros países. Ciudades como Buenos Aires, Madrid, San Salvador y San Juan de Puerto Rico han desarrollado instrumentos de atención similares con resultados variados, por lo que no debe descartarse la idea de aprovechar las bondades de esta experiencia y trasladarlas, en la medida de lo posible, a nuestro sistema de coordinación de seguridad pública.

Efectivamente, creemos que, por principio de cuentas, y aprovechando el conocimiento que gracias a los medios de comunicación tiene la población con el número 911, éste debe sustituir a nuestro 066. Pero no sólo eso, las autoridades federales encargadas de la seguridad pública deben proveer a éste servicio con tecnología de punta; coordinar de manera efectiva a los estados, municipios y al Distrito Federal en la prestación de este servicio; brindar capacitación permanente al personal encargado de operarlo; generar estadísticas que nos permitan conocer sus logros y alcances; así como realizar una vigorosa campaña de información que permita al público conocer las bondades del sistema y lo invite a utilizarlo.

Ningún esfuerzo tendiente a garantizar la seguridad de la población debe ser escatimado. Resulta necesario que las autoridades federales pongan todo su empeño en la defensa de la vida, la integridad y los bienes de los mexicanos. Deseamos que la seguridad pública sea entendida como un objetivo nacional permanente, como una meta que nuestro país desea conservar para garantizar su permanencia. Esperemos que así sea.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las Secretaría de Seguridad Pública Federal, se sustituya el número de atención telefónica para emergencias, 066 por el 911.

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a dar continuidad a las estrategias y campañas emprendidas en materia de promoción masiva del uso del condón y contra la discriminación por homofobia, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, senadora Claudia Corichi García y senador Lázaro Mazón Alonso, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la serie de declaraciones recientes por parte del actual secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, en relación a que ``en este sexenio, la promoción del condón no será prioritaria en las campañas de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes''.

Asimismo el secretario criticó las campañas de promoción del uso del condón que se difundieron durante el gobierno de Vicente Fox, al considerar que, más que prevenir, promovía prácticas de mayor riesgo entre los jóvenes. En especial hizo la crítica de aquellas campañas que pretendían eliminar la homofobia.

En sus palabras, ``dentro de las campañas de no discriminación había algunas que parecían más promover el homosexualismo que evitar la discriminación a los homosexuales, y dices, bueno, ¿quién hizo estos spots? ¿Se trata de no discriminar o de promover algo?''

Por ello consideramos necesario afirmar y reafirmar que se estaría cometiendo un grave error al modificar radicalmente la estrategia para abordar las problemáticas de salud como las infecciones por Vih, las ETS y los embarazos no planeados, existiendo toda una serie de lineamientos internacionales y nacionales que han sustentado en investigaciones serias y científicas la alta efectividad del condón.

Así nos permitimos exponer que, estudios de laboratorio, incluyendo aquellos realizados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno de los Estados Unidos); han establecido que los preservativos de látex son esencialmente impermeables a partículas del tamaño de los patógenos que causan enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluyendo el Vih. Por lo tanto, proveen un método de barrera altamente efectivo cuando se usan de la manera correcta.

Para que quede claro, ``cuando los preservativos se usan correcta y consecuentemente son de 80 a 95 por ciento de efectivos en la reducción del riesgo de infección por Vih''.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también se ha pronunciado al respecto, considerando que ``el condón es el único método de planificación familiar que sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el sida, debido a que funcionan como una barrera mecánica que impide el paso de bacterias como la Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallídum, Mycoplasma hominis ; parásitos como la Tricomonas vaginales o virus como el herpes, hepatitis B o el Vih''.

La relevancia de la promoción del uso del condón se hace cada día más necesaria a través de programas que tengan por objetivo detener la propagación del Vih/sida, que deben incluir tanto enfoques dirigidos como universales y deben ser completos. Además se deben implementar intervenciones biomédicas y conductuales para reducir las tasas de incidencia por Vih en las poblaciones más expuestas al riesgo de infección.

En el informe presentado por el Onusida en el 2006 se pone de manifiesto que los grupos sociales que se encuentran en mayor riesgo de infección por diversos factores son:

a. Hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres

b. Trabajadoras y trabajadores del sexo comercial

c. Usuarios de drogas inyectables

d. Hombres que se encuentra privados de su libertad

Asimismo, por condiciones de inequidad y desigualdad social y económica las poblaciones más vulnerables a las transmisiones de infecciones por vía sexual son:

a. Las mujeres. Sobre todo las amas de casa y las esposas de migrantes y otras poblaciones móviles como los militares.

b. Las y los jóvenes y adolescentes. Sobre todo aquellos y aquellas que han abandonada la escuela y están desempleados.

c. La población migrante. Sobre todo aquella que emigra del campo a las grandes ciudades norteamericanas.

México ha firmado y ratificado varios convenios a nivel internacional, en los que se compromete a respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran afectadas por el Vih/sida y por aquellos que manifiestan una orientación sexual diferente a la heterosexual, así como de proveer la atención integral y medicamentos a las personas que viven con Vih/sida, y en las que se contemplan campañas permanentes, efectivas y eficaces en las que se considera la distribución gratuita de condones entre la población sexualmente activa, independientemente de la orientación o preferencia sexual.

La discriminación contra las personas afectadas por el Vih/sida, y en particular la extendida homofobia social, se han revelado como grandes obstáculos para lograr el control de la epidemia del Vih.

Asimismo, se ha comprometido a cumplir las metas del milenio y los compromisos de UNGAS (Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Vih/sida) que establecen metas claras con el propósito de detener la epidemia del Vih para el año 2015.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdoba Villalobos para que dé continuidad a las estrategias y campañas de los sexenios anteriores en materia de la promoción masiva del uso del uso del condón para evitar la incidencia de las ETS, embarazos no deseados e infección por Vih, en el marco de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Así como que se sigan impulsando campañas para combatir la discriminación y el estigma que pesan sobre las personas afectadas por el Vih/sida.

Segundo. Que se establezca una campaña nacional contra la homofobia, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando esta área para aprovechar sus conocimientos y experiencia.

Se turna a la Comisión de Saludde la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita alsecretario de Saludque informe sobre las acciones preventivas ante el posible arribo a territorio nacional de la epidemia de gripe aviar, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

En los últimos meses, el virus de la gripe aviar (H5N1) se ha propagado de Asia oriental a más de 40 países. De acuerdo con el Banco Mundial --con información obtenida de la Organización Mundial de la Salud-- el pasado semestre, los índices de morbilidad y mortalidad humanas asociados a dicho virus se ha duplicado: mientras que en el 2005 se registraron 41 muertes, de enero a junio de 2006 se registraron 54 fallecimientos a consecuencia de la gripe aviar.

Cabe aclarar que los humanos sólo pueden contagiarse de la gripe aviar a través del contacto con las heces. El consumo de productos avícolas no es vehículo de contagio, toda vez que el virus se elimina a través de la cocción. En ese sentido, la población susceptible a contraer la enfermedad en primera instancia es la que está involucrada en la cría, transporte, matanza y desplume de las aves. El problema es que este grupo puede transmitir el virus al resto de la comunidad, provocando una pandemia.

La gripe aviar es una enfermedad endémica en aves, causada por el virus de la influenza tipo A. Pese a que todas las aves son susceptibles a la infección, algunas especies son más resistentes que otras. Por ejemplo, los patos son la especie que menos padece los efectos del virus, pero son los principales transmisores debido a su comportamiento migratorio. El medio de contagio, como señalé anteriormente, son las heces fecales, lo que permite altos índices de contagio donde hay mayores concentraciones de aves, como criaderos de pollos para el consumo humano Los síntomas en estos animales van desde ligeras hinchazones craneales hasta fuertes hemorragias internas que producen la muerte.

Todos los virus de la influenza del tipo A están bien adaptados para eludir las defensas del huésped. Por ejemplo, los virus causantes de la gripe estacional en humanos se caracterizan por tener una composición genética que cambia conforme se va reproduciendo en el hombre y en los animales, reemplazando su cepa original por otra. Dicho de otro modo, los virus mutan de tal manera que los antivirales que sirven en un momento determinado, dejan de ser útiles frente a la siguiente generación de virus. Por ello, no existe una vacuna definitiva para controlar la gripe estacional y lo mismo ocurre con la gripe aviar.

Es precisamente la tendencia a la mutación vírica frecuente, lo que obliga a los gobiernos a vigilar constantemente la situación mundial de la enfermedad, y a realizar un ajuste anual en la composición de las vacunas.

El Banco Mundial estima que una pandemia grave de gripe aviar en los humanos costaría a la economía mundial aproximadamente 3.1 por ciento del producto interno bruto mundial, es decir, entre mil millones 250 y 2 mil millones de dólares.

¿Por qué se estima que la gripe aviar puede causar tal catástrofe económica? Los síntomas en humanos son similares a la gripe común: dolor de garganta, tos, fiebre, lo que deriva en enfermedades respiratorias mortales. El problema es que el virus de la gripe aviar puede mutar en algún subtipo que permita la transmisión de persona a persona, es decir que la enfermedad se manifieste en personas que no tienen contacto directo con aves. Es decir, en términos hipotéticos, las repercusiones de la pandemia se darían de la siguiente manera: dada la organización social del trabajo que implica la concentración de personas en espacios cerrados, con que un solo trabajador contrajera el virus en el hogar por el contacto con aves infectadas, provocaría un contagio acelerado a través de excretas nasales, simplemente. Lo anterior explica la peligrosidad del virus en términos de que una pandemia paralizaría las actividades económicas y sociales, toda vez que los antivirales conocidos no funcionarían y que los seres humanos carecen de la inmunidad natural para evitar la infección. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud, si México fuese afectado por la gripe aviar, dadas las condiciones de desconocimiento de la mutación del virus, en seis meses se vería afectado entre el 10 y el 25 por ciento de la población, es decir entre 10 y 42 millones de personas. Es evidente que el sistema da salud público y privado se colapsaría.

En el país la Secretaría de Salud cuenta con el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. Para su implantación, en 2005 se invirtieron 600 millones de pesos para el programa, lo que incluyo la compra de un millón de dosis del medicamento Tamiflu, fabricado por el laboratorio suizo Roche, considerado eficaz para combatir la enfermedad. Asimismo, se compraron antibióticos y otros fármacos para controlar los efectos secundarios y complicaciones de la gripe aviar. De esos 600 millones, 168 se canalizaron a la adecuación de la planta de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para que, con la transferencia de tecnología de Estados Unidos y Canadá, se comenzara a producir la vacuna localmente.

A pesar de que en México no se importan legalmente aves de los países hasta ahora afectados, los riegos de contraer la enfermedad están latentes. Factores como la temporada invernal, la humedad ambiental, el hacinamiento, la presencia de enfermos en lugares públicos, la facilidad para viajar alrededor del mundo, la migración de patos que cada año recibimos en el país y el mercado de animales vivos, contribuyen al contagio.

México ha adoptado las estrategias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para responder a la amenaza de pandemia de gripe aviar con el objetivo de fortalecer el grado de preparación, disminuir las oportunidades de aparición de un virus pandémico, mejorar el sistema de alerta temprana, retrasar el inicio de la propagación de un virus y acelerar el desarrollo de vacunas.

Según la misma organización internacional, si las tendencias actuales se mantuvieran la mayoría de los países en desarrollo no tendrían suficiente acceso a vacunas y medicamentos antivirales mientras dure la pandemia. Se estima que nuevas inversiones en capital para crear capacidad de producción arrojarían un costo de 1 dólar por dosis, frente a un costo de compra de vacunas ya existentes de entre 3 y 7 dólares por unidad. Actualmente el 90 por ciento de la capacidad de producción global se encuentra en países ricos que representan 10 por ciento de la población mundial.

Como puede observarse, la vulnerabilidad del país ante una pandemia de gripe aviar es latente. Se requiere ampliar las reservas nacionales de fármacos antivirales, y una constante actualización de los sistemas de preparación y respuesta. Como Senador considero que es urgente que estos esfuerzos de prevención y reacción incluyan al sector privado y social, pues sólo algunas empresas privadas cuentan con sistemas de alerta y reacción independientes. El objetivo de esta coordinación debiera ser, por un lado, revisar la disposición de productos antivirales y ubicar su localización y, por otro lado, proceder a clarificar las medidas que garanticen la operación del sistema preventivo, así como la máxima continuidad del aparato productivo y en general de la vida cotidiana en un contexto de presencia de la epidemia.

Ante la persistente amenaza de una epidemia global de gripe aviar en territorio nacional, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud presente un informe del estado de los preparativos para prevenir y reaccionar ante el posible arribo de la epidemia de gripe aviar a territorio nacional, que incluya las medidas de acción que permitan mantener --en la medida de lo posible-- en operación el sector productivo y la continuidad de la vida cotidiana en caso de una epidemia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con el sector público, privado y social, en una estrategia nacional para prevenir y reaccionar ante el posible arribo de esta epidemia a territorio nacional, así como para garantizar la disposición de una reserva suficiente de vacunas para atender a la población en caso de presentarse la epidemia de gripe aviar.

Se turna a la Comisión de Saludde la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, referente a la reasignación y regulación de tiempos oficiales en medios electrónicos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD

En el año de 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos se emitió, en la Ley Federal de Radio y Televisión, la obligación de todas las emisoras televisivas y radiofónicas a transmitir gratuitamente, como servicio social a cambio de concesiones, media hora de sus tiempos de transmisión ``dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social''. Estos fueron conocidos como los tiempos de Estado que en principio se usaban para programas de hasta 30 minutos.

En 1968, el gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz hizo uso de su derecho como propietario de las frecuencias e intentó supervisar el contenido de los noticieros debido principalmente, a la difusión de las protestas de los estudiantes. Durante ese tiempo la radio y la televisión fueron objeto de turbias negociaciones, que finalmente llegaron a un convenio el cuál se publicó el 1 de julio de 1969 y que, contemplaba que el impuesto sobre sus ingresos por publicidad, se cubriría al poner a disposición del Estado el 12.5 por ciento del tiempo diario (equivalente a tres horas de programación). Ante la incapacidad del gobierno para realizar producciones de calidad o capaces de atraer al público, con el paso de los años el uso del tiempo oficial se haría en horarios de madrugada.

En el año 2002, el Presidente Vicente Fox emitió un decreto que eliminó el 12.5 por ciento del tiempo oficial de transmisión al que tenía derecho el Estado, tanto en radio como en televisión. A cambio recibiría de los medios electrónicos 18 minutos diarios de programación en televisión y 35 minutos en radio.

Estas modificaciones implicaban que la transmisión de los programas oficiales ya no sería de madrugada, sino en horarios considerados como los de más alta audiencia (entre las 6:00 y las 24:00 horas).

El pasado 15 de diciembre, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su proyecto de presupuesto de egresos para 2007, y entre sus metas presupuestales está la de administrar los tiempos oficiales de difusión en medios electrónicos de que dispondrá el Estado.

Tan solo en el presente año, los tiempos oficiales, que se integran con la suma de los ``tiempos fiscales'' y los ``tiempos de estado'', ascenderán a 717 mil 281.8 horas para ser transmitidos en aproximadamente 646 estaciones de televisión y mil 337 estaciones de radio en el país.

El aumento de esta bolsa de tiempo en relación con el gobierno de Vicente Fox se estima en 5.77 por ciento, equivalente a 38 mil 315 horas, ya que el año pasado, el gobierno dispuso de un total de 663 mil 500 horas de tiempos oficiales ¹ , así como de una inversión en el área de difusión de tres mil millones de pesos aproximadamente.

La distribución de los tiempos oficiales no está regulada. Sin embargo, tiende a asignarse discrecionalmente de la siguiente manera: un 40 por ciento al Poder Ejecutivo, un 30 por ciento al Poder Legislativo, un 10 por ciento al Poder Judicial y el 20 por ciento restante se reparte entre entes públicos como los son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, entre otros muchos más.

De las horas pautadas como tiempo oficial, es la oficina de la Presidencia de la República la que se queda con la mayor parte, afectando a otras entidades oficiales como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos autónomos. De esta forma, los tiempos oficiales, para efectos prácticos, han quedado concentrados en un solo poder, el Ejecutivo Federal, y dentro de él, en una sola instancia: la Presidencia de la República. Bajo esta práctica irregular, los ``tiempos oficiales'' han devenido en realidad en ``tiempos del Presidente'', lo cuál es ilegal e ilegítimo.

Los tiempos oficiales son del Estado mexicano en su conjunto y no solamente del gobierno federal. Es por eso que exhortamos a revisar los lineamientos que actualmente rigen la distribución de los tiempos oficiales, incorporando los siguientes criterios:

Una reasignación de la distribución en la instancia federal, en la siguiente proporción: Poder Ejecutivo 25 por ciento, Poder Legislativo 25 por ciento, Poder Judicial 10 por ciento. El 40 por ciento restante se distribuiría de la siguiente manera:

Destinar 25 por ciento a Estados y Municipios, órdenes de gobierno que, al formar parte de la estructura federal del Estado Mexicano, también tienen derecho a los tiempos oficiales. El 25 por ciento asignado a los gobiernos estatales y municipales representaría un total de 179 mil 320 horas de programación al año. Este tiempo, se designaría a cada estado de manera proporcional al número de habitantes de cada entidad federativa. Como ejemplo, quedaría una redistribución a los estados y municipios de la siguiente manera:

El estado de México que tiene el mayor número de habitantes (14 millones 7 mil 495) quedaría con el 13.6 por ciento, lo que representa un total de 24 mil 324 horas para difusión de tiempos oficiales. El estado cuenta con 19 estaciones de radio y 15 canales de televisión.

Jalisco que es un estado intermedio en relación a la población (6 millones 752 mil 113) dispondría de un total de 11 mil 725 horas, lo cuál representa un 6.5 por ciento de tiempo oficial, ese tiempo se dividiría entre las 80 estaciones radiofónicas y 24 canales de televisión que tiene registradas la entidad.

Baja California Sur que es el estado con menor numero de habitantes (512 mil 170) dispondría del .49 por ciento que son 889 horas del total del tiempo oficial, para redistribuirlo entre las 21 estaciones de radio y 10 canales de televisión con las que dispone el estado.

Los gobiernos estatales y municipales convendrían la forma de distribución de estos tiempos oficiales en sus respectivas entidades federativas.

El 15 por ciento restante se destinaría a entes públicos federales, como la CNDH, TEPJF, IFAI e IFE.

Ahora bien, en los períodos de campañas electorales federales habría una transferencia a favor del IFE del tiempo asignado al gobierno federal, a los estados y municipios, para que a su vez este instituto lo destine de manera exclusiva a las campañas de los partidos y sus candidatos en radio y televisión.

La propuesta específica es que tres meses antes del día de la elección federal, los tres órdenes de gobierno suspendan la difusión de sus campañas publicitarias y, el tiempo así liberado, se reasigne a partidos y candidatos a través del IFE.

Con esta medida se dispondría de una bolsa de tiempos oficiales de 179 mil horas de radio y televisión aproximadamente, durante tres meses, suficiente en calidad y cantidad para posicionar los mensajes de partidos y candidatos en campaña, así como los del propio IFE, relativos a la promoción del voto.

La propuesta es que el tiempo de difusión de los partidos y los candidatos se cubra en su totalidad con tiempos oficiales, sustituyendo las pautas correspondientes a tiempos pagados o contratados.

Si consideramos que la mayor parte del gasto en las campañas electorales corresponde al rubro de difusión en medios electrónicos, y que el año pasado se erogaron alrededor de mil 300 millones de pesos por este concepto (para las campañas de Presidente de la República, senadores y diputados federales) el ahorro al erario público sería significativo y sustancial.

Destinar tiempos oficiales a las campañas electorales (tres meses cada tres años), no demerita las coberturas y tiempos de audiencia que necesitan los partidos y los candidatos para posicionar sus mensajes, ya que los tiempos fiscales se pautan actualmente en los horarios de mayor audiencia.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, instrumente los mecanismos jurídicos que hagan posible la reasignación y regulación de los tiempos oficiales con los criterios antes señalados, a fin de garantizar a Estados y Municipios el acceso a estas prerrogativas y, al IFE, la reducción del gasto electoral que realizan partidos y candidatos.

Nota:

1 ^{Milenio Diario}, lunes 8 de enero 2007, p. 4.

Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografíade la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Públicay del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Alberto Amador Leal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción III de artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que asuman las decisiones estipuladas en los ordenamientos de ley referente a la asignación equitativa de los fondos destinados (Ramos 33 y 39) a la seguridad pública.

El pasado 31 de octubre presenté una iniciativa de reforma y adición al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de aumentar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y establecer un mínimo de uno por ciento de la recaudación federal participable y transferir la mitad de este Fondo a los Municipios.

En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:

1. Financiamiento a la Seguridad Pública

El comportamiento del origen y destino de los recursos, ha sido el siguiente:

• La inversión total destinada a la seguridad publica, a precios corrientes, pasó de 14 mil 141 millones en el año 2000 a 17 mil 368 en el 2006; o sea un incremento de 22.8 por ciento.

• Sin embargo, los recursos federales destinados a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyó al pasar de 5 mil 213 millones a 5 mil millones; o sea un decremento de 4.1 por ciento.

• En tanto que los recursos destinados a las dependencia federales pasaron de 7 mil 80 a 10 mil 746 millones de pesos; lo que significa un aumento de 51.7 por ciento.

2. Resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Los posibles hechos delictivos del fuero federal pasaron de 81,781 en el 2000 a 89,530 en el 2005. En tanto que los del fuero común pasaron de 1, 338, 473 a 1,406, 848.

Nótese además que los delitos del orden común que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2 por ciento de los posibles delitos totales en el 2000 y 94.0 por ciento en el 2005.

El crimen organizado, el narcotráfico la delincuencia generalizada y nuevas y preocupantes expresiones como el narcomenudeo, han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre insostenible, que esta poniendo en riesgo, no sólo la seguridad de las personas y de su patrimonio sino la seguridad nacional misma.

Por otro lado, la población penitenciaria nacional pasó de 154 mil 765 en el 2000 a 212 mil 774 internos en el 2006, o sea un incremento de 37.7 por ciento. De estos últimos, el 79.5 por ciento son del fuero común y 24.1 del fuero federal.

Existe, en consecuencia, una sobrepoblación de 53 mil 847 espacios, el 34 por ciento de la población penitenciaria total. Los estados y los municipios que tienen a su cargo Centros de Readaptación resienten, entonces, un déficit significativo que debe ser subsanado, aún de manera gradual.

Finalmente, son muchos los factores, de carácter social, económico, de impartición de justicia, de financiamiento; que inciden en esta lamentable realidad. La iniciativa que en su momento propusimos buscó destacar uno de ellos: la insuficiente inversión destinada a los estados, municipios y delegaciones como ya se mostró en líneas anteriores, siendo que es en estos órdenes de gobierno en los que recae la mayor responsabilidad operativa en materia de seguridad pública y de prevención del delito.

Cabe destacar que en el dictamen que motivó las recientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se realizaron modificaciones de forma a la normatividad relativa al Fasp, pero no se abordó el problema de fondo que fue motivo de la iniciativa que hemos comentado.

3. Presupuesto 2007

Por cuanto al presupuesto destinado a la seguridad que propuso el Ejecutivo federal, en su conjunto, consideró un crecimiento real del 15 por ciento, en tanto que el destinado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal que ejercen los estados se reducía de 5 mil 200 millones a 3 mil 500 millones, o sea 32 por ciento en términos reales respecto al 2006. Como se observa en el siguiente cuadro, el Ramo 36, que corresponde al presupuesto que ejerce la Secretaría de Seguridad Pública pasa de 9 mil 70 millones de pesos a 15 mil 164 millones o sea un crecimiento real del ¡54.9 por ciento!

Es de destacarse que del total de los recursos destinados a seguridad, que ascienden a 71 mil 283.4, únicamente se destinarían al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del DF el 4.9 por ciento.

La Cámara de Diputados modificó esta propuesta y amplió nuevamente el Fasp en 2 mil millones de pesos, para reestablecer el fondo en 5 mil millones de pesos.

4. Nueva política de Seguridad Pública

El gobierno federal, como ya ha sido expuesto en esta tribuna, ha emprendido nuevas acciones en materia de seguridad.

Desde su toma de protesta el Presidente de la República anunció reformas al sistema de seguridad y en el ámbito de la procuración y administración de justicia.

Consecuente con lo anterior, se han dado pasos para integrar en un solo cuerpo a las diferentes policías nacionales y se han transferido 10 mil elementos del Ejército y la Marina a la Policía Federal Preventiva.

Se iniciaron, también, los operativos con un gran despliegue de fuerza militar en Michoacán, Tijuana y, simultáneamente, se ha aumentado su extensión a otras entidades federativas.

Dadas las condiciones altamente vulnerables del estado de derecho, la estrategia emprendida se justifica en el afán de recuperar la presencia soberana del Estado y poner un alto a los excesos y a la impunidad del crimen organizado. Seguramente habrá éxitos y errores que habremos de analizar con mayor rigor en las próximas semanas. Por lo pronto, se empiezan ya a escuchar voces de alerta respecto del respeto a la soberanía de los estados y a la libertad de los municipios, así como de la constitucionalidad de los actos realizados. También hay confusión respecto de la responsabilidad que asumirían o están asumiendo el Gabinete de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Nacional y el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, que en la coyuntura actual parece más bien relegado.

En todo caso, es oportuno hacer notar que el gobierno federal tiene la misma visión de la anterior administración en el sentido de que es por medio de las fuerzas públicas nacionales que se abatirán los índices de inseguridad pública y se protegerá el patrimonio y la integridad de las familias. Tal criterio, como lo demostramos en nuestra iniciativa, ha sido erróneo en la medida que no se han logrado resultados eficaces. Por el contrario, el crimen y la inseguridad han crecido de manera exponencial.

De manera que hoy insistimos en el imperativo de que la nueva estrategia que debe, al tiempo de fortalecer la presencia de los cuerpos nacionales:

• Dotar de capacidad de respuesta a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF; de una manera justa y equitativa;

• Mantener el equilibrio pertinente entre el imperativo de una acción rectora nacional, el orden interno de las entidades federativas y el principio de libertad municipal.

• Alentar la solución de los grandes problemas nacionales, desde el ámbito local que es la forma más eficiente y eficaz de atender cuestiones como la inseguridad, que están rompiendo el tejido social, en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en el entorno familiar y en las calles. Su complejidad y diversidad, hace poco probable el éxito de estrategias excesivamente centralizadas, como ha sucedido hasta ahora.

Por lo anterior expuesto y ante la inminente distribución de los fondos autorizados por la Cámara de Diputados para la seguridad pública (a más tardar el 26 de enero), someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Seguridad Pública a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10, fracción IV, de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo establecido en el artículo 44 de a Ley de Coordinación Fiscal para determinar el monto de recursos presupuestales que serán destinados a las entidades federativas, sobre bases equitativas y consensuadas entre los miembros del citado consejo.

Segundo. Esta comisión exhorta al Consejo Nacional del Seguridad Pública a considerar en los criterios de distribución de los recursos equitativa, tanto del Ramo 33 como del 39, asignados a la seguridad pública, la transferencia de parte de los mismos, por conducto de las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobernador del Banco de Méxicoque informen a esta soberanía sobre el contenido de la reunión que sostuvieron el 12 de enero de 2007, suscrita por el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La teoría clásica de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo del rey, hoy, en pleno siglo XXI, la teoría sigue manteniendo trascendencia y vigencia, toda vez que evita la concentración del poder en manos de un solo individuo o de muy pocos centros dominantes.

Ahora bien la realidad impone la necesidad de crear órganos capaces de disminuir la ascendencia de alguno de los poderes clásicos, su creación no obedece a un capricho del Poder Constituyente Permanente, por el contrario está determinado por las características con que transcurre la vida política de los países democráticos.

Al crearse estos órganos que escapan de la esfera de competencia de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo estamos ante los llamados organismos constitucionales autónomos, los cuales no pertenecen a ninguno de los poderes, su legitimidad se produce al adoptar sus decisiones conforme a los principios constitucionales democráticos, por lo tanto si se conducen en la vida pública con transparencia y apego su independencia resultante de una Constitución democrática no hay duda que su legalidad y legitimidad están garantizadas.

Un ejemplo de estos órganos es el Banco de México, el cual de conformidad con nuestra Ley Suprema y su ley reglamentaria, es el banco central del Estado Mexicano, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional y que tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

En este tenor el pasado 12 de enero de 2007 se publicó en el diario La Jornada una nota intitulada ``Especulación, causa del aumento a tortilla: el gobernador del Banco de México'', en el que informan que durante una conferencia ofrecida en el Instituto Tecnológico Autónomo de México el titular de dicho órgano constitucional autónomo, Guillermo Ortiz Martínez atribuyó el disparo en el precio de la tortilla a un movimiento de ``especulación y acaparamiento''. Precisó: ``El movimiento de precios ha sido fuera de toda proporción en relación con los insumos que se emplean para elaborar ese alimento básico''.

Asimismo, Ortiz Martínez dijo que el banco central espera ``una acción de la autoridad competente'' para frenar la ola de especulación con el alimento y añadió que:''Las tortillas estaban a seis pesos, más o menos, en enero de 2006, y en los días recientes las dejaron subir a diez aquí, en el Distrito Federal y en otras ciudades de provincia, o sea que es un aumento de más de 60 por ciento en el precio de la tortilla que, repito, no se justifica por el incremento de los insumos; el principal, que es el maíz, y sobre todo porque otros insumos como electricidad, agua, mano de obra, etcétera, subieron en mucho menor proporción''.

Una vez enumerada la variación en los precios de insumos y del alimento ya elaborado, Ortiz Martínez comentó que el alza de la tortilla obedece ``claramente a un problema de especulación, de acaparamiento y de un comportamiento no competitivo en la fijación de precios''.

No obstante la naturaleza jurídica del Banco de México, el sábado 13 de enero en ese mismo diario, en la nota de Claudia Herrera Beltrán, se publicó que el titular del ejecutivo conversó el día viernes durante 45 minutos con el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien esa misma semana señaló que la especulación y el acaparamiento del maíz provocaron el aumento a la tortilla. En la nota periodística se informa que el encuentro se dio luego de que el gobierno federal presentó un plan para evitar el aumento al precio del maíz, que tiene como punto central la apertura de la importación de granos de maíz blanco y amarillo, y que ni el titular del Banco de México, ni la presidencia emitieron información sobre lo que conversaron.

La falta de transparencia sobre el contenido de la reunión celebrada el día viernes 12 de enero del presente entre los titulares de dicho órgano y del ejecutivo, nos hace presumir que este último llamó la atención al primero sobre las declaraciones hechas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Al titular del Ejecutivo federal parece que se le olvidó que los órganos autónomos constitucionales son los inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución; son esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho; no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, es decir, son órganos de equilibrio constitucional y político; cuentan con participación técnica en la dirección política pues participan en la dirección del Estado; poseen paridad de rango en virtud de que las relaciones que mantienen con los otros poderes son de igual a igual; gozan de autonomía orgánica, funcional, en otras palabras que el Gobernador del Banco de México no es su empleado y que tiene toda la autoridad para dar declaraciones autónomas respecto de la situación financiera de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del Banco de México que con la mayor brevedad informen a esta soberanía sobre el contenido de la reunión que sostuvieron el 12 de enero del presente año.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Banco de México para que en uso de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes le otorgan, siga actuando en un marco de institucionalidad, autonomía y transparencia en aras de los principios democráticos que rigen el estado de derecho mexicano.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a destinar recursos a un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, David Mendoza Arellano , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Quiero llamar su atención para que reflexionemos a cerca de un tema sensible que debe preocuparnos no sólo por cuestiones de humanidad, sino porque es nuestro compromiso con la sociedad. La pobreza extrema es un fenómeno con múltiples dimensiones que se mide con diversos criterios y por lo tanto no existe una definición absoluta. En el caso de la zona de Cabeza de Juárez, se vive una situación que rebasa la capacidad de cubrir las necesidades más básicas. La miseria que padecen estas personas les ha robado incluso la ilusión de poder aspirar a una vida con calidad.

Los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez padecen efectos críticos derivados de la pobreza como son los problemas agudos de salud y no encuentran alivio en los servicios de saludo, puesto que carece de la posibilidad de tener el acceso a ellos.

Por otro lado, la falta de oportunidades para acceder a la educación, la desintegración familiar, la baja esperanza de vida de sus habitantes, generan un deterioro social que se agudiza frente a los graves problemas de inseguridad que se padecen en esta zona. Recordemos que la falta de esperanza de una vida mejor y el abandono social encuentra refugio en las drogas y el alcoholismo como fuga de su situación y propicia una espiral cada vez más dramática.

No vengo aquí a solicitar un paliativo que subsane temporalmente algunos de los efectos de la situación de miseria que se vive en esta zona, quiero hacer énfasis en la necesidad de un Programa de desarrollo integral de aplicación inmediata pero con una perspectiva de largo plazo que permita elevar la esperanza de vida de sus habitantes y los integre a las oportunidades del desarrollo.

Estoy consciente de que este problema no es exclusivo de esta zona, sino que es una característica que permea gran parte del país. Sin embargo, hago énfasis especial en esta zona porque existe un compromiso inacabado por parte del gobierno del Distrito Federal, que años atrás asumió la responsabilidad de rescatar a esta comunidad mediante la firma de un convenio y que con el paso de los años éste se ha ido postergando.

El antecedente del compromiso asumido por parte del Gobierno del Distrito Federal para mejorar y sustituir las viviendas de los habitantes de Cabeza de Juárez se suscribió en el año 2001 mediante un convenio que establece la responsabilidad del gobierno de dotar a esa comunidad de los servicios urbanos más indispensables y sin embargo hoy, a 5 años de haber firmado ese compromiso, observamos que en lo fundamental no se ha cumplido. Por eso quiero hacer memoria de estos hechos. El problema de la pobreza no es un asunto que debamos resolver por caridad, buena voluntad o generosidad. Necesitamos hacer frente a este problema con programas integrales porque la marginación representa una amenaza a la integridad de las personas, que comienzan perdiéndose a sí mismas y terminan por descomponer su entorno.

Es amedrentadora la idea de imaginar que los códigos de conducta de los reclusorios de la ciudad se trasladen hasta nuestras calles. La marginalidad en la que se encuentran miles de familias en Iztapalapa, particularmente en la zona de Cabeza de Juárez, representa no sólo una grave situación precaria, sino también una señal de alarma que debe consternarnos.

Las familias que habitan en la zona de Cabeza de Juárez se encuentran en un estado de emergencia y la atención a este problema no puede postergarse.

Por eso solicito, con fundamento en los artículos 25, 26 y 122, base segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Gobierno del Distrito Federal que destine a través de una partida presupuestal especial para que instrumente un programa de desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de Cabeza de Juárez, y que en dicho programa se establezcan metas, flujo de recursos y plazos de cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que destine recursos a través de una partida presupuestal especial para aplicar un programa de emergencia al combate de la pobreza extrema, que padecen los habitantes de la zona de cabeza de Juárez, Iztapalapa.

Se turna a la Comisión del.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los directores del ISSSTE y del IMSS, suscrita por los senadores Claudia Corichi García y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Claudia Corichi García y Tomás Torres Mercado, senadores de la República en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las reivindicaciones más importantes de seguridad social se traduce en el derecho de madres y padres trabajadores que sus hijos reciban el servicio de guarderías. Para ello trabajadores y trabajadoras y patrones cubren, pagan cuotas y contribuciones.

Este derecho de recibir el servicio y la obligación de la contraprestación está elevado a rango constitucional y legal en el artículo 123, apartados A y B.

El servicio de guardería es un derecho de los padres trabajadores que no pueden proporcionar cuidados a sus hijos durante su jornada laboral, un derecho reconocido por nuestro marco jurídico, que no debe ser negado o condicionado por nadie.

Desafortunadamente, quienes detentan actualmente la titularidad del Poder Ejecutivo lo presentan como una prerrogativa que puede ser concedida a capricho: una dádiva por la que deben sentir agradecimiento los ciudadanos beneficiados y que debe ser reconocida como logro, como una promesa cumplida de campaña.

Para nadie es un secreto que este derecho es utilizado en la práctica por la Secretaría de Desarrollo Social federal como un mecanismo para conformar clientelas políticas.

Lo peor es que esta situación ha sido impulsada por la incapacidad del propio gobierno y de las instituciones públicas de salud y seguridad social para garantizar la prestación de tales servicios. Los trabajadores aportan recursos para la obtención del servicio de guardería, pero las instituciones no cumplen con la obligación correlativa o lo hacen de manera deficiente.

En los hechos el IMSS y el ISSSTE parece que han abandonado esta obligación y en su lugar, la Sedesol ahora dice disponer de 1000 mmp, que manejará discrecionalmente para ``guarderías'' operando políticamente y encubriendo, la grave omisión de dichos organismos.

Al final queda claro que al gobierno federal no sólo le faltan instalaciones o personal en materia de guarderías, sino capacidad y un plan estratégico que garantice el cumplimiento de los derechos sociales de la población mexicana.

Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión cita a comparecer a los directores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen de manera pormenorizada sobre la situación en que se encuentran los servicios de guardería que prestan sus instituciones.

Se turna a la Comisión de Seguridad Socialde la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la viabilidad del Seguro Médico Universal, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD

En México, uno de los principales lastres en la última década ha sido el concerniente a la atención médica, derivado de varios factores, ente los cuales se encuentran el nulo crecimiento de la infraestructura de salud pública, el alarmante desabasto de medicamentos en el sector salud, el nulo aumento de plazas de médicos y enfermeras, el aumento de las enfermedades crónico degenerativas, el aumento en la longevidad de la población aunado a la falta de políticas públicas de salud entre muchos otros.

No bastante con esta crisis en el sector salud, el pasado 8 de enero el Presidente de la República conjuntamente con el sector salud pone en marcha su programa estrella denominado: Seguro Universal, cuyo objetivo es otorgarle atención médica a todos lo nacidos a partir del primer minuto del 1 diciembre de 2006, y que no es otra cosa, que la continuación del fracasado programa del sexenio pasado, Seguro Popular, que de lo único que sirvió es para enaltecer la demagogia del gobierno en turno, burlándose arteramente de la salud de los mexicanos, a los cuales lo único que se les otorgaba era una simple consulta y atención médica a una que otra enfermedad como si se tratara de recibir una limosna, porque este multicitado seguro popular no cubre todas la enfermedades como lo quisieron hacer ver, y lo podemos constatar el día de hoy con el testimonio de cualquier médico del sector salud.

Ahora, este gobierno nos quiere marcar como mexicanos de primera y de segunda, ¡tú si tienes derecho, pero tú no!, como si no fuera suficiente la polarización que existe en todo el país, ¿qué diferencia hay entre una persona que nació el 30 de noviembre y otra que nació el 1 de diciembre?, ¿dónde quedaron nuestras garantías individuales consagradas en nuestra carta magna?, me refiero a la garantía de igualdad que nos hace a todos los mexicanos iguales en igualdad de circunstancias o acaso la Constitución General de la República ahora es selectiva igual que su seguro universal, el nombre correcto de este programa es ``simulación'', de la cual todos los mexicanos ya están en el límite.

Este programa pone en riesgo la salud de millones de mexicanos, por una parte al no aumentarse la matrícula médica en el país y la infraestructura hospitalaria, y, por otra parte el sobresaturar los servicios médicos del sector salud, desencadenará en una serie de deficiencias médicas por el simple hecho de que todo ser humano tiene un límite en su capacidad física e intelectual y que derivaría en un serie de diagnósticos erróneos dentro de los cuales a ninguno nos gustaría encontrarnos.

Aunado a lo anterior, como lo anuncio el titular del Poder Ejecutivo, ante la falta de capacidad de los servicios de salud para este programa, se aplicaría la figura de la subrogación de servicios que esta plenamente fundada en la Ley General de Salud y la del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual derivaría en un alta erogación de los recursos públicos donde el principal beneficiario seria la iniciativa privada creándose un preámbulo para la privatización de algunos servicios de salud.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de éste Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía cita a los titulares de la Secretaría de Salud doctor José Ángel Córdova Villalobos y del Instituto Mexicano del Seguro Social maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, a fin de explicar la capacidad institucional, los alcances del programa, el financiamiento, y beneficios del programa del seguro universal.

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Quintana Roo a combatir la red de prostitución en dicha entidad, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país se ha caracterizado y posicionado en el mercado internacional turístico por sus grandes atractivos naturales que complementados con la historia, la cultura, la arquitectura y la hospitalidad de los mexicanos, dan por resultado que México sea un abanico de posibilidades para los turistas tanto nacionales como extranjeros.

El turista extranjero reconoce de México la hospitalidad como un valor especial. Sin embargo, en los últimos días, nuevamente, el centro turístico de Cancún, la segunda localidad con mayor atracción de turistas extranjeros, se ha visto envuelto en una serie de problemas vinculados a una red de prostitución manejada por un extranjero, protegido por autoridades tanto federales como municipales.

Según datos internacionales, en lo que va de esta década, México se ha convertido en uno de los destinos principales para el turismo sexual. Existen sitios en Internet dedicados al turismo sexual que ofrecen paquetes que incluyen avión, hotel y direcciones de burdeles mexicanos, particularmente en sitios turísticos.

La problemática del turismo sexual en nuestro país incorpora tanto a mujeres extranjeras tratadas casi como esclavas como a niños. Estudios internacionales señalan que existen 250 mil menores en la industria sexual de México. La Organización Mundial del Comercio afirma que de 700 millones de turistas internacionales al año, hay un 20 por ciento que se mueve con fines sexuales y un 3 por ciento tiene inclinaciones pedófilas.

Es obligación de todas las autoridades y gobiernos municipales, estatales y federales trabajar en contra de este tipo de turismo.

México es un país con gran potencial turístico. Se debe contrarrestar y trabajar porque en contra de que continúe creciendo el turismo que viaja a nuestro país atraído por una oferta sexual ilegal.

Un ejemplo vergonzoso para nuestro país es el caso de Raúl Luis Martins C., ciudadano argentino acusado de controlar una red de prostitución y servicios sexuales para empresarios, políticos y narcotraficantes en Cancún y Playa del Carmen.

Aunque en meses pasados el caso apareció en la prensa local centrado en la supuesta protección que el argentino recibió del ex gobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks, en los medios de comunicación se afirma que el actual gobernador, Félix González, continúa protegiéndolo.

La prensa escrita afirma que el argentino actualmente es responsable de The One, en Cancún, y Maxim, de Playa del Carmen, en los que unas 150 mujeres ejercen la prostitución de manera cercana al semiesclavismo, según acusa el ex abogado de Martins en México y Argentina Claudio Lifschitz.

Añade que Martins tiene sus permisos migratorios vencidos y que mantiene una relación cercana con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Pedro Ramírez, y con el empresario Isaac Hamui.

Todo ello no sólo representa campañas de desprestigio para nuestro país, sino es una muestra más de la impunidad. Es fundamental, que la Procuraduría General de la República, esclarezca el caso, y el Instituto Nacional de Migración, cumpla con su obligación para evitar que se continúen con el tráfico de personas y se eviten estancias ilegales en el país, como es el caso del Raúl Luis Martins.

Por lo anterior se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a la Procuraduría General de la República para que den seguimiento y pronto fallo, contra quien resulte responsable del tráfico de personas y de actos de corrupción y de impunidad en el caso de la red de prostitución que opera en dicha entidad.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que revise y en su caso aplique la ley para los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país.

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al estado de conservación que guardan las redes carreteras operadas por Capufe, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Tomás Torres Mercado, Antonio Mejía Haro y Rubén Fernando Velázquez López, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo con relación al estado de conservación que guardan las redes operadas por Capufe, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La red carretera de México constituye un pilar fundamental de la actividad económica nacional. Según datos del Instituto Mexicano del Transporte, por ésta fluyen 80 por ciento de las cargas que se trasladan en nuestro territorio, así como el 98 por ciento del movimiento de pasajeros, por lo que el buen funcionamiento de su entramado se hace imprescindible para el correcto desarrollo comercial, social e industrial de nuestro país.

En este tenor, el adecuado mantenimiento de las condiciones de seguridad requeridas en las autopistas, puentes y carreteras, o la falta de éste; tiene serias implicaciones sociales, económicas e incluso éticas (por la pérdida de vidas humanas), que no pueden escapar de nuestra atención, especialmente cuando nos referimos a las vías concesionadas a través de Capufe, pues la red de autopistas de cuota en México, es una de las más extensas a nivel global.

Hacemos hincapié en ello, pues no obstante la obligación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para restaurar y modernizar las vías generales de comunicación que administra; el estado de conservación de gran parte de esas carreteras es francamente deplorable, más aún, considerando las elevadas cuotas de peaje (que recientemente fueron aumentadas) que tiene que cubrir el usuario y el gran aforo vehicular con que cuentan --por ejemplo y según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la autopista México--Querétaro reporta en promedio 240 ingresos vehiculares por 282 salidas por hora; en el mismo tiempo entran a la ciudad de México 108 vehículos por la México-Puebla y salen mil 126; por la México-Toluca la cifra es de 72 por 42, respectivamente; para el caso de la autopista México-Pachuca, por cada 66 automotores que llegan, salen 78, y en la México-Texcoco-Lechería, ingresan 36 y salen 42.

Es oportuno recordar que a penas hace poco más de un año, en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la SCT y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el otrora titular de la Dirección de conservación de Carreteras ciudadano Arturo Monforte Ocampo, afirmó que el cincuenta por ciento de las carreteras no cumplen con los estándares internacionales de seguridad y que hasta el 15 por ciento de éstas, se encuentran en condiciones ``deficientes'' en su superficie de rodamiento. Asimismo, el ex funcionario señaló que las carreteras de Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas son las más afectadas. No obstante el tiempo transcurrido, a la fecha, tal situación no ha mejorado.

Como ejemplos, tenemos los siguientes:

En la carretera Ocozocoautla-Las Choapas, en Chiapas, será necesario invertir más de 245 millones de pesos para la mejora de 75 de 198 kilómetros en estado crítico. Estos trabajos, aumentan hasta en noventa minutos el tiempo de trayecto del usuario --es decir, de una hora con cincuenta minutos a tres horas veinte minutos--, sin que por ello haya bajado la cuota de peaje.

Es por demás conocido el caso de la llamada Autopista del Sol, donde debido al mal estado de la misma tuvieron que hacer una nueva inversión de casi 200 millones de pesos y sólo redujo la cuota en un 20 por ciento.

Otro caso de mala infraestructura, es el del puente La Ventosa, donde bastaron vientos de 70 kilómetros por hora para derribar cuatro estructuras de 30 toneladas que sostendrían el puente que se construye entre las localidades de Niltepec y La Ventosa, de la vía federal Panamericana.

Finalmente, es necesario mencionar los casos de la carretera internacional que va de Lagunitas (Guatemala) a El Ceibo (Tabasco), y los 251 kilómetros que conforman la autopista de Cosoleacaque, Veracruz a Ocosocuautla, Chiapas; en ambos casos hablamos de caminos sumamente riesgosos por la falta de señalamientos en los tramos en reparación y las malas condiciones en general de su superficie de rodamiento; lo cual redunda en pérdidas al usuario, tanto de tiempo, como económicas por los daños que sufren sus vehículos por el tránsito en estos caminos, y en el peor de los casos, de vidas humanas por la cantidad de accidentes que en estas rutas ocurren.

Este esquema se reproduce a lo largo del país y se agrava en los estados del sur- sureste, por lo que es urgente dar una mayor atención al sistema carretero, brindar mayores condiciones de seguridad al usuario y establecer la imposibilidad de cobro de peaje en aquellos caminos que no cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad.

Para concluir, debemos considerar en esta solicitud de información los casos de los tramos carreteros del Corredor Transístmico que si bien fueron inaugurados en marzo de 2005 por el entonces presidente Vicente Fox, a la fecha están inconclusos. Tal es el caso de 79 kilómetros de la autopista La Ventosa--Bahía de Huatulco; 77 kilómetros de La Ventosa--ciudad de Oaxaca; y los tramos que van de La Ventosa a Zamatepec, Coatzacoalcos y tres vías corredor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta representación soberana a los ciudadanos secretario de Comunicaciones y Transportes, Luís Téllez Kuenzler, y director general de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, Manuel Zubiria Maqueo, para informar respecto los siguientes asuntos:

a) El estado de conservación que guardan las autopistas y los puentes de la red carretera nacional actualmente concesionados;

b) La situación de los tramos carreteros inconclusos del corredor transístmico en los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas que forman parte de la ruta del llamado Plan Puebla Panamá, en especial de los tramos que van de La Ventosa a los siguientes destinos: Bahía de Huatulco, ciudad de Oaxaca, Zamatepec, Coatzacoalcos y Tres vías corredor;

c) El esquema de concesión de autopistas y bursatilización de nuevos tramos carreteros, y

d) La capacidad de las empresas concesionarias para hacer frente a los compromisos derivados de la operación y mantenimiento de las vías a su cargo, especialmente en lo referido al mantenimiento de condiciones óptimas de seguridad para el usuario.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luís Téllez Kuenzler, para que determinen la imposibilidad de cobro de peaje en los tramos carreteros, autopistas y puentes concesionados que no cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad, hasta en tanto el consecionario no cumpla cabalmente con sus obligaciones de operación y mantenimiento y concluya los trabajos de reparación mayor necesarios.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luís Téllez Kuenzler, para que presenten ante esta representación soberana un informe detallado y pormenorizado respecto de la inversión federal para la reconstrucción y el rescate carretero de 1997 a la fecha.

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente. Se dará lectura al orden del día de la próxima sesión.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 24 de enero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Solicitudes de particulares

Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ignacio Gutiérrez Aranzeta y Alfonso Acevedo Almanza puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (a las 15:06 horas): Les recuerdo que el próximo miércoles la sesión inicia con la presentación del informe del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Ese será el primer asunto en el orden del día. Hoy se turna la solicitud a las distintas dependencias para que las comisiones puedan citar a los funcionarios, tal como se aprobó el día de hoy y ésto corresponderá a las Juntas de Coordinación, tal como existe un mecanismo, a través de la Secretaría de Gobernación. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 24 de enero a las 11: 00 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas
• Quórum a la apertura de sesión: 28 legisladores
• Diputado que solicita licencia: 1
• Senador que solicita licencia: 1
• Declaratoria que declara reformado el artículo 76, fracción I, y el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Puntos de acuerdo, aprobados: 2
• Proposiciones con punto de acuerdo: 37
Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 71PAN-13, PRD-26, PRI-24, PVEM-3, PT-3, Convergencia-2
• Se recibió:
• 1 oficio del Congreso del estado de Nuevo León;
• 1 oficio del gobernador constitucional del estado de Michoacán;
• 2 oficios de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal;
• 1 oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióncon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 7 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que 7 ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, respectivamente;
• 4 oficios de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que remite acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, relativo a la sede y operación del Centro de México; y los gobiernos de Nueva Zelandia de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, respectivamente;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite acta de rectificación al Acuerdo de Complementación Económica número 60 suscrito entre México y Uruguay (Tratado de Libre Comercio);
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite las fracciones arancelarias omitidas y correcciones al Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay;
• 1 oficio de la Cámara de Diputados, por el que remite el expediente relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I, y el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Jalisco;
• 4 iniciativas del PAN;
• 4 iniciativas del PRD;
• 5 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa del Convergencia;
• 1 iniciativa del PT
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en las embajadas del Ecuador y de Australia en México;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón para prestar servicios en la embajada de Panamá en México;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a tres ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'' que les otorga el gobierno del Reino de España;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en las embajadas del Ecuador y de Australia en México;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón para prestar servicios en la embajada de Panamá en México;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a tres ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'' que les otorga el gobierno del Reino de España;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros;
• 24 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la ratificación de grados militares;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al Procurador General de la República a poner en funcionamiento las unidades mixtas de atención al narcomenudeo;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de su jurisdicción y competencia provea a que las autoridades federales, estatales y municipales respeten los derechos humanos y garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Uniónexhorta al Instituto Federal Electoral, a garantizar en el ajuste de su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cumplimiento de las metas previstas en el Proyecto de Actualización y Depuración del Padrón Electoral del Registro Federal de Electores de dicho instituto;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unióncita a comparecer, ante la Primera Comisión, a los titulares de la Procuraduría General de la Repúblicay la Secretaría de Seguridad Pública, para que informen sobre la situación general que prevalece en materia de seguridad pública a nivel nacional, y de los operativos especiales realizados en Michoacán y Tijuana;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecámac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentedel honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentedel honorable Congreso de la Unión, se pronuncia por el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias bilaterales México-Guatemala;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y al Procurador General de la República, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos, Sociedad Anónima de Capital Variable en las aduanas de México;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita al gobierno federal la aplicación de un subsidio al litro de leche que distribuye Liconsa;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la Repúblicay alsecretario de la Función Públicaen materia de responsabilidades de servidores públicos.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Agundis Arias, Francisco (PVEM) Proposiciones con punto de acuerdo: 185
• Álvarez Ramón, Silbestre(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 199
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación: 135
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Proposiciones con punto de acuerdo: 196, 210
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo: 87
• Andrade Quezada, Humberto (PAN) Acaparamiento del maíz en México: 165
• Andrade Quezada, Humberto (PAN) Nancy Pelosi: 153
• Arredondo Ibarra, Salvador(PAN) Proposiciones con punto de acuerdo: 181
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 178, 179
• Bolaños Aguilar, Edmundo Javier(PAN) Acaparamiento del maíz en México: 167
• Bolaños Aguilar, Edmundo Javier(PAN) Código Penal Federal: 131
• Bolaños Aguilar, Edmundo Javier(PAN) Proposiciones con punto de acuerdo: 189
• Caballero Chávez, Claudia Gabriela(PAN) Proposiciones con punto de acuerdo: 172
• Calzada Rovirosa, José (PRI) Leche Liconsa: 88
• Calzada Rovirosa, José Eduardo (PRI) Proposiciones con punto de acuerdo: 190, 198
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Acaparamiento del maíz en México: 165
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Ley Federal de Competencia Económica: 114
• Corichi García, Claudia Sofía (PRD) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 138
• Corichi García, Claudia Sofía (PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 204, 216
• Cué Monteagudo, Gabino (Convergencia) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 111
• García Cervantes, Ricardo Francisco (PAN) Proposiciones con punto de acuerdo: 191
• Godoy Rangel, Leonel (PRD) Acaparamiento del maíz en México: 162
• González Carrillo, Adriana (PAN) Proposiciones con punto de acuerdo: 193
• González Garza, Javier(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 171, 197
• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución DemocráticaProposiciones con punto de acuerdo: 174, 214, 219
• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionalLey del Seguro Social: 89, 90
• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionalProposiciones con punto de acuerdo: 176, 182, 192, 200
• Hernández Ramos, Minerva (PRD) Artículo 74 constitucional: 102, 126
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 141
• Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Acaparamiento del maíz en México: 151
• Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 104
• López Valdez, Mario (PRI) Acaparamiento del maíz en México: 169
• López Valdez, Mario (PRI) Constitución Política - Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 99
• López Valdez, Mario (PRI) Medios de Comunicación: 155
• López Valdez, Mario (PRI) Nancy Pelosi: 154
• López Valdez, Mario (PRI) Proposiciones con punto de acuerdo: 206
• Lozano de la Torre, Carlos (PRI) Acaparamiento del maíz en México: 159
• Lozano de la Torre, Carlos (PRI) Proposiciones con punto de acuerdo: 177
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Acaparamiento del maíz en México: 168
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 178, 179, 195, 217
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Guantánamo: 86
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Acaparamiento del maíz en México: 156, 166
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 200, 208, 216
• Morales García, Elizabeth(PRI) Proposiciones con punto de acuerdo: 187
• Moreno Cárdenas, Alejandro (PRI) Artículos 46 y 76 constitucionales: 120
• Muñoz Serrano, José Antonio(PAN) Código Fiscal de la Federación: 118
• Muñoz Serrano, José Antonio(PAN) Ley que establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo - Ley del Impuesto al Valor Agregado: 91
• Pacheco Rodríguez, Ricardo Fidel (PRI) Proposiciones con punto de acuerdo: 173, 202
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Proposiciones con punto de acuerdo: 186
• Ramírez Garrido Abreu Graco (PRD) Ley que Crea el Fideicomiso que Establece un Subsidio a la Tortilla de Maíz para Consumo Humano: 147
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Acaparamiento del maíz en México: 158
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 213
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Acaparamiento del maíz en México: 163
• Zavaleta Salgado, Ruth(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 183