SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: ¿Falta algún legislador de pasar lista de asistencia? Señor Presidente, hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:23 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 24 de enero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación, por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo 1 de enero- 31 de diciembre de 2006.

Comunicaciones

Del senador Alfonso Abraham Sánchez Anaya.

De los congresos de Coahuila, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite contestación de la Auditoría Superior de la Federación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 4 de enero de 2006.

Del procurador de Justicia del estado de México

Con el que remite contestación a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Dirección General de Luz y Fuerza del Centro

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite contestación a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Iniciativa del Congreso de Jalisco

Que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicitudes de particulares

De los ciudadanos Alfonso Acevedo Almanza e Ignacio Gutiérrez Aranzeta para que puedan aceptar y usar la condecoración de Caballero en la orden de las Palmas Académicas, que les confiere el gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para dar cumplimiento al artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remite el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2007 (en siete tomos).

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe del titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, respecto a su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de la República de Nicaragua. (Turno a Comisión)

Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite su presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para enero y febrero de 2007.

Iniciativas de legisladores

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 76, 78, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Ángel Ramos Ramírez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Sonora, y Tijuana, Baja California, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio César López Baquera para aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Perú. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, José Gerardo Valcárcel del Barrio, Wilfrido Robledo Luna, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Martín Enrique Barney Montalvo y Alberto Castro Rosas para aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y las amenazas contra periodistas, y a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Gobernación, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir declaratoria de desastre y declaratoria de contingencia en diversos municipios de Tabasco.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar que se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se crea un grupo plural de trabajo de legisladores que, en coordinación con uno de expertos, visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca.

Proposiciones con punto de acuerdo

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas; y a los gobiernos estatales, a verificar su observancia, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, expedir una nueva convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para estudiar e investigar los casos del balneario público Palmilla, en Los Cabos, Baja California Sur; y El Tamarindillo, ejido El Ticuiz, en Coahuayana, Michoacán, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo correspondiente al maíz, a cargo del senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Programa Visión 2020 se integre en el Plan Nacional de Salud 2007-2012, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la STPS a realizar el pago a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex por sus aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros La República en el periodo comprendido entre 1970 y 1992, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que México manifieste mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores su rechazo a la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que investigue la legalidad de los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la SCT, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fijar por conducto de la Secretaría de Salud la postura del país en materia de salud reproductiva y sexual ante la 120 sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a promover mediante la Comisión de Hacienda y Crédito Público una reforma fiscal integral, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar al Poder Legislativo el proyecto de reforma relativo al proceso de unificación de mandos de diversas corporaciones policiales, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SEP, al Conaculta, al INAH y al GDF a adoptar las medidas necesarias sobre las modificaciones arquitectónicas que se llevan a cabo en la ex fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa, en la delegación Tlalpan, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre las acciones que emprenderá para prevenir las emisiones de gases de efecto de invernadero y la adaptación a las consecuencias del cambio climático, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a iniciativas pendientes de resolución en la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que envíe a la del Congreso de la Unión los nombramientos realizados para ocupar cuatro cargos superiores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de proceder al proceso de ratificación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados a remitir a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado al respecto por la LIX Legislatura, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la escalada de precios de los principales productos básicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a declarar zona de desastre diversos municipios de Tabasco y a destinar los recursos del Fonden correspondientes, suscrito por el diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre los municipios de Tabasco afectados por las lluvias derivadas de los frentes fríos 30 y 31, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con los salarios y las percepciones de los integrantes de la SCJN, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que emita las consideraciones y recomendaciones procedentes en los hechos ocurridos en el estado de Oaxaca, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados a revisar y evaluar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la del Congreso de la Unión felicita a los cineastas y artistas mexicanos por las recientes nominaciones y los reconocimientos recibidos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la situación alimentaria y la producción agrícola nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a la situación política del estado de Oaxaca, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios acerca de la situación de los presos por el conflicto en Oaxaca, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre las denuncias de la red de operación político-electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecisiete de enero de dos mil siete, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintiocho legisladores, a las once horas con veinticinco minutos del miércoles diecisiete de enero de dos mil siete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

El Congreso del estado de Nuevo León remite punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados para que unan esfuerzos con el fin de regular de forma más eficiente la entrada y salida de vehículos de procedencia extranjera que son propiedad de mexicanos o extranjeros, procurando eliminar trámites obsoletos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El gobernador constitucional del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, remite oficio por el que comunica su adhesión a la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de honor del recinto del honorable Congreso de la Unión, la leyenda ``Constituyentes de Apatzingán'', presentada por el diputado Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remite dos oficios por los que comunica que:

La diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita licencia del dieciocho de enero al diecinueve de febrero de dos mil siete, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el primer distrito electoral del estado de Quintana Roo. En votación económica la asamblea aprueba la licencia solicitada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El senador Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional, solicita licencia para separarse de sus funciones como senador de la República, por cuarenta días naturales a partir de esta fecha. En votación económica la asamblea aprueba la licencia solicitada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo nueve de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Se reciben dos oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

La Secretaría da lectura a un oficio de la Cámara de Diputados por el que remite el expediente relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y seis fracción primera, y el artículo ochenta y nueve fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría realiza el escrutinio y computo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de veinte votos aprobatorios. La Presidencia emite la siguiente declaratoria: La Comisión Permanente, en uso de la facultad que le confiere el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo setenta y seis fracción primera, y el artículo ochenta y nueve fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Se reciben de la Primera Comisión de Trabajo, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto que conceden:

Quedan de Primera Lectura. En votación económica se les dispensa la segunda lectura, y se aprueban en conjunto por veintisiete votos en pro. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se reciben de la Segunda Comisión, veinticuatro dictámenes con puntos de acuerdo relativos a la ratificación de grados militares. En votación económica, la asamblea acepta dar lectura sólo a los puntos de acuerdo y de la misma manera se aprueban. Comuníquense al Ejecutivo federal.

En votación económica la asamblea acepta se dé lectura a los encabezados de los siguientes dictámenes con punto de acuerdo:

a) De la Primera Comisión.

b) De la Segunda Comisión:

c) De la Tercera Comisión:

En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto suscritas por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Se turnan a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Se presentan las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibe de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que deroga el párrafo tercero de la fracción cuarto del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Continúan la presentación de iniciativas con proyecto de decreto:

De Ley Reglamentaria de los artículos cuarenta y seis, y cuarenta y siete fracciones décima y décima primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

Se recibe de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Continúan la presentación de iniciativas con proyecto de decreto:

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

Se recibe del senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa de Ley que crea el fideicomiso que establece un Subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

En votación económica, la asamblea acepta modificar el orden del día e incluir un dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República y al secretario de la Función Pública en materia de responsabilidades de servidores públicos. En votación económica la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Se presentan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

diputado Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo, senador Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar , del Partido Acción Nacional; diputado Octavio Martínez Vargas , del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una adición al punto de acuerdo del senador Lozano de la Torre; y senador Mario López Valdés, del Partido Revolucionario Institucional. En sendas votaciones económicas, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo de los senadores Monreal Ávila y Lozano de la Torre, éste último con la adición propuesta por el diputado Martínez Vargas. Comuníquense. El Presidente informa que las juntas de coordinación política de ambas cámaras, se encargarán de notificar a los funcionarios que serán citados a comparecer, de conformidad a los puntos de acuerdo aprobados este día.

La Presidencia anuncia que las cuarenta y nueve proposiciones incluidas en el orden del día de la presente sesión que no tuvieron oportunidad de presentarse, se turnarán a las comisiones de las Cámaras de Senadores o de Diputados, según corresponda.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la del día a las quince horas con veinticinco minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el miércoles veinticuatro de enero de dos mil siete a las once horas, en la que se llevará a cabo la presentación del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el doctor José Luis Soberanes Fernández.

Se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los siguientes legisladores: diputado José Antonio Muñoz Serrano , diputado Felipe González Ruiz , diputado Raúl Cervantes Andrade , senador José Eduardo Calzada Rovirosa, diputado Octavio Martínez Vargas y diputado Antonio Xavier López Adame .

Solicito respetuosamente a los diputados y senadores que fueron designados que cumplan su cometido; y a las señoras y a los señores de los medios, que nos hagan el favor de pasar a los lugares que tienen asignados.

(La comisión cumple su cometido)

Se encuentran ante nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de presentar el informe de actividades correspondiente al año de 2006. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández hasta por 30 minutos.

El doctor José Luis Soberanes Fernández: Señor diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; señora diputada Omeheira López Reyna , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; distinguidas señoras legisladoras, señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de las señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me honran con su asistencia esta mañana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos, comparezco ante esta soberanía para rendir el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al año de 2006.

Por un vasto conjunto de razones a las cuales habré de referirme, los derechos humanos fueron durante 2006 un tema toral de la sociedad mexicana. La discusión sobre la vigencia y el alcance de las garantías fundamentales rebasó durante este agitado lapso sus hasta entonces ámbitos habituales, los espacios editoriales, políticos y académicos, para instalarse como tema de preocupación en las conversaciones ordinarias entre vecinos, entre compañeros de trabajo y hasta entre las propias familias.

A raíz de varios casos motores de inquietud y turbulencia social, la opinión pública se preguntó: ¿hasta dónde puede y debe acotarse la autoridad gubernamental y cuáles deben ser los límites del derecho a manifestarse? Profundizó también sus cuestionamientos sobre la tendencia a criminalizar la migración; demandó categóricamente su derecho a la seguridad y pugnó con fuerza por una amplia libertad de prensa en favor del derecho a saber y a opinar sobre los asuntos de interés público.

Ciertamente, este proceso de maduración social no ha sido fácil. Durante 2006 padecimos, por una parte, una enconada polarización política y por otra, niveles inéditos de violencia criminal y desbordamiento de la delincuencia organizada.

La muerte de más de mil 700 personas en ejecuciones, productos de la venganza entre bandas y la aparente ausencia de autoridad para preservar la seguridad en algunas localidades del país, mostraron la espiral de violencia interminable ocasionada por la impunidad del crimen organizado, cuya ilegal vigencia es aún ominosa.

En otros espacios de la vida pública, las imágenes de 2006, cuando vimos policías indefensos golpeados por ciudadanos o a la inversa, ciudadanos indefensos golpeados por policías, siguen siendo no sólo una cicatriz en nuestra conciencia comunitaria, sino también un recordatorio que nos obliga a reflexionar sobre la nítida frontera existente siempre entre la venganza y el uso legítimo de la fuerza pública.

De haber vivido en un sistema autoritario, diferentes hechos violentos de 2006 nos habrían hecho retroceder como sociedad. Por el contrario, gracias a las libertades de la democracia, al celo y a la decisión de preservarlas, nuestra cultura política dio un paso al frente; los mexicanos pudimos discutir, cuestionar, intercambiar opiniones y llegar a una conclusión: queremos un país en paz, con un estado de derecho vigente y un absoluto respeto de los derechos fundamentales.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyamos y participamos en este proceso complejo de maduración de la sociedad mexicana, el cual observamos como interminable evolución tanto en el reconocimiento al respeto irrestricto de los derechos humanos, como en un compromiso general de respeto a la legalidad.

Durante 2006, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendimos 6 mil 895 quejas y emitimos 46 recomendaciones. Las autoridades con más recomendaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública federal, con ocho; el Instituto Nacional de Migración, que recibió siete; y la Procuraduría General de la República, con cuatro.

Debemos lamentar que durante este periodo diversas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de esta Comisión Nacional, entre ellas el secretario de Seguridad Pública federal, el gobernador de Querétaro y el secretario de Marina.

Es deplorable el hecho de que una autoridad renuente a una recomendación del ombudsman no sólo por el mensaje de desprecio a los derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad sino también por fomento al clima de impunidad entre los servidores públicos a darles una especie de patente de corso frente a violaciones de la ley, augurándoles actos de igual naturaleza sin investigación ni castigo.

Durante ese año hicimos un especial esfuerzo por negociar acuerdos de conciliación entre las partes. Fomentamos una cultura de diálogo, logramos así concretar 2 mil 441 procesos conciliatorios, siempre a favor del quejoso para restituir el derecho conculcado por alguna autoridad.

Este mismo espíritu de colaboración y de servicio se mostró en los 155 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada. Emitimos llamados a todas las autoridades del país por medio de tres recomendaciones generales relativas al uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, al otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a reclusos y a la práctica de verificaciones migratorias ilegales.

Consideramos obligación de los presidentes municipales, los gobiernos de las entidades federativas y el Ejecutivo federal mantener y mejorar su coordinación en estos temas de notable trascendencia para los derechos humanos.

Dimos atención especial a cuatro casos de gran sensibilidad para la sociedad mexicana como fueron los ocurridos en Pasta de Conchos, Coahuila; Lázaro Cárdenas, Michoacán; en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México; y en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

Nuestros visitadores estuvieron en cada una de dichas comunidades para atender a la población y, a no dudarlo, su presencia contribuyó a evitar mayores violaciones a los derechos humanos.

Estos casos evidenciaron serias fallas en el funcionamiento del gobierno federal en su conjunto. El abuso de la autoridad policiaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Atenco, estado de México, desnudó una alarmante realidad de nuestros cuerpos de seguridad. A los agravios físicos y psicológicos contra la población, se sumó uno más.

Meses después, cuando la autoridad federal --concretamente, la Secretaría de Seguridad Pública-- rechazó nuestras recomendaciones y canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos, abrió --como quedó señalado-- un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento.

Ante la preocupante situación generada por los desbordamientos violentos de la delincuencia organizada, elaboramos un informe especial sobre el ejercicio efectivo del derecho de seguridad pública. En él no sólo propusimos a los gobernantes 16 medidas concretas, sino llamamos también su atención sobre procesos sumamente negativos de desconfianza en las autoridades que aumentan el riesgo de ser más frecuentes los actos de linchamiento y justicia por propia mano.

El impulso a respetar los derechos fundamentales tanto como otros asuntos, requerirán un nutrido diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, por ello buscaremos contribuir a la construcción de un sano debate alrededor de los temas de la agenda de derechos humanos que entregamos en 2006 a los candidatos a puestos de elección popular.

Estamos convencidos: las victorias más significativas para el avance de un país democrático deben originarse, de fondo, en la educación cívica. Por ello desplegamos un esfuerzo importante en materia de promoción, divulgación y estudio de las garantías fundamentales, difundimos más de 1 millón de libros y publicaciones para enriquecer la cultura de los derechos humanos entre la sociedad mexicana.

El esfuerzo de la CNDH fue apoyado por legisladores durante 2006. Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en dicho periodo nos permiten ahora solicitar la aplicación de sanciones penales a los servidores que brinden información falsa a esta comisión.

También se otorgó a la CNDH la facultad de solicitar que se inicien procedimientos administrativos contra trabajadores gubernamentales. Así avanzamos hacia el objetivo de evitar el doloroso bloqueo de nuestra labor por parte de malos servidores públicos.

Asimismo, estas reformas legales permitieron a la CNDH garantizar la posesión de un patrimonio propio. Este positivo cambio significó un avance más en el fortalecimiento de nuestra autonomía. Podemos decir, con toda certeza, que gracias al Poder Legislativo federal hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es más libre y más fuerte.

También en 2006 ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales aprobaron una reforma constitucional para dar a la CNDH la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados antagónicos a la Carta Magna. Esta capacidad se hizo extensiva a los organismos públicos defensores de los derechos humanos de las distintas entidades federativas respecto a las leyes locales.

Los legisladores mexicanos demostraron estar plenamente conscientes de lo indispensable de acotar el poder público mediante la primacía de la legalidad. Gracias a los diputados y senadores, ahora los defensores públicos de los derechos humanos tenemos más y mejores herramientas frente a los posibles actos arbitrarios del poder.

No quiero soslayarlo. El de 2006 fue un año negro para la prensa en México. Los periodistas son un grupo vulnerable. A pesar de la creación de una Fiscalía para delitos cometidos en su contra, las denuncias tuvieron un rasgo común: no han sido resueltas de manera satisfactoria, ni esclarecidos los hechos motivo de las quejas.

Además de promover cambios jurídicos para garantizar el secreto profesional de los comunicadores, la CNDH ha pugnado por acelerar reformas legales, mediante las cuales los periodistas ya no puedan ser acusados penalmente por presuntos delitos de calumnia y difamación al ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Así como es urgente e indispensable investigar las agresiones consumadas contra comunicadores, también lo es garantizar la protección legal que les permita realizar su labor social sin amenaza alguna. La salud de nuestra democracia así lo demanda.

Cuando un gobierno falla en su deber de responder por la seguridad de los comunicadores, coarta indirectamente la libertad de prensa y la autocensura se convierte en la única opción para garantizar la supervivencia.

Por otro lado, con mucha pena tengo que decir que los defensores públicos de los derechos humanos enfrentamos presiones en 2006. En situaciones de franco descontrol interno, funcionarios de segundo y tercer nivel de la Procuraduría General de la República tergiversaron e incumplieron incluso, con sus ordenamientos internos con ánimo insistente de atacar a la gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera por demás insólita, al grado de interponer acusaciones penales y demandas judiciales por actos directamente relacionados con el ejercicio de las funciones del ombudsman, violando con ello la legislación.

Pero lo peor resultó ser la promoción y el aliento de tales despropósitos por parte de la autoridad, creando una especie de persecución política contra el ombudsman nacional, tolerada y quizás auspiciada desde la jefatura del Estado. Esta situación no ha sido aclarada todavía.

A pesar de esas presiones nos concentramos en lo más importante, trabajar a favor de la ciudadanía. Quizá por ello, gran parte de los mexicanos aprecian nuestra labor y tenemos un alto nivel de aprobación por parte de la sociedad. En los últimos años, diversos estudios de opinión han mostrado a la CNDH como una institución en la cual los ciudadanos depositan permanentemente su confianza.

Señoras y señores legisladores: el ombudsman es una institución de la democracia y para la democracia, cuya pertinencia ha quedado acreditada en más de 90 países del mundo. En nuestro país es además la institución protectora y promotora de derechos humanos, cuya existencia recomienda la Organización de las Naciones Unidas para todas las naciones.

Gozando afortunadamente de una autonomía ejemplar superior a lo exigido en los llamados Principios de París, de observancia internacional, la fuerza del ombudsman no reside en la coacción ni en la coerción del Estado, sino en la fuerza moral de la ley --''la buena ley'', de la que hablaba Morelos--. Por eso su principal arma debe ser el convencimiento.

Poco podremos avanzar en la ruta de la democracia si carecemos de la certeza de la sociedad sobre la bondad y necesidad de nuestro afán social y legal. Así como de la sensibilidad gubernamental para comprender nuestro trabajo como una forma de alianza genuina; pues con él ayudamos a cumplir el orden jurídico, considerado como el primer objetivo de los desvelos y preocupaciones del Estado.

No somos el enemigo a vencer ni voces para la prédica hueca; somos aliados de quienes tienen a su cargo la comunidad política. A ellos les auxiliamos para cumplir mejor su trabajo y realizar valores y principios esenciales de la justicia, la seguridad jurídica y la paz. Cuando así seamos vistos, estén ustedes seguros, señoras y señores legisladores, habremos dado un gran paso en la vida democrática del país.

Por ello, el ánimo de este informe no es señalar culpables ni dañar políticamente a ningún individuo, muy por el contrario, difundir y analizar los asuntos abordados por la comisión en 2006 echará la luz sobre uno de los años más trascendentales en la vida política nacional, a fin de construir para el futuro. Antes de dar vuelta a la página hay que leerla completa.

En este informe se pueden encontrar indicios claros sobre las áreas cuyo mejoramiento resulta indispensable para reforzar el respeto del Ejecutivo federal a los derechos humanos. Nuestra intención no es ser verdugos sino ofrecer instrumentos para mejorar el servicio público.

A pesar de cualquier idea simplista, esto tiene una poderosa razón. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pugnamos por tener autoridades débiles ni gobiernos temerosos y usar las herramientas otorgadas por la ley.

Haber debilitado al Estado --como sin duda se hizo-- dejó a México en una situación precaria. Hoy es indispensable comenzar a preocuparnos no sólo por el tipo de gobierno existente, sino también por el grado de gobierno en algunas regiones. Urge más república en nuestra democracia. El gobernante temeroso de usar legalmente su autoridad genera vacíos. La apatía oficial otorga a los grupos de presión de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Asimismo, cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia.

El estado de derecho, estamos ciertos, es tan sólido como el gobierno que lo hace cumplir. Sólo los gobernantes ceñidos estrictamente a la ley pueden demandar el cumplimiento de los demás. Sólo en un país de leyes puede haber dignidad, igualdad, orden y respeto a los derechos humanos para todas las personas.

Si los actores políticos y la sociedad en general privilegiamos la cultura del diálogo y renovamos nuestra fe en la palabra como instrumento de acuerdo podemos aprovechar las duras lecciones de 2006 y consolidar en los siguientes años el anhelo de un país con generosidad y con justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia de la Comisión Permanentedel honorable Congreso de la Unión, al recibir el informe de actividades de 2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por su titular, el doctor José Luis Soberanes Fernández, reconoce el cumplimiento puntual de la ley y hace votos porque la cultura de respeto de los derechos humanos forme parte de nuestro modo de ser como sociedad que respeta la ley y el estado de derecho.

Y que reconoce la importancia de este órgano autónomo que debe orientar siempre su actividad al servicio de la dignidad de las personas; de todas las personas que acuden a esta comisión en búsqueda de una orientación, cuál es la naturaleza de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por su presencia, doctor.

Pido a la comisión de cortesía acompañe al doctor Soberanes. Gracias.

(La comisión cumple su cometido)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna el informe del doctor José Luis Soberanes Fernández a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría por favor.

SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

Quien suscribe, senador Alfonso A. Sánchez Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los diversos 47 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite a través de su amable conducto someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión solicitud de licencia temporal por requerir servicios de atención médica, con efectos a partir del 1 de febrero de 2007 y finalizar el 12 de marzo siguiente.

Sin más, agradezco la atención que otorgue a la presente y aprovecho la ocasión para expresarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia al C. Alfonso Abraham Sánchez Anaya, para separarse de sus funciones como senador de la República por el estado de Tlaxcala del 1 de febrero al 12 de marzo de 2007.

No habiendo quien haga uso de la palabra se procede a ponerlo a votación.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 22 de noviembre, el Pleno del Congreso del estado, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo sobre Los incrementos a la leche Liconsa, la gasolina y el diesel, decretados por el gobierno federal , planteada por los diputados Lorenzo Dávila Hernández y Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con el diputado Virgilio Maltos Long del Partido del Trabajo.

Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso aprobó un acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente

Primero. El Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, reprueba y condena los injustificados incrementos a los precios de la leche Liconsa, el diesel y la gasolina, decretados recientemente por el gobierno federal.

Segundo. Que con relación al incremento al precio de la leche Liconsa, que entró en vigor la semana pasada, se exhorte al Presidente Vicente Fox Quesada, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo de Administración de Liconsa a suspender en forma inmediata el aumento al precio de este producto.

Tercero. Asimismo respecto al aumento al precio de la gasolina Premium y diesel, se exhorte al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender en forma inmediata el incremento a estos combustibles.

Cuarto. Se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que retornen este asunto que ya fue planteado, a fin de tener una viabilidad de negociación al respecto con el Presidente de la República y el Presidente electo entrante.

Quinto. Asimismo, se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se adhieran a este punto de acuerdo.

En virtud de lo señalado y conforme a lo que se dispone en el artículo 258 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, se comunica a usted este acuerdo, para su conocimiento y la consideración de lo consignado en el apartado cuarto del mismo.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva dispensar a esta solicitud, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados Lorenzo Dávila Hernández y Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Virgilio Maltos Long, del Partido del Trabajo, mediante la cual se condenan los incrementos a la leche Liconsa y de la gasolina y el diesel, decretados por el gobierno federal

Los diputados Lorenzo Dávila Hernández y Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Virgilio Maltos Long, del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 49, fracción IV, 248, 251, y 252 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, someten a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se reprueban y condenan los incrementos a los precios de la leche Liconsa y de la gasolina y el diesel decretados por el gobierno federal.

Fundan y motivan la proposición en la siguiente

Exposición de Motivos

La semana pasada, de manera sorpresiva y a pocos días de concluir su gestión, la administración encabezada por el señor Fox, decretó un injustificado incremento a los precios de la leche Liconsa y de la gasolina y el diesel.

A la entrada en vigor de los mencionados aumentos, el nuevo precio de la leche Liconsa se incrementó a razón de un peso por cada litro, esto es de un precio de 3.50 pasó a costar 4.50 pesos. Asimismo, según lo informado por la Secretaría de Hacienda, se autorizó un aumento extraordinario del 4.2 por ciento en el precio de la gasolina Premium y de 3.3 por ciento en el caso del diesel, por cada litro, lo cual significa un duro golpe que repercute directamente en la economía de la ciudadanía.

Según el vocero presidencial, el incremento al precio del diesel y la gasolina, obedece a la necesidad de cumplir con las normas sobre protección a la ecología; y en cuanto al incremento en el precio de la leche, se argumenta que no había sufrido aumento en cinco años.

Al respecto, por principio de cuentas debe señalarse que el incremento al precio del diesel desencadenará, en el corto plazo, aumentos en prácticamente todos los artículos de consumo, pues es bien sabido que la mayoría de las mercancías para efectos de su comercialización y venta, deben ser transportadas por vía terrestre, siendo el diesel uno de los principales insumos utilizados para ese efecto.

En general, el aumento al precio de la gasolina y del diesel, representan medidas de impacto económico en cadena, que repercuten en los sectores de comunicaciones y de energía, con inevitables consecuencias de incrementos en cascada.

En el caso de la leche Liconsa es aún más grave, pues representa un golpe directo a la economía de los más desprotegidos, siendo un atentado contra el bienestar de los más pobres del país, que no tiene justificación.

En el plano económico, el déficit programado para el año 2006, en relación a la operación de Liconsa se ha visto reducido a una tercera parte de lo programado a principios del año. Lo anterior demuestra que la operatividad de Liconsa, en términos financieros, registraba una tendencia más favorable que la inicialmente programada por el propio gobierno foxista.

La situación económica por la que atraviesan la mayoría de los mexicanos es clara y evidente, ya que la falta de empleo y los bajos salarios son los factores determinantes de esta situación. El discurso del Presidente Fox de que todo marcha bien, desde luego que no se ve reflejado en los bolsillos de los mexicanos, al contrario.

La crisis económica de la que no hemos salido, pese a lo que se pregona, maquillada por el gobierno federal, ha provocado que el índice de pobreza en nuestro país se haya incrementado.

Económicamente en nuestro país no existen razones para creer que la situación ha mejorado cuando los salarios mínimos aumentaron en promedio del 4 por ciento y por el contrario los gastos en vivienda, educación y alimentación entre otros rubros, han aumentado. Según información del Banco de México, a lo largo del sexenio se dieron aumentos considerables en los precios de los alimentos, transporte público y medicamentos. Sólo en este período el precio de la tortilla aumentó 70 por ciento, el pan blanco 47 por ciento, los medicamentos subieron 43.7 por ciento, el transporte colectivo 33 por ciento y el gas doméstico 54 por ciento. De acuerdo a la encuesta ingreso-gasto de los hogares mexicanos del 2005, elaborada por el INEGI, indica que las personas que gana menos destinan cerca del 45 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos y el 13 por ciento al pago de transporte público.

Pero independientemente de los factores económicos, es lamentable que en la recta final del sexenio, emulando los peores antecedentes del presidencialismo autoritario, el señor Fox nos deje como herencia de su mandato estos injustificados, arbitrarios y alevosos incrementos.

Manifestando nuestra preocupación y rechazo a que se siga menoscabando el poder adquisitivo de los mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno del Congreso, para que se considere como de urgente y obvia resolución y se apruebe en sus términos, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, reprueba y condena los injustificados incrementos a los precios de la leche Liconsa, diesel y gasolina, decretados recientemente por el gobierno federal.

Segundo. Que con relación al incremento al precio de la leche Liconsa, que entró en vigor la semana pasada, se exhorte al Presidente Vicente Fox Quesada, a la Secretaría de Hacienda y al Consejo de Administración de Liconsa a suspender en forma inmediata el aumento al precio de este producto.

Tercero. Asimismo respecto al aumento al precio de la gasolina Premium y diesel, se exhorte al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda a suspender en forma inmediata el incremento a estos combustibles.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 22 de noviembre, el Pleno del Congreso del estado, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo sobre suspensión de la detención y decomiso de los vehículos de procedencia extranjera en el estado, planteada por el diputado Virgilio Maltos Long, del Partido del Trabajo.

Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente

Único. Se exhorte al Congreso de la Unión a efecto de que se revise y emita un nuevo decreto regulatorio e integral de los vehículos de procedencia extranjera en los diferentes modelos que ya se encuentran en el interior del país y que considere de manera especial la situación de Coahuila por ser un estado fronterizo, tomando en cuenta la deteriorada situación económica por la que atraviesa gran parte de la población adquirente de este tipo de vehículos, asimismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que fije el procedimiento reglamentario correspondiente y que éste facilite la regularización y registro en mayor número de vehículos extranjeros que ya se encuentran en el país.

En virtud de lo señalado y conforme a lo que se dispone en el artículo 258 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, se comunica a usted este acuerdo, para su conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Proposición con punto de acuerdo referente a la suspensión de la detención y decomiso de los vehículos de procedencia extranjera en el estado, que presenta el diputado Virgilio Maltos Long, del Partido del Trabajo

La semana pasada la Unión Campesina Democrática AC, del estado de Coahuila, solicitó nuestra intervención en relación con la detención y decomiso de autos de procedencia extranjera o ``chocolates'' por parte de autoridades estatales y municipales. Argumentaron que sus vehículos son el único patrimonio con el que cuentan sus hijos y sus familias que con grandes esfuerzos adquirieron, a sabiendas de que se requiere su regularización para contar con los documentos que comprueben su legal estancia en el país y sobre todo para estar seguros de la propiedad de los mismos.

Señalan como argumento que la crisis económica que vive su organización campesina ha sido el principal obstáculo que enfrentan, ya que ésta, de la que no ha salido el país pese a lo que se señale el gobierno federal, ha provocado que muchos propietarios de sus vehículos de procedencia extranjera, no regularicen su situación máxime que las políticas en ese sentido requieren de la autoridad competente un decreto de regularización en el cual se contemple la viabilidad del pago de esos impuestos.

En esa realidad, subrayan, no existen razones para creer que las cosas económicamente han mejorado ya que como ejemplo, los salarios mínimos aumentaron en promedio un 4 por ciento lo cual aunado a que nuestro estado se encuentra dentro de los estados clasificados en la zona C que cuenta con el salario más bajo, ha traído como consecuencia que los poseedores de esta clase de vehículos privilegien otros gastos como es la alimentación, vivienda y educación entre otros rubros, en detrimento que agrava su situación. En especial hacen hincapié en la desventaja económica y clara marginación que por otra parte padecen las comunidades campesinas y de muchos de sus compañeros de la ciudad, que incluso en muchos casos tienen que emigrar, con el grave riesgo que ello supone, hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

No perdemos de vista que la autoridad competente deberá de considerar mediante programas que requieren autorizaciones y estudios, hasta cierto punto complejos, el diseño de mecanismos que permita el pago concerniente a los impuestos y regularizaciones que este tipo de unidades , sin embargo creemos que en tanto esto suceda, debe de suspenderse la, detención y despojo de estos vehículos de procedencia extranjera por parte de las autoridades estatales y municipales, como lo solicitan los promoventes en su petición.

Por último, señalan estar dispuestos al pago de los impuestos que correspondan, una vez emitido el marco legal que se establezca para la regularización de sus vehículos, solicitando que se les proteja como núcleo social económicamente en desventaja. Asimismo, solicitan la salvaguarda respecto a la circulación de sus vehículos.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las facultades que me otorga la fracción IV del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 248, 249, 250, 251 y demás relativos en particular por lo dispuesto por los artículos 198 y 252 del propio ordenamiento, por solicitar que sea considerada de urgente y obvia resolución, presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al Congreso de la Unión a efecto de que se revise y emita un nuevo decreto regulatorio e integral de los vehículos de procedencia extranjera en los modelos 1980 al 1998, que tome en cuenta la deteriorada situación económica por la que atraviesa gran parte de la población adquirente de este tipo de vehículos. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y también a la Dirección de Tránsito en el estado y organismos de tránsito municipales, a efecto de que suspendan en forma inmediata la detención y decomiso de estos vehículos de procedencia extranjera.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE MORELOS

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

Senadores Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes

Por instrucciones del diputado David Irazoque Trejo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, y por acuerdo de sesión ordinaria celebrada hoy, remito a usted en copia simple el punto de acuerdo aprobado por esta Quincuagésima Legislatura por el que se les exhorta para que, en apoyo de los trabajadores de los colegios de Bachilleres y en el marco de sus facultades, exijan a las secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público que se aboquen a dar solución de manera pronta y expedita a esta problemática.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

La Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local; y

Considerando

1. Con fecha 6 noviembre del presente año se recibió la solicitud de adhesión al acuerdo económico aprobado por el Congreso del Estado de Baja California Sur.

Como es del conocimiento, los trabajadores de Colegio de Bachilleres en el país han realizado diversas manifestaciones con objeto de buscar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, acciones que van desde movilizaciones hasta paros escalonados en demanda de la intervención de los gobiernos federal y estatales para lograr la nivelación salarial.

Es importante considerar que no es una problemática reciente: tiene antecedente a principios de 2003, en virtud de que se inició un movimiento de carácter nacional, mediante el cual se demandaba aumento de salarios y de prestaciones, y la nivelación salarial de los puestos y las funciones de los trabajadores de colegios de Bachilleres del país. Más de 38 mil trabajadores para un universo de cerca de 1 millón de estudiantes usuarios en el país; lo anterior, en atención a que las condiciones de trabajo han sido precarias, inestables y discriminatorias con relación a trabajadores de otras instituciones educativas equivalentes.

2. En noviembre de ese año se planteó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Dirección General de Bachilleratos la situación concreta de los trabajadores de estos subsistemas, siendo objeto de rezago y marginación en cuanto a salarios y prestaciones. En consideración de lo anterior, la Cámara de Diputados aprobó asignaciones en el Presupuesto de la Federación para 2004 y 2005, a fin de contribuir a la solución del problema salarial planteado por los trabajadores y los sindicatos del Colegio de Bachilleres. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública omitieron durante el ejercicio de sus presupuestos ejercer, programar, regularizar y aplicar recursos para el programa de nivelación salarial, en perjuicio del orden legal establecido.

Nuevamente, la Cámara de Diputados determinó en el decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente a 2006 asignar a la Secretaría de Educación Pública una partida de 237 millones de pesos como programa de nivelación salarial del personal del Colegio de Bachilleres, a fin de superar gradualmente el rezago salarial y en prestaciones de los trabajadores académicos y administrativos de las instituciones mencionadas.

3. La Secretaría de Educación Pública ha insistido en aplicar a los estados un programa de ``homologación salarial'' que no contribuye a superar el rezago existente, ya que beneficia sólo a 50 por ciento de los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Por lo anterior se aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos remite atento exhorto al honorable Congreso de la Unión para que, en apoyo de los trabajadores de los colegios de Bachilleres y, en el marco de sus facultades, exija a las secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público que se aboquen a dar solución de manera pronta y expedita a esa problemática.

Segundo. Comuníquese este acuerdo al Congreso de Baja California Sur, en adhesión del acuerdo económico aprobado el 24 de octubre de 2006, y para los efectos procedentes.

Recinto Legislativo, a los siete días del mes de diciembre de dos mil seis.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE MORELOS

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

Secretarios de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la diputada Martha Patricia Franco Gutiérrez, vicepresidenta en funciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, y por acuerdo de la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, le remito a usted en copia simple el punto de acuerdo aprobado por esta L Legislatura, por el que se adhiere al acuerdo legislativo número 1657/06, emitido por la LVII Legislatura del estado de Jalisco, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y de la Función Pública, para que realice las acciones necesarias a fin de trasparentar el manejo de los recursos del fideicomiso para ex trabajadores migratorios mexicanos, y para que verifiquen la calidad del servicio proporcionado por Telcom a los ex trabajadores.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

La L Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política local, y, tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

Que a la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del estado de Morelos, fue turnado el acuerdo legislativo numero 1657/06 aprobado por la LVII Legislatura del estado de Jalisco, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación, Hacienda, y Crédito Público, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y de la Función Pública, para que realice las acciones necesarias a fin de transparentar el manejo de los recursos del fideicomiso para ex trabajadores migratorios mexicanos, y para que verifiquen la calidad del servicio proporcionado por Telcom a los ex trabajadores migratorios.

Que el acuerdo legislativo en comento cita entre otros a los siguientes antecedentes:

En el año de 1942, fue aprobado por convenio firmado entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, el programa Bracero dentro del cual se creó el Fondo de Ahorro Campesino en el que se destinaría el 10 por ciento del salario de los trabajadores braceros, con el carácter de retención, cantidad que sería depositada en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, SA.

Al día de hoy, después de varios años, no se tiene certeza respecto al destino de esos recursos que nunca fueron entregados a dichos trabajadores una vez que ya residían nuevamente en México.

El 16 de noviembre del año 2000 se presentó una solicitud en la honorable Cámara de Diputados para crear una comisión especial que se encargara de investigar el destino de los fondos pertenecientes a los trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante 1942-1964 en Estados Unidos de Norteamérica.

La Comisión Especial de Braceros, en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en los años 2004 y 2005, ante el Pleno de la Cámara de Diputados lograron dos partidas especiales de 298.5 millones de pesos por cada año, para otorgar los pagos correspondientes a los mexicanos que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964.

El 25 de mayo de 2005, la Presidencia de la Republica decreta a través del Diario Oficial de la Federación el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El 27 de octubre de 2005, se dan a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Para fines de las reglas de operación, y conforme al artículo tercero de dicho decreto, el 18 de octubre de 2005, se constituyo el comité técnico, que está representado por un funcionario de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de la Función Pública.

La Secretaría de Gobernación, cerró la recepción de documentación al 10 de marzo de 2006, con un universo de 222 mil 775 solicitantes del apoyo social, de los que se estima que 47 mil 749 sí cumplen con los requisitos, un aproximado de 140 mil 448 cuentan con entrega de documentos, pero les falta el folio y 34 mil 578 presentan cualquier otro documento.

En 15 mil 753 ex Trabajadores Migratorios Mexicanos proporcionó apoyo social por aproximadamente 600 millones de pesos; para 207 mil 22 personas más, se requiere presupuestar 7 mil 866 millones 836 mil pesos.

Que el artículo sexto transitorio del decreto por el cual se crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de fecha 25 de mayo de 2005, establece que el comité técnico del fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un informe trimestral sobre el avance de la gestión que permita conocer la situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente y

Considerando

Que la LVII Legislatura del estado de Jalisco aprobó el acuerdo legislativo, en los siguientes términos:

Asimismo, que en Morelos, con un avance del 65 por ciento en la entrega del apoyo social, aun faltan 980 ex trabajadores migratorios por ser atendidos en la recuperación de sus ahorros. Esta legislatura tiene a bien aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Congreso del estado de Morelos se adhiere al acuerdo legislativo numero 1657/06 emitido por la LVII Legislatura del estado de Jalisco, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación, Hacienda, y Crédito Público, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y de la Función Pública, para que realice las acciones necesarias a fin de transparentar el manejo de los recursos del fideicomiso para ex trabajadores migratorios mexicanos, y para que verifiquen la calidad del servicio proporcionado por Telcom a los ex trabajadores.

Segunda. Como consecuencia de lo anterior, que se comunique al honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al titular del Poder Ejecutivo federal, el contenido de este acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVIII Legislatura.--- San Luis Potosí.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La LVIII Legislatura les notifica, para su conocimiento y efectos que procedan, que en sesión ordinaria celebrada el día de la fecha, se aprobó punto de acuerdo presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, que se adjunta, por el que nos sumamos a la petición realizada por el Congreso del estado de Chihuahua, para que esa Cámara colegisladora autorice importe para adquirir la vacuna rotarix y ésta sea incluida en la cartilla nacional de vacunación.

Por la directiva del honorable Congreso del estado

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Secretarios de la Directiva de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.--- Presente.

A los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social nos fue turnada, en sesión ordinaria, la circular número 35, del Congreso del estado de Chihuahua, en la que solicita a esta soberanía sumarse a la propuesta de incluir la vacuna rotarix en la cartilla de vacunación, así mismo, instar al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se implementen campañas de prevención del rotavirus.

Con este motivo, los integrantes de esta comisión, nos avocamos a la tarea de recabar información sobre este asunto, pronunciando el presente acuerdo, que sustentamos en el marco de los siguientes

Considerandos

Primero. Que mediante la circular número 35, recibida en oficialía de partes el 6 de junio del presente año, la LX Legislatura del estado de Chihuahua remitió a este Congreso del estado por conducto de su diputado Presidente José Luis Canales Vega, un ejemplar del acuerdo legislativo número 35, aprobado por el Pleno de esa honorable LX Legislatura del estado, solicitando al Congreso de la Unión, autorice el importe necesario para adquirir la vacuna rotarix, así como, instar a la Asamblea del Distrito Federal y legislaturas del país apoyar este acuerdo.

Segundo. Que según información de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, publica que en todo el mundo los rotavirus son los agentes que más frecuentemente causan diarrea aguda, grave y deshidratante en los niños, y que se estima que cada año causan cerca de 111 millones de casos de enfermedad diarreica que requiere cuidado ambulatorio, 25 millones de consultas, 2 millones de hospitalizaciones y 352 mil a 592 mil defunciones en menores de cinco años y que México ocupa el segundo lugar en América Latina de incidencia del virus presentando 54 casos por cada 100 mil personas al año.

Tercero. Que es importante hacer mención que esta enfermedad se transmite por vía aérea y que los niños de 6 meses a dos años de edad son los más vulnerables así como los prematuros, los ancianos y aquellos que padecen inmunodepresión para adquirir esta enfermedad, sin embargo, los niños se infectan en los primeros 2 a 3 años de vida y la enfermedad clínica es más frecuente a los 6 a 24 meses de edad. Además, de que la enfermedad se manifiesta una vez que el virus a entrado al cuerpo tarda de 1 a 3 días para presentar síntomas, que son: vómito y fiebre, seguidos de una diarrea acuosa abundante y puede conducir a deshidratación. La fiebre cede rápidamente, los vómitos dentro de 24 a 48 horas y la diarrea de 2 a 7 días. Debido a que se disminuye en el intestino la actividad de la lactosa, que es la enzima encargada de digerir el azúcar de la leche o lactosa, el paciente no puede digerir a leche y se prolonga la diarrea.

Cuarto. Que es necesario hacer notar que esta enfermedad es altamente transmisible, ya que, una persona puede contagiar a otra, debido a que el enfermo que sufre diarrea por rotavirus elimina grandes cantidades de virus en las evacuaciones; además estas pueden diseminarse fácilmente a través de alimentos contaminados, manejadores de los mismos o fomites. Los rotavirus son agentes relativamente, resistentes que sobreviven fácilmente al ambiente y que la misma, es posible volver a contraer la misma, no obstante, las infecciones subsiguientes parecen ser de menor intensidad que la inicial.

Quinto. Que se hace indispensable ejecutar campañas de saneamiento de la vivienda, higiene de la misma, manejo adecuado de excretas y basura, hervir o clorar el agua, no tener mascotas dentro de los domicilios e higiene en los menores y en las personas que los atienden.

Sexto. Que hasta hace dos años no se contaba con una vacuna para combatir el rotavirus no fue sino hasta enero del 2005 cuando se lanzó al mercado mexicano rotarix vacuna que sólo se encuentra en el sector privado y que sigue sosteniendo un costo elevado, por lo que no hay un acceso equitativo a la salud por parte de todos los menores.

Por lo tanto, esta Comisión propone ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta LVIII Legislatura se suma a la petición que realiza el Congreso del estado de Chihuahua para que el honorable Congreso de la Unión autorice el importe necesario para adquirir la vacuna rotarix y está sea incluida en la cartilla nacional de vacunación.

Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Salud implemente campañas de prevención del rotavirus.

Tercero. Envíese el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión para su conocimiento.

Cuarto. Gírese atento oficio al honorable Congreso del Estado de Chihuahua para hacer de su conocimiento el presente acuerdo parlamentario.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del estado de Sonora.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con relación al oficio D.G.P.L. 60-II-6-388, fechado el 14 de diciembre de 2006, por el cual hace del conocimiento de este gobierno estatal los puntos de acuerdo tomados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con esa misma fecha, se informa lo siguiente:

Es un hecho incuestionable que la sociedad actual se caracteriza por ser más participativa en los asuntos públicos, por exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos que aporta la sociedad para el ejercicio gubernamental y en la rendición de cuentas por parte de las autoridades, y requerir más información respecto de la función que desempeñan las instituciones públicas, con el fin de contar con los elementos necesarios para incidir en las decisiones que se toman en la esfera pública.

El principio de transparencia y rendición de cuentas es indispensable para la consolidación democrática y constituye una obligación su adopción por las autoridades, pues cuando éstas vulneran este principio, se vulnera también la democracia.

Así lo ha reconocido mi gobierno. Instituir un gobierno eficiente y honesto, transparente y rendidor de cuentas a la sociedad ha sido uno de los criterios rectores que han guiado las acciones realizadas por el estado desde el inicio de mi administración.

El estado ha impulsado la creación de mecanismos que propicien la rendición de cuentas no sólo por los órganos públicos, sino también por las entidades de interés público y privadas que reciban por cualquier concepto recursos del erario público, así como para que la sociedad este cada vez más informada del ejercicio de la función pública. Estos mecanismos se encuentran previstos en la vigente Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, mediante los cuales se garantiza el ejercicio del derecho a la información pública de los particulares.

Otros mecanismos que se han impulsado en el estado se encuentran previstos en la Constitución Política del estado desde julio de 2005, cuando se crea el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en sustitución de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda, órgano superior del Congreso del estado con autonomía técnica y de gestión para ejercer sus atribuciones y facultades relativas a la revisión de las cuentas públicas no sólo de los poderes del estado y de los ayuntamientos, sino también de los órganos constitucionalmente autónomos instituidos, y a la fiscalización del manejo y aplicación de los recursos públicos ejercidos por los entes públicos y los particulares.

Destaca también la facultad del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para investigar las posibles irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el ejercicio de los recursos públicos, y para determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario por el uso indebido o equivocado de recursos públicos, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones correspondientes.

Con lo anterior se fortalece la competencia del Congreso en materia de revisión y fiscalización de los estados financieros y las cuentas públicas del estado y los municipios, se desalienta el desvío o malos manejos en la aplicación de los recursos públicos y se garantiza una mayor transparencia en la rendición de las cuentas públicas.

Además, actualmente se encuentra en comisiones del Congreso del estado, para su análisis y dictamen correspondiente, una iniciativa de Ley de Auditoría y Fiscalización Superior para el estado, que tiene como propósito reglamentar las disposiciones constitucionales en materia de revisión de las cuentas públicas del estado y los municipios y de auditoría y fiscalización a los entes públicos, fijar las atribuciones, organización y funcionamiento del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora, así como establecer las bases y los procedimientos para la recuperación de los daños y perjuicios causados a las haciendas públicas estatal y municipales y al patrimonio de los entes públicos, derivados del ejercicio irregular de los recursos públicos.

El gobierno del estado implementará las acciones tendientes a la aprobación de la iniciativa de ley señalada, que permitirá, adicionalmente a los beneficios antes mencionados, una mayor eficiencia, eficacia y transparencia de la función pública en lo concerniente al manejo y aplicación de los recursos públicos y a la rendición de cuentas.

Por otra parte, el gobierno del estado siempre ha mantenido una relación de cooperación con los órganos competentes federales y estatales encargados de la fiscalización de los recursos públicos que ejerce el estado de conformidad con lo previsto por los presupuestos de egresos correspondientes y demás disposiciones legales aplicables, contribuyendo de esta manera a la concreción de los objetivos y políticas públicos establecidos y a la satisfacción del reclamo social de una mayor transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Uno de los mecanismos recientemente adoptados para facilitar la fiscalización de los recursos públicos federales transferidos al estado de Sonora por la federación, lo constituye el convenio de coordinación y colaboración suscrito con fecha 13 de septiembre de 2006 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, y el Congreso del estado de Sonora, con la intervención del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

El gobierno del estado de Sonora reitera su compromiso de cooperación y de impulsar la colaboración de las autoridades municipales y demás entes públicos y particulares que ejerzan recursos federales, a fin de coadyuvar con los órganos fiscalizadores competentes en sus tareas de revisión, fiscalización y de auditoría que le correspondan en el marco del convenio de coordinación suscrito.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, VIII, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a crear un grupo de trabajo para diseñar e instrumentar un programa emergente de estabilización de los precios de los productos de una canasta básica, así como para configurar un programa estratégico que acerque a nuestro país hacia la autosuficiencia alimentaria, revisando, en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que investigue las recientes prácticas monopólicas que han afectado significativamente la economía de las familias, en especial a las de menores ingresos, y se sancione conforme a derecho y de manera expedita a los consorcios que han incurrido en colusión de interese con la intención de manipular a su provecho el precio de la tortilla, mediante la concentración o acaparamiento de su insumo básico: el maíz; esto en franca violación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 28 constitucional.

Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 28 constitucional y el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, fije el precio del kilogramo de la tortilla de maíz en tanto este precio logre su estabilización mediante los mecanismos competitivos.

Sírvase encontrar anexa al presente copia del punto de acuerdo en comento, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Honorable Diputación Permanente de la ALDF, de la IV Legislatura.--- Presente

El que suscribe Dip. Isaías Villa González, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, a nombre del Dip. Hipólito Bravo López en particular, de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y de los diputados de esta Diputación Permanente representados en la Asamblea Legislativa, IV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa, el siguiente Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución: impulsar un programa emergente de estabilización de los precios de la canasta básica, combatir las prácticas monopólicas y fijar el precio de la tortilla de maíz, al tenor de los siguientes:

Considerandos

I. El problema actual por el que atraviesa el precio de la tortilla, no tiene que ver únicamente con un problema de oferta y demanda de su insumo básico: el maíz. Este problema tiene una raíz más amplia y profunda, relacionada con la crisis estructural del sector agrícola en México. Las políticas públicas implementadas en el campo mexicano a partir de los años ochenta del siglo pasado, en particular aquellas que fueron aplicadas en el sector ejidal y de los pequeños y mediados productores de maíz, no han sido capaces de cubrir las necesidades de abasto y autosuficiencia alimentaría del país.

II. El actual modelo de desarrollo para el campo mexicano ha profundizado las asimetrías dentro del sector agrícola, generando que las actividades de producción, distribución, almacenamiento y comercialización de productos básicos para el consumo humano, se hayan concentrado en pocas empresas, con la consecuente distorsión de los mecanismos de libre competencia y el alza artificial y colusiva de los precios en el mercado interno.

III. Frente a este panorama, y ante la falta de abasto del principal insumo para producir la tortilla: el maíz, el Ejecutivo Federal ha optado por un mecanismo simple de regulación, ampliando los cupos de importación de este grano básico, para que la mayor oferta estabilice los precios de este insumo y, por ende, disminuya automáticamente el precio de la tortilla al consumidor.

IV. Que todo lo anterior tenderá a agravarse ante la entrada en vigor, en el año 2008 del arancel cero para granos básicos en el marco en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

V. Durante los primeros días del presente año se ha desencadenado una escalada de incrementos sustantivos en los precios de los principales productos de consumo básico de nuestro país, en particular, en el precio del kilogramo de tortilla de maíz. Producto de consumo popular cuyo precio en nuestra Ciudad en el transcurso de 2006 se incrementó en 19.13 %, mientras que en lo que va del presente año aumento 3 pesos en promedio al pasar de 7 a 10 pesos, esto es, un 42% más. Empero es necesario apuntar que el aumento en el precio del kilogramo de la tortilla de el Distrito. Federal y en el País no es nuevo, pues según datos del Banco de México en el periodo que abarca desde la entrada en vigor del TLC de América del Norte hasta nuestro días (enero de 1994 a diciembre de 2006), el precio de tal producto en la capital del País creció en 890%.

VI. Que la tortilla de maíz es el principal producto de consumo popular y pilar de nuestra alimentación, tal y como lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2000-2005, del INEGI, que para el año 2005 reportó que de un total de 25 millones 77 mil 466 hogares en el País que registraron consumo interior de alimentos y bebidas, en el 81.5% (20 millones 456 mil 408) de los mismos se consumía tortilla de maíz. Destinando los hogares en promedio el 7.68% de su gasto trimestral total en bebidas y alimentos al interior del hogar, al consumo de tortillas de maíz. Conforme al Sexto Informe de Gobierno (2006) de la Presidencia de la República, el consumo per cápita de maíz en el País es el mayor respecto a los demás granos básicos y oleaginosas (fríjol, trigo, arroz y ajonjolí). De tal modo que en 2006, el consumo de maíz por persona en México fue de 256.4 kilogramos, lo que lo sitúa muy por arriba del consumo per cápita de fríjol (13.1 kg.), arroz (10.4 kg.) y trigo (58.2 Kg).

VII. Que ante las declaraciones de las autoridades federales competentes, en el sentido de que el gobierno carece de facultades para fijar el precio del Kg. de la tortilla de maíz, es menester citar lo que al respecto establecen el artículo 28 constitucional, párrafos segundo y tercero y el artículo 7 de la ley Federal de Competencia Económica que a la letra dicen:

Artículo 28 Constitucional, Párrafo Segundo:``La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social''.Párrafo Tercero: ``Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses''.Ley Federal de Competencia Económica Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.De lo que colige que la Secretaría de Economía Federal tiene la facultad exclusiva de imponer o fijar el precio de los productos de consumo popular.

VIII. Que debido a lo preocupante de la situación, y en tanto no se tomen medidas de fondo y de largo plazo para resolver el problema estructural que padece el campo mexicano que permita reactivar la producción de granos, regular la comercialización y distribución de estos insumos, y se estabilice el precio de este producto básico, es procedente que Ejecutivo Federal imponga precio oficial al kilogramo de tortilla de maíz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo federales a crear un grupo de trabajo para diseñar e instrumentar un Programa Emergente de Estabilización de los Precios de los Productos de una Canasta Básica, así como para configurar un programa estratégico que acerque a nuestro país hacia la autosuficiencia alimentaría, revisando, en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que investigue las recientes prácticas monopólicas que han afectado significativamente la economía de las familias, en especial a las de menores ingresos, y se sancione conforme a derecho y de manera expedita a los consorcios que han incurrido en colusión de intereses con la intención de manipular a su provecho el precio de la tortilla, a través de la concentración o acaparamiento de su insumo básico: el maíz; esto en franca violación a lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo 28 constitucional.

Tercero. Se solicita al Ejecutivo Federal para que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el Artículo 28 constitucional y el Artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, fije el precio del kilogramo de la tortilla de maíz en tanto este precio logre su estabilización mediante los mecanismos competitivos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.

Me refiero al oficio OASF/0212/06, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en relación al diverso D.G.P.L.59-II-2-1841, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que se remitió a esta Comisión la proposición con punto de acuerdo presentada en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 4 de enero de 2006, por los entonces diputada María Angélica Ramírez Luna y senador Francisco Antonio Fraile García , de la LIX Legislatura, en la que solicitan se exhorte ``... a la Auditoría Superior de la Federación, para que conforme a sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM (Federación Nacional de Municipios de México), los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes en su caso''.

Sobre el particular, le informo que la Auditoría Superior de la Federación, a través de oficio OASF/1908/06, del 15 de noviembre de 2006 (se anexa copia), en alcance al oficio citado en el párrafo anterior, así como por lo señalado en el ``Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005'', numeral II.4 Atención de las Solicitudes y Puntos de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, página 37, consecutivo 3, comunicó a esta Presidencia lo informado por el Director General de Auditoría de la Cámara de Diputados y la Contralora Interna del Senado de la República, respectivamente, sobre el asunto en cuestión.

«Escudo.--- ASF.--- Auditoría Superior de la Federación.--- Cámara de Diputados.

Diputado Federal Antonio Ortega Martínez , Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.--- Presente.

Nos referimos al oficio OASF/0212/06, enviado en respuesta al comunicado CVASF/LlXl039/06 del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la LlX Legislatura, relacionado con la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García , en la que solicitan se exhorte ``...a la Auditoría Superior de la Federación, para que conforme a sus facultades, investigue e informe si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM (Federación Nacional de Municipios de México), los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005, para que se apliquen las sanciones pertinentes en su caso.''

En alcance a nuestro oficio citado en el párrafo anterior, así como a lo señalado en el ``Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005'', numeral II.4 Atención de las Solicitudes y Puntos de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, página 37, consecutivo 3, nos permitimos comunicar lo informado por el Director General de Auditoría de la Cámara de Diputados y la Contralora Interna del Senado de la República, respectivamente, sobre el asunto en cuestión:

Cámara de Diputados (Oficio No. CI/DGA/240/06)

``Cabe indicar que derivado de la revisión a los gastos efectuados durante el segundo semestre de 2005 y subsecuentes, no se identificó gasto alguno con la Federación mencionada en antecedentes, relacionados con la presunción manifestada por los entonces diputada y senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, María Angélica Ramírez Luna y Francisco Antonio Fraile García .''

Cámara de Senadores (Oficio CI/LXI289/06)

``Esta Contraloría Interna llevó a cabo la investigación a través del Sistema Integral de Tesorería de la Cámara de Senadores, no habiendo detectado evidencia alguna de que se haya aportado recurso alguno al evento realizado por la Federación Nacional de Municipios de México.''

Lo anterior, para los efectos procedentes.

Reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración.

«Escudo.--- ASF.--- Auditoría Superior de la Federación.--- Cámara de Diputados.

Diputado Federal

Salvador Sánchez Vázquez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.--- Presente.

Nos referimos a su comunicado CVASF/LlX/039/06 de fecha 8 de los corrientes, al que acompaña copia del oficio D.G.P.L. 59-II-2-1841, con el que la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión envió a la Comisión de Vigilancia que usted dignamente preside, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Angélica Ramírez luna y el senador Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que conforme a sus facultades, investigue e informe si existió la aportación de recursos federales por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM (Federación Nacional de Municipios de México), los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005, y se apliquen las sanciones pertinentes en su caso''.

Sobre el particular, y en razón de que se trata de recursos que se erogaron en el ejercicio fiscal de 2005, me permito comunicarle que la actuación de la entidad de fiscalización superior se enmarca en la presencia de los supuestos siguientes:

- Lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, donde se limita su actuación al principio de anualidad a que se refiere la fracción IV, del artículo 74 constitucional.- Su intervención, hasta que se reciba la Cuenta Pública 2005, lo cual acontecerá durante los primeros diez días del mes de junio próximo.- Que se acredite que la materia de la revisión involucra recursos públicos de carácter federal.

En su momento, y previo análisis de procedencia, se determinará la factibilidad de su inclusión en el Programa de Audítorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, toda vez que, como se señala en el mismo punto de acuerdo, el 12 de diciembre de 2005 el CDE del PAN en el estado de Puebla presentó una denuncia ante el Ministerio Público, para que fuera turnada a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla, con la finalidad de esclarecer el manejo de recursos en este evento.

Lo anterior, para que de así considerarlo, por su conducto se informe lo necesario a la diputada Ramírez Luna y al senador Fraile García.

Reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

C.P.C. Juan Manuel Portal M., auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación.--- Presente.

Me permito hacer referencia a su atento, oficio No. AECF/1063/2006 del pasado 26 de septiembre, mediante el cual nos solicita que en caso de considerarlo procedente, se lleve a cabo una investigación sobre si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM (Federación Nacional de Municipios de México) los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005, para que se apliquen las sanciones pertinentes en su caso.

Sobre el particular y por lo que respecta a esta Cámara de Diputados, me permito comentar a usted que el acuerdo (vigente en 2005), que establece los criterios para garantizar la transparencia, recepción y comprobación de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios, autorizado por la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura el 3 de septiembre de 2001, señala en su numeral 4, inciso b):

``La Contraloría Interna de la H. Cámara de Diputados, revisará en forma semestral y de acuerdo al sistema de contabilidad y control que cada grupo haya establecido, la contabilidad de los gastos realizados por cada grupo parlamentario, los analizará y sugerirá al coordinador del grupo las medidas que considere necesarias para hacer más operativo y transparente el ejercicio del gasto de las subvenciones a los grupos parlamentarios''.

Cabe indicar que derivado de la revisión a los gastos efectuados durante el segundo semestre de 2005 y subsecuentes, no se identificó gasto alguno con la Federación mencionada en antecedentes, relacionados con la presunción manifestada por los entonces diputada y senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LlX Legislatura, María Angélica Ramírez Luna y Francisco Antonio Fraile García .

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y comentarios al respecto.

«Escudo.--- ASF.--- Auditoría Superior de la Federación.--- Cámara de Diputados.

C.P. Alfonso Grey Méndez, contralor interno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Nos referimos al oficio CVSF/LIX/039/06 / del 8 de febrero úlltimo, suscrito por el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría superior de la Federación, con el que nos remitió la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la que solicitan se exhorte ``... a la Auditoría Superior de la Federación, para que conforme a sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM (Federación Nacional de Municipios de México), los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005, para que se apliquen las sanciones pertinentes en su caso''.

Cabe precisar que la proposición está basada en el hecho de que en la invitación al evento de la FENAM aparecen los logotipos del gobierno del estado de Puebla, así como de la Cámara de Diputados y Senadores, correspondiente a la LIX Legislatura, sin aportar ningún elemento que permita determinar la factibilidad de practicar la revisión correspondiente, por lo que no se incluyó la solicitud en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

En razón de lo anterior, estimamos que se trata de un asunto de competencia por lo que le agradeceremos que, de considerarlo procedente, gire sus apreciables instrucciones para que se lleve a cabo la investigación que corresponda y nos informe el resultado de su intervención, a fin de dar respuesta a la solicitud.

Sin oto particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

C.P.C. Juan Manuel Portal M., auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación.--- Presente.

En respuesta a su solicitud según el oficio AECF/1064/ 2006, del Director General de Auditoría al Gasto Público Federal, remitido en su ausencia con la petición para la investigación e informe, sobre la posible aportación de recursos federales de la Cámara de Senadores, al evento realizado por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAM), los días 1 y 2 de diciembre de 2005, le informo que:

Esta Contraloría Interna llevó a cabo la investigación a través del Sistema Integral de Tesorería de la Cámara de Senadores, no habiendo detectado evidencia alguna de que se haya aportado recurso alguno al evento realizado por la Federación Nacional de Municipios de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo.--- ASF.--- Auditoría Superior de la Federación.--- Cámara de Diputados.

C.P. Blanca Leticia Ocampo García de Alba, contralora interna de la H. Cámara de Senadores.--- Presente.

Nos referimos al oficio CVSF/LIX/039/06 del 8 de febrero último, suscrito por el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que nos remitió la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la que solicitan se exhorte ``... a la Auditoría Superior de la Federación, para que conforme a sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM (Federación Nacional de Municipios de México), los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005, para que se apliquen las sanciones pertinentes en su caso''.

Cabe precisar que la Proposición está basada en el hecho de que en la invitación al evento de la FENAM aparecen los logotipos del gobierno del estado de Puebla, así como de la Cámara de Diputados y Senadores, correspondiente a la LIX Legislatura, sin aportar ningún elemento que permita determinar la factibilidad de practicar la revisión correspondiente, por lo que no se incluyó la solicitud en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

En razón de lo anterior, estimamos que se trata de un asunto de competencia por lo que le agradeceremos que, de considerarlo procedente, gire sus apreciables instrucciones para que se lleve a cabo la investigación que corresponda y nos informe el resultado de su intervención, a fin de dar respuesta a la solicitud.

Sin oto particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado; y remítase copia a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo.--- Gobierno del Estado de México.

Ciudadanos diputados federales; Licenciado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la LX Legislatura del Congreso de la Unión; Licenciado Antonio Xavier López Adame , Secretario de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Distinguidos señores diputados

Con relación a su oficio Número D.G.P.L. 60-11-6-433 remitido al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, y en atención a las instrucciones superiores que el titular del Ejecutivo de la entidad girara al suscrito, me permito dar respuesta a sus inquietudes y exhortos con relación a la violencia contra las mujeres en territorio mexiquense, tema que despierta el interés de esa representación popular federal y que está siendo atendido por las autoridades locales con puntualidad.

En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, se señala con claridad la importancia que para la entidad tienen las mujeres mexiquenses que representan más del 50 por ciento de la población, se reconoce en ellas al eje de la estabilidad de la familia; responsables del cuidado de los hijos; y quienes asumen, cuando es necesario, el compromiso del sustento familiar como jefes de la familia. Se determina también que pese a ello, aún no acceden en forma plena a la igualdad de oportunidades y que a esa inicuidad económica se agrega la violencia que sufren muchas de ellas en el ámbito doméstico y el acoso en el ámbito laboral.

El gobierno del estado de México hace propios los pronunciamientos de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 y a partir de ella formula su política para eliminar toda forma de discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres, para lo cual instrumentó acciones en los diversos ámbitos como son, abrir espacios para lograr que las niñas, adolescentes y las jóvenes tengan acceso a todos los niveles educativos; generar las condiciones sociales y familiares que propicien su asistencia a la escuela; ampliar la participación política de las mujeres, tanto para consolidar la democracia del estado, como para hacer valer los derechos que les otorgan las leyes. Lograr la equidad de género implica escuchar sus demandas, mismas que pueden ser atendidas si ocupan posiciones en la administración pública, el sistema judicial, los órganos de representación popular y los partidos políticos.

La política dirigida a lograr la igualdad y a erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres implica necesariamente proteger la integración física y la salud de las mujeres, crear agencias del Ministerio Público especializadas en violencia intrafamiliar y delitos contra la mujer, así como clínicas con atención especializadas en el niño y la madre.

El fortalecimiento de la familia es entendida como elemento básico en la política social de la actual administración, tanto en la construcción de la cultura de integración familiar, como en el perfeccionamiento del marco jurídico, política que se pretende que permee a todas las autoridades y sectores para que apoyen y se comprometan en los aspectos relacionados con la paternidad responsable, la jefatura femenina, la salud reproductiva, la educación de los hijos y de los padres, así como los problemas derivados de las adicciones y de la violencia intrafamiliar.

La estrategia de esta política se basa en la participación de la mujer en los ámbitos social, político y económico, para lo cual se han definido líneas de acción que ya están operando en el estado con diversos grados de avance como son: incorporar la atención a la mujer como elemento para avanzar en el desarrollo social y económico de la entidad; desarrollar un programa de capacitación permanente que sensibilice a los servidores públicos estatales sobre la equidad de género; promover y vigilar que los planes educativos incidan en el fomento de la cultura de género; promover la cátedra de género en el sistema educativo estatal.

El actual gobierno está comprometido con el fortalecimiento de la instancia de atención a la mujer y con ampliar en todos los ámbitos del gobierno estatal los espacios para que la mujer tenga el lugar que demanda; privilegiar la atención a las demandas de las mujeres jóvenes, relativas a su desarrollo integral y el respeto a su integridad; instrumentar mecanismos que garanticen el acceso de la mujer a los mercados de trabajo y el cumplimiento de sus derechos laborales; asegurar el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de las mujeres, sin importar clase, etnia, religión, ni edad; impulsar reformas a las leyes laborales, a fin de garantizar el trato equitativo a las mujeres, suprimiendo el examen de gravidez como requisito para la contratación laboral y garantizar el pago de salario igual, por trabajo igual.

El gobierno del estado trabaja en el impulso de un programa estatal para que se respeten las diferencias culturales de las mujeres, sin violar sus derechos fundamentales; para privilegiar la creación de microempresas de mujeres y para mujeres; impulsar proyectos productivos para la mujer campesina, a través de programas integrales de educación, capacitación y organización de productoras, brindando soporte técnico y de servicio; reconocer el trabajo de las mujeres con capacidades diferentes, brindándoles oportunidades laborales en todos los ámbitos de actividad; impulsar el acceso de las mujeres a los servicios integrales de salud, fortaleciendo, además, la medicina preventiva.

Para el caso de madres trabajadoras, las líneas de acción son: establecer, con la iniciativa privada y las organizaciones sociales, espacios de atención infantil para hijos de madres trabajadoras y estudiantes, así como ampliar los horarios y los servicios de los existentes; desarrollar talleres productivos para las madres que permanecen en el hogar; otorgar becas a madres estudiantes, para evitar su deserción escolar; otorgar becas educativas y apoyos económicos estatales a familias de escasos recursos que privilegien la asistencia de los niños a la escuela.

Para la protección a la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres, se ha determinado promover una intensa campaña para el combate a la violencia doméstica y difundir los programas e instancias existentes para atender a la mujer violentada; impulsar reformas jurídicas que penalicen con mayor severidad los abusos en contra de la mujer; reforzar el apoyo jurídico en materia de violencia familiar, por parte de instituciones del gobierno estatal; reforzar el Consejo Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; establecer agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y violencia contra la mujer, atendidas por mujeres; construir y operar albergues para víctimas de violencia; así como impulsar para ellas, programas de rehabilitación y capacitación; promover la creación de centros multidisciplinarios de atención a la mujer, para casos de maltrato, violencia familiar, abuso sexual y madres solteras.

Por lo que corresponde al apoyo a mujeres de comunidades indígenas es necesario abrir más espacios de participación a fin de generar un desarrollo comunitario integral y elevar sus niveles de salud, educación, alimentación, vivienda e ingresos; estimular la gestión y ejecución de proyectos productivos, con el financiamiento de actividades desarrolladas por mujeres indígenas. Estos son los más relevantes de la política que se instrumenta en la entidad en apoyo a las mujeres.

Respecto a su oficio número D.G.P.L. 60-11-6-434, dirigido a quien suscribe, comunico a ustedes que he recibido y analizado dicho escrito, en particular los aspectos en los que un grupo de diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, basa su proposición de puntos de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado de México, a implantar diversas acciones para la erradicación de la comisión de homicidios dolosos contra mujeres, puntos que desde luego son de tomarse en consideración porque manifiestan el interés legítimo de los representantes populares por la problemática que viven las mujeres en la entidad y sobre los cuales me permito realizar algunas precisiones que se consideran necesarias:

Tipificar el delito de ``feminicidio'' en los términos anotados por las ex dputadas podría implicar la imposibilidad jurídica de demostrar la violencia reiterada en contra de las mujeres por motivos de género y con ello hacer ineficaz la justicia, por lo que antes de dar un paso tan trascendente debe reflexionarse con seriedad sobre las probanzas necesarias para la acreditación de la violencia ``por el simple hecho de ser mujer''. La Tesis Jurisprudencial 69/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la especificidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar violencia intrafamiliar como causal de divorcio, lejos de contribuir a hacer más accesible la justicia, establece una rigidez de criterios en las probanzas que hacen más difícil acreditar la causal.

La igualdad de géneros ha quedado nuevamente manifiesta en la resolución de tesis contradictorias emitida en día 17 de enero por el máximo tribunal constitucional en el sentido de señalar la pensión alimenticia a favor del hombre en el caso de divorcio necesario cuando la cónyuge es culpable, y éste carece de medios de subsistencia o es incapaz.

A la fecha parece que no existen elementos sólidos teórico-jurídicos que justifiquen la tipificación del feminicidio, ¿qué sanción superior a los 70 años podría aplicarse? ¿qué lo haría distinto al homicidio doloso? ¿cuáles serían y cómo se acreditarían los elementos normativos, objetivos y subjetivos de este tipo penal? ¿en realidad se estaría en posibilidad de acreditar jurídicamente la dominancia del género masculino sobre el femenino? ¿podríamos probar indubitablemente en casos concretos el dominio, control y opresión contra las mujeres para de ahí derivar un ``feminicidio''? Parece una labor harto difícil que requeriría de un extenso análisis, porque de lo contrario se corre el riesgo de dejar impunes delitos en agravio de mujeres en los que no sea posible acreditar la totalidad de los elementos del ``feminicidio''. A partir de los resultados del diagnóstico del estudio de referencia, con los inconvenientes señalados, sería difícil sustentar cambios radicales en la legislación actual, seguramente se requerirá de estudios más profundos para lograrlo. Esta Procuraduría está abierta al análisis conjunto de la pertinencia de la tipificación del ``feminicidio''.

Sobre los interesantes puntos de acuerdo, en lo que a esta instancia procuradora de justicia compete, informo a ustedes lo siguiente:

Para tener la certeza de los casos en los que en efecto se trataba de un homicidio de naturaleza doloso, se analizaron en cada una de esas 164 averiguaciones previas, las fotografías en las que se fijó el lugar de los hechos o del hallazgo, la necropsia, la fe de levantamiento del cadáver, de lesiones, los dictámenes de criminalística, de balística cuando por el tipo de muerte existían, de tránsito terrestre en su caso, de alcoholemia y toxicología, de mecánica de lesiones; declaraciones de testigos, incluidos los de identidad, así como los informes de la policía ministerial.

Como resultado de este análisis se obtuvieron los siguientes datos: en 29 casos las muertes se produjeron por accidente, en 14 se trató de suicidios, 47 fueron muertes naturales de las que por diversas circunstancias tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, razón por la que se inició una indagatoria, en 64 casos se produjeron homicidios culposos y en 10 homicidios dolosos.

Esto significa que del total de las 792 averiguaciones previas iniciadas por la probable comisión del delito de homicidio, sólo el 20.70 por ciento se refieren a mujeres; de estas el 3.7 por ciento resultaron ser accidentes, el 1.8 por ciento suicidios, el 5.9 por ciento muertes naturales, el 8.1 por ciento homicidios culposos y sólo 1.3 homicidios dolosos. Esto implica que la tasa de homicidios dolosos fue de 0.49 por cada 100 mil habitantes en la región Toluca, durante ese período.

Como se observa, la incidencia de este tipo de delitos es muy baja, aunque el impacto social es, en efecto, muy alto y preocupante; estamos convencidos de que debe ser tocado. En el ámbito de su competencia, la Procuraduría está trabajando para lograr el esclarecimiento de los homicidios y remitir a los probables responsables ante un juez, para que reciban su justo castigo. Esta es nuestra responsabilidad.

Este ejercicio está avalado por las instituciones participantes y se aplicará en todo el estado, para el año natural 2006, durante los primeros meses de este año, con oportunidad le reportaremos los resultados.

Sobre el exhorto para que esta Procuraduría incorpore la perspectiva de género, me es grato informarles que 24 agentes del Ministerio Público, 12 psicólogos y trabajadores sociales adscritos al Instituto de Atención a Víctimas del Delito de esta institución y 4 servidores públicos del Consejo Mexiquense de la Mujer y el Bienestar Social han cursado el diplomado denominado ``Procuración de Justicia con Perspectiva de Género'' que se impartió por las facultades de Medicina, Psicología, Derecho y por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el año pasado.

En el mes de febrero del actual se iniciará el segundo diplomado, este programa académico completo tiene carácter de especialidad y consta de más de 500 horas, su impartición se logró con el apoyo de la Fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, de la Procuraduría General de la República.

Los asistentes a la misma son en su mayoría servidores públicos mujeres responsables de la atención de las agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de violencia intrafamiliar y sexual de las cuales existen 17 en la entidad y el personal adscrito a nuestro Instituto de Atención a Víctimas del Delito que cuenta con 25 unidades en todo el estado y que proporcionó, durante el año pasado 60 mil 540 atenciones psicológicas y en materia de trabajo social. La creación del Instituto de Atención a Víctimas del Delito permitirá mejorar y ampliar los servicios de atención a víctimas y familiares, labor en la que participan los municipios con apoyos materiales importantes, atenderemos con mayor cuidado los aspectos relativos a la reparación del daño, misma que es definida por el juez al dictar sentencia.

La relevante ampliación presupuestal para el año en curso seguramente permitirá la contratación de nuevas plazas en las que habrá de privilegiarse la incorporación al servicio público de mujeres profesionales preparadas en la atención a los delitos violentos en agravio de mujeres.

Por lo que corresponde a los avances que se llevan en las investigaciones de homicidios dolosos, estos son los siguientes durante 2006: se iniciaron 135 averiguaciones previas por la probable comisión de este delito, en esas averiguaciones existen 139 víctimas: existen 75 averiguaciones previas en trámite (con 77 víctimas), se han consignado 55 indagatorias (con 57 víctimas), se han consignado al día de hoy a 84 probables responsables, 66 están siendo procesados; existen 12 órdenes de aprehensión pendientes de cumplir; en dos casos está por determinarse la situación jurídica de los inculpados, adicionalmente, en cuatro casos en los que se encontraban involucrados menores de edad éstos fueron remitidos a la autoridad competente para que sean juzgados. La eficacia en la consignación es superior al 40 por ciento, mayor a los niveles nacionales, aun así, la procuraduría reconoce que es necesario de superar.

La muertes de mujeres en la entidad se produce por diversos móviles, se han identificado entre otros, el robo, el secuestro y la violación (sólo se tiene registro de 4 violaciones agravadas con la muerte de alguna mujer); figuran también como móviles el maltrato infantil, la venganza, las discusiones familiares, las discusiones de pareja, el haber presenciado la comisión de un delito, discusiones por drogas o por negar el dinero para su adquisición y el deshacerse de una bebé no deseada.

En diez casos no ha sido posible la identificación de la víctima, ni existen averiguaciones relacionadas con la desaparición o extravío de personas con sus características físicas, el hecho de que sus cuerpos no hayan sido reclamados por familiares o amigos, hace suponer que se trata de mujeres que no vivían en la entidad. No existen patrones iguales en las muertes de mujeres ni relación entre victimarios. La Fiscalía Especial está trabajando en el informe que habrá de rendirse en breve sobre el particular, mismo que haremos llegar a ustedes.

Esta procuraduría coincide plenamente en que se requiere un cambio cultural para realmente incidir en la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, en ello las familias y la escuela deben comprometerse con seriedad, los valores de la vida gregaria deben ser inculcados en el hogar y reforzados en la escuela, la autoridad educativa rectora debe revisar el contenido de los planes y programas de estudio para incorporar en ellos estos valores fundamentales, la autoridad sanitaria está obligada a atender los problemas de prevención de las adicciones y la rehabilitación de adictos, las adicciones representan un factor criminógeno de alta incidencia, estas son medidas necesarias y urgentes para revertir la criminalidad en general en todo el país.

Reitero a ustedes la intención de la procuraduría de seguir intensificando su trabajo para lograr esclarecer estos reprobables eventos, esta institución manifiesta su repudio a las muertes dolosas de mujeres y reitera su compromiso de investigarlos y lograr castigos justos a los perpetradores.

La procuraduría se ha acercado a las familias de las víctimas para proporcionarles apoyo psicológico, nos preocupa como a ustedes la violencia que se vive en muchos hogares mexiquenses y trabajamos en el ámbito de nuestra responsabilidad para evitar la impunidad de estos y todos los casos de que conocemos.

Reitero a ustedes que reforzaremos las tareas de investigación, que proporcionaremos capacitación de calidad a los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la policía ministerial responsables de la investigación de los homicidios dolosos contra mujeres y que tendremos cercanía con esa representación popular para hacer de su conocimiento los avances en las investigaciones y los resultados de los estudios que se formulen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Dirección General de Luz y Fuerza del Centro.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

En atención a su oficio número DGPL 60-II-1-273, expediente 213, de fecha 21 de diciembre de 2006, referente a los puntos de acuerdo tomados en la sesión de la misma fecha, me permito informar a usted lo siguiente:

Luz y Fuerza del Centro ha participado activamente y lo continúa haciendo en el Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca Hidrológica de Encasa, realizando --entre otras-- las actividades que a continuación se mencionan.

Por otra parte, con relación a la explotación del cerro de Necaxaltepetl, le informo que el contrato de compraventa celebrado entre Luz y Fuerza del Centro e Ingenieros Civiles Asociados (ICA) respecto a 500 mil metros cúbicos de material pétreo, se llevó a cabo con arreglo a las normas y los lineamientos establecidos en la materia, precisando claramente las responsabilidades de las partes en caso de ocurrencia de daños y liberando a este organismo de cualquier responsabilidad.

El contrato mencionado fue celebrado con la autorización de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, según el acuerdo número JG- 55/2005, de la sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2005. La solicitud de acuerdo fue presentada con apoyo en la siguiente documentación:

En el contrato de compraventa citado se precisaron en las cláusulas undécima y duodécima las responsabilidades por daños que se pudieran ocasionar al organismo y a terceros, así como la obligación de garantizar su pago mediante la contratación, a cargo de ICA, de una póliza de seguros.

Finalmente, sobre la realización --en la segunda semana de febrero-- del Foro sobre el Desarrollo Integral de la Cuenca de Encasa, le manifiesto la mejor disposición de nuestra parte por participar en él, por lo que agradeceremos que nos informen de los detalles del desarrollo de dicho encuentro.

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputados Jorge Zermeño Infante y Jacinto Gómez Pasillas .--- Presentes.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L.60-II-1-272, de fecha 21 de diciembre de 2006, en el que hacen referencia al punto de acuerdo aprobado en la misma fecha donde solicita la atención de los puntos primero y segundo relativos a la explotación del centro de Necaxaltepetl, estado de Puebla.

Al respecto, me permito comentar a ustedes que la delegación de esta procuraduría en dicha entidad federativa ha llevado a cabo dos visitas de inspección a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, (ICA), Dirección de Proyectos Urbanos y Pesados Nacionales y/o Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, proyecto denominado ``Banco de Préstamo, Ahuacatlan, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, Escamilla, Natale y Zempoala, Puebla'', obteniéndose lo siguiente:

a) Primera visita

b) Segunda inspección

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1890/06, del que le adjunto copia, en el que aprueba remitirles iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos que se describen en el acuerdo legislativo de referencia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la LVII Legislatura del Congreso de Jalisco.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos fue turnada, mediante acuerdo de esta asamblea de fecha 31 de agosto de 2005, para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo legislativo presentada por el diputado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, con la finalidad de plantear al Congreso de la Unión la iniciativa de decreto a través de la cual se reforme y adicione el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de esta forma, y

Considerando

I. Que es facultad de los diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política del estado; y 147, punto 1, fracción I, 148, 153, puntos 1 y 2, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, presentar iniciativas de decreto para ser planteadas al Congreso de la Unión.

II. Que con fecha 31 de agosto de 2005 fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos la iniciativa de acuerdo legislativo presentada por el diputado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, registrada con el número 818.

III. Destacan de la exposición de motivos del diputado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández los siguientes puntos:

Que el arraigo es definido en los siguientes términos:

Arraigo penal: Es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquellos en que no proceda la prisión preventiva.

Asimismo, según comentarios del autor de la iniciativa el arraigo en nuestro sistema procesal penal es una medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que éste cumpla los requerimientos del Ministerio Público, en razón de la investigación de un hecho delictivo.

Es decir, las medidas en los procedimientos penales pueden ser también de carácter personal para garantizar el desarrollo del proceso, así como la efectividad de la sanción privativa de libertad, en los casos de sentencias condenatorias de tal pena.

Así, el Código Federal de Procedimientos Penales reglamenta el arraigo en el artículo 133 Bis del citado código, que a la letra establece:

A su vez, el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala con relación al arraigo:

El Poder Judicial federal ha variado los criterios respecto a la constitucionalidad del arraigo:

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito sustentó cinco tesis derivadas de sentencias ejecutorias que integraron la jurisprudencia publicada en la página 610 del tomo IX, correspondiente a enero de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

Por otra parte, sobrevino la formación de una tesis que en un principio no adquiría la categoría de jurisprudencia, pues estaba formada por tres ejecutorias; sin embargo, bastaron para sustentar contradicción del criterio anterior, dado que estas ejecutorias sostienen que la libertad personal sí es afectada por el arraigo, tal es el caso que dio origen a una contradicción de tesis resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 828 del tomo IX, correspondiente a enero de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

La citada tesis, como lo había dicho, es sustentada por tres ejecutorias, una pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito y las otras dos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.

De lo anterior se deduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional, ha pronunciado que es inconstitucional la figura jurídica del arraigo por no estar regulada por la Constitución, y porque la ley suprema, en los artículos 14, 16 y 19, prevé en forma enfática como formas de restricción de la libertad que son en los casos de

Por ello hoy podemos afirmar que la figura del amparo constituye un instrumento y herramienta de gran utilidad como medida cautelar y precautoria para evitar que cuando se integra una averiguación previa pero hay presunciones graves de la participación del presunto y riesgo grave de que eluda la acción de la justicia, se decreta esta medida y se pone bajo la vigilancia de la autoridad en cualquiera de sus dos vertientes ya analizadas.

Luego, con los precedentes de la Suprema Corte en que resolvió la inconstitucionalidad del arraigo, ello ha generado la presentación de iniciativas ante este Congreso en que se solicita la derogación en el Estado de los preceptos que regulan el arraigo y no estimar que las medidas actuales que establece la Constitución son insuficientes para hacer frente a la delincuencia y a los supuestos mencionados en el cuerpo de esta iniciativa, estimamos necesario adicionar en el texto constitucional la figura del arraigo para que con la autorización de la autoridad judicial y a petición del Ministerio Público en los casos en que haya riesgo grave durante la averiguación previa de que el presunto se evada de la acción de la justicia, nos solidarizamos para que se legisle el arraigo en la Constitución, proporcionando al Ministerio Público una herramienta de la que ya hace uso pero que al declararse inconstitucionalidad genera problemas de legalidad en esta medida, proponiendo su inclusión mediante una adición del artículo 16 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona...

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción I, 14, 16 y 17 de la Constitución Política del estado; y 1, 2, 3, 147, 148 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a esta asamblea, para aprobación, el siguiente acuerdo legislativo, para ser planteado al Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto a través de la cual se propone a reformar y adicionar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo Legislativo

Primero. El Congreso de Jalisco aprueba la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Elévese por conducto del secretario general atenta iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que adiciona un párrafo al artículo 16, recorriéndose en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo I De las Garantías Individuales

Artículo 16. ...

...............

...

El juez podrá dictar a solicitud del Ministerio Público y tomando en cuenta el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, las características de los hechos imputados y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización durante el tiempo estrictamente indispensable para determinar en la averiguación previa. Con vigilancia de la autoridad, la que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares.

...............

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y previa conformidad de la mayoría de las legislaturas de los estados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos de Constitucionales de la Cámara de Diputados.

CONDECORACIONES

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Liceo Franco-Mexicano, AC.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mes Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conductote me permito solicitar atentamente el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de estar en posibilidad de aceptar y usar la condecoración de ``Caballero en la Orden de las Palmas Académicas'', que ha tenido a bien conferirme el gobierno de Francia el 28 de julio de 2006.

Para todos los efectos, acompaño a la presente: copia certificada de mi acta de nacimiento, copia simple de mi pasaporte y de mi credencial para votar del IFE a modo de mi identificación, copia simple del diploma de la orden de las Palmas Académicas que me otorgaron en grado de caballero y copia simple de la comunicación correspondiente a dicha condecoración por parte de la Embajada de Francia en México.

Asimismo, establezco la dirección que aparece en la esquina superior derecha para oír y recibir cualquier comentario y/o notificación que corresponda a este respecto.

Quedo atenta a su respuesta para la autorización solicitada, y mientras tanto aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes mis más respetuosos saludos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Liceo Franco-Mexicano, AC.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito solicitar atentamente el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de estar en posibilidad de aceptar y usar la condecoración de ``Caballero en la Orden de las Palmas Académicas'', que ha tenido a bien conferirme el gobierno de Francia el 28 de julio de 2006.

Para todos los efectos, acompaño a la presente: copia certificada de mi acta de nacimiento, copia simple de mi pasaporte y de mi credencial para votar del IFE a modo de mi identificación, copia simple del diploma de la orden de las Palmas Académicas que me otorgaron en grado de caballero y copia simple de la comunicación correspondiente a dicha condecoración por parte de la Embajada de Francia en México.

Asimismo, establezco la dirección que aparece en la esquina superior derecha para oír y recibir cualquier comentario y/o notificación que corresponda a este respecto.

Quedo atenta y su respuesta para la autorización solicitada, y mientras tanto aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes mis más respetuosos saludos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se entrega el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2007, conforme a lo siguiente:

Asimismo, se entrega un disco compacto que contiene la información de los tomos y una presentación complementaria a nivel sectorial, dicha información estará disponible en la página de la secretaría a partir de esta fecha, en la siguiente dirección electrónica: www.hacienda.gob.mx

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y remítase al archivo, para consulta de los ciudadanos diputados.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a usted iniciativa de decreto que reforma los artículos 73, fracción I, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone a la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El Presidente Benito Juárez, al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos señalaba que: ``...bajo el sistema federativo no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala''.

Hoy los mexicanos demandan a los servidores públicos el eficaz cumplimiento de los principios a los que aludía el Benemérito de las Américas.

El país debe contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos que desempeñen sus funciones con alto grado de responsabilidad y eficiencia. Para ello, es imprescindible que se prevean remuneraciores adecuadas y dignas, dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica nacional.

El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos preparados, capaces y honestos, y que puedan ejercer con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.

Es por ello que, al asumir el cargo de Presidente de la República, manifesté que el Gobierno de México debe demostrar con acciones que realiza un esfuerzo significativo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos, y que el esfuerzo que hace la población para salir adelante reclama criterios de elemental eficiencia y austeridad por parte de la autoridad. Igualmente, me comprometí a establecer normas claras que regulen de manera objetiva y justa el pago dé los servidores públicos.

En este contexto, al presentar el programa de austeridad del Gobierno federal me pronuncié por enviar al Constituyente Permanente una iniciativa que regule y transparente las percepciones de los servidores públicos en los tres Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los tres órdenes de gobierno.

Hoy doy cumplimiento a este compromiso al presentar esta iniciativa al Constituyente Permanente.

Este proyecto pretende ajustar el marco constitucional que sustenta las remuneraciones de todos los servidores públicos del país -en los ámbitos federal, estatal y municipal-, a fin de crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

El Ejecutivo federal a mi cargo está consciente del imperativo de que los servidores públicos dispongan de una remuneración adecuada y suficiente que les permita cubrir sus propias necesidades y las de sus familias. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que la función pública debe estar orientada por un principio de vocación de servicio hacia la Nación y, por ello, las remuneraciones por el trabajo desempeñado deben mantenerse ajenas a todo exceso. Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa.

Contenido de la iniciativa

En primer lugar, se propone reformar el artículo 73, fracción XI, de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para establecer, por medio de una ley, las bases generales a las que debe ajustarse toda percepción pública a nivel nacional. Ello, con sujeción a los criterios y principios que se proponen para el artículo 127 también de la Constitución.

La Ley que emita el Congreso de la Unión, en la medida en que definirá directamente el sentido y alcance de disposiciones constitucionales, vinculará por igual a todos los órganos públicos, entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; los órganos constitucionales autónomos; los tres poderes de los estados y equivalentes en el Distrito Federal, incluidos sus órganos autónomos de carácter local; los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en general, cualquier órgano que realice funciones de Estado.

La atribución que se otorga al Poder Legislativo federal tiene como objetivo establecer bases uniformes para la fijación de remuneraciones, sin violentar la autonomía de las entidades federativas y municipios.

Por otra parte, se propone también modificar de manera substancial el artículo 127 de la propia Constitución.

No hay que olvidar que uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan a ciertos servidores públicos en algunos ámbitos de gobierno. Sobre todo tratándose de regiones en los que se viven condiciones de verdadera miseria y en donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores es abrumadora.

Por ello, en la iniciativa se recoge, por un lado, el actual principio de que los servidores públicos percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función; pero, por otro lado, se establece que los límites mínimos y máximos de tales remuneraciones se deberán precisar, año con año, en los respectivos presupuestos de egresos.

Adicionalmente se elevan a rango constitucional los principios a los que habrá de sujetarse la asignación de remuneraciones, como lo serían, la equidad, igualdad, desempeño, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia. Al efecto, en la iniciativa de ley, se desarrollan y se otorga de un contenido concreto a cada uno de tales principios.

Cabe señalar que el establecimiento de los criterios que definan los rangos sobre los cuales debe determinarse la remuneración en el artículo 127 de la Constitución es un paso de innegable importancia en el proceso de transparencia en el ejercicio del poder. Dichas regulaciones permitirán a los órganos encargados de fiscalizar el gasto y a los ciudadanos en general, tener conocimiento de los parámetros dentro de los cuales oscilan los ingresos de sus servidores.

Una parte fundamental de la propuesta de reforma consiste en que existan comités de expertos, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local, que participen en la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos y los tabuladores que deben regularlos. Esto tiene como finalidad permitir la participación de la sociedad en un tema que le es particularmente sensible y, al mismo tiempo, contar con criterios técnicos en la elaboración de los manuales de remuneraciones, que incluyen los tabuladores de los trabajadores al servicio del Estado.

Por último y a efecto de que exista a nivel constitucional un parámetro definido, se propone que ninguna remuneración de los servidores públicos sea superior al monto máximo autorizado en el Presupuesto federal para la remuneración del Jefe del Estado. Con ello, los distintos órganos públicos contarán con un tope máximo de referencia que evite que, bajo argumentaciones relativas al manejo autónomo de los presupuestos, se adopten sueldos y prestaciones desmedidos.

Régimen transitorio

Tomando en consideración que los límites que, de aprobarse la iniciativa se establecerían en nuestra Carta Magna, deben ser respetados por todos los servidores públicos, aún por aquéllos que se encuentran actualmente en funciones, se prevé incorporar un artículo transitorio que permita ajustar las remuneraciones que rebasen los límites de referencia, a más tardar al inicio del ejercicio fiscal 2008.

No escapa a nuestra atención lo previsto en el párrafo noveno del artículo 94 constitucional que dispone que la remuneración que perciban diversos funcionarios judiciales no podrá ser disminuida durante su encargo.

Sin embargo, es indudable que la ratio legis de dicho principio constitucional está referida a los poderes constituidos precisamente para evitar cualquier acto de presión que aquellos pudieran intentar en contra de la función jurisdiccional, en otras palabras, el precepto es un instrumento que pretende garantizar la autonomía del Poder Judicial.

No obstante, es indiscutible que si el Órgano Reformador de la Constitución dicta un mandato que autoriza, en su caso, la afectación de algunos funcionarios, ello no vulnera lo dispuesto en el citado artículo 94. Además, nuestro máximo tribunal ya ha definido con claridad que sólo el texto constitucional pudiera permitir, en caso de ser necesario, una aplicación retroactiva de la norma.

En este contexto, no obstante el perjuicio que se pueda ocasionar a intereses individuales, debe atenderse al bien superior de contar con un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente, que dé certeza al ejercicio del gasto público, con el fin de evitar arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del órgano reformador de la Constitución, la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma los artículos 73, Fracción I, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 73, fracción XI, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 73. ...

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal recibirán remuneraciones adecuadas e irrenunciables por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, conforme a las siguientes bases:

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las remuneraciones de los servidores públicos que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto rebasen aquéllas correspondientes al Presidente de la República o las de su superior jerárquico, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 127 de este Decreto, a más tardar al inicio del ejercicio fiscal 2008.

Tercero. El Ejecutivo Federal llevará a cabo un estudio a nivel nacional de las remuneraciones de los servidores públicos, a fin de contar con un marco de referencia y definir la metodología para la valuación de puestos y recomendaciones en cuanto a los esquemas de remuneraciones.

Para tales efectos, los órganos públicos entregarán la información que les sea requerida por el Ejecutivo Federal.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

REPUBLICA DE NICARAGUA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el original del oficio número DCP-0116/07 de fecha 19 del mes en curso, suscrito por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la carpeta de resultados de la visita del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a la República de Nicaragua, en ocasión de su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de ese país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito enviarle la carpeta de resultados de la visita del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a la República de Nicaragua, en ocasión de su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de ese país.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

« Secretaría de Relaciones Exteriores.

Carpeta de resultados ceremonia de transmisión del mando Presidencial de la República de Nicaragua

Managua, 10 de enero de 2007.

Enero 2007

Índice

1. Programa

2. Comitiva oficial mexicana

3. Cuadro de Resultados

4. Anexos

Conferencias de prensa:- Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa- Secretaría de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa- Presidente Electo de Nicaragua, Lic. Daniel Ortega Saavedra

« Secretaría de Relaciones Exteriores.

Nicaragua Transmisión del Mando Presidencial ( 10 de enero de 2007)

Programa de actividades del Lic. Felipe Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Miércoles 10 de enero

10:30 Reunión del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con el Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente Electo de la República de Nicaragua

12:00 Almuerzo que en honor de los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Príncipes Herederos, Presidentes de los Poderes de Estado, Vicepresidentes de Estado, Ministros de Relaciones Exteriores y sus cónyuges, ofrecen el Excmo. Sr. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República de Nicaragua y la señora Lila T. Abaunza de Bolaños, Primera Dama de la República de Nicaragua

Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial de la República de Nicaragua

15:30 Ingreso del Excmo. Sr. Jaime Morales Carazo, Vicepresidente Electo de la República de Nicaragua acompañado por su esposa, señora Amparo de Morales

15:35 Ingreso del Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente Electo de la República de Nicaragua acompañado por su esposa, señora Rosario Murillo

15:40 Ingreso del Excmo. Sr. Alfredo Gómez Urcuyo, Vicepresidente de la República de Nicaragua acompañado por su esposa, señora María del Carmen Lacayo de Gómez,

15:50 Ingreso del Excmo. Sr. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República de Nicaragua, acompañado por su esposa, señora Lila T. Abaunza de Bolaños

Parte I: Sesión solemne de la Asamblea Nacional en ocasión del traspaso de mando del Poder Ejecutivo

16:00 Himno Nacional de Nicaragua

16:05 Comprobación del Quórum de los señores Diputados de parte del señor Secretario de la Asamblea Nacional

16:10 Apertura de la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional, de parte del señor Presidente de la Asamblea Nacional

16:15 Invocación al Altísimo por S.E.R. Cardenal Miguel Obando y Bravo

16:20. Entrega de la Banda Presidencial de parte del Excmo. Sr. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República de Nicaragua al señor Presidente de la Asamblea Nacional

16:25 Toma de Promesa de Ley al Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente Electo de la República de Nicaragua

Salvas de honor

16:30 Imposición de la Banda Presidencial al Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua, a cargo del señor Presidente de la Asamblea Nacional

Lectura y Firma del Acta

16:35 Toma de Promesa de Ley al Lic. Jaime Morales Carazo, Vicepresidente Electo de la República de Nicaragua, a cargo del señor Presidente de la Asamblea Nacional Lectura y Firma del Acta

16:40 Palabras a cargo del Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua

16:45 Firma del decreto presidencial por medio del cual se crea la Medalla de la Unidad Latinoamericana ``Nicaragua Libre'', a cargo del Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua

Entrega de la Medalla de la Unidad Latinoamericana ``Nicaragua Libre'' a los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Toma de Posesión a cargo de mujeres nicaragüenses

Lectura de los decretos Presidenciales creando y otorgando la Medalla de la Unidad Latinoamericana ``Nicaragua Libre''

El señor Presidente de la Asamblea Nacional levanta la Sesión

Himno Nacional de Nicaragua

Parte II: toma de promesa de Ley de Autoridades Militares y Gubernamentales

Toma de Promesa de Ley a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua de parte del Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua

Toma de Promesa de Ley a la Jefatura Nacional de la Policía de parte del Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua

Toma de Promesa de Ley al Gabinete de Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por el Excmo. Sr. Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra.

El Excmo. Sr. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y su esposa, Rosario Murillo acompañan el Ex Presidente de la República, Excmo. Sr. Enrique Bolaños Geyer y ex Primera Dama, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, en su retiro del recinto.

Nicaragua Transmisión del Mando Presidencial ( 10 de enero de 2007)

Comitiva Oficial Mexicana Lic. Felipe Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Sra. Margarita Zavala de Calderón

1. Emb. Patricia Espinosa Cantellano Secretaria de Relaciones Exteriores

2. Lic. Juan Camilo Mouriño Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

3. Gral. Bgda. Dem. Jesús Javier Castillo Cabrera Jefe del Estado Mayor Presidencial

4. Lic. Maximiliano Cortázar Lara Coordinador general de Comunicación Social Presidencia de la Republica

5. Lic. Jerónimo Gutiérrez Fernández Subsecretario para América Latina y el Caribe

6. Emb. Columba Calvo Vargas Embajadora de México en Nicaragua

7. Emb. Francisco del Río López Director General de Protocolo

Cuadro de resultados de la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua

(Managua, Nicaragua, 10 de enero de 2007)

Actividad

• Reunión Privada del Presidente Felipe Calderón con el Presidente Electo de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra

Resultados

• Esta fue la primera Visita de Trabajo al exterior que realiza el Jefe del Ejecutivo.

• El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

• El Presidente Felipe Calderón hizo saber al Presidente Daniel Ortega que su visita a Nicaragua es una clara muestra de la buena voluntad que tiene México en estrechar relaciones con América Latina, puesto que México es en esencia latinoamericano, al tiempo que reconoció que ``nuestra historia, nuestro pasado y nuestro futuro está en América Latina''.

• Por su parte, Daniel Ortega, al agradecer al Presidente Felipe Calderón la visita, resaltó la importancia que representa para Nicaragua la presencia del Mandatario mexicano. Asimismo, le expresó su deseo de establecer ``relaciones muy francas'' con su Gobierno, con el que espera trabajar de manera coordinada y con una gran cooperación. Destacó que este encuentro ``es la oportunidad de fomentar y fortalecer los lazos entre México, Nicaragua y Centroamérica'' para favorecer a la región y a Nicaragua.

• En esta ocasión, ambos Presidentes conversaron sobre la importancia de fortalecer las inversiones y la necesidad mutua de dinamizar el comercio bilateral. Asimismo, intercambiaron ideas sobre los retos e interés que comparten México y Nicaragua en materia de lucha contra la pobreza. En ese sentido, el Presidente Ortega solicitó al Mandatario mexicano apoyo para proyectos de desarrollo, especialmente para la industria hidroeléctrica de Nicaragua, a lo que el Presidente Calderón ofreció la asesoría del Gobierno de México.

• El Presidente Calderón extendió una invitación al Presidente Daniel Ortega para que visite México en el transcurso de 2007.

• Ambos Mandatarios concluyeron el encuentro formulando votos por una relación de amistad, respeto, cooperación y desarrollo.

• Al término del encuentro el Mandatario mexicano participó en los eventos de la Ceremonia de Transmisión de Poderes. El Presidente Calderón, y los mandatarios asistentes al evento, recibieron la ``Medalla al Mérito Latinoamericano'', otorgada por el Presidente Daniel Ortega.

Actividad

• Palabras del Presidente Felipe Calderón en la conferencia de prensa ofrecida, al término del encuentro con el Presidente Daniel Ortega.

Resultados

• El Presidente Felipe Calderón calificó de ``signo de ventura'' el que sus mandatos comiencen casi simultáneamente su gestión, porque permitirá una coordinación ``mucho más estrecha''.

• Ofreció a Nicaragua establecer una relación de gran colaboración, ``el Gobierno de México desea tener una relación franca, de colaboración, de hermanos como pueblos que somos, a sabiendas de la compleja circunstancia que nos toca vivir a todos en el ámbito nacional e internacional''.

•En esta ocasión, el Presidente Felipe Calderón reiteró la pertenencia de México a la región latinoamericana. Asimismo, afirmó que su participación en la Transmisión del Mando Presidencial del Sr. Daniel Ortega es una clara muestra de la firme decisión del gobierno de México por apoyar al gobierno y al pueblo de Nicaragua.

• El Presidente Calderón resaltó que siempre ha tenido una gran admiración por la historia y el curso de los acontecimientos en Nicaragua, pero sobre todo por el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el régimen somocista el 10 de enero de 1978, quien creía firmemente en la libertad de expresión y cuya muerte significó mucho no solamente para Nicaragua, sino para toda América Latina. Anexo 1

Actividad

• Palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, a la Prensa.

Resultados

• La Secretaria Espinosa reiteró la importancia que tiene el hecho de que el Presidente Calderón -tal como lo hizo durante sus contactos internacionales ya como Presidente Electo-, al hacer un primer viaje al exterior por primera vez, haya decidido que éste fuera a Nicaragua.

• Destacó que ésta es una muestra de la voluntad que tiene el Gobierno de México por estrechar y fortalecer los vínculos con la región centroamericana.

• Manifestó que Nicaragua es un país hermano latinoamericano al que nos unen lazos históricos, de solidaridad y de amistad profunda entre nuestros pueblos.

• Señaló que los Presidentes conversaron sobre los retos que ambos países comparten en materia de lucha contra la pobreza. Subrayó que el Presidente Calderón le comentó a su homólogo nicaragüense la experiencia de México en el Programa del Seguro de Salud para una Nueva Generación. Le explicó los alcances que tiene este programa y la importancia que tendrá en un futuro para los mexicanos.

• Destacó que ambos Presidentes coincidieron en la importancia que tiene el fomento de la inversión para la generación de empleos y para instrumentar políticas y estrategias eficaces que contribuyan a la superación de la pobreza y a mejorar el nivel de vida de sus pueblos.

• Preciso que los Presidentes conversaron sobre la importancia de seguir fomentando el comercio bilateral y de aprovechar las oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio suscrito con Nicaragua, del cual convinieron en analizar cuáles son todavía los obstáculos que habría que superar para mejorar aún más su aprovechamiento.

• Señaló que hubo una total coincidencia entre ambos Mandatarios para que esta amistad que une a los dos pueblos se traduzca verdaderamente en acciones concretas. Anexo 2

Actividad

• Palabras del Presidente Daniel Ortega a la Prensa.

Resultados

• Expresó que esta visita va a ofrecer la oportunidad de profundizar los lazos entre México y Nicaragua, México y Centroamérica, México y América Latina.

• Manifestó que la señal que dio el Presidente Calderón, cuando hizo la gira por los países centroamericanos y por América del Sur fue de ``acercarnos más a Latinoamérica''. Anexo 3

ANEXO 1

El Presidente Calderón, durante la reunión que sostuvo con el señor comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente Electo de la República de Nicaragua

Miércoles, 10 de enero de 2007

``Lo que queremos es tener una relación muy franca, de enorme colaboración, de hermanos como pueblos que somos, a sabiendas de la compleja circunstancia que nos toca vivir a todos en el ámbito nacional e internacional''

``He sido un admirador no sólo de la historia y del curso de los acontecimientos en Nicaragua, sino también específicamente de Pedro Joaquín Chamorro, cuyo aniversario luctuoso se conmemora el día de hoy''

Me da mucho gusto estar en Managua y transmitirle nuestros mejores deseos y nuestra expresa, firme y buena voluntad para trabajar de manera muy, muy coordinada y con una gran cooperación entre México y Nicaragua.

Yo veo como un signo de ventura, un buen símbolo el que nuestros mandatos comiencen casi simultáneamente y que eso nos permita coordinar de manera mucho más estrecha, mucho más planeada y por mucho más tiempo las acciones dé nuestros gobiernos.

Efectivamente, lo que usted señala en el sentido del primer viaje que hicimos fuera de México en el periodo de transición, ya una vez electo, fue a Latinoamérica y hoy refrendamos también esa misma señal y decisión porque este viaje a Managua es el primero que realizo fuera de México ya como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

De manera tal que lo que queremos es tener una relación muy franca, de enorme colaboración, de hermanos como pueblos que somos, a sabiendas de la compleja circunstancia que nos toca vivir a todos en el ámbito nacional e internacional.

Pero México es esencialmente latinoamericano, su corazón, su cultura, su pueblo, su historia, está aquí, somos un país que tiene un contexto y un desafío múltiple, como todos los países e independientemente de que geográficamente, además, pertenezcamos a la región de Norteamérica, nuestra esencia y nuestra sustancia, nuestra historia, nuestro pasado y nuestro futuro sabemos que está en América Latina.

Y el acudir, además, a esta ceremonia de inicio de mandato, de juramento de toma de posesión, para nosotros es una firme decisión de apoyar, desde luego, al pueblo y al gobierno de Nicaragua.

Sabemos que el futuro de nuestros países se está construyendo ahora, y en un mundo donde cada vez la interrelación entre los pueblos es más intensa, donde lo que ocurre en una parte del globo impacta en el resto de los países del mundo, con mayor razón entre países que somos vecinos, que somos cercanos, que somos hermanos, que tenemos historia común.

Yo celebro además la disposición que ha tenido usted de recibimos. Sé que además es un día muy difícil, me imagino que está ajustando aún el mensaje, sus compromisos y su propio programa. Así que es un día muy importante.

Y por eso yo aprecio enormemente el significado de que usted nos reciba esta mañana en esta casa llena de luz, de color, que es la del Frente Sandinista, que con todo lo que eso simboliza para usted y para el pueblo de Nicaragua.

Además, yo quiero mencionar por último, y si me permiten, que he sido un admirador no sólo de la historia y del curso de los acontecimientos en Nicaragua, sino también específicamente de Pedro Joaquín Chamorro, cuyo aniversario luctuoso se conmemora el día de hoy.

Soy un hombre que cree firmemente en la libertad, en la libertad de las ideas, en la libertad de expresión.

Sé de lo que significó la vida y la muerte de Chamorro para Nicaragua y para América Latina entera.

Y para mí es especialmente emotivo y significativo poder estar aquí en Managua el día de hoy.

Así que lo saludamos con mucho afecto, con mucha sinceridad Y con mucho respeto, Presidente, deseándole la mejor de las suertes. Gracias.

Anexo 2

Palabras de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, después de la reunión entre el Presidente Calderón con el Presidente Electo Comandante Daniel Ortega

Miércoles, 10 de Enero

Nicaragua es un país hermano latinoamericano al que nos unen lazos históricos, lazos de solidaridad, lazos de amistad profunda entre nuestros pueblos, así es que esa es, realmente, la razón y el motivo de este encuentro el Presidente Calderón extendió una invitación al Presidente Daniel Ortega para que visite México en el transcurso de este año.

Muy buenas tardes a todos, realmente me da mucho gusto tener esta oportunidad de reunirme con ustedes para compartir un par de comentarios en relación a este viaje del Presidente Felipe Calderón, aquí a Nicaragua.

Entiendo que ustedes recibieron ya las imágenes del mensaje que dieron ambos mandatarios en la reunión que acaba de suceder pero, independientemente de eso, yo sí quisiera reiterar la importancia que tiene el hecho de que el Presidente Calderón, tal como lo hizo durante sus contactos internacionales ya como Presidente Electo, por primera vez al hacer un primer viaje al exterior, ha decidido que éste se realice a Nicaragua.

Esto pone de manifiesto, sin duda, la voluntad del Gobierno del Presidente Calderón de estrechar, de fortalecer los vínculos con la región centroamericana.

En este contexto, sin duda, Nicaragua es un país hermano latinoamericano al que nos unen lazos históricos, lazos de solidaridad, lazos de amistad profunda entre nuestros pueblos, así es que esa es, realmente, la razón y el motivo de este encuentro.

Tuve oportunidad ya de saludar, también, al canciller designado. Hemos conversado nosotros sobre la voluntad que tenemos de trabajar de manera muy estrecha y muy rápidamente volvemos a reunir para definir ya temas muy concretos de la relación bilateral en la que queremos profundizar.

Los Presidentes conversaron sobre los retos que ambos países comparten, compartimos en materia de lucha contra la pobreza.

En ese contexto, el Presidente Calderón le comentó al Presidente Ortega la experiencia de México en el Programa del Seguro de Salud para una Nueva Generación.

Le explicó los alcances que tiene este programa y la importancia que tendrá en un futuro para los mexicanos.

También, los dos Presidentes coincidieron en la importancia que tiene la inversión, el fomento de la inversión para la generación de empleos y para poder instrumentar políticas eficaces, estrategias eficaces que nos ayuden a la superación de la pobreza y a mejorar el nivel de vida de nuestras poblaciones.

También, se conversó de la importancia de seguir fomentando el comercio bilateral, de aprovechar cabalmente las oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio que hemos suscrito con Nicaragua.

Y conjuntamente analizar cuáles son todavía los obstáculos que habría que atender, que habría que superar para mejorar aún más el aprovechamiento.

Y hubo una total coincidencia entre ambos mandatarios para que esta amistad que une a los dos pueblos se traduzca verdaderamente en acciones concretas.

Finalmente, el Presidente Calderón extendió una invitación al Presidente Daniel Ortega para que visite México en el transcurso de este año.

Y el Presidente Ortega pidió al Presidente Calderón apoyo en proyectos, en megaproyectos de desarrollo de infraestructura, especialmente en materia de la industria hidroeléctrica.

Esto sería a grandes rasgos el contenido de la conversación que tuvieron los dos mandatarios y el significado de este viaje del Presidente Felipe Calderón.

--- Pregunta: ¿Ofreció alguna clase de ayuda económica México a Nicaragua para estos programas de combate a la pobreza, y hablaron del tema Venezuela?

--- Secretaria Patricia Espinosa Cantellano: Bueno, a lo que se refiere a la cooperación en materia de desarrollo económico, sí se habló como les comentaba de manera general también.

Como les comentaba platicamos con el canciller sobre la importancia de que tengamos una reunión posterior a nivel de cancilleres, a nivel de ministros con los viceministros también para poder analizar en detalle la agenda bilateral.

Se habló en específico en esta oportunidad de algún tipo de colaboración de México en materia de desarrollo de infraestructura hidroeléctrica.

--- Pregunta: Preguntarle, cuál sería el alcance real de esta estrategia de recuperar el liderazgo en América Latina de la que el Presidente ha estado hablando.

Y cómo, cuál sería la estrategia desde la cancillería para evitar que ese retomar liderazgo en América Latina pueda convertirse en descuidar la relación con Estados Unidos.

--- Secretaria Patricia Espinosa Cantellano: Bueno, ustedes habrán seguramente o algunos de ustedes, habrán seguido el mensaje que dio el señor Presidente Felipe Calderón el día de ayer en la reunión de embajadores y también el mensaje que yo hice después a la hora de la clausura, aunque ya era un poquito tarde, a lo mejor algunos de ustedes no lo pudieron seguir.

Pero, la idea es y nosotros, ahí quiero ser muy enfática, no vemos ninguna incompatibilidad, ni ninguna dificultad en atender la relación con el norte y también fortalecer nuestras relaciones con América Latina, Centroamérica y Sudamérica.

Incluso, en la cancillería tenemos dos áreas distintas, obviamente todos trabajamos como equipo, pero realmente tenemos equipos dedicados a ambas regiones.

El propósito y la estrategia es hacer que la diplomacia trabaje, que nosotros a través de los contactos y la amplia red diplomática que tenemos logremos un diálogo y un entendimiento más estrecho, permanente y constante en favor de los intereses de las agendas de todos los países, aquí digo ambos países porque estoy hablando básicamente de las relaciones bilaterales.

Pero también en los foros regionales y mundiales nos proponemos fortalecer esa colaboración.

--- Pregunta: Quiero preguntar algo brevemente.

¿México ya tiene alguna postura oficial en torno a la determinación del gobierno de Hugo Chávez, en este caso de las privatizaciones, por el impacto que van a tener en las empresas mexicanas que tienen inversiones o intereses en el país de Venezuela?

--- Secretaria Patricia Espinosa Cantellano: Bueno, la determinación del gobierno, como ustedes pudieron ver el día de ayer en el mensaje del Presidente Calderón, es de fomentar este diálogo y esta relación de respeto, constructiva, que implique beneficios en nuestro caso para el pueblo mexicano.

Así es que nosotros vamos a estar trabajando en esa dirección.

Hemos seguido con atención las decisiones que ha tomado el Presidente Hugo Chávez y seguimos haciendo nuestros esfuerzos para procurar un mayor acercamiento.

--- Pregunta: En ese sentido ¿se prevé una reunión con él?

--- Secretaria Patricia Espinosa Cantellano: Bueno, ustedes conocen el intenso programa que está previsto aquí en Nicaragua con motivo de la asunción del mando del Presidente Ortega.

El Presidente Calderón ha decidido, ha querido ser muy respetuoso del protocolo y de los eventos que el Gobierno de Nicaragua ha organizado, así es que, como ustedes, seguramente habrán podido observar en el programa de actividades del Presidente Calderón, la única entrevista que estaba programada es la entrevista con el Presidente Ortega.

--- Pregunta: ¿Están estudiando alguna posible reunión entre ellos dos?

--- Secretaria Patricia Espinosa Cantellano: Mire, el programa es justamente como les acaba...

--- Pregunta: No, a futuro, ¿en el almuerzo, una plática en el almuerzo de hoy o la comida de hoy, no sé?

--- Secretaria Patricia Espinosa Cantellano: Francamente no sé si el señor Presidente Chávez estará en el almuerzo, pero, bueno, por supuesto estos son espacios de cordialidad en donde los mandatarios, no sólo los mandatarios, estaré yo también invitada; todos, por supuesto, trataremos de aprovechar eso para procurar relaciones positivas.

Gracias.

Anexo 3

El Presidente Electo de Nicaragua, Daniel Ortega en la reunión que sostuvo con el Presidente Calderón

Miércoles, 10 de enero de 2007.

Le damos la bienvenida a Nicaragua a un Presidente de un pueblo hermano, como el pueblo mexicano.

Estamos seguros de que vamos a tener la oportunidad de profundizar, de fortalecer los lazos entre México y Nicaragua; México y Centroamérica; México y América Latina.

La señal que usted dio cuando hizo el recorrido por los países centroamericanos y por América del Sur, creo que fue una gira muy importante acerca de que creo que encontrar los mandos latinoamericanos, acercamos más a Latinoamérica.

Bienvenido, Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el presente me permito remitir a ustedes la Comunicación del C. Presidente de la República con la que comunica que ha dispuesto el nombramiento de un Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Como es de su conocimiento, el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental determina que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública estará integrado por cinco Comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal.

Por su parte, el párrafo tercero del precepto mencionado señala que los Comisionados durarán en su encargo siete años, sin que puedan ser reelectos para otro periodo.

En ese orden de ideas, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ha comunicado a este Ejecutivo federal la vacante de un miembro de dicho órgano colegiado, situación que obliga actuar de inmediato a efecto de no alterar el funcionamiento del mismo.

Para los efectos mencionados, el Ejecutivo federal ha tenido a la vista el expediente personal de la C. Jacqueline Peschard Mariscal; del cual se advierte que reúne los requisitos señalados por el artículo 35 de la Ley aludida, para ser nombrada Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, además que denota contar con una amplia experiencia en las materias de transparencia y acceso a la información, ya que se ha desempeñado de forma destacada en distintos ámbitos profesionales, tanto públicos como académicos.

En consecuencia, respetuosamente me dirijo a esa Asamblea para comunicar que he tenido a bien nombrar a la C. Jacqueline Peschard Mariscal como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para un periodo de siete años, a partir del 10 de enero de 2007 y hasta el 9 de enero del año 2014.

Desde luego que el Gobierno de la República será respetuoso de la determinación que la Comisión Permanente se sirva realizar, por lo que me permito anexar los documentos curriculares de la C. Peschard Mariscal, a efecto de que se proceda como señala el primer párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Le reitero, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-235, signado el 14 de diciembre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CONAPRED/DGAELPP/005/ 2006, suscrito el 9 del actual por el ciudadano José López Villegas, director general adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ciudadano Eduardo Amerena Lagunes, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación.--- Presente.

Por acuerdo del ciudadano Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, acuso recibo y doy respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/41706, de fecha 15 de diciembre de 2006, al que adjunta copia fotoeléctrica del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, emitido el 14 del mismo mes y año, en relación al exhorto al Ejecutivo federal a cumplir su facultad constitucional para la expedición del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que el 31 de enero de 2006, este consejo envió al doctor Julio Frenk Mora, entonces secretario de Salud, el anteproyecto del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento al compromiso asumido en respuesta a la invitación que el ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera, director general del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad formuló el 15 de diciembre de 2005 a diversas instituciones, y que este consejo aceptó expresamente.

Con esa finalidad, el 13 de enero de 2006 el Conapred emitió convocatoria en dos periódicos de circulación nacional a las personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil interesadas, invitándolas a participar en la elaboración del referido anteproyecto. Esta labor corrió a cargo de la doctora Amalia Gamio Ríos, responsable del Programa de la Presidencia de este Consejo, para la Defensa de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad.

La respuesta de los convocados fue entusiasta, pues participaron cuarenta organizaciones representativas de las personas con discapacidad, especialistas y personal de este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; se integraron mesas de discusión y trabajo denominadas: ``Nada de nosotros sin nosotros'', los días 17, 19 y 20 del mismo mes, en el salón de usos múltiples del edificio en que se encuentran nuestras oficinas.

Contamos con la honrosa participación de las siguientes organizaciones, grupos e instituciones:

La experiencia de estas organizaciones, personas y grupos, todos especializados, generó la redacción del anteproyecto de Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad a que se refiere la intención del punto de acuerdo que nos envió.

Una vez listo el anteproyecto, como he señalado, se remitió al secretario de Salud a su consideración y posterior revisión y seguimiento por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para de así estimarlo, proceder a su promulgación, sin que, efectivamente, ello haya ocurrido hasta esta fecha.

Adjunto al presente copia fotoeléctrica del referido anteproyecto.

Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el punto de acuerdo es especialmente alentador y significativo, a cuyo seguimiento obran antecedentes relevantes en diversas iniciativas de reformas a las leyes.

Con fecha 5 de los corrientes, este consejo emitió opinión jurídica a la iniciativa del senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN), para reformar algunos preceptos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con el propósito de garantizar a las personas ciegas las posibilidades de acceder a la información pública. En esa opinión, la que ya obra en esa Secretaría de Gobernación, nos permitimos expresar lo siguiente:

Derivado de esos principios, la Convención ya aprobada contiene los siguientes artículos rectores:

``Artículo 1.

Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamenta/es por todas las personas con discapacidad, y promover e/ respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 2

Definiciones

A los fines de la presente Convención:

La ``comunicación'' incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

Por ``lenguaje'' se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;

Por ``discriminación por motivos de discapacidad'' se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por ``ajustes razonables'' se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Por ``diseño universal'' se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El ``diseño universal'' no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten''.

Si bien esta Convención estará abierta a la suscripción de los países integrantes de la ONU, seguramente a fines del mes de marzo de 2007, y luego, tocante a México, sujeta al trámite que dispone el artículo 133 de la Constitución General de la República, todo conduce a vislumbrar el inicio de una etapa nueva en beneficio de las personas con discapacidad que habitan el territorio nacional, y en términos de adecuación y de carácter proyectivos, a la construcción de una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad que abrogue a la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005. Al respecto, el 17 de octubre de 2006 (dos meses antes de la aprobación por aclamación de esa Convención), a solicitud de los senadores Adriana González Carrillo y Guillermo Tamborrel Suárez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Senado de la República emitió punto de acuerdo exhortando respetuosamente al Ejecutivo Federal para que acorde con los derechos de las personas con discapacidad, suscriba la referida convención, además de manifestar, la propia Cámara de Senadores, su compromiso con todas aquellas personas con discapacidad y con la evolución del derecho internacional que funja como garante del respeto y promoción de sus derechos humanos, reiterando que procederá con toda seguridad, una vez que el Ejecutivo Federal haya signado la Convención de mérito, a tomar las acciones encaminadas a su ratificación y, en consecuencia, a lograr la armonización necesaria entre esa y nuestro marco jurídico.''

Es de observar que los instrumentos internacionales, las enriquecedoras aportaciones de las personas, grupos u organizaciones de la sociedad civil, así como de los académicos e investigadores, colocan a México ante la perspectiva ineludible de revisar, actualizar la legislación federal en las variadas materias vinculadas con las personas con discapacidad, y simultáneamente provocar se impacten las leyes de las entidades federativas.

Como es de su conocimiento, el 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al tercer párrafo del artículo 1, constitucional, por la que se sustituye el término ``capacidades diferentes'', por el correcto: ``discapacidades'', situación que, por mayoría de razón y fundamento, ha lugar a adaptar todo el orden jurídico mexicano a los principios del respeto efectivo y pleno ejercicio del derecho fundamental constitucionalizado a la no discriminación, de igualdad de trato y de oportunidades.

Agradezco la gentileza de su atención, y quedamos de usted, a sus respetables órdenes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-244 signado el 21 de noviembre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número FOO.- 666 suscrito el 20 de diciembre de 2006 por el ciudadano Ernesto Enkerlin Hoeflich, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, recibido en esta secretaría el 10 del mes en curso, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a crear un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, del estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/300/5357/06, de fecha 22 de noviembre pasado, por el cual se nos hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado en sesión del día 21 de noviembre, y que dice:

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cree un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, del estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Por lo que corresponde a esta comisión a mi cargo, que funge como punto focal de la Convención para la Conservación del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO en México en lo relativo a bienes naturales y participante con el INAH en lo relativo a bienes mixtos, le manifiesto que estaremos pendientes para que sea en el seno del Comité Nacional de Patrimonio donde se analicen las características de este municipio de Cuetzalan que pudiesen constituir los criterios de valor universal excepcional para sustentar la nominación de bien a la Convención de Patrimonio Mundial, en apego a las directrices operativas de la misma.

Asimismo me permito informar a usted que toda vez que el director general del INAH, es el presidente del Comité Nacional de Patrimonio Mundial, será a quien le corresponda convocar a las diferentes instituciones a una reunión para analizar la viabilidad de un fideicomiso de administración como al que hace referencia la honorable Cámara de Diputados, para lo cual esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas promoverá ante el INAH la realización de la reunión a la brevedad posible.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-244, signado el 21 de noviembre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 401-1- 002, suscrito el 9 del actual por el licenciado Alfonso de Maria y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a crear un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, del estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Conaculta-INHA.--- Instituto Nacional de Antropología e Historia.--- Dirección General.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Apreciable licenciado Meade:

Me complace referirme a su atento oficio del 22 de noviembre de 2006 (número SEL/300/5358/06) relacionado con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta al gobierno federal a la creación de un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de programas y acciones encaminadas a la acreditación del Municipio de Cuetzalan, Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

En este sentido, me permito comunicarle que el 27 de septiembre del año próximo pasado, el sitio en comento fue inscrito en la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, bajo la asesoría y gestión del INAH, como parte de las funciones inherentes a la representatividad de este Instituto en el seno del Consejo Consultivo de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (Conalmex).

Por cuanto toca a la etapa de integración del expediente correspondiente, así como la propuesta de formar un fideicomiso para su administración, este Instituto reitera su mayor determinación para otorgar asesoría técnica a los organismos y dependencias postulantes y, simultáneamente, efectuar las gestiones necesarias ante el organismo internacional de referencia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PROTOCOLO DE MONTREAL

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-237 signado el 14 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGTG-00051/2007 suscrito el 10 del actual por el ciudadano Ernesto Céspedes Oropeza, director general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al Protocolo de Montreal y su Enmienda de Beijing.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Eduardo Amerena Lagunes, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Estimado licenciado Amerena, me permito hacer referencia a su comunicación número SEL/UEL/311/413/06, de fecha 15 de diciembre de 2006, por la que remite el punto de acuerdo relativo al agotamiento de la capa de ozono y a la ratificación de la Enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Al respecto, me permito informar a usted que esta cancillería ha recibido y tomado nota de la información enviada sobre el punto de acuerdo referido. Asimismo, hago de su conocimiento que esta dependencia se encuentra atenta al seguimiento que el honorable Senado de la República le otorgue a dicho asunto, coincidiendo con la honorable Cámara de Diputados en que la ratificación de la citada enmienda permitirá fortalecer la participación activa de México en el cuidado y protección de la capa de ozono.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más distinguida consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL60-II-6-170, signado el 31 de octubre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, original del similar número DCP-0025/07, suscrito el 15 del actual por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo sobre el repudio contra la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacer llegar la respuesta adjunta al diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo, aprobado en sesión ordinaria del 31 de octubre de 2006, en el que señala:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo, aprobado en sesión ordinaria del 31 de octubre de 2006, en el que señala:

Al respecto, le informo:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

INMIGRANTES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-216, signado el 14 de noviembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el original del similar número DCP-0066/07, suscrito el 16 del actual por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la moratoria de las deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos de América, en especial la de la ciudadana Elvira Arellano, para evitar la separación de su hijo menor de nacionalidad estadounidense.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directivade la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo, aprobado en sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2006, en el que señala:

Al respecto, le informo:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo, aprobado en sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2006, en el que señala:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PRODUCTIVIDAD GANADERA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.-929 signado el 16 de noviembre último por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 500.-6467 suscrito el 21 de diciembre de 2006 por el licenciado José de Jesús Levy García, oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, recibido en esta secretaría el 10 del mes en curso, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a los recursos correspondientes al Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (Progan).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.- 1156 signado el 28 de noviembre de 2006 por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, el original del similar número DEP-0009/06 suscrito el 9 del actual por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al documento Hacia una estrategia nacional de acción climática .

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE YUCATAN

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.-1459 signado el 12 de diciembre de 2006 por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DRPY.- 004/2007 suscrito el 11 del actual por el ciudadano Alfredo Arellano Guillermo, director regional península de Yucatán de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al manejo y administración de la reserva de la biosfera Sian Ka'an.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2518 signado el 9 de febrero de 2006 por el senador Carlos Chaurand Arzate , vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número BOO.00. 04.08.-007 suscrito el 9 del actual por la MCC. Heidi Storsberg Montes, coordinadora general de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua de la Comisión Nacional del Agua, así como los anexos que en el mismo se mencionan, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al diagnóstico de las condiciones en que se encuentran actualmente las zonas altas de la Sierra Madre de Chiapas y al nivel de peligrosidad que revisten ante la eventualidad de nuevas lluvias torrenciales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Me permito remitir a ustedes, para atención de la honorable Comisión Permanente, presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para enero y febrero del año en curso.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 5 de enero de 2007, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Ángel Ramos Ramírez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Selene Quezada García, para prestar servicios como secretaria en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Flor Guadalupe Ortiz Lazo, para prestar servicios como auxiliar de inmigración, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Blas Rafael Aguirre Saenz, para prestar servicios como auxiliar electricista, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Sonia Aldana Esparza, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Antonio Posada Quintana, para prestar servicios como asistente de ciudadanía, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Ramos Ramírez, para prestar servicios como inspector en el Departamento de Seguridad, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el coronel de caballería DEM Julio César López Baquera pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República del Perú.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al coronel de caballería DEM Julio César López Baquera para aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Perú.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Almirante Marco Antonio Peyrot y González; Capitán de Corbeta, José Gerardo Valcárcel del Barrio; C. Wilfredo Robledo Luna, Capitán de Navío C.G. P.H. DEM Romel Eduardo Ledesma Abaroa; Capitán de Corbeta C.G. DEM Martín Enrique Barney Montalvo y, Vicealmirante C.G. DEM Alberto Castro Rosas, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones en diferentes grados que les confieren los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América, el Gobierno del Reino de España, el Ministerio de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, la Armada del Reino de España y el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia en conmemoración del 60 Aniversario de la Gran Victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto se Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Almirante Marco Antonio Peyrot y González, para aceptar y usar la condecoración ``Legión al Mérito'', en grado de comandante, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta José Gerardo Valcárcel del Barrio, para aceptar y usar la condecoración de la ``Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Wilfredo Robledo Luna, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco'' que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Romel Eduardo Ledesma Abarca, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla ``Al Mérito por el Fortalecimiento de la Cooperación Técnico Militar con las Fuerzas Armadas de México'' que le confiere el Ministerio de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Martín Enrique Barney Montalvo, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla ``Cruz del Mérito Naval de 2a. Clase con Distintivo Blanco'', que le otorga la Armada del Reino de España.

Articulo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla del Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia ``Por el Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', que le confiere el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y en conmemoración del 60 Aniversario de la Gran Victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial.

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Ángel Ramos Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Cuidad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Tijuana, Baja California, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio César López Baquera para aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Perú. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, José Gerardo Valcárcel del Barrio, Wilfredo Robledo Luna, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Martín Enrique Barney Montalvo y Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si es va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no hay artículo reservado para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación)

Se emitieron 26 votos en pro y ningún voto en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados, los proyectos de decreto, por 26 votos; pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

MEDIOS DE COMUNICACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y las amenazas contra periodistas, y a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas y editores; y realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido los medios de comunicación nacionales y locales, a cargo del Senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 17 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 17 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La Comisión Dictaminadora consideró pertinente reproducir literalmente los siguientes párrafos del Capítulo de Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina:

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden sustancialmente con la argumentación y propósitos expresados en la propuesta que se dictamina, ponderando de manera particular la gravedad en la incidencia de los homicidios en contra de periodistas; la impactante escalada de violencia que se presenta aparentemente como saldo del periodo electoral y postelectoral del año 2006; los efectos que tienen estos sucesos como una limitante severa del derecho de expresión e información de los ciudadanos y de los medios de comunicación social y como una coerción de las libertades y derechos civiles.

III. La Comisión Dictaminadora rescata que en los ámbitos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se ha reconocido la gravedad de estos fenómenos delincuenciales vinculados al crimen a) organizado y al narcotráfico, entre los que destaca lo siguiente:

Pese a los esfuerzos realizados y las acciones concretas antes citadas, subsiste la situación descrita por el Senador Mario López Valdez, pues ``los crímenes y amenazas contra periodistas se mantienen impunes, quedan abiertos cerca de 27 expedientes en esta Fiscalía --Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas--, y en la práctica sigue vigente la restricción de las libertades y derechos civiles del gremio periodístico y de la ciudadanía''.

IV. Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera que es procedente y oportuno, al inicio del año 2007 y prácticamente en el despegue del periodo gubernamental 2006 -- 2012, renovar los esfuerzos y fortalecer las medidas conducentes para investigar los crímenes cometidos en contra de periodistas y evitar que éstos queden impunes, exhortando en este sentido al Titular del Poder Ejecutivo Federal y para que, en caso de que se formalice la anunciada renuncia del actual titular responsable de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, se proceda a nombrar a quien lo sustituya. Asimismo, se le deberá exhortar respetuosamente para que instruya a quien corresponda a efecto de que se garantice la disposición oportuna y aplicación eficiente de los recursos necesarios a la Fiscalía citada, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, recientemente aprobado.

V. La Comisión Dictaminadora no tiene registro de precedentes parlamentarios recientes de exhortos al Titular del Ejecutivo Federal por parte del Poder Legislativo, relacionados con pronunciamientos o condenas públicas a nivel nacional, por lo que esta Comisión Dictaminadora, respetuosa del principio de división de poderes y de las atribuciones constitucionales y políticas del Presidente de la República, considera más adecuado proponer que el Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente en ejercicio durante el Primer Receso del Primer año de la LX Legislatura, exprese su condena enérgica en contra de la ola de crímenes y agresiones perpetrados en contra de periodistas en diversas partes de la República y se invite al Titular del Poder Ejecutivo, con estricto respeto a su investidura y función pública, a pronunciarse en términos similares.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión en ejercicio durante el Primer Receso del Primer Año de la LX Legislatura, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido los medios de comunicación local, nacional e internacional.

Segundo. La del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a comprometerse y garantizar durante su mandato la plena vigencia del derecho a la información y las libertades y derechos civiles correspondientes.

Tercero. La del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que de manera urgente, se tomen las medidas conducentes para prevenir y garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas que han tenido lugar los últimos años en contra de periodistas y editores.

Cuarto. La del Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República, para que nombre al Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, así como para que otorgue los recursos necesarios para su buen desempeño.

ESTADO DE TABASCO

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Gobernación, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir declaratoria de desastre y declaratoria de contingencia en diversos municipios de Tabasco

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo con objeto de que se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña; y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a emitir declaratoria de desastre y declaratoria de contingencia climatológica, respectivamente, en los 17 municipios del estado de Tabasco, mismos que han sufrido graves afectaciones a consecuencia de las inundaciones derivadas de torrenciales lluvias que se vienen produciendo desde hace diez días, a cargo del diputado Silbestre Álvarez Ramón , del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 17 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 17 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la proposición con punto de acuerdo refiere en su capítulo de consideraciones que desde el día 7 de enero de 2007 y como consecuencia de las lluvias torrenciales ocurridas en el estado de Tabasco y asociadas con los frentes fríos número 30 y 31, se han generado graves afectaciones a la población y a las actividades agropecuarias en la totalidad de los 17 municipios que forman esta entidad. Precisa que además del desbordamiento de varios ríos se produjeron inundaciones que han devastado a cientos de comunidades campesinas y miles de hectáreas donde se llevan a cabo actividades agropecuarias.

Sustenta su proposición en lo dispuesto en los artículos 29 a 37 de la Ley General de Protección Civil y 129, 133 y demás aplicables de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para concluir solicitando que se emitan declaratorias de desastre y de zona de contingencia climatológica los 17 municipios del estado de Tabasco, a efecto de que obtengan los apoyos previstos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Atención a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC).

II. En virtud de que los medios de comunicación masiva han dado amplia cobertura desde el 7 de enero de las intensas lluvias que se han producido en el estado de Tabasco; de que se aplicó el Plan de Emergencia DN-III en el municipio de Cárdenas, por el desbordamiento de cuatro ríos; de que se reportan numerosos daños y damnificados en diversas partes del estado, y de que las lluvias no han cesado hasta la fecha, los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente y hacen suyas las propuestas del diputado Silbestre Álvarez Ramón .

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión en ejercicio durante el primer receso del primer año de la LX Legislatura exhorta al secretario de Gobernación y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que procedan, con la urgencia que requieren los acontecimientos, a emitir declaratoria de desastre, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y declaratoria de contingencia climatológica, aplicando recursos del Fondo para Atender a la Población Rural afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), respectivamente, con relación a los 17 municipios de Tabasco que están siendo afectados por las fuertes inundaciones a consecuencia de las lluvias torrenciales que se vienen sucediendo desde el 7 de enero de 2007.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar que se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 10 de enero de 2007.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita fue incluida en el orden del día de la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 10 de enero de 2007; en la sesión de 17 de enero de 2007 se acordó que el Presidente de la Mesa Directiva daría el turno correspondiente a las proposiciones agendadas, y éste turnó el asunto a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina solicita que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes, a efecto de que en coordinación con las dependencias federales del sector agropecuario y de desarrollo social, así como con los gobiernos del estado y del municipio, procedan a instrumentar y aplicar un programa inmediato de apoyo para la recuperación social y económica de esa región de la entidad, particularmente en auxilio de los productores de guayaba. Sustenta su petición en lo siguiente:

Concluye el proponente en señalar la necesidad de la urgente intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal para aplicar un programa contingente de apoyo al municipio de Calvillo, y en particular a los productores de guayaba, que incluya autorización de recursos financieros, programas de asistencia técnica, infraestructura, empleo temporal y de desarrollo social.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora comparten la preocupación y los planteamientos del senador Carlos Lozano de la Torre y estiman procedente el exhorto que solicita por parte de la Comisión Permanente.

En efecto, los medios de comunicación social dieron cobertura sobre las intensas heladas que se produjeron en el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes, a partir del 26 de diciembre de 2006, así como de los daños que ocasionaron a los productores agrícolas del municipio citado, principalmente a los productores de guayaba.

Consecuentemente, es procedente y oportuno solicitar del secretario de Gobernación la declaratoria de desastre natural con motivo de las intensas heladas ocurridas a partir del 26 de diciembre de 2006, en el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes, declarando como zona de desastre dicho municipio a efecto de que los productores agrícolas damnificados puedan acceder a los recursos del Fonden, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las Reglas de Operación de dicho Fondo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión en ejercicio durante el primer receso del primer año de la LX Legislatura, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes, a efecto de que los productores agrícolas damnificados puedan acceder a los recursos del Fonden, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y las Reglas de Operación de dicho fondo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004, y de que se promueva un programa de apoyo para la recuperación social y económica de la entidad, particularmente a los productores de guayaba, en coordinación con los gobiernos del estado y del municipio.

Se reserva para su discusión.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se crea un grupo plural de trabajo de legisladores que, en coordinación con uno de expertos, visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para creación de un grupo plural de trabajo de legisladores que visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en las que se encuentran los detenidos por su presunta participación en el movimiento social iniciado en el estado de Oaxaca el 22 de mayo de 2006, con el objetivo de documentar cada uno de los casos y verificar sus condiciones físicas, psicológicas; así como su situación jurídica, presentada en la sesión del 17 de enero por el Diputado Javier González Garza a nombre de los diputados José Almazán González, Alliet Bautista Moreno, Claudia Cruz Santiago, Aleida Alavez Ruiz , Otón Cuevas Córdoba, Carlos Altamirano Toledo , Joaquín de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Daisy Selene Hernández Gaytán , Benjamín Hernández Silva , Carlos Roberto Martínez Martínez .

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 17 de enero de 2007, y en la misma fecha fue turnada para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En la proposición presentada por el Diputado Javier González Garza manifiesta que derivado del Foro Nacional por los Derechos Humanos en Oaxaca, efectuado el 9 de enero pasado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se escucharon 40 testimonios de familiares de desaparecidos, ``ex presos políticos'' torturados y víctimas que fueron vejados sexualmente, quienes denunciaron golpes, insultos, amenazas de muerte, condiciones insalubres, humillaciones y violaciones sexuales de que fueron objeto los detenidos en el estado de Oaxaca.

II. Derivado de lo anterior, los promoventes consideran necesario que se verifiquen las condiciones físicas y psicológicas de las personas que aún se encuentran detenidas en los centros estatales y federales de readaptación a fin de documentar de manera rigurosa cada uno de los casos, con el objetivo de acercarse de los elementos de prueba para fincar responsabilidad a las autoridades que violentaron el estado de derecho.

III. Para los integrantes de esta comisión dictaminadora, no pasa desapercibido la situación política y social que prevalece en el estado de Oaxaca. Al respecto se han pronunciado organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual en su Informe preliminar sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Oaxaca, ha manifestado que esa ciudad es una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales, como consecuencia, la vida institucional, social, económica y cultural del estado se ha visto dañada.

Al respecto, el ombudsman ha señalado:

IV. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al análisis de las Consideraciones y Punto de Acuerdo materia de la propuesta y encontraron que se trata de crear un grupo de legisladores que se traslade a los centros de readaptación social en donde se encuentran privados de su libertad aquellas personas que han sido detenidos en virtud del conflicto en Oaxaca, a fin de verificar las condiciones físicas y psicológicas de las personas que aún se encuentran detenidas y poder documentar cada uno de los casos, con el objetivo de integrar los elementos que permitan conocer el nivel de responsabilidad de las autoridades que violentaron el estado de derecho.

V. En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera pertinente reproducir literalmente la propuesta que presentó el promoverte:

Por tanto, esta Comisión Dictaminadora considera necesario establecer que se trata de crear un Grupo Plural de legisladores con carácter transitorio, es decir, su duración será en tanto resuelve el objeto de su creación.

Por otra parte, dada la temporalidad de la Comisión Permanente, esta Comisión Dictaminadora considera adicionar un tercer punto resolutivo para que el informe que rinda éste Grupo de legisladores se integre a los inventarios que establece el artículo 129 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que al respecto establece:

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se acuerda la creación de un Grupo Plural de legisladores con carácter transitorio que visitará los centros de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en las que se encuentran los detenidos por su presunta participación en el movimiento social iniciado en el estado de Oaxaca el 22 de mayo de 2006, con el objetivo de constatar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.

Segundo. Este Grupo Plural se integrará por tres Diputados a propuesta de sus Grupo Parlamentarios a más tardar el próximo miércoles 24 de enero de 2007.

Tercero. Una vez que el grupo de trabajo concluya su visita y la integración de los expedientes emitirá un informe ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Dicho informe se turnará a las Secretarías de las respectivas Cámaras en los términos del artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está reservada la participación del senador Monreal en el asunto de Oaxaca. ¿Algún otro legislador?

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿En dónde y cuál otro?

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano Presidente: le pido reserve mi voto para participar en el tema del tercer y cuarto dictámenes a discusión, relativo a la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar se declare zona de desastre al municipio de Calvillo, ése es uno. Y el relativo a la comisión plural de trabajo de legisladores que visitarán Oaxaca, a las cárceles de máxima seguridad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Algún otro legislador? De los puntos de acuerdo no reservados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban dichos puntos de acuerdo no reservados.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados, los puntos de acuerdo.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre el dictamen de la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo que solicita la declaración de zona de desastre al municipio de Calvillo, en Aguascalientes, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente. Ciudadanos legisladores. Se está en discusión de un punto de acuerdo para solicitar se declare zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes.

En la solicitud de punto de acuerdo presentada por los legisladores de Aguascalientes se establece cómo una superficie importante de cultivos en esta zona del estado de Aguascalientes, del municipio de Calvillo, se han visto afectados por las heladas sobre todo en el cultivo de la guayaba y otros.

Esta zona, en efecto sufrió como nunca los estragos de las inclemencias del tiempo. Es una zona donde normalmente el hielo, las nevadas, no llegan y cuando llegan, afectan al cultivo de la guayaba fundamentalmente.

Quizás algunos puedan identificar esta zona. Es una zona donde se produce una gran parte de guayaba, quizás la más importante del país, pero curiosamente es la misma zona del estado de Zacatecas. Es decir, es una zona que no puede ser separada por los límites que los estados tienen. Es una región uniforme y esta nevada, helada que afectó a los cultivos de Aguascalientes, también afectó --por tratarse de la misma región-- el estado de Zacatecas.

Tenemos la misma presencia de este fenómeno meteorológico en los municipios de Tabasco, de Jalpa, de Juchipila, de Apozol, de Huanusco, cuya principal actividad es precisamente el cultivo de la guayaba, por eso solicito a la Presidencia que le solicite a la Primera Comisión si se admite que se contemple no sólo al estado de Aguascalientes, sino al de Zacatecas, en los municipios de referencia, para que en el mismo punto de acuerdo sea declarado también zona de desastre.

No hay motivo para que sólo se considerara la zona que se encuentra en los límites del estado de Aguascalientes, en el municipio de Calvillo.

También le diría que el problema del FAPRACC, es un fideicomiso que maneja agricultura para los cultivos que se ven afectados, debe intervenir en esta región independientemente de los recursos que pudieran llegar por la vía de la declaración de desastres. Es decir, debería enfocarse, abocarse, debería orientarse a dos secretarías, la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil; y la Secretaría de Agricultura, a través de este fideicomiso, denominado FAPRACC y que sirve y se destinan para los cultivos que han sufrido por causas del tiempo, por causas de desastres naturales, merma o pérdida total en sus cultivos.

Esta zona de Aguascalientes-Zacatecas está padeciendo los estragos de la insuficiencia de sus cultivos y la pérdida por desastre natural de miles de hectáreas que fueron plantadas y que son cultivadas con esta fruta denominada guayaba, que representa la principal actividad económica de toda la zona.

Por eso le solicito, Presidente de la Comisión Permanente, haga el favor de someter a consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión mi petición. Y se la formalizaré por escrito. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Ricardo Monreal. Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al mismo tema.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Únicamente para, en nombre propio y en nombre del senador Carlos Lozano --ambos legisladores del estado de Aguascalientes--, expresar un reconocimiento en esta ocasión a la Secretaría de Gobernación, porque justo el día de hoy, miércoles 24, publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de contingencia climática para el municipio de Calvillo. Es decir, que en esta ocasión el dictamen que emite nuestra Segunda Comisión ve ya un reflejo inmediato en la propia secretaría.

Sin embargo, sí quisiera hacer también patente el apoyo a la propuesta que hace el senador Monreal. Ciertamente, para quienes conocen el bello estado de Aguascalientes, y muy en especial a la hermosa zona del valle de Huejúcar, es una zona que por razones climáticas y de presencia sociológica está muy ligada al estado de Zacatecas.

Para ser franca, nací en Tabasco, Zacatecas, en ese municipio que propone el senador Monreal que pueda ser incluido. Y me parecería que sería un dato importante que la Cámara de Diputados pudiera hacer extensiva esta solicitud a la Secretaría de Gobernación, porque son zonas muy marginadas, son zonas que se han vuelto expulsoras de trabajadores del campo hacia Estados Unidos; son zonas en donde vemos a familias literalmente de puras mujeres y sus hijos, donde no hay jóvenes, donde no hay varones y evidentemente la única posibilidad de ingreso que tienen es precisamente el cultivo de la guayaba y de algunos otros, en el campo de esta zona.

Entonces, pedirles esta ampliación para que podamos solicitar a la Secretaría de Gobernación ampliarlo a esos municipios que expresó ya el senador Monreal. Muchas gracias.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez. Para hablar también sobre el punto de acuerdo de la Primera Comisión de trabajo relativo al grupo plural de trabajo que va a visitar a los centros estatales de readaptación social de cárceles de máxima seguridad en los que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Hasta hoy, el tema de Oaxaca continúa sin llegar a una solución plena, quedando en el olvido una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos.

Este vergonzoso conflicto de índole totalmente político tiene un saldo de aproximadamente 350 detenidos, varios desaparecidos, desencadenando en que a la fecha se han recibido aproximadamente 500 quejas por violaciones de los derechos humanos, especialmente derechos a la vida, a la integridad física, psicológica, a la libertad personal, a la de legalidad, seguridad jurídica, libre tránsito, protección a la salud, de manifestación, de reunión, de información, provenientes todas del uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas, cateos ilegales, negativas a proporcionar el debido proceso y los servicios de educación y salud.

Ha habido una flagrante, permanente y vergonzosa violación de los derechos humanos de los oaxaqueños. Ha habido una frecuente actitud de hostilidad, de acoso, de persecución, contra aquellos que protestan socialmente por las condiciones de vida, en las que se encuentran miles de oaxaqueños. Ha habido una constante persecución de los líderes sociales de este movimiento y hay en este momento encarcelados ilegalmente, privados de la libertad ilegalmente en prisiones de alta seguridad, que sólo compete a la autoridad federal, cuando se encuentran en actividades también de tipo federal. Es decir, estas violaciones de los derechos humanos no han sido suficientes para las autoridades para poder soltar, liberar a estos reos políticos, a estos presos políticos, presos de conciencia.

Por eso nos parece importante este punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRD. Nos parece correcto que se forme este grupo plural y visite los centros de reclusión donde aún hay más de 50 compañeros oaxaqueños que están siendo procesados por delitos que habían desaparecido desde hace muchas décadas: amotinamiento, sedición y otras, que lamentablemente en Oaxaca todavía el tipo penal persiste.

Es el ejemplo de la barbarie, es el ejemplo de gobiernos encabezados por sátrapas, es el ejemplo de lo que no se debe hacer en este país. Gente inocente en las cárceles, y los líderes de cuello blanco en libertad, protegidos y amparados por el gobierno. Eso es lo que pasa en Oaxaca.

Es triste observar que no hay quien levante la voz por esta violación flagrante de las garantías individuales consagradas en la parte dogmática de nuestra Constitución. Para ellos, las garantías individuales son letra muerta, nadie la respeta, nadie las observa, todas se violan en su perjuicio. Es triste observar el devenir de estas personas que sin dinero, sin recursos, están atravesando por un Apocalipsis sólo por ser inconformes sociales; ése es su único delito, ésa es su única violación: sólo ser inconformes sociales. Qué lamentable que en pleno siglo XXI estemos en esta posición.

Pero votaremos a favor de este punto de acuerdo para que esta comisión plural nos pueda informar el estado en que se encuentran estas casi 50 personas detenidas en distintos centros de reclusión social; incluyendo a los de alta seguridad, que están en centros de reclusión de alta seguridad. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Ricardo Monreal. Proceda la Secretaría a poner a votación el punto de acuerdo de la Primera Comisión de trabajo, donde se solicita se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Pero antes, si se acepta la propuesta hecha por el senador Monreal, para que se incluya municipios de Zacatecas en la declaratoria de desastre, municipios de Tabasco, Jalpa, Juchipila, Apozol y Huanusco.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se acepta que el municipio de Calvillo sea declarado zona de desastre y si se anexan los propuestos por el senador Ricardo Monreal.

Se pregunta a los legisladores: los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con esa ampliación, consulte la Secretaría si se aprueba el punto de acuerdo para declarar zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes y a los municipios de Tabasco, Jalpa, Juchipila, Apozol y Huanusco, en el estado de Zacatecas.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo para declarar zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes y los municipios del estado de Zacatecas, propuestos por el senador Monreal.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse también el punto de acuerdo de la Primera Comisión de trabajo por el que crea un grupo plural que visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en los que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo para que una comisión plural visite los centros de readaptación social donde se encuentran detenidas personas que participaron en el movimiento social del estado de Oaxaca. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pasamos al capítulo de iniciativas y nuevamente hago un llamado a los señores legisladores que habrán de presentar iniciativas de ley: que, de ser posible, ajusten su tiempo a 5 minutos, sin que esto implique que no se les permita utilizar hasta los 10 minutos.

Tiene la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputado Presidente. Con la venia también de los legisladores: decirles que hoy venimos a presentar una iniciativa de decreto que tiene que ver con una adición del artículo 28.

Y para hablar de esto tendremos que recordar que la atención primaria para la salud, fundamental en el desarrollo de este país, el buscar que la atención primaria llegue a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, es importante.

Pero esto es una tarea no solamente de la institución gubernamental, sino también de los profesionistas de este país; y hay un equipo interdisciplinario que ha participado en el desarrollo de la atención primaria para la salud, y varios diputados de esta legislatura preocupados por este tema, el de la voz, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba , la diputada Margarita Arenas Guzmán , la diputada Adriana Vieyra Olivares , del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, y María Oralia Vega Ortiz , del Partido Revolucionario Institucional, han decidido firmar esta iniciativa que tiene que ver con buscar reconocer el trabajo de los profesionistas que se han encargado de dar y de brindar a este país la atención primaria para la salud, y para esto hay que recordar que en 1994 la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud reconocieron el trabajo, no solamente de los médicos, sino también de ese equipo que lo conforman las enfermeras, nuestras enfermeras mexicanas, y que ellos reconocen el trabajo y la labor de la licenciatura en enfermería como tal, igual que la licenciatura en medicina y que dentro de la formación que llevan nuestras enfermeras llevan una materia que llevamos los médicos, que es la farmacología, que esto le permite a la enfermera conocer no solamente del suministro de los medicamentos.

Esto tiene que ver --les decía-- con atención primaria, porque tenemos que reconocer que en este país tenemos un médico por cada mil habitantes, cuando lo ideal sería tener tres médicos por cada mil habitantes.

Enfermeras en este país... Nosotros en este país tenemos dos enfermeras por cada mil habitantes; el estándar internacional es de ocho enfermeras por cada mil habitantes. Esto quiere decir que mucha de la labor que hoy se realiza en la atención primaria no solamente la hace el médico y las instituciones de salud; la hacen nuestras enfermeras en el trabajo de campo, a donde no alcanza a llegar el médico, lo hace la enfermera, y es justo brindarle las garantías en la ley a aquellos que han decidido entregarse a una labor por una vocación.

Quiero decirles que en otros países, en Europa --nombraré algunos de ellos--, en Australia, en Reino Unido, en Francia, en España, en Suecia, en Estados Unidos, ya se le permite y se le reconoce a la enfermera como alguien que puede, con su licenciatura, suministrar y también prescribir algunos medicamentos del cuadro básico, y esto tiene que ver con buscar darle el alcance a la atención primaria para la salud.

De hecho, algunos programas federales ya lo contemplan y también hay que reconocer que en la normatividad mexicana las enfermeras cumplen con este cometido, pero que aún la ley no les brinda esa garantía, y por eso la preocupación de estos médicos parte de la Comisión de Salud, que hoy a través de un servidor presentamos esta adición del artículo 28, porque mucho de este personal se ha visto hostigado en asuntos jurídicos por no contar con una adhesión como ésta en la Ley General de Salud.

Esto tiene que ver con el interés de reconocer a nuestras enfermeras, al equipo interdisciplinario y también de garantizarle al ciudadano la atención para la salud.

Por lo expuesto, les voy a leer cómo quedaría la adición. Sería adicionar al artículo 28 lo siguiente, de la Ley General de Salud: ``Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son médicos --como ya lo contempla el reglamento--, los médicos homeópatas, los cirujanos dentistas, los médicos veterinarios en el área de su competencia y las licenciadas o licenciados en enfermería, quienes únicamente podrán prescribir medicamentos comprendidos en el cuadro básico y también de acuerdo a la normatividad que pueda emitir la Secretaría de Salud''.

Para esto estamos dando un año después de aprobada esta iniciativa, para que la institución encargada de la salud en este país pueda determinar de qué manera, de qué forma, qué medicamentos y bajo qué condiciones puedan prescribir nuestras enfermeras algunos medicamentos para nuestros pacientes. Recordemos que hay pacientes que ya no pueden salir de su casa y que difícilmente algún médico llega a poderles dar la atención y que mucha de esta atención es a través de una enfermera. Si esto ya sucede, pues busquemos darle las garantías a quien ha estado preocupado por la salud. En este caso serían nuestras enfermeras.

El presente decreto entraría en vigor al año siguiente de su publicación, el Diario Oficial, plazo durante el cual el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y de conformidad con el texto propuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley General de Salud, deberá establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria para la salud.

Por obviedad de tiempo, Presidente, pediría que el texto íntegro de la iniciativa se anexara al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente, que se turne a la Comisión correspondiente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales José Antonio Muñoz Serrano , Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y Adriana R. Vieyra Olivares, en la LX Legislatura, con fundamento en la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Salud, para lo cual presentan la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la transición epidemiológica y demográfica ha tenido como resultado un impacto directo sobre las características de las necesidades de salud de la población, así como en el tipo y cantidad de los servicios ofertados a los usuarios en las instituciones de salud.

La evidencia internacional sugiere que los sistemas de salud organizados con base en una fuerte orientación de la atención primaria a la salud alcanzan mejores y más equitativos resultados en salud, son mas eficientes, tienen costos mas bajos de atención y logran una satisfacción más alta del usuario comparada con la de aquellos sistemas que tienen una débil orientación a la atención primaria a la salud.

En 1994, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud determinaron la importancia de los consultorios de enfermería con la posibilidad de proporcionar atención a pacientes con enfermedades de bajo riesgo en el primer nivel de atención, al considerar que la enfermera de atención primaria es capaz de proporcionar un amplio asesoramiento en materia de hábitos de vida, asistencia familiar y servicios de atención domiciliaria y su participación con el equipo de salud, se encuentra centrada en la ayuda al individuo y a la familia para el auto cuidado de la salud.

La enfermera como parte del equipo de salud tiene la capacidad para continuar y colaborar en el manejo médico con un enfoque holístico, es decir, integral, educativo, de detección, monitoreo, prevención y limitación del daño a la salud.

La enfermería es entendida como una disciplina profesional cuya finalidad es el cuidado a la salud de las personas sanas y enfermas de forma integral, con el fin de que utilice sus capacidades y potencialidades para la vida. El cuidado (atención de enfermería) es el objeto de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la salud, partiendo de la idea de que cuidar es prestar una especial consideración a la dimensión psicológica, emocional, social y moral de la salud y la enfermedad de una persona.

Respecto a los pacientes con padecimientos crónicos y personas mayores, las necesidades en materia de salud de estos grupos no son tanto de curación como de cuidado de la salud; estos pacientes necesitan que se les enseñe a manejar su problema, se les realicen técnicas diagnósticas y tratamientos poco complejos y se tomen medidas para evitar las complicaciones derivadas de su enfermedad.

Siguiendo el más reciente estudio de la OCDE sobre los sistemas de salud en México (2005) y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, alrededor de 4 por ciento de la población no fue atendida por un profesional de la salud porque geográficamente no tenía acceso a servicios de salud.

De acuerdo con datos oficiales de la OCDE de 2003, en México existen 1.5 médicos por cada mil habitantes, el promedio de todos los países miembros es de 2.9 por mil. Respecto al personal de enfermería, en México existen 2.1 enfermeras por mil habitantes, el promedio de los países miembros es de 8.1.

Las situaciones anteriores han llevado a muchos países a autorizar legalmente al personal de enfermería a prescribir ciertos medicamentos en condiciones definidas, de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Suecia, Sudáfrica y Brasil.

En México existe el Centro Comunitario de Atención Primaria a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que tiene por objetivo proporcionar servicio de primer nivel de atención por medio de intervenciones de enfermería en forma anticipada al daño y con problemas de salud de bajo riesgo.

Una entidad colaboradora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia-UNAM es el Centro de Investigación Materno-Infantil Gen, dedicado a la atención de la mujer embarazada de bajo riesgo y del niño sano en el cual crearon y validaron un modelo de atención materno infantil, que ha logrado mediante acciones estratégicas de prevención, disminuir el número de muertes maternas, y reducir a menos de un 50 por ciento de la media nacional el número de muertes de niños en etapa perinatal atendidos con este modelo.

En el IMSS, las enfermeras, entre otras actividades, participan activamente en la provisión de servicios de atención primaria. Su tarea se ha enfocado principalmente a los procesos preventivos que se otorgan a través de los programas integrados de salud (Prevenimss) y en los servicios de urgencias que tienen algunas unidades de medicina familiar.

En los servicios preventivos, las enfermeras se encargan de las actividades de educación, promoción de la salud, prevención y detección de enfermedades. Estas actividades las realizan intra y extramuros. También otorgan servicios de salud reproductiva los cuales incluyen planificación familiar, atención prenatal y atención del niño sano. Las enfermeras materno-infantiles interactúan con el equipo de salud para atender a pacientes embarazadas de bajo riesgo y prestan atención al niño sano.

La Organización Mundial de la Salud, en la Guía de la Buena Prescripción, advierte que la persona que prescribe no es siempre un médico. De acuerdo con nuestra propuesta, la prescripción por personal de enfermería en México se limitaría a una determinada lista de medicamentos y en congruencia con guías de práctica clínica basadas en evidencia científica.

Resulta oportuno hacer las siguientes consideraciones acerca de preceptos vigentes en nuestra legislación:

Las actividades que desarrolla la enfermera como proveedor de atención primaria a la salud son diversas. Se considera que es capaz de realizar un gran número de acciones de salud, entre las que podemos señalar: promoción y educación para la salud; evaluación del estado nutricional; detección de agudeza visual; prevención y control de enfermedades prevenibles por vacunación; detección oportuna de enfermedades como diabetes e hipertensión; detección de factores de riesgo para cada grupo de edad; sesiones personalizadas para la modificación de los hábitos y estilos de vida; así como para el autocuidado de la enfermedad; vigilancia y control prenatal en condiciones normales; vigilancia y control del crecimiento y desarrollo del menor de cinco años de edad en condiciones normales; atención a pacientes con enfermedades crónico degenerativas, diabetes-hipertensión; planificación familiar y actividades asistenciales para con el médico familiar.

Es menester reformar la Ley General de Salud, mediante la adición de dos párrafos de su artículo 28, debiendo el Poder Ejecutivo fortalecer el marco legal vigente a través de la elaboración de la norma oficial mexicana para la prescripción por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud, cuyo objetivo sería el de establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud.

Señoras y señores legisladores, dada la omisión en la legislación referida y derivado de la necesidad de reconocer al personal de enfermería como profesionistas con grado académico de licenciatura, es menester emprender las reformas necesarias a la Ley General de Salud y su reglamento.

Por lo anterior, y convencidos de la trascendencia de esta reforma, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer niveles, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del sistema nacional de salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes referidas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la secretaría.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial, plazo durante el cual el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y de conformidad con el texto propuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley General de Salud, deberá establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano, como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Diputados, diputadas, senadores y senadoras. Es una verdad incuestionable que nos encontramos en un proceso de cambio, que se orienta a la consolidación de la democracia, cuya base es un sistema de gobernabilidad que produzca nuevos equilibrios entre diversos órdenes, sectores económicos, sociales y políticos.

El fenómeno de los cambios y transformaciones ha reforzado --entre otros--, el creciente peso de la tecnología que accede sin límites a los hogares y a los lugares donde nos desarrollamos tanto en medios productivos, educativos, de servicios, etcétera.

Como nunca, la opinión pública ha cobrado fuerza y es un factor que no puede dejar de considerarse en todos los procesos de decisión, que la relación entre opinión pública y Estado no sólo se da la primera a la segunda, sino quienes detentan el poder público caen en la tentación de influir en la sociedad, haciendo uso del acceso privilegiado a los medios de comunicación.

La falta de límites precisos sobre el contenido de la información gubernamental evita la eliminación de un mal endémico de nuestras sociedades, que es el populismo y la manipulación. El cual es ejercido indistintamente por gobiernos de izquierda o de derecha. Un caso concreto lo encontramos en el propósito señalado por el gobierno del Presidente Fox, de trasparentar y profesionalizar la publicidad gubernamental, resultando en la ocurrencia del recurso, del uso personal y partidista de los tiempos del Estado, mismo que fue señalado por el Tribunal Federal Electoral como una de las causas de conflicto en el proceso electoral de 2006.

Si queremos arribar a un sistema democrático que se caracterice por un manejo de información pública, sujeto a criterios de interés general a la ética y a la moderación es preciso reformar el marco legal que la regula y que hasta ahora es omisa en los contenidos que debe tener, dejándolo al criterio discrecional arbitrario del Poder Ejecutivo.

La sociedad, es evidente que no desea que las cosas continúen en el pasado. Es decir, que las facultades que pudiera sustentar un solo individuo, aunque éste sea el Presidente d la República, mantengan un individualismo que promueva conductas protagónicas y paternalistas propias de la figura del presidencialismo del pasado.

Es la hora de mirar hacia delante, que nuestros gobernantes --y particularmente el Ejecutivo federal-- asuman una actitud prudente, que produzca una nueva forma de comunicación con la sociedad mexicana y que exista disposición de cederle a la sociedad funciones y prerrogativas que hasta ahora él monopolizaba, muchas veces de manera metalegal.

Manuel Crescencio Rejón advertía sobre el riesgo de depositar en un solo individuo poderes sin límite, aunque existiese la mejor buena fe. Con el tiempo, el poder unipersonal tiende a confundir sus intereses individuales con los del Estado. Con ello, termina amenazando la frágil semilla de la democracia y de la libertad, según el citado autor.

Esto es precisamente lo que ha pasado, ya que la experiencia demuestra que con el tiempo, los titulares del Ejecutivo acaban confundiendo su función, las instituciones y las políticas con un solo objetivo, que es su popularidad y más tarde asumiéndose como el jefe de una campaña partidista permanente en detrimento de la imparcialidad que debe regir la función pública.

El espíritu democrático que la sociedad exige debe garantizar el ejercicio pleno de la pluralidad en todos los ámbitos del Estado; por ello, el esquema del presidencialismo omnímodo debe ser sustituido por un sistema de mayor equilibrio entre los poderes, incluidos los mecanismos de difusión hacia la ciudadanía. Ello implica superar el culto a la personalidad que pervierte las instituciones democráticas.

El Congreso en otras legislaturas ha hecho esfuerzos serios para limitar este monopolio gubernamental de los tiempos del Estado y el abuso de sus contenidos. Por ejemplo, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene ahora una distribución de los tiempos de comunicación que incluye al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al de los estados.

Adicionalmente, por cuestiones de riesgo, cuando se trata de programas sociales, las disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social para evitar el corporativismo informativo y el otorgamiento de servicios sociales ajustados a la idea de que es el presidente o su partido quienes los otorgan, cuando son fruto de la ley y de decisiones generales del Estado.

En el año 2006 esta Cámara interpuso una controversia constitucional por la violación a estas normas y la Suprema Corte reconoció que la actuación del Ejecutivo se encamina precisamente a manipular la información gubernamental con esos fines. Éste es un botón de muestra ante la situación que es más general.

Y continúa. La Ley Federal de Radio y Televisión es precisa al establecer que es el Estado quien posee el dominio directo de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio y que dicho dominio es inalienable e imprescriptible; por eso mismo se expide una ley de orden público que establece que su explotación se realiza cuando exista concesión o permiso del Ejecutivo federal, quien por tal motivo debe vigilar el debido cumplimiento de su función social, que se sintetiza en el propósito de fortalecer la integración nacional.

Por ello, la jurisdicción federal en todo lo que compete a la radio y a la televisión otorga a varias dependencias federales diversas facultades como son: a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la facultad para administrar todo lo referente a la Ley Federal de Radio y Televisión; a la Secretaría de Gobernación para vigilar las transmisiones en su contenido, a la Secretaría de Educación Pública para que promueva la educación y la cultura, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia se le faculta para promover y organizar la salud del pueblo y vigilar la comercialización de los medicamentos.

La ley de la materia es precisa al señalar las responsabilidades gubernamentales de administrar y vigilar el uso de la señal que realicen los concesionarios y permisionarios, pero en ningún punto se indica alguna instancia de vigilancia para los órganos de gobierno ni para el mismo Ejecutivo federal sobre el uso del espectro radioeléctrico y televisivo.

Por ley le corresponden 30 minutos gratuitos diariamente en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión, en los que se deben difundir temas educativos, culturales o de orientación social. En realidad está probado que se alienta lamentablemente el culto a la personalidad presidencial.

Según diversas estimaciones, la Presidencia utiliza poco más de 500 millones de pesos en publicidad; además quienes utilizan el mayor tiempo fiscal son las secretarías de Educación, la de Gobernación y en primer lugar lo tiene --con cerca del 20 por ciento-- la Presidencia de la República. Es simple advertir el tremendo poder que implica esta facultad.

Dice la ley que todas las estaciones de radio y televisión del país están obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia parar la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

Nada más preocupante que seguir manteniendo este criterio de usar a juicio particular, sin restricción alguna, discrecionalmente, este recurso, sin riesgo de que se oriente a personalidades, grupos, partidos políticos, poderes diferentes al Estado y a la imagen personal.

Los cambios democráticos también deben contemplar el uso de los tiempos del Estado y particularmente del Ejecutivo federal, con apego estricto a una sola regla: el interés público. En este sentido, esta iniciativa, además de promover diversos límites a su utilización, adiciona a los criterios de emergencia que contempla la ley criterios de difusión por cuestiones o para cuestiones de educación, de salud, de orientación social, para el uso de determinados servicios de igualdad, no discriminación y de prevención del delito. También se propone que el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que es la instancia colegiada que supervisa que las transmisiones se amplíen con representantes de diversos sectores de la sociedad, cumpla el objetivo fundamental de vigilar, tanto el desempeño de los concesionarios y permisionarios, como del Ejecutivo, principalmente en su apego a la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito; además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, mediando solicitud de la Secretaría de la Gobernación, con base en la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con excepción de situaciones de emergencia nacional.

Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como presidente; uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la Secretaría de Educación Pública, otro de la de Salubridad y Asistencia, dos de la Industria de la Radio y Televisión, dos de los trabajadores, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o a la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del Consejo y ratificará el Pleno.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente, solicitándole sea insertado en la Gaceta Parlamentaria y haciendo simplemente un comentario.

Es sumamente importante que podamos regular el tema, esencialmente cuando se encadena en cadena nacional las diferentes estaciones de radio y televisión. Porque, lamentablemente, hace muchos meses vivimos un ejemplo en el caso del Presidente Fox, cuando hizo una cadena nacional justo para un enfrentamiento con esta honorable Cámara de Diputados. Ojalá tomemos en consideración ese antecedente y procedamos a reformar la ley en comento.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversos ordenamientos de la Ley Federal de Radio y Televisión, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nos encontramos en un proceso de cambio, que se orienta a la consolidación de la democracia, cuya base es un sistema de gobernabilidad que produzca nuevos equilibrios entre los diversos órdenes y sectores económicos, sociales y políticos.

El fenómeno de los cambios y transformaciones, ha reforzado, entres otros, el creciente peso de la tecnología, que accede sin límites a los hogares y a los lugares donde nos desarrollamos, tanto en medios productivos, educativos, de servicios, etcétera.

Como nunca, la opinión pública ha cobrado fuerza y es un factor que no puede dejar de considerarse en todos los procesos de decisión política, ya que genera la credibilidad y la legitimidad que requiere el funcionamiento de las instituciones. No obstante, debemos reconocer que la relación entre opinión pública y Estado no solo se da de la primera al segundo, sino que quienes detentan el poder público caen en la tentación de influir en la sociedad haciendo uso del acceso privilegiado a los medios de comunicación.

La falta de límites precisos sobre el contenido de la información gubernamental evita la eliminación de un mal endémico de nuestras sociedades, que es el populismo y la manipulación, el cual es ejercido indistintamente por gobiernos de izquierda o de derecha.

Un caso concreto lo encontramos en el propósito señalado por el gobierno anterior de transparentar y profesionalizar la publicidad gubernamental, resultando en la recurrencia del uso personal y partidista de los tiempos del Estado, mismo que fue señalado por el Tribunal Federal Electoral como una de las causas de conflicto en el proceso electoral de 2006.

Si queremos arribar a un sistema democrático que se caracterice por un manejo de la información pública sujetado a criterios de interés general, a la ética y a la moderación, es preciso reformar el marco legal que la regula y que hasta ahora es omisa en los contenidos que debe tener, dejándolo al criterio discrecional arbitrario del Poder Ejecutivo.

La sociedad, es evidente, no desea que las cosas continúen como en el pasado. Es decir, que las facultades que pudiera ostentar un solo individuo aunque sea el Presidente de la República, mantengan un individualismo que promueva conductas protagónicas y paternalistas propias de la figura del presidencialismo del pasado. Es la hora de mirar hacia adelante, que nuestros gobernantes y particularmente el Ejecutivo federal asuman una actitud prudente, que produzca una nueva forma de comunicación con la sociedad mexicana y que exista disposición de cederle a la sociedad funciones, y prerrogativas, que hasta ahora él monopolizaba, muchas veces de manera meta legal.

Manuel Crescencio Rejón advertía sobre el riesgo de depositar en un solo individuo poderes sin límite. Aunque existiese la mejor buena fe, con el tiempo el poder unipersonal tiende a confundir sus intereses individuales con los del Estado. Con ello, termina amenazando la frágil semilla de la democracia y de la libertad, según el citado autor. Esto es precisamente lo que ha pasado, ya que la experiencia demuestra que, con el tiempo, los titulares del Ejecutivo acaban confundiendo su función, las instituciones y las políticas con un sólo objetivo, que es su popularidad y más tarde, asumiéndose como el jefe de una campaña partidista permanente, en detrimento de la imparcialidad que debe regir la función pública.

El espíritu democrático que la sociedad exige, debe garantizar el ejercicio pleno de la pluralidad en todos los ámbitos del Estado. Por ello, el esquema del presidencialismo omnímodo debe ser sustituido por un sistema de mayor equilibrio entre los poderes, incluidos los mecanismos de difusión hacia la ciudadanía. Ello implica superar el culto a la personalidad, que pervierte las instituciones democráticas.

El Congreso, en otras legislaturas, ha hecho esfuerzos serios para limitar este monopolio gubernamental de los tiempos del Estado y el abuso en sus contenidos. Por ejemplo, el presupuesto de egresos de la federación contiene ahora una distribución de los tiempos de comunicación que incluye al poder legislativo, al poder judicial y a los estados. Adicionalmente, por cuestiones de riesgo cuando se trata de programas sociales, has disposiciones en la ley general de desarrollo social para evitar el corporativismo informativo y el otorgamiento de servicios sociales ajustados a la idea de que es el presidente o su partido quienes los otorgan, cuando son fruto de la ley y de decisiones generales del Estado.

En 2006, esta Cámara interpuso una controversia constitucional por la violación a estas normas y la Suprema Corte reconoció que la actuación del Ejecutivo se encamina precisamente a manipular la información gubernamental con esos fines. Este es un botón de muestra, aunque la situación es más general y continua.

La Ley Federal de Radio y Televisión es precisa al establecer que la nación posee el dominio directo de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio y que dicho dominio es inalienable e imprescriptible. Por eso mismo, se expide una ley de orden público, que establece que su explotación se realizará cuando exista concesión o permiso del Ejecutivo federal quien, por tal motivo, debe vigilar el debido cumplimiento de su función social, que se sintetiza en el propósito de fortalecer la integración nacional.

Para ello, la jurisdicción federal en todo lo que competa a la radio y la televisión otorga a varias dependencias federales diversas facultades, como son: a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la faculta para administrar todo lo referente a la Ley Federal de Radio y Televisión; a la Secretaría de Gobernación, para vigilar las transmisiones en su contenido; a la Secretaría de Educación Pública, para que promueva la educación y la cultura; a la Secretaría de Salud se faculta para promover y organizar la salud del pueblo y vigilar la comercialización de los medicamentos.

La ley de la materia es precisa al señalar las responsabilidades gubernamentales de administrar y vigilar el uso de la señal que realicen los concesionarios y permisionarios, pero en ningún punto se indica alguna instancia de vigilancia para los órganos de gobierno, ni para el mismo Ejecutivo Federal, sobre el uso del espectro radioeléctrico televisivo. Por ley, le corresponden 30 minutos gratuitos diariamente en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión en los que se deben difundir temas educativos, culturales y de orientación social. En realidad está probado que se alienta el lamentable culto a la personalidad presidencial.

Según diversas estimaciones, la Presidencia utiliza poco más de 500 millones de pesos en publicidad. Además, quienes utilizan el mayor tiempo fiscal son la secretaría de educación, la de gobernación y el primer lugar lo tiene con cerca de 20 por ciento, la Presidencia de la República. Es simple advertir el tremendo poder que implica esta facultad.

Dice la ley que todas las estaciones de radio y televisión del país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de trasmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. Nada más preocupante que seguir manteniendo este criterio, de usar a juicio particular sin restricción alguna, discrecionalmente, este recurso, sin riesgo de que se oriente a personalidades, grupos, partidos políticos, poderes diferentes al Estado y a la imagen personal. Los cambios democráticos también deben contemplar el uso de los tiempos del Estado y particularmente del Ejecutivo federal, con sujeción estricta a una sola regla: el interés público.

En ese sentido, esta iniciativa, además de proponer diversos límites a su utilización, adicionando a los criterios de emergencia que contempla la Ley, criterios de difusión por cuestiones de educación, de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito.

También se propone que el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que es la instancia colegiada que supervisa las transmisiones, se amplíe, con representantes de diversos sectores de la sociedad, para que se cumpla el objetivo fundamental de vigilar tanto el desempeño de los concesionarios y permisionarios como del Ejecutivo, principalmente su arreglo a la ley.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar trasmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito, además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, mediando solicitud de la Secretaría de Gobernación con base en la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con excepción de situaciones de emergencia nacional.

Artículo 90. Se crea el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha secretaría, que fungirá como presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la de Salud, dos de la industria de la radio y televisión, dos de los trabajadores, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del consejo y ratificará el Pleno.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez Rodríguez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionalesy del Código Federal de Procedimientos Penales.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde mediados del siglo XIX, la regulación de los bienes del clero formó parte de una política de Estado de enorme importancia para el país. Las riquezas de la iglesia, como su posición en general, fueron analizadas y cuestionadas durante el movimiento de Independencia y después cuando México llegó a ser una nación libre.

La formación del concepto de bienes culturales y su protección ha tenido un desarrollo que se liga con la construcción de la nación mexicana. Ya en el México virreinal, en el siglo XVIII registramos el primer litigio sobre patrimonio cultural, lo establece el virrey Pedro de Cibrián y Agustín en 1734 ante Lorenzo Boturini y Benaduci a quien le expropia su valiosa colección de códices y antigüedades mexicanas. Es así que surgen nociones fundamentales en torno a la riqueza cultural de México que dan lugar a la creación de la Junta de Antigüedades, al frente de la cual estuvo el famoso arqueólogo y primer explorador de la cultura maya, Guillermo Dupaix, quien fue enviado por el rey Carlos IV en busca de antigüedades, por lo que realizó expediciones por todo el territorio de la Nueva España, entre 1805 y 1808.

El México liberal tiene entre sus prioridades el financiamiento de la hacienda pública y la identidad de la nación mexicana. En esta circunstancia, la Ley de Desamortización de Miguel Lerdo de Tejada, primer ministro de Hacienda. Con la posterior expropiación de bienes del clero promovida por don Benito Juárez, se definirá el horizonte que establece la propiedad de bienes nacionales y legitima las acciones de Estado de custodia y administración. La intención de esta ley no era privar a la iglesia de su riqueza material, sino tan sólo alterar el carácter de una parte de tal riqueza. Las razones alegadas eran económicas y financieras, no políticas ni antirreligiosas. Sin embargo, la identidad de la nación que apenas surgía se construye mediante el reconocimiento simbólico de los mexicanos con su pasado prehispánico y las creaciones de su presente criollo.

Por lo mencionado, uno de los primeros decretos emitidos por Guadalupe Victoria, en 1825, fue para la institución del Museo Mexicano, en cuyo acervo se encontraban la Piedra de Sol (popularmente conocida como Calendario Azteca y, más correctamente, identificada como Piedra de Sacrificios) y la Coatlicue. Baste considerar que este museo es la simiente de nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual, hasta entrado el siglo XX, se concentraban las colecciones arqueológicas y de historia natural, como lo documentó Alfonso L. Herrera en los catálogos de las colecciones del Museo Nacional.

La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos establece de manera precisa en el artículo 12: ``Los libros impresos, manuscritos, pinturas y antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas, se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos''.

Se optó más bien porque los bienes culturales de culto religioso, así como la mayoría de los inmuebles que ocupaban las iglesias, han quedado hasta la fecha, en custodia de los ministros de culto religioso.

De manera complementaria al decreto de expropiación del presidente Juárez, el 25 de septiembre de 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada expidió una ley que modificaba la Constitución de la República como una enmienda, en el que adiciona cinco artículos, estos consideran la separación del Estado y la Iglesia; la secularización del matrimonio y demás actos de registro del estado civil de las personas; la prohibición explícita la propiedad de bienes raíces o capitales para cualquier corporación religiosa, se consideró solamente la excepción consignada en el propio artículo 27 de la Constitución, que respetó algunos edificios que se destinaban al servicio u objeto propio de dichas corporaciones, pero que les dejó en custodia. Este proceso culmina el 14 de diciembre de 1874 en que se expide finalmente el reglamento de estas reformas constitucionales, con esto se determina el destino de los bienes de la iglesia que incluye tanto los bienes muebles como los inmuebles.

Posteriormente se emiten dos disposiciones más con los que el gobierno federal, asegura la el destino de los bienes de la iglesia y la legitimidad de la propiedad de estos bienes por el Estado. El 8 de noviembre de 1892, el presidente Porfirio Díaz emitió una ley que permitió la adquisición de las fincas nacionalizadas por sus tenedores. Se otorga un plazo en el que pueden ejercer este, término que se extiende hasta el 30 de junio de 1898, mediante diferentes decretos. El 16 de noviembre de 1900, se decretó una ley con la que se ordena la prescripción de derechos y acciones fiscales sobre bienes nacionalizados, excepción hecha de los bienes que se hallasen aún en custodia de las corporaciones religiosas, con esto se considera, termina el proceso de nacionalización de bienes de la iglesia.

Este complejo proceso histórico establece el marco en que se desarrollan dos leyes: la Ley de Libertad de Cultos de diciembre de 1860 y la Ley de Bienes Nacionales, origen de la actual Ley General de Bienes Nacionales, la cual contiene la última disposición relativa al destino de los bienes nacionalizados al clero y en poder de la nación, que prohíbe expresamente que estos sean cedidos de manera alguna por el Estado, en su artículo 84. Sin embargo, no está asegurado el registro adecuado ni le resguardo de gran parte del patrimonio de los bienes culturales, aunque por otra vía la Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos, Artísticos e Históricos define bien el marco normativo del resguardo e investigación de nuestro patrimonio cultural.

La derivación de algunos principios en materia de política cultural tiene una historia vinculada a la configuración del horizonte de los bienes de la nación, pero en lo que respecta a la protección de nuestro patrimonio cultural, las políticas de patrimonio, resguardo e investigación se concentraron en un primer momento en el patrimonio arqueológico, el cual ha tenido una importancia sustancial en la legislación cultural y en la construcción tanto del imaginario social como de las instituciones culturales. La historia jurídica de la protección de patrimonio arqueológico se remonta a la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, del 23 de febrero de 1861; la del 26 de marzo de 1894; el decreto del 3 de julio de 1896 y la ley del 11 de mayo de 1897, que se refiere por vez primera a la propiedad de ruinas y monumentos arqueológicos; la ley del diciembre de 1902 que declaró las ruinas arqueológicas, bienes de dominio público, y la ley del 30 de enero de 1930 que legisla en el mismo sentido.

Las diferentes leyes que preceden la Ley Federal de Monumentos son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización. El 19 de enero de 1934 se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. Tiene el carácter de ley federal y dispone expresamente en su artículo 2o. y en el 4o. el dominio de la nación de los bienes arqueológicos:

``Son del dominio de la nación todos los monumentos arqueológicos inmuebles... la presente ley tendrá aplicación federal en sus preceptos relativos a I. Monumentos arqueológicos.''

Así, gran parte de estos preceptos, producto de un proceso histórico, se integran en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, la cual define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales muebles e inmuebles, y les diferencia en el ámbito de políticas, acciones, y competencia de instituciones específicas (Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes); del concepto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, se derivan las facultades de ambos institutos. Es la creación de las instituciones culturales federales, uno de los acontecimientos más importantes para la vida cultural de México en el siglo XX. Partir de esta fundación se han desarrollado las políticas de educación, formación de públicos, programa cultural y resguardo patrimonial: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se fundó el 31 de diciembre de 1946 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939.

En el país existen aproximadamente 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil y 120 mil inmuebles considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso. El patrimonio de bienes muebles se estima en más de cuatro millones de obras. Es evidente todo este patrimonio debe estar en custodia de los institutos culturales del INBA y el INAH, pero que en algunas acciones fundamentales debe buscarse la vinculación con otras dependencias federales que ya ocurre en cierto sentido, pero excepcionalmente, en detrimento da algunos aspectos sustanciales- como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República.

La situación que guardan el saqueo, el robo, el fraude y el tráfico ilícito es preocupante. Estudios recientes de organismos internacionales como la UNESCO señalan que México es uno de los 10 países en el mundo con mayor índice de robo, saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales. Se ha documentado que verdaderas mafias locales e internacionales operan impunemente gracias a la complicidad de autoridades, a los vacíos jurídicos y a la falta de sistemas de información que permitan ubicar los bienes culturales robados y documentar el robo y el saqueo de los bienes nos muestra un estado de desamparo vulnerable a ciertas acciones ilícitas en contra de nuestro patrimonio nacional; aunado al contexto de la globalización que contribuye al desplazamiento ilegítimo de bienes culturales, a la falta de mecanismos que impidan el ingreso ilegal de nuestro patrimonio a otras naciones, al valor con el que se comercializa el mismo ante el mercado negro, la carencia de sistemas ágiles de información que impide la divulgación oportuna de los bienes sustraídos y sobre todo cabe resaltar que las penas de los delitos que atentan contra el patrimonio cultural son leves.

Ante esa problemática, en la LIX Legislatura se presentaron dos iniciativas al respecto, una presentada por el diputado Alejandro Agundis Arias del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, en la que plantea tipificar en el Código Federal de Procedimientos Penales como delito grave para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se refieren precisamente a las sanciones que se impondrán a quienes cometan el delito de robo y tráfico de arte. Y por otro lado, el senador Rubén Zarazúa Rocha, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, plantea reformar el marco jurídico en comento para sancionar aquellas conductas que en forma reiterativa han venido cometiendo robos de arte sacro en iglesias de diversas entidades federativas. Ambas iniciativas se encuentran en comisiones pendientes para su dictamen.

Por otro lado, según estudios recientes, realizados por la UNESCO, el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales se consideran de gravedad tal como el narcotráfico. Lamentablemente nuestro país se encuentra --según la Interpol-- entre los primeros 10 países con mayor índice de saqueo y tráfico ilícito. Consideramos que este hecho tan grave no ha sido atendido suficientemente, necesitamos actualizar nuestras leyes.

Por ello, en esta iniciativa se plantea la elaboración de un catálogo de bienes culturales muebles e inmuebles propiedad de la nación, para identificar a las piezas robadas de colecciones museos, instituciones y sitios de culto religioso. Se tiene el cálculo de más de 4 millones de piezas en bienes muebles y de más de 100 mil inmuebles a registrarse y catalogarse. Este catálogo es un instrumento fundamental, por su precisión y certeza, para identificar los bienes culturales muebles e inmuebles que hayan sido robados, o producto del saqueo o del tráfico ilícito. Por otro lado, los bienes muebles e inmuebles sobre los que se documente un delito, se publicarán en las páginas de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías locales, de las agencias aduanales y de cultura. Todo galerista, subastador o negociante de bienes culturales estará obligado a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los compradores.

Está definido el ámbito de participación de las instituciones culturales, lo que no está claro es la manera en que la noción de bienes culturales se expresa en la Ley General de Bienes Nacionales, sobre todo porque ambos conceptos: el de bienes nacionales como el de bienes culturales, son producto de una elaboración histórica, del debate y el combate por la modernidad y la identidad nacional, se encuentran plasmados jurídicamente en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pero falta que se considere su vinculación interinstitucional en la Ley General de Bienes Nacionales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de ley que modifica la Ley General de Bienes Nacionales, y adiciona la fracción I al artículo 30, la fracción II y el artículo 150 y una adición al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Ley General de Bienes Nacionales

Artículo 30. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se designarán recursos financieros necesarios a

Para consolidar y actualizar el catálogo de bienes muebles, culturales, artísticos, históricos y religiosos, mismo que será difundido trimestralmente en su página electrónica y de acceso al público en general.

Las instituciones competentes deberán destinar recursos necesarios para la implantación de cámaras de video con circuito cerrado, con la finalidad de resguardar y proteger dichos bienes.

Artículo 150. ...

También se aplicará esta pena a quienes roben, saqueen o trafiquen ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación.

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las normas jurídicas que se opongan al presente decreto y que no sean compatibles con su contenido normativo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Senadores.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. Vamos a presentar una iniciativa de reformas al Código Penal Federaldel artículo 199, específicamente en materia de farmacodependencia. Esto lo hacemos precisamente porque la farmacodependencia representa hoy un problema tanto social como de salud pública, y lo es de salud pública precisamente por la escalada de nuevos adictos que hay en este país.

La Organización Mundial de la Salud desde 1958 ha considerado la farmacodependencia como una enfermedad, esto es, requiere de un tratamiento médico específico. Desde luego que el crecimiento acelerado de farmacodependientes en nuestro país es, sin lugar a dudas, resultado de una mayor distribución de sustancias ilícitas.

Dicha realidad genera grandes costos para el país que el Estado debe atender en dos sentidos. Por un lado la reducción de la oferta, situación en la que buscan responder los operativos implementados en las últimas semanas por el gobierno federal; pero también, por el otro, el aumento de la demanda, que representa ya hoy en día un problema de salud pública.

El propio gobierno federal reconoce que carece de una estrategia definida para la prevención y atención de los farmacodependientes, así lo reconoció ayer aquí el procurador general de la República, el licenciado Eduardo Medina Mora.

También el propio secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones --o Conadic--, Cristóbal Ruiz Gaytán, reconoció que son pocos los recursos destinados a la prevención de las adicciones ya que mientras se destinan 16 pesos al combate de la oferta de las drogas, sólo un peso es para reducir la demanda.

En opinión de los legisladores del Partido Verde, penalizar el consumo de sustancias adictivas no representa una solución, pues se trata de personas afectadas, víctimas finalmente de la presencia de las drogas en las calles.

No se trata necesariamente de delincuentes; y son cada vez más los jóvenes, adolescentes y niños que por muchos factores acaban padeciendo una adicción a alguna droga con consecuencias devastadoras para sus oportunidades de vida y desde luego para su salud. Es por ello que se precisa atender este problema con medidas más estrictas.

La Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2000 murieron al menos unas 200 mil personas a causa del uso indebido de drogas. En México el consumo de drogas ilegales, si bien aún no es tan alto como en otras naciones del mundo, lo más preocupante es que viene representando un gran aumento en el uso de diversos fármacos, especialmente en jóvenes y niños.

En atención a la magnitud del problema se han considerado varias soluciones, de las cuales la más frecuentemente mencionada ha sido la legalización de las drogas, pues pareciera ser el camino para reducir los efectos nocivos del tráfico ilegal, con lo que aparentemente se podría controlar el problema de las adicciones.

Infortunadamente, la experiencia alrededor del mundo dice exactamente lo contrario; casi todos los países que han experimentado esquemas de legalización o de despenalización han regresado a sus regímenes anteriores de prohibición, al ver cómo se ha disparado el número de adictos.

La excepción ha sido Holanda, pero al parecer va en el mismo camino, ya que después de despenalizar el uso de la marihuana en 1976 reportaron un incremento en el número de expendios de drogas solamente en 10 años, pasando de 30 a mil 500.

Usar un esquema de fiscalización tampoco parece ser una solución. Hacer que los consumidores paguen impuestos por las drogas que usan, como sucede con el tabaco y con el alcohol, pues es hacer una economía dependiente del consumo de impuestos generados por un consumo que sólo favorece la degradación de la salud de las personas.

Coincidimos en que los programas para combatir el narcotráfico deben ser una prioridad para el gobierno, como hasta ahora ha sido evidente en los primeros días del gobierno de la nueva administración del presidente Felipe Calderón. No obstante, consideramos también que debe darse igual trato a los mecanismos de prevención y atención de la farmacodependencia.

La farmacodependencia constituye un grave problema de salud pública que merece ser prevenido y atendido, con objeto de reducir la incidencia del consumo y los problemas que le vienen asociados, ya sea problemas económicos, disfunciones familiares, etcétera.

Ante esta realidad, es innegable la urgente necesidad de ofrecer diversas alternativas de atención terapéutica para los adictos, que debido a la cronicidad de su problema requieren tratamientos que pueden incluir el internamiento o lo que le llaman los médicos rehabilitación ambulatoria. Estos tratamientos tienen por objeto suspender o reducir el uso de sustancias ilegales y disminuir los efectos nocivos sobre la salud, la familia y el entorno social.

Se sabe que el tratamiento de rehabilitación de farmacodependientes, incluso de las rehabilitaciones obligatorias, son un proceso complejo en el cual las recaídas de los adictos son frecuentes, sin embargo, está comprobado que representa una estrategia efectiva en la reducción del consumo de drogas.

Las personas que usan o son dependientes de estas sustancias, requieren de un programa formal de tratamiento de rehabilitación, reinserción e integración social. Desafortunadamente una persona en estas circunstancias difícilmente por voluntad propia acude a atenderse, debido al estado físico y emocional en el que se encuentra y debido también a que las personas que son detenidas en posesión de algún narcótico en general no enfrentan consecuencias jurídicas derivadas de esta acción.

Como parte del derecho de los mexicanos a la protección de la salud, el Estado debiera establecer las condiciones para que los farmacodependientes reciban un tratamiento oportuno y accesible, de manera que pueda ser atendido por gente profesional y personalizada a través de diferentes centros de rehabilitación legalmente establecidos y que cumplan, desde luego, con estándares mínimos formulados por la autoridad sanitaria.

Consideramos pues que la intervención terapéutica supone la comprensión y conocimiento de la dependencia de las drogas, incluir esta reforma en el Código Penal Federal es necesario como un elemento para la reducción de la demanda, haciendo obligatorio para el farmacodependiente su rehabilitación, así como también la obligación de compensar económicamente a la sociedad por los gastos derivados de su tratamiento.

Además de considerar como parte del proceso terapéutico, la retribución en horas de trabajo en el centro de rehabilitación en el que fue atendido y esto es algo que ya se aplica actualmente en los centros de integración juvenil con resultados muy favorables.

El costo promedio de una rehabilitación en una institución pública oscila entre los siete y los 14 mil pesos y puede llegar hasta los 200 mil pesos en algunos centros de rehabilitación privada. Efectivamente es un tratamiento en algunos casos muy costoso, por lo que la compensación económica que se exigiría al farmacodependiente, en nuestra propuesta, representa una contribución a la salud pública, pero sobre todo la posibilidad de que el farmacodependiente deje de demandar drogas e invierta en su propia salud.

Se ha identificado que esta estrategia resulta altamente exitosa en diferentes países. Es por esto que la reforma que proponemos requerirá también el concurso del gobierno federal para que en coordinación con los gobiernos estatales establezcan mecanismos de coordinación en materia de salubridad. Le vamos a aclarar que con la presente iniciativa no se promueve una sanción con penas privativas de la libertad en contra de los farmacodependientes, sino que se pretende alentar a éstos y, en su caso, obligarlos a que se rehabiliten.

Lo que se busca es atender a los farmacodependientes, especialmente a los jóvenes y niños que comiencen en las drogas, para que se informen y atiendan en centros especializados de su elección y que una vez transcurrido el plazo que peritos médicos determinen, mismo que no podría exceder de un año, demuestran al juez de la causa que se han rehabilitado.

Transcurrido el plazo determinado y en caso de que el farmacodependiente no acreditara haberse rehabilitado, el juez se encontraría facultado para ordenar su internación obligatoria en un centro de salud para que dicha rehabilitación se llevara a cabo.

En el Partido Verde buscamos con esta iniciativa entonces, proteger a los jóvenes y niños que comiencen con la droga, para que de ser sorprendidos en posesión de sustancias ilícitas, pues puedan ser llevados a un centro de rehabilitación donde reciban orientación, información sobre los efectos que estas drogas pueden causar en el futuro.

Buscamos también con esta iniciativa aportar instrumentos jurídicos útiles que permitan al Presidente y a su administración implementar con eficacia una estrategia de prevención y atención a las adicciones, que no solamente sea el combate a la oferta y los costos que podría ser en términos de violencia, sino también atender la parte de las adicciones.

Solicito por ahí a la Presidencia que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates para omitir la lectura del decreto.

«Iniciativa que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del PVEM

Antonio Xavier López Adame , diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara que corresponda de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

La farmacodependencia representa hoy un problema tanto social, como de salud pública, con graves consecuencias negativas que trascienden a la familia, el trabajo, la escuela y a la sociedad en general.

La Organización Mundial de la Salud, desde 1958, ha considerado a la farmacodependencia como una enfermedad, por lo que se le debe dar un tratamiento médico específico.

Desde luego, el incremento acelerado de farmacodependientes en nuestro país, es sin lugar a dudas el resultado de una mayor distribución de sustancias ilícitas. Dicha realidad genera grandes costos para el país, que el Estado debe atender en dos sentidos: Por un lado, la reducción de la oferta, situación a la que buscan responder los operativos implementados en las últimas semanas por el gobierno federal y; por el otro, el aumento de la demanda, que representa ya un problema de salud pública por su condición crónica, su frecuencia y la cantidad de personas afectadas.

El propio gobierno federal reconoce que carece de una estrategia definida para la prevención y atención de los farmacodependientes; así lo mencionó el procurador general de la República, licenciado Eduardo Medina Mora, durante su comparecencia del pasado 23 de enero ante la Primera Comisión de la del Congreso de la Unión, donde reconoció como una debilidad, la falta de recursos y la ausencia de una estrategia integral para atender y erradicar el consumo de drogas en todas sus modalidades.

En opinión de los legisladores del Partido Verde Ecologista, penalizar el consumo de sustancias adictivas no es la solución, pues se trata de personas, no de delincuentes; son cada vez más los jóvenes, adolescentes e incluso niños, que por muchos factores acaban padeciendo una adicción a alguna droga, con consecuencias devastadoras para sus oportunidades de vida y desde luego para su salud. Es eso que se precisa atender este problema con medidas estrictas y contundentes.

El consumo de drogas es una tendencia en aumento, que no solo afecta la calidad de vida del famacodependiente, sino que lo puede llevar hasta la muerte, además de afectar a su entorno social más cercano.

La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2000 murieron unas 200 mil personas a causa del uso indebido de drogas. La magnitud de la farmacodependencia ha aumentado muy llamativamente en el último cuarto de siglo, por lo que prevenir la dependencia y reducir los daños asociados al uso de sustancias psicotrópicas, es un desafío para los servicios de salud y los gobiernos de todo el mundo.

En México, el consumo de drogas ilegales aún no es tan alto como en otras naciones del mundo, no obstante, lo más preocupante es el aumento en el uso de estos fármacos, especialmente en jóvenes y niños.

En atención a la magnitud del problema se han considerado varias soluciones, de las cuales la más frecuente mencionada es la legalización de las drogas, pues pareciera ser el camino para reducir los efectos nocivos del tráfico ilegal de drogas, con lo que aparentemente se podría controlar el problema de las adicciones. Desafortunadamente, la experiencia alrededor del mundo nos dice lo contrario. Casi todos los países que han experimentado esquemas de legalización o de despenalización, han regresado a sus anteriores regímenes de prohibición al ver como se disparaba el número de adicciones.

La excepción ha sido Holanda, pero al parecer va en el mismo camino, ya que después de despenalizar el uso de marihuana, en 1976, reportaron un incremento en el número de expendios de drogas en 10 años, pasando de 30 a mil 500; en tanto que el consumo de marihuana creció 200 por ciento en los jóvenes de 18 a 25 años; y el número de consumidores se disparó de manera incontrolable. Esta situación ha hecho valorar a algunas autoridades de Holanda la posibilidad de penalizar nuevamente su venta.

Usar un esquema de fiscalización tampoco parece una buena solución del problema. Hacer que los consumidores paguen impuestos por las drogas que usan, como sucede con el alcohol y el tabaco, es hacer a una economía dependiente de los impuestos generados por un consumo que solo favorece la degradación de la salud de los consumidores e incluso, comportamientos antisociales y violentos por la necesidad de conseguir la droga ante la fuerza de las adicciones.

Coincidimos en que los programas para combatir el narcotráfico deben ser una prioridad para el gobierno, como hasta ahora ha sido evidente en lo primeros días de gobierno de la nueva administración del presidente Felipe Calderón. No obstante, consideramos que debe darse igual trato a los mecanismos de prevención y atención de la farmacodependencia. Por esto surge la necesidad de generar una propuesta a favor de inhibir el consumo de drogas ilegales a través del tratamiento del farmacodependiente.

La farmacodependencia constituye un grave problema de salud pública que merece ser prevenido y atendido, con objeto de reducir la incidencia del consumo y los problemas que le vienen asociados como problemas económicos y disfunciones familiares. Ante esta realidad, es innegable la urgente necesidad de ofrecer diversas alternativas de atención terapéutica para los adictos, que debido a la cronicidad de su problema, requieren tratamientos que pueden incluir el internamiento o la rehabilitación ambulatoria. Estos tratamientos tienen por objeto suspender o reducir el uso de sustancias ilegales y disminuir los efectos nocivos sobre la salud, la familia y el entorno social.

El tratamiento de rehabilitación de farmacodependientes, e incluso de las rehabilitaciones obligatorias, son un proceso en el cual las recaídas son frecuentes, sin embargo, está comprobado que representan una estrategia efectiva en la reducción del consumo de drogas.

Las personas que abusan o son dependientes de estas sustancias requieren de un programa formal de tratamiento, rehabilitación, reinserción e integración social. Desafortunadamente, una persona en estas circunstancias difícilmente decide atenderse por voluntad propia, debido al estado físico y emocional en el que se encuentra y debido también a que en general no enfrenta consecuencias jurídicas derivadas de su adicción.

Como parte del derecho de los mexicanos a la protección de la salud, el gobierno tiene la obligación de otorgar un tratamiento oportuno y accesible a los farmacodependientes, de manera que pueda ser atendido de manera profesional y personalizada a través de diferentes centros de rehabilitación legalmente establecidos y que cumplan con los estándares mínimos formulados por la autoridad sanitaria.

Nuestra propuesta

Consideramos que la intervención terapéutica supone la comprensión y conocimiento de la dependencia a las drogas. Incluir esta reforma en el Código Penal Federal, es necesario como un elemento para la reducción de la demanda de psicotrópicos, haciendo obligatorio para el farmacodependiente su rehabilitación, así como también, la obligación de compensar económicamente a la sociedad por los gastos derivados de su tratamiento, además de considerar como parte del proceso terapéutico, la retribución en horas de trabajo en el centro de rehabilitación en el que fue atendido.

El costo promedio de una rehabilitación en una institución pública, oscila entre los siete y los catorce mil pesos, y puede llegar hasta los doscientos mil pesos en algunos centros de rehabilitación privada. Es un tratamiento costoso, por lo que la compensación económica que se exigiría al farmacodependiente en nuestra propuesta, representa una contribución a la salud pública y sobre todo, la posibilidad de que el farmacodependiente deje de demandar drogas e invierta en su propia salud.

Se ha identificado que esta estrategia resulta sumamente exitosa en diferentes países, como Estados Unidos, donde se obliga al farmacodependiente a la rehabilitación. Por eso, la reforma que proponemos requerirá también el concurso del gobierno federal, para que en coordinación con los gobiernos estatales, se establezcan mecanismos de coordinación para construir una estrategia integral capaz de atender la farmacodependencia.

Debemos aclarar que con la presente iniciativa, no se promueve una sanción con penas privativas de la libertad en contra de los farmacodependientes, sino que se pretende alentar a éstos para que se rehabiliten. Por el contrario, se busca atender a los farmacodependientes, especialmente a los jóvenes y niños que comienzan en las drogas, para que se informen y atiendan en centros especializados de su elección, y que una vez transcurrido el plazo que peritos médicos determinen, que no podrá exceder de un año, demuestren al juez de la causa que se han rehabilitado.

Transcurrido el plazo determinado y en caso de que el farmacodependiente no acreditare haberse rehabilitado, el juez se encontrará facultado para ordenar su internación obligatoria en un centro de salud para que dicha rehabilitación se lleve a cabo.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta iniciativa a fin de que se atienda el consumo de drogas, cada vez más grave en nuestro país, y somete a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 199 del Código Penal Federal, en materia de farmacodependencia

Único. Se reforma el artículo 199 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199. Al farmacodependiente que sea detenido en posesión de una cantidad para uso personal de algún narcótico de los señalados en el artículo 193, determinada a través de una pericial médica, no se le aplicará por este hecho pena privativa de la libertad.

El beneficio del párrafo anterior no excluirá de responsabilidad al farmacodependiente, de cualquier otro ilícito por el que se le investigue o que pudiera haber cometido cuando fuera detenido en posesión de algún narcótico.

El juez competente ordenará el internamiento o rehabilitación ambulatoria del farmacodependiente en una institución especializada, conforme a los programas que la autoridad sanitaria, la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables establezcan. El farmacodependiente podrá elegir la institución pública o privada, legalmente establecida y que cumpla con los estándares mínimos determinados por la autoridad sanitaria, en donde se llevará a cabo su rehabilitación.

Dicho internamiento o rehabilitación ambulatoria deberá estar sujeto a los siguientes lineamientos:

Vencido el plazo señalado en la fracción IV de este numeral, el farmacodependiente deberá acreditar, mediante estudios clínicos correspondientes, su rehabilitación. Dicha acreditación deberá hacerse periódicamente, en los plazos señalados por el Juez, a fin de verificar que no ha existido repetición de motivo para la rehabilitación. En caso contrario, el juez ordenará su internamiento en un centro de rehabilitación público por un plazo que no exceda el señalado en la fracción IV de este artículo.

Adicionalmente a la rehabilitación por medio de un tratamiento, ya sea por internamiento o de manera ambulatoria, llevada a cabo en un centro elegido voluntariamente o señalado por la autoridad judicial, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del presente artículo, se impondrá al farmacodependiente una multa equivalente al total del costo del tratamiento en la institución pública o privada elegida por el sujeto o el juez.

Cuando así se solicite, el juez podrá ordenar la realización de un estudio socioeconómico para establecer el monto máximo de la multa a erogar, que será de acuerdo con la situación económica del farmacodependiente y al centro de rehabilitación público o privado donde se ordene su atención.

También se impondrán hasta mil horas de trabajo a favor de la comunidad, mismas que deberán ser cumplidas en los centros de rehabilitación para farmacodependientes conforme a los programas que la autoridad sanitaria establezca.

Si el farmacodependiente fuera inimputable, el Ministerio Público dará aviso al juez competente y a la autoridad sanitaria a fin de que se tomen las medidas correspondientes. En su caso, el juez de la causa ordenará de igual manera su rehabilitación en centros especializados para ellos, conforme a lo establecido en los programas que para tales efectos la Secretaría de Salud señale y conforme a lo ordenado por la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se entere en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberá actuar conforme lo prevé el presente artículo e informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda conforme a lo previsto en el presente artículo.

Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento dentro de las áreas especializadas que, la autoridad correspondiente, determine dentro de los centros de readaptación social . La Secretaría de Seguridad Pública, en colaboración de la autoridad sanitaria, deberá llevar a cabo la adecuación de los sitios de tratamiento apegándose, en todo momento, a las disposiciones sanitarias aplicables.

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su rehabilitación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora conforme a lo establecido en el presente artículo .

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos recaudados por concepto de las multas a los farmacodependientes previstas en la presente reforma, deberán ser destinados al Fondo para la Prevención y Combate de la Farmacodependencia, conforme a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Por consiguiente, el Consejo de la Judicatura Federal deberá enterar de manera íntegra los recursos recaudados por concepto de estas multas a dicho fondo una vez percibidos.

Presidencia de la diputada Lorena Martínez Rodríguez

La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Insértese la propuesta del compañero diputado, yse turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajoacude a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir expresamente cualquier observación del Poder Ejecutivo federal, al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación porque consideramos que la facultad de aprobar las contribuciones a cargo de los ciudadanos para financiar el gasto público ha sido históricamente una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

En México, el texto original de la Constitución de 1917 estableció en el artículo 74, fracción IV, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir ese gasto.

A su vez, el artículo 73 de ese texto original en su fracción VIII, da al Congreso la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. En consecuencia, encontramos dos momentos muy precisos para resaltar esta facultad exclusiva:

El primero, cuando el Congreso de la Unión impone las contribuciones que se destinarán a cubrir el Presupuesto de Egresos; el segundo, cuando ya conociendo el monto estimado del ingreso para un ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, en el Constituyente del 17 se establecieron facultades exclusivas para la Cámara de Diputados en el artículo 74; y facultades exclusivas para el Senado de la República en el artículo 76.

Incluso, el Constituyente Permanente aprobó una reforma a este artículo 74, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004, iniciando su vigencia al día siguiente.

El mérito de esta reforma es que hace explícita la facultad de la Cámara de Diputados para modificar la iniciativa de Presupuesto de Egresos enviada por el Presidente de la República. Esta facultad de modificación de la iniciativa del Ejecutivo federal jamás estuvo en duda, porque la Cámara de Diputados es integrante de un poder público de la Federación y no una oficialía de partes encargada de validar en sus términos la propuesta de gasto del Ejecutivo federal.

Quien puso en duda esta facultad exclusiva de la Cámara de Diputados fue la interpretación que de este precepto hizo el Ejecutivo federal cuando interpuso observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2004.

El Pleno de la Cámara de Diputados, al no reconocer la facultad constitucional del presidente para observar el Presupuesto de Egresos de la Federación, éste interpuso una controversia constitucional ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta instancia resolvió otorgarle al Ejecutivo federal una facultad que la Constitución General de la República en ninguno de sus artículos le otorga al presidente de la república.

Compañeras y compañeros legisladores: con el propósito de evitar dudas o interpretaciones erróneas a las disposiciones constitucionales, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone en la presente iniciativa que se establezca en el artículo 74 constitucional, que señala las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que en ningún caso el presidente de la república podrá formular observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta propuesta tiene el mérito de salvaguardar las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en el ejercicio de esta importante facultad legislativa financiera. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación no sólo contiene las asignaciones de gasto que el Ejecutivo federal solicita y la Cámara de Diputados autoriza, sino que también es el documento legal donde se contienen las grandes definiciones políticas que afectan o benefician a los diferentes grupos sociales.

Nuestra propuesta también busca trascender la experiencia legislativa que se vivió durante el tiempo que duró el proceso de controversia constitucional sobre el decreto de Presupuesto de Egresos para 2005, porque consideramos que este proceso jurídico no debe repetirse jamás en la historia de nuestro país.

Esta propuesta que hacemos debe ser incluida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que no haya dudas sobre la norma que legisla la formulación, aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Diputada Presidente, solicito que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente la facultad de aprobar las contribuciones a cargo de los ciudadanos, para financiar el gasto público ha sido una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

En México, el texto original de la Constitución de 1917 estableció en el artículo 74, fracción IV, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquel. A su vez, el artículo 73 de ese texto original en su fracción VIII, da al Congreso la facultad ``para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto''.

En consecuencia, encontramos dos momentos: Uno, en donde primero el Congreso de la Unión impone las contribuciones que se destinarán a cubrir el presupuesto de egresos; y otro, en donde ya conociendo el monto estimado de ingresos para un ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados, en ejercicio de facultades exclusivas, aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el Constituyente de 1917 se establecieron facultades exclusivas para la Cámara de Diputados, en el artículo 74; y, facultades exclusivas para la Senado de la República en el artículo 76.

Esto supone que, a diferencia de las facultades legislativas que se otorgan en el artículo 73 constitucional al Congreso de la Unión, y que se ejercen de manera

Incluso, el constituyente permanente aprobó una reforma a este artículo 74, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004, iniciando su vigencia al día siguiente.

El mérito de esta reforma es que hace explícita la facultad de la Cámara de Diputados para modificar la iniciativa de Presupuesto de Egresos enviada por el Presidente de la República.

Esta facultad de modificación de la iniciativa del Ejecutivo federal jamás estuvo en duda, porque la Cámara de Diputados es integrante de un poder público de la federación y no una oficialía de partes encargada de validar en sus términos la propuesta de gasto del Ejecutivo federal.

Quien puso en duda esta facultad exclusiva de la Cámara de Diputados fue la interpretación que de este precepto hizo el Ejecutivo federal cuando interpuso observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2004.

Al rechazar el Pleno de la Cámara de Diputados reconocerle facultad constitucional al Presidente para observar el Presupuesto de Egresos de la Federación, éste interpuso controversia constitucional ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta instancia resolvió otorgarle al Ejecutivo federal una facultad que la Constitución General de la República en ninguno de sus artículos le otorga al Presidente de la República.

Con el propósito de evitar dudas o interpretaciones erróneas a las disposiciones constitucionales, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone en la presente iniciativa que se establezca en el artículo 74 constitucional, que señala las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados que en ningún caso el Presidente de la República podrá formular observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta propuesta tiene el mérito de salvaguardar las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en el ejercicio de esta importante facultad legislativa financiera.

Sobre todo, si tomamos en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación no sólo contiene las asignaciones de gasto que el Ejecutivo federal solicita y la Cámara de Diputados autoriza, sino que también es el documento legal donde se contienen las grandes definiciones políticas que afectan o benefician a los diferentes grupos sociales.

Nuestra propuesta también busca trascender la experiencia legislativa que se vivió durante el tiempo que duró el proceso de controversia constitucional sobre el decreto de Presupuesto de Egresos para 2005, porque consideramos que este proceso jurídico no debe repetirse jamás en la historia del país.

Esta propuesta que hacemos, debe ser incluida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que no haya dudas sobre la norma que legisla la formulación, aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , para quedar como siguen:

Artículo Único.

Artículo 74. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil siete.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú Garza. Toma nota la Secretaría de su petición.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Compañeros legisladores: la suscrita, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Saludla presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 103 Bis al 103 Bis-6 de la Ley General de Salud, con el objeto de fomentar la investigación y desarrollo de las células estaminales al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Los avances logrados por la ciencia médica en las últimas décadas han traído consigo beneficios extraordinarios para toda la humanidad. Prueba fehaciente es que se ha logrado un incremento en la expectativa de vida de las personas y la reducción de la mortalidad infantil.

Sin embargo, no podemos ignorar que en este proceso de desarrollo de la ciencia médica se abren debates y controversias desde el punto de vista de la ética social, sobre todo en temas como la clonación, eutanasia y otros que implican valores religiosos y culturales.

En este contexto, uno de los más notables avances de la ciencia médica en los últimos años lo constituye la investigación y aplicación terapéutica de las llamadas células madre o troncales. Estas células denominadas también estaminales, pueden ser obtenidas y desarrolladas directamente de células de embriones del cordón umbilical, de la placenta o de la médula ósea de cualquier adulto.

Esta variedad de posibilidades nos coloca ante el primer cuestionamiento ético y se refiere a la licitud o no de utilizar embriones humanos como fuente de células troncales o estaminales. Considerando que como resultado del avance de las modernas técnicas de reproducción asistida se ha creado un número de embriones in vitro superior a la cantidad que es implantada, tenemos hoy en México, y en varios países, un número importante de embriones crioconservados no viables.

Ante esto, se ha propuesto la posibilidad de que estos embriones sean fuente para la obtención y desarrollo de células estaminales frente al hecho incuestionable de que los embriones no viables se encuentran ante la opción de ser destruidos o ser empleados para este fin.

Al respecto, consideramos que tiene mayor valor para la ciencia y la vida el que sean empleados para la obtención de células estaminales siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones o requisitos:

Uno. La obtención del consentimiento informado de los padres legales del embrión;

Dos. La certeza científica de que existen riesgos en la implantación de estos embriones dada su prolongada estadía en criopreservación;

Tres. Que la investigación a realizarse sea únicamente en el desarrollo de células estaminales sin ningún tipo de interés económico;

Cuatro. Que el comité de bioética del hospital o centro de investigación donde se utilizarán, avale el protocolo de investigación, la ética de los investigadores y la experiencia del grupo de investigadores; y

Cinco. Que la Comisión Nacional de Bioética lleve un registro de investigadores, protocolos y resultados obtenidos con las líneas celulares desarrolladas.

Para evitar este dilema en el futuro es preciso realizar las adecuaciones a la Ley General de Salud para que en las técnicas de reproducción asistida exista una norma que regule e impida la existencia de embriones sobrantes ya que no es permisible, en la perspectiva de la ética social, generar embriones humanos con el único fin de su posterior destrucción.

Los datos más recientes derivados de la investigación y desarrollo de las células estaminales nos ofrecen un panorama verdaderamente alentador para la terapia y curación de las más diversas enfermedades y la regeneración de tejidos y órganos, entre las que se incluyen las patologías neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, así como la diabetes, la epilepsia y muchas patologías más.

La propuesta de ley que presentamos se hace considerando el avance de la ciencia médica. Revisamos las legislaciones vigentes en los países con mayor desarrollo en esta área y sobresalen por su aportación y reciente adecuación las normas de Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Suecia, Dinamarca, España, entre muchos otros.

La investigación con células estaminales constituye la más firme promesa terapéutica para el desarrollo de la medicina regenerativa, por lo cual es obligación de todos, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, proponer las normas jurídicas que faciliten la labor de clínicos e investigadores.

En nuestro país hay miles de embriones en instituciones especializadas en reproducción asistida e incluso se desconoce el número exacto de éstos, pues se carece de una legislación al respecto.

Hacemos nuestra la exigencia social de que en las técnicas de reproducción asistida se creen únicamente los embriones que serán implantados en el útero materno, de tal suerte que no volvamos a tener de ninguna manera embriones no viables.

Por las consideraciones antes expuestas, someto ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se modifica la Ley General de Salud, a partir de la cual se adicionan los artículos 103 Bis al 103 Bis 6, con objeto de fomentar la investigación y desarrollo de células estaminales, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 103 Bis. La Secretaría de Salud apoyará, estimulará y promoverá la investigación con las denominadas células madre o estaminales, dando preferencia a la investigación con células madre obtenidas de tejidos embrionarios y a las obtenidas de tejidos de adultos.

Artículo 103 Bis 2. La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Bioética llevarán un registro nacional de todas las investigaciones que impliquen la utilización de células madre o estaminales, que incluya la institución que la realiza y el grupo de investigadores.

Artículo 103 Bis 3. El Comité de Bioética de cada hospital o instituto deberá evaluar la eticidad en todos los protocolos de investigación que impliquen la utilización de las células madre; asimismo evaluará la idoneidad profesional de los investigadores y conocerá las fuentes de obtención de las células madre.

Artículo 103 Bis 4. Los embriones creados para técnicas de reproducción asistida que hayan excedido el tiempo y las condiciones de congelación para ser considerados viables podrán ser utilizados para el desarrollo de células madre, cumpliendo con los siguientes requisitos.

I. Que haya consentimiento informado de los padres legales del embrión.

II. Que exista la certeza científica y técnica de que el embrión no puede ser ya implantado intraútero para fines reproductivos debido al tiempo y condiciones en que ha estado en criopreservación.

III. Que la investigación no tenga fines de lucro.

IV. Que no se comercialice con el embrión ni con las células obtenidas de éste.

Artículo 103 Bis 5. Los embriones y fetos abortados espontáneamente podrán ser utilizados para el desarrollo de células madre, previo consentimiento informado de los padres.

Artículo 103 Bis 6. Queda terminantemente prohibida la creación de embriones con un fin distinto a la procreación.

Artículos Transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud emitirá el reglamento para las técnicas de reproducción asistida, asegurando que en éste no haya embriones sobrantes.

Es cuanto, señora Presidenta. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

La suscrita, diputada federal Silvia Luna Rodríguez , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta de iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la cual se adicionan los artículos 103 Bis al 103 Bis 6 de la Ley General de Salud, con el objeto de fomentar la investigación y desarrollo de las células estaminales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los avances científicos y tecnológicos logrados por la ciencia médica en las últimas décadas han traído consigo, beneficios extraordinarios para toda la humanidad, prueba fehaciente es que se ha logrado un incremento en la expectativa de vida, que en los países desarrollados es de 84 años en promedio, lo que es al menos, el doble de la media probable hace apenas un siglo, a lo anterior se suma que se ha incrementado también la calidad de la misma, ya que actualmente se combaten efectivamente muchas patologías que provocaban diversas secuelas y discapacidades.

Con el descubrimiento de vacunas, antibióticos, antineoplásicos y de otros fármacos se ha logrado la curación de enfermedades que hasta hace poco se consideraban incurables, la erradicación en el mundo entero de gran número de enfermedades virales, la corrección de trastornos endocrinológicos, metabólicos y muchos otros logros más. En este entorno positivo para el ser humano, sin embargo no podemos obviar que han aparecido situaciones indeseables y controversiales desde el punto de vista de la ética social, sobre todo en regímenes totalitarios, como ejemplo, cuando algunos de los descubrimientos y las investigaciones científicas, se realizaron en el pasado reciente, violentando y transgrediendo los más elementales derechos de la persona.

No nos queda duda alguna que las violaciones a los derechos y garantías individuales en realidad han sido pocas y sólo en algunos estados, ya que el marco de la investigación y la praxis médica siempre ha estado acotado por normas éticas y de ontológicas, basta tan sólo mencionar que ya desde siglos antes de la era cristiana, los médicos se comprometían al cumplimiento de estrictos códigos de buena conducta profesional enmarcados en el juramento Hipocrático, por citar solamente uno y que este código deontológico existía además del cumplimiento de las leyes y normas impuestas por el Estado.

La moderna ética médica, surgida en los últimos años de la década de los cuarenta como resultado de la preocupación social de las aplicaciones de la ciencia y la investigación con humanos y de los excesos cometidos por algunos estados autocráticos, a la que el médico norteamericano Van R. Potter bautizó en 1971 como bioética, se ha ocupado desde hace casi 6 décadas del análisis ético y de las controversias acerca del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas, esta moderna ética, sin menoscabo del quehacer de investigadores y clínicos, la cual tampoco ha constituido un escollo en los avances de la ciencia, ha contribuido a un debate permanente entre la sociedad y los médicos e investigadores, que en un marco democrático, laico e incluyente, han propuesto las mejores condiciones para la labor de los científicos y médicos, vale la pena mencionar al respecto y como ejemplo de lo que hemos señalado que, con total autonomía y apoyo para los investigadores, para el desarrollo del Proyecto Genoma Humano, se destinaron en un inicio 5 mil millones de dólares, de los cuales 150 millones estuvieron destinados al análisis ético de las posibles aplicaciones del conocimiento del genoma humano.

Uno de los más notables avances de la ciencia médica en los últimos años, el cual se nutre también del proyecto antes señalado, lo constituye la investigación y aplicaciones terapéuticas de las llamadas células madre o troncales, estas células denominadas también estaminales, son aquellas células totipotenciales o multipotenciales, que poseen además una enorme capacidad de auto renovación, la cual es casi ilimitada, antes de iniciar su diferenciación, de éstas células pueden derivar una gran variedad de células diferenciadas (cada célula del organismo se especializa para realizar determinadas funciones, en el organismo humano hay más de 200 estirpes celulares).

Las células estaminales pueden ser obtenidas y desarrolladas directamente de células de embriones, de las obtenidas de la sangre del cordón umbilical y la placenta o de la médula ósea de cualquier adulto, del conocimiento anterior surge el primer cuestionamiento ético, el cual es compartido por la mayoría de las personas en todas las latitudes y que se refiere a la licitud o no, de utilizar embriones humanos como fuente de células troncales o estaminales cuando existe la posibilidad de obtener estas células de las otras fuentes señaladas, es decir de tejidos embrionarios o de adultos.

Recientemente el doctor Anthony Atala de la universidad Wake Forest de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, ha descubierto una nueva fuente de células estaminales, las células encontradas en el líquido amniótico, denominadas ``células derivadas del líquido amniótico'', que además representa una fuente de gran disponibilidad, con una amplia experiencia en su recolección, ya que es el mismo procedimiento utilizado para estudios genéticos prenatales.

Por otro lado, tenemos que el avance de las modernas técnicas de reproducción asistida y la creación de embriones in vitro en un número mayor al que han sido implantados, han provocado que en varios países del mundo, se cuente con embriones crioconservados que se crearon para reproducción asistida, entre estos embriones hay muchos que han sufrido efectos negativos por una congelación prolongada, considerada ésta por algunos como aquella mayor a los seis a diez años, aunque algunas legislaciones marcan su vida en sólo cinco años, ante esta situación en diversos países se ha propuesto la posibilidad de ser empleados para la obtención y desarrollo de células estaminales.

Frente al hecho incuestionable de que se han creado en las últimas dos décadas más embriones de los que se han requerido para un buen promedio de éxito en las técnicas de reproducción asistida y que se debe confrontar la decisión entre destruirlos o emplearlos para la obtención de células estaminales. Al respecto nosotros estimamos que esto puede realizarse siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones o requisitos:

Asimismo, es preciso realizar las adecuaciones a la Ley General de Salud con el objeto de que en un futuro, en las técnicas de reproducción asistida existan las normas que impidan que no haya más ``embriones sobrantes'' y, por lo tanto, no existan tampoco embriones criopreservados, ya que no es permisible en la perspectiva de la ética social, generar embriones humanos con el único fin de su posterior destrucción.

Los datos más recientemente obtenidos en la investigación y desarrollo de las células estaminales nos ofrecen un panorama verdaderamente alentador para la terapia y curación de las más diversas enfermedades y la regeneración de tejidos y órganos, entre las que se incluyen las patologías neuro degenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la Corea de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, así como la diabetes, la epilepsia, las embolias, los infartos al miocardio, cirrosis, leucemia, artritis y muchas patologías más, haciendo realidad las posibilidades de una medicina regenerativa, entendiendo que este tipo de medicina ofrece nuevas formas de tratamiento para enfermedades crónico degenerativas que actualmente son incurables y que es a través de las denominadas células estaminales o troncales las que serán la fuente de nuevas células o tejidos.

Además se abren otras perspectivas de investigación que incluye que a través de células estaminales se faciliten también las terapias génicas, ya que estas células aceptan con facilidad la incorporación de genes foráneos.

Hasta la fecha las patologías que se caracterizan por una degeneración celular no tienen un tratamiento efectivo, en el mejor de los casos es sustitutivo y eficaz sólo parcialmente, por lo cual el desarrollo de las células estaminales abre un promisorio futuro en su terapia, tratamiento y eventual curación.

La propuesta de ley que nosotros presentamos se hace tomando en cuenta el avance de la ciencia médica, sus tecnologías y las aplicaciones de éstas, en el marco de nuevos entornos culturales y sociales, en los que se ha requerido actualizar, modernizar y emitir nuevos códigos éticos, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los aspectos relativos a la investigación con seres humanos y las aplicaciones biotecnológicas que eventualmente fueron realizadas al margen de los derechos humanos y las garantías individuales, con el fin de que los nuevos conocimientos científicos, las tecnologías y la nueva praxis profesional estén acordes a los marcos culturales y filosóficos del postmodernismo y específicamente acordes a los deseos y expectativas de la sociedad mexicana.

Nosotros realizamos un amplio debate en torno a la utilización e investigación con células estaminales, para lo cual primero hicimos una amplia revisión sobre la literatura; científica, jurídica, legislativa y ética en torno al tema, el debate y análisis documental fue realizado en un marco referencial democrático, multidisciplinario, interdisciplinario e incluyente de las más variadas formas de pensamiento, filosofías e ideologías, sin obviar las opiniones de los líderes de la mayoría de los cultos que se profesan en nuestro país, haciendo una reflexión plural y laica, entendiendo esta última como la no preeminencia de ninguna creencia en particular, partiendo de los anteriores presupuestos realizamos las propuestas legislativas que hoy nos ocupan.

Revisamos las legislaciones vigentes en los países con mayor desarrollo en esta área, de ésta sobresalen por su aportación y reciente adecuación las siguientes normas legales:

En Gran Bretaña existen disposiciones legales que permiten la utilización de embriones criopreservados para la investigación y la investigación con fetos abortados, esto en contraposición a la resolución del Senado de ese país que en la década de los noventa prohibió la investigación con embriones no viables y determinó su destrucción, asimismo está permitida la clonación terapéutica;

En el caso de Alemania se tiene la autorización para la investigación con embriones abortados, está prohibida la clonación reproductiva y terapéutica, así como cualquier investigación que pueda dañar a un embrión;

En Portugal se ha legislado a favor de desarrollar células estaminales a partir de embriones abortados;

En los Estados Unidos de América la legislación establece que solamente podrán obtenerse células estaminales de embriones criopreservados no viables, creados para su utilización en técnicas de reproducción asistida y estos no podrán ser destinados a otro fin;

En Suecia se permite la investigación con embriones de hasta 14 días y se autoriza la investigación con embriones abortados;

En Italia está autorizada la investigación con embriones abortados y se encuentra legislada la investigación con células estaminales obtenidas de adultos y prohibida la investigación con embriones;

En España existen normas que permiten la investigación con embriones abortados y está en discusión la utilización de embriones criopreservados no viables y que al igual que en otros países hayan sido creados con fines reproductivos, lo cual obedece a la presión del grupo de científicos y que parte del potencial terapéutico de estas células;

En Dinamarca hay leyes que favorecen la investigación con células troncales y está autorizada la investigación con fetos abortados;

En Finlandia se autoriza el desarrollo de células estaminales a partir de embriones abortados y de embriones que ya no son viables, creados para reproducción asistida;

En Francia la ley contempla el desarrollo e investigación de células madre de tejidos embrionarios y adultos y está en discusión una iniciativa que permitirá el uso de embriones abortados para el mismo fin;

En Hungría se permite la investigación con embriones y fetos abortados;

En la India, el departamento de biotecnología dependiente del Estado, realiza investigación con células madre obtenidas de embriones;

En el caso de Latinoamérica, Argentina y México tienen prohibida la investigación con embriones, no se contempla tampoco la investigación con fetos o embriones abortados y no hay leyes que fomenten el desarrollo e investigación con células troncales, el resto de países en América se han sumado a la prohibición total de la clonación, incluyendo la denominada terapéutica.

Cabe señalar que en México además se carece de una legislación sobre técnicas de reproducción asistida, a pesar de que hay al menos 8 iniciativas de ley presentadas en las últimas tres legislaturas, por cinco diferentes grupos parlamentarios y que esto obedece a presiones de grupos que se oponen a que haya reproducción asistida, aduciendo que no es una técnica de curación.

La investigación con células estaminales constituye la más firme promesa terapéutica para el desarrollo de la medicina regenerativa, por lo cual es obligación de todos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades promover la investigación científica en esta área, en beneficio de la salud pública y del interés general, por lo cual debemos elaborar las normas jurídicas que faciliten la labor de clínicos e investigadores.

Ha llegado el tiempo de analizar racional y objetivamente los beneficios, los riesgos, y las perspectivas que se ofrecen con la investigación de la medicina reparadora, por lo cual también debemos revisar las posturas éticas ante la disposición de células troncales y las fuentes reales de estas células, entre estas posibilidades está la investigación con embriones abortados y embriones no viables, conservados bajo congelación, creados para técnicas de reproducción asistida, con la seguridad que éstos ya no son viables y no tienen la factibilidad de ser implantados en el útero materno, acotando que no debe ser permitida la creación de embriones con un fin diferente al de la reproducción asistida y que se deben depurar las técnicas en reproducción asistida y las normas legales para que en un futuro no haya ``embriones sobrantes'' y que la criopreservación de éstos, nunca exceda el tiempo para ser considerados viables.

Hoy en México hay miles de embriones en las instituciones especializadas en reproducción asistida e incluso no se sabe el número exacto de éstos, puesto que además como ya hemos señalado no existe ninguna legislación al respecto, un alto porcentaje de los embriones preservados han dejado de ser viables por efecto de dos factores; tiempo y congelamiento, lo que impide su eventual implantación uterina y desarrollo, por lo tanto ya no pueden ser utilizados por sus padres y tampoco ser dados en adopción, lo cual por cierto tampoco está contemplado en ninguna ley mexicana, entre las posibles soluciones a este problema, evidentemente, no debe estar el destruirlos o mantenerlos congelados por tiempo indefinido.

Asimismo recomendamos que los embriones viables, hoy crioconservados en diversas instituciones dedicadas a la reproducción asistida, sean implantados para su posterior desarrollo y se estudie la posibilidad de hacer las modificaciones a la ley para darlos en adopción a parejas infértiles, con el objeto de que no se tenga que llegar nuevamente en un futuro cercano a la disyuntiva de su destrucción, y por supuesto hacemos nuestra la exigencia social de que en las técnicas de reproducción asistida se creen únicamente los embriones que serán implantados en el útero materno, de tal suerte que no volvamos a tener de ninguna manera embriones sobrantes.

Por las consideraciones antes expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales y de las responsabilidades que la ley nos impone para legislar con base en las necesidades del país y de los ciudadanos que nos han electo, la suscrita diputada a la LX legislatura de la honorable Cámara de Diputados, someto ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el que se adicionan los artículos 103 Bis al 103 Bis 6 de la Ley General de Salud, con el objeto de fomentar la investigación y desarrollo de células estaminales, para quedar de la siguiente forma:

Ley General de Salud

Artículo 103 Bis. La Secretaría de Salud, apoyará, estimulará y promoverá la investigación con las denominadas células madre o estaminales, dando preferencia a la investigación con células madre obtenidas de tejidos embrionarios y a las obtenidas de tejidos de adultos.

Artículo 103 Bis 2. La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Bioética llevarán un registro nacional de todas las investigaciones que impliquen la utilización de células madre o estaminales, que incluya la institución que la realiza y el grupo de investigadores.

Artículo 103 Bis 3. El comité de bioética de cada hospital o instituto deberá evaluar la eticidad en todos los protocolos de investigación que impliquen la utilización de las células madre, asimismo evaluará la idoneidad profesional de los investigadores y conocerá las fuentes de obtención de las células madre.

Artículo 103 Bis 4. Los embriones creados para técnicas de reproducción asistida, que hayan excedido el tiempo y las condiciones de congelación para ser considerados viables podrán ser utilizados para el desarrollo de células madre, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Artículo 103 Bis 5. Los embriones y fetos abortados espontáneamente podrán ser utilizados para el desarrollo de células madre, previo consentimiento informado de los padres.

Artículo 103 Bis 6. Queda terminantemente prohibida la creación de embriones con un fin distinto a la procreación.

Artículos Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud emitirá el Reglamento para las Técnicas de Reproducción Asistida, asegurando que en ésta no haya embriones sobrantes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Silvia Luna Rodríguez.Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Felipe González Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El diputado Felipe González Ruiz: Gracias. Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores: quiero aprovechar de inicio para hacer un reconocimiento público de parte de mi grupo parlamentario de Acción Nacional a la lucha contra la delincuencia organizada que ha implementado el presidente Felipe Calderón.

La inseguridad que aqueja a diversas zonas del país en detrimento directo de la calidad de vida de las personas es causa de atención y preocupación por parte de los distintos órdenes de gobierno, así como también de la sociedad organizada.

Por ello, para Acción Nacional es fundamental implementar políticas que contrarresten y combatan el fenómeno delictivo, sobre la base de una adecuada investigación científica del mismo, teniendo en cuenta las circunstancias y las prioridades existentes en cada región del país.

En particular al Poder Legislativo le corresponde realizar las reformas legales necesarias para poder contar con un marco jurídico que abone a dicho contenido, estableciendo las bases legales fundamentales para la implementación de acciones, planes y programas en materia preventiva, por parte de las diversas instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el cuerpo normativo encargado de establecer los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de seguridad pública.

En tal virtud, la presente iniciativa propone adicionar y modificar la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a efecto de establecer diversas previsiones legales relacionadas con el establecimiento de diversas políticas preventivas del delito.

Actualmente una de las omisiones de nuestro marco jurídico aplicable en la materia es la ausencia de disposiciones legales encargadas de establecer a la prevención del delito como una política de Estado para tratar de contrarrestar al fenómeno delictivo. Toda vez que este cuerpo normativo sólo se limita a pocas cuestiones concretas, tales como: el establecimiento de una conferencia de prevención del delito y el fomento de una prevención de infracciones y delitos, como materia de coordinación dentro del Sistema Nacional. Sin embargo, omite establecer atribuciones específicas en la materia por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la máxima instancia dentro del Sistema Nacional.

La seguridad pública desde un punto de vista integral, abarca diversos aspectos, mismos que se han llegado a clasificar en cuatro etapas específicas. Primera: prevención del delito; segunda: procuración de justicia; tercera: administración de justicia, y; cuarta: readaptación social.

Aspectos íntimamente vinculados entre sí, que se eslabonan unos con otros para formar un todo, siendo la prevención del delito la fase primaria que debe contemplar toda política criminal, para posteriormente pasar a la procuración, administración de justicia y finalizar con la etapa readaptativa; misma que a su vez, en determinado momento vuelve a enlazarse con la etapa preventiva del delito al pretender poner al individuo, al final de la ejecución de su sentencia en condiciones aptas de reincorporarse a la sociedad.

Como podemos ver, las distintas fases de la seguridad pública constituyen un ciclo, en donde si falla alguna etapa, se corre el riesgo de que falle todo lo demás. Por ello, la presente iniciativa pretende fortalecer la etapa inicial de la seguridad pública, que es la prevención del delito, a efecto de sentar las bases adecuadas, para posteriormente seguir fortaleciendo sus subsecuentes etapas en donde se estima, existe necesidad de su mejoramiento.

Debido a lo anterior, retomando la legítima preocupación de la sociedad por lograr condiciones reales de seguridad, en su hogar, en su colonia, en su trabajo, en su ciudad y en el país; y en congruencia con la plataforma del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Único. Se reforma el Título Tercero para denominarse: ``De la Prevención del Delito'', recorriéndose la denominación y el contenido de los actuales títulos Tercero y Cuarto, para quedar como títulos Cuarto y Quinto, respectivamente.

Además, se adiciona una fracción XII al artículo 22; se adicionan los artículos 48 Bis y 48 Ter y se deroga el tercer párrafo del artículo 3, todos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Diputada Presidenta, le solicito atentamente la inscripción íntegra del texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal, Felipe González Ruiz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública, en materia de prevención del delito , misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, el fenómeno de la delincuencia, ha adquirido niveles importantes de atención y preocupación por parte de los distintos órdenes de gobierno, así como por parte de la sociedad organizada. La escalada de inseguridad que aqueja a diversas zonas del país en detrimento directo de la calidad de vida de las personas, hace necesario tomar acciones inmediatas para propiciar condiciones reales de seguridad.

Ante esta preocupante situación, han surgido importantes y legítimas demandas por parte de la sociedad civil hacia las diversas instancias de gobierno, a efecto de implantar acciones contundentes en el combate hacia la delincuencia, así como para privilegiar medidas eficaces en la prevención de conductas delictivas, que permitan atacar de manera directa y concluyente las principales causas generadoras de las conductas antisociales y de los delitos.

Por ello, para Acción Nacional, un elemento fundamental dentro de la política criminal que deberá ser implantado por el Estado para tratar de contrarrestar y combatir el fenómeno delictivo, lo es el diseño e implantación de programas, planes y acciones preventivos del delito, sobre la base de una adecuada investigación científica del mismo, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades existentes en cada región del país.

Lo anterior se considera así, toda vez que sólo conociendo a ciencia cierta las principales causas generadoras de la delincuencia es como se podrá saber con exactitud que medidas, planes y acciones resultan necesarias implantar para impedir que estas se sigan actualizando, ya que en caso contrario, toda medida implantada con un desconocimiento real de los múltiples factores que generan la delincuencia corre el riesgo de no generar los resultados deseados.

En tal virtud, se coincide en el sentido de que: ``La prevención constituye uno de los aspectos más importantes a considerar en el diseño de toda política pública en materia de delincuencia y miedo, ya que a través de ésta, se evita a la sociedad futuros costos provenientes de la sanción y rehabilitación de conductas criminales o antisociales.'' ¹

En efecto, tal y como se ha venido señalando en otras ocasiones, una de las mayores ventajas que trae aparejada la implantación de políticas preventivas del delito sobre acciones reactivas del mismo, lo es que su costo siempre será menor al costo humano, económico y material de la represión de las conductas delictivas, empezando por el hecho de que con una adecuada y eficaz prevención del delito se logra evitar la vulneración de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad tutelados por la ley, así como desaparece la posibilidad de la existencia de la víctima u ofendido de un delito, parte mayormente afectada dentro del drama que entraña la consumación de un delito.

Esto lleva a la conclusión de que la seguridad pública, desde un punto de vista integral, no debe ser comprendida exclusivamente bajo criterios policiales enfocados únicamente en la contención y represión de conductas antisociales y delictivas, por el contrario esta va más allá, debe partir inicialmente de medidas preventivas encargadas de combatir las causas que las generan, a través de políticas, programas y acciones que logren fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, y que induzcan el respeto a la legalidad.

Aspecto que inclusive constituye uno de los postulados previstos en el artículo 3o. de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que al efecto señala

En ese sentido, se coincide en que: ``Una política preventiva tiene que partir de un principio de acción conjunto entre el gobierno y la sociedad en una relación de corresponsabilidad, pero de apertura y transparencia de las entidades gubernamentales.

Esto implica, para el gobierno, acciones combinadas de seguridad pública con las estrategias de desarrollo económico y social orientadas a resolver problemas de empleo, salario, vivienda, servicios públicos, educación, etcétera, con lo cual se busca resolver el fenómeno delictivo desde sus causas estructurales.'' ⁵

Bajo este orden de ideas, resulta pertinente señalar que de acuerdo al Informe del Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ``el éxito de los sistemas de justicia penal y de las estrategias para la prevención del delito, especialmente en vista del aumento de nuevas y sofisticadas formas de delincuencia y las dificultades que enfrenta la administración de la justicia penal, depende ante todo de los progresos que se realicen en el mundo para mejorar las condiciones sociales y para elevar el nivel de calidad de la vida, de esta manera resulta indispensable revisar las estrategias tradicionales para combatir el delito basadas exclusivamente en criterios jurídicos.''

De lo anterior se desprende la necesidad de revisar las acciones consuetudinarias para combatir el delito basadas exclusivamente en criterios reactivos o de mera contención, máxime cuando ``Por mucho tiempo hemos dejado los problemas del delito a los encargados de ejecutar la ley, concretamente a la justicia penal. Más allá de su papel en la aplicación de las leyes, son importantes también los compañeros que intervienen en el proceso de prevención, como de las escuelas, los del servicio social, los de recreación, de salud, de negocios y de las ciudades.'' ⁶

Así las cosas, de acuerdo al maestro Pedro Peñaloza: ``Se requiere poner en marcha un nuevo paradigma, que primero derrote culturalmente la empolvada visión de que el delito sólo se combate con represión, anteponiendo una nueva ruta de navegación que tenga, como eje vertebrador, al delito como una categoría social y no exclusivamente jurídica.

En consecuencia es imprescindible tratar de evitar que se comentan delitos mediante la puesta en marcha de la otra parte del Estado de carácter no punitiva, para que se combatan los factores de riesgo que favorecen las conductas ilícitas con factores protectores como un dique.'' ⁷

Ante esta situación, las distintas instancias y órdenes de gobierno, se encuentran obligados a realizar esfuerzos para implantar acciones de disuasión del delito en el marco del desarrollo social, cultural, político y económico, reforzando todos aquellos aspectos legales y operativos necesarios, para un real establecimiento de la prevención como un eje rector dentro de la política criminal del país.

En particular, al Poder Legislativo le corresponde realizar las reformas legales necesarias para que se pueda contar con un marco jurídico que abone a dicho cometido, estableciendo las bases legales fundamentales para la implantación de acciones, planes y programas en materia preventiva, por parte de las diversas instancias que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En tal virtud, la presente iniciativa propone adicionar la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública --cuerpo normativo encargado de establecer los mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de seguridad pública--, a efecto de establecer diversas previsiones legales relacionadas con el establecimiento de políticas preventivas del delito, que deberán ser observadas por los distintos órdenes de gobierno, a través de las políticas, acciones y programas que al efecto establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior en virtud de que actualmente una de las grandes omisiones del marco jurídico aplicable en la materia, específicamente de la ley anteriormente señalada, es la ausencia de disposiciones legales encargadas de establecer a la prevención del delito como una política de Estado para tratar de contrarrestar al fenómeno delictivo, toda vez que este cuerpo normativo, sólo se limita a pocas cuestiones concretas, tales como el establecimiento de una conferencia de prevención del delito y el fomento de una cultura de prevención de infracciones y delitos como materia de coordinación dentro del Sistema Nacional. Sin embargo, omite establecer atribuciones específicas en la materia por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública --máxima instancia dentro del sistema nacional.

Lo anterior genera en sí la ausencia de un marco de responsabilidad directamente atribuible a las instancias de seguridad pública así como a los órganos encargados de la coordinación dentro del sistema nacional, ante la ausencia de lineamientos legales para el establecimiento de políticas, planes y programas en materia de prevención del delito.

Bajo este contexto, es que se proponen adicionar los artículos 48 Bis y 48 Ter dentro de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer de manera expresa en este cuerpo legal, diversas atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, relacionadas con el combate de las causas que generan la comisión de conductas antisociales y delitos, y el fomento de una adecuada cultura ciudadana en materia preventiva del delito.

Consecuentemente se propone cambiar la denominación actual del Título Tercero de la referida Ley, relativo a la participación de la comunidad, a efecto de denominarlo ``De la Prevención del Delito'', recorriéndose en consecuencia el contenido de los actuales Capítulos Tercero y Cuarto, para quedar como Capítulos Cuarto y Quinto, respectivamente.

Asimismo, tomando en consideración que el contenido y alcance del tercer párrafo del artículo 3o. vigente, el cual implica un postulado de la ley en materia preventiva del delito, se propone trasladar dicha disposición al referido Título Tercero, a efecto de lograr una mejor sistematización de la ley, con la creación de un título específico en materia preventiva del delito.

Finalmente se estima pertinente señalar que durante su historia legislativa, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha sido uno de los grandes promotores del perfeccionamiento del contenido y alcance del marco jurídico existente en materia de seguridad pública bajo una óptica preventiva del delito, llegando a plantear en legislaturas anteriores diversas propuestas para tal efecto.

En tal virtud, retomando la legítima preocupación de la sociedad por lograr condiciones reales de seguridad --en su hogar, en su colonia, en su fuente laboral, en la calle, en su país--, así como la motivación de algunas propuestas esgrimidas por mis compañeros de bancada en anteriores ocasiones, y en congruencia con la plataforma del Grupo Parlamentario de Acción Nacional someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Único. Se reforma el Título Tercero para denominarse ``De la Prevención del Delito'' recorriéndose la denominación y el contenido de los actuales títulos Tercero y Cuarto, para quedar como títulos Cuarto y Quinto, respectivamente; se adiciona una fracción XII al artículo 22, se adicionan los artículos 48 Bis y 48 Ter, y se deroga el tercer párrafo del artículo 3, todos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

...

(Se deroga)

...

Artículo 22. ...

Titulo Tercero De la Prevención del Delito

Artículo 48 Bis. El estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales a través de políticas, programas y acciones para

fomentar en la sociedad una cultura de prevención del delito, así como valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

Artículo 48 Ter. La prevención del delito constituirá uno de los ejes fundamentales en las políticas y programas a implementar dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para tal efecto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, podrá establecer mecanismos e implantar acciones que tengan por objeto:

Título Cuarto De la Participacion de la Comunidad

Artículos 49. a 51. ...

Titulo Quinto De los Servicios Privados de Seguridad

Artículos 52. a 54. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Roemer, Andrés, Economía del Crimen , Inacipe-Noriega Editores, 1a. Edición México, p. 379. 2 Waller, Irvin, Éxitos y Fracasos de la Prevención del Delito en el Mundo , Iter Criminis-Inacipe, Núm. 8 segunda época, México, 2003, p. 205. 3 Ramos García, José María, Inseguridad Pública en México, Una Propuesta de Gestión de Política Estratégica en Gobiernos Locales, Miguel Angel Porrúa, 1ª ed, México, 2006, p. 223. 4 Roemer, Andrés, op. cit., p. 381. 5 Ramos García, José María, op. cit., p. 223. 6 Waller, Irvin, op. cit., p. 212. 7 Peñaloza, Pedro José, Tesis Básicas para una Política Criminal , Iter Crimins--Inacipe, Num. 2 tercera época, México, 2005, p. 150. 8 Roemer, Andrés, op. cit., p. 381.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe González Ruiz. Se toma en cuenta su petición.Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 111 Y 112 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Presidenta. Quisiera hacer una explicación sobre lo que está buscando esta iniciativa y que está presentando su servidor, el diputado Raúl Cervantes, en representación y en términos de nuestra normatividad de grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, como iniciativa de todo el grupo.

Esto significa que tiene 106 votos dentro de nuestra bancada el intentar buscar con los otros grupos parlamentarios modificar la Constitución en términos del denominado fuero constitucional. Qué busca el grupo parlamentario del PRI. No que busca el diputado Raúl Cervantes. Equilibrar lo que la sociedad ha dicho hasta el cansancio y que se ha transmitido a través de los medios de comunicación, de que no se confunda la inmunidad con la impunidad.

El régimen de servidores públicos, de responsabilidad de servidores públicos ha sido un régimen que en México, en mi visión personal como abogado, se ha diseñado con la intención de tener el objeto y la finalidad, el instrumento jurídico sobre la funcionalidad. Será un tema que se tendrá que revisar y para acreditar altura moral, altura política y altura jurídica, debemos de pensar en casa, modificando el fuero constitucional como lo reclama la sociedad.

Por qué me refiero a que el Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos, como finalidad el instrumento jurídico y no como finalidad la funcionalidad. El derecho administrativo que es lo que ejecutan los funcionarios y que son el principio de la realidad constitucional que las facultades que le dan a la autoridad solo y exclusivamente es lo que pueden hacer, genera un principio y un principio muy importante. La ley es importante pero en las democracias de-sarrolladas y en los marcos jurídicos desarrollados, el régimen jurídico solo y exclusivamente es un instrumento.

Lo que se busca es hacer funcional a la administración pública o a los funcionarios públicos y traer como consecuencia de esta funcionalidad, lo que cada quien dentro de su fuero interno de ideario político, le podría llamar bien común, bienestar a la sociedad o cualquiera de estos conceptos políticos sociales.

No se está cumpliendo y uno de los elementos principales de que no se está cumpliendo, es también el tema del fuero constitucional. El fuero constitucional tuvo y tiene, porque tiene vigencia, pero tuvo razones diferentes históricas, sociales y políticas, completamente diferentes al día de hoy.

Se hizo para que no hubiera abusos de autoridad. No se acusara injustamente. No hubiera persecuciones inadecuadas. Hubiera detenciones para evitar que legisladores, diputados, senadores, diputados locales, pudiera el que estuviera en el poder, impedir la expresión libre de estos legisladores y poder conducir al país o acallar voces de forma diferente a lo que el derecho generaba.

Hoy no veo esas razones. Hoy lo que veo es que la inmunidad y la impunidad es un asunto de confusión, en donde hay dos criterios fundamentales que tenemos que resolver y que trata esta iniciativa: El primero fue de todos conocido, no importan los nombres, lo que importa son los procesos. Se discutió en la doctrina, hubo una discusión dentro de la misma Cámara de Diputados, si procede, si hay fuero o no hay fuero con un legislador que pidió licencia. Tema que parecía un tema menor pero que fue un escándalo nacional y que podía repetirse, en el que si un diputado al separarse se protegía a la persona y no a la función.

La iniciativa busca, como también se ha recabado en la doctrina, que lo que debemos proteger es a la función. Por lo tanto, si se entiende per se, no se está protegiendo a la persona. Y si no esta adminiculado o es concominante a la persona con el cargo para el ejercicio de la función, no debería de estar protegido y no debe de estar protegido por el fuero constitucional. Eso es lo que buscamos claramente en la modificación: decir que para los legisladores, los funcionarios que estén separados, que tengan licencia, no sea necesario el juicio de procedencia.

Dejarlo claro y preciso, para que no vuelva a suceder estas interpretaciones vagas o imprecisas que lo único que tienen es abonar a la incredulidad, a la falta de confianza que tiene la gente en sus instituciones; y eso sí trae como consecuencia debilitar a un Estado, al Estado mexicano y un Estado de derecho.

En otro sentido, también tendríamos que determinar por qué --independientemente del que pidió licencia--, en qué casos la sociedad se siente agraviada. Y dos, en qué casos, en un equilibrio constitucional, debemos de dejarle fuero a los servidores públicos y hacer más responsables también a las autoridades que tienen el ejercicio de la acción penal en el equilibrio del mandato constitucional de buena fe en los procedimientos penales.

Esta iniciativa trata dos elementos concretos que se adminiculan y que me parece que hacen un equilibrio adecuado. No creo que nadie de la sociedad, ni de los que estemos sentados aquí creamos que el fuero constitucional protege a un funcionario que lo encuentren haciendo o cometiendo un delito grave y en flagrancia. No tiene nada que ver con el fuero.

No debemos confundir el fuero. El fuero se confunde en los medios de comunicación. A veces se confunde en el concepto cívico y jurídico de la población al pensar que el fuero es un aro de protección a un funcionario público para que haga y deje de hacer, no tiene nada que ver.

Se ha prestado a encubrir o a generar el concepto de inmunidad, que ese era el concepto constitucional, es no poder proceder contra un funcionario, previo su órgano colegiado, en un juicio de procedencia, analice si existen elementos legales, 14 y 16 del tipo penal y presunta responsabilidad para ejercer la acción contra él y no tener sanciones políticas.

Esa era su naturaleza. Lo que se ha demostrado es que simplemente ha habido un abuso y rara vez procede el juicio de procedencia. Y la sensación de la sociedad es que el que es legislador es funcionario público, lo único que le puede pasar es nada y por eso se confunde procedencia e inmunidad con impunidad.

La iniciativa es clara, pone dos candados y tienen que darse simultáneamente. Delito grave, los califica el Código federal, en caso de los delitos federales y los códigos locales, en caso de los locales; y que sea en flagrancia, es cometiendo el delito.

Me parece que si alguien, en una presunción ex ante, dijera que esto agravia, que puede molestar, que pone en peligro la función del legislador, pareciera que estaría defendiendo más el cometer delitos en flagrancia que el de manejar la figura fina de la procedencia.

Por último, ¿a qué se refería la doctrina y a qué se refirió la Constitución con: procedencia? También es cierto que hay un exceso en interpretación de pensar, que es gente impune; es impune durante el tiempo o el lapso, después se puede ejercitar la acción.

El juicio de procedencia era pasar a una etapa más. Nosotros estamos quitando esta etapa previa en respuesta al reclamo de la sociedad y al análisis del grupo parlamentario en casi la mayoría de los diputados en sus distritos, en el sentir de la población mexicana, de que nunca más y por ningún motivo ningún exceso en el fuero. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como certifica uno de los secretarios de éste, en nombre de sus compañeros integrantes del grupo parlamentario somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa por la que se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema jurídico mexicano desde sus inicios ha establecido medios jurídicos para determinar la responsabilidad penal de los altos servidores públicos, o sea aquellos que por la gran responsabilidad que requiere el ejercicio de su cargo deben ser protegidos de una forma especial, lógicamente sin ser inmunes totalmente. En nuestra Constitución Política de 1917, se establecieron dos figuras: el Juicio político y el fuero constitucional, actualmente denominado ``declaración de procedencia'', siendo esta última figura jurídica la razón de la presente iniciativa.

El Diccionario universal de términos parlamentarios define la declaración de procedencia como

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en junio de 1996 que el fuero es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos.

En general, la teoría jurídica contemporánea en México, ha coincidido en la afirmación de que el fuero de que gozan los legisladores es una protección constitucional que se da a la función que desempeñan y que dicha protección no se otorga en razón de la persona, sino del cargo, ya que dicha prerrogativa es indispensable para la existencia de las instituciones que salvaguarda la propia Ley Fundamental, sin dejar de lado que la norma constitucional reconoce la necesidad de impedir que la asamblea sea privada de uno o parte de sus miembros por intervención de una jurisdicción extraña.

La inviolabilidad, ``en líneas generales, consiste en la imposibilidad de arresto y procesamiento de los parlamentarios a no ser que se produzcan determinados requisitos y bajo ciertas condiciones. Es una consecuencia de la inviolabilidad y una manera de hacerla efectiva. Sin embargo, hoy día su aceptación como tal prerrogativa parlamentaria parece ponerse en tal de juicio, ya que se considera como un resquicio histórico que ya cumplió sus funciones en épocas pasadas, y lo único que puede provocar son disfuncionalidades en el sistema de relaciones entre los diversos poderes del Estado''. ²

Adicionalmente, tenemos que ``hoy día la inmunidad, como prerrogativa parlamentaria, se encuentra en decadencia. Y es que puede llegar a afirmarse que su existencia es superflua, pues ya han desaparecido los condicionamientos históricos que la hicieron surgir. Es decir, se impone su desaparición, postulándose la necesidad de que a los parlamentarios, como ciudadanos que son, les sea aplicable en régimen general, quizás con la única excepción del aforamiento, que en todo Estado democrático debe ofrecer las garantías, materiales y procesales, suficientes. En todo caso, su propio carácter excepcional parece exigir, de acuerdo con las reglas generales comúnmente aceptadas, una interpretación restrictiva de la misma''. ³

Asimismo, distinguidos académicos en nuestro país, sobre el tema del fuero han señalado lo siguiente:

1. Ignacio Burgoa Orihuela establece:

2. Elisur Arteaga Nava señala:

3. Jesús Orozco Henríquez dice:

4. Felipe Tena Ramírez comenta:

En un análisis actualizado de esta figura jurídica, se advierte que es un tema complejo, además de las consecuencias políticas que acarrea su aplicación, los defectos jurídicos e inconsistencias que el propio procedimiento presenta, lo cual ha acarreado situaciones que dejan mucho que desear en el ámbito de aplicación de sanciones para la responsabilidad de los altos servidores públicos.

Lo anterior se ha reflejado a través de la historia, donde se observa que su procedimiento es complejo y difuso, y que cada vez que se ha aplicado, la Legislatura correspondiente ha aplicado criterios distintos y ha resuelto los conflictos de maneras muy particulares.

Como lo fue el último procedimiento de declaración de procedencia, me refiero al instaurado contra el ciudadano René Juvenal Bejarano Martínez, diputado con licencia a la Asamblea del Distrito Federal de la III Legislatura, por la comisión de los delitos de promoción de conductas ilícitas, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delito electoral, donde el debate principal fue en la interpretación del texto constitucional, respecto de la calidad del legislador con licencia, siendo la resolución de la Cámara de Diputados el proceder contra dicho servidor público, ya que consideró que el hecho de que un servidor público de los señalados en el primer párrafo del artículo 111 constitucional que esté gozando de licencia de su cargo será responsable por los delitos cometidos.

Por tanto, esta iniciativa pretende dar el siguiente paso, establecer que en caso de que alguno de los servidores públicos señalados en el primer párrafo del artículo 111 se encuentren gozando de una licencia de su cargo y sea requerido por la autoridad penal para responder por su presunta responsabilidad en la comisión de un delito, no sea necesario llevar a cabo el procedimiento de declaración de procedencia, en razón a que al estar gozando de licencia de su cargo, ha renunciado a la protección constitucional implícita en él.

Con la reforma propuesta también se busca establecer que no se requerirá la declaración de procedencia cuando el funcionario público que goza de ésta, propuesta sea detenido en flagrancia cometiendo un delito considerado como grave por la ley penal. Este tema, no es nuevo, por su importancia, reconocemos que ha sido planteado por distintos legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios en anteriores legislaturas;⁸ no obstante, las iniciativas hasta ahora presentadas no han sido dictaminadas y por disposición del párrafo cuarto del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran en calidad de proyecto para la LX Legislatura.

El fuero constitucional del que gozan de los servidores públicos fue creado como una protección jurídica para preservar la independencia, la seguridad y la libertad de acción de los funcionarios públicos, buscando con esto resguardarlos de presiones políticas, detenciones arbitrarias o acusaciones infundadas, para influir en sus decisiones políticas.

En el México de hoy, el fuero tiene menos justificación de ser, por eso se busca acotarlo con esta iniciativa, confirmando con ello que no se debe considerar una inmunidad a la persona sino más bien como una protección inherente a la función pública.

El principio que consagra el artículo 61 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del fuero constitucional, debe considerarse estrictamente como un instrumento de protección a la función del legislador para que en ejercicio de ésta puedan expresarse y desempeñar su cargo con libertad y que la inmunidad que el fuero confiere se limite a su función constitucional.

Desafortunadamente, en nuestro país esto no ha sido así. La concentración del poder político y el autoritarismo han hecho equivalentes en no pocos casos la inmunidad con la impunidad, puesto que se ha desvirtuado por las inercias políticas el concepto mismo del fuero constitucional.

Lo cierto es que en los últimos años el fuero ha perdido el motivo de su existencia, ya que ha dejado de ser una protección para garantizar el equilibrio de poderes para convertirse en una excepción jurídica que permita el rompimiento de la garantía constitucional de igualdad jurídica para fomentar la impunidad desde un cargo público. Esto ha hecho que la opinión pública condene esta figura de protección constitucional por lo que hoy su existencia antes de fortalecer el servicio público lo debilita.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, propone la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, a fin de establecer en el texto de la carta magna que no se requerirá la declaración de procedencia en el caso de que los funcionarios que gozan del fuero constitucional cometan un delito grave, así como especificar en el texto constitucional que cuando los servidores públicos señalados en el primer párrafo del artículo 111 estén gozando de licencia a su cargo, no tendrán la protección del fuero constitucional, sino que podrán ser requeridos por la autoridad penal en cualquier momento, sin necesidad de la declaración de procedencia.⁹

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del honorable Constituyente Permanente, por conducto de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. ... ... ...

...

No se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 108 de la presente constitución, sea detenido en flagrancia por la comisión de un delito grave, así calificado por la ley penal.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. No se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de estos servidores públicos, sea detenido en flagrancia por la comisión de un delito grave, así calificado por la ley penal.

... ... ... ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que este se encuentre gozando de licencia de su cargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o ha tomado posesión de otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Diccionario universal de términos parlamentarios, Porrúa, México, página 319. 2 Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional, volumen II, ``Los órganos constitucionales: el Estado autonómico'', segunda edición, Tecnos. Madrid, 1993, página 103. 3 Ibídem, página 106. 4 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho constitucional mexicano, octava edición, Porrúa, México, 1991, página 563. 5 Arteaga, Nava Elisur, Derecho constitucional. Instituciones federales, estatales y municipales, tomo III, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004, páginas 422-424. 6 Orozco Henríquez, José de Jesús. Régimen constitucional de responsabilidades de los servidores públicos, en las responsabilidades de los servidores públicos, Manuel Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984, página 123. 6 Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano, vigésima novena edición, Porrúa, México, 1994, páginas 559-570. 7 Como antecedentes citamos las iniciativas presentadas por la diputada Martha Ruth del Toro Gaytán (PAN), que reforma y adiciona el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 7 de noviembre de 2002 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado José Antonio Calderón Cardoso (PAS), que reforma y adiciona los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 14 de abril de 2003 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el Congreso de Nuevo León, que reforma el artículo 111 constitucional, presentada el 2 de octubre de 2003 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Iván García Solís (PRD), que reforma el párrafo segundo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 3 de marzo de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Miguel Ángel Yunes Linares (PRI), que reforma los artículos del Título Cuarto (108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114) y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de marzo de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Pablo Gómez Álvarez (PRD), que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 38, 108, 111 y 112), presentada el 1 de abril de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Juan José García Ochoa (PRD), que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 108 y 111), del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el 15 de abril de 2004 y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos; el Congreso de Veracruz, que reforma el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de agosto de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Hugo Rodríguez García (PRI), que reforma y adiciona los artículos 74, fracción V Bis, 86, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona los artículos 1, fracción III, 25 y 44 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el 13 de septiembre de 2004 y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos; el diputado René Arce Islas (PRD), presentada el 21 de octubre de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI), presentada el 25 de noviembre de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Fernando de las Fuentes Fernández (PRI), presentada el 9 de diciembre de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Álvaro Elías Loredo (PAN), presentada el 9 de diciembre de 2004 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado José Sigona Torres (PAN), que reforma y adiciona los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 5 de enero de 2005 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado José Luis Medina Lizalde (PRD), que reforma y adiciona los artículos 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 10 de febrero de 2005 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; la Cámara de Senadores, minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 24 de febrero de 2005 y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública; el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu (PRI), que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 73, 74, 76, 80, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 110 y 111), presentada el 19 de abril de 2005; Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado; el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), que reforma el párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 28 de abril de 2005 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (Convergencia), que reforma el párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 28 de abril de 2005 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Paulo José Luis Tapia Palacios (PRI), que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 28 de abril de 2005 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; y el diputado Jesús Martínez Álvarez (Convergencia), que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de mayo de 2005 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 9 Como sucede ya en países como Colombia, artículo 186 constitucional; Chile, artículo 58 constitucional; Perú, artículo 93; España, artículo 71; y Francia, artículo 26.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial Federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En el año de 1994 fue aprobado y publicado un decreto de reformas a la Constitución federal que en términos generales se identificó con una serie de cambios al poder judicial, aunque en realidad se refería a diferentes temas, como la procuración de justicia, la seguridad pública y el control de la constitucionalidad.

Uno de los aspectos más importantes de este decreto se relacionaba con el control de la constitucionalidad y con el intento de convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional, siguiendo la tendencia predominante en los países latinoamericanos en cuanto a esta estructura de sus sistemas políticos, en muchos de los cuales ha sido adoptado el sistema de control de la constitucionalidad concentrado, abandonando el limitado e imperfecto sistema difuso copiado de los Estados Unidos de América por la mayoría de ellos.

En cuanto al Poder Judicial federal, uno de los elementos más significativos de la reforma constitucional fue la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ahora se integra por once ministros, en lugar de los veintiuno que la componían hasta antes de 1995, año en el que se renovó este tribunal en su totalidad conforme a esta modificación.

En este mismo decreto se modificó la forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales son propuestos en ternas por el Presidente de la República a la Cámara de Senadores para su aprobación, de conformidad con el artículo 96 constitucional vigente.

Igualmente, los requisitos para ser miembro de este tribunal fueron modificados, exigiéndose ahora, entre otros, que los candidatos a ministros tengan título de licenciado en derecho con una antigüedad de por lo menos diez años con relación a la fecha de su postulación, además de experiencia en el Poder Judicial federal.

Transcurridos diez años de esta reforma constitucional y a pesar de la inclusión de nuevos recursos de protección de la Constitución, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las voces más autorizadas de los especialistas en derecho constitucional del país coinciden en cuanto a los defectos del sistema mexicano de control de la constitucionalidad, el cual es estructuralmente confuso y prácticamente poco eficaz.

El control de la constitucionalidad está distribuido entre diversos órganos jurisdiccionales, de manera caótica e irracional, de lo cual es ejemplo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia es simultáneamente competente e incompetente para controlar la constitucionalidad del ejercicio del poder político en materia electoral.

Los medios de control de la constitucionalidad son insuficientes, razón por la cual siguen existiendo decisiones de quienes ejercen el poder cuya conformidad con la Constitución no puede verificarse adecuadamente, tales como las omisiones legislativas o de cualquier otra naturaleza; algunas normas generales que siguen siendo limitadamente controladas mediante el juicio de amparo; las reformas a la Constitución, cuya constitucionalidad no ha sabido controlar una suprema corte que expresamente se ha declarado incompetente en la materia; y los conflictos entre los órganos del Estado distintos a los que son ocasionados por invasión de competencias.

Particularmente importante es el hecho incontrovertible de que a lo largo de diez años, la Suprema Corte ha emitido innumerables resoluciones basadas en interpretaciones erróneas y subjetivas de las normas constitucionales y lo que es más grave todavía, ha dictado varias sentencias claramente anticonstitucionales, de las cuales es un ejemplo inobjetable la que correspondió a la controversia constitucional 109/2004 en materia presupuestal promovida por el Presidente de la República en contra de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en diciembre del año pasado, la cual dio origen a un juicio anticonstitucional e ilegal desde su inicio hasta su terminación, admitido, tramitado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con absoluto desprecio por las normas constitucionales y por las leyes aplicables.

Sin desconocer los incontables defectos estructurales del sistema de control de la constitucionalidad, los cuales justifican las diversas propuestas de reestructuración que han presentado en distintos ámbitos los especialistas en la materia, resulta particularmente preocupante que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia siga mostrando su incapacidad para desempeñarse como jueces constitucionales y su clara tendencia a servir de manera obsequiosa al Presidente de la República al emitir sus sentencias en los casos en los que este tiene interés expreso o implícito.

Este órgano de control, al que erróneamente se le considera un tribunal constitucional, está integrado por ministros que no reúnen los dos requisitos esenciales propios de los miembros de este tipo de órganos, a saber: la especialización en materia constitucional y de control de la constitucionalidad y la independencia en el ejercicio de sus atribuciones.

En cuanto a lo primero, resulta indispensable que un requisito para ser ministro de la Suprema Corte sea precisamente, la especialización del candidato, objetivamente comprobable, en materia constitucional y de control de la constitucionalidad. Consecuentemente, se propone una adición al artículo 95 de la Constitución federal, con el objeto de que los integrantes de este alto tribunal además de ser licenciados en derecho, sean especialistas en los asuntos relativos a la competencia del órgano jurisdiccional del que formarán parte, lo cual contribuirá de manera determinante a la idoneidad técnica de las resoluciones de estos jueces.

El cumplimiento de este requisito podrá acreditarse mediante los estudios de postgrado respectivos, la impartición de cátedras en la materia; la publicación de libros relativos a esta temática y la aprobación de un curso especializado preparatorio para ocupar el cargo, con la antigüedad suficiente e indispensable en cada caso, para certificar que ese conocimiento es real y anterior a la postulación para ocupar el cargo.

En cuanto a la independencia de los miembros de este tribunal y a la imparcialidad de sus decisiones, es evidente que ni la una, ni la otra pueden lograrse sin un adecuado sistema de designación de los ministros que las garantice. En la actualidad, como todos sabemos, es el Presidente de la República el único que puede proponer a los integrantes de las ternas para que la Cámara de Senadores escoja a los nuevos ministros de la Suprema Corte.

Está a la vista de todos que durante más de diez años, la Suprema Corte de Justicia ha sido objeto de presiones provenientes del Poder Ejecutivo, las cuales se han ejercido eficazmente cada vez que los presidentes de la República han tenido interés en algún asunto sometido a la jurisdicción de este tribunal. Ejemplos conocidos de lo anterior son las resoluciones aprobadas por la mayoría de los ministros con relación a asuntos tan relevantes como el anatocismo, la generación de energía eléctrica por particulares, el Fobaproa y recientemente, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal.

La dependencia de los ministros de la Suprema Corte del Presidente de la República está directamente relacionada con su forma de designación. En consecuencia, es necesaria una modificación radical del sistema vigente, con el propósito de que la totalidad de los integrantes de este tribunal no provenga de una decisión del titular del Poder Ejecutivo federal. Se propone que los ministros sean designados por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, sin intervención de ningún otro órgano constituido. Todos los candidatos deberán reunir los requisitos señalados en la Constitución federal y tendrán que aprobar los exámenes correspondientes al curso para ser ministro de la Suprema Corte que preparará e impartirá la Universidad Nacional Autónoma de México, en materia constitucional y de control de la constitucionalidad, correspondiendo a la ley orgánica respectiva la determinación de los procedimientos específicos para que cada una de estas Cámaras haga las designaciones.

Si bien la modificación de los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte y la forma de designación de estos servidores públicos, constituyen el objeto esencial de esta iniciativa, de manera simultánea se propone la adecuación de otras normas constitucionales relacionadas con los temas anteriores.

Una de ellas de enorme importancia, se refiere a las remuneraciones que perciben los ministros de la Suprema Corte y en general, los jueces y los magistrados federales, asunto que como se sabe, ha sido discutido públicamente en los últimos meses. De acuerdo a las disposiciones en vigor, las percepciones de estos funcionarios se determinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no pueden ser disminuidas durante el tiempo de su encargo. Como se sabe, actualmente no existe claridad, ni transparencia sobre el delicado asunto relativo a los sueldos de los integrantes de los tribunales federales, ni a la administración general de los recursos financieros de los que dispone el Poder Judicial de la Federación.

Consecuentemente, se propone la supresión de las normas constitucionales que obstruyen la adecuada y oportuna revisión del ejercicio presupuestal de los tribunales del Poder Judicial federal y particularmente, de la Suprema Corte de Justicia y que limitan la posibilidad de ajustarlo y reasignarlo anualmente de conformidad con las prioridades que en la materia determine esta honorable Cámara de Diputados, específicamente en lo relativo a la remuneración de los ministros, magistrados y jueces federales, así como a las pensiones y prestaciones que se les asignan en la actualidad una vez que han dejado de ejercer el cargo, cuyos montos ofenden a una sociedad caracterizada por las necesidades insatisfechas de la inmensa mayoría de sus miembros.

Es indiscutible que un sistema político democrático debe apoyarse en un poder judicial sólido y bien estructurado. Sin embargo, la eficiencia de éste, la calidad de sus resoluciones, la imparcialidad e independencia de sus jueces y la capacidad de éstos para desempeñar sus atribuciones requieren de un marco constitucionalidad adecuado y moderno. Esta necesidad resulta impostergable en el caso del tribunal de más alta jerarquía en nuestro país, cuyos miembros deben estar capacitados para poner en práctica eficientemente el sistema de control de la constitucionalidad, basando sus sentencias en un conocimiento profundo de la materia y en una indiscutible independencia de quienes ejercen el poder político, cuya correspondencia con la Constitución deberán establecer estos jueces especializados.

Por lo anteriormente someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

Artículo Primero. Se deroga la fracción VIII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Segundo. Se adicionan dos párrafos a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 79. ...

...

Artículo Tercero. Se deroga la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Cuarto. Se reforma el párrafo tercero, se derogan los párrafos noveno y décimo y se reforma el párrafo decimoprimero, el cual pasa a ser párrafo noveno, todos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 94. ...

...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por once ministros, los cuales ejercerán el cargo durante quince años. Los ministros sólo podrán ser removidos de su responsabilidad en los términos del título cuarto de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionará como tribunal en pleno o en dos salas, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

...

...

Sólo cuando una persona haya ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el carácter de provisional o interino podrá ser designado para volver a ejercerlo, pero la duración de uno y otro periodos en su conjunto no podrá exceder el término de quince años que esta Constitución señala para el desempeño de esta responsabilidad. Ninguna persona podrá ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte durante un periodo superior al señalado en este artículo, en forma continua o discontinua, sin importar con qué carácter lo haya desempeñado.

Artículo Quinto. Se reforma el rubro, se adiciona la fracción I, se reforma la fracción IV, se reforma la fracción V, se adiciona una fracción VII y se deroga el último párrafo, todos correspondientes al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 95. Para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia deberán reunirse los siguientes requisitos:

Artículo Sexto. - Se reforma en su totalidad el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 96. De la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seis serán designados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y cinco por la Cámara de Senadores, en ambos casos por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en los términos de la ley orgánica correspondiente. La designación como ministros de la Suprema Corte de personas que no reúnan los requisitos establecidos en esta Constitución será causa de responsabilidad oficial de los servidores públicos que la hayan hecho o aprobado. La verificación del cumplimiento de estos requisitos corresponde a las Cámaras del Congreso de la Unión. En el caso de los ministros designados por la Cámara de diputados, la de Senadores hará la verificación respectiva, en tanto que la primera hará lo propio en relación a las designaciones de la segunda. Aunque haya sido emitido y aprobado un dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia en una u otra Cámara, según corresponda, cualquier ciudadano, aportando los elementos de juicio respectivos, podrá denunciar ante la que no lo haya hecho, el incumplimiento de lo establecido en una o en varias fracciones del artículo 95 de esta Constitución, lo cual obligará a que el caso vuelva a ser revisado, dictaminado y aprobado de ser procedente, en la Cámara originalmente facultada al efecto, una vez desahogada la denuncia. Cuando una designación sea hecha a favor de una persona que no reúna los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de ministro de la Suprema Corte, no se le podrá volver a considerar para este efecto, en los siguientes cinco años, aunque con posterioridad los cumpla. Si se comprueba que una de las Cámaras aprobó el nombramiento de una persona que no reunía los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, perderá el derecho a hacer la designación en ese caso concreto, correspondiendo a la otra Cámara la determinación de la persona que ocupará el cargo, en los términos de esta constitución.

Artículo Séptimo. Se reforma en su totalidad el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Artículo 98. Los ministros de la Suprema Corte podrán renunciar al cargo, o pedir licencia para separarse de él temporalmente. Las renuncias y las licencias se tramitarán ante el órgano que haya hecho la designación, en los términos establecidos en las leyes respectivas. Las licencias que no excedan de dos meses podrán ser concedidas por la propia Suprema Corte de conformidad con la ley orgánica correspondiente. Las licencias que excedan de cuatro meses se considerarán como faltas temporales y en su caso, absolutas, procediéndose a la substitución del ministro con base en lo que señalan este artículo y las normas aplicables. La duración de las licencias y de las faltas temporales se considerará como un período efectivo para el cómputo de los quince años de ejercicio del cargo.

Las ausencias de un ministro que no excedan de un año se considerarán faltas temporales y serán suplidas mediante la designación de un ministro interino, la cual hará el mismo órgano que designó al ministro ausente. El ministro interino dejará de ejercer el cargo en cuanto se reincorpore a su oficina el ministro ausente, interrumpiéndose el cómputo del ejercicio de esta responsabilidad para el primero. Las faltas que excedan de un año continuo se considerarán como absolutas.

Las faltas absolutas se suplirán mediante la designación de un ministro substituto, la cual realizará el mismo órgano que designó al ministro ausente. El ministro substituto ejercerá el cargo a lo largo del periodo respectivo hasta que se cumplan los quince años durante los cuales el ministro ausente debía haberlo ejercido, interrumpiéndose el cómputo del ejercicio de esta responsabilidad para el primero en cuanto deje el cargo.

Los ministros interinos, substitutos, provisionales o suplentes, cualquiera que sea denominación, tendrán que cumplir inexcusablemente con los requisitos establecidos en el artículo 95 de esta Constitución.

Artículo Octavo. Se reforma el párrafo noveno del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 99. ...

...

...

...

Los magistrados electorales que integren la Sala Superior durarán en su cargo diez años improrrogables y deberán satisfacer los requisitos que establece la Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 95, con excepción de los que se mencionan en las fracciones IV y VII de este precepto, además de los que señalen las leyes. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha sala, según corresponda, en los términos de esta Constitución y de las leyes aplicables.

...

...

Artículo Noveno. Se reforma el párrafo tercero del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 100. ...

...

Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución, con excepción de los establecidos en las fracciones IV y VII de este precepto y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo que se disponga en los siguientes artículos.

Segundo. Los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de la fecha en la que hayan sido designados, concluirán sus funciones en el año 2010, salvo los que deban hacerlo antes de conformidad con el párrafo tercero, del artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. Los dos ministros cuyo periodo vencerá el 30 de noviembre de 2009, serán designados por uno por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido por el presente decreto. Estos nuevos ministros ocuparán el cargo durante quince años. Ninguno de los ministros cuyo periodo concluirá en el año 2010 de conformidad con este artículo, podrá ser designado nuevamente para ejercer el cargo, con ningún carácter.

En el año 2010, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión designará a cuatro nuevos ministros y la Cámara de Senadores a otros tres, en los términos de esta constitución y de las leyes aplicables, todos los cuales ejercerán el cargo durante quince años.

Tercero. En caso de que sea necesario designar a uno o a varios ministros de la Suprema Corte antes de 2010, con motivo de renuncias o faltas absolutas de los que actualmente desempeñan el cargo, la Cámara de Diputados designará a los dos primeros, la de Senadores a los dos siguientes, nuevamente la primera a otros cuatro y la segunda a otros tres, de ser necesario. Estos nuevos ministros cumplirán un periodo máximo de quince años y no podrán ser designados nuevamente con ningún carácter.

Las faltas temporales de los actuales ministros se suplirán mediante la designación de ministros interinos, cuyo nombramiento se hará por los órganos señalados en el párrafo anterior, de conformidad con el orden de intervención de cada uno en él establecido. Estos ministros dejarán su lugar al ministro ausente en cuanto éste reasuma sus responsabilidades. Todos los ministros a los que se refieren el presente artículo y el anterior, deberán cumplir con los requisitos señalados en este decreto para ocupar el cargo.

Las renuncias y las licencias de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia que se presenten o se soliciten desde la entrada en vigor de este decreto, hasta el año 2010 se tramitarán de conformidad con los párrafos tercero y cuarto del artículo 98 de esta constitución, antes de su reforma por el presente decreto, a menos que el ministro que se ausentara haya sido designado de acuerdo a las normas vigentes, caso en el cual se aplicarán éstas. En cualquier hipótesis, para el caso de renuncia, la substitución se hará de conformidad con las normas aplicables establecidas en este decreto.

Cuarto. La remuneración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados y de los jueces federales, así como sus prestaciones y cualquier otro tipo de percepciones que reciban podrán ser modificadas sin ninguna restricción, desde el año fiscal inmediato posterior a la publicación de este decreto, mediante las disposiciones correspondientes que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las adecuaciones normativas necesarias al efecto.

Quinto. La pensión que se asigna a los ministros en retiro dejará de aplicarse desde el momento en que este decreto entre en vigor. Los ministros que actualmente ejercen el cargo no tendrán derecho a recibirla en cuanto dejen de ocuparlo. En cualquier caso, para unos y otros ministros se aplicará el régimen de pensiones y jubilaciones que corresponda a los servidores públicos del Poder Judicial federal, de conformidad con las leyes aplicables.

Sexto. Las atribuciones que le confiere este decreto a la entidad de fiscalización superior de la federación se ejercerán con relación a los ejercicios fiscales y a la administración presupuestal de la Suprema Corte y de los tribunales federales, anteriores a su entrada en vigor, sin restricción alguna.

Séptimo. Los órganos competentes de conformidad con el orden constitucional y las leyes deberán expedir las normas jurídicas y realizar los actos jurídicas de cualquier otra naturaleza necesarios para aplicar adecuadamente las reformas constitucionales establecidas en el presente decreto, en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

Octavo. En tanto se cumple con lo establecido en el artículo anterior, seguirán aplicándose las normas y las disposiciones jurídicas vigentes al entrar en vigor el presente decreto, en lo que no se opongan a su contenido.

Noveno. Se derogan todas las normas jurídicas que se opongan al presente decreto y en particular, las disposiciones del decreto que establece las ``Causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación'', que no sean compatibles con su contenido normativo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly de la Ley General de Salud.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y senadores. La iniciativa que presento el día de hoy es una iniciativa que sin duda será polémica, pero no por ser polémica deja de ser importante y fundamental para la vida de los mexicanos, en especial de aquellos mexicanos que nada tienen.

Ustedes saben que en nuestro país cerca de 32 millones de mexicanos, de los dos quintiles de mayor pobreza, no cuentan con seguridad social. Otros 20 millones de mexicanos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social y sólo el 42 por ciento de los mexicanos tienen el beneficio de contar ya sea con alguno de los mecanismos de seguridad social del IMSS o del ISSSTE.

Esto nos lleva a una realidad en nuestro país que significa que la gran mayoría de los mexicanos tenemos la necesidad de recurrir a nuestro gasto, a nuestro dinero para poder sufragar el servicio de una consulta externa y por consiguiente, la adquisición del medicamento que ahí se requiere.

Desde 1994 en que México suscribió el Convenio para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México suscribió distintos convenios internacionales que tienen que ver con el registro de las patentes y las marcas, y dentro de estos convenios evidentemente están aquellos que se refieren o tienen que ver con el registro de patentes y marcas en la producción de fármacos.

El efecto que se ha venido cosechando a lo largo del mundo en distintos países es que a partir de la suscripción de estos convenios se vino en cascada un incremento en el precio de la medicina en prácticamente todos aquellos países que suscribieron dichos convenios, y por esta razón, la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 impulsó una modificación a estos convenios internacionales que tuvieran como efecto la posibilidad de flexibilizar las normas de los convenios internacionales y darle a cada país participante de la OCDE, la posibilidad de modificar sus normas, de modificar sus reglas y poder, en ese sentido, modificar el registro de patentes y marcas.

Este impulso que dio la Organización Mundial de la Salud hoy nos permite que cada uno de los países miembros de la OCDE hagamos un recuento de qué es lo que ha sucedido en cada una de estas naciones, qué es lo que ha pasado en nuestro país y cuál es la necesidad de revisar nuestro marco legal y nuestras condiciones sociales, socioeconómicas, para adecuar el marco a la necesidad que hoy tenemos en México, de poder garantizarle a todos los mexicanos el acceso a un servicio de salud eficiente, oportuno y justo en el costo.

En México destinamos apenas el seis por ciento del producto interno bruto a la salud, a comparación de otros países en donde el promedio de esta orientación presupuestal alcanza cerca del 10 o hasta el 15 por ciento. En el gasto público apenas si invertimos el 44 por ciento, mientras otros países invierten cerca del 75 por ciento.

En nuestro país el gasto per cápita en materia de salud apenas si alcanzan 350 dólares; en países como España, llegamos a mil 500 dólares, Noruega 2 mil dólares, Canadá 2 mil 160 dólares, Estados Unidos 4 mil 900 dólares, pero lo verdaderamente preocupante es que en nuestro país el gasto en salud es un gasto que recae fundamentalmente en el presupuesto de cada uno de los mexicanos y fundamentalmente en aquellos que no tienen seguridad social.

Así nosotros aportamos el 80 por ciento de gasto en salud a través de nuestro gasto directo como consumidores y esto se va directamente a lo que llamamos gasto de bolsillo. Significa pues, que el impacto en medicinas se va directamente al erario o al ingreso de cada uno de los mexicanos. Ahí tenemos un severo problema porque entonces esos 32 millones de mexicanos que son los que no tienen seguridad social y que son los más pobres de entre los pobres, destinan casi el 90 por ciento de su presupuesto o de sus ingresos al mes, para adquirir un servicio médico, una consulta externa y eventualmente poder comprar las medicinas que se le recetan.

A partir de esta flexibilidad que se da en los tratados internacionales, la estrategia revisada de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, estamos en posibilidades, señores diputados, señoras senadoras, de iniciar un proceso de revisar puntualmente nuestro marco legal y hacer las modificaciones que nos permitan poder abaratar el precio de los medicamentos en México y poder garantizar el acceso de todos los mexicanos a estos bienes.

Por ello es que en esta iniciativa estamos proponiendo varias reformas a distintas leyes, una de ellas es la que tiene que ver con la Ley de la Propiedad Industrial, que en México desde 1992 y a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, firmamos otorgando una patente de 20 años a la fabricación de fármacos, que así establece el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial para la Industria de Farmacéutica Nacional y obviamente para el registro de los patentes.

Y añadiéndole a esto otra serie de fenómenos, como tiene que ver la transición epidemiológica, las nuevas enfermedades que hoy son las enfermedades del siglo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, el Sida, el cáncer, etcétera, que son enfermedades que todos sabemos que es una catástrofe el que nos pueda llegar a ocurrir una enfermedad de esta naturaleza, porque evidentemente no solamente nos va a dejar en condiciones de salud deplorables, sino seguramente nos va a dejar en la quiebra.

Por eso es que hemos planteado y estamos planteando una reforma justo que va orientada a poder modificar la Ley de la Propiedad Industrial y que llevemos a reducir el registro de patentes para la fabricación de fármacos a 10 años.

Hemos hecho una revisión puntual de los marcos jurídicos en muchos países del mundo y prácticamente como una tendencia en los últimos 10 años, a la baja, hay una gran cantidad de países que han venido reformando sus leyes precisamente para adecuarlas al registro de patentes de fármacos a los 10 años, lo que nos permitiría, de entrada, poder llevar al mercado de los genéricos intercambiables a un sinnúmero mucho muy importante de medicinas que hoy día no se elaboran, porque están sujetas a la patente y que obviamente eso nos lleva a registrar precios verdaderamente inaccesibles para los mexicanos.

El efecto inmediato que hemos advertido en todos estos países es que entran al mercado un sinnúmero de productos que hoy están sin posibilidades de poder competir en el mercado y logramos que sea el mercado el que imponga el precio y no que los industriales de la producción de los fármacos nos impongan el precio a nosotros, los consumidores.

Este efecto que se ha venido observando en muchos países, podríamos lograrlo, evidentemente, sin descuidar una parte que es muy importante, que es la vigilancia estricta de la producción de fármacos en nuestro país.

En México, apenas el mercado de los genéricos intercambiables alcanza el uno por ciento, mientras países como Estados Unidos llega a alcanzar el 40 por ciento y en un promedio generalizado de Sudamérica llega a alcanzar hasta el 10 y el ocho por ciento en el consumo de genéricos intercambiables y esto ha sido posible, precisamente, por la reducción en los años de las patentes de la fabricación de los fármacos y ha traído un beneficio inmediato para los consumidores, de llegar a reducir el precio de un producto hasta en un 300 por ciento de una misma sustancia activa con las mismas características de bioequivalencia que tienen los productos de registro de patentes.

Por eso es que creemos que ha llegado el momento de que hagamos una revisión puntual y de que analizamos tres aspectos importantes, la Ley de la Propiedad Industrial para que podamos reducir el registro de patentes de 20 a 10 años, revisar la Ley General de Salud y que podamos en ese sentido establecer requisitos puntuales, precisos, de calidad de la Norma Oficial Mexicana, en la producción de genéricos intercambiables, de tal manera que podamos ofrecerle a los consumidores mexicanos mejores precios, mayor variedad y evidentemente con la misma calidad y con la misma bioequivalencia y garantía de que lo que se está comprando sirve puntual y precisamente para curar la enfermedad que se está pretendiendo.

Estamos planteando también una reforma a la Ley General de la Administración Pública que nos permita fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Salubridad Pública para que podamos fortalecer su injerencia y su posibilidad de normar el precio máximo de las medicinas al público y, por otro lado, nos permita corregir las desviaciones del mercado y las distorsiones en los mecanismos de distribución de las mismas.

Dejo a consideración de este cuerpo colegiado esta iniciativa que estoy segura deberá traer a los mexicanos un enorme beneficio: el poder tener la posibilidad de acceder a medicinas con la misma calidad con la que hoy cuenta una patente, pero obviamente, con un precio verdaderamente accesible a los consumidores. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial; reforma el artículo 34, fracciones VII y IX, y deroga la fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; los artículos 31, 226 y 376 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes retos sociales de los gobiernos de la República durante más de 6 décadas, ha sido el proporcionar el servicio de atención a la salud a todos los mexicanos.

Institucionalizar este servicio y convertirlo en una política de Estado ha sido una preocupación permanente, en aras de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población a través de las instituciones de seguridad social y la creación de la Secretaría de Salud (entonces de Salud y Asistencia).

La fundación y expansión de las instituciones como el IMSS, ISSSTE y SSA han sido primordiales para procurar la salud, a través de la prevención, atención y curación. Desde la década de los 40 casi se ha duplicado la esperanza de vida de las personas, al pasar de 41 a 76 años; por su parte la mortalidad infantil ha disminuido de 126 a 21 por cada mil niños nacidos vivos.

Los programas de salud pública, así como las campañas de vacunación y las políticas de salud, implementadas para controlar las enfermedades infecto-contagiosas, se han traducido en una mejor calidad de vida, no obstante que la población se multiplicó por 2.5 veces en los últimos 65 años.

Hoy, con una población que supera los 103 millones de habitantes, con un espectro demográfico donde las enfermedades crónico-degenerativas aparecen como una transición epidemiológica con nuevos padecimientos, muchos de ellos propios del aumento de la edad, como los cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, cerebrovasculares, cirrosis, enfermedades pulmonares, el VIH-SIDA entre otras, estamos obligados a replantearnos la política de salud del Estado, revisar nuestro marco jurídico y adecuarlo a estos nuevos tiempos.

La realidad de este país es evidente; el 20 por ciento de la población vive en extrema pobreza, el 50 por ciento es pobre, el adelgazamiento de la clase media que poco se reconoce y que también reciente la falta de políticas públicas que coadyuven a hacer menos difícil su situación de sobrevivencia, nos indican la magnitud del reto.

México como integrante de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994, ocupa en la mayoría de los indicadores de educación y salud los últimos lugares de los países miembros. Por ejemplo: con un gasto público en salud ligeramente superior el 6 por ciento del PIB, nuestro país es de los más bajos. En países como Suiza, Canadá, Alemania, Francia y Grecia es cercano al 10 por ciento en promedio. Así también del financiamiento publico al gasto total en salud, países como Alemania, Canadá, Dinamarca, España destinan en promedio arriba del 75 por ciento, mientras que en México es del 44 por ciento.

En nuestro país, el gasto per cápita en salud en el 2003 se estimó en poco mas de 350 dls, cuando en países como Estados Unidos fue cercano a los 4,900 dls, Canadá 2,160 dls Noruega 2000 dls y España cercano a los 1,500 dls, solo por mencionar algunos.

En México la población que cuenta con seguridad social representa aproximadamente el 42 por ciento. Esto quiere decir, entre otras cosas, que quien financia directamente el gasto de salud es la población no asegurada, que es la mayoría.

De acuerdo a estimaciones del Instituto de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud, el financiamiento del sistema de salud proviene de los hogares, pero existen tres métodos de pago: impuesto federales, seguridad social y gasto de bolsillo, siendo este último el mas recurrente.

Como medio de financiamiento el gasto de bolsillo es insuficiente, ineficiente e inequitativo. En México el gasto publico en salud representa el 20 por ciento, el restante 80 por ciento es gasto del consumidor, principalmente la población no derechohabiente.

A mayor abundamiento, de acuerdo a indicadores de la distribución del ingreso y gasto por quintiles, se estima que en el primero que concentra al 20 por ciento de la población más pobre, el 92 por ciento no tiene seguridad social; del quintil segundo el 65 por ciento. Esto significa que es en los primeros dos quintiles donde se observa el mayor porcentaje de población que no es derechohabiente y que equivale a casi 32 millones de mexicanos.

Según datos de la OCDE, en el gasto de bolsillo en México el gasto en salud representa poco mas del 52 por ciento. Para las familias sin seguridad social este es de casi 100 por ciento, siendo el de consulta médica externa y medicamentos fundamentalmente superior al 80 por ciento.

Visto por entidades federativas, la población con seguridad social que se ubica en el rango del 49 por ciento al 70 por ciento, mayoritariamente se ubica en los estados de norte y el D.F; del 37 por ciento al 49 por ciento en Nayarit, Jalisco, Querétaro Estado de México, Quintana Roo; del 18 por ciento a 37 por ciento en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán Tlaxcala, Guerrero, Puebla e Hidalgo, entre otros.

Como sabemos, uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, es precisamente el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos, sin embargo este derecho no ha podido garantizarse a la mayoría de la población, como nos lo demuestran estas cifras.

Por ello, como legisladores es necesario realizar un gran esfuerzo y procurar nuevas vías que garanticen el acceso a las medicinas a la mayoría de la población; asumiendo desde el ámbito de competencia del poder legislativo una de las responsabilidades fundamentales del Estado, traducida en leyes justas, que atiendan las necesidades reales de la población.

En tal virtud, es menester que esta legislatura atienda de manera eficiente lo relacionado con la industria farmacéutica, la distribución de los medicamentos, los precios máximos al público, en aras de beneficiar a todos los mexicanos; legislar con sentido social por encima de cualquier interés particular.

En este sentido, es necesario tomar en cuenta que desde 1991 y posteriormente a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el régimen de propiedad industrial en México tuvo importantes modificaciones. Se abrió la posibilidad de patentar productos y procesos farmacéuticas que habían estado exentos de la figura de propiedad industrial, por considerarse un renglón importante de la política social para el país.

Esta reforma significó el mandato legal de otorgar una patente a los productos farmacéuticos por 20 años. Sé ratificó en 1999 en la Asamblea Mundial de la Salud, donde se aprobó la resolución: Estrategia Revisada de Medicamentos, en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde los países miembros recibieron el mandato de ``monitorear y acompañar las implicaciones para el sector farmacéutico y la salud pública de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales''. ¹

En el periodo 2001-2003 hubo resoluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, que incluyen cláusulas relativas a las implicaciones de este tipo de acuerdos comerciales, en especial el de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (ADPIC) de la OMS.

La declaración Ministerial sobre el tratado ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre del 2001 en la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Doha Qatar, representa un marco histórico en la relación entre el comercio y la salud. La declaración reafirma las flexibilidades previstas en el tratado ADPIC y el derecho de los países a utilizarla para promover el acceso a medicamentos.

La visión comercial contemplada en ADPIC con relación a los medicamentos, al considerarlos como cualquier otro bien, tuvieron un impacto negativo en los países en desarrollo en el acceso a los medicamentos, Por eso, el mismo tratado de ADPIC ahora es flexible, con la intención de que los países adecuen sus marcos legales a las necesidades que les son propias.

En México y la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado; trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las trasnacionales farmacéuticas, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permite establecer precios elevados en el lanzamiento de productos.

Esto permite que el precio sea impuesto en el mercado y no las fuerzas del mercado las que lo determinen. En otras palabras, la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población, que no les representa una atractiva rentabilidad financiera.

Por ello, es importante impulsar reformas a nuestro marco normativo que faciliten y garanticen el acceso de todos los medicamentos a la población.

La patente de 20 años que se establece en el artículo 23 de la Ley de la propiedad industrial es inequitativa para la industria farmacéutica nacional, legitima el abuso en la fijación de altos precios para enfermedades que hoy por hoy, como las crónico-degenerativas, representan el 52 por ciento de los decesos en nuestro país y más del 50 por ciento de la morbilidad hospitalaria.

Expertos mexicanos sobre producción y distribución de medicamentos señalan ``Hasta antes de 1994 el régimen de propiedad industrial en México permitía patentar- es decir proteger- el procedimiento de fabricación, pero no el producto. Esta nueva Ley no sólo afecta a las instituciones de seguridad social- que se ven orilladas a pagar medicamentos patentados a precios elevados durante 20 años hasta que empiecen a aparecer los genéricos-, sino también la salud y la economía de millones de mexicanos, que al no poder pagar los precios de los productos patentados y no contar con prestaciones sociales, se tienen que esperar 20 años para que comiencen a circular los genéricos en el mercado a precios accesibles. Esto sin contar que el producto que era ``nuevo'' al obtener la patente, 20 años después ya es un producto ``viejo''. ²

En este sentido la reforma que proponemos a la Ley de la Propiedad Industrial tiene como finalidad garantizar el acceso a medicamentos fundamentales para la salud de los mexicanos. Esto se puede lograr si en el mercado existen un mayor número de fármacos que tengan la misma bioequivalencia, inocuidad y biodisponibilidad para enfermedades crónico degenerativas y otras como las derivadas del tabaquismo, alcoholismo y el VIH-sida.

Así los llamados medicamentos Genéricos Intercambiables (GI), son realmente una opción que podemos impulsar. Incluso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone la promoción de una estrategia coherente de medicamentos genéricos como un medio para propiciar una mayor disponibilidad y uso de medicamentos esenciales de calidad, fomentando el intercambio de experiencias, fortaleciendo las estructuras de regulación e iniciativas para promover una mayor disponibilidad y el uso racional de los genéricos.

Actualmente los GI en el mercado mexicano son marginales y no representa mas del 1 por ciento; en Chile por ejemplo representan casi el 30 por ciento, Colombia el 18 por ciento, Venezuela el 9 por ciento, Republica Dominicana 8.2 por ciento y Estados Unidos el 40 por ciento, lo que refleja la necesidad de modificar la ley en favor de las familias mexicanas.

Por ello, la Iniciativa además de perseguir el objetivo de impulsar los GI, para que tengan acceso la población en su conjunto, busca mayor equidad en la industria farmacéutica, fortalecer la industria nacional, lo cual se sustenta en los siguientes datos.

En México los indicadores mas recientes señalan que el mercado de los medicamentos es de poco de 9 mil millones de dólares (mas de 90 mil millones de pesos) ligeramente superior a un punto porcentual del PIB. El 18 por ciento del valor de este mercado, que representa el volumen del 56 por ciento de los medicamentos, lo absorbe el sector público a través de sus tres principales compradores: el IMSS con el 14.4 por ciento, el ISSSTE con el 2.5 por ciento y la Secretaria de Salud con el 1 por ciento. Esto representa en valor, algo así como 16 mil 200 millones de pesos. El resto el 82 por ciento del valor, o sea más de 73 mil 800 millones de pesos es para el mercado que no tiene seguridad social y no es derechohabiente.

El mercado de los medicamentos es oligopólico, puesto que de las 224 empresas dedicadas a la producción de medicamentos, 46 son de capital extranjero y diez de estas últimas controlan el 35 por ciento del mercado. Este mercado a nivel internacional estima su valor en 522 mil millones de dólares. Las 10 empresas trasnacionales que acaparan el mercado mexicano, absorben más del 41 por ciento de los ingresos que genera esta industria en el mundo

Si a lo anterior agregamos que está monopolizada la distribución de los medicamentos en tres grandes empresas, cuyos márgenes de intermediación son muy altos, llegando a alcanzar hasta el 35 por ciento con respecto al precio de planta (ex fábrica), podemos deducir los grandes intereses que representa esta industria y el desorden inducido o inercial que prevalece en la fijación de los precios de los medicamentos. Su venta se realiza en 23 mil 500 puntos, de los cuales 20 mil son farmacias independientes y representan el 50 por ciento de las ventas totales, el 20 por ciento las cadenas de farmacias, 20 por ciento tiendas de autoservicio, el resto en hospitales y clínicas privadas o directamente en consultorios.

Esta anarquía que se observa en la industria farmacéutica de manera integral y horizontal, es inequitativa para la mayoría empresas farmacéuticas e injusta para toda la población y atenta en contra del bienestar de las personas.

La iniciativa que se pone a consideración de esta Soberanía, contempla una serie de reformas que tienen como finalidad coadyuvar a un mejor equilibrio y desarrollo de la industria farmacéutica, impulsar la incorporación al mercado de Genéricos Intercambiables debidamente garantizados, y asegurarle a la mayoría de la población el acceso a medicamentos a precios justos, afrontando así una responsabilidad del Estado.

Proponemos una reforma para que todas las instituciones que presten servicios de salud públicos o privados (incluyendo al médico que da consulta privada) incorpore en la receta que dan a sus pacientes de manera obligatoria no sólo el distintivo del medicamento sino también la sustancia activa.

De igual manera se le amplían facultades a la Secretaria de Salud y al Consejo de Salubridad General, en la determinación de los precios máximos de las medicinas.

Por otro lado, se adiciona un artículo 23 BIS a la Ley de la Propiedad Industrial, donde se propone que para el caso de los medicamentos la patente sea de hasta 10 años improrrogables, dejando sin derecho a ser patentables los fármacos que ayudan a curar enfermedades como la diabetes mellitus, el cáncer y el VIH-sida.

Al respecto, cabe mencionar que otros países como Brasil y algunos africanos han impulsado este tipo de legislación, avalada por el acuerdo del ADPIC. Cito a la Dra. Gro Harlem Brudstlan que señaló en 1999 respecto al VIH-sida: ``el acceso a los medicamentos del VIH, forma parte de un problema mas amplio de acceso a medicamentos, medicinas y vacunas. Seamos sinceros, existen medicamentos esenciales y que salvan vidas, mientras millones y millones de personas en el mundo no pueden permitírselos. Este hecho supera un problema moral, político y un problema de credibilidad para el sistema de mercado global''.

No hay duda de que la patente es un instrumento de política económica que puede o no brindar beneficios a determinados países. ``Aunque se argumenta que las patentes alientan las inversiones en el desarrollo científico y tecnológico, al producir innovaciones y beneficios para la sociedad, también por su propia naturaleza, crean monopolios legales que permiten fijar precios elevados''. ³ Esto es inmoral en un país esencialmente pobre como el nuestro.

Es importante señalar que los países desarrollados sólo procuraron el establecimiento legal de la patente, una vez que habían fortalecido su industria nacional. En México no tenemos porque seguir haciendo lo contrario.

En razón de anterior, someto a consideración de esta máxima representación nacional la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto

1. Se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 23 BIS. En el caso de sustancia o mezcla a la que se refiere el artículo 221 fracciones I, II y III de la Ley General de Salud, la patente será hasta por 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. La sustancia o mezcla necesarias para la atención de enfermedades de diabetes mellitus, cáncer y VIH-SIDA no serán patentables.

2. Se reforma el artículo 34 fracciones VII y IX y se deroga la fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Articulo 34. ...

VIII. ...

3. Se reforman los artículo 31, 226 y 376 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Economía, con la participación de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Economía conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico tendrán la intervención que les corresponda en la determinación de los precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General proporcionarán los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.

Artículo 226. ...

Artículo 376. Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; estos últimos en los términos de la fracción VI del Art. 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud y tendrá una vigencia indefinida, tratándose de medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, siempre y cuando los laboratorios fabricantes de estos insumos para la salud acrediten ante la Secretaria el cabal cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, relativa a las buenas prácticas de manufactura en la fabricación de medicamentos, o cualquier otra que la sustituya o complemente, lo que podrán hacer mediante una certificación ISO 9001 9002 otorgada por algún Organismo certificador, legalmente facultado para ello.

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo a través de la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos y requerimientos que deberán cumplir los laboratorios fabricantes de medicamentos y demás insumos de la salud, para obtener la certificación en que conste el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993 o cualquier otra que la sustituya o complemente. La falta de certificación del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana indicada, dará lugar a que la Secretaría cancele o revoque el registro sanitario de los medicamentos y demás insumos para la salud, expedido a favor del laboratorio fabricante de que se trate.

Transitorios

Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2. Los laboratorios fabricantes de medicamentos y demás insumos para la salud, deberán obtener la certificación del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, o cualquier otra que la sustituya o complemente, dentro del plazo de 5 años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo 3. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Le solicito, señor Presidente, que el presente decreto sea publicado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, y sea turnado a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía.

Notas: 1 Bermúdez, Jorge: ``Salud y comercio. Propiedad intelectual y acceso a medicamentos''. Revista Foreign Affairs (en español), Vol. 6 No. 4 ITAM. 2 López Miarmau, Eduardo. La evolución de la industria farmacéutica en México. En la industria farmacéutica mexicana, orígenes, desarrollo y perspectivas. ANAFAM, 2006. Porrúa. 3 Bermúdez, et al.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Lorena Martínez Rodríguez.Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, de Gobernación y de Salud de la Cámara de Diputados.

CINEASTAS Y ARTISTAS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quiero hacer una consulta al Pleno porque se ha recibido una petición --que al parecer tiene consenso-- para mencionar un reconocimiento a cineastas y artistas mexicanos, a propósito de las últimas nominaciones. Se pide la autorización para que pueda ser mencionado este reconocimiento.

Más bien, pediría la votación para ver si se autoriza que se lea la presentación. Por favor, pedimos la autorización. Si quien guste que se pueda leer pueda darla con su voto... (votación). Muchas gracias.

``La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce por su triunfo a los cineastas y artistas mexicanos: Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Salma Hayek, Guillermo Arriaga, Emmanuel Lubezky, Alfonso Cuarón, Guillermo Navarro, Adriana Barraza, Eugenio Caballero, Pilar Revuelta y Fernando Cámara, por las diversas nominaciones y reconocimientos recientemente recibidos por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y por la Asociación de la Prensa Extranjera de Estados Unidos.

``Asimismo, esta soberanía ratifica la determinación de apoyar en todos los terrenos a la industria cinematográfica nacional tomando en cuenta su enorme aportación al desarrollo cultural del país y sus constantes éxitos a nivel internacional''.

Ése sería el reconocimiento. Si es de aprobarse, por favor, sírvanse votarlo quienes estén de acuerdo...

Quienes estén en contra... Se enviará este reconocimiento a quien corresponda.

ARTICULOS 76, 78, 89 Y 129 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 78, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alberto Amador Leal: Compañeras, compañeros diputados y senadores. La presente iniciativa tiene que ver con el tema del control parlamentario de los órganos de información e inteligencia para la seguridad nacional.

Un análisis comparativo a nivel internacional de este tema del control institucional, perdón, el control legislativo, sobre estos órganos arroja que casi toda la legislación sobre el tema le da una importancia primordial al papel del Legislativo en este tema.

Quiero destacar que en México el debate sobre el asunto que hoy someto a consideración de esta Asamblea ha sido confuso, estuvo vinculado mucho tiempo a las acciones no explícitas, en términos de ley, de los servicios de información e inteligencia que después fueron vinculados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y, consecuentemente, fueron influidos por ese pernicioso fenómeno hasta llegar a un momento en que el Estado mexicano dejó de tener servicios de información de inteligencia civiles.

Se preservaron desde luego los de naturaleza militar y es así que en 1991 se inicia un proceso de renovación, de modernización del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al amparo de una definición amplia e integral del concepto de seguridad nacional, de su modernización operativa y de la selección y formación de cuadros profesionales cuyo desempeño ha trascendido la evolución de la propia institución.

Sin embargo, es hasta 10 años después que logramos plasmar este proceso en términos legales, en términos de iniciativas de los legisladores. El 1 de agosto de 2001 el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la fracción parlamentaria del PRD, ante la LVIII Legislatura presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia; en la sesión del 8 de noviembre el diputado Omar Fayad, de la fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa de reforma a los artículos 73 y 89, para dar facultades al Congreso en la materia.

En la sesión del jueves 29 de noviembre el diputado César Augusto Santiago Ramírez presentó otra iniciativa de reforma a la Constitución y el 25 de abril el suscrito presentó una tercera iniciativa sobre el tema --hablo de la LVIII Legislatura--, es así que en la sesión del 26 de noviembre de ese mismo año y en la del 29 de abril de 2003 se dictaminaron y aprobaron las iniciativas de reforma constitucional, destacando la aprobación para que el Congreso esté en facultad de legislar en materia de seguridad nacional.

En esa ocasión, en ese debate de la Cámara de Diputados, quiero informar a ustedes que su servidor expresó una opinión en contra, no porque estuviese en desacuerdo porque el Congreso tuviese facultades sobre la materia, sino justamente porque no se abordó el otro tema que tiene que ver con un control pleno del Congreso sobre estos servicios, que es el nombramiento de los responsables de los órganos de información e inteligencia.

Mi compañero de partido, el diputado Omar Fayad, a nombre de la Comisión en ese momento, expresó que no estaba de acuerdo la Comisión con la propuesta que yo hice, pero que reconocía la propia Comisión que había más adelante que abordar este tema.

Me parece que ese momento ha llegado, cuatro o cinco años después, o seis años después. El 30 de octubre de 2003, los senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres, de la fracción parlamentaria del PRI, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional. Esa ley fue aprobada el 15 de abril de 2004 y turnada a la Cámara de Diputados, que le realizó modificaciones sustantivas.

Los señores diputados hicieron un análisis riguroso y retorna con dichas modificaciones --que no viene al caso comentar en este momento-- al Senado, quien aprueba y de acuerdo con el procedimiento legislativo regresa a la Cámara de Diputados; y hoy tenemos una Ley de Seguridad Nacional.

El tema es que la propia Ley tiene limitaciones --insisto--, son varias limitaciones que tiene esta Ley, que debe ser sujeta a una revisión. Pero una de las más importantes se refiere --insisto--, a que el control legislativo sobre los servicios de información e inteligencia es incompleto.

De hecho, la propia Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que tengo entendido ya fue instalada por ambas Cámaras, pasa casi inadvertida, no hay un debate sobre el tema. Y yo le soy honesto, no sé ni siquiera qué compañeros diputados o senadores son miembros de esta Comisión.

Y por otro lado, esas funciones de la Comisión Bicameral que ameritan una revisión de la Ley, son limitadas en tanto que constriñan su competencia a aquella información que no esté reservada, es decir, a la información que puede tener cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Y el otro tema --insisto-- es el nombramiento de los funcionarios responsables de los órganos de información e inteligencia. La propia Ley refiere el perfil que debe tener el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional: La edad, que sea de origen mexicano, su probada experiencia, etcétera, etcétera. Pero no se extienden estos requisitos al resto de los servidores públicos.

La propia Ley, por ejemplo, define que el Presidente de la República nombrará al secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional --o el Consejo Nacional de Seguridad Nacional-- que anteriormente era el secretario técnico y hoy lo es el secretario de la Presidencia de la República o el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Por esa razón, la iniciativa que hoy dejo a su consideración, propone que en la propia Constitución se establezca como obligación o como una facultad del Senado o en su caso de la Comisión Permanente, que también los servidores públicos responsables de los órganos de información e inteligencia de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal sean ratificados por el Congreso según proponemos establecer en la fracción II del artículo 76.

Por último, agregamos un párrafo en el artículo 129, que pretende una definición más amplia del concepto de seguridad nacional, de modo que se trascienda la que ha quedado en la Constitución que se constriñe a las cuestiones propiamente policiacas o militares de la seguridad nacional, cuando la concepción moderna --todos lo sabemos-- trasciende la cuestión meramente militar o policiaca.

Por lo tanto, compañeras, compañeros legisladores, presento esta propuesta a su consideración bajo la reserva que en su momento habrá también que revisar y, en su caso, modificar la propia Ley de Seguridad Nacional. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 78, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción III del artículo78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55, 62 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 76, 78, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad nacional.

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El tema de la seguridad nacional, en su dimensión filosófica, conceptual y operativa, ha sido motivo de atención creciente en la academia, en el gobierno y en el Poder Legislativo.

Particularmente a partir de 1991 se inició la modernización del Cisen al amparo de una definición amplia e integral del concepto de seguridad nacional, de la modernización operativa así como de la selección y formación de cuadros profesionales cuyo desempeño ha trascendido la evolución de la propia institución.

Es en este contexto que en la sesión del 1 de agosto del 2001 de la del Congreso de la Unión, el diputado ante la LVIII Legislatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia, y adicionar los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En la sesión de la Cámara de Diputados del 8 de noviembre de 2001, el diputado Omar Fayad Meneses del Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reformas a los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Congreso de la Federal la facultad de legislar en materia de seguridad nacional, y al titular del Ejecutivo federal facultades en materia de seguridad nacional.

En la sesión del jueves 29 de noviembre del 2001, el diputado César Augusto Santiago Ramírez del Grupo Parlamentario del PRI presentó otra iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer el alcance de la noción de seguridad nacional y sentar las bases para expedir una ley de la materia.

El 25 de abril del 2002, el suscrito Alberto Amador Leal , integrante del Grupo Parlamentario del PRI ante la LVIII Legislatura presentó iniciativa de reformas y de adiciones a los artículos 73, 76 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la sesión de la Cámara de Diputados del 26 de noviembre del 2002, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.

En las sesiones, de las Cámaras de Diputados del 13 de diciembre del 2002, y de Senadores del 29 de abril de 2003, se dictaminaron y aprobaron las iniciativas presentadas por los diputados Omar Fayad, César Augusto Santiago y Alberto Amador Leal .

Cabe destacar que en el debate de la Cámara de Diputados, expresé mi opinión en contra del contenido del dictamen, toda vez que se circunscribió a establecer las facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad nacional y a ampliar las facultades del Ejecutivo federal para el uso de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna o amenazas externas.

Sin embargo, el dictamen y, por consecuencia, la reforma aprobada omitió el concepto amplio y moderno de la seguridad nacional y no estableció las bases para el control del Congreso sobre este importante tema.

En esta ocasión el diputado Omar Fayad a nombre de la comisión proponente expuso que los miembros de dicha comisión no estaban de acuerdo con la propuesta del suscrito, pero reconoció que la reforma debiera darse en otro momento. Al parecer, como lo expondremos más adelante, ese momento ha llegado.

El 30 de octubre del 2003, los senadores Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres del Grupo Parlamentario del PRI presentaron iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional.

En la sesión del 15 de abril de 2004, el pleno del Senado aprobó el dictamen sobre la iniciativa en comento incorporando además la reforma al artículo 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Cabe destacar que si bien la iniciativa de los senadores Jackson Ramírez y García Torres consideraron elementos vitales de las iniciativas de ley presentadas por los diputados Barbosa Huerta y Amador Leal, el dictamen no hizo alusión, como aconseja la práctica parlamentaria, a dichos antecedentes. Tampoco lo hizo el dictamen con minuta con proyecto de decreto sobre la materia formulado por las Comisiones Unidades de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobado en la sesión del 7 de diciembre de 2004. Si bien esta Cámara realizó una revisió rigurosa y modificó 12 artículos propuestos en el dictamen.

En particular, cabe destacar que la ley aprobada recoge parcialmente la propuesta de control del legislativo sobre el Ejecutivo en la materia al disponer el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pero no así el de la facultad del Senado para ratificar a los funcionarios responsables de los servicios de información e inteligencia, en virtud de que, como ya dijimos, no se estableció en la reforma constitucional respectiva.

Lo anterior significa que en un tema tan importante como el de la seguridad nacional no se da el adecuado equilibrio entre los poderes o en todo caso este es incompleto. En las condiciones actuales hace falta una revisión profunda de la Ley de Seguridad Nacional que en su momento habremos de presentar. Para ello, es necesario partir de la reforma constitucional que le dé facultades al Congreso respecto del nombramiento de los servidores públicos responsables de los órganos de inteligencia.

Estas son las razones que dan motivo a la iniciativa que se propone.

En la iniciativa de reformas constitucionales que me permití presentar en su momento asenté que:

Asimismo, en el debate del 13 de diciembre de 2002, argumenté que ``quiero llamar la atención de ustedes sobre dos temas que no pueden ser motivo de una ley reglamentaria: Uno es el control del Congreso sobre los sistema de información e inteligencia que aquí ya se ha aludido como razones de esta reforma y que es propio de cualquier país democrático.

Si no existe control del Congreso proveniente de un mandato constitucional, no hay un sistema de equilibrios y contrapesos respecto del funcionamiento de estos órganos que tienen una función de enorme trascendencia.

La discusión, por tanto, se centra en la definición de un conjunto de pesos y contrapesos que den forma a un sistema de información e inteligencia para la seguridad nacional como aquí se ha dicho, acorde a las necesidades democráticas de este país.''

Otro tema al que aludí en esa ocasión así como en la exposición de motivos en las iniciativas presentadas, se refiere a la importancia de plasmar en el texto constitucional una concepción amplia e integral de la seguridad nacional que incluya el papel de los gobiernos locales. De no ser así, podrían limitarse las acciones en la materia a cuestiones meramente policíacas, o en otro orden, a operaciones que vulneren la soberanía de los estados y la libertad de los municipios, como puede haber sucedido ya en los recientes operativos en contra del crimen organizado.

Tal imperativo adquiere actualidad ante la situación prevaleciente en la Agenda de riesgos para la seguridad nacional. La anunciada fusión de la PFP y la AFI ; la mayor participación táctica, estratégica y operativa del Ejercito Mexicano y de la Marina; la multiplicación de los órganos de información e inteligencia; el perfil del nombramiento del director del Cisen y del secretario del gabinete de seguridad nacional; todo ello hace pertinentes y oportunas las reformas para ampliar las facultades del Senado en la materia.

En consecuencia de lo anterior el suscrito somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción II del articulo 76; la fracción VII del artículo 78; la fracción IV del artículo 89; y se adiciona un párrafo al artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

De la Comisión Permanente

Artículo 78.

...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, así como de los servidores públicos responsables de los órganos de información e inteligencia de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, en los términos que la ley disponga, y

Del Poder Ejecutivo

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

Artículo 129.

...

La seguridad nacional es de interés supremo y responsabilidad exclusiva del Estado y tiene como propósito rector proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la federación; orientadas al bienestar general de la sociedad y al cumplimiento de los principios de esta Constitución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo señalado en el presente decreto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Amador Leal.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

MAIZ

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Saludimplemente las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y a los gobiernos estatales a verificar su cumplimiento.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas; y a los gobiernos estatales, a verificar su observancia.

Las que suscriben, diputadas federales María del Pilar Ortega Martínez , Margarita Arenas Guzmán , Elia Hernández Núñez y Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La calidad y sanidad de los productos consumidos por la población mexicana es un tema prioritario dado que debe garantizarse que los mismos no pongan en riesgo la salud de nuestras familias.

Al respecto, debemos reconocer que la tortilla es parte integral de la dieta de todos los mexicanos; sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los molinos clandestinos que abaratan sus costos como consecuencia de prácticas contrarias a la normatividad sanitaria vigente contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI- 2002, que establece las especificaciones sanitarias que se deben cumplir los establecimientos donde se elabora y procesa la tortilla.

Entre esas prácticas perjudiciales, se pueden mencionar:

Que el inmueble donde se encuentran establecidos suele ser destinado, al mismo tiempo a casa habitación y a factoría, por lo que en la mayoría de los casos ese lugar no reúne las condiciones establecidas en la normatividad para garantizar que el producto final cumpla con las condiciones sanitarias suficientes y adecuadas para garantizar la salud de los consumidores.

Otro punto trascendente es la cantidad y la calidad de las materias primas que utilizan en sus procesos. Al incumplir la normatividad oficial, estos productores ponen en riesgo la salud de los mexicanos, pues no conocen los efectos que producen las sustancias que utilizan, ni las cantidades que de ellas pueden disponer para consumo humano. Al mismo tiempo, para asegurar un beneficio económico mayor, adquieren insumos de dudosa calidad a un precio menor.

Por lo que se refiere a la venta del producto preenvasado, la NOM mencionada establece una serie de requisitos que deben cumplirse a fin de que el consumidor cuente con la información necesaria que le de certidumbre sobre la calidad del producto que está adquiriendo, como es el hecho de que debe constar el nombre, domicilio y razón social del fabricante, los ingredientes y las cantidades utilizados, y mucho menos aparece impresa la fecha de fabricación ni la de caducidad del producto, con lo que los consumidores pueden estar adquiriendo, por desconocimiento, un alimento en vías de descomposición.

Sin embargo, los productores informales que venden las tortillas preenvasadas, no sólo generan un riesgo para la salud pública al incumplir con dichos requisitos, sino que, adicionalmente, representan una competencia desleal con los que sí están bien establecidos, que pagan impuestos, inscriben a sus empleados en el sistema de seguridad social, pagan sus licencias municipales, y reciben periódicamente la visita de los inspectores que se aseguran del cumplimiento de las disposiciones sanitarias, laborales, municipales y hacendarias.

Esta situación afecta las ventas de los tortilleros formales, lo cual repercute en una disminución de la producción y en muchos casos, en despido del personal.

En resumen, la producción clandestina de tortilla, y su venta, implican un riesgo tanto para la salud pública como para la economía de los industriales legalmente establecidos, por lo que es necesario que se implanten medidas efectivas para su erradicación.

Compañeros legisladores, debemos considerar que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Salud a realizar el control e inspección sobre la preparación de alimentos y bebidas, así como a actuar como autoridad sanitaria, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud establece que es materia de salubridad general el control sanitario del proceso de elaboración de alimentos, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración; y en caso de incumplimiento, le corresponde a la Secretaría de Salud la imposición de sanciones.

A su vez, esa secretaría cuenta con el órgano desconcentrado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene por objeto el ejercicio de las atribuciones que, en materia de regulación, control y fomento sanitarios conforme a la Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables, le corresponden.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 199 de la misma Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas ejercer la verificación y el control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas, basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, como de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implante las acciones necesarias para vigilar el exacto cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y, en su caso, castigar a quien la viole.

Segundo. Se exhorta a que los gobiernos de las entidades federativas realicen una exhaustiva verificación de los comercios que expenden tortillas para que éstos solamente vendan producto procesado de acuerdo con la normatividad sanitaria y, en caso contrario, sancionarlos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María del Pilar Ortega Martínez.Túrnese a la Comisión de Salud y de Economía de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señores legisladores. Se nos ha entregado, en base al punto de acuerdo que se aprobó hace algunas horas, la integración del grupo plural de los grupos parlamentarios que se propuso para cumplir con la visita a los centros de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en donde se encuentran los detenidos de Oaxaca.

Este grupo plural estaría constituido por el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del grupo parlamentario del PAN, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del grupo parlamentario del PRD y el diputado Samuel Aguilar Solís , del grupo parlamentario del PRI, para que se tome en cuenta en la Secretaría y se puedan hacer las disposiciones correspondientes.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se acaba de recibir una solicitud de licencia del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzoy un dictamen de la Primera Comisión de trabajo relativa a solicitud de permiso para aceptar y usar condecoración.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que se modifique el orden del día para dar cuenta de estos asuntos.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se modifica el orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, proceda a dar cuenta con los asuntos.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal del distrito VIII del estado de Chiapas, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita que pudiera realizar los trámites correspondientes para que se le otorgue licencia temporal para separarse del cargo del 15 de enero al 10 de febrero de 2007, solicitando que se descuenten de la dieta los días que me ausente.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII distrito del estado de Chiapas, a partir de esta fecha y hasta el 10 de febrero de 2007.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fueron turnadas para su estudio y dictamen las solicitudes de permiso constitucional necesario de los ciudadanos Alfonso Acevedo Almanza e Ignacio Gutiérrez Aranzeta para que puedan aceptar y usar la Condecoración de Caballero, en la Orden de las Palmas Académicas, que les confiere el gobierno de la República Francesa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Acevedo Almanza para aceptar y usar la Condecoración de Caballero, en la Orden de las Palmas Académicas, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Gutiérrez Aranzeta para aceptar y usar la Condecoración de Caballero, en la Orden de las Palmas Académicas, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentra publicado y distribuido entre los legisladores el dictamen relativo a la solicitud de permisos, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura y en consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

El Secretario diputado Miguel Angel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alfonso Acevedo Almanza e Ignacio Gutiérrez Aranzeta, para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas que les confiere el gobierno de la República Francesa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no ha sido reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto.

El Secretario diputado Miguel Angel Peña Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Se va a proceder a la votación de los integrantes de la Mesa Directiva.

(Votación)

El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente, hay 23 votos en pro, cinco abstenciones, cero en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, implementar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y a los gobiernos estatales a verificar su cumplimiento....

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de que expida una nueva convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad.

El diputado Alberto Amador Leal: Gracias, señor presidente. El 10 de junio del 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual dispone --entre otras cosas-- la constitución de dos consejos: el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, integrado por los representantes de gobierno y seis representantes de la sociedad civil, y el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, que debe estar integrado por representantes de las organizaciones sociales.

El Consejo Consultivo definido en el Capítulo II, artículo 35, es un órgano de asesoría y consulta de carácter honorífico, que tiene por objeto proponer y opinar sobre los programas o acciones emprendidas a favor de las personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional.

La ley dispone que estará integrado por representantes de las organizaciones que participarán en calidad de consejeros, de acuerdo con la convocatoria pública, que para estos efectos emita el Consejo Nacional.

El señor secretario de Salud en ese entonces, doctor Julio Frenk Mora, el pasado 14 de marzo del 2006 publicó en diarios de circulación nacional y en Internet la convocatoria para la integración del Consejo a que hacemos referencia.

De acuerdo con esta convocatoria se seleccionaron a 20 respetables organismos sociales, lo cual, sin embargo, ha sido motivo de reclamo y de diferencias por parte de la gran mayoría de las organizaciones que tienen el fin de coadyuvar con personas con discapacidad.

Hay que destacar que, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponible, existen en el país por lo menos 600 organismos sociales debidamente acreditados y registrados, cuyo objeto social comprende, en una diversidad de modalidades, la atención a las personas que están en esta situación.

El hecho es que sólo 20 de estas organizaciones están representadas, o sea, el 3.3 por ciento, en el Consejo a que alude la ley en la materia. En obvio de tiempo, anexamos a este punto de acuerdo las observaciones puntuales a la citada convocatoria, que tendrían incluso que llevarnos o conducirnos en el futuro a una propuesta de modificaciones a la ley.

En tanto, y a efecto de generar un clima de armonía y de entendimiento entre todas las organizaciones abocadas a este fin primordial y el gobierno, proponemos el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Exhortamos, la Comisión Permanente exhorte al secretario de Salud para que realice una exhaustiva revisión del procedimiento para integrar el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. En caso de encontrar deficiencias o anomalías, emita una nueva convocatoria para que se ajuste a lo establecido por la Ley General de las Personas con Discapacidad; y

Segundo. Que el secretario de Salud obsequie a esta soberanía un informe pormenorizado de la revisión observada al procedimiento de integración del Consejo Consultivo en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo.

Mucho agradeceré, señor Presidente, que el texto íntegro sea suscrito en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, expedir una nueva convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas diputadas y diputados presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 10 de junio de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual dispone la constitución de dos consejos: el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, integrado por los representantes de gobierno y seis representantes de la sociedad civil, y el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, que debe estar integrado por representantes de las organizaciones sociales.

2. El Consejo Consultivo, definido en el Capítulo II; artículo 35, es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y opinar sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. La ley dispone que estará integrado por representantes de las organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con la convocatoria pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.''. Adicionalmente, y de acuerdo al artículo 2o. fracción X, se interpreta que pueden participar todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente.

3. Para estos efectos el secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, el 14 de marzo de 2006, publicó en diarios de circulación nacional y en Internet, la Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, aprobada previamente por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

4. De acuerdo con ésta convocatoria, se seleccionó a 20 respetables organismos sociales, lo cual ha sido motivo de reclamo por parte de una gran mayoría de organismos de y para personas con discapacidad, que bien señalan, la ley no indica en ninguna parte límite en el número de consejeros, y sí, la convocatoria observa una serie de imprecisiones jurídicas que consideramos no se ajustan al espíritu de la ley y en algunos requisitos observan discriminación.

5. De acuerdo con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, existen en el país, por lo menos 600 organismos sociales debidamente acreditados cuyo objeto social comprende en una diversidad de modalidades la atención a personas con discapacidad. El hecho de que solo 20 organizaciones integren este consejo, significa que se pretende lograr un consenso nacional con apenas el 3.3 por ciento del total de las organizaciones.

6. En obvio del tiempo, anexamos a éste punto de acuerdo las observaciones puntuales a la citada convocatoria, y solo para establecer posición al respecto, señalaremos lo siguiente:

El punto 3.2 fracciones III, IV y V, que se refieren a los requisitos que deben cumplir las personas que representen a las organizaciones en el Consejo Consultivo, a la letra se cita:

Como podrán apreciar, dichos requisitos claramente violentan lo establecido en el artículo 1o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En conclusión, consideramos que esta convocatoria fue diseñada con un carácter discrecional, cuando la ley claramente define que debe ser pública, y de ninguna manera atendió al espíritu de inclusión y pluralidad que la propia ley pretende.

Consideramos además, que este Consejo Consultivo requiere de la participación de todos, que efectivamente establezca un mecanismo abierto, plural y que se reproduzca en cada una de las entidades federativas, debido a que a nivel local, estatal y regional, las necesidades de la población con discapacidad son distintas y diversas, y que por lógica, un mínimo conjunto de 20 respetables organizaciones no reproduce la voz y consenso nacional.

Por último, señalamos nuestro extrañamiento, al hecho de que la misma convocatoria dispone como ejecutor de la convocatoria a una Secretaria Técnica cuyo domicilio se encuentra en la residencia oficial de Los Pinos. La ley dispone que el DIF Nacional es el Secretario Ejecutivo de la propia ley.

En virtud de lo expuesto, las diputadas y diputados firmantes nos permitimos proponer a esta honorable Comisión Permanente con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud a que realice una exhaustiva revisión del procedimiento para integrar el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y en caso de encontrar deficiencias o anomalías, emita una nueva convocatoria que se ajuste a lo establecido por la Ley General de las Personas con Discapacidad; y

Segundo. Que el secretario de Salud obsequie a esta soberanía un informe pormenorizado de la revisión observada al procedimiento de integración del Consejo Consultivo en un plazo no mayor a treinta días a partir de la aprobación del presente acuerdo.

«Anexo. Texto Oficial

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad con fundamento en el artículo 35 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobó la siguiente:

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad

Observaciones: Esta convocatoria debería incluir el término pública dispuesto en el artículo 35 de la ley.

1.- Del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad:

De conformidad con el artículo 35 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en lo sucesivo la Ley, el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, en adelante el Consejo, será el órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y opinar sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas ante el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Asimismo, el referido artículo establece que el Consejo, estará integrado por representantes de organizaciones sociales de y para personas con discapacidad a las que se refiere la fracción X del artículo 2 de la Ley de la materia, que participarán con el carácter de consejeros.

2. De la selección de los consejeros:

Observaciones: La ley no dispone seleccionar consejeros. Dispone integrar representantes

La presente convocatoria es pública y abierta y tiene por objeto dar a conocer los requisitos que deberán llenar las organizaciones sociales que deseen formar parte del Consejo, a que se refieren el numeral precedente y que se ubiquen en el territorio nacional.

Las organizaciones sociales que hayan satisfecho los requisitos de inclusión, fungirán como consejeros durante un periodo de cuatro años, los cuales serán renovables por periodos iguales, siempre y cuando continúen satisfaciendo dichos requisitos.

Observaciones: La ley no define períodos de vigencia. Se interpreta que el Consejo Consultivo es un órgano permanente.

3. De los requisitos:

Observaciones: La ley claramente señala en el artículo 35 ``El Consejo Consultivo estará integrado por representantes de las organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con la convocatoria pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Y el artículo 2°., fracción X define claramente ``Organizaciones.- Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social.'' ¿Por qué establecer requisitos distintos e los conocidos legalmente para acreditar la constitución legal de un organismo?

3.1 Podrán presentar sus propuestas las organizaciones sociales que reúnan los requisitos siguientes:

Observaciones: Lo dispuesto en el punto 3.1 es improcedente en su totalidad atendiendo a lo establecido en el artículo 35 y artículo 2° fracción X.

I. Estar legalmente constituidas;

II. Tener por objeto realizar acciones de atención y apoyo a las personas con discapacidad;

Observaciones: Este requisito excluye a organismos cuyo objeto social sea la investigación, educación, etc., vinculados con la discapacidad. Así mismo, es un requisito incompleto, ya que la ley señala ``organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social.''

III. Estar dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o haber iniciado el trámite para su alta. Una vez concluido el trámite deberá entregar la constancia del mismo;

IV. Estar inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil o haber iniciado el trámite para su registro. Una vez concluido el trámite deberá entregar la constancia del mismo;

Observaciones: Este requisito lo establece la Ley Federal de Fomento a las actividades de las organizaciones de los sociedad civil en su artículo 15, para efectos de aquellas que soliciten recursos federales. Es limitativo para aquellas organizaciones que funcionan por sus propios medios de financiamiento.

V. Proporcionar información completa respecto a su misión, visión, objetivo general, objetivos específicos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento, nacionales o extranjeras, patrimonio y operación administrativa y financiera;

Observaciones: Si el objeto del Consejo Consultivo, es la participación para efectos de asesoría y consulta de carácter honorífico, ¿Por qué solicitar toda la información de las organizaciones? La ley dispone únicamente que las organizaciones se acrediten legalmente.

VI. Tener presencia en el ámbito nacional, en varias entidades federativas, o bien coordinar el trabajo de otras organizaciones civiles, y

Observaciones: La ley no establece limitaciones porque su alcance sea local, estatal, regional o nacional. Este requisito inválida en automático a una mayoría de organismos cuyo ámbito de acción es local.

VII. Contar con reconocido prestigio.

Observaciones: Este requisito es ambiguo. ¿Quién determina el reconocido prestigio? ¿La Secretaría de Salud?

3.2 Las personas propuestas para formar parte del Consejo como representantes titulares y suplentes de las organizaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

Observaciones: El punto 3.2 es improcedente en su totalidad, ya que las organizaciones son libres y autónomas de decidir quienes la representan, y no pueden estar sujetas a reglas externas.

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Observaciones: Este requisito excluye a extranjeros residentes en México con calidad migratoria reconocida por la Secretaría de Gobernación: docentes investigadores ó académicos que participan en los organismos sociales.

II. Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en el trabajo como miembro directivo de organizaciones.

Observaciones: Este requisito rebasa la autonomía de los organismos legalmente constituidos, porque quienes pueden determinar quien les represente única y exclusivamente son los órganos directivos de las mismas.

III. No haber sido registrado como candidato de algún partido político a cargo de elección popular en los seis meses anteriores a la designación.

Observaciones: Este requisito violenta lo establecido por el artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1°. párrafo segundo.``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

IV. No desempeñar o no haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político o asociación religiosa en el año inmediato anterior al de su designación como representante de alguna organización social ante el Consejo, y.

Observaciones: Este requisito violenta lo establecido por el artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1°. párrafo segundo.``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

V. No haber sido servidor público de cualquier nivel u orden de gobierno durante el año inmediato anterior al día de su designación como representante de alguna organización social ante el Consejo.

Observaciones: Este requisito violenta lo establecido por el artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1°. párrafo segundo.``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

4. De las propuestas:

Observaciones: El punto 4 es improcedente en su totalidad. A la fecha las entidades públicas como Sedesol, para efectos de legitimidad solicitan única y exclusivamente un documento que acredite a la persona que representa social ó legalmente a una organización.

Las propuestas se presentarán por escrito y en versión electrónica en CD Rom o disco magnético y deberán contener:

I. Nombre completo de la organización;

II. Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico de la organización;

III. Los nombres, domicilios, teléfonos y correos electrónicos de las personas que se proponen para fungir como representantes titular y suplente de la organización ante el Consejo, y

IV. Las razones objetivas que respalden la candidatura propuesta.

Observaciones: La fracción IV es un requisito incomprensible: ¿cuáles razones objetivas?. Según la ley todas los organismos interesados tienen derecho a participar.

La propuesta deberá acompañarse de copia simple de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que se señalan en el numeral 3 de la presente convocatoria, así como del currículo, la identificación oficial vigente, la Clave Única de Registro de Población y el comprobante de domicilio de las personas que se proponen para fungir como representantes titular y suplente de la organización ante el Consejo. Sólo se valorarán las propuestas cuya documentación anexa sea legible.

Observaciones: Cuál identificación oficial vigente?

5. Del plazo y lugar de la presentación de documentación:

Las organizaciones interesadas contarán con un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria en diarios de circulación nacional y en la página electrónica de la Secretaría de Salud para entregar sus propuestas a través de un representante de la organización proponente o por correo postal o mensajería especializada.

En ese sentido, las propuestas se recibirán hasta las 18 horas del día 13 del mes de abril de dos mil seis. Por consiguiente, sólo se recibirán aquéllas cuya fecha de matasellos se ciña a la hora y fecha límite señalada anteriormente.

La recepción de las propuestas se hará en el domicilio de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, ubicado en Residencia Oficial de Los Pinos, Puerta No. 1, Casa Benito Juárez, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, Código Postal 11850, en un horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Observaciones: De acuerdo al artículo 31 , el Sistema Nacional para la Integración de la Familia (DIF) es la entidad responsable de la Secretaría Ejecutiva a quien corresponde aplicar resta ley y en consecuencia la institución responsable de la integración del Consejo Consultivo. ¿Bajo que disposición legal se definió la figura de una ``Secretaría Técnica'' instalada en la residencia oficial de Los Pinos?

6. Difusión de los resultados de la convocatoria:

La difusión de los nombres de las organizaciones sociales que integrarán el Consejo se dará a conocer a través de la página electrónica de la Secretaría de Salud en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se cierre el plazo de recepción de propuestas.

Observaciones: . Quién calificó los nombres de las organizaciones sociales? La ley no dispone mecanismos de selección o calificación.

7. Resolución de dudas

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación al proceso de integración del Consejo, se dirigirán por escrito a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad ubicado en Residencia Oficial de Los Pinos, Puerta No. 1, Casa Benito Juárez, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, Código Postal 11850 o vía telefónica, al número: 01-(55-5091 11 72), en un horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

8. Principios de la convocatoria:

La integración del Consejo se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, objetividad y transparencia.

Observaciones: La ley no dispone que se requiere cumplir con principios como los señalados es este requisito. ¿Quién decidió estos principios de supuesta integración?

9. Disposiciones Generales:

Los datos personales de los aspirantes son confidenciales, aún después de concluido el plazo para la recepción de propuestas.

Observaciones: De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia estos datos pueden ser confidenciales, porque se trata de un proceso público que determina la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Transitorio

Único. Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Así lo acordaron los miembros del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad a los 14 días del mes de marzo de dos mil seis.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad con fundamento en el artículo 35 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobó la siguiente:

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables... perdón, ¿lo solicitó de urgente resolución, diputado? ¿Lo pidió de urgente resolución?

El diputado Alberto Amador Leal (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa. No hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

BALNEARIOS PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para estudiar e investigar los casos del balneario público Palmilla, en el estado de Baja California Sur y el Tamarindillo, en Michoacán.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Muchas gracias, diputado Presidente. Con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se crea la Comisión Especial para estudiar e investigar los casos del balneario público Palmilla, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y de la bahía del Tamarindillo, en el ejido de Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, a cargo del de la voz, diputado Octavio Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Estos dos casos son --entre otros-- los que se vienen conociendo en las últimas semanas en los últimos años, que a juicio nuestro constituyen un elevado grado de preocupación y de despojo a la soberanía y al pueblo de Baja California Sur, y desde luego, a Michoacán.

En el primero, en el caso de Baja California Sur, un predio que por muchos años, por muchas décadas se ha venido utilizando de manera regular por los vecinos, los pobladores, los lugareños del municipio de Los Cabos, como un balneario, por cierto, donado a las autoridades municipales, y en ese espacio físico.

En ese inmueble, por cierto, hay un espacio físico que en algún momento fungió como el área donde sesionaba el cabildo de Los Cabos, y de manera muy extraña en la pasada administración, el que fuera responsable de la Secretaría del Medio Ambiente enajena este inmueble a una empresa árabe.

Hoy los lugareños demandan de manera legítima este inmueble porque es propiedad del municipio y es el único espacio, por cierto, en el municipio de Los Cabos, donde pueden acceder al balneario.

Por otra parte, lo que hace a la bahía del Tamarindillo, se ha escuchado en medios de comunicación, impresos, las enormes irregularidades como se adquirieron estos predios ejidales. Un grupo de empresarios, amigos del ex Presidente de la República, de manera muy extraña se hicieron ejidatarios y se apropiaron con engaños, con mentiras, de un número importante de hectáreas de esta bahía. Se ha dicho que son prestanombres de este dúo infernal, dicen unos, del ex Presidente y su esposa.

Por cierto, existe un juicio de nulidad, porque en el acta de la asamblea de los ejidatarios se comprueba que suscribe la misma, ejidatarios que perdieron la vida meses antes de esa asamblea o personas que simplemente no son ejidatarios y la suscribe, más de 265 hectáreas a un precio, por cierto, muy por debajo de lo que establece el mercado.

Por eso consideramos importante, trascendente, que se aperture una comisión especial investigadora para estos dos casos y proponemos el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicite a la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la creación de la Comisión Especial para investigar los casos del conflicto del balneario público Palmilla, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y de la bahía Tamarandillo en el estado de Michoacán, con fundamento en las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Especial para estudiar e investigar los casos del conflicto del balneario público Palmilla, Los Cabos, Baja California Sur, y la bahía Tamarandillo, en el estado de Michoacán, estará integrada por 22 legisladores de todos los grupos parlamentarios, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta Legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarios. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para estudiar e investigar los casos del balneario público Palmilla, en Los Cabos, Baja California Sur; y El Tamarindillo, ejido El Ticuiz, en Coahuayana, Michoacán, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta, al Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tanto el caso del balneario Palmilla, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, como el de Tamarindillo, ejido el Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, se presume que las circunstancias y contextos en las que se realizaron las operaciones de compraventa de los terrenos mencionados, se violaron diversas disposiciones legales y no se respetaron las formalidades del proceso, en perjuicio de los sudcalifornianos y de los ejidatarios de Michoacán, respectivamente.

Por ello, es que se propone la creación de una misma comisión especial que investigue, el contexto y las circunstancias de cada caso.

Para la venta del terreno del balneario Palmilla, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, los antecedentes señalan:

En cuanto a la venta de terrenos en la bahía de El Tamarindillo del ejido El Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán:

Es evidente, que ambos casos se dieron dentro de un marco de irregularidades, por lo que merecen ser investigadas para deslindar o verificar responsabilidades como por la supuesta violación de disposiciones y procedimiento legales en contra del municipio de Los Cabos, como de los legítimos derechos de los ejidatarios en Tamarindillo, Michoacán.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42, la creación de la Comisión Especial para Investigar los Casos de Conflicto del Balneario Público Palmilla, municipio Los Cabos, Baja California Sur, y de Tamarindillo, ejido El Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán.

Segundo. La Comisión Especial para Estudiar e Investigar los Casos de Conflicto del Balneario Público Palmilla, Los Cabos, Baja California Sur y el Tamarindillo, ejido El Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, estará integrada por 22 diputados de todos los grupos parlamentarios, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, en nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

El 21 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados como Cámara revisora aprobó con 382 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra, la minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 60 Ter, y un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre. Esta modificación de la ley tiene por objeto proteger de manera efectiva los manglares de nuestro país, es decir, a lo largo de los 11 mil kilómetros de litoral.

El texto de dicha reforma es como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 60 Ter a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Esta reforma es muy relevante por varias razones, entre las que destacan la importancia biológica y ecológica de los manglares, ya que tienen funciones hidrológicas, de contigüidad, de regulación climática, de estabilización costera y de producción primaria que mantiene la biodiversidad marina y terrestre que depende de ellos.

Debido a su localización costera, los manglares son ecosistemas complejos y frágiles que juegan un papel importante como zona de transición, conexión y amortiguamiento entre el medio acuático y terrestre, por lo que constituyen una importante barrera ante inundaciones y huracanes, al mismo tiempo que protegen contra la reducción de la línea de costa.

Los manglares constituyen un criadero esencial de especies comerciales y son zonas de protección y crianza de una diversidad de especies de peces, crustáceos y moluscos, todos ellos de suma importancia para las actividades pesqueras y de acuacultura de nuestro país.

Más aún, contribuyen a evitar la producción del efecto invernadero de la atmósfera, ya que representan sumideros de carbono, con lo que contribuyen a evitar los efectos adversos del cambio climático.

Los desarrollos costeros son una de las causas principales de la pérdida de estos ecosistemas tan importantes, ya sea por causas debidas a desarrollos turísticos, la expansión de ciudades, las actividades agrícolas, así como las granjas de cultivo de camarón.

Sin embargo, tan sólo en siete años se reconoció la pérdida de 8 por ciento de la cobertura de manglar. A este ritmo la pérdida será irremediable en unos cuantos años.

No podemos negar los efectos negativos de la pérdida de manglares, que han sido más que evidentes en los fenómenos naturales más recientes, como los observados por el tsunami en diciembre de 2005 en Indonesia, Sri Lanka e India, y que cobró miles de vidas, o los devastadores efectos del huracán Wilma, en octubre de 2005, en las costas de Quintana Roo, con enormes pérdidas económicas y devastación de la naturaleza.

Más aún, el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales, incluyendo las aguas marinas interiores, lagunas y esteros. Los manglares, por su conexión ya sea permanente o intermitente con el mar, forman parte de la propiedad nacional y el gobierno federal debe cumplir el mandato de proteger los recursos naturales como en este caso se muestra.

Por esas razones consideramos que la publicación de este decreto es de vital importancia. Sabemos que algunos desarrolladores turísticos se oponen a esta publicación, precisamente por tener una visión de corto plazo.

La conservación de los manglares proporcionará más beneficios económicos para amplios sectores de la población como son los pescadores, que dependen de la permanencia de estos recursos. Además, los servicios ambientales que proporcionan los manglares van de 200 mil a 900 mil dólares por hectárea por año, lo cual demuestra una vez más, que conservar deja más beneficios que destruir.

Estamos conscientes de que el término previsto por la Constitución no ha vencido y respetuosos de este ordenamiento, pero enormemente preocupados por la presión que ejercen grupos empresariales en contra de la promulgación de esta reforma, que es de orden público e interés social y, debido a la especial importancia de los manglares para nuestro país, tanto en lo ecológico como en lo económico, creemos que su promulgación no debe hacerse esperar.

La sociedad civil organizada también ha solicitado y apoyado esta publicación, por lo que creemos que el titular del Ejecutivo federal deberá responder a su puntual publicación. Además, debemos recordar que este decreto fue aprobado por ambas Cámaras prácticamente por unanimidad y por todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con lo cual se demuestra que las modificaciones que en él se contienen fueron estudiadas integralmente y avaladas en su conjunto por los mismos actores de la vida nacional.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus facultades constitucionales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna, publique con la mayor brevedad en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona un artículo 60 Ter y un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre, aprobado previamente por el honorable Congreso de la Unión, debido a la importancia que los manglares representan en el ámbito social, económico y ambiental de nuestro país.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, promulgue el decreto que expide la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El ejercicio de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se caracterizó por el importante trabajo de legisladores interesados y comprometidos en responder a la irreversible necesidad de implementar un sistema nacional dedicado a prevenir, proteger y asistir con los instrumentos legales indispensables a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en México.

El tema fue retomado por esta Legislatura cuando el Senado aprobó el decreto de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el pasado 19 de diciembre. Se trata de resolver la grave problemática de falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia de género.

Aquí se contempla un serio proceso de modificación de patrones socioculturales de conducta, a través de la educación impartida desde las aulas, a fin de inculcar la visión social necesaria para sensibilizar a las generaciones de educandos.

Incluso, con la intervención de los medios de comunicación para difundir las prevenciones a todas las formas de violencia, a efecto de proporcionar por parte del gobierno atención a las víctimas, respetando su intimidad, y en ámbito de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. Todo ello con acciones coordinadas por el gobierno, con los organismos privados comprometidos con el género.

Es menester destacar que esta ley es emanada de una situación grave, producto del franco desinterés evidenciado por generaciones respecto a la violencia contra las mujeres. Sólo con este dispositivo podemos contribuir a superar los lastres que han perjudicado a la sociedad.

El ordenamiento contempla la creación de políticas transversales para dar impulso a las reformas jurídicas que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos y sancionar a quienes los transgreden.

Este proyecto obra en poder del Ejecutivo federal en virtud de que le fue remitido para su promulgación y publicación en cumplimiento con los artículos 89 fracción I y 72 incisos a) y b) de la Ley Fundamental por parte del Senado de la República.

El proyecto demuestra la conjunción de las voluntades de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, ante la necesidad de tener un instrumento mínimo e idóneo que permita a las mujeres y a las niñas contar con un adecuado marco legal que las proteja de la violencia, desde la prevención, y en el caso de las víctimas, aportarles un contexto legal humanitario. Se cumplen así los objetivos que brinden certeza jurídica de que los derechos de las mujeres no serán violados sin que haya una sanción.

En consecuencia, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 89 constitucional, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, tiene que promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y velar por el cumplimiento de la Ley Fundamental. En congruencia con la protesta realizada ante esta soberanía, siendo --en este caso-- que al no publicarse, hay un cumplimiento con lo mandatado en la Carta Magna. La firma de los ocho coordinadores parlamentarios, legisladoras y legisladores de distintos partidos, ponen de manifiesto la urgencia de publicar esta ley.

Por lo antes expuesto y con en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal a que en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publique a la brevedad, el decreto que expide la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Señor Presidente, a este punto de acuerdo se sumaron legisladoras, legisladores de diversos partidos, cuyas firmas originales fueron entregadas a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, en virtud de que los nombres de tales legisladores no aparecen en la Gaceta Parlamentaria, ruego a usted que instruya sean incluidos en el Diario de Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Convergencia

Las y los suscritos diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con base a los siguientes:

Considerandos

El ejercicio de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se caracterizó por el importante trabajo de legisladores interesados y comprometidos en responder a la irreversible necesidad de implementar un sistema nacional dedicado a prevenir, proteger y asistir con los instrumentos legales indispensables a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas de México.

Por tratarse de un tema de Estado que resolviera la grave problemática de falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia de género a través de medidas de reinserción social de los agresores, promoción de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, se realizaron las tareas necesarias en el Decreto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las voces de la ciudadanía y las diversas organizaciones se devolviera a las mujeres y niñas de México el reconocimiento a sus calidades natas que la sociedad civil tradicionalmente ha ignorado.

La tradición cultural de fincar una facultad inexistente al hombre traducida como la capacidad por regular y limitar las prerrogativas inherentes a las mexicanas, reconocidas en las garantías preceptuadas en el artículo 4 de la Constitución Federal definitivamente debe ser frenada y ello ha sido imposible en virtud que una disposición legal secundaria al pacto federal crea específicamente para velar por los derechos de las mujeres y las niñas, además que se ha demostrado la ineficacia de la aplicación de normas emanadas de necesidades vinculadas con el tema, como sucede con la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual consagra instrumentos internacionales suscritos por el país vigentes para insuficientes para erradicar las formas de discriminación y violencia de género.

A mayor abundamiento es menester resaltar que una norma autónoma debe facilitar la función del Instituto Nacional de las Mujeres acorde al Plan Nacional de Desarrollo desde la óptica gubernamental a fin de demostrar el debido cumplimiento a las obligaciones que el Estado tiene con la política de género, a través de un serio proceso de modificación de patrones socioculturales de conducta basados en la educación impartida desde las aulas encaminada a obtener una visión social colectiva y necesaria para sensibilizar a las generaciones de educandos, incluso con la intervención de los medios de comunicación en la difusión de la prevención a todas las formas de violencia radicada en todos los sectores primarios a efecto de proporcionar por parte del gobierno la comedida atención a las víctimas, respetando su intimidad, situación sanitaria, en el ámbito de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia mediante acciones coordinadas en los tres órdenes de gobierno con los organismos privados comprometidos con el género.

Es menester destacar que el Decreto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es emanado de una situación real, producto del franco desinterés evidenciado por generaciones y que se ocupa de las familias que han visto vulnerada la integridad de las mujeres y las niñas mexicanas, ya que solo con este dispositivo podremos contribuir a superar los lastres que han perjudicado a la sociedad, por ello contempla la creación de políticas trasversales para afrontar el impulso de reformas jurídicas que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos y sancionar a quienes los transgreden acorde a los delitos especiales que atiende el proyecto que obra en poder del responsable de la conducción de la administración publica federal desde diciembre del 2006, en virtud que le fue remitido para su promulgación y publicación en cumplimiento con los artículos 89, fracciones I y 72 incisos A y B de la Ley Fundamental por parte del Senado de la República.

Con base a las disposiciones que establece el proyecto de marras demuestra una habida conjunción de las voluntades de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, el consenso social de la representación popular con sentido social ante la necesidad de contar con un instrumento mínimo e idóneo que permita a las mujeres y las niñas contar con un adecuado marco legal que las proteja de la violencia desde la prevención y en el caso de las victimas aportarles un contexto legal humanitario desde los órganos competentes para fomentar una debida atención desde la plataforma inmediata hasta las mexicanas que son recibidas en albergues para fortalecer la inversión del gasto social en cumplimiento a los objetivos que brinden certeza jurídica de que los derechos de las mujeres no serán violados sin que haya sanción.

Por ello resulta indispensable que el Titular del Poder Ejecutivo Federal promulgue y publique la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que de conformidad con el proceso legislativo establecido en la fundamentación invocada, este proyecto de ley se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo, ya que no fue devuelto con observaciones a la Cámara emisora dentro de los 10 días útiles a que lo recibió.

En consecuencia de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 89 constitucional el Presidente Constitucional de México, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene que promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y velar por el cumplimiento de la Ley Fundamental en congruencia con la protesta realizada ante esta soberanía, siendo en este caso un extremo de la demanda que la nación le formula al evidenciarse un tangible caso de incumplimiento con lo mandatado en la Carta Magna.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal para que en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publique a la brevedad el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jorge Godoy. Y como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución. Les pido a los legisladores poner atención a la votación.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Como lo ha instruido el señor Presidente, se pregunta a la Asamblea si consideran que la proposición sea de urgente resolución.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa; no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

MAIZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo relativo a los recursos del Subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo correspondiente al maíz.

El senador Andrés Galván Rivas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo correspondiente al maíz

El que suscribe, Andrés Galván Rivas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que analice la posibilidad de que los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo correspondiente al maíz, se reoriente y destine al proceso productivo de este alimento en sus etapas de cosecha, post cosecha y mejoramiento de la semilla del maíz, bajo las siguientes

Consideraciones

En el país es necesario el apoyo a ciertos productos alimenticios entre los que se encuentra el maíz por ser básico en la dieta de los mexicanos.

De los diferentes programas que existen para el apoyo a la producción de alimentos, se encuentra el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, mismo que apoya la producción de maíz, frijol, sorgo, algodón, arroz, trigo, soya, cártamo y cebada, y tiene como fin homologar los precios que por venta de la cosecha obtuvo el productor, con el precio de referencia internacional que en el momento de la venta este vigente.

Algunos de los criterios que se consideran para establecer las cantidades económicas que se otorgarán en el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo por tonelada, en el caso del maíz y los demás productos que este subprograma considera, son: los precios que se registran en las ofertas que los compradores ofrecen en el momento de la cosecha; los precios pactados en la agricultura por contrato cuando es el caso y, los precios imperantes en el mercado internacional y las condiciones del mercado regional que prevalezcan.

El Subprograma de Ingreso Objetivo erogó en el Ejercicio Fiscal 2006, la cantidad de 2 mil 912 millones 572 mil, 614 pesos con 19 centavos, para la atención y apoyo únicamente al grano del maíz, ésta cantidad cubrió un volumen de 8 millones, 461 mil, 973.23 toneladas, con lo cual se vieron beneficiados en sus ingresos los productores de este cereal básico en la alimentación de la población.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, dentro del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el cual asciende a 58 mil 384 millones, 700 mil pesos, de los cuales se destinaron 7 mil 650 millones de pesos para el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, mismo que contempla nueve productos alimenticios, entre los que se encuentra el maíz.

Ante la contingencia del aumento repentino que ha registrado en los últimos días el precio del maíz en el país, el Ejecutivo federal firmó el pasado jueves 18 de enero del presente año junto con los productores de maíz e industriales de la masa y la tortilla, el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla, en el cual se establece fijar a un máximo de 8 pesos con 50 centavos el precio por kilo de maíz.

Con lo anterior y basados en las proyecciones es posible que el precio de referencia internacional del maíz no alcance y mucho menos supere el precio máximo que se fijó en el acuerdo antes mencionado, de ser así, es necesario que los recursos destinados al Subprograma de Apoyo al Ingreso Objetivo para el grano del maíz, se reoriente en un sentido que sea de utilidad al proceso productivo del maíz en su etapa de cosecha, post cosecha y en el mejoramiento de semilla de este producto.

Si se reorientaran estos recursos y tomando en cuenta lo que se destinó a apoyar el ingreso objetivo por concepto de maíz en el Ejercicio Fiscal del año 2006, contaríamos con un mínimo aproximado de 2 mil 912 millones, 572 mil, 614.19 pesos para apoyar el proceso productivo del grano del maíz sin afectar a otros productos que se contemplan en dicho subprograma.

Considerando las estimaciones de que el precio del maíz en el país, no estará por debajo del precio de referencia internacional, es necesario darle una utilidad a los recursos destinados para a este fin, que ayude a hacer más eficiente el proceso productivo del maíz y no se vaya a considerar como un ahorro o se utilice en forma discrecional.

Compañeros uno de los desafíos del sector rural de México es sin duda superar sus rezagos estructurales y crear condiciones de productividad y eficiencia.

El problema que actualmente enfrenta México en relación al maíz es uno de los resultados de la debilidad del sector, por lo que es apremiante fortalecer entre otras cosas, los sistemas de producción.

Nuestro gran reto, en este momento, además de pugnar por que se estabilice el precio y se garantice el abasto de maíz, es sin duda construir un campo con una nueva visión de modernidad; productivo y competitivo que redunde en mejores condiciones de vida para la sociedad rural y el resto de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que en caso de que el precio por kilo del maíz en México sea igual o esté por encima de las proyecciones del precio de referencia internacional, se analice la posibilidad y viabilidad para que los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, en lo que corresponde al maíz, se reoriente y destinen al proceso productivo de este alimento en sus etapas de cosecha, post cosecha y mejoramiento de la semilla del maíz.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Galván.Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió propuesta del grupo parlamentario del PRI a fin de solicitar al titular del Ejecutivo envíe el acuerdo senatorial de fecha 29 de noviembre de 2006sobre los nombramientos de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que envíe a la del Congreso de la Unión los nombramientos realizados para ocupar cuatro cargos superiores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de iniciar el proceso de ratificación, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 76, fracción II, 78, fracción VII, y 89, fracciones II y IV, señala que es facultad exclusiva del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente la ratificación de los nombramientos que haga el Presidente de la República, entre otros, de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta disposición constitucional obedece a la necesidad de que los altos cargos públicos sean ocupados por personal con aptitudes, experiencia y honradez para manejar recursos y políticas públicos, conforme a las atribuciones y responsabilidades que la ley les establece. Precisamente a la luz de revelaciones sobre la ética, el desempeño en el servicio público y el conflicto de intereses que afectan a uno de los más altos servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el ex titular del ramo, durante y después de su encargo, es que esta función de control constitucional adquiere mayor relevancia.

Es preciso señalar que si bien es cierto que del contenido expreso del texto constitucional no se desprende quiénes son los funcionarios comprendidos como ``empleados superiores de Hacienda'', y de conformidad con la práctica parlamentaria, con fecha 7 de diciembre de 1987, el Senado de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo por el que se determinaron en concreto los empleados superiores de Hacienda sujetos a proceso de ratificación de su nombramiento.

Dicho acuerdo tuvo vigencia hasta el día 7 de diciembre del año 2000, cuando dicho acuerdo fue actualizado en virtud de que los cargos en él enunciados habían cambiado de naturaleza o denominación, debido a las múltiples reformas del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la creación de nuevos órganos administrativos, como lo fue el Servicio de Administración Tributaria.

Por circunstancias similares, el Senado de la República aprobó por unanimidad, el 29 de noviembre de 2006, la actualización del instrumento normativo para precisar la personalidad jurídica de los empleados superiores de Hacienda sujetos al proceso de ratificación de manera ineludible.

Tal es el caso del funcionario que el punto de acuerdo anterior denominaba ``presidente del Servicio de Administración Tributaria'', mismo al que actualmente se denomina ``jefe del Servicio de Administración Tributaria''. En el mismo sentido, el anterior cargo de ``director general de Crédito Público'' pasó a denominarse ``jefe de unidad de la Unidad de Crédito Público''.

De conformidad con estos criterios, el acuerdo senatorial del 29 de noviembre del año próximo pasado, aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Senado, determinó que por las actividades que desempeñan, así como por el alto grado de responsabilidad del puesto y por lo delicado de sus encargos, se consideren empleados superiores de Hacienda a efecto de que sean sujetos a ratificación senatorial, a los nombramientos que haga el Presidente de la República respecto de los siguientes trece cargos:

El propio ordenamiento senatorial establece, de manera inexcusable para todos y cada uno de los trece empleados superiores de Hacienda a que se refiere, que deberán ser entrevistados por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y, en su caso, como ya se ha establecido, supletoriamente por la del Congreso de la Unión, y que, una vez ratificados mediante el dictamen respectivo y votación favorable en el Pleno, deberán rendir la protesta a que alude el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que ninguno de los empleados superiores de Hacienda a que hace referencia el acuerdo senatorial podrá tomar posesión de su cargo sin que, de manera previa, el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente haya ratificado el nombramiento correspondiente.

De lo anterior se desprende la falta grave en que se encuentran cuatro empleados superiores de Hacienda que están desempeñando cargos públicos no ratificados por el Senado de la República o la del Congreso de la Unión, habida cuenta de que, sin excepción, el Presidente de la República envió para ratificación los casos de nueve empleados superiores de Hacienda, subsistiendo aún por enviar los casos de cuatro de ellos, que se refieren al procurador fiscal de la Federación, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, el administrador general de Recaudación y el jefe de unidad de la Unidad de Crédito Público.

Esta falta es más grave aún si se considera que existen servidores públicos desempeñando los cargos aludidos sin haber sido ratificados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente, lo que los haría susceptibles de serles imputadas las sanciones previstas en la ley para quienes se ostentan en cargos públicos sin estar facultados para ello.

En esta virtud, propongo a la honorable del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, con carácter urgente e inexcusable y con fundamento en los artículos 76, fracción II, 78, fracción VII, y 89, fracciones II y IV, así como en el acuerdo senatorial de fecha 29 de noviembre de 2006 que establece la identidad jurídica de los empleados superiores de Hacienda sujetos a ratificación, el envío a esta soberanía de los nombramientos realizados para ocupar los cargos de procurador fiscal de la Federación, jefe del Servicio de Administración Tributaría, administrador general de Recaudación y jefe de unidad de la Unidad de Crédito Público, a efecto de proceder al proceso de ratificación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Saludfije la postura de nuestro país en materia de salud reproductiva y salud sexual.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras. Este día desde el 22 de enero hasta el próximo día 30 se realizará un periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se abordarán temas de la violencia y la salud; los problemas de salud pública provocados por el uso nocivo del alcohol, así como los progresos realizados en el uso racional de medicamentos y las estrategias para mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas en el combate del VIH/sida, entre otros.

Nuestro país actualmente pertenece a dicho Consejo desde el 2005. Lo que nos preocupa es que la Secretaría de Salud informó que su titular, el secretario de facto, el señor Córdova, asistirá al periodo de sesiones para posicionar a México como líder en temas fundamentales de salud.

En días pasados y durante los últimos meses, diversos medios de información han dado cuenta de las desafortunadas declaraciones de este funcionario y de otros más pertenecientes a esta dependencia, respecto de la política del gobierno federal sobre el tema de salud reproductiva y salud sexual. En ellas se manifestaban por realizar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo no deseados, con base en la educación, la abstinencia y la fidelidad y por encima de cualquier otro método preventivo o anticonceptivo.

De igual forma, señalaban que el principal grupo transmisor del sida se encontraba entre quienes practicaban relaciones homosexuales, rechazando las campañas que se habían emprendido para erradicar la discriminación contra este grupo de personas.

Declaraciones como éstas no son nuevas en el secretario de facto, de Salud, pues como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se opuso a las reformas propuestas a la Ley General de Salud para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, expresó su negativa rotunda de incluir la píldora del día siguiente en el cuadro básico de medicamentos, bajo el argumento de que promovía el libertinaje y la promiscuidad.

Lo anterior nos lleva a poner en duda la política del gobierno federal en materia de salud reproductiva y salud sexual. Por eso creemos que al Estado le compete hacer que se respeten los derechos individuales de las personas, considerando su carácter laico; asimismo, es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos, así como el derecho a la protección de la salud.

Las campañas para el uso de diversos métodos anticonceptivos y particularmente el uso del preservativo forman parte de las estrategias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Precisamente nosotros creemos que este señor, secretario de facto, no puede llevar una posición personal ideologizada y parcial. Tiene la obligación de respetar la ley de salud, de respetar los convenios internacionales que México ha suscrito en esta materia y que no asuma posiciones personales que no coinciden con nuestro país. La información proporcionada para este punto de acuerdo la dio la diputada Maricela Contreras Julián y también otros diputados que firman este punto de acuerdo, entre ellos Alfonso Suárez del Real.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, de esta del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo,

Primero. Que se plasme íntegro el punto de acuerdo referido, junto con sus considerandos; y

Segundo. Que se exhorte al Poder Ejecutivo federal, de facto, por conducto de la Secretaría de Salud de la misma naturaleza, para que fije la postura de nuestro país en materia de salud reproductiva y salud sexual ante la sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, con apego a los instrumentos internacionales de los que México es parte; así como a los criterios de laicidad del Estado mexicano y para garantizar con ellos el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud de la población de nuestro país. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fijar por conducto de la Secretaría de Salud la postura del país en materia de salud reproductiva y sexual ante la 120 sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

La y el que suscriben, diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Desde el pasado 22 de enero hasta el próximo día 30, se realizará el 120 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual se abordarán los temas de violencia y salud, problemas de salud pública provocados por el uso nocivo del alcohol, progresos realizados en el uso racional de medicamentos y las estrategias para mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas en el combate del VIH/sida, entre otros.

El Consejo Ejecutivo de la OMS, es el encargado de facilitar y asesorar a la Asamblea General de la Salud, máximo órgano de toma de decisiones dentro de la Organización, así como de dar cumplimiento a las políticas que se adopten. En materia internacional. Nuestro país, actualmente pertenece a dicho Consejo desde 2005.

La Secretaría de Salud informó que su titular, José Córdova Villalobos, asistirá al periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la OMS, para posicionar a México como líder en temas fundamentales de salud.

En días pasados, diversos medios de información han dado cuenta de las desafortunadas declaraciones del Secretario de Salud y diversos funcionarios de la dependencia, respecto a la política del Gobierno Federal sobre el tema de salud reproductiva y salud sexual.

En ellas, se manifestaban por realizar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados, con base en la educación, la abstinencia y la fidelidad y por encima de cualquier otro método preventivo o anticonceptivo. De igual forma, señalaban que el principal grupo transmisor del VIH/sida, se encontraba entre quienes practicaban relaciones homosexuales, rechazando las campañas que se habían emprendido para erradicar la discriminación contra este grupo de personas.

Declaraciones como esas no son nuevas en el Secretario de Salud, pues como presidente de la Comisión de Salud en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se opuso a las reformas propuestas a la Ley General de Salud para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; además expresó su negativa de incluir la píldora del día siguiente en el cuadro básico de medicinas bajo el argumento de que promovía el libertinaje y la promiscuidad.

Derivado de las reacciones en contra que provocaron estas declaraciones, la dependencia en cuestión tuvo que decir que siempre sí se realizarán campañas para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.

Lo anterior nos lleva a poner en duda la política del Gobierno Federal en materia de salud reproductiva y salud sexual. Por ello debemos instar en que el Gobierno garantice el pleno respeto de los derechos, especialmente de las mujeres, cumpliendo con el artículo 4to. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, el Programa Nacional de Desarrollo y la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, así como los compromisos internacionales que México tiene en la materia como son: la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo; el Informe del Comité Especial Plenario del Vigésimo Primer Periodo Extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo Facultativo de la CEDAW del cual México es signatario desde 2002; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y los objetivos de la Declaración del Milenio.

Al Estado le confiere hacer que se respeten los derechos individuales de las personas considerando su carácter laico. Asimismo, es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ``decidir de manera libre, responsable e informada, el número y espaciamento de sus hijos'', así como el derecho a la ``protección de la salud''.

Las campañas para el uso diversos métodos anticonceptivos y particularmente el uso del preservativo, forman parte de las estrategias recomendadas por la OMS para prevenir el contagio de VIH/sida y de enfermedades de transmisión sexual, además de evitar embarazos no deseados. En el caso del VIH/sida, en nuestro país existen cerca de 4,000 nuevos casos cada año, de los cuales, más del 95% ocurren por transmisión sexual; se han producido poco más de 107 mil casos, de los cuales 39 mil continúan vivos.

En el caso de los embarazos no deseados se presentan en una cifra superior al 60% entre adolescentes y jóvenes entre 15 y 25 años, representando el 23% de los embarazos totales en el país, según cifras de la propia Secretaría de Salud.

Por esas razones, la salud sexual y la salud reproductiva es y debe ser un asunto de salud pública, la cual debe estar en manos del Gobierno y no dejar esa responsabilidad sólo a la educación familiar; por lo que el ejercicio de gobierno debe responder al diseño y aplicación de políticas públicas y no debe obedecer a creencias personales ni ideologías propias o de grupo, de los funcionarios públicos, dado el carácter laico del Estado Mexicano.

Las resoluciones que adopte el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, constituyen la base de las políticas que discutirá y, en su caso, adoptará la Asamblea Mundial de la Salud, para que los Estados miembros las apliquen en sus países. De ahí que la postura que lleve el Secretario de Salud de México, no responda a los criterios que hasta ahora ha manifestado y atienda a la protección y respeto de los derechos de la población.

Por las consideraciones expuestas y ante la participación del Secretario de Salud del Gobierno Federal en el 120 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la OMS, para efecto de los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, para que fije la postura de nuestro país en materia de salud reproductiva y salud sexual, ante la 120 sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, con apego a las instrumentos internacionales de los que México es parte, así como a los criterios de laicidad del Estado Mexicano, para garantizar con ello el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud de la población de nuestro país.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame senador Monreal.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Yo sé que a veces es inútil, pero nosotros por la necesidad, este Consejo dura hasta el día 30 de enero; es decir, la próxima semana. La sesión de la Comisión Permanente de la próxima semana será de trámite --según me informan-- es decir, que no habrá debate, no habrá puntos de acuerdo, simplemente se leerá el informe y se clausurará.

Lo que quiere decir es que éste es un tema muy importante. Creo que a todos nos debe de interesar. No pedimos otra cosa sino que el señor secretario de parte de Salud, asuma una posición institucional y no una posición personal, atento a los convenios internacionales. Le pido de favor, le pido que por esta situación someta a la consideración del Pleno, con el trámite de obvia o urgente resolución.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto presentado por el senador Monreal es de urgente resolución.

El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se refiere el turno a la Comisión de Saludde la Cámara de Diputados. Adelante, diputado Godoy.

CAZA DE BALLENAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifieste un repudio ante la caza de ballenas.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Desde fines del siglo XIX, la mayor parte de las poblaciones de ballenas del mundo ha sido diezmada por la caza comercial. A pesar de la moratoria impuesta por la comunidad internacional en 1986, las ballenas aún están bajo amenaza ya que varios países, con sus industrias balleneras, siguen ejerciendo presión para que se reanude la caza comercial.

Una medida eficaz para ampliar la protección a las ballenas es la creación de santuarios, áreas en las cuales la caza esté prohibida por tiempo indeterminado y donde se estimule la investigación no letal de la conservación.

México tiene en sus costas varios santuarios para las ballenas que explota turísticamente. Por ello repudia la caza de ballenas y ratifica su oposición a la caza del animal que practican sobre todo, Japón y Noruega.

Está a favor incluso de que se elimine definitivamente la caza con fines científicos, ya que si hay caza comercial, no es necesaria la científica pues existen las muestras suficientes para llevar a cabo cualquier tipo de análisis.

La Secretaría de Medio Ambiente destacó que gracias a las medidas adoptadas por México para la conservación de las ballenas se ha logrado la recuperación de la población de la ballena gris, que cada año visita las aguas mexicanas en el Océano Pacífico nororiental, hasta alcanzar 25 mil ejemplares.

El Santuario Ballenero Austral establecido en 1994 por la Comisión Ballenera Internacional, que es el organismo multinacional responsable de la conservación y el manejo de las poblaciones de ballenas en todo el planeta, abarca todos los mares que rodean la Antártica, protegiendo en sus áreas de alimentación a las tres cuartas partes de las ballenas del mundo.

El Santuario brinda protección a las mermadas poblaciones de ballenas azules, sei, de aleta y jorobadas, así como a la única gran población que no ha sido gravemente reducida por la caza: la de las ballenas minke antárticas.

En la actualidad se plantea la creación de otros santuarios complementarios que pondrán bajo protección las áreas de apareamiento y cría y las rutas de migración, con lo cual las ballenas de la Antártica estarán protegidas durante todo su ciclo vital.

El gobierno de Japón continúa cazando ballenas en el Santuario Ballenero, desafiando los repetidos llamados de la Comisión Ballenera Internacional para que detenga esta actividad. Al ignorar a la Comisión Ballenera Internacional, Japón ha violado normas de la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar.

Sin embargo, los sectores que defienden la caza de la ballena están intentando debilitar el esfuerzo de protección; tratan de que se elimine el Santuario Ballenero Austral y se bloquee la creación de otros santuarios.

La industria ballenera de Japón y los organismos de gobierno de ese país que apoyan la caza han sido particularmente activos en estas gestiones. Cada año, con el pretexto de la cacería científica, Japón da muerte a cientos de ballenas.

La caza de los japoneses llamada científica es una farsa que se ha utilizado para mantener la viabilidad de la industria ballenera. La carne de las ballenas muertas es comercializada y no aporta ninguna información que la Comisión Ballenera Internacional necesite para manejar las poblaciones.

Al llegar al consumidor la carne de la ballena obtenida por los japoneses genera unas ganancias anuales de 100 millones de dólares para los cazadores, los intermediarios y los vendedores públicos; por ello, hablar de cacería científica es una ofensa y un desprestigio para la ciencia y la comunidad científica.

Oficialmente Japón no caza ballenas pero mata alrededor de 300 por año. Propósitos de investigación, una excusa tan delgada como las rodajas del sushi en la que inevitablemente se transforma la ballena investigada.

Cuando en 1987 Japón lanza el programa de cacería científica en la Antártica, la prensa de Japón informó que el programa intentaba mantener con vida a la industria ballenera hasta encontrar la forma de revertir la moratoria de la caza comercial de ballenas.

Desde entonces, cada año la Comisión Ballenera Internacional ha criticado el programa evidenciando que la información producida por éste no es necesaria para el manejo de las ballenas y ha conminado a Japón a detenerse. Cada año Japón ha seguido adelante con el programa que ha llamado Jarpa, Programa Japonés de Investigación en la Antártica.

En 1994, Japón comenzó un segundo programa de investigación en el Pacífico norte y en 1995 incrementó de 330 a 440 el número de ballenas mink cazadas en la Antártica.

En el umbral del nuevo milenio, es tiempo para relegar la caza de ballenas al basurero de la historia de las prácticas de explotación destructiva que tanto daño han causado al planeta durante los últimos mil años.

Punto de acuerdo. Para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifieste un repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zonas prohibidas.

Por lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta Asamblea el presente punto de acuerdo y solicito sea publicado íntegro en el Diario de Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que México manifieste mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores su rechazo a la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se considere, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifieste un repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida.

Considerandos

México tiene en sus costas varios santuarios para las ballenas, que explota turísticamente. Por ello repudia la caza de ballenas y ratificará en la Comisión Ballenera su oposición a la caza del animal que practican, sobre todo, Japón y Noruega.

Está a favor incluso de que se elimine definitivamente la caza con fines científicos, ``ya que si hay caza comercial, no es necesaria la científica, pues existen muestras suficientes para llevar a cabo cualquier tipo de análisis''.

La Secretaría de Medio Ambiente destacó que gracias a las medidas adoptadas por México para conservar las ballenas se ha logrado la recuperación de la población de ballena gris, que cada año visita las aguas mexicanas en el océano Pacífico nororiental, hasta alcanzar hasta 25 mil ejemplares.

Desde fines del siglo XIX, la mayor parte de las poblaciones de ballenas del mundo ha sido diezmada por la caza comercial. Pese a la moratoria impuesta por la comunidad internacional en 1986, las ballenas aún están bajo amenaza, ya que varios países, con sus industrias balleneras, siguen ejerciendo presión para que se reanude la caza comercial.

Una medida eficaz para ampliar la protección de las ballenas es la creación de santuarios, áreas en las cuales la caza esté prohibida por tiempo indeterminado y donde se estimulen la investigación no letal y la conservación.

El Santuario Ballenero Austral (SBA), establecido en 1994 por la Comisión Ballenera Internacional (CBI, el organismo multinacional responsable de la conservación y el manejo de las poblaciones de ballenas de todo el planeta), abarca todos los mares que rodean la Antártica, protegiendo en sus áreas de alimentación a las tres cuartas partes de las ballenas del mundo. El SBA brinda protección a las mermadas poblaciones de ballenas azules, sei, de aleta y jorobadas, así como a la única gran población que no ha sido gravemente reducida por la caza: la de las ballenas minke antárticas. En la actualidad se planea la creación de otros santuarios complementarios del SBA, que pondrán bajo protección las áreas de apareamiento y cría y las rutas de migración, con lo cual las ballenas de la Antártica estarán protegidas durante todo su ciclo vital.

El gobierno de Japón continúa cazando ballenas en el santuario ballenero, desafiando los repetidos llamados de la CBI para que detenga esta actividad. Al ignorar a la CBI, Japón esta violando las normas de la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar.

Sin embargo, los sectores que defienden la caza de la ballena están intentando debilitar el esfuerzo de protección; tratan de que se elimine el Santuario Ballenero Austral y se bloquee la creación de otros santuarios. La industria ballenera de Japón y los organismos del gobierno de ese país que apoyan la caza han sido particularmente activos en esas gestiones. Cada año, con el pretexto de la ``cacería científica'', Japón da muerte a cientos de ballenas en el SBA.

La caza que los japoneses llaman ``científica'' es una farsa que se utiliza para mantener la viabilidad de la industria ballenera (la carne de las ballenas muertas es comercializada) y no aporta ninguna información que la CBI necesite para manejar las poblaciones. Al llegar al consumidor, la carne de ballena obtenida por los japoneses genera unas ganancias anuales de 100 millones de dólares para los cazadores, los intermediarios y los vendedores al público. Por ello, hablar de ``cacería científica'' es una ofensa y un desprestigio para la ciencia y la comunidad científica.

La CBI aprobó la creación del SBA por 23 votos contra 1, imposibilitando para siempre la reanudación de la caza comercial legal en los mares antárticos. A pesar de ello, mediante la ``cacería científica'' los japoneses se las arreglan para poner cada año en su mercado doméstico 2 mil toneladas de carne de ballena.

Con la fachada que sea, la caza comercial de la ballena en la Antártica es un desafío a las leyes internacionales. Según la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar, los Estados deben trabajar en pro de la conservación, manejo y estudio de los cetáceos a través de los organismos internacionales correspondientes. La Comisión Ballenera Internacional es el organismo internacional apropiado para tales fines, que todos los años aprueba una resolución instando a Japón a detener su programa de caza ballenera en el SBA. Pero todos los años Japón ignora las resoluciones y continúa matando ballenas.

En el umbral del nuevo milenio, es tiempo para relegar la caza ballenera al basurero de la historia de las prácticas de explotación destructiva, que tanto daño causaron al planeta durante los últimos mil años.

Oficialmente, Japón no caza ballenas, pero mata alrededor de 300 al año para ``propósitos de investigación'', una excusa tan delgada como las rodajas de sashimi (sushi) en las que inevitablemente se transforma a la ballena ``investigada''. --The Economist, 25 de octubre de 1997.

Cuando --en 1987-- Japón lanzó el programa de ``cacería científica'' en la Antártica, la prensa de Japón informó que el programa intentaba mantener con vida a la industria ballenera hasta encontrar la forma de revertir la moratoria a la caza comercial de ballenas. Desde entonces, cada año la CBI ha criticado el programa, evidenciando que la información producida por éste no es necesaria para el manejo de las ballenas, y ha conminado a Japón a detenerse. Cada año Japón ha seguido adelante con el programa que ha llamado Jarpa (Programa Japonés de Investigación en la Antártica). La caza ballenera está gestionada por el Instituto de Investigación de Cetáceos, establecido en 1987 como una fundación sin fines de lucro con donaciones de la industria ballenera de 10 millones de dólares, un subsidio de 9 millones de dólares al año del gobierno de Japón y la venta de carne de ballenas. En 1994, Japón comenzó un segundo programa de ``investigación'' en el Pacífico norte, y en 1995 incrementó de 330 a 440 el número de ballenas minke cazadas en la Antártica.

Se supone que la llamada ``cacería científica'' en la Antártica provee datos para el manejo de las poblaciones de ballenas, estudiando aspectos como la distribución por edades. La única utilización de esos datos es el establecimiento de cuotas para la industria comercial. Y dos años después que el Jarpa comenzara, la CBI adoptó un moderno sistema de manejo, el cual no incluía ese tipo de datos. En un taller de científicos organizado por la CBI se convino revisar el programa después de 8 años de estar en marcha, y el grupo coincidió unánimemente (incluidos los científicos japoneses) en que el Jarpa ``no era necesario para el manejo''.

De cualquier manera, en 1994 la CBI designó el mar Austral (el mar que rodea la Antártica) como santuario ballenero, donde la matanza de ballenas con propósitos comerciales fue prohibida, independientemente del estado de las poblaciones, lo que significa que los datos destinados al manejo que produciría el programa japonés no serían necesarios.

Claramente, la ``cacería científica'' de Japón no produce información necesaria, ni siquiera útil. Lo único importante que produce el Jarpa es carne de ballenas, y en este campo el Jarpa es exitoso. Cada año un barco factoría arriba desde las aguas de la Antártica con cerca de 2 mil toneladas de carne de ballenas y ésta ingresa en el sistema de distribución comercial. Aunque el balance del ICR no evidencia ganancias, los mayoristas y distribuidores no reflejan preocupación. En 1997, el ICR anunció oficialmente que la captura del año en la Antártica, mil 995 toneladas, sería vendida en 3.500 millones de yenes (33 millones de dólares) y que los precios de reventa serían tres veces mayores, lo que implicó un ingreso adicional de más de 60 millones de dólares generado en la red de distribución.

El ICR en sí mismo es un buen negocio: en su balance de 1996/97 mostró un ingreso de 6 mil 800 millones de yenes (unos 64 millones de dólares), y gastos en relaciones públicas tanto como en la caza de ballenas.

Por lo expuesto, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia somete a la aprobación de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifieste un repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida.

Nota: 1 Fuente: Greenpeace.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Godoy. Diputado, ¿lo pidió de urgente resolución? Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra el diputado Xavier López, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Para sumarnos a la propuesta que hace el diputado Godoy, y habrá que decir que este Congreso, el mexicano, ha sido muy sensible en todo lo que se refiere a la vida silvestre, especialmente la marina. Ya anteriormente se han hecho reformas que protegen no solo a estos mamíferos sino también a los primates y se impide la importación de mamíferos marinos y de primates a México.

Cabe decir además que ninguna, ninguna de las características u opciones que da el gobierno de Japón es supuestamente sobre la investigación y que de los nutrientes que supuestamente se obtienen de las ballenas es sustituible perfectamente por cualquier otro producto que existe ya y que es comercial.

De cualquier forma, qué bueno que se presente este punto de acuerdo y nos manifestamos completamente a favor. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Xavier López. La senadora Claudia Corichi, del grupo parlamentario del PRD.

La senadora Claudia Sofía Corichi García: Señor Presidente. Simplemente quise hacer también uso de la palabra para manifestar nuestro respaldo a este punto de acuerdo que presentó el diputado de Convergencia, pero sobre todo para llamar la atención sobre que es más fácil en esta Comisión Permanente que se apruebe un punto de acuerdo sobre la vida de las ballenas que sobre la vida y la salud reproductiva de las mujeres.

Es una verdadera vergüenza que el Partido Acción Nacional no haya aprobado, no haya considerado de obvia o urgente resolución el exhorto al Presidente de la República para la publicación de la Ley para una Vida Libre de Violencia.

Ya habían manifestado su rechazo en la Cámara de Senadores y habían manifestado sus dudas; sin embargo, el costo en la opinión pública era muy grande. Pero es una vergüenza que este punto no haya sido considerado de obvia o urgente resolución para que pueda entrar en vigor una ley tan importante para las mujeres, para evitar la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

Pero también sin duda es vergonzoso que esta Comisión Permanente --y lo digo con mucho respeto--, la bancada del PAN no considere importante que haya una declaración oficial, una petición oficial al secretario de Salud --que ha puesto por encima de sus opiniones como funcionario, como representante de una institución, de una visión que tiene que ser laica, como es este país, que tiene que ser laica y que además tiene que representar los intereses de las mayorías -- con visiones pequeñas y obscurantistas.

Por eso qué gusto que aprobemos un punto de acuerdo sobre la vida de las ballenas y felicito y además digo como Partido de la Revolución Democrática, que estamos de acuerdo en el respeto de la vida silvestre, pero también qué pena que esta Comisión Permanente considere eso de urgente u obvia resolución; y no la vida, la salud reproductiva de las mujeres y una vida libre de violencia. Qué vergüenza para esta Comisión Permanente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Corichi. Tiene la palabra el senador José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN.

El senador José González Morfín: Con su permiso, compañero Presidente. Yo lamento que se haya desviado el tema que nos ocupa y que seguramente será puesto a votación más adelante. Pero me parece obligado hacer un comentario respecto a otro de los puntos en los que no estuvimos a favor de la urgente resolución.

Tenemos una Constitución a la que nos debemos y debemos de respetar. Esa Constitución en el proceso legislativo le fija tiempos al Presidente de la República para publicar las leyes o para, en su caso, observarlas, mandar las observaciones al Legislativo.

El plazo que tiene el Presidente de la República para publicar u observar la Ley de no Violencia contra las Mujeres, que el PAN votó a favor --a mi me tocó votarlo en los dos lados; aquí en la Cámara de Diputados lo voté a favor y la voté a favor en la Cámara de Senadores-- vence el 1 de febrero.

Yo creo que lo menos que podemos hacer es respetar nuestra Constitución, respetar los tiempos y respetar las facultades que cada quien tiene en un proceso legislativo. Yo quiero reclamar a nombre del Partido Acción Nacional que se haya venido a traer otro tema que no está a discusión y que nosotros siempre votaríamos en contra porque el Ejecutivo tiene todo su derecho en los plazos que le marca la Constitución para, en su caso, formular observaciones o publicar las leyes; y el plazo, compañeras y compañeros legisladores, no se ha vencido. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador González Morfín. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente. Señoras y señores legisladores. Es un tema de la mayor importancia el que se está discutiendo y en efecto, sí causa pena, es una vergüenza que tengan más valor las ballenas, que las mujeres. Ese es el tema de fondo, ése es el tema de fondo, es la salud reproductiva de las mujeres. Miren, les voy a decir qué grave es esto.

¿Saben cuántos casos hay del VIH positivo del sida en nuestro país? Cerca de 4 mil casos cada año, más de 95 por ciento ocurren por transmisión sexual y se han producido un poco más de 107 mil casos, de los cuales 39 mil continúan vivos y a ustedes no les parece importante, no lo consideran urgente.

En el caso de los embarazos no deseados, se presenta una cifra superior a 60 por ciento, entre adolescentes y jóvenes de 15 y 25 años, representando 23 por ciento de los embarazos totales en el país, según cifras de la propia Secretaría de Salud. ¿No les interesa esto?

Al PAN no le interesa el asunto de la salud reproductiva, de la prevención de enfermedades, de la violencia contra la mujer. No les interesa y miren una cosa: tan no les interesa tratar adecuadamente estos temas, que apenas hace algunos años, ONUSIDA recomienda, para atacar la pandemia del VIH/sida, destinar el mismo presupuesto público para atención, que para prevención.

El año pasado, antepasado, México destinó alrededor de 300 millones de pesos para atención y sólo 13 millones para prevención. Ese mismo año se denunció que Provida, una filial de ustedes, había recibido ilegalmente 34 millones de pesos, una parte se destinó para comprar tangas y otra parte para promoverse personalmente. Es un debate serio, que hay que darlo con seriedad.

Cómo negarse, señoras y señores senadores, cómo negarse a pedirle al secretario, de facto, de Salud, que no asuma una posición personal, porque sabemos que es profundamente conservador. Cómo negarse a que simplemente observe los lineamientos internacionales, que observe la ley y que observe los convenios internacionales que México ha suscrito. ¿Es mucho pedirles para que consideren obvia y urgente resolución? Yo les preguntó, ¿por qué ocultar esto?

En cambio a los dos minutos, el PAN aprueba--además estoy de acuerdo y nosotros votamos a favor, con Convergencia--la protección de las ballenas. Para el PAN es más importante proteger a las ballenas, que a las mujeres; ese es el tema de fondo y no lo pueden ocultar. Su historia oscurantista--bien dicha aquí por la senadora Claudia Corichi-- es apropiada.

Hay un profundo conservadurismo en este mal representante del gobierno de facto, del gobierno ilegítimo del señor Córdova, que tiene antecedentes de un hombre pusilánime, vergonzosamente conservador, que no tiene de ninguna manera la opinión de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, porque la Constitución es muy clara.

No puede mantenerse idiologizada una posición institucional y era lo único que estábamos planteando, era lo único que estábamos pretendiendo señalar, para que antes de que concluyera el Congreso, este consejo de la Organización Mundial de la Salud, pudiera fijar México una posición institucional, es --como dijo la senadora Claudia Corichi-- una pena.

Nos fintean, nos fintean con iniciativas de izquierda, plagiadas a Andrés Manuel López Obrador, pero nos golpean con políticas de derecha como son los aumentos a los precios. Allá ustedes. Cada uno que asuma su responsabilidad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. En el punto de acuerdo sobre las ballenas presentado era tema... pido a la Secretaria consulte a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.Se aprueba el punto de acuerdo manifestando el repudio ante la caza de las ballenas. Comuníquese.

EMPRESA FACOPSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió propuesta con punto de acuerdo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Públicainvestigue la legalidad de los contratos asignados a la empresa Facopsa.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que investigue la legalidad de los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la SCT, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento de los integrantes de este órgano representativo, los legisladores tenemos una especial preocupación por abordar con seriedad y la más profunda responsabilidad, las denuncias que revelan hechos de corrupción y para lograr reformas al marco legal, que perfeccionen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas de la administración pública.

Más allá de los puntos de vista naturales en la integración plural de las Cámaras, todos los partidos hemos asumido un compromiso público para construir un sistema de gobierno que recupere la credibilidad de la ciudadanía. Partimos de un diagnóstico verdaderamente alarmante, que califica mal a las instituciones públicas dentro y fuera del país. En el plano internacional, en los últimos cinco años nos ubicamos en el lugar 55 de percepción de la corrupción, muy atrás de naciones latinoamericanas con menor nivel de desarrollo.

La confianza del ciudadano en torno al gobierno es de las más bajas y esto se debe tanto a la realización generalizada de actos indebidos, como a la debilidad de la persecución y castigo a los actos de corrupción. Por ejemplo, el auto pregonado gobierno del cambio sólo logró culminar unos cuantos procesos administrativos de sanción, la mayoría de ellos contra funcionarios menores. En seis años de gobierno, se emprendieron 30 mil procesos administrativos y solo se consignaron a los jueces en materia penal 29 casos, lo que es inadmisible para el inocultable nivel de la corrupción pública.

Entre los casos que más llamaron la atención de la opinión pública a fines de sexenio pasado, destaca una secuela de vinculaciones ligadas al tráfico de influencias, la asignación irregular de contratos, la tolerancia a la evasión fiscal, entre otras, de un personaje llamado Cosme Mares Hernández, a quien se ligó con el caso del despojo del Tamarindillo, en Michoacán, con las cabañas de Los Pinos y con el arreglo con presumibles fondos públicos de los ranchos del señor Fox.

Recientemente, esta persona ha sido señalada por irregularidades en contratos carreteros que le fueron otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ello, la Procuraduría General de la República ha tomado cartas e iniciado una investigación. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Función Pública tiene 9 expedientes por diversas anomalías de dicha empresa. El daño patrimonial causado propicia que Facopsa, tenga que devolver al erario más de 250 millones de pesos, aunque no exista un plazo para ello. Existen también otros hechos graves, como el ocultamiento de información fiscal.

Este asunto podría ser uno más de la extensa lista de actos irregulares que los medios de comunicación dan a conocer con relativa frecuencia, pero no es así. Es probable que en el esté presente un hecho inmoral e inaceptable, como es el caso del favoritismo y el influyentismo desde las altas esferas del poder, lo que equivale a la impunidad y a un grado de vulnerabilidad del estado de derecho de altas proporciones, por parte de los que debieran ser los primeros obligados a respetar la ley y a fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas.

No lo podemos tolerar. Amplias zonas del país están incomunicadas o tienen redes carreteras en pésimo estado. El programa carretero es uno de los asuntos de mayor interés cuando discutimos el presupuesto de egresos, por su impacto en el desarrollo regional, la generación de empleo y de oportunidades de mejoría para las familias. A pesar de ello, se presentan manejos como el denunciado que rompen con estos altos principios y con la honorabilidad de la función pública.

Dada la gravedad de la situación, someto a su alta consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación exhaustiva a los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que pueda establecer posibles irregularidades, finque las sanciones administrativas y penales procedentes, precise el daño al erario y defina plazos y montos para su reintegro a la Tesorería de la Federación, en el plazo más breve. Asimismo, se requiere que la información de sus resultados los haga llegar a esta institución representativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes,

Con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente me permito remitir a ustedes copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en que, en uso de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al ciudadano Emilio Rafael Goicoechea Luna embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá.

Lo hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 1o. de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Procuraduría General de la República.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:06 horas): Se levanta la sesión --les pido su atención por favor-- y se cita para la próxima, que tendrá lugar el jueves 1 de febrero, a las 10: 00 horas, en este salón, Legisladores de la República.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 43 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 28 legisladores
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Diputado que solicita licencia: 1
• Senador que solicita licencia: 1
• Reconocimiento que otorga la Comisión Permanentedel honorable Congreso de la Unión a los cineastas y artistas mexicanos por las diversas nominaciones y reconocimientos recientemente recibidos por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y por la Asociación de la Prensa Extranjera de Estados Unidos
• Puntos de acuerdo, aprobados: 1
• Proposiciones con punto de acuerdo: 9
Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 29PAN-5, PRD-8, PRI-8, PVEM-3, PT-1, Convergencia-2, Nueva Alianza-1, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-1
• Se recibió:
• Informe de actividades de la CNDH correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006;
• 5 oficios de los Congresos de los estados de Coahuila, Morelos y San Luis Potosí;
• 1 oficio del gobierno del estado de Sonora;
• 1 oficio de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal;
• 1 oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con contestación de la Auditoría Superior de la Federación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio del procurador de Justicia del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Dirección General de Luz y Fuerza del Centro México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de 2 ciudadanos por los que solicitan permiso para aceptar y usar la condecoración que les confiere el gobierno de la República Francesa;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remite el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2007;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe del titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, respecto a su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de la República de Nicaragua;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que el comunica el Presidente de la República que ha dispuesto el nombramiento de un comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública;
• 6 oficios de la de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 4 oficios de la de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de los meses de enero y febrero de 2007;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República concede al ciudadano Emilio Rafael Goicoechea Luna, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Jalisco;
• 1 iniciativa del Ejecutivo federal;
• 2 iniciativas del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 4 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa del Nueva Alianza;
• 1 iniciativa del PT
• Dictámenes de primera lectura:
• 1de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que conceden permisos a 6 ciudadanos para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y Tijuana Baja California, respectivamente;
• 1 de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Perú;
• 1de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que conceden permisos a 6 ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, respectivamente;
• Dictámenes aprobados:
• 1de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que conceden permisos a 6 ciudadanos para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y Tijuana Baja California, respectivamente;
• 1 de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Perú;
• 1de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que conceden permisos a 6 ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, respectivamente;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que tome las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas; y realice una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernacióny de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitan declaratoria de desastre y declaratoria de contingencia en diversos municipios del estado de Tabasco;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar se declare zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se crea un grupo plural de trabajo de legisladores, que en coordinación con un grupo de expertos visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en las que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se les otorga el permiso constitucional necesario a 2 ciudadanos para que puedan aceptar y usar la condecoración que les confiere el gobierno de la República Francesa.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Amador Leal, Alberto(PRI) Artículos 76, 78, 89 y 129 constitucionales: 153
• Amador Leal, Alberto(PRI) Personas con discapacidad: 162
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Artículo 74 constitucional: 118
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Artículos 111 y 112 constitucionales: 132
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Empresa Facopsa: 187
• Corichi García, Claudia Sofía (PRD) Caza de ballenas: 185
• Galván Rivas, Andrés (PAN) Maíz: 175
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Caza de ballenas: 181
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 173
• González Morfín, José (PAN) Caza de ballenas: 186
• González Ruiz, Felipe(PAN) Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 127
• Grupo Parlamerntario del Partido Revolucionario InstitucionalSecretaría de Hacienda y Crédito Público: 177
• Hernández Ramos, Minerva (PRD) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 138
• Hernández Ramos, Minerva (PRD) Ley General de Bienes Nacionales - Código Federal De Procedimientos Penales: 108
• Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Ley General de Vida Silvestre: 170
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Caza de ballenas: 185
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Código Penal Federal: 112
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Ley General de Salud: 120
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Estado de Aguascalientes: 97
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ley de la Propiedad Industrial - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley General de Salud: 145
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ley Federal de Radio y Televisión: 103
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Balnearios públicos: 168
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Caza de ballenas: 186
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Estado de Aguascalientes: 97
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Estado de Oaxaca: 98
• Monreal Ávila, Ricardo (PRD) Secretaría de Salud: 178
• Muñoz Serrano, Antonio (PAN) Ley General de Salud: 99
• Ortega Martínez, María del Pilar(PAN) Maíz: 158
• Soberanes Fernández, José Luis (CNDH) Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 23