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Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:32 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de diciembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Nayarit, y de Nuevo León.

De la Junta de Coordinación Política.

Informe del grupo de trabajo encargado de organizar, coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México.

Del Poder Judicial de la Federación

Informe semestral de actividades del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, correspondiente al periodo del 21 de mayo al 20 de noviembre de 2006. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Salud

Con el que remite el informe de resultados del Fondo de Prevención Presupuestal.

Iniciativa del Congreso de Baja California Sur

Que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite oficio del Congreso de Guerrero por el que se solicitan mayores recursos públicos para ese estado en el Presupuesto de 2007. (Turno a Comisión)

Con el que remite oficio del presidente y del secretario del ayuntamiento de Tecate, Baja California, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere una partida especial única para rescatar su situación financiera. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición a fin de que de manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas se implanten acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esa institución, presentada por el senador Antonio Mejía Haro, en nombre propio y de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se dé prioridad a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, en nombre propio y de los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se constituya el fondo de compensaciones del sector agropecuario para enfrentar los daños causados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incremente el subsidio federal ordinario correspondiente al gasto de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se apruebe una partida especial que apoye el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Emilio Gamboa Patrón y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Olivares Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Rodrigo Medina de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Xavier Cortés Rocha para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez para prestar servicios en las embajadas de Belice y de Irlanda en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ferdusi Bastar Mérito, Alma Patricia Soria Ayuso y Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos para atender la problemática generada por el virus del papiloma humano en el estado de Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que incluya a la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP, informe a esta soberanía del aumento del precio a la gasolina y al diesel, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto hidroeléctrico La Yesca, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la convención y sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado y su protocolo facultativo, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la importación de árboles de Navidad naturales, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca en Santa Catarina, Nuevo León, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que publique a la brevedad la NOM relativa a la conservación y protección de tortugas marinas, a cargo de la diputada Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de las dependencias competentes expliquen a esta soberanía las acciones gubernamentales realizadas en torno a la protección de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere mayores recursos para la Sedena, a cargo del diputado Jorge González Betancourt, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 asigne recursos para la construcción de comedores en las escuelas de tiempo completo, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al presidente de la Cofetel otorguen permiso para el uso de banda radiofónica para el Canal del Congreso, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que, en el ámbito de sus competencias, proceda a la creación de un juzgado de distrito en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN dicte resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INBA y al Conaculta lleven a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, suscrito por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos para el cumplimiento de los proyectos establecidos en el Programa de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, suscrito por los diputados Margarita Arenas Guzmán y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Senadores excite a las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía investiguen el cumplimiento de la concesión otorgada a Grupo Aeroportuario del Pacífico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la SE establezcan requisitos y especificaciones para la sustentabilidad y calidad de las playas, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP explique a esta soberanía el incremento de la gasolina Premium y del diesel, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud implemente mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados, a cargo del diputado Francisco Domínguez Servién del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación al programa de difusión y publicidad que realiza el IFE en los medios masivos de comunicación, relativo a la promoción de la cultura política y la invitación para tramitar la credencial de elector, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y la problemática de la salud pública en México, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal para que implementen acciones en materia de seguridad pública, sin afectar el flujo de turistas internacionales ni la inversión extranjera, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que realice los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Tezuitlán y Amozoc-Entronque Perote, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad; y a la Segob, suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa para que sigan otorgando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes para el Programa Especial de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP incluya en el Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias al periodismo como una actividad susceptible de evaluación y certificación profesional, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Salud emprenda las acciones para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal instruya la aceptación de la recomendación 38/2006 de la CNDH relativa a la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, estado de México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados y el gobierno federal otorguen recursos para implementar un programa que reactive la economía en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el subsidio al diesel y gasolinas para actividades agropecuarias y del sector pesquero, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas atraiga las investigaciones relacionadas con las muertes de los periodistas Bradley Ronald Will, José Manuel Nava Sánchez y Roberto Marcos García, a cargo del diputado Humberto López-Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el recorte presupuestal que realizó la SHCP a diversos ramos administrativos generales y entidades durante el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas para que implementen políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas intervenga para solucionar el conflicto agrario y enfrentamiento entre indígenas de la selva Lacandona, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas a instalar la mesa institucional para la atención integral de la selva Lacandona y Montes Azules, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asigne una partida para el impulso de la producción del cine regional, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT ajuste el costo en las tarifas de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para el sector rural a través de un fondo de apoyo para la adquisición de fertilizantes, a cargo del diputado Isael Villa Villa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y a la próxima administración federal a impulsar el consumo de la sardina en México, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP se entreguen los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 a la Conapesca, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SCT y a la Cofetel disminuyan el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León, en el municipio de Arriaga, Chiapas, a cargo del diputado Fernel A. Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que aumente los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para la obra del Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad y para el fortalecimiento operativo de la red de hospitales en el estado de Nuevo León, suscrita por los diputados Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González y Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática y solución de la cartera vencida de los abastecedores de caña del ingenio Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, a cargo del diputado José Amado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios crear una agenda legislativa conjunta encaminada a una concreta reforma del Estado, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF fiscalice los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 sean asignados mayores recursos a la Conagua, a efecto de atender las demandas de las entidades federativas en materia hidráulica, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incrementen a través del Instituto Mexicano de la Juventud los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados promueva la asignación de recursos adicionales a la Universidad Juárez del estado de Durango, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al Consejo General del Instituto Federal Electoral que en el marco de sus atribuciones reduzca los costos de campaña para los cargos de representación popular y dichos recursos se destinen al rubro de ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sener y a la Semarnat elaboren y expidan una norma oficial mexicana que regule la composición de la mezcla del gas licuado de petróleo que adquiere en el extranjero la empresa Pemex, a cargo del diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la STPS intervengan ante el Instituto Nacional de Migración para poner fin a la política de violación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores de dicho instituto, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua modifique la regla IV.4.4 relativa a los componentes generales de apoyo para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PFP y a la Policía Ministerial de Oaxaca para que informen a la brevedad del estado físico y de las investigaciones que se siguen en contra de las personas detenidas por el conflicto en la entidad, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de México implementen diversas acciones para la erradicación de homicidios dolosos contra mujeres, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2002, 2003 y 2004, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de atención de la frontera sur, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que en el marco de la transición al nuevo gobierno fortalezca la política de Estado a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT el texto íntegro de la concesión que otorgó a la CFE para operar una red pública de telecomunicaciones, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la disminución del precio de medicamentos para atender las enfermedades crónico-degenerativas, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incremente la partida destinada a promover la conservación de los bosques y selvas de México, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice un informe especial de las omisiones o actos administrativos sin cumplimentar por parte de las instituciones del subsector de cultura, suscrito por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Emilio Ulloa Pérez, Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez y Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a cumplir inmediatamente la sentencia dictada por la SCJN en el amparo en revisión 1426/2006, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en su programa de trabajo de 2007 considere los recursos necesarios que permitan fortalecer y desarrollar la operación del vivero de Coyoacán, suscrito por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Javier González Garza y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a los poderes ejecutivos locales asignen recursos crecientes a sus universidades estatales, a cargo del diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en el riego agrícola en el estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Nuevo León para que, en coordinación con la PGR y la SSP, implementen acciones a fin de prevenir y combatir la violencia que aqueja a dicha entidad, a cargo de la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos federales adicionales al municipio de Coyotepec, estado de México, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y al Congreso del estado de Oaxaca para que celebren un convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos en dicho estado, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la entidad de fiscalización superior audite los recursos destinados al Fondo de Apoyo al Rescate Carretero, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un incremento a la Sedesol para el Programa de Adquisiciones de Leche de Liconsa, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del Bachillerato Comunitario de Santa María Quiegolani, en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Vivienda convoque conjuntamente con el Congreso de la Unión a la realización de foros estatales para analizar y discutir los contenidos del Reglamento de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un incremento en los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social, suscrito por los diputados Claudia Lilia Cruz Santiago y Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos generales para los braceros del estado de México, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en contra de la C. Josefina Vázquez Mota, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la creación de un corredor ecoturístico y un museo en el pueblo de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial antimonopolios, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y al Instituto Nacional de Migración garanticen el trato debido a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias del país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a los congresos de los estados y a la ALDF constituyan un comité técnico de transparencia y valoración salarial de sus funcionarios locales, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se destinen los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada y distribuida por Liconsa, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos en los ramos 9, 12 y 20 para el municipio de Puebla de Zaragoza, Puebla, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que su tránsito sea seguro, a cargo del diputado Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la SHCP y la SEP remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas para terminar el ejercicio fiscal de 2006 y éstos se consoliden en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para concluir la construcción de caminos y carreteras en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la ASF realice una auditoría de los recursos utilizados en la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se garantice la continuidad del Programa Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal asigne recursos suficientes para el debido cumplimiento de las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes, a cargo del diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para continuar con la ampliación de la Línea 2 del Metro en Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción de diversas carreteras y puentes en San Gabriel, Jalisco, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Villa Chilapa de Díaz-Yolomécatl, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría sobre la transferencia de recursos públicos al equipo de transición, particularmente al Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la remoción del diputado Jorge Zermeño Infante como Presidente de la Mesa Directiva, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se autorice un monto presupuestal, por única vez, a los poderes judiciales de las entidades federativas que permita el apoyo para los gastos que genera la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el fortalecimiento de la red consular mexicana, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la asignación de recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en diversos municipios de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la creación del programa de atención integral a municipios marginados de las zonas de sierra y montaña de México, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de asuntos mineros, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan recursos adicionales para ampliar el alcance de los fondos mixtos que operan los estados con la federación en materia de desarrollo cultural, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para construir y rehabilitar caminos rurales y alimentadores del estado de Sinaloa, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para establecer una tarifa eléctrica preferencial en los 50 municipios con mayor marginalidad, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes agilice la liberación y donación de bienes y enseres que se destinan al apoyo de sectores de la población en situación de marginación y pobreza, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre los migrantes mexicanos que regresan a territorio nacional, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para apoyar a los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores agrícolas, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a cargo del diputado Rodrigo Medina de la Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Economía, a solicitud de los diputados Othón Cuevas Córdova y Daniel Torres García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto al Informe sobre Desarrollo Humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Análisis de la situación política en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al 213 aniversario luctuoso de Olympe de Gouges, verificado el 3 de noviembre de 1793, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario del Convergencia.

Relativa al Día Internacional de la Tolerancia, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltasar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de Lucha contra el Sida, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del municipio de Tecolutla, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, celebrada el martes cinco de diciembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos dieciocho diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y siete minutos del martes cinco de diciembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Oficios con los que remiten acuerdo los Congresos de los estados de:

Michoacán, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, aprueben una asignación específica destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Mexicanos.

Puebla, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se prevenga la suficiencia de erogaciones en materia de educación pública.

Tamaulipas, por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos para dos mil siete, se aumente la partida relativa al sistema educativo.

Zacatecas, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se destinen más recursos al Programa Tres por Uno para migrantes en beneficio de Zacatecas.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política remite puntos de acuerdo por el que:

Se ratifica la realización del ``Quinto Parlamento de las Niñas y los Niños de México dos mil siete''. En votación económica, la Asamblea lo aprueba, comuníquese.

Se exhorta a los diputados federales a realizar una donación voluntaria a la causa del Teleton.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea lo aprueba, comuníquese.

Se recibe de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, respuesta a punto de acuerdo aprobado. Se remite a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Se recibe de la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, respuesta a punto de acuerdo aprobado. Se remite a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibe de la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, solicitud de permiso constitucional necesario, para que pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite información:

Relativa a la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al mes de octubre de dos mil seis. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Correspondiente al bimestre septiembre-octubre del dos mil seis, relativa a la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, con desglose mensual. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría de Gobernación remite:

Respuesta a punto de acuerdo aprobado. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el estado que guarda el proceso de extinción de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para dar cumplimiento al artículo segundo fracción cuarta, del decreto por el que se extingue dicho Organismo Descentralizado. Se remite a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

a) Iniciativa con proyecto de decreto para efectuar la interpretación auténtica del primer párrafo del artículo doscientos veintiséis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Sotelo García, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

b) Oficio con el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para dos mil siete, se apruebe una partida que permita la elaboración e implementación de proyectos en el marco del mecanismo de desarrollo limpio. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

c) Proposiciones con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para dos mil siete:

Se asignen recursos suficientes a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, presentada por el senador Andrés Galván Rivas, del Partido Acción Nacional.

Se disponga en las reglas aplicables al ramo treinta y tres, la participación de los municipios en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal, presentada por el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional.

Se asignen recursos para la ampliación y pavimentación del camino Pueblo Juárez-Agua Zarca-El Algodonal-La Sidra, en el municipio de Coquimatlán, estado de Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional.

Se asignen recursos para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de la Presa ``Cerro Pelón'', en el municipio de Tierra Blanca, estado de Guanajuato, presentada por el senador Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional.

Se provean recursos para crear una Fiscalía Especial en la Atención de Delitos que atenten contra el Patrimonio Cultural de la Nación, presentada por el senador Carlos Jiménez Macias, del Partido Revolucionario Institucional.

Se asignen recursos al rubro de Ciencia y Tecnología, presentada por el senador José Luis Lobato Campos, de Convergencia.

Se asignen recursos a favor del estado de Campeche, suscrito por senadores del estado de Campeche.

Se asignen recursos adicionales a la Universidad Juárez en el estado de Durango, suscrito por senadores del estado de Durango.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto, los diputados:

Francisco Antonio Fraile García, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

A las doce horas con quince minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y ocho diputadas y diputados.

Efraín Morales Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.

Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doce de la Ley de Ingresos de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Mónica Arriola, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, de Alternativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Andrés Lozano Lozano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Comisión de Gobernación remite seis dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos:

Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez, para prestar servicios en las embajadas de Belice e Irlanda, en México.

Xavier Cortés Rocha, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Magdalena Suberville Tron, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Jorge Dipp Murad, para aceptar y usar la condecoración de la Orden deI ``Cedro Nacional'' en grado de Comandante, que le otorga el gobierno Libanés.

Ferdusi Bastar Mérito, Alma Patricia Soria Ayuso y Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.

Quedan de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura. Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se le otorga la palabra al diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría da lectura a fe de erratas de la comisión dictaminadora, la cual se acepta en votación económica. Toman la palabra para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza; Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo; María Guadalupe Josefina García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Blanco Pajón, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Juan Adolfo Orcí Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Partido Acción Nacional. Para hablar en pro del dictamen, se les otorga la palabra a los diputados: Tomás José Luis Varela Lagunas, de Convergencia; Pedro Pulido Pecero y Joaquin Jesús Díaz Mena, ambos del Partido Acción Nacional. Previo a la participación del diputado Pulido Pecero, desde su curul, el diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia hace aclaraciones. En votación económica, la asamblea considera el dictamen suficientemente discutido. Con un resultado de cuatrocientos veintinueve votos en pro, dos en contra y cero abstenciones, la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el decreto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite al Senado de la República para los efectos del inciso a) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia informa a la asamblea, la recepción del Paquete Fiscal para dos mil siete remitido por el Ejecutivo Federal, con el siguiente contenido:

Iniciativas con proyecto de:

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del dos mil siete. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ley que establece la aportación de Seguridad Social para atender las enfermedades originadas por el tabaquismo que provocan gastos catastróficos. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las Leyes de los Impuestos Sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de septiembre de dos mil cinco a noviembre de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año de dos mil siete. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Partido Revolucionario Institucional, remite proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil siete las previsiones desglosadas por ramo, unidad responsable y programa, destinadas para impulsar el bienestar y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Indígenas.

Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita adelantar el desahogo de un tema de agenda política y la asamblea en votación económica aprueba la solicitud.

Desde su curul, el diputado Cristián Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia la rectificación del quórum, y la Presidencia declara la existencia del mismo.

Se les otorga la palabra para hacer comentarios con relación a la jornada del primero de diciembre de dos mil seis a los diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo; Jesús Ramírez Strabos, del Partido Revolucionario Institucional; Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional. Para alusiones personales, se les concede la palabra a los diputados: Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática y

Presidencia de la diputada Maria Elena Álvarez Bernal

Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama y Aleida Alavez Ruiz, ambas del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional; Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática y Víctor Samuel Palma César, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules anuncian el retiro del Salón de Sesiones de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados: César Horacio Duarte Jácquez, del Partido Revolucionario Institucional, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, de Convergencia y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, quien además hace una solicitud de la que la Presidencia toma nota. Desde su curul, el diputado Cristián Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional, solicita la verificación de quórum y la Presidencia, de conformidad con los artículos ciento nueve y ciento doce del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declara la falta del mismo y suspende la sesión a las quince horas con veintiún minutos.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVIII Legislatura.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por resolución de la honorable XXVIII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit, me permito comunicarle respetuosamente que en la sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre del año en curso, se aprobó un acuerdo parlamentario mediante el cual esta soberanía emite un exhorto para que sea privilegiado el ramo de la administración en materia educativa, considerando un incremento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Para tal efecto, remito copia simple de la proposición del acuerdo y del resolutivo correspondiente para su conocimiento y efectos conducentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarles la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, noviembre de 2006.--- Diputado Efrén Velázquez Ibarra (rúbrica), Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVIII Legislatura.

Acuerdo

Emitir un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en lo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Artículo Único. La XXVIII Legislatura del honorable Congreso del estado de Nayarit emite un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias para que sea privilegiado el ramo de la administración en materia educativa, considerando un incremento sustancial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Transitorio

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano del Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVIII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nayarit.--- Presente.

En ejercicio de las facultades que nos son conferidas por los artículos 17 de Ley Orgánica del Poder Legislativo y 9° del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los que suscriben CC. Diputados Integrantes de la Comisión de Educación y Asuntos Culturales, integrantes de la Vigésima Octava Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, nos permitimos presentar para su análisis y en su caso aprobación de esta H. representación popular, la proposición de acuerdo parlamentario con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto emitir respetuosamente atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados Federal de conformidad a los siguientes:

Antecedentes

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el Gobierno de la República expresó su convicción el papel central que debe tener la educación en las políticas públicas, señalando que la educación debe ser eje fundamental y prioridad central para el periodo de gobierno antes referido. Asimismo precisa que la elevada prioridad de la educación habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo.

En ese tenor, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 parte de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, en él se estableció como meta específica alcanzar, en el año 2006 una proporción del 8% del (Producto Interno Bruto) PIB destinada a la educación, que de acuerdo a los criterios internacionales, incluye el gasto público y el privado, sin contemplar el gasto en ciencia y tecnología.

Lo anterior con el objetivo de lograr una cobertura de servicios educativos similar a la del promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en la que México es parte, y mediante la cual se proporciona a los países miembros una plataforma de discusión para desarrollar y perfeccionar sus políticas económicas y sociales.

En este sentido, respaldando y compartiendo el objetivo del Programa Nacional de Educación a efecto de lograr el incremento gradual de los recursos hasta alcanzar la meta aludida con antelación, el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Educación para establecer que el gasto público en educación debe alcanzar cada año, a partir de 2006 un monto mínimo equivalente al 8% del PIB, indicador más utilizado para describir la situación de las economías nacionales, aclarando que al menos el 1% debería corresponder al financiamiento de la investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior. En otro artículo transitorio, se indicó que el incremento para cubrir esta reforma de Ley sería gradual hasta alcanzar el nivel indicado en el año 2006.

No obstante a lo anterior, y a efecto de ilustrar la situación que ha prevalecido en la asignación presupuestal en el rubro de la educación, nos permitimos mencionar algunos datos a este respecto, contenidos en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2005 y 2006:

Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

En este ejercicio fiscal, el sector educativo se vio afectado, pese a los compromisos específicos del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en virtud de que en iniciativa de dicho Presupuesto correspondía apenas al 4 por ciento del Producto Interno Bruto; sin embargo y debido al trabajo de los diputados federales para que a través de distintos ramos, el sector recibiera recursos adicionales ascendiendo a un monto de 336,579 millones, equivalente al 4.2 por ciento del PIB estimado para 2005 por los legisladores federales. Pese a lo anterior, los recursos destinados a la educación quedaron por debajo de la proporción que éstos representaron en 2004, es decir, inferior del equivalente 4.6 por ciento del PIB.

En ese sentido vale la pena analizar las siguientes observaciones:

De las siete entidades que fuero beneficiadas con 261 millones adicionales para el apoyo de la educación inicial a través del ramo 33 (aportaciones federales para entidades federativas y municipios).

- Nuevo León concentró el 38%

- Colima, Chiapas, Durango y el Estado de México recibieron el 13%, cada uno

- Nayarit el 7%, y

- Zacatecas sólo se destino el 1.9%.

Asimismo, en el ramo de Educación Pública, se reasignaron 110.5 millones a trece entidades para la consecución de proyectos ejecutivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero sólo en tres de ellas se concentró el 52 por ciento de dichos recursos (Veracruz, Jalisco y Nuevo León). Respecto a este último rubro, cabría también destacar la crítica que se desató en relación con el destino del gasto (6 millones 820 mil pesos para la construcción de diez albercas semiolímpicas en Tabasco), puesto que se consideró que estos recursos pudieron haber sido destinados para cubrir necesidades más apremiantes del sector educativo.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

En el presente ejercicio fiscal y en proporción al PIB estimado para 2006 equivalente a $8,821,596,244.13 (Ocho billones ochocientos veintiún mil millones quinientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 M.N.) se asignó en el Presupuesto Federal la cantidad de $137,569,832.70 (ciento treinta y siete millones quinientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 70/100 M.N) al rubro de Educación Pública, monto equivalente al 6.4% en relación al PIB.

Cabe mencionar que se incluyeron proposiciones muy variadas, desde un incremento en el presupuesto para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la construcción y mejora de escuelas y bibliotecas públicas, hasta el fortalecimiento de programas de excelencia educativa en universidades de la región del Bajío. Un rasgo importante en la tabla de datos respecto a educación es que los estados beneficiados con estas proposiciones y los montos que deberían destinarse a las tareas propuestas, a diferencia de otros rubros, no están delimitados. Sin embargo estamos aún lejos de alcanzar la meta fijada para el presente año, el de asignar cada año y a partir de 2006 el 8% como mínimo del PIB al rubro de la Educación.

Consideraciones

Derivado de los antecedentes vertidos con antelación, e insistiendo en que la educación es el medio para desarrollar integralmente las capacidades humanas y es factor determinante para la transformación de la sociedad y garantía de desarrollo, debemos reconocer que la educación es y debe ser una política de Estado, de igual forma es necesario reconocer la necesidad de reestructurar a fondo el sistema educativo nacional para permitir la reorientación de los recursos a áreas prioritarias y así evitar el malgasto en ocurrencias coyunturales.

Es necesario también ponderar las prioridades en el gasto público, ya que las bajas asignaciones' al sistema educativo han impedido no solo abatir los rezagas, sino también avanzar en la calidad de los servicios y la equidad en la distribución de los mismos.

No se trata solo del cumplimiento legal de una disposición, se trata de cubrir necesidades educativas reales: cumplimiento de la obligatoriedad de la educación preescolar, infraestructura, equipamiento escolar, creación de plazas, formación, actualización, capacitación y superación profesional, alimentación y salud escolar, fortalecer y ampliar la cobertura de educación media superior y superior, recuperación real del salario magisterial y abatimiento de las diferencias existentes entre entidades, atender la problemática en materia de pensiones y jubilaciones.

Es menester que el gobierno federal, refrende los compromisos contenidos bajo los principios del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su firme voluntad de apoyar al Sistema Educativo Nacional y convocar al Poder Legislativo Federal, a los tres niveles de gobierno, a las maestras y maestros, a los padres de familia y a la sociedad en general, a unir sus esfuerzos para alcanzar los ambiciosos propósitos en materia educativa.

Bajo esta premisa los legisladores nayaritas, coincidimos en la construcción de un escenario deseable, diseñando las políticas y orientando las acciones a desarrollar a corto y mediano plazo, con bases fundamentales de un sistema educativo amplio, equitativo, flexible, dinámico y diversificado, que ofrezca educación para el desarrollo integral de la población, y sea reconocido por su buena calidad.

En esta gran tarea, los diputados de la Comisión Legislativa de Educación y Asuntos Culturales, nos avocamos al análisis del entorno nayarita en materia educativa en todos sus niveles.

Motivados por un cambio educativo, implementamos un ejercicio de acercamiento y diálogo, para recibir los. comentarios de los profesores, organizaciones y directivos de las escuelas e instituciones educativas estatales y federales, quienes expusieron las problemáticas que inciden en la obtención de una educación de calidad para el alumnado, por la falta de recursos económicos, materiales y de infraestructura que por razones presupuestales no han podido adquirirse.

Las reuniones fueron celebradas con los diputados integrantes de las comisiones de educación y asuntos culturales, quienes recibieron en la Sala de Comisiones ``Gral. Esteban Baca Calderón'' a las instituciones que se mencionan continuación:

1) CBTA (Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario)

2) CECYTEN, (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit)

3) Instituto Tecnológico de Tepic

4) UAN (Universidad Autónoma de Nayarit)

5) Colegio de Docentes del Estado de Nayarit

6) Universidad Pedagógica Nacional

7) Centros de Capacitación para el Trabajo

8) DGETI, Dirección General de Educación Técnica e Industrial

9) Escuela Normal Superior

10) Asociación de Ajedrez

11) Escuela Superior de Música del CECAN (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit)

12) Unión de Instituciones de Educación

13) CAM (Centro de Actualización del Magisterio)

Ante tal situación, y ante el compromiso que este cuerpo colegiado tiene con el sector educativo y con la sociedad de nuestro estado, buscamos hacer realidad, la expectativa de contar con una educación de buena calidad, incluyente, participativa y abierta al cambio en todas sus manifestaciones culturales; que cuente con los recursos económicos indispensables y suficientes para que el profesorado y el alumnado puedan desarrollarse a toda su capacidad.

Objeto del Acuerdo

En atención de las consideraciones expuestas, surge la necesidad de solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal como iniciador, y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en los trabajos de las comisiones legislativas y en los debates del pleno legislativo, sea privilegiado el ramo de la administración en materia educativa; y se exhorta respetuosamente a los señores legisladores se considere un incremento sustancial en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2007.

Conclusiones

Actualmente se percibe un ánimo favorable hacia la transformación de los centros escolares, en este sentido los espacios educativos deben recuperar su papel central no sólo en el aspecto formativo, sino como motivante de la acción del entorno social; la escuela debe volver a ser detonante de la creatividad social, privilegiadamente en el medio urbano donde se hacen más urgentes los motivos para una sana vinculación social.

Concluimos unánimemente, que es de suma importancia implementar programas y designar los recursos económicos necesarios-que-tengan-como finalidad fortalecer cualitativamente los espacios educativos en Nayarit, así como en todas las entidades federativas.

Tomando en cuenta la situación, consideramos oportuno abordar dos aspectos que se perciben problemáticos respecto a la asignación de recursos al sector educativo:

a) La falta de mecanismos institucionales para garantizar los recursos suficientes para su funcionamiento y para cubrir las metas que se han fijado; y

b) La discrecionalidad que persiste en la asignación presupuestaria para las instituciones y programas educativos, ocasionando incertidumbre sobre los recursos con que efectivamente se cuenta para planear su desarrollo.

Por lo expuesto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 fracción VI y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, de conformidad a los trámites del proceso legislativo para que de resultar calificada como de urgente y obvia resolución, nuestra propuesta se someta a discusión y aprobación de la honorable Asamblea Legislativa la siguiente:

Proposición de Acuerdo Parlamentario que tiene por objeto emitir respetuoso exhorto

Artículo Único.-La Vigésima Octava Legislatura, al honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias para que sea. privilegiado el ramo de la administración en materia educativa, considerando un incremento sustancial en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2007.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano del Congreso del estado.

Segundo. Comuníquese el contenido del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos conducentes.

Dado en la Sala de Comisiones ``General Esteban Baca Calderón'' del honorable Congreso del Estado de Nayarit, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil seis.--- Comisión de Educación y Asuntos Culturales: Dip. Luis Alberto Acebo Gutiérrez (rúbrica), Presidente; Dip. Héctor López Santiago (rúbrica), Vicepresidente; Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza (rúbrica), Secretario; Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo (rúbrica), Vocal; Dip. María Eugenia García Espino (rúbrica), Vocal.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXXI Legislatura.--- Secretaría.

Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

De conformidad con el acuerdo tomado por los integrantes de la LXXI Legislatura del honorable Congreso del estado Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión de hoy se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La LXXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, mediante la Comisión de Seguridad Social, analice la implantación de los mecanismos legales y económicos necesarios para ampliar a 24 horas el horario de funcionamiento de las guarderías pertenecientes o subrogadas al IMSS.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

Cuarto.Archívese y téngase por concluido el presente asunto.

En virtud de lo anterior, acompañamos copia del dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, NL, a 22 de noviembre de 2006.--- Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Secretaria; Diputado Javier Ponce Flores (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXXI Legislatura.--- Secretaría.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos le fue turnado el expediente número 4129, en fecha 3 de octubre, el cual contienen el escrito signado por los diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicitan la aprobación de un punto de acuerdo para que este honorable Congreso del estado solicite a la Cámara de Diputados que, mediante la Comisión de Seguridad Social, analice la implantación de los mecanismos legales y económicos necesarios para ampliar a 24 horas el horario de funcionamiento de las guarderías pertenecientes o subrogadas al IMSS.

Antecedentes

Los promoventes señalan que desde hace más de 30 años el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda los servicios de guardería, ofreciendo un espacio educativo-formativo para los infantes mientras sus progenitores se encuentran en sus jornadas laborales.

Manifiestan que dicho servicio ha ido ampliándose con objeto de proporcionar más guarderías y de mejor calidad, para dar cobertura a los hijos de las mujeres que se incorporan año con año a los mercados laborales.

Comentan que las guarderías constituyen una valiosa aportación a la seguridad de los niños, proporcionan una nutrición apropiada y promueven el proceso de socialización.

Por otra parte, indican que el artículo 205 de la Ley del Seguro Social dispone que ``las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.''

Manifiestan que lo anterior resulta contradictorio, ya que la norma en comento dispone en su artículo 201 que ``el servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.''

Expresan que de lo anterior se observa que dicha limitante puede plantear serias dificultades para aquellos padres y madres de familia que tienen un trabajo nocturno y que encuentran difícil dejar a sus hijos bajo el cuidado de alguna otra persona. Razón por la cual plantean el solicitar a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que analice la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social a 24 horas.

Consideraciones

Esta comisión de dictamen legislativo ha procedido al estudio del asunto que le fue turnado, de conformidad con el inciso j) de la fracción IV del artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentando al Pleno las siguientes consideraciones:

En la actualidad México se encuentra en constante crecimiento económico gracias a las políticas de apertura comercial que se han arraigado en nuestro país a partir de la década de los noventa. Esto ha permitido a los gobiernos atraer mayores volúmenes de inversión extranjera a territorio nacional, lo cual se ha traducido en la apertura de nuevas fuentes de trabajo.

En tal sentido, es de señalarse que lo anterior ha contribuido a la contratación de mano de obra para los distintos sectores, en donde la participación de la mujer se ha visto notoriamente incrementada, como lo muestran las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en donde se observa que las mujeres empleadas en el sector productivo del país se encuentra en constante aumento, ya que en el periodo 2001-2004 su participación en el mercado laboral ha aumentado en 1 millón 727 mil 910 empleos.

Por otra parte, tenemos que la jornada laboral de las mujeres en México suma en promedio 36.7 horas a la semana, y en el caso de Nuevo León, ésta se ubica en las 38.5 horas, por encima de la media nacional.

Lo anterior muestra que las mujeres participan cada vez más en el mercado laboral, y en el caso de nuestra entidad, le dedican más tiempo al desarrollo de las actividades productivas. Sin embargo, es de señalarse que el esfuerzo laboral que realizan día con día para cumplir sus obligaciones laborales en ocasiones se ve obstaculizado por cuestiones tan elementales como el cuidado de los hijos.

En este sentido, es de destacarse que en muchas ocasiones las mujeres, que desempeñan doble papel, como trabajadoras y madres de familia, se ven en la necesidad de acudir a sus centros de trabajo en turnos nocturnos, en donde por cuestiones de horario se encuentran con dificultades para encontrar el lugar o las personas con quien dejar a sus hijos.

Es importante señalar que, no obstante que las madres trabajadoras en la actualidad gozan con un beneficio como lo es el servicio de guarderías que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, este servicio se encuentra limitado a horarios matutino y vespertino, excluyendo de este beneficio a aquellas personas que laboran en el turno nocturno.

En este sentido, esta comisión de dictamen legislativo manifiesta que converge con lo planteado por los promoventes en el sentido de solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que en el ejercicio de sus atribuciones considere la posibilidad de tomar las medidas necesarias para ampliar a 24 horas el servicio de guarderías que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social por cuenta propia o subrogado.

Lo anterior en aras de brindar apoyo a quienes día a día se esmeran en desempeñar una actividad productiva para contribuir con el sostenimiento de la familia.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos sometemos a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero.La LXXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, mediante la Comisión de Seguridad Social analice la implantación de los mecanismos legales y económicos necesarios para ampliar a 24 horas el horario de funcionamiento de las guarderías pertenecientes o subrogadas al IMSS.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero.Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

Cuarto.Archívese y téngase por concluido el presente asunto.

Monterrey, Nuevo León.--- Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, diputados: Felipe Enríquez Hernández, presidente; Francisco Javier Cantú Torres, vicepresidente; Norma Yolanda Robles Rosales, secretaria; Sergio Cedillo Ojeda, Javier Ponce Flores, Martín Abraham Alanís Villalón, José Manuel Guajardo Canales, Blanca Nelly Sandoval Adame, Álvaro Flores Palomo, Zeferino Juárez Mata, Diego López Cruz, vocales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

COMISIONES DE TRABAJO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva del honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio, solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que el diputado Fernando Mayans Canabal sustituya como integrante al diputado Miguel Ángel Navarro Quintero en la Comisión de Salud.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de diciembre de 2006. --- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

FORO PARLAMENTARIO SOBRE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por medio de la presente enviamos un cordial saludo y a la vez le comunicamos que el pasado 31 de octubre de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la realización delForo Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México, y para ello conformó un Grupo de Trabajo pluripartidista encargado de organizar y coordinar los trabajos.

En cumplimiento al Dictamen con Punto de Acuerdo para la realización de dicho Foro Parlamentario, el Grupo de trabajo acordó que:

1. La realización del mismo se llevara a cabo en la Ciudad de Colima, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006, teniendo como sede la Universidad de Colima.

2. Actuaran como coorganizadores del Foro la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.

3. Se hiciera entrega del informe de resultados al Pleno de la Cámara de Diputados, a través de la Mesa Directiva. Asimismo, que dichos resultados sean remitidos a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a los demás órganos de la Cámara de Diputados que se considere competentes.

4. Se solicitaran entrevistas con el titular del Poder Ejecutivo federal, los gobernadores de los estados (Conago), la Secretaría de Educación Pública, y el Senado de la República, con el objetivo de presentar los resultados del Foro, y de involucrarlos activamente en la creación de una genuina política de Estado en educación.

Habiendo señalado lo anterior, se anexa el Informe del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México.

Le agradeceríamos tuviera la gentileza de ordenar la publicación de la presente carta y de dicho Informe en la Gaceta Parlamentaria, el día en que sea agendado en la sesión correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos con un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2006.- Diputados: Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Coordinador Nacional; Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez, Antonio Vega Corona, Gerardo Sosa Castelán (rúbrica). Vicecoordinadores Nacionales: Francisco Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Patricia Chozas y Chozas, José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica) y Eduardo de la Torre Jaramillo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Informe del Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, relativo a las actividades realizadas el 22, 23 y 24 de noviembre de 2006 en Colima, Colima

El pasado 31 de octubre de 2006 la Cámara de Diputados aprobó la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, y para ello conformó un grupo de trabajo pluripartidista encargado de organizar y coordinar las actividades, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

I. En la sesión del pasado 12 de octubre de 2006, el diputado Arnoldo Ochoa González presentó proposición con punto de acuerdo, con el aval de las y los diputados Jorge Zermeño Infante, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios Córdova, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete, Marina Arvizu Rivas, Miguel Ángel Jiménez, Ricardo Cantú Garza, Gloria Lavara Mejía, Ruth Zavaleta Salgado, Tonatiuh Bravo Padilla, Xavier López Adame, Jorge Estefan Chidiac y Gerardo Sosa Castelán, para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, superior, y ciencia y tecnología de México.

II. En sesión del mismo 12 de octubre, la Mesa Directiva ordenó turnar la proposición mencionada a la Junta de Coordinación Política. Ese órgano consideró pertinente solicitar la dictaminación de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación Pública y Servicios Educativos.

III. Con fecha 30 de octubre del presente año las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Educación Pública y Servicios Educativos presentaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados un dictamen con punto de acuerdo respecto al primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, superior, y ciencia y tecnología de México, aprobando la proposición antes mencionada.

IV. En el mismo tenor, la Junta de Coordinación Política consideró pertinente la integración del Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, quedando como sigue:

2 diputados del Grupo Parlamentario del PAN

2 diputados del Grupo Parlamentario del PRD

2 diputados del Grupo Parlamentario del PRI

1 diputado del Grupo Parlamentario del PVEM

1 diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia

1 diputado del Grupo Parlamentario del PT

1 diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

1 diputado del Grupo Parlamentario de Alternativa

Los nombres de los diputados integrantes de este grupo de trabajo y su Mesa Directiva son los siguientes:

1. Arnoldo Ochoa González, coordinador (PRI)

2. Tonatiuh Bravo Padilla, vicecoordinador (PRD)

3. Silvia Luna Rodríguez, vicecoordinadora (Nueva Alianza)

4. Antonio Vega Corona, vicecoordinador (PAN)

5. Gerardo Sosa Castelán, vicecoordinador (PRI)

6. Francisco Martínez Martínez, integrante (PRD)

7. Jesús Vicente Flores Morfín, integrante (PAN)

8. Patricia Chozas y Chozas, integrante (PVEM)

9. José Luis Varela Lagunas, integrante (Convergencia)

10. Pablo Leopoldo Arreola Ortega, integrante (PT)

11. Eduardo de la Torre Jaramillo, integrante (Alternativa)

V. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 31 de octubre de 2006 la creación e integración del grupo de trabajo, así como la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México.

Con base en estos antecedentes se presenta el siguiente:

Informe

Una vez creado el grupo de trabajo y autorizada la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, se procedió a la instalación de dicho grupo.

El miércoles 8 de noviembre de 2006, se reunieron en las instalaciones de la Cámara de Diputados los once integrantes del grupo de trabajo, procediendo a la instalación y presentación de sus integrantes.

En dicha reunión, se acordó por unanimidad celebrar el Foro parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología los días 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Colima, teniendo como sede la Universidad de Colima.

Así mismo se aprobó la convocatoria del evento y los aspectos generales de la organización y la logística del evento. También se acordó que una representación del grupo de trabajo viajaría a la sede del evento para conocer las instalaciones y definir cuestiones de organización.

Otro más de los acuerdos de esta reunión fue invitar como coorganizadores del evento a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, AC (ANUIES), y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. Así también, se acordó invitar al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública y al equipo de transición.

El lunes 13 de noviembre de 2006 se publicó en diarios de circulación nacional la convocatoria al foro, igualmente se divulgó en las páginas de Internet de la Cámara de Diputados y de la Universidad de Colima los datos del foro (foro-ciencia.ucol.mx).

El 14 de noviembre se celebró como segunda reunión del grupo de trabajo, un desayuno de trabajo con los representantes de los medios de comunicación acreditados ante la Cámara de Diputados.

Ahí se dio a conocer el objeto, normatividad y detalles del Foro parlamentario sobre educación superior, media superior, ciencia, tecnología e innovación de México.

El 15 de noviembre, seis diputados integrantes del Grupo se trasladaron a la ciudad de Colima para entrevistarse con el rector y demás autoridades de la Universidad de Colima y así definir aspectos de organización. Los diputados que asistieron fueron:

Arnoldo Ochoa González

Silvia Luna Rodríguez

Gerardo Sosa Castelán

Antonio Vega Corona

Francisco Martínez Martínez

Eduardo de la Torre Jaramillo

En los días que siguieron, tanto el grupo de trabajo como las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, coordinaron sus esfuerzos para dar una amplia difusión al foro parlamentario y hacer invitaciones personalizadas a rectores y directores de institutos.

Los días 16 y 17 de noviembre el grupo de trabajo se reunió con el doctor Gustavo Chapela, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el doctor Julio Rubio Oca, subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, respectivamente, para invitarlos y coordinar algunas acciones. También se hizo invitación al doctor Reyes Tamez Guerra, secretario de Educación Pública.

Los días 22, 23 y 24 de noviembre se desarrolló el foro conforme al siguiente:

El foro contó con una participación de 600 personas de diferentes organizaciones educativas, gubernamentales, sociales y empresariales, destacando lo siguiente:

15 autoridades del gobierno federal.

7 directivos de organizaciones nacionales (ANUIES, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, SNI, Red Nacional de Educación Media Superior, FIMPES, ANEA, ADIAT).

103 titulares de universidades, institutos tecnológicos, y centros públicos de investigación.

45 directores de enseñanza media tecnológica, industrial y de servicios.

34 diputados federales de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, así como de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.

30 representantes de instituciones privadas.

188 académicos y expertos nacionales.

Representación del Equipo de Transición.

Los resultados de la Consulta dieron fundamento a los 11 grandes consensos nacionales expresados en la Declaración de Colima 2006, documento avalado por más de 600 participantes, el cual se transcribe a continuación:

Declaración de Colima 2006

Considerando

Que es indiscutible la trascendencia de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, lo cual se refleja en el desarrollo de las naciones que los ubican como prioridad en su agenda nacional y hacen la inversión suficiente en ellas para la solución de sus problemas sociales y económicos. Ejemplos de lo anterior se encuentran en: Corea, Suecia, Finlandia y Cuba, en el ámbito internacional, y Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, en el ámbito nacional.

Que México requiere con urgencia elevar los niveles de desarrollo humano y bienestar de su población.

Que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación cumplen una función estratégica primordial para el desarrollo integral, el crecimiento económico y la competitividad del país.

Que los documentos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Consolidación y Avance de la Educación Superior en México; y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Conocimiento e Innovación en México: Hacia una Política de Estado,constituyen plataformas colegiadas para potenciar el desarrollo de la educación media superior, la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Que las comunidades académica, científica tecnológica y la sociedad en su conjunto han reiterado la necesidad de que los diversos actores políticos del país, asuman el compromiso de impulsar estas áreas estratégicas para el bienestar social y el desarrollo de la nación.

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo a efecto de realizar un foro parlamentario de consulta sobre educación superior y media superior, ciencia, tecnología e innovación en México.

El grupo de trabajo pluripartidista de diputados encargado de la organización del foro, la ANUIES, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Universidad de Colima, convocaron a las comunidades académica, científica, tecnológica y empresarial, así como a los legisladores federales y estatales y a las autoridades federales en la materia, para analizar los temas referidos y presentar sus propuestas.

Como resultado de las deliberaciones, se llegó a los siguientes:

Consensos

1. Contar con una política de estado en materia de educación media superior, superior, ciencia, tecnología e innovación, a fin de convertirlas en las principales palancas del desarrollo del país.

2. Definir una política de largo aliento a fin de garantizar el financiamiento suficiente para la educación media superior y superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, resultante de un pacto nacional entre la sociedad, los tres órdenes de gobierno, los poderes ejecutivo y legislativo, las comunidades académica y científica y los sectores social y productivo. Esta política deberá:

Establecer los criterios transparentes para su distribución y ejercicio en congruencia con las vocaciones y demandas estatales, regionales y nacionales e impulsar la diversificación y concurrencia de las fuentes de financiamiento.

Propiciar la generación del conocimiento pertinente que atienda las necesidades y demandas de los estados, de las regiones y del país, crear sistemas de incentivos para la vinculación entre la academia y el sector productivo y llevar a cabo las reformas legales necesarias que permitan una más amplia y efectiva vinculación.

3. Promover, desde la Cámara de Diputados, los términos de un acuerdo nacional con el Poder Ejecutivo Federal para garantizar el financiamiento establecido en la Ley General de Educación y en la Ley de Ciencia y Tecnología.

4. Impulsar la pronta resolución de los problemas financieros estructurales de las universidades públicas, los institutos tecnológicos y los centros públicos de investigación, principalmente en lo concerniente al déficit de plazas y a los pasivos derivados de los sistemas de pensiones y jubilaciones.

5. Consolidar el compromiso de las instituciones educativas y de investigación con la sociedad, mediante el ejercicio irrestricto de la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, que permita una óptima distribución y aplicación de los recursos, en el cumplimiento cabal de su responsabilidad social.

6. Impulsar programas y acciones para garantizar la calidad de los servicios educativos y de la generación, gestión, asimilación y aplicación del conocimiento.

7. Crear fondos financieros para el apoyo a la calidad de la educación superior tecnológica.

8. Ampliar la oferta de educación superior con equidad, a fin de alcanzar en el mediano plazo una tasa de cobertura con calidad cercana a los estándares internacionales.

9. Generar las condiciones necesarias para que en el mediano plazo se establezca la obligatoriedad de la educación media superior a fin de universalizar su cobertura.

10. Promover los acuerdos que resulten necesarios entre las comunidades académicas, las instancias de gobierno y los sectores social y productivo, con el propósito de actuar de manera eficaz para transitar hacia las sociedades del conocimiento, de tal manera que el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y el impacto de la educación media superior y superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en México sea una tarea permanente y compartida.

11. Definir campos estratégicos de desarrollo para el país, asociados a cadenas de agregación de valor, partiendo de la formación de recursos de alto nivel, la consolidación de la infraestructura científica y tecnológica y la respuesta a las demandas y necesidades que demandan los campos que se definan.

Atentamente

Colima, Colima, 24 de noviembre de 2006.

Coordinador Nacional

Diputado Arnoldo Ochoa González

Vicecoordinadores Nacionales

Diputado Antonio Vega C.

Diputado Tonatiuh Bravo P.

Diputado Silvia Luna R.

Diputado Gerardo Sosa C.

Coorganizadores

Diputado Francisco Martínez M.

Diputado Jesús Vicente Flores M.

Diputado Patricia Chozas y Chozas

Diputado José Luis Varela L.

Diputado Pablo Leopoldo Arreola O.

Diputado Eduardo de la Torre J.

Doctor Rafael López Castañares

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Doctor José Luis Fernández Z.

Coordinador General de la FCCyT

Maestro en Ciencias Miguel Ángel Aguayo López

Rector de la Universidad de Colima

Por último, el grupo de trabajo, en conjunto con las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología acordaron, por unanimidad, entregar a la Presidencia de la República, a los gobiernos estatales y al Senado de la República, los planteamientos centrales y las memorias, a fin de convocarlos a formar parte del impulso de nuevas políticas de Estado en materia de educación media superior, superior, ciencia y tecnología.

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del acuerdo por el que se integra el Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro Parlamentario sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, que a la letra dice:

Sexto.-Las conclusiones obtenidas serán entregadas a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, así como a las demás comisiones y órganos de gobierno de la Cámara de Diputados que, en el ámbito de su competencia, lo consideren conveniente, con la finalidad de que sean analizadas y valoradas para el trabajo legislativo.

Remitimos este informe al Presidente de la Mesa Directiva, a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía de la Cámara de Diputados.

México, DF, a 6 de diciembre de 2006.--- Por el Grupo de Trabajo, diputados: Arnoldo Ochoa González, coordinador nacional; Tonatiuh Bravo Padilla, Silvia Luna Rodríguez, Antonio Vega Corona, Gerardo Sosa Castelán, vicecoordinadores nacionales; Francisco Martínez Martínez, Jesús Vicente Flores Morfín, Patricia Chozas y Chozas, José Luis Varela Lagunas, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Eduardo de la Torre Jaramillo, integrantes (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Judicial de la Federación.--- Consejo de la Judicatura Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.--- Dirección General del Instituto.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 311, fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles, así como de la decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/8422/2000, del 25 de octubre de 2000, presento a esta honorable asamblea, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el *informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 5 de diciembre de 2006.--- Licenciado Luis Manuel C. Méjan Carrer (rúbrica), director general del Instituto.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

SECRETARIA DE SALUD

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Relacionado con el informe periódico de los indicadores de resultados que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud envía al Congreso de la Unión, y en sujeción a lo establecido en la Ley General de Salud en su artículo 77 Bis 18, anexo le remito para su conocimiento, el reporte denominado ``Informe de Resultados del Fondo de Previsión Presupuestal'', en específico del ejercicio fiscal de 2005.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de marzo de 2006.--- José Antonio González Pérez (rúbrica), director general de Financiamiento.»

«Informe de Resultados del Fondo de Previsión Presupuestal

Antecedentes

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, en su artículo 77 Bis 18, el gobierno federal, mediante la Secretaría de Salud, canaliza anualmente un monto equivalente a 3 por ciento del total de los recursos que integran el Sistema de Protección Social en Salud al Fondo de Previsión Presupuestal. De ese total y conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, en los artículos 107 a 112, dos terceras partes (es decir 2 por ciento del total) son destinadas al financiamiento de infraestructura básica y atención primaria en estados con mayor marginación social, a fin de disminuir las necesidades de salud e incrementar la capacidad instalada para la atención médica en los estados beneficiarios. Vale mencionar que la Ley General de Salud señala que en caso de existir remanentes en este fondo al final de cada ejercicio fiscal, éstos se canalizarán automáticamente al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por lo que el Fondo de Previsión Presupuestal tiene límite de anualidad presupuestal.

Atendiendo el mandato de dicha ley, el Ejecutivo federal constituyó el 16 de noviembre de 2004 el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), para administrar los recursos provenientes del sistema asignados al Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).

De esta manera, durante el ejercicio fiscal de 2005, el total de recursos para infraestructura básica que se transfirieron por la Secretaría de Salud al Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Básica (2 por ciento) fue de 342.6 millones de pesos, mientras que el total de recursos comprometidos en dicho lapso fue de 341.7 millones de pesos. El remanente final totalizó 0.9 millones de pesos que, atendiendo lo dispuesto en la ley y su reglamento fue transferido al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Composición y destino de los apoyos a infraestructura básica

Durante el: ejercicio fiscal de 2005 se autorizaron recursos para el apoyo a infraestructura en diversas entidades del país por un monto total de 341.7 millones de pesos. Estos recursos se destinaron al fortalecimiento de la infraestructura en 13 estados de la república.

En el siguiente cuadro se muestra el monto total autorizado por entidad federativa y desglosado para obra y equipo, según el caso. Como se observa, del total de recursos autorizados en ese año, 264.8 millones de pesos se destinaron a proyectos de obra y $77.2 millones de pesos a proyectos de equipamiento.

Es pertinente mencionar que los recursos aprobados durante 2005 beneficiaron a la población de 122 municipios, en diversos proyectos, como a continuación se muestra:

Cabe destacar que la asignación de los recursos ha privilegiado como un factor fundamental el grado de marginación de los municipios y/o localidades, ya que la mayor parte de éstas son consideradas como localidades con población rural o indígena y de alta o muy alta marginación, y que hoy carecen de la prestación de servicios médicos o presentan deficiencias significativas. Esta situación es congruente con el principio de equidad financiera para toda la población del Sistema de Protección Social en Salud.

Similarmente, los recursos a que se hace alusión están fortaleciendo la red de prestadores de servicios al invertir en infraestructura médica en localidades o municipios que no solamente atienden a sus habitantes, sino también a los de localidades contiguas que carecen de dicha infraestructura, con lo que se hace más eficiente el uso de los recursos del erario y se promueve el acceso a los servicios de salud para la población.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Baja California Sur.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En sesión pública ordinaria del día de hoy, el honorable Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo consistente en los siguientes resolutivos:

Primero.La XI Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur, de conformidad con establecido en la fracción III, artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

Segundo. Envíese atento comunicado a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se tenga al honorable Congreso de Baja California Sur por presentando la iniciativa señalada, así como vertiendo los motivos para su consideración por ese cuerpo colegiado.

Se hace de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar; se anexa copia simple del referido acuerdo económico.

Atentamente

La Paz, Baja California Sur, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Armando Naranjo Rivera (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Baja California Sur.

Diputado Armando Naranjo Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del SegundoPeriodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XI Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur.--- Presente.

Honorable Asamblea:

De conformidad con lo establecido en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracción II, de la Constitución Política local; 101, fracción II, y 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo económico, que se basa en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Baja California Sur, sin lugar a dudas, ha sido beneficiado por la naturaleza con grandes extensiones de litorales, en ellos se desarrollan una gran variedad de especies marinas que son extraídas del mar de manera organizada y consciente por ciudadanos mexicanos. Gracias a la organización con que trabajan, con la implantación de temporadas de veda pesquera por parte de la autoridad federal, en conjunción con el cuidado y vigilancia de las zonas productivas que llevan a cabo los productores tanto de manera particular como en coordinación con las autoridades federales y estatales, se hace posible que a la fecha contemos con productos del mar reconocidos por su alta calidad en los ámbitos nacional e internacional, entre ellos el abulón y la langosta, recursos marinos que tienen su hábitat en nuestros litorales mexicanos y sudcalifornianos debido tanto de la posición geográfica como del aislamiento natural en que se encuentran sus litorales.

Estos productos, sin lugar a dudas, dan fortaleza a la economía tanto de las sociedades cooperativas como de las poblaciones donde se encuentran asentadas las mismas, contribuyendo con sus exportaciones a las finanzas federales por el pago de mayores impuestos, derivando de ahí la necesidad de proteger estos productos y sancionar con mayor severidad a todos aquellos que atentan contra su sustentabilidad.

Las consideraciones mencionadas con anterioridad y la necesidad de proteger de la pesca furtiva a estas especies marinas hacen necesario que esta XI Legislatura del Congreso de Baja California Sur proponga al honorable Congreso de la Unión, mediante la Cámara de Diputados, una reforma a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, pues desgraciadamente la actual redacción de dicha fracción deja posibilidades para que quienes cometen este tipo de atentado contra el ambiente se libren del castigo por las conductas ilícitas cometidas, a pesar de que esta conducta es considerada como delito grave por el código punitivo.

La actual redacción, desde nuestro punto de vista, favorece a todos aquellos delincuentes que incurren en la pesca furtiva, pues para que se pueda configurar la hipótesis considerada por el legislador federal cuando se aprobó la adición de la fracción II Bis del artículo 420, que nos ocupa, se estableció que para que fuese considerada como grave, deberían de acreditarse dos elementos sine qua non, es decir, elementos indispensables para la consideración de grave, uno que es el relativo a la cantidad de producto extraído de manera ilegal y que a saber esta deberá ser superior a los 10 kilos, y el segundo, que dicha extracción se realice mediante la asociación delictuosa, considerada como aquella que se concierte entre tres o más personas, elementos que traen como consecuencia, que entendida a contrario sensu, la extracción de menos de 10 kilos de productos o que sea realizada por una o dos personas, a pesar de ser delito y que trae las mismas consecuencias pues atenta contra la sustentabilidad del producto, no es considerado como delito grave, lo que se ha prestado para argumentaciones legaloides que permiten la libertad de delincuentes que afectan y siguen afectando sobremanera a estos productos, sin importarles los cientos de pescadores y familias que afectan, los cuales día a día cuidan y defienden, en ocasiones hasta arriesgando su vida, sus zonas de producción, todo con el único fin de cuidar su futuro y el de sus hijos.

Segundo. A pesar de los esfuerzos que los pescadores de nuestro estado y algunas autoridades federales y estatales realizan para proteger los litorales, en ocasiones, denotan el riesgo que los pescadores corren al cuidar sus zonas de trabajo concesionadas, ya que se han enfrentado a delincuentes armados que, cual viles piratas modernos, tratan a punta de balazos de saquear los productos que por todo un ciclo de reproducción son cuidados por los pescadores, y que a pesar de que se han detenido a diversos depredadores de nuestros litorales y en particular que los que depredan productos como el abulón y la langosta, a los pocos días andan libres cometiendo nuevamente este tipo de delitos por las deficiencias y ventajas que les representa la actual consideración de esta conducta antijurídica, lo que hace necesario y obliga a quienes representamos los intereses del pueblo, a realizar una reforma a la actual fracción II Bis del artículo 420, que permita mantener privados de la libertad a todos aquellos delincuentes que atenten contra la sustentabilidad del abulón y la langosta, sin importar la cantidad que sea extraída de manera ilegal, y mucho menos importar que esta conducta se cometa mediante la asociación delictuosa, ello considerado así, pues el daño que ocasionan uno o dos individuos, puede ser igual o mayor que el cometido por tres o más, de igual manera, el daño originado por la extracción de menos de 10 kilos de producto es igual o mayor de perjudicial, máxime cuando esto se da en el momento que el producto se encuentra en veda o por debajo de la talla legal, pues ese tiempo es necesario para su reproducción y desarrollo.

He de señalar a esta honorable asamblea que en la actualidad dicho numeral dicta:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. Realice actividades de caza, pesca o captura, con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestre;

IV Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o

V Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días de multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en, o afecten, un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

La propuesta que realiza el suscrito, y para la cual pido el apoyo de esta asamblea, es solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con la fracción tercera del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sea reformada la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, y se considere como delito grave la extracción ilegal de abulón y langosta en cualquier época, sin importar la cantidad extraída, mucho menos sin importar que dicha conducta ilícita fuese cometida por una, dos o más personas. De igual manera, se propone que sea eliminada la palabra dolosa como forma de comisión del delito, pues desde la redacción del primer párrafo del artículo mencionado se indica que se sancionará a quien cometa ilícitamente dicha conducta; por ello, debemos tomar en consideración que cuando no se dé alguno de estos elementos, dejamos la puerta abierta y queda la salida para que los delincuentes detenidos, nieguen que hubiesen concertado la comisión de dicho delito, aceptando su responsabilidad uno solo, o que el producto que traen consigo muchas de las veces es arrojado al mar para que no se les detenga con este en su poder, lo que hace más difícil para las autoridades procuradoras y administradoras de justicia en su caso, acreditar los elementos del tipo y la presunta responsabilidad, debiéndose dejar en libertad a delincuentes consumados, que a la vuelta de la esquina vuelven a delinquir, destruyendo día a día y perjudicando en gran medida, los productos marinos que con tanto esfuerzo protegen los productores mexicanos.

Tercero. Como nueva redacción de la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, proponemos la siguiente

Artículo 420. ...

I. a II. ...

II Bis. Capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda;

III a V...

...

Al igual que los legisladores federales, los de Baja California Sur sabemos que nuestro compromiso es y será siempre con todos los ciudadanos mexicanos y sudcalifornianos; por ello, solicito a esta asamblea que el presente tema sea considerado como asunto del Congreso y que además se considere de urgente y de obvia resolución, y de conformidad con lo establecido en los artículos 124, 125 y 126 de la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo sea considerado como un asunto de obvia y urgente resolución, sometiéndose en este momento a consideración y aprobación en su caso por esta asamblea, pues el sector pesquero del estado no puede ni debe estar esperando por más tiempo para que sean sancionados con severidad, todos aquellos que atentan contra la sustentabilidad de productos pesqueros como el abulón y la langosta, pues sabemos que si permitimos que se siga cometiendo este saqueo, en poco tiempo estaremos cuidando estos productos, pero para que no sean agotados, pues en nuestro estado, tenemos el antecedente de algunas zonas en las que existía y se desarrollaba este producto y en la actualidad lamentan el no haber tomado medidas a tiempo, pues dichos productos ya no existen.

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta honorable asamblea para presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma de la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, mediante el siguiente punto de

Acuerdo Económico

Primero.La XI Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, la cual se propone que quede de la siguiente manera:

Artículo 420. ...

I. a II. ...

II Bis. Capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda;

III a V. ...

...

Segundo. Envíese atento comunicado a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se tenga al honorable Congreso de Baja California Sur por presentando la iniciativa señalada, así como vertiendo los motivos para su consideración por ese cuerpo colegiado.

Tercero. Envíese atento exhorto a todas las legislaturas estatales de la República y a la Asamblea del Distrito Federal, para que, de considerarlo procedente, se adhieran a esta iniciativa.

Atentamente

La Paz, Baja California Sur, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Élfego Eligio Camacho Villavicencio (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Justicia; en tanto se integra, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-148, signado el 26 de octubre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SACN/300/340/2006, suscrito el 29 del actual por el ciudadano Roberto Anaya Moreno, subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaria de la Función Pública, mediante el cual responde al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a facilitar, favorecer y vigilar la asignación de los apoyos educativos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al diverso SEL/300/5119/06, de fecha 27 de octubre de 2006, mediante el cual hace del conocimiento del titular de esta secretaría, los puntos que en sesión ordinaria de fecha 26 de octubre del presente fueron aprobados en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y en cuyo cuarto aspecto señalan que ``se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a facilitar, favorecer y vigilar la asignación de los apoyos educativos del programa de Desarrollo Humano Oportunidades a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca.''

Al respecto, por instrucciones del secretario Eduardo Romero Ramos, y considerando la información proporcionada por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, me permito manifestar lo siguiente:

1. En la sesión 35 del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, celebrada el 14 de noviembre de 2006, en asuntos generales, en el punto 8.4, los delegados de la SFP recomendaron a cada institución integrante del Comité Técnico del Programa en cuestión, atender los exhortos de los diputados indicados en dichos acuerdos, en el ámbito de sus atribuciones.

2. La SFP envió los oficios DGAPS/170/06 y 211/DGAOR/0820/2006,de fechas 17 y 21 de noviembre del año en curso, respectivamente, a la Secretaría de Contraloría del Estado de Oaxaca, para que, en el ámbito de sus facultades, realice lo conducente para atender el asunto que nos ocupa.

3. La SFP remitió los oficios 211/DGAOR/0818/2006 y 211/DGAOR/0819/2006, ambos de fecha 21 de noviembre de 2006, a los titulares de los Órganos Internos de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo y en la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, con el propósito de que realicen las acciones necesarias para la atención del exhorto.

Comunico a usted lo anterior para que, por su amable conducto, se haga del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de noviembre de 2006.--- Roberto Anaya Moreno (rúbrica), subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del Congreso de Guerrero un acuerdo por el que se solicita gestionar mayores recursos públicos para ese estado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

La Presidencia dispuso que dicha documentación se remitiera a la Cámara de Diputados, la cual que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso instruye a las comisiones ordinarias de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno para que en comisiones unidas desarrollen una acción conjunta con todos los representantes populares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, de los senadores y diputados federales, para hacer causa común en la gestión y negociación de mayores recursos públicos para Guerrero, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, ante el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Aprobado en sesión celebrada el jueves 23 de noviembre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 23 de noviembre de 2006.Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

La LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 21 de noviembre del 2006, los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno, presentaron un dictamen con proyecto de acuerdo, en los siguientes términos:

``Que con fecha 31 de octubre del 2006 la diputada Jessica Eugenia García Rojas, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los artículos 46, 137, segundo párrafo, y 170, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, presentó ante la Comisión Permanente la propuesta de acuerdo parlamentario por el que la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero instruya a las comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública para que participen en comisiones unidas para la coordinación de los trabajos relativos a la gestión y trámites correspondientes ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el propósito de lograr mayores recursos públicos para el ejercicio fiscal de 2007 de nuestro estado de Guerrero.

Que en sesión del 31 de octubre de 2006 la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero tomó conocimiento de la propuesta de acuerdo parlamentario, habiéndose turnado por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, mediante oficio número LVIII/1ER/OM/ DPL/1722/2006, signado por el licenciado José Luis Barroso Merlín, oficial mayor del honorable Congreso del estado, a las Comisiones Unidas de Gobierno, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda para su análisis y emisión del dictamen y proyecto de acuerdo correspondiente.

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 46; 49, fracciones I, IV y V; 51, párrafo tercero, fracciones I y XII; 55, fracción V; 56, fracción VII; 86; 87; 132; 133, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno tienen plenas facultades para analizar la propuesta de acuerdo parlamentario de referencia y emitir conjuntamente el dictamen con proyecto de acuerdo que recaerá a la misma.

Que la ciudadana diputada Jessica Eugenia García Rojas motiva su propuesta de acuerdo parlamentario en los siguientes términos:

``El gobierno de un estado es definido por el Banco Mundial como una gestión de los recursos económicos de un país para su desarrollo. El presupuesto es el instrumento básico que nos permite establecer un plan de acción del ingreso y del gasto para un ejercicio fiscal y, mediante estas políticas, proponer el proyecto que queremos para el futuro en el estado de Guerrero.

El pasado 15 de octubre de 2006 el titular del Poder Ejecutivo estatal remitió a esta soberanía popular la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos para el estado de Guerrero correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

La Comisión Permanente del honorable Congreso del estado, en sesión del 25 de octubre de 2006 turnó la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos a las comisiones ordinarias de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, respectivamente; para el análisis, discusión y dictamen correspondiente.

Es de vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestro estado la estimación de los ingresos y egresos, porque es mediante estos instrumentos de política económica donde se hacen las previsiones de las fuentes de financiamientos del gasto público, de las inversiones, de los subsidios, de las transferencias, así como de las condiciones de la deuda pública.

El presupuesto tiene efectos notables en la economía estatal. Los planes y programas diseñados y aplicados durante un ejercicio fiscal inciden fundamentalmente en el progreso y el desarrollo socioeconómico de las comunidades y de las familias guerrerenses.

El crecimiento económico, la generación de empleos y de oportunidades de desarrollo sustentable dependen básicamente de la seguridad pública, de la procuración de la justicia, de las condiciones de infraestructura y de la calidad de los servicios públicos.

Las fuentes de financiamiento del gasto público que requiere el estado provienen principalmente de dos vías: ingresos propios derivados de la recaudación local y de los fondos provenientes de la federación.

Indudablemente que la primera vía la tenemos que fortalecer modernizando y simplificando la administración tributaria, combatiendo la evasión y la elusión fiscal, ampliando la base de los contribuyentes, implantando programas de austeridad y racionalización del gasto de una mayor eficiencia y transparencia del origen y aplicación de los recursos públicos. En este sentido, es imperativo y necesario que, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, exploremos la necesidad de lograr mayores ingresos propios a lo presupuestado para el ejercicio fiscal de 2007.

La segunda vía, que constituye la principal fuente de financiamiento, representa más de 90 por ciento del total de los ingresos consolidados que tiene previsto disponer el gobierno del estado.

En la iniciativa de Ley de Ingresos, el Poder Ejecutivo estatal considera para el ejercicio fiscal de 2007 un incremento de 547.3 millones de pesos, con relación al de 2006, y representa un aumento porcentual de 2.27.

La aplicación de lo proyectado en el Presupuesto de Egresos para el Ejerció Fiscal de 2007 es de 24 mil 613.1 millones de pesos. Una cantidad casi similar al presupuesto aprobado para el año anterior, y que está debidamente clasificado y jerarquizado en los conceptos y rubros que necesariamente se tienen previsto cubrir. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que esta cantidad representa el piso financiero disponible para el próximo año, y el techo financiero dependerá de las gestiones que hagamos ante la federación para lograr recursos públicos adicionales y/o extraordinarios, que nos permitirían aplicarlos a resolver las apremiantes necesidades de seguridad pública, justicia social, educación, superación de la pobreza, de la generación de empleos productivos y, consecuentemente, a denotar el crecimiento económico.

En esta etapa del proceso de estudio y análisis de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, aún no se cuenta con información fidedigna respecto de los techos financieros que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión prevea asignar y etiquetar para el estado de Guerrero, en los diferentes fondos provenientes de la federación.

Ante la situación de enormes rezagos, pobreza, inseguridad pública, desempleo y falta de oportunidades para un desarrollo sustentable en nuestra entidad federativa, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone que las comisiones ordinarias de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobierno desarrollen actividades en comisiones unidas para la elaboración de una agenda de trabajo con la participación de todos los legisladores de lograr:

1. Mayores ingresos de lo presupuestado para el ejercicio fiscal de 2007, con la participación del Poder Ejecutivo estatal, mediante la concreción de acuerdos que permitan implantar fuentes alternativas de ingresos en la recaudación local.

2. Desarrollar una agenda conjunta con todos los representantes populares, de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, de los senadores y diputados federales, para hacer causa común en la gestión y negociación de mayores recursos públicos para el estado de Guerrero, ante el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.''

Que las comisiones dictaminadoras coinciden plenamente en la propuesta de referencia, toda vez que es importante que se consideren mayores ingresos para el estado de Guerrero, a fin de aplicarlos en las apremiantes necesidades de seguridad pública, justicia social, educación, salud y generación de empleos.

Que estamos conscientes de que el presupuesto es de vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestro estado y que incide fundamentalmente en el progreso y desarrollo de las familias guerrerenses.

Que se comparte la idea de desarrollar actividades para la elaboración de una agenda de trabajo con la participación de todos los representantes populares, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, coordinándose de manera ordenada para gestionar y negociar mayores recursos para el estado de Guerrero correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Que de igual manera se implanten programas de austeridad y racionalización del gasto, de una mayor eficiencia, transparencia y aplicación de los recursos públicos.

Que los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron necesario realizar una modificación a la propuesta de referencia, determinando que el transitorio segundo como inicialmente lo presenta la propuesta, pase a ser el tercer punto del acuerdo parlamentario, debido a la importancia que reviste, en razón de que las comisiones unidas informen al Pleno de esta soberanía el resultado obtenido del acuerdo parlamentario.

Que vertido lo anterior, en sesiones de fecha 21 y 23 de noviembre de 2006, el dictamen con proyecto de acuerdo recibió primera, y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, y que en sesión de esta fecha la LVIII Legislatura del honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad, en todos y cada uno de sus términos, el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario presentado por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este honorable Congreso del estado de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero.La LVIII Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero instruye a la comisiones ordinarias de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno para que, en comisiones unidas, desarrollen una acción conjunta con todos los representantes populares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, de los senadores y diputados federales, para hacer causa común en la gestión y negociación de mayores recursos públicos para el estado de Guerrero correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, ante el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo.La LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado para que en coordinación con la Comisión de Hacienda diseñen y elaboren políticas viables tendentes a incrementar los ingresos propios mayores a lo previsto en la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Tercero.Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno, presentarán al Pleno de esta soberanía un informe de los resultados obtenidos del presente acuerdo, procurando que sea previo a la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Transitorios

Artículo Primero.El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición.

Artículo Segundo.Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Artículo Tercero.Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al titular del Ejecutivo estatal para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Artículo Cuarto.Publíquese en el periódico oficial del gobierno del estado para su conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los 23 días del mes de noviembre de año 2006.--- Diputados: Rey Hernández García, presidente; Marino Miranda Salgado, Socorro Sofío Ramírez Hernández, secretarios (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha se recibió un oficio suscrito por el presidente y secretario de la presidencia municipal del ayuntamiento de Tecate, Baja California, mediante el que solicitan que dicho ayuntamiento sea considerado en una partida especial única en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, orientada a rescatar su situación financiera.

La Presidencia dispuso que dicha documentación se remitiera a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo.--- Presidencia Municipal.--- Tecate, BC.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

En mi carácter de presidente municipal del XVIII ayuntamiento de Tecate, Baja California, y con base en el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de cabildo número 77, por unanimidad, de fecha 9 de noviembre del presente año, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar su invaluable apoyo con el propósito de solventar la situación financiera que actualmente amenaza la buena marcha del municipio en sus aspectos de seguridad, administrativo, laboral y principalmente social.

Con el propósito de brindar oportunamente los servicios que demanda nuestra ciudad, requerimos ser considerados en una partida especial única en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, orientada a rescatar la situación financiera del ayuntamiento de Tecate, Baja California, que actualmente adeuda a instituciones de salud y seguridad social, así como a dependencias administradoras de agua y de energía eléctrica, adeudo contraído a través de los años y en varias administraciones, y en este momento nos encontramos imposibilitados económicamente para realizar los pagos correspondientes.

Por ello, anexo al presente proyecto que soporta esta petición y copia del acuerdo de mérito.

No dudando de una respuesta favorable a nuestro ocurso, le agradecemos de antemano su interés y cariño por los tecatenses.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tecate, Baja California, a 5 de noviembre de 2006.--- Contador Público Joaquín Sandoval Millán (rúbrica), Presidente Municipal del XVIII Ayuntamiento Constitucional; Álvaro José Martínez Ibarrola (rúbrica), Secretario Municipal.»

«Escudo.--- Paraíso Industrial de Tecate, Baja California.--- Presidencia Municipal.--- Secretaría Municipal.

Álvaro José Martínez Ibarrola, secretario Municipal del H. XVIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California por medio del presente.

Certifica

Que en el acta levantada con motivo de la sesión extraordinaria de cabildo numero setenta y siete, celebrada el día jueves 9 de noviembre del año dos mil seis, en atención al tercer punto del orden del día, referente en análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar una partida especial única, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, orientada a rescatar al XVIII ayuntamiento de Tecate Baja California, que adeuda a la Banca de Desarrollo y/o a instituciones de Salud y Seguridad Social o a dependencias administradoras de Agua o de Energía Eléctrica, cantidades que sin ser extremadamente elevadas, están imposibilitadas de pagar sin causar recortes drásticos en su planta o sin sacrificar la prestación de servicios públicos, se encuentra un acuerdo que a la letra dice:

Acuerdo:El décimo octavo ayuntamiento de Tecate por unanimidad de votos, aprueba

Primero: El Presidente Municipal C.P. Joaquín Sandoval Millán somete a votación nominal la propuesta de solicitud de una partida especial única, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2007, orientada a rescatar al XVIII ayuntamiento de Tecate Baja California, que adeuda a instituciones de Salud y Seguridad Social, a dependencias Administradoras de Agua o de Energía Eléctrica, cantidades que sin ser extremadamente elevadas, están imposibilitadas de pagar sin causar recortes drásticos en su planta o sin sacrificar la prestación de servicios públicos, para el ejercicio fiscal 2007, para quedar como sigue:

Joaquín Sandoval Millán, a favor

Luis Villa Vicencio Zarate, a favor

Serafín Ferreira Magaña, a favor

Ma. Dolores Ortiz González, a favor

José Guadalupe Barceló Quijada, a favor

Oscar Pulido Murillo A Favor, a favor

Armando López Hernández, a favor

Jorge Elías Rodríguez Valdez, a favor

Felipe de Jesús Yillalobos Flores, a favor

José Simón Vargas Rodríguez, a favor

Habiéndose emitido diez votos a favor, se aprobó por unanimidad de votos de los presentes:

Primero.- Solicitar una partida especial única, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2007, orientada a rescatar al ayuntamiento de Tecate, Baja California, que adeuda a la banca de desarrollo y/o a instituciones de Salud y Seguridad Social o a dependencias administradoras de Agua o de Energía Eléctrica, cantidades que sin ser extremadamente elevadas, nos encontramos imposibilitados a realizar el pago de las deudas sin sacrificar la prestación de servicios públicos.

Segundo.- Solicitar el análisis para su aprobación el monto solicitado de $189,175,236.00 (ciento ochenta y nueve millones, ciento setenta y cinco mil doscientos treinta y seis) con el propósito de rescatar a este municipio endeudado y vulnerable económicamente, el cual puede ser recuperado mediante el descuento prorrateado de sus asignaciones anuales de aportaciones.

Tercero.- Solicitar que la administración del servicio de agua y alcantarillado en manos del Gobierno Estatal este a cargo del ayuntamiento de Tecate, Baja California cumpliendo así con el artículo 115 constitucional toda vez que cuenta con capacidad de administrarlos.

Acompañando a la presente sesión dicha solicitud como apéndice del acta.

Dado en la sala de cabildo Benito Juárez García, de la Ciudad de Tecate, Baja California, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil seis.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Álvaro José Martínez Ibarrola (rúbrica), Secretario Municipal del XVIII ayuntamiento de Tecate, B.C..

«Escudo.--- Paraíso Industrial de Tecate, Baja California.--- Presidencia Municipal.--- Tecate, Baja California.

Honorables Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes

En nuestro carácter de integrantes del Cabildo del XVIII Ayuntamiento de Tecate,nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar su apoyo para solventar nuestra difícil situación financiera que actualmente amenaza la buena marcha del municipio en sus aspectos administrativos, laborales y principalmente sociales.

Como ustedes saben el esfuerzo realizado por los municipios en el país y particularmente en Baja California, para ser eficientes en el manejo administrativo de los recursos públicos y brindar los servicios que nos mandan, la Constitución General, la local, así como las leyes y reglamentos que de estas emanan. Se ve empañado por la falta de presupuesto suficiente.

Esta situación nos coloca particularmente al ayuntamiento de Tecate en serios problemas para desempeñar nuestras funciones con solvencia económica, capacidad administrativa y eficiencia en los servicios públicos que demanda la ciudadanía.

En diversos foros y tiempos se ha manifestado la necesidad de fortalecer la gestión municipal mediante nuevas formas de entrega de participaciones, aportaciones, reconocimiento de potestades y facultades de recaudación y eficientes convenios de coordinación, entre los tres ámbitos, de gobierno.

Sin embargo de todas estas aspiraciones de fortalecimiento municipal para un mejor servicio a los ciudadanos, muy poco se ha logrado hasta la fecha.

Sin dejar de reconocer que se esta transitando por el camino correcto, es también necesario reconocer que desafortunadamente, este transito es muy lento, frente al incremento de demandas de la sociedad de mas y mejores servicios. Además de que las inversiones y en general el crecimiento económico y el desarrollo social, están mas que nunca ligados a conceptos de competencia y efectividad a causa de la velocidad de los cambios tecnológicos en los medios de información y de administración.

Como ejemplo de lo aquí expuesto citamos a continuación las propuestas municipalistas ante la Convención Nacional Hacendaria:

Propuestas de los gobiernos municipales para la Convención Nacional Hacendaria 26 de abril del 2004

En las reuniones celebradas en el Comité Técnico de Tesoreros Municipales y durante la Asamblea Anual de la Asociación de Municipios de México A.C (AMMAC), el día 15 de enero y los días 27 y 28 del mismo mes, respectivamente, se definieron las propuestas que los Gobiernos Municipales de la Asociación plantearán durante los trabajos de la Convención Nacional Hacendaria (CNH).

En términos generales a través de esas propuestas, los Gobiernos Municipales buscamos que se concreten avances significativos en los temas del municipalismo hacendario, nuestros planteamientos proponen la re definición de las competencias y los recursos que correspondan para cada uno de los tres ordenes de gobierno; el fortalecimiento de la hacienda municipal, una mayor certeza y transparencia en la distribución de los recursos y mayores potestades tributarias para los Ayuntamientos.

También buscamos avanzar en el logro de una mayor autonomía para administrar tanto el patrimonio como la deuda pública; la modernización y simplificación de la administración hacen daría; la participación formal de los gobiernos municipales en los órganos nacionales de coordinación hacendaría y una mayor transparencia y rendición de cuentas tanto entre los ordenes de gobierno, como de éstos a la población.

A continuación se presenta un breve resumen de las propuestas, agrupadas por cada una de las Mesas de la CNH:

Mesa 1: Gasto público

En esta Mesa, planteamos modificar los plazos establecidos para aprobar los presupuestos de egresos de la federación y de los estados, buscamos definir el alcance de las actividades y los recursos que son concurrentes a los tres ordenes de gobierno, proponemos que se acuerde por las partes que toda a obra pública destinada a la urbanización municipal, sin importar de quién provengan los recursos, sea competencia de los municipios y finalmente, se sugiere la creación de fondos destinados a impulsar nuevos polos de desarrollo.

Propuesta 1.1 Plazos diferenciados para autorizar los presupuestos federal, estatal y municipal. Con la finalidad de que los gobiernos estatales y municipales conozcan con oportunidad los recursos que son aprobados por los otros ordenes de gobierno y de tener la oportunidad de incorporar en su propio presupuesto los recursos que son necesarios para convenir aportaciones económicas con los gobiernos estatal y federal para realizar proyectos y acciones en forma conjunta, se propone establecer plazos diferenciados y escalonados para la aprobación de los respectivos presupuestos de egresos, de tal manera que el primer presupuesto que se autorice sea el federal, un mes después el estatal y finalmente, el presupuesto municipal.

Propuesta 1.2 Definir el alcance de las actividades que son concurrentes a los tres ordenes de gobierno. Con la participación de los mismos, se definan con precisión los alcances de las atribuciones, las responsabilidades y los recursos para cada uno de ellos, sobre las materias que les son concurrentes. Como ejemplo de dichas materias tenemos: seguridad pública, atención a la población marginada, educación, salud, vivienda, desarrollo económico, impulso a las actividades productivas y urbanización.

Propuesta 1.3 Que la obra pública de urbanización sea competencia municipal. Con el objeto de incrementar la eficiencia en el ejercicio de los recursos, se propone que la obra pública de urbanización municipal que realicen tanto la federación como los estados, sea competencia de los gobiernos municipales los cuales autorizarán y ejecutarán dichas obras, aplicando la normatividad que corresponda y que sólo por excepción o por motivos subsidiarios, la construcción será realizada por los otros dos ordenes de gobierno.

Propuesta l.4 Fondos de apoyo para nuevos polos de desarrollo. Para evitar la sobresaturación, el congestionamiento y la ineficiencia de las grandes ciudades, se propone que entre los tres ordenes de gobierno conjunten acciones y recursos que sirvan para impulsar y financiar la creación de nuevos polos de desarrollo.

Mesa 2: Ingresos

Por lo que se refiere a la Mesa de ingresos, nuestras propuestas se enfocan a fortalecer las facultades tributarias de los Ayuntamientos sobre los temas que les son propios, planteamos incrementar las participaciones estatales a los municipios, buscamos mayor certeza y transparencia en la determinación y distribución de los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33, proponemos que se eliminen los incentivos perversos que se encuentran inmersos en las fórmulas de distribución del FAISM del Ramo 33, además, buscamos participar formalmente en la distribución del fondo de aportaciones de seguridad pública del Ramo 33 y finalmente, planteamos que se modifique la fórmula de distribución de las participaciones federales para incrementar su carácter resarcitorio sobre el distributivo.

Propuesta 2.1 Facultades tributarias plenas a los gobiernos municipales. Con el objeto de fortalecer las haciendas municipales y de transparentar ante la ciudadanía la relación entre la autoridad que aprueba las contribuciones y aquella a la que se le exige otorgar los servicios públicos, se propone, a través de una reforma al artículo 115 Constitucional, otorgar facultades a los ayuntamientos para que sean éstos quienes autoricen sus valores catastrales y sus leyes de ingresos sin la participación del congreso del estado.

Propuesta 2.2 Participaciones estatales del 25% a los municipios. Con el objeto de dotar de mayores recursos a los municipios para que puedan atender mejor las crecientes necesidades de la población, se propone incrementar el porcentaje que los gobiernos estatales distribuyen por concepto de participaciones a los municipios, para pasar del 20% actual al 25%, en un período de 5 años.

Propuesta 2.3 Más participaciones y menos aportaciones. Tomando en cuenta que los gobiernos municipales se encuentran más cercanos a las demandas ciudadanas, es congruente que sea éste orden de gobierno quien destine y ejerza libremente los ingresos que hasta hoy se reciben etiquetados del gobierno federal a través de las aportaciones del Ramo 33, por lo que se propone que dichos recursos sean entregados a los municipios sin condiciones, o bien, se incorporen al Ramo 28 (participaciones federales) y se distribuyan directamente a los municipios, sin la intervención del gobierno del estado.

Propuesta 2.4 Mayor certeza y transparencia en la distribución de recursos. Con el fin de lograr incrementar la certeza y transparencia sobre los procedimientos que utiliza tanto la federación como los estados para distribuir los recursos del Ramo 28 (participaciones) y del Ramo 33 (aportaciones), se propone eliminar las condiciones de discrecionalidad en su asignación y distribución, publicando los mecanismos y fórmulas utilizadas, propiciando que dichos recursos lleguen directamente a los municipios sin la intervención de los gobiernos estatales.

Propuesta 2.5 Eliminar del FAISM los incentivos perversos. Con la intención de lograr mayores avances en la disminución de la pobreza, se propone incorporar en las fórmulas de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, variables que incentiven a los gobiernos municipales a reducir la marginación social.

Propuesta 2.6 Participación de los municipios en el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. Con el objeto de fortalecer los esfuerzos que los gobiernos municipales realizan en los programas de prevención y combate a la delincuencia, se propone que los municipios participen con una representación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y reciban una parte de los recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública del Ramo 33 que se distribuye a los gobiernos de los estados.

Propuesta 2.7 Cambios en la fórmula de distribución de las participaciones federales. Con el objeto de fortalecer el carácter resarcitorio e incluir en la fórmula de distribución de las participaciones a estados y municipios ciertas variables que sí reflejen la capacidad de las entidades federativas para generar riqueza y captar contribuciones, se propone:

a) Que se disminuya la primera parte de la fórmula para pasar del 45.17% al 30% del Fondo General Participable y que continúe su distribución con base en la población.

b) Que se incremente la segunda parte de la fórmula, para pasar del 45.17% al 60% y que la base de su distribución ya no sean los impuestos asignable s sino el PIB estatal.

c) Que la tercera parte de la fórmula se incremente para llegar al 10% y continúe teniendo la misma mecánica redistributiva que la actual.

Para que no haya estados afectados por estos cambios, se propone que las entidades federativas cuyas participaciones experimenten una disminución, sean compensadas con recursos del mismo Fondo General Participable, en un porcentaje y por un tiempo que se podría definir en las reuniones de trabajo.

Mesa 3: Deuda pública

Los gobiernos municipales planteamos en esta Mesa tener mayor autonomía, tanto para contratar deuda pública, como para suscribir contratos aún cuando éstos tengan vigencia por un plazo mayor al del período de gobierno.

Propuesta 3.1 Autonomía municipal para autorizar su deuda. Con el fin de agilizar los procesos de endeudamiento y de obtener oportunamente los recursos financieros que provienen de la contratación de créditos, así como para avanzar en forma sustantiva en el ejercicio de la autonomía municipal para administrar libremente su hacienda, se propone que los gobiernos municipales estén facultados para autorizar la emisión de su deuda pública, sin la participación del congreso del estado (aún cuando el plazo de amortización exceda el periodo constitucional para el que fue electo el ayuntamiento), con el establecimiento de ciertos límites técnicos:

a) Que el monto total de la deuda municipal no sea mayor al 30% del presupuesto de egresos del ejercicio (sin incluir los recursos que provienen de la misma deuda).

b) Que el endeudamiento sea autorizado por dos terceras partes del ayuntamiento.

c) Que el financiamiento contratado se destine exclusivamente a obras y acciones productivas de beneficio social o a la sustitución de deuda.

Propuesta 3.2 Autonomía municipal para suscribir contratos. Que los ayuntamientos cuenten con atribuciones para suscribir contratos por sí mismos, sin la participación del congreso del estado, aún cuando se establezcan derechos y obligaciones por un plazo mayor al del período de gobierno, estableciendo límites técnicos en cuanto al monto y al plazo de los contratos.

Mesa 4: Patrimonio

Por lo que a la Mesa de patrimonio se refiere, los municipios planteamos tener mayor autonomía para ejercer actos de dominio sobre los bienes municipales, proponemos que se nos facilite el cobro de las contribuciones municipales sobre los bienes del dominio público de los otros ordenes de gobierno y que se nos participe de los beneficios que se generan sobre los bienes propiedad de la nación.

Propuesta 4.1 Autonomía municipal para autorizar la compra-venta de bienes muebles e inmuebles. Que los Ayuntamientos tengan la facultad de comprar o vender bienes muebles e inmueble s, sin la participación del congreso del estado, estableciendo ciertos topes y reglas técnicas para el caso de la venta de los bienes del dominio público.

Propuesta 4.2 Facilitar el cobro de las contribuciones municipales a los bienes del dominio público. Con el objeto de hacer más eficiente y expedito el cobro de las contribuciones establecidas en el artículo 115 Constitucional y de fortalecer las haciendas municipales, se propone:

1) Reformar la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para precisar plenamente que tipo de bienes del dominio público de la federación, de los estados o los municipios estarán exentos del pago de las contribuciones a que refiere dicho artículo.

2) Establecer reformas en las legislaciones estatales para:

a) Incorporar como objeto del impuesto predial y otras contribuciones a los inmuebles del dominio público de la federación, estado o municipio utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

b) Incluir como sujetos del impuesto a las personas físicas o morales que tengan la propiedad o posean por cualquier título dichos bienes.

c) Establecer que para estar exentos del impuesto predial y otras contribuciones municipales, los propietarios o posesionarios deban acreditar que el inmueble es un bien del dominio público y que se utiliza para los fines de su objeto público.

3) Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría que concesiones bienes del dominio público, exija en los contratos respectivos que los concesionarios paguen a los gobiernos municipales los impuestos y derechos que le correspondan o de lo contrario, les sea revocada la concesión.

Propuesta 4.3 Participar a los municipios de los bienes nacionales.Que los gobiernos municipales, al igual que los gobiernos estatales y el federal, participen del beneficio que otorga la concesión, uso, venta o explotación de los bienes que se consideran patrimonio nacional (como es el caso de los tiempos oficiales en radio y TV, el agua, etc.).

Mesa 5: Modernización y Simplificación de la Administración Hacendaría

Sobre este tema, proponemos una serie de acciones encaminadas a cumplir el objetivo de modernizar y simplificar la administración; sin embargo, dado lo heterogéneo de la capacidad económica y de gestión de los diferentes municipios del país, sugerimos que el proceso se de en forma ordenada, gradual, transparente y subsidiaria y se cuide que en todo momento, los municipios participantes, cuenten con los recursos económicos suficientes para realizar los cambios que se requieren.

Propuesta 5.1 Establecer sistemas de información a través de Internet.

Para que la población pueda, a través de este medio electrónico, consultar el avance de sus trámites; consultar sus adeudos y pagar sus contribuciones así también que los proveedores tengan la posibilidad de consultar los procesos de licitación, el estatus de sus facturas, los programas de pago, etc.

Propuesta 5.2 Instalar kioskos electrónicos en lugares estratégicos. Para permitir a la ciudadanía consultar y pagar las contribuciones y multas con comodidad y seguridad en lugares cercanos a sus domicilios y en sitios que comúnmente visitan.

Propuesta 5.3 Elaborar el padrón único de contribuyentes. Para lograrlo es necesario enlazar e identificar en una sola cuenta todos los pagos y trámites que cada contribuyente hace en el gobierno municipal, utilizando el CURP para las personas físicas y el RFC u otra identificación única aceptada, para las personas morales.

Propuesta 5.4 Compartir entre los tres órdenes de gobierno los padrones y las bases de datos. Las bases de datos sobre los contribuyentes que se pongan a disposición de los otros órdenes de gobierno deben estar digitalizadas, depuradas y actualizadas. Los padrones que se proponen compartir son, para el caso del gobierno municipal: el impuesto predial, el comercio ambulante, las licencias de operación, los anuncios luminosos, los permisos de transporte público, etc.

En el caso del gobierno estatal: licencias para conducir, control vehicular, registro público de la propiedad, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto sobre nóminas, impuesto al hospedaje, etc., finalmente, para el gobierno federal: ISR, IVA, IESPS, IMSS, INFONAVIT, derechos federales, etc.

Mesa 6: Colaboración intergubernamental

En el caso de la Mesa de colaboración intergubernamental, los municipios buscamos participar, al igual que lo hacen los otros dos ordenes de gobierno, en los diversos foros e instancias nacionales de coordinación intergubernamental, así como celebrar convenios de colaboración en forma directa con el gobierno federal.

Propuesta 6.1 Participación de los municipios en los temas nacionales. Que los gobiernos municipales tengan representación con voz y voto en los diferentes foros gubernamentales donde se tratan los temas de trascendencia e impacto nacional como son, entre otros, el Consejo Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, etc.

Propuesta 6.2 Convenios de colaboración para fiscalizar a los pequeños contribuyentes. Para hacer más eficiente la fiscalización y el cobro a los pequeños contribuyentes y al mismo tiempo fortalecer las haciendas municipales, se propone establecer convenios de colaboración administrativa en forma directa entre los gobiernos municipales y el gobierno federal para fiscalizar y recaudar las contribuciones de los pequeños contribuyentes ya que es el gobierno municipal quien cuenta con la infraestructura administrativa y tiene la información y el control de los vendedores ambulantes, los tianguistas, los mercados sobre ruedas, etc., por lo que es el municipio el idóneo para realizar esta función.

Propuesta 6.3 Convenios de colaboración entre la federación y los municipios. Con el objeto de eficientar la recaudación de los gobiernos municipales, se propone realizar las reformas legales que se requieran para que sea posible elaborar convenios de colaboración administrativa entre los gobiernos municipales y el gobierno federal en forma directa, que además permita al gobierno federal firmar convenios para que sea éste quien se encargue de recaudar las contribuciones municipales cuando se trate de grandes contribuyentes o de concesionarios de bienes del dominio público, sobre los cuales el gobierno federal pueda tener mayor efectividad en los cobros, como puede ser el caso del cobro del impuesto predial de inmueble s federales y otros.

Mesa 7: Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas

Por último, para la Mesa de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, proponemos que la Ley Federal de Transparencia sea aceptada y adoptada por los otros ordenes de gobierno y que se establezcan castigos, incluso de juicio político para quienes incumplan con las leyes de acceso a la información; por otra parte, planteamos que se establezca para todos los ordenes de gobierno un solo sistema de contabilidad gubernamental y que se cree el sistema nacional de información hacendaría y finalmente, proponemos que se establezca un sistema jurisdiccional para resolver las disputas sobre la cuenta pública.

Propuesta 7.1 Observancia general de la Ley Federal de Transparencia. Definir en el marco de la Ley Federal de Transparencia, que en las leyes de acceso a la información pública de las entidades federativas, así como en los reglamentos de transparencia municipales, bajo la premisa de que ``todo lo público debe ser público'', que se establezca claramente que los recursos que cualquiera de los tres ordenes de gobierno aporten a las entidades ya sean éstas públicas o privadas, tales como organismos públicos, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, universidades, entre otros, sean sujetos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

Propuesta 7.2 Juicio político por impedir el acceso a la información y otras reformas. Que se incorpore en las leyes de responsabilidades de los servidores públicos como supuesto de procedencia de juicio político, los casos en que las autoridades incumplan con las obligaciones que prevean las leyes de acceso a la información, así como definir las responsabilidades que se siguen a la rendición de cuentas y establecer los plazos específicos para que finiquiten o caduquen dichas responsabilidades.

Propuesta 7.3 Sistema único de contabilidad gubernamental. Con el objeto de estandarizar, hacer comparable y publicar la información que resulta de los procesos contables de los tres ordenes de gobierno, se propone que se uniformen los principios, los criterios y la normatividad que se utiliza en los sistemas contables gubernamentales y que se acuerde por todos implementar su aplicación.

Propuesta 7.4 Sistema nacional de información hacendaría y sistema de medición del desempeño. Para facilitar la transparencia e incrementar la eficiencia de la administración pública municipal, se propone que se cree un sistema nacional de información hacendaría, (administrado por el INEGI) y que se desarrolle e institucionalice un sistema de medición del desempeño para estados y municipios.

Propuesta 7.5 Sistema jurisdiccional para resolver las disputas sobre cuenta pública. Con el fin de resolver los problemas que se crean en la revisión de la cuenta pública entre los gobiernos municipales y el poder legislativo, por causas imputables a intereses políticos y no a razones técnicas, se propone que se establezca un sistema jurisdiccional para resolver las disputas que se deriven de la fiscalización de las cuentas públicas entre los gobiernos municipales y el poder legislativo de las entidades federativas.

Lo hasta aquí expuesto deja en claro que existen propuestas concretas para mejorar el desempeño de los ayuntamiento pero los avances son muy lentos.

Se solicitan mayores facultades y apoyos directos para resolver nuestra dependencia financiera y se nos ofrecen modelos y manuales para manejar la deuda que enfrentamos, esto es un apoyo consistente en asesoría que es valioso, si, pero que no va al fondo de la problemática que enfrentamos, de esta situación da cuenta el siguiente documento:

Manual de mejores prácticas para la administración de la deuda en entidades subnacionales mayo de 2004

Introducción

En los últimos años se ha llevado a cabo un marcado proceso de descentralización hacendaría en México. Este proceso ha sido especialmente trascendente en el ámbito legislativo y regulatorio que rige la contratación de deuda pública a nivel estatal y municipal.

Previo a 1995, el endeudamiento de estados y municipios se regía por el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Dicho artículo establecía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debía fungir como único ejecutor de las garantías ofrecidas por los estados y municipios a sus acreedores, cuando éstas se basaban en las participaciones que en ingresos federales les correspondían.

Este mecanismo, sin embargo, generaba incentivos inadecuados, ya que el Gobierno Federal, al ser al mismo tiempo el ejecutor de las garantías y la fuente de ingresos para los Estados y Municipios, se constituía implícitamente como prestamista de última instancia.

Para solucionar esta problemática, el 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 9° de la LCF, la cual modificó el mecanismo mediante el cual los estados y municipios contratan financiamientos, facultándolos para garantizar sus obligaciones con la afectación en participaciones u otros ingresos propios, de acuerdo con sus Leyes Estatales de Deuda.

Inicialmente, el nuevo mecanismo de afectación de participaciones se aplicó a través de la figura de mandato. Posteriormente, en 2001, se publicó el Reglamento del Artículo 9° de la LCF, en materia del Registro de Obligaciones y Empréstitos de las entidades federativas.

Teniendo como marco jurídico este reglamento, se creó el Fideicomiso Maestro como mecanismo de fuente de pago para que las participaciones federales siguieran siendo utilizadas para cubrir el servicio de la deuda pública. Las modificaciones realizadas al marco legal han permitido que los estados y municipios tengan un mayor acceso a fuentes de financiamiento, el cual se determina con base en criterios de mercado y no por mecanismos discrecionales.

No obstante, las ventajas del esquema no han podido ser aprovechadas en su totalidad. La heterogeneidad existente a nivel estatal en los ordenamientos jurídicos de la deuda pública, en los criterios contables y en las normas prudenciales utilizadas, ha dificultado la evaluación precisa de riesgos por parte de los actores participantes en los mercados financieros y ha limitado el crecimiento del mercado de deuda estatal y municipal.

En este contexto, y en el marco de los trabajos de la Mesa III, Deuda Pública, de la Primera Convención Nacional Hacendaría, se avanzó en el desarrollo de un ``Manual de Mejores Prácticas'' en materia de deuda pública. El objetivo de este Manual es proporcionar a los estados y municipios una guía de los principales elementos que deben cumplirse para potenciar su acceso a los mercados financieros nacionales en las mejores condiciones de costo y plazo.

Es importante señalar que esta guía se enfoca en principios aplicables a estados y municipios con diferente grado de desarrollo y con diferente estructura institucional en el manejo de la deuda. En este sentido, muchas de las entidades federativas cumplen ya con las prácticas contenidas en el Manual.

A pesar de ello, la compilación de prácticas en distintos capítulos, que abarcan desde aspectos legales hasta aspectos institucionales y financieros, permite que dichas entidades se beneficien del contenido del documento. En particular, las directrices, así expuestas, representan oportunidades para que las entidades enfoquen sus esfuerzos en aquellos factores en que perciben mayor distancia de las mejores prácticas.

El Manual está estructurado de la siguiente manera. El primer capítulo se hacen recomendaciones para ajustar el marco regulatorio de la deuda subnacional, estableciendo qué debe incluir este marco. En el segundo capítulo se establecen directrices para mejorar la elaboración de los presupuestos en los estados y municipios. En el tercer capítulo se exploran normas prudenciales para ayudar a que la deuda de la entidad sea sostenible. En el cuarto capítulo se abordan los cambios institucionales para un adecuado manejo de la deuda estatal. En el capítulo quinto se exploran medidas para aumentar la transparencia en el manejo de la deuda de las entidades y para mejorar el proceso de rendición de cuenta por parte de los administradores de la deuda.

1.- Marco regulatorio para la deuda subnacional

Este capítulo presenta los principales elementos que constituyen mejores prácticas en el diseño de un marco legislativo y regulatorio sobre la deuda pública estatal y municipal: Concentrar la legislación sobre deuda estatal y municipal en un solo ordenamiento jurídico (Ley Estatal de Deuda). En nuestro país, existe una gran heterogeneidad en la legislación de la deuda pública estatal y municipal.

En primera instancia, las normas básicas se especifican a nivel de las constituciones locales. Posteriormente, la legislación se detalla en ordenamientos estatales. No obstante, existe un número significativo de entidades que puntualizan su marco legislativo en varios ordenamientos jurídicos a nivel estatal, entre los que se incluyen los códigos financieros, las leyes de administración financiera y las leyes estatales de deuda pública.

Esto dificulta el entendimiento del marco normativo por parte de los actores económicos e inhibe la participación de inversionistas en el mercado de deuda. De acuerdo con lo anterior, una buena práctica consiste en concentrar los lineamientos generales sobre la deuda pública estatal en las constituciones locales, y los aspectos a detalle de la misma en las normas secundarias.

Ello no sólo facilitará su consulta sino que ayudará a eliminar o clarificar posibles inconsistencias que pueden presentarse al contar con distintos ordenamientos jurídicos en la misma materia. Contar con un marco jurídico claro, sencillo y congruente con la legislación federal. La claridad y la sencillez del marco jurídico son indispensables para que los inversionistas evalúen los distintos riesgos asociados en una operación crediticia, y para que las autoridades instrumenten con eficacia, eficiencia y transparencia las operaciones de deuda pública.

Un marco regulatorio complicado puede generar desconfianza entre los potenciales inversionistas, situación que dificulta el acceso de los estados y municipios a los mercados financieros y eleva el costo del financiamiento. Así, una buena práctica es contar con un marco jurídico en el que se definan con claridad las metas de políticas y los términos y preceptos utilizados. Establecer con precisión las facultades de las entidades encargadas de la administración de la deuda y sus responsabilidades.

La autorización y manejo del endeudamiento subnacional supone la participación de varias instancias gubernamentales, lo cual implica un alto grado de complejidad, a saber: Congresos estatales, Cabildos municipales y dependencias de los estados y municipios. Para permitir un mejor manejo de la deuda subnacional, es imperante que la regulación permita una armonización de las competencias gubernamentales en la materia. El marco regulatorio de la deuda debe especificar con claridad la entidad facultada para llevar a cabo la administración de la deuda a nivel local y el alcance de su responsabilidad.

En particular, resulta fundamental que se detallen las facultades y el ámbito de competencia de las dependencias encargadas de llevar a cabo las operaciones de autorización, contratación, administración y gestión de deuda. Adicionalmente, el marco regulatorio debe especificar explícitamente las sanciones correspondientes para actos que contravengan los lineamientos establecidos.

Promover la generalidad del marco regulatorio

El marco regulatorio debe ser lo suficientemente universal para abarcar la generalidad de las operaciones de deuda que celebra la entidad local, a través de conceptos claros en cuanto a la definición y alcances de la deuda pública. En este sentido, es necesario evitar el establecimiento de regímenes especiales para la celebración de operaciones de deuda que, por considerarse de objeto exclusivo o particular, deban contar con autorizaciones especiales, o bien, deban quedar sujetas a ordenamiento s distintos a los lineamientos generales previamente establecidos.

Es decir, en la medida en que el marco regulatorio no sea modificado consistentemente para albergar diversas operaciones especiales, se fomentará la transparencia y la generalidad del mismo.

Complementar el marco legislativo con la elaboración de códigos de ética.

Una buena práctica, complementaria al establecimiento de un marco legislativo apropiado, es la elaboración de códigos de ética que motiven un comportamiento honesto de los funcionarios responsables de la administración de la deuda pública. Algunas consideraciones éticas que deben cumplir estos funcionarios son:

Actuar en beneficio del interés público;

Evitar conflictos de interés;

No solicitar ni aceptar ninguna dádiva o favor que pudiera influenciar su desempeño y,

Respetar la confidencialidad de la información en su posesión.

El contenido de este código debe ser difundido ampliamente, con el fin de fomentar su cumplimiento.

2.- Mejores prácticas en materia de presupuestación

La elaboración del presupuesto estatal está sujeta a un número importante de variables que están fuera del control de las autoridades locales. Un componente fundamental, lo constituyen las participaciones por ingresos federales, mismas que se determinan con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. De esta forma, la incertidumbre asociada con el proceso de aprobación del presupuesto a nivel federal tiene un efecto negativo multiplicador en la elaboración de los presupuestos estatales.

Una condición necesaria para fortalecer el proceso presupuestario a nivel estatal es, sin duda, el establecimiento de un esquema de presupuestación que brinde certidumbre a nivel federal. Sin menoscabo de lo anterior, existen diversos elementos de los presupuestos estatales que son susceptibles de mejora.

En primera instancia, destacan las proyecciones sobre los gastos de nómina. Debido a las características propias de los servicios que ofrecen los estados y municipios, los gastos de personal representan un componente altamente significativo del presupuesto anual. Así, el fortalecimiento del proceso presupuestario debe basarse en un cuidadoso monitoreo y control del gasto de nómina y de los paquetes de prestaciones.

Muchos estados y municipios se han enfrentado a fuertes problemas de liquidez por el pago de primas vacacionales y aguinaldos.

Buenas prácticas en el proceso presupuesto del gasto de personal incluyen:

Contar con un registro preciso de la nómina estatal que incluya todos los elementos relacionados con el paquete de compensaciones de un empleado;

Realizar proyecciones conservadoras y realistas sobre el crecimiento de los gastos, en línea con el entorno político y económico de la entidad;

Crear una reserva mediante aportaciones mensuales para evitar los frecuentes problemas de liquidez que se suelen presentarse al cierre del año.

En segunda instancia, es necesario fortalecer los mecanismos de presupuestación para los gastos asociados con el servicio de la deuda pública. Para ello, una buena práctica es tomar como punto de partida el concepto de que el gasto en el servicio de la deuda es un gasto no programable.

Ello implica que este tipo de gasto no es discrecional y, por tanto, que no está sujeto a posibles recortes ante fluctuaciones en las condiciones de los mercados financieros. Por lo tanto, la instrumentación efectiva de esta buena práctica requiere desarrollar proyecciones del servicio de la deuda para cada préstamo vigente y pagadero bajo distintos escenarios, con el fin de contar con elementos para evaluar la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones financieras y, con esto, valorar de forma más precisa la capacidad de endeudamiento de la entidad.

Finalmente, es importante avanzar hacia la realización de presupuestos multianuales que sean consistentes con lo establecido en el programa estatal de desarrollo.

3. Introducción de normas prudenciales

A continuación se presentan algunas normas prudenciales que ayudan a una adecuada administración de la deuda:

Establecer restricciones sobre el uso de los recursos captados por contrataciones de deuda:

El uso de recursos proveniente de la contratación de deuda en las entidades está supeditado a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución que establece que ``los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos''.

Sin embargo, debido a que la Constitución no define el concepto de inversión pública productiva, éste ha sido determinado con base a los lineamientos establecidos dentro de las constituciones estatales, generando marcadas diferencias entre los conceptos utilizados por distintas entidades.

En este sentido, una práctica deseable es avanzar hacia una definición homogénea de inversión pública productiva que determine con claridad la obligación de que el gasto de inversión en capital sea superior al monto de endeudamiento neto de la entidad, que se asegure que los recursos obtenidos por financiamientos netos no se destinen al gasto corriente.

Al mismo tiempo que dicha inversión se destine al desarrollo de las regiones y el país.

Instituir mecanismos de responsabilidad fiscal que permitan mantener la deuda subnacional en niveles sostenibles.

Como se mencionó anteriormente, las mejores prácticas de deuda local deben inscribirse en un marco de responsabilidad fiscal a nivel federal. Sin embargo, se requiere de un compromiso adicional por parte de los gobiernos estatal y municipal para mantener la deuda subnacional en niveles sostenibles.

Actualmente, muchos estados restringen su nivel de endeudamiento mediante la utilización de razones proporcionales a sus gastos o a sus ingresos. Estos indicadores pueden resultar irrelevantes, ya que la definición de gastos e ingresos puede no reflejar la capacidad de repago de la entidad. Por ejemplo, el uso de indicadores referenciados a ingresos totales puede no reflejar la capacidad de pago de la entidad, ya que muchos de estos ingresos están ya etiquetados para el pago de gastos de nómina y de operación.

En este sentido, es necesario instituir mecanismos adicionales que permitan garantizar que la trayectoria de la postura fiscal de los gobiernos locales es sustentable en el tiempo. En línea con las mejores prácticas a nivel macro fiscal, una directriz apropiada es establecer un compromiso legal de mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible tomando como punto de partida el ahorro público de la entidad, definido como ingresos menos gasto corriente.

Es decir, la capacidad de endeudamiento de la entidad debe mantener una correspondencia con los recursos con los que cuenta que no están ya comprometidos para otras actividades.

Mantener un estricto control de los avales y garantías

Los avales y garantías representan el compromiso de los gobiernos estatales de canalizar recursos públicos a solventar un evento contingente. A través de ellas el gobierno estatal asume algún riesgo con el fin de coadyuvar a que se instrumenten proyectos prioritarios para el desarrollo local.

No obstante, si las garantías y avales otorgados no son monitoreados adecuadamente, estos pueden constituir un fuerte riesgo para las fianzas públicas locales en el futuro.

En este sentido, buenas prácticas en materia de avales y garantías son:

Implantar requisitos formales para otorgar garantías;

Establecer que las garantías otorgadas sean preferentemente subsidiarias;

Establecer mecanismos rigurosos para constatar la suficiencia de las contra garantías pactadas.

Crear una Comisión, integrada por distintos funcionarios públicos locales, encargada de otorgar las garantías, y constatar la suficiencia de las contra garantías.

Informar periódicamente al Congreso local y al público en general sobre la evolución de las garantías, precisando el objetivo de la misma, su monto, su duración y sus beneficiarios.

La supervisión adecuada del otorgamiento de garantías y avales incrementará la transparencia de las cuentas fiscales y disminuirá la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante perturbaciones económicas adversas.

4. Fortalecimiento del marco institucional

A continuación se presentan algunas prácticas para ajustar el marco institucional:

1. Desarrollar un marco institucional que permita administrar y monitorearlas obligaciones de deuda contratadas.

Dentro de la estructura de la administración de las finanzas públicas locales es importante contar con una oficina que sea directamente responsable del manejo de la deuda pública. La oficina debe mantener una estructura organizacional que mitigue el riesgo operativo, estableciendo claramente la ejecución de transacciones, evaluación de alternativas para satisfacer las necesidades de financiamiento, registro de las operaciones, elaboración de estadísticas y seguimiento, entre otras.

Al establecer esta estructura deben especificarse con claridad los objetivos y las obligaciones de la misma, así como el alcance de sus responsabilidades.

Como complemento de lo anterior, una buena práctica consiste en establecer como lineamientos para la administración de la deuda local lo siguiente:

Realizar el seguimiento oportuno sobre la evolución del nivel de la deuda.

Evitar la concentración de amortizaciones en el tiempo con el fin de disminuir el riesgo de refinanciamiento.

Mantener un nivel adecuado de liquidez, mediante un monitoreo cuidadoso de las reservas, cartera de inversión y las obligaciones de gasto de corto plazo.

Diversificar las fuentes de financiamiento para mitigar los riesgos de enfrentar restricciones de acceso a recursos financieros frescos.

Estudiar los efectos que en la deuda pudieran tener escenarios macroeconómicos adversos, con el fin de tomar las provisiones necesarias (análisis de sensibilidad).

Finalmente, es importante que tanto las responsabilidades como los objetivos establecidos por la oficina de administración de deuda estén establecidos en ordenamientos legales y sean difundidos para incentivar un adecuado desempeño.

2. Desarrollar recursos humanos especializados en las entidades.

Una oficina de administración de deuda debe contar con los recursos humanos capacitados para el adecuado desempeño de sus actividades. Los administradores profesionales proveen disciplina a los procesos asociados con la contratación de deuda pública y mantienen una visión de mediano y largo plazo sobre su evolución.

Una buena práctica consiste en buscar la profesionalización de los empleados que desempeñan funciones críticas en el proceso de administración financiera.

Para ello, es posible instrumentar las siguientes medidas:

Brindar continuidad a personal con capacidad técnica o experiencia probada en las actividades desempeñadas.

Establecer programas de capacitación orientados al fortalecimiento de las habilidades técnicas de los trabajadores locales.

Institucionalizar el proceso de selección de personal para evitar que dicho proceso esté sujeto a los ciclos electorales de las entidades.

3. Promover una mayor participación de municipios en el sistema de calificaciones crediticias.

Las calificaciones crediticias se perciben como evaluaciones independientes del desempeño financiero y económico de una entidad. Por ello, el obtener una calificación puede resultar al menos en las siguientes ventajas:

La calificación crediticia funciona como un proceso de ``certificación voluntaria'' que disminuye los problemas de asimetría en la información.

En otras palabras, los inversionistas o acreedores tenderán a destinar sus recursos a proyectos en entidades calificadas sobre aquellas no calificadas.

Debido a que en muchas ocasiones el financiamiento municipal se requiere para proyectos de infraestructura, cuya naturaleza es de largo plazo, la obtención de recursos a través del mercado bancario puede no ser apropiada.

El contar con una calificación crediticia abre oportunidades para obtener recursos mediante la emisión de instrumentos de deuda en los mercados de valores, facilitando con ello el calce entre los plazos de maduración del proyecto y del pasivo.

5. Mejores prácticas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas

Existe consenso sobre la importancia central que desempeña la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de desarrollo económico y social.

La transparencia y la rendición de cuentas permiten que aquellos funcionarios con la facultad de diseñar e instrumentar la política económica sean responsables de los resultados obtenidos ante la sociedad en general.

En este sentido, el diseño de las políticas tendrá el apoyo de una sociedad bien informada, lo que coadyuvará a que éstas sean puestas en marcha con éxito. La transparencia redunda en beneficios directos para los gobiernos locales, al reflejarse en costos más bajos para acceder a recursos financieros. Como ejemplo, es pertinente destacar la evidente correlación positiva que existe entre calificaciones elevadas y la promulgación de leyes estatales de transparencia de la información.

A continuación se presenta una lista de buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

1. Definir claramente la estructura y las funciones del gobierno local, los gobiernos municipales y de los organismos auxiliares.

La definición del ámbito de competencia del gobierno y sus organismos auxiliares es fundamental para promover la rendición de cuentas. Las funciones del sector público local y municipal están relacionadas con la instrumentación de políticas públicas a través de la provisión de servicios. Por ello, la separación de las funciones facilita la evaluación del desempeño de las distintas entidades del sector público.

En este sentido, una buena práctica consiste en hacer del conocimiento de la sociedad en general un cuadro institucional que muestre la estructura tanto del gobierno local como del de los gobiernos municipales y de los organismos auxiliares conforma se establezca en los ordenamientos jurídicos.

2. Promover la divulgación de información sobre todas las actividades realizadas por los gobiernos subnacionales

La divulgación de información es fundamental para que la sociedad cuente con los elementos que le permitan evaluar el desempeño de sus autoridades. De acuerdo con la escala de calificaciones de Standard amp; Poors, todas las entidades estatales con calificación alta han promulgado una ley estatal de transparencia de la información.

Una buena práctica consiste en divulgar regularmente información sobre la evolución pasada, actual y proyectada de las principales variables financieras de los gobiernos locales y municipales. En materia presupuestal, es necesario hacer del conocimiento del público en general reportes fiscales que contengan todas las actividades presupuestarias y extra presupuestarias del gobierno local, así como la posición fiscal consolidada con los organismos auxiliares.

Los reportes deben contener también información sobre los pasivos contingentes de las entidades y la deuda avalada a organismos y municipios. Asimismo, los reportes sobre deuda pública deben incluir información sobre el perfil y la composición de la deuda, así como de los activos financieros, las proyecciones de pago de capital, y el costo explícito por intereses.

La deuda debe clasificarse con base en su madurez residual como de corto y largo plazo. La apertura de la información sobre la deuda pública debe contener también los tipos de instrumento utilizados. Los principios que se deben seguir para dar a conocer información al público son:

Periodicidad: La publicación de la información debe hacerse de forma oportuna, para que ésta sea útil en la toma de decisiones. Es importante que se establezca un calendario de publicación de la información.

Integridad: Es fundamental que la totalidad de la información esté accesible al público en general. Se debe publicar la información de forma simultánea a todos los interesados, con el fin de evitar que se esconda la información o que se hagan modificaciones posteriores a los reportes.

Claridad: Se deben publicar las metodologías para el cálculo de indicadores, así como avisar de cualquier cambio en las mismas.

Asimismo, se deben revelar oportunamente las fuentes de información.

3. Realizar auditorias externas

Una característica fundamental del buen gobierno tiene que ver con el uso de auditores independientes. No obstante, sólo una minoría de las entidades federativas presenta reportes de auditorias externas al público en general.

En este sentido, una buena práctica es promover la realización de auditorias externas a las cuentas fiscales de los gobiernos estatales y municipales. Estas auditorias proporcionarán una visión objetiva de la posición fiscal de la entidad y funcionarán como un instrumento útil para fortalecer la administración y la transparencia de la gestión gubernamental.

Por supuesto, los resultados de estas evaluaciones deben de hacerse del conocimiento del Congreso local, los cabildos municipales, en su caso, y del público en general.

Conclusiones:La descentralización de las responsabilidades gubernamentales es un proceso que ayudará a que las necesidades de la población se satisfagan de forma más directa y oportuna. Sin embargo, estos beneficios sólo se darán si las administraciones locales asumen cabalmente sus responsabilidades. Para ello, será necesario que las administraciones locales asuman compromisos de transparencia, eficiencia y de rendición de cuentas en relación a sus finanzas públicas. Asimismo, es fundamental avanzar en el fortalecimiento del marco legislativo para introducir mecanismos que ayuden a mantener una postura fiscal solvente y sostenible en el mediano y largo plazo.

Como manifestamos con anterioridad, este manual es un excelente instrumento de asesoría, además de una guía para hacer frente a las deudas y solicitudes de crédito o bien para cotizar en la bolsa.

Pero es claro que la realidad de muchos municipios como el nuestro con deudas contraídas por pasadas administraciones y ante un presupuesto sumamente castigado que solo le permite a este XVIII Ayuntamiento solventar sus compromisos de manera mas o menos eficiente, agravándose con la formula de distribución de recursos provenientes del Fondo General de Participaciones, que a partir de 1987, viola los ``Principios'' que rigen el Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito por el Estado de Baja California al 31 de diciembre de 1979, como sigue:

III.- Desempeño de la formula de distribución a los estados y municipios:

1.- Estados.- La Federación a cuidado el Principio de Justicia del Sistema a través de fondos adicionales que garantizan la dotación de recursos a las Entidades Federativas cuando menos iguales a los aportados al propio Sistema.

2.- Municipios.- Hasta 1986, la distribución se apegó al Principio de Justicia, a partir de 1987, se perdió dicho principio, al determinar los factores con índices poblaciones y de recaudación de impuestos federales en el Municipio (50% y 50%), de 1987 al 2000, y a partir del 2001, de población (30%) y recaudación municipal del predial y del servicio de agua (70%), formulas que asignan un factor de distribución a Tecate del 1.9% de 1987 al 2000, cuando aportó el 5.94%; es decir, su ingreso mas importante se redujo a una tercera parte de lo que recibía. Del 2001 a la fecha, el factor es del 3.5%, todavía deficitario en un 30% a los recursos aportados al Fondo General al inicio del Sistema.

IV.- Afectacion al municipio de Tecate:

De 1987 al 2000, se han dejado de recibir recursos por el orden de 150 millones de pesos, equivalentes a 336 millones del 2004.

V.- Repercusión en las finanzas del municipio de Tecate:

Los déficit de ingresos sobre egresos han generado una deuda pública de 190 millones de pesos, la mayor parte recibidos por esta administración.

VI.- Solución:

Volver a la legalidad y distribuir los recursos del fondo general de participaciones en base a los factores de aportación.''

Insistimos en que no es falta de capacidad administrativa, ni de voluntad, ni de creatividad. De hecho muchos de los requisitos planteados que tienen que ver con la rendición de cuentas y la transparencia son ya una realidad en nuestro municipio, lo que falta es solvencia económica.

A pesar de lo comentado, bajo el actual esquema de colaboración fiscal, la hacienda municipal no ha sido ajena a los cambios experimentados por el sistema fiscal federal, con la entrada en vigor de este sistema, los ayuntamientos se vieron beneficiados al recibir recursos por concepto de participaciones federales, así como transferencias federales directas para financiar programas municipales. El Fondo de Fomento Municipal, que equivale al 1% de la recaudación federal participable, se destina íntegramente al financiamiento del gasto de los ayuntamientos. Lo mismo sucede con las aportaciones que asigna la federación para infraestructura municipal, combate a la pobreza y seguridad pública.

No obstante, estos avances han sido insuficientes para lograr una autonomía financiera de los municipios que les permita cumplir cabalmente con los servicios que demanda la población, toda vez que sus fuentes de ingresos propios son muy reducidas, destacando como las principales el impuesto predial y los derechos de agua, derechos estos últimos del agua que el gobierno del estado se niega a transferir al municipio de Tecate, Baja California, así como a los demás municipios del estado

En la actualidad la situación del XVIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California es la siguiente:

Por todo lo antes expuesto y ante la imposibilidad de autorizamos mayores facultades recaudadoras o el manejo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos que es la entidad que administra el servicio de agua potable, a pesar de ser un servicio que constitucionalmente le corresponde al municipio, fundamental para la buena marcha de este municipio y sobre todo para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales con calidad y eficiencia a los ciudadanos, es que solicitamos de la manera mas atenta a los diputados y senadores que representan a Baja California en el Congreso de la Unión que tengan a bien promover los siguientes apoyos:

Primero. Autorizar una Partida Especial Única, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, orientada a rescatar al ayuntamiento de TECATE, Baja California, que adeuda a la banca de desarrollo y/o a instituciones de salud y seguridad social o a dependencias administradoras de agua o de energía eléctrica, cantidades que sin ser extremadamente elevadas, nos encontramos imposibilitados a realizar el pago de las deudas sin sacrificar la prestación de servicios públicos.

Segundo.Analizar para su aprobación el monto solicitado de $189,175,236.00 (son ciento ochenta y nueve millones, ciento setenta y cinco mil doscientos treinta y seis) con el propósito de rescatar a este municipio endeudado y vulnerable económicamente, el cual puede ser recuperado mediante el descuento prorrateado de sus asignaciones anuales de aportaciones.

Tercero.Solicitar que la administración del servicio de agua y alcantarillado en manos del gobierno estatal este a cargo del ayuntamiento de Tecate Baja California cumpliendo así con el artículo 115 constitucional toda vez que cuenta con capacidad de administrarlos.

Quedamos en espera de su respuesta favorable a nuestra petición y les agradecemos de antemano su interés y cariño por los tecatenses.

Atentamente

Tecate, BC., a 15 de Noviembre de 2006.--- Por el XVIII Ayuntamiento de Tecate, BC.: CCP Joaquín Sandoval Millán, Presidente; Municipal; CP. José Simón Vargas Rodríguez, Síndico Procurado; Regidores: C. Lic. Julio César Alcaraz, C. Lic. Oscar Manuel Pulido Murillo, C. Lic. Luis Villavicencio Zárate, C. Armando López Hernández, C. Serafín Ferreira Magaña, C. Lic. Jorge Elías Rodríguez Valdez, C. Lic. María Dolores Celia Ortiz González, C. Felipe de Jesús Villalobos Flores, C. José Guadalupe Barceló Quijada, C. Ing. Miguel Carpio Brito»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE ZACATECAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Antonio Mejía Haro, en nombre propio y de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que de manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas, se implementen acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esa institución.

La Presidencia dispuso que se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados, el segundo de ellos, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores Antonio Mejía Haro y Claudia Corichi García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República, y conforme en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la honorable Cámara de Diputados para que, de manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas se emprendan acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esta institución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Al seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se debaten temas cruciales, en torno a la educación superior como: ampliar la cobertura con equidad, mayor pertinencia y responsabilidad social, mejorar la calidad educativa, innovar y transformar los modelos de enseñanza- aprendizaje, fortalecer las capacidades académicas y de organización, potenciar la generación y aplicación de conocimientos, formar recursos humanos de alto nivel, renovar la vinculación, la extensión y la difusión de la cultura, ampliar el financiamiento y mejorar su distribución.

El financiamiento, es indispensable para lograr los objetivos anteriores, ya que actualmente no existe una política de Estado que garantice a las universidades públicas, fuentes permanentes y estables de financiamiento, ni existen criterios claros y equitativos para el otorgamiento de los recursos.

En el discurso oficial, a la educación superior, a la ciencia y tecnología se les considera como palanca para impulsar el desarrollo social, el crecimiento económico, la competitividad y para la generación de empleos; sin embargo, el discurso, queda en eso, en discurso, ya que la realidad nos dice que no hay una política de Estado en apoyo a la educación superior, pues a partir del 2001 los presupuestos para la educación superior han disminuido en términos reales, en el 2005 se destinaron a la educación superior un poca más de 50 mil millones de pesos, que representó el 0.64% del PIB, muy por abajo del 1.5% del PIB contemplado por la ANUIES a alcanzar en el corto plazo. Igual sucede con la inversión en ciencia y tecnología que apenas representa el 0.38% del PIB, cuando la meta es de al menos un 1%.

La situación anterior explica la escasa cobertura de apenas el 20.4 % de los jóvenes en edad escolar que acceden a la educación superior, o la caída vertiginosa de la matrícula en el posgrado, que en el 2001 era del 8% y en el 2004 bajó al 3%, lo que se traduce en la generación de 1,000 doctores al año, en contraste con países como Brasil y España que producen 6,000 doctores en el mismo periodo.

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es un claro ejemplo de los problemas que generan las restricciones económicas impuestas por el gobierno federal a las universidades públicas.

En los últimos dos sexenios, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido llevada al borde de una crisis financiera. Como en otras entidades, la UAZ ha recibido transferencias del Gobierno Federal en el marco de los convenios de apoyo financiero a la educación superior; sin embargo, estos apoyos han disminuido año con año sin que medie explicación alguna.

Mientras que para 1995, en la aplicación del convenio entre la federación y el estado de Zacatecas, el incremento de la transferencia de la federación a la UAZ ascendió a casi un 23% respecto de 1994, para los ejercicios posteriores fue decreciendo de manera evidente hasta llegar a 2006 a un 4.3% de incremento respecto al año anterior.

Esto hace que actualmente, el subsidio ordinario sólo cubra el 70 % de las obligaciones contractuales, reconocidas por las instancias laborales. Desde hace 12 años no se reconoce una sola plaza de trabajadores administrativos, ni de funcionarios, y en diez años sólo se han reconocido 123 plazas de profesores de tiempo completo por la vía del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), ninguna de medio tiempo y de hora clase. Es tanta la indolencia del Ejecutivo federal, que la SEP no ha reconocido la recuperación de las plazas del personal académico y administrativo que ha fallecido. Para dar cobertura a las necesidades educativas durante esos años, la planta docente tuvo un crecimiento de un 21%; similar crecimiento se dio con el personal administrativo, mientras que la plantilla de funcionarios decreció en un 7%.

La situación anterior, hace imposible el pago de salarios y prestaciones al personal académico y administrativo; de igual manera limita significativamente el mejoramiento de las funciones sustantivas de la UAZ.

En contraste, y a pesar de las limitaciones financieras, en este mismo periodo se ha duplicado la población estudiantil, la oferta educativa pasó de 55 a 85 programas académicos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Se ha incrementado el número de profesores con postgrado, con perfil PROMEP y en el Sistema Nacional de Investigadores. La acreditación de programas académicos de calidad pasó de 8 a 19. Además la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha descentralizado, ampliando sus tareas aparte de la capital del estado a 10 municipios de la entidad.

En síntesis, la UAZ ha hecho más con menos, ha aumentado la cobertura, la oferta educativa y la calidad de la educación con menos recursos en términos reales. Además la federación tiene varios adeudos con la Universidad, no se han entregado el 50% de los recursos del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP, 2005), desde el 2004 no se han recibido recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Fondo de Jubilaciones y Pensiones se ha retraído progresivamente y el recurso del mismo en el 2006 no ha llegado, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) han ido a la baja, no obstante que actualmente se construye la nueva ciudad universitaria Siglo XXI, no se han entregado en su totalidad los recursos extraordinarios que aprobó la Cámara de Diputados a las universidades públicas para el 2006, entre otros adeudos.

Todo lo anterior ha hecho que progresivamente la UAZ entre en una crisis financiera que pone en riesgo la viabilidad de nuestra máxima casa de estudios en la entidad. En estos momentos, y de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades universitarias, la cantidad faltante para cumplir el mínimo de obligaciones al cierre del año, como es el pago de salarios, aguinaldos, primas de antigüedad y programa de estímulos académicos será del orden de los 115 millones de pesos.

Ante la indeferencia e insensibilidad del gobierno federal, que ha hecho caso omiso a las diferentes gestiones de las autoridades universitarias para rescatar financieramente a la UAZ., el martes pasado se llevó a cabo una gran marcha de la comunidad universitaria en la capital del estado, en defensa de la educación pública, el aumento del subsidio a las universidades públicas y el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal, a través de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a realizar de manera urgente la liberación total de los recursos adeudados a la Universidad Autónoma de Zacatecas e implementar en coordinación con esta institución de educación acciones concretas y definitivas para su rescate financiero, lo cual garantice el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Segundo.El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007, se asigne una partida especial para el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de otras universidades públicas del país.

Dado en la Cámara de Senadores, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2006.--- Senadores: Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi García (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Lázaro Mazón Alonso, en nombre propio y de los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentó propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se priorice a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Lázaro Mazón Alonso, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, Senadores de la República, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se priorice a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presupuesto federal y particularmente el presupuesto de egresos, tiene una relación directa con el bienestar social y el desempeño económico. Por ejemplo, corrige vacíos que las fuerzas del mercado no pueden cubrir, incentiva la generación de empleos y establece subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades.

Los denominados grupos vulnerables -dentro los cuales se ha considerado tradicionalmente a las personas con discapacidad, las niñas y niños y a las personas adultas mayores, y en ciertas circunstancias también son vulnerables las mujeres, los indígenas y los migrantes-, se encuentran al margen de la sociedad y de la dinámica nacional, con una legislación aún insuficiente para el establecimiento de la igualdad de derechos y de oportunidades, y con disposiciones tendientes a favorecerles, que no han sido cumplidas cabalmente.

Desde la perspectiva económica y de política social, son muchos los argumentos para exigir que desde los presupuestos se trabaje a favor de la igualdad y la equidad y para apoyar de forma especial a las personas que se encuentran en mayor desventaja, como es el caso de los grupos vulnerables.

A través del presupuesto de egresos se pueden corregir las desigualdades educativas y de salud, entre muchas otras.

En materia educativa, por ejemplo, el objetivo redistributivo más importante del gasto social, especialmente en el caso educativo, no reside en su impacto en el gasto corriente de los hogares, sino en la inversión en capital humano que representa. Eventualmente, su impacto redistributivo está en la mayor movilidad social, la distribución más equitativa del ingreso y una menor incidencia de pobreza que esta inversión puede generar, antes de transferencias.1

Al tener problemáticas y necesidades particulares, es indispensable emprender acciones diferenciadas y destinar presupuestos específicos para contrarrestar la problemática que enfrentan estos importantes sectores de la población.

Sin negar los importantes logros que en el país se han experimentado en relación a la condición social, jurídica, económica y política de los comúnmente llamados grupos vulnerables, persiste la marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales.

En el caso de las personas con discapacidad, tienen importantes limitaciones para comunicarse y obtener información.

El día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las personas con Discapacidad. El tema de este año es la ``accesibilidad electrónica''. El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece oportunidades a todas las personas pero quizás más que a nadie a las personas con discapacidad. En la medida en que el desarrollo de Internet y de estas tecnologías tiene más plenamente en cuenta sus necesidades, ya no hay razón para que las barreras en forma de prejuicios, infraestructuras y formatos inaccesibles impidan su participación.

Para arribar a una mejor situación se hace necesario incrementar los programas de formación e información; fomentar el acceso a las oportunidades de inversión; incentivar su participación en todas las esferas de la vida, y otorgar prioridad a los proyectos gestionados por los propios destinatarios.

Actualmente, el Congreso de la Unión, y particularmente la Cámara de Diputados, ejerce con plenitud su facultad exclusiva, de ``Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior'', tal como lo dicta la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los aspectos novedosos de los últimos presupuestos de egresos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados es que se comienza a estimar la cantidad de los recursos federales que se asignan para la atención de estos grupos de población que por sus características, requieren de acciones específicas y diferenciadas.

Estas estimaciones han sido de particular interés para los legisladores, ya que actualmente el Congreso Federal cuenta con comisiones ordinarias de Grupos Vulnerables, Asuntos Indígenas y Equidad y Género, cuya preocupación recurrente ha sido la de conocer las políticas federales y la cantidad de recursos, con la finalidad de incidir en el aumento de estos últimos.

Pese a lo significativo que pudieran resultar estos esfuerzos, pareciera ser que los mismos no están sustentados en un análisis minucioso de las implicaciones que esto conlleva, tanto en lo relacionado con el equilibrio presupuestal, como en la eficiencia en la asignación de los recursos. En general, subyace la idea de que lo realmente importante es el aumento de los recursos y no la calidad del gasto público, en otras palabras, que el incrementalismo presupuestal determina la efectividad de las acciones y de las políticas gubernamentales.

Dada la competencia en la asignación de recursos entre las distintas actividades, se hace indispensable una asignación sensible y eficiente, procurando que el gasto social se destine a aquellas actividades que potencien y reactiven nuestra economía, pero sobretodo, debemos hacer que los fondos públicos tengan como prioridad la protección de los grupos sociales que por diversas circunstancias, se encuentran en las peores condiciones de marginación, indefensión y vulnerabilidad.

Conocer con precisión las acciones y los recursos para estos grupos es indispensable para incidir en su problemática, por lo que se hace necesario insistir para que se presente información objetiva y desagregada.

Debemos generar la información sobre los recursos y las acciones que se instrumentan, ser más sensibles y conscientes, emprender acciones específicas, permanentes, pero también enfocadas a resultados y con presupuestos sostenibles.

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentamos para la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se establezcan apartados específicos en los que se desglosen los recursos destinados a grupos especiales de población como son las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, niñez y jóvenes, mujeres e indígenas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se tomen en cuenta los criterios de de legalidad, eficiencia y eficacia con la finalidad de que se puedan asignar y ejercer los recursos de la mejor manera.

Asimismo se solicita que en caso de existir reasignaciones y ampliaciones, éstas se destinen a las funciones sustantivas no a las adjetivas, se evite la duplicidad de funciones, se fomente la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y se distribuyan prioritariamente en el gasto social, especialmente para las personas más desprotegidas y vulnerables.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se asignen recursos suficientes para los programas que inciden directamente en las personas con discapacidad, particularmente en las acciones destinadas al acceso a las tecnologías de la información.

Nota:

1 Scott Andretta, John, Calidad de gobierno: gasto público y desarrollo humano, Programa de Presupuesto y Gasto Público, CIDE, 2001.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 5 de diciembre de 2006.--- Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez, Lázaro Mazón Alonso (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SECTOR AGROPECUARIO

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se constituya el fondo de compensaciones del sector agropecuario para enfrentar los daños causados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito, Arturo Herviz Reyes, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se constituya el fondo de compensaciones del sector agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea tuvo como objetivo desde sus inicios en 1958 con el Tratado de Roma, lograr la unificación de los mercados, precios de garantías comunes, una solidaridad financiera entre los Estados, y la preferencia comunitaria en la producción de alimentos.

En los años sesenta los precios de los productos agrícolas en cada uno de los países de la Comunidad Europea era muy diferentes, por las distintas modalidades en los esquemas de producción y de rendimientos, provocando en lo general que los precios de diversos productos agrícolas fueran más altos en Alemania e Italia que en Francia.

Los países miembros de la Comunidad Europea, durante los años sesenta discutieron diversas propuestas de precios comunes de los productos agrícolas que integraban el mercado común y en 1964 se concretó la homologación de los precios para el ciclo productivo 1967-1968.

Se acordó que países como Alemania, Italia y Luxemburgo, debería de reducir sus precios de productos agrícolas y que recibirían de la Comunidad Europea compensaciones financieras para indemnizar a sus productores.

Las políticas de compensaciones financieras, precios de garantías comunes y unificación de mercados de productos agrícolas, llevaron a la Comunidad Europea en los inicios de los años setenta, ha convertirse en autosuficientes en productos como: trigo, leche, huevos, azúcar, mantequilla, carne, etc. Cabe aclarar que en las dos últimas décadas habían sido deficitarios en alimentos.

Para la década de los ochenta la Comunidad Europea exportaban 19 millones de toneladas de trigo al mundo y para el año 199227 millones de toneladas, lo que la convierten en la segunda potencia mundial agrícola y que solo es superada por los Estados Unidos de Norteamérica.

El éxito de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, no se retomó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestros socios comerciales impusieron sus intereses en el Capítulo VII del Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

El TLCAN no tiene la intención de conformar un bloque económico de los productos agrícolas y desde un principio se vislumbró claramente que para Estados Unidos representaba la apertura y el aseguramiento del mercado mexicano para sus productos agrícolas, lo que lleva a México a tener un lugar subordinado en el sector agrícola en el convenio trilateral.

Estados Unidos de Norteamérica, una vez que entró en vigor el TLCAN, expidieron en el 2002 y con vigencia al 2007, la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, el objetivo proteger al sector agrícola de los Estados Unidos de Norteamérica en el TLCAN.

La Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural beneficia al sector agropecuario transnacional de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de administrar el proceso productivo y la comercialización de los productos por medio de subsidios y protección que se brinda a los productores o granjeros norteamericanos.

El gobierno mexicano con las políticas de liberación económica eliminó créditos, precios de garantía y asistencia técnica al sector agropecuario, y la inversión del sector público destinada en promedio a cada productor agrícola, representa aproximadamente el 3% de lo que destina el gobierno norteamericano a sus productores agrícolas.

Estados Unidos con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, incrementó los subsidios a su agricultura lo que ha provocado la caída de los precios internacionales, y con estas medidas puso en desventaja a los campesinos mexicanos frente al mercado internacional.

Mientras los gobiernos de la tecnocracia neoliberal eliminan en México los subsidios como medida para no distorsionar el mercado común y se definen aproximadamente 13 mil millones de dólares para todo el sector agropecuario mexicano, los Estados Unidos en base a la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, otorgó para los próximos 10 años un subsidio a ocho cultivos básicos como: maíz, trigo, algodón, soya, arroz, cebada, avena y sorgo, por la cantidad de 248 mil 600 millones de dólares.

El TLCAN acentuó la crisis en el sector agropecuario, hoy encontramos que en la población rural en México el 70% vive en la pobreza y el 30% en la pobreza extrema, datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que la pérdida de empleos agrícolas se calcula en 600 empleos diarios.

Están por cumplirse cinco años de que entró en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y el sector agropecuario no ha tendido los fondos de compensación suficiente para contrarrestar los efectos negativos del TLCAN, y los productos más afectados son: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovino, porcino y pescado, precisamente son estas mercancías a las que el artículo 179 de la LDRS considera productos básicos y estratégicos.

El argumento para que se constituya el fondo de compensaciones del sector agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN, se fundamenta en el artículo 110 de la LDRS que a la letra señala: ``El Ejecutivo federal aplicará las medidas que los Comités Sistema Producto específicos, le propongan a través de la Comisión Intersecretarial, previa evaluación por parte de ésta, para la protección de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país, con las de los países con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles cupos y salvaguardas entre otros''.

En el contexto de la economía globalizada, el futuro inmediato del campo mexicano está entre dicho y sólo sobrevivirán los pocos productores, cultivos y regiones que demostraron capacidad de reestructurase productiva y comercialmente para competir en los mercados locales e internacionales.

Compañeros senadores es el momento de que apliquemos las normas que expide él Congreso de la Unión, y protejamos de una vez por todas, al sector primario del país y se constituya el fondo de compensaciones del sector agropecuario con la cantidad de $ 45 mil millones de pesos y que se incremente estos recursos en un 20 por ciento en cada ejercicio fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, se constituya el fondo de compensaciones del sector agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de noviembre de 2006.--- Senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un incremento al subsidio federal ordinario, en el Presupuesto de 2007, para la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un incremento al subsidio federal ordinario, en el Presupuesto de 2007, para la Universidad Autónoma de Guerrero.

Quien suscribe, senador Lázaro Mazón Alonso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se considere, en el proceso de discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2007, un incremento en el subsidio federal ordinario correspondiente al gasto de la Universidad Autónoma de Guerrero por un mil 230.4 millones de pesos, para efecto de cubrir con suficiencia los gastos que genera su operación regular.

Segundo.Asimismo, se solicita a la colegisladora se otorgue a esa casa de estudios un apoyo extraordinario único por 920.0 millones de pesos, a efecto de cubrir un pasivo laboral y de seguridad social acumulado a la fecha por las excesivas restricciones presupuestales a que se le ha sometido.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 27 de noviembre de 2006.--- Senador Lázaro Mazón Alonso (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo relativo a exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2007, se considere aprobar una partida especial que apoye el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la misma para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se considere el aprobar una partida especial que apoye al rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

El suscrito senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Datos generales de la cuenca

Se ubica en el estado de Michoacán, se trata de una cuenca cerrada con una superficie aproximada de 1,000 kilómetros cuadrados, se desarrolla desde los 2,035 metros sobre el nivel del mar (``msnm'') hasta los 3,300 msnm, con una elevación promedio de 2,369 msnm. Cuenta con un lago interior de 126.4 kilómetros cuadrados equivalente al 12.64 por ciento de la superficie total de la cuenca, el cual tiene una profundidad promedio de 4.9 m y almacena 619.4 Mm³.

La población circundante, es de aproximadamente 120,000 habitantes, y se encuentran los municipios de Coeneo, Huiramba, Lagunillas, Nahuatzen, Tingambato, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, siendo estos últimos cuatro municipios los que circundan el Lago de Pátzcuaro. Su economía depende fundamentalmente del turismo, la explotación forestal, la pesca y las artesanías, y recientemente de las remesas que le llegan de sus migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Por su particular belleza y sus antecedentes históricos, los cuales se remontan a épocas prehispánicas, es considerada como una de las regiones más emblemáticas de México.

Indicadores del deterioro ambiental

En los últimos cincuenta años la cuenca, por efecto de la sobreexplotación de sus recursos naturales y la contaminación, ha sufrido un grave deterioro ambiental. Los siguientes datos permiten tener idea de esta problemática:

Deforestación. Debido a la tala clandestina, el uso de leña como combustible, la incidencia de plagas forestales, los incendios forestales y a la explotación ilegal; se han perdido más de 10,000 has de bosque y el 50 por ciento restante presenta afectación forestal.

Cambio de uso y manejo inadecuado del suelo.- Se ha incrementado significativamente la explotación agrícola y ganadera. Tanto las prácticas agrícolas como las ganaderas son extensivas e inadecuadas, se usan técnicas no conservacionistas y de bajo rendimiento. Se práctica la agricultura de temporal y el riego por gravedad, ambos de baja rentabilidad.

Erosión. El 85 por ciento de los suelos de la cuenca se encuentran afectados por los intensos procesos de erosión lo que produce una significativa acumulación de azolves en el lago.

Reducción de la superficie y profundidad del lago.- En los últimos 50 años se ha detectado una disminución de 40 kilómetros cuadrados de la superficie lagunar y de 2.6 m de profundidad (uno de los mayores descensos históricamente registrados).

Falta de infraestructura de saneamiento.- Debido a que la cobertura de alcantarillado es parcial, al uso de fosas sépticas y letrinas que impactan a los acuíferos, así como al fecalismo al aire libre, que en época de lluvias producen escurrimientos con alto contenido de materia orgánica, se produce una importante contaminación difusa y un preocupante estado de insalubridad en la parte baja de la cuenca.

Contaminación de suelo y agua. Debido a que el 33 por ciento de la basura no se colecta, a que el 70 por ciento de las aguas residuales de las zonas urbanas y rurales no se tratan (120 mil habitantes en la cuenca) y a las descargas de drenes agrícolas (400 a 800 l/s del dren Zurumútaro, DR 091 Pátzcuaro); el lago y algunos manantiales, al igual que grandes superficies de suelo, presentan altos niveles de contaminación.

Carga orgánica en el lago. Las descargas de aguas residuales sin tratar provenientes de 15 sitios, incluyendo Pátzcuaro y Quiroga (aprox. 200 l/s en el año 2000), y la contaminación difusa en toda la ribera del lago, aportan una gran cantidad de contaminación por carga orgánica y nutrientes al lago (mayor deterioro en la porción sur).

Carga interna. La constante y cada vez mayor acumulación de sedimentos contaminados en el fondo del lago supera significativamente su capacidad de restauración natural.

Amenazas a la vida silvestre.- Se encuentra en riesgo de extinción cuatro especies acuáticas y treinta y dos vegetales terrestres, entre ellas el pez Blanco, que es una especie emblemática de la región.

Deterioro de la calidad del agua del lago de Pátzcuaro.- Derivado de la contaminación, el agua presenta alta turbidez, ensalitramiento, altas concentraciones de nutrientes en zonas puntuales y abatimiento del nivel de oxígeno disuelto en algunas zonas específicas.

Caída de la producción pesquera. Por efecto de la utilización de artes de pesca inadecuadas, la introducción de especies exóticas (trucha, carpa, mojarra, etcétera), la sobreexplotación pesquera (pescado blanco) y las alteraciones del hábitat (turbidez, salinidad, lirio, etc.), en los últimos 13 años la producción pesquera se redujo a la sexta parte.

Baja cultura ambiental. La falta de una visión compartida respecto a los problemas de la cuenca, la poca continuidad de los programas y compromisos, la existencia de una red social de participación y comunicación fragmentadas entre las comunidades, y la carencia de un acuerdo institucional, son factores que no permiten adoptar un plan de largo plazo que incluya metas y recursos humanos, financieros y materiales compartidos.

Falta de fuentes de trabajo alternativas. Existen condiciones de pobreza extrema en el 60 por ciento de la población rural de la cuenca. La falta de empleos hace que parte de esta población se dedique a la explotación de los recursos naturales.

Baja conciencia. Por lo general la población no está bien informada sobre la problemática ambiental y en consecuencia no es conciente del deterioro y de la sobreexplotación que sufre la cuenca. La concentración de población y sus prácticas de consumo alteran el equilibrio ecológico.

Actualmente se cuenta con infraestructura para tratamiento de aguas residuales, con capacidad instalada de 147 litros por segundo, que por supuesto no es suficiente para tratar el 100 por ciento de las aguas residuales que se vierten al lago.

Bajo este marco de referencia, resulta claro que la cuenca se encuentra en una situación ambientalmente crítica, la cual debe de ser atendida de inmediato.

Pátzcuaro y Quiroga son las principales fuentes de descargas domésticas. Se estima que diariamente se descargan al lago un volumen de 28 mil 429 metros cúbicos de aguas negras.

La cuenca enfrenta un grave proceso de deterioro que amenaza la calidad de vida de la población y la integridad de los recursos naturales: Agua, bosque, suelo y vida silvestre.

Es necesario reforzar las actividades de restauración, rescate y conservación de la cuenca, que han venido desarrollando diversos organismos públicos y privados.

Es menester que el programa de recuperación sea permanente. Que los organismos responsables, tanto los no gubernamentales, como las Entidades Públicas de los tres ordenes de gobierno, cuenten con los recursos necesarios para impulsar la generación de cultura y conciencia ambientales entre la población, para la construcción de infraestructura, para el saneamiento de las aguas residuales, para la preservación de especies nativas, para el tratamiento de residuos sólidos, para la conservación y reforestación del bosque, para el uso y la explotación racional de los recursos, así como para la promoción de la participación social.

A fin de revertir la contaminación por aguas residuales vertidas al lago, la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con el gobierno del estado de Michoacán y los cuatro municipios con mayor influencia en la cuenca (Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzán) han establecido mecanismos de participación.

Dichos mecanismos de colaboración están sustentados precisamente en los decretos que establecen condonación de créditos fiscales generados por los adeudos en el pago de derechos por el uso y aprovechamiento o explotación de aguas nacionales y condonación de contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

En la adhesión a dichos decretos, el organismo operador o prestador de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, manifiesta por escrito un programa de acciones, para el tratamiento de aguas residuales, tratamiento y disposición de lodos, con el propósito de asegurar que los contaminantes de las descargas se encuentren dentro de los límites máximos permisibles establecidos por la Ley Federal de Derechos y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (NOM-001-ECOL-1996); y se establece los plazos en los cuales los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado, deben cumplir con el saneamiento de la totalidad de las aguas vertidas.

Los decretos antes mencionados son una estrategia para que los municipios y organismos operadores o prestadores de servicio estén en posibilidad de construir infraestructura necesaria para cumplir con la normatividad oficial en materia de descargas de aguas residuales, con el objetivo que conlleve entre otros a:

Promover la inversión en acciones de saneamiento por parte de los prestadores de servicios

Disminuir la contaminación de cuerpos de agua para coadyuvar a restablecer el equilibrio ecológico y su entorno.

En apego a dichos decretos los Municipios de Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzán, se han adherido a los mismos y presentaron por consiguiente los programas y acciones de saneamiento.

No obstante el esfuerzo que se esta realizando, se considera insuficiente para revertir el deterioro de la cuenca, ya que los mecanismos a que se hace mención no abarca todas las localidades de la cuenca. Solo aplica en diez localidades que cuentan con una población mayor 2,501 habitantes, el resto de las localidades, 80 por ciento aproximadamente, no están obligados. Por lo que se considera necesario el valioso apoyo de está honorable LX legislatura a fin de que se autoricen recursos adicionales para coadyuvar con el gobierno del estado y los municipios a sanear las aguas residuales de localidades con población menor a 2,501 habitantes, mediante tecnologías alternativas de saneamiento, para cumplir con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996. En tal sentido, el estado de Michoacán, los municipios de la cuenca, las dependencias federales involucradas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han elaborado un diagnóstico general en materia de saneamiento, en el cual se establecen los requerimientos de recursos económicos, además de un programa calendarizado para la aplicación de los mismos, en el que también se establecen las principales acciones a realizar en los próximos años.

Para alcanzar las metas propuestas se requieren mayores apoyos presupuestales. En este sentido la posible inclusión de una partida especial dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), bajo la premisa y reconocimiento de que se trata de un caso urgente y de interés nacional, podría ser el detonador y garante de la recuperación ambiental de esta importante cuenca.

Que en mérito de lo expuesto, el que suscribe, Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la misma para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se considere el aprobar una partida especial que apoye al rescate de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Dado en México DF, el 28 de Noviembre de 2006.--- Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ARTICULOS 4o. Y 27 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Pasamos al apartado de iniciativas de ciudadanos diputados. Esta Presidencia recibió de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del PVEM

Gloria Lavara Mejía, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de que el derecho al acceso al agua se constituya como garantía constitucional, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la celebración del tercer Foro Mundial del Agua, del 16 al 23 de marzo de 2003 en Kyoto, se vislumbraba la necesidad de considerar el derecho al agua como un derecho humano, partiendo de la base de la afirmación del Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas al respecto.

Este reconocimiento consiste en la consideración de que ``la realización del derecho humano a disponer de agua... es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. El continuo proceso de contaminación, agotamiento y distribución desigual del agua está exacerbando la pobreza existente. Los Estados parte deben adoptar medidas eficaces para hacer realidad, sin discriminación, el derecho al agua''.

A pesar de dicha recomendación y de que se tiene conciencia de que el agua constituye la fuerza impulsora del desarrollo sustentable y un elemento clave en la erradicación de la pobreza y el hambre, en el pasado Foro Mundial del Agua, realizado del 16 al 22 de marzo en la Ciudad de México, no se dio formalmente ese reconocimiento del vital líquido como un derecho humano.

Lo anterior, implica frenar los esfuerzos para resolver los problemas relacionados con el manejo y conservación del recurso, tales como la escasez, la propagación de enfermedades que se transmiten a través de ella, etcétera, lo que necesariamente evita garantizar una buena calidad del recurso para la satisfacción de las futuras generaciones.

No obstante ello y que en el citado foro no se llegó a un acuerdo para que el acceso al agua fuera considerado como un derecho humano, nuestro deber como legisladores debe ir más allá, y bajo ninguna circunstancia debe limitarse en asumir que es necesario cuidar el recurso sólo bajo la argumentación de que éste es un tema de seguridad nacional, sin que exista un reconocimiento previo del mismo como derecho fundamental en nuestra Carta Magna.

Consideramos que, partiendo de la base de que el Estado tiene la obligación de establecer medidas para que todas las personas puedan acceder al agua en condiciones que permitan su uso y aprovechamiento sustentable, debe reformarse nuestra Constitución a través del establecimiento de los mecanismos legales que permitan el ejercicio del derecho al acceso al agua.

Es así como para que dicho éste sea un precepto operativo, no basta con su reconocimiento en alguna declaración de principios en el ámbito internacional, ya que carece de fuerza vinculatoria, sino que es fundamental que los ordenamientos locales lo reconozcan mediante el establecimiento de los mecanismos que permitan ejercerlo.

Dado lo anterior, proponemos que el mismo sea establecido como una garantía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica la existencia de instituciones o mecanismos previstos en dicho ordenamiento que sirven de protección a los derechos básicos del hombre.

Es así que consideramos fundamental que el acceso al agua se contemple como garantía constitucional dentro de nuestro marco legal, en virtud de que es obligación del Estado proteger y velar por el derecho individual a tener acceso a los servicios básicos de agua potable.

La necesidad de ello se evidencia si tomamos en consideración que el ser humano y el desarrollo de cualquiera de sus actividades depende del agua para siquiera sobrevivir, razón que obliga a una reforma legal como la que nos ocupa.

Tomando como base esta afirmación, como legisladores nos encontramos obligados a establecer el régimen jurídico que permita mantener el recurso, dado que la realidad demuestra que el actual nivel de consumo y destrucción de los recursos de agua resultará insostenible en unos pocos años; y que el pleno disfrute de derechos tales como la vida, la salud, la vivienda o el medio ambiente, resultará inviable en ausencia de la oportuna disponibilidad del agua.1

En virtud de esto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos esta iniciativa con objeto de incorporar el acceso al agua como una garantía constitucional en nuestra Carta Magna.

Con ello, estaremos otorgando la certeza que requiere el cuidado y conservación del recurso; y cumpliendo con el mandato previsto en la Meta 10 del Objetivo Número 7 de la Declaración del Milenio, que establece la necesidad de ``reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable''.

Cabe señalar que una reforma en este sentido sirve para incorporar principios que, por lo novedosos, aún no aparecen claramente definidos en nuestro marco jurídico, tales como la determinación puntual y específica de las obligaciones tanto del Estado como de los particulares de marcar el campo de acción dentro del que se ha de fijar su responsabilidad respecto al cuidado del agua.

Atendiendo a dicha obligación, los diputados del Partido Verde Ecologista de México proponemos que se incorporen dentro de nuestro marco jurídico las observaciones que el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas han hecho al respecto, al señalar que ``El derecho humano al agua, como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico''.

Es así, como se propone la siguiente redacción con base en la recomendación en comento: ``...toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, y accesible para la satisfacción de sus necesidades. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de garantizar un acceso al recurso que permita una vida digna y decorosa''.

La determinación de estas condicionantes permite referirse a la calidad del recurso atendiendo a las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas a que nos hemos referido anteriormente, quien señala que el derecho humano al agua entraña tanto libertades como derechos.

Las libertades son el derecho a mantener el acceso al un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias; por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos; estableciendo tres factores que deben aplicarse en la formulación de políticas de cuidado y conservación del recurso, a saber: la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad del agua.

La disponibilidad necesariamente hace referencia a que el abastecimiento del recurso deberá ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Estos usos comprenden normalmente el consumo, saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.

La calidad supone que debe existir cierto grado de salubridad en el recurso, lo que implica no estar contaminada o contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.

Y la accesibilidad al recurso como condición necesaria para hablar del reconocimiento como derecho, evidencia la obligación del Estado para suministrar el agua de manera física y económica.

El suministro físico del recurso implica que el agua, las instalaciones y servicios relacionados deberán encontrarse al alcance físico de todos los sectores de la población; mientras que la accesibilidad económica hace referencia a que los costos y cargos directos e indirectos asociados con el establecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos.

Por último, cabe mencionar que para poder estar en condiciones de un adecuado ejercicio, debe contarse con acceso a la información, derecho que se encuentra abarcado en la característica de accesibilidad, que implica poder solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del recurso.

Es así, como los legisladores de mi grupo parlamentario decidimos recoger estos requisitos en nuestra incorporación como garantía constitucional de dicho derecho, de manera que exista un fundamento a nivel nacional que permita delimitar cuál será el alcance de dicha disposición jurídica.

Resulta fundamental tener en cuenta que algunas implicaciones de esta reforma que reconoce el acceso al agua como derecho fundamental consisten en:

``Garantizar el acceso a una cantidad mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico, y para prevenir enfermedades.

Asegurar el acceso a instalaciones y servicios sobre una base no discriminatoria, en particular, respecto de los grupos más vulnerables.

Garantizar el acceso físico a las instalaciones; es decir, que los servicios de agua se encuentren a una distancia razonable del hogar; y

Garantizar un suministro suficiente del recurso''.2

De lo antes expuesto, se pone de manifiesto nuestra obligación en el sentido de reformar nuestra Carta Magna con objeto de garantizar que el agua siga siendo un recurso que nos permita una calidad de vida digna para todos los mexicanos.

Dado lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reconociendo la obligación y necesidad de conservar el recurso agua, del cual pende nuestra existencia, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o.

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre y accesible para la satisfacción de sus necesidades. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de garantizar un acceso al recurso que permita una vida digna y decorosa.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

...

....

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos e indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la república; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la república y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. De igual manera, corresponde al Estado garantizar su distribución con base en criterios económicos de equidad y conservación, para lo cual, deberá establecer los instrumentos y derechos correspondientes al uso, aprovechamiento y consumo del recurso de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados.

...

...

...

I. a XX. ...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 ``Por una nueva cultura del agua: el derecho humano al agua'', Aniza García, Universidad Complutense de Madrid.

2 Ídem.

Dado en la Cámara de Diputados, sede del honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS DELICTIVAS QUE CONFORMAN LA TRATA DE PERSONAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Esta Presidencia recibió, igualmente, de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Iniciativa que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda, diputada a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

Las difíciles condiciones de vida que enfrentan los países menos desarrollados han propiciado diversas conductas que atentan directamente contra la dignidad de la persona y el respeto de los derechos humanos. Algunas de esas conductas empezaron a formar parte de actividades delictivas que, debido a la magnitud de sus beneficios, se convirtieron en un negocio sumamente rentable y hoy han tomado dimensiones semejantes a los ingresos que genera el tráfico de drogas y de armas; éstas son las conductas que forman la trata de personas.

Sin embargo, este problema requiere que se atienda de manera urgente, pues a diferencia del tráfico de armas y de drogas, estamos hablando de personas, personas que son tratadas como objetos y que, a través de engaño o coacción, son sometidas a diferentes tipos de explotación.

El tráfico de personas es el tercer mayor negocio transfronterizo, sin embargo, algunos cálculos indican incluso que la trata de personas pronto ocupará el primer lugar por su amplia rentabilidad: los traficantes ganan entre 4 mil y 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima.

Los delitos relacionados con la trata de personas tienen sus orígenes en la pobreza, la falta de oportunidades, la desintegración familiar, la discriminación sexual, las desigualdades económicas, los flujos migratorios (legales e ilegales), la falta de educación, la violencia intrafamiliar y la difícil realidad con las que millones de mexicanos se enfrentan día a día.

La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI, pues limita, priva o coacciona la libertad del ser humano; violenta los derechos humanos del individuo, sobre todo, de aquellos que tienen un estatus vulnerable como lo son las mujeres, los niños, adultos mayores, y los migrantes, en virtud de que adolecen de educación y de oportunidades de trabajo.

A diferencia de otros delitos, en el concepto de trata de personas podemos encontrar gran cantidad de violaciones de la ley, que forman uno de los más importantes crímenes de delincuencia organizada y se ha convertido en una profunda preocupación internacional, especialmente porque se vincula fuertemente con el problema migratorio.

Los delitos en que se puede incurrir en la trata de personas van desde la falsificación de documentos y la corrupción hasta el secuestro, la tortura o la extorsión. Sin embargo, la condición indispensable para que se considere trata de personas es la explotación ya sea laboral o sexual; desgraciadamente, las víctimas no reciben la atención y el tratamiento necesarios.

Los costos de los delitos relacionados con la trata de personas son muy altos para las víctimas, que en la búsqueda de mejores oportunidades pueden encontrarse hasta con la muerte. En todos los casos, las víctimas sufren daños físicos y emocionales, lo que definitivamente las marca de por vida.

México ha sido identificado como un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. La mayoría de las víctimas que llegan o pasan por el país son centroamericanas con destino a Canadá o Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que de las 800 mil a 900 mil personas tratadas anualmente, de 18 mil a 20 mil van a Estados Unidos. México es uno de los lugares primordiales de tránsito en este mercado.

Por mucho tiempo, las acciones relacionadas con la trata de personas fueron consideradas una serie de episodios aislados y no un problema estructural. Sin embargo, en los últimos años, las conductas delictivas que se relacionan con la trata de personas se han convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad a nivel mundial.

La respuesta frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en 2000 y los dos protocolos del mismo año, contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y que tienen como objetivo prevenir y luchar contra la trata, concediendo particular atención a la protección de mujeres y de niños y a la promoción y fomento de la cooperación entre los Estados.

México es uno de los principales países que impulsan el combate de la trata de personas a nivel internacional y forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos. Sin embargo, es necesario que para hacer frente a los compromisos que ha adquirido a nivel internacional, se englobe la legislación actual en una ley que considere todas las conductas relacionadas con la trata de personas, la prevención y la atención de las víctimas.

Para el gobierno de México, las conductas relacionadas con la trata de personas forman un delito que afecta a los sectores de la población que se encuentran en situación de desventaja, y atentan contra la dignidad y el bienestar no sólo de las víctimas sino también de sus familias. Es un delito cuyo combate resulta sumamente complejo porque está ligado a otras formas de delincuencia organizada transnacional.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas define la trata de personas como ``la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos''.

El fenómeno de trata en México está vinculado directamente con el problema migratorio, Muchos inmigrantes ilegales se convierten en víctimas de los traficantes y son explotados durante su trayecto de la frontera sur con Guatemala hasta la frontera norte colindante con Estados Unidos. Además de la trata fronteriza, México enfrenta igualmente un considerable problema de trata interna en el que miles de niños --en su mayoría mexicanos y centroamericanos-- son víctimas de explotación sexual comercial. Se calcula que el número de menores víctimas podría totalizar 20 mil.

Por eso, las respuestas a este problema deben ser globales e integradas, aplicando un concepto general de gestión migratoria para analizar los patrones migratorios, y comprender la prevención de la trata a través de la concienciación y el fortalecimiento institucional. De igual manera, es de vital importancia prestar asistencia y protección a las víctimas brindándoles ayuda inmediata, alojamiento, acceso a distintos servicios, y asistencia de retorno y reintegración.

En la legislación mexicana existen diversos tipos penales que sancionan las conductas que forman la trata de personas, pero para su prevención, erradicación y control es necesario que se consideren todos los aspectos relacionados con dichas conductas para que puedan ser sancionadas en toda la República Mexicana.

Los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano son insuficientes si tomamos en cuenta la magnitud del problema. Según cálculos de Naciones Unidas, la trata de personas es un negocio que recoge de 7 a 10 mil millones de dólares al año.

Por eso, México ha sido criticado y presionado al no contar con el marco legal necesario para enfrentar y prevenir las conductas delictivas relacionadas con la trata de personas, así como el apoyo de las víctimas. Es verdad que el Congreso y las legislaturas locales han presentado algunas iniciativas relacionadas; sin embargo, no se ha dado la importancia que merecen y no se ha promulgado algún marco normativo que permita afrontar el problema.

Los delitos que considera la trata de personas ya están tipificados en el marco legal en México, en el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Población, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud y algunas disposiciones locales. Sin embargo, esas normas no responden a la urgente necesidad de proteger y atender a las víctimas del delito.

El 9 de diciembre de 2004, los senadores Enrique Jackson Ramírez, Ramón Mota Sánchez y Sadot Sánchez Carreño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron al Senado de la República la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Esta ley, como la mayoría de las reformas legales en la materia, están pendientes en el Congreso mexicano; sin embargo, resulta con grandes deficiencias para procesar y sentenciar a los responsables de delitos relacionados con la trata.

En el caso de las legislaciones locales, la trata de personas se ha tipificado en los códigos penales de 13 estados: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Baja California, donde los artículos referentes a trata de personas fueron derogados.

Todos estos esfuerzos son parte del interés que nuestro país está poniendo en la lucha contra la trata de personas. Todavía queda mucho por hacer pero, definitivamente, es necesario contar con un marco jurídico que regule y controle las situaciones que ponen en peligro los derechos humanos de los mexicanos.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como respuesta a la urgente necesidad de prevenir y combatir las conductas que forman la trata de personas, recopiló los esfuerzos que se han hecho en materia legal y presenta este proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas leyes y se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

Los aspectos más preocupantes relacionados con la regulación de la trata de personas son la falta de prevención y la falta de atención a las víctimas. Para lograr estos dos objetivos, la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas toma en cuenta que es necesaria una normatividad que establezca las bases para prevenir las conductas que promueven este delito y el marco de protección de las víctimas para garantizar una atención digna que incluya asistencia médica, psicológica y material a fin salvaguardar sus derechos humanos.

La Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas tiene un especial énfasis en el tratamiento de las víctimas de trata, pues considera que para la protección y atención de la víctima se creará un comité interinstitucional que cubre las necesidades de asistencia médica, psicológica, y material de la víctima, además de un alojamiento digno, información y asesoría legal, así como el regreso a su lugar de origen y la reparación del daño.

De esa manera, México, responde a las necesidades planteadas en la Convención de Palermo y sus protocolos, así como a las diferentes organizaciones no gubernamentales, instituciones y organizaciones centradas en combatir la trata de personas.

Con el objetivo de contribuir a los esfuerzos para combatir la trata de personas en México, en cuanto a la prevención y atención de víctimas especialmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presenta la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas, la cual somete a su consideración.

En cuanto a los artículos primero y segundo del decreto que se pone a consideración, se pretende establecer en los ámbitos de competencia de las autoridades federales el combate de los grandes grupos de delincuentes que llevan a cabo de forma organizada y reiterada la comisión de cualquiera de las conductas que forman la trata de personas. Así, se promueve adicionar con una fracción los numerales 2 y 194 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de establecer las bases operativas y de mayor sanción a los delincuentes que realicen cualquiera de las conductas que constituyen la trata de personas.

Por otra parte, y en cuanto al artículo tercero del decreto, se establece la promulgación de una norma de carácter general a fin de establecer los lineamientos mínimos en que la federación y los estados legislen a fin de llevar a cabo la adecuación de sus órdenes jurídicos para una mayor atención del problema.

En cuanto a la tipificación de los delitos o conductas delictivas que forman la trata de personas, se pretende sólo el reconocimiento de los diversos dispositivos especiales que consagran las diversas conductas de la trata vis a vis los protocolos señalados y que sólo obligan a nuestro país a la emisión de normas que prevengan y sancionen las conductas que dan origen a la trata de personas.

Es de mencionarse que nuestra propuesta no pretende establecer o crear un tipo penal nuevo, ya que las diversas conductas que integran las formas en que se lleva a cabo la trata de personas ya se encuentran previstas y sancionadas por diversos dispositivos, como el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Ley General de Población. Por tanto, sólo se ha pretendido establecer un capítulo donde se sistematicen las conductas típicas punibles y atribuibles a un grupo de personas o un solo individuo. Cabe aclarar que no se pretende sancionar a todos los sujetos activos de los distintos delitos como de crimen organizado sino que se deja, en el ámbito de las distintas atribuciones, que los congresos estatales lleven a cabo la homologación de sus ordenamientos penales.

Por otra parte, y toda vez que se ha aclarado sobre la sistematización de los dispositivos penales que consagran las diversas conductas que forman la trata de personas, hemos considerado oportuno, y dado el mandamiento de los diversos protocolos, establecer las normas de coordinación de diversas entidades del gobierno federal y de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, para legislar y llevar a cabo programas para la prevención de las distintas conductas que forman la trata de personas.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados somete a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman los artículos 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas

Artículo Primero. Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada:

I. a III. ...

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud;

V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la república en materia de fuero federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales; y

VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 6 y 7 de la Ley para Prevenir Sancionar la Trata de Personas.

Artículo Segundo.Se reforman las fracciones XIII y XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. a XII. ...

XIII. De la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos 103, y 104 cuando el monto de la disposición de los montos, valores o documentos que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

XIV. De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, los previstos en el artículo 96; y

XV. El previsto en el artículo 3 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Artículo Tercero. Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas, para quedar como sigue:

Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la prevención y sanción de conductas que conforman la trata de personas, así como garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, fijar las bases y modalidades para el combate a dichas conductas y la concurrencia de la federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, en materia de prevención y sanción de las conductas descritas en el artículo 3. Este ordenamiento es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Asimismo, tiene como finalidad la protección a los migrantes que, con independencia de su situación migratoria, sexo, nacionalidad, edad, condición social, raza u otras análogas, se encuentren sometidas a cualquiera de las conductas descritas en el artículo 3 del presente ordenamiento.

Artículo 2. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y en colaboración de las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, de Salud y la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán programas, conforme lo previsto en este ordenamiento, para prevenir las conductas que conforman la trata de personas, atendiendo en todo momento a los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Los gobiernos estatales, por conducto de sus respectivas secretarías y procuradurías generales de justicia, deberán establecer, en coordinación y en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para la prevención de las conductas que conforman la trata de personas y atención a las víctimas.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por trata de personas a la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

Promover, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí mismo o para un tercero, a una persona, por cualquier medio, para someterla a cualquiera de los siguientes fines:

I. Explotación; o

II. Tráfico de órganos en los términos establecidos por los artículos 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud;

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población.

Artículo 4. Para los efectos de la fracción I del artículo anterior, se entenderá por explotación:

I. El trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud conforme a lo previsto por el artículo 365 del Código Penal Federal; o

II. La prostitución u otras formas de explotación sexual, conforme a lo previsto por los artículos 206, 207, 365 Bis, 366 y 366 Ter, con excepción de la fracción II de dicho numeral, del Código Penal Federal, con independencia de que medie o haya mediado el consentimiento de la víctima.

Artículo 5. En todo lo no previsto por esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General de Población y la Ley General de Salud, así como sus respectivos reglamentos, además de los códigos penales estatales, en el ámbito de las correspondientes competencias.

Artículo 6. La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de las autoridades federales o locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en materia de los delitos que conforman la trata de personas, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Capítulo II De las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas

Artículo 7. Aquel o aquellos que lleven a cabo cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 3 y 4 del presente ordenamiento y lo previsto en las fracciones II, III y VI del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para el caso de que las conductas delictivas que conforman la trata de personas, en los términos de lo previsto en el presente ordenamiento, no sea realizado por el número de sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se estará a lo dispuesto por los ordenamientos penales aplicables.

Artículo 8. Al que cometa cualquiera de las conductas descritas en los artículos 3 y 4 del presente ordenamiento se aplicarán las siguientes sanciones:

I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa;

II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral;

III. De diez a veinte años si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor publico. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;

IV. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad:

a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho o mayor de sesenta años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho;

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima, se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables para los delitos que conforman la trata de personas, tomando en cuenta los extremos del primer párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En caso de parentesco tomando en cuenta las circunstancias particulares del hecho, podrá perder la patria potestad, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta.

V. Cuando en la comisión de cualquiera de las conductas delictivas que conforman la trata de personas concurra otro delito, se aplicarán las reglas del concurso establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal o sus correlativos de toda la república.

VI. El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad de las conductas delictivas que conforman la trata de personas no constituirá excluyente de responsabilidad.

Artículo 9. La tentativa de cualquiera de las conductas delictivas que conforman la trata de personas se sancionará con pena de prisión, que en ningún caso será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.

Artículo 10. Los autores y partícipes de cualquiera de las conductas delictivas que conforman la trata de personas serán sancionados conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Penal Federal, tomando en cuenta los extremos señalados en Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 11. El que pudiendo, con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, impedir la comisión de las conductas que conforman la trata de personas contemplado en los artículos 3o. y 4o. de esta ley y no lo hiciera se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Las mismas penas se impondrán a quien, pudiendo impedir dichas conductas, no acuda a la autoridad para que impida la comisión de cualquiera de las conductas delictivas que conforman la trata de personas y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad si quien esté obligado en los términos de este artículo es servidor público, conforme lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. Cuando quien realice alguna de las conductas descritas en los artículos 3 y 4 del presente ordenamiento sea representante de una persona moral, con excepción de las instituciones públicas del gobierno federal y de las entidades federativas, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juzgador ordenará en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, la clausura definitiva de la persona moral. Los bienes de ésta serán destinados al pago de la reparación del daño a las víctimas.

Al imponer la sanción prevista en este artículo, el juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona moral sancionada.

Artículo 13. Cuando un sentenciado sea declarado penalmente responsable de la comisión de cualquiera de las conductas delictivas descritas en los artículos 3 y 4 que conforman la trata de personas, el juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima.

Dicha reparación deberá atender las condiciones particulares del caso, las calidades de los sujetos activo y pasivo del delito y los medios empleados para la comisión.

Capítulo III De la Política Criminal del Estado Mexicano en materia de Prevención y Sanción de la Trata de Personas

Artículo 14. El gobierno federal y los de los estados o del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán un comité interinstitucional para elaborar y poner en práctica el Programa para Prevenir y Sancionar las Conductas que Conforman la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de las conductas delictivas que conforman la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito.

I. El Ejecutivo federal designará a los miembros del Comité Interinstitucional, que incluirá como mínimo a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, y de Desarrollo Social, y de la Procuraduría General de la República.

II. Los gobiernos estatales designarán a los miembros del Comité Estatal Interinstitucional cuya conformación determinen las legislaturas locales.

Artículo 15. De la estructura del Comité Interinstitucional y de los comités estatales interinstitucionales

I. El Comité Interinstitucional estará encabezado por el titular de la Secretaría de Gobernación en su calidad de presidente;

II. El Comité Interinstitucional sesionará cada cuatro meses, convocado por el presidente de dicho organismo;

III. Durante su primera sesión, se elaborará el reglamento interno del comité;

IV. El comité elaborará un informe anual, el cual contemplará las políticas adoptadas para cumplir con los objetivos de la presente ley, el cual será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión.

Los comités estatales interinstitucionales deberán cumplir las obligaciones señaladas en el presente artículo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 16. Son obligaciones del Comité Interinstitucional y de los comités estatales interinstitucionales:

I. Elaborar el Programa Nacional o Estatal, según corresponda, para Prevenir y Sancionar las Conductas que Conforman la Trata de Personas. Este programa deberá abordar cuando menos los rubros relativos a la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas y potenciales víctimas de este delito;

II. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad de la persona y los derechos humanos, con especial referencia a las niñas, niños, mujeres y adultos mayores;

III. Promover la coordinación entre las instituciones federales y estatales para la realización de acciones dirigidas a la prevención y sanción de los delitos contemplados en la trata de personas y la debida atención a las víctimas;

IV. Celebrar convenios de coordinación interinstitucional con los gobiernos de los estados y el gobierno federal, en relación con la internación, tránsito o destino de las víctimas, con el objetivo de proteger y atender a las víctimas de los delitos considerados en la trata de personas, sancionar a los autores y partícipes del o los delitos y asistir en su regreso al estado, municipio o comunidad de origen o en su repatriación y reubicación a las víctimas de la trata de personas;

V. Informar, capacitar y sensibilizar, con perspectiva de género, de los derechos humanos y conforme al interés superior del niño y respeto de los adultos mayores, sobre los conceptos fundamentales de las conductas que conforman la trata de personas y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública federal relacionados con este fenómeno delictivo;

VI. Promover la investigación científica y estudios técnicos entre organismos e institucionales a escala nacional, incluyendo organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección de las niñas, niños, mujeres y adultos mayores;

VII. Informar a la población acerca de los riesgos de la comisión de las conductas delictivas que conforman la trata de personas, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de los diversos tipos de explotación de seres humanos;

VIII. Informar y advertir a las líneas aéreas, cadenas hoteleras y servidores de transportes públicos, y demás negociaciones mercantiles, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en materia de prevención del delito;

IX. Orientar a los responsables de los diversos medios de transporte, acerca de las medidas necesarias para asegurar la protección de las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, mujeres, indígenas, así como de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, que viajen solos a través del territorio nacional o a través de fronteras internacionales;

X. Recopilar, con la ayuda de las instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de publicarlos periódicamente. Dicha información deberá contener:

a. El número de detenciones, procesos judiciales, número de condenas de delincuentes relacionados con las conductas que conforman los delitos relacionados con la trata de personas en las diferentes modalidades;

b. El número de víctimas de las conductas señaladas en los artículos 3 y 4 del presente ordenamiento, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad, modalidad de victimización y, en su caso, calidad migratoria. En todos los casos deberá proteger los datos personales conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

c. La información correspondiente a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen el delito de trata de personas; y

d. Aquella referente al cruce fronterizo.

XI. Diseñar y llevar a la práctica un programa de repatriación segura para las víctimas de trata de personas.

Artículo 17. Los comités interinstitucionales diseñarán y evaluarán periódicamente los programas de prevención y sanción de las conductas que conforman la trata de personas. Éste deberá contemplar las acciones necesarias para cubrir como mínimo los siguientes rubros:

I. De las víctimas de conductas delictivas que conforman la trata de personas. Además de las necesidades establecidas en el Capítulo IV de esta ley, se contemplarán las siguientes medidas de atención y protección:a) Proporcionar orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas. En el caso de que las víctimas pertenezcan a alguna etnia indígena o hablen un idioma o dialecto diferente del español se designará a un traductor, quien le asistirá en todo momento;

b) Garantizar asistencia médica, psicológica y material, en todo momento, a las víctimas del o los delitos;

c) Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del o los delitos;

d) Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues específicamente creados para las víctimas, donde se les brinden las condiciones mínimas para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia psicológica, alimentación y los cuidados mínimos, atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas, con especial referencia a las niñas, niños, mujeres y adultos mayores;

e) Garantizar que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario. La víctima podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea;

f) Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en centros preventivos o penitenciarios destinados a infractores, probables responsables o sentenciados;

g) Contemplar todas las medidas de protección a víctimas establecidas en el Capítulo IV de la presente ley.

II. De la capacitación y formación continua de los servidores públicos en materia de prevención, sanción y atención a las víctimas de las conductas delictivas que conforman la trata de personas:

Los comités interinstitucionales diseñarán, evaluarán y actualizarán los planes y programas de capacitación y formación de cuadros conforme a las siguientes directrices:

a) Proporcionar la capacitación y formación continua necesaria a los funcionarios públicos, con la finalidad de prevenir las conductas delictivas que conforman la trata de personas. Estas actividades estarán dirigidas como mínimo a los miembros de las instituciones vinculadas a la seguridad pública, procuración e impartición de justicia y migración;

b) La capacitación y formación señalada incluirá los instrumentos internacionales en materia de prevención y combate de conductas delictivas que conforman la trata de personas, así como la legislación nacional vigente, con especial referencia a la atención y protección de niñas, niños, mujeres, adultos mayores de sesenta años, indígenas y quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho;

c) La capacitación y formación continua tendrán como eje rector el respeto a los derechos humanos de la víctima y el victimario;

III. De la prevención social de las conductas delictivas que conforman la trata de personas:

Los comités interinstitucionales desarrollarán y ejecutarán programas tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención social de los delitos conforme a las siguientes directrices:

a) Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los derechos de las víctimas de la trata de personas, así como de la corresponsabilidad social en la materia, con especial referencia a la posibilidad de cometer el delito de omisión, tipificado en el artículo 10 de la presente ley.

b) Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, destinados a erradicar la demanda y comisión de las conductas delictivas que conforman la trata de personas, señalando en ellos las repercusiones que conlleva el delito;

c) Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables del delito para captar o reclutar a las víctimas;

d) Informar sobre los riesgos que sufren las víctimas de trata de personas, tales como daños físicos, psicológicos, peligros de contagio de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, entre otros; y

e) Evaluar las medidas, programas y acciones encaminadas a prevenir y sancionar las conductas delictivas que conforman la trata de personas.

Artículo 18. Las autoridades federales y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán políticas y programas que incluirán la cooperación de organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil, a fin de

I. Participar en la implementación de los programas nacionales y estatales para prevenir y sancionar las conductas delictivas que conforman la trata de personas;

II. Establecer las bases sobre la coordinación en la aplicación del programa;

III. Facilitar la cooperación con otras naciones, específicamente con las que reporten el mayor número de víctimas, así como con los países de tránsito o de destino de las víctimas; y

IV. Coordinar la recopilación y el intercambio de datos y estadísticas delictivas relacionadas con las conductas delictivas que conforman la trata de personas, respetando en todo momento la confidencialidad de las víctimas.

Artículo 19. Las autoridades migratorias deberán

I. Rendir un informe semestral referente a las personas y organizaciones delictivas que hayan sido detectadas y que se dediquen a la comisión de conductas delictivas que conforman la trata de personas;

II. Para efectos de la fracción anterior, deberán proceder a la revocación de las visas de las personas que cometan conductas delictivas que conforman la trata de personas;

III. Supervisar la autenticidad y legalidad de los documentos de viaje e identidad para asegurarse de que cumplen con las normas migratorias respectivas; y

IV. Establecer métodos con la finalidad de que dichos documentos no se utilicen indebidamente, así como también no puedan ser falsificados.

Artículo 20. Son obligaciones de las empresas de transporte internacional de personas:

I. Verificar la documentación requerida para el viaje, como lo son pasaportes, visas, documentos de identificación y todos los que sean indispensables para el transporte; y

II. Proporcionar a su personal capacitación referente a la solicitud de los documentos mencionados en la fracción anterior. En caso de incumplimiento por parte de las empresas, éstas serán multadas con cien o hasta mil quinientos días multas y, en caso de reincidencia, se le revocará la licencia de funcionamiento.

Artículo 21. Además de la responsabilidad penal en que puedan incurrir, las empresas de transporte de personas que con conocimiento trasladen a víctimas de la trata serán responsables de

I. Solventar los costos referentes al alojamiento y alimentos para la víctima; y

II. Sufragar los costos de su transporte, ya sea a la frontera, al punto de salida de la víctima o el traslado a su país.

Capítulo IV De la Protección y Asistencia a las Víctimas u Ofendidos de las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas

Artículo 22. Las autoridades federales y estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección y asistencia a las víctimas de las conductas delictivas que conforman la trata de personas. Para los efectos de la protección y asistencia, escucharán y adoptarán las recomendaciones surgidas de los comités interinstitucionales y que deberán cubrir por lo menos las siguientes medidas:

I. Generar modelos de protección y asistencia inmediatos ante la comisión, o posible comisión, del delito de trata de personas y que deberán satisfacer como mínimo las siguientes necesidades:a) Asistencia médica, psicológica y material;

b) Alojamiento digno y adecuado en las residencias que para tales efectos hayan sido creadas para acoger a las víctimas de trata de personas;

c) Información y asesoría jurídicas en torno a sus derechos y los procedimientos legales;

d) Protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos;

e) Asistencia y ayuda migratoria, cuando sea conducente. En caso de que la víctima sea mexicana, las autoridades implementarán mecanismos para su reestablecimiento en los lugares de residencia.

II. Elaborar programas de asistencia inmediata, previos, durante y posteriores al proceso judicial que incluyan capacitación, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo y acompañamiento durante todas las etapas del procedimiento y proceso jurídico-penal, civil y administrativo, con especial referencia a la obtención de la reparación del daño;

III. Establecer las medidas necesarias para identificar plenamente a las víctimas y víctimas potenciales. Una vez identificadas, deberán brindarles la protección y atención necesarias para que no vuelvan a ser víctimas del delito o capturadas nuevamente por los responsables;

IV. Brindar la protección y atención necesaria a las víctimas, probables víctimas y a sus familiares, mientras residan en el país, con la finalidad de evitar represalias, amenazas o intimidación por parte de los responsables de su victimización o de personas ligadas a ellos por cualquier circunstancia.

Artículo 23. La protección a las víctimas comprenderá, además de lo previsto en el apartado B del artículo 20 de la Constitución, y de lo previsto en la presente ley, los siguientes rubros:

I. Proteger la identidad de la víctima y de su familia, con la finalidad de asegurar que sus nombres y datos personales no sean divulgados en ningún caso, previendo la confidencialidad de la averiguación previa y de las actuaciones judiciales, así como por lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

II. Otorgar información a la víctima, en un idioma o dialecto que pueda comprender, sobre sus derechos legales y el progreso de los trámites judiciales y administrativos pertinentes, según proceda; igualmente, se le proporcionará información sobre los procedimientos para su retorno al país de origen o residencia permanente en México, y los procedimientos necesarios para obtenerla;

III. Dar oportunidades a la víctima, si ésta así lo conviene, de expresar sus opiniones e inquietudes durante el proceso judicial, en las etapas correspondientes, de una forma que no se perjudiquen los derechos y garantías del acusado;

IV. Las demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo de su personalidad y sus derechos humanos.

Artículo 24. Los órganos públicos, las autoridades federales y estatales adoptarán medidas apropiadas que permitan a las víctimas no nacionales, independientemente de su condición migratoria, permanecer en el territorio nacional, temporalmente.

Artículo 25. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de cualquiera de las conductas delictivas que contempla la trata de personas y que carezca de la debida documentación migratoria, las autoridades migratorias deberán formular y ejecutar acciones y estrategias a fin de que las víctimas cuenten con un retorno protegido a su país de origen o a aquel en donde tengan su residencia permanente. Asimismo, las organizaciones internacionales y los organismos no gubernamentales colaborarán con las autoridades para que los procesos de repatriación se lleven a cabo de acuerdo con lo previsto en los instrumentos internacionales en la materia.

Capítulo V De la Coordinación Interinstitucional para Prevenir y Sancionar las Conductas que Conforman la Trata de Personas

Artículo 26. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública, deberá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia, asuman las siguientes funciones:

I. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar las conductas delictivas que conforman la trata de personas, así como proteger y atender a las víctimas del delito, con especial referencia a las niñas, niños, mujeres y adultos mayores;

II. Diseñar programas y operar las tareas de prevención, detección y sanción de las actividades relacionadas con el objeto del presente ordenamiento, y de los instrumentos internacionales correspondientes; y

III. Fortalecer las labores de inspección y vigilancia en materia de prevención y sanción de las conductas delictivas que conforman la trata de personas.

Artículo 27. En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se tomará en consideración que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que asuman conforme a lo previsto en el presente ordenamiento.

Asimismo, los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley General de Población y la Ley General de Salud, así como sus respectivos reglamentos.

Artículo 28. Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, intervenga el Consejo de Seguridad Pública y los Comités Interinstitucionales, federales y estatales, para prevenir y sancionar las conductas delictivas que conforman la trata de personas.

La Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, dará seguimiento y evaluará el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los instrumentos a que se refiere este capítulo.

Artículo 29. Para los efectos de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, cada una de las instituciones señaladas cumplirá con las funciones que establezca el Reglamento Interno de los comités interinstitucionales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y que se refiere el artículo 14 del presente ordenamiento, así como también llevará a cabo las adecuaciones necesarias a su manual de organización general y a su respectivo programa anual de trabajo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El gobierno federal deberá conformar, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento, el Comité Interinstitucional para prevenir y sancionar las conductas delictivas que conforman la trata de personas.

Tercero. El Comité Interinstitucional federal deberá emitir su reglamento dentro de los 180 días siguientes a su conformación.

Cuarto. Las entidades federativas deberán hacer las adecuaciones a los ordenamientos locales conducentes a fin de llevar a cabo el cumplimiento de la presente ley, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Quinto. Los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán conformar los comités interinstitucionales que señala el presente decreto, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de las reformas que señala el artículo que antecede.

Sexto. Los comités interinstitucionales estatales deberán emitir sus respectivos reglamentos dentro de los 180 días siguientes a su conformación.

Séptimo. El Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los correspondientes de las entidades federativas, deberá establecer en el ejercicio fiscal que corresponda la previsión presupuestal correspondiente para el cumplimiento adecuado de la presente ley.

Dado en la Cámara de Diputados, sede del honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Justicia; en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La iniciativa agendada por la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se reserva al último lugar, en virtud de que no se encuentra en este recinto.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por él y por el diputado Emilio Gamboa Patrón.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: los diputados Emilio Gamboa y un servidor, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de ustedes, de esta honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los primeros párrafos de los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Con el propósito fundamental de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia en la recaudación se estableció como sistema nacional, a partir de 1980, la coordinación fiscal federación-estados. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, actualmente vigente, fue resultado de numerosas reuniones de los funcionarios fiscales desde la década de los 70, así como de los convenios firmados entre la Federación y las entidades federativas para la armonización del sistema tributario, además de buscar fortalecer las haciendas públicas de los diversos órdenes de gobierno.

En esta virtud, el Sistema de Coordinación Fiscal constituye el principal medio para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, que hoy enfrentan nuevos retos, debido a las presiones financieras y a la urgencia de mayores ingresos, así como para una mejor colaboración administrativa bajo los criterios de transparencia y de rendición de cuentas.

Con ese objeto de coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados y municipios y establecer la participación y distribución que de los ingresos federales les corresponden con reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, además de buscar una distribución más equitativa de los recursos, sin los cuales la implementación del federalismo se convertiría en una utopía.

Por ello se expidió la Ley de Coordinación Fiscal; este ordenamiento fue publicado el 27 de diciembre de 1978 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980, excepto el Capítulo Cuarto, que se refiere a los organismos en materia de coordinación, cuya vigencia fue a partir del 1 de enero de 1979. Desde esa fecha, compañeras y compañeros legisladores, no ha habido cambios sustanciales que nos lleven realmente a tener en los hechos un sistema tributario y hacendario con características totalmente federalistas, como se ha dicho mucho, hasta el cansancio, de que somos un sistema federal y en materia fiscal se nos dice que año con año los gobiernos estatales y municipales están recibiendo más recursos de la recaudación federal participable.

Pero vemos que, si bien es cierto que se ha avanzado en la transferencia de recursos de la federación hacia los estados y los municipios, éstos no se han dado necesariamente a través del Fondo General Participable, que es el instrumento que jurídicamente nos puede llevar a hablar de un verdadero federalismo, porque los recursos que se transfieren a través del Ramo 33 a los estados y municipios, estos recursos van etiquetados; en cuanto a estos recursos no tienen libertad ni los estados ni los municipios para atender las principales necesidades que se tienen allá; y no olvidemos que la pobreza, que la miseria, donde la vivimos, donde se encuentra es en el ámbito, sobre todo, de los municipios; por eso es bien importante que podamos avanzar en esto.

Cuando originalmente se crean el Sistema de Coordinación Fiscal y, particularmente, el Fondo General Participable se inicia con un 13 por ciento de la recaudación federal participable; a partir del año de 1992 se incrementa éste al 18.5 por ciento y, a partir de 1996, se da un incremento al 20 por ciento, y que es el que actualmente está vigente. ¿Qué quiere decir?, que de la recaudación federal participable, 80 centavos se sigue quedando con ellos la federación y que, en promedio, llegan a los estados sólo 16 centavos; y cuatro centavos de cada peso que se recauda en cada municipio o en cada entidad federativa va a dar a los municipios. Por eso se explica el grado de atraso que se tiene en el ámbito de las municipalidades, porque no tienen éstos los recursos para atender las necesidades más indispensables, más prioritarias.

Por eso se hace necesario un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal con un gran sentido de responsabilidad. No sólo se trata de buscar dar más recursos a estados y municipios; se trata también de establecer una corresponsabilidad que nos lleve realmente a que podamos hacer viable este sistema y que el Sistema de Coordinación Fiscal ayude realmente a atender las necesidades más importantes, sobre todo donde éstas se originan que es en los estados o en los municipios, que es el orden de gobierno que tiene el mayor contacto con la sociedad, que es el que mejor conoce cuáles son los problemas que se viven allá.

Ésa es la preocupación que estamos manifestando ahora los integrantes del grupo parlamentario, que es producto de una serie de análisis, de una serie de discusiones, que inclusive en la I Convención Nacional Hacendaria que se desarrolló en el año 2004, donde participaron los gobiernos federal, estatales, municipales y el propio Congreso de la Unión, indudablemente que ese trabajo de la Convención Nacional Hacendaria nos da la base para poder llevar a cabo una serie de acciones, de cambios en materia hacendaria.

Particularmente, quiero decirles que, de las 322 propuestas que fueron acordadas por unanimidad en la Convención Nacional Hacendaria, una de ellas tiene que ver con el compromiso que, en su momento, establecieron tanto los gobiernos federal como estatales y municipales de poder modificar la Ley de Coordinación Fiscal, para que, de manera gradual podamos ir transfiriendo más recursos; pero también más atribuciones a las entidades federativas y a los municipios, haciéndolos más corresponsables de la recaudación, para que, de esa manera, podamos tener los recursos suficientes para atender las necesidades que se tienen en cada uno de los municipios.

Por ello, la propuesta que hacemos el día de hoy consiste en lo siguiente: modificar del 20 al 25 por ciento el Fondo General Participable, aumentándolo un punto por año hasta llegar al 25 por ciento, empezando --como reitero ahora-- en el 20 por ciento, que vaya gradualmente aumentándose año con año, hasta llegar al 25 por ciento, y que en la misma medida también las legislaturas de los estados puedan establecer en su legislación que las entidades federativas deben de transferir en la misma proporción ese porcentaje a los municipios.

Se trata aquí de una reforma con un gran sentido federalista, de una reforma que nos lleve realmente a darles a los estados y a los municipios la posibilidad de cumplir con la obligación que tienen ellos con los gobernados y que son los órdenes de gobierno quienes mejor conocen los problemas que se tienen en cada localidad. Amigas y amigos legisladores: una reforma de esta naturaleza, indudablemente que va a ser aplaudida no sólo por las autoridades estatales y municipales, va a ser aplaudida fundamentalmente por la sociedad, que es la que espera de este Poder Legislativo que actúe con un gran sentido de responsabilidad.

Ciertamente, alguien podrá decir aquí: ``no tenemos más recursos''. Habrá que ver qué gastos debemos de eliminar, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos Poderes para que, de esta manera, podamos contar con los recursos suficientes y poder hacer realidad esta demanda, no sólo de los gobiernos estatales y municipales, sino una demanda fundamentalmente de la sociedad. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Emilio Gamboa Patrón y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, licenciado Emilio Gamboa Patrón y licenciado José Rosas Aispuro Torres, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía popular iniciativa con proyecto de decreto para reformar los primeros párrafos de los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero. Nuestra Ley Suprema establece como forma de gobierno la de una república federal, sistema jurídico en el que los estados conservan su autonomía en todo lo referente a su régimen interior pero, a la vez, ceden diversas potestades tributarias a la federación, a fin de que ésta promueva el bienestar del país, objetivo que sería más difícil de alcanzar si no existiera la concurrencia o, en su caso, exclusividad de facultades propias del sistema federalista.

Segundo.Construir una economía dinámica y competitiva con un auténtico estado de derecho requiere de ajustes en la normatividad, que respondan a las nuevas realidades de la sociedad, así como del compromiso de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el funcionamiento de sus finanzas públicas. Para alcanzar este objetivo se exige una reforma federalista que genere una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los gobiernos federal, estatales y municipales, que se traduzca en medidas que apoyen la capacidad de los gobiernos para brindar más y mejores servicios públicos.

Tercero. Con el propósito fundamental de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia de la recaudación, se estableció como sistema nacional --a partir de 1980-- la coordinación fiscal federación-estados. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, actualmente vigente, fue resultado de numerosas reuniones de los funcionarios fiscales desde la década de los años setenta, así como de los convenios firmados entre la federación y las entidades federativas, para la armonización del sistema tributario, además de buscar fortalecer las haciendas públicas de los diversos niveles de gobierno. En esta virtud, el Sistema de Coordinación Fiscal constituye el principal medio para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, que hoy enfrentan nuevos retos, debido a las presiones financieras y la urgencia de mayores ingresos; así como para una mejor colaboración administrativa bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Cuarto.La espina dorsal de la Ley de Coordinación Fiscal es el sistema de participaciones, mediante el cual el gobierno federal participa a las entidades respecto de la totalidad de la recaudación de los llamados impuestos federales, incluso de aquellos en los que hay materia concurrente. Su creación propició un intercambio de experiencias y sistemas administrativos entre los niveles de gobierno coordinados, lo que favoreció la unificación de ordenamientos básicos de las entidades, dándole coherencia, unidad y complementariedad al sistema tributario; otro aspecto importante que se institucionaliza con la Ley de Coordinación Fiscal fue la obligatoriedad de que los estados coordinados participen a los municipios de lo que ellos reciban.

Quinto.Con objeto de coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados y municipios y establecer la participación y distribución que de los ingresos federales les corresponden, con reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; además de buscar una distribución más equitativa de los recursos --sin los cuales, la implementación del federalismo se convertiría en una utopía--, se expidió la Ley de Coordinación Fiscal. Este ordenamiento fue publicado el 27 de diciembre de 1978 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980, excepto el capítulo IV, que se refiere a los organismos en materia de coordinación, cuya vigencia fue a partir del 1 de enero de 1979. Cabe resaltar que desde el inicio de su vigencia, el Fondo General de Participaciones se constituyó con un 13 por ciento y luego con el 18.5 por ciento de la recaudación federal participable, y a partir del primero de enero de 1996 este fondo se incrementó al 20 por ciento.

Sexto.La coordinación fiscal entre las entidades federativas y la federación no se limita a definir las fuentes de ingreso público, sino que se ha extendido a otras contribuciones federales en las cuales los estados y los municipios reciben participaciones a cambio del respeto al pacto federalista de abstenerse de gravar una misma fuente. La regla en el sistema de coordinación fiscal radica en la congruencia que guardan la federación y los estados para imponer contribuciones, con lo cual se busca armonizar en la Ley de Coordinación Fiscal, y al final también con los gobiernos municipales, cuyas haciendas públicas dependen de la voluntad del gobierno federal y de las decisiones de las legislaturas locales.

Séptimo. Considerando que el federalismo fiscal ha cobrado significativa relevancia en los últimos años, a través del mismo México busca un equilibrio hacendario entre los gobiernos federal, estatales y municipales, como una imperiosa necesidad jurídica, política y económica que se sustente en la precisión para cada nivel de gobierno de sus respectivas atribuciones en materia hacendaria. Por ello, el fortalecimiento del federalismo en México debe sustentarse en el fortalecimiento de los gobiernos locales. En la medida en que se les fortalezca con mayores recursos económicos y atribuciones, éstos contarán con mayores posibilidades de garantizar el desarrollo regional en cada uno de sus ámbitos de influencia territorial.

Octavo. Una de las frecuentes demandas de las autoridades municipales gira alrededor de las distorsiones que en la realidad presenta el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La concentración de ingresos públicos en el nivel federal ha ocasionado que los gobiernos estatales se vean imposibilitados para ejercer su autonomía, impidiendo el fortalecimiento de los gobiernos municipales. En esas circunstancias, las haciendas municipales se ven en la imposibilidad de atender con oportunidad y suficiencia la demanda colectiva de bienes y servicios públicos.

Noveno.En nuestro actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados, los municipios y el Distrito Federal ceden al Gobierno Federal la potestad tributaria en buena parte de las contribuciones, en espera de participaciones suficientes y equitativas; sin embargo, no se ha alcanzado un equilibrado nivel de distribución del ingreso fiscal, siendo insuficientes las previsiones del ramo 28, correspondientes a participaciones a entidades federativas y municipios. Por ello, con el fin de promover el desarrollo regional sustentable en cada una de estas entidades federativas, en la presente iniciativa se propone el incremento gradual del Fondo General de Participaciones al 25 por ciento de la recaudación federal participable.

Décimo.En tal escenario, esta iniciativa propone incrementar gradualmente el monto del Fondo General de Participaciones destinado a entidades federativas en un punto porcentual anual durante cinco años hasta llegar de un 20 a un 25 por ciento de la recaudación federal participable y que, del mismo modo, se aumente en 1 por ciento anual el monto mínimo que los estados deben distribuir a los municipios hasta llegar a un 25 por ciento del total.

Al respecto, se plantea reformar el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para establecer que el Fondo General de Participaciones se constituya con el 25 por ciento de la recaudación federal participable, en lugar del 20 por ciento actual, y se agregue un artículo transitorio para instrumentar gradualmente la medida aumentando dicho porcentaje en un punto anual hasta llegar al porcentaje propuesto.

Décimo Primero.Asimismo, para complementar la propuesta se plantea reformar los párrafos penúltimo y último al artículo 2o. de la Ley de coordinación Fiscal, en congruencia con la reforma propuesta a los párrafos primero y penúltimo del artículo 6o. a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que las participaciones que reciban los municipios del Fondo General de Participaciones no sean menores al 25 por ciento de dicho fondo, en lugar del 20 por ciento actual; de igual manera, se prevé un artículo transitorio para que el aumento propuesto se realice gradualmente en un punto porcentual cada año a partir de 2007.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. a la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único.Se reforma el párrafo primero del artículo 2o. y se reforman los párrafos primero y penúltimo del artículo 6o. a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o.El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

...

...

...

I. a III. ... ... ... ...

Artículo 6o.Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

...

Los municipios recibirán como mínimo el 25 por ciento de la recaudación que corresponda al estado en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 2o. de esta ley.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2007, previa publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales en lo que se opongan al presente decreto.

Tercero. Los incrementos del 20 al 25 por ciento a que se refiere el presente decreto, tanto para los estados como para los municipios, se aplicará gradualmente. Para tal efecto, a partir del ejercicio fiscal de 2007 se adicionará el 1 por ciento cada año hasta alcanzar el 25 por ciento.

Año Porcentaje de la

recaudación federal

participable 2007 21%

2008 22%

2009 23%

2010 24%

2011 25%

Cuarto. Las Legislaturas de los estados deberán adecuar sus ordenamientos respectivos para dar cumplimiento a lo que dispone el presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputados: Emilio Gamboa Patrón, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Carlos Puente Salas:Compañeras y compañeros legisladores: son de todos conocidos los problemas que enfrenta nuestro país con relación a la elusión y evasiones fiscales. Se estima que en nuestro país el nivel de evasión en el impuesto sobre la renta, únicamente en personas morales, es mayor al 1.5 del producto interno bruto. De la misma forma, la economía subterránea en México se ubica entre el 25 y el 30 por ciento de dicho producto.

Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, entre 300 y 400 billones de cigarros fueron contrabandeados en 1995 a nivel internacional, lo que equivalió a más de un tercio de todos los cigarros importados de forma legal en todo el mundo. Ese organismo internacional ha propuesto como medidas para controlar el contrabando de cigarros --hago la cita-- ``la impresión del número de serie en cada empaque o cajetilla de cigarros y el incremento en las sanciones''.

Ya el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha presentado diversas iniciativas para que en los empaques o cajetillas de cigarros se adhiera el signo de control fiscal y sanitario denominado ``marbete'', con el objeto básico de reducir el comercio ilegal de cigarros, incrementando al mismo tiempo la recaudación mediante un mejor control fiscal en el mercado de tabaco, desincentivando conductas de evasión y elusiones fiscales, el contrabando, la piratería y la adulteración de cigarros que inciden negativamente en la salud pública, y en especial, en la de niñas, niños y jóvenes.

Consideramos que dichas propuestas presentadas ante esta soberanía son necesarias, más no suficientes. De esta forma se propone la reforma del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer que cuando las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes a las cajetillas que contengan los productos que se adquieran, la deducción con dichas mercancías sólo se podrá efectuar cuando las cajetillas de cigarros tengan adheridas el marbete correspondiente.

En otras palabras, para los efectos del impuesto sobre la renta sólo se podrán disminuir de los ingresos acumulables aquellas deducciones relacionadas con, entre otros, las materias primas y la mano de obra que se utilizaron en el proceso productivo de fabricación de cigarros o aquellos costos de venta, cuando se importen dichos cigarros, siempre y cuando las cajetillas de cigarros tengan adheridas el respectivo marbete.

Esta iniciativa complementa las demás que ha presentado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativas que reforman y adicionan el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Salud, en materia de adhesión de marbetes en las cajetillas de cigarros, como un medio de control sanitario y fiscal para minimizar la elusión y evasiones fiscales, la piratería, el contrabando y la adulteración de cigarros.

Compañeros y compañeras legisladores: el marbete en las cajetillas de cigarros contribuirá para que las personas perciban qué cajetillas son genuinas y legales y cuáles son de contrabando o pirata, o falsificadas; es decir, se disminuirá la información asimétrica sobre el reconocimiento de cuáles cajetillas se encuentran en el mercado formal de la economía y cuáles provienen del contrabando, están falsificadas o son pirata.

Asimismo, si aumentan los impuestos al cigarro y si llegara a existir contrabando de dicho producto nocivo, como argumentan las tabacaleras, el marbete es el medio idóneo para atacar el comercio ilegal de cigarros, sin perder de vista la minimización de los efectos perjudiciales que ya de por sí causa el tabaco a la salud pública. Así se someten a la consideración de esta Asamblea acciones legislativas concretas que beneficiarían a la sociedad en su conjunto y no sólo un grupo de personas o intereses, que buscan expandir sus mercados para satisfacer su espíritu de ganancia en detrimento de la salud pública y de los recursos escasos que se necesitan para financiar el desarrollo que requiere nuestro México.

Señor Presidente, solicito que la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates de esta sesión. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Puente Salas, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., tercero, sexto y séptimo párrafos; 71, fracción II; 72 y 73, fracciones VII, XVI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56; 62; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Se estima que en nuestro país el nivel de evasión en el impuesto sobre la renta únicamente en personas morales oscila entre 1.64 y 1.9 por ciento del producto interno bruto (PIB).1

Asimismo, la economía subterránea en México se ubica entre el 25 por ciento y 30 por ciento del PIB, en donde la entidad federativa con mayor proporción de trabajadores informales es Oaxaca, con el 75 por ciento, siguiéndole los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, con más del 60 por ciento empleados en la informalidad.2

Por otra parte, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, entre 300 y 400 billones de cigarros fueron contrabandeados en 1995 a nivel internacional, lo que equivalió a más de un tercio de todos los cigarros importados de forma legal en todo el mundo.3 También estima dicha Organización que tan sólo en la Unión Europea la pérdida de ingresos tributarios ascendió, en 1997, a más de 1.2 millones de dólares por cada camión con cigarros de contrabando.

De la misma forma, señala ese organismo de la ONU que algunas de las medidas que se necesitan para controlar el contrabando de cigarros son la ``impresión de números de serie en cada empaque o cajetillas de cigarros'' y el ``incremento en las sanciones''.4

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados ha propuesto diversas iniciativas para que en los empaques o cajetillas de cigarros se adhiera el signo de control fiscal y sanitario denominado marbete, con el objeto básico de ``...reducir el comercio ilegal de cigarros, incrementando al mismo tiempo la recaudación mediante un mejor control fiscal en el mercado de tabaco; desincentivando conductas de evasión y elusión fiscales, el contrabando, la piratería y la adulteración de cigarros, que inciden negativamente en la salud pública, y en especial en la de los niños, niñas y jóvenes...''

Consideramos que dichas propuestas presentadas ante esta soberanía son necesarias más no suficientes. Por esto, el grupo parlamentario al que pertenezco, con objeto de minimizar la elusión y evasión fiscales, la piratería; el contrabando y la adulteración en el mercado de cigarros, así como para hacer realidad los párrafos tercero, sexto y séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta ocasión somete a la consideración de esta soberanía que cuando las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes a las cajetillas que contengan los productos que se adquieran, la deducción con relación a dichas mercancías únicamente se podrá efectuar cuando las cajetillas de cigarros tengan adherido el marbete.

Es necesario señalar que el actual segundo párrafo de la fracción VII del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta tuvo su origen en una iniciativa del Ejecutivo federal, en noviembre de 1999, relacionada con la industria alcoholera, en la que se señalaba, en su exposición de motivos, que ``...Con objeto de combatir la evasión y elusión fiscales, el contrabando y la venta de mercancía robada y adulterada en el mercado de bebidas alcohólicas, se propone establecer que cuando las disposiciones fiscales citen la obligación de adherir marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se adquieran, la deducción respecto de dichas mercancías sólo pueda efectuarse cuando los productos tengan adherido el marbete o precinto correspondiente...''

En esa tesitura, en diciembre de 1999 la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara estableció en la parte expositiva del dictamen con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales que ``...Las disposiciones fiscales vigentes establecen la obligación de tener adheridos marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se adquieran, cuando así lo establezcan las propias disposiciones. La obligación de adherir este signo distintivo de control no sólo obedece a necesidades de carácter fiscal, sino que también cumple con el objetivo de evitar la adulteración y falsificación de bebidas que ponen en riesgo la salud de la población. En correspondencia a las necesidades del uso del marbete o precinto, la Ley del Impuesto sobre la Renta no establecía como requisito de las deducciones el que los productos adquiridos contaran con dicho signo distintivo, por lo que a juicio de esta dictaminadora se hace necesario establecer como requisito de la deducción que los productos cuenten con el marbete o precinto, para con ello combatir la evasión y elusión fiscal...''

Finalmente, se manifiesta que las disposiciones fiscales relativas a las deducciones autorizadas de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, concretamente el artículo 125 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya establece en su último párrafo que se estará a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 31 de dicha ley, por lo que se estima que no hay necesidad de modificar aquel artículo.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4o., tercero, sexto y séptimo párrafos; 73, fracciones VII, XVI y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único. Se reforma el artículo 31, fracción VII, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a VI. ...

VII. ...

En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes o precintos, según corresponda, en las cajetillas, envases y recipientes que contengan los productos que se adquieran, la deducción a que se refiere la fracción II del artículo 29 de esta ley sólo podrá efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete o precinto correspondiente.

VIII. a XXII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos que contradigan este decreto.

Notas:

1 Centro de Investigación y Docencia Económicas (2006). ``Evasión fiscal del impuesto sobre la renta de personas morales''. Dicho documento puede consultarse en www.sat.gob.mx, en la sección de transparencia, así como aquel relacionado con la economía subterránea y empleo informal en México.

2 Universidad Autónoma de Nuevo León (2005). ``Tamaño del sector informal y su potencial de recaudación en México''. Centro de Investigaciones Económicas, Facultad de Economía.

3 World Health Organization (2002). The Tobacco Atlas. Mackay, J. & Michael Eriksen.

4 ``... Some governments are now suing tobacco companies for revenue lost due to smuggling activities allegedly condoned by the companies. Measures needed to control smuggling should include monitoring cigarette routes, using technologically sophisticated tax-paid markings on tobacco products, printing unique serial numbers on all packages of tobacco products, and increasing penalties...''. Ibídem, p. 30.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil seis.--- Diputado Carlos Puente Salas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia extiende una cordial bienvenida, un saludo y agradece su visita a los alumnos de la escuela primaria Licenciado Benito Juárez García, del municipio de Santiago Tianguistenco, en el estado de México.

Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y en virtud de que no se encuentra en el recinto, pasa al final de este apartado.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Como no se encuentra en el salón de sesiones, pasa también al final de este apartado. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola. Tampoco; pasa al final.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Gilberto Ojeda Camacho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho:Con el permiso de la Asamblea; con el permiso de la Mesa Directiva: el que suscribe, diputado federalGilberto Ojeda Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalen esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 135 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan los artículos 18, 41, 42, 106, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los artículos 46 Bis, 47 y 49 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, con el más firme propósito de contribuir a la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano de apoyo técnico al proceso de análisis y realización de estudios relacionados con la economía y las finanzas del sector público, entró en funciones a partir del 13 de septiembre de 1999 y se ha convertido en una instancia de asesoría y auxilio fundamental para el trabajo legislativo.

Como parte de sus funciones primordiales, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas lleva a cabo el análisis de los informes oficiales que el Ejecutivo presenta a lo largo del año, particularmente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo en sus funciones el proceso de análisis del paquete económico, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos y criterios generales de política económica.

Adicionalmente a las funciones consultivas, el Centro de Estudios realiza investigaciones que, por su relevancia y trascendencia en la agenda legislativa, merecen una mayor profundización, o bien, son proyectos de mediano plazo que constituyen herramientas de análisis para el seguimiento de las finanzas públicas; entre los principales se encuentra lo relacionado con la política energética, régimen fiscal de Pemex, seguridad social, política tributaria, análisis del gasto público y de las finanzas públicas estatales; promueve, además, actividades de vinculación institucional y mejora continua, lo que le permite desarrollar un trabajo de calidad. Esto incluye la realización de cursos, presentaciones y conferencias.

Actualmente, y por mandato de ley, el centro debe prestar los servicios de apoyo técnico a las comisiones del Congreso para la realización de los impactos presupuestarios, de iniciativas de ley y participar de manera integrada en el proceso de análisis y aprobación del paquete económico; con las atribuciones de solicitar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los contenidos de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de los datos estadísticos e informes trimestrales y mensuales, con relación a la situación económica, finanzas públicas, balance fiscal, ingresos, gasto y endeudamiento, así como información complementaria de fondos y disponibilidad de recursos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria retomó estos antecedentes y acentúa la tendencia a la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario, por lo que se enfatiza la necesidad de consolidar cuerpos de asesores efectivamente profesionales, con permanencia en sus puestos y con experiencia para el análisis, estudio y evaluación institucional de los temas legislativos, por un periodo de cinco años en sus mandos, logrando así un escalamiento entre los cambios de legislaturas, retomando el antecedente de otros organismos cuyo personal está profesionalizado, como es el caso del Banco de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y otros más.

La nueva ley consideró útil dotar de mayor capacidad al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Para ello se le reconocieron funciones en la ley que norma el proceso presupuestal. No quiso este legislador dejarlo únicamente en la normatividad interna, sino que lo posicionó como instancia de apoyo técnico, pero con incidencia en el proceso legislativo y, en específico, en lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federación y al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En consecuencia, el marco legal y normativo que regula las actividades del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas requiere adecuarse a las circunstancias que impone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se tienen que normar por los órganos de gobierno los nuevos procedimientos, en los que por ley está involucrado el Centro de Estudios, haciendo la concordancia de ese ordenamiento legal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hasta ahora sigue pendiente.

Resulta determinante que para la dirección y vigilancia de la operación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se constituya con carácter permanente un comité con funciones como órgano de gobierno, de tal forma que se aparte la situación que se presenta como una amalgama de mandos entre la autoridad administrativa y a la que se adscriben los Centros de Estudio.

En tanto que son unidades de estructura orgánica de la Cámara y los legisladores, que fungen en los órganos de gobierno de los centros, ya que los lineamientos de ambas instancias en algunos puntos están en función de criterios distintos --unos en atención a perspectivas administrativas y otros conforme al pulso del quehacer parlamentario-- es necesario erradicar esta situación.

La presente iniciativa busca subsanar esa falta de concordancia entre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a los servicios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, fortaleciendo su capacidad de gestión ante los ejecutores del gasto público, dando las bases para la profesionalización de su personal e instituyendo su órgano de gobierno, con permanencia y atribuciones suficientes para el cumplimiento de las funciones de esta área técnica, de tal forma que se pueda aportar a los mecanismos de control parlamentario hacia el Ejecutivo federal.

Me permito hacer un paréntesis para comentar que la presente iniciativa se originó durante una reunión de trabajo en la Comisión de Pesca, el pasado 22 de noviembre, en la cual, luego de una amplia exposición del director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, nos percatamos --los asistentes a esa reunión-- que, a pesar de la importancia que reviste para el trabajo legislativo este centro, tiene acotadas sus facultades para el cumplimiento de su propósito, derivado de que no existe una reglamentación de la ley correspondiente para llevar a cabo la coordinación de actividades al interior de los órganos de Cámara y con el Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ruego a esta honorable Asamblea que me disculpe por no continuar con la lectura del presente documento y en virtud de que el mismo ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia que turne a las comisiones correspondientes la presente iniciativa y se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Gilberto Ojeda Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 18, 41, 42, 106, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los artículos 46 Bis, 47 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el más firme propósito de contribuir a la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano de apoyo técnico al proceso de análisis y realización de estudios relacionados con la economía y las finanzas del sector público, entró en funciones a partir del 3 de septiembre de 1999 y se ha convertido en una instancia de asesoría y auxilio fundamental para el trabajo legislativo.

Como parte de sus funciones primordiales, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas lleva a cabo el análisis de los informes oficiales que el Ejecutivo presenta a lo largo del año, particularmente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluye en sus funciones el proceso de análisis del paquete económico -- Ley de Ingresos de la Federación, Presupuesto de Egresos y Criterios Generales de Política Económica.

Adicionalmente a las funciones consultivas, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas realiza investigaciones que, por su relevancia y trascendencia en la agenda legislativa, merecen una mayor profundización, o bien, son proyectos de mediano plazo que constituyen herramientas de análisis para el seguimiento de las finanzas públicas. Entre los principales se encuentran los relacionados con la política energética, régimen fiscal de Pemex, seguridad social, política tributaria, análisis del gasto público y de las finanzas públicas estatales; promueve además actividades de vinculación institucional y mejora continua que le permiten desarrollar un trabajo de calidad. Esto incluye la realización de cursos, presentaciones y conferencias.

Actualmente y por mandato de ley, el Centro debe prestar los servicios de apoyo técnico a las comisiones del Congreso para la realización de los impactos presupuestarios de iniciativas de ley y participar de manera integrada en el proceso de análisis y aprobación del paquete económico, con la atribución de solicitar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los contenidos de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de los datos estadísticos e informes trimestrales y mensuales con relación a la situación económica, finanzas públicas, balance fiscal, ingresos, gasto y endeudamiento, así como información complementaria de fondos y disponibilidad de recursos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria retomó estos antecedentes y acentúa la tendencia a la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario, por lo que se enfatiza la necesidad de consolidar cuerpos de asesores efectivamente profesionales con permanencia en sus puestos y con experiencia para el análisis, estudio y evaluación institucional de los temas legislativos por un periodo de cinco años en su mandos, logrando así un escalamiento entre los cambios de legislaturas, retomando el antecedente de otros organismos, cuyo personal está profesionalizado, como el Banco de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y otros.

La nueva ley consideró útil dotarle de mayor capacidad al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; para ello se le reconocieron funciones en la ley que norma el proceso presupuestal. No quiso el legislador dejarlo únicamente en la normatividad interna, sino que lo posicionó como instancia de apoyo-técnico, pero con incidencia en el proceso legislativo y en específico en lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federación y al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En consecuencia, el marco legal y normativo que regula las actividades del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas requiere adecuarse a las circunstancias que impone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se tienen que normar por los órganos de gobierno los nuevos procedimientos en los que por ley está involucrado el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, haciendo la concordancia entre ese ordenamiento legal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hasta ahora sigue pendiente.

Resulta determinante que para la dirección y vigilancia de la operación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se constituya con carácter permanente un comité con funciones de órgano de gobierno, de tal forma que se aparte la situación que se presenta como una amalgama de mandos entre la autoridad administrativa a la que se adscriben los centros de estudio, en tanto que son unidades de la estructura orgánica de la Cámara y de los legisladores que fungen en los órganos de gobierno de los centros, ya que los lineamientos de ambas instancias en algunos puntos están en función a criterios distintos, unos en atención a perspectivas administrativas y otros conforme al pulso del quehacer parlamentario, por lo que es necesario erradicar esta situación.

La presente iniciativa busca subsanar esa falta de concordancia entre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a los servicios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, fortaleciendo su capacidad de gestión ante los ejecutores de gasto público; dando las bases para la profesionalización de su personal e instituyendo su órgano de gobierno con permanencia y atribuciones suficientes para el cumplimiento de las funciones de esta área técnica, de tal forma que se pueda aportar a los mecanismos de control parlamentario al Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria

Artículo 18. ...

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. Para efectos de proporcionar el apoyo técnico, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas podrá solicitar la información necesaria a los ejecutores de gasto, que deberán proporcionarla oportunamente y en los términos que fue requerida. Salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, el plazo para dar respuesta no excederá de cinco días naturales; en caso de incumplimiento, se procederá en los términos del título de las sanciones e indemnizaciones de esta ley.

Título Segundo De la Programación, Presupuestación y Aprobación

Capítulo II De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. ...

II. ...

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán:

a) ...

b) ...

c) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo, así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La solicitud de información deberá ser atendida oportunamente y en los términos que fue requerida. Salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, el plazo para dar respuesta no excederá de cinco naturales; en caso incumplimiento, se procederá en los términos del título de las sanciones e indemnizaciones de esta ley.

Capítulo III De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes

Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.

En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para efectos de proporcionar el apoyo técnico, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas podrá solicitar la información necesaria a los ejecutores de gasto, que deberán proporcionarla oportunamente y en los términos que fue requerida. Salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, el plazo para dar respuesta no excederá de cinco días naturales; en caso de incumplimiento, se procederá en los términos del título de las sanciones e indemnizaciones de esta ley.

Título Sexto De la Información, Transparencia y Evaluación

Capítulo I De la Información y Transparencia

Artículo 106. ...

Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La solicitud de Información deberá ser atendida oportunamente y en los términos que fue requerida. Salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas el plazo para dar respuesta no excederá de veinte días naturales; en caso incumplimiento, se procederá en los términos del título de las sanciones e indemnizaciones de esta ley.

Artículo 107. El Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:

...

La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento y el gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha información, en los términos técnicos en que le sea requerida, en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la solicitud.

La información que la secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En caso de incumplimiento, procederán las responsabilidades que correspondan en los términos del título de las sanciones e indemnizaciones de esta ley.

Título Séptimo De las Sanciones e Indemnizaciones

Capítulo Único

Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

...

VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información requerida por el Congreso de la Unión, las Cámaras de Diputados y Senadores, las comisiones legislativas y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en los plazos estipulados por esta ley y otras disposiciones aplicables; o bien, que no sea proporcionada en los términos técnicos en que les fue requerida.

Segundo. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Título Segundo De la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados

Capítulo Sexto De las Comisiones y los Comités

Sección Cuarta De los Comités

Artículo 46 Bis.

1. La conducción del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se ejercerá a través del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

2. El Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas estará integrado con representantes de todos los grupos parlamentarios, en función de la representación que tengan en cada una de las Cámaras, con un máximo de quince integrantes. Por lo menos habrá un legislador de cada grupo parlamentario.

3. El Comité será competente para:

a) Emitir la normatividad que regule la prestación de sus servicios en ambas Cámaras;

b) Emitir las reglas técnicas para la articulación funcional del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con las Comisiones y Comités;

c) Validar metodologías para la elaboración de los impactos presupuestarios;

d) Autorizar las solicitudes de información a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto que formule el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas;

e) Autorizar las solicitudes de información estadística a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria;

f) Fijar las políticas de vinculación con otras instituciones similares nacionales y extranjeras;

g) Representar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en las sesiones de los Órganos de Gobierno de la Cámara y gestionar su Presupuesto;

h) Aprobar el Programa Anual de Trabajo;

i) Emitir los lineamientos para el nombramiento del director general y de los demás servidores; y,

j) Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades y funciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

3. El Comité informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, a través de su respectiva mesa directiva, del desarrollo de las actividades del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

4. La organización y funcionamiento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se sujetarán a las disposiciones legales, así como a las disposiciones reglamentarias, políticas internas y programas de trabajo que apruebe el Comité.

Capítulo Séptimo De la Organización Técnica y Administrativa

Artículo 47.

1. ...

2. ...

3. La Cámara de Diputados contará con un área de apoyo técnico en materia de finanzas públicas, denominada Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que tendrá carácter institucional y apartidista, además de autonomía técnica en la realización de sus funciones. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dará permanencia e inamovilidad al personal por un periodo de cinco años para garantizar su conducción institucional y apartidista, el cual podrá ser prorrogable.

Sección Segunda De la Secretaría de Servicios Parlamentarios

Artículo 49.

La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

...

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al respecto, el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas expedirá en un plazo no mayor de treinta días hábiles la normatividad interna para especificar la estructura, organización, funcionamiento y reglamentación de las atribuciones de cada una de las áreas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Así como los procedimientos a que se sujetará el servicio de apoyo técnico que brinda el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en ambas Cámaras.

Tercero. Se respetarán todos y cada uno de los derechos laborales de los servidores públicos adscritos al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; por consiguiente, el servidor público en funciones de la titularidad de esa área pasará términos y condiciones laborales que el presente decreto establece para el personal adscrito a ese órgano de apoyo técnico.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La siguiente iniciativa, agendada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pospone.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 457 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Mauricio Ortiz Proal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Mauricio Ortiz Proal:Con su permiso, Presidenta: honorable Asamblea:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Exposición de Motivos

Uno de los principales valores que debe resguardar la función judicial en cualquiera de sus ámbitos es el respeto a los principios generales del derecho que rigen en materia procesal, entre los cuales destaca sin duda por su importancia el de publicidad.

La transparencia en la actuación de los jueces es indispensable para que existan claridad y certeza en torno a su respetable actuación. La dignidad de la función jurisdiccional exige una conducta clara y absolutamente ajena a cualquier clase de opacidad.

Más aún, en la materia electoral, en la que se dirimen controversias de índole jurídica de la mayor importancia, relacionadas con los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos y, también, los diferendos relativos a los partidos políticos, que son --como señala nuestra Constitución federal-- entidades de interés público.

Es necesario denunciar que en la actualidad existe una lamentable falta de apego a lo dispuesto por la ley en relación con este tema, ya que con absoluta precisión la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala en el artículo 185, refiriéndose al trabajo de las salas del tribunal electoral, que ``sus sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas''.

Asimismo, en concordancia con lo referido, el artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral confirma el deber que tienen los magistrados de sesionar públicamente cuando se trata de emitir resoluciones. Dicho precepto señala: ``Las salas del tribunal electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno del propio tribunal'',

La ley no autoriza expresamente la realización de sesiones privadas; es más: simplemente, no las prevé. Sin embargo, existen y en ellas se votan resoluciones jurisdiccionales, en franca contravención de la ley. No cuestiono el derecho e incluso la necesidad que tienen los magistrados de trabajar en el estudio de los asuntos fuera de sesión todo lo que se requiera, pero es absurdo ver que los promoventes deambulan por los pasillos del tribunal indagando, como si se tratara de algo prohibido, sobre las resoluciones que se acuerdan en las llamadas ``sesiones previas'' o ``privadas'', que más bien parecen secretas.

Con la mejor buena fe de que soy capaz, me pregunto: ¿qué será lo que tienen que deliberar los magistrados electorales en privado? Esa práctica es un penoso resabio que debe ser eliminado de manera definitiva.

Compañeras y compañeros diputados: por respeto a un principio elemental de transparencia y certeza, todas las sesiones de las salas superior y regionales del tribunal electoral deben ser públicas. No existe razón que justifique que deba ser de otro modo.

Siendo tan clara la disposición que el Poder Legislativo ha dado a los magistrados electorales, ¿por qué no se ha respetado este principio de derecho?

Es paradójico que el juzgador no siga las indicaciones de la ley, pero más aún lo es cuando ha sido el tribunal electoral uno de los órganos jurisdiccionales que mayor empeño ha puesto en respetar los principios constitucionales por encima de todo, siguiendo las tesis del garantismo jurídico.

Por todo lo señalado, la presente iniciativa propone adecuar el marco jurídico que ya previene la publicidad de las sesiones de resolución, de las salas del tribunal electoral, para que en lo sucesivo, si la soberanía de las Cámaras que forman el honorable Congreso de la Unión lo aprueban, todas las sesiones del citado tribunal, sin excepción, se realicen de manera pública, para que los magistrados trabajen de cara a la ciudadanía y a los partidos políticos, para el bien de la democracia y de la transparencia en la resolución de las controversias electorales.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esa soberanía, para su discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Artículo Primero. Se reforma el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

``Artículo 185. El Tribunal Electoral funcionará con una Sala Superior y con cinco salas regionales; todas sus sesiones serán públicas.''

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, para quedar como sigue:

``Artículo 24.

1. ...

2. Todas las sesiones de las salas del Tribunal Electoral serán públicas y se desarrollarán de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interno del propio tribunal, así como las reglas y procedimientos siguientes:

a) a d) ...

3. ...''

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Tercero. Las áreas competentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adecuarán su normatividad interna para implantar las medidas derivadas del presente decreto, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Olivares Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio:Con el permiso de esta soberanía; con el permiso de la Mesa Directiva:

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En abril de 2006 se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que, entre otros aspectos, establece nuevas reglas en materia de ingresos excedentes.

De acuerdo con dicho ordenamiento jurídico, en el ejercicio 2007 los ingresos excedentes se destinarán a distintos fondos, uno de los cuales se destinará para afrontar una posible caída en la recaudación federal participable o en los ingresos derivados de la actividad petrolera.

El artículo 19 de la ley citada señala que el Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades y, según el mismo artículo, en el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto.

Por su parte, el artículo 21 del citado ordenamiento indica que la disminución de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, asociada a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en los términos de las reglas de operación que emita la secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de los recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a los conceptos de gasto relativos a comunicación social, gasto administrativo o servicios personales.

En otro aspecto, la misma ley indica que la disminución en la recaudación federal participable respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.

Lo anterior significa que los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) dejarán de ser líquidos, a diferencia del presente ejercicio fiscal, en que se han entregado íntegramente a las entidades federativas y al Distrito Federal, lo que representaría un impacto negativo en las finanzas públicas de los estados, ya que significa menores recursos para las entidades federativas para cubrir el gasto de infraestructura, en caso de que se presenten excedentes petroleros durante el ejercicio fiscal 2007.

En tal contexto, la presente iniciativa propone posponer la aplicación de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para no afectar las finanzas de las entidades federativas, debiéndose incorporar para tal efecto un artículo transitorio en la mencionada ley.

El propósito de lo anterior es que durante el ejercicio fiscal de 2007 los recursos provenientes del derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo a que hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de Derechos se destinen en su totalidad a las entidades federativas para programas de inversión en infraestructura de las mismas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

De igual manera, los recursos excedentes a que se refiere la fracción IV, inciso d), del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se destinarán en su totalidad a las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Único. Se reforma el inciso d) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) a c) ...

d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarándirectamentea las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la secretaría sobre la aplicación y destino de los recursos a que hace referencia el párrafo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Segundo. Durante el ejercicio fiscal de 2007, los recursos provenientes del derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo a que hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de Derechos, se destinarán en su totalidad a las entidades federativas para programas y proyectos de inversión en infraestructura de las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia envía un cordial saludo a los alumnos de la Universidad de Nayarit y les agradece que nos hayan visitado.

ARTICULOS 3o., 18, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 41, 49, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6, 89-7, 89-8, 89-9, 90, 92, 93, 93-1, 93-2, 93-3, 93-4, 93-5, 97, 98, 99, 102, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 119, 122, 127 Y 135 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús Ramírez Stabros:Con el permiso de la Presidencia; compañeros, compañeras: El que suscribe,Jesús Ramírez Stabros, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente exposición de motivos:

Es una realidad, México requiere una nueva forma de dividir y ejercitar el poder entre los miembros del pacto federal, entre los Poderes de la Unión y en el conjunto de relaciones del Estado con la ciudadanía.

Las dimensiones de la pobreza y el lento crecimiento económico que hemos vivido por casi una década tienen que encontrar respuesta en un nuevo diseño de gobierno que eficientice y mejore la cantidad, el contenido, la calidad, la viabilidad, la oportunidad y el éxito de las políticas públicas para el desarrollo nacional.

Extensos sectores de la nación mexicana contemplan hoy día, con preocupación y desaliento, la interacción de los representantes a quienes han confiado el ejercicio del poder político. Esta creciente incapacidad demerita no solamente a los hombres y mujeres de la política, sino que afecta la credibilidad en las instituciones y, aún más grave, puede gestar paulatinamente la desconfianza en la democracia misma. Éste es, sin duda, el problema más importante por resolver para la consolidación de la democracia en México.

El presente proyecto de reformas constitucionales tiene la intención de contribuir al diálogo político y legislativo para que México alcance una reforma del Estado, la cual percibimos como una necesidad inaplazable para actualizar nuestras instituciones y procedimientos de gobierno, para consolidar nuestra democracia y la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.

Dos son los objetivos centrales del conjunto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se proponen: el primero, la transformación de nuestro régimen de gobierno actual, caracterizado por una preponderancia del Presidente de la República, en otro que responda a las exigencias de una nueva configuración y distribución del poder confiado por el pueblo soberano a sus órganos de representación, cuyo rasgo principal es la división del Poder Ejecutivo en dos instancias unipersonales: un jefe de Estado elegido por el voto popular y un jefe de gobierno surgido del partido o coalición con mayoría en el Congreso; el segundo, la inclusión en nuestra Constitución de los procedimientos de participación ciudadana de iniciativa popular, plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, los cuales configuran una renovada y ampliada esfera de derechos políticos en favor del depositario originario de la soberanía.

Con el fin de no hacer exhaustiva la serie de propuestas que aquí estoy presentando, enunciaré algunas que me parecen de suma importancia. Se establece una nueva configuración en cuanto a las funciones que el Presidente de la República asumiría a partir de este nuevo esquema de gobierno; asimismo, las nuevas funciones del jefe de gobierno federal. Se propone establecer constitucionalmente la posibilidad de una segunda vuelta electoral en caso de no contar con mayoría absoluta de los votos emitidos mediante un esquema efectivo y claro. También se busca establecer claramente en nuestra Constitución el orden de prelación en caso de ausencia definitiva del Presidente de la República, estableciendo siempre que será un Presidente interino, en tanto se convocan nuevas elecciones y se elige a uno nuevo en un plazo muy breve.

En materia del informe presidencial, cuyo actual formato es a todas luces anacrónico, el proyecto propone superar el diseño de esta ceremonia republicana para convertirla en un nuevo ejercicio de diálogo entre poderes, teniendo como base la pluralidad, además de propiciar que no quede en un mero intercambio de opiniones entre sus actores. También se establece un periodo para permitir el análisis de las Cámaras y de sus comisiones, del contenido de sus documentos que lo integran. Transforma la sesión principal en un encuentro de diálogo que produzca acuerdos mínimos para afirmar o reorientar el rumbo del gobierno.

Con la presente iniciativa de reformas constitucionales también buscamos instaurar los derechos de participación ciudadana como el referéndum constitucional, el plebiscito y la iniciativa popular, entre otros, puntualizando cuáles serían las instancias facultadas para solicitar su realización, así como los límites para su ejecución.

Compañeras diputadas y compañeros diputados. El distanciamiento y la consiguiente inefectividad no habrán de superarse mediante fórmulas que hagan falsos los avances de la democracia en México. En el despuntar del siglo XXI buscamos y habremos de obtener que los términos pluralidad y efectividad no sean antónimos sino elementos armónicos de un binomio solidamente sustentado en una nueva arquitectura constitucional del poder político en México, al servicio y para la construcción de una sociedad mejor.

Con base en lo establecido en la ley, someto a la consideración de esta soberanía, esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva, inscriba íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jesús Ramírez Stabros, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente:

Exposición de Motivos

Con el permiso de la Presidencia, me permito presentar ante esta representación nacional un proyecto de reformas constitucionales que tiene la intención de contribuir al diálogo político y legislativo para que México alcance una reforma del Estado, la cual percibimos como una necesidad inaplazable para actualizar nuestras instituciones y procedimientos de gobierno, para consolidar nuestra democracia y la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.

Contiene propuestas que han sido ventiladas públicamente durante los últimos años, pero que adquieren una mayor relevancia frente al acelerado proceso de agotamiento de varias de nuestras instituciones políticas, con motivo de la reciente contienda electoral, que estuvo a punto de desbordar los marcos legales del Estado.

Es una realidad, México requiere una nueva forma de dividir y ejercitar el poder entre los miembros del Pacto Federal, entre los Poderes de la Unión y en el conjunto de relaciones del Estado con la ciudadanía. Así mismo, las dimensiones de la pobreza y el lento crecimiento económico que hemos vivido por casi una década tienen que encontrar respuesta en un nuevo diseño de gobierno, que eficientice y mejore la cantidad, el contenido, la calidad, la viabilidad, la oportunidad y el éxito de las políticas públicas para el desarrollo nacional.

Por ello, esta iniciativa, sin ser exhaustiva, propone la reforma de algunas de la coordenadas centrales de nuestro sistema político, que deshagan los nudos que obstruyen el buen funcionamiento de la democracia, que abra una sana discusión para el país y que pueda ser el hilo conductor de los trabajos de este cuerpo legislativo en materia de reforma del Estado.

Partimos de la decisión fundamental del Constituyente Permanente acerca del origen del poder público y del funcionamiento democrático: ``La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.''

Así dicta el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de estos elevados principios: la modificación de nuestra forma de gobierno a través de los cauces constitucionales y el ejercicio de la soberanía por su titular originario, es que trata la presente iniciativa.

En este sentido, este es el momento en el cual tenemos que proponernos ir más allá de la coyuntura y avanzar hacia una nueva institucionalidad. La presente iniciativa pretende llevar a cabo una serie de propuestas encaminadas a brindar la posibilidad de lograr los acuerdos necesarios para establecer una relación de coordinación y cooperación entre los distintos poderes que conforman nuestra forma de gobierno, lo anterior con la intención de aportar una serie de elementos que podrían encaminarse a un planteamiento mucho más general como es el de la Reforma del Estado Mexicano, cuya necesidad es cada vez más evidente.

Dos son los objetivos centrales del conjunto de reformas que se proponen:

El primero, la transformación de nuestro régimen de gobierno, del actual caracterizado por una preponderancia del Presidente de la República, a otro que responda a las exigencias de una nueva configuración y distribución del poder confiado por el pueblo soberano a sus órganos de representación, sistema éste que la doctrina y el derecho comparado internacional denominan comúnmente como ``semi-presidencialista'', cuyo rasgo principal es la división del Poder Ejecutivo en dos instancias unipersonales: un Jefe de Estado, elegido por el voto popular y un Jefe de Gobierno, surgido del partido o coalición con mayoría en el Congreso.

El segundo, la inclusión en nuestra Carta Magna de los procedimientos de participación ciudadana de iniciativa popular, plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, los cuales configuran una renovada y ampliada esfera de derechos políticos a favor del depositario primigenio de la soberanía.

Explicaré, a continuación, cada uno de ellos.

1. Cambio de forma de gobierno, del presidencialismo al semi-presidencialismo.

1.1. Retos actuales y necesaria transformación.

Extensos sectores de la nación mexicana contemplan, hoy día, con preocupación y desaliento la interacción de los representantes a quienes han confiado el ejercicio del poder político. Acusan falta de dirección y de progreso, resultante de acraísmo en el método e incapacidad de generar acuerdos que brinden resultados concretos.

Esta creciente atrofia demerita no solamente a los hombres y mujeres de la política, sino que afecta la credibilidad en las instituciones y, aún más grave, puede gestar paulatinamente la desconfianza en la democracia misma. Este es sin duda, el problema más importante a resolver para la consolidación de la democracia en México.

No es la ausencia de acuerdos, en sí, lo que irrita. Por el contrario, la sociedad mexicana valora la posibilidad del libre disenso y reconoce su importancia en la generación de alternativas que den pie a un cambio para avanzar. Lo que se rechaza es un cambio para el retroceso o un cambio para quedar en el mismo lugar. Lo que impacienta son las motivaciones, a menudo triviales, del desacuerdo constante que se yergue entre el pueblo y sus aspiraciones y empeños por un desarrollo individual, grupal y nacional.

Reconocida la importancia del disenso como testimonio de pluralidad y creador de innovación intelectual, corresponde atender las razones estructurales de la parálisis, a fin de que los desafíos de la gobernabilidad tomen un curso de solución plenamente democrático, fortaleciendo las capacidades del Ejecutivo y del Legislativo mediante un nuevo sistema de relaciones jurídico-constitucionales.

Al presente, podemos constatar nuestro avance democrático en la certeza de elecciones transparentes, a cargo de organismos autónomos y recurribles ante tribunales independientes. Los representantes populares así investidos de poder público, gozan de legitimidad incuestionable.

Hacia el futuro, nuestro sistema democrático debe tener la capacidad de legitimar no únicamente el origen del poder, sino su ejercicio cotidiano, mediante estructuras que superen la actual e irresoluble separación entre el Ejecutivo y el Legislativo en compartimentos partidistas estancos, donde las iniciativas sustantivas de aquél no prosperan en éste y los más relevantes avances legislativos carecen de suficiente respaldo y seguimiento, o son bloqueados de plano en el ámbito administrativo.

El distanciamiento y la consiguiente inefectividad no habrán de superarse mediante fórmulas que hagan nugatorios los avances de la democracia en México, ocultando los problemas reales tras máscaras atávicas de una falsa gobernabilidad basada en cláusulas de sobre-representación que suplantan la voluntad popular manifestada en el sufragio, dando en el papel lo que no se obtuvo en las urnas. Tampoco es admisible ganar espacio a una mayoría, reduciendo artificialmente la representación de las minorías y su proporcional cabida en el Congreso. En el despuntar del siglo XXI buscamos y habremos de obtener, que los términos ``pluralidad'' y ``efectividad'' no sean antónimos, sino elementos armónicos de un binomio sólidamente sustentado en una nueva arquitectura constitucional del poder político en México, al servicio y para la construcción de una sociedad que preserve y acreciente su riqueza ética y material.

1.2. La propuesta del semi-presidencialismo.

El semi-presidencialismo es una forma de gobierno seguida en numerosos países hoy día. Su exponente primero y principal es Francia, donde se instauró con la Constitución del año 58, dividiendo el ejercicio del Poder Ejecutivo entre un Presidente, Jefe de Estado y un Primer Ministro, Jefe de Gobierno. Su configuración actual fue definida con la reforma de 1962, por la que se estableció la elección popular directa del Presidente.

En el régimen semi-presidencialista que se propone, señalamos tres estructuras que le conforman:

Un Presidente de la República, Jefe de Estado, elegido por la mayoría absoluta del voto popular directo;

Un Jefe del Gobierno Federal, que dirige la política y la acción de la administración pública. Surge del partido o coalición que cuente con la mayoría de escaños en el Congreso, y

Un nuevo esquema de relaciones entre el Congreso Federal y el Gobierno, de modo tal que a las funciones legislativas tradicionales, las Cámaras suman el escrutinio y control sobre el Jefe del Gobierno Federal y su gabinete, quienes, por tanto, son responsables ante aquél.

1.2.1. El Presidente de la República: Jefe de Estado.

a) Funciones.

Primer depositario del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, en su carácter de Jefe de Estado, vela por su estabilidad y permanencia; es garante del respeto a la Constitución, así como de la independencia y correcto funcionamiento de los poderes públicos y de los organismos autónomos.

Esta instancia, en consecuencia, representa la visión de largo plazo, la preeminencia de la Constitución y sus instituciones por encima de los avatares inmediatos del gobierno y la política. Se erige como árbitro entre los poderes y guardián de su funcionamiento apegado a derecho, pues encarna no los intereses de partido o grupo alguno, sino una perspectiva histórica del Estado Mexicano.

Sus funciones y atribuciones no son simbólicas, ya que le son conferidos poderes reales para cumplir su misión estratégica. En él se depositan las decisiones más graves que comprometen la seguridad de la Nación y la viabilidad de sus instituciones. Procedamos a examinarlas con detalle.

El Presidente nombra al Jefe del Gobierno Federal, una vez cumplido el procedimiento constitucional para la elección de este último. Ello es porque del Presidente de la República dimana el poder estatal legitimado por su elección popular directa, lo que le da la aptitud de investir a quienes realizarán las tareas de gobierno, de cuyo correcto funcionamiento será guardián.

En el mismo sentido, el Presidente de la República, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, nombra y remueve a los servidores públicos de nivel superior, y nombra a los oficiales de las fuerzas armadas.

En cuanto a los agentes diplomáticos, el Presidente les nombra y remueve, sujeto en el primer caso a ratificación del Senado. Esto, en virtud de que el personal diplomático superior representa al Jefe del Estado Mexicano, con independencia del gobierno en turno.

Relacionado con lo anterior, el Presidente de la República mantiene la atribución de negociar y firmar tratados internacionales, que son obligaciones estables entre Estados, no entre gobiernos. Se propone, sin embargo, que para ello cuente con la previa, en vez de posterior, aprobación del Senado, a fin de que la asunción de compromisos internacionales se dé en un marco de plena certeza al exterior y al interior del país.

Una atribución de especial relevancia es la de presidir el Consejo de Gobierno. Éste se configura a partir del modelo del Consejo de Ministros en Francia y en países de régimen parlamentario. A través de la actuación del Consejo de Gobierno se remarca el carácter colegiado de la acción de gubernativa y la responsabilidad solidaria de quines lo integran.

La operación del Consejo de Gobierno propende a reforzar la deliberación, interdisciplinariedad y prudente reflexión que debe preceder a la toma de decisiones. En este orden de ideas, la intervención del Jefe de Estado, presidiendo sus trabajos, apoya el cumplimiento de las funciones constitucionales del Consejo y permite al Presidente de la República imprimir una visión más amplia sobre la acción de gobierno.

También corresponde al Presidente de la República ejercer el mando supremo de las fuerzas armadas, cuyas altísimas responsabilidades se sitúan por encima de los intereses y finalidades estrictos de un gobierno determinado. El gobierno ciertamente puede y debe disponer de las fuerzas armadas, pero circunscrito a un nivel de operación táctica, acorde a los propósitos superiores del Estado.

En sentido análogo, el Presidente conserva la facultad de declarar la guerra, previas consulta al Jefe del Gobierno Federal y ley del Congreso de la Unión, habida cuenta de lo trascendental del acto.

En cuanto a trastornos interiores, corresponde al Presidente de la República, como garante de la estabilidad del Estado, decretar la suspensión de garantías individuales, para lo que deberá contar con la opinión del Jefe del Gobierno Federal, su gabinete y la aprobación del Congreso de la Unión.

Otra función que permanece en el ámbito competencial del Presidente, es la de someter al Senado la terna para designar a los Ministros de la Suprema Corte de la Nación. Nuevamente, se remarca así su función como garante de la independencia y correcta operación de los poderes públicos. En este caso, favoreciendo una integración basada en una visión de Estado.

Igualmente, el Presidente de la República sigue siendo la instancia para proponer al Senado la terna para nombra un gobernador provisional, en el caso de desaparición de poderes, así como para proponer al Senado a quien deberá sustituir al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, en el caso de remoción de éste, inatención a su papel como guardián de la estabilidad de las instituciones.

b) Elección y ejercicio.

En la iniciativa se contempla que el Presidente de la República sea elegido mediante el sufragio directo de los ciudadanos y, al respecto, se exige que cuente con la mayoría absoluta de votos emitidos. En tal sentido, de no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, se prevé la realización de una segunda vuelta electoral, en la que únicamente podrán participar los dos candidatos que más votos hayan obtenido en la primera.

Por medio de este mecanismo, se apunta a fortalecer la legitimidad del Presidente de la República, tanto en su origen como en su desempeño. En las elecciones recientes, debido al principio de mayoría relativa, la Presidencia de la República se ha otorgado, de hecho, al representante de la minoría más numerosa. De otra manera expresado, no gobierna el elegido por la mayoría de los ciudadanos, lo que merma la percepción de legitimidad sobre el investido y, en una medida importante es, junto con otros factores, causa nodal de la inefectividad del gobierno así constituido.

A efecto de superar esta situación, se plantea que el Jefe de Estado provenga de una elección mayoritaria absoluta, de modo que su desempeño tenga el respaldo indubitable de la voluntad ciudadana manifestada en el sufragio.

Con esta base de legitimidad, se establece en la iniciativa que el Presidente de la República tenga un periodo de mandato cierto y determinado, a ser ejercido en su totalidad, salvo que incurra en responsabilidad constitucionalmente prevista, renuncie por causa grave, o no pueda concluir por impedimento natural o muerte.

Concomitantemente, en aras de favorecer siempre la elección directa del Presidente de la República como fuente de necesaria legitimidad, se proyecta eliminar el papel central del Congreso en la designación del Presidente que habrá de sustituir, en su caso, al faltante y, en cambio, definir constitucionalmente a las personas que en orden de prelación deberán ocupar la Presidencia, únicamente con el carácter de interino, ya que en todos los casos deberá procederse, de inmediato, a la elección directa del nuevo Presidente.

Intocado en la presente iniciativa queda el principio de la no reelección., sin derivar de ello conclusión anticipada sobre su permanencia o eliminación. Por el contrario, debe ser uno de los temas más intensamente debatidos, con miras a dilucidar si responde a la situación actual del país y a la nueva forma de gobierno que se propone instaurar, toda vez que en el sistema semi-presidencialista hay una nueva distribución del poder, acotando el del Presidente y ampliando los del Jefe de Gobierno y del Congreso, por lo que, acaso, no habría más la necesidad histórica de controlar un poder antes amplísimo, mediante la no reelección.

1.2.2. El Jefe del Gobierno Federal.

a) Funciones.

Segundo depositario unipersonal del Poder Ejecutivo, su ámbito de competencia puede comprenderse como aquél que hasta la fecha ejerce el Presidente de la República, descontando las atribuciones que se han perfilado para el Jefe de Estado en el apartado inmediato anterior.

Así, por ejemplo, al Jefe del Gobierno Federal corresponde la definición y dirección de la política interior, así como de la política exterior sujeta a los principios ya consagrados en nuestra Constitución.

Igualmente, dirige la acción de gobierno, lo que resulta de su posición al frente del aparato de la administración pública federal, acentuando su responsabilidad personal sobre la conducción del gobierno.

La facultad reglamentaria, antes atribución del Presidente de la República, se traslada ahora al Jefe del Gobierno Federal, en razón de que es éste quien debe proveer en la esfera de la administración, de la que es responsable, a la observancia y cumplimiento de las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión.

En relación con este punto, en la iniciativa se introduce un cambio relevante en el sentido de que el derecho de iniciar leyes no sea ya del Presidente de la República, sino que ataña al Jefe del Gobierno Federal, sustentado en que es el Jefe de Gobierno quien debe impulsar la adecuación del marco normativo que conduzca a los mejores resultados de su gestión.

Asimismo, el Jefe del Gobierno Federal tiene la facultad de proponer al Presidente de la República el nombramiento de funcionarios superiores y oficiales de las fuerzas armadas, en su calidad de dirigente de la administración pública.

Además, para el propósito de preservar la seguridad nacional, tiene la atribución de disponer de la totalidad de las fuerzas armadas, así como de la guardia nacional, capacidades que atienden a fines operativos concretos, no reñidas con el mando supremo de que goza el Presidente de la República.

Las antes descritas son las principales funciones conferidas al Jefe del Gobierno Federal, sin que deba entenderse como un inventario exhaustivo, ya que a lo largo de la presente iniciativa se puntualizarán otras.

b) Elección y ejercicio.

Se prescribe que el Jefe del Gobierno Federal sea elegido de forma indirecta, por conducto de las dos Cámaras reunidas en sesión conjunta. El candidato será propuesto por el partido o coalición de partidos que, consideradas ambas Cámaras en conjunto, cuente con, al menos, la mayoría relativa de escaños.

Para poder ser nombrado por el Presidente de la República, dicho candidato deberá obtener, en primera instancia, el voto de la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso. De no conseguirlo, la misma candidatura será presentada dentro de las setenta y dos horas siguientes y, en esta segunda ocasión, bastará que obtenga el voto de la mayoría simple. Si tampoco se llegase a ello, seguirán presentándose candidaturas durante un plazo perentorio, al término del cual, de no poder formarse un gobierno, se procederá la disolución de las legislaturas.

Con este esquema de elección se garantiza un cambio decisivo hacia un mejor funcionamiento del gobierno federal, atentos a que al provenir el Gobierno de la mayoría congresional, como sucede en el semi-presidencialismo francés o en el parlamentarismo europeo en general, hay una plena identidad en la conformación y fines específicos de los poderes públicos, por lo que no se corre el riesgo de estancamiento que impida a aquél hace avanzar su programa de gobierno por falta de una mayoría que le apoye en el legislativo ni, en contrapartida, las iniciativas más importantes de este último caerían en el vacío administrativo provocado por el Ejecutivo. Luego entonces, se dotaría a la Federación de un diseño constitucional que sincroniza y optimiza la actividad de estos dos poderes, reemplazando la mutua obstaculización presente, con una sinergia que alimente un círculo virtuoso de operación legislativa-gubernamental.

En las líneas precedentes se perfila lo que sería un rasgo distintivo del régimen mexicano: la igualdad político-legal de ambas Cámaras del Congreso. A diferencia de otros países, donde la Cámara prevaleciente es la Baja, correspondiente a la de Diputados en nuestro país, única competente para elegir al Jefe de Gobierno y frente a la cual éste es responsable; en el modelo contenido en la iniciativa se establece la igualdad plena de las dos Cámaras, en atención al importante papel desempeñado por ambas en la vida política nacional, que haría inconcebible situar a una u otra en una posición predominante.

Como en el caso del Presidente de la República, permanece en la presente iniciativa el principio de no reelección.

c) El Consejo de Gobierno.

En la iniciativa se considera instaurar a nivel constitucional la existencia del Consejo de Gobierno, a partir de la figura del Consejo de Ministros empleada en diversos países europeos. Como se ha señalado, estaría presidido por el Jefe de Estado y lo integrarían, además, el Jefe del Gobierno Federal, sus secretarios de despacho y el Procurador General de la República. En el Consejo de Gobierno se materializan la naturaleza, operación y responsabilidad colegiadas y solidarias del Gobierno en turno. Es un espacio propicio e indispensable para que la planeación y acción de gobierno se beneficien del complemento de capacidades y conocimientos.

Al Consejo de Ministros se otorgan facultades específicas como las de aprobar las iniciativas de Ley que habrán de ser presentadas por el Jefe del Gobierno Federal ante el Congreso o la discusión previa de la solicitud de confianza que aquél presente ante el Congreso. La amplitud de mira y la oportunidad de deliberación que aporta, apoyan el mayor éxito del quehacer gubernamental.

1.2.3. Relaciones entre el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal.

a) Control y escrutinio.

Una definición política fundamental del nuevo régimen que se propone es el de la responsabilidad del Gobierno Federal ante el Congreso de la Unión, de la que se desprenden varias implicaciones y mecanismos.

Uno básico es el deber del Jefe del Gobierno Federal, su gabinete y titulares del sector paraestatal, de rendir al Congreso de la Unión y a las comisiones de éste, cualquier información que sea solicitada, sin limitación alguna, es decir, que respecto de lo requerido por el Congreso, no operará ninguna excepción reconocida en la legislación secundaria, como es el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con esta previsión se busca dar al Congreso una herramienta eficaz para ejercer el control adecuado sobre la actividad gubernamental.

Adicionalmente, cada Cámara tendrá la atribución de hacer comparecer al Jefe del Gobierno Federal, sus secretarios de despacho y titulares del sector paraestatal, para que periódicamente informen sobre su gestión. A este fin, los comparecientes deberán responder a las preguntas y escuchar las interpelaciones que les dirijan los legisladores. Este contacto no es esporádico o de intermitencia anual, sino permanente, contemplándose en la iniciativa que se destine un tiempo semanal a ello, como sucede en otros países. La verificación constante facilita, entonces, la transparencia en la gestión de gobierno y la puntual rendición de cuentas, además de proveer el espacio para oportunas llamadas de atención y correcciones al desempeño observado, todo lo cual incrementará la eficiencia general del gobierno.

Como consecuencia del contacto permanente antes referido, se hace innecesario, por obsoleto, el mecanismo de informes anuales de gobierno y posteriores glosa y comparecencias de secretarios de despacho, cuya insuficiencia para solventar una relación de entendimiento productivo entre el Congreso y el Presidente en un sistema democrático, ha sido reconocida por todos.

De forma complementaria, en el nuevo marco de relaciones, el Jefe del Gobierno Federal y sus secretarios de despacho tendrán acceso a las sesiones del Congreso y sus comisiones, y el derecho de hacerse escuchar, ya que sólo una comunicación oportuna en dos sentidos dará lugar a un trabajo concertado.

b) Trabajo legislativo.

Atingente a la nueva relación entre el Gobierno y el Congreso, es una participación incrementada de aquél en los trabajos de éste, como se observa en el caso francés y del parlamentarismo europeo. En su conjunto se encaminan a facilitar el avance del programa de gobierno en su vertiente legislativa.

Por ejemplo, en la iniciativa se fija la atribución del Jefe del Gobierno Federal de convocar a sesiones extraordinarias. A diferencia del presente, donde media la convocatoria de la Comisión Permanente, en el proyecto se trata de una facultad plena, que no requiere, por tanto, confirmación de la Comisión Permanente. El Gobierno obtiene así el pronto conocimiento, atención y resolución de los asuntos considerados urgentes, sin depender para ello de la aquiescencia de la Cámara o Cámaras involucradas.

Adicionalmente, se da al Jefe del Gobierno Federal y a sus secretarios de despacho, la prerrogativa de proponer enmiendas a los proyectos que se discutan en el Congreso. La posibilidad de contacto durante el proceso de aprobación de leyes permite incorporar de inmediato la visión y necesidad del Ejecutivo, enriqueciendo y mejorando los productos legislativos, al tiempo de impedir disonancia en la fase de implementación administrativa.

Finalmente, se plantea que para los proyectos de ley considerados urgentes por el Gobierno o que no hayan sido aprobados después de una primera votación, se pueda formar, a instancia del Jefe del Gobierno Federal, una Comisión bicameral que prepare un texto consensado, a ser votado sin posibilidad de enmienda, salvo conformidad del Gobierno. Este mecanismo procura, como en otros casos, el rápido desahogo de los asuntos que revistan prioridad, en aras de la eficiencia gubernamental.

2. Inclusión de los Derechos de Participación Ciudadana.

2.1. Perspectiva histórica.

La nación mexicana debe avanzar en el siglo XXI, perfeccionando y ampliando los cauces para el ejercicio democrático, como resultado de la experiencia de doscientos años de vida independiente y de la reflexión y acción de individuos ocupados en la consolidación de la democracia en México, único sistema compatible con la dignidad humana y las legítimas aspiraciones de sus habitantes.

Coincidir, como hoy día, en el valor de la democracia, no marca un alto al análisis, ni a la historia, sino estrictamente el reconocimiento de los beneficios que para la vida en paz y para el desarrollo de las sociedades, representa la aceptación de sus reglas, en las que no se agota, por cierto, su contenido.

Todo lo contrario, proveen una base común de entendimiento, a partir de la cual cada sociedad continúa recreando sus propias relaciones políticas, redefiniendo su entendimiento del ser humano en el presente y su proyecto de evolución inmediata.

En México reconocemos diversas etapas en el desarrollo de nuestra democracia:

La primera, con la Constitución de 1917 que estableció el sufrago universal y directo, dejando atrás las prácticas que en el siglo XIX limitaron el voto activo en razón de propiedad o nivel de instrucción.

La segunda, cuatro décadas más tarde, con el reconocimiento constitucional del derecho de sufragio femenino, del que en 2003 conmemoramos su cincuentenario.

La tercera, entre los años sesenta y setenta, con el establecimiento y desarrollo del marco constitucional para la incorporación y aportación de las minorías al poder legislativo.

La cuarta, en los años noventa, con la autonomía y ciudadanización de los órganos electorales, que dio transparencia y certeza al sufragio.

La quinta etapa, objeto de la presente iniciativa, es la de una arquitectura política de controles recíprocos y contrapesos que converja a una distribución más eficiente del poder delegado a las instituciones, a través de la instauración del semi-presidencialismo y de los derechos de participación ciudadana.

2.2. Procedimiento de participación ciudadana contemplados.

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se proponen, buscan instaurar los derechos de participación ciudadana que a continuación se mencionarán, puntualizando qué instancias serían las facultadas para solicitar su realización y sus límites materiales. La legislación secundaria habrá de desarrollarlos, particularmente en cuanto a los requisitos de procedencia.

2.2.1. Iniciativa popular.

Se define como el derecho de los ciudadanos para presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas para expedir o reformar leyes en materia federal. Solamente podrá tener lugar a solicitud de un grupo de ciudadanos, cuya cuantía, se definirá en la Ley reglamentaria. La iniciativa popular no sería procedente respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sobre el régimen tributario o financiero del Estado; la organización de los poderes públicos, ni en materia de política exterior o tratados internacionales.

2.2.2. Referéndum.

Entendido como el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar los proyectos de Ley o reforma de ley presentados en el Congreso de la Unión; o los aprobados, antes de que sean promulgados. Se plantea que sobre un proyecto de ley o reforma de ley aprobado en el Congreso de la Unión, pueda solicitarlo el Presidente de la República antes de su promulgación, y sobre un proyecto de ley o reforma de ley presentado por el Jefe del Gobierno Federal, puedan solicitarlo ambas Cámaras conjuntamente. No podrán ser objeto de referéndum las disposiciones sobre el régimen tributario o financiero; tampoco la organización de los poderes públicos, ni la política exterior o los tratados internacionales.

2.2.3. Referéndum constitucional.

Instituido como el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuestas o aprobadas en el Congreso de la Unión. Podrá ser solicitado por el Presidente de la República, por la mitad más uno de los Congresos de los Estados de la República, o por la ciudadanía, cuando las reformas hayan sido aprobadas en el Congreso de la Unión, y por las cámaras de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, respecto de reformas propuestas por el Presidente de la República. No podrán ser objeto de referéndum las disposiciones sobre el régimen tributario o financiero, ni la organización de los poderes públicos.

2.2.4. Plebiscito.

Conceptualizado como el derecho de los ciudadanos a aprobar o rechazar los actos de alcance general, proyectados o emitidos por el Jefe del Gobierno Federal, que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la Federación. Se contempla que podrá solicitarlo el Jefe del Gobierno Federal, respecto de actos de alcance general que proyecte emitir, o la ciudadanía en relación con dichos actos cuando hayan sido emitidos. No será procedente respecto de aquellos relativos a causas de utilidad pública, los de carácter financiero, la organización de la administración pública federal, ni en materia de política exterior.

2.3. Visión socio-política.

Los derechos constitucionales de participación ciudadana atienden el reclamo de una sociedad crecientemente interesada en ser protagonista de los procesos de toma de decisiones, acompañando a las instancias formales provistas al efecto.

Los derechos constitucionales de participación ciudadana no niegan la naturaleza representativa del régimen de gobierno, plasmada en el artículo 41 de nuestra Ley Suprema, sino que la complementan y perfeccionan, por cuanto lejos de pretender sustituir los poderes constitucionales en el ejercicio de sus funciones, se erigen en mecanismos orientadores para el mejor desempeño de la representación otorgada.

Los derechos constitucionales de participación ciudadana favorecen la madurez de la vida política, promoviendo los valores democráticos de inclusión en la toma de decisiones, corresponsabilidad en el proceso para llegar a ellas, tolerancia con los puntos de vista divergentes y apego a la cultura de legalidad, para que las diferencias de opinión se resuelvan en un proceso decisorio parte de nuestro Estado de Derecho, cuyo resultado sea respetado por todos.

Los derechos constitucionales de participación ciudadana refuerzan el papel de la mujer y el hombre comunes en la sociedad política; del pueblo como soberano primero. En este tránsito, la iniciativa popular, el referéndum, el referéndum constitucional y el plebiscito, dotan al ciudadano de mecanismos de co-participación con los poderes depositarios de la soberanía. De esta manera, la ciudadanía en el siglo XXI reactiva el ejercicio de sus facultades originarias y amplía su inserción en la vida política, estableciendo prioridades, llamando a rendición de cuentas y atemperando acciones no deseadas. La nueva ciudadanía participativa se erige, así, como protagonista decidida del equilibrio entre los poderes constitucionales.

Descripción de la Iniciativa

Para una mejor comprensión del proyecto, será descrito en el orden de los temas que la componen.

1. Transformación a la Forma de Gobierno Semi-presidencialista.

1.1. Presidente de la República.

Se explican a continuación las modificaciones sustantivas, dejándose para una sección final, los cambios complementarios.

Artículo 69.

En materia del Informe Presidencial, cuyo actual formato es, a todas luces anacrónico, generador del culto a la personalidad y un ejercicio que sirve más para remarcar la supremacía del poder presidencial sobre el país, el proyecto se propone superar el diseño de esta ceremonia republicana, para convertirla en un nuevo ejercicio de diálogo entre poderes, teniendo como base la pluralidad, además de propiciar que no quede en un mero intercambio de opiniones entre sus actores.

Además de establecerse un período que permita el análisis de las Cámaras y de sus comisiones, del contenido de sus documentos que lo integran, transforma la sesión principal en un encuentro de diálogo que produzca acuerdos mínimos para afirmar o reorientar el rumbo del gobierno. Por ello, en el proyecto se establece que el Titular del Ejecutivo envíe el Informe, otorgándose 20 días hábiles para el análisis del Congreso, tras lo cual se efectuaría una sesión de Congreso General, con la asistencia de los responsables de las áreas de política interior, relaciones exteriores, hacienda y desarrollo social, entablando un ciclo de preguntas e interpelaciones con los legisladores.

Subrayamos la necesidad de que este Informe, en una visión integral de administración pública, avance en la institucionalización de la etapa de evaluación y control, que es uno de los aspectos más débiles de nuestro sistema de gobierno, en buena medida por la falta de definición del papel que desempeña el Congreso y por la ausencia de requisitos básicos para que se generen decisiones que permitan afirmar, corregir e incluso sustituir el rumbo general o por sectores de la actuación del gobierno. En este sentido, se introduce la obligación de que en el Informe, que pretende evaluar el alcance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se plantee una Agenda Legislativa por parte del Titular del Poder Ejecutivo, misma que se sometería después a un proceso de diálogo y acuerdo con los legisladores, para alcanzar reformas concretas, siempre a la luz pública y coherentes con el ejercicio sexenal, con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con la naturaleza plural de nuestro sistema político.

Artículo 80.

En el primer párrafo se suprime el calificativo de ``supremo'' referido al Poder Ejecutivo, toda vez que en el nuevo sistema se configuran mecanismos de contrapeso y equilibrio que nulifican toda anterior primacía de uno de los poderes sobre los otros. Además de este elemento descriptivo, hay otro valorativo que apunta a la necesidad de que la percepción sobre los poderes y el ejercicio constitucional de ellos, los sitúen en un mismo nivel. El Poder Ejecutivo no será más el poder supremo, sino uno, como los otros, al servicio de la Nación.

En el primer párrafo se precisa, también, que el Poder Ejecutivo se deposita en dos individuos, por lo que a continuación se establecen dos fracciones. En la primera se identifica al Presidente de la República y se señalan sus características generales como garante de la Constitución y de la independencia y correcto funcionamiento de los poderes públicos y de los organismos autónomos. En la segunda, se indica al Jefe del Gobierno Federal.

Artículo 81.

Desde este artículo y hasta el artículo 89, se agrupan en una Sección Primera, creada con la denominación ``Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos'', dentro del Capítulo III, intitulado ``Del Poder Ejecutivo''.

El primer párrafo actual que fija la elección directa del Presidente, es adicionado para establecer que deberá ser por mayoría absoluta de los votos emitidos, por lo que en caso de que ningún candidato obtenga esta mayoría, deberá procederse a una segunda vuelta a los catorce días naturales, donde sólo participarán los dos candidatos que más votos hayan obtenido en la primera ronda. Como se ha explicado, la exigencia de mayoría absoluta, que únicamente es factible mediante el sistema de doble ronda electoral, apuntala la legitimidad del Presidente en su papel de mediador entre poderes y como representante de la unidad del Estado.

Se adiciona un segundo párrafo, donde se marca que la elección del Presidente debe tener lugar entre los treinta y cuarenta y cinco días anteriores a la terminación del mandato del Presidente en ejercicio. Con la fijación de un plazo reducido entre la elección y el inicio del nuevo mandato se busca favorecer una adecuada coordinación entre el entrante y el saliente en pro de una adecuada continuidad institucional.

Artículo 82.

Se reforma su fracción VI para adicionar a los cargos desde los que no se podrá pasar a ocupar la Presidencia, a menos que se separen de ellos antes de 6 meses al día de la elección, el de Jefe del Gobierno Federal, que se crea mediante la presente iniciativa. Asimismo, se incluye entre éstos, el cargo de Jefe del Gobierno del Distrito Federal que a la fecha no había sido previsto, lo que no es correcto habida cuenta que implica una indebida diferenciación respecto del de gobernador que sí estaba contemplado.

Se adiciona un párrafo final para determinar que en los casos de falta absoluta del Presidente, podrá ocuparlo cualquiera de los cargos identificados en la fracción VI, en virtud de que se estaría ante una situación imprevista y excepcional y porque, como puede leerse en la parte final de la fracción VI en cuestión, la limitante está prevista en función de la elección, se entiende directa, del Presidente, no para el supuesto de falta absoluta a que se refiere el artículo 84.

Artículo 83.

Se elimina de la parte inicial la mención de que el Presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de diciembre. Esto resulta de que en la iniciativa se plantea la necesidad de que el Presidente sea siempre electo de manera directa. Entonces, se elimina la figura de Presidente sustituto que debe concluir el periodo del Presidente electo cuando éste falta en los últimos cuatro años de su mandato y, de la misma forma, se suprime la previsión de que al acaecer la falta durante los dos primeros, se lleve a cabo la elección de un nuevo Presidente que debe concluir el periodo del anterior.

Así, dado que invariablemente ante la falta absoluta del Presidente en ejercicio se procederá a la elección directa y lo más pronto posible de uno nuevo, es inconcuso que no puede estar el inicio de su gestión sujeto a una fecha específica.

Se deja sin cambio el principio de no reelección, sujeto a la deliberación que en el análisis de la iniciativa se haga sobre la pertinencia de modificar este principio.

Artículo 84.

Aunque no directamente conectado con el cambio de régimen gubernativo, se opta en este artículo por establecer en la parte inicial del precepto, un orden constitucional de sustitución, lo que dado el nuevo carácter político-jurídico del Presidente pudiese llevarse a cabo sin generar un problema mayor y sí, en cambio, evitando discusiones y negociaciones, quizá desgastantes, para acudir, en cambio, a una certera disposición constitucional. Quien así ocupe el cargo tendría siempre el carácter de interino, en tanto se lleva a cabo la elección popular del nuevo Presidente.

Se proyecta que el orden de prelación, para el caso de que alguno tenga impedimento legal, sea: 1) el Presidente del Senado, 2) el Presidente de la Cámara de Diputados, 3) el Jefe del Gobierno Federal, y 4) quién a falta de los anteriores, elija el Congreso en sesión conjunta.

En este sentido, se cambia el marco constitucional para el caso de falta absoluta, independientemente del momento en que ocurra. Esto, porque, como se ha dicho, en un sistema semi-presidencial, el Presidente recibe su legitimidad y consecuente poder político, del hecho de ser elegido directamente por la ciudadanía, por lo que una elección indirecta mermaría tales atributos y su capacidad de accionar. De aquí que se establezca que, en todos los casos, al faltar el Presidente se llevará a cabo la elección directa del nuevo.

Se contempla que la convocatoria a elección de un nuevo Presidente debe ser hecha por el Instituto Federal Electoral, no ya por el Congreso, como dice actualmente.

Se formula que el plazo para la elección del Presidente sea reducido sustancialmente. Actualmente el proceso electoral abarca nueve meses, aproximadamente (COFIPE, art. 174) pero en un caso como el que se aborda, bien podría ser de tres meses para favorecer la continuidad y eficacia de la figura presidencial.

Artículo 85.

En relación con las modificaciones propuestas para el artículo 84, se sugiere que en el artículo 85, relativo a los casos en que el Presidente electo no tome posesión o falte temporalmente, se precise un orden de sustitución, conforme al indicado en el precepto inmediato anterior.

En el párrafo final de las modificaciones, se propone trazar un límite a la falta temporal del Presidente, supuesto no considerado hasta ahora, de modo que al llegar a los noventa días se repute como falta absoluta y se actúe en términos del artículo 84.

Artículo 89.

De conformidad con la división del Ejecutivo en dos instancias, una de las cuales es la encargada del Gobierno, corresponde revisar y adecuar las atribuciones del Presidente, de forma que se ocupe de las tareas de Estado, dejando al Jefe del Gobierno Federal las tareas comunes de la administración pública.

En este orden de ideas, se proyectan los siguientes cambios.

En la fracción I, conserva la facultad de promulgar las leyes, es decir comunicar su obediencia a los habitantes del país, pero se suprime la facultad reglamentaria que se estima como una función de gobierno, toda vez que consiste en la implementación en la esfera administrativa del contenido de las leyes.

Se adicionan las fracciones I-B y I-C relativas a procedimientos de participación ciudadana, que en el apartado correspondiente se explicarán.

También se adiciona una fracción I-D, relativa a su atribución de nombrar al Jefe del Gobierno Federal, al término del proceso para su elección por el Congreso, lo que atiende a la figura presidencial como fuente de legitimidad en la vida estatal.

La fracción II se modifica para incluir que los nombramientos de servidores públicos se harán a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, por ser éste el responsable de la administración. De esta fracción se suprime lo relativo a la remoción de diplomáticos, que se traslada a la fracción III, donde se comentará.

En la fracción III, se preserva la facultad de nombrar personal diplomático superior, con la aprobación del Senado y se adiciona que podrá removerlo libremente, lo que antes se estipulaba en la fracción II. Estas prerrogativas resultan de valorar que el personal diplomático representa al Estado, no al gobierno y que, en el caso de los embajadores, son representantes del Jefe de Estado.

En las fracciones IV y V se adiciona que los nombramientos de oficiales de las fuerzas armadas los hará el Presidente a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, dado que estas corporaciones son parte de la administración pública federal.

Se deroga la fracción VI, referente a la preservación de la seguridad nacional y la disposición de las fuerzas armadas, toda vez que son funciones de gobierno, que se trasladan al Jefe de éste.

Se adiciona la fracción VI-B para determinar que presidirá el Consejo de Gobierno, al que como Jefe de Estado podrá imprimir, entonces, una visión de amplitud y profundidad mayores.

Se adiciona la fracción VI-C por la que se le reconoce el mando supremo de las fuerzas armadas, en atención a su carácter de Jefe de Estado, entidad socio-política a cuya preservación deben su razón de ser aquéllas. Derivado de esto, se le sitúa en la misma fracción, presidiendo los comités y consejos superiores de la defensa nacional.

Se deroga la fracción VII, que versa sobre la disposición de la Guardia Nacional, por estar estrechamente relacionada con la preservación del orden interno, fin éste propio de las tareas de gobierno.

En la fracción VIII se agrega que la declaración de guerra deberá estar precedida de consulta al Jefe del Gobierno Federal, quien tiene la disposición de las fuerzas armadas, por lo que es necesaria la coordinación entre las dos cabezas del Ejecutivo Federal.

En la fracción IX se adiciona que el nombramiento del Procurador General de la República se hará a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, por ser parte de la administración pública federal que encabeza aquél.

La fracción X se reforma para precisar que el Presidente podrá negociar y suscribir tratados, en su carácter de Jefe de Estado y atentos a que los tratados son obligaciones entre Estados. Se modifica la atribución en el sentido de que para hacerlo deberá contar con la previa aprobación del Senado, en vez de con la ratificación posterior como ocurre ahora. Con esto, se favorece la mayor claridad en la asunción de compromisos internacionales. De esta fracción se elimina la conducción de la política exterior que se considera una función de gobierno, sujeta a la discreción del régimen en turno, aunque acotada a los principios constitucionales establecidos.

Se deroga la fracción XI tocante a la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, por tratarse de una función de gobierno a cargo del Jefe de éste y que le es necesaria en su relación con el Congreso.

Se deroga la fracción XII, concerniente a prestar auxilio al Poder Judicial, por implicar apoyos administrativos de los que es responsable el Jefe del Gobierno Federal.

Se deroga la fracción XIII, sobre el establecimiento de puertos y aduanas, por tratarse de actividades administrativas de gobierno.

Se deroga la fracción XV, que trata del otorgamiento de privilegios exclusivos a inventores, por implicar actos administrativos de gobierno, no funciones de Estado.

La fracción XVI se adiciona para puntualizar que en cuanto a los nombramientos de que habla la fracción IV que el Presidente hace con aprobación de la Comisión Permanente, en los recesos del Senado, se realizarán también a propuesta del Jefe del Gobierno Federal.

1.2. Gobierno Federal.

Artículo 29.

Se reforma para señalar que la suspensión de garantías decidida por el Presidente requerirá el previo acuerdo con el Jefe del Gobierno Federal, en atención a la creación de esta figura y su elevada responsabilidad en la política interior. Se conserva la necesidad de acuerdo con los funcionarios federales superiores.

Se adiciona un párrafo segundo para indicar que durante la suspensión de garantías no procederá la disolución de las legislaturas de diputados y senadores al Congreso de la Unión, toda vez que su existencia implica el debido equilibrio entre los poderes, dadas sus atribuciones de control y escrutinio sobre el Gobierno.

Artículo 89-1.

A partir de este nuevo artículo y hasta el 93, se forma una Sección Segunda, relativa al Gobierno Federal, dentro del Capítulo III, que trata del Poder Ejecutivo.

Se propone una nomenclatura decimal agregada al artículo precedente, para insertar los nuevos preceptos. Los temas se abordan siguiendo, mutatis mutandi, el orden de la disposiciones sobre el Presidente.

En este artículo se desarrolla el proceso de elección del Jefe del Gobierno Federal. En el primer párrafo se marca que la elección del Jefe del Gobierno Federal deberá hacerse después de cada renovación de la Cámara de Diputados, toda vez que supone una recomposición del Congreso, a partir de la cual podría cambiar la fuerza política con mayoría. Así, se implica que el periodo de ejercicio del Jefe del Gobierno Federal es, salvo causa superveniente, de tres años. Además, se hace énfasis en que el Presidente presente como candidato a quien cuente con apoyo mayoritario del Congreso, a fin de sujetar su atribución a un cauce constitucional y, como se ha dicho, se involucra a las dos Cámaras en la elección, dado que en México ambas tienen atribuciones e influencia política comparables. Asimismo, se hace remisión a los supuestos constitucionales de terminación del Gobierno en el artículo 89-8, que daría pie a la elección de un nuevo Jefe.

En el segundo párrafo se refiere el acto solemne y de vinculación jurídico-política entre el candidato y el Congreso, por el que aquél solicita la confianza de las Cámara para formar Gobierno. Su alcance evidente es que el origen del poder a ser ejercido deriva del apoyo congresional que, por tanto, le resulta indispensable para continuar desempeñándolo.

En el tercer y cuarto párrafos se aborda la mayoría necesaria para formar gobierno. Inicialmente se exige contar con el apoyo la mayoría absoluta de los integrantes de ambas Cámaras, manifestada en sesión conjunta. No obstante, de no acaecer así, se dan setenta y dos horas para una segunda votación, a fin de favorecer la formación de alianzas necesarias, en donde el requisito se disminuye a obtener la mayoría simple. Esto obedece a que, como es claro, la mayoría simple bastaría para ejercer un gobierno efectivo, toda vez que con ella se harían avanzar las iniciativas legislativas.

Artículo 89-2.

Se adiciona este artículo para fijar los requisitos para ser Jefe del Gobierno Federal, haciendo remisión al artículo 82, que contiene los requisitos para ser Presidente, exceptuando la restricción de no ocupar previamente el mismo cargo, de donde resultaría la posibilidad de que el Jefe del Gobierno Federal pueda ser reelecto.

Lo anterior se juzga necesario dado lo corto del encargo (tres años) que se traduciría en administraciones cuya limitada duración afectaría el desempeño en el largo plazo. A partir del esquema de distribución de poder y controles específicos sobre el Jefe del Gobierno Federal que, incluso, pueden dar lugar a la terminación anticipada de su responsabilidad, se tiene certeza de que no se correría el riesgo de generar un poder excesivo. No obstante, en aras de racionalidad y prudencia política, se plantea que las reelecciones no puedan ser más de dos.

Artículo 89-3.

Se refiere a la renuncia del Jefe del Gobierno Federal que, salvo las hipótesis de terminación anticipada a las que se hace remisión, sólo procede por causa grave a calificar por el Congreso de la Unión, en forma análoga a lo prevista para el Presidente.

Artículo 89-4.

Concierne a la protesta que debe rendir el Jefe del Gobierno Federal al tomar posesión de su cargo, la que se ajusta, respecto de la presidencial, en función de su mecanismo de designación y relación con el Congreso.

Artículo 89-5.

Como en el caso del Presidente, en este artículo se indica que el Jefe del Gobierno Federal requerirá permiso del Congreso o de la Comisión Permanente, para salir del país.

Artículo 89-6.

En este precepto se desarrollan las facultades del Jefe del Gobierno Federal, de la siguiente manera:

En la fracción I se señala que le corresponde determinar y dirigir la política interior. Es una atribución natural a un jefe de gobierno. Frecuentemente se le considera implícita. En este caso, se prefiere mostrarla expresamente, a fin de dar un ámbito constitucional a la axiología y discrecionalidad, que en el marco del Estado de Derecho y del programa de gobierno, autoriza a su dirigente a marcar énfasis y ritmo a la relación con otros poderes o actores de la vida pública y en la definición y ejecución de políticas públicas.

La fracción II da al Jefe del Gobierno Federal la atribución de dirigir la política exterior de acuerdo con principios constitucionalmente definidos, que antes competía al Presidente, ya que se considera una función de gobierno, sobre la que cada administración define sus objetivos.

La fracción III indica que el Jefe del Gobierno Federal dirige la acción de gobierno, capacidad implícita que aquí se estipula para confirmar su definición y conducción de los planes y programas de la administración pública federal.

La facultad reglamentaria se inserta en la fracción IV, trasladada del Presidente, ya que, como se ha visto, corresponde al Jefe del Gobierno en su carácter de responsable de la administración pública, traducir a este campo los dictados de ley.

La fracción V trata del plebiscito, que será objeto de explicación posterior.

Las fracciones VI, VII y VIII complementan el esquema de operación constitucional Presidente-Jefe del Gobierno Federal, previniendo que corresponde a éste proponer el nombramiento y remoción de servidores públicos de rango superior, así como el nombramiento de oficiales de las fuerzas armadas.

La fracción IX transfiere del Presidente al Jefe del Gobierno Federal, la función de preservar la seguridad nacional y disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y defensa exterior. Son tareas de índole gubernativa toda vez que requieren la determinación y operación de políticas públicas y programas específicos frente a factores de riesgo o amenaza al orden del país.

Igualmente, la fracción X, referente a la disposición de la Guardia Nacional es de corte gubernamental por lo que se le quitó al Presidente.

La fracción XI le confiere la capacidad de proponer al Presidente el nombramiento del Procurador General de la República, como titular de la administración pública federal.

Las fracciones XII y XIII le trasladan funciones gubernamentales, antes del Presidente, consistentes en la habilitación de puertos y aduanas, así como el conferimento de privilegios a creadores de propiedad intelectual.

En la fracción XIV se identifica al Jefe del Gobierno como suplente del Presidente en la presidencia del Consejo de Gobierno, por delegación expresa y con orden del día determinado, así como de los consejos y comités previstos en la fracción VI-C del artículo 89, lo que apunta a cuidar la funcionalidad de estos órganos.

La fracción XV lo faculta a convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión, lo que, conforme a lo explicado, opera de pleno derecho en el nuevo esquema de relaciones con el Legislativo.

La fracción XVI, relativa a brindar apoyo al Poder Judicial, se desplazó del Presidente al Jefe del Gobierno Federal por entrañar aspectos administrativos.

Se incluye como fracción XVII la referencia genérica a que tendrá las demás atribuciones que le confiere la Constitución.

Artículo 89-7.

En este artículo se instituye que: ``Las funciones del Jefe del Gobierno Federal y demás miembros de éste son incompatibles con las de miembro del Congreso o cualquier otro cargo de representación popular o función pública que no derive de su cargo y, en los términos que fije la Ley, con cualquiera otra actividad profesional o mercantil.'' Este régimen de incompatibilidades a ser desarrollado en ley secundaria, encara la problemática que pueda derivarse por conflictos de interés y sostiene la exigencia de una nueva ética de compromiso total y exclusivo con las tareas públicas.

Artículo 89-8.

En sus tres fracciones distingue los supuestos de terminación del gobierno, a saber: tras la celebración de elecciones para renovar la Cámara de Diputados que, como se ha dicho, puede reconfigurar la mayoría parlamentaria; la renuncia del Jefe del Gobierno federal, que sólo procederá por causa grave que califique el Congreso, y la muerte del Jefe del Gobierno Federal. En estos casos, se procede a elegir un nuevo gobierno, conforme al procedimiento señalado por la Constitución

En el párrafo final se aclara que el gobierno terminal continuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo, con objeto de no generar un vacío de poder en perjuicio de la marcha de los asuntos públicos.

Artículo 89-9.

Se decreta la composición del Consejo de Gobierno, presidido por el Jefe de Estado y al que se integran el Jefe del Gobierno Federal, sus secretarios de despacho y el Procurador General de la República. Según se ha comentado antes, este cuerpo colegiado personifica la responsabilidad solidaria del gobierno y es espacio de deliberación plural y sopeso de decisiones a ser tomadas. Su participación es exigida en diversos actos relevantes.

Artículo 90.

Relativo a la organización de la administración pública federal, se reforma para puntualizar en sus dos párrafos que la instancia del Ejecutivo de que habla es el Gobierno Federal, ya que antes únicamente se señalaba al ``Ejecutivo Federal''.

Artículo 92.

Trata del refrendo. Se reformula para que conste de dos párrafos. En el primero de indica que los actos del Presidente serán refrendados por el Jefe del Gobierno Federal y, en su caso, por el secretario de despacho que corresponda.

En el segundo se dispone que los actos del Jefe del Gobierno Federal deberán ser refrendados por el secretario de despacho que corresponda o, cuando la Constitución lo demande, por el Consejo de Gobierno.

Artículo 93.

Se deroga puesto que su temática atañe a la comparecencia de secretarios de despacho; citatorio a funcionarios públicos superiores, y formación de comisiones investigadoras, que ha quedado comprendida y superada en las nuevas relaciones definidas entre el Congreso y el Gobierno.

1.3. Relaciones Ejecutivo-Congreso.

Artículo 93-1.

A partir de este artículo y hasta el 93-9, se crea una sección Tercera denominada ``De las Relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso''.

En este artículo se previene que la comunicación entre el Presidente y el Congreso se realizará por medio de comunicaciones que aquél remitirá al Legislativo, las cuales no darán pie a debate o pronunciamiento alguno. Esto obedece al papel de árbitro del Presidente, ajeno al juego político, por lo que se le aísla de tal. En el segundo párrafo se dispone que estas comunicaciones deberán ser conocidas de inmediato, por lo que cuando se envíen fuera de periodo ordinario de sesiones, las Cámaras tendrán que reunirse de inmediato para dicho fin. Con ello se refuerza el rol presidencial y se alude a la importancia que estas comunicaciones revisten, de lo cual el Jefe de Estado habrá de estar conciente para usarlas adecuadamente.

Artículo 93-2.

De capital trascendencia para el control del Congreso sobre la gestión gubernamental, en este artículo se estipula su derecho ilimitado a recibir la información que solicite de las dependencias y entidades de los gobiernos federal y locales. En consecuencia, no aplican al Congreso las excepciones plasmadas en legislación secundaria, como es el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A este artículo se traslada, además, parte del contenido del artículo 93 actual, en lo tocante a la formación de comisiones investigadoras, cuyo ámbito se amplía del sector paraestatal al centralizado. Se prevé que el resultado de las investigaciones sea hecho saber al Presidente y al Jefe del Gobierno Federal. Asimismo, se indica que es obligatorio para cualquier persona, servidor público o particular, comparecer al citatorio de estas comisiones.

Artículo 93-3.

Instaura una nueva forma de relación y diálogo entre el Legislativo y el Gobierno. Dicta que el Jefe del Gobierno Federal y demás servidores públicos de éste, tienen la obligación de comparecer ante la Cámara que se los requiera. Corresponde al mecanismo tradicional de encuentro en regímenes parlamentarios, de acuerdo al cual se reserva un tiempo semanal que, por ejemplo, en el Reino Unido es denominado ``question time''.

Complementariamente, se asienta que el Jefe del Gobierno Federal y sus secretarios de despacho, tienen la prerrogativa de acudir a las sesiones de las Cámaras y sus comisiones, para comparecer y ser escuchados. Además, pueden solicitar que informen ante ellas los servidores públicos de sus dependencias y entidades sectorizadas.

Como se observa, se construye así un camino de doble vía para una comunicación constante y efectiva entre estos dos poderes públicos.

Artículo 93-4.

Se regulan las expresiones que los legisladores podrán dirigir a los comparecientes, consistentes en preguntas, relativas a aspectos concretos, que deberán ser objeto de repuesta directa por el compareciente, e interpelaciones, mediante las cuales el legislador externa su opinión, a la que no está obligado a responder el compareciente. Estos dos tipos son los usuales en el sistema semi-presidencialista francés y en el parlamentarismo europeo. Integran un importante elemento de escrutinio y control del Legislativo sobre el Gobierno y para la rendición de cuentas.

Artículo 93-5.

En este precepto se aborda la figura de solicitud de confianza del Jefe del Gobierno Federal al Congreso de la Unión, del Gobierno, previa deliberación con el Consejo de Gobierno. La solicitud de confianza estará referida a una modificación relevante a su programa de gobierno, o una declaración de política general sobre una cuestión trascendente para la Nación. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a su favor la mayoría simple de los diputados y senadores en sesión conjunta.

Mediante este recurso, el Jefe del Gobierno Federal tiene la oportunidad, ante una disyuntiva grave, de saber si cuenta o no con el respaldo del Congreso que lo eligió. Sirve, entonces, como una vía para liberar presión política acumulada, que amenace desbordar los cauces institucionales. A diferencia del sistema presidencial actual, de mandato temporal cierto e invariable, el encargo del Jefe del Gobierno Federal puede ser revocado, lo que en situaciones de crisis permite salvar la institución, sacrificando el gobierno.

Cabe explicar que la mayoría simple para otorgar la confianza es acorde con la exigida para investir al Jefe del Gobierno Federal.

Se plantea la votación en sesión conjunta. Si bien podría parecer que la inferioridad numérica de los senadores, disminuye su influencia política en este evento, considérese, por otra parte, que los acuerdos de votación obedecerán más al partido que a la Cámara de pertenencia. Además, la votación en sesiones separadas presenta dos inconvenientes: alarga el periodo de incertidumbre y deja en predicamento a la segunda Cámara que vote, ya que si el voto de la primera otorga la confianza, es claro que la negativa de la segunda no bastaría para provocar la caída del gobierno y viceversa, por lo que solamente se alentaría la polarización entre las Cámaras del Legislativo.

1.4. Poder Legislativo.

Artículo 67.

Se reforma para incluir la celebración de sesiones, a solicitud del Jefe del Gobierno Federal o la mayoría de los miembros de la Cámara de que se trate, sin necesidad, en ninguno de estos dos casos, de confirmación por la Comisión Permanente. Como se ha explicado anteriormente, se trata de una capacidad otorgada al Jefe del Gobierno Federal para apoyar la eficacia de su gestión, en lo concerniente al oportuno trabajo legislativo.

Artículo 70.

Se reforma solamente para precisar que será el Presidente de la República quien promulgue las leyes aprobadas por el Congreso, ya que actualmente el artículo se refiere al ``Ejecutivo''.

Artículo 72.

Se adiciona un nuevo párrafo segundo referente al derecho del Jefe del Gobierno Federal y de sus secretarios de despacho, de proponer, previa aprobación del Consejo de Gobierno, reformas, adiciones o el desechamiento de partes de un proyecto de ley, durante la etapa de discusión. Esta posibilidad atiende a generar una colaboración oportuna entre ambos poderes, para obtener productos legislativos de incrementada calidad.

En los apartados A a E se puntualiza que la instancia del Ejecutivo responsable de la promulgación es el Presidente de la República y, por lo que hace al apartado C, que éste conserva el denominado ``veto''.

Se propone adicionar un apartado E-bis para regular la conformación, a solicitud del Jefe del Gobierno Federal, de comisiones bicamerales que elaboren proyectos consensados de ley, cuando sea de atención urgente a juicio del Gobierno, o no hayan sido aprobadas después de una primera votación en cada Cámara. El proyecto consensado no podrá ser objeto de enmienda por los legisladores, salvo aceptación del Gobierno y, de no poderse elaborar dicho proyecto o cuando no sea aprobado, el Gobierno podrá pedir una votación final sobre el texto disponible. Al respecto, se expuso previamente que es otra herramienta dada al Gobierno para agilizar asuntos de atención urgente, propiciando un trabajo bicameral que arroje resultados expeditos.

En el apartado J se clarifica que ni el Presidente ni el Jefe del Gobierno Federal podrán hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando actúe como cuerpo electoral, jurado o cuando, tratándose de los diputados, declare que debe acusarse a un alto funcionario federal por delitos oficiales.

1.5. Reformas complementarias.

Los cambios estructurales de la iniciativa se contienen en los apartados anteriores. Sin embargo, se hace obligado llevar a cabo múltiples ajustes en el texto constitucional, principal, pero no exclusivamente, para definir de qué instancia del Ejecutivo Federal, Presidente o Jefe del Gobierno Federal se habla, según se trate de una función de Estado o de Gobierno, respectivamente, ya que actualmente sólo se señala al ``Ejecutivo Federal'', lo que resultaría confuso y, en otras ocasiones, la Constitución identifica al Presidente en una función que no le correspondería más si se está ante una tarea de gobierno. En obvio de innecesarias repeticiones, se pide tener presente que la división de funciones entre ambas instancias deriva de que se trate de acciones de Estado o de Gobierno, de conformidad con el marco general de atribuciones conferido a cada uno, en los artículos 89 y 89-6 del proyecto.

Como es natural, quedan sin afectar numerosas menciones al Presidente de la República, debido a que se consideró que el Jefe de Estado debía seguir conservando estas facultades. Nos referimos, por citar casos ilustrativos, a la designación del titular del Banco de México (artículo 28); al nombramiento de gobernador provisional (artículo 76); del sustituto del Jefe de Gobierno del DF (artículo 122) o a disposiciones relacionadas con el nombramiento de Ministros de la SCJN. En el primer ejemplo se ha considerado que el Jefe de Estado debe intervenir como garante de la independencia de órganos autónomos; en el segundo y tercero como supervisor del correcto funcionamiento de los poderes públicos y, en el último, como instancia que, ajena a las tareas y compromisos de gobierno, puede aportar una visión más amplia en la conformación del Poder Judicial.

Artículo 3°.

Se reforma su fracción III para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de administración educativa.

Artículo 18.

Se reforma el tercer párrafo para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de administración penitenciaria.

Se reforma el párrafo quinto para identificar al Presidente de la República, por referirse a la negociación de tratados internacionales.

Artículo 26.

Se reforma el párrafo tercero para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de administración de la planeación.

Artículo 27.

Se reforman:

El párrafo quinto para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de administración de aguas nacionales;

El párrafo sexto para identificar al Gobierno Federal, por tratarse del otorgamiento de concesiones sobre bienes públicos de la Nación;

El párrafo noveno, fracción XVIII, para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de administración de contratos y concesiones sobre bienes nacionales, y

El párrafo noveno, fracción XIX, para señalar que corresponde al Presidente proponer a los candidatos a Magistrado de los tribunales de justicia agraria.

Artículo 28.

Se reforma el párrafo octavo para precisar que serán el Gobierno Federal o el Ejecutivo de los Estados, los facultados para proponer la abrogación de las autorizaciones concedidas para la formación de asociaciones que vendan los productos que sean la principal fuente de riqueza de la región de origen.

Artículo 33.

Se reforma el párrafo primero para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de administración migratoria.

Artículo 49.

Se reforma el segundo párrafo para identificar al Presidente, por tratarse del ejercicio de facultades extraordinarias.

Artículo 68

Se reforma para identificar al Presidente, árbitro de los poderes, como la instancia que terminará las diferencias entre la Cámaras cundo no lleguen a acuerdo sobre el lugar, modo y tiempo para el traslado de éstas a sitio alternativo.

Artículo 73.

Se reforman:

La fracción III, párrafo 4°, para identificar al Presidente, árbitro entre poderes, por tratarse de la formación de nuevos Estados;

La fracción VIII para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de la administración del crédito público;

La fracción XII, para identificar al Presidente, por tratarse de la declaración de guerra, y

La fracción XVI, 1ª y 2ª, para identificar al Jefe del Gobierno Federal, por tratarse de administración de salubridad pública.

En la fracción XXVI se adiciona que el Congreso tendrá la facultad de conceder licencia al Jefe del Gobierno Federal.

Artículo 74.

Se reforma la fracción IV:

En sus párrafos primero, segundo y octavo, para identificar al Gobierno Federal, por tratarse de aspectos relacionados con la elaboración del presupuesto anual e iniciativa de Ley de Ingresos, y

En su párrafo cuarto, para identificar al Jefe del Gobierno Federal, por tratarse de la autorización de partidas presupuestales secretas.

Se deroga el párrafo tercero de la misma fracción, por tratarse del supuesto actual en que el Ejecutivo Federal inicia su encargo un 1° de diciembre, razón por la cual se le permite presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, a más tardar el 15 de ese mes y no, obviamente, el 8 de septiembre, como ordena el párrafo segundo de este artículo. Esta previsión es innecesaria dado que la instancia responsable será ahora el Jefe del Gobierno Federal, cuyo inicio de gestión no puede estar sujeto a fecha determinada por el mecanismo de elección y eventual sustitución del Gobierno.

Artículo 76.

Se reforman:

La fracción I, para identificar al Gobierno Federal en lo relacionado con política exterior, y al Presidente de la República, en lo concerniente con tratados internacionales, compeliéndose a que la aprobación de éstos sea anterior y no posterior a su celebración;

La fracción II, para identificar al Jefe del Gobierno Federal como el proponente de los nombramientos que el Presidente haga del Procurador General de la República, servidores públicos superiores de Hacienda y jefes de la fuerzas armadas; así como para identificar al Presidente como quien nombra a los empleados diplomáticos superiores, y

Las fracciones III y IV, para identificar al Jefe del Gobierno Federal, por tratarse de la disposición de fuerzas armadas y Guardia Nacional, respectivamente.

Artículo 78.

Se reforman:

La fracción II, para incluir al Jefe del Gobierno Federal como servidor público cuya protesta recibirá, en su caso, la Comisión Permanente;

La fracción IV, para agregar la facultad del Jefe del Gobierno Federal de convocar a sesiones extraordinarias, sin necesidad de confirmación por la Comisión Permanente, dentro de la nueva composición de relaciones Gobierno-Legislativo;

La fracción V, para identificar al Jefe del Gobierno Federal, como la instancia que hará la propuesta de nombramiento del Procurador General de la República;

La fracción VI, para incluir la previsión de otorgamiento de licencia al Jefe del Gobierno Federal y la designación del suplente que corresponda, y

La fracción VII, para incluir la propuesta del Jefe del Gobierno Federal, para el nombramiento de empleados superiores de Hacienda y jefes de las fuerzas armadas.

Artículo 79.

Se reforma el párrafo final, para identificar al Gobierno Federal como responsable de aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de sanciones pecuniarias e indemnizaciones resultantes de la actuación de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 97.

Se reforma el párrafo segundo, para identificar al Gobierno Federal como el solicitante a la Suprema Corte de una investigación sobre violaciones graves a garantías individuales, por afectar esto la procuración de justicia de la que es responsable.

Artículo 98.

Se reforma el párrafo tercero, para identificar al Presidente como el encargado de conocer y, en su caso, aceptar las renuncias de Ministros de la Suprema Corte, para su ulterior aprobación por el Senado.

Artículo 102.

Se reforma su apartado A:

En su párrafo primero, para indicar que, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, el Presidente nombrará y removerá a los funcionarios del Ministerio Público y al Procurador General de la República, y

Se reforma el párrafo sexto del mismo apartado para identificar que la consejería jurídica estará en el ámbito del Gobierno Federal.

Artículo 107.

Se reforma su fracción VIII, inciso a), para señalar que los reglamentos son expedidos ahora por el Jefe del Gobierno Federal, de acuerdo al artículo 89-6, fracción IV, de esta iniciativa.

Artículo 108.

Se reforma su párrafo tercero para incluir al Jefe del Gobierno Federal entre aquellos que serán responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales, así como por el manejo indebido de recursos y fondos federales.

Artículo 110.

Se reforma el párrafo primero para incluir al Jefe del Gobierno Federal entre los posibles sujetos de juicio político.

Artículo 111.

Se reforma su párrafo primero para abarcar al Jefe del Gobierno Federal entre los servidores públicos contra los cuales es menester la declaración de procedencia por delitos cometidos durante su encargo.

Artículo 115.

Se reforma su fracción VII, segundo párrafo, para aclarar que es al Jefe del Gobierno Federal a quien corresponde la disposición de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente, en función de su deber de velar por la seguridad interior.

Artículo 119.

Se reforma su párrafo tercero para indicar que las extradiciones a solicitud de Estado extranjero serán tramitadas por el Gobierno Federal.

Artículo 122.

Del Apartado B, relativo a las facultades del Presidente de la República en relación con el Distrito Federal, se derogan:

Su fracción I, por referirse a la facultad de iniciativa de leyes ante el Congreso de la Unión, tocantes al Distrito Federal;

Su fracción III, sobre el envío al Congreso de la Unión de los montos de endeudamiento anual para financiar el presupuesto del DF, por ser el crédito público una función de gobierno, y

Su fracción IV, que atañe a la facultad reglamentaria de leyes sobre el DF, dado que ésta pasa a ser una función del Jefe del Gobierno Federal.

Se adiciona un Apartado B-bis, concerniente a las atribuciones del Jefe del Gobierno Federal, para trasladar en sus tres primeras fracciones las que se derogaron del Presidente e incluir, en la cuarta, la genérica que remite a las demás que le otorguen la Constitución y las leyes.

Se reforma el apartado E para puntualizar que al Jefe del Gobierno Federal corresponde el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 115, fracción VII, constitucional.

Artículo 127.

Se reforma para incluir al Jefe del Gobierno Federal entre los servidores públicos cuya remuneración será determinada en el presupuesto de egresos.

Artículo 131.

Se reforma su párrafo segundo para identificar al Gobierno Federal por tratarse de la administración del comercio exterior.

2. Inclusión de los Derechos de Participación Ciudadana.

Artículo 35.

Se adiciona la fracción VI para incluir como prerrogativa ciudadana, la de intervenir y emitir sufragio en los procedimientos de participación ciudadana de referéndum, referéndum constitucional y plebiscito. Se habla tanto de intervenir como de sufragar, porque la prerrogativa no se agota ni limita al voto, sino que comprende la participación en las etapas previas de debate y fijación de posturas ante la ciudadanía.

Se adiciona la fracción VII, para incluir como prerrogativa la de ejercer la iniciativa popular. Este derecho de participación ciudadana se trata aparte de los otros tres porque no entraña el ejercicio del sufragio.

En ambos casos se previene que el ejercicio de los derechos de participación ciudadana estará sujeto a lo que disponga la ley secundaria. Este señalamiento es importante porque en la legislación común habrán de desarrollarse los requisitos de procedencia y límites.

Artículo 36.

De manera complementaria a la reforma del artículo inmediato anterior, se adicionan aquí una nueva fracción VI, para establecer como obligación ciudadana la emisión de sufragio en los procesos de referéndum, referéndum constitucional y plebiscito.

No se consideró que intervenir en los antes citados procesos deba ser una obligación, sino que ésta estriba solamente en emitir el voto, ya que intervenir involucra realizar actos para manifestar o apoyar públicamente una posición, lo cual no es exigible a toda la ciudadanía.

Similarmente, no se incluyó como obligación ciudadana la de ejercer la iniciativa popular, porque la asunción de una causa para transformarla en proyecto de creación o reforma de una ley, no es algo demandable a todo ciudadano, sino que debe surgir de una decisión individual y absolutamente libre.

Artículo 41.

Se modifica su estructura, agrupando su segundo párrafo y cuatro fracciones actuales en un apartado A.

Se adiciona un apartado B, cuyo primer párrafo establece que el ejercicio de la soberanía popular se complementa mediante los procedimientos de participación ciudadana de referéndum, referéndum constitucional, plebiscito e iniciativa popular. Como se observa, los derechos de participación ciudadana no son equiparados al ejercicio de la soberanía por medio de los Poderes de la Unión, sino que se les atribuye un carácter complementario, por tanto subordinado al de aquéllos, cuya primacía constitucional y política es así confirmada como incuestionable.

Además, en este apartado se sientan las bases relativas a los derechos instaurados, a saber:

En la fracción I se dicta que el referéndum es el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar las iniciativas de ley o de reforma de ley, o las iniciativas de ley o de reforma de ley aprobadas por el Congreso de la Unión, antes de su promulgación. Junto con otros artículos constitucionales, da pie a dos diferentes supuestos:

Las iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión por el Jefe del Gobierno Federal, en cuyo caso la solicitud de referéndum correspondería al Congreso, o

Las iniciativas de Ley o reforma de Ley aprobadas por el Congreso, evento en el antes de su promulgación el Presidente de la República podrá solicitar el referéndum.

Además, se aclara que no es procedente respecto de el régimen tributario o financiero del Estado; la organización de los poderes públicos, ni en materia de política exterior o tratados internacionales. Estas limitaciones previenen contra un empleo demagógico, que atente contra aspectos del régimen interno de las instituciones, o en compromisos internacionales. Todo esto soportado en la definición constitucional de que los derechos de participación ciudadana son complementarios del ejercicio soberano que se realiza por medio de los poderes públicos, a cuyas facultades quedan subordinados aquéllos.

En la fracción II se instruye que el referéndum constitucional es el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con otros preceptos constitucionales, abarca dos hipótesis:

Podrá ser solicitado por el Presidente de la República, por la mitad más uno de los Congresos de los Estados de la República, o por la ciudadanía, cuando las reformas hayan sido aprobadas en el Congreso de la Unión, y

Por las cámaras de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, respecto de reformas propuestas por el Presidente de la República.

No pueden ser objeto de éste las disposiciones sobre el régimen tributario o financiero, ni la organización de los poderes públicos. Limitante éstas que obedecen a lo explicado respecto de la parte final de la fracción I inmediata anterior.

En la fracción III se fija que el plebiscito es el derecho de los ciudadanos a aprobar o rechazar los actos de alcance general del Jefe del Gobierno Federal, que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la Federación, en dos casos:

Respecto de actos proyectados, podrá solicitarlo el propio Jefe del Gobierno Federal, y

Con relación a actos emitidos, podrá requerirlo la ciudadanía.

No será procedente respecto de aquellos relativos a causas de utilidad pública, los de carácter tributario o financiero, los relativos a la organización de la administración pública federal, ni en materia de política exterior. Atentos a las razones expresadas en lo que atañe a la parte final de la fracción I.

En la fracción IV se contempla la iniciativa popular, como el derecho de los ciudadanos para presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas para expedir o reformar leyes en materia federal, sin que opere en lo atingente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el régimen tributario o financiero del Estado; la organización de los poderes públicos, ni en materia de política exterior o tratados internacionales.

En la fracción V se refiere que la ley secundaria establecerá los alcances de estos derechos, así como los requisitos de procedencia y vinculatoriedad de resultados. Por ejemplo, se requerirá, para los casos en que promuevan los ciudadanos, determinar la cantidad de éstos que deberá apoyar la solicitud, a nivel nacional y en cada entidad federativa. Igualmente, la vinculatoriedad de resultados tendrá que derivar de una participación mínima a definir.

La fracción VI marca que la organización, desarrollo y declaración de validez de los procedimientos de participación ciudadana estarán a cargo del Instituto Federal Electoral, organismo que asumiría estas funciones como extensión de su competencia en materia electoral y por la idoneidad que supone su autonomía y experiencia. Amerita una explicación adicional lo relativo al procedimiento de iniciativa popular, donde no hay sufragio de la ciudadanía, sino una proposición de ley. No obstante, en la iniciativa popular se requerirá acreditar la fidelidad del nombre, firma, datos de credencial de elector, lo que consta en el padrón, así como el número de ciudadanos que la apoyan por entidad federativa, todo lo cual está bajo el control del IFE.

Finalmente, en la fracción VII, se aborda que serán aplicables a los procedimientos de participación ciudadana, los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; así como el sistema de medios de impugnación, previstos en el Apartado ``A'' de este artículo. Ello es porque dada la cercanía en el objeto y procedimiento entre la materia electoral y la de los proceso reparticipación ciudadana, es pertinente que para éstos se aplique las disposiciones que guían y sancionan a la primera.

Artículo 71.

Se adiciona una fracción IV para establecer que el derecho de iniciar leyes compete también a la ciudadanía, por medio de la iniciativa popular, en los términos que fije la ley, al lado del Jefe del Gobierno Federal, los diputados senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados.

En las disposiciones secundarias tendrán que fijarse los requisitos a cumplir para que la iniciativa ciudadana deba ser discutida en el Congreso sin que, de manera alguna, se obvie la discusión en las Cámaras, por lo que éstas propondrán las reformas o adiciones que juzguen pertinentes y decidirán, soberanamente, sobre su aprobación o rechazo. Además, en el artículo 41, fracción IV, se ha dispuesto que la iniciativa popular es improcedente respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el régimen tributario o financiero del Estado; la organización de los poderes públicos, y en materia de política exterior o tratados internacionales.

Se reforma el párrafo final para apuntar que las iniciativas populares se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates, ya que requieren una revisión bajo los principios de técnica legislativa.

Artículo 72.

Se adiciona un apartado K para determinar que si el resultado de un referéndum es en el sentido de rechazar una iniciativa de Ley o de reforma de Ley, o una Ley o reforma de Ley aprobada, antes de su promulgación; dentro de los dos años contados a partir del día de la votación respectiva, no podrá presentarse una iniciativa en el mismo sentido de la rechazada.

Con dicha medida se abre un periodo de contención a iniciativas que versen sobre una cuestión ya conocida y rehusada por la ciudadanía, ya que reabrir de inmediato una discusión así concluida, acarrearía un inútil desgaste político y dilapidación de los recursos empleados durante el desarrollo del procedimiento de referéndum.

Como puede apreciarse, esta consecuencia es para cualquier referéndum, independientemente de la instancia que lo haya solicitado.

Artículo 73.

Se adicionan dos fracciones:

La XXIX-N, con base en la que el Congreso tendrá facultad para solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum, respecto de proyectos de Ley o reforma de Ley presentados por el Jefe del Gobierno Federal, para lo cual se requerirá el voto a favor de la mayoría absoluta de miembros de cada Cámara. La exigencia de esta mayoría calificada apunta al carácter extraordinario de la acción, toda vez que al provenir el Gobierno Federal de la mayoría en el Congreso, no tendría por qué haber, en principio, grandes diferendos entre los dos poderes.

La XXIX-Ñ, con base en la que el Congreso tendrá facultad para solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum constitucional, respecto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propuestas por el Presidente de la República, para lo cual se requerirá el voto a favor de de la mayoría absoluta de miembros de cada Cámara.

Artículo 89.

Se adicionan dos fracciones:

La I-B, para dictar que es atribución del Presidente solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum respecto de proyectos de ley o reforma de ley aprobados en el Congreso de la Unión, antes de su promulgación, exceptuando los que sean producto de una iniciativa popular. La salvedad final atiende a que el proceso de iniciativa popular conlleva una apelación a la ciudadanía que ya ha sido cumplida, por lo que sería inconsecuente volver a solicitar su parecer.

La I-C, para añadir como facultad de Presidente la de solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum constitucional, respecto de reformas a la Constitución aprobadas en el Congreso de la Unión.

Artículo 89-6.

Se incorpora la fracción V para prever como facultad del Jefe del Gobierno Federal, la de solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un plebiscito, respecto de actos que en el ámbito de su competencia proyecte emitir, que considere trascendentes para el orden público o el interés social de la Federación. Asimismo, se advierte que si el resultado vinculatorio de un plebiscito es en el sentido de rechazar el acto, no podrá el citado servidor público expedir acto en el mismo sentido del repelido, dentro de los dos años siguientes al día de la votación respectiva. Condición ésta que ataja la recurrencia inmediata de temáticas superadas en el debate ciudadano.

Artículo 99.

Se reforma su párrafo cuarto, fracción V, para otorgar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad de resolver de forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos y resoluciones en materia de derechos de participación ciudadana, por ser el organismo idóneo en virtud de su experiencia y especialización en la materia electoral, análoga a la que se incorpora ahora en la Constitución.

Artículo 116.

Se reforma su fracción IV, en su primer párrafo para señalar que las Constituciones de los Estados garantizarán en materia de participación ciudadana lo que en el inciso j) se determinará.

Se adiciona a esta fracción, un inciso j) para ordenar que las Constituciones de los Estados garantizarán que sus ciudadanos tengan, como mínimo, los derechos de participación ciudadana de iniciativa popular, referéndum, referéndum constitucional y plebiscito, por lo que hace a su legislación interna, con base en lo dispuesto en el artículo 41 de esta Constitución.

La finalidad de esta disposición es que los derechos de participación ciudadana se impregnen y desplieguen en toda la República, a nivel federal y local. En realidad, algunas entidades han tomado la delantera e instaurado derechos análogos a los contenidos en la presente iniciativa. Por ello, el inciso adicionado requiere que el modelo constitucional se establezca, en su caso, como una plataforma mínima, dejando a cada integrante de la Federación la posibilidad abierta de un desarrollo mayor.

Artículo 135.

Se adicionan:

Un cuarto párrafo concerniente a que el referéndum constitucional, respecto de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, podrá ser solicitado al Instituto Federal Electoral por la mitad más uno de los Congresos de los Estados de la República, debiendo tomarse en cada uno de ellos la decisión por mayoría absoluta de quienes lo integren, o por la ciudadanía, en los términos que fije la Ley. Así, se otorga a las partes integrantes de la Federación y a la ciudadanía, la oportunidad de pronunciarse sobre las modificaciones a la Norma Fundamental, con lo que se robustece el federalismo y se democratiza la toma de las más elevadas decisiones sobre el marco jurídico nacional.

Un quinto párrafo para marcar que el referéndum constitucional es obligatorio para el caso de que se apruebe en el Congreso de la Unión, una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como en otros países existe ahora, aquí se adopta la apelación a la ciudadanía con relación a la refundación del pacto nacional a través de una nueva Constitución.

Un sexto párrafo para explicar que el resultado vinculatorio del referéndum que rechace un reforma propuesta o aprobada en el Congreso de la Unión, o una nueva Constitución aprobado por éste, obligará a que no pueda presentarse una iniciativa en el mismo sentido de la rechazada, durante dos años a partir de la fecha de la votación. Se ha comentado ya la prudencia de no aceptar una inmediata revisión de discusiones zanjadas.

Un séptimo párrafo, para definir que el resultado vinculatorio de un referéndum que acepte una reforma propuesta o aprobada en el Congreso de la Unión, o una nueva Constitución aprobada por éste, obligará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en su caso, a hacer la declaratoria de aprobación correspondiente para su entrada en vigor. En este punto se destaca que la validación a través de un referéndum daría lugar a la aprobación de pleno derecho de la reforma o de la nueva Constitución, sin que deba continuarse con el procedimiento de aprobación en cada legislatura local, toda vez que, habiéndose pronunciado la ciudadanía del país entero, sería ocioso y fuente de conflicto político que la reformas o la nueva Constitución fuesen repulsadas por los poderes constituidos.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman: el artículo 3°, en su fracción III; el artículo 18, en sus párrafos tercero y quinto; el artículo 26, en su párrafo tercero; el artículo 27, en sus párrafos quinto, sexto y noveno, fracciones XVIII y XIX, en su segundo párrafo; el artículo 28, en su párrafo octavo; el artículo 29, en su párrafo primero; el artículo 33, en su párrafo primero; el artículo 41, en el sentido de integrar su segundo párrafo y cuatro fracciones en un apartado A; el artículo 49, en su segundo párrafo; el artículo 66, en su párrafo primero; el artículo 67; el artículo 68; el artículo 69; el artículo 70, en sus párrafos primero y cuarto; el artículo 72, en sus apartados A, B, C, en su párrafo primero, D, E y J, en sus dos párrafos; el artículo 73, en sus fracciones III, párrafo 4°, VIII, XII, XVI, 1ª y 2ª, y XXVI; el artículo 74, en sus párrafos primero, segundo, cuarto y octavo; el artículo 76, en sus fracciones I, II, III y IV; el artículo 78, en sus fracciones II, IV, V, VI y VII; el artículo 79, en su párrafo final; el artículo 80; el artículo 81, en su párrafo primero (a partir de este artículo y hasta el artículo 89, se integran bajo una Sección Primera, denominada ``Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos''); el artículo 82, en su fracción VI; el artículo 83; el artículo 84; el artículo 85; el artículo 89, en sus fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X y XVI; el artículo 90; el artículo 92, en su primer párrafo; el artículo 97, en su párrafo segundo; el artículo 98, en su párrafo tercero; el artículo 99, en su cuarto párrafo, fracción V; el artículo 102, en su Apartado A, párrafos primero y sexto; el artículo 107, en su fracción VIII, inciso a); el artículo 108, en su párrafo tercero; el artículo 110, en su párrafo primero; el artículo 111, en su párrafo primero; el artículo 115, fracción VII, en su párrafo segundo; el artículo 116, en su fracción IV, párrafo primero; el artículo 119, en su párrafo tercero; el artículo 122, en su apartado E; y el artículo 127. Se adicionan: un párrafo segundo al artículo 29; las fracciones VI y VII al artículo 35; la fracción VI al artículo 36; un apartado B al artículo 41; una fracción IV al artículo 71; un párrafo segundo y los apartados E-bis y K al artículo 72; las fracciones XXIX-N y XXIX-Ñ al artículo 73; un párrafo segundo al artículo 81; un párrafo final al artículo 82; la fracciones I-B, I-C, I-D, VI-B y VI-C al artículo 89; el artículo 89-1 (a partir de este artículo y hasta el artículo 93, se integran en una Sección Segunda, denominada ``Del Gobierno Federal''); el artículo 89-2; el artículo 89-3; el artículo 89-4; el artículo 89-5; el artículo 89-6; el artículo 89-7; el artículo 89-8; el artículo 89-9; un párrafo segundo al artículo 92; el artículo 93-1 (a partir de este artículo y hasta el artículo 93-5, se integran en una Sección Tercera, denominada ``De las Relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso''); el artículo 93-2; el artículo 93-3; el artículo 93-4; el artículo 93-5; el inciso j) de la fracción IV, al artículo 116; un apartado B-bis al artículo 122, y los párrafos tercero, cuarto, con dos fracciones, quinto, sexto y séptimo, al artículo 135. Se derogan: el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74: las fracciones VI, VII, XI, XII, XIII y XV del artículo 89; el artículo 93; las fracciones I, III y IV del apartado B del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 3°. ...

...

I. a II. ...

III.- Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Gobierno Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Gobierno Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

IV. a VIII. ...

Artículo 18. ...

...

Los Gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Gobierno Federal.

...

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al Presidente de la República, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos Tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

...

Artículo 26. ...

...

La ley facultará al Gobierno Federalpara que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Gobierno Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

...

Artículo 27. ...

...

...

...

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Gobierno Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Gobierno Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Gobierno Federal en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

...

...

...

I. a XVII. ...

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernos anteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Gobierno Federal para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público;

XIX. ...

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Presidente de la República y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

...

XX. ...

Artículo 28. ...

...

...

...

...

...

...

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Gobierno Federal o del Ejecutivo de los Estados, según corresponda, podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

...

...

...

...

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el Jefe del Gobierno Federal,los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Presidente de la República haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Artículo 33. Son extranjeros, los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Gobierno Federal tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

...

Artículo 35. ...

I. a V. ...

VI. Intervenir y emitir sufragio en los procedimientos de participación ciudadana de plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, en los términos que la ley señale, y

VII. Ejercer el derecho de iniciativa popular, en los términos que la ley señale.

Artículo 36. ...

I. a V. ...

VI. Emitir sufragio en los procedimientos de participación ciudadana de referéndum, referéndum constitucional y plebiscito, en los términos que señale la ley.

Artículo 41. ...

A. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. a IV. ... B. El referéndum, el referéndum constitucional, el plebiscito y la iniciativa popular son derechos de participación ciudadana, cuyo ejercicio se sujetará a las siguientes bases: I. El referéndum es el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar las iniciativas de ley o de reforma de ley presentadas ante el Congreso de la Unión; o las iniciativas de ley o reforma de ley aprobadas, antes de que sean promulgadas. No es procedente respecto de:

a) El régimen tributario o financiero del Estado;

b) La organización de los poderes públicos, ni

c) En materia de política exterior o tratados internacionales.

II. El referéndum constitucional es el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuestas o aprobadas en el Congreso de la Unión. No podrán ser objeto de referéndum las disposiciones sobre:

a) El régimen tributario o financiero, ni

b) La organización de los poderes públicos.

III. El plebiscito es el derecho de los ciudadanos a aprobar o rechazar los actos de alcance general proyectados o emitidos por el Jefe del Gobierno Federal, que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la Federación No será procedente respecto de aquellos relativos a:

a) Causas de utilidad pública;

b) Los de carácter tributario o financiero;

c) La organización de la administración pública federal, ni

d) Política exterior.

Respecto de actos emitidos, la solicitud de plebiscito corresponderá a la ciudadanía.

IV. La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos para presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas para expedir o reformar leyes en materia federal. No es procedente respecto de:

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) El régimen tributario o financiero del Estado;

c) La organización de los poderes públicos, ni

d) En materia de política exterior o tratados internacionales.

V. La ley respectiva que expida el Congreso de la Unión establecerá los alcances de estos derechos, así como los requisitos de procedencia y vinculatoriedad de resultados;

VI. La organización, desarrollo y declaración de validez de los procedimientos de participación ciudadana estarán a cargo del Instituto Federal Electoral, y

VII. Son aplicables a los procedimientos de participación ciudadana, los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; así como el sistema de medios de impugnación, previstos en el Apartado A de este artículo.

Artículo 49. ...

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

...

Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto el Jefe del Gobierno Federal, la Comisión Permanente o la mayoría de los miembros de cada Cámara; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la instancia convocante sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

Artículo 68.Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Presidente de la República terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.

Artículo 69. En la sesión de apertura del primer periodo ordinario del Congreso, el Titular del Ejecutivo Federal enviará un informe por escrito y dirigirá un mensaje a la nación en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Dicho informe contendrá un proyecto de reformas legislativas derivadas del año de ejercicio transcurrido y vinculadas al corto, mediano y largo plazos. Las mismas se mencionarán también en el mensaje. Transcurridos 20 días hábiles el Congreso General se reunirá en una sesión para realizar un Debate del Estado de la Nación, a la que asistirán los responsables de las áreas de política interior, política exterior, política económica y política social. Al abrir la sesión, el Presidente del Congreso entregará al Titular del área de política interior, teniendo como destinatario al Titular del Ejecutivo, un documento con las observaciones y recomendaciones de las Cámaras, derivadas del análisis del informe de gobierno tanto por el Pleno como por sus comisiones.

En el Debate del Estado de la Nación los grupos parlamentarios intervendrán en tres oportunidades, cada uno, la primera para fijar su posición y fundamentar sus observaciones al informe y dos más para plantear preguntas y requerimientos de información al Ejecutivo. Los funcionarios comparecientes tendrán, así mismo, el derecho de formular un mensaje inicial y de contestar cada una de las preguntas que se les formulen. Para cada respuesta los grupos parlamentarios podrán formular una réplica. Para esta sesión se formulará un acuerdo parlamentario que la reglamente. Al declarar clausurada esta sesión, el Presidente de la Mesa Directiva anunciará el calendario y formato convenido con el Ejecutivo y los órganos de gobierno de ambas Cámaras, para el tratamiento de la Agenda de reformas legislativas presentada en el informe de gobierno.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Presidente de la República, firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: 'El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)'.

...

...

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Presidente de la Repúblicapara tener vigencia.

Artículo 71. ...

II. a III. ...

IV. A los ciudadanos, por medio del derecho de iniciativa popular, en los términos que establezca la ley.

Las iniciativas presentadas por las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, así como las iniciativas populares, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

Artículo 72. ...

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Presidente de la República,quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

B. Se reputará aprobado por el Presidente de la República, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus acciones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Presidente de la República,será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Presidente de la República para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Presidente de la República para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Presidente de la República, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Presidente de la República para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

E bis. Cuando después de la primera votación en cada Cámara, no haya podido ser aprobado un proyecto de ley, o si el Gobierno ha declarado su atención urgente, caso éste en el que se procederá a una sola lectura en cada Cámara, el Jefe del Gobierno Federal podrá prescribir, a través de los presidentes de cada una, la reunión de una comisión bicameral paritaria encargada de proponer un texto consensado.

El texto elaborado por la comisión bicameral podrá ser sometido por el Gobierno a la aprobación de las dos Cámaras, sin posibilidad de enmienda, salvo conformidad del Gobierno.

Si la comisión bicameral no puede aprobar un texto consensado, o si este texto no es aprobado en las condiciones establecidas en el párrafo inmediato anterior, el Gobierno podrá pedir a las Cámaras de origen y revisora una votación final sobre el texto consensado o el último aprobado en la cámara de origen

F. ...

G. ...

H. ...

I. ...

J. Ni el Presidente de la República, ni el Jefe del Gobierno Federal, pueden hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrán hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

K. Si el resultado vinculatorio de un referéndum rechaza una iniciativa de ley o de reforma de ley; o una ley o reforma de ley aprobada, antes de su promulgación; dentro de los dos años contados a partir del día de la votación respectiva, no podrá presentarse otra iniciativa en el mismo sentido de la repelida.

Artículo 73. ...

I. a II. ...

III. ...

1°. a 3°. ...

4º. Que igualmente se oiga al Presidente de la República, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.

IV. a VII. ...

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Gobierno Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Gobierno Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;

IX. a XI. ...

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Presidente de la República;

XIII. a XV. ...

XVI. ...

1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Jefe del Gobierno Federal, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el País, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Jefe del Gobierno Federal.

3ª. a 4ª. ...

XVII. a XXV. ...

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y al Jefe del Gobierno Federal, así como para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba ocupar la Presidencia de la República con el carácter de interino, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;

XXVII. a XXIX-M. ...

XXIX-N. Para solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum, respecto de proyectos de ley o reforma de ley presentados por el Jefe del Gobierno Federal, para lo cual se requerirá el voto a favor de la mayoría absoluta de miembros de cada Cámara;

XXIX-Ñ. Para solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum constitucional, respecto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propuestas por el Presidente de la República, para lo cual se requerirá el voto a favor de la mayoría absoluta de miembros de cada Cámara, y

XXX. ...

Artículo 74. ...

I. a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Gobierno Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Gobierno Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

(Se deroga)

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Jefe del Gobierno Federal.

...

...

...

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Gobierno Federalsuficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

V. a VIII. ...

Artículo 76. ...

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Gobierno Federal con base en los informes anuales que el Jefe del Gobierno Federal y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, previamente a que los celebre el Presidente de la República;

II. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, haga del Procurador General de la República, em-pleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; así como de los que el Presidente de la República haga deMinistros, agentes diplomáticos y cónsules generales, en los términos que la ley disponga;

III. Autorizar al Jefe del Gobierno Federaltambién para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas;

IV. Dar su consentimiento para que el Jefe del Gobierno Federal pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria;

V. a X. ...

Artículo 78. ...

...

I. ...

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República y del Jefe del Gobierno Federal;

III. ...

IV. Acordar la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando el Jefe del Gobierno Federal solicite la realización de sesiones extraordinarias, éstas procederán de pleno derecho y conforme al objeto requerido por él;

V. Otorgar o negar su ratificación a la propuesta de designación del Procurador General de la República, que le someta el Jefe del Gobierno Federal;

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República o al Jefe del Gobierno Federal y nombrar, en cada caso, al interino que supla esa falta;

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales; así como los que el Presidente haga, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, de empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. ...

Artículo 79. ...

...

I. a III. ...

IV. ...

...

...

...

El Gobierno Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en dos individuos:

I. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que es el Jefe del Estado Mexicano, garante de su estabilidad y permanencia; del respeto a la Constitución, así como de la independencia y correcto funcionamiento de los poderes públicos y de los organismos autónomos, y

II. El Jefe del Gobierno Federal.

Sección Primera Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 81. En los términos que disponga la ley electoral, la elección del Presidente será directa, por mayoría absoluta de votos emitidos. De no obtener un candidato dicha mayoría en la primera vuelta, se procederá el decimocuarto día siguiente a una segunda vuelta, en la que solamente podrán presentarse los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera vuelta, en su caso después de haberse retirado otros candidatos que hayan obtenido más votos en la primera vuelta.

La elección del Presidente se celebrará entre los treinta y los cuarenta y cinco días anteriores a la terminación del mandato del Presidente en ejercicio.

Artículo 82. ...

I. a V. ...

VI. No ser Jefe del Gobierno Federal, secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento Administrativo, Procurador General de la República, Gobernador de algún Estado, ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y

VII. ...

El requisito de la fracción VI no será aplicable en el caso previsto en el artículo 84.

Artículo 83. El Presidente durará en su encargo seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocupará este cargo, con carácter de interino, una de las siguientes personas, en orden de sustitución para el caso de que el anterior tuviese algún impedimento legal:

I. El Presidente del Senado;

II. El Presidente de la Cámara de Diputados;

III. El Jefe del Gobierno Federal, o

IV. La que elija el Congreso o, en los recesos de éste, la Comisión Permanente, en sesión a la que deberán concurrir, cuando menos, las dos terceras partes del número total de sus miembros.

Dentro de los diez días siguientes a la protesta del Presidente interino, el Instituto Federal Electoral convocará a la elección directa del Presidente, la que deberá tener lugar, a más tardar, a los noventa días.

Artículo 85. Si al comenzar un período constitucional no se presentase el presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará, sin embargo, el presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego de la Presidencia de la República, en calidad de Presidente interino, quien corresponda en términos del artículo 84, para proceder a la elección directa del Presidente.

Cuando la falta del presidente fuese temporal, ocupará el cargo, con carácter de interino, quien proceda en términos del artículo 84, hasta que el Presidente regrese a su cargo.

Cuando la falta temporal exceda de noventa días o si antes de este plazo se convierte en absoluta, se procederá conforme al artículo 84.

Artículo 89. ...

I. Promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión;

I-B. Solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum respecto de proyectos de ley o reforma de ley aprobados en el Congreso de la Unión, antes de su promulgación, exceptuando los que sean producto de una iniciativa popular;

I-C. Solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un referéndum constitucional, respecto de reformas a la Constitución aprobadas en el Congreso de la Unión;

I-D. Nombrar al Jefe del Gobierno Federal y poner fin a sus funciones, en los casos previstos en esta Constitución;

II. A propuesta del Jefe del Gobierno Federal,nombrar y remover a los secretarios del despacho; remover a los empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado, y removerlos libremente;

IV. A propuesta del Jefe del Gobierno Federal, nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda;

V. A propuesta del Jefe del Gobierno Federal, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes;

VI. (Se deroga)

VI-B. Presidir el Consejo de Gobierno;

VI-C. Ejercer el mando supremo de las fuerzas armadas y presidir los consejos y comités superiores de la defensa nacional;

VII. (Se deroga)

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previas consulta al Jefe del Gobierno Federal y ley del Congreso de la Unión;

IX. Designar, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal y con ratificación del Senado, al Procurador General de la República;

X. Negociar tratados internacionales y, con la previa aprobación del Senado, suscribirlos;

XI. (Se deroga)

XII. (Se deroga)

XIII. (Se deroga)

XIV. ...

XV. (Se deroga)

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV, en este último caso a propuesta del Jefe del Gobierno Federal,con aprobación de la Comisión Permanente;

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XX. ...

Sección Segunda Del Gobierno Federal

Artículo 89-1. Después de cada elección para renovar la Cámara de Diputados, así como en los supuestos constitucionales del artículo 89-8, el Presidente, previa consulta con los líderes de cada partido político en ambas Cámaras, presentará como candidato a Jefe del Gobierno Federal a quien sea propuesto por el partido político o coalición de éstos que, consideradas ambas cámaras en conjunto, cuente con la mayoría de escaños.

El candidato propuesto conforme párrafo anterior solicitará la confianza del Congreso para dirigir el gobierno.

Si ambas Cámaras en sesión conjunta, por el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, otorga su confianza a dicho candidato, el Presidente le nombrará Jefe del Gobierno Federal.

De no alcanzarse la mayoría absoluta, se someterá la misma candidatura a nueva votación, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la anterior. En este caso, la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

De no obtenerse la confianza, se someterán sucesivas propuestas en la forma prevista en los párrafos anteriores, hasta por quince días, contados a partir de la primera votación.

Artículo 89-2. Para ser Jefe del Gobierno Federal se deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 82, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

El Jefe del Gobierno Federal en turno no estará obligado a dejar su cargo para poder ser reelegido.

El Jefe del Gobierno Federal podrá ser reelegido hasta en dos ocasiones.

Artículo 89-3. Además de los supuestos del artículo 93-7, el cargo de Jefe del Gobierno Federal sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión. La renuncia será presentada ante el Presidente de la República.

Artículo 89-4. El Jefe del Gobierno Federal, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: 'Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe del Gobierno Federal que los representantes del pueblo me han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación y el Congreso me lo demanden'.

Artículo 89-5. El Jefe del Gobierno Federal no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso.

Artículo 89-6. Las facultades y obligaciones del Jefe del Gobierno Federal son las siguientes:

I. Determinar y dirigir la política interior;

II. Dirigir la política exterior, observando los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

III. Dirigir la acción del gobierno;

IV. Ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

V. Solicitar al Instituto Federal Electoral la realización de un plebiscito, respecto de actos que en el ámbito de su competencia proyecte emitir, que considere trascendentes para el orden público o el interés social de la Federación.

Si el resultado vinculatorio de un plebiscito es de rechazo al acto, no podrá expedir acto en el mismo sentido del repelido, dentro de los dos años siguientes al día de la votación respectiva;

VI. Proponer al Presidente el nombramiento y remoción de los servidores públicos de su gobierno, excepto que tales actos estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes;

VII. Proponer al Presidente el nombramiento, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

VIII. Proponer al Presidente el nombramiento de los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes;

IX. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación;

X. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76;

XI. Proponer al Presidente de la República la designación del Procurador General de la República, sujeta a la ratificación del Senado;

XII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación;

XIII. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;

XIV. Suplir, en caso necesario, al Presidente, en la presidencia del Consejo de Gobierno, en virtud de una delegación expresa y con un orden del día determinado; así como suplirlo en los consejos y comités a que se refiere el artículo 89, fracción VI-C;

XV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias;

XVI. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones, y

XVII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 89-7. Las funciones del Jefe del Gobierno Federal y demás miembros de éste son incompatibles con las de miembro del Congreso o cualquier otro cargo de representación popular o función pública que no derive de su cargo y, en los términos que fije la Ley, con cualquiera otra actividad profesional o mercantil.

Artículo 89-8. El Gobierno terminará sus funciones:

I. Después de la celebración de elecciones para renovar la Cámara de Diputados;

II. Por dimisión del Jefe del Gobierno Federal, o

III. Por fallecimiento del Jefe del Gobierno Federal.

El Gobierno terminal continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 89-9. El Consejo de Gobierno se integra por el Jefe de Estado, quien lo presidirá, el Jefe del Gobierno Federal, sus secretarios de despacho y el Procurador General de la República. Tendrá las atribuciones que esta Constitución y la ley le señalen.

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Gobierno Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Gobierno Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

Artículo 92. Los actos del Presidente, con excepción de los previstos en el artículo 89, fracciones I-D y XIX-B, deberán estar firmados por el Jefe del Gobierno Federal y, en su caso, el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes del Jefe del Gobierno Federal deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, o por el Consejo de Gobierno en los casos que así lo exija esta Constitución. Sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. (Se deroga)

Sección Tercera De las Relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso

Artículo 93-1. El Presidente de la República se dirigirá a las cámaras del Congreso de la Unión por medio de comunicaciones para su lectura, respecto de las cuales no procederá pronunciamiento o debate alguno.

Cuando estas comunicaciones sean enviadas fuera de los períodos de sesiones, la Cámara o cámaras destinatarias, se reunirán especialmente con este propósito.

Artículo 93-2. Las Cámaras del Congreso de la Unión y sus comisiones tienen derecho, sin limitación alguna, a recibir de manera expedita la información que soliciten del Jefe del Gobierno Federal, sus secretarios de despacho, titulares de entidades paraestatales y organismos autónomos, así como del Poder Judicial Federal.

Igual derecho tendrán respecto de los poderes y entidades paraestatales de los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

Este derecho se ejercerá por conducto del Presidente de cada Cámara.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier dependencia o entidad del Gobierno Federal y a la Jefatura de éste. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Presidente de la República y del Gobierno Federal.

Es obligatorio comparecer al citatorio hecho por estas comisiones.

Artículo 93-3. Las Cámaras del Congreso de la Unión y sus Comisiones tienen la atribución de hacer comparecer ante ellas al Jefe del Gobierno Federal y demás servidores públicos de éste.

El Jefe del Gobierno Federal y sus secretarios de despacho tienen la prerrogativa de acceder a las sesiones de las Cámaras y a las de sus comisiones para comparecer y ser escuchados. Igualmente, podrán solicitar que informen ante las mismas, servidores públicos de sus dependencias o entidades sectorizadas.

Artículo 93-4. En los supuestos del artículo 93-3, los diputados y senadores al Congreso de la Unión tienen la atribución de dirigir a los comparecientes:

I. Preguntas, relativas a aspectos concretos, que deberán ser objeto de repuesta directa por el compareciente, y

II. Interpelaciones, mediante las cuales el legislador externa su opinión, a la que no está obligado a responder el compareciente.

La ley determinará un tiempo mínimo semanal que deberá dedicarse a preguntas e interpelaciones y los casos en los que se admitirá una contestación por escrito.

Artículo 93-5. El Jefe del Gobierno, previa deliberación con el Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Congreso de la Unión una solicitud de confianza para continuar en el cargo, con relación a:

I. Una modificación relevante a su programa de gobierno, o

II. Una declaración de política general sobre una cuestión trascendente para la Nación.

La confianza se entenderá otorgada cuando vote a su favor la mayoría simple de los diputados y senadores en sesión conjunta.

Artículo 97. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Gobierno Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 98. ...

...

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Presidente de la República y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

...

Artículo 99. ...

...

...

...

I. a IV. ...

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, así como en materia de derechos de participación ciudadana, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes;

VI. a IX. ... ... ... ... ... ... ... ...

Artículo 102-A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Presidente de la República, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Presidente de la República, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido por el Presidente de la República, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal.

...

...

...

...

La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Gobierno Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

B. ...

Artículo 107. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Jefe del Gobierno Federal de acuerdo con la fracción IV del Artículo 89-6 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

b) ...

...

...

IX. a XVIII. ...

Artículo 108. ...

...

El Jefe del Gobierno Federal, los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

...

Artículo 110.Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, el Jefe del Gobierno Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

...

...

...

...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, el Jefe del Gobierno Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 115. ...

I. a VI. ...

VII. ...

El Jefe del Gobierno Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;

VIII. ... ...

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral y de participación ciudadana,garantizarán que:

a) a i) ...

j) Sus ciudadanos tengan los derechos de participación ciudadana de iniciativa popular, referéndum, referéndum constitucional y plebiscito, por lo que hace a su legislación interna, con la base mínima de lo dispuesto en el artículo 41 de esta Constitución.

V. a VII. ...

Artículo 119. ... ...

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero, serán tramitadas por el GobiernoFederal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. ...

B. ...

I. (Se deroga)

II. ...

III. (Se deroga)

IV. (Se deroga), y

V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

B-bis. Corresponde al Jefe del Gobierno Federal:

I. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Jefe del Gobierno Federal la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley;

II. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal, y

III. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

C. a D. ...

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Jefe del Gobierno Federal, lo dispuesto en la fracción Vll del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno.

F. a H. ...

Artículo 127. El Presidente de la República, el Jefe del Gobierno Federal, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales según corresponda.

Artículo 135. ...

...

La iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde al Presidente de la República, a propuesta del Jefe del Gobierno Federal, y a los miembros del Congreso de la Unión.

El referéndum constitucional, respecto de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, podrá ser solicitado al Instituto Federal Electoral por:

I. La mitad más uno de los Congresos de los Estados de la República, debiendo tomarse en cada uno de ellos la decisión por mayoría absoluta de quienes lo integren, y

II. La ciudadanía, en los términos que fije la ley.

El referéndum constitucional es obligatorio para el caso de que se apruebe en el Congreso de la Unión, una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El resultado vinculatorio del referéndum que rechace un reforma propuesta o aprobada en el Congreso de la Unión, o una nueva Constitución aprobada por éste, obligará a que no pueda presentarse una iniciativa en el mismo sentido de la repelida, durante dos años a partir de la fecha de la votación.

El resultado vinculatorio de un referéndum que acepte una reforma propuesta o aprobada en el Congreso de la Unión, o una nueva Constitución aprobada por éste, obligará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en su caso, a hacer la declaratoria de aprobación correspondiente para su entrada en vigor.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los doce meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Durante el periodo referido en el artículo primero transitorio, el Congreso de la Unión deberá elaborar los proyectos de nuevos ordenamientos y de las adecuaciones que haya lugar a los vigentes, para el desarrollo de las reformas y adiciones materia del presente.

Artículo Tercero. A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan todas las disposiciones que se le opongan.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 7 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia extiende un saludo cordial a los invitados, ciudadanos que nos acompañan del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo. Igualmente, saluda al profesor director Alfonso Ramírez Parra y a sus alumnos de la escuela primaria Fernando Montes de Oca, del municipio de Querétaro. Saludamos también cordialmente a los alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, de Los Reyes, Michoacán, que nos visitan en esta ocasión. Muchas gracias a todos por habernos visitado.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo Medina de la Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Rodrigo Medina de la Cruz:Con su venia, diputada Presidenta; buenas tardes a todos: el suscrito,Rodrigo Medina de la Cruz, diputado federal electo por el distrito II con cabecera en Apodaca, Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 constitucional, en su fracción II, y con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanospropongo a esta honorable Asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en los siguientes razonamientos:

Uno de los problemas sociales que más afectan a la ciudadanía es el de la delincuencia. Este fenómeno lesiona la integridad física y el patrimonio de las personas, deteriora el estado de derecho, promueve la corrupción entre quienes integran las instituciones públicas, desalienta la inversión y debilita la base competitiva del sector productivo nacional, disminuyendo el potencial de crecimiento económico de nuestro país.

Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno y hacia el interior de las propias agencias del gobierno federal. No hay duda de que han intentado avances en el fortalecimiento de las instituciones policiales y de la propia coordinación; sin embargo, la sola apreciación de los hechos que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación y los propios ciudadanos, nos muestran que el saldo general es francamente negativo.

La delincuencia generalizada, el crimen organizado y las nuevas expresiones del delito, como el narcomenudeo, han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre que está poniendo en riesgo la seguridad nacional. El incremento de los hechos violentos en diversas entidades del país nos obliga a establecer como prioridad revisar todos los aspectos normativos relacionados con la función de brindar seguridad pública al Estado mexicano.

Los recursos económicos destinados a ese fin, así como los requisitos de distribución también deben ser analizados y modificados, y aunque por sí solo el presupuesto no representa la solución al problema, significa una parte importante e indispensable para combatir este fenómeno, pero los esquemas vigentes de asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública no han dado los resultados esperados.

Por tanto, es necesario promover nuevos criterios que permitan destinar los recursos federales a los rubros que se han identificado como los que mayor impacto positivo tendrían en su aplicación en pro de la seguridad pública.

Por lo que hace a la evolución de la distribución de los recursos federales para las entidades federativas y el Distrito Federal, en 1997 fue incorporado un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, en el que fueron establecidos los fondos de aportaciones federales. En diciembre de 1998 se reformó nuevamente la Ley de Coordinación Fiscal para crear dos nuevos fondos: uno para la atención a la educación tecnológica y adultos, y otro para la seguridad pública, que es el que hoy nos ocupa.

En esa modificación se adicionaron los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer las reglas del fondo que distribuirá el gasto en materia de seguridad pública. El artículo 44 de la ley citada establece las bases para la constitución del fondo así como las atribuciones que correspondan a las dependencias del Ejecutivo federal en la materia, específicamente en lo relativo a la integración del citado fondo y a los criterios para su distribución.

En los artículos que hoy se propone reformar se dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que, a diferencia de otros fondos que tienen una asignación previa determinada establecida en la ley, el monto de los recursos destinados al Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse en cada ejercicio presupuestal.

En el artículo 45 de la citada ley se establece el destino primordial que los recursos federales habrán de tener, que es el atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura de las entidades federativas y el Distrito Federal. No obstante la importancia del mismo, si se analiza la evolución de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, vemos que éste ha sufrido variaciones que a todas luces son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión de los estados y municipios y que generan año con año un clima de incertidumbre. Si analizamos la evolución de los montos de asignación del Fondo podemos concluir que la tasa media de crecimiento anual es de menos 6.7 por ciento.

Aunado a lo anterior, si revisamos la evolución del Fondo de Aportaciones dentro de los primeros cinco estados que reciben mayores recursos, no se encuentran estados como Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Michoacán o Nuevo León, entre otros, que en los últimos meses han registrado un incremento importante en la comisión de delitos de alto impacto correspondientes al fuero federal.

Los estados con mayor incidencia delictiva no son los que reciben mayores recursos; esto se puede explicar porque la fórmula de distribución de los montos beneficia a las entidades con mayor población y con más reos, y no a los estados con mayor incidencia delictiva, tanto local como federal.

Si a la falta de reglas eficientes le sumamos la disminución constante en términos reales de los presupuestos asignados a la coordinación de la seguridad pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras: pocos recursos y con una distribución que no atiende la realidad de los problemas que se sufren en las entidades federativas y en los municipios.

La presente iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal propone establecer un parámetro objetivo a fin de integrar el monto anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para que los recursos federales destinados al mismo se determinen anualmente tomando como base la cantidad equivalente al uno por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en la Ley de Ingresos.

La recaudación federal participable, desde su implantación en 1980, ha sido un elemento importante en la distribución de recursos para las entidades federativas y municipios, en los casos del Ramo General 28 y en lo relativo al Ramo 33. En este sentido, los fondos del Ramo General 28 se calculan en proporción de la recaudación federal participable y, de igual forma, tres de los siete fondos que integran el Ramo 33, tales como el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ya se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiendo este criterio.

De lo anterior se desprende que este método ha sido aceptado, en ocasiones anteriores, como una herramienta efectiva para eliminar la discrecionalidad y la incertidumbre que se generan cuando se deja al arbitrio del Ejecutivo federal la asignación anual de los recursos al Fondo de Seguridad Pública.

El segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que la recaudación federal participable será la que obtenga la federación sumando sus ingresos por todos los impuestos --aunque hay algunas excepciones-- y por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

Como ejemplo de lo anterior, derivado del monto de ingresos fiscales por obtener durante el ejercicio 2006, la Ley de Ingresos estima una recaudación fiscal participable por un monto de un billón 139 mil 400 millones 400 mil pesos, cantidad que al dividirse entre 100, a fin de calcular el uno por ciento de la misma, como se propone en esta iniciativa, representa alrededor de 11 mil 394 millones de pesos, por lo que --en contraste con los cinco mil millones que se aprobaron para el 2006-- se percibe una gran mejoría.

Actualmente el monto que se destina al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública depende en gran medida del monto que el Ejecutivo federal desee plasmar en el proyecto de presupuesto que se envía a la Cámara de Diputados, sin que esté establecido cuando menos un monto mínimo.

Por citar un ejemplo, en el caso del ejercicio fiscal de este año 2007, el Ejecutivo federal ha propuesto disminuir de manera importante estos recursos en mil 500 millones de pesos, hecho que, de no corregirse por esta soberanía, dejaría en peores condiciones a los estados de la república y al Distrito Federal.

Cabe señalar que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal es el único rubro por el que los estados y el Distrito Federal reciben dinero de la federación para destinarlo a las tareas de seguridad pública. De ahí su trascendencia y la importancia de dotarlos de recursos suficientes para abatir los índices de criminalidad a lo largo de nuestro país.

Complementando esta propuesta, y por último, propongo también que el índice delictivo por entidad, tanto de los cometidos en relación al fuero federal como los locales, quede incorporado como uno de los criterios a observar para la distribución de los recursos entre las entidades federativas y que en los rubros de gasto se adicione un programa especial para los estados con mayor incidencia de crimen organizado. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Rodrigo Medina de la Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Rodrigo Medina de la Cruz, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de modificar los criterios de asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y adicionar un programa especial a dicho fondo.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 73, fracción XXIII y último párrafo de la fracción XXIX, a la luz de lo dispuesto en el artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén la facultad del Congreso de la Unión de legislar en la materia, se propone a esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Diagnóstico

Uno de los problemas sociales que más están afectando a la ciudadanía es el de la delincuencia. Este fenómeno lesiona la integridad física y el patrimonio de las personas, deteriora el estado de derecho, promueve la corrupción entre quienes integran las instituciones públicas, desalienta la inversión y debilita la base competitiva del sector productivo nacional y, por ende, disminuye el potencial de crecimiento económico.

La seguridad pública es un bien que debe ser provisto por el Estado para cumplir la función esencial de proteger a las personas y a sus bienes, permitiendo así, el desarrollo del país.

Un eficiente sistema público de seguridad no sólo asegura la integridad física de las personas y brinda protección a sus bienes e inversiones, también contribuye a la cimentación de un estado de derecho cuyos beneficios se traducen en un ambiente propicio para que los individuos y las empresas desarrollen sus actividades productivas.

El objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido el de fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno y hacia el interior del las propias agencias del gobierno federal. No hay duda de que ha habido avances en el fortalecimiento de las instituciones policiales y de la propia coordinación, sin embargo, la sola apreciación de los hechos, de los que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación, nos muestran que el saldo general es francamente negativo.

La delincuencia generalizada, el crimen organizado y las nuevas expresiones del delito como el narcomenudeo, han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre, que está poniendo en riesgo la seguridad nacional.

El incremento de los hechos violentos en diversas entidades del país, nos obligan a establecer como prioridad el revisar todos los aspectos normativos relacionados con la función del Estado de brindar seguridad pública.

Los recursos económicos destinados a ese fin, así como los requisitos de distribución, también deben ser analizados y modificados. Los esquemas vigentes de asignación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, no han dado los resultados esperados.

Por lo tanto, es necesario proponer nuevos esquemas que permitan destinar los recursos a los rubros que se han identificado como los que más impacto positivo tendrían en su aplicación en pro de la seguridad pública.

Evolución de la legislación en materia de seguridad pública

Para hacer un recuento de la evolución de la legislación en materia de seguridad pública en México, recordemos que nuestra Carta Magna dicta en su artículo 21 párrafo 6o. que: ``la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez''. Además agrega en su último párrafo que: ``La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública''.

Consecuente con lo anterior, en diciembre de 1995 se aprobó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que da lugar a la creación del Consejo Nacional de Seguridad.

Posteriormente, toma fuerza institucional a partir del fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Gobernación --que en 1998 agrega a su estructura una Subsecretaría de Seguridad Pública. Acompañó a esta reforma la inclusión, en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, la fracción VII Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Fasp); que por primera ocasión formó parte del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 1999, año en el cual se crea también la Policía Federal Preventiva (PFP).

Finalmente, como parte de la reforma administrativa del actual gobierno se crea, en diciembre del año 2000, la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene como simiente a la citada Subsecretaría y a la Policía Federal Preventiva.

Evolución de la legislación en materia de coordinación fiscal

Por lo que hace a la evolución de la distribución de los recursos federales para las entidades federativas y el Distrito Federal, en 1997 fue incorporado un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, en el que fueron establecidos los fondos de aportaciones federales.

En diciembre de 1998 se reformó nuevamente la Ley de Coordinación Fiscal, para crear dos nuevos fondos de aportaciones federales. Uno para la atención de la Educación Tecnológica y de Adultos; y otro para la Seguridad Pública. En esa modificación, se adicionaron los artículos 44 y 45, para establecer las reglas del fondo que distribuiría el gasto en materia de seguridad pública.

El artículo 44 de la ley citada establece las bases para la constitución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como las atribuciones que corresponden a las dependencias del Ejecutivo federal en la materia, específicamente en lo relativo a la integración del citado fondo y a los criterios para su distribución.

En el artículo citado, se dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por lo que, a diferencia de otros fondos que tienen una asignación establecida en la ley, el monto de los recursos destinados al Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse en cada ejercicio presupuestal.

Asimismo, dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá los criterios para la distribución de los recursos antes citados entre los estados y el Distrito Federal.

Por su parte, el artículo 45 afirma la responsabilidad de realizar la determinación, distribución y aplicación de los recursos del Fondo de Seguridad Pública, de conformidad con la información financiera, operativa y estadística que le sea proporcionada por los estados y el Distrito Federal a la Secretaría de Gobernación, que a su vez la pone a disposición del Ejecutivo.

Se adjunta a la presente iniciativa la información de la que da cuenta el anexo del Sexto Informe de Gobierno del 2006, destacando el comportamiento de la inversión en pesos corrientes de la siguiente manera:

Comportamiento del financiamiento a la seguridad pública

La inversión total destinada a la seguridad pública tuvo un incremento de 22.8 por ciento. Pasó de 14 mil 141 millones en el año 2000, a 17 mil 368 en 2006.

No obstante lo anterior, si revisamos la evolución del Fondo de Aportaciones, dentro de los primeros cinco estados que reciben mayores recursos, no se encuentra estados como Tamaulipas, Baja California, Michoacán o Nuevo León, que en las últimas semanas han tenido graves conflictos por diversos hechos violentos.

Los estados con mayor incidencia delictiva, no son los que reciben mayores recursos. Esto se puede explicar, porque la fórmula de distribución de los recursos, premia a las entidades con mayor población y más reos, y no a los estados en los que hay una mayor incidencia delictiva.

Si analizamos la evolución de los montos de asignación del fondo, podemos concluir que la tasa media de crecimiento anual es de menos 6.7 por ciento (-6.7 %).

Si a la falta de reglas eficientes, le sumamos la disminución constante en términos reales de los presupuestos asignados a la coordinación de la seguridad pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras: pocos recursos, con una mala orientación en su destino final.

Contenido de la iniciativa

En virtud de lo expuesto, la presente iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal propone establecer un parámetro objetivo a fin de integrar el monto anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para que los recursos federales destinados al fondo se determinen anualmente tomando como base la cantidad equivalente al 1 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

La recaudación federal participable --desde su implantación en 1980--, ha sido un elemento importante en la distribución de recursos para las entidades federativas y municipios en los casos del Ramo General 28 relativo a las participaciones federales y del Ramo General 33 referente a las aportaciones federales.

En este sentido, los fondos del Ramo general 28 se calculan en proporción de la recaudación federal participable, de igual forma, tres de los siete fondos que integran el Ramo 33 tales como: el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo para la Infraestructura Social (Fais) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), ya se determinan cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiendo el criterio de asignarles una cantidad equivalente a un porcentaje de la recaudación federal participable.

De lo anterior se desprende que este criterio ha sido aceptado en ocasiones anteriores como una herramienta efectiva para eliminar la discrecionalidad y la incertidumbre que se generan cuando se deja al arbitrio del Ejecutivo federal la asignación anual de recursos a determinado fondo.

El segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que la recaudación federal participable será la que obtenga la federación sumando sus ingresos por todos los impuestos (aunque hay algunas excepciones), y por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio de 2006, la Ley de Ingresos estima una recaudación federal participable por un monto de 1 billón 139 mil 400 millones 400 mil pesos, cantidad que al dividirse entre cien, a fin de calcular el 1 por ciento de la misma, como se propone en esta iniciativa representa alrededor de once mil trescientos noventa y cuatro millones de pesos.

Cabe señalar, que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Fasp) es el único rubro por el que los estados y el Distrito Federal reciben dinero de la federación para destinarlo a las tareas de seguridad pública, de ahí su trascendencia y la importancia de dotarlo de recursos suficientes para abatir los índices de criminalidad a lo largo de nuestro país.

Actualmente el monto que se destina al Fasp depende por completo del monto que el Ejecutivo federal desee plasmar en el proyecto de presupuesto que envía a la Cámara de Diputados anualmente, sin que esté establecido cuando menos un monto mínimo.

De aprobarse esta iniciativa, y aun cuando el monto total del Fasp --y por lo mismo los montos que en lo individual recibirán las Entidades Federativas y los Municipios-- dependerá de los movimientos que impactan la recaudación federal participable, tales como: la evolución de la economía (comportamiento del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios), el desempeño del mercado del petróleo o de la política fiscal del gobierno federal y del Congreso de la Unión; en el caso del gasto en materia de seguridad pública, el establecimiento de un porcentaje de esta recaudación resulta en comparación con el mecanismo actual, un parámetro mucho más objetivo y que deja de lado la discrecionalidad del mismo.

De aprobarse esta redacción para el próximo ejercicio fiscal y suponiendo que se tratara de precios constantes de dos mil seis, el monto total destinado al Fasp pasaría de: 5 mil millones de pesos a 11 mil 394 millones de pesos, lo que representa un importante avance en el monto a repartir entre las entidades federativas.

Asimismo, se propone que se considere el índice delictivo por entidad de los delitos cometidos del fuero federal y local, como uno de los criterios que se tome en cuenta para la distribución de recursos entre las entidades federativas, y que en los rubros de gasto se adicione el programa especial para los estados con mayor incidencia del crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa soberanía el siguiente proyecto de decreto

Decreto por el que se reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 44, y el párrafo primero del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.0 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

...

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el índice delictivo por entidad, de los delitos cometidos del fuero federal y local, el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación antes mencionada.

...

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de: agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados; y, al Programa Especial para los Estados con Mayor Incidencia de Crimen Organizado.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La siguiente iniciativa, agendada por la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD, se pospone.

ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: vengo a proponer la inclusión de la figura ``afirmativa ficta parlamentaria'' en nuestra Norma Fundamental y en el Reglamento del Congreso de la Unión, bajo la siguiente exposición de motivos.

Desde 1997, la conformación de la Cámara de Diputados es plural, ya que rompió con la armonía del partido en el poder y ningún partido por sí solo logró la mayoría absoluta, lo cual generó la búsqueda de acuerdos de todos los partidos políticos y la conformación de nuevas mayorías.

Hay que recordar que el pueblo delega su representación en cada uno de los legisladores, tal como lo expresa el artículo 41 constitucional, y son éstos --los diputados y senadores-- quienes trabajan para proponer leyes que reflejen los intereses del pueblo.

Como una conquista de nuestra democracia, el artículo 71 establece los sujetos que tienen derecho a presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, es necesario reconocer que, de estas iniciativas presentadas ante las Cámaras y que fueron turnadas a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo, existe un gran rezago legislativo, que de legislatura a legislatura se ha ido incrementando.

En esta coyuntura de enorme crispación política, el Poder Legislativo está sujeto a un sinfín de críticas entre las que se encuentra la impresión de que no hay trabajo legislativo. Sin embargo, el cúmulo de iniciativas y puntos de acuerdo presentados en la legislatura que concluyó y en la que iniciamos demuestra que sí hay trabajo legislativo por parte de las diputadas y diputados, para resolver los distintos problemas que aquejan a la población. Por ejemplo, en la Comisión de Gobernación existen 234 iniciativas, 150 puntos de acuerdo y 13 minutas pendientes de dictaminar, y así nos encontraremos en todas las comisiones este cúmulo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de acuerdos políticos.

Por eso, la presente iniciativa pretende elevar a rango constitucional la obligación de las comisiones ordinarias de que si en un plazo de tres meses las iniciativas turnadas no se dictaminan por la comisión pasarán de inmediato al Pleno de la Cámara para su conocimiento, análisis y discusión de todos los diputados y decidan, si es o no de aceptarse tal iniciativa.

La figura de la afirmativa ficta parlamentaria, sin lugar a dudas, revolucionará el trabajo de las comisiones y del Pleno de la Cámara, la cual se aplicará en la hipótesis de que, transcurridos tres meses, a partir de que se turne el expediente a la comisión y ésta no dictamine, será turnada directamente al Pleno de la Cámara, para que ahí se discuta y sea votada por todos los diputados presentes en la sesión.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está plenamente convencido de incluir en nuestro marco jurídico la afirmativa ficta parlamentaria para que se dinamice el trabajo legislativo y ya no exista pretexto para que la comisión no emita un dictamen y que el Pleno no conozca sobre el contenido de la iniciativa.

Actualmente la función de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo es analizar las iniciativas, dictaminarlas y, en sus caso, aprobarlas o rechazarlas; pero en la práctica, esto no se da. En consecuencia, la afirmativa ficta parlamentaria servirá como mecanismo de sanción a las comisiones que no trabajen, ya que se permite que ante la omisión o descuido de una comisión, sea el órgano máximo, la Cámara, el Pleno el que discuta y el que vote el contenido de la iniciativa de ley.

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que es importante establecer un plazo adecuado para que las comisiones emitan su dictamen. Este plazo lo consideramos de tres meses. Por eso proponemos la aprobación de la afirmativa ficta; mecanismo ampliamente democrático y que permite la discusión de las iniciativas en el Pleno de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión.

Solicito, señora Presidenta, se inscriba de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Y yo solicito a todas nuestras compañeras y compañeros diputados que pongamos mucha atención a esta iniciativa, a esta figura que nos puede permitir el agilizar los trabajos que en muchas de las comisiones se quedan congelados, por cuestiones --a veces--, de acuerdo político. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito Santiago Gustavo Pedro Cortes, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto de adiciones al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde 1997 la conformación de la Cámara de Diputados es plural y rompió con la hegemonía del partido en el poder, porque ningún partido por sí sólo tenía la mayoría absoluta, lo cual generó la búsqueda de acuerdos de todos los partidos políticos y la conformación de nuevas mayorías.

Hay que recordar que el pueblo delega su representación en cada uno de los legisladores, tal como lo expresa el artículo 41 constitucional y son éstos, los diputados y senadores quienes trabajan para proponer leyes que reflejen los intereses de pueblo.

Como una conquista a nuestra democracia, el artículo 71 constitucional establece los sujetos que tienen derecho a presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin embargo, es necesario reconocer que de estas iniciativas presentadas ante las Cámaras y que fueron turnadas a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo, existe un gran rezago legislativo, mismo que legislatura a legislatura se ha incrementado.

En esta coyuntura de enorme crispación política, el Poder Legislativo está sujeto a un sin fin de críticas, entre las que se encuentra la falta de dinamismo en el conocimiento, análisis, dictaminación y votación de las iniciativas que los distintos grupos parlamentarios han presentado ante el Pleno de las Cámaras del Congreso.

En consecuencia resulta imprescindible establecer novedosas figuras legislativas que permitan que el esfuerzo propositivo generado por un legislador y que se contiene en su iniciativa no se pierda.

Esta figura que, sin lugar a dudas, revolucionará el trabajo de las Comisiones y del Pleno de la Cámara es la figura denominada ``afirmativa ficta parlamentaria'', la cual se aplica en la hipótesis de que transcurridos tres meses a partir de que a la Comisión se le haya turnado el expediente sin que ésta lo dictamine, entonces la iniciativa es turnada directamente al Pleno de la Cámara para que ahí sea discutida y votada por todos los diputados presentes en sesión.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está plenamente convencido de que incluir en nuestro marco jurídico la ``afirmativa ficta parlamentaria'' va a dinamizar el trabajo legislativo y ya no será pretexto que la Comisión no emita un dictamen para que el Pleno no pueda conocer sobre el contenido de la iniciativa.

Actualmente la función de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo es analizar las iniciativas, dictaminarlas y, en su caso, aprobarlas o rechazarlas, pero en la práctica esto no se da, ya que las Comisiones simplemente no trabajan.

En consecuencia la ``afirmativa ficta parlamentaria'' servirá como mecanismo de sanción a las Comisiones que no trabajen, ya que se permite que ante la omisión o descuido de una Comisión, sea el órgano máximo de la Cámara: el Pleno, el que discuta y vote el contenido de la iniciativa de ley.

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que es importante establecer un plazo adecuado para que las Comisiones emitan su dictamen. Este plazo lo consideramos de tres meses.

Por eso proponemos la aprobación de la afirmativa ficta, mecanismo ampliamente democrático y que permite la discusión de las iniciativas en el Pleno de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión.

Compañeras y compañeros legisladores: consideramos que, de ser aprobada, se dinamizará el trabajo de las Comisiones y del Pleno de la Cámara, todo ello en beneficio de la sociedad mexicana.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto de adiciones al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a III. ...

...

Toda iniciativa deberá ser dictaminada dentro del plazo que se establezca en la ley. Una vez que transcurra dicho plazo sin que se emita el dictamen correspondiente, el mismo se entenderá en sentido afirmativo y se someterá al Pleno.

Artículo Segundo.Se adiciona un segundo párrafo al inciso f), numeral 6, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 45.

1. a 5. ...

6. ...

a) a e) ...

f). ...

Toda iniciativa deberá ser dictaminada dentro de un plazo de tres meses, mismo que corre a partir del día siguiente en que se haya radicado el expediente en la Comisión. Una vez que transcurra dicho plazo sin que se emita el dictamen, el mismo se entenderá en sentido afirmativo y se someterá al Pleno, para su discusión y votación.

g) ...

7. ... Transitorio

Único.El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputados: Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés.»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su permiso, diputado Presidente:

«Iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe la presente iniciativa diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Es evidente que los ciudadanos de nuestro país, se enfrentan cada día a nuevas situaciones y problemas que no están regulados por el derecho positivo, pues es también sabido que primero suceden los hechos y después las leyes que los regulan.

Lo anterior ha provocado un incremento en la carga de trabajo que recae sobre los legisladores integrantes de este honorable Congreso de la Unión, responsabilidad que de obviarse o descuidarse, pondría en peligro la eficiencia de la función legislativa.

Es asimismo importante, mejorar la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre el trabajo legislativo y el desempeño de sus representantes.

Como ilustración, el documento número 28 del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados, señala la confianza depositada en diversas instituciones, con la Iglesia y el Ejército en primer lugar con 67% de las opiniones favorables y en la parte baja de la lista la Cámara de Diputados con apenas 37%, seguido de los partidos políticos, los sindicatos, la policía y la burocracia con apenas 8 puntos porcentuales de diferencia respecto al último lugar de 29%.

Es por lo tanto, necesario, la realización de acciones afirmativas que contribuyan a mejorar la percepción de la labor del Poder Legislativo entre la sociedad.

Sin embargo, el simple hecho de la percepción no debe ser la única motivación de intensificar los trabajos legislativos, el compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida es el deber fundamental del legislador. Un Congreso vigoroso, productivo es lo que la sociedad espera, actuemos en consecuencia.

En ese sentido es viable ampliar el número de sesiones ordinarias por semana que actualmente se llevan a cabo en este recinto legislativo.

A pesar que la presente Legislatura tiene poco tiempo de iniciada, todos hemos sido testigos de las sesiones donde la Orden del Día consta de un número elevado de iniciativas, comunicaciones, proposiciones, etcétera, lo que provoca que sea complicado darle la atención necesaria a cada uno de los asuntos presentados, lo cual a su vez conlleva a un detrimento de la calidad de la función legislativa.

En Comisiones de igual forma hemos constatado la gran cantidad de iniciativas o propuestas ya dictaminadas y que por falta de tiempo no han sido presentadas al Pleno, y que al momento de que la nueva legislatura los atiende en muchos casos estos dictámenes han perdido interés o vigencia.

Debido a las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Primero. Se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 38.

1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

a) Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, considerando por lo menos tres sesiones ordinarias por semana, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones;

b) a e) ...

Segundo. Se reforma el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 28. Son ordinarias las que se celebren durante los días hábiles de los periodos constitucionales. Deberán llevarse a cabo cuando menos tres sesiones ordinarias por semana; serán públicas, comenzarán por regla general a las 11 horas y durarán hasta cuatro horas; pero por disposición del Presidente de la Cámara o por iniciativa de alguno de los individuos de ella, aprobada en los términos de este Reglamento, podrán ser prorrogadas.

Serán extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos constitucionales o en los días feriados, dentro de ellos.

Serán permanentes las que se celebren con este carácter por acuerdo expreso de los miembros de cada Cámara y a efecto de tratar un asunto previamente determinado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Sí me gustaría invitar a todos los diputados y diputadas a que analicemos muy detenidamente, con mucha responsabilidad esta propuesta, ya que ha habido ocasiones en las que los miércoles se ha estipulado como un día en el que podamos establecer o una sesión ordinaria o también la atención a todo el público que se acerca a la Cámara, pero que haya esa obligación de los diputados de permanecer en ella durante este día para poder desahogar no solamente los trabajos en las comisiones, sino también la atención a todos los ciudadanos que se acerquen a la Cámara para presentar diferentes problemáticas en sus estados o municipios.

De ahí pues que espero la pronta aprobación de esta iniciativa, a efectos de que podamos desahogar todos los trabajos rezagados en comisiones y traerlos a Pleno para su aprobación. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia saluda respetuosamente a los jóvenes alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí presentes.

CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaría que ponga a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 16 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia notariada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la Embajada de Belice serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso al ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano arquitecto Xavier Cortés Rocha para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano arquitecto Xavier Cortés Rocha para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de noviembre de 2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron para aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de noviembre de 2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 21 de noviembre de 2006, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que le otorga el gobierno Libanés.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que le otorga el gobierno Libanés.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de noviembre de2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficios de fechas 3 y 13 de noviembre de 2006, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Belice e Irlanda en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 16 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Belice e Irlanda, en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Héctor Octavio Cedillo Guerra para prestar servicios como chofer en la Embajada de Belice en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano José Trinidad Fuentes Chaparro para prestar servicios como chofer y mensajero en la Embajada de Irlanda en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Dina Ariadna Alcocer Martínez para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Irlanda en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 17 noviembre de 2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo...

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Para hablar sobre un tema.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez(desde la curul): Compañeras y compañeros; señor Presidente: me llama la atención el dictamen de la Comisión de Gobernación, que otorga permiso al ciudadano Jorge Dipp, para usar la condecoración de la Orden del ``Cedro Nacional'', en grado de Comandante, que otorga el gobierno libanés. Yo no sé si ésta es una orden militar, una orden... pero me llama la atención el título de comandante que le otorga el gobierno libanés.

Yo creo que necesitamos estudiar mejor este dictamen y propongo que éste se reserve y se regrese a comisiones, a fin de examinar si no es una orden de carácter militar. Aprovecho la ocasión, compañeras y compañeros, para dar a conocer una situación bochornosa en relación con órdenes que otorgan otros gobiernos extranjeros.

El día de ayer, en la ciudad de Guatemala, el gobierno de la República de Guatemala otorgó la orden Quetzal, en grado Cruz --que es la máxima condecoración que otorga el gobierno de Guatemala--, al ciudadano Porfirio Muñoz Ledo, por haber contribuido a fortalecer las relaciones de amistad entre México y Guatemala. Fue otorgada por el canciller de Guatemala, Gert Rosenthal, que es un distinguido académico; él fue secretario ejecutivo de la CEPAL. Tuve oportunidad de acompañarlo el día de ayer en la Cancillería de Guatemala; una ceremonia muy bonita. Se reunieron cerca de 100 académicos, dirigentes de partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha y la única ausencia en esta ceremonia fue la de la embajadora de México en Guatemala, la embajadora Rosalba Ojeda.

Ésta es una señal muy mala, porque o bien solicitó autorización de la Cancillería mexicana para no ir, porque se trataba de un dirigente de un partido opositor; o bien, actuó por cuenta propia, pero el resultado es el mismo. Estamos retrocediendo en que nuestras embajadas se convierten no en instituciones representativas de la nación y del Estado mexicano, sino en embajadas de partidos políticos.

En la época del salinismo también hubo una guerra contra los dirigentes del Frente Democrático Nacional, y me llama la atención la ausencia de esta embajadora, que cree que la Embajada de México en Guatemala es embajada del PAN y, por tanto, no puede asistir a una ceremonia que le otorga un gobierno amigo de México, como es el gobierno de Guatemala, a un destacado diplomático mexicano, que hoy es dirigente del Frente Amplio Progresista y, por tanto, lo consideran un dirigente de la oposición, el cual no merece la atención de la embajadora de México en Guatemala.

Creo, compañeras y compañeros, que es preciso denunciar este tipo de actitudes de la embajadora de México en Guatemala. Me he comunicado esta mañana con la señora secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para manifestarle esta preocupación nuestra. Me parece que no debemos aceptar que este clima de hostilidad y de confrontación se traslade a las embajadas de México en el exterior y se conviertan en reducto de partidos políticos.

Finalmente, quiero pedir, señor Presidente, que este proyecto de decreto, que se refiere al grado de comandante que otorga el gobierno libanés, se regrese a comisiones, a fin de hacer un estudio pormenorizado de esta orden que se otorga al señor Jorge Dipp y, a la vez, alertar a esta Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, sobre este tipo de conductas inadecuadas, que lastiman el prestigio de México en el exterior. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si la solicitud del diputado Sandoval para devolver este proyecto de decreto del ciudadano Jorge Dipp Murad, cuya condecoración le ha sido otorgada por el gobierno del Líbano con esa denominación de la Orden del ``Cedro Nacional'', en grado de Comandante, es de devolverse a comisiones. Consulte en votación económica si se mantiene el proyecto o se devuelve a comisión.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se consulta a este Pleno sobre la propuesta de que se devuelva a comisiones el dictamen para que el ciudadano Jorge Dipp Murad pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del ``Cedro Nacional'', en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés. Quienes estén por la afirmativa --es decir, en el sentido de que se regrese-- sírvanse manifestarlo

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A favor, sería la propuesta del diputado Sandoval de que se devuelva a comisiones el dictamen que establece el permiso para usar la Condecoración que le otorga el gobierno libanés al ciudadano Jorge Dipp Murad, con esa denominación de la Orden del ``Cedro Nacional'', en grado de Comandante.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Quienes estén a favor de la propuesta hecha por el diputado Sandoval, sírvanse manifestarlo..

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se mantiene el dictamen en conjunto para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, una vez que ya ha sido discutido en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo, se reserva para su votación nominal el conjunto. Adelante, Secretario.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ferdusi Bastar Mérito, licenciado Emilio Zilli Debernardi y Alma Patricia Soria Ayuso para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, de Italia y del Ecuador, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso al ciudadano Ferdusi Bastar Mérito para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano licenciado Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar la condecoración Estrella de la Solidaridad Italiana, que le otorga el gobierno de dicho país.

Artículo Tercero.Se concede permiso a la ciudadana Alma Patricia Soria Ayuso para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 21 de noviembre de 2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Ciérrese el sistema de votación electrónica. Actívese el micrófono de la diputada Pinete Vargas.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas(desde la curul): Diputada María del Carmen Pinete Vargas, a favor.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Señor Presidente, se emitieron 384 votos en pro...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tomen la votación de los diputados que están pidiéndola. Sonido por favor.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:De viva voz:

El diputado Juan Adolfo Orci Martínez (desde la curul): Juan Adolfo Orci, a favor.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza(desde la curul): Víctor Lizárraga Peraza, a favor.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (desde la curul): Enrique Benítez, a favor.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (desde la curul): Alma Alcaraz, a favor.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul): Adrián Pedrozo, a favor.

El diputado José Ramón Félix Pacheco Llanes(desde la curul): Pacheco, a favor.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez(desde la curul): Héctor Padilla, a favor.

El diputado Víctor Samuel Palma César(desde la curul): Diputado Samuel Palma, aparezco en el tablero en contra, pero mi voto es a favor.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): Mi voto es a favor.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón(desde la curul): Rosario Ortiz, a favor.

El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera (desde la curul): Jorge Mario Lescieur Talavera, a favor.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Se emitieron 395 votos a favor; 2 en contra y 7 abstenciones. Hay mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 395 votos; pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal que en el Presupuesto de Egresos de 2007 considere recursos a fin de atender la problemática generada por el virus del papiloma humano, en el estado de Durango.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos para atender la problemática generada por el virus del papiloma humano en Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

El cáncer cérvico-uterino representa en la actualidad un importante problema de salud en el mundo y en nuestro país; alcanza aproximadamente 35 por ciento de todos los tipos de cáncer en la mujer.

Existen evidencias en diversas investigaciones de una relación causa-efecto entre la infección por el virus de papiloma humano (VPH) y el carcinoma cérvico-uterino; se confirma que la detección temprana de las lesiones precursoras de este tipo de cáncer y su tratamiento adecuado previenen hasta en 100 por ciento el desarrollo del carcinoma invasor.

Se ha detectado que entre 65 y 88 por ciento de las mujeres con condiloma o frotis cervicales anormales han sido contagiadas por sus compañeros sexuales varones; queda fehacientemente demostrado que son ellos los agentes promotores importantes en la diseminación y transmisión de esta grave infección generadora de lesiones premalignas y malignas en genitales femeninos, con mayor frecuencia en mujeres jóvenes.

El diagnóstico y seguimiento completo de una lesión detectada citológicamente requiere fundamentalmente de la identificación del genotipo del VPH responsable, con la finalidad, entre otros importantes aspectos, de determinar la probabilidad de la malignización de dicha lesión y de establecer el marco de referencia para su prevención mediante vacunas.

Para estar en condiciones de otorgar un importante impulso a las acciones preventivas de la enfermedad resulta también indispensable la detección, estudio y tratamiento de los varones que sean pareja de mujeres con alteraciones citológicas sugestivas de lesiones prenoplásticas y neoplásticas del cervix uterino.

De los más de 100 tipos de virus según la secuencia de su genoma, 45 se encontraron infectando el tracto genital, mientras los 14 de alto y mediano riesgo son capaces de producir lesiones neoplásticas intraepiteliales cervicales (NIC) potencialmente invasoras.

Consideraciones

Que el cáncer cérvico-uterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas entre la población femenina del país, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad.

Que el mayor peligro de esta enfermedad radica en que tanto las mujeres como los hombres son portadores del VPH, y que su contagio se da por la relación sexual.

Que actualmente se considera que más de 70 por ciento de las mujeres se infectan con el VPH cuando menos una vez en su vida, aunque muchas de esas infecciones sean eliminadas en el corto plazo.

Que en México existen a la fecha aproximadamente 25 millones de mujeres infectadas por el VPH, pero que el perfil epidemiológico nos muestra un incremento en la incidencia de la enfermedad; se ha llegado a considerar por los especialistas como un grave problema de salud pública.

Que en el estado de Durango el número de estudios para la detección y genotipificación del VPH entre la población femenina es muy limitado, y actualmente no hay ninguno que incluya la realización de estos estudios en el género masculino; incluso en el ámbito nacional existen pocas investigaciones al respecto.

Que con el firme propósito de mejorar la salud de la población, los servicios de salud de Durango, en coordinación con el Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez de esa entidad, han desarrollado todo un proyecto integral para la realización de dicho estudio entre hombres y mujeres de los 39 municipios del estado.

Que entre los importantes resultados que se esperan alcanzar con estas investigaciones destacan la generación de nuevos conocimientos sobre los genotipos que provocan dicha enfermedad, establecer las bases para incidir de manera positiva en las campañas de vacunación preventiva específica en función de los genotipos prevalentes y concientizar a la población sobre sus riesgos y complicaciones.

Que mediante la adecuada selección de la población genotípicamente en alto riesgo se podrán disminuir sustantivamente los costos en cuanto al número de colposcopías y biopsias que se realizan en clínicas especializadas, así como lo que se refiere con posterioridad a cirugías, tratamientos farmacológicos, quimioterapias y radioterapias. A la población identificada como de bajo riesgo se le brindará un seguimiento citológico cada seis meses por un periodo de dos años, con el que se espera que más de 90 por ciento de las lesiones desaparezcan.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta honorable asamblea como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que el Ejecutivo federal considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el renglón de presupuesto federalizado para el estado de Durango, un monto de 2 millones 420 mil 454 pesos para realizar y difundir un estudio de diagnóstico sobre la detección y genotipificación del virus del papiloma humano en hombres y mujeres de toda la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2006.--- Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISION INTERSECRETARIAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente que incluya la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a incluir la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Patricia Chozas y Chozas, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Doce años han pasado desde que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor. El preámbulo de la Convención afirma que ``las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera integrada con el desarrollo social y económico, con miras a evitar efectos adversos sobre este último, teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas de los países en desarrollo para el logro de un crecimiento económico sostenido y la erradicación de la pobreza''.1

Desde entonces los Estados parte de la convención marco asumieron el compromiso de adoptar, con base en sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, una serie de medidas para contribuir a la lucha global de reducción de emisiones de los gases de efecto de invernadero e instrumentar una serie de políticas para mitigar los efectos del cambio climático.

El artículo 4.1 enlista las obligaciones a los Estados parte. Entre éstas se encuentran elaborar inventarios de emisiones por fuente de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal y la absorción por sumideros; la elaboración de planes nacionales para hacer frente a los efectos del cambio climático, incluidas las medidas de mitigación; la promoción de la cooperación internacional en la transferencia de tecnología, prácticas y procesos que contribuyan a reducir las emisiones; la conservación y reforzamiento de los sumideros; los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; la cooperación internacional en la transferencia de información.

En abril de 1997 nuestro país, como Estado parte de la convención marco, llevó a cabo una de las primeras acciones para cumplir con los compromisos antes enunciados: la creación del Comité Intersecretarial para el Cambio Climático. Éste coordinó las estrategias sectoriales, nacionales, la posición internacional y atendió las implicaciones directas e indirectas en la materia.2 Las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales fueron las encargadas de organizar sus actividades.3

La Estrategia Nacional de Acción Climática contemplaba la formal institucionalización del comité mediante la creación de una comisión que, a través de la participación efectiva de todas las autoridades federales competentes garantizaría un enfoque integral del tema. Más aún, la estrategia previó que dicha comisión se constituyera como ``...mecanismo estable y permanente de coordinación interinstitucional, instrumentación, seguimiento y evaluación... para las consultas internas y acuerdos que definan la posición de México ante la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros foros donde se aborde el tema.''4

No fue sino hasta abril de 2005 que, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que tiene por objeto ``coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de políticas nacionales para la prevención y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la convención marco en la materia y los demás instrumentos derivados de la misma.''5

Las dependencias de la administración pública federal que forman parte de esta comisión son, en su mayoría, las mismas que integraron el comité y, si bien es cierto que a la fecha el trabajo que el comité y ahora la comisión lleva a cabo ha sido positivo, nos percatamos de una gran ausencia: la Secretaría de Salud. Esta apreciación tiene una base legal y teórica que a continuación se explica.

Por lo que se refiere al aspecto legal, el artículo 4.1 f) de la convención marco establece como obligación de los Estados parte ``tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados.... con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él''. De ello se infiere que el sector salud es uno de los sectores que tienen que ser convocados a participar en la definición e implantación de la política nacional sobre cambio climático.

De igual forma, el segundo párrafo del artículo segundo del acuerdo de creación de la comisión dispone que ``la Comisión podrá invitar a otras dependencias y entidades gubernamentales a participar de manera permanente o temporal en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con su ámbito de competencia u objeto.''6 En ese sentido, nada impide a la comisión evaluar la conveniencia de que la Secretaría de Salud participe en los trabajos del mismo.

En cuanto al sustento teórico, es pertinente señalar que, si bien es cierto que en cuestiones de cambio climático se ha avanzado mucho más en el aspecto científico, en la actualidad el impacto de esta amenaza se deja sentir con mayor intensidad en prácticamente todos los países. En ese sentido, las políticas de adaptación y mitigación cobran cada día mayor relevancia. Por ello, no es casualidad que Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático haya decidido incorporar, como parte del tercer informe de evaluación, un capítulo que se aboca a las cuestiones de salud humana y su relación con el cambio climático.

El informe señala que la influencia negativa de fenómenos meteorológicos en la salud humana es mayor ``particularmente en relación con periodos de tensión térmica, de la modulación de los impactos de la contaminación atmosférica, los impactos de tormentas e inundaciones y el influjo de la variabilidad climática estacional e interanual en enfermedades infecciosas.''7

También reconoce que las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como el paludismo y la malaria, aumentarán considerablemente no sólo en las zonas donde actualmente existen, sino en otras más. Esto nos debe alertar pues en la actualidad ya amenazan al 40 por ciento y 50 por ciento de la población mundial, respectivamente.

De igual forma, el informe llama la atención respecto del considerable aumento de las olas de calor, como la que hace unos meses se padeció no sólo en el norte del país sino también en diversas naciones Europeas, donde los termómetros registraron temperaturas record, además de presentarse los casos de decenas de muertes y episodios de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica.

Otro aspecto que señala este informe y que sin duda alguna debe ser tomado en cuenta seriamente, porque ya hemos padecido sus efectos es el del impacto de las tormentas tropicales y huracanes en la salud humana, ``es obvio y conocido por la experiencia que cualquier aumento de las inundaciones llevará consigo un aumento del riesgo de ahogados, diarreas y enfermedades respiratorias, y en los países en desarrollo también hambre y desnutrición. Si aumentaran los ciclones regionalmente, ocurrirían frecuentemente impactos devastadores, particularmente en poblaciones de asentamientos muy densos con recursos inadecuados.''8

En nuestro país no se ha llevado a cabo un extenso estudio de los impactos del cambio climático en la salud humana, aún cuando, como ya hemos visto, es necesario. Las consecuencias en países como México, altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, instan a incluir en el diseño y aplicación de la política nacional en la materia al sector salud. En ese sentido, es claro que la ausencia de la Secretaría de Salud en el seno de la comisión intersecretarial debilita profundamente sus alcances.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que evalúe la conveniencia de invitar a participar a la Secretaría de Salud como miembro permanente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; y a informar a esta soberanía el resultado de dicha evaluación.

Notas:

1 Párrafo operativo 21 del preámbulo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En: http://unfccc.int/ resource/docs/convkp/convsp.pdf

2 Instituto Nacional de Ecología. 2000. Protegiendo al ambiente: políticas y gestión institucional.En: www.ine.gob.mx.

3 También forman parte del comité las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Social; de Economía, y de Energía.

4 Instituto Nacional de Ecología. 2000. Estrategia nacional de acción climática. México, página 157.

5 Semarnat. Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación, 25 de abril, 2005, página 34.

6 Ibídem.

7 PNUMA-OMM. 2001. Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. 2001. Tercer informe de evaluación. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables en políticas y resumen técnico. Cambridge University Press, Reino Unido, página 13

8 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputada Patricia Chozas y Chozas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PRECIOS DE GASOLINA Y DIESEL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del grupo parlamentario del PRI punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Hacienda que informe sobre el incremento del precio de la gasolina y el diesel.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe a esta soberanía respecto al aumento del precio de la gasolina y del diesel, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

El 16 de noviembre de 2006 entró en vigor la decisión de la SHCP de aumentar el precio de la gasolina Premium y el diesel de bajo azufre, que según algunas estimaciones subieron por arriba de 4 y 3 por ciento, respectivamente.

Se argumentó que dicho aumento está justificado con el fin de contrarrestar los costos que se han generado por las importaciones de los combustibles, así como para reducir las distorsiones generadas en el mercado interno con los precios controlados ante los incrementos del precio del petróleo.

No obstante, esta medida impactará en la economía de muchos mexicanos. Además, son lamentables las declaraciones del vocero de la Presidencia de la República para justificar dicho aumento.

Por ello, creemos oportuno que la Cámara de Diputados sea informada de manera puntual y exhaustiva de las causas y motivos en que se sustenta, y de inmediato se proceda a la reversión de dicha decisión.

Por lo anterior, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe a esta Cámara del aumento al precio de la gasolina Premium y al diesel, así como para que se tomen las medidas conducentes para que dicho aumento no tenga impactos económicos negativos en la sociedad mexicana.

Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Daniel Amador Gaxiola (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO HIDROELECTRICO LA YESCA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo en relación con el proyecto hidroeléctrico La Yesca.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, respecto al proyecto hidroeléctrico La Yesca, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del PVEM

José Antonio Arévalo González, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión correspondiente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestro país el derecho a desarrollarse en un ambiente sano esta consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. De igual forma, la conservación de las especies en peligro de extinción está prevista por la Ley General de Vida Silvestre y la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

México participa activamente desde 1991, en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), concretado en la NOM 59-SEMARNAT-2001, ``Protección Ambiental -- especies nativas de México de Flora y Fauna -- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio -- lista de especies en riesgo), aunado a la existencia de acuerdos internacionales para la protección de estas especies y de sus hábitat.

Dentro de ellas encontramos al ocelote, incluido como especie en categoría de peligro de extinción y al Jagurundi en categoría de especie amenazada. Especies a las cuales el gobierno mexicano, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad y contraviniendo los tratados internacionales signados, la LGEEPA, la Ley General de Vida Silvestre y las normas oficiales mexicanas, que protegen a éstas y otras especies, exponen y aumentan el riesgo que enfrentan, al dejar de lado el aspecto de protección ambiental y sin escuchar las opiniones de los expertos en conservación que debieran ser consideradas en las manifestaciones de impacto ambiental.

Un ejemplo de ello es la consulta pública realizada para la implementación del proyecto conocido como ``La Yesca'', en el estado de Jalisco que abarcará cuatro mil hectáreas de los estados de Jalisco y Nayarit.

En la reunión pública de información del ``Proyecto hidrológico La Yesca'', promovido por la Comisión Federal de Electricidad, con presencia de autoridades de Semarnat, delegaciones federales y de los gobiernos de Jalisco y Nayarit, los representantes del Área Ambiental y de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, expusieron los beneficios del proyecto, pero minimizando los daños ambientales que generaría, a pesar de haberse hecho público el daño que provocarán las presas del río Santiago, como es la destrucción de ecosistemas.

Ante la falta de interés por parte del gobierno federal por conservar nuestro recursos y nuestras especies, es necesario que la Procuraduría General de Protección al Ambiente verifique y haga una verdadera evaluación del impacto ambiental que este proyecto hidroeléctrico generará.

Al respecto cabe recordar, que en el Congreso de Ciencia Ambientales, el titular de Semarnat dijo que el proyecto no comenzará hasta que se tengan los permisos ambientales, se modifique el uso del suelo y se conozca la información referente a la consulta pública a realizarse entre los pobladores. Comentando que el Presidente de la República estaba enterado de que la Semarnat aún no autorizaba el inicio de los trabajos por no haber cubierto todos los requisitos, en especial el estudio de impacto ambiental.

Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, a nombre de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar y evaluar el impacto ambiental generado por las obras del ``Proyecto hidrológico La Yesca'', promovido por la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no autorizar el ``Proyecto hidrológico La Yesca'', hasta que sea finalizado el estudio de impacto ambiental y se hayan realizado los foros de consulta con los pobladores afectados.

``2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado José Antonio Arévalo González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CONVENCION SOBRE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL PERSONAL ASOCIADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo sobre la Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, respecto a la Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado, y a su Protocolo Facultativo, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del PVEM

Érika Larregui Nagel integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo, en base a los siguientes:

Antecedentes

Miles de militares y civiles al servicio de la Organización de las Naciones Unidas han perdido la vida desde que ésta fue creada. No obstante, fue a partir de los años noventa que aumentaron los ataques contra dichos trabajadores, pues constantemente son tomados como rehenes; son detenidos extrajudicialmente; o simplemente han desaparecido. Se tenía la creencia general de que actuar o trabajar bajo la bandera de las Naciones Unidas proporcionaba a su personal seguridad de tránsito y una garantía no escrita de protección, pero por increíble que parezca, los perpetradores de tales barbaridades generalmente no pagan por sus crímenes.

Para subsanar lo anterior, el Consejo de Seguridad emitió el 31 de mayo de 1993 una declaración en la que exigía a los Estados miembro de la ONU que sin demora, reaccionasen para enjuiciar y condenar a los autores de este tipo de atrocidades y que no se aplazara más el resguardo del personal humanitario alrededor del mundo. De esta exigencia surgió el 9 de diciembre de 1994 la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. En menos de nueve meses se elaboró el nuevo instrumento internacional, que entró en vigor el 15 de enero de 1999. Hoy cuenta con más de 70 Estados Parte, pero cabe señalar que nuestro país no lo es aún.

La Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado se encuentra inscrita en el considerable aumento del número y la envergadura de las operaciones para el mantenimiento y de imposición de la paz. Hace hincapié en la insuficiencia de las medidas existentes, así como en la urgente necesidad de adoptar medidas complementarias, apropiadas y eficaces.

Para la Convención el personal son ``las personas contratadas o desplegadas por el secretario general de las Naciones Unidas como miembros de los componentes militares, de policía o civiles de una operación de las Naciones Unidas; ii) otros funcionarios y expertos en misión de las Naciones Unidas o sus organismos especializados o el Organismo Internacional de Energía Atómica que se encuentren presentes, con carácter oficial, en una zona donde se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas; b) por personal asociado se entenderá: i) las personas asignadas por un gobierno o por una organización intergubernamental con el acuerdo del órgano competente de las Naciones Unidas; ii) las personas contratadas por el secretario general de las Naciones Unidas, por un organismo especializado o por el Organismo Internacional de Energía Atómica; iii) las personas desplegadas por un organismo u organización no gubernamental de carácter humanitario en virtud de un acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, con un organismo especializado o con el Organismo Internacional de Energía Atómica; para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las Naciones Unidas.

El artículo tercero introduce el principio de identificación, mediante un distintivo, del personal, del material y de los medios de transporte que participen en operaciones de las Naciones Unidas. El artículo 6 somete al personal de las Naciones Unidas y personal asociado a la obligación de respetar las leyes y los reglamentos de los Estados receptores y de los Estados de tránsito, sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de que gocen.

El artículo 9 enumera los actos considerados como infracciones en particular homicidio o secuestro de personal. Prohíbe la comisión de esos delitos, y las tentativas de cometerlos, así como la participación en ellos como cómplice. Esos delitos deben ser considerados como tales por cada Estado Parte con arreglo a su legislación nacional.

Si bien, sabemos que la Convención observa ciertas ambigüedades con respecto a su ámbito de aplicación; el texto fue aprobado sin votación, constituyendo uno de los logros más importantes del cuadragésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General. De esta manera, no se trata de cuestionar los objetivos de la convención, pues de manera lamentable se ha demostrado la necesidad de proteger al personal contratado por la organización.

El 19 de agosto de 2003 se perpetró aquel ominoso ataque contra la sede de la ONU en Bagdad, donde 23 personas perdieron la vida y otras 100 resultaron heridas. Este hecho motivó a nuestro país a presentar un proyecto de resolución, cuando ocupó un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Dicho texto registrado como Resolución 1502 sobre ``la protección del personal humanitario, personal de las Naciones Unidas y personal asociado, en conflictos armados'', fue aprobado por unanimidad.

De esta manera y por primera vez el Consejo de Seguridad adoptó la resolución arriba mencionada que enfatiza que los ataques intencionales a estos trabajadores constituyen crímenes de guerra, y recuerda a los Estados la necesidad de poner fin a la impunidad imperante. Este documento jurídicamente vinculante pide al secretario general entre otras cosas, que se vele por que se incluyan disposiciones fundamentales de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.

Cabe destacar que en respuesta al aumento en el número de víctimas y a los numerosos factores en particular el hecho de que la ONU tiene que intervenir, cada vez con mayor frecuencia en conflictos internos o en contextos en los que ha desaparecido toda autoridad, conllevó a que la Asamblea General aprobara el 8 de diciembre de 2005 un Protocolo Facultativo a la Convención. Buscando ampliar el alcance de la protección jurídica de las Naciones Unidas al personal asociado. Éste es un complemento y se considera e interpreta como si fueran un solo instrumento. Cabe destacar que el protocolo estará abierto a firma después del 16 de enero de 2007 y los Estados que no hayan ratificado la convención podrán hacerlo de manera conjunta.

Así pues, la Convención de 1994, la Resolución 1502 del Consejo de Seguridad, y el Protocolo Facultativo son ejemplos claros de que la colaboración interestatal puede lograr beneficios certeros para la humanidad, pues se abocan a la protección de los hombres y mujeres que conforman el servicio civil internacional, trátese de los cascos azules, de las tropas de mantenimiento de la paz, de los trabajadores de las agencias humanitarias o misioneros de diversa índole que laboran para la Organización de las Naciones Unidas.

Nuestro país tuvo un destacado papel en el proceso de conformación de la Convención, a iniciativa de México se presentó la Resolución 1502 cuando ocupamos un asiento como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. No obstante, cabe hacer notar que no somos Estado Parte de la Convención de 1994, por tal razón solicitamos atentamente que dicho instrumento internacional sea enviado al Senado de la República para su pronta ratificación y que en su momento el Protocolo Facultativo también sea remitido. No resulta congruente que hayamos sido los promotores de un documento tan atinado como la Resolución 1502 sin ser parte de la Convención que ésta defiende y promueve.

Por tal motivo y en aras de subsanar dicha incongruencia propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe lo antes posible al Senado de la República la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado para su pronta ratificación y en su momento, remita para los mismos fines su Protocolo Facultativo.

``2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputada Érika Larregui Nagel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ARBOLES DE NAVIDAD NATURALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde, punto de acuerdo en relación con la importación de árboles de navidad naturales.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, sobre la importación de árboles navideños naturales, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM

Apenas hace algunas semanas nos enteramos de que habían entrado a nuestro país, procedentes de Estados Unidos, diversos productos vegetales --espinacas, lechugas y jugo de zanahoria-- contaminados por diversos agentes patógenos. En ninguno de los casos los productos agrícolas cumplían con las normas de seguridad sanitaria, con lo que se evidenció la falta de mecanismos de vigilancia y prevención en México. Es muy lamentable, que en nuestro país no se impongan ni hagan valer las mismas exigencias que se solicitan a nuestras mercancías en el extranjero.

Efectivamente, es una lamentable realidad en nuestro país que miles de productos importados no cumplen con las normas de seguridad fitozoosanitarias necesarias. Aún con la escasa capacidad de vigilancia y la corrupción existente en nuestras fronteras, en lo que va del año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha rechazado 26 mil 818 embarques de mercancías de importación porque no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad; lamentablemente, la sociedad no se entera de los riesgos que implican estos productos, hasta que los medios de comunicación informan al respecto. De igual forma, la cifra anterior, aunque parezca considerable, no lo es si consideramos la enorme cantidad de transacciones y operaciones de importación de productos agropecuarios que entran al país cada temporada.

En estos días están por empezar las fiestas decembrinas y muchas familias de nuestro país optan por adquirir árboles de navidad naturales. En este contexto, preocupa mucho que haya reportes que indican que algunos de los árboles importados de Estados Unidos tienen plagas o enfermedades que pueden poner en jaque a los de procedencia nacional e incluso a aquellos que crecen en sus zonas naturales, sin estar dedicados a la explotación comercial.

Al efecto, se ha informado oficialmente que la Profepa ha instrumentado programas de vigilancia en la frontera con Estados Unidos, considerando que la introducción de especies de pinos navideños se lleva a cabo prioritariamente durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. México es el principal país importador de árboles navideños producidos en Estados Unidos.

Esta Institución informó que al inicio de este mes se detuvo un cargamento de dos mil árboles de navidad procedentes de Óregon, Estados Unidos, en el punto fronterizo de Colombia, Nuevo León. Estos árboles fueron devueltos a su lugar de origen después de constatar que el embarque no cumplía los requerimientos. Los árboles presentaban larvas vivas del tipo Cylindrocopturus furnissi, según las muestras enviadas al Centro Nacional de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal: plaga de importancia cuarentenaria. Los árboles eran de la especie douglas fir.

El ingreso de árboles de navidad a nuestro país está regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2004, que establece los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los árboles naturales de las diversas especies como pino, oyamel y abeto. Esta norma es de cumplimiento obligatorio para las personas físicas o morales que se dedican a su importación con fines comerciales y no comerciales. Los árboles importados deben ingresar a México sin raíz ni tierra, así como libres de pintura en el follaje; no presentar plagas y enfermedades, estar sanos y sin ramas, ramillas o brotes muertos.

Los interesados deben presentar certificado fitosanitario expedido por las autoridades oficiales de Agricultura del país exportador, en donde se certifique que está libre de plagas. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha reconocido que a pesar del fuerte control fitosanitario para la importación de árboles navideños, existe la posibilidad que ingresen plagas por esa vía.

La mayoría de los árboles importados vendrán de Óregon, Washington, Michigan y Carolina del Norte. El valor de las exportaciones a México podrían alcanzar este año los 18 millones de dólares si se toma como promedio un precio de venta al mayoreo de 12 dólares por árbol (el precio es variable y, dependiendo del tamaño y la calidad del árbol, éste puede ser desde ocho dólares hasta 18 dólares o más, pero el promedio es de 10 a 12 dólares). Nuestro país importa casi exclusivamente árboles de la variedad douglas, de mayor duración en los climas templados del sur de la frontera y de un precio menor al de las variedades noble o fraser.

Un 23 por ciento del total de la producción de Óregon de árboles navideños douglas se exportó a México el año pasado. Los productores norteamericanos esperan que la tendencia a adquirir árboles douglas conduzca a la exportación de otros de más alto precio. Nos mantenemos como el principal país importador de árboles navideños producidos en Estados Unidos; además, esta tendencia se ha incrementado en 5 por ciento en los últimos dos años.

En noviembre del 2006, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente instrumentó un programa para vigilar que no se internen árboles de navidad contaminados, desplegando 450 inspectores en los puntos de internación del país. Lamentablemente, es claro que las medidas de importación muchas veces son violadas, quedando la duda sobre si serán suficientes esos delegados para inhibir la introducción ilegal. La vigilancia se está efectuando en las principales carreteras del país, así como en los sitios de venta, con el objetivo de reducir al máximo los riesgos de introducción y diseminación de plagas forestales. Se espera la importación de un millón 200 mil árboles procedentes principalmente de Estados Unidos y Canadá.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) trata de apoyar el desarrollo de plantaciones forestales de árboles de navidad en el país con recursos en efectivo que se otorgan a los silvicultores; lamentablemente nunca se podrán comparar con los que llegan a los productores norteamericanos por parte de su gobierno. En este contexto, resultaría fundamental que se inicien campañas de difusión masiva, exhortando la compra de arbolitos nacionales, ya que con esto se beneficiaría a los campesinos mexicanos y al medio ambiente mexicano.

Los arbolitos de navidad tienen un simbolismo muy especial para las familias mexicanas. La vigilancia para que no entren contaminados, además de ser una prioridad ambiental y de seguridad fitozoosanitaria, debe ser asumirse como un compromiso social.

Cada año la demanda de árboles de navidad naturales es de aproximadamente dos millones de unidades, por lo que los productores nacionales pretenden acaparar el mercado interno a corto plazo, ya que actualmente más de la mitad de esta cifra es abastecida con árboles importados. La competencia es muy fuerte, en términos masivos, porque las grandes tiendas comerciales colocan en exhibición un mayor número de los importados, debido a que son más baratos. Un precio más bajo no considera que muchas veces esos árboles, estuvieron refrigerados por casi un mes y cuando lo exponen a la venta ya es un árbol en vías de secarse rápidamente.

Esto se asocia con la idea de que sólo durarán un mes los festejos y después podrán desecharse, sin la más mínima conciencia ecológica. Para que un árbol pueda ser comercializado es necesario cultivarlo durante un periodo de 8 años, y en esta temporada navideña se pondrán a la venta 800 mil árboles nacionales, con una derrama económica de 800 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de diez por ciento en la producción respecto a la registrada el año pasado. Los árboles que están listos para cosecharse fueron cuidadosamente cultivados por plantadores de Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz, observando importantes cuidados para que alcanzaran las dimensiones y la forma típicamente cónica que los caracteriza. Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener estas plantaciones comerciales de árboles de navidad y sería muy negativo que se vieran afectadas por enfermedades de origen extranjero.

Además de fomentar la cultura por la forestación en el cultivo de árboles de navidad, se debería propiciar el respeto a las áreas donde se cultivan y pueden ser explotados de manera sustentable, sobre todo considerando que los pinos navideños ya no proceden de los bosques naturales, sino de plantaciones y viveros especializados. La población no debe de adquirir cualquier árbol cortado sin que tenga el sello correspondiente, que garantice que cumple con la normatividad otorgada por la Conafor. Asistir a los viveros forma parte de una nueva cultura ecologista con un alto sentido de integración familiar. Aunque siempre sería más importante que la población en general adquiriera árboles con raíz, de procedencia eminentemente nacional, para que puedan conservarse con vida y ser replantados. No olvidemos que en los últimos 30 años México ha perdido una superficie forestal equivalente a los estados de Campeche y Guanajuato; las causas: tala clandestina, incendios y, por supuesto, las plagas. De no tomar las medidas necesarias, dentro de poco, estaremos sin bosques ni selvas.

En el 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación manifestó su preocupación porque diariamente son destruidos y saqueados nuestros recursos forestales. Informó que en México se pierden diariamente 631 mil hectáreas de bosques y selvas. Greenpeace sostiene que esto significa perder la superficie de dos canchas de futbol cada minuto. La situación es alarmante, porque no hay ninguna política de reforestación que pueda hacer frente a este desastre. Por cada metro cúbico de árboles que se plantan, se talan cinco, es decir, hay una diferencia de cuatro. La Semarnat advirtió en un reporte del año 2001 que si las tasas de deforestación persisten los bosques mexicanos dejarán de existir en 127 años y las selvas en 58. Según otros analistas, esas perspectivas son optimistas, ya que de acuerdo con sus cálculos, el daño será mayor en un plazo más corto.

Las plantaciones forestales dedicadas a la producción de árboles de navidad, son negocios ambientalmente sustentables y financieramente rentables, puesto que, además de permitir la reincorporación del suelo al uso forestal, mejoran el suelo, capturan carbono y permiten la recarga de mantos acuíferos.

De acuerdo con Tendencias económicas y financieras, la producción de árboles de navidad también contribuye a la reactividad económica de las áreas rurales donde se establece, gracias a los empleos directos e indirectos que genera dicha actividad. ``Se estima que este tipo de plantaciones, que actualmente cubre cerca de mil 200 hectáreas, proporcionan 15 por ciento de los más de 10 mil empleos que generan las plantaciones forestales en México''.

Por tal motivo, es fundamental que las autoridades ambientales federales sancionen a quienes contravengan la ley y permitan la entrada de pinos contaminados con plagas o enfermedades. Las autoridades no deben minimizar el problema, porque bajo esa concepción han entrado plagas como el tizón suizo, la palomilla gitana, el escarabajo barrenador, el barrenador europeo y la roya, que pueden dañar a la vegetación que se encuentra a su alrededor. Distintos expertos han exigido que haya una mayor vigilancia sobre los árboles importados, porque los efectos serían devastadores por el impacto de una plaga, que podría exterminar por lo menos la mitad de nuestros bosques.

Algunos ilustran este riesgo con la experiencia sufrida hace algunos años en el Ajusco, donde una extraña enfermedad acabó con 10 mil pinos. La zona afectada fue de 20 hectáreas de árboles, algo desastroso para un productor mexicano, pues la producción de estos árboles requiere muchos años de espera.

Para no importar tantos árboles navideños, México debería tener autosuficiencia en esas especies, ya que actualmente se produce en el país cerca de la tercera parte de los que se demandan. Debe considerarse como un negocio, porque las ganancias son muy atractivas, pueden superar los 500 mil pesos por hectárea. Lamentablemente, todavía no estamos en capacidad de ofrecer una competencia con nuestros vecinos países del norte; aún así, el gobierno federal debe instrumentar todas las medidas que estén a su alcance para evitar la contaminación de nuestros bosques.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos, la suscrita, diputada Sara I. Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar esfuerzos en la vigilancia para prevenir y evitar la entrada al país de árboles naturales de navidad procedentes, principalmente, de Estados Unidos y Canadá que no cumplan con la normatividad nacional en materia de sanidad forestal y agropecuaria.

Segundo: Se solicita a la Semarnat que realice una amplia campaña de difusión, exaltando las virtudes ambientales, sociales y económicas de los árboles de navidad mexicanos, con el objetivo de apoyar a los productores.

Tercero: La Semarnat y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán iniciar acercamientos con los grupos económicos y empresas sociales o comunitarias que estén interesados en invertir en plantaciones de árboles de navidad, con el propósito de establecer programas de fomento y desarrollo para incrementar la productividad nacional y depender menos de las importaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica p.a.).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde, punto de acuerdo relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca en el estado de Nuevo León.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México, en virtud de su riqueza biológica, ha sido considerado uno de los 17 países poseedores de la mayor diversidad biológica; como tal, se encuentra obligado a preservar y conservar su riqueza natural, partiendo de la base de que en gran medida ésta forma el patrimonio y la herencia cultural que nos constituye como nación.

Así, para estar en posibilidades de salvaguardarla, en materia ambiental se han diseñado instrumentos de política cuya finalidad es su cuidado y conservación.

Específicamente, en nuestro marco jurídico contamos con las áreas naturales protegidas como mecanismo de protección de la diversidad biológica, cuya finalidad es la preservación de espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, ``constituyéndose como porciones del planeta, terrestres o acuáticas donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectado y que están sujetas a regímenes especiales de protección''.1

Dichas áreas, para su gestión y administración, han sido divididas en categorías de manejo atendiendo a la zona y a las características particulares de las especies de flora y fauna por proteger.

Una categoría es la de parques nacionales, los cuales constituyen ``uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general''. Cabe señalar que en ellos solamente se permite la realización de ``actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos''.2

Una de estas áreas naturales protegidas es el parque nacional Cumbres de Monterrey, que abarca una superficie de 177 mil 395.95 hectáreas y se localiza en la zona oeste-centro de Nuevo León, en colindancia con Coahuila, en la Sierra Madre Oriental.

Dicho parque posee una riqueza natural invaluable, ya que la biodiversidad existente abarca desde zonas áridas con especies propias de las regiones desérticas, pasando por matorrales con diversos tipos de vegetación y asociaciones, hasta bosques, principalmente de pinos y encinos en las partes más altas, así como pastizales, y diversas composiciones florísticas a lo largo de los ríos y las cañadas.

Más aún, su existencia y cuidado se justifican y adquieren mayor relevancia si se considera que dicha área posee gran diversidad de especies de flora y fauna silvestres, entre las que se encuentran, por un lado, las comunidades vegetales de mayor valor ecológico en Nuevo León, como el bosque de coníferas y latifoliadas, chaparrales, matorral desértico rosetófilo, matorral submontano y bosque de galería; y, por el otro, especies de fauna silvestre como el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris y la liebre.

Esas especies suman mil 368, de las cuales 73 se consideran en extinción, amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial.3

No obstante lo anterior, dicha área natural protegida se encuentra amenazada ante la entrada en vigor del Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca 2006-2020, para el municipio de Santa Catarina, que prevé la construcción de una zona de desarrollo que abarca un polígono de 2 mil 481.20 hectáreas, el Cañón de Ballesteros, con un polígono adyacente complementario de mil 846.49 hectáreas, localizado en el Cañón de la Huasteca.

Con la entrada en vigor de dicho plan se afectarían ambos polígonos, específicamente el primero a que se hizo alusión, en una superficie de 2 mil 394 hectáreas, la cual formaba parte del parque nacional Cumbres de Monterrey, según el decreto original del área natural protegida, de fecha 9 de noviembre de 2000, que fue modificado para ya no formar parte del parque, en virtud del amparo promovido por el propietario del predio, quien argumentó que dicha superficie podía ser susceptible de urbanización y desarrollo; el que le fue otorgado a través del juicio de garantías número 1545/2000.4

Respecto al segundo polígono, el desarrollo del plan afectará una superficie de mil 846.49 hectáreas del Cañón de la Huasteca, que sigue formando parte del parque nacional Cumbres de Monterrey.

Ante esa circunstancia, se solicitó a la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León una opinión técnica y jurídica del asunto, dadas las implicaciones negativas que sobre el ambiente tendría el desarrollo de dicha obra, a lo que la agencia en comento respondió, entre otras cosas, que resulta necesario que se sujete a la georreferenciación de los polígonos de propiedad, que se presenten junto con la solicitud de proyecto urbanístico estudios en materia de impacto ambiental, vial, hidrológico, geológico, edafológico y de mecánica de suelos.

En virtud de lo anterior, dicho plan no puede considerarse sustentable desde ninguna óptica, al afectar el área que constituye Nuevo León como un baluarte nacional por la riqueza biológica que alberga.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México afirmamos que el Plan de Desarrollo Sustentable de la Huasteca en el Municipio de Santa Catarina no debe aprobarse en los términos actualmente previstos, dadas las implicaciones negativas que tendrá sobre el parque nacional Cumbres de Monterrey, específicamente sobre las especies de flora y fauna que alberga, poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema.

Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, en nombre de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que solicite a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León los estudios que justifiquen y, en su caso, avalen el desarrollo del Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca en el Municipio de Santa Catarina.

Segundo. Se exhorta a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León a que de manera inmediata solicite al municipio de Santa Catarina los estudios que justifiquen y, en su caso, avalen el Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca en dicho municipio, junto con el programa de protección ecológica respectivo.

Tercero. Se solicita a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales que suspenda el Plan de Desarrollo Sustentable de la Huasteca en tanto no se satisfagan los requisitos legales para su entrada en vigor y no se cuente con los estudios a que hace referencia el segundo resolutivo de la presente proposición.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León, con pleno respeto a la división de poderes, consagrado en el artículo 124 constitucional, a que una vez que cuente con la información solicitada en los puntos resolutivos anteriores la remita a la presente soberanía.

Notas:

1 Carlos Alcérreca, et al., Fauna silvestre y áreas naturales protegidas, Fundación Universo Veintiuno, México, 1988, página 69.

2 Artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3 http://www.semarnat.gob.mx/nl/anpsf_cumbres.shtml

4 Juicio que se ventiló en el juzgado noveno de distrito en el estado de Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TORTUGAS MARINAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente a publicar la norma oficial mexicana en relación a la conservación y protección de tortugas marinas.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad la NOM relativa a la conservación y protección de tortugas marinas, a cargo de la diputada Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guadalupe García Noriega, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La estancia de los seres humanos en el planeta estuvo precedida por la existencia de muchas otras especies, entre las que destacan dos familias del reino animal: la quelónida y dermoquélida, a las que pertenecen las diferentes especies de tortugas marinas, que actualmente se encuentran en grave peligro de desaparecer del planeta.

A pesar de que en México las tortugas marinas han sido protegidas a través de la formulación y aplicación de diferentes medidas administrativas y legales, la matanza de tortugas y el tráfico de huevos en algunas playas aún persisten, particularmente en los estados de Michoacán de Ocampo, Guerrero y Oaxaca. Como ejemplo tenemos la matanza de 80 ejemplares en la playa Escobilla, Oaxaca, en agosto de 2005, y la que tuvo lugar en la playa Boca Chica, Guerrero, en agosto pasado. Por lo que se refiere al tráfico de huevos, tan sólo en el periodo junio-septiembre de este año están registrados los casos de 6 mil 84 huevos de tortuga carey y 11 mil 620 huevos de tortuga golfina.

Por si lo anterior no fuese suficiente, existe otro problema relacionado con la conservación y efectiva protección de las tortugas marinas que la autoridad se niega a atender adecuadamente, nos referimos a la forma incorrecta en que se lleva a cabo la liberación de ejemplares recién nacidos.

La literatura especializada en el tema es muy clara e indica que ``al final de la incubación ya han consumido casi el total de la albúmina y la composición del vitelo, que originalmente presentaba un alto contenido de proteínas; --en esta etapa-- incluye principalmente lípidos y algo de glúcidos (grasas y azúcares), los cuales serán utilizados en las actividades de romper y salir del cascarón, salir del nido, llegar al mar y alcanzar la zona de alimentación''.1

Más aún se enfatiza que ``el resto de vitelo que les queda a las crías se agota en menos de una semana, por lo que en ese corto lapso las pequeñas tortugas deben alcanzar el sitio más adecuado para iniciar su alimentación activa y poder continuar su migración, o permanecer estacionadas o ser llevadas por las corrientes durante un periodo más o menos prolongado. Al emerger del nido las crías ya han absorbido la mayor parte del saco vitelino y la cicatriz del ombligo se cierra completamente en el curso de las dos primeras semanas''.2

Si la liberación se llevara a cabo tal como ocurre en el medio natural o en los campamentos tortugueros, no habría mayor problema, pues las tortugas, como se ha descrito en los párrafos anteriores, cuentan con los medios para comenzar la lucha por su supervivencia y, con suerte, regresar a la playa que las vio nacer a reproducirse y anidar.

Lamentablemente, lo que sucede es totalmente diferente, el panorama que se aprecia es el de una multitud de personas entre las que se encuentran representantes municipales, estatales, delegados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, hoteleros, turistas, etcétera, todos congregados en la playa esperando escuchar el discurso y tomarse la foto histórica que deje constancia de los loables esfuerzos llevados a cabo para conservar a las tortugas marinas mexicanas; sin embargo, las tortugas liberadas no son recién nacidas. Muchas de estas pequeñas tortugas llevan al menos cinco días en peceras, tinas o hasta cubetas, esperando que las autoridades tengan tiempo en sus agendas para celebrar el magno acto, desconociendo irresponsablemente que las tortugas deben entrar al mar tan pronto como eclosionan, pues el vitelo, esencial para su supervivencia, se agota.

Cuando la liberación ocurre en esas condiciones, los pequeños quelonios reducen sus posibilidades de supervivencia de forma drástica, por un asunto ajeno a su naturaleza y responsabilidad enteramente de quienes se ostentan como sus protectores, y me refiero a ``la foto de la liberación''. A ello hay que agregar que, absurdamente, se están desperdiciando recursos humanos y económicos valiosísimos que fueron destinados para proteger esos nidos y lograr su eclosión. Como puede apreciarse, estas condiciones no son las mejores para liberar tortugas marinas, aún cuando ello tenga por objeto la loable labor de educar y concientizar a la población, pero esta no es la manera.

Es necesario dejar en claro que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados no nos oponemos a la labor de educación y concientización que las autoridades y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación de las tortugas marinas llevan a cabo. A lo que nos oponemos es a que se liberen fuera de tiempo las tortugas que logran eclosionar, ya que con ello no se garantiza la preservación de las tortugas, sino que se les condena a la extinción.

De acuerdo al Programa de Mejora Regulatoria 2004, entre los nuevos proyectos de la Semarnat estaba la elaboración de una norma oficial mexicana sobre las especificaciones para el aprovechamiento no extractivo de las zonas de anidación de tortugas marinas y el manejo de campamentos para su conservación y protección, así como especificaciones para las actividades en las zonas colindantes. De acuerdo con dicho programa, esta norma debió estar lista en abril de 2004. Obviando la urgencia del tema, la Semarnat se excusó en el famoso acuerdo del 12 de mayo de 2004 mediante el cual se estableció una moratoria regulatoria, por lo cual no puede elaborar ni publicar la citada norma.

Ante la insistencia de contar con tal normatividad, la Semarnat informó que la norma oficial mexicana sobre autorización de aprovechamiento no extractivo vía observación de ballenas podía ser utilizada para el caso de las tortugas marinas; no obstante, existen muchas dudas al respecto, particularmente porque no en todas las zonas costeras donde se observan ballenas anidan y desovan tortugas. De igual forma, las actividades de observación se llevan a cabo primordialmente en el mar, mientras que la anidación y el desove de tortugas se llevan a cabo en tierra, y nada tienen que ver las tortugas marinas, que son reptiles, con las ballenas, que son mamíferos.

Si la Semarnat ha informado que para atender el problema de la conservación de las tortugas marinas no se descarta la elaboración de otros instrumentos, ¿por qué no elaborar la norma oficial mexicana en comento?

Consideramos fundamental que esta norma oficial mexicana establezca la obligación de que la liberación de tortugas marinas ocurra de forma inmediata a su nacimiento y a más tardar 24 horas después del mismo y así evitar que por situaciones como las ya descritas, los esfuerzos de conservación sean minados. De igual forma, estimamos que por tratarse de especies en peligro de extinción, la autoridad ambiental, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales debería dar celeridad al proceso de elaboración de la referida norma, a fin de que a la brevedad ésta esté en condiciones de publicarla, de lo contrario no sólo se perderá tiempo, sino también recursos humanos y económicos valiosos para la preservación de las tortugas marinas.

Compañeros y compañeras, consideramos que si, tal como ha afirmado el Secretario José Luis Luege, ``México transita con paso firme hacia la sustentabilidad'', la expedición de la norma oficial mexicana aquí referida debe llevarse a cabo a la brevedad.

Por lo expuesto, la que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con la mayor brevedad, publique la Norma Oficial Mexicana ``Especificaciones para el aprovechamiento no extractivo de las zonas de anidación de tortugas marinas y el manejo de campamentos para su conservación y protección, así como especificaciones para las actividades en las zonas colindantes'', que establezca la obligación de que la liberación de tortugas marinas ocurra de forma inmediata a su nacimiento y a más tardar 24 horas después del mismo y así incrementar las posibilidades de sobrevivencia de estas especies.

Notas:

1 Márquez. R. s/f Las tortugas marinas y nuestro tiempo. México, Fondo de Cultura Económica.

En:_http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144htm/sec_7.htm

2 Idem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil seis.--- Diputada Guadalupe García Noriega (rúbrica p.a.).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos para la construcción de carreteras y puentes en el municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir diversas carreteras y puentes en San Gabriel, Jalisco, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En nuestro país coexisten zonas y municipios caracterizados por un marcado atraso socioeconómico junto a otras zonas y municipios que poseen mayores ventajas y niveles de desarrollo, y esto se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por desgracia, tal situación prevalece aún en las entidades de mayor crecimiento relativo y absoluto, como es el caso del estado de Jalisco; ahí un municipio en particular, el de San Gabriel, muestra carencias que no deberían existir en el siglo XXI en nuestro país.

El municipio de San Gabriel cuenta con una población de 13 mil 378 habitantes (II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), distribuidos en setenta y dos localidades, una sola, la cabecera municipal, concentra 4 mil 190 habitantes; sólo los municipios de Alista, El Jazmín y Jiquilpan concentran 3 mil 650 habitantes, y el resto, 68 localidades, 5 mil 538 habitantes. La población rural es de 70 por ciento y 30 por ciento la urbana.

Si bien es cierto que en lo general cuenta con una infraestructura de comunicación en el exterior, a través de la carretera Guadalajara-Sayula-San Gabriel, o por la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán-San Gabriel y Ciudad Guzmán, vía el Jazmín-San Gabriel y por el Grullo-Tonaya-San Gabriel, también es cierto que, en lo particular, no cuenta con una infraestructura que comunique al interior, tal es el caso de más de 30 pequeñas localidades, que concentran la mayor población del municipio, por lo que es necesario e indispensable la construcción de los puentes El Puerco y El Platanito, en la comunidad de Alista (Alista-Penal), así como también la construcción del camino al panteón, el entronque de camino Alista-Copala y el andador Alista-San Isidro, de igual forma, se requiere mantenimiento de las carreteras.

Lo anterior permitirá que una gran cantidad de la población acceda a los servicios de salud que son prestados por la Secretaría de Salud del gobierno del estado, a través del Centro de Salud Solidaridad, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Clínica 63, unidad de medicina familiar.

Asimismo, permitirá el acceso a la infraestructura educativa del municipio, que si bien ha crecido, el hecho de que exista en el mismo ciclo un decremento en general de alumnos y profesores se debe fundamentalmente a la imposibilidad física para su acceso de parte de las pequeñas comunidades con menos población.

Una manera de reducir desigualdades regionales y abatir diferencias en los niveles de vida que presentan nuestros conciudadanos es que el Gobierno Federal impulse y financie la construcción de infraestructura productiva y social en aquellos lugares en que se necesita con mayor urgencia, tal como en el caso al que hago referencia.

Los y las legisladores tenemos el mandato y la responsabilidad de coadyuvar a la mejor canalización de de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos menos afortunados. También tenemos la obligación de escuchar a los ciudadanos en sus solicitudes de apoyo.

Por tal motivo, hago eco de los ciudadanos de San Gabriel frente a esta honorable asamblea, a fin de que se les apoye con la construcción de obras y concesión de operación de una radio frecuencia.

En consecuencia, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones del Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y de Comunicaciones, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida presupuestal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinada a la construcción de diversas carreteras y puentes en el municipio de San Gabriel, estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de Noviembre de 2006.--- Diputado Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Villa Chilapa de Díaz-Yolomécatl.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir el tramo carretero Villa Chilapa de Díaz-Yolomécatl, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La región de la Mixteca, en el estado de Oaxaca, es una zona limítrofe con el estado de Puebla, cuenta con un gran número de comunidades, entre las que destacan las siguientes poblaciones, que van de ciudades de tamaño medio, como Huajuapan de León, a poblaciones pequeñas, como Santiago Cacaloxtepec, San Andrés Dinicuiti, Santo Domingo Yodohino, Santo Domingo Nundó, Villa de Chilapa de Díaz, San Marcos Monte de León, Guadalupe Vista Hermosa, Santiago Yolomécatl, San Sebastián Nicananduta, San Antonio Monte Verde y San José.

Sus actividades económicas son preponderantemente el comercio y la agricultura en pequeña escala, pero debido a la baja productividad de sus tierras el nivel de ingresos de sus habitantes es reducido; así, el estado de Oaxaca, en particular esta zona de la Mixteca, padece un gran rezago cultural, social, material y sobre todo económico, lo cual provoca que un importante número de habitantes de la mayoría de sus comunidades se vean obligados a emigrar hacia la capital del país y Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida que su país y región les niega.

Lo anterior es el resultado de que la economía del estado de Oaxaca representa una proporción reducida de la nacional. De tal manera que en 2004 el producto interno bruto (PIB) del estado representó el 1.4 por ciento del nacional, alcanzando sólo 22 mil 728.4 millones de pesos a precios de 1993, frente a un millón 570 mil 126.3 millones de pesos del PIB nacional.

Debido a tales circunstancias, la construcción de un tramo carretero que una la población de Villa Chilapa de Díaz con la de Yolomécatl sería un factor muy importante para impulsar el desarrollo económico del estado, de la región, y en beneficio de los habitantes de las comunidades señaladas.

El tramo carretero en referencia tiene una longitud de poco menos de 20 kilómetros y ha sido solicitado por la comunidad desde 1994, sin haber obtenido una respuesta favorable hasta la fecha.

Creemos que los recursos económicos requeridos para llevar a cabo la obra no son demasiados, pero al mismo tiempo tendrían un gran impacto socioeconómico en la región. De manera que hago un llamado a su solidaridad de legisladores y mexicanos para con nuestros hermanos oaxaqueños.

Por tal motivo y en observancia de lo antes señalado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones del Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y de Comunicaciones a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida presupuestal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinada a la construcción del tramo carretero Villa de Chilapa de Díaz-Yolomécatl.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2006.--- Diputado Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE ZACATECAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se consideren recursos para el aprovechamiento de las aguas residuales en el estado de Zacatecas.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en el riego agrícola en el estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe diputada federal, Aurora Cervantes Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del PRD, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se consideren recursos para el aprovechamiento de aguas residuales tratadas en el riego agrícola en el estado de Zacatecas al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El estado de Zacatecas cuenta con una superficie territorial de 75 mil 040 kilómetros cuadrados de los cuales el 65.6 por ciento o sea 49 mil 248 kilómetros cuadrados que corresponden a 31 de los 58 municipios, se localizan en las denominadas zonas áridas, donde el clima generalmente es adverso para las actividades agrícolas con precipitaciones muy irregulares tanto en cantidad como en oportunidad con promedio de 350-400 mm., heladas muy tempranas y a la vez muy tardías, suelos salinos en una gran parte de ellos, escasos de vegetación, esqueléticos en profundidad y con pobres contenidos de materia orgánica, así como con fuerte presencia de erosión hídrica y eólica, en donde para hacer agricultura como actividad rentable se hace indispensable el riego agrícola.

Zacatecas tiene una población total de 1 millón 353 mil 606 habitantes con enormes contrastes de desarrollo económico y bienestar, los cuales habitan en 4 mil 821 localidades rurales menores de 2 mil 500 habitantes y 61 localidades urbanas.

En el contexto nacional, nuestro país tiene un gasto en sus diferentes usos consuntivos de 72 mil millones de metros cúbicos anuales, mientras que en la entidad zacatecana se extraen como aguas subterráneas 1 mil 111.5 millones de metros cúbicos por año y se dispone en el mismo periodo de 760.6 millones de metros cúbicos de aguas superficiales, cuando existe suficiente precipitación.

La importancia del sector agropecuario en la entidad es manifiesta, ya que en el participa el 27 por ciento de la población económicamente activa y genera el 26 por ciento del PIB estatal. A su vez, la agricultura de riego genera el 60 por ciento del valor de la producción agrícola con un valor cercano a los 6 mil millones de pesos.

En México la superficie de riego agrícola es de 6.3 millones de hectáreas correspondiendo al estado de Zacatecas tan sólo el 2.4 por ciento que equivalen a 150 mil hectáreas.

La infraestructura hidroagrícola del estado se compone por más de 7 mil 500 pozos y norias y 125 presas.

De las 125 presas del estado, una gran parte de ellas son pequeños almacenamientos, correspondiendo los de mayor importancia y capacidad a los 6 módulos del distrito de riego 034 que son El Chique, Leobardo Reynoso, Miguel Alemán (Excamé), Julián Adame Alatorre, El Cazadero y Santa Rosa.

De la superficie de riego el 70 por ciento la abastece las aguas subterráneas y el 30 por ciento las aguas superficiales.

De los 34 acuíferos existentes, el 80 por ciento de ellos se encuentran sobreexplotados, presentándose un déficit hidráulico a nivel estatal de más de 220 millones de metros cúbicos por año.

La situación actual de las aguas subterráneas en el estado es preocupante ya que a nivel general las condiciones ecogeográficas de la entidad son poco favorables puesto que los acuíferos son cuencas hidrológicas del tipo cerrado y en donde la explotación de los mismos inicia al final de la década de los setenta con niveles dinámicos donde se bombea el agua de entre 10 y 20 metros, siendo actualmente el abatimiento de entre 60 y más de 100 metros.

A su vez, en el volumen de los acuíferos sobreexplotados que representan el 80 del total extraído se localiza la mayoría del área de riego, la industria y los grandes centros urbanos de la entidad.

Lo anterior tiene orígenes de diversa índole, pero en términos generales, tal situación ha sido generada principalmente por un uso indiscriminado del recurso agua, provocado por la falta de conciencia ecológica y de cultura sustentable de la sociedad en general; así como por la insuficiente inversión en infraestructura hidroagrícola y de servicios necesarios.

Por otra parte, la descarga de aguas residuales de manera indiscriminada a los ríos y arroyos ha generado una contaminación, que al paso de los años, representa un problema serio que urgentemente se tiene que atender. Tal situación nos da una posibilidad de doble vía, ya que por un lado se estaría atacando el deterioro del recurso suelo, agua y medio ambiente; y por otra parte, se estaría aprovechando la alternativa que representa un reuso de las aguas residuales tratadas para el riego agrícola.

En Zacatecas a la fecha se encuentran en operación 25 plantas de tratamiento de aguas residuales en distintos municipios del estado, si se agregan las que se construirán en el año 2007 se contará con una capacidad para disminuir la sobreexplotación de acuíferos para el riego agrícola mediante el uso de aguas residuales tratadas en una superficie superior a las 8 mil hectáreas, lo cual permitiría mejorar la situación económica de 800 a mil familias zacatecanas.

Consideraciones

1. Que la mayor parte del territorio zacatecano se localiza en las zonas áridas del país, por sus condiciones ecogeográficas, se requiere del uso del riego agrícola para hacer agricultura como actividad rentable.

2. Que de los 34 acuíferos existentes en Zacatecas, el 80 por ciento de ellos se encuentran en condición de sobreexplotación, se requiere de implementar acciones y estrategias para eficientar el uso del agua.

3. En congruencia con los objetivos del milenio en torno al saneamiento de agua, Zacatecas está ampliando su infraestructura en saneamiento de aguas residuales.

4. Que el agua tratada cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 le da la posibilidad a la entidad de ampliar la sobreexplotación de los acuíferos para el riego agrícola en beneficio de la economía del estado.

En consideración de lo anteriormente expuesto, someto de la manera más atenta y respetuosa a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se considere un presupuesto de cuando menos 50 millones de pesos para aprovechar las aguas tratadas de las plantas en la conducción de las mismas y la construcción de zonas de riego; así como un presupuesto de cuando menos 50 millones de pesos adicionales para la tecnificación del riego interparcelario en el estado de Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputados: Aurora Cervantes Rodríguez, Jesús Manuel Patrón Montalvo, Francisco Javier Calzada Vázquez, Raymundo Cárdenas Hernández, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Susana Monreal Ávila, Andrés Bermúdez Viramontes, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Felipe Borrego Estrada, María Dolores González Sánchez, Carlos Alberto Puentes Salas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PORCICULTURA NACIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En la sesión del pasado 28 de noviembre, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez presentó proposición con punto de acuerdo para que los titulares de las dependencias competentes informen de las acciones realizadas sobre la protección de la porcicultura nacional; se consideró de urgente resolución e hicieron uso de la palabra los diputados Rafael Villicaña García, del PRD, y Gerardo Antonio Escaroz Soler, del PAN; en consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición. Pido que lea el acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, para que los titulares de las dependencias competentes expliquen a esta soberanía las acciones gubernamentales realizadas en torno de la protección de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, en nombre de legisladores de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos diputados federales Héctor Padilla Gutiérrez del PRI, Francisco Domínguez Servién del PAN y Susana Monreal Ávila del PRD, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Ejecutivo federal, por conducto de los titulares de las dependencias competentes, explique ampliamente a esta soberanía lo referente a las acciones gubernamentales en torno a la protección de la competencia y libre concurrencia de la porcicultura nacional, a la actualización de las normas de calidad y etiquetado de los productos porcinos y al análisis sustentado de riesgo a la salud pública y sanidad animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras.

Antecedentes

Indudablemente que la transición más significativa en las relaciones internacionales de México ha sido la suscripción del TLCAN que para el caso de su comercio exterior agroalimentario significa más del 90% del valor. Es decir, el comercio exterior agropecuario de México se lleva a cabo dentro del TLCAN y prácticamente con uno de los socios comerciales que es Estados Unidos.

Los efectos positivos del TLCAN en la mayor participación del comercio exterior en el PIB son inobjetables así como su influencia en el incremento del flujo anual de inversiones extranjeras, sin embargo, en el sector agropecuario, las importaciones de productos agroalimentarios se incrementaron dramáticamente desplazando a la producción nacional y la balanza comercial agropecuaria es deficitaria para México durante la vigencia del tratado.

El desplazamiento relacionado con precios diferenciados para productos divisibles, constituye un problema importante para el sector pecuario nacional en la medida que no se trata de discriminación de precios para exportación, no tiene relación con procesos de desgravación arancelaria y no se resuelve incrementando la productividad ni disminuyendo sus costos, generándose así una grave situación de indefensión para ramas pecuarias nacionales tan importantes como la porcicultura.

En el ámbito del desplazamiento relacionado con precios diferenciados para productos divisibles, México consiguió una salvaguarda bilateral contra muslos y piernas de pollo de EUA al demostrar que ocurrió un incremento significativo en las importaciones y pudo comprobarse una amenaza real de daño a la avicultura nacional, en el momento de pasar a un nivel inferior de desgravación arancelaria, sin embargo, la salvaguarda concluye en 2008 sin haberse resuelto el problema de demanda diferenciada.

Para explicar este concepto, es necesario considerar que las fracciones divisibles del pollo para su comercialización son por un lado las pechugas y por otro los muslos y piernas que guardan proporciones equivalentes en el peso de la canal.

Existe una demanda alta de pechugas en EUA que permite la recuperación de los costos y una demanda baja de piernas y muslos en EUA que propicia su venta a precio residual pero no discriminado para la exportación. Por el contrario en México la demanda de pechugas, piernas y muslos es prácticamente la misma por lo que piernas y muslos participan en la recuperación de costos. Es por ello que la importación de piernas y muslos de EUA produce distorsión en el mercado mexicano y es capaz de desplomar los precios por debajo de los costos de producción.

En la producción porcina ocurre algo similar, excepto que a diferencia de las piernas y muslos de pollo, las piernas y espaldillas de cerdo no cuentan con salvaguarda, completaron su proceso de desgravación desde 2003 y sus importaciones se incrementaron en 2,700% durante la vigencia del TLCAN poniendo a la porcicultura nacional en una posición de muy dudosa viabilidad. En EUA, la alta demanda es para lomos y tocinos en un 65%, mientras que en México la demanda alta es de piernas y espaldillas en 61%, productos que en EUA tienen solo el 35% de demanda relativa. Este diferencial de demanda explica la razón por la cual las piernas y espaldillas constituyen la mayor proporción de las crecientes importaciones globales de carne de cerdo.

De este breve análisis, resulta evidente que la apertura de mercados plantea nuevos retos que debe enfrentar la política interna de competencia económica y se deben implementar todas las disposiciones legislativas vigentes para construir una política de competencia sólida y creíble para el sector agropecuario. En nuestra opinión, los problemas reales de demanda diferenciada por fracciones de productos pueden ser investigados actualmente de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica vigente que considera como práctica monopólica relativa la venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total. En este aspecto es indispensable para la aplicación de la ley que cuando se trate de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo medio total se distribuya equitativamente entre las fracciones resultantes.

Es necesario enfatizar que la presente propuesta de punto de acuerdo no se basa en solicitar apoyos a favor de la porcicultura nacional para equilibrar asimetrías en producción o comercialización ni peticiones de inversión para éstos propósitos. Los porcicultores mexicanos, han realizado un esfuerzo sostenido en la actualización de sus métodos de producción para estar a la altura de la competencia internacional, sin embargo, las prácticas de competencia desleal y las lagunas normativas que las propician, han ocasionado el desplazamiento de sus productos, sin que esté a su alcance poder contrarrestar dicho desplazamiento.

Muchos productos porcinos son desplazados por despojos de importación como las pastas de ave con las que evidentemente se pueden preparar embutidos a precios bajos que por las lagunas de normatividad y etiquetado compiten en circunstancias indiscriminadas contra alimentos de origen nacional de mucha mayor calidad nutricional.

Se padece en el país de un gran rezago en la actualización y elaboración de normas oficiales mexicanas y en normas de etiquetado para los productos alimenticios y en los ingredientes a granel para la preparación de los mismos, situación que ha hecho posible el desplazamiento de la producción nacional por despojos de importación.

Finalmente queremos destacar que hemos tenido noticia de intoxicaciones de cerdos con insecticidas detectados en maíz amarillo de importación para uso forrajero y sabemos que es frecuente en el maíz de importación, la presencia de aflatoxinas, sustancias producidas por hongos que contaminan los granos sometidos a condiciones inadecuadas de transporte y almacenamiento, que tienen efectos muy adversos en la producción animal y que además constituyen un factor de riesgo para la salud pública.

Con base en estos antecedentes, creemos pertinente proponer un punto de acuerdo considerando la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Que los porcicultores en México han padecido el incremento unilateral de los precios de los insumos básicos como ingredientes alimenticios y fármacos veterinarios mientras que los precios de sus productos se han desplomado en forma anticompetitiva.

2. Que la apertura comercial implica cuestiones como la demanda diferenciada y la depredación de precios, que no están previstos en las reglas ni del TLCAN, ni de la OMC y tampoco competen a la legislación de comercio exterior y que por ello la apertura de mercados plantea nuevos retos que debe enfrentar la política interna de competencia económica.

3. Que se padece en el país de un gran rezago en la actualización y elaboración de normas oficiales mexicanas y en normas de etiquetado para los productos alimenticios y en los ingredientes a granel para la preparación de los mismos, situación que ha hecho posible el desplazamiento de la producción nacional por despojos de importación como ocurre con las pastas de ave para la preparación de jamón y otros productos que debiesen provenir de las diversas piezas de la canal del cerdo para poderse comercializar con esa designación.

4. Que consideramos del mayor interés conocer la capacidad efectiva con la que contamos en el país para garantizar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos agropecuarios que importamos.

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos tomar medidas urgentes al respecto ya que este importante subsector se encuentra inmerso en una de sus priores crisis y los legisladores de esta Comisión debemos actuar eficientemente para detener esta debacle en detrimento de nuestros productores porcinos.

Por los motivos anteriormente expuestos, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar al Presidente de la Comisión Federal de Competencia que explique a esta Asamblea como las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica podrían facilitar a la comisión a su cargo investigar la depredación de precios en la cadena de comercialización porcina y de que manera se puede prohibir o compensar el efecto de esas prácticas y asimismo que informe si existe en la comisión el grado de especialidad requerido para la efectiva investigación de los mercados agropecuarios.

Segundo. Solicitar al titular de la Secretaría de Economía que exponga ampliamente a esta Asamblea el programa de la secretaría a su cargo para la revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas para asegurar que se cuenta con la información suficiente para garantizar que los procedimientos e ingredientes para la elaboración de los alimentos no son nocivos para la salud y para asegurar que los consumidores mexicanos tengan la información suficiente y clara respecto a la composición de los alimentos elaborados.

Tercero. Solicitar al director de la Senasica que explique a esta Asamblea el análisis sustentado de riesgo a la salud pública y sanidad animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras y que informe detalladamente el estado que guarda el personal calificado, su capacitación, la infraestructura y equipamiento para la realización de las tareas que tiene encomendadas y que exponga con claridad sus alcances, fortalezas y debilidades.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los catorce días del mes de noviembre del año 2006.--- Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la escuela secundaria Jerónimo Mariano Valera, del Distrito Federal, que se encuentran aquí presentes, y a las personas que nos visitan del municipio de Tihuatlán, del estado de Veracruz, aquí en esta sesión. Gracias.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política para dar cuenta del acuerdo que establece el mecanismo de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Proceda la Secretaría a dar lectura de esta comunicación.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 5o. de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación electrónica de votación, solicitamos a usted, atentamente, modificar el orden del día de esta sesión, para incluir en el primer turno posible el siguiente asunto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Acuerdo que establece el mecanismo de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse en el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acuerdo que establece el mecanismo de participación de ésta y las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos por sectores

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo establecido en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 numeral 4, y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, inciso f), y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

Considerando

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de aprobar anualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto respectivo presentado por el Ejecutivo federal.

2. Que en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, en términos del artículo 45, numeral 6, inciso g), de dicha ley, tiene la facultad de emitir acuerdos para realizar las actividades que se establecen en la misma y en otros ordenamientos aplicables.

3. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 42, fracción VIII, inciso f), establece:

``f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.''

4. Que en adición a la obligación legal de prever un mecanismo de participación de las comisiones ordinarias de esta honorable Cámara de Diputados en el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es fundamental la concurrencia de las comisiones en dicha labor, aportando sus observaciones y propuestas relativas a los presupuestos de los sectores que tienen encomendados cada una de ellas, haciendo más plural y especializado el examen y la discusión sobre los presupuestos de los mencionados sectores, enriqueciendo con ello el proceso de elaboración del dictamen correspondiente por parte de esta comisión.

5. Que tomando en consideración que, en términos de los artículos 66 y 74, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución, el proceso de examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 deberá realizarse en un muy breve periodo de tiempo y antes de que inicie el ejercicio fiscal 2007, se vuelve apremiante contar con un procedimiento que ordene tanto la participación de las diversas comisiones que integran esta honorable Cámara de Diputados en el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como la labor de esta comisión en los trabajos para elaborar el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42, fracción VIII, inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se emite el siguiente

Acuerdo que establece el mecanismo de participación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos por sectores

Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, conforme a lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, recibirá, a más tardar el 18 de diciembre del año en curso, las propuestas de las comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados respecto a los presupuestos de los sectores que se ubiquen en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo siguiente:

I. Las propuestas de cada comisión deberán entregarse a la Secretaría Técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el documento integral entregado por ésta, el cual reúne los requisitos señalados en los artículos 18 y 42, fracción VIII, de dicha ley, que establece que los legisladores observarán lo siguiente:a) A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos.

Para tal efecto, se deberán identificar los programas susceptibles de ajuste por el equivalente al monto propuesto. Dichos ajustes deberán realizarse dentro del mismo ramo administrativo al que se le esta aumentando o creando gasto adicional.

b) Las propuestas serán congruentes con las estimaciones de ingresos, incluyendo aquélla del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley citada, así como observando los criterios generales de política económica;

c) Las propuestas deberán tomar en cuenta la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

II. Será responsabilidad de la comisión ordinaria respectiva que el documento integral que elabore y presente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la fecha señalada haya sido aprobado por la mayoría de los legisladores integrantes de la comisión ordinaria respectiva, para lo cual anexará la hoja de firmas correspondiente; en caso contrario, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no tomará en consideración el documento remitido, durante la elaboración del dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

III. A efecto de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda elaborar, en tiempo y forma, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, no incluirá modificaciones al documento remitido por las comisiones ordinarias en fecha posterior a la fecha límite establecida, ni incluirá propuestas individuales de los legisladores que no sean incorporadas a los documentos integrales elaborados por las respectivas comisiones.

Segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública establecerá, conforme a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos de trabajo siguientes para el análisis de las propuestas de las comisiones ordinarias y la integración del dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007:

I. Grupo de trabajo para la redacción del dictamen, incluyendo el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Grupo de trabajo para la integración de los anexos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya labor será determinar las asignaciones finales de recursos que se incluirán en el dictamen;

Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por conducto de los grupos de trabajo, verificará que las propuestas de las comisiones ordinarias cumplan con lo previsto en el numeral primero de este acuerdo, a efecto de que sean consideradas en el proceso de elaboración del dictamen correspondiente.

Cuarto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública celebrará cuando menos dos reuniones plenarias para que, con base en las recomendaciones de los grupos de trabajo, se determine la inclusión de aquellas propuestas de las comisiones ordinarias que reúnan los requisitos previstos en el numeral primero de este acuerdo y que sean compatibles con la disponibilidad final de recursos que haya sido aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Quinto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitará al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda la información necesaria para el análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, inciso c), y 106, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 62 y 63 de su reglamento, estará obligada a proporcionar a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados toda la información que le sea solicitada respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo toda la información correspondiente a las dependencias y entidades de la administración pública federal; asimismo, deberá prestar la colaboración que le sea solicitada en los términos de la fracción IX del artículo 42 de dicha ley.

Sexto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la facultad de interpretar el presente acuerdo y establecer las consideraciones necesarias para su aplicación.

Séptimo. El presente acuerdo se turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se dé lectura ante el Pleno y se publique en la Gaceta Parlamentaria, para la debida observancia y cumplimiento de los diputados integrantes de la LX Legislatura.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre de dos mil seis.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge González Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal que considere mayores recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional en el Presupuesto 2007.

El diputado Jorge Justiniano González Betancourt:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras, compañeros diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere mayores recursos para la Sedena, suscrito por integrantes de la Comisión de Defensa Nacional

El suscrito, diputado Jorge Justiniano González Betancourt, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que, de conformidad con su ley orgánica, tienen las misiones generales siguientes:

a) Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación.

b) Garantizar la seguridad interior, por medio de la aplicación de las siguientes actividades: contra el narcotráfico, apoyo a la seguridad pública y mantenimiento del orden interno.

c) Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de la nación mediante actividades de reforestación y Servicio Militar Nacional.

d) Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, por medio de labor social y campañas diversas de vacunación y salud.

e) En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas afectadas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas, por medio de la aplicación del plan DN-III-E.

2. El gobierno federal asumió como objetivos rectores en el área de orden y respeto, el defender la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional, y diseñó un nuevo marco estratégico de seguridad nacional en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional, en los cuales se encuentra cimentada la democracia.

3. Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional tiene definidos y detenidos varios programas de inversión que le permitirían cumplir con mayor eficiencia y eficacia las misiones asignadas, así como proporcionar mejores condiciones de vida para sus integrantes, que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, empeñados en una lucha permanente contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y proporcionando apoyo a la población civil en áreas afectadas por fenómenos naturales y los originados por el hombre.

4. Dentro de dichos programas ubicamos, entre los más importantes, la adquisición y mantenimiento de aeronaves, vehículos y armamento; la construcción de estructuras que los protejan; la construcción de instalaciones hospitalarias y de alojamiento de tropas y familiares; y la adquisición de materiales que incrementen la capacidad operativa de los elementos para entregar mejores resultados a la nación.

5. En este sentido, es necesario que, como representantes populares, estemos conscientes de que en lo interno vivimos en forma permanente los efectos nocivos de la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico, sobre todo por la magnitud de recursos económicos que administra y por las carencias de las instituciones que lo combaten. En estas circunstancias, se han obtenido resultados favorables gracias a los principios éticos y morales de nuestros soldados.

6. No obstante lo anterior, desde 2001 a la Secretaría de la Defensa Nacional se le ha disminuido su presupuesto en 12.4 por ciento con relación a lo propuesto por el Ejecutivo federal, que ya de principio era limitado, a excepción de 2006, en que esta soberanía autorizó 700 millones de pesos adicionales al monto presentado en el proyecto de Presupuesto de Egresos. Sin embargo, el promedio de los últimos seis años ha sido deficitario en relación con las necesidades de gasto corriente y de inversión de esta institución, por lo que es urgente compensar la balanza de los recursos asignados a este ramo estratégico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere dotar de mayores recursos económicos a la Secretaría Defensa Nacional, a efecto de que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuenten con mayores elementos para servir adecuadamente a la población.

Diputado Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Betancourt. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMEDORES EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos 2007 asigne recursos para que se construyan comedores en las escuelas de tiempo completo.

El diputado Armando Barreiro Pérez:Con su permiso, diputado Presidente. El que suscribe, diputado por el VIII distrito en elDistrito Federal, y en representación de las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, pone a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones.

Los niveles de desarrollo de una sociedad se miden y se evalúan, entre otros factores, por el grado de desarrollo social que ésta alcanza en relación directa con la satisfacción de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la salud, vivienda digna y por supuesto el acceso a la educación, la cual en cualquier país debe ser considerada como palanca para el desarrollo económico, político y social.

Para la administración concluyente, las políticas aplicadas en este rubro no reflejaron esta prioridad, lo que puede apreciarse por los recursos federales destinados para este fin, que no llegaron en ese sexenio ni siquiera al uno por ciento del producto interno bruto, que es el mínimo recomendable por la UNESCO.

Esto es importante señalarlo debido a que el punto que nos ocupa tiene que ver con la educación, entendida ésta de manera integral, donde no sólo basta con impartirla sino además es indispensable generar las condiciones y la infraestructura necesarias para su impartición.

Además de proporcionar el servicio educativo con profesores preparados, son necesarios modelos de atención que consideren el aprovechamiento escolar, las actividades creativas y de investigación, así como espacios para actividades específicas tales como laboratorios, o para la educación física y ---en el caso concreto-- de los comedores escolares para las escuelas de tiempo completo que funcionan de las 8:00 a las 16:00 horas.

En nuestro país funcionan este tipo de escuelas desde la década de los 70 del siglo pasado, y hoy, más de 30 años después, una cantidad considerable de escuelas con esa modalidad de atención no cuentan con un comedor escolar en sus instalaciones.

Las escuelas con este modelo surgieron bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública, por la necesidad de impartir educación en horarios con mayor amplitud; esencialmente como un apoyo a las madres trabajadoras y para un mejor aprovechamiento de las y los educandos en sus tiempos libres, se ha venido reproduciendo en los diferentes niveles, tanto de preescolar, primaria, secundaria y en el sistema de educación especial.

En la actualidad y de acuerdo con la evolución y cambios que ha experimentado nuestra sociedad, se pretende que también sean un apoyo en la generación de espacios que asuman la responsabilidad de proteger a la población escolar de riesgos sociales y como una forma de prevención de conductas antisociales. Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, este modelo pretende aprovechar la extensión del horario escolar para promover y realizar actividades lúdicas, creativas y de investigación.

Asimismo, integrar la educación física como uno de los ejes vertebrales en el proceso educativo y, por supuesto, también para la ampliación de la infraestructura necesaria que permita tener comedores adecuados dentro de los planteles, que propicien una cultura nutricional, con menús balanceados y el consumo de alimentos en un espacio digno y decoroso.

Deseo reiterar que la educación debe ser integral y considerada como una prioridad para el desarrollo de nuestro país y ésta debe impartirse con una visión social que considere, sobre todo, la convivencia armónica, basada en una nueva forma de relación más humana y más social, desde los primeros años de la educación básica.

Sin embargo, en nuestro país hay un sinnúmero de escuelas de tiempo completo que no cuentan con un comedor para atender esta necesidad en la población escolar que asiste a ellas. Todas estas escuelas deberán de contar con uno expresamente concebido para tal fin, y no todos lo tienen. Algunas habilitan salones de usos múltiples para la hora de la comida; otras lo hacen intercambiando salones, y la gran mayoría toman sus alimentos a la hora de la comida, en el mismo salón de clases y en el pupitre donde realizan su trabajo escolar. Es indigno que nuestras niñas y niños no tengan un espacio específicamente construido para tal fin. Este hecho denigra a la educación que se imparte e impide lograr el objetivo de no alcanzar solamente una educación integral, sino la cultura nutricional a la que nos hemos referido.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente.

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007 mayores recursos para la construcción de comedores escolares en todas las escuelas de tiempo completo del sistema educativo nacional oficial que operan en el territorio nacional. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para construir comedores en las escuelas de tiempo completo, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Armando Barreiro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El grado de desarrollo de una sociedad se mide por el grado de desarrollo social que tiene, y en este desarrollo social, además de alimentación, salud y vivienda está la educación, la cual, para nuestro país, debe ser considerada como palanca del desarrollo económico, político, social y cultural.

Sin embargo, para Vicente Fox, presidente de México, y para Reyes Tamez, secretario de Educación Pública, la educación no es prioritaria, tan es así que los recursos federales destinados para este fin no llegaron en este sexenio ni siquiera al 1 por ciento del producto interno bruto, que es el mínimo recomendable por la UNESCO.

Esto es importante señalarlo debido a que el punto que nos ocupa tiene que ver con la educación; pero la educación tiene que entenderse como algo integral; no sólo basta impartir educación, es indispensable que se promuevan y generen las condiciones y la infraestructura necesaria para su impartición.

Además de proporcionar el servicio educativo, con profesores preparados, son necesarios modelos de atención que consideren el aprovechamiento escolar, responsabilidades, actividades creativas y de investigación así como espacios específicos para actividades específicas como laboratorios o para educación física y, en el caso concreto, de comedores escolares para las escuelas de tiempo completo, que funcionan de las 8:00 a las 16:00 horas (los niños pasan 8 horas diarias en la escuela, más de la mitad del tiempo su vida al día despiertos).

En nuestro país funcionan este tipo de escuelas desde la década de los setenta del siglo pasado y hoy, más de 30 años después, una cantidad considerable de escuelas con ese modalidad de atención no cuentan con un comedor escolar en sus instalaciones.

Estas escuelas comenzaron a surgir en bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública por la necesidad de impartir educación en horarios con mayor amplitud, esencialmente como un apoyo a las madres trabajadoras y para un mayor aprovechamiento de las y los educandos en sus tiempos libres. Este modelo ha ido reproduciéndose en los diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria y en el sistema de educación especial.

En la actualidad, y de acuerdo con la evolución y cambios que ha experimentado nuestra sociedad, se pretende que también sean un apoyo en la generación de espacios que asuman la responsabilidad de proteger a la población escolar (ante riesgos por la vulnerabilidad infantil) y como una forma de prevención de conductas antisociales.

Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, este modelo pretende aprovechar la extensión del horario escolar para promover y realizar actividades lúdicas, creativas y de investigación; asimismo, integrar la educación física como uno de los ejes en el proceso educativo, y también la infraestructura necesaria para tener comedores propios dentro de la escuela, que satisfagan el requerimiento de la necesidad del consumo de alimentos en un espacio digno y decoroso.

Deseo reiterar que la educación debe ser integral y considerada como una prioridad para el desarrollo de nuestro país y ésta debe impartirse con una visión social, que considere sobre todo la convivencia armónica, basada en una nueva forma de relación más humana, más social y no mercantilista; desde los primeros años, desde la educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

Dentro de este concepto de integralidad debe considerarse la cultura alimenticia, que incluya proporcionar los espacios necesarios para el consumo de alimentos nutricionales en condiciones mínimas necesarias con dignidad y decoro.

Ocurre, sin embargo, que en México hay un sinnúmero de escuelas de tiempo completo que no cuentan con un comedor para atender esta necesidad en la población escolar que asiste a ellas.

Todas estas escuelas deberían contar con un comedor escolar, expresamente concebido para tal fin. Digo ``deberían'', porque no todas cuentan con ello; algunas habilitan salones de usos múltiples para la hora de la comida; otras lo hacen intercambiando salones, y la gran mayoría toman sus alimentos a la hora de la comida en el mismo salón de clase y en el mismo pupitre donde realizan su trabajo escolar.

Es indigno e indecoroso que no tengan un espacio específicamente construido para tal fin. Este hecho denigra a la educación que se imparte, porque afecta hábitos y costumbres de ingerir los alimentos; no es el espacio adecuado, no se tiene el tiempo suficiente para desplazarse y que se realice el proceso regular de metabolismo, pues en la mayoría de los casos la alumna o el alumno no salen de su salón ni se levantan de su asiento para continuar sus actividades escolares.

Para finalizar debo decir que para el Presidente de México es más importante viajar para visitar a su familia (``¿es normal o no?'', así lo dijo a la prensa) que invertir en educación. En este sexenio el presidente Fox hizo 54 viajes; el último que pretendía realizar a Australia y Vietnam tendría un costo de más de seis millones de pesos; es decir, en promedio sus gastos de viajes al extranjero rondaron los casi 325 millones de pesos.

Construir un comedor escolar tendría un costo aproximado de 250 mil pesos; con lo que se gastó el presidente Fox en este sexenio de viajes se habrían construido mil 200 comedores, aproximadamente.

Quisiera preguntar a este honorable Congreso si no es de urgente y obvia resolución la construcción de comedores escolares dignos para nuestros hijos. que son el presente y el futuro de nuestra nación.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 mayores recursos para la construcción de comedores escolares en todas las escuelas de tiempo completo del sistema educativo nacional oficial que operan en el territorio nacional.

Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2006.--- Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barreiro. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes universitarios del estado de Puebla aquí presentes; a los jóvenes de la asociación civil Siglo XXI, del estado de Puebla, también presentes; y a los líderes campesinos del estado de México, aquí presentes. Bienvenidos.

CANAL DEL CONGRESO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Cofetel otorguen permiso para el uso de la banda radiofónica en el Canal del Congreso.

El diputado Armando Barreiro Pérez:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: esta propuesta de punto de acuerdo pretendía ser más ambiciosa y hacer todavía más amplia la cobertura de las transmisiones que el Canal de Congreso ---ahora que, para bien o para mal--- ha venido alcanzando mejores ratings en el conjunto de nuestra sociedad y que busca que a todos los lugares y en todos los rincones de nuestro país, llegue el acontecer diario de los trabajos que se desarrollan en esta LX Legislatura.

Por lo tanto y con las siguientes consideraciones, y además teniendo conocimiento que en el presupuesto para este año sea destinada una partida especial ---precisamente destinada al mejoramiento de las transmisiones del Canal del Congreso--- esperamos que las comisiones correspondientes lo puedan hacer valer y podamos hacer realidad lo siguiente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel a otorgar permiso al Canal del Congreso para el uso de banda radiofónica.

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Asamblea el presente punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En septiembre de 1999 se creo el Canal del Congreso. Se estableció en la Ley Orgánica del Congreso General, como el medio de comunicación del Poder Legislativo federal. Surge con el objetivo de difundir la actividad legislativa de las colegisladoras en su conjunto y ser un medio de comunicación del Estado.

A través de estos siete años, la importancia del Canal del Congreso ha ido en aumento, caracterizado por transmitir la información de la actividad legislativa en un marco de objetividad y pluralidad. Se ha posicionado como un referente en la comunicación política.

En este marco y reconociendo el papel que juega la información y difusión del trabajo legislativo que día a día se realiza, es necesario que se fortalezca al Canal del Congreso para que se consolide como un medio público de Estado.

Tal como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión, corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Actualmente existen muchos distritos en los que se desconoce el trabajo que realizan los legisladores a favor de toda la población mexicana. Esto es debido, a que hoy día el Canal del Congreso, únicamente se transmite en el sistema de televisión de paga.

En estos términos, se niega, a un amplio sector de la población, el derecho a estar informado sobre el trabajo que realizan los legisladores que ellos eligieron, Violentando lo que establece la Ley Federal de Radio y Televisión en el artículo 4 y en las fracciones III y IV del quinto artículo.

Por otra parte es importante señalar que el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previos concesión o permiso del Ejecutivo federal. Por ello y objeto del presente punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 6 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es exhortar tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes como al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que asignen y otorguen el permiso de la banda radiofónica para que se transmita tanto por radio como por televisión abierta la señal del Canal del Congreso.

De igual forma el artículo 21-A de la multicitada ley establece que la secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la administración pública federal centralizada, a entidades paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas. De igual forma es importante destacar que buscamos cumplir con la fracción I que transcribo a continuación:

I. Que dentro de los fines de la estación se encuentra: a) Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad;

b) Difundir información de interés público;

c) Fortalecer la identidad regional en el marco de la unidad nacional;

d) Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;

e) Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional;

f) Fomentar los valores y creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la producción independiente, y

g) Los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia.

Por otra parte y con fundamente en el artículo 59 de la misma ley solicito que se transmita un resumen del programa ``Noticias del Congreso'' dentro de los tiempos oficiales con un formato accesible y de interés para el público.

Por todo lo anterior someto a consideración de este H. Congreso lo siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y de su colegisladora para que realicen el trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la asignación del espectro de banda radiofónica tanto para radio como para televisión abierta para el Canal del Congreso.

Segundo. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de Cofetel para que se otorgue permiso y asigne el espectro de banda radiofónica tanto para radio como para televisión abierta para el Canal del Congreso, para que se transmitan las sesiones del Congreso.

Tercero.- Que se transmita lo más importante del programa Noticias del Congreso dentro de los tiempos oficiales en canales de televisión abierta y con cobertura nacional.

Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barreiro. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que dentro del ámbito de sus competencias, cree un juzgado de distrito en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El diputado Martín Stefanonni Mazzocco:Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a crear, en el ámbito de su competencia, un juzgado de distrito en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el que suscribe, diputado federal Martín Stefanoni Mazzoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a proceder, en el ámbito de su competencia, a la creación de un juzgado de distrito en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, solicitado por diversos presidentes municipales y colegios de abogados establecidos en la demarcación noroeste de la citada entidad federativa, a fin de facilitar el acceso a la administración de justicia de los habitantes de dicha región.

Consideraciones

La región noroeste del estado de Guanajuato, en la cual se encuentran incluidos trece municipios, se instruyen múltiples procesos en materia federal, los cuales son del conocimiento de las autoridades de administración de justicia federal ubicados en la capital del estado, por ser éstas las más cercanas, lo que en obvio representa para la población involucrada en el procedimiento federal, que reside en dichos municipios y que en su mayoría es de escasos recursos, un difícil acceso a la administración de justicia, pues aunado al hecho de lo complicado que resulta en sí un proceso jurisdiccional deben trasladarse a un distancia lejana que implica un gasto económico considerable, pues continuamente deben asistir a dichos recintos federales.

Ante esta situación, diversos colegios de abogados y presidentes municipales establecidos en dicha localidad solicitaron en el mes de febrero del año 2005 al Consejo de la Judicatura Federal la creación de órganos judiciales federales con una ubicación mas cercana, exponiendo para ello los infortunios que sufren los habitantes de todos los municipios de la zona noroeste del estado; dicha solicitud fue recibida por el licenciado Adolfo O. Aragón Mendía, consejero de la Judicatura Federal y presidente de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, quien a su vez remitió dicha solicitud a la licenciada Margarita Ortiz Blanco, secretaria ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura, a fin de que ordenara la elaboración del análisis correspondiente y se remitiera al citado consejero, para así poder presentar la propuesta ante la comisión, documento del cual se remitió copia a los interesados para efecto de su conocimiento.

Cabe mencionar que, a fin de colaborar con la creación del juzgado de distrito, las autoridades municipales y los colegio de abogados gestionaron ante el ayuntamiento del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, la donación de un predio, a fin de que la autoridad federal contara con un espacio físico para la constitución del recinto judicial; por ello, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, en sesión celebrada en enero del 2005, emitió un acuerdo a través del cual autoriza los procedimientos correspondientes para tramitar la donación de un lote propiedad municipal denominado Casco de Landeta, a fin de dotar de mayor viabilidad el requerimiento hecho, circunstancia que, a su vez, se hizo del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, con objeto de hacer latente la preocupación e imperiosa necesidad de crear un juzgado de distrito en dicha zona.

Sin embargo, pese a la solicitud legal y formal realizada por diversos colegios de abogados y presidentes municipales, así como la cooperación de las autoridades del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya única intención es beneficiar a la población residente en la zona noroeste del estado, con el fin de lograr un efectivo acceso a la justicia, que se erige como una garantía constitucional prevista en el artículo 17, el Consejo de la Judicatura de la Federación, a la fecha, y habiendo transcurrido mas de un año, no ha dado respuesta alguna y, por consiguiente, no ha instaurado el solicitado órgano judicial en dicha demarcación, continuando desafortunadamente dichos municipios con la mencionada problemática, pues muchas de las veces impide la obtención de la justicia, por parte de la ciudadanía a quien le asiste el derecho, por falta de recursos y posibilidades para continuar un proceso legal. No puede ser que el acceso a la justicia quede supeditado a cuestiones administrativas respecto a la organización y funcionamiento del poder judicial. Es necesario que el sistema de impartición de justicia se adecue a las necesidades actuales que demanda la sociedad.

Por ello, los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario exhortar al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que den respuesta oportuna a la solicitud de creación de un órgano judicial en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, hecha por diversos colegios de abogados y los presidentes municipales, a fin de que sus pobladores cuenten con un adecuado acceso a la administración de justicia federal.

Por lo anteriormente expuesto los legisladores de Acción Nacional presentamos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en la elaboración de su presupuesto para el ejercicio 2007 prevea recursos para la partida correspondiente a la creación de un juzgado de distrito en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y a su vez le sea remitido al presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación.

Segundo.Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que una vez determinada la viabilidad y aprobada la partida presupuestal correspondiente, proceda a implementar las medidas necesarias para la constitución y funcionamiento del juzgado de distrito en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Sesión del honorable Congreso de la Unión, a 14 de noviembre del 2006.--- Diputado Martín Stefanoni Mazzoco.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martín Stefanonni.

Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión; consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a los titulares de las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social su intervención en relación con la problemática de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la STPS a intervenir ante el Instituto Nacional de Migración para poner fin a la política de violación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores de éste.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza y al secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, a fin de que se detenga la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de ese instituto.

Consideraciones

1. El 19 de octubre de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración, como un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, teniendo como objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la administración pública federal que concurran en la atención y solución de los asuntos en la materia.

2. El Instituto Nacional de Migración señala como su ``visión'' el ``ser un órgano respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes; que facilite a los extranjeros el ejercicio de sus derechos...''

3. Lo paradójico es que a sus propios trabajadores el Instituto Nacional de Migración no les respeta su dignidad y sus derechos humanos, y les pisotea sistemáticamente el ejercicio de sus derechos laborales. Esto ha venido sucediendo durante todo el sexenio foxista, especialmente a partir de que el cargo de comisionado es ocupado por el licenciado Hipólito Treviño Lecea.

4. Los trabajadores de este Instituto sufren, entre otras, las siguientes arbitrariedades: las trabajadoras embarazadas son hostigadas laboralmente y cambiadas de área sin previo aviso, no son recibidas las licencias médicas de los trabajadores para levantarles actas administrativas, sufren cambios de adscripción a Veracruz y Oaxaca entre otros sitios; sin que se justifique en necesidades del servicio, a las madres trabajadoras se les cambia su horario de labores para que ya no puedan estar con sus hijos ni apoyarlos en sus actividades escolares o se les transfiere a oficinas más lejanas lo que les acarrea mayores gastos y más tiempo en el traslado, se ha suprimido el tiempo para ingerir alimentos o para el descanso durante la jornada laboral, se niegan o condicionan las vacaciones, días económicos y otros permisos, los ascensos son negados a las personas con mayor experiencia y antigüedad y se prefiere a personas recomendadas; los trabajadores se ven obligados a comprar sus propios uniformes, se solapa a los mandos medios que acosan sexualmente a las trabajadoras, los viáticos no se otorgan en tiempo y forma, los premios y estímulos no son entregados. Todas estas aberrantes violaciones, que están debidamente documentadas, agraden al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las condiciones generales de trabajo vigentes en la Secretaría de Gobernación.

5. Además, los trabajadores que han denunciado estas irregularidades ante las autoridades superiores del Instituto, el órgano de control interno o incluso han demandado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, son víctimas de diversas represalias como el ser obligados a desarrollar actividades que no concuerdan con su nivel de calificación, cambios de horarios o de adscripción, por mencionar algunas.

6. Todo este panorama de ilegalidad no sólo pisotea los derechos humanos laborales de los trabajadores, sino pone en riesgo el buen funcionamiento del Instituto Nacional de Migración, esencial para la soberanía y seguridad nacionales y a la tutela de los migrantes. Lo que incluso nos debe llevar a pensar en la necesidad de refundar a este Instituto en un organismo descentralizado o incluso en un organismo público autónomo que le permita desempeñar sus atribuciones con mayor dignidad y autonomía.

En base a todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza y al secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, con el objeto de que se ponga fin a la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de ese Instituto, restituyéndoles, en su caso, en el goce de los mismos. Al propio tiempo inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados, ejerciéndose las acciones legales que procedan.

Diputado Victorio Montalvo Rojas (rúbrica).»

Dejo en la Secretaría más documentos entregados por los mismos trabajadores para este exhorto. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. En virtud de que no hay registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE COAHUILA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra el diputado Rolando Rivero Rivero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila.

El diputado Rolando Rivero Rivero:Con su permiso señora Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en las regiones centro y carbonífera de Coahuila.

El suscrito diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN en la LX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 23, inciso f) fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 2, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34 incisos a) y b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente.

La región centro y carbonífera del estado de Coahuila representan el punto neurálgico de la entidad, se consideran áreas estratégicas con un potencial económico que hasta la fecha no ha podido realizarse, principalmente por falta de infraestructura para el desarrollo industrial (que durante muchos años, más de 20, han sido promesas de campaña de gobernadores anteriores que han faltado ha esa promesa) dejaron a estas regiones en tales condiciones que se les impide el acceso a inversiones nacionales y extranjeras, por no tener las suficientes áreas industriales, debidamente equipadas con agua, energía eléctrica y áreas pavimentadas para crear seguridad, certidumbre y las condiciones apropiadas para el desarrollo de estas regiones de Coahuila.

La región centro de Coahuila es un punto de intersección de carreteras como son la del norte de Coahuila, sur de Coahuila, oriente con Nuevo León, y principalmente con Monterrey, así también como punto de partida hacia el estado de Chihuahua, al norte-centro de la Republica Mexicana y hacia el sur-poniente con la región Lagunera, sin embargo este detonante no ha sido aprovechado por los gobiernos estatales, ya que no le han puesto la atención debida para la consecución de fuentes de empleo, para crear bases firmes que den sustento a un desarrollo económico industrial.

Monclova, la cuidad mas grande de una área conurbana formada por ciudades como Frontera, Castaños, e incluso a San Buenaventura, forman un núcleo de población de más de 450 mil habitantes, mismos que por años han sido cautivos de una sola actividad económica en la producción del acero, considerando que ahí está establecida la empresa siderúrgica de Altos Hornos de México SA de CV, misma que ha representado diferentes variaciones, por estar sujeta ha movimientos macro-económicos con respecto a precios, oferta y demanda. La gran industria establecida no ha sido aprovechada al máximo al no haberse diversificado con empresas que tengan asentamientos firmes y de valor representativo del empleo, por la falta de infraestructura que no se ha desarrollado lo que ha originado desequilibrios y distorsiones en las estructuras económicas y sociales, por la falta de empleos renumerados que consoliden la economía de la región centro.

Del mismo modo la región carbonífera ubicada a 125 kilómetros al norte de Monclova, misma región que ya esta conurbana con las ciudades de Sabinas, Nueva Rosita y pueblos que los rodea como son Musquiz, Palau, los cuales prácticamente dependen de una sola actividad económica, considerada como única y primordial fuente de empleo, la minería en la extracción de carbón.

Esta conurbación urbana representa más de 100 mil habitantes, y la falta de desarrollo en infraestructura industrial ha dejado prácticamente en condiciones difíciles la obtención del empleo, ocasionando al mismo tiempo que sea poco atractivo para la instalación y la inversión, que podría traer mejores condiciones de empleo y diversificación de la economía en esa región.

La existencia de estas zonas, con óptimos desarrollos industriales ha sido dejado --por los 3 últimos gobiernos estatales-- en condiciones desiguales para incorporarlos al desarrollo industrial que tienen zonas mas privilegiadas como son: la sur y la Comarca Lagunera, en donde la gran cantidad de desarrollos industriales a propiciado un crecimiento que no ha ido de la mano con el desarrollo industrial del conjunto del estado de Coahuila.

En este sentido es de suma importancia la implantación de acciones coordinadas con los distintos órdenes de gobierno, con el fin de facilitar el desarrollo integral, sustentable de estas regiones, impulsando programas y proyectos que tengan como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas. Como dato principal le hago saber ha este Congreso que estas 2 regiones siempre han representado un alto índice de desempleo, así como la fuga de profesionistas que no han encontrado el empleo y se quedan en la ciudades de Nuevo León y de Saltillo, Laguna, y en casos más seguros emigran hacia los Estados Unidos, desperdiciando la mano de obra especializada.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las autoridades en el ámbito de su competencia, a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas de las localidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y a Conaculta cuantificar los daños causados al Centro Histórico de Oaxaca.

El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo:Con su venia, señora Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH, INBA y al Conaculta a llevar a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad.

Los suscritos diputados federales María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el carácter de urgente resolución, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca por el conflicto magisterial y las diversas manifestaciones de violencia en la capital, así como que se proceda a salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Oaxaca posee una diversidad cultural de gran riqueza. En sus valles hace casi 3 mil años, las manos de nuestros antepasados zapotecas y mixtecos labraron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Posteriormente la conquista, la colonia y la época independiente contribuyeron a enriquecer y fortalecer una herencia invaluable que hoy se expresa en sus magníficas construcciones, tesoros artísticos, zonas arqueológicas, piezas prehispánicas, en las tradiciones y costumbres de sus pueblos y barrios, en sus trabajos artesanales, su gastronomía y su folclore.

En la ciudad de Oaxaca encontramos sitios y monumentos históricos y artísticos de los siglos XVI, XVII y XVIII que poseen condiciones y cualidades únicas de tal belleza y estado de conservación, que llevaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) en 1987 a declarar el centro histórico de Oaxaca como patrimonio cultural de la humanidad al ser un ejemplo notable de la arquitectura virreinal.

Sin embargo, en los últimos meses el conflicto magisterial existente ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de proteger el patrimonio cultural de la ciudad. Tenemos conocimiento de que la Catedral de Oaxaca es uno de los inmuebles que han sido dañados y que existe gente atrincherada en el Templo de Santo Domingo de Guzmán construido en el siglo XVI por los frailes dominicos. En valiosos sitios se han pintado muros y puesto clavos sobre las fachadas.

Por ello, es fundamental que el INAH, el INBA y el Conaculta en el ámbito de sus atribuciones, realicen a la mayor brevedad posible una revisión completa de cada uno de los sitios y monumentos afectados que permita obtener un balance real de los daños causados por el conflicto a fin de que puedan determinarse las acciones para su rehabilitación o recuperación. Las instituciones a cargo del patrimonio cultural deben asumir su responsabilidad de proteger los testimonios de antiguas civilizaciones y culturas. No podemos ni debemos permitir que siga sufriendo daños el patrimonio cultural, herencia de México y del mundo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en que se presenta el problema, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que cuantifiquen los daños causados al centro histórico de Oaxaca por el conflicto magisterial y se proceda a su rehabilitación; asimismo, para que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la protección y preservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 de noviembre de 2006.--- Diputados: María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se recibió de la diputada Margarita Arenas Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos 2007 se asignen recursos para que se dé cumplimiento a los proyectos del programa de la Comisión Organizadora del Bicentenario del Movimiento de Independencia y de la Revolución Mexicana.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos para el cumplimiento de los proyectos establecidos en el programa de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, suscrita por los diputados Margarita Arenas Guzmán y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Margarita Arenas Guzmán y Alejandro Landero Gutiérrez, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que la Independencia de México y la Revolución Mexicana destacan en la historia de nuestro pueblo, orgullosamente mestizo, por las implicaciones políticas sociales y culturales que trajeron consigo.

2. Que la Independencia y la Revolución son nuestro pasado común; es la historia en que todos nos vemos, es la historia que a todos nos une; son el punto de partida, ambas, de nuestra identidad como mexicanos.

3. Que la gesta de los padres de la patria no fue en vano; ellos encabezaron la lucha del pueblo mexicano por ser una nación libre, independiente y soberana, una nación de leyes e instituciones, una nación democrática de ciudadanos.

4. Que la República Mexicana tuvo como base la Independencia; en ella encontró su guía, su sendero, su verdadero proyecto de nación. En ella encontró los principios de igualdad, de libertad y de justicia que requerían su tránsito desde entonces.

5. Que doscientos años después del Grito de Dolores la nación mexicana había crecido y madurado; sin embargo, no había logrado resolver problemas profundos y ancestrales: la desigualdad, la marginación, la falta de democracia y de libertades políticas. Todo ello representó un obstáculo que impedía cristalizar el proyecto de país creado por la gesta independentista.

6. Que por eso en 1910 Madero, el Apóstol de la Democracia, al llamar a derrocar a un gobierno ilegítimo expresó en el Plan de San Luis que los pueblos en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la independencia se ven precisados en determinados momentos a realizar los mayores sacrificios.

7. Que la Independencia y la Revolución crearon leyes e instituciones que hoy nos rigen, y éstas las hemos fortalecido y actualizado.

8. Que las conmemoraciones de la Independencia y la Revolución Mexicana deben servir para que las actuales generaciones de mexicanos evoquemos los valores y los ideales que inspiraron a nuestros héroes para que sigan orientando nuestros actos.

9. Que la celebración de los festejos del inicio de la Independencia y de la Revolución serán ocasión propicia para demostrar los principios de nuestra organización política, acorde con lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmando que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y el ejercicio del poder público dimana directamente de éste para su beneficio y cuya voluntad es la de organizarse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos.

10. Que las conmemoraciones fortalecerán la colaboración y trabajo conjuntos de los distintos niveles de gobierno, ya que el decreto convoca a los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a ser protagonistas en la organización de los festejos, coadyuvando con los poderes estatales y municipales, otorgándoles, de la misma forma un papel relevante en la organización de la celebraciones nacionales.

11. Que en el decreto publicado por el Ejecutivo federal el 16 de junio de 2006, el honorable Congreso de la Unión declara el 2010 como ``Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana''.

12. Que en el decreto aprobado por el Congreso también se crea la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, responsable de preparar un programa base que contenga la relación de eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor de dicho decreto y hasta el último día del año 2010.

13. Que el 19 de junio de 2006 el Presidente Vicente Fox Quesadainstaló formalmente la Comisión Organizadora para la Conmemoración del 2010: Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia Nacional y Año del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, y designó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Presidente de dicha comisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana a cumplir con la preparación, expedición y publicación de su programa base dentro del plazo establecido en el cuarto transitorio del decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2006, para que pueda ser considerado en el decreto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.

Segundo.Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el objeto de que, en el marco de la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se apruebe una asignación presupuestal específica destinada para el cumplimiento de las acciones, actividades, eventos y demás proyectos que se establezcan en el programa base mencionado en el artículo primero de este punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE PLANEACION PARA LA SOBERANIA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Narcia Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la colegisladora que dictamine la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

El diputado Héctor Narcia Álvarez:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Senadores que excite a las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

El que suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 21, fracción XVI, y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se solicita que se tomen las determinaciones correspondientes para que la Cámara de Senadores formule excitativa a sus comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen sobre el proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, remitida a la colegisladora el jueves 30 de marzo de 2006, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jueves 30 de marzo de 2006 la Comisión de Agricultura y Ganadería presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, la cual fue dictaminada y aprobada con 328 votos en pro, 5 en contra y 6 abstenciones.

Es importante señalar que, ante el proceso que vive el campo mexicano, el cual se enfrentara a la apertura comercial total con Estados Unidos y Canadá, es necesario impulsar leyes que apoyen y den certidumbre a los productores agrícolas de este país.

Que actualmente no existe una política de Estado a largo plazo para alcanzar y mantener la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y lo que se establece es la incertidumbre, inestabilidad y discrecionalidad en políticas, programas, reglas de operación y presupuestos para el sector agroalimentario.

El proyecto en cuestión es el resultado de una demanda generalizada del sector, recogida en el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, que a la letra dice que se deben de realizar ``reformas jurídicas que permitan contar con una Ley Federal de Planeación Agropecuaria y Soberanía y Seguridad Alimentarias, y presentar la iniciativa para su dictaminación y, en su caso, aprobación en el presente año, que contemple instrumentos de planeación, programación y presupuestación multianual, que otorgue certidumbre y protección a los productores y que tenga como sustento el concepto de soberanía y seguridad alimentarias''.

El proyecto establece una política de Estado de largo plazo para alcanzar y preservar soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, un sistema nacional de planeación específico y especializado, programas multianuales clave de apoyos, marco de certidumbre y estabilidad para el sector agroalimentario nacional.

Señor, Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Único. Sírvase comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la presente solicitud, a efecto de que, en el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, tenga a bien excitar a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presente, con la mayor brevedad, el dictamen correspondiente del proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada en esta Cámara de Diputados en la sesión del jueves 30 de marzo de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Remítase a la Cámara de Senadores.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social a investigar el cumplimiento de la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacífico.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía a investigar el cumplimiento de la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacífico.

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con el artículo décimo segundo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las Comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social para que se investiguen las condiciones del otorgamiento de la concesión de parte del Sistema Aeroportuario Mexicano, a fin de determinar los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, encargada de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos, el cumplimiento dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La privatización del sistema aeroportuario mexicano no sólo no ha cubierto las expectativas sino que le ha costado y le seguirá costando a los mexicanos, ya que la creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal; se paga a los concesionarios millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología y por el solo hecho de tener la concesión reciben el 1 por ciento de comisión por venta de combustible.

Los cambios en materia de depreciación otorgaron a los concesionarios, por concepto de devolución de impuestos, casi lo suficiente para cumplir con sus compromisos de inversión en el año 2002.

Igualmente significó, por la entrega de la recaudación por concepto de uso de aeropuerto o TUA, pérdidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por miles de millones de pesos, por este cobro ahora entregado a los españoles.

Al otorgarse las concesiones no se incluyeron en los paquetes los aeropuertos menos desarrollados y no se ha invertido lo comprometido ni en montos ni en tiempos, ni hay señales de modernización. En todo caso, no hay autoridad que se responsabilice de la observancia del cumplimiento de los compromisos contraídos por el operador.

Por otra parte, hasta la fecha se ha recortado el 50 por ciento del personal que laboraba en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, contraviniendo el compromiso de generar nuevos empleos.

A la suma de irregularidades habrá que agregar que no se pagan las contribuciones locales, como derechos de conexión e impuesto predial; tan sólo al municipio de Tijuana se le adeudan más de 120 millones de pesos por este concepto, al negarse el Grupo Aeroportuario del Pacífico a pagar dicho impuesto, originándose un litigio que se ventila en un juzgado de distrito local.

Una muestra más del manejo poco claro de los aeropuertos concesionados lo acredita el hecho de que el Grupo Aeroportuario Mexicano ha presionado y amenazado a los locatarios (cortando el servicio de energía eléctrica y obstruyendo las entradas a los negocios), e intenta aumentos de hasta el 500 por ciento en los arrendamientos; propició más de 60 juicios civiles, mercantiles y penales en contra de los locatarios para someterlos y obligarlos a que desalojaran o firmarán contratos de arrendamiento leoninos; provoca la competencia desleal, promueve juicios en Guadalajara y la Ciudad de México para afectarlos económicamente.

A meses de haber obtenido la concesión, el director comercial del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el español Carlos Porrón, amenazó a los comerciantes del aeropuerto de Tijuana, alardeando de las múltiples y cercanas relaciones con autoridades en todos los niveles de los gobiernos federal, estatales y municipales.

Aunque en el aeropuerto de Tijuana están operando cerca del 90 por ciento de los comerciantes originales, debido a la defensa que han hecho de su patrimonio, no se puede decir lo mismo de los aeropuertos de La Paz, Mexicali, Puerto Vallarta y Guadalajara, en los cuales más del 60 por ciento de los comerciantes mexicanos has sido desalojados para dar paso a franquicias españolas y norteamericanas.

En abierta violación a la Ley de Símbolos Patrios se llegó al extremo de tener sin la Bandera Nacional el aeropuerto de Tijuana durante casi 5 años, hasta que se colocó, por la presión de la anterior legislatura ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En el caso particular del ex administrador del aeropuerto de Tijuana, Guillermo Villalba Morales, a raíz de una denuncia penal por despojo en su contra por parte de un locatario del aeropuerto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tuvo que negociar el retiro de los cargos a cambio de una indemnización de un millo 695 mil 495.04 dólares. Como premio por intimidar y desalojar locatarios, esta persona fue enviada a administrar el aeropuerto de la Paz, Baja California Sur.

Hasta la fecha ha sido claro que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los términos de la concesión han eludido su responsabilidad de comprobar el cumplimiento de los compromisos propios de la concesión, aun cuando ya desde esta misma tribuna se ha planteado la necesidad de revisar esta situación.

Por lo antes expuesto, con la firme voluntad de terminar con los abusos del mencionado Grupo Aeroportuario del Pacífico, en Convergencia condenamos que un instrumento legal que pretende contribuir a resolver los problemas del sistema aeroportuario mexicano como es la figura de la concesión, sea utilizado para vulnerar los derechos de terceros, su otorgamiento se traduzca en un daño al patrimonio nacional y la consecuencia inmediata, es decir, la privatización, sirva para desplazar a los inversionistas nacionales, así como para que las autoridades responsables omitan verificar el cumplimiento de las obligaciones que el beneficiario adquiere.

Por constituir los aeropuertos mexicanos un sector estratégico y en virtud de las irregularidades denunciadas, me permito someter a esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social a analizar, investigar e informar, para aclarar ante esta representación nacional, los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, encargado de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos, las agresiones a los locatarios, el cumplimiento de dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2006.--- Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), diputada María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica).»»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social.

PLAYAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las secretarías de Medio Ambiente, y de Economía a especificar la sustentabilidad y calidad de las playas.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez:Con su licencia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: como es sabido por todos, las normas mexicanas junto con las oficiales, forman parte del proceso de normalización, teniendo como principal objeto proveer para uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto.

Con respeto a las normas mexicanas, éstas se constituyen como instrumentos autorregulatorios, que no son jurídicamente vinculantes y su aplicación depende de la voluntad de quien decide adherirse a ellas; mientras que las normas oficiales mexicanas sí lo son. En materia ambiental permiten el establecimiento de estándares o límites para evitar consecuencias negativas para la salud humana y cada uno de los ecosistemas en general, como resultado del desarrollo de alguna actividad o de un proceso productivo, por lo cual su formulación no debe ni puede encontrarse sujeta a ningún tipo de interés en particular.

En esta ocasión acudimos a esta tribuna en virtud de que la autoridad recientemente expidió la Norma Mexicana NM-XAA20-SCF-I-2006, relativa a los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de la calidad de todas las playas. Dicho instrumento busca que las playas sean certificadas con base en ciertos requisitos que permitan evitar riesgos para la salud humana y para la supervivencia de los ecosistemas en nuestras zonas costeras.

En nuestro país, la problemática asociada a la calidad de nuestros ecosistemas marinos se evidencia con las condiciones en que se encuentran playas como las de Jalisco, Chiapas, Veracruz y también Campeche, que presentan un alto grado de contaminación, no obstante la existencia del programa integral que se nombra Playas Limpias. Dicha circunstancia ha sido denunciada por mi grupo parlamentario en diferentes ocasiones, ya que estamos seguros que debe garantizarse la conservación de nuestros recursos costeros al representar gran parte del potencial turístico nacional.

Es por ello que, ante la expedición de la Norma en comento y la problemática asociada, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que, no obstante el esfuerzo que se ha hecho en materia de certificación de playas, éste queda corto al expedirse una norma mexicana.

Es por ello que con el presente punto de acuerdo nos permitimos solicitar a la Secretaría de Economía que cambie la naturaleza jurídica de la norma en comento, para que sea expedida como norma oficial mexicana y no como norma mexicana, lo que permitirá exigir su cumplimiento forzoso. De esta manera, el instrumento de la certificación, al ser obligatorio, permitirá que los prestadores de servicios turísticos introduzcan mejoras en sus operaciones, tendentes a una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social, facilitando incentivos de asistencia técnica para lograrlo.

De igual forma, este instrumento permitirá a los usuarios y consumidores elegir entre aquellos productos o servicios turísticos que satisfacen requerimientos medioambientales, sociales y económicos, más allá de lo exigido por la legislación vigente y aquellos que no lo hacen. Más aún, con la certificación de playas se logrará la formación de capacidades de las comunidades locales, generándose nuevas formas sustentables para la prestación de servicios turísticos, así como mejoras en materia de cuidado y conservación de recursos naturales, lo que permitirá revertir el deterioro ambiental que presentan.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, en nombre de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en materia de certificación de playas, y solicita se inserte íntegro en el Diario de los Debates y se turne a las comisiones correspondientes.

Punto de Acuerdo. Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Economía, a que la norma NM-XAA20-SCF-I-2006, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad a las playas, sea expedida como norma oficial mexicana, a efecto de que sea vinculante y obligatoria. Por su atención, muchísimas gracias; es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la SE a establecer requisitos y especificaciones para la sustentabilidad y la calidad de las playas, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Sergio Augusto López Ramírez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como es sabido por todos, las normas mexicanas junto con las oficiales, forman parte del proceso de normalización y son elaboradas por un organismo nacional de normalización, o por la Secretaría de Economía en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, teniendo como principal objeto prever para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto; proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

Con respecto a su importancia para el medio ambiente, cabe señalar, que permiten el establecimiento de estándares o límites para evitar consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud humana y cada uno de los ecosistemas en general; como resultado del desarrollo de alguna actividad o de un proceso productivo, por lo cual, su formulación no debe ni puede encontrarse sujeta a ningún tipo de interés particular.

Sin embargo, las normas mexicanas se constituyen como instrumentos autorregulatorios que no son jurídicamente vinculantes, y que su aplicación depende de la voluntad de quien decide adherirse a ellas.

En esta ocasión acudimos a esta tribuna en virtud de que la autoridad recientemente expidió la Norma Mexicana NMX-AA-20-SCFI-2006 relativa a los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.

Dicho instrumento trata de lograr que las playas sean certificadas con base en ciertos requisitos previstos en la misma con el objeto de que no representen un riesgo para la salud humana ni para la supervivencia de los ecosistemas; y surge principalmente como una opción para solucionar los problemas ambientales que presentan nuestras zonas costeras.

Cabe señalar que la problemática asociada a la contaminación de playas que ha sido denunciada por mi grupo parlamentario en diferentes ocasiones, resaltando que debe garantizarse la conservación de nuestros recursos costeros ya que representan una gran parte del potencial turístico nacional.

Lo anterior, tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran playas como las de Jalisco, Chiapas, Veracruz y Campeche que presentan un alto grado de contaminación como se desprende del Programa Integral de Playas Limpias.

Es por ello, que ante la expedición de la norma en comento, y la problemática asociada, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que no obstante el esfuerzo que se ha hecho en materia de certificación de playas, éste queda corto al expedirse una norma mexicana, la cual, solamente es un instrumento autorregulador y cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a la voluntariedad de quien quiera adherirse a ella y no posee un carácter obligatorio que garantice su efectivo cumplimiento por todos los prestadores de servicios turísticos en las playas del país.

Es en este sentido, que por medio de la presente proposición con punto de acuerdo nos permitimos solicitar a la Secretaría de Economía a que cambie la naturaleza jurídica de la norma en comento para que la misma sea expedida como Norma Oficial Mexicana, lo que permitirá exigir su cumplimiento forzoso.

De esta manera, el instrumento de la certificación al ser obligatorio permitirá que los prestadores de servicios turísticos introduzcan mejoras en sus operaciones, tendentes hacia una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social, facilitando incentivos y asistencia técnica para lograrlo; sirviendo también para distinguir aquellos productos o servicios turísticos que satisfacen requerimientos medio-ambientales, sociales y económicos más allá de lo exigido por la legislación vigente; y orienta a los consumidores sobre las características de sostenibilidad de los servicios turísticos disponibles en el mercado.1

Es importante mencionar que con la certificación de playas se logrará la formación de capacidades en las comunidades locales, generándose nuevas formas sustentables para la prestación de servicios turísticos.

Lo anterior, con el objeto de que sea un instrumento de carácter vinculante que permita su sujeción por parte de los actores a quienes les aplique, ya se trate de una playa cuya finalidad sea el uso recreativo, o sea considerada como prioritaria para la conservación; generando con ello, una mejora sustancial en todas las playas nacionales lo que permitirá estar en condiciones de revertir el deterioro ambiental al cual han estado expuestas.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Economía a que la NMX-AA-SCFI-2006 que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de las playas sea expedida como Norma Oficial Mexicana a efecto de que sea vinculante y obligatoria.

Nota:

1 http://www.world-tourism.org/sustainable/conf/cert-brasil/esp. htm#1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días de octubre de 2006.--- Diputado Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sergio Augusto López. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía.

Se pospone la presentación de la propuesta con punto de acuerdo de la diputada Mónica Arriola, inscrita en el orden del día.

PRODUCTOS CARNICOS IMPORTADOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud que implemente mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados.

El diputado Francisco Domínguez Servién:Con su permiso, señor Presidente; compañeros y compañeras diputadas:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que implante mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados.

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a implantar un mecanismo efectivo de revisión para los productos cárnicos importados, a fin de garantizar que su consumo no constituya un riesgo para la salud de la población mexicana e informe de ello esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En nuestro país, el nivel de importaciones de cárnicos para consumo humano ha crecido de manera exponencial y sin sujetarse a verificación alguna que garantice la salud pública.

Existe evidencia de que diversas empresas exportadoras de cárnicos hacia México incurren en prácticas inadecuadas de mezcla de calidad de producto, de reempaque, y de refacturación, confundiendo con ello a la autoridad mexicana, lo cual no ocurre en el mercado norteamericano, donde este tipo de prácticas es severamente sancionado.

Los incrementos de las importaciones son alentados por los precios deprimidos de los productos de dudosa calidad e inocuidad, ya que, al no cumplir la norma de calidad en su país de origen, son castigados en los precios. Ello les permite competir con los productos nacionales en condiciones inequitativas y con el riesgo de producir graves daños a la salud, dado que no son aptos para el consumo humano.

Consideraciones

Que la Secretaría de Salud es la responsable de garantizar la salud de la población mexicana, evitando cualquier riesgo de contaminación por productos de dudosa calidad, tanto de origen nacional como importados, en particular.

Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene entre sus responsabilidades la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades.

Que esta honorable Cámara de Diputados en diversas ocasiones ha dado cuenta de las denuncias públicas por parte de productores nacionales ante hechos reales de productos importados con serio riesgo de contaminación, ante la importación masiva de productos no aptos para el consumo humano.

Que las importaciones de productos sin la verificación efectiva representan un serio riesgo para la salud de la población mexicana, al exponerla a la ingesta de productos que carecen de una calidad idónea para su consumo.

Que cada año se destina una gran cantidad de recursos públicos para el tratamiento de diversas enfermedades de la población mexicana, cuya prevención, a través de una verificación efectiva, representaría un gran ahorro.

Que las omisiones de verificación conforme la normatividad vigente en los puntos de entrada al país afectan en su totalidad al sector agropecuario y en particular al pecuario, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos y la de la propia producción nacional, al ser un agente detonante de diversas enfermedades.

Que es urgente adoptar medidas de verificación en frontera para preservar esta actividad y otras agropecuarias, garantizando la soberanía alimentaría del país, evitando la dependencia de los productos de importación cuya calidad es inferior a la comercializada en su mercado de origen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Salud a implantar, de manera inmediata, un mecanismo efectivo de revisión de productos cárnicos importados, a fin de garantizar que su consumo no constituya un riesgo para la salud de la población mexicana.

Segundo. Que dicha dependencia presente a esta Cámara de Diputados un informe de los resultados obtenidos derivados de las medidas realizadas, en un plazo de 15 días naturales, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Francisco Domínguez Servién (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Francisco Domínguez. Túrnese a la Comisión de Salud.

¿Lo solicitó de urgente resolución?...

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto anterior se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra; consulte la Secretaría si es de aprobarse la propuesta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Amaro Corona, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo con relación al programa de difusión y publicidad que realice el IFE para tramitar la credencial de elector.

El diputado Alberto Amaro Corona:Con su venia, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el programa que el IFE realiza en los medios de comunicación masiva para promover la cultura política e invitar a tramitar la credencial de elector.

El suscrito, Alberto Amaro Corona, diputado federal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Los resultados del proceso electoral del 2 de julio muestran que la participación ciudadana descendió un 5.42 por ciento respecto a la elección presidencial del 2000, que tuvo un porcentaje de participación del 63.97 por ciento y el 2006 observo un nivel de participación de 58.55 por ciento según los resultados del IFE. Este aumento en el abstencionismo se debió a múltiples factores; uno de ellos, sin duda, fue las campañas de miedo y polarización, que incidieron por la incipiente y frágil cultura política y la condescendiente actuación del Instituto Federal Electoral (IFE).

Una de las responsabilidades del IFE es llevar a cabo los procesos de educación cívica y la promoción de la participación ciudadana en el ámbito público. Por ende, concibe a los ciudadanos como actores fundamentales de la democracia y se propone, a través de sus programas en la materia y de su trabajo institucional en general, dotarlos de conocimientos que consoliden una cultura cívica que permita el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Este órgano electoral del Estado mexicano tiene entre sus encomiendas atender de manera integral la educación cívica, por lo que es responsable, por medio de su programa estratégico, de establecer las líneas a través de las cuales desempeñará su acción pública en materia de cultura cívica.

Como lo establece su programa estratégico y por mandato del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el IFE tiene el propósito de orientar su quehacer institucional a promover y difundir acciones para fortalecer la cultura cívica y construir ciudadanía.

De igual forma, el IFE debe cumplir con el espíritu del artículo 69 del Cofipe respecto a contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fomento de la cultura cívica y ciudadanía; sin embargo, vemos que los spots donde se solicita tramitar la credencial de elector --que se ven y escuchan en los medios masivos de comunicación--, en los cuales, por ejemplo, aparece un personaje denominado Camaleón de Oro, como para solicitar el trámite, u otro caso donde habla la credencial de elector al señor Casillas para que la recoja; muestran los absurdos de los spots y en nada contribuyen con la idea de consolidar la democracia o de vivirla como argumentan en los mismos mensajes.

Por otra parte, cabe recordar que el IFE tiene un presupuesto anual de 186 millones de pesos para el rubro de publicidad, y que durante los meses de marzo a junio se erogaron, sólo en el rubro de reproducción y multiplicación, 47 millones de pesos. Estos recursos deberían enfocarse a la construcción del espacio público que requiere de ciudadanos concientes y capaces de tomar sus propias decisiones políticas con base en el análisis de las diferentes propuestas y alternativas. Para lograr este objetivo, desde luego, los partidos políticos tienen un papel fundamental; sin embargo, en el ámbito de la pluralidad corresponde al IFE coadyuvar en el logro de este objetivo y no andar utilizando una cantidad muy importante de recursos económicos que se aplican ineficazmente los spots en mención.

El pasado 20 de septiembre, el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Felipe Solís Acero, criticó el gasto hecho en medios de comunicación a partir del 3 de julio, que sumó 8 millones de pesos; por su parte, el representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, argumentó su desacuerdo por la contratación de inserciones en medios impresos y tiempos en radio y televisión que difunden una actividad que no tiene como objetivo promover los principios del IFE.

Como hemos visto, la mayor parte de las inserciones en medios de comunicación que realiza en Instituto Federal Electoral no cumplen cabalmente en la promoción de una cultura política entre los ciudadanos; por el contrario, después del 2 de julio se dedicaron a justificar y ``legitimar'' su actuación durante el proceso electoral, lo que incluso puede calificarse como una desviación de recursos públicos, porque el Instituto Federal Electoral no puede gastar el erario en cuestiones que se pueden calificar como frívolas.

Que los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Cultura Política arroja que al 55 por ciento de la población le interesa poco la política y al 33 por ciento no le interesa la política, lo cual resulta grave ante el estancamiento o retroceso del proceso de transición democrática que vive nuestro país y a esto se agrega que los contenidos de los promocionales y los spots del IFE, como los que se han mencionado, no contribuyen a la formación de una cultura política sólida que tanto hace falta en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral a revisar y, en su caso, modificar los contenidos de las inserciones y spots en los medios masivos de comunicación que no cumplan con los elementos esenciales para el fomento de la cultura cívica, política y la promoción de los valores de la democracia; sobre todo los que últimamente se viene difundiendo para invitar a los ciudadanos a tramitar la credencial de elector.

México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amaro. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRECIO DE MEDICAMENTOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con relación al nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud. Corrijo el título del punto de acuerdo, es en relación con los precios de los medicamentos.

La diputada María Oralia Vega Ortiz:Honorable Asamblea:

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la disminución del precio de medicamentos.

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La distribución y dispensación de medicamentos en nuestro país es el eslabón más importante para la prevención y tratamiento de las enfermedades que, a través de la prescripción médica, requiere adquirir los medicamentos necesarios para preservar y restaurar la salud de los mexicanos.

Hoy en día se están dando posturas por diferentes actores con relación a la distribución de los medicamentos de nuestro país.

Nuestra visión sobre este particular se concibe en diferentes escenarios de acuerdo al entorno económico, laboral y social.

En el entorno económico, en nuestro país existen diferentes empresas dedicadas a la distribución de medicamentos para surtir a las farmacias, boticas y droguerías a lo ancho y largo del territorio nacional.

La industria farmacéutica en nuestro país se ha convertido en un negocio multimillonario; la gran mayoría de los medicamentos recetados indispensables para el tratamiento de graves enfermedades que padecen está fuera del alcance de las personas que lo necesitan.

Por lo tanto, se requiere bajar el precio de las medicinas a las familias mexicanas que son víctimas de los padecimientos, aun más los relacionados con las enfermedades crónico-degenerativas. El enriquecimiento de las empresas farmacéuticas a la sombra de la malversación y distribución de los medicamentos, desde la salida de los laboratorios que los fabrican y los intermediarios aumentan y logran así en el mercado una gran desventaja para el consumidor.

Conforme el marco legal en el cual se constituyen las empresas para llevar actos de comercialización y distribución de los medicamentos, dichas empresas deben cumplir y aceptar el mercado de la oferta y la demanda, esto es, la prestación de un servicio comercial de distribuir medicamentos entre laboratorio, fabricante de los productos y los dispensadores de dichos medicamentos.

Por lo anterior, debo concluir que las empresas reconocidas en la distribución de los medicamentos en nuestro país tienen y cumplen lo señalado por las disposiciones aplicables para llevar a cabo dicha prestación de servicios, la distribución de los medicamentos.

Así, vemos que seis empresas dedicadas a la distribución de medicamentos en nuestro país, de acuerdo con los datos de este sector, controla 75 por ciento del mercado de la distribución de los medicamentos, a saber: Almacén de Drogas, Casa Saba, Promesa, Fármacos Nacionales, Nadro y Marsam.

El restante 25 por ciento se concentra en otras distribuidoras propietarias de cadenas de farmacias como son las Farmacias del Ahorro, Benavides, Guadalajara y las Farmacias Similares ---principalmente--- y otras más pequeñas que operan regional y localmente.

Desde el punto de vista laboral me queda claro que son empresas que proporcionan empleo a un gran número de mexicanos y mexicanas y que cada vez más abren espacios para nuevos ingresos de personal, que en el marco legal, laboral, se rigen y deben cumplir con cada una de sus obligaciones establecidas por la ley.

En el plano social, debemos reconocer que el precio de algunos medicamentos es elevado. Esto es un reclamo de la sociedad en su conjunto y sin duda condiciona el cumplir con los esquemas de tratamiento, indicados por los médicos tratantes.

Es importante señalar que las familias pobres, en particular en áreas rurales, no pueden afrontar los altos costos de un medicamento, enfrentar la agónica elección entre alimento o medicina.

Alimente a su hijo o cure su enfermedad, pero no ambas.

En nuestro país no podemos permitir que ésta sea una alternativa ya que ninguna familia merece vivir el sufrimiento de alguno de sus miembros. Con la salud de los mexicanos no debemos lucrar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea con el carácter de urgente u obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicita al Ejecutivo para que, por conducto del Sistema Nacional de Salud, emprenda acciones eficaces para disminuir de manera significativa los precios de medicamentos para prevenir y combatir las enfermedades crónico degenerativas, entre ellas el cáncer y el VIH Sida, con énfasis en las zonas con mayor pobreza en el país, como una estrategia de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Segundo.Que se incorporen al cuadro básico de medicamentos los que corresponden al tratamiento de dichas enfermedades y que ejerciendo sus facultades legales, mediante la concertación, licencias, estímulos fiscales y los subsidios, se logre la disminución del precio de dichos medicamentos para que sean accesibles a las familias más pobres. Se solicita que en materia de salud se mantengan siempre en alto los principios de la justicia social para los que menos tienen y tienen el derecho universal a una vida sana y digna.

Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputada María Oralia Vega Ortiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Oralia Vega Ortiz. Túrnese a la Comisión de Salud. Continúe...Permítame.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario Alternativa, respecto al punto de acuerdo en el Presupuesto de Egresos 2007 para que se asignen recursos en los Ramos 09, 12 y 20 para el municipio de Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos en los ramos 9, 12 y 20 para Puebla de Zaragoza, Puebla, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. Una de las más altas responsabilidades que se depositan en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo es, sin duda, la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. Dentro de los rubros que es menester discutir para que la aprobación final del Presupuesto de Egresos se haga con el más alto grado de responsabilidad, está el relativo a la asignación de recursos a los municipios, base de la organización política y administrativa de nuestro sistema, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, que la letra dice: ``Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre...''

3. El propio artículo 115 constitucional establece en su fracción III, las funciones y servicios públicos que el municipio tendrá a su cargo:

Artículo 115 ...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abastos;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Cada uno de los servicios que el municipio tiene directamente a su cargo, de acuerdo con el artículo transcrito así como los demás que se derivan de otras leyes y ordenamientos, son de vital importancia para el correcto desarrollo social y, garantizar que sean proporcionados de manera correcta, eficiente y oportuna, repercute en beneficios directos para las personas en lo individual y para la sociedad en su conjunto. Proporcionar estos y otros servicios pasa no sólo por la voluntad política o el ejercicio responsable de la función municipal, sino por la disposición adecuada, suficiente y oportuna de recursos presupuestales.

4. Puebla de Zaragoza reviste una importancia de especial relieve toda vez que es depositaria de un número muy importante de monumentos históricos, por lo que la UNESCO le ha otorgado el carácter de patrimonio de la humanidad a la zona de monumentos. Es depositaria, además, de uno de los centros de resguardo documental más importante del país: el Archivo General Municipal de Puebla, que alberga documentación desde el año de 1532 a la fecha.

5. Otro de los elementos que hacen que Puebla tenga una especial relevancia a nivel regional, es su localización geográfica, al ser enlace entre el centro del país y la región golfo y sur-sureste.

6. La importancia turística de la ciudad de Puebla, requiere que sea dotada de recursos suficientes que permitan desarrollar y aplicar proyectos específicos de recuperación de carpeta asfáltica, dignificación de la imagen del centro histórico y mejoramiento de espacios públicos, puentes y servicios de salud, entre otros, que permitan potenciar el lugar turístico que a nivel nacional e internacional tiene esta ciudad, lo que redundará en reales beneficios sociales tanto para el municipio, de manera directa, como para el país, de forma indirecta. Una mayor dotación de recursos para proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano, redundará en una mejora significativa de la imagen del municipio, con lo que se podrá ofrecer al turismo nacional y extranjero --fuente primordial de divisas-- un espacio más atractivo para la visita y eventual permanencia en la ciudad, además de contribuir al desarrollo de la misma y de sus habitantes.

7. A fin de impulsar un amplio desarrollo en la materia antes descrita, se propone el asignar presupuesto a fin de impulsar los siguientes proyectos con los beneficios directos que a continuación se describen:

a) Proyecto Puente Cúmulo de Virgo, Av. Margaritas, que redundará en el impulso de la continuidad en vialidades, evitando saturación de arterias viales primarias, reduciendo tiempo de traslados a los habitantes y disminución de emisión de contaminantes.

b) Ampliación del puente a Taltepango, siendo el principal acceso de más de 82 mil habitantes hacia la zona urbana sin tener que ingresar a la autopista.

c) Mantenimiento oportuno a carpeta asfáltica en el Boulevard Libre entre 16 de septiembre y 11 Sur, en el Boulevard Municipio Libre entre avenida Fidel Velásquez y avenida 24 Sur, en el Boulevard Municipio Libre entre 24 Sur y 16 de Septiembre, así como en la avenida Cadete Vicente Suárez. La disponibilidad presupuestal para estos proyectos redundará en una mejora de las condiciones viales de la zona y evitará que el deterioro constante repercuta en la necesidad de una reconstrucción total que, a la larga, será más onerosa.

d) Reconstrucción de la lateral Sur de la autopista Puebla-Orizaba, lo que permitirá garantizar traslados de manera rápida, segura y eficaz, tanto de personas como bienes y mercancías que actualmente se comunican por la autopista señalada.

e) Programa de nomenclatura de la zona de monumentos dentro del programa ``Puebla, ciudad legible'', toda vez que por su carácter de patrimonio de la humanidad de la Zona de Monumentos por la UNESCO, es pertinente y necesario implementar sistemas de información al visitante en la vía pública, dotando a Puebla de uno de los elementos de equipamiento urbano acorde a los lineamientos promovidos y fomentados por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Turismo del gobierno federal.

f) Construcción y equipamiento de la Unidad Médica Integral Zona Norte, orientada a personas con discapacidad, toda vez que es urgente acercar los servicios de salud a la población vulnerable y en situación de marginación a una zona de alrededor de 13,869 habitantes que no cuentan con ningún servicio de seguridad social.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen mayores recursos para el municipio de Puebla de Zaragoza, en el rubro de infraestructura urbana.

Punto de Acuerdo

Artículo Primero:Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $57'600,000.00 (cincuenta y siete millones, seiscientos mil pesos) para la construcción del puente Cúmulo de Virgo-Avenida Margaritas, en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Artículo Segundo: Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $67'275,000.00 (sesenta y siete millones doscientos setenta y cinco mil pesos) para la ampliación del puente Tlaltepango en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Artículo Tercero: Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $41'621,658.00 (cuarenta y un millones, seiscientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) para mantenimiento oportuno a carpeta asfáltica en el Boulevard Libre entre 16 de Septiembre y 11 Sur, en el Boulevard Municipio Libre entre avenida Fidel Velásquez y avenida 24 Sur, en el Boulevard Municipio Libre entre 24 Sur y 16 de Septiembre, así como en la avenida Cadete Vicente Suárez en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Artículo Cuarto:Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $12'752,000.00 (doce millones setecientos cincuenta y dos mil pesos), para la reconstrucción de la lateral sur de la autopista Puebla-Orizaba.

Artículo Quinto: Se destinan del Ramo 21, Turismo, $5'978,896.00 (cinco millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos) para el programa de nomenclatura a la Zona de Monumentos de Puebla de Zaragoza.

Artículo Sexto: Se destinan del Ramo 12, Salud, $7'000,000.00 (siete millones de pesos) para la construcción y equipamiento de la Unidad Médica Integral Zona Norte en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Perdón, lo había solicitado de urgente resolución. Me devuelvo.

Consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta de la diputada Oralia Vega Ortiz.

El Secretario diputado Eduardo de la Torres Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la negativa.

Perdón, señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa; perdón.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se mantiene el turno a la Comisión de Salud y también el turno del siguiente asunto de la diputada Guadalupe Conde Rodríguez, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Continué la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de diciembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de diciembre a partir de las 11: 00 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 51 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 340 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 457 diputados.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 23.
• Temas de agenda política: 4.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 39PAN-6, PRD-10, PRI-10, PVEM-10, Convergencia-1, PT-1, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 2 oficios de los congresos de los estados de Nayarit y Nuevo León;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que informa de cambios en la integración de la Comisión de Salud;
• 1 informe del Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos respecto de la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México;
• 1 oficio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles;
• 1 oficio de la Secretaría de Salud;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Guerrero;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud del presidente y secretario de la Presidencia Municipal del ayuntamiento de Tecate, Baja California;
• 5 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo;
• 1 acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que establece el mecanismo de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California Sur;
• 1 iniciativa del PRD;
• 6 iniciativas del PRI;
• 3 iniciativas del PVEM;
• 1 iniciativa del PT.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez, para prestar servicios en las embajadas de Belice e Irlanda en México, respectivamente;
• 4 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a 6 ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 97
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 165
• Amaro Corona, Alberto(PRD) Instituto Federal Electoral: 218
• Arenas Guzmán, Margarita(PAN) Conmemoración del Bicentenario del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana: 209
• Arévalo González, José Antonio(PVEM) Proyecto hidroeléctrico La Yesca: 177
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Artículo 71 constitucional - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 162
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Canal del Congreso: 201
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Comedores en escuelas de tiempo completo: 199
• Castellanos Cortés, Sara Isabel(PVEM) Árboles de navidad naturales: 180
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Estado de Zacatecas: 190
• Chozas y Chozas, Olga Patricia(PVEM) Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático: 174
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Estado de Puebla: 220
• Domínguez Servién, Francisco(PAN) Productos cárnicos importados: 216
• García Noriega, María Guadalupe Josefina(PVEM) Tortugas marinas: 185
• García Rodríguez, Víctor Hugo(PRD) Estado de Jalisco: 188
• García Rodríguez, Víctor Hugo(PRD) Estado de Oaxaca: 189
• González Betancourt, Jorge Justiniano(PAN) Secretaría de la Defensa Nacional: 197
• Grupo parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionalPrecios de gasolina y diesel: 176
• Larregui Nagel, Érika (PVEM) Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado: 178
• Lavara Mejía, Gloria(PVEM) Artículos 4o. y 27 constitucionales: 81
• Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio(PAN) Estado de Oaxaca: 208
• López Ramírez, Sergio Augusto(PVEM) Playas: 213
• Medina de la Cruz, Rodrigo(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 155
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Instituto Nacional de Migración: 205
• Narcia Álvarez, Héctor(PRD) Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional: 211
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 104
• Olivares Monterrubio, Alejandro(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 112
• Ortiz Proal, Mauricio(PRI) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 111
• Padilla Gutiérrez, Héctor(PRI) Porcicultura nacional: 192
• Puente Salas, Carlos Alberto (PVEM) Ley del Impuesto sobre la Renta: 101
• Quiñones Canales, Lourdes(PRI) Estado de Durango: 172
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Estado de Nuevo León: 183
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada - Código Federal de Procedimientos Penales - Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas: 85
• Ramírez Stabros, Jesús(PRI) Artículos 3o., 18, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 41, 49, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6, 89-7, 89-8, 89-9, 90, 92, 93, 93-1, 93-2, 93-3, 93-4, 93-5, 97, 98, 99, 102, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 119, 122, 127 y 135 constitucionales: 115
• Rivero Rivero, Rolando(PAN) Estado de Coahuila: 207
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Prestar servicios en representaciones diplomáticas: 170
• Stefanonni Mazzocco, Martín(PAN) Estado de Guanajuato: 203
• Vega Ortiz, María Oralia(PRI) Precio de medicamentos: 219
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Grupo Aeroportuario del Pacífico: 212

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	INASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	INASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	INASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	INASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	INASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	INASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	INASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	INASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	OFICIAL COMISIÓN
154 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
161 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
163 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
164 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
165 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	PERMISO MESA DIRECTIVA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186Sandoval Munguia Juan Manuel	OFICIAL COMISIÓN
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	INASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 188
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 12
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	INASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	OFICIAL COMISIÓN
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	INASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	OFICIAL COMISIÓN
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	OFICIAL COMISIÓN
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 116
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	OFICIAL COMISIÓN
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	INASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	INASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	INASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 100
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	INASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	OFICIAL COMISIÓN
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Piñeyro Arias Irma	CÉDULA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	INASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arenas Guzmán Margarita
2 Arizméndi Uribe Efraín
3 Caballero Chávez Claudia Gabriela
4 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo
5 Díaz Mena Joaquín Jesús
6 García González Carlos Alberto
7 García Reyes Beatriz Eugenia
8 García Vivián Raúl
9 Lujano Nicolás Christian Martín
10 Macías Zambrano Gustavo
11 Medina Rodríguez Delber
12 Verástegui Ostos César Augusto
Faltas por grupo: 12

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Oliva Fragoso Silvia
2 Varela López Víctor Gabriel
Faltas por grupo: 2

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Lagunes Gallina Gerardo
2 Montalvo Gómez Pedro
3 Morales García Elizabeth
Faltas por grupo: 3

CONVERGENCIA
Diputado
1 Uscanga Cruz Robinson
Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 García Méndez Armando
Faltas por grupo: 1

ANEXO I